Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura
Foros de parlamento abierto de la reforma energética
Tema 5. Medio ambiente y transición energética
Versión estenográfica del Foro 22-A: Usuarios, pueblos indígenas
y electricidad, celebrado el lunes 21 de febrero de 2022

Apertura del foro

Mensaje de bienvenida del presidente la de Junta

Formato del debate

Ronda de intervenciones

Jaqueline Valenzuela Meza

José Abel Manuel Carrasco

Manuel Gómez Herrera Lasso

Magdalena Morales García

Mario Castillo Quintero

Primera ronda de preguntas y respuestas

Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, PRD, respuesta de Mario Castillo Quintero

Gerardo Fernández Noroña, PT, respuesta de José Manuel Carrasco y Mario Castillo

Juan Carlos Natale López, PVEM, respuesta de José Manuel Carrasco y Mario Castillo

Jorge Triana Tena, PAN, respuesta de Jaqueline Valenzuela Meza

Leonel Godoy Rangel, Morena, respuesta de Mario Castillo Quintero

Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI, respuesta de José Abel Manuel Carrasco

Intervención de Carlos Manzo

Segunda ronda de preguntas y respuestas

Elizabeth Pérez Valdez, PRD, respuesta de Mario Castillo, Magdalena Morales y Manuel Gómez

Gerardo Fernández Noroña, PT, respuesta de Carlos Manzo y José Abel Manuel Carrasco

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, PRI, respuesta de Manuel Gómez Herrera y Mario Castillo

Aleida Alavez Ruiz, Morena, respuesta de Magdalena Morales, Manuel Gómez Herrera y José Abel Manuel

Irma Juan Carlos, Morena, respuesta de Mario Castillo Quintero

Mensaje final del presidente de la Junta

Clausura del foro


 
 
 
 
 
 

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: ... de Morena. En representación del Grupo Parlamentario del PT, está con nosotros su vicecoordinador, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos acompaña el diputado Juan Carlos Natale López. También, queremos agradecer la presencia de la diputada Judith Tanori Córdova, de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del diputado Roberto Carlos López García.

Destacamos y agradecemos la participación de la y los ponentes que intervendrán en este foro número 22A: Jaqueline Valenzuela Meza, José Abel Manuel Carrasco, Manuel Gómez Herrera Lasso, Magdalena Morales García, Mario Castillo Quintero. Muchísimas gracias a ella y a ellos por su presencia este día.

Agradecemos también la participación de diputadas y diputados vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones y, en general, a las legisladoras y legisladores integrantes de esta LXV Legislatura.

También nos acompaña el maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política.

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Para dar un mensaje de bienvenida a este foro 22A, dejamos en el uso de la palabra al diputado Rubén Moreira Valdez. Por favor, presidente.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros diputados que nos acompañan. Este es un foro importantísimo para nosotros aquí en la Cámara y forma parte del parlamento abierto que hemos organizado con motivo de una iniciativa del señor presidente de la República relacionada con la electricidad. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todas y a todos ustedes. Estamos muy contentos de que estén aquí y les vamos a prestar gran atención a sus opiniones, a su conocimiento, a sus reflexiones. Va a ser para bien de México, para bien de sus comunidades, para bien de todas y todos. Muchas gracias por estar aquí.

El presentador Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias, diputado. También queremos agradecer la presencia del diputado Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, diputado.

Para moderar este foro del parlamento abierto, dejamos en el uso de la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina. Por favor, secretario.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias. Vamos a recordar otra vez la mecánica de trabajo de este diálogo aquí en la Junta de Coordinación Política. Recordarles a las personas ponentes que son muy bienvenidas. Tendrán inicialmente siete minutos para hacer una exposición inicial de acercamiento al tema que hoy se va a analizar. Posteriormente, vendrá una ronda por parte de los grupos parlamentarios para hacerles preguntas, hasta por tres minutos y, ustedes, a su vez, tendrán cinco minutos para poder responder a los planteamientos. Solo en caso de que sean señalados con precisión por parte de algún grupo parlamentario de las diputadas y diputados. Si se considera una segunda ronda, seguiríamos la misma mecánica, tres minutos para preguntar y cinco para poder responder.

Les pediría tanto a los diputados como diputadas que pudiéramos someternos al tiempo establecido y también a las personas ponentes que hicieran uso del tiempo también acordado. Solo en caso de que hubiera necesidad de una intervención que será respetuosa para ceñirnos en el trato igualitario de tiempo para todas y todos.

También, recordar que no hay alusiones, la libertad de expresión está garantizada pero también es cierto que durante el debate puede haber una mención implícita o a veces explícita a alguno de los ponentes diputados, pero en ningún caso se considera que haya alusiones para darle agilidad al proceso de debate y guardar el formato establecido.

En consecuencia, esas son las reglas. Recordar que estamos en el foro 22 A, por la tarde habrá otro, en Mesa de Comisiones para analizar el tema de derecho humano de la electricidad y, vamos a continuar esta semana con un trabajo todavía intenso de los foros de Parlamento Abierto que las audiencias en el país han seguido con detenimiento.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a iniciar con Jaqueline Valenzuela Meza, ella será nuestra primer ponente y voy a permitirme dar lectura a su semblanza curricular. Ella es doctora en Desarrollo Sustentable, tiene también licenciatura en Informática de formación.

En 2016 cursó el doctorado en Desarrollo Sustentable y Globalización. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también es fundadora y se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental Asociación Civil. Y, es un centro ciudadano científico ambiental especializado en temas de energía y calidad del aire en Baja California Sur. Paralelamente pertenece a diversos comités técnicos y de participación nacionales e internacionales vinculados con el tema.

Destaca también su trayectoria académica, es profesora de asignatura desde 2016 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y se dedica a impartir asignaturas como imperialismo e identidad, estudios de género, habilidades de pensamiento, cambio climático y salud, eficiencia energética y calidad del aire.

También, debo destacar algunas de sus publicaciones, la más relacionada con los temas de que es competente, impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación para el empoderamiento de las mujeres, que fue publicada en año pasado por la misma casa de estudios de la cual imparte su cátedra. Cultura científica y cultura tecnológica, impacto de las tecnologías para el empoderamiento, también en la Universidad de Salamanca, en España. Así que sin más preámbulo, Jaqueline, tienes el uso de la palabra hasta por siete minutos.

La ciudadana Jaqueline Valenzuela Meza:...precisamente que se abre en estos foros de parlamento abierto en este tema: Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad. He de decir que más que hablar por la organización que represento, vengo a hablar por los usuarios de los sistemas aislados que existen en Baja California Sur. Estos usuarios no habían tenido voz en ninguno de los otros foros y es importante que sean integrados como parte de esta iniciativa de reforma energética.

¿Por qué Baja California Sur es un tema particular para esta reforma? Baja California Sur es el único estado que cuanta con dos sistemas aislados –me pueden poner la diapositiva–. Como ustedes pueden ver en pantalla tenemos los únicos dos sistemas que no están interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional, pero tampoco están conectados entre sí. Podemos ver en la pantalla que el consumo de electricidad y la capacidad instalada se centra principalmente en el municipio de la Paz con dos centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y en el municipio de Comondú, donde se tiene otra de las centrales de generación de electricidad.

Entonces, los sistemas aislados deben de ser incluidos en esta reforma porque tiene usuarios con necesidades particulares. –La siguiente diapositiva–. Dentro de las actividades económicas de Baja California Sur se encuentran las actividades que se desarrollan en zonas costeras y una fuerte vocación turística, esto ha ampliado la brecha de desigualdad entre sus habitantes y los mismos usuarios. Por un lado, las zonas costeras se están desarrollando con una vocación turística, esta vocación turística se ha desarrollado también en comunidades rurales, no solamente en zonas urbanas.

En estas comunidades rurales los desarrollos turísticos cuentan con electricidad que es proveída a partir de sistemas fotovoltaicos aislados. Pero por otro lado, la población local se ha quedado excluida de este servicio eléctrico porque no están interconectados a la red de Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, ¿Cuál es el panorama que vemos en las zonas costeras de Baja California Sur? Vemos desarrollos turísticos que llegan y proveen su propia electricidad; y por otro lado, vemos a personas locales que siguen sin contar con este servicio que es un derecho universal.

–La siguiente diapositiva, por favor-.

¿De cuántas comunidades estoy hablando en Baja California Sur que están fuera de la red eléctrica de Baja California? Son 63 comunidades y ascienden a una población de 4 mil 411 personas al día. Principalmente vemos que las comunidades en donde esto se representa son principalmente La Paz, el municipio de Comondú y el municipio de Mulegé, es en donde se encuentran principalmente los usuarios o las personas que no están conectados a la red eléctrica y que no  se ha podido otorgar el servicio al que todos tenemos derecho. –La siguiente diapositiva-.

Este dìa quiero hablarles del caso de San Juanico. ¿Por qué el caso de San Juanico? Es un pueblo costero que se encuentra en el municipio de Mulegé y  que solamente cuenta con 5 horas al dìa de electricidad, en algunos otros días pasan temporadas en donde no pueden tener electricidad y esto  porque en 1999 se instaló una central híbrida, es una combinación, como ustedes lo pueden ver en la imagen, de uns sistema eólico y fotovoltaico  complementado con una planta de diesel.

Esta planta fue instalada en la comunidad, se asignó a una persona para que estuviera dando mantenimiento y dejó de funcionar. La planta cayó en desuso y abandono y solamente ahora se provee electricidad con esta planta de diesel. ¿De donde sale el dinero para el diesel? Tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado de Baja California Sur y con esto tienen 5 horas  al día de electricidad.

Las actividades en exteriores se detienen al esconderse el sol, las actividades productivas también  se detienen, pero por otro lado, existen estos alojamientos turísticos que no les falta la electricidad  y que pueden estar 24 horas desempeñando actividades. ¿Qué se necesita en San Juanico para poderlo conectar a la red? Una inversión de 67.4 millones de pesos para llevar electricidad a la comunidad.

La gente de la comunidad ha entregado oficios a diversas administraciones, incluyendo las vistas que ha tenido el presidente de la República tratando de ser escuchados. En el último oficio la Comisión Federal de Electricidad responde que no cuenta con recursos para hacer esta inversión en la comunidad, que integra aproximadamente mil habitantes. Se hace alusión en el oficio de que se podrían tener recursos del Fondo Universal, pero desafortunadamente este fondo como está estructurado no se cumple con las limitantes que cuenta. Entonces, al estar más allá de 5 kilómetros no se cumple para hacer uso de este fondo.

También quiero hablarles del caso del Sambuto, otra comunidad pesquera en el municipio de Mulegé, que vive a menos de 20 minutos de la Central de Combustión Interna General Agustín Olachea. Está aproximadamente a 15 kilómetros y a pesar de eso no cuenta con suficiente suministro de electricidad de manera constante. Es decir, es una comunidad, un puerto pesquero que tiene que asumir las externalidades de la contaminación de una central de electricidad y ni siquiera por esto cuenta con el suministro garantizado.

 

Por otro lado, hay una vivienda que cuenta con electricidad que ha llegado a pagar hasta cuatro mil pesos bimestrales en una zona de pescadores. La comunidad respira las concentraciones de los contaminantes de una electricidad con la que no cuentan.

 

¿Para qué vengo a exponerles esto? Solamente para que tengamos en el radar lo que vamos a incluir en la reforma y también podamos tener en cuenta estas comunidades, a estos usuarios de zonas costeras que necesitan tener electricidad de calidad y que necesitan tener un suministro que no esté basado en tecnologías fósiles contaminantes.

 

¿Cómo puede ayudar la reforma a reducir la desigualdad en estas comunidades? Nosotros proponemos un enfoque de electricidad basado en los derechos humanos, con un esquema de democratización de la energía, instalación de techos solares en comunidades rurales, con esquemas justos de financiamientos, dando prioridad a comunidades afectadas por la contaminación de las centrales de CFE, implementación de microredes comunitarias de generación de electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de actividades productivas y creación de entidades locales para el mantenimiento y la sustitución de los sistemas de generación de electricidad implementados en comunidades. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por su atención.

El moderador José Omar Sánchez: Muchas gracias, Jaqueline. Ha sido muy interesante esta primera aproximación al tema, vamos a continuar con este diálogo. 

El moderador José Omar Sánchez: Está José Abel Manuel Carrasco, a quien damos también la bienvenida. José Manuel nació en La Venta, Juchitán, Oaxaca, un lugar conocido por los proyectos que ahí se han instalado. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional, también estudió en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). Y en su experiencia laboral, trabajó en Fertinex, en el área de mantenimiento, también laboró como especialista mecánico en el complejo petroquímico Cangrejera y desde 2016 es agricultor en el ejido La Venta, en el municipio de Juchitán, estado de Oaxaca. Así que, sin más preámbulos, José Abel, tienes el uso de la palabra hasta por siete minutos. Bienvenido.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es José Abel Manuel Carrasco y vengo en representación de un grupo de ejidatarios del ejido La Venta. Agradezco la invitación para estar presente en este parlamento abierto, donde se trata el tema de la reforma eléctrica.

Queremos expresar ante ustedes la problemática que enfrentamos un grupo de campesinos de nuestro ejido, que a lo largo de 16 años hemos venido luchando a fin de alcanzar un acuerdo con una empresa española, que tiene negocios en 65 países y que puso un parque eólico en nuestro territorio, nos referimos a la empresa Acciona, que se niega a pagara el usufructo de nuestras tierras para la generación de energía eléctrica a través del viento, como lo reciben los demás propietarios de parcelas que colindan con las nuestras, a pesar de que tenemos las mismas condiciones de afectación y ubicación en el parque eólico Eurus.

Para su conocimiento, me permitiré informarles cómo se originó nuestro problema. La Venta es una población de origen zapoteca, que pertenece al municipio de Juchitán, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. La propiedad de la tierra que tenemos está dentro del régimen ejidal.

En el año 2006 llegó a nuestro ejido la empresa Maderas y Granos de la Laguna. Esa empresa empezó a hablar de una asociación con las comunidades campesinas sin que dijera con claridad de qué se trataba. Difundió información parcial, ambigua, sin decir con claridad que pretendían meter aerogeneradores en nuestras tierras, tampoco dijo cuántos pretendían instalar ni de qué capacidad. Únicamente nos decía a los ejidatarios que quería alquilar nuestras tierras.

Posteriormente nos enteramos que se trataba de la instalación de un parque eólico por parte de la empresa Acciona. La empresa inició la contratación de 2 mil 600 hectáreas en el ejido para la construcción de su parque eólico llamado Eurus, con una capacidad de 250.5 megawatts, iniciando su operación en el 2009. Actualmente cuenta con 167 aerogeneradores que producen energía eléctrica no para el consumo doméstico, sino para cubrir el 25 por ciento de las necesidades energéticas de las plantas cementeras de la empresa Selmec.

Como es sabido, este tipo de proyectos se han ejecutado en nuestra región del Istmo de Tehuantepec, debido a las características de los terrenos y a los constantes vientos que predominan. En aquellos años no contábamos con asesoría jurídica para la firma de un contrato de usufructo parcelario, a simple vista, apreciábamos que las cláusulas estaban a fa de la empresa.

Por ejemplo, su vigencia era de 30 años, a partir de la operación del parque, sin contemplar revisiones periódicas por ambas partes. Tampoco, establecía una fianza o garantía en caso de incumplimiento de contrato o por impacto ambiental.

El pago ofrecido por la empresa al ejido representaba apenas el 1 por ciento de la producción y venta de energía eléctrica, muy por debajo del 6 por ciento que tienen que dar en otros países donde generan el mismo tipo de energía.

Era muy claro que la empresa buscaba de forma abusiva sacar las máximas ganancias posible a costa de un pago risorio para nosotros. Ante este escenario adverso, un grupo de ejidatarios con parcelas que se encuentran dentro del polígono del parque eólico, como observan en la proyección, por la desinformación que genero la empresa y por no convenir a nuestros intereses nos abstuvimos de firmar el contrato bajo esas condiciones, exigiendo en todo caso mejores contraprestaciones económica.

Ante la resistencia que iniciamos, la empresa ofreció un incremento del 50 por ciento. Es decir, su oferta consistió en dar un pago de 6 mil pesos anuales por hectárea, en las parcelas ubicadas dentro del parque eólico correspondiente a lo que llamamos derecho de paso de viento, además, ofreció pagar 10 pesos anuales por metro cuadrado, correspondiente a la afectación de caminos y finalmente ofreció pagar 15 pesos anuales por metro cuadrado correspondiente a la afectación por la base y plataforma de los aerogeneradores.

Debido a la corrupción que imperaba en nuestro país en aquellos años, la citada empresa en complicidad con la Procuraduría Agraria, se concentro en convencer a la mayoría de los campesinos, nunca tuvimos asesoría legal por parte de alguna institución del gobierno, el visitador de la Procuraduría Agraria que condujo todo el proceso y que debiera haber defendido a los campesinos, se puso al lado de la empresa y, de hecho, actualmente trabaja para ella. Ese fue su premio por convencer a los ejidatarios.

Acciona se infiltró en la vida del ejido al grado que, con apoyo de la Procuraduría Agraria, manipuló asambleas de ejidatarios con elecciones para destituir a la autoridad ejidal, imponiendo a un comisariado ilegítimo. Cuando protestamos, fuimos reprimidos y encarcelados por la policía estatal y federal.

Finalmente, Acciona hizo un acuerdo con los dueños de las parcelas que sí aceptaron, no con los que estábamos en resistencia. El problema es que, aunque un grupo no firmamos... firmamos nuestras parcelas, que suman 202 hectáreas, están resultando afectadas, pues nos dejaron encerrados entre aerogeneradores, sin posibilidad de usufructuar el viento porque ya tienen la sombra eólica de los aerogeneradores de la empresa.

Resulta ofensivo para nosotros como campesinos que esta empresa que tuvo ingresos durante el 2020 por 6 mil 472 millones de euros diga que el parque eólico que está en nuestras tierras, desde el punto de vista social y ambiental cuenta con una positiva interacción con el entorno. De hecho, en el 2015, el proyecto ganó un premio del Banco Interamericano de Desarrollo en la categoría Impacto en población y liderazgo, con lo que le reconoció sus supuestas prácticas destacadas en desarrollo sustentable. Ese premio representa una burla para nosotros los ejidatarios.

Así como pasa en muchos otros ejidos de la región, ante el poder de las empresas eólicas transnacionales, hemos sido discriminados, despojados de nuestros derechos, de nuestra tierra, a reutilizar nuestras parcelas para generar energía eléctrica sin recibir un pago a cambio.

El moderador José Omar Sánchez Molina: José Abel, ¿sí podemos ir redondeando, por favor?

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Es por todo lo anterior que nos permitimos solicitar de la manera más atenta la intervención del gobierno federal, estatal, de todos los diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas para evitar que continúe el despojo de nuestras tierras y la violación de nuestros derechos, razón por la cual nos encontramos en este importante parlamento abierto, por lo que es el momento de que en la reforma eléctrica que se está discutiendo y que esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados seamos considerados como comunidades indígenas y campesinas y se repare el daño que no han causado estos proyectos eólicos. Muchas gracias por su atención prestada.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, José Abel, en un momento más vamos a continuar el diálogo en la siguiente etapa. Antes, vamos a escuchar a Manuel Gómez Herrera Lasso, de quien me permito leer su semblanza curricular, darle la bienvenida.

Él es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de ITESO en Guadalajara, Jalisco, tuvo a su cargo la dirección de alumbrado público del municipio de Zapopan en ese estado. Él también ha tenido la posición de director de proyectos de la empresa Menchaca y Asociados, ganadora del Premio Nacional de Ahorro de Energía con el Proyecto de Alumbrado de Santiago Ixcuintla en Nayarit. Elaboró diagnósticos y proyectos de eficiencia operativa y energética del servicio de alumbrado para 30 municipios de los estados de Nuevo León, Querétaro, Nayarit, Zacatecas y Jalisco.

Él también dirigió el área administrativa de una constructora de infraestructura eléctrica de gran prestigio en la región occidente y fue consultor independiente de eficiencia energética y generación con fuentes renovables. Desde 2019, se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Manuel, adelante con tu participación inicial.

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Muchas gracias. Agradecemos mucho este espacio de participación que nos permite expresar nuestro análisis y visión respecto a la iniciativa de reforma que nos ocupa. Me permito iniciar presentando la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica a la que hoy represento.

La AMIF, reúne a 81 empresas distribuidas en 14 estados de la República, 65 por ciento de las cuales son instaladoras de sistemas fotovoltaicos, el resto son proveedores. Estas, instalan sistemas de generación distribuida, son pequeñas y medianas empresas mexicanas fundadas por jóvenes que crean y mantienen empleos profesionales y que forman parte de una gran cadena de valor que también genera empleos, bienestar y prosperidad para muchos mexicanos.

Lo que las empresas fotovoltaicas aportan al país, además de energía, es crecimiento económico, empleo, su actividad hace que este país sea más próspero y permite a los ciudadanos ejercer la libertad de gestionar su propio consumo y uso de energía. Obtener ahorros en su gasto y en este momento crítico, contribuir a su recuperación económica.

La AMIF ha sido y puede ser un apoyo para la transición energética, al promover buenas prácticas, contribuir a la creación de empleos e impulsar la profesionalización de empresas y sus trabajadores. Es muy importante decir que como asociación no tenemos ninguna posición política, y que nuestro trabajo es llevar el sol a las personas para que ejerzan con libertad su derecho a resolver y manejar sus necesidades energéticas.

En la iniciativa y en toda la discusión pública a partir de ella se ha hablado muy poco de generación distribuida, de hecho no se ha tocado en los 21 foros que nos preceden hoy en este parlamento abierto. Y no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se planean para su instalación y operación, se le ha mencionado pero solo como paneles en los techos de casas y en el sector agropecuario.

Atendiendo el tema de este foro y dado que el apartado de transición energética de la iniciativa menciona la generación distribuida como uno de los instrumentos a promover para llevarla a cabo, vemos necesario definirla con claridad. La generación distribuida es la generación de energía eléctrica a pequeña escala, menos de 500 kilowatts, ubicada en el centro de carga con la opción de interactuar con la red eléctrica y puede aplicarse a centros de carga residenciales, comerciales e industriales. Es muy necesaria para suministrar electricidad, por cierto a las comunidades alejadas de la red, entre las que se encuentran también muchos pueblos indígenas. 

Para el Sistema Eléctrico Nacional existen múltiples ventajas de la generación distribuida. Una relevante es que reduce las pérdidas de energía del sistema. En México se pierde en torno al 15 por ciento de la energía que se transmite en la red. Aunque en algunos casos la generación distribuida puede representar retos técnicos para la CFE, también ayuda a resolver muchos más problemas, por ejemplo, le permite aplazar inversiones, mejorar la confiabilidad y seguridad de la red, reforzar las redes de transmisión y distribución, diversificar la matriz energética, tener más holgura en sus pronósticos y en el balance de la carga y la generación.

Para los usuarios de generación distribuida les permite consumir energía limpia, ahorrar en su consumo eléctrico, y en el caso de los negocios los hace más eficientes. Aun cuando la generación distribuida ha crecido mucho y constantemente, estamos muy por debajo de nuestras posibilidades como país, estamos alrededor del 2.45 por ciento de la capacidad de las redes de distribución para generación distribuida.

Esta escala de generación es una alternativa tecnológica viable para contribuir y satisfacer la demanda de electricidad e impulsar el desarrollo de energías renovables de manera eficiente, con menores defectos para el sistema eléctrico nacional y democrática. Pues también se traduce en empleo, en ahorro para el usuario y es una forma en la que los ciudadanos ejercen sus derechos. Por todo esto y tal como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, la generación distribuida debe ser impulsada, estamos de acuerdo en que sea de manera ordenada sin desatender la confiabilidad del sistema y regular con la calidad de los componentes y de la instalación.

La reforma implementada en 2013 tiene áreas de oportunidad sin duda y se puede trabajar de manera conjunta en pro de un abasto suficiente y confiable de energía, pero creemos que no se requiere un cambio constitucional para lograrlo. Desde que se envió la iniciativa a los funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad han explicado públicamente que la generación distribuida continuará y no se verá afectada, que en realidad será promovida por el gobierno federal.

Sin embargo, las leyes, más aún en una Constitución Política del país,  trasciende las acciones inmediatas y las interpretaciones particulares, estas se analizan a la letra y se interpretan en el largo plazo para dar certidumbre a los ciudadanos. Llegamos, entonces, a analizar objetivamente la redacción del texto e interpretar los impactos que tendría de aprobarse tal y como está escrita.

En el párrafo séptimo del artículo 27 y en el nuevo párrafo secto del artículo 28 se esxcluye a las empresas privadas que instalan sistemas fotovoltaicos y aún a buena parte de cadena de valor distribuida, habrá que tener en cuenta los costos de esta transición energética que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología, en un estudio de 2017 ascienden 67 mil 750 millones de dólares para el periodo 2014-2030.

En el segundo artículo transitorio, inciso a), se habla de la cancelación de permisos y contratos. Si bien, los ciudadanos que poseen sistemas fotovoltaicos en modalidad de generación distribuida no requieren permiso, si han suscrito contratos, la única generación posible es que todos los contratos de nuestros usuarios serían cancelados una vez que esto entre en vigor. Específicamente en la cláusula octava, inciso c), de los contratos de contraprestación que se firma con la CFE, se especifica como causa de determinación la modificación o contravención de las disposiciones que establece la Ley de la Industria Eléctrica, su reglamento o a cualquiera de sus disposiciones legales, administrativas aplicables.

En el tercer artículo transitorio se habla de la supresión de los órganos reguladores del sector y esto nos preocupa mucho, voy a explicarlo en una siguiente intervención el porqué. Quisiera cerrar diciendo que las medidas propuestas son contrarias al interés general del país, al de los usuarios, al de los empresarios de nuestra industria e incluso al de la CFE, pues pierde los beneficios antes señalados y la posibilidad de disminuir los subsidios que otorga. Estas medidas afectarían el futuro del país y los derechos...

 

El moderador José Omar Sánchez: Si podemos ir redondeando, por favor.

 

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Sí, estoy cerrando. La iniciativa, tal como está, centraliza las decisiones y va en contra de la libertad de los ciudadanos para gestionar su propia generación y su propio consumo energético. Establecería que la innovación, la capacidad de emprender, de crear y participar en el cambio tecnológico no va  estar en manos de cualquier ciudadano, sino de quien el Estado elija.

 

Para el sector energético y para el país sería perjudicial que desaparezcan los órganos reguladores autónomos. Es necesario seguir apoyando la participación de las empresas instaladoras de generación solar distribuida, su profesionalización y crecimiento. Lo que ellas hacen trae beneficios para todos.

 

Y por último, la industria requiere claridad por parte de las autoridades sobre los planes que tiene respecto a la generación distribuida y el papel de las empresas privadas en ella. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Manuel, por varios conceptos importantes como generación distribuida, que han quedado en tu exposición. Más adelante habrá oportunidad de seguir con el diálogo y ahondar en algunos aspectos.

El moderador José Omar Sánchez: Vamos ahora con Magdalena Morales García, a quien damos la bienvenida, quien viene directamente de Chiapas.

Leo su semblanza curricular para que la audiencia conozca un poco más de ella. Es originaria de Tapalapa, Chiapas. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, hablante de la lengua zoque, una de nuestras muchas lenguas nacionales. Participó como candidata a presidenta municipal en el año 2018. 

Durante 12 años trabajó en una radiodifusora indigenista con atención a la población zoque. También ha participado en organizaciones sociales en defensa de los derechos de las mujeres para la prevención y la erradicación de la discriminación por el hecho de ser indígenas. Y cabe destacar que actualmente Magdalena también es promotora cultural en su municipio. Así que, con el gusto de saludarla, tiene el uso de la voz. Bienvenida.

 

La ciudadana Magdalena Morales García: (Habla en lengua indígena) Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados, vengo en representación del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, que desde varios años se viene pidiendo pues, más que nada, también se puede decir exigiendo que se apruebe la iniciativa que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que nosotros necesitamos como pueblos originarios, como campesinos, campesinas es que nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudo, la renacionalización de la industria eléctrica y el litio.

Que la energía eléctrica es un derecho de todos los ciudadanos y, sobre todo, para nosotros de los pueblos originarios, porque somos quienes más hemos sufrido los atropellos que pagamos los altos costos de esta energía eléctrica.

Chiapas, es un estado con mayor riqueza hidroeléctrica, mencionaba que ahí cerca de mi municipio está la presa de Chicoasén, la de Mal paso, Peñitas, donde se genera una gran cantidad de energía eléctrica, sin embargo, nosotros sufrimos de este beneficio.

Por ejemplo, en mi municipio con una llovizna, con un poco de viento nos quedamos sin energía eléctrica y eso no es posible porque Chiapas, tiene una gran riqueza en generar energía eléctrica, por lo tanto, pedimos a que se apruebe esta iniciativa del señor presidente, porque en el pueblo se genera la energía y es un derecho humano, como les decía.

Entonces, recalco nuevamente, que lo que estamos pidiendo son tarifas justas, preferenciales, servicio de calidad y la condonación para los pueblos originarios, porque no es justo que las condonaciones se les de a Oxxo, a Walmart, a todas las empresas trasnacionales y cuando los pueblos originarios donde, pues ya como comentaban los compañeros de Oaxaca, han perdido sus tierras, no recién ningún beneficio, de igual manera en Chiapas, donde se construyen las presas hidroeléctricas, los pueblos desaparecen: uno de ellos es Usumacinta. Entonces, el pueblo de Usumacinta viejo, como le llaman, desapareció, pero ¿qué beneficios estamos recibiendo nosotros? Ninguno. Nos cobran muy altos costos y, sobre todo, pues, tenemos que dejar nuestros pueblos, nuestra forma de vivir, nuestra cultura y todo eso estamos perdiendo.

Entonces, yo sí pediría nuevamente a ustedes, diputados, diputadas, que pongan énfasis en esta iniciativa que, pues, ha enviado nuestro presidente y que, pues, la aprueben, pero pensando también en los pueblos muy lejanos.

De verdad, yo, de corazón, quisiera que vivieran un día en esos pueblos donde sufrimos esas carencias. Nos quedamos una semana sin energía eléctrica y lo poco que tenemos en el refrigerador se nos echa a perder. No podemos comunicarnos. En el municipio no tenemos comunicación a través de telefonía celular; solamente por internet satelital. Le platicaba a la diputada que me hizo la invitación que tenemos que comprar una fichita para que nos podamos conectar y, si no es así, pues no hay manera. Entonces, aparte de que pagamos mucho por ocupar la energía eléctrica. Entonces, tenemos muchas carencias. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Magdalena, por esta primera intervención.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a cerrar esta primera etapa del diálogo con la intervención de Mario Castillo Quintero. Voy a permitirme dar lectura a su semblanza curricular: Él también es representante de la Red de Pueblos y Energía y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio.

Cabe señalar que es una organización comunitaria de base integrada por autoridades comunitarias y agrarias, asambleas de resistencias y colectivos en pueblos zapotecas, ikoots, zoques y mixes de 16 comunidades en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Esta organización surgió en 2009 por la convergencia de procesos de resistencia comunitaria a la imposición del megaproyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec.

Esta organización tuvo y sigue teniendo un papel central en la resistencia a los despojos, a la destrucción de ecosistemas, la corrupción y la ruptura del tejido social provocada por los parques eólicos privados y de la Comisión Federal de Electricidad.

La asociación impulsa y organiza la resistencia civil en el istmo de Oaxaca frente a las altas tarifas de la energía eléctrica y forma parte de procesos organizativos a escala federal sobre el mismo tema.

Es una organización que también ha ampliado su marco de acción en el tema del sector energético y, además, de la propia APIIDTT. También participan organizaciones de la Unión de Cooperativas Tosepan, que ya tuvimos por aquí la oportunidad de tenerlos. El Consejo Maseual Altepet, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, el Consejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California. Comuneros de Ciudad Ixtepec en Defensa del Territorio, el Consejo Maya del Poniente Chikin’ Já y ejidatarios de las comunidades de Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún y Kinchil en Yucatán. Así que, Mario tienes el uso de la voz hasta por siete minutos.

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Gracias. Les hablo a nombre de organizaciones indígenas que hemos defendido en nuestros territorios contra megaproyectos energéticos de diversos tipos y participamos en la defensa de la libre determinación y la justicia socioambiental en el sector energético. Varias de nuestras organizaciones, incluyendo la asamblea de los pueblos indígenas del Istmo, somos también parte de la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en nuestras comunidades.

Tenemos décadas de experiencia con los grandes impactos y conflictos generados por políticas energéticas nefastas y conocemos de primera mano sus consecuencias, despojo, violencia, ruptura del tejido social, corrupción de autoridades, destrucción ambiental y aumento de las desigualdades. Lo hemos vivido en el Istmo de Tehuantepec, Yucatán, la sierra de Puebla, la Huasteca Potosina y Baja California, enfrentando megaproyectos tanto privados como de Comisión Federal de Electricidad, tanta energía renovable como de combustibles fósiles, gasoductos y fracking.

Hemos formado la Coordinación Pueblos y Energía con el fin de participar en la construcción de un nuevo marco legal para el sector energético en México, nos motiva a hacer la completa ausencia del sector social y de las comunidades organizadas en los contenidos de la reforma constitucional ahora en discusión.

No es posible construir un sector energético justo, sustentable y democrático sin la participación de los pueblos, pero hemos ido dejando a un lado en esta discusión. Hemos analizado la propuesta de reforma eléctrica y proponemos una serie de modificaciones concretas para incorporar nuestros derechos colectivos al marco constitucional y establecer de este modo las bases legales para un sector energético justo, sustentable e incluyente.

Antes de describir los cambios concretos que estamos planteando, compartiré las reflexiones de carácter general que le dan sustento a nuestras propuestas.

En primer lugar, el marco legal para el sector energético debe reconocer y reparar la profunda deuda que el Estado tiene con los pueblos y comunidades, el desarrollo de dicho sector del que depende la economía en su conjunto se ha basado en la explotación de recursos ubicados, en gran medida, en territorio de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas. Sin embargo, los beneficios se han concretado en zonas urbanas y clases dominantes, mientras los impactos han sido y siguen siendo sufridos por nuestras comunidades.

Este proceso genera desigualdad, injusticia, falta de oportunidades, éxodo rural y violencia contra defensores del territorio, por tanto de empresas como de CFE. A esto se suma la contaminación del agua y del aire y el impacto creciente del cambio climático que afecta de forma especialmente grave a nuestras comunidades. Para revertir esta situación la reforma constitucional debe incorporar este análisis, reconocer la deuda del Estado con los pueblos y comunidades, e introducir unos conceptos de justicia socio ambiental y climática como base del desarrollo futuro del sector.  

Una segunda reflexión general tiene que ver con la concepción de lo público y el bien común. Estamos de acuerdo en la necesidad de quitarles privilegios a intereses privados en el sector energético, e incluso pensamos que se debería ir más lejos que la actual iniciativa de reforma constitucional. Pero la iniciativa en su redacción actual parte de un diagnóstico incorrecto, según el cual los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Este planteamiento asume que CFE es quien mejor conoce y defiende el interés común, cuando muchos pueblos hemos vivido la violencia y criminalización por parte de CFE al defender nuestros territorios frente a sus proyectos. Esta cuestión nos preocupa, en especial en relación a la transición energética.

La iniciativa de reforma eléctrica en su redacción actual comente un grave error al establecer que CFE estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta. Esto es inaceptable para las fuentes de energía renovables, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos defendidos por nuestros pueblos y comunidades.

Por tanto, para ejecutar la transición energética CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales. Esta visión centralizada y monolítica no tiene cabida en el momento histórico actual, ni es conforme con derechos colectivos reconocidos por el artículo 2 constitucional y tratados internacionales. 

Sus resultados serían concentrar en CFE toda la conflictividad social que actualmente se produce en torno a megaproyectos privados de energía renovable. Es necesario ampliar la concepción de lo público y el bien común más allá de CFE e introducir un marco específico para promover los proyectos de generación comunitaria de energía renovable con fines sociales. Sin la participación de los pueblos y comunidades será imposible diseñar e implementar una transición energética justa.

Por estos motivos consideramos que la reforma eléctrica es urgente y necesaria, pero debe ser mejorada. Hemos elaborado una propuesta de cambios concretos al texto y a la iniciativa presidencial publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1 de octubre de 2021.

Nuestra compañera Paulina Garrido, de la Unión de Cooperativas Tosepan, organización que también participa en la coordinación por los enérgicos, presentó este esfuerzo colectivo en el foro del 16 de febrero. Resumiré sus contenidos:

-Primero. El reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano, proponemos intraductal en un nuevo párrafo en el artículo 4o constitucional con el texto siguiente: cada persona tiene derecho al acceso y disposición de la energía de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico.

El Estado garantizará el respeto a este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo  y sustentable de la energía eléctrica, procurando la preservación del medio ambiente y la eliminación acelerada de usos de combustibles fósiles para la generación de electricidad garantizando el respeto al derecho colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, equiparables, así como núcleos agrarios.

-Segundo. La inclusión del sector social dentro del 46 por ciento del mercado que no está reservado para CFE, dando preferencia a los proyectos del sector social frente a los del sector privado. Para ello se proponen modificaciones a  los artículos 27 y 28, aficiones a la exposición de motivos y a varios artículos transitorios.

-Tercero. Establecer las bases constitucionales para una transición energética orientada a la justicia socio ambiental y climática que respete plenamente los derechos territoriales  y el derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades, incluyendo el derecho constitucional al uso y disfrute de nuestros recursos naturales. Proponemos introducir un artículo transitorio que instruya al Poder Legislativo a desarrollar un marco regulatorio y de contraprestación diferenciado para proyectos de generación de energía renovable de núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiàrables o comunidades urbanas en estado de vulnerabilidad.

Este marco diferenciado únicamente será aplicable a proyectos que no persigan el lucro individual, sino el cumplimiento de fines sociales, colectivos. Este cambio permitirá democratizar la transición energética y evitará que CFE como actor único de la transición se convierta en un foco de conflictos sociales crecientes. Además del artículo transitorio, nuestra propuesta incluye modificaciones en la exposición de motivos y en los artículos 27 y 28.

-Cuarto. La prohibición de técnicas de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de una modificación del artículo 22.

Algunos representantes de las organizaciones que conformamos la coordinación, pueblos y energía, estaremos en Ciudad de México los próximos días para mantener reuniones con legisladores interesados en impulsar estos cambios, esperamos tener conversaciones fructíferas que resulten en la incorporación de nuestras propuestas. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario, por esta primera participación Y vamos a dar ahora paso a la primera ronda de preguntas y respuesta con la participación de las y los diputados federales. Recordar que, si no tienen inconveniente, poder participar con precisión a qué ponente le dirigen la palabra para que puedan a su vez tomar nota de a quién se debe responder. Iniciamos con el coordinador de las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Espinosa Cházaro. Adelante, diputado.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias a todos los ponentes. Quiero dirigir mi pregunta al último orador, Omar, por favor. Son dos preguntas, en realidad. Si desde su punto de vista está garantizado que esta reforma significaría un verdadero beneficio para las comunidades indígenas, cuando la redacción -como bien ya lo planteó usted- plantea una excesiva concentración de funciones y poder en la CFE. ¿Y en qué medida verían ustedes -los pueblos originarios- en riesgo esta concentración, en detrimento de los pueblos originarios?

 

Y la otra, también para el mismo ponente, es si ve usted alguna diferencia respecto a la consulta y participación. Usted habló de que no han sido tomados en cuenta. Bueno, varios de los ponentes han expresado lo mismo en esta discusión. Y si ve alguna diferencia o alguna propuesta respecto de que viendo en retrospectiva algunos de los megaproyectos -principalmente, por ejemplo, en el del Tren Maya- no se ha tomado en cuenta la opinión de los pueblos. Entonces, esas serían mis dos preguntas, Omar, para el ponente.

 

El moderador José Omar Sánchez: ¿Serían para Mario Castillo?

 

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Sí.

 

El moderador José Omar Sánchez: De acuerdo. Adelante, Mario.

 

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Gracias. Pues justamente, ¿no? El peligro en nuestros territorios trasciende con esta reforma al también catalogarlo de interés público para el desarrollo nacional la instalación de esta infraestructura que requeriría la Comisión Federal. Lo que implicaría producción, almacenamiento, distribución y transmisión. Y que en términos prácticos expondrían nuestros territorios con nuevos proyectos de generación que estarían haciendo uso pues de todos los poderes que se le aportarían a comisión para expropiar estos territorios en favor de esta lógica del desarrollo nacional, ¿no?

Entonces, todos estos conflictos que ya vivimos en las comunidades contra los diferentes proyectos que se han instalado y que se pretenden instalar se agudizarían y ahora se centraría todo en Comisión Federal, que ya de por sí existe toda una conflictividad por todos los daños acumulados que no se han contemplado por todos los proyectos ya instalados, ¿no?

De hecho, esa es una de nuestras mayores preocupaciones, la violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, porque –como explicamos en este documento– los bienes naturales, el viento, las tierras, el sol, el agua, son parte de nuestros territorios, ¿no? Y, al ser necesarios para poder generar esta transición, si solo CFE se hace cargo, pues obviamente el nivel de conflictividad aumentaría.

En la otra parte sí, justo, ¿no? Yo creo que la mayoría de propuestas de este gobierno han sido omitidas, las consultas y la participación de las comunidades, en dos términos:

Uno. Que también se sobrepone el derecho de la consulta sobre el derecho a la libre determinación y que en muchas comunidades por actas de asamblea y pues por propias autoconsultas que ellos han tenido han decidido, ¿no?, emitir sus propuestas y sus pronunciamientos a favor o en contra de los diferentes proyectos o de las diferentes situaciones que se están presentando en el país.

Y que justamente estos temas no han sido, bueno, consultados –como bien lo dices–. No solo es el caso del Tren Maya, ¿no?, también en el tema del Corredor Interoceánico, se hace toda una serie de procesos de consulta que no aterrizan directamente en las comunidades que van a ser afectadas.

Y –que tendríamos que tener– esta reforma también tendría que incluir algo que la anterior jamás ejecutó, que se llamaba Manifestaciones de Impactos Acumulados, sobre los proyectos que ya han sido desarrollados, los que ya están instalados y, entonces, cómo podemos contemplar una nueva capacidad si ya hay efectos sociales, políticos, económicos y ecológicos sobre los territorios de las comunidades. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario, por el inicio de este diálogo, recordar a la audiencia que estamos en vivo por el Canal del Congreso. Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado José Gerardo Fernández Noroña. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Andaba papaloteando, porque pensé que le iba a Movimiento Ciudadano.

El moderador José Omar Sánchez Molina: ... la diputada...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, ya vi. Yo le preguntaría primero a Abel sobre el tema, porque existe una exposición muy extensa, pero valdría la pena que nos compartieras, porque entiendo que hay un sector de pobladores que no aceptaron el contrato y que están en el peor de los fondos porque no les pagan en las muy exiguas cantidades que está haciendo esta empresa.

Y, por otro lado, pues todas las instancias a las que han acudido, porque entiendo que inclusive han acudido a instancias internacionales, esto no se alcanzó a presentar en la exposición.

En el caso de Mario, como bien lo comentas, estuvo aquí una compañera de Cuetzalan, que es... de cooperativas y nos planteo estos asuntos que nosotros lo vemos con muchísima simpatía, o sea tanto, hacer mucho más explicito el derecho humano con las características que aquí plantee hasta las de la inclusión del sector social que no sean de lucro los proyectos.

Pero, me parece singular que la confrontación la plantees con Comisión Federal de Electricidad y no con los privados que han hecho tropelía y media, en sus proyectos supuestamente limpios, tiene que ser CFE quien haga la transición y nosotros, por supuesto, como es una reforma constitucional, pues, vamos a construir un amplio acuerdo porque se requieren de dos tercios de la Cámara para hacer la reforma constitucional respectiva.

Francamente, no comparto, hay unos compañeros del PRD se meten por la puerta trasera el debate sobre otras obras importantes que nuestro gobierno está realizando y que no son parte de este parlamento abierto, pero siempre, el ser humano su actividad económica impacta en la naturaleza, impacta en las comunidades, eso es inevitable y a mi me parece que nosotros tenemos que encontrar, efectivamente, una forma, el respetar plenamente los derechos no son los pueblos originarios, sino el pueblo de México en general.

Generar las decisiones más ampliamente democráticas posibles e impulsar este proceso de transición que no podemos dejar en manos de los privados, o sea, no tienes más que la conducción del Estado Mexicano o de los privados que, con la reforma de 2013, pretendían la desaparición de Comisión Federal de Electricidad.

Sobre la, última y única intervención que ha habido no de pueblos originarios, pues nosotros tenemos una percepción diferente sobre el tema de los órganos independientes que me parece que para la planeación son fundamentales.

Hemos debatido amplísimamente aquí el tema de las falacias que se han venido a plantear respecto a las energías limpias, respecto a las ventajas de la reforma de 2013, que no vemos ninguna, pero como los hemos debatido ampliamente, no insistiría yo sobre ellos.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, nada más para aclarar: ¿su pregunta?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Dos preguntas... a Mario y a... Abel.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Okey. En el orden en que las pidió, le concedemos, hasta por cinco minutos, a José Abel. Posteriormente, vamos con Mario. José Abel, adelante, por favor.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Me gustaría que pusieran la diapositiva del parque eólico Eurus para explicarles un poquito más extenso de la ubicación de nuestras parcelas para que... no sé si se pueda.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Pedimos asistencia técnica que pueda proyectar la lámina a que se refiere José Abel.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Miren, nosotros no hemos visto ningún cambio con la reforma energética que hicieron en el 2013. La verdad, hemos sido olvidados. Hemos tocado puertas: diputados, senadores. Hemos mandado escritos con la representante de la empresa Acciona y realmente hemos sido discriminados, o sea: no nos toman en cuenta. De lo que queremos nosotros es que nos consideren...

Creo que es la diapositiva número 6, por favor, si me lo pueden presentar... para que ustedes se den cuenta... ahí están, miren: Si ustedes ven el plano ahí son 2 mil 600 hectáreas que pretendía rentar la empresa Acciona. Ahí tienen instalado actualmente un parque eólico que se llama Eurus que le vende la energía eléctrica a Cemex y el otro parque eólico que se llama Oaxaca III como productor independiente que le vende la energía a CFE.

Las parcelas que están marcadas en rojo son las nuestras, son 202 hectáreas que no estamos recibiendo el beneficio que le llamamos nosotros derecho de paso de aire, que lo reciben otros ejidatarios. ¿Pero cuál fue nuestro delito? Pues oponer resistencia, que nos pagaran mejor. Nosotros sabíamos que en otros países le pagan el 6 por ciento de la producción de la venta de energía. A nosotros nos están pagando ahorita el 1.5 por ciento, si no me equivoco.

Hemos hecho...

Hemos hecho calculo que la empresa tiene un ingreso de 20 de energía, de los parques eólicos de 2 mil 800 millones de pesos ¿Cuál es la derrama económica? En el ejido, por la renta de nuestras parcelas, 40 millones de pesos, para nosotros consideramos que es una miseria, por eso es que hemos luchado y hemos tocado puertas y la verdad no nos hemos beneficiado en nada, ya llevamos 16 años que no recibimos el usufructo de nuestras parcelas y así como estamos no podemos rentarlas con otras empresas, ya no podemos, porque técnicamente si nosotros quisiéramos rentar con otras empresas, ya no pueden instalar a los generadores porque provocaría turbulencia, cada línea de aerogeneradores, si pueden ver, tiene una distancia de 800 metros que depende de la capacidad, que son 1.5 megawatts.

Y la verdad, les repito, nosotros queremos que ustedes nos escuchen, queremos la verdad, que reparen el daño, porque hemos sido discriminados hasta por la misma gente de nuestra población, nos tienen como aislados, como gente negativa, cuando realmente pues hemos luchado por un beneficio mejor. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Abel. Damos el uso de la palabra a Mario para brindar su respuesta. Adelante, Mario.

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí, mira, nosotros siempre hemos denunciado y peleado con las privadas, esa es la razón de la fundación de nuestra organización en el Istmo y empezamos por la cancelación de contratos leoninos en comunidades como Juchitán, Unión Hidalgo y Santa María Xadani, justamente por estos contratos que ya acá el compañero ha explicado cómo se ha hecho.

Una de nuestras luchas más importantes fue en el 2012 a 2014 contra el proyecto eólico de proyecto Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa, que es una zona de trabajo colectivo de los pueblos ikoots zapotecos del Istmo de Tehuantepec, en donde estaba contemplado este proyecto por un consorcio de Grupo Femsa Mitsubishi, y P&E. ese parque eólico lo logramos sacar gracias a la Organización de los Pueblo contra estas empresas pues siguen y quieren ocupar el territorio para poder generar pues todas estas ganancias billonarias.

Al igual, en estos momentos, tenemos un amparo agrario contra el Proyecto Eólico ... de la Empresa Eléctrica de Francia en Unión Hidalgo, justo por lo mismo, son empresas que llegan a ocupar el territorio, que llegan a saquear y, sobre todo, que llegan a introducir conflictos al interior de las comunidades entre la misma población y que van a tardar generaciones en poder subsanarse. Pero también, hemos tenido toda una serie de persecución por parte de Comisión Federal de Electricidad a nivel regional y a nivel nacional como Red Nacional de Resistencia Civil donde hemos tenido compañeros presos, donde hemos tenido estas persecuciones, que si bien en la región del Istmo de Tehuantepec los presidentes municipales ocupan la presión política hacía CFE para poder amenazar y amedrentarnos por nuestra labor como defensoras y defensores.

Lo que nosotros planteamos en este proceso de la transición es justamente que en este 46 que se les está otorgando a los privados, sea incluido este sector social, como ya he dicho, de comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables, núcleos agrarios, así como comunidades urbanas en estados de vulnerabilidad y marginación, para poder tener nuestros propios procesos de generación comunitaria que nos sirvan para desarrollar estos planes de vidas colectivos en acuerdos como en asambleas, como comunidades, y que no haya, pues justamente, esta violencia pues política ¿no? porque lo hemos intentado en diferentes comunidades, en diferentes regiones del país poder generar proyectos comunitarios, a lo que CFE nos ha dicho que no, que ellos justamente están para eso y que nosotros no tendríamos que porque proponer estas cosas ¿no?

Por eso consideramos que sería importante tomar en cuenta las comunidades dentro de la transición, también como ya los hemos dicho, porque estos bienes naturales que se ocupan, justamente para esta proceso, son parte de nuestros territorios, no podemos aislar y decir: el rio no va a pasar por nuestro territorio como pueblos indígenas ¿no? sino es vida para los cultivos, para los proyectos que se tengan al interior de las comunidades. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias Mario. Vamos a ahora darle el uso de la voz al diputado Juan Carlos Natale, para formular su pregunta. Adelante, diputado.

El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias, buenas tardes. ¿Me podrían regalar sonido, por favor? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este foro de parlamento abierto. Y bueno, yo tengo dos preguntas para Abel y para Mario.

Primero preguntarle a Abel ¿si considera que la reforma del 2013 ha representado mayores beneficios para los usuarios, habitantes de pueblos indígenas, que pudieran generarse a partir de esas reformas planteadas? o si fueron perjuicios ¿Cuáles fueron? Sobre todo para las 70, los 70 pueblos indígenas de los estados que más se concentran: en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Baja California y Sonora.

Y la otra pregunta es que, bueno, aun sabiendo y quedando ampliamente demostrado en estos foros, que ante situaciones de emergencia sin duda es la CFE quien termina garantizando el servicio eléctrico en las comunidades más lejanas, como lo son las comunidades indígenas y sin ayuda de los privados.

Mi pregunta es: si considera innecesario lo del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad sin importar que esto implique un impacto negativo directo s la calidad de vida de las y los mexicanos o si considera que con esta reforma a la Comisión Federal de Electricidad será benéfico y conveniente àtra los pueblos indígenas. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Natale. Vamos, en primer lugar, con José Abel para brindar su respuesta. Adelante, José Abel.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Como le he explicado anteriormente, pues nosotros como ejidatarios no hemos visto ningún beneficio con la reforma energética de 2013. Le quiero explicar, mucha gente piensa que al instalar parques eólicos garantiza el suministro constante de energía eléctrica, nosotros que vivimos ahí, los vientos son intermitentes, generan energía eléctrica cuando hay vientos y cuando no hay vientos quién nos garantiza el suministro es  Comisión Federal de Electricidad.

O sea, si nosotros, el estado de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, donde está el corredor de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica no tuviéramos aislado la red, no dependieramos de Comisión, estoy seguro que a cada rato tuviéramos apagones, pero como estamos con la red  de ..., cuando los parques eólicos no generan energía eléctrica, pues no nos falta la energía. Sino lo contrario,a  veces cuando entra un parque eólico por la entrada, a veces hay apagones.

Es una mentira que digan de que la energía es limpia, realmente no son limpias. A mí me gustaría también mostrarles una diapositiva, no sé si me permiten, en donde la contaminación que están provocando la generación de aerogeneradores, hay una dispositivo ahí de donde vienen unos aerogeneradores con derrame de aceite.

Bueno, ahí está la diapositiva, ahí demuestra la derrama de aceite que hemos tenido en los parques eólicos, claro que la empresa inmediatamente manda a limpiarlos. También ha habido contaminación en los pozos de agua que tienen los campesinos para suministrar agua a su ganado. ¿Y saben cuánto les pagan? La miserable cantidad de 16 mil pesos por la contaminación de un pozo. Mucha gente desconoce que debería demandar ante la Semarnat y se conforman con esos 16 mil pesos y tenemos la prueba. 

Hay otra diapositiva, es donde se quemó una aerogeneración en el parque eólico. Entonces, para que vean que en un terreno que no está cobrando el usufructo, pero el aerogenerador lo tenemos a 30 metros. No lo puedo rentar con otra empresa, estoy perdiendo, pero ya estoy metido en el parque eólico, estoy sufriendo también las consecuencias.

 

Entonces, considero que la reforma eléctrica... ahí está la contaminación. Miren, señores, la derrama de aceite, pues ahí lo están limpiando; de eso no habla la empresa Acciona. Entonces, todo eso estamos sufriendo los ejidatarios. Entonces, la reforma energética de 2013 no nos llevó a ningún beneficio.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, José Abel. Vamos a hora con Mario.

 

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí, gracias. Mira, nosotros no queremos meternos como esta iniciativa de pueblos y energía en la polarización entre el debate de la soberanía y de los privados. Lo que pedimos es que si el objetivo va a ser fortalecer a CFE, pero que no abuse de ese poder que se le va a otorgar para violentar nuestros derechos colectivos y territoriales.

 

Nosotros como pueblos y comunidades le apostamos a seguir viviendo y ejerciendo nuestra libre determinación y poder contemplar -por decirlo- una autonomía energética que nos permita esa sustentabilidad y ese camino colectivo y futuro próspero que necesitamos Y es que en este tema no solamente somos las comunidades indígenas, afromexicanas, núcleos agrarios, sino somos todos los usuarios en resistencia contra las altas tarifas. 

Y que justamente tiene que ver con todo este proceso proveniente de las reformas anteriores y que justamente aumentan el costo de las tarifas, la gente ya no puede pagarlas y empiezan los procesos de resistencia civil en diferentes tipos de organizaciones y en caso todo el país.

 

Entonces, ¿qué pasa si la Comisión Federal no brinda una solución de raíz a estos conflictos? Que toda esta conflictividad, que ya de por sí es mucha -eso hay que decirlo realmente- hay mucha manifestación y movilización contra CFE en el tema de las altas tarifas de la energía eléctrica, ¿no? Y que, entonces, como usuarias y usuarios lo que exigimos es que haya una solución de raíz, que contemple una tarifa social, que contemple una solución. Esto, como les digo, de raíz, porque a nosotros ya nos lo hicieron en una comunidad, de borrón y cuenta nueva, al cabo de dos bimestres, regresa toda la deuda a las familias y pues regresan a la resistencia, ¿no?

¿Y cómo solucionamos esto? Uno. Que sea reconocido el derecho humano a la energía eléctrica, porque, sí, la energía eléctrica con esta contingencia sanitaria nos hizo ver que se vulneran otros derechos, como es la salud, como es el trabajo, como es la educación y como es la comunicación. Y que, entonces, podríamos trabajar en esta tarifa social de acuerdo a los contextos socioeconómicos de cada comunidad y población, porque todos son muy diferentes.

Y, entonces, sí, después de un diálogo profundo y un trabajo conjunto entre las comunidades, entre los usuarios, entre todas las instituciones que deban formar parte de este diálogo podemos establecer una solución real y un parámetro para que se quite todo este grado de conflictividad que ya existe, ¿no? Y, como decimos, si CFE se va a fortalecer, que lo haga, pero que con ese fortalecimiento no vuelva a violentar nuestros derechos como pueblos indígenas y nuestros derechos territoriales. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al diputado Jorge Triana, en representación de las diputadas y diputados de Acción Nacional. Adelante, diputado. Bienvenido.

El diputado Jorge Triana Tena: Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Creo que este tema rebasa, rebasa el espectro energético. Creo que es mucho más amplio. Tiene que ver con obra pública, tiene que ver con infraestructura pública, que construye el gobierno, tiene que ver con proyectos privados, que concesiona el propio gobierno desde hace muchísimos años, pero me voy a constreñir simplemente a los hechos.

Y también, para dar algún tipo de referencia, pues yo creo que sí estamos obligados, después de escuchar estas crónicas que nos acaban de presentar, estamos obligados a incluir este tema en la construcción de una nueva legislación en materia eléctrica en este país. No puede ser excluido el tema.

Es decir, sí está cubierta la parte privada, sí está cubierta la parte pública, con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, pero es importante que veamos también pues cuál va a ser la participación comunitaria, social, operativa de los pueblos. Esa es la parte que esta faltando, esa es la parte en la que estamos completamente cojos en este momento.

Y, miren, antes de hacer mi pregunta, me voy a permitir leer un fragmento nada más de una carta, un desplegado que salió en el periódico la Jornada el 16 de octubre de 2021. Dice: “La propuesta constitucional presentada el 30 de septiembre tiene una lamentable coincidencia con el régimen energético neoliberal de Salinas y Peña Nieto, ambos niegan a las comunidades y pueblos indígenas un papel activo en el sistema energético y generan condiciones idóneas para que sean otros actores públicos o privados quienes aprovechen las fuentes de energía de nuestros territorios.

Los dos paradigmas, el privado y el estatista son violatorios de derechos garantizados por la Constitución y por tratados internacionales. Las organizaciones firmantes, que son organizaciones indígenas todas ellas, conocemos de primera mano la violencia empleada por la Comisión Federal de Electricidad y también por algunas empresas privadas para tomar control sobre los recursos energéticos de nuestros territorios.

Y, pongo algunos ejemplos, en concreto: los del Istmo de Tehuantepec, Yucatán, el estado de Puebla, la mesa de Nayar, la Huasteca Potosina, etcétera, lugares donde ha habido conflicto con la Comisión Federal de Electricidad con los pueblos indígenas, y esto, hay que reconocerlo.

Creo que tenemos todo para construir un nivel intermedio aquí, que es lo que tendríamos que aspirar, tendríamos que buscarlo. Y sí se puede. Miren, a ver, hoy en día, el Sindicato Mexicano de Electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pocos lo saben, pero se constituyo a partir del año 2015 en una empresa llamada Generadora Fénix, una empresa que fusiono a través de un convenio de colaboración a una cooperativa que formó el propio SME con una empresa trasnacional que opera en 44 países, una empresa portuguesa que se llama Mota Engel, ellos formaron una empresa que opera actualmente 14 hidroeléctricas en el país.

Es decir, el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza que, por supuesto, no se ha manifestado en últimas fechas sobre esta reforma, no la ha apoyado, de hecho, tampoco a hablado en contra, pues...

El ciudadano                                                      : (Inaudible)

El diputado Jorge Triana Tena: Hoy viene, perfecto, excelente, genial. Ojalá... esta pregunta, porque pues, está utilizando o disfrutando por así decirlo, por usar este verbo, pues la reforma energética del año 2013. Entonces, sí se puede, sí se puede involucrar a todas las partes, a manera de cooperativas, hay muchos esquemas, debe haber muchísimos esquemas.

Y, bueno, a todo esto, yo quisiera preguntarle, mi pregunta va directamente a nuestra ponente doctora Jaqueline, mi pregunta es ¿Qué sistema intermedio se puede utilizar para poder tomar en cuenta todas estas voces en pueblos indígenas, de tierra social, todos estos poblados, rancherías para que puedan participar, producir su propia energía a bajo costo, a través de un planteamiento muy concreto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico.

Por otro lado, pues también preguntar cuál sería el impacto económico para estos mismos sectores en caso de que se desmantelara toda la infraestructura privada que existe en este momento como lo plantea la reforma eléctrica.

Y, por último, concluyo, y por último preguntar, pues, nada más, por qué razón cree usted, doctora, que hay personas que impulsan esta iniciativa que sobre empodera a la CFE al mismo tiempo que se quejan de los abusos de la CFE por su control monopólico. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Triana. Un poco extensa la exposición, pero, bueno, ya redondeó. Y solo le preguntaría, entonces, a la doctora Jaqueline Valenzuela. ¿Es correcto? Solo para ratificar. En consecuencia, doctora Jaqueline, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

La ciudadana Jaqueline Valenzuela Meza: Muchas gracias. Creo que con todo lo que ya hemos expuesto los diferentes ponentes va quedando muy claro el punto aquí. La iniciativa presentada comete el mismo error que se cometió en 2013 de no incluir a las comunidades de una forma horizontal... incluso, ni siquiera, pues, visibilizarlos como parte integrante de este sector tan importante y que es, incluso, un tema de dignidad humana y de derechos humanos.z

Entonces, en ese sentido, nosotros en Baja California Sur hemos explorado diferentes perspectivas y también diferentes propuestas. ¿Por qué en Baja California Sur? Porque tenemos, reitero, dos sistemas aislados en los que se podrían empezar diversos esquemas para incluir a las comunidades, sin afectar la dinámica del sistema eléctrico nacional.

Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos un esquema que se llama Comunidades energéticas, que funciona en otras partes del mundo. Estas comunidades energéticas, precisamente, ponen en el centro a los participantes de las comunidades y, además de esto, más allá de la infraestructura, la forma de operación: que fomente, como ya lo mencioné también en mi presentación, la productividad. Hablemos también, además de ser un tema de dignidad humana, es un tema de economía. Los pueblos pueden crecer a partir de tener estas posibilidades de consumir, pero también de generar electricidad. Entonces, creemos que las comunidades energéticas son una gran apuesta para iniciar en los sistemas eléctricos aislados, como ya lo mencioné.

Y, por otro lado, ¿cuáles serían las consecuencias de desmantelar, digamos, esta estructura? Yo coincido con los ponentes anteriores: ha habido violaciones de los derechos humanos de compañías nacionales y extranjeras, de privados y de públicos. Entonces, creo que debemos transitar hacia un esquema en donde los derechos humanos estén en el centro con estas comunidades energéticas.

Hablando técnicamente, ya existe la expansión de las microrredes, podemos utilizar microrredes y solamente con una coyuntura de oportunidad que nosotros hemos analizado, dónde y con quién.

Si la Comisión Federal de Electricidad tiene la exclusividad de la transmisión y de la distribución en la figura de los ejidos en donde organizamos a todas esas personas y que tenemos kilómetros y kilómetros de ejidos, pudiese darse esta capacidad de generación y distribución dentro de este mismo esquema y fuesen los beneficiados.

Reitero, ya lo hemos estudiado en comunidades de Baja California Sur como factible y posible y es algo que se podría replicar a nivel nacional. ¿No sé si con eso contesté?

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Jaqueline Valenzuela por la respuesta brindada. Vamos ahora con el diputado Leonel Godoy, representación de todas las diputadas y diputados de Morena. Adelante, diputado.

El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias. Quisiera hacer algunas precisiones. Justo esta propuesta de reforma eléctrica busca quitar del centro que la energía eléctrica sea una mercancía y se convierta verdaderamente en un derecho humano, ese es uno de los objetivos de esta reforma, porque no hemos visto que los privados le den esa prioridad en estos 11 años, estos nueve años, perdón, no hemos visto que los privados vayan a esas comunidades que reclama correctamente quien nos presenta el ejemplo de Baja California Sur.

También quisiéramos decir claramente que las funciones del Estado no son un monopolio, yo no diría que el ejército sea un monopolio, yo no creo que el sistema de salud público sea un monopolio. Entonces, me parece que el tema del concepto de monopolio tendría que analizarse, por lo menos para mí, a la luz de las ganancias. Y aquí, también quisiera comentar que hay una diferencia entre que tengan ganancia los privados y que tengan ganancia la Comisión Federal de Electricidad, porque esa va a hacer utilizada para justo llevar energía eléctrica a esas comunidades y a esos pueblos indígenas.

Por otra parte, estos foros han servido y este de hoy lo deja más claro, de que el sector social debe ser incluido en la redacción de la reforma eléctrica.

Vamos buscando como le hacemos con Acción Nacional y con algunos que vienen como, que representa  la... ¿se llama? que para nosotros si hace falta una reforma constitucional. En todo caso vamos revisando los términos, y entre ellos, sin duda el sector social debe ser incluido, tiene que ser incluido, tiene que revisarse el texto de lo que es la, que el Estado sea el rector de la generación de energía eléctrica.

Entonces, así las cosas, yo quisiera preguntar a Mario, porque lo veo más resistente en el tema ¿Cuál sería la diferencia de nuestra propuesta de que el Estado sea el rector sobre la generación, generación de energía eléctrica, agregando todas estas iniciativas que se están presentando que son absolutamente necesarias? ¿Cuál sería la diferencia o dejarlo cómo está la reforma actualmente, que hay una, que los privados cada vez más tienen el control sobre la generación de energía eléctrica en el país? Esa sería mi pregunta a Mario, específicamente.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Godoy, por la intervención. Y vamos a darle la oportunidad a Mario de que pueda brindar respuesta hasta por cinco minutos. Adelante Mario.

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí, gracias. Bueno, sin duda pues dejar la reforma anterior no es una opción ¿verdad? para nada para este país ni para las comunidades, porque justamente el tema como comunidades y pueblos indígenas, núcleos rurales, es la apropiación del territorio ¿no? O sea, esa es una cuestión que siempre hemos exigido como pueblos indígenas, que se reconozcan nuestros derechos constitucionales, y en tanto la reforma anterior, pues claro no, que nos pisotea, que nos vulnera y que propició todos estos conflictos con empresas privadas a lo largo y ancho del país.

Insisto ¿no? esta propuesta lo que queremos es que en nuestro libre ejercicio de la libre determinación, claro que tenemos derecho a poder producir nuestra propia energía ¿no? claro que tenemos planes de vida colectivos, claro que hay muchas necesidades en las comunidades, y sin duda poder generar nuestra energía, como decía la compañera que me antecedió hace un momento, no solamente de consumo, sino de generación porque eso es un tema de que las comunidades indígenas estarían generando sus propios medios, sus propios recursos para sostener lo que hasta el momento en muchas comunidades no se puede sostener por la actual de crisis económica y social que se vivie.

Entonces, nosotros lo que decimos es que la reforma anterior para nada queremos que continúe, porque justamente todo ese poder de los privados y de esos contratos de autoabastecimiento nosotros los conocemos, nosotros los denunciamos, ahí en el Istmo de Tehuantepec, pero también hubo muy poca respuesta del Estado y de las instituciones para hacerle caso a estas denuncias y demandas de los pueblos.

Entonces, ahora lo que pedimos es que, bueno, no pedir, es parte de nuestros derechos como comunidad indigena que se nos reconozca el derecho a la determinación y nuestra propia capacidad de generar nuestra energía. Por eso ahí ponemos que hay un marco regulatorio preferente en donde sea muy bien estructurado para que no haya estos proyectos de quienes se digan comunitarios, pero son privados y quieren involucrarse en la generación de esta manera.

Aún así, que los privados tengan el 46 por ciento de la generación es mucho. Nosotros consideramos que aún así es mucho y por eso, sin restarle al 54 que ya va a ser parte de Comisión Federal, que en ese 46 se incluya el sector social y se les dé la prioridad para la generación y distribución de la energía. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Para cerrar esta primera ronda le concedemos el uso de la palabra al presidente Rubén Moreira. Adelante, presidente.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Primero, que bueno que hicimos esta inclusión de este tema en el parlamento abierto, creo que va a ser muy importante, mucho más  de lo que a lo mejor se previó y que bueno que lo hicimos. Eso, además, nos deja ver la importancia del parlamento para incluir temas que originalmente no venían en la reforma de 2013 ni en esta que ahora se pretende hacer. Yo hago votos porque independientemente de todo, pongamos los ojos en esto que ustedes nos han planteado.

Segundo. México es un país muy diverso y, entonces, habrá que hacer un esfuerzo para lograr sin romper la unidad y el interés superior de la nación, pues atender los intereses de cada una de las comunidades. Que bueno que esta quien nos habló por Baja California Sur, que bueno que está aquí en el salon por Oaxaca.

Tercero. Creo que sí, me dirijo a ti José ..., creo se tiene que hacer una buena mezcla de todas las fuentes de energía, tampoco podemos decir que no requerimos de la energía eólica o la solar, como también les quiero decir que requerimos la energía producto del carbón, por ejemplo, que es estable. 

Y que aquí se ha satanizado en algunos momentos la producción del carbón cuando nada más tenemos dos termoeléctricas funcionado -de tres que hay- mientras que ahora hay un país en oriente que está construyendo 20 en este momento para sustituir la energía nuclear o que los americanos tienen 200 y que incluso -en mi tierra se produce con carbón- sería muy desleal con quien ha sostenido la energía eléctrica durante 100 años, llegamos a producir hasta el 10 por ciento de la energía eléctrica más las del ferrocarril- que de un día a otro les dijeran: -Fíjate que ya no te necesitamos, sin indemnización y muchas gracias-. Sería más o menos lo que les pasa a ustedes, pero en otra parte del país. Además en mi estado se producen energía solar y eólica. Tenemos otro régimen de propiedad en la tierra, pero... para algo que me interesó mucho y lo quiero reducir a esto. 

Platícanos un poco de estas intermediarias que se presentaron en tu tierra, que no era la empresa que al final se contrató. Platícanos un poco sobre estos diferenciales entre la ganancia y lo que se paga. Ustedes no, ya me di cuenta, pero a tus vecinos. Platícanos un poco sobre esa relación que se tiene porque me parece muy injusto -a mí en lo personal- que no se tome el valor que tiene el terreno por estar ubicado en ese lugar. 

Porque yo puedo poner un aerogenerador en tu casa, mi casa, pues ahí no hay viento y es la misma inversión que ponerla en el tuyo, pero ahí voy a ganar dinero. Y si tienes datos de algunas otras partes del mundo de cuánto se le paga. Yo sé que ustedes no y que es otro tema que tendremos que ver, pero a tus vecinos. Les agradezco a todos su presencia acá.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, presidente. Ha sido requerida la respuesta de José Abel. Le concedemos hasta cinco minutos.

 

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: No le atiné, ¿verdad? Es José Abel. Una disculpa, José Abel, pero tiene la culpa el secretario, que no me avisó.

 

El moderador José Omar Sánchez: Adelante, José Abel.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Gracias, nuevamente. Mire, en el 2006 llegó una empresa que se llama Maderas y granos de la laguna a rentar dos mil 600 hectáreas. Cuando a nosotros se nos presentó en una asamblea, pues dijimos: -Viene a ver sobre el cultivo, dedicarse al cultivo o a la ganadería. En nuestra población sembramos sorgo, anteriormente se dedicaban a la siembra de caña, pero tronó el ingenio y derivado de eso se dedicó la gente a la ganadería.

Entonces, esta empresa con razón social de maderas y granos de La Laguna, cuando nosotros –le explicábamos– nos enteramos de qué se trataba el proyecto eólico, le pedíamos, por ejemplo, que nos presentara el proyecto, el plan, en dónde iba a afectar la instalación de los aerogeneradores, aunque en nuestras parcelas están en el mismo ejido, pero hay diferentes tipos de tierra. No es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México rentar un departamento en Santa Fe, que rentarlo en otras colonias, porque son diferentes pagos que se harían. Igualmente, también en nuestras tierras.

El caso particular, le voy a platicar de mi papá, son terrenos agrícolas de riego y nosotros la verdad no queríamos que nos afectara. Queríamos que nos pagaran el paso de aire, que le llamamos, que es lo que les pagan actualmente a varios ejidatarios. Y hay campesinos ejidatarios que tenían tierras que las llamamos nosotros salitrosa, estaban enmontadas. Pues esas tierras recibieron mejor pago o iban a recibir mejor pago que la nuestra, las tierras que eran más fértiles, pues había como que una desventaja. Y eso es lo que veíamos nosotros que pues no era justo y a parte había otras cláusulas del contrato que consideramos que no había una revisión como para que fueran incrementándose el pago.

Nosotros hicimos los cálculos, le digo, en aquella ocasión y le calculábamos que nos estaban pagando el 1 por ciento de la producción de la venta de energía eléctrica. Y teníamos reportes, información que en otros países le pagaban el 6 por ciento de la producción de la venta de energía eléctrica. Y hasta ahorita actualmente es el 1, viene siendo el 1.5 por ciento, no rebasa de ahí, sí le calculamos nosotros.

Entonces, decíamos que pues era desventajoso para nosotros la firma del contrato y la verdad al principio hubo una resistencia de la mayoría de ejidatarios, pero, como también existe el poder económico, convencieron algunos, se vendieron, la verdad. Entonces, quedamos a lo último 30 ejidatarios con 202 parcelas en el ejido.

Y, lo que hicieron estas empresas, pues no nos tomaron en cuenta, libraron, hicieron su línea de aerogeneradores con los que sí firmaron y nosotros quedamos inmersos ahí, que actualmente pues no recibimos ningún beneficio y nuestras parcelas están sirviendo para darles espacio entre línea de aerogeneradores.

Entonces, lo que nos paga a nosotros, la verdad es una miseria, es lo que queremos que nos tome en cuenta. Entonces, la verdad, nosotros decíamos y hemos escuchado actualmente, porque nosotros... también decíamos por qué no nos dan la oportunidad de que pongamos nuestro propio parque eólico.

Hemos escuchado gracias a este parlamento abierto la información de que empresas privadas recibieron préstamos del mismo gobierno federal, recibieron apoyo económico, yo soy ingeniero mecánico en térmicas hidráulica, a mí me hubiera gustado instalar mi propio parque eólico, dos o tres aerogeneradores en las parcelas que eran de mi papá.

Entonces, yo creo que hubiese recibido un beneficio económico mayor. Se me hubiera dado la facilidad con las leyes de que me pudiera colgar a la red de CFE, meter mi energía de mi propio parque eólico y vendérselo a un privado y a lo mejor se beneficia el privado y me beneficio yo.

Pero, la verdad nosotros no hubo asesoría de ninguna institución, sino todo lo contrario con disposición le dije al visitador agrario en lugar de ayudarnos se dedico a convencer a los ejidatarios que firmaran los contratos que son actualmente leoninos, todos, a favor de la empresa.

Y, así como la situación que vivimos nosotros en el ejido La Venta, así lo están viviendo otros campesinos en el ejido Santo Domingo Ingenio con el parque eólico La Venta, de Iberdrola en la ventosa, en Unión Hidalgo, en Juchitán, en los pueblos que están todos ahí alrededor donde están todos los 26 o 27 parque eólicos. Esa es mi intervención.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muchas gracias y discúlpame por el error, pero acá Omar no me lo advirtió.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Así con una visión creciente. Bien, presidente, diputadas y diputados, antes de pasar a la segunda ronda, Carlos Manzo, tuvo una dificultad técnica, viene desde el Istmo de Tehuantepec, también, ustedes saben que el transporte desde la zona es complicado, las líneas áreas también no han tenido suficiente inclusión en esa zona del Istmo de Tehuantepec, sino hay inconveniente, le podríamos dar, presidente, el uso de la palabra a Carlos Masso hasta por siete minutos.

Previamente, me permito para que la audiencia conozca quién va a hablar a continuación, leer su semblanza curricular. Binizaá, es decir, integrantes de nuestras comunidades zapotecas, originaria de la Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, es participante y asesor de la asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, por el periodo 2012 –2022, participante del Congreso Nacional Indígena, desde su fundación, es decir, desde 1996, en su parte de estudios es licenciado en Economía por la UdeG. Tiene maestría en Economía por la UNAM, doctorado en Ciencias Sociales también por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, es consejero de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y coordinador general del Centro Universitario Comunal de Unión Hidalgo. Y tiene varias publicaciones, entre ellas: Comunalidad, resistencia indígena y neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec; también, su obra Las tierras comunales de Juchitán y ensayos y artículos en revistas y publicaciones diversas. Carlos, tienes el uso de la palabra.

El ciudadano Carlos Manzo: Gracias. Me da mucho gusto participar en este foro debate. Pues debido a lo limitado del tiempo, les pediría que me advirtieran cuando hubiera por lo menos dos minutos antes de concluir...

Pues quisiera hacer un llamado de atención en el sentido de que esta reforma no puede ser aséptica a todas las formas en que se han venido dando este tipo de procesos en la historia de nuestro país. Por lo menos en los últimos 10 años, cuando se realizan discusiones, debates parlamentarios, veíamos, por ejemplo, desde... bueno, un poco más atrás, en 1992 a la reforma del 27, o la propia reforma del 2013, es de todos sabido que hay un grupo de personas intermediarias de las empresas que se dedican a ofrecer estímulos económicos a los diputados de las distintas fracciones parlamentarias a fin de orientar la discusión, el debate, los consensos, posiblemente levantar la mano cuando el resultado de la reforma deba de ser favorable a los objetivos, en este caso, de las empresas.

En ese sentido, a mí me parece que debería buscarse por parte de la propia legislatura alguna forma de blindaje que no sé si a través de una fiscalía especial legislativa o algo por el estilo para evitar que Iberdrola, Gamesa, Siemens, Eurus, todas las empresas españolas, lleguen a ofrecer y a corromper a los legisladores en aras de aprobar una reforma que finalmente beneficie a los intereses de dichas empresas.

Y celebramos en cierto sentido que el actual Ejecutivo exprese como una de sus principales iniciativas la lucha contra la corrupción. Entonces, esperamos que esta lucha contra la corrupción se vea reflejada también en la esfera de la legislatura y que la reforma que se está discutiendo finalmente, sea una discusión con absoluta imparcialidad en donde la razón histórica, la razón jurídica, la razón política, estén por encima de cualquier estímulo económico producto del... que las empresas realizan entre los legisladores de los distintos partidos políticos.

Creo que esto es parte también de lo que hay que discutir aquí, dónde, cuándo y cómo se presentan los ofrecimientos de las empresas, porque señoras y señores, ha habido una cadena de corrupción desde Fox pasando por Calderón y Peña Nieto que viene desde las principales esferas del círculo primero del poder, hasta las presidencias municipales, hasta los comisariados ejidales o los comisariados de bienes comunales que de manera antidemocrática con menos del 50 por ciento de asistentes en las asambleas firman los contratos con las empresas previo a disposición de un recurso económico y esto, pues no se porque a los otros compañeros están libres de decirlo, pero esto es corrupción en todos los niveles.

Nadie me va a dejar mentir de que, desde el propio, digamos, desde el 2000, 2003, 2004 en que se presentan los primeros coyotes a buscar los arrendamientos en el Istmo de Tehuantepec, José Murat integra un Comité Estatal de Energías renovables que él preside, y ahora su hijo, claro. Y después vienen representantes de las empresas e integrantes de ese mismo comité y más de 20 presidentes municipales de la región del Istmo de Tehuantepec también están integrados a ese comité. Y ahí la línea es, hagan todo lo posible porque las empresas extranjeras privaticen lo más rápido posible miles de hectáreas en la regiones que para ellos son prioritarias porque se ha demostrado que el potencial eólico para la generación de energía es uno de los mejores del mundo en toda la planicie sur del Istmo de Tehuantepec en más de 20 municipios, estamos hablando de la planicie costera del golfo del Istmo de Tehuantepec y de los municipios en donde ya en más de 20 mil hectáreas se encuentran establecidos aerogeneradores.

Es urgente y bueno, esto lo saben los diputados, no nos podemos hacer de la vista gorda, han recibido beneficios económicos por parte de Gamesa, por parte de todas las empresas, cualquiera que quieran. Y actualmente EDF, Electricité de France, en Unión Hidalgo; el primer mes de que viene el presidente municipal y es de Morena ¿no? el hecho de que sean de ese partido no los inmacula tampoco de los tentáculos de la corrupción que llegan a todos los niveles.

Entonces, llega ahí antes del primer mes está convocando a la última parte de una consulta, supuestamente la consulta indígena, para que la comunidad opine en la fase deliberativa de la misma si existen o no condiciones para el establecimiento de ese parque eólica de más de 4 mil 600 hectáreas, en su mayoría tierras que están ya ilegalmente disfrazadas como pequeños propietarios, pero cuando sabemos que el fondo legal hay más de 20 mil hectáreas ocupadas por eólicos hoy en el sur del istmo de Tehuantepec, en los municipios de Juchitán, Unión Hidalgo, la Ventosa, son de propiedad social. Al de la Venta ya se refirieron aquí y pues no voy a poder comentar eso porque hay suficiente información de primera mano al respecto.

Pero de estos municipios que estoy hablando, Chicapa de Castro, Unión Hidalgo, la Ventosa, Xadani y el propio Juchitán son parte de una comunidad agraria, los bienes comunales de Juchitán se erigen por un decreto presidencial, una resolución presidencial del 13 de julio de 1964, y son más de 68 mil hectáreas. Y esto de acuerdo con la Ley Agraria no puede ser revertido, no puede ser privatizado por el hecho de que un presidente municipal o un coyote de las empresas intermediarias como DEMEX, por ejemplo, o las otras empresas...

El moderador José Omar Sánchez Molina: Carlos, te pedimos ir redondeando, por favor.

El ciudadano Carlos Manzo: Lleguen y digan que llevando su contrato porque él es el posesionario ¿verdad? sin haber una asamblea, porque no existe la autoridad agraria, se ha, hubo una represión muy fuerte que desapareció la autoridad agraria comunal en esta parte del istmo de Tehuantepec que estamos hablando, lleguen con un notorio público y de la noche a la mañana ignorando el fondo legal de bienes agrarios comunales, pidan que ya esa parcela o esas 4 mil hectáreas de EDF en este caso ya son privadas, ya son privadas y esos contratos son válidos.

Y cuando vienes al Archivo General Agrario del RAN, aquí a la Ciudad de México, a que se te faciliten los expedientes para ver cuál fue el proceso por el cual fueron ilegalmente privatizadas estas parcelas te escogen la información, esa información se está haciendo de uso exclusivo de la oficialidad. Solamente pueden acceder a él los ministros, los procuradores, peor no está abierta al público para que las organizaciones sociales realicemos toda la investigación conducente y finquemos la responsabilidades en los notarios públicos involucrados en ese ilegal proceso de privatización de tierras comunales que se están dando en el sur del Istmo de Tehuantepec.

Hay amparos, com o ya los señalaron aquí, hay procesos que se están denunciando por la voracidad de las empresas y esta investigación creo que es algo de lo que se debería de hacer junto con otra investigación que nos ayude  a ver cuales son las bolsas de corrupción que están en los distintos niveles de gobierno , desde el federal, desde la Secretaría de Energía, por lo menos en los últimos 15 años para a partir de ahí deslindar responsabilidades e iniciar una discusión neutral en aras de una reforma incluyente, verdaderamente incluyente.

Pues ya no puedo seguir porque ya me pasé, pero podemos seguir dialogando.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Gracias, Calros. Vamos ahora a dar paso a la segunda ronda de preguntas. Iniciamos con la diputada Elizabeth Pérez para plantear su pregunta. Adelante, diputada.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Gracias, secretario. Buena tarde diputados, diputadas que nos echan a través del Canal del Congreso. Muy puntual para Mario Castillo, en el Grupo Parlamentario del PRD lo más importante en materia de esta reforma es su discusión, se da a entender a la soberanía energética como el derecho de las comunidades a tomar decisiones sobre la energía entendida como un bien común. Lo fundamental debe ser la participación de las comunidades en la construcción y el desarrollo de los proyectos que tengan como fin otorgar energía eléctrica accesible, sostenible, asequible y sostenible.

Partiendo del hecho de que las personas sin accesos a la electricidad, se calcula que el 60 por ciento pertenecen a comunidades indígenas, ¿cuál sería la propuesta que pueda ayudar a resolver las problemáticas en materia, primeramente de acceso a la electricidad? Lo preguntamos en lo particular porque la iniciativa no planeta dichos mecanismos e incluso desaparecen algunos programas que han dotado de otros suficiencia energética a los pueblos indígenas mediante estas tecnologías.

Si me permiten dentro del uso de mi tiempo realizar un par de preguntas más. Para Magdalena Morales García en lo particular, de acuerdo con la reforma de derechos humanos de 2011, así como la incorporación constitucional del término sustentabilidad en el artículo 25, las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica contempladas dentro de sus respectivos textos que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en las industrias de hidrocarburos y de la industria eléctrica deberán atender los principios de sostenibilidad y respecto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en donde se pretendan desarrollar. ¿Qué posibles consecuencias, en materia de tratados internacionales, para México se advierten con la aprobación de esta iniciativa en las condiciones que está planteada.

 

Y por último, muy concreto, para Manuel Gómez. En materia de generación distribuida, ¿de qué forma puede transformarse en un beneficio para las comunidades indígenas y qué modificaciones al marco legal pueden realizarse para que las empresas sirvan para garantizar el derecho humano a la electricidad de los pueblos originarios? Es cuanto, por parte del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, diputada. En el orden en que fueron solicitados, le concedemos en primer lugar el uso de la voz a Mario Castillo. Posteriormente vamos con Magdalena Morales y cerramos con Manuel Gómez. Adelante, Mario, hasta por cinco minutos.

 

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Gracias. Sin duda, cómo solucionamos el tema del acceso a la energía eléctrica, ¿no? Y que esto continua en estos dos temas: el de usuarios y el de pueblos indígenas. 

Así como se ha mencionado en esta mesa, se ha hablado de todos los beneficios que se le dieron a la empresa privada durante los gobiernos anteriores y que en todo caso tendrían que existir estos fondos necesarios para poder apoyar la infraestructura comunitaria de las comunidades que quieran generar su propia energía. También, creo que algo importante es poder hacer uso de tecnología nacional, ¿no? Está el caso allá en la huasteca potosina, que se está planteando el uso de mil hidroeléctricas que no tengan que hacer represas ni desvíos del río, sino son pequeñas turbinas que van insertadas dentro de la propia corriente y que eso va a permitir generar cierta cantidad de energía eléctrica.

Esta es la tecnología que se está desarrollando por parte pues de jóvenes, mujeres y hombres mexicanos. Y que entonces tendríamos que favorecer fondos a las instituciones para seguir con la continuidad de este tipo de tecnología, así como para la construcción de esta infraestructura, ¿no? Y que justamente, como he mencionado, se tiene que hacer esos estudios de contexto socioeconómico, ¿no?, del territorio de las comunidades para saber qué es mejor. No vamos a llegar aun lugar que está lleno de selva a deforestar para poner fotoceldas, ¿verdad?, sino hay que adecuar la infraestructura necesaria. Y que debe ser, ¿no?, como he dicho, por acuerdo de las comunidades que decidan así hacerlo. Espero haber respondido la pregunta. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Vamos ahora con Magdalena Morales para brindar su respuesta. Adelante, Magdalena.

La ciudadana Magdalena Morales García: Le pido de favor si me repite la pregunta.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, diputada.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: En lo particular, ¿qué posibles consecuencias en materia de tratados internacionales para México se advierten con la aprobación de esta iniciativa en las condiciones en la que está planteada?

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien. Adelante, Magdalena.

La ciudadana Magdalena Morales García: Bueno, yo lo que tengo entendido es que México tiene algunos tratados internacionales. Y es por ello que, pues, empresas extranjeras también pues se vinieron a apropiarse de los recursos de la energía eléctrica y, como yo comentaba, que recibieron más condonaciones las empresas extranjeras. Y desde ahí pues están violentando los derechos de los mexicanos.

Entonces, yo considero o consideramos que si México o la Comisión Federal de Electricidad tiene más participación en esta distribución, digamos, de la energía eléctrica, entonces, ¿Estaríamos beneficiados más los mexicanos?, pues es lo que yo entiendo. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Magdalena. Vamos ahora con Manuel Gómez, hasta por cinco minutos. Adelante, Manuel.

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Gracias. Bien, primero, aclarar que la generación distribuida es una escala de generación. Es decir, se refiere a la generación en pequeña escala y que se sitúa en el lugar o muy cercano al sitio de consumo y, por lo tanto, es la que se requiere para vender las necesidades energéticas de comunidades que están alejadas de la red. Y, como decía en mi participación anterior, entre ellas, muchas comunidades indígenas están en esta situación. Y, ese es un asunto de escala.  

La discusión está en torno al beneficio que puede traer la generación distribuida a los pueblos indígenas y, por supuesto, ellos como todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a gestionar nuestras necesidades energéticas y la generación de energía a través de la venida de los recursos naturales a su alcance.

Entonces, es muy importante que este tema de generación distribuida sea tomado en cuenta en la reforma para beneficiar, por supuesto, a los pueblos indígenas, pero para beneficiar a todos los ciudadanos en la posibilidad de tener este derecho, está libertar de aprovechar los recursos naturales para gestionar su propia energía.

Yo no quisiera... bueno... quisiera aprovechar estos momentos que me quedan para comentar algún par de detalles que no pude comentar en mi primera participación, no sé si respondí a su pregunta, diputada, gracias.

Sin menoscabo de estos temas tan importantes e indispensables de atender desde la reforma, es decir, no podemos dejar de ver las injusticias, no podemos dejar de  ver –digamos– las consecuencias en negativas que pudo haber traído la participación de empresas privadas en el tema energético.

Pero, a nosotros, también nos preocupa mucho, por ejemplo, la supresión de los órganos reguladores del sector nos preocupa porque un regulador independiente vigila que todos los actores del sector estén alineados al interés general y vigila que... la confiabilidad del sistema; además, dirime las diferencias entre los actores tanto públicos como privados y eso da confianza a consumidores e inversionistas.

La iniciativa reconoce la importancia de la regulación, pero propone eliminar al regulador. Esto abriría un margen de discrecionalidad en la toma de decisiones que seguramente impactaría la rentabilidad de las inversiones y provocaría desequilibrio en la relación entre usuarios, contratistas y suministrador o la CFE.

La CFE sería un participante que establece reglas, tarifas, permisos y contratos y entonces existiría una única ventanilla para la solución de controversias y estaría en la CFE.

También nos preguntamos si esto no pondría en riesgo toda la normatividad, regulación y manuales que ha dictado la CRE. Porque desapareciendo la instancia emisora, podrían quedar invalidados.

Tenemos una serie de afectaciones ya visibles para la industria desde, pues, las políticas públicas desde marzo de 2020 y la pandemia y, de aprobarse esta reforma, se prevé un escenario de alta incertidumbre que obviamente va a afectar a las empresas.

Quiero recordarles que los pequeños y medianos empresarios de la industria fotovoltaica de generación distribuida también son ciudadanos. Se ha hecho una distinción que parece, pues, ahí, muy dicotómica, pues... y en realidad son ciudadanos también los pequeños empresarios que se han esforzado por muchos años para construir una industria profesional, una industria que sirva a los ciudadanos.

Hasta ahí mi intervención en este momento y les quiero pedir que la reforma no deje fuera, no excluya a las empresas de generación distribuida en la transformación... en la transición energética. Y estamos muy agradecidos con su intervención, diputado, llamando al diálogo. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a dialogar y nos gustaría mucho participar en esto.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Manuel. Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado Fernández Noroña. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar, sí, quiero hacerlo público, para mí ha sido este un foro muy difícil, es muy productivo, pero ha sido muy difícil porque recibimos la noticia del fallecimiento de una compañera diputada, Celeste Sánchez Romero. Una joven diputada, 31 años. Y entonces, nos tiene conmovidos, fue intempestivo, digamos, mañana se va a hacer un reconocimiento a ella en la plenaria, ya lo comentamos, pero lo hago público, ha estado como un rumor, pero lo hago público, por un lado. Toda nuestra solidaridad amplísima para familiares y amigos y a los compañeros, era diputada de la fracción del PT, diputada federal.

Sobre lo que comentaba Manuel Gómez, yo veo de entrada, buena fe en todos los que han estado participando en esta Mesa. Y, pues es una reforma constitucional y plantea un nuevo marco jurídico.

Nos han insistido en la incertidumbre, no, no hay ninguna incertidumbre, van a seguir en el mercado nacional hasta el 46 por ciento de un mercado nacional de 6 billones 300 mil millones de pesos, cerca de 3 billones va a hacer el tamaño del mercado y las energías eólicas y fotovoltaicas pues tienen una preferencia absoluta, pues están consideradas dentro del paquete de energías limpias, lo que pasa es que va ir primero CFE, que hoy es una locura, el esquema que se plantea que primero le compremos a los privados y una vez que se llegue mínimo al 54 por ciento, a partir del 46 restante todo es al mercado y ahí, reitero, el crecimiento de las energías eólicas y fotovoltaicas, sobre todo si resuelven intermitencia que se ve difícil, pero si la resolvemos con mayor razón serán de mucha solidez.

El Cenace es el cerebro, debe estar en CFE, ni modo que esté, no puede ser parte de los intereses privados, es una situación de soberanía, de estrategia, de garantía del sistema eléctrico nacional. Hoy se le ha permitido a todos los particulares conectarse, tienen una capacidad equiparable, dame por bueno el número 42 mil megawatts de CFE y poquito menos las privadas y solo necesitamos 47 mil para el país, o sea, todo el mundo conectado es un despropósito, es un sin sentido.

Y en el caso de la CRE pues había sido un espacio de intereses de las empresas particulares. Entonces, nosotros estamos ahí estamos convencidos que hay que desaparecerlo y estamos ciertos que no se van oír a ningún lugar los privados, pues si sólo metieron 44 mil millones de dólares y están accediendo a un mercado de casi 3 billones de pesos, pues no veo a donde se vayan, donde más valgan francamente, como aquí lo han expresado algunos miembros de comunidades y de pueblos originarios, pues pagan una miseria a la gente, los niveles de utilidad son verdaderamente majaderos.

Y había una pregunta a Carlos Manzo sobre si no hay, porque hay agravios que se han venido documentando, yo sé que es demasiado pedirles porque están defendiendo el territorio, exigiendo respeto a sus derechos, peleando con grandes intereses económicos, promoviendo juicios, pero no sé si hay alguna ya sistematización de todos los agravios y toda la lucha que han dado sobre todo en el istmo.

Cierro, perdón, no me alargo más, pero de todo lo que se ha planteado, de Baja Sur y que estén en el sector social y todas estas cosas, yo creo que todo es atendible, a mí me parece que todo va a acabar incorporado, inclusive algunas preocupaciones que han planteado la iniciativa privada, que claro que los vemos como ciudadanos, los que son ciudadanos mexicanos y los que son ciudadanos extranjeros pues igual, no pasa nada; están con derecho invirtiendo aquí. No vemos ningún problema en que estos foros y estos espacios de discusión nos van a ir permitiendo construir los puentes de entendimiento, de enriquecimiento de la iniciativa y de acercamiento.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña. En consecuencia, se le concede el uso de la voz a Carlos Manzo, para brindar su respuesta hasta por cinco minutos.

El ciudadano Carlos Manzo: Sí, efectivamente, pues digamos que un inventario sobre los distintos agravios y luchas pues sería prácticamente una enciclopedia; hay varias tesis doctorales de maestría, hay reportes, hay ensayos, hay informes que se han hecho, tanto a la Comisión Estatal, como a la Nacional de Derechos Humanos, de toda una serie de violaciones que tocan, tanto en materia de derecho, pues el derecho ambiental por ejemplo, hay otras que tocarían el tema del derecho civil, hay otras que tocarían por ejemplo el tema de los derechos agrarios.

En la propia manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, que se realizó para uno de los primeros parques eólicos, los presentes no me dejaran mentir, en el caso de la Venta uno, dos y tres que están una subsecuentemente de otra en los ejidos de la Venta, en el estudio de manifiesto e impacto ambiental, se dice que el corredor migratorio de aves más importantes a nivel mundial transitan por esa parte del istmo de Tehuantepec, y que en ese sentido era completamente inviable establecer un parque eólico en ese lugar.   

Sin embargo, las autoridades en turno de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, le dieron palomazo al proyecto e ignoraron esa recomendación de la Sociedad de Ornitólogos de México, de las propias instituciones académicas que elaboraron el estudio de impacto ambiental, así como se ignoraron otros elementos y otros factores que en materia de impacto ambiental, por ejemplo, se han seguido ignorando que la distancia de ubicación de aerogeneradores con respecto a los núcleos de población urbana debe de tener una distancia mayor a los 2 kilómetros y en Unión Hidalgo y en la Venta los aerogeneradores están a menos de 500 metros de los espacios habitables de la gente.

La habitabilidad humana en esa condiciones ya no es posible, el precio inmobiliario también de esas viviendas, nadie va a ir a comprar una vivienda a la zona norte o a cualquier parte de la Venta, Hidalgo, porque si ustedes están ahí de madrugada o de noche cuando el ruido es más perceptible, pues por supuesto que esto debe de tener una serie de impactos, incluso en la salud, en el sistema nervioso de la gente.

La desecación de los mantos freáticos, no sé si los compañeros de la Venta han hecho una investigación, pero nosotros hemos calculado que por lo menos, más de 800 toneladas de concreto, cemento y hierro armado están en la base de cada uno de los aerogeneradores. Estamos hablando de una cantidad de aerogeneradores que están provocando que los pozos artesanales que están alrededor de las parcelas en las economías campesinas y de rancho, pues también se están secando.

En fin, había rodavia, además de este impacto tan negativo sobre las aves, ya no se ven ni zopilotes, ni aguiluchos, ni águilas, ni en la Venta ni en Union Hidalgo, ni en Juchitán, como antes se veían. Las vemos, pero ya sobre la carretera destrozadas y mutiladas y esto no importa para los evaluadores, estos estudios de impacto no importan.

En términos de impacto ambiental es sugerible que la Semarnat realizará un favor a 15 años después del establecimiento del primer parque eólico aprobado por la modalidad particular,  se realizara un estudio de impacto ambiental a nivel regional para ver qué impacto tienen estas 20 mil hectáreas de aerogeneradores en un solo lugar, en una sola especie sobre los distintos impactos que se tienen que evaluar.

Y lo más preocupante en esta sistematización de agravios y luchas no sería muy difícil, sobre todo, para los diputados que están preocupados en el área de materia de energía, de ver cuáles han sido  las consecuencias jurídico-agrarias en el establecimiento a los parques eólicos sobre tierras de propiedad social, tanto en el caso de aquí, de la Venta. ¿Cómo se corrompieron a las primeras autoridades de comités ejidatarios de la Venta para que formaran los contratos? ¿Cómo se corrompió a las autoridades de bienes comunales de San Dionisio del Mar cuando firmaron el primer contrato de lo que después se llamó Mareña Renovables? Y cómo se ha venido ignorando el carácter agrario-comunal de las tierras de Juchitán. Y quiénes han sido los notarios públicos que se han prestado para sepultar el carácter agrario-comunal de estas tierras y legitimar -entre comillas- la propiedad privada, que es en la que se han basado las empresas para contratar la posesión por arrendamientos de por lo menos 30 años de esas tierras. Ahí hay un cúmulo de ilegalidades, que si esta reforma da un paso más hacia delante y deja sobrepuesta...

 

El moderador José Omar Sánchez: Si pude ir redondeando, por favor.

 

El ciudadano Carlos Manzo: Me parece letal para un clima de justicia y de paz social. Sin hablar de los muertos, hay más de 20 asesinatos en los últimos 15 años. La Venta el año pasado sufrió por lo menos seis y eso es consecuencia directa de los diferentes niveles de competencia que se dan entre sindicato, empresas, incluidos presidentes municipales, dueños de inmobiliarias y de renta de equipo para que las empresas trabajen.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Carlos. Vamos ahora con el diputado Juan Carlos Natale.

 

El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias. Bienvenido, Carlos Manzo. Una pregunta para usted y una para José Abel. Para Carlos, preguntarle si considera que sin esta reforma, planteada por el presidente Andrés Manuel, el sector privado podría garantizar la luz, la energía eléctrica o necesita a la CFE. ¿O necesita que la CFE se fortalezca, debido a que las energías eólica y solar son intermitentes? ¿Cree que el sector privado pudiera respaldar esa luz, esa energía eléctrica o que se necesita indispensablemente a la CFE y fortalecerla para que esto suceda?

 

A José Abel, preguntarle: ¿Qué tipo de energías cree, a nombre de los ejidatarios y de las comunidades indígenas, que es más conveniente para ellas? ¿Las limpias o cuáles y por qué? Y si considera que con la reforma eléctrica, planteada por el presidente Andrés Manuel, será más o menos conveniente para los pueblos indígenas y más o menos conveniente para todos los mexicanos en general. Y en ambas preguntas, ¿por qué?

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Natale. Vamos en primer lugar con Carlos Manzo y posteriormente le damos el uso de la palabra a José Abel. Carlos, adelante, por favor.

El ponente Carlos Manzo: Bueno, con relación a la pregunta yo voy a responder con la misma expresión que los empresarios, los representantes de Demex y de EDF y de Prenial en el Istmo, hicieron desde antes de la reforma de 2013. Cuando se estaba discutiendo aquella reforma ellos decían: se tiene que aprobar esa reforma.

No podemos realizar más contratos de manera indirecta con los intermediarios, que son empresas que se elaboran exprofeso. Se protocolizan exprofeso para poder llegar directamente con el dueño de la tierra a realizar el contrato o la reserva territorial, como ellos le llaman, antes de que se empiece al proceso de generación de energía, porque en cada una de las etapas tiene distintos precios la reserva territorial, la fase de construcción y la fase de generación de energía. Los precios van aumentando y gana más aquellos supuestos propietarios o ejidatarios en cuyas parcelas queda instalado un determinado número de aerogeneradores.

Pues esos empresarios decían: si la reforma pasa, nos comemos el pastel completo. Esa fue la expresión que literalmente utilizaron. Y yo creo que a buen entendedor pues pocas palabras en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, se siguen comiendo hasta la fecha el pastel completo, porque de acuerdo a las denuncias que la propia Cenace ha realizado por lo menos desde mayo del año antepasado, en donde se pegó el primer grito en el cielo cuando dijeron que las empresas privadas no estaban pagando las tarifas por la distribución de la energía, a través de las redes, digamos, estatales, ¿no?, ahí, desde ese momento digamos que cómo podrías hacer para garantizar que las empresas tuvieran como parte de su propiedad las redes de distribución, si nada más tienen la planta de generación y a lo mucho, y a lo mucho, la planta de generación y la central de concentración de la energía antes de utilizar las redes.

Las empresas tendrían que realizar una inversión multimillonaria y el Estado debiera estar de acuerdo en vender las redes de transmisión para que la empresa con o sin reforma pudiera garantizar lo que usted me está preguntando, la posible distribución con o sin reforma para garantizar la llegada de la energía eléctrica. Así como están las condiciones, con o sin reforma, la iniciativa privada, técnicamente no lo puede garantizar, al menos que tuvieran unas redes privadas de distribución aérea terrestre, subterráneas, etcétera, y no las tenemos, todas están bajo control del Estado.

La insensibilidad a estar redes por parte del sector social, en el caso de la mesa que ahora nos tiene, nos trae aquí a discusión para los pueblos originarios y comunidades indígenas debieran ser incondicional y debería de garantizarse el acceso en el... bueno... un texto que pudiera proponerse de la misma forma es que, el marco del ejercicio de su derecho a la libre determinación, los pueblos de libre determinación y autonomía.

Los pueblos originarios y de comunidades indígenas, tendrían el derecho de generar, transmitir, distribuir y, por qué no, vender energía al sector social público y privado de este país. Pero, este parece ser que va a hacer inadmisible, porque hay como una actitud de reconocer el paternalismo del Estado, a través de la CFE con respecto a la distribución, venta y abastecimiento de la energía a cualquier sector, a cualquier área geográfica de este país y eso, incluso, debiera de estar en discusión en esta reforma.

Podemos o no las comunidades, como algunas comunidades de Chiapas ya lo están haciendo, tener sus propios generadores y sus propias formas de distribución y consumo de energía dentro de un área de 600 mil hectáreas, por decir, un área similar a los chimalapas ¿no?, un área de bienes comunales, un área con suficiente potencial para generar su propia energía, con suficientes elementos tanto de la parte eólica, como de la parte hidráulica, como de la parte de generación de otras fuentes de energía y son ellos capaces, acaso  no, como comunidades indígenas en el ejercicio de este derecho a la libre determinación y autonomía no solo de generarla, porque ellos son propietarios, porque son bienes...

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: ... Carlos, por favor.

El ciudadano Carlos Manzo: Si no también, de por lo menos en lo que se refiere al abasto de sus propias comunidades, abastecerla, distribuirla consumirla y lo que se genere en excedente, venderla.

Por qué no hablamos de ver hasta dónde es posible dentro de esta reforma. Creo que es el momento y sí se podría.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, Carlos, vamos ahora a darle el uso de la voz a José... Adelante.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: Gracias, pues, a mí me gustaría manifestar de que no existe ningún representante del PAN... del PRI... no sé si... para... perdón... ah, discúlpenme... para escuchar nuestras inconformidades. La verdad que... ah, gracias. La verdad que, pues, es... para nosotros es muy importante que nos escuchen.

Con la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, considero que sí es muy buena porque se le está dando prioridad a la energía limpia que se genera con las plantas hidroeléctricas, que es limpia... las plantas hidroeléctricas y es barata, igualmente las nucleoeléctricas.

Esto tendría un beneficio social para todas las comunidades, no para unos cuantos particulares. Entonces, en cambio las energías eólicas son intermitentes. Esto es una gran desventaja que se tiene. Nosotros lo vivimos, tenemos esa experiencia.

Les platico que... allá constantemente entran, salen, fuera de operación. Y si generamos energías a través del aire, requieren de un respaldo. ¿Y cuál es ese respaldo? Pues pueden ser de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas o generadas por el carbón.

Entonces, yo considero que la reforma eléctrica planteada por nuestro presidente es la correcta. La verdad. O sea, por mi experiencia como ingeniero mecánico, o sea, considero que es la mejor. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Abel, por la respuesta brindada. Vamos ahora con la diputada Blanca Alcalá para formular su pregunta. Adelante, diputada.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Omar. Bueno, teniendo claridad que el debate entre los diputados no ha iniciado, pero definitivamente este parlamento nos ha permitido ampliar la información y también identificar coincidencias entre las bancadas como las que esta mañana nos han señalado, sin duda creo que todos estamos claros en la democratización de la energía, en la necesidad de que sea más accesible también su precio o al mejor precio posible y también que pueda ir caminando hacia lo que implica las energías limpias, yo quisiera dirigir mis preguntas, por un lado, a Manuel Gómez Herrera y, por otro lado, a Mario Castillo. En ambos casos, para que nos profundicen un poco más desde su óptica lo que esta iniciativa busca y cómo en un momento dado dar respuesta a sus planteamientos.

En el caso de Manuel, efectivamente, mucho hemos discutido sobre lo que implica el sector privado, pero que, en esta ocasión, con tu intervención, se trata de un sector privado muy particular, no de las grandes empresas, sino de estas pequeñas y medianas empresas que también están haciendo un esfuerzo económico y sustentable para que, en los hogares, incluso en las pequeñas industrias se autogenera energía.

Y que, además, va de la mano con lo que nos decía la doctora en relación con estas comunidades energética, que encuentran solución, muchas veces no a través de CFE, tampoco de las grandes empresas, sino de estos mecanismos de innovación tecnológica ¿qué le faltaría a esta propuesta de iniciativa para que pudiéramos también considerar estas situaciones?

Y en el caso de Manuel Castillo o de José Manuel, en cualquiera de los dos pudiera contestarme yo les preguntaría. Si en la legislación actual, existen ya mecanismos para la supervisión o la sanción de algunos de los temas que ustedes nos han planteado, si no los hay, si también acaso en la iniciativa que se está proponiendo ya los tienen o qué es lo que ustedes sugerirían para que pudiera resolverse temas como los que nos han planteado, de precio justo, de revisión periódica, de participación de las comunidades, la consulta indígena, en fin. Creo que desde mi óptica hay carencias en la que existe y en la que se pretende, pero saber su punto de vista me resultaría interesante. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Blanca Alcalá. Entonces, pregunta Manuel Castillo, perdón a Manuel Gómez, a Mario Castillo y también a José Abel, que entiendo que...

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz: (Habla fuera de micrófono) Sí, sería en el caso del sector privado a Manuel, después a cualquiera de los dos a Mario o a José Manuel. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Entonces, vamos en primer lugar con Manuel Gómez.

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Gracias por su pregunta, diputada y efectivamente, tiene muy claro el diagnóstico. Estamos hablando de diferentes empresas privadas. Yo no tengo nada en contra de las grandes empresas privadas que se dedican a la gran escala, pero nosotros estamos en un grupo totalmente distinto.

La... representa a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la generación distribuida. Esto es, los proyectos menores a 500 kilowatts, y aquí quiero anotar que en otros países por ejemplo, voy a poner rápidamente Brasil, es hasta 5 megawatts la generación distribuida, en nuestro caso es la décima parte de eso, 500 kilowatts y, se trata de generar energía en el propio centro de consumo, eso genera, como ya dije antes, muchos ahorros para la CFE, porque no hay que llevar la energía hasta ese punto, toda esa energía que se genera, todo ese volumen, se aprovecha en el mismo lugar y, por lo tanto, evitamos mucha infraestructura y mucho manejo de parte de la CFE, que se refleja, obviamente, en reducción también de costos. Entonces, son dos industrias totalmente distintas.

Y como ya anotaba y usted lo remarcaba, las empresas privadas de generación distribuida son siempre pequeñas y medianas empresas, son mexicanas; porque las grandes empresas extranjeras no se han dedicado a esto hasta ahora. Y de alguna manera han venido trabajando durante ocho años construyendo una industria más profesional y buscando pues también la seguridad de la red, porque este es un tema muy importante para la AMIF.

Nosotros, una de nuestras banderas más importantes es la profesionalización de la industria, porque como ya lo anotaba la CRE en el 2019 y las políticas que se dictaron en marzo de 2020, es necesario atender a la calidad de la energía, a la seguridad de la red; no podemos desentender esa parte, pero por supuesto que es posible a un con energía intermitente tener esa seguridad y esa confiabilidad en la red. Requiere, por supuesto, que la CFE atiende ciertas cosas para poder, digamos, dar vía a esa energía, pero si es posible.

Entonces, ¿Qué se requeriría? ya estoy a punto de terminar mi intervención, pero ¿Qué se requeriría? Nosotros quisiéramos que existiera una instancia específica de generación distribuida en el Poder Ejecutivo, digamos, ya sea la CFE o en alguno de los, digamos órganos reguladores, y de alguna manera dejar claro cuál es la participación de las empresas privadas de esta escala en la transición energética que se pregona en la reforma pero que no se dice.

Tal pareciera que el ejecutor de eso va a ser la CFE, y entonces donde quedan las empresas que han trabajado por tanto tiempo construyendo esta industria ¿no? Básicamente es eso.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Manuel. Vamos ahora con Mario Castillo, que va a responder la pregunta también.

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sí. Con respecto a eso, claro, en la reforma de 2013 estás evaluaciones de impacto social y todos estos procesos de consulta que hasta la fecha se han hecho, pues han demostrado ser totalmente ineficientes y también violatorios, como ya lo decía hace un momento Carlos Manzo, todos estos procesos de consulta que hemos vivido en la región del Istmo de Tehuantepec están en un marco totalmente ilegal, o sea, no cumple ni los mínimos estándares para llevar a cabo una consulta libre, previa e informada.

Y que, como comentaba hace rato en la primera ronda de preguntas sobre el derechos de la libre determinación, se impone el derecho a la consulta. Cuando las comunidades en las asambleas, ya sea en asambleas agrarias, en asambleas comunitarias, asambleas generales como la propia comunidad se organiza de acuerdo a sus usos y costumbres o autoridades tradicionales, pues determina si sí decide o no decide poder apoyar un proyecto.

¿Qué pasa en los cruceros de consulta? Pues se da todo este proceso que ya conocemos de acarreo de personas, de amenazas, de amedrentaciones y que termina siendo al final aprobado por quienes están interesados en este tema. De igual manera, creemos que justamente, lo decimos reiteradamente, sin duda tenemos estos cuestionamientos y estas críticas pronunciando que son en los hechos nuestras luchas y nuestras resistencias contra las empresas privadas.

Entonces, como decía, si se va a fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, pues justamente tendría que tener bien estos criterios y estas determinaciones de qué cómo castigar a usos, cómo regular todas estas ineficiencias que ya existen, porque una de las preguntas que s tienen es que hay un montón de contratos privados que actualmente están vigentes y qué va a pasar con ellos.

Con alguno ya se ha dicho que va a ocurrir, sobre todo, con esto de los de autoabastecimiento, pero hay todavía más que siguen violando los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas y que, entonces, sí tendría que quedar muy bien explicado en estos nuevos mecanismos para poder otorgarler, tanto a las comunidades como a la población en general estos recursos, estas instrucciones de cómo acceder a la justicia.

De hecho, ahorita me estoy acordando que en la reforma venía esto que ya también lo dije, que decía en la Ley de la Industria Eléctrica que se tendría que hacer manifestaciones de impactos acumuladores, peor ya. No decía cómo se hace, no decía quién los va a hacer. Entonces, si en esta reforma vamos a plasmar todo esto que hemos exhibido, tendría que venir bien las regulaciones y los reglamentos para que se lleve a cabo este acceso a la justicia que exigen las comunidades y que las propias comunidades puedan tener sus propios procesos para regularse asimismo.

Que insistimos, es el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mario. Vamos ahora con la pregunta que plantea la diputada Aleida Alavez. Adelante, diputada...

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Agradezco la presencia de quienes hoy hacen uso de este parlamento abierto para externarnos sus experiencias y estos comentarios que van a nutrir lo que haremos para el dictamen final.

 

También, hacer un extrañamiento a los grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, que es de muy mal gusto y una falta de respeto que pregunten y se vayan y no atiendan esta discusión, cuando precisamente estamos en una etapa crucial del dictamen, en el que estamos encontrando detalles que tenemos que ir rescatando para su inclusión en el mismo.

 

Me gustaría, en el caso de Magdalena, agradecerle su participación. Y solicitarle a la Presidencia -se me pasó- hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Que nos haya venido a dar un mensaje en zoque se lo agradezco mucho. Y solicitar que haya traducción, cuando esto suceda, en pantalla para que vayamos siguiendo el mensaje y conversar realmente.

 

Para ello también, Magdalena, que nos puedas ahondar en esta posición tuya con respecto a la iniciativa del Ejecutivo federal. ¿A tu parecer ésta sí rescata sus planteamientos sobre una tarifa distinta? Porque he escuchado el planteamiento de la tarifa o los subsidios en otra magnitud, pero sí se recoge este planteamiento que ustedes nos hacen.

 

Y en el caso de Manuel Gómez Herrera, agradeciendo esta observación sobre la generación distribuida, entiendo que hay toda una reglamentación secundaria muy específica que facilita y permite no solo la generación y la distribución de esa energía, sino además la venta de los excedentes, de acuerdo a reglas de facturación y venta total muy específicas, que desde luego se tendrían que actualizar a raíz de la reforma, pero no desaparecer ni cancelarse, pues el espíritu de esta reforma no va dirigido a desaparecer este tipo de contratos que a nivel local y regional abonan al desarrollo económico.

 

Efectivamente, a lo mejor es un planteamiento que no está concretamente traducido, como tal enunciado, en la iniciativa. Pero, en ese sentido, mi pregunta sería: ¿Cuáles serían algunas propuestas de carácter general? Y si no, que nos las hiciera llegar por escrito para establecer en qué parte y cómo podríamos traducir esta experiencia para fortalecer los esquemas de empresas de generación distribuida en la discusión de un nuevo marco regulatorio.

Y, finalmente para Abel o para Mario, que nos pudieran decir que en todo este proceso de instalación de los parques eólicos en la región del Istmo si existió algún proceso de consulta o participación desde las comunidades con el Centro Nacional de Control de Energía. Yo creo que hay un planteamiento sobre el mantenimiento de estos autónomos, que a mi parecer –y, bueno, es un punto de vista personal– pues no regulaban lo suficiente ni hacían su parte en lo que correspondía para habilitar que estos derechos no fueran atropellados.

Entonces, si en algún momento la Cenace intervino en los impactos sociales del otorgamiento de los permisos a las empresas privadas. Sería cuanto. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Aleida. Entonces, has solicitado la respuesta de Magdalena Morales, de Manuel Gómez. Y, si no hay inconveniente, podría tomar la palabra José Abel en el tercer caso que mencionó la diputada. Entonces, Magdalena, tienes el uso de la voz, por favor.

La ciudadana Magdalena Morales García: Bueno, pues muchas gracias, diputada, también por recordar que es Día Internacional de la Lengua Materna y para mí es un orgullo hablar la lengua zoque, aunque eso nos ha costado mucha discriminación, pero pues lo importante es que nosotros mismos aceptemos quiénes somos y lo resto no me interesa, ¿no?

Respecto a su pregunta, pues, como Movimiento De Pueblos Originarios en Resistencia, desde hace años venimos planteando o venimos exigiendo las tarifas justas, como ya lo mencionaba. También hemos platicado, hemos planteado en el grupo que es cierto lo que están planteando, que la Comisión Federal de Electricidad también, como tal, ha, pues ha hecho atropellos ¿no?, a nuestros derechos.

Pero también hemos considerado, y yo también en particular pienso, que esto pasa cuando pues las cosas andan mal en casa y no solamente con la Comisión ha pasado, ¿no?, nos ha pasado en los hospitales, en las escuelas, en todas las dependencias de gobierno hemos sufrido atropellos. Pero también es cierto que, como le digo, cuando las cosas andan mal en casa, si papá está mal, pues los hijos también. ¿No? No tiene toda la culpa la Comisión Federal de Electricidad y, sí es cierto, lo hemos vivido.

Pero, también las empresas privadas, las empresas extranjeras no están pensando en nuestro beneficio, están pensando en cuánto se van a llevar a sus países, a sus bolsillos, a su familia, no están pensando en nosotros que, si tenemos empleo o no tenemos empleo, si podemos pagar la energía eléctrica o no la podemos pagar.

Entonces, respecto a la iniciativa de la reforma que trae el presidente considero que, pues si se van vigilando los pasos de la comisión tengo la mínima esperanza de que si nos pudiera ir bien y eso es lo que yo pido que también se analice y que se nos incluya, ¿no?, en esta reforma, en nuestros beneficios y pues no solamente estemos, de verdad, es triste ver cómo entre los representantes de cada partido entre los diputados estén discutiendo de cuánto van a ganar las empresas particulares.

Hoy, siento, pienso, considero que sí el presidente está proponiendo vigilar Comisión Federal de Electricidad y que, pues, nuestro beneficio llegue, pues eso está bien y por eso, nuestra lucha como organizaciones de pueblos originarios es plantear nuestras necesidades y que se nos tome en cuenta. Eso es lo que yo les diría.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Magdalena. Vamos ahora con Manuel Gómez para brindar su respuesta.

El ciudadano Manuel Gómez Herrera Lasso: Muchas gracias, diputada por su pregunta. Yo creo que, es necesario que entendamos un diálogo con ustedes como legisladores para, de alguna manera, plantear estas preocupaciones que ya he señalado y las propuestas que podemos hacer. Luego, que es extenso la cantidad de propuestas que podemos hacer.

Pero, lo resumiría en, como especificar muy claramente las excepciones que ustedes están expresando verbalmente a la letra para que no haya riesgos posteriores de interpretación. Mencionaba, por ejemplo, el tema que la CFE será el ejecutor de la transición energética... pues será ejecutor con la ayuda de las empresas privadas en la generación distribuida específicamente que se menciona ya en el tema de la transición energética. En fin, hay una serie de precisiones que, si se hacen, pues no ponen en riesgo a esta industria, pues, que ya he reiterado que es, digamos, una industria joven y mexicana y de pequeñas y medianas empresas.

Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Nosotros estamos muy dispuestos a emprender un diálogo con ustedes, legisladores, para plantearles, asesorarles, darles elementos para estas especificaciones que menciono.

Y, bueno, agradezco esta escucha atenta y, pues, nos disponemos como asociación para ayudarles en lo que sea necesario.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Manuel, por el ofrecimiento. Vamos ahora con José Abel para brindar su respuesta. Adelante, José.

El ciudadano José Abel Manuel Carrasco: quiero hacer un poco de antecedentes: que en el ejido La Venta, en 1996, se construyó el primer parque eólico, ya denominado La Venta I. Fue el primer parque eólico en México. Este fue un pequeño parque eólico de 1.75 megawatts. Y en el 2006 ya se inició... la construcción de otro parque eólico denominado La Venta II. Estos pertenecen a Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente ya llegaron las empresas privadas y en el 2009 construyeron el parque eólico Eurus que pertenece a Acciona. Y en el 2012 se construyó otro parque eólico de Acciona que se le denomina Oaxaca III. En ningún momento se hizo una consulta indígena para la construcción de esos parques eólicos. No tuvimos, la verdad, esa consulta indígena.

Y con respecto al Cenace, créanme que hasta ahorita venimos escuchando para qué más o menos sirve esa institución o dependencia del gobierno. O sea, no sabíamos si existía... o nos teníamos que dirigir a ellos para inconformarnos.

También quiero externar que nuestra exposición aquí es precisamente para que seamos tomados en cuenta de las injusticias que hemos sufrido como campesinos, como ejidatarios, de las ganancias que se han llevado estas empresas comparado con la renta, con la miseria que nos pagan. Yo les voy a poner un ejemplo, que lo hemos escuchado acá, que estas empresas venden la energía eléctrica a 2 pesos con 7 centavos, 2.60 a los privados. De esos 2 pesos con 70 centavos, 2 centavos nos vienen pagando a nosotros por el kilowatt/hora. O sea, esa es una ganancia exorbitante que se están llevando, a nosotros nos vienen dejando esa miseria.

Entonces, nuestra participación es que nos tomen en cuenta, que exista una ley que nos respalde para que ganen los privados, gane CFE y también ganemos nosotros, yo creo que sí se puede. Y pues lo que queremos también nosotros como campesinos, es superarnos, también queremos vivir bien, pasear, salir a conocer otros países o nuestra misma República mexicana.

 Y la verdad, la energía eólica, si la comparamos con la energía termoeléctrica para generar un kilowatt si se gasta un peso en combustible, aquí los privados no están gastando ese peso, se lo estamos regalando por dos centavos, porque eso es lo que nos pagan. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Abel. Las siguientes diputadas y diputados, no sé si hay inconveniente, está presente la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, mexicanos también y en consecuencia pues podríamos concederle tres minutos para hacer uso de la voz. Adelante, diputada.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Adelante, doña Irma.

La diputada Irma Juan Carlos: Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto a todas las personas que nos siguen a través del Canal del Congreso. Agradecer a mis hermanas y hermanos de las comunidades que hoy han expuesto su punto de vista y que también han venido a dar a conocer precisamente todo lo que hemos señalado aquí en esta Cámara de Diputados.

Como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas hemos alzado la voz y hemos señalado las injusticias que hemos vivido en las comunidades. Y precisamente, quiero felicitar a la Cámara por haber considerado la participación de los pueblos y comunidades indígenas en este, lo que es, el Parlamento Abierto.

Y también, sumarme a lo que ya decía la diputada Aleida Alavez, un extrañamiento a los diputados y las diputadas de los otros grupos parlamentarios, porque finalmente en otras mesas han estado muy participativos y me parece indignante que no se encuentren hoy para escuchar a las comunidades.

Creo que lo hemos señalado con claridad, y es irónico decirlo, los pueblos y comunidades indígenas poseen la mayor parte de la riqueza natural y cultural que sustentan a esta nación, y casualmente son las comunidades más pobres. Y esto es precisamente por las malas políticas públicas que tuvimos en el pasado y que hoy se quiere corregir.

Y quisiera pedir que este foro no se quede como uno de los foros que se haga solamente por requisito, sino que lo que aquí han externado las y los representantes de las comunidades indígenas se tenga en cuenta ¿Por qué? porque para nadie es un secreto, las empresas privadas, el capital ha ido a despojar las comunidades; y aquí se hablaba de muchas cuestiones sobre los parques eólicos, pero también quisiera recordarles que comunidades enteras han sido despojadas de sus tierras para instalar las presas y represas para producir la energía hidroeléctrica.

Y por eso quisiera preguntarles a las y los representantes que provienen de comunidades indígenas, además de lo que ya han manifestado de estas irregularidades, de estas injusticias ¿Qué más podrían comentar respecto a la iniciativa del Presidente de esta reforma eléctrica? ¿Por qué? porque aquí el argumento más fuerte que he escuchado de la oposición y de las empresas es que al aprobarse esta iniciativa del Presidente es entregarle todo el poder al Estado, en este caso al gobierno de la República, y que eso es asustar al sector privado. ¿Qué pueden ustedes opinar respecto a esta postura de los diputados y las diputadas de la oposición? que no están presentes y que me gustaría que le enviemos un mensaje.

Y qué más podrían ustedes señalar de las injusticias que hemos vivido en las comunidades respecto a la instalación de presas y represas para producir la energía hidroeléctrica, toda vez que hasta el día de hoy las tarifas siguen siendo altas para quienes, para las comunidades que han aportado estos territorios y estos recursos. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Irma Juan Carlos. Ha accedido Mario Castillo para brindar repuesta a su planteamiento. Adelante, Mario.

El ciudadano Mario Castillo Quintero: Sin duda, como hemos dicho, hay una serie de impactos que ya se han acumulado a lo largo de la  historia de los pueblos indígenas de este país. Sin duda el desplazamiento que se ha realizado por parte de la instalación de grandes hidroeléctricas que prometían que las comunidades iban a tener un mejor estado de bienestar y, asimismo, iban a tener una mejor calidad de vida, pues no ha sido cierto.

Incluso, no solo las hidroeléctricas, las presas como la que tenemos allá en el Istmo de Jalapa del Marqués, que justamente desplazó a una comunidad campesina que tenía una producción de más de tres cosechas al año y que muchas comunidades del istmo iban a abastecerse de esas cosechas que tenían por tener dos ríos y que, justamente, cruzaban su comunidad.

Entonces, es importante, como lo hemos dicho, que se hagan estos estudios, estos impactos que se han hecho a través de los diferentes tipos de proyectos, sean fósiles, sean renovables en todo el país a los territorios de las comunidades indígenas. Sin duda, la federación ha dispuesto de tierra y de territorio para poder llevar a cabo estos proyectos y que ya en algunos casos esa tierra es de propiedad federal, pero en donde la propiedad sigue siendo social, en donde la propiedad sigue siendo de los pueblos y comunidades indígenas se tiene que hacer esta revisión de los impactos acumulados que existen.

Es el caso allá de nosotros, en el Istmo de Tehuantepec, con estos 29 parques eólicos, más de 2 mil 100 aerogeneradores que claro que le dan un impacto muy grave al medio ambiente, así como a las formas de vida comunitarias y el tejido social comunitario. Lo que decimos es que creemos con mucha fuerza que como pueblos y comunidades hemos instituido y exigido incontables veces a diferentes tipos de instancias, a diferentes instituciones con diferentes gobiernos que sean respetados nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas.

Lo que hemos hecho con esta propuesta que el día de hoy... pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Lo que hemos hecho con esta propuesta que el día de hoy les vine a compartir ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho durante años porque es un proceso de análisis, de reflexión desde las comunidades, desde las asambleas, desde las personas que han sufrido estos agravios a través de todos estos años y que creemos que es importante -como lo ha mencionado hace un mencionado Irma- que pueda ser plasmado en esta propuesta, si es que de verdad se quiere hacer las cosas de otra manera, ¿verdad?

 

Así como se ha dicho a los que se han retirado, pues sin duda nos damos cuenta -porque lo hemos vivido- de la poca relevancia o importancia que tienen los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas hacia todas estas facciones políticas que han estado favoreciendo durante tantos años la instalación de estos megaproyectos privados en las tierras de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Gracias.

 

El moderador José Omar Sánchez: Gracias, Mario. Para cerrar este diálogo, presidente, tiene el uso de la voz.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, presidenta, por acompañarnos. Y gracias a mis compañeras y compañeros diputados. Agradezco a quienes estuvieron esta mañana-tarde con nosotros. Cierro con una primera reflexión. He asistido a todos, menos a un foro, porque tuve que ir a otro que estaba en la ciudad de Monterrey. Este es de los que me han parecido más interesantes. Entonces, quiero dejar este comentario. Creo que nos va a servir a todos para hacer algunas aportaciones a este debate.

 

Es cierto que la reforma del 2013 no habla de esto, pero tampoco en la que nos presentó ahora, eh. Entonces, no habla de cómo solucionar estos conflictos con las comunidades. Y también de la electricidad distribuida que, por cierto, también quiero aclarar que en ninguna parte del texto que nos enviaron dice que se va a suprimir. 

Fue uno de los primeros debates que se dio y como una buena parte de nosotros tenemos cuando menos una celda solar, pues todos nos preocupamos. Pero creo que la presencia de todos ustedes nos deja muchas cosas interesantes que reflexionar. Creo que fue muy importante que estuviera usted, de Baja California Sur, porque es un territorio importante de nuestro país, que tenemos que solucionar este problemas.

Cuando vi las baterías -que así le decimos nosotros a las pilas- me recordó lo que pasa luego en algunos lugares de mi tierra, que en las partes más alejadas del desierto.. Fíjense, el municipio de Ocampo, Coahuila, tiene 22 mil kilómetros cuadrados, es más grande que el estado de México en extensión territorial y tiene 15 mil personas. Entonces, la dispersión pues tiene que generarnos capacidad para llevar a ellos este derecho humano.

El presidente diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Entonces, yo les agradezco a todos. Reconozco quienes estuvieron aquí presentes. Ya no digo más, porque la vez pasada me criticaron por andar diciendo el agregado. Pero los felicito a todos, a los que permanecieron acá. Y este es para mi uno de los foros más importantes que hemos tenido. Muchas gracias.

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