Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura
Foros de parlamento abierto para la reforma electoral
Tema: Sistema de partidos
Versión estenográfica del Foro 19: Sistema de fiscalización
de las campañas electorales en un sistema de elección basado
en listas, celebrado el lunes 22 de agosto de 2022

Apertura del foro

Presentación de la y los ponentes

Intervenciones

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon

Jorge Montaño Ventura

Norma Angélica Sandoval Sánchez

Marco Antonio Gómez Alcantar

Preguntas

Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya

Diputado Juan Luis Carrillo Soberanes

Diputado Hamlet García Almaguer

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz

Respuestas

Marco Antonio Gómez Alcantar

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon

Jorge Montaño Ventura

Norma Angélica Sandoval Sánchez

Preguntas

Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya

Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis

Diputada Rosangela Amairany Peña Escalante

Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz

Respuestas

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon

Jorge Montaño Ventura

Norma Angélica Sandoval Sánchez

Marco Antonio Gómez Alcantar

Clausura del foro


 
 
 
 
 
 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de participar en este foro de parlamento abierto, en el foro número 19 que, como ya se ha anunciado, tiene que ver con los sistemas de fiscalización de las campañas electorales en base o de acuerdo con un sistema de listas.

Por supuesto agradecer la participación a quienes hoy han aceptado estar con nosotros, trasladarse desde sus distintas ciudades del interior de la República y poder conocer desde su experiencia precisamente cuáles son sus opiniones en este tema.

Por supuesto saludar al diputado Hamlet García Almaguer, representante del Partido de Morena y cederle los micrófonos al secretario técnico, a Omar Sánchez Molina, no sin antes señalarles la gratitud y por supuesto el saludo del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Rubén Moreira Valdez. Adelante, Omar, por favor.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá. Diputadas, diputados, diputado Benjamín Robles, a través de la plataforma virtual, que siempre nos ha acompañado en estos foros, al diputado Hamlet García, también que ha sido asiduo asistentes a los foros de parlamento abierto, también a la diputada Blanca Alcalá y al os demás diputados que se van a integrar en un momento.

Antes de iniciar quisiera hacer un breve balance de lo que llevamos como foros de parlamento abierto hasta la fecha. Iniciamos el 26 de julio, ya casi un mes de trabajo. En este momento el número de este foro es el 19, pero como hubo un acuerdo de la Junta para incorporar dos más, para analizar el tema de democracia participativa y también relativo a legislación electoral única, que de hecho vamos a abordar hoy en la tarde. Llevaríamos ya 21 foros de trabajo. En total, antes de iniciar este foro ya son 40 horas de trabajo ininterrumpido de nuestros expertos en transmisiones aquí del Canal del Congreso de la Cámara de Diputados, que siempre transmiten en vivo nuestras sesiones.

En dichos foros han podido participar ya más de 63 hombres, incluidos los que ya están el día de hoy por acá, 65 en total y 29 mujeres, lo cual indica también que, habíamos mencionado trabajar mucho en la paridad, diputada, diputados, para que los temas electorales y cualquier otro pues implique que mujeres y hombres participan en igualdad de condiciones. Vamos a trabajar en ello. Tenemos un pendiente al respecto.

Y, mencionar, que estos foros han sido un esfuerzo de las representaciones de los grupos parlamentarios, donde con libertad, diversos hombres y mujeres han participado y en especial la cantidad de autoridades electorales que han pasado por estos foros han sido importante, ya 26 autoridades electorales, 29 académicos que con su experiencia en materia electoral han venido a aportar también su visión sobre esta materia.

Cinco representantes de partidos políticos, que ellos directamente pues están el día a día en sus áreas de competencia. Hemos tenido representantes de las minorías de las comunidades de grupos vulnerables, de todas ellas, migrantes, aquí la diputada Blanca Alcalá ha sido una impulsora muy importante del tema. Es decir, ha sido un esfuerzo colectivo, plural, abierto, en vivo, y me parece que la marca registrada del parlamento abierto, tal como lo desarrollo la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados en las tres modalidades de trabajo, tanto modalidad de debate en el Canal del Congreso, mesa en comisiones y los diálogos Jucopo, es algo que debemos replicar para todos los ejercicios trascendentales de deliberación que tenga el país.

Y bueno, hoy en especial es un tema, me parece importante, porque se trata –como decía la diputada Blanca Alcalá de– a partir de las diversas propuestas de reforma constitucional y legal, analizar con nuestros expertos, nuestra experta, como sería un sistema de fiscalización basado en listas, cuando los partidos políticos, los candidatos independientes, se proponen para competir electoralmente, cómo funcionaría eso. Es decir, hacer una revisión del tema y ya posteriormente los grupos parlamentarios tomarán una decisión sobre el rumbo de las iniciativas. Pero hoy, cuando menos, lo importante es que sí discutamos esta importante materia que es la fiscalización. Bueno.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y contamos con la presencia de Gilberto de Hoyos Koloffon, de Jorge Montaño Ventura, de Norma Angélica Sandoval Sánchez y de Marco Antonio Gómez Alcantar. Ellos van a ser los ponentes el día de hoy. Les comento la mecánica el día de hoy. Les comento la mecánica rápidamente, también para que la conozca el auditorio. Es un formato que guarda cierta flexibilidad, pero hay que darle orden. Iniciaríamos con siete minutos cada uno de los ponentes para hacer su aportación inicial. Cuando se concluya el tiempo yo les haré una señal, espero no tomarla. Posteriormente los grupos parlamentarios, en el orden representado, harán preguntas hasta por tres minutos, para que los ponentes tengan a su vez cinco minutos para responder sus cuestionamientos. Esto por dos rondas. Y si hubiera algún comentario adicional estaría, en mi calidad de secretario ejecutivo, haciendo la mención correspondiente.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a dar inicio entonces a nuestro panel de expertos con Gilberto de Hoyos Koloffon. Me permito leer la semblanza curricular de Gilberto, a quien agradecemos su presencia aquí en este foro. Él es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cabe destacar que tiene una maestría en derecho por la Georgetown University en Washington, DC. Actualmente cuenta también con doctorado en humanidades y arte.

En el ámbito público laboró en la Consejería Jurídica de la Embajada de México en Estados Unidos de América. Ha sido comisionado ciudadano y consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en los periodos 2010 a 2014 y de 2014 a 2017, respectivamente. Desde 2018 fue designado por el Congreso del Estado de Nuevo León como fiscal especializado en Delitos Electorales. Y en febrero de esta anualidad fue electo para un periodo como presidente del consejo directivo en la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales.

En el ámbito privado ha ejercido como abogado y empresario, además de haber presidido diversas asociaciones en la sociedad civil. Editorialista en medios de comunicación, ha realizado diversas publicaciones en instituciones académicas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, Some y Copuex. Fue autor y coordinador de la obra Ley General en Materia de Delitos Electorales Comentada, editada por Tiran Lo Blanch, y autor en la obra Monitor político 2020, editada igual por Copuex. Además, participó como conferencista en diversos foros vinculados con temáticas jurídicas y como catedrático del Tecnológico de Monterrey. El pasado 26 de julio del 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a su cargo, asumió la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León.

Bueno. Pues entonces contamos con Gilberto, con su amplia experiencia en materia electoral, delitos electorales. Le damos el uso de la palabra hasta por siete minutos. Bienvenido. Adelante, por favor, Gilberto.

El ciudadano Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon: Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en especial al diputado Rubén Moreira, y a todas y todos los integrantes de la misma, por la invitación a participar en este parlamento abierto con motivo de la reforma electoral.

A nombre de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, la FEDE Nuevo León, como le llamamos, y de las y los fiscales electorales de la República Mexicana, a través de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, saludo cordialmente a las y los participantes, así como a las personas asistentes, en especial a la diputada Alcalá, a los diputados Hamlet y Robles, y al secretario ejecutivo Sánchez.

Cabe recordar que el sistema de fiscalización con el que contamos actualmente tiene sus bases en diversas reformas que se han llevado a cabo desde hace más de 35 años. El tema de la mesa es de especial relevancia, toda vez que al recibir financiamiento como entidades de interés público, los partidos políticos deben rendir cuentas, y su fiscalización le corresponde por mandato constitucional al Instituto Nacional Electoral. Su inobservancia en la vía administrativa podría implicar una imposición de amonestación pública, multas, reducción en sus ministraciones o hasta la cancelación de su registro. Por su parte, en la vía penal también existen conductas relacionadas con la fiscalización, cuya sanción está traducida en una sanción económica y privativa de la libertad.

Ciertamente, las conductas definidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales referentes a la fiscalización son las siguientes: prohibición del ingreso de fondos provenientes del extranjero para campañas electorales. La abstención de rendir cuentas de los gastos ordinarios a las campañas. La abstención de informar o la rendición de información falsa de los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos que hayan perdido su registro y las aportaciones a opciones políticas, cuando existe una prohibición legal para ello, cuando los fondos tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Ahora bien, desde la procuración de justicia penal electoral, se deben salvaguardar los principios constitucionales, como la imparcialidad y la equidad en la competencia política, previniendo e investigando el uso de recursos prohibidos por las leyes aplicables.

Para evidenciar la relevancia de este tema, quisiera compartirles dos casos que hemos llevado a cabo en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León. En el primer caso lo denominaremos el exgobernador de Nuevo León, en donde existe una investigación abierta actualmente, que se originó en el estado de Nuevo León y que ahora se encuentra bajo competencia del fuero federal, que consiste en un precandidato que presuntamente recibió recursos y aportaciones para su campaña, en lo que existe prohibición legal para ello.

Lo anterior, establecido tanto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Ya no abundaré más sobre el tema, ya que es una investigación que se encuentra abierta.

El segundo caso lo denominaremos liquidación de un partido político local. Esta carpeta de investigación se inició dado por una vista efectuada por el OPLE del estado de Nuevo León, en el cual se señala a una persona física, que es un proveedor de un partido político local en liquidación y dicho proveedor no se encontraba registrado en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, lo que originó esta investigación y, por tanto, se acreditó un delito electoral.

Por último, con este parlamento abierto estamos viviendo una gran oportunidad histórica de poder aprovechar de revisar, acoplar, corregir, complementar y modificar las áreas de oportunidad que tiene nuestro sistema electoral.

Bajo este universo, se han estado analizando una diversidad de temas al respecto y es importante resaltar que en este momento de deben y no pueden quedar fuera los delitos electorales. No puede haber una reforma electoral integral que beneficie al país si los delitos electorales, señoras y señores diputados, no son considerados en este ejercicio.

Para que pueda existir un sistema democrático, participativo, equitativo y dentro del Estado de derecho, debe considerarse en conjunto lo administrativo-electoral, lo jurisdiccional-electoral y lo penal-electoral. Por lo tanto, de manera muy respetuosa dejo a su consideración algunos apuntes para las futuras adecuaciones a la normatividad vigente.

1. Determinar las actividades vulnerables en las campañas electorales, similar a lo que establece la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

2. Reportar la creación de empresas durante el proceso electoral que podrían prestarse para permitir el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales.

3. Incluir la calidad de organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político dentro de las figuras que se puedan relacionar con la probable comisión de un delito en la materia.

Por último, quisiera agradecer nuevamente a todos y a todas por su atención, esperando que se obtengan reflexiones muy valiosas en el marco de este parlamento abierto, con la finalidad de fortalecer nuestro sistema democrático, trayendo como consecuencia mayor confianza en las instituciones electorales, una amplia participación de la ciudadanía, estabilidad política, paz social, legalidad y equidad en la contienda electoral. Y, sobre todo, que el voto continue siendo libre y secreto. Es cuanto, secretario. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Gilberto, por esta primera aproximación la tema. También importantes las aportaciones muy concretas que haces para el debate parlamentario. Seguramente van a ser retomadas por esta legislatura.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien. A continuación, vamos a darle el uso de la voz a Jorge Montaño Ventura, a quien también le agradecemos su presencia en esta Cámara de Diputados. Me permito leer la semblanza curricular del maestro en derecho Jorge Montaño Ventura.

Él es, como decía, licenciado y maestro en derecho y también tiene especialidad en constitucional y amparo por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente trabaja en la investigación y publicación para obtener el grado de doctor, me imagino también que en derecho. Ha participado como invitado y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en materia de derecho electoral.

Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, subdirector de Adquisiciones del honorable Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco y también participó en el proceso electoral en 1994 como coordinador de observadores electorales de la organización Movimientos por la Certidumbre del citado municipio de Tenosique en Tabasco.

Fue electo por la LX Legislatura del Congreso del estado, al cargo de consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Tabasco y fue nombrado como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco por la LXII Legislatura del Senado de la República.

Actualmente, el maestro Jorge Montaño Ventura se desempeña como fiscal especializado en delitos electorales del estado de Tabasco, de ahí la importancia de este federalismo electoral que nos ha tenido a diversos servidores públicos locales y federales hablando de un tema como es el electoral y, obviamente, la participación de Jorge será también provechosa para esta Cámara de Diputados. Jorge, tienes hasta siete minutos iniciales. Adelante y bienvenido.

El ciudadano Jorge Montaño Ventura: Muchas gracias por la amable invitación. Agradezco a la Junta de Coordinación Política y a los diputados que la integran. A la diputada Alcalá, muy amable y gentil por la invitación. El diputado Hamlet García, muchas gracias por la invitación. Diputado Juan Luis Carrillo, igual gracias por invitarnos y considerar a las Fiscalías Electorales de las distintas entidades federativas de nuestro país.

Por supuesto, un honor compartir esta mesa, este panel con personas tan destacadas como el consejero Marco Antonio Gómez Alcántara, lo que me da gusto aquí saludarlo nuevamente, se lo externé hace un momento. Igual con mi compañero y amigo fiscal Electoral del estado de Nuevo León y quien es nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, el maestro Gilberto de Hoyos Koloffon, de quien siempre hemos recibido todo su apoyo y es un gran aliado de la Fiscalía Electoral de Tabasco. Y a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, con quien tuve la oportunidad también de compartir esta responsabilidad jurisdiccional en su momento.

Muchas gracias a todas y a todos quienes hacen posible este esfuerzo, este programa que tiene la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura.

Como bien han señalado, en este caso el fiscal De Hoyos, el tema de la fiscalización que está contemplado ya en la norma administrativa y que ahora gracias a esas reformas que se han dado, también ya se encuentra en la parte punitiva de la materia electoral, pero vayamos a lo que es precisamente la fiscalización sobre los informes de campaña.

En la parte administrativa se encuentra normado por el artículo 79, inciso b) de la Ley de Partidos Políticos. Aquí muy claramente se señala quienes son los responsables o quienes deben de rendir cuentas precisamente sobre los recursos que le son otorgados y hablamos de recursos públicos, específicamente señala a los partidos políticos, pero no menos también ahora están de manera solidaria las candidatas o los candidatos son responsables en el cumplimiento, precisamente, de estos informes de los gastos de campaña.

En las experiencias que ha habido en la parte administrativa se ha visto lo que ha sido el rebase de tope de gastos de campaña y que bueno, ha llevado al tema de las nulidades, pero es un tema que creo que en el tema de las Fiscalías Electorales me voy a ceñir más a lo que habla nuestra propia ley, que es la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Para hablar de fiscalización tendríamos que señalar el artículo 11, de la fracción VI de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde hay una sanción pecuniaria, pero también hay una sanción punitiva. Esto es que ya se ha ampliado precisamente el tema de las sanciones a quienes incumplan con el imperativo de informar sobre, no solo el destino sino también el origen de los recursos que les son otorgados para sus actividades electorales.

En este caso, a través de la Ley General en materia de Delitos Electorales, la fracción VI del artículo 11 señala que habría una sanción pecuniaria de 200 a 400 días de multa, así como también de acreditarse esta conducta ya como un delito electoral, podría ir de 2 a 9 años de prisión.

Textualmente señala que es a quien se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con las funciones de fiscalización. Esto es que ya no solo es la vía administrativa sino también la vía penal electoral, por la cual algún partido político, candidata o candidato podría ser sancionado de acreditarse que está cumpliendo precisamente con esta obligación constitucional.

Agradezco el que sean consideradas las fiscalías electorales, porque hoy está más que demostrado que vamos de la mano tanto con los órganos electorales administrativos como con los órganos jurisdiccionales en esta materia.

Compartimos ya no solo también el tema de la fiscalización, hay un tema importante y vale la pena mencionarlo, aunque no sea el tema de hoy, el tema de la violencia política en razón de género, que es una de precisamente estas conductas que pueden coexistir en tres vías, administrativa, jurisdiccional y penal electoral, y el caso de la fiscalización ya vamos caminando de la mano precisamente en ese mismo sentido en la parte administrativa, pero hoy ya las fiscalías especializadas en delitos electorales, gracias a estas reformas que no han sido más que aprender de las experiencias que se han vivido tanto de los procesos ordinarios como extraordinarios y que ha quedado demostrado que se tiene que precisamente informar de manera puntual el uso de esos recursos, que devienen precisamente como financiamiento público.

Aquí la importancia también de las fiscalías es en que el origen es de dudosa procedencia, también se encuentra contemplado que esta conducta sea castigada no solo de manera pecuniaria, sino también de manera punitiva hasta con 15 años de prisión. Por el momento es todo en esta intervención. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias a Jorge Montaño por la aportación inicial que hace a este foro de parlamento abierto.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación a darle el uso de la voz a la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, de quien me permito leer su semblanza curricular. Antes también darle la bienvenida a la diputada Zulema Adams. Bienvenida, diputada, a este foro de parlamento abierto.

Decíamos, la importancia de la participación de las mujeres no solo en la posibilidad de tomar las participaciones aquí en estos foros, sino también de que el tema electoral refleje la igualdad y la paridad que se requiere en el país, y hoy también nos acompaña una experta en materia electoral. Voy a permitirme leer su semblanza curricular, lo principal de ella.

Es maestra en derecho electoral por el Instituto del Tribunal Electoral del estado de Jalisco. Especialista en justicia electoral por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Abogada, notaria y actuaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente también doctoranda en derecho electoral.

En el plano profesional tiene más de 20 años de experiencia en la materia electoral. Magistrada del Tribunal Electoral del estado de Puebla, nombrada por el Senado de la República el 10 de diciembre de 2018, y el primero de diciembre de 2020 fue designada por unanimidad magistrada presidenta de dicho órgano, organismo jurisdiccional.

Secretaria instructora, secretaria de Estudio y Cuenta y auxiliar jurídico del Tribunal Electoral del estado de Puebla, coordinadora general de Jurisprudencia y Estadística Judicial en la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consejera distrital del IFE, del Consejo 9 en el estado de Puebla, y también oficial judicial del juzgado quinto B y décimo de distrito del sexto circuito del Poder Judicial de la Federación.

No solo en su actividad profesional destaca la experiencia electoral, sino que ha sido también la maestra Norma Angélica, catedrática de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en diversas materias.

Dicha actividad docente se ha desplegado en derecho electoral, derecho procesal electoral, análisis de casos, derecho procesal constitucional, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Asimismo, pues ha sido catedrática de la Escuela Libre de Derecho, con una vasta experiencia como catedrática también.

Y, en otras actividades, obviamente ha participado en distintas actividades como ponente en diplomados, talleres y congresos nacionales e internacionales, relacionados con la materia electoral en género y derecho constitucional.

Seguramente lo que aquí se diga será también motivo de que se amplíe esta experiencia curricular vasta en materia electoral y, por lo tanto, nos dará mucho gusto, Norma Angélica, que tengas el uso de la voz, hasta por siete minutos, bienvenida. Muchas gracias.

La ciudadana Norma Angélica Sandoval Sánchez: Muchas gracias diputado. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos de mis compañeros fiscales que me precedieron en el uso de la voz, a todas, las y los, diputados integrantes de esta Junta de Coordinación Política, en especial, un agradecimiento a la diputada Blanca Alcalá Ruiz, de la bellísima Puebla.

Voy a tratar de ser muy breve, porque ya empezó a correr el tiempo, y si no me van a sacar tarjeta roja de expulsación y esas no me gustan.

Ya mis compañeros empezaron a platicarnos de qué es lo que se trata la fiscalización, de dónde vienen los dineros, hacia dónde van y qué es lo que tenemos, en qué tenemos que poner atención. Este panel, este panel número 19 tiene que ver también con las listas de representación proporcional. Y me parece un tema por demás importante y fundamental.

Actualmente, el único modelo de lista que tenemos es de representación proporcional. No tenemos otro tipo, otra forma y lista como hay en otras partes del mundo.

Los candidatos de representación proporcional pueden decidir hacer o no campaña. Y derivado de ello es que se rinden o no cuentas. Y en el caso de realizar campañas deben ajustarse a los límites establecidos para los topes de gastos de campaña de los candidatos de mayoría relativa.

Uno de los problemas o más bien de las situaciones que vemos en la parte operativa, en la parte de ejecutar este derecho es el principio de definitividad. En qué momento se va a impugnar este rebase de tope de gastos de campaña si estamos hablando que los diputados al tercer día de que es el día de la jornada, se les entrega la constancia de mayoría.

En el caso de Puebla tienen tres días para impugnar y a nivel federal cuatro. Pero entonces, estamos hablando de que en ese día todavía no hay dictámenes consolidados. Todavía no sabemos si hubo o no rebase de gastos de campaña por parte de los candidatos.

En Puebla tuvimos cinco asuntos en donde presentaron el medio de impugnación, pero mes y medio después de que ya habían sido firmes esas, las entregas de las constancias de mayoría porque no habían sido impugnados.

Entonces, habría que valorar si lo correcto sería generar una nueva oportunidad para impugnar, una que tenga que ver con los resultados y la declaración de validez de la elección o solo los resultados. Y otra que tenga que ver con los dictámenes consolidados. Porque la realidad es que los dictámenes consolidados no salen tan rápidamente y entiendo que es una situación operativa propia del sistema.

Entonces, bueno, el principio de definitividad por ahí se queda como, hablando en el caso de Puebla, nosotros desechamos los medios por considerarlos extemporáneos. Nos revocó la sala regional para poder estudiar el fondo del asunto, pero había otro precedente de otra sala regional, donde decía, per se la impugnación, aduciendo el rebase de topes de gastos de campaña, tiene que venir acompañado de pruebas que al menos indiciariamente acrediten ese rebase de tope de gastos para poder, pues activar, accionar todo el sistema jurisdiccional.

Y, qué es lo que va a pasar. Cuando hay un rebase de tope de gastos en campaña en candidatos de mayoría anulamos la elección, pero en RP qué vamos a hacer. Por supuesto que no podemos anular la elección, impactaría, ¿por qué? Porque viene de la fuerza política, viene del partido político.

Entonces, quizá estaríamos hablando de una inelegibilidad, o sea, de un segundo momento para estudiar la idoneidad, la elegibilidad o quizá el nombre sería diferente, no elegibilidad del candidato, pero idoneidad.

Y también, ¿cuánto podemos violar la ley? La violamos poquito, el 5 por ciento, el 1 por ciento, digo, si hay rebase de tope de gastos de campaña debería operar en automático la nulidad, pero también estamos ante supuestos reales que se viven en la vida política y en la realidad.

Los topes de gasto de campaña en muchas ocasiones son demasiado bajos y no es lo mismo la realidad de un distrito en Puebla que de un distrito en Nuevo, que de un distrito en Tabasco. En Puebla tenemos 217 ayuntamientos, una complejidad para trasladarse, en donde no le podemos decir a un diputado con 100 mil pesos recórrete todo tu distrito, que tiene que ver a lo mejor con 35 municipios.

Entonces, me parece a mí que aterrizar hacia topes de gasto de campaña reales generarían que de manera automática los... Si se generara el rebase de tope de gastos de campaña también fuera real, ¿por qué? Porque podemos tener municipios en donde rebasó un 10 por ciento, pero ese 10 por ciento se traduce en 500 pesos y esos 500 pesos entonces es cuando empieza esta parte de la ponderación del juzgador, 500 pesos en realidad era tan grave cuando ganó o sí, pero violó la ley, sí, pero viendo las circunstancias específicas habría que ver qué tanto sí o qué tanto no.

Me parece a mí que una revisión, esta oportunidad de reformar a partir de lo que hemos vivido en la práctica en estos dictámenes consolidados, ustedes también lo deben recordar en 2015, donde la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece una fecha para que se resuelvan los medios de impugnación y todavía no había dictámenes por parte del Instituto Nacional Electoral y entonces, las sentencias, recuerdo perfecto que los resolutivos decían: se confirma la validez de la elección con reserva de lo que establezca la autoridad administrativa.

Entonces, no podríamos hablar de un acto definitivo en una validez de la elección si todavía está por resolverse la revisión del ente que está siendo fiscalizado. Y creo que yo también por el momento hasta aquí me quedaría, lo hice en seis, para que no tenga yo tarjeta de expulsación.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrada experta en derecho electoral, catedrática Norma Angélica. Es interesante lo que ha dicho, antes de darle la palabra al diputado Marco Gómez, porque se ve toda la secuencia que implica la materia electoral.

Recordarle al auditorio, iniciamos justo con debates sobre el método de selección de candidatos, la posibilidad de que haya elecciones primarias por parte de los partidos políticos.

Posteriormente pasamos a los métodos de financiamiento, donde hay una propuesta para tener financiamiento ordinario y financiamiento para campañas electorales, un tema también que se abordó y que fue muy importante por el contexto actual, es cómo la posibilidad de transmitir mensajes políticos a través de radio, TV y redes sociales han sido significativos en las campañas electorales.

Y en este momento lo que estamos discutiendo es justamente la fiscalización, es decir, una vez que se ejerce cada peso que se destina a campañas electorales, y lo que decía nuestra experta, es esa secuencia sobre la definitividad o no de los actos en materia electoral, que a veces para la ciudadanía es difícil de entender cómo es que algo sigue pendiente cuando ya la jornada electoral ha concluido y si es posible extender el plazo para brindar también seguridad jurídica a todos los que participan en los procesos electorales. Entonces, son temas importantísimos.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y para cerrar esta primera ronda de participaciones iniciales, vamos ahora con Marco Antonio Gómez Alcantar, a quien también le agradecemos profundamente su presencia aquí en la Cámara de Diputados. Él es abogado de formación por la Universidad Anáhuac. Ha sido consultor jurídico de varias firmas extranjeras en derecho fiscal, entre otras especialidades también vinculadas con el derecho. Fue asociado de la compañía auditora Arthur Andersen de 1995 a 2002 y asociado de la firma de abogados Baker And McKenzie de 2002 a 2003.

Ha escrito diversos artículos para el periódico El Financiero, y cabe destacar que Marco Antonio fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2003-2010. Y también fue diputado federal en la LXIV Legislatura de este Congreso de la Unión, donde fungió como secretario de la Comisión de Gobernación y Población e integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, es decir, de hecho, las que están en proceso de dictaminación, en su caso, en este momento.  Así que, sin más preámbulos, Marco Antonio Gómez Alcantar, tienes el uso de la voz. Gracias y bienvenido.

El ciudadano Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias. Gracias, me da mucho gusto estar aquí, les agradezco mucho la invitación.

A mi currículum yo añadiría que he asesorado cerca de 35 elecciones de gobernador en materia de fiscalización, dos elecciones presidenciales, y esto lo menciono porque a mí me gustaría tocar los temas prácticos.

Yo vengo a hablar de la experiencia que tengo yo en lo que es la vida real, estando allá, estando acá, estando afuera y creo que puede ser muy rico el escuchar lo que les voy a decir.

Yo empezaría explicando cómo está nuestro sistema electoral, porque a mí me llama la atención el nombre del foro. El nombre del foro se llama Sistema de fiscalización, pero la fiscalización es una parte de lo que se llama equidad en la contienda.

Nuestro sistema electoral tiene tres troncos. Un tronco tiene que ver con el padrón electoral y el listado nominal, otro tiene que ver con la organización electoral y, el tercero, tiene que ver con la equidad en la contienda.

Equidad en la contienda ¿qué significa?, ¿fiscalización?, es decir, que se acredite que cada peso que beneficia a un candidato se contabilice. Equidad en la contienda significa –y pongo ejemplos– la participación de servidores públicos en un proceso electoral. Equidad en la contienda significa la participación de terceros en la compra de propaganda, outlets en redes sociales para beneficiar una campaña y, otros, una serie de temas que son los que el día de hoy genera conflicto.

¿Qué quiero decir con esto? Que lo que es el padrón electoral y la organización electoral son temas que ya están rebasados en nuestro sistema electoral. Yo creo que no ha habido un solo conflicto, que yo recuerde, que tenga que ver con la falta de credibilidad del padrón o por errores en la instalación de un proceso electoral.

México exporta conocimientos electorales, India, Tailandia, Perú, Afganistán, Irak, tienen nuestro mismo sistema electoral. Yo creo que, o sea, sería muy difícil encontrar normas más técnicas como las nuestras y, por ello, creo que es importante centrar la discusión en lo que es la fiscalización.

Se pregunta, ¿el sistema de listas generaría problemas en la fiscalización? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque ya se hace. Mencionaba la magistrada –y lo mencionaba bien–, que los candidatos de RP pueden hacer campaña, bueno, sería lo mismo, hay partidos que hacen campaña genérica porque ellos le apuestan a lo que es la RP, que es válido. Entonces ellos hacen propaganda genérica que se prorratea entre todos los candidatos, pero el problema no es ese. El problema de la fiscalización se da con las listas y se da también en mayoría relativa.

El problema de la fiscalización yo lo ejemplificaría como la falta de definición, por ejemplo, de lo que es el objeto partidista del gasto. Es decir, a ti te pueden sancionar como partido si realizas un partido de fútbol, porque eso no cumple con el objeto partidista.  Han sancionado a los partidos porque organizan conciertos y eso no cumple con el objeto partidista.

En otras palabras, ¿qué es objeto partidista? Bueno, es lo que el INE determine, y ese es el principal problema de la fiscalización que nosotros tenemos en nuestro país, que es el alto grado de discrecionalidad de las autoridades electorales.

El INE, los tribunales locales y, sobre todo, la Sala Superior. Cuando se eligió esta Sala Superior, si revisan las comparecencias de los que hoy son magistrados, no hubo una sola pregunta en materia de fiscalización y la fiscalización es lo que anula elecciones.

No hay un solo magistrado que tenga experiencia en temas de fiscalización, ni uno, por eso el 98 por ciento de las resoluciones del INE, o debería decir el 99 por ciento de las resoluciones del INE en materia de fiscalización son convalidadas por la Sala Superior del Tribunal.

Bueno, en otras palabras, qué creo yo que es importante definir. Pues necesitamos nosotros definir lo que es el objeto partidista y darle libertad a los partidos, que hagan sus ejercicios como les plazca para acercarse a la ciudadanía, siempre y cuando se garantice y se acredite en qué se están gastando esos recursos.

Pongo otros dos ejemplos que son importantes. El monitoreo de redes sociales. Hay tres tipos de fiscalización: ordinaria, de campaña y de gasto específico. El INE, al momento de realizar su fiscalización, utiliza las sociales para de forma pues discrecional e indiscriminada, todo lo que salga publicado en las redes sociales lo computo como gasto y de ahí no se mueven. Entonces, los rebases provienen de lo que ven en la pantalla, que no necesariamente eso es una prueba contundente y muchas veces cualquiera que ha ido en evento de campaña se ve que se cuela mucha gente, se cuelan muchas mantas, se cuelan muchas cosas y eso no significa necesariamente que se haya generado una falta en materia de fiscalización.

Otro tema que es por ejemplo importante. El INE fiscaliza con la información que le mandan los terceros. Entonces el INE le pide al SAT, mándame los recibos del CFDI. Los CFDI son las facturas que emiten terceros a nombre de un partido. Este problema lo tienen todos. Bueno, el INE considera como falta el hecho de que un tercero haya emitido una factura en tu nombre. Pero hay partidos, Morena, tiene más de 2 mil millones de pesos de financiamiento al año, o sea, lo que trato de decir es, cómo controlas que un tercero no emita una factura con ese nivel de operaciones tan gigantesco.

Bueno, eso es lo que está sancionando el INE y deben, desde mi perspectiva, eso es precisamente lo que debemos de cambiar para garantizar la equidad en la contienda, el uso de recursos públicos, servidores públicos, la fiscalización de terceros, los outles fantasmas que se crean, se compra propaganda hasta en espectaculares por sitios de noticias que no existen o que fueron creados exprofeso y las autoridades judiciales lo avalan.

Pues si no hablamos de esos temas, perdón, y seguimos en la generalidad de lo que es la fiscalización en teoría, pues no se va a arreglar absolutamente nada, eh. Pero realmente para un sistema de listas con la fiscalización que hay, pues no se necesitaría una reforma, en mi opinión. Muchas gracias, ya no digo más.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Marco Antonio Gómez Alcantar. Concluye esta primera etapa del diálogo con las exposiciones iniciales de nuestras personas ponentes.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y vamos al segundo momento que tiene que ver con las preguntas que hacen las diputadas y los diputados, a las personas ponentes para aclarar algún punto o reforzar algún planteamiento que hayan hecho. Está anotado el diputado Benjamín Robles Montoya a través de la plataforma virtual. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanes, aquí presencialmente, la diputada Blanca Alcalá y cerraríamos con el diputado Hamlet García.

Entonces en ese orden, le pediría a cada uno hacer uso de la voz, hasta por tres minutos. Señalar a la ponente o al ponente, al que le dirigen la pregunta, y posteriormente daríamos paso a las respuestas de nuestros ponentes aquí presentes. Iniciamos pues, con el diputado Benjamín Robles Montoya, para formular la pregunta, a nombre de los diputados y diputadas del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Muchísimas gracias mi querido Omar. Saludo con mucho cariño y respeto a mi compañera y compañeros diputados, a los ponentes. La verdad es que el tema es muy interesante y es de los temas que ciertamente, a mí me hacen ruido porque hay algunas cosas que las siento incompletas o que no están contempladas. Por eso arranco. ¿Qué contiene la iniciativa rectora, como yo la he llamado, la iniciativa rectora a la que envió el señor presidente de la República, a estos foros de parlamento abierto sobre este tema?

A mí de entrada, me parece que hay un vacío en la iniciativa presidencial respecto de esta materia. Creo que también se observa una técnica legislativa constitucional deficiente, toda vez que la figura de la fiscalización de campañas electorales basada en listas puede ser contradictoria a la propuesta de financiamiento de los partidos políticos y de su respectiva fiscalización. Ello, compañeras y compañeros, en atención a que en años no electorales pues serían los ciudadanos, los militantes, los simpatizantes de los partidos políticos quienes sostengan las actividades ordinarias de los institutos políticos.

Y tratándose de un año electoral, pues el órgano electoral, el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, pues estaría proveyendo el 100 por ciento para dicha finalidad. En sentido común obliga a dudar de la nobleza del financiamiento partidista por intereses privados o ilegales que pudiesen crearse. Pero también por el desvío de recursos de enajenación de bienes de procedencia ilegal, e incluso de doble recaudación o fraude a la ley en los años electorales que pudiese concretarse.

A mí me parece, compañeras y compañeros, que la iniciativa rectora propone modificar radicalmente el sistema de representación popular al suprimir los distritos electorales federales. Y de eso el PT en su momento decantará su posicionamiento. Pero también sabemos que esto tiene que ver con la propia forma de elección, dando paso a un sistema mixto electoral de acceso a los cargos populares a través de listas nacionales. Es decir, es potestad de los partidos políticos presentar la lista de candidatas y de candidatos al Congreso de la Unión, de acuerdo con el número previsto para cada entidad federativa.

Pero su fiscalización, amiga y amigos ponentes, como se tiene previsto en la propia iniciativa presidencial, señala que sería el nuevo órgano nacional de elecciones el que ministre exclusivamente el financiamiento para el proceso electoral. Y de esta forma, se debe tener un cuidado preciso, un cuidado contundente durante los años no electorales por parte de actores y ciudadanos militantes que pudiesen estar aportando a los partidos políticos. Pues es mi punto de vista, decir verdad desde ese preciso momento. La nueva autoridad electoral debiese estar fiscalizando oportuna y eficientemente los recursos de los partidos para evitar la desigualdad y la inequidad en la contienda.

En ese sentido su servidor, al advertir carencias en la iniciativa me planteo, y un poco ya aquí arranca mi cuestionamiento, si lo prudente es proponer que candidatas y candidatos integrados en la lista correspondiente no manejen ningún tipo de recursos económicos. Y digo lo anterior al deducir que, si bien es potestad de los partidos presentar la lista de candidaturas, es viable que este mismo partido político administre, utilice y compruebe el universo de la bolsa de financiamiento. Amigas y amigos, basados en el principio de derecho que señala que el que puede lo más puede lo menos, y al considerar una única lista estatal de candidaturas por entidad federativa por partido político, incluso puedo considerar que se haga una campaña con una sola identidad, con una sola propaganda genérica concentrada. Creo que solo así podría concebirse un sistema competitivo y parejo en el proceso electoral. O de otra forma pues cómo se tabularía la lista de candidaturas de partido a partido.

Actualmente los Oples determinan distritos competitivos, distritos no competitivos y, en razón de lo anterior, asignan montos de topes de campaña. Y yo me pregunto y les pregunto: cómo hacer esta diferenciación si ahora habrían listas estatales. Y con este posicionamiento, Omar, he pretendido ocuparme de ciertos vacíos que veo que trataremos de perfeccionar en el momento en que en comisiones ya estemos trabajando, y sabedor que justo a esta asignatura creo que le debemos poner toda la atención que corresponda. El PT tiene una propuesta distinta, pero hablo de la iniciativa rectora.

Y no quiero más abundar al respecto porque me encantaría conocer la opinión de todas y de todos. Por lo que en respeto al formato establecido realizaré mi primer cuestionamiento para todas y todos los ponentes, para que me puedan responder y quizás complementar sus primeras intervenciones: ¿Consideran prudente una fórmula única de fiscalización de las campañas como lo he dibujado para el caso de candidaturas basadas en listas? Les agradezco mucho su respuesta de manera anticipada.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Benjamín Robles. Queda registrada su pregunta, dirigida a todas las personas ponentes en este diálogo Jucopo.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación con el diputado Juan Luis Carrillo Soberanes, para que pueda formular su pregunta. Recordarle a la audiencia que estamos en vivo por la señal del Canal del Congreso de la Cámara de Diputados, medios sociodigitales. Cada foro tiene su resumen también por si a veces es difícil estar siguiéndolos en vivo, puedan tener la oportunidad de ver lo más sustancioso del debate en cada una de sus cápsulas-resumen. Ahora sí, diputado Juan Luis Carrillo, tiene tres minutos para formular su pregunta. Adelante.

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Por supuesto que sí. Muchas gracias, por la apertura y el espacio que tiene esta soberanía. Yo quisiera hacerle la pregunta, me quedé muy muy interesado en el tema del que habló el maestro Marco Antonio Gómez. La pregunta sería dirigida específicamente a él.

Maestro, en virtud de que el financiamiento para partidos y candidaturas independientes es una de las maneras a través de las cuales es posible generar equidad en la competencia electoral, la revisión del origen, monto, destino y aplicación del dinero, tanto público como privado, es fundamental para garantizar que este sea utilizado de manera correcta y conforme a lo establecido en la ley.

No obstante, la sofisticación y complejidad del esquema vigente de fiscalización ha generado para quienes participan en una contienda electoral cargas burocráticas. Mis compañeras y compañeros presentes, que han participado en procesos electorales no son ajenos a eso. Estoy seguro de que no son ajenos a esto. Genera cargas burocráticas excesivas que en muchas ocasiones distraen a los partidos, a las candidatas y a los candidatos de lo que es realmente importante.

Lo realmente importante en una contienda electoral, en una campaña es la obtención de la confianza ciudadana, es la obtención del voto, de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos. Y eso realmente, por supuesto, cumpliendo con la ley y cumpliendo con lo que marca la legislación electoral en materia de fiscalización.

La pregunta de manera concreta es, maestro: ¿cómo podemos lograr que la toma de decisiones en materia de fiscalización por parte de la autoridad electoral se ajuste a los criterios del debido proceso y cómo acotar la amplia discrecionalidad que hoy caracteriza las resoluciones de las autoridades judiciales en esta misma materia? Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Juan Luis Carrillo, también por ser muy concreto en el planteamiento.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Hamlet García, a nombre de las diputadas y los diputados del Partido Morena, de su grupo parlamentario. Agradecerle su presencia, diputado, y que pueda tomar el uso de la voz para formular sus cuestionamientos.

El diputado Hamlet García Almaguer: Creo que, a nuestra audiencia, a la ciudadanía, le interesa saber de dónde venimos en materia de fiscalización, qué está ocurriendo en nuestro país en términos prácticos, como decía el señor exconsejero. Y mirar hacia a dónde vamos para las próximas elecciones.

Venimos de un sistema en el que el dinero compra las elecciones. Tenemos casos emblemáticos como Pemegate, en el que vaciaron millones de pesos de las arcas del Sindicato de Pemex para financiar la campaña del PRI. El caso Amigos de Fox, en el que se triangularon recursos del extranjero para colocar en la Presidencia a Vicente Fox. Del caso Monex, de los monederos que se utilizaron en la operación de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Pero este tipo de actividades siguen ocurriendo y yo. Francamente, estoy sorprendido, señor fiscal general del estado de Nuevo León. Disculpe, fiscal de delitos electorales. Como usted dijo que iba a tocar casos locales, pensé que iba a hablar usted sobre el financiamiento ilícito de la campaña del hoy gobernador Samuel García.

Recibió Samuel García 14 millones de pesos por medio de triangulaciones a través de sus familiares directos, de su madre y de sus hermanos, a cambio de recibir estos 14 millones de pesos. Recibió una sanción de solo 448 mil pesos.

Y el señor gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, ya encontró el caminito. Para 2024 nada le va a costar replicar este sistema de financiamiento ilícito para intentar postularse a la presidente de la República. ¿Qué se está haciendo, señor fiscal de Nuevo León, sobre este caso en su entidad?

Segundo. Yo creo que aquí el problema está en la severa discrecionalidad, tanto el Instituto como el Tribunal, cosas tan absurdas como la sanción a dos futuros o posiblemente candidatos a gobernadores en los estados de Michoacán y de Guerrero, por publicaciones en Facebook.

Yo viví en el estado de Guerrero cuatro años, en un estado con una penetración de internet de 25%, focalizada en Acapulco. Una publicación en Facebook que tuvo una pauta de menos de 10 mil pesos ocasionó que sacaran de la contienda a Félix Salgado Macedonio.

Otro caso absurdo fue cuando a nuestros aliados del Partido Verde, en la sala regional Toluca les quisieron anular la elección de una diputación federal en Michoacán, en un distrito que tiene una cabecera rural, donde tampoco hay amplia difusión a través de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer, señor exconsejero, para poder eliminar esta discrecionalidad en las determinaciones del Instituto y del Tribunal? Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Hamlet García, por sus preguntas y queda registrada la pregunta que realiza tanto al fiscal de delitos electorales de Nuevo León como a todos los ponentes.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora vamos con la diputada Blanca Alcalá Ruiz, para que pueda formular sus preguntas. Adelante, diputada.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Primero, por supuesto, reiterar nuestro agradecimiento a los ponentes y también reiterarles nuestro respeto. Sin duda se trata de un diálogo en donde podamos conocer sus distintos puntos de vista sobre temas que a todos nos conciernen y nos preocupan.

Esto, sobre todo, por las exposiciones que he escuchado en aras de lo que implica, por un lado, la legalidad y, por otro lado, la objetividad. Me parece que el gran reto que tenemos las y los legisladores de todos los partidos políticos en encontrar cómo lo conciliamos. Hoy por hoy, por sus propias exposiciones y las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros, sin duda, hay una distancia en ello.

Escuché también las intervenciones de mis compañeras y compañeros legisladores, compañeros en esta oportunidad y en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, sin duda, observamos que por lo que respecta a la iniciativa del presidente de la República que no es la única que en esta ocasión estamos analizando, sin duda, también presenta desde nuestra óptica, como lo ha señalado el legislador Robles, deficiencias o inconsistencias que hoy nos sirve poder contrastarla.

El resto de las iniciativas y, sobre todo, la legislación vigente nos hace sin duda preguntarles desde su experiencia algunos temas, sí, relacionados, por ejemplo, con la representación proporcional y, por otro lado, con la fiscalización en sí misma, y me refiero a la representación proporcional. Es cierto, los diputados plurinominales pueden o no hacer campañas, pero hoy el gran reto es que hacerlo implica ir incluso contra el techo que se está asignando para la totalidad del partido político y esto, por supuesto, primero resulta inequitativo para el propio candidato, cuya jurisdicción hablando de una circunscripción es mucho mayor que lo que puede representar para un candidato de la lista de mayoría.

Segundo, en este parlamento hemos puesto énfasis en lo que implican las acciones afirmativas, en particular de la comunidad de mexicanos residentes en el exterior y hoy no tenemos resuelto ni la posibilidad de que ellos voten ni mucho menos que hagan campaña. Cómo queremos que efectivamente se incremente la votación de la diáspora mexicana si no les damos condiciones ni para que hagan campañas ni para que cumplan, incluso, con sus requisitos o con la legalidad hablaría para cada uno de esos estatutos ni para que puedan financiar el mínimo que corresponda, ya no me iría incluso al equivalente de lo que implica el monto que se le asigne, pensando que allá es en dólares y en el caso de México, pues es en pesos nacionales. Dos a uno.

Creo que estos son temas que de verdad exigiría de las y los legisladores un análisis profundo para que pudiéramos encontrar propuestas que lograran fortalecer a la democracia y una mayor representatividad. Perdón.

En ese mismo tenor, insistiría en lo que implicaría el tema de etiquetar los recursos de los participantes. Ya lo decía la magistrada hace unos momentos, definitivamente lo que implica la geografía de un estado como Puebla, a lo que implica la geografía de un estado como Colima, por ejemplo, es muy distinto. Como Tlaxcala, que somos vecinos.

No es lo mismo en donde se eligen a dos diputados por lo que implica su listado nominal, su superficie territorial, a lo que implica un estado como Puebla, con 217 municipios, con una orografía sumamente extensa que tan solo pensar en el costo de traslado de un candidato de un municipio a otro, cuando a veces se tiene más de 35 municipios en un solo distrito, definitivamente esta acaba siendo no solamente superado, sino hasta ridículo pensar que con 100 mil pesos se va a hacer una campaña, cuando en realidad por más corta que resulte no logramos realmente el objetivo de mayor pluralidad, de fortalecer la democracia y de tener una representación.

Sí coincido y estoy plenamente convencida que hoy por hoy uno de los mayores retos es que seamos objetivos, por supuesto respetuosos del derecho y de la legalidad. Creo que estos son temas en donde su experiencia nos puede ayudar a poder encontrar el justo medio para que en nuestro derecho de legislar podamos encontrar la solución más adecuada. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá.

El moderador José Omar Sánchez Molina: En consecuencia, vamos a iniciar con Marco Antonio Gómez Alcantar, hasta por diez minutos para que puedan ampliar su exposición inicial y dar respuesta a los planteamientos que le fueron formulados. Adelante, por favor.

El ciudadano Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, Omar. A ver, me voy a referir al comentario inicial que realizó el diputado Benjamín Robles.

Como yo lo dije, yo creo que el tema de la fiscalización se puede llevar a cabo sin ningún problema, por listas como se fiscaliza actualmente las listas plurinominales. Hay partidos, lo mencionaba también, que solamente hacen campaña genérica porque la votación que les importa es la de representación proporcional. Y eso ha venido dándose desde hace años, eso no es un tema nuevo.

Los candidatos plurinominales también pueden hacer campaña y tendrían que presentar su informe, y yo ahí no veo el problema. El problema lo veo, y lo voy a mencionar en la respuesta que le voy a dar al diputado Carrillo y al diputado Hamlet.

Yo creo que una solución al alto grado de discrecionalidad que tiene el INE y los tribunales, ahora a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero tendría que limitarse el garantismo extremo en el que estamos nosotros inmersos.

¿Por qué se judicializan las elecciones? No es culpa de los partidos, es culpa de los tribunales que emiten una cantidad de sentencias contradictorias que chocan con la realidad y generan incertidumbre, y la incertidumbre, ¿qué genera? Genera la necesidad o el ánimo de querer impugnar todo.

Mientras no hagamos un sistema sancionador electoral que sea de aplicación estricta, ¿qué quiere decir de aplicación estricta? Que el INE sancione lo que esté previamente previsto en reglamentos que hayan sido aprobados con toda oportunidad.

Yo me parece a mí sorprendente que, por ejemplo, estas sentencias que han avanzado o resoluciones del INE que han avanzado mucho en el tema de género, que se emitieron en años pasados, se iniciaron ya que habían iniciado las precampañas. O sea, qué bien que avancemos en el tema de género, pero no puede ser que una resolución del INE afecte la conformación o el actuar de un partido político en medio de una campaña.  Qué debemos nosotros que dejar muy claro al INE: A ver, INE, ¿quieres sancionar lo que se te ocurra? Adelante, ponlo en un reglamento antes.

Traje un ejemplo clarísimo para no hablar de generalidades, que es muy reciente. Ahorita les voy a dar hasta el número del expediente. Ya no sé dónde lo dejé, pero ahorita... O sea, lo que trato yo de decir es que hay una cantidad de contradicciones en todas estas normas que son gigantes.

Les pongo un ejemplo. En la fiscalización del año pasado se sancionó la falta de archivos XML de dos formas diferentes. Al PRD se le sancionó con 10 UMA y al PRI se le sancionó con el 2.5% del monto involucrado en la misma sesión. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que el Tribunal lo avaló. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Tribunal no se mete a la fiscalización, que el nivel de discrecionalidad es brutal.

Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Todo el régimen sancionador tiene que ser de aplicación estricta. No puede aplicarse teorías garantistas cuando se está hablando de imponer sanciones y el INE que le ponga creatividad y deje previamente cuáles son las reglas del juego, previamente establecidas. Y si alguna de esas reglas no atiende una conducta especifica, ni modo, no las sanciona, pero presenta una reforma al reglamento para posteriores elecciones, para que se sancionen.

Hoy, en el pasado proceso electoral, según algunos auditores del INE, por ejemplo, ya se acabaron los gastos genéricos de un partido en el periodo de intercampañas o precampañas. Pero es contradictorio porque los partidos políticos tienen tiempos genéricos de radio y televisión en precampaña y en intercampaña.

Entonces, sí pueden tiempos, pero no pueden poner propaganda genérica. Y el Tribunal lo avala. Es que son cosas... Ahí están los problemas de la fiscalización que afectan a todos. El problema en nuestro sistema electoral es la competencia, la falta de regulación y el alto grado de discrecionalidad que tienen nuestros temas.

Entonces, ¿qué necesitamos hacer en mi opinión? Pues necesitamos sentar las bases para hacer un sistema de aplicación estricta, porque necesitamos regresar a tener certeza.

En el momento que nosotros tengamos un régimen de aplicación estricta, el nivel de judicialización y de costo de nuestra democracia va a disminuir. ¿Por qué? Porque pierdes el incentivo de impugnar por impugnar. ¿Por qué se impugna todo? Pues porque todo es un volado, esa es la realidad. Gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias a Marco Antonio Gómez Alcantar por abonar a este diálogo de la Junta de Coordinación Política.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Gilberto de Hoyos, para brindar respuesta a los planteamientos que se formularon. Adelante, Gilberto. Por diez minutos.

El ciudadano Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon: Sí, muchísimas gracias. Agradezco al diputado Hamlet García por su pregunta. Creo que el tema que comenta el diputado, así como otros antecedentes que llevó a cabo en su intervención, creo que son de gran relevancia, sobre todo que están enfocados a temas que estamos viviendo, estamos hablando y discutiendo, analizando el día de hoy en esta mesa.

Yo lo que quisiera comentarle, diputado, es, mire, de acuerdo, el tema de la procuración de justicia en materia electoral, bueno, y en general todo lo que viene siendo procuración de justicia, investigar, prevenir, perseguir los delitos electorales, tenemos ciertas reservas de ley que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 218, en donde no podemos hablar públicamente sobre temas que están siendo investigados y que actualmente, aún no se judicializan.

Entonces, yo mencioné dos ejemplos que tuvimos, uno de tantos ejemplos que tuvimos en la Fiscalía Electoral del Estado de Nuevo León, en donde estos asuntos ya fueron judicializados, inclusive, en estos dos ejemplos ya fueron vinculados a proceso los sujetos que estuvieron investigados.

Y, bueno, por eso pudimos hablar de ellos, inclusive todavía fui un poco más, fui muy escueto, digamos, en los datos sobre las carpetas de estos asuntos que comentamos, porque, pues aún, por lo menos uno todavía sigue en investigación y se encuentra ya dentro de la competencia del fuero federal.

Entonces, yo creo que en este caso, en temas de fiscalización y también lo comentaba el exconsejero, es, creo que debe haber una comunicación y una colaboración interinstitucional entre las instituciones electorales.

Por un lado, el tema, el administrativo electoral. Por otro lado, el tema jurisdiccional y, obviamente, el tema de las fiscalías penal-electoral.

Creo que debe haber reglas claras, es un tema que ahorita, creo que con esta mesa es muy apropiado, muy ad hoc el llevar a cabo esta discusión sobre la fiscalización. Creo que es un tema que ha sido muy complejo y que, obviamente, pues ha habido casos, y no solamente los que mencionó el diputado sino, si nos vamos a esferas un poco más locales o estatales, ha habido asuntos también en donde hay temas de fiscalización que se deben de atender y que, obviamente, en el caso de que pueda haber algún tipo de amonestación o sanción en el ámbito administrativo o jurisdiccional electoral, pues también debe haber sanciones económicas y privativas de libertad, como viene siendo lo que establece nuestra legislación en materia de delitos electorales.

Creo que también coincido con lo que se ha comentado en la mesa, hay que armonizar los criterios de fiscalización y, sobre todo, armonizarlos para que se acoplen o se adecúen al tema de la legislación penal electoral.

No podemos, creo que las autoridades electorales debemos trabajar en conjunto. El tipo electoral, donde hablamos, en el caso, por ejemplo, estatal, el OPLE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral tienen que trabajar en su conjunto, estar comunicados y obviamente, estarse, en casos de temas específicos de fiscalización, pues que haya una comunicación interna para que podamos todos tener criterios muy enfocados y específicos de cómo vamos a resolver los asuntos.

Entonces, espero que con esto pueda, aunque no pude contestar su pregunta tal cual como usted lo deseaba, espero que entienda que tenemos esta reserva de ley donde no podemos, reitero, comentar o explicar en público los asuntos que no han sido judicializados hasta el momento, sin embargo, pues quedo a sus órdenes para cualquier otra duda o comentario. Es cuanto.

El diputado Hamlet García Almaguer: Muchas gracias. Entiendo muy bien la protección al gobernador del estado. Gracias.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Le pediríamos a nuestro compañero diputado que pudiéramos ceñirnos, perdón, al formato, a ambos oradores, de tal suerte que le pediría a Omar sega conduciendo la sesión, por favor.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada. Vamos ahora con don Jorge Montaño Ventura, para que pueda hacer uso de la voz y responder las preguntas que fueron formulados por parte de los diputados. Adelante, don Jorge.

El ciudadano Jorge Montaño Ventura: Muchas gracias. Bueno, aquí es importante lo que ya se señaló con respecto a ese actuar interinstitucional. Muy importante, en el caso de las, quiero comentar, las fiscalías electorales locales, en el tema de fiscalización, quien fiscaliza es la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Las fiscalías no tenemos, nosotros, esa facultad. Nosotros investigamos, por supuesto, todas aquellas conductas que se consideran infractoras de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La Unidad Técnica de Fiscalización es la que nos va a dar vista o a proveer precisamente para que nosotros podamos proceder a una investigación y, bueno, con ello determinar si se inicia una carpeta de investigación, pero aquí hay algo muy importante, que es el tema de las competencias, que sí me gustaría señalarlo.

Única y exclusivamente ahora la fiscalización es del Instituto Nacional Electoral, no como sucedió en años anteriores, que los órganos electorales locales también tenían esa facultad. Bien. Pero aquí entra el tema de las competencias.

Si la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, es sobre un candidato que está participando por un cargo federal y se detecta que haya alguna infracción precisamente con el tema de fiscalización, que el tema no solo es del dinero en efectivo, no olvidemos que también están las aportaciones en especie, esas son importantes y que también se contabilizan.

Aquí es que, de ser una candidatura federal, por supuesto que quien va a atenderlo por el tema de competencias, de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pues va a ser la Fiscalía Electoral de la Fiscalía General de la República.

Si la candidatura es de carácter local, pues ahí entraríamos las fiscalías especializadas en delitos electorales, pero nosotros solo vamos a entrar cuando se nos dé vista, porque ellos ya en la Unidad Técnica advierte si fue rebasado el tope de gastos o si en la aportación, en especie o en dinero, también el origen es de dudosa procedencia. Y si advertimos nosotros, las fiscalías locales, que es proveniente de, dijéramos, del crimen organizado, por supuesto que no estaría también en nuestras competencias, tendríamos nosotros que por competencia hacerlo llegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero de la Fiscalía General de la República.

Eso es algo que sí quería recalcar, porque ya hemos tenido en otros foros, precisamente, se n os dice: bueno, es que, ¿por qué las fiscalías locales no van a investigar por un tema de fiscalización a un candidato federal? Bueno, porque no estaría en nuestras competencias. Es únicamente nuestro actuar se circunscribe a las elecciones de carácter local.

Y también, mencionarle aquí, este actuar es que nos dé vista la Unidad Técnica de Fiscalización y, bueno, aquí en las campañas electorales cuando concluyen que ya se entrega la... para las fiscalías especializadas en delitos electorales a veces es cuando inicia también nuestro trabajo.

No olvidemos que las investigaciones no tienen un término, como lo establece la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral o a como lo tienen los procedimientos especiales sancionadores en los órganos electorales administrativos.

La materia penal no tiene como tal un término, sí se habla de que se tiene que atender de manera pronta, expedita, pero cuando se está realizando una investigación, cuando se lleva a cabo una entrevista puede derivar precisamente, en alguna otra línea de investigación y no tenemos como tal un término fatal y, posteriormente a que culmine un proceso electoral o que incluso ya toma protesta algún candidato o candidata del cargo al cual fue electo, pues también puede que ya al concluir la investigación, se determine que si hay alguna sanción –como ya lo señalé–, puede ser por la vía económica o por la vía penal, y lo cual lo lleva a la sanción que puede ser de pena privativa de libertad y también a la inhabilitación para ocupar algún cargo. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias don Jorge Montaño.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar este primer momento de diálogo con Norma Angélica Sandoval, también para proporcionar sus respuestas a los planteamientos. Adelante, magistrada.

La ciudadana Norma Angélica Sandoval Sánchez: Evidentemente escucho con mucho interés a quienes forman parte de esta mesa. Comparto muchas de las manifestaciones que han hecho aquí, por supuesto, que a partir de la seguridad jurídica de las reglas claras es que todos sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer y si lo hacemos, qué nos va a pasar.

Por eso el insistir en esta parte de si va a haber dos momentos en el que se puedan impugnar los rebases de topes gastos de campaña, ¿qué va a pasar?, si los vamos a declarar inelegibles o no. Y todo esto también tiene qué ver con quizá, coincido también con el exconsejero, los partidos políticos también deben ser libres de crear y de ver en qué van a gastar y cómo lo van a hacer al interior pues de su casa y no tendríamos por qué estarnos metiendo ni las autoridades ni las instituciones de manera tan constante.

Y quizá pudiera ser que dentro del financiamiento que reciben para actividades que tienen que ver con la obtención del voto se generara una bolsa que viniera de la general, a lo mejor para esas listas de representación proporcional, en donde el partido pudiera usarlas para sus candidatos en lo específico como la inquietud que tiene el diputado del Partido del Trabajo, les vamos a dejar a todos porque es una lista gigantesca y entonces cuánto dinero le vamos a dar cada uno, o dónde va a impactar, si va a impactar en el partido político, porque a final de cuentas va para el partido esa contabilización de lo que gastan, o si el propio partido fijara las reglas al interior para decir, por ejemplo, los primeros diez contarán con esta cantidad para poder hacer, no sé, proselitismo, digo, tomando en cuenta además que en esa lista ya viene el tema de género, el tema de indígenas, estas cuotas que ya de por sí los partidos políticos van ajustando al interior de sus propias, de su propia vida, para poder darle funcionalidad.

Porque a mí también me parece que estar generando condiciones inequitativas, pues lo único que trae es más confusión a la ciudadanía, más enojo y más encono, pues, hacia lo que en la parte técnica nosotros lo entendemos como pues no, no hay problema.

Si ya había definitividad, si nadie lo impugnó, el propio diputado; en Puebla pasó algo en donde al diputado nadie lo impugnó y se fue de vacaciones, y luego lo impugnaron mes y medio después y cuando le dimos derecho de audiencia, él dijo: es que ni siquiera estoy en Puebla, pero pues la mía ya era firme, ora qué está pasando. O sea, por qué quieren regresarme a un momento que ya había pasado.

Y entonces por eso nosotros habíamos desechado y entendemos, ¿no? De hecho, yo soy, mi formación jurisdiccional de manera natural atiende y obedece a que la parte jurisdiccional sea un canal para la resolución del conflicto, y considero que en la medida en la que los actores políticos, los ciudadanos ejerzan su derecho de acción, pues pueda haber más seguridad.

Pero también me parece que las reglas en las normas están claras. Los legisladores ya pusieron las reglas y debemos de ajustarnos a ellas, porque si no, efectivamente, generamos mucha inseguridad, mucho encono, mucho enojo y en Puebla pasó en cinco elecciones, dos distritales y tres municipales, dos en donde sí se actualizaba, una si eran más del 5 por ciento, otra no. Y también nos sentábamos los magistrados a decir: cuánto se tiene que violar la ley para que sea determinante. Pero nos volteábamos a ver los topes de gasto y era donde siempre. Es qué claro, si solamente tienen para gastar tan poquito dinero en un espectacular y ya se lo gastó todo. Y luego, cómo va a recorrer el distrito, si también la gasolina se traduce en un gasto, que debe contabilizarse.

Entonces, me parece que quizá establecer topes de gastos de campaña reales, con reglas claras y caminando todas las instituciones, partidos y ciudadanía de manera conjunta podremos fortalecer y dar más paz social y seguridad jurídica.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrada Norma Angélica. Concluye esa primera ronda de preguntas con varios temas que quedan en la mesa, entre ellos el de la imprevisibilidad de la norma que llevan, decía don Marco y también la consejera y nuestros fiscales, a que no se sepa exactamente cuál es la consecuencia de los actos de las autoridades electorales para todos aquellos que participan en todas las etapas de la secuencia procesal, y hay temas evidentemente pendientes.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a la segunda ronda, en consecuencia, conforme al formato de diálogo Jucopo. Está anotado el diputado Benjamín Robles Montoya, a través de la plataforma Zoom, el diputado Juan Luis Carrillo. Está también anotada la diputada Amairany Peña y la diputada Blanca Alcalá. Entonces, iniciamos con el diputado Benjamín Robles. Adelante, diputado, por favor, para formular su pregunta.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Gracias, mi querido Omar. Y muchísimas gracias por las respuestas que nos dieron a la primera pregunta. En esta ocasión quisiera dirigirme a la compañera Norma Angélica y a Marco Antonio Gómez, el exconsejero, para las preguntas.

Decía hace un rato mi compañera Blanca Alcalá, que la iniciativa del señor presidente de la República que    –reitero– la considero la iniciativa rectora  de este parlamento abierto. No es la única. El Partido del Trabajo también presentó una y en este tema el PT hizo una propuesta. El PT plantea que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estaría a cargo de una unidad especializada del instituto, la cual contaría, me parece una novedad muy importante, con autonomía técnica e independencia en sus decisiones y el titular sería designado por la Cámara de Diputados. Eso viene en la propuesta del PT. La ley desarrollaría las atribuciones de dicha unidad para la realización de la correspondiente función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar revisiones e instruir procedimientos para la aplicación y sanciones correspondientes, y en cumplimiento de sus atribuciones esta unidad especializada, no estaría limitada por los secretos bancarios, en eso coincidimos con la iniciativa del presidente López Obrador, tampoco del secreto fiduciario, fiscal y sí contaría con el apoyo de las autoridades federales y locales.

Y, en el caso de que el Instituto Nacional, la autoridad electoral, delegase la función de fiscalización, subunidad especializada sería el conducto único para superar la limitación a la que se refiere el párrafo anterior, que he comentado. Lo comento, porque me gustaría conocer la opinión de Norma Angélica, de Marco Antonio.

Y hago una siguiente pregunta, un poco en relación a lo que pregunté en la primea ocasión. Cómo evitar que un partido político, con tal de cumplir las acciones afirmativas, registre dichas candidaturas en la lista correspondiente, pero no cometa fraude a la ley y los integre en los últimos lugares de la misma.

Y una tercera, y última pregunta, porque quizás esta sea la última ronda en la que participe, voy a estar pendiente, mi querido Omar, y ya te lo haré saber. Pero una pregunta final sería, ¿de existir un monto de topes de campaña, su rebase afectaría –me pregunto– a toda la lista o cómo se indivisualivizaría la sanción? Reitero, las preguntas dirigidas a la compañera Norma Angélica y a Marco Antonio. Muchísimas gracias, por sus respuestas.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias diputado, Benjamín Robles, quedan anotadas sus preguntas a los ponentes.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora en segunda ronda con el diputado Juan Luis Carrillo. Diputado, adelante por favor.

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Muchas gracias. Hay países que optan por privilegiar el financiamiento privado sobre el financiamiento público. No obstante, en México la ley es actualmente muy clara al privilegiar de manera preponderante el financiamiento público sobre el financiamiento privado. Esta preponderancia de financiamiento público permite, además de equilibrar las condiciones de la competencia, reducir la vulnerabilidad de los partidos ante presiones externas y reducir el riesgo del financiamiento proveniente de fuentes ilegales. Y esto es muy muy importante, sobre todo en estos tiempos. Algunos expertos consideran que es un falso debate creer que los partidos pueden llegar a tener un monto casi igual de financiamiento público y privado. Pues la realidad es que la proporción del primero frente al segundo se estima en aproximadamente 10 a 1.

En este contexto, la pregunta, bueno las preguntas en concreto serían: ¿Una eventual modificación al esquema actual de las fuentes de financiamiento de partidos y candidaturas independientes implicaría un riesgo para la fiscalización y transparencia de los recursos? Y, por otra parte, en un sistema de elección basado en listas, ¿cuáles serían los mecanismos más adecuados para la fiscalización de las precampañas y de las campañas? Es cuanto. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Juan Luis Carrillo. Queda anotada su pregunta abierta a cualquiera de los ponentes que también guste responder.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación a darle el uso de la palabra, y bienvenida también, a la diputada Amairany Peña Escalante para, a nombre de los diputados y diputadas de Morena pueda formular sus cuestionamientos. Adelante, diputada.

La diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: Muchas gracias. Buenas tardes. Escucho con mucha atención a mis compañeros, compañeras. A los ponentes les agradezco. Y quisiera también comentar pues que el tema de la fiscalización de las campañas electorales es un tema de suma relevancia. Sin lugar a dudas, como lo comentó uno de los ponentes, debe haber reglas mucho más claras, y que las conductas sean observadas sin favoritismo. No podemos seguir... no pueden seguir aplicando un criterio para unas personas y otro criterio para otras. Los consejeros electorales no pueden seguir resolviendo con el estómago. Porque sabemos de cómo por años han elegido a quienes fueron sus gobernantes.

Y mi pregunta va dirigida al exconsejero Marco Gómez. Y va en el sentido de preguntarse si el INE, si el considera que el INE está excediendo sus facultades al emitir sus acuerdos sobre fiscalización, consejero.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputada Amairany Peña, por su concreción en el planteamiento.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y cerramos esta ronda de preguntas con la que formula la diputada Blanca Alcalá Ruiz. Adelante, diputada.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, Omar. A mí me gustaría... si alguno de nuestros ponentes ha pensado en algún mecanismo que resultara afortunado en la época digital en la que estamos viviendo, precisamente para el tema de redes sociales. Hemos llegado al extremo en las campañas en donde si alguien etiqueta al candidato a gobernador puede pensarse que incluso forma parte de su tope de campaña. Absurdos como estos son a los que yo me refiero, que necesitamos buscar un equilibrio que permita efectivamente conciliar la objetividad con la legalidad. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Blanca Alcalá.

El moderador José Omar Sánchez Molina: En consecuencia, vamos a darle la oportunidad, hasta por cinco minutos, al fiscal electoral Gilberto de Hoyos que pueda hacer uso de la palabra para responder los planteamientos formulados. Adelante, Gilberto.

El ciudadano Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon: Muchas gracias, secretario. Yo, en esta última ronda de preguntas y respuestas, yo quisiera reiterar lo que ya he comentado durante mi participación en esta mesa. Que si se va a llevar a cabo una reforma electoral integral los delitos electorales no pueden quedar fuera de la misma.

Creo que es ahorita una gran oportunidad para poder llevar a cabo... en caso de que se concretara esta reforma electoral, que también se incluyera a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sobre todo para estar... quizás en algún momento modificar o aclarar algunos conceptos, tanto del ámbito de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en donde existan criterios... o por lo menos ya más bien dicho reglas, en donde quede muy clara la normatividad de cómo se va a llevar a cabo el tema de la fiscalización, tanto en los ámbitos administrativo-electoral, jurisdiccional-electoral y penal electoral.

Ahorita nuestra Ley General en Materia de Delitos Electorales comprende diversos, diferentes tipos penales en donde están relacionados con el tema de la fiscalización. Pero, ahorita creo que ya llevando a cabo este tipo de ejercicios, como es el del día de hoy y en general todo lo que se está llevando a cabo en estas mesas de parlamento abierto, creo que es una gran oportunidad para poder fijar con claridad cómo se va a llevar el tema de la fiscalización y cómo cada institución, dependiendo dentro de su competencia, de sus funciones y atribuciones, se debe llevar a cabo la vigilancia del tema de la fiscalización de los recursos en las campañas electorales.

Antes de concluir, quisiera reiterar que los fiscales electorales de la República Mexicana estamos muy conscientes y, obviamente, también muy interesados en que esta reforma electoral, específicamente en el tema de la fiscalización, se lleve a cabo dentro de un marco que quede claro, reiterando el tema de la claridad, del tema de los supuestos, en donde pueda haber tanto una sanción en el ámbito administrativo-electoral, como jurisdiccional-electoral, y también una sanción económica y privativa de la libertad en el ámbito de la procuración de justicia en materia penal. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Es cuanto.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias por las respuestas brindadas, Gilberto.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Jorge Montaño, para brindar respuestas hasta por cinco minutos. Adelante, Jorge.

El ciudadano Jorge Montaño Ventura: Muchas gracias. Con respecto a la pregunta de cómo mejorar el tema de fiscalización en las redes sociales, creo que, primeramente, sería saludable establecer un andamiaje jurídico para normar de manera efectiva las redes sociales, en materia electoral. Ahí es donde está la fuga, no solo para la publicidad, sino también para la denostación en lo que es la competencia electoral. 

No me dejarán mentir, sobre todo en la violencia política en razón de género, se abusa precisamente del anonimato en las redes sociales. Ahí sí quiero mencionar la experiencia que hemos tenido las Fiscalías Electorales locales, y hablo por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del estado de Tabasco, donde hemos tenido experiencias precisamente en trabajar para buscar que se suspenda la publicidad cuando se está atacando o denostando la imagen de una candidata, de una mujer, específicamente. 

¿Qué pasa? Que en la vía administrativa-electoral todavía no existe una norma que, de manera muy puntual, pueda establecer los parámetros permitidos en cuanto a las redes sociales. Desgraciadamente, se abusa todavía mucho de este medio. 

En el caso de la vía penal, ya se han dado las experiencias de que podemos suspender la publicidad precisamente de estos ataques, principalmente a las mujeres que están participando para un cargo de elección popular. 

¿Qué podemos proponer? Que aquella persona, grupo o partido que se acreditase que, efectivamente, está aprovechando el uso de las redes para denostar, atacar la imagen de una mujer, se le considerara dentro de su propio tiempo o dentro de sus propios recursos destinados para tal fin.

Que se estableciera también como una pena, aparte de la multa y aparte de la sanción punitiva que pudiera existir, que, de acreditarse que, como ya mencioné, un partido, un grupo o una persona pudiera acreditarse que es la responsable del ataque a una persona, se le pueda considerar también como una sanción dentro de su propio tiempo. Esto tendría que ser el caso de algún partido o candidato. Si es un particular, únicamente nos iríamos por la pena privativa de la libertad o por la multa que establece la propia Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Creo que a lo mejor eso podría ayudar para ya buscar que se evite caer en la tentación, precisamente, de abusar de las redes sociales y pudiéramos encaminarlas a temas más propositivos y precisamente creo que para lo que fueron creadas, dar a conocer y difundir las propuestas de quienes están buscando la obtención del voto popular.

Y en el caso de quienes están participando en las listas, bueno, sabemos que de la obtención de votos de mayoría relativa ahí es como también se van dando el pase de las listas que tiene en representación proporcional.

Creo que por ahí podría ir una propuesta, para ello se tendría que establecer muy bien y de manera efectiva y que fuese pronta establecerse una responsabilidad y también contabilizarse, como ya mencioné, dentro de sus espacios de tiempo que tenga, pero también dentro de los recursos con los cuales haya sido beneficiado la persona, un partido o un grupo en particular. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, don Jorge Montaño, por sus respuestas.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos con la magistrada Norma Angélica, para brindar respuestas, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor.

La ciudadana Norma Angélica Sandoval Sánchez: Gracias, diputado. Bueno, yo hace rato comentaba que considero que si existiera un rebase de tope de gastos de campaña por parte de un candidato de representación proporcional habría que pensar si sería idóneo para ocupar el cargo. No creo que deba afectar a toda la lista, porque no podemos tampoco anular la elección, o sea, porque va a en función de la fuerza de un partido, de la fuerza política.

Entonces, me parece que el castigo, si se me permite la expresión, debía ser directamente para el candidato que realizó ese rebase de tope de gastos. Entonces, creo que por eso mencionaba yo, pensar o volver a pensar en un modelo, en una forma de impugnación que sea exclusiva en contra de los dictámenes solamente, dejando atrás ya causales de nulidad, dejando atrás errores en el cómputo, situaciones que ya debieron de haber sido analizadas en otro momento, ¿por qué? Porque también lo voy a decir, nosotros en Puebla estábamos intentando resolver los últimos asuntos y el Instituto Nacional Electoral se había ido de vacaciones y nos faltaban los últimos dictámenes y no podíamos sacar nuestras últimas resoluciones porque nos faltaban todavía dictámenes consolidados y algunos que todavía estaban en apelación, que todavía estaban sub iúdice.

Entonces, sabemos que en materia electoral no existe la suspensión del acto, lo entendemos, es uno de los principios fundamentales de nuestra materia, pero también no dejamos de ver que genera muy poca certeza para el candidato que está ahí metido, porque me estoy peleando, me estoy defendiendo porque no rebase el tope de gastos y tú ya tienes que resolver y vas a resolver diciendo que yo rebase el tope de gastos y vas a anular mi elección. Entonces, me parece que a lo mejor replantear este modelo, este sistema, esta forma de impugnación hacia el tema de rebase de tope de gastos resultaría interesante.

¿Cómo evitar el fraude a la ley al interior de las listas? Pues es que realmente solamente lo pueden hacer los partidos políticos. El compromiso al interior de cada partido político de formar sus listas. ¿Por qué? Porque las autoridades jurisdiccionales no podemos actuar, no podemos hacerlo de oficio, forzosamente necesitamos que alguien nos venga a decir que hubo una violación a su derecho político-electoral o considera que tiene un mejor derecho que quienes están integrando las listas.

Entonces, ahí sí es una situación que tiene que ver con el propio partido político, que se vuelven temas intrapartidistas, que en muchas ocasiones también resolvemos los Tribunales Electorales para modificar de entre la lista. También, bueno hay varios momentos, es en el registro y en algunas ocasiones las candidatas sobre todo en género lo vimos en Puebla, impugnaron al momento ya de la designación de representación proporcional.

Y ¿si modificamos el esquema de financiamiento impactaría, implicaría un riesgo para la fiscalización? Sinceramente yo creo que tenemos un modelo muy sólido de fiscalización. Por supuesto que perfectible, sí, y sobre todo yo diría perfectible en los plazos. Había que repensar y replantear de una manera seria cómo hacerlo en los tiempos.

Si están cerrando sus campañas tres días antes del día de la jornada, y les van a entregar sus constancias tres días después del día de la jornada, es muy complejo pensar que en esos seis días va a haber un dictamen consolidado o que ya se haya desarrollado la materia impugnativa, toda la cadena impugnativa para poder saber si ese candidato o esa candidata rebasó o no el tope de gastos.

Entonces, repensar y replantear los tiempos quizá generaría más certeza, más seguridad jurídica y quizá también obligaría a las instituciones y a los candidatos, a las candidatas a seguir las reglas previamente establecidas.

Me parece que solamente tiene que ver con darle fuerza y creer lo que dice el artículo 105 de la Constitución. 90 días antes de los procesos electorales no puede haber modificaciones. Tampoco me parece que nada más es hacer cumplir lo que ya está previamente establecido. Muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrada Norma Angélica.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar este diálogo con la última participación de don Marco Gómez Alcantar, hasta por diez minutos.

El ciudadano Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, Omar. A ver, yo quiero nada más mencionar varios temas, pero uno que creo que es relevante es que es muy difícil que se acredite un rebase de tope de gasto de campaña por el rebase consolidado. El problema no está ahí, sino si un partido es ordenado es muy difícil que rebase el tope de gasto de campaña.

El problema se da en las quejas que presentan los partidos políticos y es en esas quejas donde tiene el INE que ejercer sus facultades amplias para procurar la equidad en la contienda. Pero ojo, son las quejas, quejas que se tienen que resolver previo a la resolución del dictamen de fiscalización, porque hay conductas que se están presentando como terceros anónimos que pagan espectaculares, outlet desconocidos de reciente creación que contratan  espectaculares y no son sancionados, terceros que pagan pauta en redes sociales para difundir noticias hechizas, y esos son temas que le afectan a todos los partidos porque todos los partidos lo hacen.

Entonces, yo creo que, si queremos verdaderamente hablar de temas de fiscalización y reforzarla, hablemos de las cosas reales que suceden en una campaña. Es importante nada más centrar el tema.

Ahora, respecto lo que dice el diputado Benjamín Robles de darle autonomía. Se puede dar autonomía, pero otra vez, el problema no está en la autonomía o no, la gente de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es gente de primera, es gente que sabe hacer su trabajo. El problema no es ese, el problema es que tenemos un marco legal donde se genera mucha discrecionalidad, no de la gente de la Unidad, de los consejeros que son los que tienen la última palabra.

Entonces, nosotros tenemos que abonar en esa certeza para resolver un problema que le genera, que afecta a todos. Que se puede individualizar las campañas y hacer una sola campaña con gasto centralizado, también se puede y hay partidos que lo siguen haciendo. Es más, entre más se centralice el gasto más control tienes de esos temas y menos riesgo de rebase de tope de gasto de campaña, el tema es, pero otra vez, el tema no está ahí, el tema está en las ayudas que reciben de terceros, la compra de propaganda que no se reporta o que reportan un pedacito, estructuras que no se reportan, en fin.

Lo que me pregunta el diputado Carillo, ¿cómo fiscalizar precampañas? Yo creo que se fiscalizarían igual. El principio de fiscalización es que todo lo que beneficie suma. Si va a haber una precampaña, todo lo que beneficie le va a sumar al candidato. Cuando haya campaña se sumará lo que le beneficie, y si es propaganda genérica se prorrateará entre todos. Ese es el principio básico que yo no veo que se cambie con este tema, pero otra vez, el problema, en mi opinión es certeza.

Con la diputada Blanca Alcalá yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un tema pendiente que se tiene en materia electoral es el voto de mexicanos en el extranjero. Entiendo que hay cerca de 30 millones de mexicanos que tienen el derecho de ejercer un voto en Estados Unidos y, realmente, se ha limitado mucho por la forma en que se está estableciendo o que se armó el entramado legal. Y, en materia de fiscalización, la prohibición de hacer campañas por el hecho de que no se puede fiscalizar allá, pero yo creo que es momento de dar un paso adicional y reconocer derechos plenos a esos mexicanos que están allá. O sea, derechos plenos me refiero a estar debidamente informados y poder contrastar las propuestas.

Ahora, si me lo permiten, yo quisiera concluir siendo muy puntual en el mensaje que yo vine a decir. Uno, nuestro sistema electoral funcional y el INE y el Tribunal y los tribunales nos garantizar elecciones libres y elecciones limpias.

Dos, los problemas de nuestro sistema electoral no están en el padrón ni en la organización electoral. Los problemas están en la competencia. Y cuando hablo de competencia, pues lo que quiero yo decir es que hay temas que afectan a todos los partidos, como es el tema de la fiscalización. Ninguno se salva de este tipo de criterios discrecionales, por tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos certeza, ¿certeza para qué? Para regular todas las conductas que todos los partidos viven y sufren, participación de servidores públicos, aportaciones de terceros, redes sociales, otra vez que le meten dinero a las campañas y nadie fue, nadie supo y el INE tampoco ni ve ni los oye ni nada.

El tema de los influencers, ese es un tema clave. El tema de las revistas que salen en espectaculares, que también es un tema permitido. Entonces, ese tipo de temas hay que ponerlos en la mesa para avanzar, porque ahí están los temas.

La diputada me preguntaba si el INE se excede en sus facultades. No, yo creo que el INE no se excede en sus facultades, el INE ejerce sus facultades, pero las está ejerciendo con vacíos legales que generan certeza y eso viola un principio constitucional que tiene que resolverse en esta mesa, con ustedes, los diputados.

Eso no lo va a resolver el INE, porque cuando tú estás sentado en esa mesa, a mí me tocó estar en el 2004 con el primer reglamento y la elección presidencial en 2006. Cuando tú estás en esta mesa tú tienes que tomar decisiones con lo que hay y con los precedentes que tienes y así se ha venido avanzando, pero eso es lo que yo trato de decirles que se tiene que cambiar.

Previo a la elección del 2006 se regularon por primera vez las precampañas, el acuerdo de neutralidad que fue el origen del artículo 134 de la Constitución, el procedimiento especial sancionador, las medidas cautelares, la tregua navideña para diferenciar periodos de precampaña y otro tipo de temas.

Todos esos temas los recogió el Congreso. El problema es que la problemática real pues no se está discutiendo, en mi opinión, de fondo los temas torales que hay que mejorar. Entonces, pues espero que mi participación haya sido útil. Me da mucho gusto ver y haber estado compartiendo este tiempo con ustedes y muchas gracias.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias don Marco Gómez Alcantar.

Bien, hay una matriz de, como problemas, problemáticas, soluciones que los ponentes, la ponente han aportado a esta mesa de competencia, equidad, inelegibilidad, la responsabilidad legal, incertidumbre, la discrecionalidad, avanzar en la definitividad de los actos electorales, pero también a la par de la certeza que se mencionó como pilar fundamental y la neutralidad. Competencia, recalcarla como eje de lo que decía don Marco, respecto de una de las piedras angulares del sistema electoral.

Agradecerle al diputado Benjamín Robles, a la diputada Zulema Adams, a la diputada Amairany Peña, diputado Hamlet García, al diputado Juan Luis Carrillo, a la diputada Blanca Alcalá. Y justo estos temas me parece que se vinculan bien con el foro que tendremos a las cinco de la tarde, sobre legislación electoral única.

Recordar que la normatividad que regula, precisamente, la materia electoral, ha pasado por diversos momentos. Actualmente tenemos varias leyes, tocaron nuestras personas ponentes el de la legislación en materia de delitos electorales y hay propuestas para que se pueda volver a una legislación única que parece que apuntaría en la dirección de dar certeza a todos los que participan en el proceso electoral, de cuáles son las reglas del juego. Pero es un tema que corresponde a los diputados elegir, decidir y, por lo tanto, estaremos atentos a lo que pase en esa mesa de las cinco de la tarde.

El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, pues, le pediría a la diputada Blanca Alcalá que pueda dar un mensaje de cierre de este foro.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Pues nuevamente, agradecer a todos y a todas las participantes por su tiempo en este espacio, que lo que busca es hacer un análisis serio, responsable en un marco de pluralidad que nos permita avanzar, primero, reconociendo, insisto, con objetividad la legislación que tenemos, y segundo, las acciones que en materia legislativa tenemos que hacer para reformarlas.

Muchas gracias a nuestros amigos que están siguiéndonos por las redes sociales o a través del Canal del Congreso, también nuestra gratitud. Y a los diputados que también se han enlazado para este foro número 19. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.

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