Presentación de la y los participantes
Intervenciones
Preguntas
Respuestas
Preguntas
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya
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Preguntas
Diputada Susana Prieto Terrazas
Diputada Graciela Sánchez Ortiz
Respuestas
La moderadora diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, bienvenidos a este foro número 19-A Legislación electoral única.
Les saludo con mucho cariño, Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral. Les doy la más cordial bienvenida a este parlamento abierto. Se trata hoy se discutir, de analizar y reflexionar sobre las líneas temáticas más importantes para la reforma política-electoral que, sin duda, no solo porque hacen referencia a algún tipo de legislación, sino porque tratan de la unificación de las autoridades electorales y administrativas, su jurisdicción y extinción de los organismos públicos locales, así como de los tribunales electorales de las entidades federativas.
Se trata de la estandarización de los procesos de elección locales de todas y cada una de las entidades de la República Mexicana, así como de los procedimientos sancionadores en la misma materia, las causas de nulidad y la fiscalización de los recursos.
De igual manera, de la capacitación de funcionarios inhibiendo la duplicidad de funciones y reduciendo costos de mantenimiento y operativos. Se trata de un nuevo diseño institucional electoral e integral de la normatividad vigente, lo cual tiene el gran reto de conseguir con ello estructuras estables, monitoreo institucional, certidumbre, capacidad y decisión acordes a las necesidades y calidad democrática de nuestro país.
No pensar en perfeccionar el sistema jurídico mexicano en material electoral, sería considerar que nuestra convivencia cotidiana durante los procesos electorales es perfecta y no lo es, porque la propia naturaleza de la democratización es imperfecta, se construye día a día con la participación de los poderes y órdenes de gobiernos, la ciudadanía y los expertos en el tema con personas como las que hoy aquí, y a quienes les agradezco la gentileza de su presencia para comenzar y seguir construyendo nuestra democracia.
La moderadora diputada Graciela Sánchez Ortiz: Hoy nos acompañan el doctor Matías Chiquito Díaz de León, el doctor Armando Hernández Cruz, el maestrante Marco Antonio Reyes Anguiano, la maestra María Luisa Oviedo Quezada y el doctor Raúl Ávila Ortiz.
Hoy también tengo el gusto y el honor de presentarles a quien me acompañará en la moderación de este importante foro, al doctor Gonzalo Badillo Moreno, quien es el secretario técnico de la Comisión de Reforma Política-Electoral y me acompañará.
Antes de darle la palabra a nuestros invitados, les informo que la mecánica de la reunión es la siguiente: en primer lugar, se dará la palabra a cada una de las y ponentes por orden de lista y tendrán el uso de la palabra hasta por siete minutos, después se realizarán dos rondas de preguntas y de respuestas en la que las y los diputados tendrían tres minutos para realizar su cuestionamiento y los ponentes hasta cinco minutos para contestar.
Le doy también la más cordial bienvenida, de forma presencial, a la diputada Eunice Monzón. A través de la vía Zoom, nos acompañan el diputado Benjamín Robles Montoya y la diputada Cristina Ruíz Sandoval.
La moderadora diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le pido entonces, al doctor Gonzalo Badillo, me haga favor de presentar al primer ponente.
El moderador Gonzalo Badillo Moreno: Muy bien. Nuestro primer ponente es Matías Chiquito Díaz de León. Él es doctor en administración pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Instituto Internacional de Derecho del Estado. Desde 1995 es profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se ha desempeñado en diversos cargos como vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Zacatecas. Vocal ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en los estados de Baja California y Guanajuato y delegado del Instituto Nacional Electoral en los estados de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, estado de México, Durango y Zacatecas.
Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el Congreso de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde fue magistrado presidente y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es coautor de libros, Derecho Procesal Electoral Comparado en México, La Reforma Político-Electoral y el necesario rediseño institucional del Distrito Federal Mexicano. Es todo, presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: A ver, adelante, doctor Matías.
El ciudadano Matías Chiquito Díaz de León: Muchas gracias. Muy buenas tardes, a lo que respecta al honorable Congreso... Saludos. Buenas tardes, nuevamente. A la honorable Cámara de Diputados, a la LXV Legislatura, desde luego nuestro agradecimiento a la Junta de Coordinación Política, por esta invitación para el foro de los parlamentos, del parlamento abierto, en este caso específicamente con el tema de la legislación electoral única.
En los planteamientos que me toca realizar desde mi visión del Instituto Nacional Electoral, y he de decirle que no es una visión interesada, porque no estoy en la fila para integrarme a los institutos electorales de los estados, desde luego que no, y en el Servicio Civil de Carrera creo que ya, lo que tenía que hacer ya lo agoté. El planteamiento que haré es desde mi percepción como funcionario electoral y la experiencia que nos ha dado el Servicio de Carrera, el servicio electoral. Mi planteamiento es que sí es necesaria, creo que urgente una legislación electoral única, pero no la desaparición de los institutos electorales de los estados. Creo que podemos convivir sanamente con una legislación electoral única, pero los institutos electorales de los estados deben subsistir y en mis planteamientos daré las razones.
Por qué la necesidad de una legislación electoral única. Bueno, hago referencia a los antecedentes. En 2012 el Pacto por México trajo el intento pues ya de una legislación electoral única, la nacionalización del sistema electoral. Sin embargo, el decreto de reformas a la Constitución del 10 de febrero y el decreto del 23 de mayo del 14 que publica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estas normas, contrario a toda lógica jurídica, siendo una legislación general, la legislación electoral siendo una legislación electoral general, nacional, podríamos decir, dejó viva o dejó vigente la legislación electoral de las entidades. Es decir, subsistió o subsiste la ley general con leyes electorales de las entidades federativas.
Luego entonces, a partir de la transformación de IFE a INE, desde la vigencia del Instituto Nacional Electoral, se ha generado una constante contradicción entre los acuerdos del Consejo General y las leyes electorales de los estados. Hay un fenómeno nada saludable para el sistema constitucional mexicano donde un acuerdo del Consejo General, pensemos en el Reglamento de Elecciones de INE. El Reglamento de Elecciones puede anular o aplicarse aún por encima de las disposiciones de una Constitución local y de las leyes electorales de los estados.
Creo que en un sistema constitucional no es prudente ni sano que este fenómeno ocurra. Por eso es que sí es necesaria la legislación, una legislación electoral única. Ahora, la experiencia nos dice que, en el proceso de concentración de normas, de atribuciones, ese proceso de concentración luego va en sentido contrario a la expansión de los derechos fundamentales. Entonces cómo nacionalizar el sistema sin afectar los derechos fundamentales, o sin restringir derechos fundamentales.
Y aquí va mi reflexión. Las reformas electorales de los años noventa a la fecha se han preocupado más de lo jurídico, de lo estrictamente legal, lo formal. Pero no han tocado de manera sustantiva la parte organizativa del poder, los equilibrios del poder, eso no lo han tocado. En términos de la teoría de los sistemas electorales, podríamos decir que estas reformas se han hecho con una visión desde el cabús, pero no han entrado a la sala de máquinas, como dicen los teóricos, y creo que hay que entrar a la sala de máquinas. Y para entrar ahí sin afectar derechos, sin restringir derechos... recuerdo o traigo a cuenta cuatro acciones, cuatro verbos del sistema democrático: elegir, representar, deliberar y acordar. Cuatro acciones que el sistema democrático debe tener. Y evaluemos qué tanto elegimos, qué tanto representamos, qué tanto deliberamos y qué tanto acordamos.
Luego entonces, esta legislación electoral única, además de lo que ya plantea la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos... hay algunos contenidos que necesariamente se deben incorporar a las normas. Antes de pensar en desaparecer a los llamados Oples creo que debemos ir al cuarto de máquinas.
Temas fundamentales. La regulación de los partidos políticos desde uniformar los procesos de formación, de liquidación en el ámbito local a nivel... estandarizarlo, pues, que no haya reglas en las 32 entidades distintas, sino que sea una sola. Pero más fundamental, estas son reglas básicas. Los partidos políticos requieren fortalecer o desarrollar su vida interna. Es materialmente imposible que las elecciones internas de los partidos políticos revistan procesos democráticos, imposible que así sea.
Luego entonces, las elecciones internas de los partidos, no como posibilidad sino como obligación, deben ser operadas por un órgano ajeno a los partidos, en este caso el INE. Ya existe la posibilidad, pero hay que ponerla como obligación. Las elecciones de los partidos internas por fuerza de dirigencias ordenadas por el INE, reguladas por el INE. Y la elección de candidaturas. Cómo podemos decir que el ciudadano tiene el derecho de elegir si las candidaturas son definidas en el ámbito cupular de los partidos. El ciudadano solo legitima lo que ya los partidos definieron. Creo que acorde a una propuesta del Partido Acción Nacional, elecciones primarias. Y esto les quita problemas a los partidos, infinidad de problemas.
Entonces elecciones internas ordenadas, reguladas por el INE. Elecciones de candidaturas ordenadas por el INE. Y la conservación y fortalecimiento de los institutos electorales de los estados como parte fundamental del sistema federal. Ese sería mi planteamiento de entrada. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted, doctor Matías.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Enseguida le solicito al secretario técnico, al doctor Gonzalo, dé lectura de la síntesis curricular del doctor Armando Hernández Cruz.
El moderador Gonzalo Badillo Moreno: Armando Hernández Cruz es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en derecho electoral y licenciaturas en economía y periodismo. Tiene especialidad en derecho parlamentario y técnica legislativa. Actualmente es el director general titular de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el que fue magistrado presidente, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Es coautor de las publicaciones Derecho procesal electoral comparado en México, La reforma política electoral, El necesario rediseño institucional del Distrito Federal, y Eficacia constitucional y derechos humanos, entre otros. Listo.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, doctor Armando.
El ciudadano Armando Hernández Cruz: Después de, por supuesto, dar el agradecimiento por la posibilidad de estar aquí con ustedes el día de hoy, haré simplemente una lista. No tendré suficiente tiempo para argumentar cada uno de los puntos, pero quisiera hacer un listado de sugerencias, de propuestas que me parece que pueden ser detonantes de algún análisis y reflexión.
Existen, desde mi punto de vista, tres leyes sustantivas y una procesal en términos de materias que deberían ser revisadas para su posible unificación, las leyes sustantivas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluye la parte orgánica, es decir, la organización, estructura y funciones del INE, su relación con los OPLE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está también la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Delitos Electorales. Por el apartado procesal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Estudiar la unificación de la legislación electoral implica revisar el contenido de estas y el proceso en el cual el Sistema Nacional Electoral pueda ser eficaz a partir de esta posible unificación de la legislación electoral. En mi opinión, el Sistema Nacional Electoral es una excepción al régimen de distribución de competencias que establece el artículo 124 de la Constitución, que señala que lo que no está conferido a los funcionarios federales se tiene reservado a los de los estados.
Los sistemas nacionales se han puesto en los últimos años de moda. Hay Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, hay distintos sistemas nacionales y uno de ellos es el Sistema Nacional Electoral, con todas sus características, complejidades y dificultades.
En mi opinión, sería conveniente revisar la posibilidad de suprimir o eliminar los Códigos Electorales de las entidades federativas. Sé que no es muy popular y sé que muchos piensan que esto puede atender contra la autonomía de las entidades federativas, pero ya el sistema como está, como quedó en 2014, quedó en un paso intermedio entre una cosa y otra, y creo que es menos funcional.
O como estaba antes o llegar a la totalidad de lo que se había planteado originalmente, que es contar con una legislación nacional y un organismo que se encargue de la organización de las elecciones federales, estatales y municipales. Porque el Sistema Electoral Nacional, como lo tenemos en la actualidad, tiene diversos grados de complejidad que generan antinomias, generan confusiones y requieren armonización, como ya lo decía el anterior expositor, entre disposiciones administrativas como el Reglamento General de Elecciones y los Códigos Electorales o Constituciones, incluso de las entidades federativas. Entonces, eso necesita una solución.
En mi opinión, asumir que la federación asuma la legislación electoral de todas las entidades federativas, lo mismo con la legislación procesal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación podría también establecer medios de impugnación únicos para el nivel de elecciones federales, locales y municipales. Ya hay una propuesta en ese sentido, inclusive hay una obra dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tuve el gusto de participar, y replantea esta posibilidad.
Es necesario también precisar y delimitar las facultades normativas del INE para resolver problema de las jerarquías normativas entre estos instrumentos administrativos, decretos, acuerdos y reglamentos que emite el INE y armonizarlos con otras disposiciones de índole federal.
Por otro lado, también me parece importante que, si ya en la materia administrativa hay un Sistema Nacional Electoral, desde el punto de vista jurisdiccional también exista un sistema nacional de justicia electoral. Los sistemas nacionales articulan a los órganos federales, estatales y, en su caso, municipales, la justicia electoral, al igual requeriría, la igual que la parte administrativa, la misma relación entre el INE y los OPLE que hay actualmente. Revisar cuál es la relación entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los de las entidades federativas.
En mi opinión, vale la pena reflexionar sobre una Ley General de Medios de Impugnación que abarque tanto a nivel federa como local. Lo mismo sucede con precisar el alcance y naturaleza jurídica del concepto leyes generales, en concordancia con lo que dispone el artículo 133 constitucional. Me parece que a veces hay confusión sobre la naturaleza y el alcance que tiene una ley general, incluso hasta desde el punto de vista de jerarquías, que es necesario para la solución de antinomias o contradicciones entre el contenido de las normas.
Lo mismo con la naturaleza y alcance del concepto organismos nacionales, como es el caso del Instituto Nacional Electoral. También me parece importante darle a la Ley General de Partidos el carácter de ley reglamentaria, el artículo 41 constitucional en la materia, por supuesto, porque de esa base constitucional es de donde se desprende la regulación de los partidos políticos.
Propongo también revisar la posibilidad de suprimir los delitos electorales de los Códigos Penales de las entidades federativas y dejar todo en la Ley General sobre Delitos Electorales, es decir, mi postura, como ustedes pueden observar, es que los organismos nacionales asuman competencias que tienen actualmente las instancias de orden local, sobre todo desde el punto de vista legislativo.
La libertad de configuración legislativa que tienen las entidades federativas, desafortunadamente, choca y genera enormes espacios de contradicción que no tienen un mecanismo, un método específico de solución de antinomias, conflictos o contradicciones y por esa razón, en mí opinión, el avance en la legislación electoral única sí implicaría que la federación asuma la creación de ordenamientos generales que regulen las instancias locales, tanto en la materia penal-electoral, en la materia administrativa-electoral y en la materia jurisdiccional-electoral. Básicamente mi postura va en ese sentido.
Y, bueno, por último también la posibilidad de incluir en la Ley General de Delitos Electorales sanciones por delitos cometidos no solo en procesos electorales, sino también en consultas ciudadanas, en procesos de revocación de mandato, en cualquier procedimientos electivo intrapartidario o incluso en los procedimientos de participación ciudadana o incluso en los procedimientos de participación ciudadana que algunas entidades federativas como la Ciudad de México tienen regulados en sus Leyes de Participación Ciudadana.
A mí me parece que con estas medidas se facilita el entramado complejo de articulación entre el INE, entre los OPLE, entre las leyes generales, las leyes locales podrían facilitarse y, sobre todo, lo que creo que buscamos todos es ayudar a una reflexión que permita hacer más eficaz el funcionamiento de las instituciones, a simplificarlo y a dar mejores resultados.
Si vemos, por ejemplo, nada más el caso de la casilla única y cómo se capacita a los funcionarios de la casilla única bajo la legislación federal y no la legislación local cuando se trata de elecciones concurrentes, ahí hay una muestra de por qué esta medida, este tipo de medidas son necesarias. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted licenciado, perdón, doctor Armando Hernández Cruz.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra al licenciado Marco Antonio Reyes Anguiano, previa lectura de su síntesis curricular.
El moderador Gonzalo Badillo Moreno: Marco Antonio Reyes Anguiano es maestrante en derecho procesal constitucional y sistemas orales, y licenciado en derecho, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó varios diplomados en materia electoral y parlamentaria también en la UNAM. Se desempeña como coordinador de asesores de consejero en el Instituto Nacional Electoral y como abogado litigante en el despacho AIJ Fénix, en asuntos civiles, familiares, amparo y electorales.
Fue asesor de la procuradora social de la Ciudad de México en materia de derecho condominal, coordinador de asesores de grupo parlamentario, asesor adscrito a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, asesor electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ha sido representante ante los consejos electorales y capacitador de estructura jurídica y electoral. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, licenciado Marco Antonio Reyes Anguiano.
El ciudadano Marco Antonio Reyes Anguiano: Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, hay una de las cuestiones que es necesario considerar. Esta propuesta que estamos analizando parte de una situación en donde lo que se pretende es entrar a lo que es la austeridad. Creo que hay que verlo al revés, hay que ver primero cómo hacemos eficiente los procesos y eso necesariamente nos va a llevar a ahorros significativos, que es lo que en un momento dado se pretende.
Mi postura es a favor de la legislación electoral única por muchas razones, ya aquí se exhibieron algunas de las tantas que podría yo coincidir, pero una de las cuestiones muy importantes es para el operador de la norma. Una de las posturas que se comentaban es esta parte en donde el propio reglamento del Instituto Nacional Electoral se llega a enfrentar a Constituciones o a normas locales a efecto de poder organizar las elecciones.
Tenemos una variedad, las 32 legislaciones locales, que de verdad me ha tocado estudiarlas y muchas de ellas a partir de la reforma de 2014, en donde se pretendió hacer una... donde quedamos a la mitad entre hacer una legislación única y que cada estado, cada entidad tuviera su propia legislación se hicieron acomodos legislativos que de verdad a mí me llama la atención mucho por ejemplo el caso de Puebla, en donde el propio Código Electoral se contradice y tiene que ser una legislación posterior o un reglamento lo que pueda en un momento dado salivar estas antinomias propias que tiene el Código Electoral.
Una de las situaciones que a mí me gustaría tocar también es esta en la propuesta, si se afecta un tanto lo que es nuestra concepción de federalismo. En la concepción de federalismo a lo mejor decimos que cada entidad debe tener su propia legislación y ha habido algunas personas con las que he comentado que no están de acuerdo con la legislación electoral única, por esta lesión que se podría generar, pero creo que no tenemos en absoluto por qué tenerle animadversión a una legislación única.
Ya actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales ha demostrado un buen funcionamiento, en donde las autoridades locales son las que lo aplican y tenemos muchas más. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo a final de cuentas es una legislación única en materia laboral. Tenemos el Código de Comercio, el cual es una ley única en materia de comercio y no hemos tenido mala experiencia como Estado mexicano.
Es importante mencionar que una de las situaciones que sí considero que puede trastocar el federalismo es el hecho de que el Constituyente Permanente les diga a las entidades cómo deben organizarse internamente. ¿A qué me refiero? Cuántos diputados debes tener y cómo debes elegirlos. Cuántos regidores, cuantos síndicos y cómo los vas a elegir y cuántos debes tener de acuerdo con tu población.
Creo yo que eso es una situación que independientemente de que no es parte de algo electoral, sino más bien viene siendo algo de lo que es las estructuras del Estado, no sería conveniente que sea el Poder Legislativo federal el que tenga que decir cómo se deben organizar las entidades.
Ahora, en cuanto a la existencia o no de los OPLE, a mí en lo personal creo que no comparto la idea de desaparecerlos. Creo yo que sí se debería revisar también las funciones que se tienen en el INE con estos organismos, como son las juntas distritales o las juntas locales, porque creo yo que sí hay oportunidad para en un momento dado dar ciertas funciones en tiempos son electorales, o tal vez hacerlas temporales, que única y exclusivamente estén funcionando en tiempos de elecciones.
Es importante hacer esta revisión no solamente de ese tipo de órganos, sino hacia el interior del propio Instituto Nacional Electoral y de los propios OPLE. No necesitamos, y voy con esta, aquí sí es en donde voy de la mano con esta parte en donde se pretenden ahorros, no necesitamos probablemente órganos tan grandes para, en algunos de los casos en los OPLE, prácticamente ahorita sus funciones son las de recibir quejas y hacer dos o tres funciones que nada más en tiempos electorales.
Entonces, mi postura sí es la conservación de los OPLE, hacer una legislación electoral única. Tenemos que tocar necesariamente lo que es la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Es una ley que no se ha tocado prácticamente desde que se diseñó, hay algunas situaciones que no comparto muchas veces en la forma en la que la Sala Superior ha resuelto, sin embargo, el hecho de que no las comparta yo no significa que puedan estar mal, pero sí creo yo que muchas de las funciones que se han hecho por parte del Instituto Nacional Electoral, por parte de los OPLE o por parte de los órganos jurisdiccionales, corresponden a esta soberanía.
Por ejemplo, hablamos de las acciones afirmativas, ¿hasta dónde debemos llegar las acciones afirmativas? Y es un tema que sí sería pertinente que la legislación electoral única lo tocara y generara una reserva de ley, a efecto de evitar que dijéramos, no quiero hablar de... moralismo de parte de los juzgadores sean los que finalmente terminan legislando. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le agradecemos su participación, licenciado Marco Antonio.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: A continuación, escucharemos su participación de la maestra María Luisa Oviedo Quezada, no sin antes también saludar, si me permiten saludar a la diputada Susana Prieto Terrazas, quien nos acompaña y nos sigue a través del Zoom. Muchísimas gracias. Adelante.
El moderador Gonzalo Badillo Moreno: María Luisa Oviedo Quezada es maestra en Derecho Civil, Procesal Civil y Derecho Electoral. Ha realizado cursos, diplomados en materia de amparo, violencia contra las mujeres y en múltiples temas de derecho electoral. Es profesora de la materia de derecho electoral en la Universidad La Salle.
Se ha desempeñado como abogada postulante. Tiene carrera en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y tiene experiencia en materia de Derecho Familiar. Fue secretaria técnica en la Comisión de Derechos Humanos y directora jurídica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Asimismo, fue fundadora del Tribunal Electoral en 1993, magistrada en dos periodos y presidenta. Ha publicado diversos artículos sobre temas relacionados con la materia electoral y los derechos de las mujeres. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, si nos hace el honor de participar, maestra María Luisa Oviedo.
La ciudadana María Luisa Oviedo Quezada: Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Agradezco la invitación que me fue formulada para participar en este importante foro de discusión en torno a la reforma electoral que nos ocupa. Agradezco a los diputados y agradezco, presidenta, su atención. Y con el permiso de los compañeros de la mesa voy a exponer mi punto de vista desde la expertiz en este tránsito de la materia electoral.
Hace un momento escuchaba en algunas de mis compañeras su experiencia a partir de 1999. Y como ya lo escucharon en mi semblanza curricular, mi experiencia en esta materia data desde 1993. Propiamente, casi cuando nace el Derecho Electoral. Y ello me ha permitido entender ese avance que ha tenido de manera significativa el derecho electoral.
En ese orden de ideas es que puedo comentar que debemos partir, ¿qué queremos decir con una legislación electoral única? Partamos del hecho de que la legislación electoral generalmente está comprendida y parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Constitución de cualquier país, voy a generalizar. Y que idealmente ese conjunto normativo, contemplado en la Constitución, está hecho para durar en el tiempo.
En nuestro país pareciera que es lo contrario, hay que estar reformando, reformando y reformando y tenemos ene cantidad de reformas constitucionales, que yo preguntaría si eso es sano o no para un país y para un país democrático.
Tenemos también la legislación electoral en estricto sentido, estricto sensu. Y debo reconocer que en ese tema tenemos una diversidad de legislación en materia electoral. Tenemos una reglamentación de la legislación electoral muy dispersa.
Y, efectivamente, ya comentaban que dadas las circunstancias que se van presentando hoy, el INE va construyendo y sacando acuerdos y acuerdos y acuerdos que van corrigiendo o dándole forma a los imponderables que se van presentando.
Y voy a poner un ejemplo de uno de esos imponderables, en donde el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron que regular. Y me refiero a la pandemia y a esa nueva regla de trabajo, nueva reglamentación para poder continuar en el trabajo sin truncarlo, a través de un reglamento. Entonces, no hay una reglamentación perfecta, no hay una ley perfecta y no hay un sistema perfecto.
También en este cuerpo normativo que nos rige no podemos olvidar la jurisprudencia en la materia electoral y tampoco las sentencias, que es una norma individualizada. Y todo ello forma parte de nuestro cuerpo normativo.
Entonces, por eso partí ¿qué queremos decir con una legislación única electoral? Nos estamos refiriendo a un solo librito que contenga una serie de normas jurídicas en materia electoral y siempre va a ser necesario complementarla con algo más.
Entonces, ¿hacia dónde vamos con una legislación única en materia electoral? Como ya mencionamos o ya las personas que me han antecedido, la legislación electoral comprende la LGIPE, la Ley General de Partido Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación y otras tantas que de todos nosotros es conocido.
Aquí hay normas sustantivas y hay normas adjetivas, ¿cuáles de estas son perfectibles? Todas. Y en este tema ya lo mencionaban, veo que el tiempo corre muy rápido, sí pretendemos hacer una homologación de las normas, yo preguntaría o propondría, que también haya una homologación en los presupuestos para las autoridades electorales y una homologación para las percepciones de quienes desarrollan esta actividad electoral, porque mientras en Chihuahua ganan más de 100 mil y tantos mil pesos, en lugares como Tlaxcala algunas veces no llega ni a los 50 ni a los 70.
Entonces, ¿qué pretendemos con una legislación única electoral? Y aquí tiene mucho qué ver el tema de la división de Poderes, no podemos verlo de manera aislada, tenemos que ver todo el contexto de la reforma y en ese contexto de la reforma me lleva al tema de la división de Poderes, a los contrapesos necesarios y al equilibrio que debe existir.
No por nada nuestra Constitución habla de esa división de Poderes y esa división de competencias en tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal, para que haya un respeto en esas competencias.
Y también tenemos en el ejercicio del poder un solo poder, que para que su función sea ejercida de manera eficiente y no abusiva tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
¿Qué pretendemos con esta reforma? Una concentración de poder en un órgano todo poderoso que despache desde el centro y deje a las entidades federativas, a los municipios, a los grupos étnicos, a los grupos de allá de las comunidades de la sierra alta, de la sierra gorda en la región del centro, a los tarahumaras, en una situación de desventaja, porque desde el centro estamos tratando de controlar algo que, desde lo pequeño, desde lo local realmente se conocen las necesidades.
En fin, mi propuesta va, mi punto de vista en base, con base en la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años, es que una legislación única en la materia electoral no resuelve el problema de la democracia ni de la participación ciudadana, por el contrario, esas contradicciones no se van a resolver, contradicciones entre normas no se van a resolver con una legislación única.
Finalmente, lo cierto es que la Sala Superior ante un conflicto de normas va a resolver lo más favorable al ciudadano justiciable. Eso es lo que nos dice la experiencia. No lo resuelve de manera concreta y absoluta la legislación. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted, por su participación, maestra María Luisa Oviedo Quezada.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: A continuación, para cerrar el bloque de participaciones, le vamos a dar la palabra al doctor Raúl Ávila Ortiz. Adelante, doctor Gonzalo, con su presentación de su síntesis curricular, por favor.
El moderador Gonzalo Badillo Moreno: Gracias, presidenta. Raúl Ávila Ortiz, es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas, Austin. Cuenta con las especialidades de derechos fundamentales y justicia constitucional, por la Universidad de Castilla-La Macha, y de bases de derecho aprobatorio y racionalidad legislativa, por la Universidad de Girona.
Actualmente, es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación. Preside el Comité Tutoral del Programa de Doctorado en Derecho Electoral. Y es tutor en programas de doctorado en varias universidades de México. Entre 1997 y 2004 se desempeñó, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Asuntos Internacionales y como asesor de la presidencia del mismo.
De 2008 a 2016 fue consultor internacional en materia electoral y representante del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral Internacional en México, por lo que ha participado en eventos académicos y en numerosos países de los cinco continentes. Es autor y coautor de varios libros y artículos académicos, periodísticos, en temas de sus especialidades. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por la presentación doctor Gonzalo Badillo. Adelante, doctor Raúl.
El ciudadano Raúl Ávila Ortiz: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas a todos, en particular a las y los diputados tanto a quienes están aquí presencialmente, como a quienes están siguiendo este evento a través del Zoom o las redes sociales. Por supuesto a las y los colegas aquí presentes, a quien he escuchado con mucha atención por la riqueza de sus planteamientos que dejan muy poco espacio para poder agregar algo más relevante de lo que han dicho, y aun así lo voy a intentar. Por supuesto, a los representantes de medios de comunicación y otras y otros colegas aquí presentes.
Bueno, en mi experiencia, sobre todo en la experiencia comparativa de haber acompañado al doctor Dieter Nohle, al doctor Daniel Zovatto, que son expertos en la comparación de las leyes electorales y de los sistemas político-electorales en varios países de América Latina en particular, pues sabemos que hay, digamos, que tres piezas clave que hay que tomar en consideración para un diseño o rediseño de un sistema electoral o del sistema político que incluye el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno.
Primero, son los objetivos, generales, el objetivo general y los objetivos particulares. Aquí ya se ha hablado de ellos y los doy por prácticamente reproducidos. Si me permiten subrayar, me parece que del texto que leyó la diputada Graciela Sánchez al inicio, pues muy claramente se establece que el objetivo es la austeridad, que hay que reducir los costos, que –digamos– el sistema electoral que ha rendido muy buenos frutos a la democracia en el país también se ha hecho muy grande, probablemente desproporcionado y costoso.
Entonces, ese es el objetivo, que me parece que también está en la iniciativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Segundo, aquí entramos a discutir, y yo llamaría a que esta parte fuera muy bien analizada para este y para otras mesas, cuáles son otros objetivos.
Parece que –viendo la iniciativa del presidente, y me refiero a ella porque es la que he estudiado con mayor detenimiento– están establecidos los objetivos particulares, y sí se habla de la importancia de lograr, por ejemplo, una mayor legitimidad, de representatividad, ese tipo de conceptos, eficiencia, eficacia, como se dijo aquí, participación ciudadana.
Entonces, esos objetivos tienen que ser analizados con detalle de acuerdo con esta experiencia comparada, porque no son objetivos exclusivos ni excluyentes. De hecho, el arte de la legislación electoral, hasta donde yo he podido observar, consiste en balancear esos objetivos. Y eso, ese balanceo es el que permite el empezar a tomar las decisiones sobre los contenidos y los métodos.
Yo podría decir que del análisis del último libro coordinado por el doctor Luis Carlos Ugalde, que se llama Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, en donde escribieron una veintena o más de expertos en materia electoral constitucional, se puede recabar la experiencia de dos consejeros que han dejado de ser consejeros recientemente del INE, una consejera y un consejero, en donde dicen –en síntesis–, cualquiera que sea el modelo, de todas maneras va a funcionar, ¿qué tal eso?
O sea, si es totalmente centralizado o mixto o descentralizado, va a funcionar. Los mexicanos tenemos más de 200 años de experiencia organizando elecciones y resolviendo conflictos. Y tenemos claro también, una cultura política y jurídica bastante peculiar muy rijosa, litigiosa y de lo que se trataría es que el diseño y la operación de estas instituciones pudiera realmente recoger la demanda social-política, procesar esa demanda y darle respuesta oportuna, pertinente, para lograr estos objetivos que mencionamos y de preferencia a un costo razonable. Eso me parece muy correcto.
Luego entonces habría que ver los tres escenarios posibles. Uno, terminar –como bien dijo la maestra– de consumar la trayectoria que se inició en 2007, se consolidó, se fortaleció en 2014, de concentrar en órganos nacionales unas funciones que, si recordamos, también fueron dudosamente ejecutadas, hay que decirlo, por unos más y otros menos, institutos electorales locales o tribunales electorales locales, porque no todos los estados van con el mismo reloj nacional.
Hay veces, uno aterriza en un estado y parece que regresa el tiempo como 10 o 15 años, en relación con el desarrollo de la cultura política o jurídica, y en otros van más avanzados. Entonces, este es un punto que habría que evaluar, porque en el primer escenario se antoja muy claro, como se ha dicho aquí, me parece que el doctor Armando Hernández, lo dijo con meridiana claridad y precisión, que si se realiza esta operación de integración, vamos a decir, en el lenguaje de las políticas públicas y no de delegación, en una sola institución nacional y con una sola ley o con leyes nacionales, o bien con leyes nacionales –y como lo dijo el maestro Matías con, y también lo dijo nuestro otro colega que ha participado brillantemente– con organismos electorales locales también podría funcionar.
O sea, me parece que hay evidencia de que funciona. Yo fui testigo en 2014, el tiempo verdad, de que el PAN y el PRD le plantearon al PRI que tendría que montarse el modelo 2014 con el Instituto Nacional Electoral para homologar la calidad de la organización de las elecciones y la resolución de los conflictos y consumar las alternancias pendientes, porque el PRI no había perdido en 9 u 11 entidades federativas, 8, 10 años después solo no ha perdido en 2. El modelo funciona. Por supuesto que funciona. Ahora, a qué costo y con qué objetivo. Entonces ese sería mi mensaje fundamentalmente.
El segundo...Ah bueno, nos ahorraríamos muchos problemas con una legislación unificada. Por ejemplo, podríamos, entre otras ventajas, el asegurar una mayor coherencia con los parámetros convencionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el marco internacional de los derechos humanos, eso claramente.
Segundo. Le ahorraríamos trabajo y costos a la corte, por cada vez que se aprueba una reforma en una entidad federativa llueven las acciones de inconstitucionalidad, legítimas o por estrategia, que también es válido desde el ángulo político, de tal suerte que habría que considerar ese tipo de implicaciones.
Ya para encaminarme al final, dije que tres escenarios, no. El segundo, pues el mantener las cosas como están, perfeccionarlas y ver si es posible, apretar tuercas, quitar hojarasca, digamos, podar bien el árbol de la organización de las elecciones y resolución de los conflictos y transitar a otra etapa por ese camino.
Yo escuché recientemente en el foro de magistradas y magistrados electorales en Mérida, que con base en datos que presentó el presidente de la Asociación de Tribunales de la República Mexicana, el 30, solo el 30 por ciento del 100 por ciento de los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales locales, se impugnan ante un Tribunal Electoral Local, y de esos como 100, se van a las salas regionales y a las Sala superior aproximadamente el 30 por ciento.
Entonces, yo creo que sí requerimos, en términos de una política pública, de una decisión pública en la sede legislativa, el que –y ya concluyo– sí se haga un análisis estadístico cuidadoso, cuantitativo y cualitativo, para tomar la mejor decisión, porque parecería que el modelo ha funcionado y que, curiosamente, si se determina descentralizar puede funcionar mejor y si se deja como está y se reajusta también. La diferencia probablemente sí sea el costo. Y el último escenario sería la devolución, y la devolución que se antoja mucho más complicada y que creo que no está en la agenda. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias. Gracias por su participación, doctor Raúl Ávila. Saludamos al diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, que está conectado por vía Zoom.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para la primera ronda de preguntas y respuestas se ha registrado la diputada Eunice Monzón y el diputado Benjamín Robles Montoya. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Eunice Monzón para formular su pregunta.
La diputada Eunice Monzón García: Muchas gracias, diputada presidenta. Primero pues dar la bienvenida a tan excelente calidad de ponentes. Es un gusto y un placer, y aprende uno mucho de ustedes. La verdad, es muy grato estar aquí. Las preguntas serían tres en una para todos, realmente quien la quiera contestar, por favor. De cualquiera es bienvenida.
En estos foros se han planteado los problemas que existen en torno al desarrollo de los procesos, los medios de impugnación y los delitos en materia electoral, y en muchos casos se ha hecho referencia a la necesidad de homologar reglas y criterios que abonen a la certidumbre jurídica en los comicios. En muchos casos las resoluciones administrativas y las sentencias de los tribunales electorales no son homogéneas y resultan contradictorias, lo cual es grave para todo sistema democrático.
En la iniciativa planteada por el Ejecutivo federal se establece la posibilidad de contar con una legislación única en materia electoral, un solo órgano administrativo encargado de la planeación e implementación de los comicios, y un solo órgano encargado de dirimir los conflictos para otorgar la certeza jurídica que requiere todo proceso electoral, lo cual también reduciría una gran cantidad de recursos económicos destinados a mantener el sistema que hoy tenemos.
Tomando en consideración todo lo anterior, las preguntas serían: ¿Consideran ustedes que la promulgación de una legislación electoral única resolvería la necesidad de homologar reglas y criterios en la materia? Asimismo, como el que haya una sola autoridad administrativa y jurisdiccional, ¿resolvería el exceso de judicialización de los procesos electorales? ¿Y qué otros mecanismos proponen ustedes que se podrían implementar para lograr la certidumbre jurídica que requiere nuestro sistema democrático? Muchas gracias a todos. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: No sé quién guste dar respuesta. Ah. Okey. Muy bien.
El ciudadano Matías Chiquito Díaz de León: Si me permite comentar en los términos de la diputada... en los planteamientos de la diputada Eunice Monzón. Lo hemos valorado y creo que coincidimos en una legislación electoral única. Pero no es solo la ley lo que debe formularse, decía yo en mi planteamiento. La ley debe ir acompañada de una regulación a la integración y ejercicio del poder político. De poco nos sirven leyes, códigos o la unificación de leyes si no logramos un equilibrio en el ejercicio del poder. Y creo yo que sí homologaríamos criterios en la... bueno, en la organización de elecciones, en la administración de justicia electoral. Porque, bueno, lo decía el doctor Raúl, luego nuestra cultura política y de legalidad es de valorarse.
Dicen los teóricos de la administración que la cultura organizacional debe ir como desayuno en la estrategia. Si no hay una buena cultura que abone, la estrategia no es buena. Los teóricos de los sistemas electorales han dicho igual que un sistema electoral no es milagroso, debe ir acompañado de una determinada cultura de legalidad. Y si estamos en un sistema democrático, debe ir acompañada de una cultura en el ejercicio de la democracia.
Y la democracia como virtud pues no se aprende en la escuela ni se aprende en los libros. La democracia como virtud se ejercita. En los términos de las virtudes aristotélicas... decía Aristóteles: si hemos de aprender a cantar, pues hay que aprender cantando; a bailar, bailando. Y si hemos de aprender a ser demócratas creo que debemos aprender ejercitando las prácticas propiamente democráticas. Por eso planteaba yo que desde la sala de máquinas empezar por los partidos políticos. El hecho de que la autoridad electoral incida en las elecciones internas de los partidos no afecta la integridad de los partidos, más bien la fortalece.
Yo le diría: entrar desde ahí, que es la puerta del sistema electoral, el sistema de partidos, más que debilitar a los partidos los fortalece, porque los democratiza. Tal vez saldrían perdiendo los viejos caciques de los partidos políticos, los que siempre han decidido candidaturas. Creo que, si institucionalizamos las elecciones internas de los partidos, estaríamos transitando a una verdadera democracia interna de los partidos y esa práctica democrática en los partidos se estaría reflejando en el ejercicio del poder público.
Es decir, si somos producto, quien llega al poder público es producto de procesos democráticos regulados, institucionalizados, va a prever que en el ejercicio del poder igual sea. Creo que mucho abona a estandarizar lo procesos electorales. Bueno, ayuda desde luego la ley. Los humanos somos interesados por naturaleza y una buena legislación creo que nos llamaría o nos llevaría a actuar conforme a principios, a normas a valores, y ese actuar se nos tiene que hacer hábito. Un día se nos tiene que hacer el habito de la legalidad y de los ejercicios democráticos.
Una legislación electoral única nos sirve en todos los aspectos: integrar los procesos democratizadores en la interpretación de la norma, lo plantea el diputado, una sola autoridad jurisdiccional creo que ayudaría. Yo le podría decir que el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun cuando es uno solo, con cinco salas tradicionales y otras especializadas, no siempre dan con bola. Aun en su interior hay ciertas contradicciones, pero es parte del proceso. Y si va usted a los Tribunales Electorales de los estados, ahí sí da miedo entrarle. Creo que sí abonaría mucho en la parte jurisdiccional esta integración.
Vuelvo a mi planteamiento, sí a la legislación electoral única, no a la desaparición de los institutos electorales de los estados, porque esos entes públicos son el eje articulador, son el centro en torno al cual funciona el sistema de partidos en el ámbito local. Si le quitamos ese centro, si le quitamos ese eje articulador del sistema local de partidos, esos partidos se a chocar consigo, o peor, allá afuera.
Creo que los institutos electorales de los estados, más que una función operativa, están llamados a cumplir una función política, una función social. Creo que hay que fortalecerlos. Pero sí, una legislación electoral única nos resuelve más de la mitad del tramo, como ya se ha dicho.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le doy la palabra al licenciado Marco Antonio Reyes Anguiano, para llevar un orden. Uno de un lado, del lado derecho, y uno del lado izquierdo. Nos vamos así, si todos gustan dar la respuesta. Muchas gracias.
El ciudadano Marco Antonio Reyes Anguiano: A la derecha y a la izquierda. Sí, para entrar a este asunto la pregunta es si puede haber homogeneidad en los criterios. Creo que no. Se nos han dado experiencias amargas, a veces muy buenas, porque no todo es negatividad, pero la Sala Superior, desde su origen, cambia en los criterios. Ha habido muchos cambios de criterios.
Decía un buen amigo que era penalista que el derecho... Se tuvo que meter por circunstancias de la vida como comisionado en garantías y vigilancia en el PRD, y lo que me decía era: “Oye, es que esto es gelatinoso”. El derecho electoral era gelatinoso y, desgraciadamente, esta Sala Superior, esta última configuración de la Sala Superior –y lo digo desde una crítica de lo más fraterna y constructiva que se quiera ver– ha sido muy permeada por una especie de yuxmoralismo.
O sea, en donde el magistrado o los magistrados en un momento dado consideran que algo no está bien, de acuerdo con su propia conciencia, y lo hacen de una forma a veces un poco más inteligente, otras no. No lo digo yo, hay libros de la academia que lo dicen, y lo que hacen es ponderar. Avientan la ponderación en donde yo tengo una norma que fue hecha por esta soberanía, y un principio que también fue una invención de esta soberanía, pero que el principio permite navegar tremendamente en lo que puede ser mi moral. Enfrentarlo, y como siempre, una norma enfrentada a un principio es para derrotar la norma.
Entonces, vamos a encontrar homogeneidad con este sistema que tenemos de derecho electoral poco –bueno, utilizaré la palabra de mi amigo–, gelatinoso, creo que no podría ser factible. Creo que necesitamos también un Tribunal Electoral que se apegue más, si no completamente al iuspositivismo, sí un tanto más a lo que es el respeto, a lo que son las normas emitidas por esta soberanía.
Ahora, otra de las preguntas, si a la mejor tener una sola legislación va a evitar o va a quitar un poco lo que es la judicialización, tampoco lo creo. Consideremos una cosa, por qué los partidos políticos o los ciudadanos se van a la judicialización, por qué judicialización, es porque el resultado que les haya dado la autoridad administrativa no los convence, existe una desconfianza, o sea, yo desconfío de lo que el INE me resolvió, ¿por qué? Porque a mí no me... los argumentos que me dice el INE no son suficientes y a lo mejor me voy a la sala superior y no sé qué es lo que vaya a pasar o a una sala regional, no sé qué es lo que vaya a pasar, porque nuestro sistema electoral así es.
Al final de cuentas, no sabemos, creo que una de las pocas certezas que tenemos es que nos vaya a resolver el Tribunal Electoral. Podemos tener certeza en muchas cosas dentro del proceso, pero menos en esta.
Entonces, si tenemos este nivel de desconfianza todavía dentro de lo que son los partidos políticos y los ciudadanos, necesariamente vamos a tener como forma de finalizar esto yéndonos a consultar a los magistrados, a ver qué es lo que nos dicen ellos y si tenemos a magistrados que dentro de concepción de justicia es lo que mi moral me diga, creo que tenemos una falta de certeza que la considero grave, la considero grave porque han llegado a situaciones de legislar prácticamente a ordenarle a esta soberanía cómo debe hacer las normas, algo que no puedo compartir.
En un Estado democrático no es posible que 7 personas tengan una capacidad de decisión mayor que la de 628, que discutieron, que se sentaron, que pelearon, que se tiraron de todo, para que 7 personas sean las que le digan a este Congreso cómo debe resolver. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, muchísimas gracias a usted.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le damos la palabra al doctor Matías Chiquito Díaz de León, por favor. Perdón, ya me estoy confundiendo. Al doctor Armando Hernández Cruz. Doblemente me disculpo y le damos la palabra a la maestra María Luisa Oviedo Quezada.
La ciudadana María Luisa Oviedo Quezada: Gracias. Considero que en una legislación única no evitamos las contradicciones internas. Siempre se habla de coherencia interna y coherencia externa, y como lo dije en mi anterior participación, todas las leyes son perfectibles, el quehacer humano es perfectible y, por ello, es que una ley única no va a erradicar los errores de contradicción dentro del mismo orden jurídico, particularmente, en el tema electoral.
Y no es lo mismo una ley única en materia civil o en materia familiar en donde los derechos que se controvierten y se van a resolver son derechos entre particulares que una ley única en materia electoral, donde el eje toral es el ejercicio del poder a través de los ciudadanos o por los ciudadanos. Ahí la implicación es mayor, no porque los derechos de los particulares tengan una menor importancia, sino por el alcance que tienen unos y otros en el ámbito en el que van a repercutir.
En los derechos de los particulares repercute en un ambiente muy cerrado, muy cercano y en el ejercicio del poder nos impacta a todos, ciudadanos y no ciudadanos, adultos o menores, no importa, el ejercicio del poder nos impacta a todos. Y, en el tema de que pudiera disminuir la judicialización, no lo creo. Estoy convencida de que no, y uno tiene un aspecto teórico y otro práctico.
¿Por qué no va a reducirse? Teóricamente si pensamos que una ley única electoral va a reducir la judicialización estamos pensando en la limitación al acceso a la justicia, violación al 17 constitucional. Se trata de que se administre justicia a todo aquel que le requiera, no a que le cerremos los canales a través de los cuales pueda tener acceso a ellos. Y en e lado práctico considero que tampoco se va a reducir la judicialización porque coincido con la persona que me ha antecedido en el uso de la palabra, siempre estamos buscando otra opinión.
A veces sí basados en la desconfianza que se tiene a las autoridades electorales administrativas, pero en la mayor parte de las veces porque no podemos perder de vista que un órgano jurisdiccional es un órgano técnico especializado en la interpretación y aplicación de la norma jurídica, y eso obligatoriamente le lleva a la interpretación de la norma al caso concreto.
Coincido en lo que dice que ciertamente en una misma sesión a veces la Sala Superior tiene criterios distintos en asuntos similares o idénticos, es cierto, pero es parte del ejercicio de la jurisdicción y de la interpretación de la norma.
Yo puedo estar en desacuerdo con muchas resoluciones de la Sala Superior, y lo he estado en mi posición anterior. Ahora lo puedo decir, antes no porque antes era parte de un órgano jurisdiccional, pero ahora desde la academia y desde este sillón lo puedo decir con toda libertad, podemos no estar de acuerdo con las resoluciones de la Sala Superior y nos pueden parecer muchas veces injustas del lado del que se esté, pero lo cierto es que ese acceso a la justicia le da definitividad a las controversias electorales y también le da certeza jurídica en el ejercicio del poder.
Eso es algo invaluable y es algo que no podemos privar reduciendo a una sola instancia, que esa en única instancia donde se resuelvan las controversias jurisdiccionales quitando o eliminando la justicia o la jurisdicción local, creo que sería un grave error porque limitaría ese acceso a la justicia de los ciudadanos y principalmente de aquellos ciudadanos comunes que no tienen el apoyo de un partido político que los represente, aquellos ciudadanos de los grupos indígenas que necesitan a alguien que los defienda y no les va a cobrar lo mismo ir a la justicia local que irse a la Sala Superior.
No es lo mismo cobrar una jurisdicción voluntaria que cobrar un juicio de amparo. Entonces debemos acercar la justicia, no retrasarla o alargarla. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por su respuesta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora tiene la palabra el doctor Armando Hernández Cruz.
El ciudadano Armando Hernández Cruz: Muchas gracias, diputada. Bueno, las preguntas detonadoras e interesantes que hace la diputada Eunice Monzón me parece que dan lugar a una reflexión muy amplia.
Yo hice una intervención en relación a la legislación electoral única, pero no me pronuncié sobre el tema de la unificación o no de los órganos electorales, cosa que son en mi opinión dos temas totalmente distintos, porque además hay un alcance de la reforma electoral con reforma constitucional o sin reforma constitucional.
Si se trata de una unificación de los órganos electorales requiere por supuesto reforma constitucional, pero la legislación electoral única me parece que podría hacerse de otra manera, es decir, sí puede proceder, prosperar sin la necesidad de reforma constitucional.
A lo que me quiero referir en este sentido es a la creación precisamente de legislación tipo, de una legislación que unifique, que uniforme, que sea una legislación marco de la cual se desprendan otras legislaciones electorales.
Decía la diputada Monzón que podría este proceso de reforma evitar resoluciones contradictorias. Igual que ya se dijo, no creo que se eviten resoluciones contradictorias, pero se puede disminuir, se puede tratar de armonizar, de simplificar. Mientras más simple sea el sistema es más fácil que haya armonía en el contenido de las disposiciones normativas y resoluciones tanto jurisdiccionales como administrativas.
Me parece que el gran problema, desde mi punto de vista, es que a diferencia de otros sistemas nacionales, donde se articulan los órganos locales con los nacionales, en el sistema electoral nacional el INE tiene facultades para intervenir en procesos electorales locales y esas facultades son, de alguna manera, casuísticas. Es lo que hace más complejo el sistema, desde mi punto de vista.
Homologar reglas y criterios. Sí, yo creo que sí, para qué, para simplificar. Para facilitar su aplicación, para que los operadores de la norma puedan, con mayor facilidad, comprender el alcance y hacer uso de la norma para su aplicación concreta.
El tema de una autoridad, una sola autoridad administrativa electoral, que era lo que se pretendía desde el principio, pero no se alcanzó en 2014, es una opción. Pero la otra opción es el sistema nacional, que fue lo que se creó y los temas nacionales ya tienen, o sea, ya hoy otros pues para comparar, se pueden articular las autoridades locales con las nacionales. O sea, podría unificarse la legislación, pero no unificarse las autoridades electorales, se pueden hacer las dos cosas.
¿Qué otro tipo de mecanismos decía la diputada se pueden implementar? Me parece que es necesario organizar no solo el rediseño institucional, como se está discutiendo en estos foros sino construir elementos para la evaluación del desempeño institucional de las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales. Revisar el comportamiento de los organismos, es decir, sus procesos de toma de decisiones. Unificar los principios electorales como una guía para todas las autoridades electorales federales o locales.
Regular también la intervención, entiendo, por supuesto, hay principios contrarios, pero la intervención de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales en los procesos intrapartidarios, creo que sin vulnerar la libre autonomía de los partidos se pueden establecer mecanismos que hagan ordenadas estas elecciones intrapartidarias.
Concebir al Instituto Nacional Electoral, al INE, como un ombudsman administrativo, un organismo protector de derechos político-electorales me parece que resaltar esa atribución es muy importante, pero a la vez, también creo que se deberían precisar y delimitar sus facultades del INE, en el sentido normativo, sus facultades normativas.
Me parece que hay una sobrerregulación de parte del INE en materia de disposiciones administrativas y esto genera más problemas a veces de los que pudiera resolver o solucionar. Entonces, a lo mejor, ordenar regular las facultades normativas del INE podría ayudar también.
Yo siempre he pensado, y lo digo porque trabajé en un tribunal electoral, que no es tan conveniente que la ley orgánica del Tribunal, o la ley orgánica del Instituto Electoral estén dentro de la legislación electoral.
A mí me parece que no estaría mal pensar, ya que estamos hablando de unificación de la legislación, pero esto tiene más bien una dimensión en los niveles de gobierno, yo pensaría en la posible decodificación, sacar aparte la legislación electoral de la legislación orgánica del INE y del Tribunal, porque luego, cuando se quiere hacer una reforma y están en proceso electoral, pues se está tocando la legislación electoral y la parte orgánica creo que no tiene tanto sentido tenerla dentro de la legislación sustantiva.
Creo que también es necesario recoger criterios jurisprudenciales y también criterios de las autoridades administrativas para incorporarlos a la legislación electoral. Uno que a mí me llama poderosamente la atención es el tema de democracia incluyente, que fue regulado por el INE, pero que todavía no está a nivel constitucional, perdón, a nivel normativo y que creo que vale la pena que sea una de las partes de esta reforma legislativa electoral. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted, doctor Armando.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar con el bloque de respuestas para la pregunta de la diputada Eunice Monzón, le doy la palabra al doctor Raúl Ávila Ortiz.
El ciudadano Raúl Ávila Ortiz: Gracias, diputada. En mi primera intervención mencioné que yo he observado que hay tres recomendaciones principales de personas que tienen muchísima experiencia y han asesorado reformas electorales grandes en países de Europa y América latina, y en México en alguna medida.
Y, entonces, la primera es la que dije, el objetivo general y los objetivos específicos para que se pueda evaluar la coherencia de los contenidos y los métodos para poderlos poner en práctica, digamos. La segunda, que ahora voy engarzando para dar respuesta a la pregunta, es este planteamiento de que hay sistema y hay contexto.
Entonces, en el sistema, como dijimos, está, desde luego, en el sistema político constitucional está el sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno. Y el contexto, el contexto hace la diferencia porque los conceptos y estas instituciones que están diseñadas en toda América Latina, tenemos pues organismos electorales uno, dos tres o hasta cuatro. En Colombia, por ejemplo, para organizar las elecciones y resolver los conflictos, digamos, que operan en un contexto.
A los españoles les hemos preguntado, por qué no cambian su antiguo sistema de que el Ministerio del interior organiza las elecciones, pone las urnas, cuenta los votos y da los resultados la misma noche y temprano de los comicios y nadie lo impugna. No es un sistema judicializado, no hay esta práctica que tenemos nosotros. Y la respuesta reiterada de los españoles es, para qué cambiamos lo que funciona, si los españoles creen en ese modelo, la ciudadanía confía en esas instituciones, no tenemos por qué cambiarlo. Y es una actitud muy pragmática.
Entonces, digamos, aquí el punto es en qué consiste el contexto, que lo tenemos menos documentado. Y el contexto incluye factores históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos, e incluye también las buenas y las malas prácticas, que es lo que creo que decía el doctor Matías, que es el mejor sistema, las mejores instituciones no van a funcionar adecuadamente con malas prácticas.
Entonces, ahí habría que tener cuidado para poder sí documentar cuáles son esas malas prácticas y que haya un ejercicio sincero, con base en los criterios de la ética del discurso, que están muy estudiados y que funcionan, para hacer algo como lo que se hizo en 96, por ejemplo, o en 2014, pero, sobre todo en 96, ponerlas las cartas sobre la mesa y decir: estamos dispuestos a eliminar esas malas prácticas, por parte de los competidores por el poder.
Y si en 96 fue posible desglosar, desglosar el catálogo de causales de nulidad, para poder decir: mira, yo lo que hago el día de las elecciones, si no lo hago bien y le doy la vuelta a la ley, es esto. Ah, pues entonces eso lo vamos a poner en la ley procesal electoral como una causal de nulidad, y hubo un acuerdo para tal efecto.
Entonces, si se hace eso, no, digamos, el peso que se le dé al diseño institucional, al tipo de formato local nacional o mixto, digamos, ya no es tan determinante, aunque siempre será muy relevante.
Y me tomo un minutito, diputada, si me permiten, porque pues la última es, yo estoy hablando a nombre mío, como el doctor Raúl Ávila Ortiz, con 40 años de experiencia prácticamente profesional y muchos años en la docencia y la investigación, no viene a hablar a nombre del tribunal, aunque trabajo en la Escuela Judicial Electoral, pues trabajo en la Escuela Judicial Electoral hace un año y medio, pero tengo otras experiencias.
Entonces, lo digo, porque yo estoy convencido, trabaje o no en el tribunal, de que uno de los principales problemas y por lo que estamos aquí, es porque no acabamos de consolidar la transición de la cultura de la legalidad a la cultura de la constitucionalidad, y se revela, con todo respeto y cordialidad, en las expresiones de nuestro colega, porque lo que él está diciendo es lo que escribió también el doctor Eduardo Andrade, en El Sol de México, hace dos semanas, y que es regresar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la época del Trife, para que sea un control de legalidad y no de constitucionalidad. Y eso yo creo que es contrario a las luchas democráticas de todos los partidos y a los acuerdos de las fuerzas políticas, lo cual no quiere decir que no tenga riesgos, por supuesto.
En todo el mundo los tribunales constitucionales enfrentan este problema, pues de que puedan tener inconsistencias, incoherencias y lo que hay que hacer es reforzar las garantías, para que, si incurren en esas incoherencias, entonces, también haya un sistema de responsabilidades públicas, para poderlo sancionar, pero no hacer una regresión, que por eso, creo que eso fue lo que entendí y disculpa si no fue así, pero me parece que el Poder Legislativo, en un Estado constitucional, también está sometido a la Constitución y a las Convenciones Internacionales.
No hay soberanía del Legislativo, hay soberanía de los derechos del pueblo. Eso sí, compartimos esa perspectiva y la forma como los tutelemos, procesemos y garanticemos, podríamos tener diferentes opciones. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Nos solicita el doctor Marco Antonio, se le da la palabra para una réplica, con todo gusto, doctor.
El ciudadano Marco Antonio Reyes Anguiano: Sí, muchas gracias. No, licenciado, aún no llego a doctor. Bueno, ahí una de las situaciones, no soy yo el que hace este tipo de críticas, o no nada más yo. A nivel internacional tenemos, por ejemplo, al doctor Juan Antonio García Amado, catedrático español, que hace precisamente estas críticas. O sea, no es una situación en donde a mí se me haya ocurrido, entrar a la constitucionalidad, no significa que el juzgador debe hacer lo que su moral le dice, le dicta, que es lo que ha hecho muchas veces la Sala Superior, lo digo de manera muy respetuosa.
Tenemos ejemplos farragosos, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de la paridad en las gubernaturas, en donde ha sido tremendamente criticado por la Academia, y creo que se quedó muy corto en el libro este del Tribunal Electoral, precisamente cuando hacen esta crítica.
No se trata de regresar al positivismo post, de la Revolución Francesa, no se trata de eso, se traba de hacer un constitucionalismo que realmente genere certeza. Desgraciadamente nuestro sistema electoral, dicen que en los sistemas electorales lo único que no debe uno tener certeza es quién va a ganar. Y en nuestro sistema electoral pues no tenemos certeza en ningún momento, cómo va resolver que hasta en broma se dice, dentro de los corrillos electoreros, y ahora con qué ocurrencia irá a salir la Sala Superior.
Y lo digo de manera muy respetuosa y lo digo de manera fraterna, sobre situaciones que todos los partidos políticos y ciudadanos han sufrido. Recuerdo una sentencia en la cual bajaron a unos candidatos del PAN porque no se acreditaron como, decía la Sala Superior que no se habían acreditado como indígenas, simplemente porque una persona le dio una constancia de sí ser indígena, y luego esa misma persona la desmiente y por esa desmentira es la situación en donde dice no, qué crees, tú ya no tienes ese derecho.
Ahora, la Sala Superior se inventó este tema, por ejemplo, de la autoadscripción calificada, en donde tenemos que la Suprema Corte dice, con que tú tengas la autoadscripción es más que suficiente para considerarte indígena, pero en el iusmoralismo de la Sala Superior dicen: es que yo no quiero tener aquí indígenas patitos, quiero tener indígenas de a de veras.
Se lo imagina y manda a hacer al INE una consulta, todo se esta cumpliendo, ¿por qué?, porque a final de cuentas es el órgano superior, es el órgano al que hay que cumplir, pero eso no significaría que en un momento dado yo pudiera estar de acuerdo con una resolución que a final de cuentas no cumple con lo que se pretende y que hoy nos puede resolver de una manera y que para mañana puede resolver de otra. Ese es un gran problema, la falta de certeza en el derecho electoral.
Y quiero ser enfático, no estoy diciendo que tenemos que regresar al legalismo, al positivismo puro y ramplón, estoy hablando de que debemos desterrar ese iusmoralismo que nos ha llevado la Sala Superior, eso creo yo que sí.
Es muy sencillo, es simple y sencillamente comparar la Sala Superior que tenemos ahorita a la Sala Superior que tuvimos en su momento en el dos mil..., fue la Sala Superior de 96 al 2006 fue, por ahí así, no recuerdo los años con exactitud. Fue una sala garantista y esta sala no es garantista. No lo he dicho yo, lo han dicho académicos. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora tiene el uso de la palabra para formular su pregunta, hasta por tres minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya. Adelante, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Gracias, diputada presidenta. Como veo que están cambiando un poco las reglas del formato, entonces de una vez aprovecho para plantear que mi pregunta la formularé a todas y a todos los panelistas, y en una sola intervención realizaré las preguntas que podría hacer en mi segunda y tercera ronda para que se pueda tomar nota.
En ese contexto diré que, su servidor, estimados panelistas, es un convencido de simplificar los procedimientos en aras de la eficiencia. Cuando se da la quinta generación de reformas en materia electoral, su servidor, desde el Senado de la República abonó para la asunción de atribuciones, también de facultades, para el recién creado órgano autónomo nacional, el INE, y recuerdo que la figura de los OPLES, obedeció, desde mi punto de vista, más a una falta de presupuesto que a la voluntad del legislador por centralizar en su totalidad la celebración de procesos electorales, en una sola y única autoridad.
Recuerdo que, en aquellos momentos yo señalaba, que en muchas de las acciones en materia electoral es jurisdicción exclusiva del INE. Por ejemplo, la cartografía electoral, el padrón de electores, la lista nominal, la fiscalización totalitaria de las elecciones, bueno, hasta los procesos municipales, la obligación de los partidos políticos es concentrar la información en el SIF, en este sistema controlado por la Unidad Técnica de Fiscalización. Así que la injerencia del INE, a mí me parece que ha sido fundamental en la realización y desarrollo de los procesos electorales locales.
Y pues, creo que no me dejan mentir, porque ya escuché sus puntos de vista, los abogados de partidos, de candidatos que litigan en los comicios y en una parte, pues los panelistas aquí presentes, porque es bien sabido que resulta práctico invocar y citar los preceptos contenidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por no decir los criterios y las sentencias y jurisprudencias emanadas por la Sala Superior.
Bueno, pues en plena discusión de las reformas del 2013, su servidor señalaba que sí ya el INE absorbería facultades en lo facto, pues ya realizaba, que ya realizaba el otrora IFE, bajo la máxima de que quien puede lo más puede lo menos, era ocioso acumular nómina y burocracia en los OPLES.
Y bajo esa idea, de todas las aristas que contiene la iniciativa rectora en materia electoral, es decir, la enviada por el señor presidente de la República, López Obrador, pues la más previsible de concretarse parecería, desde mi punto de vista, pues impulsar una legislación única en materia electoral, como ya existe en el catálogo de delitos en dicha materia, el cual rige este tema a nivel nacional.
No debemos perder de vista, de todas maneras, señalo que los supuestos en los procesos electorales son idénticos, no pueden diferenciarse actos, conductas y sanciones de un estado a otro. Y justo lo anterior ha permitido que haya una marcada diferenciación en la calificación de una entidad federativa a otra.
Hasta aquí dejo la reflexión para dar parte a mis cuestionamientos y lo señalo de esta forma: dado que pareciera prudente y necesario, es la opinión de algunos, una ley única, pues los supuestos contenidos en la ley debiesen ser de carácter general y abstracto. Y por eso le pregunto a Matías Chiquito Díaz de León, a Armando Hernández, a Marco Antonio Reyes, a María Luisa Oviedo, a Raúl Ávila. ¿Consideran ustedes que esta sería la misma tónica que debe seguirse en la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación?
Y también les pregunto que, considerando que uno de los motivos de no haberse concretado la nacionalización total de los procesos electorales en el INE, allá en aquél 2013, fue el tema presupuestal y administrativo. Y a criterio de ustedes, les pregunto. Cuál debe ser la solución que deba tomar en cuenta el Congreso de la Unión, al momento de la expedición de dicha ley única, junto con la supresión de instancias electorales locales, para evitar litigios largos y costosos.
Y como oaxaqueño, pues nada más dejar ahí un asunto que me seguirá preocupando, porque en Oaxaca tenemos 417 municipios que se rigen por su propio sistema, tradicionalmente conocido de usos y costumbres. Y bueno, a mí esto me parecería que una legislación única pues debe contemplarlo. Y quisiera conocer sus puntos de vista. Diputada presidenta Graciela, esta es mi intervención.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por sus preguntas, diputado.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: En el orden que hizo mención a los participantes, le doy la palabra al doctor Matías Chiquito Díaz de León, para dar su respuesta.
El ciudadano Matías Chiquito Díaz de León: Gracias, diputada presidenta. Saludo con afecto el diputado que hace estos planteamientos. Hago una precisión que viene de las preguntas anteriores, ya no logré hacerla, de qué tanto nos sirve la legislación electoral única. Tal vez no resuelva el tema de los criterios contradictorios. Los criterios del tribunal son circunstanciales. Vamos a decir que son circunstanciales. Según el ambiente, como bien lo dice Raúl Ávila, según el contexto, pues, se resuelve. Y la contradicción se va a dar.
Pero lo resuelve un ámbito político, un conflicto, por decirlo así. A lo mejor no conflicto, pero sí empareja un ámbito político de la actuación del órgano electoral nacional con las entidades federativas. Porque es oprobioso para el sistema constitucional. Y lo digo... yo soy delegado del INE en una entidad. Nos toca aplicar la norma. Y dígame usted con qué cara le podemos decir al órgano local o al Poder Legislativo local que hay una norma del INE que está sobre la Constitución local, o de la Ley Electoral local. Creo que más que lo propiamente legal la parte política es sustantiva, y creo que sí debe resolverse, sí debe atenderse.
Y si se va a unificar la legislación electoral, diputado, debe ser en todos los ámbitos. Desde luego el sistema de medios de impugnación, la parte procesal sancionadora y la parte de nulidades debe estar estandarizada. Lo peor que nos puede pasar es que haya causas de nulidad en una entidad, en Oaxaca sí, pero en Guerrero no. O sí aplican para una elección local pero no para una elección federal, o sí en lo federal y no en lo local. Creo que eso se debe estandarizar, debe estandarizarse en todos los ámbitos. Desde luego la parte procesal en lo sancionador y en los medios de impugnación que refieren al sistema de nulidades debe estandarizarse.
Esta Ley Electoral Única debe partir de una visión integral, de una visión holística del sistema. Incluir todas las variables, lo decía el doctor Raúl, todas las variables que atienden al sistema de partidos, al sistema electoral y al sistema político.
Ya refería yo de que debemos empezar desde el cuarto de máquinas poniéndole controles democráticos a la vida interna de los partidos políticos para que la elección sea real, que el ciudadano tenga una elección efectiva, que no solo vaya y vote por alguien que ya está predeterminado, sino que el ciudadano participe desde la elección de las candidaturas, que participe en la vida interna de los partidos con una visión integral.
Y sumo aquí un planteamiento que no había hecho. Pero si vamos a hablar de una ley única, estandarizar igualmente la fórmula de elección. Un sistema democrático con sistema plural de partidos, como México, no puede operar con una fórmula de mayoría, deben eliminarse los efectos perniciosos de la mayoría relativa y estandarizar el sistema a nivel nacional, federal y local a la fórmula de representación proporcional.
Solo que a la propuesta del presidente habría que agregarle un ingrediente. Sí a la representación proporcional pura como necesidad del sistema, pero hay que agregarle el ingrediente de listas cerradas pero desbloqueadas con voto preferente. Que el ciudadano determine el lugar de las candidaturas en la lista. Y ahí aplica el voto preferente o el voto múltiple, de acuerdo con el número de candidaturas por elegir.
Creo que eso... Si esta fórmula se aplica, diputada, iniciaríamos el verdadero proceso de transición a la democracia, porque empezaríamos a equilibrar el poder político. Y el equilibrio en el poder favorece siempre el ejercicio de los derechos fundamentales.
Termino con el tema de los pesos y centavos. Creo que el tema presupuestal no debe estar presente cuando se trata de cumplir responsabilidades del Estado mexicano. Sí, sí hay que limitar desde luego el gasto, hacerlo racional, no tener gastos superfluos. Por ejemplo, un barril sin fondo pueden ser los gastos subrogados de los órganos electorales, eso debe cuidarse. Sí cuidar lo presupuestal, pero el dinero no puede ser determinante.
Miren, tal vez cueste el sistema electoral, cueste el sistema de partidos, pero si hacemos un ejercicio simple, la evasión fiscal en México, de un año, el monto de la evasión fiscal de un año nos puede financiar 50 años el sistema electoral y de partidos. El solo sistema de partidos nos lo financia 200 años. El sistema electoral nos los puede financiar 50 años, un año de evasión fiscal.
Entonces, creo que los pesos y centavos pueden tratarse en otro ámbito, pero sí cuidar el ejercicio presupuestal racional, desde luego. Estoy de acuerdo en ello.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias por su respuesta, doctor Matías Chiquito.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora tiene el uso de la palabra el doctor Armando Hernández Cruz.
El ciudadano Armando Hernández Cruz: Muchas gracias, diputada. Agradezco la pregunta del diputado o las preguntas detonantes del diputado Benjamín Robles Montoya. Son muchos temas para abordar. Me parece que determinar el posible contenido de una legislación nacional única tiene dos impactos. El primero, concebirla como una ley marco, concebir esta legislación como el espacio de donde puedan colgar otras disposiciones normativas, tanto legales como administrativas. Pero también es la oportunidad de incorporar figuras a la ley, a la legislación electoral. Decía yo en mi anterior intervención que vienen de la jurisprudencia de los tribunales electorales; o bien, de las resoluciones electorales administrativas.
Por poner un ejemplo. El tema de la paridad horizontal en gubernaturas, vienen elecciones de nueve espacios de gubernaturas en 2024, la paridad horizontal no está regulada, no está legislada, surge de un esfuerzo administrativo de parte de la autoridad administrativa, del INE, pero regularla tendría muchas ventajas.
Es decir, no hay una manera de que se pueda regular porque cada elección de un gobernador o gobernadora es una elección local y se rige por las reglas de la legislación local. Pero regular la paridad horizontal de gubernaturas, que es una intención, un interés que tienen las autoridades electorales y el sistema en términos generales, hay como acuerdo en avanzar en la representación política de las mujeres en esos espacios. De tal manera que la legislación única podría ser el espacio donde se regule esa figura que no ha tenido un espacio de regulación.
Luego, por ejemplo, el tema de los bloques de competitividad que se utilizan para las elecciones de ayuntamientos o de diputaciones en algunas entidades federativas. Podría, incluso, incorporarse la figura del bloque de competitividad para establecer un mecanismo que garantice la paridad horizontal sustantiva en las elecciones de gobernadores y gobernadoras, y eso sería muy útil. Ese es el espacio.
Lo que quiero decir es que esta idea de legislación electoral única, además de darnos un marco más eficaz, más operativo, más funcional, puede permitir establecer ahí una serie de figuras que no caben en otro lado y que sería el lugar importante. Homologar criterios de sobre y subrepresentación, desde mi punto de vista, sí es importante porque tenemos diferencias sustantivas en los modelos de representación política de las entidades federativas.
Creo que algunas de estas cuestiones también caben en la construcción y ciertos principios orientadores que regulen dentro de esta legislación única en la manera en que se desempeñan los órganos electorales.
Yo estoy pensando, yo mi ponencia o mi idea la traigo en la existencia de un sistema nacional en el que subsistan el INE y los OPLE, pero si se tratara de una reforma constitucional que da el paso que no logró dar la reforma de 2014, ya se dijo aquí, hay una intención, un interés de optimización de recursos. Me parece que, efectivamente, una autoridad electoral única optimiza el ejercicio de recursos. Pero, sobre todo, optimiza la distribución de atribuciones y competencias.
Si en lugar de los OPLE los consejos electorales de las entidades federativas hicieran esas mismas funciones, hay un ahorro o podría con una estructura menor, sustancialmente, realizarse una actividad como es la organización de los procesos electorales. O bien, la sustanciación de los medios de impugnación también desde otra perspectiva.
Yo no había planteado eso, pero yo planteo que es posible, que es viable. Considero que, o sea, yo decía, es mejor o regresar al esquema de 2014 con autonomía de los OPLE en su caso o dar el paso que no pudo dar la reforma de 2014 que quedó intermedia y, entonces, gestionar una autoridad electoral única con las ventajas operativas y administrativas y económicas que eso pudiera generar, por supuesto con la crítica que desde 2014 se da sobre la autonomía de las entidades federativas para intervenir en sus procesos electorales.
Me parece que el tema de los sistemas normativos internos también sería fundamentalmente parte del contenido de la legislación electoral única. Sin duda establecer principios que después se conviertan en reglas de optimización para que las autoridades electorales los apliquen para cada caso concreto, porque efectivamente las diferencias entre las condiciones, o sea, puede haber principios generales que se adapten después a las condiciones de los distintos grupos o comunidades indígenas que existen en nuestro país en las distintas entidades federativas.
A través de principios generales esto es posible y creo que ya alguien lo dijo, la legislación general, la legislación electoral única debería contener más principios que reglas. También me parece que el tema de la proporcionalidad pura si hay una reforma constitucional que así lo establezca, debiera orientarnos solo la integración del Poder Legislativo federal, sino de los Poderes Legislativos de las entidades federativas.
La Constitución de la Ciudad de México establece que la mitad de diputados será por mayoría relativa y la mitad por representación proporcional, es un modelo interesante que también valdría la pena reflexionar si cabe en una legislación electoral única. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor Armando Hernández Cruz.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Enseguida le damos el uso de la palabra al licenciado Marco Antonio Reyes Anguiano.
El ciudadano Marco Antonio Reyes Anguiano: Sí, muchas gracias. De acuerdo a lo que estábamos ahorita comentando, entendí que era propiamente la unificación del sistema procesal para las impugnaciones, todo lo que es la cuestión contenciosa.
Aquí creo yo que hay algo interesante, si se pretende eliminar a los tribunales locales, los cuales no me gusta mucho que digamos, ahí es en donde me voy con lo que dice la doctora Oviedo, no me gusta la idea, sobre todo hay una cuestión, si un tribunal no atiende algo que yo planteé, a lo mejor tengo una segunda oportunidad, por decirlo así, un derecho de réplica sobre lo que me está contestando el tribunal.
Al final de cuentas, eliminar una instancia hace un tanto más, puede generar un poco más injusticia lo que es el proceso, porque no tiene un órgano regulador, un órgano revisor de las actuaciones que puede hacer en una primera instancia.
Yo no considero que deben eliminarse los tribunales locales y tribunales de primera instancia, serían a lo mejor las salas regionales que la sala superior pudiera ser una segunda instancia, aunque me parece luego excesivo la cantidad de trabajo que se carga la sala superior, vemos los JDC, cuando hay elecciones han llegado a varios miles de expedientes.
Ahora, la unificación procesal en materia contenciosa creo que sí podría dar, no hay mucha diferencia en mi experiencia entre cómo es el procedimiento o el proceso en el estado de México o en Puebla o en Durando en relación con el federal, lo veo muy similar. Creo que hacer una legislación única al final de cuentas no habría mucha variación, pero sí, al final de cuentas podríamos en un momento dado generar un poquito más de homologación en los criterios. Eso es, por un lado.
Otra situación de las inquietudes es esa eliminación de largos litigios. Bueno, en materia electoral al final de cuentas no son muy largos, son dos meses, tres meses cuando mucho que llegan a durar, no son tan largos como es en la justicia común, que ahí sí estamos hablando de procedimientos muy farragosos, en donde hay que desahogar pruebas, hay que presentar alegaciones. Ese sistema, la verdad es que está diseñado, creo que afortunadamente, de una manera muy expedita. Probablemente no sea muy exacta ese tipo de justicia, porque no permite mucho intercambio entre partes o intercambios entre los juzgadores y las partes, pero a final de cuentas nos ha funcionado, y nos ha funcionado bien.
No creo que tenga que hacerse mucho ajuste, sí hay algunas cuestiones a revisar, pero creo yo que no es tanto el ajuste que habría que hacerle a ese sistema procesal electoral. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Al contrario, muchísimas gracias a usted.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para continuar con el bloque de respuesta, la maestra María Luisa Oviedo Quezada tiene la palabra.
La ciudadana María Luisa Oviedo Quezada: Gracias. Atendiendo al cuestionamiento del diputado, yo desde un principio me pronuncié en la no coincidencia con una legislación única, por lo tanto, en congruencia con ello mi idea sigue siendo que no podemos tratar igual a los desiguales.
Alguien mencionaba, el propio diputado mencionaba su origen en el estado de Oaxaca, claro ejemplo de una pluriculturalidad, una diversidad de derechos y aún dentro del propio ámbito de los usos y costumbres de esos distintos grupos étnicos que habitan en la zona de Oaxaca, aún en ese territorio de Oaxaca hay una diversidad.
Los derechos son los mismos para todos, los derechos son universales, los derechos humanos son universales, pero el trato que le damos a cada grupo es distinto. Como ya lo dije, no es el mismo trato que se le debe dar jurídicamente hablando, desde luego, a una persona en plenitud de sus capacidades, que a una persona con discapacidad.
No es el mismo trato que le damos a una persona homosexual que a una persona con preferencias distintas. Entonces, ¿por qué pretender hacer una legislación única para todos los estados, cuando las situaciones sociales, políticas, económicas, culturales son distintas y las necesidades de esos grupos son distintas.
Reitero, los derechos humanos son universales y el trato debe ser de respeto igual, pero en esa misma tónica rige ese principio. No se puede dar un trato igual a los desiguales.
Por lo que se refiere al punto de la legislación adjetiva electoral, coincido. No afecta mayor cosa que haya una sola legislación procesal, porque efectivamente coincido con lo que dice el maestrante, lo cierto es que los plazos son los mismos, son cuatro días. Todos los días y horas son hábiles en todas las legislaciones estatales y en la ley general, entonces ahí no hay ninguna afectación. Una sola legislación adjetiva electoral no afecta y ciertamente los procesos electorales hablando procedimentalmente, son muy cortos.
Repito, todos los días y horas son hábiles, hay una agilización en la administración de justicia y los plazos son cortos. Cortos para los justiciables para poder presentar su escrito de demanda, corto para el tercero interesado que participa y también son plazos muy cortos señalados en la ley, para que el órgano jurisdiccional resuelva. Entonces, no le veo mayor implicación a ese tema. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted, maestra María Luisa Oviedo Quezada.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar con este primer bloque de preguntas y respuestas, tiene el uso de la palabra el doctor Raúl Ávila Ortiz.
El ciudadano Raúl Ávila Ortiz: Muchas gracias nuevamente, diputada. Muy amable. Colegas, un saludo al diputado Benjamín Robles Montoya con sus preguntas muy puntuales y muy focalizadas a tres aspectos.
Uno, yo respondería que ya hay suficiente experiencia acumulada a lo largo de estos últimos, yo no diría que 25, sino 40 años desde 1980, 77 a la fecha, para intentar un ejercicio de racionalidad legislativa como me pareció que él lo está planteando que en una sola ley aparezcan los conceptos y las instituciones que se comparten en la teoría y en la práctica de los procesos electorales. Él dijo actos, obligaciones, derechos, las cuatro etapas del proceso electoral están en todos los códigos, me parece una institución el proceso electoral como tal.
Y, digamos, cuáles serían las particularidades que habría que revisar, de que en las entidades federativas para poder hacer, digamos, un encuadramiento de en dónde estarían las rigideces o las particularidades que habría que considerar en un marco general, como bien dijo el doctor Armando Cruz, es una ley marco, quizá con más principios que reglas. Tampoco hacer como hicieron los ecuatorianos, un código de la democracia, en donde pusieron dentro todas las leyes y las integraron en un solo código, incluida la Ley Electoral Procesal.
Entonces, tiene ventajas, pero tiene desventajas. Una ventaja de aglutinar en una sola pieza todas, las sustantivas y las procesales, como ya la tuvimos en la época del Código Federal Electoral y del Cofipe, antes de que apareciera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se exportara, digamos, el segmento procesal a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Es que se trata de un documento también excesivamente largo, entonces, que tiene 500 artículos. Entonces, también es complicado.
Yo creo que, digamos, el escenario sería una ley marco, ciertamente, con los aspectos sustantivos que se pueden racionalizar desde un ámbito propiamente federal, en leyes electorales sustantivas que tenemos en el país e incorporarle las innovaciones jurisprudenciales a las que ya se ha hecho referencia aquí, el tema de la justicia inclusiva, ya se ha hecho ese ejercicio antes.
Esta soberanía, el Congreso de la Unión incorporó, por ejemplo, todos los avances en materia de transparencia, acceso a la información pública, venían de criterios de la Sala Superior, se han incorporado a la legislación, entre otros elementos.
Y creo que ahora hay una rica jurisprudencia que procede de 2014 a la fecha, que podría ser incorporada con un análisis crítico, por supuesto, a esta legislación marco.
El caso de los sistemas normativos indígenas o normativos internos, como se le denomina, el caso en particular de Oaxaca, con los 417 ayuntamientos que eligen por estos métodos y que además está, digamos, irradiando a otros estados, a Chiapas, a Michoacán o a Guerrero, no, ya ha habido experiencias iniciales, ¿verdad?, incluso en el norte del país, porque el país es un mosaico de diversidad, como lo sabemos.
Y, bueno, yo creo que esa ley marco puede y debe contener un espacio para también colocar ahí los principios, las principales reglas y las garantías para las elecciones con estos métodos.
Y, digamos, yo creo que también tendría que haber un sistema de lineamientos como para acomodarlos a las situaciones particulares, que las hay en el país y que, bueno, pues sabemos todos que requieren, digamos, una atención o una normatividad más focalizada.
Y yo creo que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, desde luego tendría que ser una ley nacional. Ahí sí ya tenemos el Código Nacional, como se ha dicho aquí, de Procedimientos Penales. Está a punto de aprobarse el Código Nacional de Procedimientos Civiles.
Entonces, tenemos experiencia acumulada comparativa, yo creo que sí se puede. Creo que se requiere además darle, efectivamente, mayor simplificación, funcionalidad, certeza. Y aprovecho la ocasión, porque pues me ha llevado horas estudiar este aspecto que, digamos, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, me parece que no habría que descuidar la regulación del juicio de inconformidad y el dictamen de la validez de la elección presidencial, para evitar caer eventualmente en una situación como la del 2006 o como la del 2012. Porque no ha sido llenada esa laguna y me parece que ahí hacen falta algunos elementos normativos para también dotar de mayor seguridad y certeza a las partes.
Y una última reflexión que me gustaría colocar sobre la mesa, es que ciertamente pues estamos hablando de sistemas y que están interrelacionados, yo pondría también sobre la mesa el tema de la digitalización, es decir, porque aquí también habría un traidor.
O sea, cuánto nos cuesta, en términos de un enfoque de políticas públicas, mantener los 32 OPLE, los 32 tribunales electorales locales y, digamos, si una ley de salarios máximos también tuviera que ser aplicable para efectos de los salarios, para evitar desproporciones que pueden ser también inadmisibles.
Francamente, enviar un mensaje coherente los partidos en un momento en que la gente está sufriendo, tenemos 70 millones de personas que no pueden comprar completamente una canasta básica, eso también hay que tomarlo en consideración. O sea, hay que mandar un mensaje de sensibilidad. Entonces, es evidente, no necesitamos muchos estudios para ver en la calle a las personas que están sufriendo.
Entonces, yo estimo, desde esa perspectiva que, bueno, un traidor, como lo llaman los gringos, que es, bueno, qué a cambio de qué. Pues bueno, o sea, vamos a reducir eso, pero entonces también invertir, ¿verdad?, en sistemas digitales, para tener por lo menos en los 180, creo, que son municipios con más de 100 mil habitantes, un proyecto que fuera avanzando en etapas, como lo hicieron los brasileños entre 995 y 2005, que hasta los analfabetos pudieron votar, porque llevan el número del candidato y con una urna que le costó muy barato a los brasileños, pues teclean el número y luego confirman su voto apretando en la pantalla el color del partido. Entonces, eso ampliaría muchísimo la participación y creo que le daría una mayor legitimidad al sistema. Ahí me detengo, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para iniciar el segundo bloque de preguntas y respuestas, se inscribió la diputada Susana Prieto y su servidora Graciela Sánchez, para formular preguntas. Diputada Susana Prieto, si está conectada.
La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Sí, señora presidenta, muchísimas gracias. Bueno, hemos estado muy interesados todos los diputados en estos foros que se han estado llevando a cabo en el Congreso de la Unión. Y les agradecemos, por supuesto, como siempre, a todos los ponentes la ilustración que nos brindan para llegar al análisis, sobre todo, o no sobre todo, a la reforma que plantea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino a todas las que se coloquen sobre el foco, ya sea la del Partido del Trabajo, que ya hemos repetido en varios foros, que está por ahí puesta sobre la mesa, la del Partido Acción Nacional, y una muy anunciada, el Partido Revolucionario Institucional, que personalmente todavía no tengo el gusto ni siquiera de hojear.
Vemos vehementemente, y así debiera ser, que cada uno de los ponentes defiende su punto de vista. Saludo al licenciado Chiquito, a quien tuve la oportunidad de escuchar, y la verdad me impresionó mucho el conocimiento que tiene, en Zacatecas, la semana pasada, cuando fue por ahí la asamblea de reforma política electoral del compañero diputado Marco Flores.
Pero me llama la atención que siempre hablamos de, bueno, sí se vería bien, es que todos los contendientes se pusieran de acuerdo. Pero hasta parece chistoso, parece cómico, están ahorita organizando, la oposición, un foro alterno, no respetando este que está autorizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde no aparecen los diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, los del PRD y los de Movimiento Ciudadano, únicamente los de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, pero no existe, por supuesto, ninguna gana de llegar a un punto de acuerdo.
Y partiendo de esta base, me llama a mí mucho la atención la maestra Oviedo y su vehemencia para defender que no está de acuerdo con una legislación general única que aplique en toda la República mexicana y que maneja, entre otras perspectivas, el hecho de que se violaría el principio general de la división de poderes.
Personalmente quisiera que abundara en el tema porque no comparto en absoluto su opinión, no sé por qué una ley general vulneraría el principio general de la división de poderes.
Y si bien es cierto, durante su última intervención dice la maestra Oviedo, que no podemos juzgar como iguales a los desiguales. Yo estoy de acuerdo, pero por el hecho de que juzguemos con perspectiva de género en leyes generales, en materia penal o en la propia Ley Federal del Trabajo, no significa que estemos de ninguna manera obligados a redactar una ley particular en cada caso concreto ni leyes federales, municipales y estatales, para juzgar a las mujeres con perspectiva de género.
Por lo cual yo sí solicitaría que de alguna forma todos los ponentes contestaran mis inquietudes, pero específicamente la maestra Oviedo, quien no entiendo por qué se opone a una ley de carácter general. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por su pregunta, diputada Susana Prieto Terrazas.
La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora les voy a formular mi pregunta, que igual la quiero, dos preguntas que quiero me las puedan contestar cada uno de los ponentes.
Primero, se mencionó que es posible una legislación única para la organización de procesos electorales, sin embargo, existen otras facultades de las autoridades administrativas electorales locales como la constitución y liquidación de partidos políticos, financiamiento, procedimientos sancionadores, procedimientos de participación directa, entre otros.
La pregunta es, ¿cómo estandarizar todo ello en la legislación única? ¿Es viable que en caso de la unificación de autoridades electorales locales, la autoridad nacional lleve a cabo la organización de todas las elecciones a través de los consejos distritales y, en su caso local, debe constituirse en consejos distritales y municipales durante el proceso electoral?
La otra pregunta, ¿las normas que regulan la revocación de mandato y la consulta popular deben recogerse de la legislación electoral estándar o son dos materias distintas que deben tener su propia legislación? Muchas gracias por sus respuestas.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le damos la palabra al doctor Matías Chiquito Díaz, para sus respuestas.
El ciudadano Matías Chiquito Díaz de León: Gracias, diputada. Agradezco y saludo igual, con afecto, a la diputada Susana Prieto. En efecto, coincidimos en una foro con esta temática, y sí hay, hay aspectos complejos de integrar esa legislación electoral única, pero insisto en esta parte, si el sistema electoral ha de seguir como va, nacionalizado por decirlo así, la legislación electoral única no solo es necesaria, es urgente, políticamente necesitamos una legislación electoral única y no generar un conflicto político a las entidades, además de que nos ayuda a estandarizar el ejercicio de los derechos políticos-electorales en todo el país.
Estandarizamos procedimientos, a lo mejor no homogenizamos criterios, pero sí estandarizamos procedimientos y no sería el caso, pareciera ser la percepción de los comentarios en la mesa, de que fuera una sola ley, una ley monumental.
Creo que la legislación electoral única podría ser un compendio legislativo y mantener la separación de leyes adjetivas, de leyes sustantivas, mantener la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pienso en esta ley, pero ampliar contenidos de la legislación electoral única, igual mantener la Ley de Partidos, pero estandarizar los procesos a nivel nacional y una ley de procedimientos en lo que son las nulidades, bueno, la Ley General de Medios de Impugnación desde 2006 ya es ley general, pero no aplica como ley general, aplica como ley federal. Si ya es general, pues hay que darle la estandarización de ley general y tal vez podría ser, para evitar luego desvíos en los procedimientos sancionadores, pudiera ser una ley general de lo que son los procedimientos sancionadores electorales.
Incrementar tal vez las atribuciones del órgano electoral para que podamos –podamos, ya me estoy anotando– que la autoridad electoral pueda sancionar, en un momento dado, todo tipo de falta en materia electoral. Hoy en día tenemos faltas al 134 constitucional que el INE conoce, pero pues nada más damos maromas mentales, porque armamos los procedimientos y nunca hay sanciones pues.
Creo que esa parte esencial, en lugar se puede reforzar en esta legislación electoral única, sería, desde luego funcional y resuelve cualquier disparidad en las legislaciones electorales de los estados, porque ya no habría legislación electoral local, y el sistema federal lo permite.
El sistema federal lo administra el mismo sistema federal, es decir, modificar el sistema a federal en su modificación participa el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Entonces es una función integral la que se puede hacer.
Y bueno, diputada, cómo estandarizarlo. Creo que ya está muy avanzado, ya tenemos los procedimientos electorales a nivel nacional. Tenemos, inclusive, en ausencia de una legislación electoral única, un Reglamento de Elecciones. Los procesos electorales están estandarizados. Tal vez sería retomar lo que falta en la ley general y estandarizar procedimientos. Como hacemos la elección a nivel federal, estandarizarla. Piense usted el conflicto el que enfrentamos como auditoría electoral cuando vamos a hacer elecciones locales y cada entidad tiene un calendario electoral distinto.
Cada electoral inicia el proceso en día distinto, las campañas en una fecha, precampañas en otra. Si estandarizamos el calendario electoral, le ayudamos mucho. Vea usted, llegan los representantes de partido y uno que siempre llega, aprovechando que está la diputada Eunice, la representación del Verde, dice: yo ya armé mi calendario electoral con la ley electoral del estado. Le digo: amigo, pues eso no te va a servir. Acá está el calendario electoral. Y el calendario lo define el INE. Y las reglas locales no aplican.
Creo que tenemos un avance sustantivo ya en la estandarización de procesos e incluir reglas que hacen falta. Insisto yo, no vayamos a reformas del cabús, vayamos a la máquina, lo que va al frente. Más que empezar en derechos ya muy desarrollados, pensemos en el origen. En la entrada al ejercicio del poder son los partidos políticos y si el poder ha de democratizarse, hay que democratizar la vida interna de los partidos políticos, equilibrar el poder con estas fórmulas de representación proporcional pura, solo hay que agregarle la lista cerrada, desbloqueada, con voto preferente y creo que con esto avanzaríamos de manera sustantiva, y mucho, creo yo. Gracias, diputada.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por sus respuestas.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora, le damos el uso de la palabra a la maestra María Luisa Oviedo Quezada, para dar respuesta a la pregunta de la diputada Susana Prieto.
La ciudadana María Luisa Oviedo Quezada: Gracias. Diputada Susana Prieto, en relación a mi posición es en torno a la división de poderes, es un punto de vista simple. Partamos, número uno, esta es una mesa de debate, en donde se hacen aportaciones y estas aportaciones vienen desde diferentes puntos de partida, y la mía, mi punto de partida ha sido la experiencia en el ejercicio profesional, la experiencia en el cargo y la experiencia también desde la academia. Y esa experiencia me dice, que una ley no hace la diferencia. No se gobierna por decreto. Se gobierna por la educación y la cultura de la gente.
Y, otro punto de partida, que va relacionado con la cultura y la educación de la gente también, me lleva a esa división de poderes y a la vulneración de la división de poderes, si se concentra la normativa electoral en un solo documento. Que, además, también me parece irrelevante. Si está en un solo documento así, choncho, como dicen, en un solo volumen o en un compendio en varios volúmenes, no hace la diferencia.
El punto es que, si es el Congreso de la Unión quien elabora la norma que va a regir los procesos electorales de las 32 entidades federativas, entonces dónde queda la soberanía de los estados para autorregularse, autogobernarse. Ahí está mi punto sobre la vulneración a la división de poderes y al federalismo.
Como lo dije en el inicio de mi intervención. La propia Constitución nos marca el rumbo de esa división de poderes. Tres niveles de gobierno distintos, tres funciones distintas para el ejercicio del poder, para que no haya una sola persona o corporación que detente un poder excesivo, en detrimento de los derechos de los demás.
Entonces no le veo dónde esté la complejidad de que cada entidad federativa siga manteniendo esa libertad configurativa para organizar los procesos electorales que darán como resultado a las personas que los van a gobernar al interior. Eso es por cuanto a mi postura en cuanto a por qué no una legislación única. Las respuestas a sus preguntas más adelante. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me hace favor. Sí puede tomar de una vez el tiempo.
La ciudadana María Luisa Oviedo Quezada: ¿Sí? Ah, bueno. Con relación a la pregunta, a las preguntas que formula la diputada que preside la mesa. La revocación de mandato todavía no está regulada en las legislaciones electorales, y creo que es conveniente que empecemos a verla. Si hablamos de una legislación estándar, de una legislación única, involucraría desde luego incluir la revocación de mandato y el tema de las consultas generales, en general la participación de los ciudadanos en la vida democrática.
Es un momento idóneo si estoy hablando ya de cultura y de participación en la democracia, que todos los mexicanos del país nos veamos involucrados en esta forma de participación que hasta hace poco tiempo no existía. Entonces ahí me inclino por que sí bajen a las legislaturas estatales, a las normas electorales estatales la revocación de mandato, las consultas populares, todas las formas de participación ciudadana. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora tiene el uso de la palabra el doctor Raúl Ávila Ortiz.
El ciudadano Raúl Ávila Ortiz: Sí, cómo no. Sí. Gracias. Otra vez muy reconocido, muy agradecido por esta oportunidad, el espacio. Yo estimo que, por cierto, un foro como este de parlamento abierto es una garantía de la democracia, y celebro mucho que se lleve a cabo en esta sede.
Yo estimo que en el tema de la revocación y de la consulta popular está previsto hasta ahora en el artículo transitorio de la reforma constitucional de la revocación de mandato que los estados de la república, las entidades federativas hagan su reforma para efecto de establecer la revocación para los gobernadores. Eso está previsto ahí. Ahora, es todo un debate en términos comparados. Si yo pudiera agregar algún elemento aquí valioso, que pudiera ser diferente.
Es que hay países en que, como el caso de Perú, durante muchos años tuvieron la revocación del mandato a nivel de los ayuntamientos en un estado central. Y otra vez la cultura política, las prácticas reales, políticas condujeron a que después de aproximadamente unos 25 años la eliminaron. Por qué razón. Porque al día siguiente de que ganaba la planilla correspondiente, los que perdían se dedicaban, en lugar de a cooperar, a conflictuar al que ganó para poderlo revocar en un plazo de dos años, de cuatro años en el periodo de gobierno municipal en Perú.
Pues en cuanto pasaban los dos años presentaban la solicitud. Pero antes de que se presentara la solicitud ya habían armado una guerra con además todos los medios que hay hoy, tecnológicos y de mercadotecnia, y que las consultorías recomiendan toda una serie de estrategias y tácticas de guerrilla y demás.
Pues entonces prefirieron quitarlo. Por qué. Por un problema de gobernabilidad. Primero de recursos y de distracción. Porque entonces el que está gobernando se dedica a defenderse de los que lo están atacando para removerlo en cuanto pase la mitad del término, del periodo de gobierno.
Y segundo, porque habría que ver el sistema electoral cómo está diseñado, ¿verdad? Y en ese caso había un defecto: los regidores no tenían suplente. Entonces, revocabas al regidor o revocabas al síndico y se quedaba vacía la silla, no había manera de sustituir. Así que hubo un momento en que, en el Ayuntamiento de Lima, por ejemplo, se quedó sin suficientes regidores para poder funcionar. Es un caso extremo quizá, pero yo ahí lo pondría como una alerta de que también tiene sus límites. Entonces, tiene sus límites.
La consulta popular y/o las consultas ciudadanas y la revocación de mandato me parece que un detalle que advirtió un senador de Morena, precisamente el año pasado, este año, cuando se estaba discutiendo este año álgidamente si se deberían de instalar o no para la revocación de mandato el mismo número de casillas que en la última elección federal, es que si revisamos comparativamente las dos leyes, la de revocación y la de consulta, sí vemos que tienen como objetivos y justificaciones diferentes.
Entonces, para revocar un mandato se requiere un umbral mayor porque se tiene que demostrar que el gobernante ha perdido el apoyo, por lo menos en el nivel de votos que recibió. De otra manera, cómo poderlo legitimar. Para eso, también instalar el número de casillas que se instalaron en la última elección federal sigue pareciendo muy justificable.
Entonces, esas diferencias de objetivos, de unas y de otras leyes y de su justificación se aconseja, creo yo, mantenerlas así, separadas. O bien, si se unifican, que tengan la debida sistematización una y otra. Creo que con eso sería suficiente. ¿Sí? Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le agradezco mucho su respuesta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tiene el uso de la palabra el doctor Armando Hernández Cruz.
El ciudadano Armando Hernández Cruz: Muchas gracias, diputada. Respondiendo a los interesantes planteamientos de la diputada Susana Prieto y de la diputada Graciela Sánchez, quisiera señalar lo siguiente.
Primero, es importante diferencia este foro si se refiere a la posibilidad de una legislación electoral única. Creo que es importante diferencia eso del proceso de codificación. No es lo mismo hacer un código que una legislación electoral única.
Cuando hablamos de única, en mi opinión, estamos hablando de la dimensión federal, estatal y, en su caso, regulación municipal. Es decir, la posibilidad de centralizar normas, disposiciones y principios. Cuando hablamos de juntar todas las leyes, la Ley de Revocación de Mandato, al Ley de Consulta Popular con la Lgipe, estamos hablando de codificación, de codificar, y ya no tenemos un Cofipe, como antes, ahora tenemos una ley, una Lgipe. Entonces, la diferencia entre código y ley es que el código es una compilación de leyes.
Yo lo que creo es que, sin demérito de la posibilidad de hacer una legislación única, lo que hay que hacer es dividir, sistematizar, clasificar las normas según su materia y contenido. En cuanto a una legislación sustantiva, me parece que debe subsistir la Lgipe con la parte sustantiva de principios, procesos, reglas.
Debe subsistir la Ley de Revocación de Mandato y la de Consulta Popular, como leyes sustantivas, mientras que la legislación orgánica del Tribunal y del INE, en mi opinión, debe salir de la Lgipe y constituirse en leyes orgánicas, lo cual no significa... Porque, insisto, unificar la ley y codificar son cosas distintas.
En cuanto a la legislación procesal, decía yo que parece que hay más o menos un criterio unánime en el sentido de que sí es útil, es conveniente unificar procesos, plazos, en los nombres incluso de los recursos porque cada legislación tiene el nombre distinto de un recurso. En fin, creo que eso sería indudablemente útil, la unificación procesal.
También yo sugeriría en materia penal, en los derechos electorales, la posibilidad de una unificación en el sentido de quitar de los códigos penales electorales, perdón, de los códigos penales locales, los delitos electorales y llevarlos todos a la Ley General de Delitos Electorales, en mi opinión.
En mi opinión, por lo que decía también la pregunta que hacía la diputada Susana Prieto, y con el debido respeto, por supuesto, para mi compañera amiga la maestra Oviedo, yo creo que la legislación única no afecta el principio de división de Poderes, de ninguna manera, no veo cómo. La división de Poderes es una distribución horizontal de competencias y aquí no hay manera de afectar ese principio.
Bueno, sí, la parte que... Sé que mucha gente dice que afecta la autonomía de las entidades federativas. Yo no lo reo, yo creo que, efectivamente, si se establece un sistema nacional o si se centralizan atribuciones o funciones, sí se restan facultades a las entidades federativas, pero no se afecta su autonomía, siguen conservando una esfera de autonomía, lo que se le quitan son facultades, que son dos cosas distintas desde mi punto de vista.
Y, bueno, por otro lado, me parece que efectivamente como ya decía el primer expositor, la cuestión es que sea reglamentado en normas del INE cosas como el calendario electoral o como algunos otros aspectos, el Reglamento General de Elecciones, pero yo creo que no le corresponde al INE y lo dije en mi primera intervención.
Yo creo que ese tipo de cuestiones, esta estandarización de procesos, no le corresponde al INE, le corresponde al Poder Legislativo, que es el que tiene la legitimidad democrática para tomar esas decisiones y no así la autoridad administrativa electoral.
Entonces yo creo que si hay un proceso de estandarización, que efectivamente ya se ha avanzado con acuerdos del INE y con reglamentos del INE, yo creo que no es por ahí la vía y creo que esta es una oportunidad única, este foro, este espacio es una oportunidad única para que yo pueda dar mi punto de vista en ese sentido. Debería ser el Poder Legislativo el que haga ese esfuerzo de estandarización de procesos y no el Instituto Nacional Electoral a través de sus acuerdos, lo digo de manera muy respetuosa, por supuesto.
Ahora, en cuanto a la revocación de mandato y consulta popular, yo creo que están bien en sus leyes las figuras reguladas, pero sí creo que hay que reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley General de Delitos Electorales para incorporar los temas relacionados con estos procesos. Hay que distinguir, por supuesto, la democracia participativa de la democracia representativa, es decir, en términos coloquiales los procesos electorales de los procesos electivos. Las elecciones intrapartidarias, la revocación de mandato, la consulta popular o los procesos de participación ciudadana de las entidades federativas como la Ciudad de México se les conoce coloquialmente como procesos electivos, porque son casi electorales, o sea, no son estrictamente electorales.
Es un término que yo no sé que tan válido sea gramaticalmente, pero se distingue un proceso electoral de un proceso electivo. Y estos procesos electivos tienen que estar regulados sus medios de impugnación, los delitos que se cometen durante estos procesos también hay que incorporarlos a la legislación, yo creo que este es un momento oportuno y único para hacer esa incorporación. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias a usted por su tan interesante respuesta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Por último, para cerrar el segundo bloque de respuestas, tiene la palabra el licenciado Marco Antonio Reyes Anguiano. Adelante.
El ciudadano Marco Antonio Reyes Anguiano: Sí, muchas gracias. Bueno, creo que lo primero que debemos pensar para ver qué es lo que se tendría que hacer es si deben o no deben existir los, hoy OPLE. Si no existen, si ya no van a existir o si se va a regresar al sistema que tendría antes del 2014 no hay la necesidad de esta legislación única, pero definitivamente, si dejaran de existir o si se pretende una homologación como hasta ahorita lo ha hecho el INE, que no comparto en estas situaciones porque bien lo estaba comentando el doctor Matías, la cuestión de que el reglamento o los acuerdos van por encima del derecho constitucional que tienen los estados de autoorganizarse y, sin embargo, es así, así funciona, así es como ha estado funcionando.
Recuerdo que en las elecciones anteriores en donde se tuvo que hacer bloques de los estados que decían este bloque inicia de tal a tal fecha sus precampañas y este otro bloque entre tal y tal fecha y así creo que hicieron tres o cuatro bloques, que no tenía absolutamente nada que ver con su organización legislativa estatal, pero así fue, así se hizo y así funcionó.
Entonces, lo primero es ver esto y ya después de que tengamos qué es lo que se quiere hacer que permanezca o no permanezcan, también ver, dar el siguiente paso a lo que es la legislación única electoral, pero hay una de las situaciones que en la primera participación comenté, esta parte en donde lo electoral muchas veces está confundido con la estructura del Estado.
Ahorita la propuesta del presidente viene con la forma en la que se deben integrar los municipios en donde tantos regidores, tantos síndicos y ojo, esa no es una parte electoral, esa es una parte de organización estatal y eso, creo yo, que debe corresponderles a los estados cómo me organizó. Aquí es en donde coincido perfectamente con la doctora Oviedo, les toca a ellos saber cuántos regidores necesito en este municipio, cuántos no porque no es nada más la cantidad de personas, sino también las personas habitantes del municipio, sino también sus condiciones hasta geográficas, culturales, etcétera.
Entonces sí es importante distinguir esas dos situaciones. Una es lo electoral, otra es cómo me he de organizar en mi estado y esa parte sí es en donde yo creo, mi punto de vista es que debe estar totalmente separado.
Hay algo que me llama la atención. En el estado de México y en Puebla, si ustedes revisan la legislación orgánica municipal de las dos entidades, menciono estas dos porque he sido asesor parlamentario principalmente en estas dos, aparte de aquí en esta Cámara, en la Ley Orgánica Municipal dice cómo se configura un municipio, pero también lo dicen las leyes electorales de estas dos entidades. O sea, lo dicen las dos y alguna ocasión hubo, no recuerdo si fue en el estado de México, me parece, en donde no coincidía algo por ahí y a final de cuentas se tenía que utilizar. Se terminó utilizando la de la Ley Electoral, si mal no recuerdo, no obstante que la que debía haberse utilizado es la Ley Orgánica Municipal.
Esa parte creo que ya es meter estas reformas en una homologación, algo que no le corresponde, algo que sí es totalmente de los estados.
Había otra inquietud por ahí que creo que ya no me entiendo con mi letra, es que dictan muy rápido. Perdón. En la cuestión de la revocación del mandato y las consultas. Es cierto, es necesario generar esas analogías que tenemos en la organización electoral, pero, por ejemplo, en las cuestiones de los delitos están totalmente fuera estas dos figuras de lo que es la configuración de delitos, sobre todo porque recordemos algo. En la materia penal ahí sí no se vale lo gelatinoso de la materia electoral, ahí es una taxatividad.
Si dice la norma: Durante un proceso electoral hizo esta maldad el ciudadano, le corresponde esta sanción. Sí, pero resulta ser que no estaba en un proceso electoral, sino como lo dice el doctor Armando, a final de cuentas era un proceso electivo. Entonces ya no fue lo mismo, ya no es aplicable taxativamente esa norma.
Entonces, sí, si se ha de hacer esa otra parte, esa conjunción de los procesos electorales y electivos creo que también es muy pertinente ver esa otra parte penal, sobre todo con esa visión no del electoralista, sino el del penalista, el que tiene que manejar la taxatividad dentro de lo que es una norma penal. Sería todo. Perdón, ay me pasé. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Pues muchísimas gracias. Con su participación concluimos este foro, no sin antes agradecer la puntualidad de sus propuestas y la gentileza de sus reflexiones.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: En lo general se han planteado la viabilidad de una legislación única que no necesariamente establece la creación de una autoridad única, pero no se descarta esa posibilidad. Ello posibilitaría, de acuerdo a la precisión en el diseño y estructuras institucionales estables, monitoreo, certidumbre, estandarizaría procedimientos y derechos políticos de la ciudadanía sin que con ello se trasgreda la autonomía de las entidades federativas de la República Mexicana. Por el contrario, armonizaría los dispositivos jurídicos actuales y perfeccionaría la eficiencia, eficacia y el uso de recursos públicos.
Les reitero mi agradecimiento a nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Comisión de Reforma Política-Electoral y de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agradezco mucho su presencia, doctor Matías Chiquito Díaz de León, doctora Armando Hernández Cruz, licenciado Marco Antonio Reyes Anguiano, maestra María Luisa Oviedo Quezada, doctor Raúl Ávila Ortiz, y no sin antes también mencionar y agradecer a mis compañeros diputados que me acompañaron en esta reunión, a la diputada Susana Prieto, al diputado Benjamín Robles Montoya, a la diputada Cristina Ruiz Sandoval, al diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete y presencialmente a la diputada Eunice Monzón.
Muchísimas gracias a todos ustedes, y les pido les demos un fuerte aplauso por su participación.
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