Ronda de intervenciones
Minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada Celeste Sánchez Romero
Santiago Fabián Arroyo Seguedo
Maciel Berenice Salazar Sánchez
Primera ronda de preguntas de diputadas y de diputados y respuestas
Manuela del Carmen Obrador Narváez, respuesta de Claudia Aguilar
Raquel Bonilla Herrera, respuesta de Martín Esparza
Flora Tania Cruz Santos, Respuesta de Santiago Arroyo
Grupo Parlamentario del PVEM, respuesta de David Peña
Joaquín Zebadúa Alva, respuesta de Jesús Zendejas
Alejandro Robles Gómez, respuesta de Martín Esparza
Héctor Ireneo Mares, respuesta de Martín Esparza
Héctor Saúl Téllez Hernández, respuesta de Claudia Aguilar
Simey Olvera Bautista, respuesta de Martín Esparza
Santiago Torreblanca Engell, respuestas de Jesús Zendejas y Martín Esparza
Jesús Alberto Velazquez Flores, respuesta de David Peña
Lidia Pérez Bárcenas, respuesta de Santiago Arroyo
Mensaje final del presidente de la Comisión de Energía
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Doy a ustedes la más cordial bienvenida al Foro de Parlamento Abierto de la Reforma Energética en materia Eléctrica.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la realización de foros de parlamento abierto de la reforma energética y en el anexo correspondiente aprobado el 15 de diciembre de 2021, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se proponen los formatos de los foros de parlamento abierto de la reforma energética aprobado el 7 de enero de 2022, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se adicionan foros de parlamento abierto de la reforma energética, aprobado el 9 de febrero de 2022, así como en el acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, la LXV Legislatura que resuelve el calendario y los criterios para el desahogo de los foros de parlamento abierto de la reforma energética acordados por la Junta de Coordinación Política aprobado el 11 de enero del año en curso, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Para el desarrollo del presente foro relativo al tema 6, convocamos al foro 22 denominado: Electricidad como derecho humano de rango constitucional. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se eliminaron las posturas a favor y en contra que se utilizaron en foros anteriores, por lo que me permito presentar a las y los siguientes ponentes: Claudia Aguilar Barroso, Martín Esparza Flores, Santiago Fabián Arroyo Seguedo, Berenice Salazar Sánchez, Jesús Zendejas Macías, David Peña Rodríguez y Miriam Vargas Teutle.
Todas y todos sean ustedes bienvenidos. La Cámara de Diputados es su casa, es la casa de los ciudadanos de este país y seguramente sus aportaciones serán de mucha utilidad para el análisis y discusión que en su momento tendremos las y los diputados federales para poder dictaminar esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
De conformidad con el acuerdo que norma el presente foro, me permito informar a las diputadas y los diputados asistentes, tanto de forma presencial como telemática, que una vez agotadas las intervenciones podrán formular una pregunta cada uno, por escrito, manifestando con precisión al ponente que va dirigida, misma que se hará llegar al ponente a través de un servidor, para que los ponentes puedan dar respuesta hasta por tres minutos. En caso de tener más de una pregunta, se harán llegar a los ponentes por escrito a través de las Secretarías Técnicas de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Energía. También se les informa que el tiempo máximo de duración del foro, atendiendo los espacios en la programación del Canal del Congreso, será de hasta 2 horas 30 minutos.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: En tal virtud, se concede... Bueno, permítanme primero leer la semblanza de la primera ponente. Claudia Aguilar Barroso. Ella... ¿Claudia no está? Ah, es por Zoom. Ah, aquí te tengo enfrente, Claudia.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Buenas tardes.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Con razón decía; no veo el rostro de Claudia. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. Sustentó su examen en mayo de 2022, obteniendo mención honorífica con la presentación de la tesis El Consejo Constitucional Francés. Es directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados. Cuenta con más de 12 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. Cuenta con estudios de especialización en servicios públicos hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua, impartidos de manera conjunta por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina.
Cursó la maestría en derecho procesal constitucional en la Universidad Panamericana, de enero de 2005 a diciembre de 2006 y el programa de doctorado en esa misma universidad de enero de 2010 a diciembre de 2012. Es profesora titular de derecho procesal constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de alta formación en justicia constitucional y derechos humanos en la Universidad de Pisa, Italia, en enero de 2014. Es miembro de la Barra Mexicana Colegios de Abogados, Asociación Civil, desde junio de 2003, en la que fungió como coordinadora del Boletín de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) dese junio de 2014.
Claudia, tiene usted hasta 10 minutos para su ponencia. Adelante, por favor.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de esta honorable Cámara de Diputados, a la sociedad civil y a los ciudadanos y ciudadanas participantes en este proceso de parlamento abierto, y al público en general.
La reforma planteada por la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el Ejecutivo federal en septiembre del año pasado, puede en este momento de este análisis de derechos humanos, considerarse que no es idónea para la adecuada protección de los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a acceso a la energía eléctrica, y pudiera incluso llevar o traer aparejada la inconvencionalidad de la Constitución federal.
Como lo señala la iniciativa del Ejecutivo, la electricidad es esencial para hacer efectivo el derecho a una vida digna. De ahí que actualmente, aun sin contar con texto expreso que reconozca el derecho a la energía eléctrica como derecho humano de rango constitucional, esta prerrogativa es exigible por ser esencial para la garantía de otros derechos. Así lo ha reconocido ya el Poder Judicial de la Federación al determinar que el ejercicio de un gran número de derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica, por lo que ha señalado incluso que el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano.
Por lo tanto, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano con plena vigencia en nuestro Estado, en el Estado mexicano, y este derecho se encuentra interrelacionado con el ejercicio de otros derechos en atención a los principios de indivisibilidad, interdependencia, que se encuentran consagrados en el artículo 1o. constitucional.
Desde el año 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la vivienda digna comprende, entre otros, el derecho a tener derecho a la electricidad. Para ello, la Corte acudió, entre otras fuentes, a los desarrollado por los lineamientos en aspectos prácticos respecto del derecho humano a la vivienda adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Igualmente, el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, al expedir la Observación General número 4, el Derecho a una Vivienda Adecuada, ya había adoptado una interpretación del derecho a la vivienda con los mismos alcances desde el año 91.
Aunado a lo dispuesto por nuestro artículo 4o. de la Constitución federal en cuanto al derecho a la vivienda digna y decorosa, el derecho al suministro eléctrico puede ser interpretado, a partir de lo ordenado por el propio texto constitucional, con respecto al acceso abierto y la operación eficiente del sistema eléctrico nacional.
La garantía del suministro eléctrico es esencial para hacer realidad la igualdad, por ello, la asignación del gasto en esta materia debe buscar el acceso universal al servicio mediante cada vez más cobertura con tarifas justas. Para esto, se debe adoptar una política sensible a la capacidad de pago de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación. De esta forma podrá, inclusive, ser gratuito el servicio en aquellas zonas en la que la condición de pobreza de la población no permita que los usuarios cubran el costo del mismo, porque sin acceso pleno a la energía eléctrica será imposible erradicar la pobreza.
No obstante que en nuestro país el acceso de este servicio es muy amplio, aún no es una realidad para la totalidad de la población mexicana. Así al año 2018, según datos de la propia Secretaría de Energía, el 1.32 % de la población no contaba con servicio de energía eléctrica y esto se debe, principalmente al distanciamiento geográfico, a la dificultad de acceder a las zonas marginadas y a la dispersión de los habitantes en comunidades marginadas.
Sobre este particular, destaco la importancia de salvaguardar el derecho al suministro eléctrico y adquiere aún mayor relevancia en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia y en un entorno con ese sentido que se puede turnar desfavorable.
Conforme a esto, es claro que el acceso a la energía eléctrica es hoy un derecho humano en el Estado mexicano, de fuente interpretativa y jurisprudencial, y en consecuencia el derecho a la energía eléctrica se debe garantizar en forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible, por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar el suministro de energía eléctrica mediante la adopción de manera progresiva de medidas que sean idóneas, adecuadas y eficientes.
Se debe, entonces, adoptar una estrategia nacional para alcanzar el objetivo del pleno goce del derecho, así como implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización de dicho fin, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento. Esta obligación de adoptar medidas es también del poder reformador de la Constitución federal.
Para lo anterior, se podrá recurrir a la coordinación con el sector privado para asegurar que el servicio sea de calidad, porque la experiencia ha demostrado la incapacidad de los Estados para poder satisfacer plenamente los derechos económicos sin una sana coordinación con el sector privado.
Haciendo una analogía con lo que ha sido resuelto por el Comité DESC de la ONU al interpretar los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, el Estado puede determinar las medidas destinadas a satisfacer sus obligaciones, las cuales pueden consistir en una mezcla de medidas del sector público y privado que se consideren apropiadas.
Adicionalmente, la garantía y protección del derecho al suministro eléctrico no puede hacerse efectiva desconociendo el resto de los derechos de los cuales son titulares los habitantes del territorio mexicano. En dicho sentido, sería violatorio del marco convencional materializar el derecho al suministro eléctrico en perjuicio de otros derechos de la población como son el derecho al medio ambiente sano.
En cuanto al servicio público de energía eléctrica, la recomendación 51/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que debe regirse bajo los siguientes principios.
El principio de respeto a la dignidad humana, esto es que el otorgamiento de servicio debe garantizar al ciudadano un mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no podrá tratar, bajo ninguna circunstancia, a las personas como objetos.
El principio de eficiencia en la prestación, lo que implica que el servicio debe otorgarse de manera eficiente para dar respuesta a las necesidades sociales, y el principio de regularidad en la prestación del servicio público, esto que se preste el servicio de manera ininterrumpida y que su otorgamiento no se condicione o suspenda bajo ninguna situación si esta limita o vulnera potencialmente pone en riesgo un derecho humano.
No obstante ello, la iniciativa en estudio así como está planteada, puede estimarse contraria a dichos principios, pues propone ciertas modificaciones en las condiciones del despacho de energía eléctrica y aprovechamiento que causarán, sin duda, un aumento en los costos de generación y en última instancia el precio que soporta el consumidor final. Esto, ya que se pretende adoptar un criterio de despacho que no es económico ni eficiente, y por lo tanto generará un aumento en el costo unitario de generación de energía eléctrica.
El despacho ineficiente se puede reflejar en las tarifas eléctricas más elevadas al consumidor final o en mayores subsidios por parte del gobierno, de manera que los consumidores mexicanos se verían afectados, ya sea directamente a través del pago de las cuentas de electricidad o por el uso ineficiente de los recursos públicos para subsidiar las tarifas correspondientes.
La iniciativa de reformas propuesta, entonces, perjudica la posibilidad de los usuarios de acceder a mejores servicios de suministro eléctrico, ya que ante todo prioriza el control estatal del Estado. Esto, en tanto regresa a esta concepción de la generación eléctrica como un área estratégica de rectoría estatal con limitada participación del sector privado, y de esta forma señala que la Comisión Federal de Electricidad será responsable de la electricidad y del sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control, aunado a que será la encargada de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad.
De esta manera se limita la participación privada en la generación y se establece que el servicio público de abastecimiento será prestado exclusivamente por la CFE, dejando atrás esta posibilidad de contar con diferentes suministradores del servicio básico.
Por otro lado, consideramos que hay un riesgo en torno a la seguridad de autosuficiencia energética, porque se pueden ampliar para justificar futuras injerencia que no estén justificadas o se pueden tornar excesivas en el sector al supuesto amparo de la garantía del abastecimiento continuo de energía eléctrica para la población, y esto se puede traducir grave tanto la importancia del derecho al suministro eléctrico no debe implicar la limitación absoluta del resto de los derechos fundamentales en juego.
En conclusión, el derecho al suministro de energía eléctrica es un derecho humano para cuya garantía el Estado puede apoyarse en el sector privado. En este punto, sería incorrecto considerar que sí reconoce el suministro de energía eléctrica como un derecho fundamental en nuestra constitución, el mismo debe estar proveído exclusivamente por el Estado, ello ya que sería inclusive en pro del goce efectivo de dicho derecho que la población pudiera tener acceso a un mejor servicio, más eficiente, con mayor alcance, sustentable y con calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad a un menor precio, lo que puede lograrse con mucha mayor facilidad si se admite la participación del sector privado.
Con independencia de lo anterior, si esta soberanía determina que la reforma objeto del presente debate vaya hacia delante, el poder reformador representado por esta legislatura debe tomar esta oportunidad sin duda para reconocer expresamente en la Constitución federal el derecho de acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, cuyo goce se garantice a la luz del principio de progresividad y hasta el máximo de los recursos posibles.
Les agradezco su atención y sobre todo la amable invitación a participar en este foro. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, a la ponente Claudia Aguilar.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Me llega una solicitud que concedo con mucho gusto y sobre todo honrando la memoria de una compañera. Desafortunadamente el día de ayer falleció la diputada federal Celeste Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT. Me han pedido concederle un minuto de silencio. Les pido por favor a los presentes ponernos de pie y conceder en honor a su memoria un minuto.
(Minuto de silencio)
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, pónganse de pie. Descanse en paz la compañera. A continuación, le pido a la diputada federal Judith Tánori, de Sonora, quien es secretaria en la Comisión de Energía, que por favor lea el currículum del siguiente ponente.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias, diputado. El currículum de Martín Esparza Flores. Cuenta con una experiencia en el sector eléctrico de 37 años. Fue electo el 12 de septiembre de 2019 como secretario general de la Confederación Nacional de la Nueva Central de Trabajadores que agrupa a trabajadores, sindicatos y colectivos de cooperativas.
Cuenta con un diplomado sobre centrales hidroeléctricas, impartido en la UNAM por la empresa Anfurmas, de Brasil. Forma parte de la Asociación Internacional Derecho a la Energía, que tiene su sede en París, Francia.
Ha participado en distintos foros y congresos nacionales e internacionales sobre el sector eléctrico, fue conductor del programa de radio Frecuencia Laboral, que se transmitía los sábados en punto de las 7 am en la sintonía de Radio 760 AM. Y a su vez, es colaborador de dos revistas nacionales Contralínea, del director Miguel Badillo y la revista Siempre, de Beatriz Pagés, en donde se han publicado artículos y ensayos sobre el sector eléctrico.
Es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas desde el año 2005, cargo que ocupa actualmente.
El moderador José Omar Sánchez Molina: El ponente tiene hasta diez minutos para exponer su presentación.
El ciudadano Martín Esparza Flores: Muchas gracias, diputado presidente, Manuel Rodríguez González, de la Comisión de Energía. A la diputada que ha hecho la presentación o la semblanza, un reconocimiento por esta invitación que nos hace.
Y también aquí se encuentra la diputada Simey Olvera y Alejandro Robles. Gracias por esta invitación. Al Sindicato Mexicano de Electricistas.
El tema del derecho humano a la energía o el derecho humano a la electricidad es un tema que se viene discutiendo no nada más en nuestro país sino a nivel global. Hay elementos suficientes donde se observa que los países desarrollados, el número de personas o de usuarios con acceso a la energía hoy se viene limitando a partir también de los costos.
En un análisis que ha hecho la Asociación Internacional de Derecho a la Energía reconoce que más de 20 millones de seres humanos carecen de este elemental derecho o de acceso a lo que es la energía o a la electricidad.
En nuestro país todavía hay rezagos para poder garantizar el derecho a este servicio público de energía eléctrica. Y nosotros lo que estamos observando es en el sentido de que en varias legislaturas, por lo menos en las últimas cuatro legislaturas, se han presentado iniciativas ciudadanas aquí en el Congreso de la Unión, para que se abra el debate sobre el acceso a la energía eléctrica. Este derecho que nosotros consideramos debemos elevarse a rango constitucional.
Hablar de la energía eléctrica es hablar de todo un proceso de integración del sector eléctrico a nivel nacional. Es hablar sobre el proceso de nacionalización de la industria eléctrica. Es hablar sobre el proceso de la expropiación petrolera.
En los últimos años las reformas que han venido haciendo en el Congreso de la Unión, desde la época de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, han traído como consecuencia el deterioro de las empresas públicas. Antes no teníamos mayor problema en el país, se garantizaba el acceso a la energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, a partir de su creación en 1937, después con la conclusión de la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960 que dio pauta a la creación de un nuevo organismo público descentralizado que se instalara o atendiera la zona central del país.
En ese sentido, Luz y Fuerza del Centro, con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, no había ningún problema de conflictos intergremiales.
Y recordemos las últimas reformas que se hicieron, por ejemplo, en la iniciativa de ley, que mandó el Ejecutivo federal el año pasado aquí al Congreso, en los antecedentes podemos observar la reforma de Salinas que hizo prácticamente en 1988 y que después dio pauta a la creación de la Comisión Reguladora de Energía en nuestro país y empezaron a dar permisos a diestra y siniestra a los particulares.
¿Cómo se puede accesar a este derecho humano a la electricidad? La única forma de poderlo hacer es frenar la privatización de la industria eléctrica.
Es importante, con el diagnóstico que ya se hizo aquí, en el Congreso, con distintos especialistas, sabemos que estas figuras de productor independiente de energía, de autoabastecimiento, tendieron las bases para desmantelar a las dos importantes empresas públicas de nuestro país, primero ocupando con lujo de violencia, por asalto armado y militar, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y dejando en la calle a 44 mil trabajadores.
¿Cuál fue el argumento en aquel 11 de octubre del 2009?, que eso es lo que falta incorporar en los antecedentes de la iniciativa, porque en la página 17 de la reforma que hizo Felipe Calderón, en el 2009, que le abrieron las puertas de par en par para legalizar los contratos de servicios múltiples, de ahí se brincaron hasta el 2013, hasta el 12 de diciembre de 2013, cuando se aprobó en tiempo récord una reforma de Peña Nieto, en aquel Pacto por México, donde también los mismos argumentos que han venido mostrando en los últimos años, es que con esas medidas iban a bajar las tarifas eléctricas, que con esas medidas iban a mejorar el suministro de energía eléctrica, que con esas reformas se iban a generar miles y millones de empleos o inversiones también en el país.
Todo lo que dijeron en el pasado prácticamente hoy se cae, porque a la CFE la hicieron en pedacitos, crearon ese as como empresas productivas del Estado y hoy, la Comisión Federal de Electricidad, si no se frena este proceso de privatización, difícilmente se puede conceder a los usuarios de la energía eléctrica que, por cierto, hay cientos de usuarios allá afuera en el Congreso de la Unión esperando lo que resuelva el Congreso de la Unión sobre esta iniciativa.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, por acuerdo de nuestra asamblea general, estamos en favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, porque de esta manera frena la privatización de la industria eléctrica, regresa al Estado mexicano una de las áreas que son estratégicas y de seguridad nacional.
Para los privados difícilmente en su cabeza va a caber el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y ya lo vimos recientemente, la visita de John Kerry a México diciendo que para ellos es mejor un mercado abierto. Pues sí, pero quienes tienen en sus manos recuperar la soberanía de nuestro país en áreas estratégicas somos los mexicanos.
Si quieren una frontera abierta para el comercio de los productos y mercancías, pero no quieren una frontera abierta para el tráfico de las personas. La decisión la debemos de tomar nosotros y si hoy consultamos a la mayoría de los mexicanos, todos están en favor de recuperar la rectoría del Estado en un sector que es estratégico para el desarrollo económico y social de nuestro país.
Y, además, el Ejecutivo federal ha sido muy benevolente con la iniciativa privada, porque plantea dejarles el 46 por ciento de la capacidad para poder suministrar la energía eléctrica. Nosotros en el Sindicato Mexicano de Electricistas decimos: pues estamos en pro de que se recupere todo el sector energético en manos de los mexicanos, porque las últimas reformas que hicieron fueron contrarias al interés público, al interés de la economía y si no se frena este proceso con los contratos a largo plazo que tiene la CFE con los productores independientes, pues prácticamente va a dejarnos en nuestro país otro Fobaproa pero ahora eléctrico, se han comprometido los ingresos de la CFE para los próximos 25 años.
Preguntémonos, ¿quién termina pagando los costos de la energía eléctrica, compañeros?, los usuarios. Hicieron figuras como autoabastecimiento, ocupando la red eléctrica que nos ha costado a los mexicanos construir a lo largo de más de un siglo, y empezaron a establecer una serie de impuestos que no existían. Por ejemplo, en el 2002 se creó la tarifa doméstica de altos consumos, porque en ese momento no le aceptaron una reforma fiscal al presidente Vicente Fox, y fue a través de las tarifas eléctricas que crearon esta figura de doméstico de altos consumos, esta tarifa.
Pero con la reforma de Peña Nieto crearon otros impuestos, que es un impuesto por el uso de la red de transmisión, otro impuesto por el uso de la red de distribución, otro impuesto por las pérdidas de energía eléctrica, otro impuesto por las operaciones en el Cenace, un impuesto que ya existía, que es el derecho al alumbrado público y todavía en el recibo de luz viene un impuesto al valor agregado.
¿Quién termina pagando todos estos impuestos, son los usuarios de la energía eléctrica? Por eso nuestra posición es muy clara, en esta legislatura se tiene que definir: o se regresa al sector energético en manos del Estado mexicano o se les permite darles o seguirles dando concesiones a los privados.
Nosotros estamos en favor de que el sector energético, petróleo, gas y electricidad, debe de estar en manos del Estado mexicano, como decía la Constitución, en esas áreas no se darán concesiones a los particulares y nuestra nación aprovechará los recursos para dicho fin.
Los recursos naturales son de todos los mexicanos, como el litio. Estamos en favor que el litio, pero también de otros mineros preciosos como el oro, como la plata, como el mineral de cobre, que todo lo están saqueando de nuestra nación y eso es producto de las últimas reformas a la política económica neoliberal en nuestra nación que nos ha dejado consecuencias desastrosas, más de la mitad de los mexicanos están en pobreza y un número importante en extrema pobreza.
Nos han convertido a México en un país exportador de mano de obra y exportador de recursos naturales y hoy buscan las multinacionales hacer el gran negocio de su vida gracias a la complicidad de gobiernos anteriores que no nada más traicionaron la Constitución, sino también traicionaron al pueblo de México. Muchas gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias a Martín Esparza. Muchas gracias por su tiempo. Y quiero saludar a las diputadas y los diputados que nos acompañan hoy de manera presencial, ya mencioné a la diputada Judith Tánori, la diputada Simey Olvera, la diputada Lidia Pérez Barcenas, la diputada Nayeli Fernández Cruz, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y el diputado Héctor Téllez Hernández. En Zoom, me reportan que están conectados: la diputada Rosalba Valencia Cruz, el diputado Mauricio Prieto Gómez y la diputada María Josefina Gamboa. Muchas gracias a todos por seguir este foro de parlamento abierto.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Y a continuación leeré la semblanza de Santiago Fabián Arroyo Seguedo. Él es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con diversos cursos y estudios adicionales en derecho penal, mediación mercantil, derecho administrativo y administración pública, innovación gubernamental, energía y mercados, con una práctica profesional desde el año 2006 y en el sector energético desde 2013.
En 2006 funda la boutique SPE Consulting, firma especializada en asesoría legal y de negocios, de la cual ejerce licencia temporal para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, específicamente en la Procuraduría General de Justicia de ese estado. Al concluir su gestión como funcionario público, regresa a SPE Consulting, para cambiar el giro al sector energético, fundando así en enero de 2013 Ursus Trade & Consulting, siendo más conocida su rama especializada como Ursus Energy, liderando este grupo empresarial. Fungió como asesor externo de la Unidad de Transparencia en la secretaria particular, perdón y en la secretaría particular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro. Asimismo, asesora a diversos grupos gasolineros, comercializadoras e importadoras de petrolíferos y empresas del sector, al tiempo que forma parte del equipo que se encuentra configurando modelo de negocio, y que fuera reconocido por el periódico Reforma en su columna “Capitanes” en junio de 2020.
Ha sido miembro de la Mesa Directiva del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, expositor y conferencista en diversos foros, como Expo Gas, de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicios, en Coparmex Querétaro, para la American Association of Geologist John Professionals Mexico Chapter, así como en el foro By Energy de la revista Petróleo y Energía. También ha colaborado recientemente en Onexpo Tv de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Frecuente colaborador como analista fuente para OPIS by IHS Markit, así como S&P Global Platts. Y en medios de comunicación nacionales como La Política Online en México, El Universal, Expansión, El Financiero, El CEO, Reporte Índigo, Energy 21, Historias de Negocio Ceos, revista Escala Legal, Meganoticias, ABC Radio, El Sol de México y Forbes México. Es articulista en la revista Forbes México y revista Onexpo. De igual forma ha colaborado en el laboratorio de Políticas Públicas Ethos. El ponente tiene hasta diez minutos. Adelante, por favor.
El ciudadano Santiago Fabián Arroyo Seguedo: Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a los organizadores, así como al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quienes me extendieron la invitación para estar presente aquí.
Acudo ante esta soberanía como uno de los 45 millones de clientes que pagamos un recibo de electricidad a la empresa que, según Profeco, es decir la Procuraduría Federal del Consumidor, es la número uno en México con más quejas por su pésimo servicio, abusos y atropellos con sus clientes. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad.
Habiendo detallado esto, es curioso que algunos de ustedes, compañeros legisladores, también funcionarios públicos y los facilitadores del partido político mayoritario, defiendan a ultranza la presente iniciativa de convertir a la Comisión Federal de Electricidad en el garante de la electricidad como derecho humano, a pesar del funesto antecedente que acabo de mencionar con datos verificables. La electricidad no es un derecho humano. Caeríamos en la incongruencia de equiparar este producto, al igual que otros, como los teléfonos móviles o la comida chatarra, que sea un derecho humano. Al contrario, lo que sí es un derecho humano, es el acceso a la energía. Es decir, seguridad energética y que esta sea limpia, segura y barata.
En México actualmente no se cubren estas 3 premisas, pues hay cerca de 12 mil 300 comunidades que carecen de electricidad o energético, donde entra el 7% de la población que vive en pobreza energética extrema, es decir, carecen de cualquier tipo de electricidad o energético, y equiparable a la población del municipio de Guadalajara.
Igualmente, más del 36 por ciento de la población mexicana no puede tener acceso a alguna clase de energético, es decir, 46 millones de personas, situación que demerita el desarrollo de las personas, arrebata el futuro de los jóvenes y hunde a las mujeres en más condiciones de subdesarrollo en un país notoriamente machista.
Haciendo hincapié que esto se agudizó con esta administración federal, tan es así que en los últimos 3 años, con las políticas energéticas actuales, hay un incremento del 9% en los recibos de electricidad de la población, según datos de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación. Es así que, tanto la reforma de 2013 y la presente iniciativa en discusión han olvidado de manera criminal y terrible a los usuarios y consumidores de energía.
La primera se preocupó por el mercado y proteger la influencia de CFE y de los empresarios. En este sentido, esta iniciativa está enfocada en crear una super CFE, con un director y un sindicato con tanto o más poder que el propio presidente del país, relegando a sus clientes a un papel de meros pagadores y una moneda de cambio electoral, sin pasar por alto el hecho de que vulneran la estructura del Estado democrático mexicano.
Los anteriores datos y el reportaje reciente de la revista Expansión sobre el poblado de San Juanito, en Baja California Sur, develan ese olvido lacerante de los consumidores, los peligros de los subsidios en combustibles y el lastimoso uso de la gente como un botín electoral. Esto ayuda a concluir que la reforma eléctrica es innecesaria y aquí les planteo esta pregunta: ¿quieren hacer una revolución social de electricidad? Que sea con la ciudadanía, no con la CFE, y verán que millones la apoyarán.
Empoderen a los ciudadanos a poder acceder a energías limpias, seguras y baratas, a través de la generación distribuida colectiva, accesible. Y, es más, vamos a ponernos radicales, así como lo mencionan algunos de estos. Vamos hacerlo fuera de la red, con programas sociales, fondos, políticas públicas desde las agencias estatales de energía y los municipios.
Eliminemos las reglas incongruentes y mejoremos los mecanismos poco transparentes como el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, lejos de venir a plantear una puesta en escena y lanzas calumnias a mansalva, mi objetivo es representar a estos millones de personas en donde yo me incluyo que pagamos electricidad y venir con ustedes, con su buena disposición a proponer.
Para empezar a concluir, pongan un freno a la reforma eléctrica si es que les interesan los jóvenes y las mujeres, ojo, que son mayoría de votantes, porque esta iniciativa solo representa a hombres canosos con ideas del pasado, e insisto, de aprobar esta iniciativa con los datos que comparto y el riesgo de continuar omitiendo a la población y consumidores o también negar esta iniciativa sin proponer absolutamente nada y nada más diciendo no de forma automática olvidándose de la sociedad. ¿Regresarán así, estimadas diputadas y diputado, a pedir el voto a la gente en las próximas elecciones?
En este parlamento abierto estamos discutiendo una iniciativa de reforma constitucional a la industria eléctrica dentro de un contexto de una crisis climática y social. Asumamos nuestra responsabilidad histórica. Es momento de colocar la mirada al futuro, pero más inclusivo y que tome en cuenta a todas las personas.
Escuchemos las voces de los miles de jóvenes y mujeres también. Recordemos que las decisiones que se tomen hoy afectarán el mañana y por eso estoy aquí, por mis hijos y también por los suyos. Impulsemos una transición energética inclusiva, un federalismo energético y una energía realmente social y, de verdad, por favor, no quemen nuestro futuro. Gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias al ponente. A continuación, le pido a la diputada Judith Tánori, que pueda leer la semblanza de la siguiente ponente. Adelante, por favor.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias, diputado. La siguiente ponente es Maciel Berenice Salazar Sánchez, es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos.
Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de energía y derechos humanos, como consultora en la materia. Actualmente es profesora de la especialización en derechos energéticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de derechos humanos en la licenciatura en derecho del Centro de Estudios Miguel Carbonell.
La ciudadana Maciel Berenice Salazar Sánchez: Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder platicar mis ideas en relación con esta reforma energética, sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos.
Primero que nada, desde una perspectiva meramente de derechos humanos, en principio es muy plausible que se lleve al artículo 25 constitucional una obligación del Estado de tener que abastecer la energía eléctrica a todas las personas como un elemento o una condición necesaria para el derecho a una vida digna.
Ahora bien. Como se ha señalado anteriormente, esto no es el hilo negro, el derecho a la electricidad como un componente específico y necesario para el derecho de una vida digna, o bien tener una vivienda digna hoy en día ya es un derecho aplicable y vigente en México, a través de construcción jurisprudencia y de fuente internacional.
Entonces, en este punto yo empiezo mi presentación con dos preguntas. ¿Cómo construir una política eléctrica que sea respetuosa y garantice los derechos humanos en un entorno democrático? Asimismo, la participación de los privados en el suministro eléctrico, ¿es incompatible con una visión de derechos humanos? En ese sentido, a mí me gustaría aportar con mi presentación a responder estas dos preguntas.
-La siguiente, por favor-. Bueno, como les mencionaba, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica establece que el Estado presentará el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar el derecho humano a la vida digna.
-Siguiente, por favor-. Sin embargo, el derecho a la vida digna no es como tal ajeno a lo que es nuestro derecho positivo. Por ejemplo, hoy vemos en el artículo 4o. constitucional que ya se establece que toda familia en México tiene derecho a disfrutar de una vida digna y decorosa.
Asimismo, vemos en los instrumentos internacionales, y uno muy importante en el caso para México, toda vez que somos parte de la Convención Americana y de su protocolo, específicamente en materia de derechos económicos, civiles y culturales, es el Protocolo de San Salvador, el cual establece en un derecho a medio ambiente sano, que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
Aquí me gustaría destacar cómo el Protocolo de San Salvador, al hablar de un medio ambiente relaciona el tema de los servicios públicos básicos. Esto quiere decir que no estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de que los derechos están divididos o de que los derechos se encuentran unos sobre otros. Es necesario tener una visión de derechos humanos y establecer que no hay jerarquías entre los mismos.
No se trata de decir libertades fundamentales frente a un derecho al medio ambiente, o bien frente al derecho a tener acceso a la electricidad, se trata de tener una visión de derechos humanos que trate de llegar a puntos de equilibrio en el cual garantice el acceso a la mayoría de las personas.
-Siguiente, por favor-. Ahora bien, también vemos el reconocimiento desde el punto de vista internacional de lo que es el foro de la ONU donde establece que los Estados parte en el presente pacto reconocerán un derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado y a vivienda adecuadas.
Específicamente, en los objetivos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo sustentable, el número 7 nos dice: acceso a energía asequible y no contaminante. Nuevamente, vemos este elemento de derecho al medio ambiente sano.
No se trata de cualquier energía, no se trata simplemente de crear electricidad y que todos tengamos acceso a la misma, se trata también de ver al medio ambiente y ver que esta energía no sea contaminante.
–Siguiente, por favor–. Ahora bien, en este sentido en ese slide lo que intento representar es que a través de la reforma que hubo en derechos humanos en 2011 se reconocieron a nivel constitucional los principios de interdependencia e indivisibilidad.
¿Qué significa esto? Nuevamente, nos dice: no hay jerarquías entre derechos humanos, todos los derechos humanos se encuentran vinculados, no se puede hacer efectivo un derecho subordinado a otro.
¿Qué quiero compartir con esta idea? No se trata nuevamente, hay libertad, libertades fundamentales o de la participación privada frente al acceso a la energía eléctrica. Este es un falso dilema como si no hubiera otra solución.
Entonces, en este caso vemos cómo la vivienda digna, la vida digna, el medio ambiente sano, la sustentabilidad, el derecho a la electricidad, los derechos a las comunidades indígenas, el derecho a la participación social, el derecho al desarrollo, el derecho a la salud y las libertades fundamentales se conjugan y una visión verdadera de derechos humanos en una política energética no puede dejar esto de lado, no podemos caer nuevamente en polarizar el debate.
-Siguiente, por favor-. Ahora bien, otro principio que también nos debe de iluminar al momento de ver lo que es una reforma en materia energética desde un punto de vista de los derechos humanos es el principio de progresividad y no regresividad. Este es un principio que está establecido en la Constitución, en el artículo 1o., así como en el artículo 26 de la Convención Americana.
En este sentido, es importante señalar que este principio establece una obligación para los Estados parte como México de no tomar medidas regresivas, esto es si ya llegaste a un nivel dos de garantizar un derecho al medio ambiente de acceso a energías limpias no puedes regresarte simplemente porque ahora quieres hacer un cambio de política, tienes que buscar la forma de ir hacia adelante, de buscar garantizar más el derecho no de hacer un retroceso.
–Siguiente, por favor–. Bueno, ya para cerrar, en este sentido es importante señalar que los derechos humanos no se deben de entender desde una sola de las aristas, es de que tenemos las obligaciones del Estado y justo estamos aquí para establecer cuáles son las obligaciones del Estado mexicano en materia de suministro eléctrico.
En este sentido vemos que tiene que haber garantías de respeto, obligaciones de garantía, de promoción y protección. Como bien se ha señalado, no se puede dejar todo a los privados ni todo puede ser únicamente para el Estado.
Hoy en día, desde mi punto de vista como académica, puedo señalar que la reforma en el texto actual no representa una visión de derechos humanos, ¿por qué? Por varios puntos. Primero, si sobre el conocimiento expreso, como dije anteriormente, es plausible, el texto de la iniciativa no refleja una verdadera visión de derecho humanos porque trata de hacer un falso dilema entre lo que es la participación privada y las libertades fundamentales junto con otros derechos, como es el derecho al acceso a la energía.
Asimismo, a través de las medidas que establece en materia de reglas de despacho, desincentiva lo que es la generación de energías limpias. Entonces, en este sentido, en lugar de ir hacia adelante, se convierte en una medida regresiva que, en este sentido se va a traducir tanto en más contaminación como en un aumento en las tarifas o bien en los subsidios de las tarifas eléctricas.
Ahora bien, en este sentido no puede perseguirse una política energética que se diga que tiene la bandera de derechos humanos y que reconoce el derecho humano al acceso a la electricidad, o bien, como un elemento a la vida digna, tratando de subordinar a otros derechos, negándolos o bien, señalando que son menos importantes.
Es interesante ver cómo aparece el texto de la iniciativa de reforma. Si bien se advierte que en la exposición de motivos se hace un análisis de todas las problemáticas que existen en México en torno a este tema, las soluciones realmente no están centradas en un tema de derechos, están centradas prácticamente en darle un poder tanto regulatorio como el operativo a CFE, lo cual, en este caso no es del todo plausible, ¿por qué? Porque va a establecer todas las obligaciones, tanto para CFE y al mismo tiempo no es un punto de vista democrático, no es un punto de vista incluyente. No establece la posibilidad de que la participación de la sociedad en este desarrollo hace transición energética, nos bloquea el acceso como ciudadanos.
Asimismo, también la iniciativa de reforma, tal como está redactada, no habla de los derechos de las comunidades indígenas, no habla de estos derechos a la participación. Entonces, en este sentido, si bien, nuevamente es plausible que del artículo 25 se señale la obligación del Estado de abastecer el suministro eléctrico a todas las personas como condición necesaria para el derecho a una vida digna. Esto no es suficiente. Asimismo, tampoco se debe de caer en el falso dilema de las libertades fundamentales en contra de los derechos.
Necesitamos garantizar un acceso universal, que sea continuo, que sea asequible y que se haga de calidad para todos los derechos y para todos los mexicanos. En este sentido, debemos de ir construyendo, a través de la participación de la sociedad, de la academia y de todos los partidos políticos, una iniciativa que realmente refleje una visión inclusiva. Muchas gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez Barrera: Muchas gracias a la ponente. Le voy a pedir a la diputada Yeidckol Polevnsky, de la Comisión de Puntos Constitucionales que, por favor, lea la semblanza del siguiente ponente.
La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Jesús Zendejas Macías es ingeniero electricista, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ex académico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Tiene un desarrollo profesional en Luz y Fuerza del Centro. Es jubilado. Tiene cursos con relación a riesgos y seguridad en sistemas eléctricos en Madrid, España. Integrante del Comité Nacional de Estudios de la Ingeniería, AC. Ponente en diversos foros regionales y nacionales sobre el desarrollo y en defensa del sector eléctrico nacional. Adelante, ingeniero.
El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez. Gracias, diputada Yeidckol. Agradezco a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, la invitación de participar en este foro de debate sobre la reforma eléctrica, lo hago apoyado en los conocimientos de mi formación profesional en la energía eléctrica, la experiencia lograda como trabajador en el área técnica operativa de la extinta Luz y Fuerza del Centro y conocedor del proceso privatizador desde el gobierno salinista en 1992.
En principio, me parece relevante considerar en este foro la electricidad como un derecho humano de rango constitucional, en concordancia con el resolutivo número 65/151, de 2010, de la ONU, que establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano fundamental, correspondiendo a los Estados nacionales, la obligación de asegurar y garantizar el servicio eléctrico a toda la población, compromiso social y visionario de los presidentes estadistas, el general Lázaro Cárdenas, al crear la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y Adolfo López Mateos, al nacionalizar la industria eléctrica en 1960 para la electrificación de todo el país y llevar el servicio a todos los rincones de la patria con sentido social y sin fines de lucro. Sin embargo, este logro vino en retroceso con los gobiernos del modelo económico neoliberal, al convertir el sector eléctrico en un negocio lucrativo de intereses privados. Por ello la importancia de la reforma que nos ocupa.
Preciso que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia eléctrica no es casual, pues le antecede el memorándum del 22 de julio de 2020 del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigido a los órganos autónomos, como son la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, creados con la reforma energética de 2013, indicándoles los lineamientos básicos de la nueva política eléctrica, disposición a la que se opusieron varios empresarios pro considerarla contraria a los ordenamientos legales vigentes. Por otra parte, el 20 de enero de 2021, el Ejecutivo federal presentó el decreto de reforma y adicionales a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue aprobada por el Poder Legislativo, la que impugnaron nuevamente los organismos patronales, medios de comunicación y frenada por el Poder Judicial, que amparó a diversos empresarios inconformes.
Tal situación propició la iniciativa de reforma constitucional preponderante en cuestión, la que también debe saberse se informa y discute por representantes populares y diversas organizaciones políticas y sociales en todo el país.
Reconozco el buen nivel de debate que se ha observado en estos foros entre quienes argumentan a favor de la reforma y quienes se oponen. Pero, debe quedarnos muy claro que, por un lado, está la lucha legítima por la soberanía energética y el bienestar de los mexicanos y, por otro, están los intereses de las empresas extranjeras y locales que buscan mantener las ventajas y privilegios de amplias ganancias que obtienen de la reforma de Peña Nieto.
Consecuencias de la reforma energética de 2013. Se ha informado en esos foros por funcionarios de Comisión Federal, sobre el desorden y graves daños ocasionados en el sistema eléctrico nacional como resultado de la reforma estructural de CFE al fragmentarla y limitarla en sus funciones y atribuciones para desaparecerla paulatinamente, menciono por ejemplo, que en unas de las disposiciones del artículo 28 constitucional establece:
La Comisión Federal y particulares podrán realizar actividades de generación de forma libre y, en otra, los particulares podrán instalar nuevas plantas sin requerir que CFE decida incluirlas dentro de la planeación de la empresa, lo que explica claramente, según datos oficiales –poner atención, por favor, eh–, que no obstante de existir una demanda de consumo pico de 38 mil megawatts y una demanda proyectada de 53 mil megawatts al 2024 en todo el país, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado indiscriminadamente permisos de generación eólica, solar y ciclo combinado por 134 mil 472 megawatts, que rebasa el 100 por ciento cuando por norma debe ser del 15 al 20 por ciento de energía de respaldo, cuyo excedente de generación al conectarse a la red, implica el grave riesgo de saturar la red y desestabilizar el sistema.
Asimismo, tal reforma les garantiza a los generadores privados independientes y de autoabastecimiento, el acceso abierto a las líneas de transmisión y distribución de 400, 230, 115 y 85 KD, con la autorización del Cenace, creando un mercado mayorista, paralelo al de CFE, cooptando a más de 77 mil clientes calificados, o sea, de alto consumo, con el eufemismo de socios al que se les factura ilegalmente y aprovechan ventajosamente la estructura eléctrica construida con recursos públicos, esfuerzo de los mexicanos y de los trabajadores del sector eléctrico, sin pagar la debida tarifa de porteo causando pérdidas anuales por más de 400 mil millones de pesos en detrimento de CFE y la economía de la nación.
Además, aun cuando dicha reforma del 2013 se estipula que la CRE o Comisión Reguladora de Energía se coordinará con la Secretaría de Energía para efectos de planeación de generación de energía, que en la práctica no ha ocurrido, lo que explica la razón del desastre en el sector eléctrico.
Tampoco indica, óigase bien, la responsabilidad de las empresas extranjeras ni locales de normalizar el sistema en caso de desastre por huracanes, terremotos u otro tipo de disturbio, dado que esta tarea se le otorga a CFE, así como atender el mercado básico de 46 millones de usuarios, los de menos consumo, en tanto a los privados se les favorece con las altas ganancias por la generación de energía.
¿Por qué apoyar la iniciativa de reforma eléctrica que se discute? Por lo expuesto estimo pertinente apelar a la conciencia y responsabilidad histórica de las diputadas y diputados de esta legislatura para que, concluida la discusión y el debate en cuestión, de manera razonada se considere la aprobación de la reforma constitucional con la finalidad de poner orden y evitar un caos mayor en el sistema eléctrico nacional, fortalecer a CFE como organismo de Estado y rescatar la soberanía energética. Integrar las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía para una adecuada planeación en el balance de la energía. Asimismo, las funciones de Cenace pasarlas a CFE para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del servicio eléctrico con tarifas justas, y reivindicar la electricidad como un derecho humano, reglamentar la competencia del mercado eléctrico con visión de Estado, reservándose éste el 54 por ciento de generación y dejar el 46 por ciento a los privados y así evitar en el momento conflictos jurídicos de inversión.
Aquí hago un paréntesis y preciso, y lo enfatizo, que el 54 por ciento no es una simple cifra al azar. Tiene un sustento técnico, para que en caso de un fuerte disturbio el sistema cuente con suficiente generación de energía rodante, energía rodante de respaldo con la generación hidráulica, la nuclear y la termoeléctrica, en su caso, para evitar que se colapse el sistema y garantizar su confiabilidad y seguridad en el servicio. De lo contrario, que quede bien claro, de persistir las condiciones actuales, no podría normalizarse el sistema con las generadoras eólicas y solares por su intermitencia.
Finalmente, que el Estado mexicano se haga cargo y garantice la transición energética sobre el uso de energías renovables o limpias y establecer como propiedad de la nación el litio, mineral estratégico de gran valor para el futuro del país y beneficio de los mexicanos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Ahora tengo el gusto de presentar a David Peña Rodríguez. Él es maestro... es abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en derecho humano y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es defensor de derechos humanos desde hace varios años y ha defendido a diversos movimientos sociales. Durante su trayectoria ha recibido diversos premios, como el Premio Europeo de Derechos Humanos, que otorga el Consejo de Abogacía Europeo, en el año 2010, y el Premio de Abogados de Atocha por parte de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España, en 2008.
Participó en el litigio del caso Campo Algodonero, acerca de 13 homicidios ocurridos en Ciudad Juárez, por el cual se condenó al Estado mexicano. Considerada una de las sentencias emblemáticas a nivel mundial, por su trascendencia y materia de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Ha sido asesor legislativo en el Congreso de la Unión en temas relacionados con derechos humanos, seguridad y justicia, y es representante de varios casos. Adelante, maestro.
El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias, diputada. Gracias, diputadas, diputados, por la invitación. Desde luego agradecer la oportunidad de compartir algunas reflexiones con todas y con todos ustedes.
Traigo una presentación que quiero compartirles, me voy a ir rápido en la presentación. Al final quiero tomar unos minutos para compartir algunas de las reflexiones e ideas de lo que he estado escuchando en estas participaciones, para generar un debate plural, un debate abierto, que es parte del interés que se tiene justo en este proceso.
Primero decirles –la siguiente lámina, por favor– que el reconocimiento de acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, lo decía Martín Esparza hace unos minutos, es un proceso que viene desde hace muchos años atrás.
En 2005 empezaron a cobrarse o hacerse cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En respuesta a estos cobros excesivos se empezaron a organizar comunidades, grupos colectivos para hacer frente, primero, a estos cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad y después, a partir de 2008, para constituirse como una red de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica.
Esta red de resistencia civil continuó trabajando e impulsando mesas de discusión y de diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para revisar esos procesos de cobro. Lamentablemente, no se tuvo una respuesta satisfactoria, ahora voy a comentar por qué, a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el año 2009 incluso se detuvo a 3 compañeros líderes de la resistencia, fueron encarcelados en Campeche, fueron reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional y justo a partir de denuncias presentadas por la Comisión Federal de Electricidad.
–Siguiente lámina, por favor–. Este movimiento de resistencia ha venido creciendo durante muchos años, hoy es un movimiento nacional de resistencia, no solo contra las altas tarifas sino contra otros proyectos o megaproyectos que están afectando comunidades, pueblos y comunidades indígenas.
En la Ciudad de México se conformaron diferentes asociaciones. La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia hoy tiene una fuerte presencia en el sur de la ciudad y sigue aglutinando estos mecanismos de protesta e inconformidad.
La base central o el eje de las demandas de este movimiento nacional de resistencia eran tres, hay muchas otras, pero los ejes son tres: la fijación de una tarifa social justa; el borrón y cuenta nueva por parte de todos estos cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad y el reconocimiento constitucional del derecho humano a la energía eléctrica.
‑‑La siguiente, por favor‑‑. La primera iniciativa se presentó en el 2013, después se presentó otra en el 2015, después se presentó otra en el 2018 y una más en el 2020, es decir, no es una ocurrencia del Ejecutivo, de la actual administración incluir el párrafo séptimo del artículo 25 en la propuesta de reforma constitucional para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.
Es el reconocimiento de un proceso de lucha que lleva muchos años sustentado particularmente escuchando a las y los usuarios, digamos, escuché aquí que no se escuchaba a los usuarios. A mí me parece que hay antecedentes –los gustan consultar en las Gacetas–, las iniciativas que se han presentado desde 2013, 2015, 2018, 2020 en donde movimientos de usuarios han presentado estas reformas a la Constitución para que se reconozca la energía eléctrica como un derecho humano.
Yo no vengo a hablar, desde luego, en nombre de esas y de esos compañeras y compañeros usuarios, no sería tan arrogante de decir que hablo en nombre de millones de personas ni de miles de personas, pero sí me permito traer esa voz que se ha manifestado en diferentes momentos ante este Congreso de la Unión, justo para exigir a las autoridades que se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica.
En ese sentido, hay un fundamento internacional de la propuesta, brevemente lo voy a mencionar, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –me lo voy a saltar un poco para llegar a la parte sustantiva‑‑, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ahí es muy interesante, diputada Yeidckol, a usted que le interesan los temas de género, es el único instrumento internacional que reconoce explícitamente el acceso a la electricidad como un derecho para las mujeres para eliminar estos factores de discriminación estructural, ligado, desde luego, al derecho a una vivienda digna.
Entonces, es muy importante sí, ponerlo, reconocer que hay estos instrumentos internacionales, yo lo hacían en las presentaciones anteriores, la observación general número cuatro del Comité DESC (Derechos Económicas, Sociales y Culturales).
–La siguiente, vamos a la lámina seis, por favor, no sé cómo vamos–. En la observación general número 14 del Comité DESC, ese me parece muy importante, ¿por qué? Porque justo se coliga el derecho humano al acceso a la energía eléctrica con los elementos sustantivos o estos elementos esenciales que debe de tener este derecho, entre ellos la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, y la accesibilidad está el componente de la asequibilidad económica, que es un componente fundamental.
A mí me resulta extraño que, abogadas y abogados que han participado, digan que pues no es necesario reconocer el derecho humano a la energía eléctrica en el texto constitucional, que se da por fuente de interpretación y que se debe de dar sin que se reconozca. Y me preocupa porque cualquier derecho a mayor reconocimiento, mayor protección, mayor cobertura y mayor obligación se le dé al Estado es mucho más efectivo.
Es decir, aquel derecho que tenga que recurrirse a una doble interpretación o a una interpretación extensiva, claro que se puede exigir, pero aquel derecho que es explícito en el texto constitucional o en cualquier otro texto internacional, por supuesto que es mucho más fácil de hacerlo exigible. Y en este sentido, y hago una pequeña pausa solo en esto para considerar los tiempos, justo una de las ponentes hacía referencia a que ya el Estado mexicano ya es el garante, hoy ya se le puede exigir la energía eléctrica, hoy se le debe de exigir la energía eléctrica y que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto.
En ese sentido justo me parece importante traer a colación un par de tesis de la Suprema Corte, hago una pausa en esta presentación aunque continúe el tiempo, justo para traer un par de tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se ha reconocido que para efectos de tarifas, cortes y verificación del sistema de la energía eléctrica en los usuarios domésticos, no es autoridad la Comisión Federal de Electricidad, no se puede uno amparar contra la Comisión Federal de Electricidad porque precisamente, derivado de la reforma de 2013, y cito una parte de la tesis, la jurisprudencia, por contradicción de tesis de nombre, yo doy el nombre completo, dice: Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica.
Y dice una parte de esa tesis. Cito la tesis: “Por el contrario, el objetivo de las reformas en materia energética de 2013, ese comentario es mío, se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada, entre otros presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Dicho régimen especial exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que se celebran contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles”. Cierro la cita.
¿Por qué es importante que se reconozca el derecho humano al acceso a la energía eléctrica en el texto constitucional? Porque se convierte no solo en una obligación constitucional, a partir del 1o. constitucional, que le corresponde a una entidad pública del Estado garantizar, y en este caso no solo es la CFE, porque el párrafo séptimo del artículo 25 dice: El Estado será responsable de garantizar ese derecho.
Es falso que sea solo la Comisión Federal de Electricidad, es falso que incluso sea la CRE o la Cenace si desaparece, si se pasa a la Secretaría de Energía, es el Estado el que tiene que garantizar este derecho.
Entonces, el venir a decir aquí no es necesaria la reforma, no es necesario el reconocimiento, no es necesario porque ya está, no, aquí está hoy, yo como abogado sigo representando a usuarias o usuarios que siguen enfrentando denuncias penales de la Comisión Federal de Electricidad y demandas mercantiles porque está CFE que está hoy actúa bajo una función mercantil como una empresa privada y lo que queremos justo y lo que se está buscando impulsar con esta reforma es que se cambie esa lógica, que se cambie esa lógica empresarial, que se cambie esa lógica del mercado.
No podemos tener una entidad del Estado mexicano obligada para garantizar el acceso a la energía eléctrica que funcione como una empresa privada persiguiendo a la gente con demandas mercantiles. Uno de los principales efectos, nos vamos a la lámina siete, por favor, para aprovechar estos últimos segundos.
-La ocho, por favor-. Uno de los principales efectos que se busca justo con esta iniciativa es que se considere si la energía eléctrica como un derecho humano, desde luego, que se pueda hacer una discusión en términos de la legislación secundaria sobre la asequibilidad del acceso a la energía eléctrica.
Es decir, la capacidad económica para las tarifas, construir un plan de tarifa social justa o un plan de una tarifa social plana. Claro, en las condiciones de las personas que puedan acceder a ese servicio, que se pueda garantizar ese servicio.
Y, finalmente, ya para ir cerrando nos permitiría tener una reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad porque es contradictorio, algunas personas nos han preguntado, ¿por qué si ustedes son usuarias y usuarios en resistencia, en contra de la CFE por qué apoyan la iniciativa?, porque uno de los principales elementos que nosotros observamos y nosotras observamos es que con la reforma se tiene que reestructurar la Comisión Federal de Electricidad.
No podemos seguir teniendo una Comisión Federal de Electricidad con esta lógica empresarial, comercial tiene que ser un ente del Estado que garantice el derecho humano a la energía eléctrica.
Por eso, y concluyo diputado, por eso en esta dinámica de discusión me parece muy importante colocar que, a mayor progresividad, ahí sí de los derechos, a mayor reconocimiento de los derechos en el texto constitucional mejores condiciones de vida para las y los mexicanos, y desde luego una mejor condición para una vivienda digna y una vida digna en México. Muchas gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente David Peña.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: A continuación, presentaré la semblanza de la siguiente y última ponente de este foro que es Miriam Vargas Teutle. Ella es comunicadora indígena desde 2009, forma parte de la Red Nacional Futuros Indígenas. Es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y, además, forma parte de la campaña Luces de las Resistencias. Tiene hasta diez minutos la ponente. Adelante.
La ciudadana Miriam Vargas Teutle: Como primer punto, consideramos importante estar aquí y ser escuchadas y escuchados, porque nuestras voces como pueblos, como comunidades, como ciudadanas y ciudadanos y organizaciones sociales no han sido tomadas en cuenta en el debate sobre modelo energético en México, en el cual han predominado las perspectivas del Estado y del interés privado.
Con este modelo vemos y vivimos ausencias, omisiones y violaciones a nuestros derechos humanos que nos preocupan profundamente. Las organizaciones, pueblos, colectivas y cooperativas que integramos la campaña Luces de las Resistencias, nos pronunciamos sobre la necesidad de reorientar el debate sobre la transición energética hacia principios de justicia y democracia indispensables para el interés de los pueblos y las comunidades del país.
En el contexto de la crisis socioambiental reconocemos urgente la transformación del modelo energético hacia uno bajo en carbono, pero más eficiente, responsable, equitativo y sostenible. Demandamos se reconozca que las principales causas de esta crisis radican en un modelo desarrollista basado en un excesivo y asimétrico consumo energético, fundado mayoritariamente en los combustibles fósiles.
Hoy en día diversas corporaciones nacionales y extranjeras presentan como principal solución una falsa transición energética que enmascarada de limpia o verde se materializa en nuestros territorios a través de los llamados megaproyectos, pero que solo cambia la tecnología sin mencionar las injusticias de fondo, no los modelos de consumo y explotación de la energía, manteniendo la misma visión mercantilista.
Para nosotras es fundamental y es importante ampliar y empujar el debate de la energía, su desarrollo y acceso como un derecho y un bien común. La energía es un elemento vital antes que una mercancía, pues se articula con nuestros alimentos, nuestra agua, nuestras formas de vida, el transporte, la salud, la educación y el bienestar general de la sociedad.
Por ello, demandamos poner en marcha procesos y debates fundamentales como el decrecimiento, es decir, disminución, eficiencia y consumo responsable de la energía, su democratización y, además, su descentralización.
La ciudadanía forme parte de procesos de toma de decisión y donde sectores históricamente excluidos formen parte de procesos de estas tomas de decisión. Además, decidamos libremente sobre los recursos energéticos y su gestión.
Que los beneficios de las fuentes renovables ya no se centren en capitales privados o el Estado. Y se garantice energía limpia y accesible para la vida digna de los pueblos, con proyectos locales, distribuidos y participativos.
Que promuevan el autoconsumo, la soberanía energética desde y para los pueblos, desarrollando nuevas relaciones sociales y congruentes, con una visión de justicia socioambiental, respetuosa de nuestros territorios y nuestros pueblos.
Nosotras diferimos de los criterios que adoptó el Estado mexicano en sexenios pasados para privilegiar la participación de grandes empresas privadas en la generación eléctrica, pues su motivación es la acumulación, antes que satisfacer las necesidades de vida de nuestros pueblos.
Estos esquemas de generación han intensificado la especulación financiera, la mercantilización de nuestros territorios y con ello la degradación de zonas de importante diversidad ambiental y cultural y, además, el despojo.
Aunque muchas de esas empresas se autoproclaman generadoras de energías limpias, hacemos énfasis en decenas de ejemplos, como Yucatán, Morelos, Pueblos, Veracruz, Baja California, Oaxaca y otras entidades, en los que corporaciones eólicas de generación térmica solares o hidroeléctricas imponen sus proyectos violando derechos humanos y afectando el acceso a la tierra, al medio ambiente sano y a la salud. En síntesis, haciendo negocios a costa de la vida y los territorios de los pueblos donde se instalan.
Es esencial ampliar el debate para señalar desigualdades estructurales y para identificar los sectores que consumen más energía, preguntándonos: energía, ¿para qué? Energía, ¿para quién? Y energía, ¿cómo?
Las industrias del sector minero, cementero, siderúrgico y maquilador, por ejemplo, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Cuestionar el modelo económico que permite tales consumos, debe ser uno de los primeros pasos para trazar la ruta de una transición energética verdaderamente sostenible, justa y democrática.
No podemos limitar al debate al sector eléctrico, sin una visión amplia, sistémica y crítica del sector energético, articulado con sectores que forman parte del circuito de demanda, como lo es el transporte y el sector industrial, la vida de los pueblos y se constituya el debate. Requerimos un modelo que priorice las necesidades reales de reproducción de la vida de nuestros pueblos y se constituya sobre el debate continuo de los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales.
Aunque la defensa de los servicios públicos debe ser prioritaria, ponemos en duda que una empresa del Estado, como loa Comisión Federal de Electricidad, CFE, va a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos. Nos preocupa la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y se aumentará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras, bosques y aguas comunes. Y es que la generación de energía por parte de la CFE también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas.
Tenemos como ejemplo los intentos de imposición del tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla y las hidroeléctricas en Paso de la Reina, Oaxaca, o la Parota, en Guerrero, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos, siendo la CFE protagonista de acusaciones judiciales directas hacia defensoras y defensores del territorio.
Como lo ocurrido con el proyecto integral Morelos, en el que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad hicieron parte de denuncias y persecución judicial contra nuestras compañeras y compañeros, siendo un proyecto energético que hasta hoy ha cobrado la vida de nuestro compañero y hermano Samir Flores Soberanes, a tres años de su asesinato cumplidos el día de ayer 20 de febrero del año 2022, no se han encontrado a los autores materiales e intelectuales de tan grave violación a los derechos a la vida, al territorio y, además, al Acuerdo de Escazú, firmado por el propio Estado mexicano.
El centro de la reforma energética no puede ser solo la soberanía estatal de los recursos a explotar, la reforma debe revisar críticamente el modelo extractivo. Tal es el caso del litio que se busca convertir en un mineral estratégico prioritario para el Estado, ignorando los problemas territoriales derivados de la minería, la devastación ambiental irreversible y la enorme cantidad de agua que requiere. Lo que da cuenta de cómo se pretende dar solución a un problema global mediante una transición energética que replica y exacerba los mismos problemas sociales y ambientales ya señalados.
No se puede solucionar la crisis ambiental del planeta con el mismo modelo extractivo. No hay minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía fósil y a la vez mantener un modelo de desarrollo que apuesta por un crecimiento perpetuo en un mundo finito, mientras el cambio de fuentes fósiles a renovables esté en manos de intereses económicos, corporativos y no se oriente hacia el bien común, solo hablaremos de falsas soluciones tecnológicas y no de transición democrática y justa.
Es de vital importancia incluir en la nueva reforma eléctrica el derecho humano a la energía y con ello discutir el establecimiento de una tarifa socialmente justa. Le energía no puede estar suspendida a las leyes del mercado y a la fluctuación de precios. Es necesario profundizar las reformas a la Constitución en materia de derechos y su aplicación en leyes secundarias.
Durante décadas hemos, pueblos y comunidades de México han luchado contra tarifas eléctricas justas, así como impugnado cobros excesivos, como ya lo ha señalado David Peña.
Nos preocupa que desdeñen estas formas sociales, comunitarias y populares de la gestión de la energía. Es fundamental que la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en las que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente en el debate energético amplio a la energía, y de formas más justas democráticas de gestión, como la generación distribuida.
Como mexicanas y mexicanos tenemos la oportunidad de llevar a cabo una transformación histórica. Como humanidad, tenemos la responsabilidad de producir un cambio de fondo. A los seres humanos nos va la vida en ello.
Queremos decirles que con la sangre de los pueblos no es y nunca será energía limpia. Exigimos justicia para Samir Flores Soberanes, asesinado por el estado, por el narcoestado. Exigimos justicia para los defensores y las defensoras del territorio. Justicia para las periodistas y los periodistas asesinados. Exigimos que la energía sea para los pueblos.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias a la ponente. Quiero agradecer nuevamente a cada una de ellas y ellos haber participado.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Y para dar cumplimiento al numeral 7 del primer acuerdo del resolutivo que norma este foro, concluidas las participaciones de los ponentes pasaremos a la formulación de preguntas. Y para ello se ha pedido a las diputadas y a los diputados que especifiquen a qué ponente va dirigida la pregunta y cada uno de los ponentes contará con hasta tres minutos.
La primera pregunta la formula la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, del Grupo Parlamentario de Morena y va dirigida, vía telemática, a Claudia Aguilar Barroso. La pregunta a Claudia, por favor si nos escuchas, dice: teniendo ya conocimiento de que la intermitencia pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico que vulnera el derecho humano a la electricidad, violenta el derecho al medio ambiente, ¿cómo puede garantizarse que las energías intermitentes cumplan con la protección de esos derechos? Claudia Aguilar, dispone de hasta tres minutos para contestar. Adelante. Adelante, Claudia.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): ¿Me escucha?
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Sí, sí se escucha.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Buenas tardes. Perdón, pero no alcancé a escuchar la última parte de la... más bien, el planteamiento de la pregunta. ¿Se refiere a la intermitencia y la relación con el medio ambiente?
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Si gustas, la repito completa. Va.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Por favor.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Teniendo ya conocimiento de que la intermitencia pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico que vulnera el derecho humano a la electricidad, violenta el derecho al medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo puede garantizarse que las energías intermitentes cumplan con la protección de esos derechos?
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Muchas gracias. Bueno en principio lo que yo señalo es, el despacho económico garantista que, si existen energías de menor costo y renovables, estas deben ser despachadas primero. En ese sentido normalmente también hay que garantizar o hay que prever el tema de las energías limpias y las energías renovables y esto sirve, sin duda, para garantizar que no se den estas afectaciones al derecho al medio ambiente.
Esto no implica, digamos, que el suministro quede en entredicho, sino solo que se despacha primero la energía más barata. Pero no queda de ninguna manera en entredicho el despacho, porque lo que se garantiza es el acceso a la energía eléctrica. Eso es lo que se está garantizando. Y obviamente se está garantizando incluso como un derecho humano. Por qué. Porque el precio sería menor al despacharse primero una energía más barata.
Entonces, recapitulando, el despacho económico garantiza que, si existen energías de menor costo y renovables, éstas se despachan primero. Esto se traduce, sin duda, en un beneficio al consumidor. Esto de ninguna manera implica que el suministro quede en entredicho, sino que solo se despacha primero la energía más barata, y el precio sería menor al despacharse esta energía, y se garantiza sin duda el acceso a la energía eléctrica.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: ¿Es todo, ponente?
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Sí. Digo, en cuanto a esas preguntas sí. Lo único que adicionaría si acaso es que obviamente lo que estamos diciendo es en el caso del... en el tema por ejemplo cuando mencionaba hace unos instantes, que a lo mejor no me dio tiempo de hacer en el momento es... este tema, respecto al suministro y el despacho, pues a su vez protege el medio ambiente, porque las energías limpias tienen un costo marginal menor, y eso implicaría que en el despacho pues estas energías sin duda son las que primero entrarían en el suministro.
Lo que nosotros estamos... bueno, lo que estoy tratando de decir incluso es que en la afectación, o como está previsto este tema para la afectación del suministro de energía eléctrica, las restricciones que se pueden imponer pues difícilmente se podrían traducir en mejoras en la calidad del servicio, y tampoco se podrían traducir en reducción de costos y del precio del mismo. Entonces el acceso a la energía eléctrica con esta reforma, pues para incluir el mandato de abastecimiento continuo de energía eléctrica, pues ahí hay este tema, digamos, en la redacción de la adición en el artículo 25.
O sea, hay dos problemáticas identificadas. La redacción sin duda es desafortunada, porque si bien parece establecer una prerrogativa a favor de la población en general, consistente en el abastecimiento continuo de la energía eléctrica, pues no se reconoce expresamente el derecho al suministro eléctrico como un derecho humano. Y por el otro lado, pues se identifica el riesgo de que, el mandato en torno a la seguridad y a la autosuficiencia energética se emplee para justificar por ejemplo futuras injerencias que no sean justificadas, o excesivas en el sector, al supuesto amparo digamos de la garantía del abastecimiento continuo de energía eléctrica para la población. Y esto sin duda sería grave en tanto la importancia del derecho al suministro eléctrico pues no debe implicar...
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Concluya, por favor.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): ... absoluta del resto de los derechos fundamentales en juego. Aunque pudiera conllevar restricciones justificadas para lograr su pleno uso. Gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. La siguiente pregunta.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Sí, la siguiente pregunta la realiza la diputada Raquel Bonilla Herrera, vía telemática, para Martín Esparza Flores. Pareciera que la electricidad ha sido considerada por las empresas particulares únicamente como negocio y no como un servicio público para las familias mexicanas, a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad, que es de todos y todas las mexicanas y cuyo propósito es garantizar el acceso a la electricidad con tarifas bajas para todas las familias mexicanas.
En su opinión, ¿usted cree que las empresas privadas tendrían la intención de llegar hasta las comunidades y localidades rurales, así como a los pueblos indígenas y afromexicanos para que estos puedan acceder a la electricidad como un derecho humano a una vida digna? ¿O no sería posible por no ser rentables para sus negocios?
El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, para la diputada Raquel Bonilla. Es muy claro que las empresas privadas, para ellos su principal componente es la ganancia, es la usura. Por eso se creó la Comisión Federal de Electricidad de 1937, para electrificar todo el territorio nacional.
Hay mucha literatura sobre las desregulaciones de sectores eléctricos en varios países y en ninguna parte han bajado las tarifas eléctricas, eso es cierto. Pero hoy como está la Comisión Federal de Electricidad, que ya no es un organismo público descentralizado, sino que hicieron empresitas, puras SA de capital variable, con ese estatus jurídico difícilmente van a poder garantizar el acceso a la energía eléctrica, una tarifa justa, una tarifa social.
Por eso decimos nosotros que primero se tiene que avalar esta reforma energética, después tendrá que venir un decreto para crear un nuevo organismo público descentralizado, después tendrán que sentar las bases de una transición energética donde se respeten los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las comunidades indígenas. Que se respeten los derechos de los usuarios.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, con otras organizaciones, han presentado por lo menos cuatro iniciativas de ley para que se garantice el derecho humano a la energía eléctrica como iniciativas ciudadanas. Sin embargo, se han quedado en el cajón de los olvidados y en ese sentido decimos que no puede crearse una CFE con miras de temas de explotación de los recursos naturales, pero para fines de lucro.
Tiene que haber la parte social y acompañamiento de toda la sociedad. Después tendremos que revisar el tema de la política tarifaria, donde haya una tarifa social, una tarifa justa, atendiendo los costos de producción de cada una de las distintas fuentes de generación, porque imagínese en Chiapas que tenemos las principales centrales hidroeléctricas, los usuarios pagan las tarifas más caras del país y en el norte también, cuando los recursos naturales son de nosotros y cuando la infraestructura eléctrica se ha construido con recursos del erario público con el esfuerzo de los trabajadores en este país.
Creo que las empresas privadas jamás van a garantizar una tarifa social, una tarifa justa y tampoco el acceso a que todos los mexicanos tengan la electricidad en sus casas habitación para cambiar la situación social en nuestro país. De eso depende que esta legislatura avale esta reforma, poniendo por delante el interés de la nación y recuperando un área que es estratégica y de seguridad nacional que jamás debió haberse transitado para entregarle a los privados en México.
La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: La siguiente pregunta la hace Flora Tania Cruz Santos, y va dirigida a Santiago Fabián Arroyo, y la pregunta es, la reforma eléctrica que se está analizando propone que el Estado procurará el establecimiento continuo de energía eléctrica como condición indispensable para garantizar el derecho humano a una vida digna, la pregunta es: ¿el actual modelo eléctrico derivado de la reforma energética de 2013 cumple con esta premisa de garantizar la energía eléctrica para una vida digna como derecho humano? Adelante, por favor.
El ciudadano Santiago Fabián Arroyo Seguedo: Muchas gracias, diputada, qué amable. En primer lugar, vamos a... quiero hacer una aclaración. Esta reforma y esta iniciativa de reforma no contempla en ninguno de sus apartados, es decir, la reforma del artículo 25, 27 y 28 algo referente sobre derechos humanos, en todo caso tendría que hacerse una iniciativa o a sumarse a esta iniciativa una reforma al artículo 4o., digo, desde mi punto de vista estrictamente legal.
Ahora, como lo mencione en un principio, yo también estoy criticando la reforma de 2013. La reforma de 2013 hizo a un lado al consumidor, tan es así que el abogado Daniel hizo un planteamiento de que hay personas que están en procesos litigiosos. No hay un organismo que garantice los derechos de acceso a la energía limpia, segura y barata, y tampoco energéticos. O sea, la reforma de 2013 no lo contempla, e insisto, esta reforma tampoco lo hace.
En todo caso se tendría que contemplar esa parte, porque finalmente incluso estamos discutiendo en este momento un tema que no está dentro de la estructura de la modificación constitucional. Sí lo refieren de manera muy escueta en la exposición de motivos, pero la exposición de motivos no es legislación, la legislación viene en el cuerpo reformador.
Entonces, ahí sí sería importante que en lugar de hacer a la CFE un garante, porque finalmente la CFE es un organismo del gobierno federal, es propiedad del gobierno federal, en todo caso lo que se tendría que buscar son los organismos que garanticen. Incluso la compañera aquí presente, la última ponente, disculpa que no recuerde tu nombre, mencionabas un tema de abusos a comunidades indígenas y es porque no existen mecanismos de evaluación de impacto social para los proyectos ni para los de la CFE siquiera.
O sea, ahí también incluso la CFE está de alguna manera también vulnerando, no nada más los particulares ni los privados, sino también la CFE no tiene posibilidad de hacer esas evaluaciones de impacto social, no hay una legislación que lo contemple, al contrario, unas disposiciones administrativas de carácter general muy escuetas y que son insuficientes para poder verificar esos impactos a la sociedad, a los pueblos y a las personas.
En todo caso ni la reforma de 2013 ni esta contempla a las personas, esa es mi crítica principal a estos dos planteamientos. Y finalmente de aquí tendría que nacer un elemento cohesionador direccionado a contemplar a las personas, a los pueblos indígenas, a los grupos vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes. Entonces de alguna manera yo creo que respondería así a la pregunta de la estimada diputada, muchas gracias.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias al ponente Santiago Arrollo.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: La siguiente pregunta la realiza el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, al maestro David Peña. Los opositores a la reforma han insistido, con poca certeza, sobre el retroceso legal y el incumplimiento de compromisos internacionales que implicaría la aprobación de la reforma eléctrica, pero poco se dice sobre el enorme avance que representaría respecto al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en general, los cuales presuponen a la electricidad como elemento sustantivo para una vida digna y como condición básica para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
En este sentido, quisiéramos saber lo siguiente. ¿Cómo ayudará la reforma a que las y los mexicanos que hoy no tienen electricidad por vivir en comunidades aisladas puedan acceder a ella?
El impulso a las tecnologías que utilizan energías renovables para producir electricidad a cargo del Estado como propone la reforma, ¿permitirá sacar de la pobreza energética a quienes hoy se encuentran en esa condición?
Otra, ¿cómo contribuirá la reforma para que los mexicanos en virtud de la precariedad de sus condiciones socioeconómicas no puedan pagar el servicio de electricidad sigan contando con ella, por lo menos para la satisfacción de sus necesidades básicas? Adelante, por favor.
El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias. Bueno, son varias preguntas, espero que me dé tiempo, me voy a apurar. Primero, sí, desde luego que es un enorme avance en materia de reconocimiento de derechos humanos, es un gran avance.
Eliminamos esta interpretación de hacer una referencia a otros instrumentos, se establece y ahí igual al comentario del abogado que acaba de participar, sí hay una referencia explícita para lo que es la adición en el párrafo VII del artículo 25 de la reforma constitucional, establece específicamente que se reconoce a la energía eléctrica como un elemento del derecho a una vida digna. Es decir, sí hay un reconocimiento explícito en esta iniciativa, primero.
Segundo. Este avance me parece que es muy importante, lo colocaba yo, solo pocos Estados a nivel mundial han avanzado hasta este punto de reconocer la energía eléctrica. Bolivia, por ejemplo, es uno de ellos justo en un marco de proceso participativo plurinacional hizo una reforma constitucional en el año 2009 para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho fundamental.
¿Cómo ayudará la reforma a las comunidades aisladas?, justo ese es uno de los grandes retos ligado con el tema de pobreza energética, lo que se necesita establecer es reconocer las obligaciones que se derivan del artículo 1o. Constitucional, así como está la reforma presentada son para el Estado mexicano.
Es decir, a partir de que el Estado mexicano sea la entidad responsable en su conjunto de garantizar este derecho como muchos otros, se va a regir bajo dos principios máximos en materia de derechos humanos y que es importante traer a colación.
Tratándose de un derecho económico, social y cultural el acceso a la energía eléctrica, va en un principio de progresividad, es decir, en el momento en donde se haga vigente este derecho a partir de que se apruebe la reforma se tiene que ir hacia adelante para eliminar desde luego la pobreza energética y para garantizar el acceso universal de la energía eléctrica.
El segundo, que me parece fundamental que es el máximo uso de recursos disponibles, es un principio en materia de derechos humanos en donde tú no estás obligado como Estado, como entidad responsable a garantizar los derechos de un día para otro, pero sí a partir del principio de progresividad de ir avanzando en la consolidación de este derecho hasta el máximo uso de recursos disponibles.
Desde luego que es un principio básico en materia de derechos humanos que me parece fundamental, que es muy importante traer a colación. Finalmente, justo el tema de la discusión es, lo que se necesita cambiar es esta visión que hoy tiene la CFE. Hoy tiene esta visión, ya lo dice la Suprema Corte, como una empresa mercantil, funciona con las reglas del mercado. Funciona...
Y entonces, lo que menos le interesa en esta parte es garantizar este derecho como un derecho, porque dice, yo soy una empresa, me dirijo por las reglas de mercado. Entonces, cambiar esta visión y volvernos el ente, uno de los entes obligados del Estado para garantizar el derecho a la energía eléctrica es fundamental, gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, David.
El moderador José Omar Sánchez Molina: La siguiente pregunta la formula el diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a Jesús Zendejas Macías.
La pregunta. La necesidad de crear la Comisión Federal de Electricidad por parte del presidente Lázaro Cárdenas en 1938 y la nacionalización del sector eléctrico del país con el presidente López Mateos fueron motivados por temas de desarrollo social para suministrar electricidad a todas las familias mexicanas. En su opinión, ¿cuál fue la principal motivación a la reforma energética de 2013 y cuál es el propósito de la reforma eléctrica que se está proponiendo? Tiene hasta tres minutos, Jesús, adelante.
El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Gracias. Con todo gusto. Realmente debemos considerar que en el momento que gobernó el general Lázaro Cárdenas prevalecía el servicio por empresas privadas y se avocaba el servicio, fundamentalmente, a las zonas minearas, zonas urbanas que redituaban realmente el cobro de tarifas eléctricas.
Por lo que el general Lázaro Cárdenas consideró que había que crear un organismo que no existía, que organizara y controlara el servicio eléctrico a nivel nacional, se empezó, ahora sí que de cero y fue operando, bueno, diseñándose, construyendo el sistema eléctrico ya nacional, pero, con otra visión.
Y como existía pues una necesidad de integrar a los sindicatos que operaban, que en ese entonces eran tres, pues se dio a la tarea, sobre todo, apoyándose en la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, para que en SUTERM, en CFE y el STERM, de Rafael Galván, pudieran conciliar posiciones y poder facilitar un nuevo sistema eléctrico que respondiera a los intereses nacionales.
Fue así que se fue creciendo, se fue creciendo y se logró en un periodo considerable, con todo el esfuerzo, a electrificar el 98 por ciento del territorio nacional, pensando en las necesidades de la gente, de la gente, pero obviamente que todavía había algunos rescoldos de la presencia de empresas extranjeras que incidían, sobre todo, por ejemplo, en Compañía de Luz canadienses, con un porcentaje mínimo, pero tenían sus derechos. Entonces, vino la nacionalización de la industria eléctrica con López Mateos, y ahí ya en la Constitución y en la ley del servicio eléctrico, de energía, se estableció la exclusividad de la nación de generar, transmitir, distribuir y comercializar el servicio de energía eléctrica, repito, con fines sociales, viendo los derechos humanos de la gente, por su dignidad y la necesidad de atender sus servicios y desarrollo como palanca nacional para la economía del país, e industrial, y después, como ya lo apuntó Martín Esparza, vino pues la creación de Luz y Fuerza del Centro como un organismo público, una empresa pública, que dio el servicio conjuntamente con la CFE, en donde operó Luz y Fuerza en la zona central del país.
Estuvo la visión, yo lo señalé, como una visión de Estado, de toda esta acción de estos dos presidentes, pensando en las necesidades de la gente y no precisamente para beneficio de las empresas privadas... que ya se habían retirado. Entonces, esa es la respuesta, no sé si conteste a la inquietud.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, de cualquier manera, ya se agotó el tiempo. Gracias, ponente, muy amable.
La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: La siguiente pregunta la hace el diputado Alejandro Robles Gómez, de Morena, va dirigida a Martín Esparza. Y la pregunta es, ¿cuántos trabajadore del SME podrían recobrar su empleo en Comisión Federal de Electricidad, como nuevo organismo constitucional?
El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, este tema es muy importante, porque resolvería un conflicto generado por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Recordemos que aquel decreto de extinción a las cero horas del 11 de octubre del 2009, en un partido de fútbol México contra El Salvador, por la noche encapuchados tomaron por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.
Y qué mejor juez que el tiempo. Quien hizo este operativo se llama Genaro García Luna. Hoy Genaro García Luna está en la cárcel de Nueva York por su vínculo con el crimen organizado. En el proceso de lucha interpusimos una serie de demandas, de juicios, logramos ganarle al narcogobierno de Felipe Calderón y a su secuaz Javier Lozano Alarcón, que es el peor secretario en la historia de este país, secretario del Trabajo y aquí está el expediente, donde todos los bienes pasaron a Comisión Federal de Electricidad. Este colegiado de octubre de 2012, resuelven los tres magistrados en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y condenando a la Junta Federal a emitir un nuevo laudo, donde la CFE es el patrón sustituto d ellos trabajadores.
Hoy en día, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y con las nuevas órdenes laborales, todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro cabrían en la Comisión Federal de Electricidad, cada quien atendiendo su zona y su materia de trabajo, porque entre los dos sindicatos hay un convenio firmado desde 1985, que ese convenio lo firmó como testigo honorífico Miguel de la Madrid Hurtado, Arsenio Farell, secretario del Trabajo, se firmó entre los dos sindicatos SUTERM 10v, fue depositado ante la Junta y elevado a laudo, y ahí quedó establecido cada quien de los dos sindicatos qué actividades, en qué regiones íbamos a estar operando. Sin embargo, también ese convenio fue violentado por el narcogobierno de Felipe Calderón, con la complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, jueces, ministros y magistrados.
Estamos en condiciones aprobando esta reforma que se les restituya sus derechos a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que formábamos parte de Luz y Fuerza del Centro. Y eso es por justicia social y eso es un derecho legítimo que tenemos todos los trabajadores. Cabemos todos, hay muchas actividades que desarrollar, pero también era importante agregar que esta reforma tiene que contemplar también, una vez que se apruebe porque creo que todos los legisladores lo van a ver con un interés nacional, esta reforma, y frenar la privatización.
Es que deben de intervenir todos los institutos de investigación para esa transición, porque en los últimos años también los institutos de investigación, como el de Tecnologías del Agua, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, nucleares, del petróleo, han sido minados con sus recursos económicos para desarrollar un país en mejores condiciones en materia de energía, petróleo, gas y electricidad. Muchas gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta la formula el diputado Héctor Ireneo Mares, y consiste en: críticos de esta reforma eléctrica –perdón– va dirigida a Martín Esparza. Críticos de esta reforma eléctrica mencionan que se está poniendo de pretexto a la seguridad nacional para hipercentralizar al sector eléctrico por parte del Estado. La pregunta, ¿acaso la electricidad no es un recurso fundamental para las familias mexicanas, las empresas, las industrias y para el país en general, que debe considerar un tema seguridad nacional para garantizar el derecho humano a una vida digna? Tiene hasta tres minutos.
El ciudadano Martín Esparza Flores: Muchas gracias por la pregunta, y es importante reflexionar sobre lo que ha acontecido en meses pasados. Hubo un apagón en febrero del año pasado que puso en riesgo nuestra seguridad energética del país, casi 5 millones de usuarios se quedaron sin luz porque han desarrollado un sector energético a base del gas natural que viene de los Estados Unidos.
Las principales plantas de ciclo combinado que se le dieron a los privados son con gas natural, y el precio del gas natural a partir de las nevadas en Estados Unidos se elevó a más de 600 dólares el millón de BTU y vean las consecuencias en el país vecino del norte, principalmente en Texas, los costos de la tarifa eléctrica se elevaron exponencialmente, más de 700 por ciento y acá nuestro país pues no se garantizó la compra de ese gas, los privados no pudieron o no quisieron comprar a esos precios el gas natural y provocaron este terrible apagón que si no traemos a colación esos sucesos que han venido dándose, entonces vamos a seguir teniendo esos mismos problemas si dependemos del gas natural de los Estados Unidos.
Por eso decimos, es importante que entren los principales institutos de investigación en este país. El Instituto de Tecnologías del Agua, por ejemplo, tiene diagnosticadas todas las cuencas en el país de donde podemos incorporar más centrales hidroeléctricas sin hacer esos megaproyectos, sino puede ser generación distribuida. El Instituto de Energías Renovables tiene también un atlas importante en todo el país. El Instituto de Investigaciones Nucleares, lo mismo. El Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Politécnico Nacional y las principales universidades.
Dejemos que los institutos avalen, apoyen, para un mejor desarrollo y mantener nuestra soberanía energética. Ese es el reto.
Vean lo que pasa en Europa y principalmente en España, ahí privatizaron todo y con el mismo argumento, privatizar va a ser para bajar las tarifas eléctricas. Jamás bajaron. Y lo he dicho, hay un libro muy importante, de Sharon Beder, una investigadora australiana, que se llama Energía y Poder, y en la investigación que ha hecho en el mundo, en ningún país donde privatizaron bajaron las tarifas eléctricas y tampoco garantizaron el acceso a los usuarios de casa-habitación, a las escuelas, a los comercios, como es lo que estamos viviendo el día de hoy.
Por eso decimos, tiene que haber una nueva empresa de Comisión Federal de Electricidad con una visión social, sin fines de lucro y se tiene que también revisar las condiciones en las que hoy está operando la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa productiva del Estado, abrieron muchos registros patronales SA de capital variable y hemos identificado que todas estas empresitas tienen solamente empresas de un sourcing atrás, ni siquiera el Suterm ha podido firmar los contratos colectivos de trabajo con esas empresas productivas del Estado. Por eso es importante cambiar la legislación en materia de energía eléctrica.
La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias al ponente Martín Esparza.
La diputada Judith Celina Tánori Córdova: La siguiente pregunta es para Claudia Aguilar Barroso, que está vía telemática. La formula, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN y dice así: no hay nada en este decreto que pueda asegurar el compromiso a garantizar la seguridad energética a los más bajos precios. Sobre la seguridad energética, basta que el precio del gas natural suba para que el sistema eléctrico entre en crisis al depender 60 por ciento de la generación en ese combustible y que en su gran mayoría es importado.
¿Considera que sería mejor que con el subsidio anual a la Comisión Federal de Electricidad, de 73 mil millones de pesos, se costee un programa para masificar la generación de energía eléctrica con paneles solares? ¿Con esa bolsa sería posible subsidiar al 100 por ciento los hogares de consumo básico, el 50 por ciento en los hogares de consumo medio y sin subsidio, pero con la obligación de tenerlos en los hogares de alto consumo? Adelante, Claudia Aguilar. Adelante.
La ciudadana Claudia Aguilar Barroso (vía telemática): Muchas gracias, diputada. Bueno, pues los datos expresos en cuanto al costo que tendría suministrar, sin duda... bueno, hubo un foro específico, donde se refirieron a la hacienda, a la recaudación y a todo esto. Lo que sí puedo señalar es que sin duda los términos en los que está previsto y señalado... o redactada, me parece, más bien, esta iniciativa, sin duda genera estas grandes afectaciones que se pueden dar, porque en mi opinión es violatoria de los derechos humanos, y sin duda conllevaría a la inconvencionalidad de la Constitución federal.
Me parece que hay, como decía en una intervención anterior, una parte muy complicada en la redacción, donde sin duda no se puede garantizar de ninguna manera el acceso a tarifas más bajas, pero sobre todo seguramente nos lleva a garantizar o a hacer más viables que exista un sinnúmero o número importante de importante de subsidios.
En mi posicionamiento, al inicio lo que yo mencionaba es que sí hay manera digamos de generar precios o garantizar acceso a los grupos en situación de vulnerabilidad, o incluso en aquellas poblaciones que se encuentran en una situación de pobreza y marginación. Me parece que la solución no es aumentar subsidios, los mismos se pagan indirectamente por los propios particulares. La solución, sin duda, es bajar costos de generación. Y para bajar los costos de generación necesitamos ser eficientes. Y para eso necesariamente tenemos que encontrar este modelo, donde haya agentes reguladores o entes reguladores que permitan la participación de todas y todos dentro de un sector para que efectivamente se pueda volver más productivo.
Incluso en el tiempo que tenemos con este... digamos la reforma, a partir del... 2013, la que tenemos... no tenemos ni siquiera 10 años con este modelo. Entonces ver cómo se ha mejorado en ciertos aspectos. Y sin duda todo es perfectible. Y por eso cerraba, digamos, mi intervención anterior, y es el mismo llamado que hago en el sentido de que, por un lado, felicito la celebración de estos foros de parlamento abierto, donde se escuchan todas las posiciones, donde se escucha a la sociedad civil y donde la ciudadanía en general tiene acceso.
Asimismo, que se pueda privilegiar que lo que está haciendo esta soberanía sin duda es tomarse en serio la discusión. Y no hay un mandato de nada más dejar pasar esta reforma o esta iniciativa en los términos en que está. Hay cosas que son perfectibles y por eso se está aprovechando el espacio.
Se puede, de una vez por todas, llevar a rango constitucional de manera expresa el que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. Y en estos términos, como cerré mi participación inicial, decir: garantizarlo siempre en clave de derechos humanos de progresividad y hasta el máximo de los recursos disponibles. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Muchas gracias, Claudia.
La moderadora diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz: La siguiente pregunta la hace Simey Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena. También va dirigida a Martín Esparza, y dice así: con su experiencia en el ámbito eléctrico díganos, primero, ¿en qué sentido la reforma de 2013 mejoró a México? Segundo, ¿cómo fueron las tarifas y los servicios a los usuarios? Y tercero, ¿qué piensa de los partidos que se dicen ciudadanos, pero no han consultado a la ciudadanía. Es decir, no se han involucrado en los foros y no han generado asambleas con la sociedad. Es todo.
El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, la primera pregunta, sobre 2013. Recordemos qué fue lo que pasó en 2013. Aprobaron una reforma en 30 minutos, sin leerla, sin analizarla. Nosotros estuvimos afuera de la Cámara de Senadores, en las protestas de adentro, en un edificio alterno, levantaron el dedo.
Y la mejor muestra del abuso de estos principales partidos políticos que se acordaron en el Pacto por México, pues ahí está Emilio Lozoya. Él fue el que llevaba los billetes en portafolios para sobornar y comprar conciencias de legisladores que traicionaron la Constitución y al pueblo de México.
Las tarifas eléctricas, recordemos que, desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en una campaña mediática pagada en todos los principales medios de comunicación dijeron que con la extinción de Luz y Fuerza iban a bajar las tarifas eléctricas, que se iba a mejorar el suministro de energía eléctrica, que iban a darle más presupuesto a la Universidad, a la salud y al final no lo hicieron.
Todos sabemos que lo hicieron cuando más droga traficó a Estados Unidos el gobierno de Felipe Calderón. Por qué reservaron el expediente de la extinción de Luz y Fuerza del Centro por 12 años, que, por cierto, se venció en octubre del año pasado y para un tema de ejercicio democrático vale la pena que se haga público el expediente completo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro para saber cuántos eran los activos de la empresa, dónde quedaron, a dónde le hicieron, incluso regalías y venta por chatarra, equipos tan importantes como eran las fábricas, los talleres, los equipos, las herramientas.
Y en el tema de los partidos políticos, pues vale la pena que los partidos políticos que se dicen democráticos y se oponen a esta reforma, que salgan a sus distritos electorales, que expliquen, porque además está dentro de su obligación constitucional, y que vean que la reforma de 2013 fue una reforma donde nos prometieron, igual en una campaña mediática, que iban a bajar el precio de la energía eléctrica, el precio del combustible, el precio del, dijeron, el gas y que iban a generar 500 mil nuevos empleos, que iban a llegar las inversiones importantes en el país y nos preguntamos de 2013 para acá: ¿cuál de las promesas de estos gobiernos se ha cumplido para los mexicanos? Ninguna, ninguna de las promesas y además lo hicieron contraviniendo el espíritu de la Constitución y ahí tuvieron que ver mucho los jueces, ministros y magistrados de este país.
Contra la reforma de 2013 el Sindicato Mexicano de Electricistas se amparó y al final la resolución de la Corte, pues llegó hasta la Corte, dijeron, se desecha su amparo porque no tienen interés jurídico para reclamar esto y entonces, ¿quién sí tiene interés jurídico? Porque además modificaron la Constitución y dijeron que tratándose de reformas constitucionales nadie se puede amparar. Eso es contrario al interés de todos los mexicanos.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta la formula el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN y va dirigida la misma pregunta a dos de los ponentes, a Jesús Zendejas y a Martín Esparza. Se les va a conceder el uso de la palabra en el orden que los mencioné y tendrán hasta tres minutos cada uno para contestar.
La pregunta: ¿a su juicio, la existencia de un derecho humano implica su prestación gratuita por parte del Estado? De ser así, ¿el Estado debería regalar vivienda, ropa, etcétera? De conformidad con la legislación vigente, ¿siguen existiendo las figuras de productores independientes de energía y los contratos de autoabastecimiento? Si no, ¿por qué siguen hablando de ellos? Tiene hasta por tres minutos el ponente Jesús. Adelante.
El ciudadano Jesús Zendejas Macías: ¿Me podría repetir la pregunta?
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Perdón, no le escuché.
El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Que si me podría repetir la pregunta.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Como no. Con mucho gusto. A su juicio, ¿la existencia de un derecho humano implica su prestación gratuita por parte del Estado? ¿De ser así, el Estado debería regalar vivienda, ropa, etcétera? De conformidad con la legislación vigente, siguen existiendo las figuras de productores independientes de energía y los contratos de autoabastecimiento, si no, ¿por qué siguen hablando de ellos?
El ciudadano Jesús Zendejas Macías: Bueno, los productores independientes obviamente están, y los de abastecimiento también, porque así lo establece la ley. Hasta en tanto no se reforme la Constitución, y obviamente la ley secundaria, la Ley de Servicio de Energía Eléctrica, van a seguir existiendo.
Creo yo que ya con la reforma tendría que revisarse en detalle cuál va a ser la función de estos productores, dado que los independientes terminan su permiso por 25 años y luego ya hasta tienen derecho de quedarse con las plantas generadoras. Por eso la insistencia que se ha establecido aquí, que tiene que revisarse bien qué se va a hacer con los contratos para que asimismo obviamente se acoten los contratos para que no se siga distorsionando el servicio público de la energía.
Ahora, en cuanto al derecho humano de servicio de energía, si como se plantea, si tendría que regalarse con el derecho que la ropa y otras cosas, bueno, yo diría, la ropa de trabajo sí, por contrato colectivo se les entrega a los trabajadores, pero no precisamente entregar la ropa a todo mundo como un derecho. No, tampoco, o la vivienda a todo mundo. Se dan facilidades por parte del Estado para facilitar esos derechos de alimentación, de salud y de vivienda. No sé, esa es mi opinión.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias. Ahora tiene hasta tres minutos para la misma pregunta Martín Esparza.
El ciudadano Martín Esparza Flores: Sí, en este panel que nos ha tocado, en ningún momento se ha hablado de regalar la energía eléctrica. Se ha hablado de una nueva Comisión Federal de Electricidad sin fines de lucro que sí recupere sus costos de explotación, que sí tenga recursos para expandir sus líneas de transmisión respetando, respetando los derechos humanos de los pueblos originarios, que se tenga recurso para modernizar las redes de distribución eléctrica, las subestaciones eléctricas, nosotros estamos de acuerdo en eso.
En el tema de las tarifas lo que planteamos una vez que se apruebe esta reforma que creo que se va a aprobar tendrá que decretarse una nueva Comisión Federal de Electricidad y en ese sentido lo que nosotros planteamos también se tiene que modificar la ley que regula el tema de las tarifas eléctricas y analizar sus costos de producción.
Por ejemplo, en las hidroeléctricas cuesta producir el kilowatt hora 60 centavos y a un municipio se les vende a 4.50 pesos el kilowatt hora, cuando los municipios son los que tienen que garantizar este servicio, al doméstico de altos consumos más de 3 pesos, a la tarifa 1, tarifa A 1.70, entonces, revisemos los costos de producción de cada una de las fuentes y a partir de ahí se tiene que modificar la política tarifaria que hoy participa la Comisión Reguladora de Energía que fue creada en 1993.
Y, en ese sentido hoy la Secretaría de Hacienda tiene que participar, la misma Comisión Federal de Electricidad tiene que participar y también tiene que participar y revisar la sociedad en su conjunto. Nadie ha hablado de regalar la energía eléctrica, que quede muy claro.
Y, en el tema de abastecimiento y productores independientes, son figuras que se incorporaron a la Ley del Servicio Público de energía eléctrica en 1992 con Salinas de Gortari. En el artículo 2o., establece, dice, no se consideran servicio público, productor independiente de energía, no se considerará servicio público autoabastecimiento, generación para importación y exportación y abusaron de estas figuras.
Y, además contraviniendo el espíritu de la Constitución porque en el artículo 27 en su párrafo VI, de aquella Constitución que conocimos decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público.
Decía más abajo, en el otro párrafo: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, pero recordemos que, en 1992, con aquel fraude del 88 donde impusieron a Salinas de Gortari, ganaron el Congreso, impusieron por la puerta de atrás el inicio de la privatización de la industria eléctrica y estas figuras todavía existen ahí.
Por eso, con esta reforma es frenar y cancelar todos esos permisos y que el Estado recupere el control y la rectoría de un sector que es estratégico para el desarrollo económico de este país. Muchas gracias.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias al ponente.
La moderadora diputada Judith Celina Tánori Córdova: La siguiente pregunta la hace el diputado Jesús Alberto Velazquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD. Va dirigida al ponente David Peña.
Dice así, la iniciativa de reforma no busca sino consolidar una posición dominante de la CFE en la industria eléctrica. Esto se advierte con la pretensión a los párrafos quinto del artículo 25 y al séptimo de los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución.
Pero, si se buscara un beneficio más tangible para las y los mexicanos, ¿cree usted que se debería ligar el artículo 4º constitucional en donde se debería reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho constitucional? Pues ya ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como derecho humano.
En el mismo sentido, hay pronunciamientos por parte de la CNDH y en el marco internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la ONU, etcétera.
Esto que menciono no es nuevo, ya se han presentado iniciativas de compañeros legisladores y lo hemos escuchado en sus participaciones. Al respecto, coincidimos en que la electricidad no es un producto, debe considerarse como un derecho humano y social y, por tanto, reconocerse en la Constitución. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias. Sí, justo parte de la pregunta que formula, las iniciativas que se han presentado desde el movimiento de usuarias y usuarios en resistencia eran para reformar el artículo 4º constitucional. Es decir, desde las iniciativas de 2013 a 2015, 2018 a 2020, iban dirigidas a reformar el artículo 4º constitucional, precisamente porque en el artículo 4º constitucional es donde se reconocen, digamos, todos estos otros elementos ligados a la vivienda digna.
El que ahora se incluya en el artículo 25 constitucional en la reforma, en esta reforma que se está presentando, nos parece que es importante porque justo tiene que ver también con la rectoría del Estado y eso lo obligo con la primera parte de la pregunta.
¿Se busca que se consolide la Comisión Federal de Electricidad en el sector eléctrico? Sí, en la propia pregunta va implícita la respuesta. Sí se busca que se consolide, sí se busca fortalecer a la CFE y me sumo a las voces donde lo que queremos es otra nueva estructura de la Comisión Federal de Electricidad. No se busca fortalecer esta CFE.
A diferencia de lo que puedan decir algunos funcionarios de la propia Comisión Federal de Electricidad, lo que se busca desde un movimiento de usuarias y usuarios de ciertos actores sociales, es fortalecer una nueva estructura de la Comisión Federal de Electricidad y en esa lógica una nueva estructura que tenga esta visión social, que tenga esta visión de respeto a los derechos humanos y que se convierta en un ente garante del Estado, precisamente, del acceso a la energía eléctrica.
Entonces, en la aleación, digamos, o en el ligue entre estos artículos, ya lo señalábamos, la interdependencia, la indivisibilidad de los derechos humanos, el estar reconocido, aunque sea de forma tangencial, por así decirlo, en el artículo 25, en esta reforma, el derecho de acceso a la energía eléctrica como parte de la vivienda digna, ahí sí, entonces se puede hacer una interpretación con el artículo 4o. constitucional y entonces sería de más fácil accesibilidad para recurrir, incluso, ante los tribunales nacionales o internacionales, el incumplimiento del Estado mexicano de garantizar ese derecho, porque a partir de que está reconocido o que estaría reconocido en el artículo 25, junto con la obligación de vivienda digna del artículo 4o., entonces sí se puede hacer exigible este derecho.
Por eso es muy importante que se reconozca explícitamente el derecho. No es menor que venga en la reforma, ya lo decía en los antecedentes, deviene de un proceso histórico, de una demanda social, de una demanda de movimiento de usuarias y de usuarios de muchos años y es importante sí el reconocimiento explícito para que, desde la lógica del ejercicio ciudadano, se pueda hacer exigible también al Estado. No solo es que se le dé más fuerza a CFE, sino que se le pueda exigir, en estos términos, que garantice este derecho.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias al ponente David.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: La siguiente pregunta, que es la última que tenemos registrada, las otras fueron formuladas por diputados que ya habían presentado preguntas y esas van a ser contestadas por los ponentes, quienes ya las tienen mediante correo electrónico. Esta la formula la diputada Lidia Pérez Bárcenas al ponente Santiago Fabián, la pregunta: el ponente inició su presentación diciendo que la electricidad no puede considerarse un derecho humano y la comparó con un teléfono móvil o comida chatarra, ¿nos puede explicar la comparación de un servicio vital para la ciudadanía y un producto comestible o desechable? Gracias.
El ciudadano Santiago Fabián Arroyo Seguedo: Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Es que en sí la electricidad y no lo refiero nada más yo, sino también la Agencia Internacional de Energía, es un producto, ¿sí?, como cualquier otra cosa, como puede ser este teléfono, esta pluma, el cuaderno, esto. Lo que sí debe ser un derecho y creo que ya se adelantó por ahí una diputada del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, en días pasados presentó una iniciativa para que se agregue un párrafo al artículo 4o. constitucional, para que no se tome en consideración el derecho humano al acceso a la electricidad –eso es algo diferente–, de manera tangencial como lo refiere esta reforma. Se está sumando otra iniciativa y eso es lo que debemos de hacer nosotros.
¿Cuál es la comparativa que yo hago, o por que la hago? Porque finalmente la electricidad es fruto del proceso industrial de generación, es un producto, a diferencia del petróleo, que ese sí es de la nación y está en el territorio nacional y ese es de los mexicanos. La electricidad no. Pero el acceso a la electricidad sí. Y ahí es donde también parte de mi argumento viene el que la CFE no es el Estado, quieren que la CFE sea el Estado, pero el estado también son los municipios, también son los estados de la República.
Y a mí me encantaría ver como ciudadano, como profesionista esa facultad del estado y esa garantía que lo haga el Estado de manera integral. No tal vez de la CFE, el estado no es el gobierno federal, el Estado son todos los Poderes de la Unión, ¿sí? Entonces ahí es donde debe de crearse esta, digamos, esa estructura, tanto legislativa como institucional para que todo el Estado, de manera integral, nos ayude a la ciudadanía a tener acceso a este producto tan necesario para la ciudadanía. Que al final del día es un producto, pero el Estado debe de garantizarlo, ¿a través de cómo? De sus instituciones, porque en sí pues la electricidad por sí sola es un producto.
El Estado debe de hacer accesible dicho producto, por las características que conlleva el tener ese producto, que es desarrollo, crecimiento, seguridad y muchas otras cosas más que han mencionado, no nada más yo, sino todos los demás ponentes. Y creo que ahí es donde coincidimos todos.
Debemos de encontrar coincidencias y esa coincidencia debe ser en fortalecer al Estado, no al gobierno federal ni a la CFE. Gracias.
El moderador diputado Manuel Rodríguez González: Gracias al ponente Santiago. Con esta pregunta –como mencionaba hace un momento– hemos concluido esta ronda.
El presidente diputado Manuel Rodríguez González: Yo quiero darles las gracias, a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía y, en general de la Cámara de Diputados, a cada una y cada uno de los ponentes por darnos algo que es lo más valioso para los seres humanos, que es su tiempo y también sus conocimientos y su opinión.
El día de hoy estamos llegando ya al fin al foro, de los foros de parlamento abierto que le corresponden a las comisiones que vamos a dictaminar. No se han concluido todavía los foros en el Canal del Congreso y ante la Junta de Coordinación Política, nos faltan dos, uno de cada uno, pero en comisiones con este concluimos.
Y quiero decirles, a quienes participan, que todas estas ponencias que hemos recibido de manera verbal por cada uno de los participantes, pero también las que se han inscrito en el micrositio de la Cámara a lo largo de estas seis semanas de trabajo intenso, de trabajo profesional, de trabajo, sobre todo que distingue en todos los que han participado el amor que tienen por México y que, desde su perspectiva, desean aportar algo aunque las opiniones puedan ser diferentes.
Decirles que hemos constatado cómo han participado integrantes de la sociedad civil, colectivos sociales, representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, también de las cámaras empresariales, se han invitado a las empresas generadoras de energía, no han aceptado participar, es su derecho; pero en fin, hemos tenido participaciones de académicos, de servidores públicos y de ciudadanos que tienen algo que aportar desde el punto de vista de sus conocimientos.
Felicitarlos a todos por ese compromiso, externarles que se viene haciendo un trabajo muy profesional, muy responsable, muy serio, de relatoría, para que todas estas propuestas sean la vertiente axial para que una vez que concluyan los foros de parlamento abierto, podamos iniciar las tres comisiones involucradas, es decir, Medio Ambiente, Puntos Constitucionales y Energía, el trabajo de análisis y discusión.
Estas opiniones que se han vertido aquí, si bien es cierto no son vinculantes, por supuesto que van a ser tomadas en cuenta y que, si bien es cierto, tenemos opiniones a veces encontradas, estamos seguros que sí van a enriquecer todas este trabajo que venimos haciendo y que lograremos encontrar los puntos de entendimiento para que tengamos un dictamen que reúna, no tan solo la parte constitucional garantizada, sino también la viabilidad y la vocación social que debe de tener el trabajo de los legisladores para garantizarles a todos los mexicanos las mejores opciones y garantizar especialmente sus derechos.
Así que yo quiero dar por concluidos estos trabajos, darles las gracias a las diputadas y a los diputados que nos han acompañado de manera presencial, de manera telemática, pero especialmente a las ciudadanas y a los ciudadanos que a través del Canal del Congreso han cedido de manera muy especial todos estos foros y también a los medios de comunicación. Y agradecer este día que me ayudarán aquí en la conducción de esta sesión, a las diputadas Judith Tánori y a la diputada Yeidckol Polevnsky.
El diputado presidente Manuel Rodríguez González: Y con esto siendo las 19 horas con 45 minutos, de este 21 de febrero de 2022, damos por concluido este foro 22, Electricidad como derecho humano de rango constitucional. Muchas gracias a todos ustedes.
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