Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

Presentamos a ustedes al gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien preside esta ceremonia de inauguración. Presentamos a Alejandro Armenta, gobernador electo del estado de Puebla.

Es un honor recibir en Puebla a la maestra Ernestina Godoy Ramos, senadora electa. Al diputado federal Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Recibimos al senador Navor Alberto Rojas Mancera, representante del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, senador Ricardo Monreal Ávila.

Saludamos la presencia del magistrado José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el estado de Puebla. Acompaña en esta mañana el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Es un honor recibir al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Nos acompaña el diputado Edgar Garmedia de los Santos, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado de Puebla. Así también, a Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación del Estado de Puebla.

Estamos también recibiendo al diputado Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias también por su presencia, así como al diputado Carlos Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Solicitamos que dé la bienvenida y haga uso de la palabra a este foro, Diálogos Nacionales, Reformas Constitucionales al Poder Judicial, con el tema, Tribunales de Justicia Local, al magistrado presidente José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla.

El magistrado José Eduardo Hernández Sánchez: Buenos días a todos. Buen día... buenos días a todos los presidentes de los tribunales locales que se encuentran acá. Hoy nos reunimos para acompletar un paso más en el fortalecimiento de la paz como producto de la justicia.

Como es conocido para todos, y todas, los asistentes, fue presentada la iniciativa de proyecto de decreto por el cual se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma al Poder Judicial.

Derivado de esto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con base en el exhorto de la Comisión Permanente, se ampliaron los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

En dichas mesas de diálogo y que han tenido verificativo previamente en la Cámara de Diputados y en los estados de Jalisco, Toluca, Chiapas y Veracruz, hemos podido ir teniendo la reforma constitucional a través de la nueva conformación y reorganización del Poder Judicial.

Una nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la duración del cargo de ministros, magistrados y jueces, así como su régimen de responsabilidades. De igual forma, sobre una cultura de austeridad financiera y de los fideicomisos, del derecho laboral de los trabajadores y servidores judiciales. Sobre la nueva visión de División de Poderes y sus medios legales y constitucionales. Asimismo, sobre la reforma al Consejo de la Judicatura Federal y creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.

Ante ello, el día de hoy el tema a discutir será sobre los tribunales de justicia local. En efecto, hemos sido convocados a esta mesa de diálogo quienes tenemos, no solo el interés, sino la responsabilidad de garantizar y cumplir con nuestro deber constitucional en beneficio del interés público a través de la modernización de los Poderes Judiciales.

Por lo tanto, a fin de obtener buenos resultados y que representen diferentes visiones que puedan fortalecer la reforma constitucional, la dinámica de hoy será mediante ponencias a través de las cuales se podrán expresar diversas posturas en los diferentes tópicos de interés que concurren a través de la propia reforma, pero son de relevancia para la administración e impartición de justicia de las entidades federativas.

Lo anterior nos permitirá exteriorizar y, en su caso, renovar el compromiso de seguir adaptando el ejercicio judicial local a los estándares más altos de calidad y eficiencia, toda vez que es claro que el servicio de justicia debe ser de primer nivel a las y los justiciables de todos los estados miembros de la República Mexicana. Claro, esto conforme a las propias particularidades, pero sin olvidar el pacto federal del cual somos parte.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al gobernador Sergio Salomón Céspedes, por su inquebrantable apoyo y compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia en Puebla. Su visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar los cambios necesarios que han garantizado el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial para todos los ciudadanos.

Estamos completamente seguros de que el gobernador electo del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, continuará con esa labor y percepción compartida de un estado basado en el respeto de la legalidad y derechos fundamentales.

Asimismo, quiero destacar el trabajo conjunto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, pues la constante comunicación y nuestra labor coordinada ha sido fundamental para consolidar y hacer posible la justicia integral en nuestra entidad federativa.

Esta alianza estratégica entre la administración e impartición de justicia demuestra que, cuando se trabaja de manera coordinada y comprometida, se pueden alcanzar grandes metas en beneficio de la sociedad.

En conclusión, que el diálogo del día de hoy sea un símbolo del compromiso compartido con la justicia, la equidad y el Estado de derecho. Sigamos trabajando juntos con ahínco y determinación en esta visión a futuro para restituir la confianza del justiciable y construir, sin distinción, esa paz y justicia social tan anhelada por todos. Gracias a todos por su presencia.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Ha sido el mensaje del magistrado José Eduardo Hernández Sánchez.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Solicitamos ahora la intervención del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, buenos días, señor gobernador en funciones; señor gobernador electo; diputado y senador electo Ignacio Mier; señores representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo del estado de Puebla. Honorable presídium, compañeros legisladores, señoras y señores.

Todos los temas sobre esta reforma judicial son importantes. Escuchamos por primera vez, en la Ciudad de México, a los ministros de la Corte y a los consejeros federales dar un inicial posicionamiento sobre su visión de fondo de este tema.

Y luego fuimos a discutir sobre la reorganización de los órganos de las instituciones del Poder Judicial federal, fuimos a Toluca. Y luego fuimos a ver los medios de discusión, los medios de resolución de las controversias entre poderes, en Tuxtla. Y luego a discutir la profundidad y la pertinencia de un Tribunal que juzga a los jueces, a Veracruz.

Y vamos a estar en la Ciudad de México, de nuevo, para ver de fondo pertinencia, viabilidad, tiempos, procedimiento, gradualidad del punto central de la propuesta de reforma judicial, que es elección de los miembros de la Judicatura en el país.

Y vamos a ir a Saltillo a ver esas otras partes externas a la estructura de los Poderes Judiciales del país que tienen mucho que ver en la impartición y en la procuración de justicia, que son los defensores del Estado y los defensores particulares de las partes litigantes. Hay una masificación de la abogacía y la colegiación que en otros países funciona, en México no se ve tan fácil, pero sí necesario.

Y vamos a ir a Culiacán a hablar sobre otros dos temas que conforman la gran materia de la justicia en México, que es la procuración de la justicia vinculada inmediatamente con la impartición, son un todo, son un junto, y también la seguridad pública.

La seguridad pública importantísimo elemento del que el Poder Judicial Federal se despojó hace años. El valor de la seguridad pública no está en la ponderación de ningún juez y eso nos preocupa.

Aquí el tema es muy importante. Justicia local, tribunales locales, lo van a abordar ponentes de gran categoría profesional e intelectual y con una posición institucional que les autoriza hablar del tema. Vienen también representantes del Poder Judicial Federal, a quien escuchamos con atención y respeto siempre.

El asunto no es cómo organizamos a los tribunales judiciales, cada estado lo puede hacer. El asunto es, cómo discutimos el federalismo de justicia. Hasta dónde los tribunales federales pueden llegar, deben llegar para modificar todas las resoluciones y decir la última palabra de los tribunales de los estados. Todas las materias prácticamente terminan en el Poder Judicial Federal por la vía del amparo o por alguna vía importante de control constitucional.

Qué aspectos de la justicia local deben dejarse de manera terminal en los tribunales de los estados. Todos los asuntos han de llegar en una tercera instancia y hasta a veces hasta en una cuarta instancia a la justicia federal entre más se concentre facultades y atribuciones del Poder Judicial Federal, menos federalismo de justicia haya en el país.

Esos son los temas de hoy, importantísimos, centrales. Venimos a escuchar y a anotar para proceder enseguida en los últimos días de este mes y luego en agosto plenamente a discutir este tema de fondo, y otros más que el presidente de la República planteó como una gran modificación de estructura y de visión del Estado mexicano. En eso estamos. Muchas gracias por recibirnos.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Esta fue la intervención del diputado Juan Ramiro Robledo.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Solicitamos ahora el uso de la palabra, para el senador Navor Alberto Rojas Mancera, representante del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, senador Ricardo Monreal Ávila.

El senador Navor Alberto Rojas Mancera: Muy buenos días a todas y todos. Saludo con respeto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, agradeciendo su cálido recibimiento en este recinto con alto valor histórico y cultural.

Saludo con respeto y cariño al gobernador electo Alejandro Armenta Mier, con quien compartí desde el Senado de la República en esta LXV Legislatura muchas gratas experiencias, buenos debates. Amigo, auguro progreso y desarrollo para Puebla derivado de tu capacidad y profesionalismo. A Puebla le va a ir muy bien.

Saludo también a mi querido amigo también diputado Ignacio Nacho Mier, con quien también compartí muchos momentos de debate parlamentario. Muchas gracias. Al magistrado José Eduardo Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien refrendo mi consideración y mi estima.

A todas y a todos los que se han dado cita el día de hoy, honorable presídium. A la senadora electa Ernestina Godoy, muchas gracias. A todo el presídium refrendo mi compromiso.

Hoy nos convoca un foro más en el que se pretende recoger todas y cada una de las aportaciones que deriven del sentir de las y de los profesionales del derecho, de los servidores públicos, representantes del pueblo, de las y los juzgadores y no menos importante de los justiciables y de las justiciables.

Esta dinámica de parlamento abierto se gesta con el objetivo de garantizar la participación ciudadana y asegurar que en cada decisión que se tome desde el Legislativo federal se contemple el sentir de la ciudadanía y de sus necesidades, que es lo más importante.

Desde esta ciudad histórica podemos reconocer que los foros nacionales han hecho visible la problemática que se encuentra inmersa y que rodea al sistema de impartición de justicia. Por ello, hoy corresponde revisar y analizar a fondo las propuestas de reforma al Poder Judicial Federal y a sus homólogos en las entidades federativas.

El objeto de la iniciativa que hoy debatimos estriba en reformar la Constitución federal para vincular a las autoridades encargadas en administración de justicia a emitir sus resoluciones en un periodo de tiempo que satisfagan los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo.

En virtud de lo anterior, es importante destacar que por disposición del artículo 40 constitucional nuestro país se organiza territorialmente en entidades federadas que pueden ejercer competencias en una serie de materias, dividiendo el poder público para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Es por esta razón que actualmente observamos Tribunales de Justicia locales que conocen de la materia civil, penal y, en ocasiones también, en materia administrativa. Siendo en esta última donde se observan tres tipos de escenarios: entidades que han establecido su Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entidades que sólo tienen Tribunal Fiscal y entidades que no cuentan con este tipo de órganos jurisdiccionales.

Precisar que fue en la reforma constitucional de 1987 donde se reconoció la autonomía judicial a nivel local, a través de una modificación al artículo 116, en su fracción III, con el objeto de robustecer la justicia local. En esta importante reforma se buscó lograr la independencia judicial al establecer, entre otras cosas, el periodo de mandato que tendrían los jueces locales y la posibilidad de que sean reelectos o ratificados en sus cargos, lo que se conoce como el principio de inamovilidad judicial.

Este principio se estableció para proteger a los tribunales locales de las influencias de los gobernantes, permitiéndoles tomar decisiones con total autonomía, sin presiones externas, y así pretender garantizar la objetividad de la justicia, que es muy importante. Aunque es innegable que la opinión pública y las demandas sociales ejercen una enorme influencia, estos factores pueden desempeñar un papel crucial a la hora de determinar si las personas deciden recurrir o no a un sistema legal.

La creación de sistemas judiciales de control constitucional local plantea una serie de desafíos, ya que existe una falta de coordinación entre los mecanismos de control de constitucionalidad local y federal, lo que genera incertidumbre. Además, las resoluciones constitucionales locales carecen de carácter definitivo, ya que en casos excepcionales se puede recurrir al amparo federal; asimismo, se cuestiona la capacidad y preparación de los jueces del fuero común para abordar asuntos de naturaleza constitucional.

En tal virtud, es claro que en nuestra nación hay una gran desmotivación entre la gente al sistema judicial, tanto a nivel federal como local. Eso se refleja en que cada vez menos personas acuden a tribunales para resolver controversias o problemas legales. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Asimismo, la falta de una conducta objetiva e imparcial por parte de algunos juzgadores locales pone en peligro la credibilidad del sistema judicial, quien depende la confianza del público en la impartición de los jueces.

Sin la fe de los ciudadanos el Judicial no puede funcionar adecuadamente. Por lo tanto, es crucial que los jueces se sujeten a estrictos estándares éticos y legales por medio de mecanismos que evalúen su conducta, la conducta judicial.

Aunado a esto, los obstáculos procesales y administrativos que enfrentan las personas dentro del sistema de justicia también desmotivan y desalientan la sociedad al momento de tener la necesidad de acudir a centros de justicia, toda vez que existe una excesiva burocratización que impone una gran cantidad de requisitos que complican y desalientan el seguimiento del proceso legal, lo que incluye el incumplimiento de plazos, de fechas, de comparecencias y de audiencias lejanas, la tardía resolución de asuntos, entre otras.

Resulta también comprensible que la población se sienta insatisfecha por el deficiente acceso a la justicia que tiene, lo que obliga a quienes participamos en el proceso de creación de normas a crear un sistema judicial más eficiente, con mecanismos de acceso prácticos, asequibles e inclusivos.

En este sentido y teniendo en cuenta la importancia de contar con un sistema de justicia que sea independiente, eficiente, incluyente e imparcial, la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el presidente de la República el 5 de febrero de este año busca elegir de manera directa, a través del voto popular, a los miembros del Poder Judicial, incluyendo magistrados y jueces de los tribunales locales.

Para ello, se pretende desde nuestra Carta Magna que los integrantes de estos tribunales locales sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforma la nación para contar con un poder del Estado que constituye un pluralismo jurídico, abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación al servicio público.

Es por lo que se afirma categóricamente que una reforma que permita mejorar el funcionamiento de los Poderes Judiciales locales para fortalecer la autonomía de estas instituciones y asegurar su efectividad en completa independencia y eficiencia debe ser inevitable.

Es necesario reestructurar los sistemas judiciales estatales y el método para seleccionar a los jueces, lo que implica que los jueces locales sean elegidos por voto popular, a partir de un grupo de candidatos previamente seleccionados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de garantizar la pluralidad de la elección, pero, sobre todo, en la exigencia del pueblo.

Al respecto, es importante aclarar que el mecanismo de elección popular no debe atentar contra la objetividad, la imparcialidad ni la meritocracia de los operadores jurisdiccionales, ya que en la función jurisdiccional se debe estar atento al estricto apego a la ley, tal como lo expresa Aharon Barak, que dice que la independencia es judicial, significa que el juez debe estar absolutamente sujeto a la ley, es decir, su única lealtad debe de ser estrictamente a la Constitución.

No podemos mirar con el mismo lente a la justicia local y a la justicia federal. El juzgador local no gana más que el presidente de la República. Los Poderes Judiciales locales acatan el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Poder Judicial federal hay una gran cantidad, centenares de funcionarios públicos que ganan más que el Ejecutivo federal. ¿Con qué derecho? ¿De dónde derivan los privilegios en un país donde hay más de 50 millones de personas que viven en pobreza?

El juzgador local resuelve alrededor de 2 mil, perdón, de 2 millones 300 mil juicios al año en materia familiar, civil, mercantil y penal. Eso es justicia cotidiana, la justicia que es cercana a la gente, la que resuelve los problemas día con día. ¿Cuántos juicios conoce el Poder Judicial federal? La quinta o sexta parte de lo mencionado. ¿Por qué desde el Poder Judicial federal insisten en echar culpa a muchos legisladores locales? ¿Por qué insisten?

En pleno siglo XXI —a más de 100 años de ser vigente nuestra Carta Magna— no encuentra justificación alguna el que exista un tribunal federal rico y 32 tribunales locales pobres o con deficiencias estructurales.

Asimismo, no podemos pasar desapercibido el error de seguir observando con el mismo lente a la justicia local y a la justicia federal. De ninguna manera, pues hoy más que nunca se debe dejar constancia de la enorme brecha de desigualdad que viven las judicaturas locales, por debajo de privilegios y de prebendas de las que vive la Judicatura Federal. La actividad jurisdiccional como un poder constituido del Estado debe someterse a un análisis crítico en el que se revise con exhaustividad y compromiso los elementos perfectibles en la impartición de justicia.

Finalmente, quiero compartir con ustedes que desde el Legislativo federal estamos preparados para atender todas y cada una de las voces que hoy se sumen al diálogo, que no estamos de acuerdo con no mover puntos y comas, pero también para atender el llamado de todos aquellos que no han tenido el derecho de acceder a la justicia, que no se han hecho presentes en estos diálogos nacionales, pero que fueron sin duda un pilar fundamental en las pasadas elecciones del 2 de junio.

Desde el Legislativo federal hemos impulsado acciones que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, hoy más que nunca se privilegia el actuar responsable de los servidores públicos en beneficio de las y los ciudadanos. Muestra de ello es que la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente que un servidor preside, recibió del titular del Ejecutivo un total de 28 perfiles para ocupar las bacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el resultado fue que no todas las designaciones que nos mandó el Ejecutivo fueron aprobadas, porque no fueron idóneas algunas de ellas. No tenemos línea.

Reitero, en el Legislativo federal actuamos con independencia y autonomía en las decisiones que adoptamos, pero debo resaltar que debemos de respetar todas y todos, los tres Poderes, a la Constitución. Este proyecto de nación inició hace muchos años y se está consolidando a partir de 2018.

Para concluir me permito destacar que la necesidad de una modificación urgente a los Tribunales de Justicia locales es evidente, hay que apoyarlos, hay que darles herramienta para que hagan el gran trabajo que hacen día con día, por lo que la discusión debe enfocarse en la manera de implementar estos cambios de manera efectiva, asegurar que los mecanismos de elección y funcionamiento sean transparentes, eficientes y equitativos. Hay que ver el cómo, no el porqué, y en palabras de Morelos, refrendar lo que decía, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja. Es cuanto.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Este ha sido el mensaje del senador Navor Alberto Rojas. Muchas gracias. pueden tomar asiento.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Solicitamos ahora tome la palabra el diputado federal Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Siempre en el Senado de la República son más generosos con el tiempo, en Cámara de Diputados no nos permitan más de tres o cinco minutos, pero como el senador dio una cátedra bien valía, como sucedió en la Guerra de los 30 Años, su fin, diría Gerardo Fernández Noroña, que Francia bien valía una misa; creo que este foro bien valía una labor. Gracias, querida amiga.

Quiero saludar al principio al gobernador del estado, agradecerle su generosidad reflejada en la colaboración republicana entre poderes, el llamado que hizo la Comisión Permanente a la Cámara de Diputados y a su vez la Junta de Coordinación Política.

Aquí están los coordinadores del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña; del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente y del Partido Movimiento Ciudadano, Braulio Ochoa. Así como integrantes de la legislatura.

El acuerdo fue que se ampliara el diálogo y que fuera a través de la Comisión de Puntos Constitucionales y que los diálogos fueran temáticos para ir profundizando en la iniciativa de reforma que aquí ya se ha comentado –no lo voy a hacer en obvio de tiempo y porque están empapados de ello.

Decirles que la iniciativa que presenta el presidente López Obrador de reforma al Poder Judicial tiene como antecedente una primera reflexión que se hizo en la Cámara de Diputados, por el cual se preguntará a los especialistas, juristas, colegios, barras de abogados, universidades, centros de estudio, de investigación del derecho y a la población para que reflexionáramos sobre la conveniencia de reformar el artículo 96 constitucional, que es el que establece el procedimiento para elegir a los ministros de la Corte.

Que es un procedimiento que data desde hace 150 años. Esa fue la primera reflexión. Cuando se hizo este ejercicio, este conversatorio por todo el país, que lo condujo la Junta de Coordinación Política, se llegaron a varias conclusiones.

Ministros en retiro de la Corte dijeron que se requería no solamente una revisión al procedimiento electivo que establece el 96 constitucional, sino que debería de haber una reforma integral, incluso en voz de otro gran jurista mexicano, Diego Valadés, decía que hay que hacerle un juicio al juicio, porque presenta distorsiones que se viven en las diferentes estancias y siempre termina en juzgados federales, vía el amparo. O como bien decía el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, en una cuarta instancia.

El otro aspecto tenía que ver en una decisión política. Fíjense ustedes, saludando con cariño y aprecio la presencia de quienes hoy son motivo de análisis en este ejercicio dialéctico a los presidentes de los tribunales de justicia en los Estados para hablar de lo que es el 116 y el octavo transitorio, que estoy seguro de que es el que más les llama la atención de la iniciativa de reforma.

Decirles que cuando se decidió en la reforma del 2011, que se creará el Consejo de la Judicatura federal como un instrumento que evaluara que efectivamente lo que establece la Constitución de contar con una justicia pronta y expedita y gratuita, se viera plasmado a través de un instrumento administrativo de evaluación del desempeño que incluía la Carrera Judicial y que permitiera efectivamente ir midiendo el desempeño de los jueces.

¿Quién juzga a los juzgadores? Sus resultados. El reclamo del pueblo es que no se estaba cumpliendo esos propósitos y estructuralmente un problema, comentaba uno de los ministros en retiro, es que fue una decisión política la que llevó a que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea al mismo tiempo titular del Consejo de la Judicatura federal, en otras palabras, juez y parte.

Eso generó distorsiones, generó compromisos y hoy, que se presenta la reforma, lo que se hizo fue cuáles son las fuentes más importantes que nos van a permitir lograr el propósito constitucional de justicia para las y los mexicanos.

Primero era modificar el procedimiento para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte, extensivo para las entidades federativas. Segundo, eso conllevaba la modificación de la estructura orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura federal.

El otro tema sustantivo es la austeridad republicana, que está establecida en la ley, pero que es producto de lo que señala la propia Constitución. Y el otro tema que generaba distorsión es el de la justicia de los tribunales locales, que es el que veremos el día de hoy.

¿Qué les quiero decir y aprovechar porque nos estamos cubriendo a nivel nacional? Los tiempos. Decirles que el diálogo que se está realizando en todo el país, que ha generado que en las plataformas de la Cámara de Diputados y del Congreso mexicano y en sus canales, tengamos la participación de más de 600 mil mexicanos interesados.

Que hemos sistematizado todas las ponencias que se han presentado en todos los diálogos. Que en los micrositios que están alojados tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en la propia Cámara de Diputados están los comentarios, las versiones estenográficas y los videos de todas las ponencias.

Que esa leyenda urbana política de que no se toca ninguna iniciativa es una falsedad: no ha habido en este movimiento y por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hoy de la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, otra disposición que no sea lo que le dio origen a nuestro movimiento que sea la discusión y deliberación democrática.

Por esa razón... por esa razón es que lo estamos haciendo y ya encontramos, por lo que hace a la modificación de la estructura de la Suprema Corte, su conformación y el procedimiento y método electivo.

Que ya hay una... prácticamente ya no hay discusión, hay una aceptación porque ha sido sensible la Comisión de Puntos Constitucionales y de manera compartida con la Cámara de Senadores y en la Permanente de que tiene que haber gradualidad en el proceso.

Segundo, que se tienen que respetar los derechos adquiridos de todos los trabajadores del Poder Judicial.

Tercero, que debe de haber participación democrática abierta para todos. Que los criterios de elegibilidad que se definan en la convocatoria tienen que garantizarles, a todos, la posibilidad de participación, pero, preferentemente, de manera directa, a quienes actualmente se desempeñan como jueces, magistrados y los propios ministros.

La otra cuestión importante y que está establecido para el caso de los gobiernos de los tribunales locales en el 116 es que tiene que haber un procedimiento que respete el federalismo, que respete la soberanía, la autonomía, de los estados representados por sus Congresos locales y que, en ese sentido, como ya aquí se señaló, que se empiecen a equilibrar las distorsiones.

De cada 10 casos que se presentan o asuntos, ocho son el fuero común y cuando llegan al fuero federal de manera verdaderamente indignante, lo he escuchado de jueces locales, de magistrados locales, cómo en esa instancia jueces y magistrados de circuito dicen que se regrese al fuero vulgar.

Y eso habla, ese comentario habla, puntualiza qué es lo que estamos viviendo en términos del federalismo de justicia. Por eso venimos a este foro, por eso le agradecemos al magistrado Guerra que haya convocado a una cantidad muy importante, ya son mayoría calificada en este momento su presencia.

Que los vamos a escuchar con atención, que está de testigo el gobernador electo del estado de Puebla de nuestra vocación republicana de división de poderes y fortalecimiento del federalismo.

Está con nosotros quien viene en su calidad de senadora electa, pero que también ya fue anunciada que va a ser la consejera jurídica del gobierno de México y eso debe de servirles a ustedes como garantía de que este esfuerzo de discusión de liberación de diálogos apunta como único propósito a que este país tenga efectivamente justicia pronta, expedita y gratuita. Muchísimas gracias.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Así fue como escuchamos el mensaje del diputado federal Ignacio Mier Velasco. Pueden tomar asiento, por favor.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Y escuchamos ahora la intervención de Alejandro Armenta, gobernador electo del estado de Puebla.

El gobernador electo Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados abogados, abogadas, doctores, magistrados, ministros, jueces, especialistas en la materia del derecho.

Gracias, señor gobernador, por esta generosa convocatoria, a las autoridades del Poder Judicial en el estado de Puebla, a la representación de la Cámara de Diputados, en la persona del diputado Ignacio Mier, a la representación en la Cámara de Senadores, en la representación del senador Navor.

A la representación, desde luego, de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum; de mi amiga Ernestina Godoy, de todas, de la representación del Poder Legislativo local, de la Secretaría de Gobernación, de todas y de todos ustedes, de los representantes del Poder Judicial de 18 estados de la república que se han dado cita y que nos da mucho gusto que estén en Puebla.

Hemos escuchado cómo se vienen desarrollando estos foros, que tienen como propósito una gran reforma al Poder Judicial, sin duda, importante en la vida pública de la república. Hemos escuchado diferentes posiciones con respecto a lo que va a significar la línea de tiempo hacia la reforma, reforma que, estamos seguros, desde lo local será muy importante para que se logre el propósito central de las instituciones del Estado mexicano; y el propósito central de todas las instituciones, de los entes autónomos, de los poderes públicos, de las instituciones de la sociedad civil son los ciudadanos, son los ciudadanos.

Son los ciudadanos, el ciudadano que lo local muchas veces no distingue entre el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal, sólo quiere solución a sus problemas; el ciudadano común que se encuentra en la sierra, en las montañas, en las periferias de las urbes, que no entiende lo que significa el juez de paz, se confunde entre la gente subalterna del Ministerio Público y el juez menor. No sabe si el comisariado ejidal tiene funciones judiciales. Cree que el síndico municipal tiene funciones que no le corresponden más allá del cabildo. Esa es la parte central que no debemos de perder.

En la medida en que las instituciones del Estado mexicano centren su objetivo en el ciudadano, en esa medida estaremos cumpliendo el artículo 1o de la Constitución, artículo 1o, que mandata toda autoridad a cumplir, promover, a hacer que los derechos sociales sean una realidad para el ciudadano.

Entonces, las reformas son parte de una evolución histórica, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó en 2018 la cuarta transformación y la asumimos, y claro que hubo una transformación, el Poder Ejecutivo, el presidencialismo fue acotado, fue acotado, les puedo describir muchos casos, pero les voy a poner uno, antes de 2018 los bancos no pagaban impuestos porque era una facultad metaconstitucional del presidente de la República que liberaba a más 150 mil millones de pesos a los bancos extranjeros que no se litigaba en el SAT ni en hacienda, se resolvía en Los Pinos, ejemplo del presidencialismo abusivo, excesivo, corrupto, el propio presidente Andrés Manuel presentó una iniciativa para eliminar esa facultad.

Entonces, el anhelo social es tener gobernadores justos, gobernantes justos, el anhelo social es tener juzgadores justos, el anhelo social es tener legisladores que legislen para el pueblo. Es decir, que los Poderes públicos le sirvan a la patria, eso es.

Entonces, este gran encuentro debemos de celebrarlo, debemos de asumirlo como una gran oportunidad para regresarle al pueblo su soberanía, por eso los felicito, estoy seguro que cada uno de nosotros está haciendo su mejor esfuerzo en el ámbito de sus competencias, y estoy seguro que la materia jurídica de lo local va a tener una mayor trascendencia.

Soy municipalista de origen y eso significa que el ejercicio de la justicia en lo local es más expedita, es más eficaz, dentro de los usos y costumbres en ocasiones, pero este tema que tiene que ver con la reorganización del Poder Judicial nos va a llevar, sin duda, como sucedió con el Poder Ejecutivo en un conjunto de reformas a la Constitución para hacer que el presidencialismo se acote al régimen presidencial constitucional nos dé una división de Poderes que tenga como objetivo central la razón, que es el ciudadano.

Por eso, me da mucho gusto compartir este espacio. Felicito a quienes hacen posible la justicia en Puebla y en las entidades federativas. Felicito a los hombres y mujeres que participan en el desempeño del Poder Judicial con honor, con justicia, con apego a la ley, respetando la Constitución.

Les felicito y les aseguro que desde el ámbito de la competencia que en breve habré de asumir lo haré con estricto apego al Estado de derecho, lo haré con estricto apego al respeto a los poderes públicos en su división, pero siempre pensando que el objetivo central de nuestro quehacer máximo, de nuestro quehacer último es el pueblo.

Y, para eso, para eso concluiría con un párrafo que a mi me encanta y que, en la escuela, cuando era académico se los explicaba a mis alumnos, artículo 39 de la Constitución, párrafo primero, único párrafo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Lo que estamos haciendo es cumplir con un mandato del pueblo. Muchas gracias.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Este ha sido el mensaje de Alejandro Armenta, gobernador electo del estado de Puebla. Pueden tomar asiento, por favor.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Escuchemos ahora el mensaje y declaratoria inaugural de los Diálogos Nacionales, Reformas Constitucionales al Poder Judicial, con el tema Tribunales de Justicia Local, al ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del estado de Puebla.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina: Muy buenas tardes, me es muy grato saludarlos y agradecer su presencia y el interés manifiesto de todas y todos los presentes para poner en marcha los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial acá, en nuestro querido estado de Puebla.

Este es un hecho sumamente importante, por el momento histórico que vive nuestro país y que permitirá identificar y analizar de manera plural y democrática los retos y desafíos más apremiantes de nuestro sistema de justicia. Sean todos y todas bienvenidos a Puebla, que es su casa.

Quiero saludar con aprecio y respeto al gobernador electo del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al senador Nabor Alberto Rojas Mancera, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, al diputado Ignacio Mier Velazco, gracias por hacer posible que se pudiera dar en Puebla estos diálogos, compañero diputado y paisano.

Al diputado Edgar Valentín Garmendia de los Santos, al magistrado José Eduardo Hernández Sanchez, Javier Aquino Limón. Y, por supuesto, con gran aprecio a doña Ernestina Godoy Ramos, sea usted bienvenida a Puebla.

Saludo a magistradas, magistrados, senadores, diputados federales y electos, diputados locales y en funciones y electos, medios de comunicación, por supuesto, a los presidentes de los Congresos, de diferentes partes del estado. Es un honor poder tenerlos acá en Puebla, muchas gracias.

Hoy debemos estar conscientes de que nuestro sistema judicial enfrenta numerosos retos. Celebramos que Puebla sea escenario para la discusión de un tema esencial para México, pues sin duda alguna el diálogo abierto, constructivo y participativo contribuyen la construcción de una mejor sociedad.

La función judicial representa uno de los caminos más importantes para solucionar conflictos y distender el orden social. De tal suerte que, en nuestros días, los organismos encargados de impartir justicia deben ofrecer respuestas adecuadas a las legítimas exigencias de la legalidad.

Desde la accesibilidad y eficiencia de los procesos judiciales, hasta la independencia y transparencia de nuestras instituciones, cada aspecto de nuestra justicia requiere de una revisión exhaustiva y de propuestas innovadoras.

En ese sentido, con la realización de estos diálogos lo que se busca es que todas y todos, juristas, académicos, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad, se involucren en la construcción de un sistema que responda a los tiempos y a las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad.

Es necesario estar a la altura del momento histórico de nuestro país, pues hoy tenemos la oportunidad de modernizar, depurar y consolidar nuestro sistema judicial con pleno respecto a la voluntad popular.

Desde su inicio, Morena ha estado comprometido con el mandato popular y la voluntad del pueblo. Así pues, la reforma judicial que se propone se basa en estos principios fundamentales.

Por ello, creemos que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular es un paso necesario para asegurar que el Poder Judicial refleje los valores y las necesidades de la sociedad a la que sirve, sin poder renunciar tampoco a la carrera judicial. Tenemos que hacer un verdadero ejercicio de complementos, en donde las verdades absolutas no sean parte de nuestro discurso ni tampoco se vuelvan un tema de imposición.

Hoy tenemos el gran reto como sociedad de poder encontrarnos y reencontrarnos, dejando de lado nuestras diferencias y nuestros pensamientos, buscando hoy poner en el centro de esta discusión, la lucha contra la desigualdad en donde cualquier mexicano con condiciones económicas o sin condiciones económicas tenga un trato en donde el amparo de la justicia sea irrestricto y sea sin condicionamiento alguno.

No se trata, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, de debilitar a los Poderes Judiciales, al contrario, se trata de reconfigurar una parte del sistema incorporando mecanismos democráticos que le permitan a la ciudadanía participar en la selección de juzgadores, además de maximizar el principio de acceso a la justicia para alcanzar un Estado de derecho eficaz y, más importante aún, cumplir con la ley de manera imparcial y expedita, pues el único compromiso que deben tener las y los jueces es con la verdad y con la Constitución, no con intereses personales o grupales.

Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de construir un sistema que sirva eficientemente a las actuales y futuras generaciones, pues la justicia no debe ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho garantizado para toda la sociedad.

Convocamos a que se conozcan y se escuchen a las y los miembros del Poder Judicial de Carrera, porque son ellas y ellos quienes conocen mejor que otros actores, lo que puede enriquecer la noble labor de impartir justicia.

Por ello, agradezco a la Cámara de Diputados, encabezada por Ignacio Mier, por hacer posible este encuentro ciudadano en Puebla y estoy seguro de que unidos lograremos avances significativos en la búsqueda de una justicia eficiente, pronta y expedita, pero sobre todo más humana, democrática y cercana al pueblo.

La reforma del Poder Judicial que se propone es inminente y se basa en un compromiso con la democracia, la transparencia y la justicia para todos. Pero creo que un gran y un mejor principio para poder paso a todo esto, es reconocer al os buenos, a los grandes servidores públicos que hacen su ejercicio diario en el Poder Judicial, porque hemos encontrado las series de oportunidad, pero sí también reconocemos sus principios y sus valores, lo que se hace bien, estaremos avanzando y dando un primero paso para buscar en unidad y en congruencia que esta gran reforma tenga un solo fin, servirle al pueblo y permitirle que ese acceso a la justicia sea una realidad. Muchas gracias a todos, y sean bienvenidos a Puebla.

Siendo las 12 horas con 20 minutos del día martes 23 de julio del 2024, declaro formalmente inaugurado los Diálogos Nacionales, con motivo a las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, Tribunales de Justicia Local. Enhorabuena, y mucho éxito.

(Receso)

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: ... senador Navor Alberto Rojas Mancera, representante del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Muchas gracias. El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. El magistrado José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla.

Como ponentes esta tarde saludamos a Rafael Guerra Álvarez, muchas gracias, Rebeca Stella Aladro, José Faustino Arango, Humberto Arróniz, Susana Gabriela Camacho, la jueza Sabela Asiain, muchas gracias, María Guadalupe Muñoz, la maestra Ernestina Godoy Ramos. También Raúl Juan Mendoza, muchas gracias también por su presencia.

Y para moderar esta parte de los Diálogos Nacionales queda con ustedes el diputado federal, poblanos los dos, Raymundo Atanacio Luna y Mario Miguel Carrillo Cubillas. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Adelante.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchísimas gracias, maestra Claudia Hernández. El objetivo de esta parte del foro, como parte de los Diálogos Nacionales, es tratar sobre los tribunales locales.

Para efectos de la participación y organización, se les recuerda a todas y a todos los ponentes que tendrán cinco minutos para plantear su posicionamiento, su presentación. Y daremos una flexibilidad de un tiempo, si es que la participación así lo requiere. Una vez que se termine esta etapa de las ponencias vendrán dos rondas de preguntas y de respuestas para el público en general.

Sin más y con las reglas ya establecidas previas para llevar a cabo este foro, me gustaría presentar a nuestro primer ponente, que tiene una gran trascendencia por tratarse de quien hoy preside la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la Conatrib.

Ya se mencionó en el evento protocolario que 8 de cada 10 asuntos del fuero común se resuelve o inicia en los tribunales locales. Y, sobre todo, actualmente se están incluyendo y contemplando resoluciones con perspectiva de género. Ése es un gran, gran pendiente que teníamos. Ésta es la importancia y la relevancia de los tribunales locales.

Y por eso, precisamente, es que para nosotros es un honor y un privilegio contar con la presencia del magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien cuenta con un máster internacional en sistemas penales comparados y problemas sociales, por la Universidad de Barcelona y, además, un doctorado en ciencias penales. Actualmente, además de presidir la Conatrib es magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para el periodo 2022 al 2025. Magistrado Guerra, el podio es suyo. Bienvenido.

El ponente Rafael Guerra Álvarez: Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Señoras presidentas, señores presidentes, les agradezco su apoyo, su interés y el compromiso que hay con la reforma judicial. Quiero mencionarlos, por el tiempo que nos dan, mencionar que somos 17 presidentes de la República Mexicana que presiden los tribunales locales, que están presentes en representación de la Conatrib. Igualmente, tenemos 19 diputados de la Ciudad de México que también nos están acompañando.

No dejo de mencionar tampoco que los magistrados de la Ciudad de México, magistradas y magistrados de la Ciudad de México también se encuentran presentes. De los cuales son 18 también que están. Gracias. Muy amables por acompañarnos y que estén presentes. Gracias por el interés también del Consejo de la Judicatura en todos sentidos. Gracias a todos, al presídium. También agradezco muchísimo su... un presídium de lujo, así lo digo yo. Lo agradezco muchísimo. Gracias. Es un honor estar con ustedes.

Por el tiempo, voy a dar lectura al discurso de su servidor, y lógicamente este discurso es la voz de la Conatrib, la voz de todos y cada uno de los presidentes de la República Mexicana a nivel local.

Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenas tardes a todas las personas. Agradecemos a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados por la invitación. Saludamos a las legisladoras y legisladores, a las personas presidentas de los Poderes Judiciales del país que conforman la Conatrib. A las personas juzgadoras y al público en general.

Los diálogos, los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial han resultado un éxito. Es así debido a que, por encima, que por encima se coloca la tolerancia, el respeto y la recepción de todos y cada uno de ustedes.

Han sido cinco valiosos conversatorios de los que se han obtenido coincidencias. Primero, la necesidad de reformar el Poder Judicial para responder a las circunstancias actuales de la sociedad, del pueblo que aspira a una Judicatura moderna, pronta, gratuita, sensible, austera y que resuelva los conflictos con base en el poder de la ley. Dos, la reforma al Consejo de la Judicatura. Como número tres, remuneraciones que coinciden con la situación del país, la elección de personas juzgadoras por voto popular. Son los ejes principales.

La Conatrib se suma a las coincidencias. Sabemos que juntos somos capaces de consolidar una justicia acorde con los nuevos tiempos. Los hombres y mujeres que conformamos los Poderes Judiciales de cada estado y de la Ciudad de México hemos dedicado la vida al mejor de los servicios públicos: el servicio de la justicia. De eso nos sentimos orgullosos.

En cada Poder Judicial local se cuenta con un valioso material humano que por décadas han llevado sobre sus hombros la difícil, pero honrosa tarea de juzgar a un próximo. Reconocemos los nuevos tiempos, sabemos que la historia de la justicia vive un momento crucial que no requiere de pusilánimes, sino de voluntades y esfuerzos que constituyan y construyan la justicia cotidiana y al servicio de la gente.

El diálogo que nos convoca hoy es el de los tribunales de justicia local. Esta mañana los protagonistas son las causas de la justicia a las que acuden nuestros amigos, familiares o vecinos cuando buscan dirimir sus conflictos. En los Poderes Judiciales locales se atiende más del 70 % de los problemas legales en el país y lo hacemos con un presupuesto menor al destinado en otros Poderes, que se ocupa solo del 30 % de los asuntos aproximadamente.

Con los saberes acumulados y con el compromiso de servicio, las personas juzgadoras podemos seguir sumando para que la implementación de la reforma del Poder Judicial en cada estado y en la Ciudad de México sea eficiente y eficaz.

Por eso proponemos que, en la justicia local, primero, la elección por voto popular sea gradual, lo que significa que se sometan a elección las plazas vacantes al momento de la elección con motivos de jubilación, renuncia, reserva, ministerio de ley, la muerte, plazas de nueva creación o cualquier causa legal que produzca vacante. Que la elección se reduzca de seis a tres personas en lo tocante a la designación de aspirantes por cada vacante para ocupar el cargo de personas magistradas o juzgadoras.

Para la paridad de género, proponemos que la mitad de las ternas propuestas en cada elección se integre exclusivamente para mujeres o por mujeres. Que al menos la mitad de las personas que participen y sean electas cuenten con carrera judicial. Que las personas votadas para ocupar el cargo de magistradas o juezas sean capacitadas previo al cargo a ocupar el mismo.

Proponemos el reconocimiento legal de la garantía de certeza y de seguridad para todas las personas juzgadoras que actualmente ocupan el cargo y que decidan participar en las elecciones.

Segundo, para el órgano administrativo judicial local, las personas magistradas o juezas que sean designadas para integrarlo, de ser el caso, al finalizar su encargo puedan reintegrarse a su cargo como magistradas o como juezas.

Tercero, se garantice en la Constitución federal que las personas juzgadoras, magistradas y juezas del fuero común que hayan sido nombradas previo a la entrada en vigor de la reforma constitucional, no puedan ser renovadas o removidas del cargo ni su plaza ser sujeta a elección hasta su jubilación, renuncia, muerte o cualquier causa de separación legal y definitiva del cargo, para garantizar sus derechos, sus derechos humanos adquiridos.

Cuarto. Coordinación obligada de los titulares de los Poderes Judiciales locales en el Ejecutivo local y el federal, a partir de una reglamentación vinculante y respetuosa.

La propuesta nace del mayor consenso de los Poderes Judiciales que integramos la Conatrib, pero principalmente se origina legítimamente por la Judicatura, de la pasión por la justicia y el deber de hacer siempre lo correcto. Por eso, junto a la propuesta colocamos el compromiso más amplio del servicio a la nación y nos comprometemos a mantener una coordinación con el Ejecutivo para la consolidación de la reforma judicial en cada estado y en la Ciudad de México, con respeto, calidad, certeza, responsabilidad y justicia para todos, a partir de las premisas de austeridad, combate a la corrupción y cero impunidad.

A denunciar y combatir la corrupción y al nepotismo de personas juzgadoras y personal judicial, a modernizar la justicia local a través de la digitalización de sus procesos, a implementar, consolidar el nuevo Código Civil Familiar, a concretizar el derecho laboral.

A coordinar y apoyarla en la transición del Consejo de la Judicatura local, al organismo administrativo contemplado en la reforma judicial en cada estado y en la Ciudad de México. A capacitar a las personas juzgadoras que resuelvan o resulten electas por voto popular, para su adecuado desempeño jurisdiccional.

A la responsabilidad social que se exprese en sujeción de las resoluciones judiciales, a la crítica de la opinión pública y que legitime con decisiones imparciales, honestas, con rigor intelectual y moral, competencia técnica y capacidad de juicio.

Al vínculo continuo de los Poderes Judiciales con el pueblo a través de la atención ciudadana o jornadas judiciales en municipios o alcaldías. A la rendición de cuentas del desempeño de magistrados y jueces a través de informes al pueblo. A la creación de áreas de atención ciudadana en cada Poder Judicial.

Termino. La responsabilidad histórica nos ha alcanzado, en adelante la justicia no puede ser impartida como hasta ahora. El pueblo ha decidido que la transformación continúe. Ningún ámbito de la sociedad puede rezagarse, estamos a tiempo de no fallar, para lograrlo necesitamos escucharlos y reconocer que en nuestra armonía radica nuestra fortaleza. Compartimos, y así lo decimos, el mismo fin de justicia para todos.

La solución es de todos. Que los diputados seamos capaces de que, en el futuro, al revisar los anales de la historia, hayan registrado que nuestra generación supo tomar acuerdos, escuchar y colocar por encima los intereses de la nación y del pueblo que clama justicia. Muchas gracias a todos.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarles a senadores, diputados federales, diputados locales, electos y en funciones, con el permiso del presídium. Y también a los más de 18 presidentes de tribunales de justicia de nuestro país, a los Diálogos nacionales, a Puebla. Puebla es su casa.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Magistrada Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo. Del 2002 al 2018 fue magistrada de la segunda sala civil y familiar y en 1999 fungió como magistrada titular de la primera sala civil y familiar. Cuenta con maestría en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos, por el Instituto de Profesionalización del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo. Tiene el uso de la palabra magistrada Rebeca Aladro Echeverría.

La ponente Rebeca Stella Aladro Echeverría: Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto al presídium, a las personalidades que se encuentran en el presídium. Asimismo, a mis compañeros, mis compañeras, presidentas y presidentes de los diferentes tribunales superiores de justicia de los estados. En general, a todo el público, a las personalidades que aquí se dieron cita el día de hoy a estos diálogos y, sobre todo, también aquellos que nos siguen en las redes.

Señoras y señores, hoy México nos convoca a hablar de un tema trascendental para el fortalecimiento de nuestra democracia y el respeto al Estado de derecho. Sin duda, nuestro país reclama una impartición de justicia completa, imparcial, eficiente y de calidad.

Compartiré, desde la experiencia institucional y me refiero a la implementación de tribunales de disciplina que aborda la reforma. Esta iniciativa plantea no sólo un cambio estructural, sino un paso significativo hacia la consolidación de un Poder Judicial íntegro, transparente y respaldado por las y los justiciables.

Se trata de colocar en el centro de esta trascendental reforma a los justiciables, así como la efectiva protección de los derechos humanos, considerando de lo más importante los siguientes aspectos a los que me permito mencionar y que son seis puntos y yo les pediré que me permitan el tiempo, trataré de ser muy breve.

Primero, Fortalecimiento de la democracia y justicia, un Poder Judicial sólido y confiable, es la columna vertebral de cualquier democracia. Sin un sistema judicial independiente y profesional, los derechos y las libertades de los ciudadanos estarían en riesgo.

La creación de tribunales de disciplina especializados es esencial para asegurar que quienes imparten justicia lo tengan, lo hagan con integridad y profesionalismo. Estos tribunales garantizarán que los jueces y funcionarios judiciales que falten a sus deberes enfrenten las consecuencias proporcionales protegiendo así, la confianza pública en nuestras instituciones.

Dos, autonomía e independencia. La Independencia del Poder Judicial es fundamental para la impartición de justicia imparcial. Los tribunales de disciplina diseñados para operar sin influencias externas aseguran que las decisiones disciplinarias se tomen de manera objetiva y justa.

La jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que las disposiciones legales que establecen sanciones administrativas deben ser sometidas al más estricto juicio de legalidad, ya que no solo aparejan una sanción de extraordinaria gravedad y limitan el ejercicio de derechos, sino que, dado que constituyen una excepción a la estabilidad judicial, podrían comprometer los principios de independencia y de autonomía judicial.

La Corte Interamericana reitera la prohibición de establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico de los operadores de justicia en alguna resolución.

Es fundamental tener claridad en que, por un lado, se encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación o similares cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez primario.

Esta independencia no solo protege a los jueces de presiones indebidas, sino que también refuerza la credibilidad del sistema judicial ante los ojos del público, esto es que la disciplina no puede rebasar la independencia de la función jurisdiccional.

Tres. Transparencia y rendición de cuentas son pilares esenciales de cualquier democracia. Para lograrlo, los tribunales de disciplina operarán con una total transparencia, publicando sus decisiones, justificando sus acciones. Esto permitirá que los ciudadanos vean claramente cómo se manejan las quejas y sanciones, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial.

Además, la rendición de cuentas garantiza que los jueces y funcionarios sepan que sus acciones serán evaluadas rigurosamente, incentivándolos a actuar con una mayor ética, responsabilidad y conocimiento.

Cuatro. Procedimientos éticos y efectivos. Para que la justicia sea verdaderamente efectiva debe ser rápida y eficiente, los tribunales de disciplina estarán obligados a procedimientos claros y bien definidos que permitan una resolución expedita en los casos que deben resolver. Esto no solo beneficia a los involucrados, también asegura que las malas conductas sean abordadas de manera oportuna, evitando la prolongación de injusticias.

Cinco. Promoción de una cultura de integridad. La implementación de tribunales de disciplina no sólo tiene un impacto correlativo correctivo, sino también preventivo al establecer estándares claros y sanciones para las faltas cometidas, se fomenta una cultura de integridad y profesionalismo dentro del Poder Judicial. Las y los jueces y funcionarios serán conscientes de las expectativas y repercusiones de sus acciones, lo que promoverá un comportamiento responsable y ético.

Seis. Protección a denunciantes. Es elemental que cualquier persona que observe conductas indebidas dentro de un sistema judicial se sienta segura al reportarlas, los tribunales de disciplina garantizarán la protección de los denunciantes promoviendo un entorno donde se valoren y se actúen sobre las quejas legítimas y fundadas. Esto no sólo ayuda a descubrir y sancionar las malas prácticas, sino que también desalienta futuros abusos en la judicatura.

La implementación de tribunales de disciplina en México es una medida necesaria y urgente para fortalecer nuestra democracia y el Estado de derecho, lograrlo implica garantizar la independencia, transparencia y rendición de cuentas en nuestro sistema judicial. Por el estado desde la visión federalista para que cada entidad, en ejercicio de su soberanía y atendiendo a sus particularidades, sea capaz de proporcionar garantías para el goce de los derechos humanos de su población.

Nuestra responsabilidad histórica es ser proactivos. No quedemos al margen de hacer bien las cosas. Continuemos invitando a todos los agentes del sistema judicial y a la ciudadanía a analizar esta iniciativa y proporcionar su perfeccionamiento para hacerla viable. Muchas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchísimas gracias a la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Nuestro siguiente ponente es un orgulloso egresado de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Es doctor en Derecho. Se graduó con mención honorífica. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España.

Actualmente es magistrado de circuito y visitador judicial A del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene una antigüedad de más de 21 años en el Poder Judicial de la Federación y es, además, también miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, del Colegio de Profesionistas, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Con ustedes, el magistrado José Faustino Arango Escámez.

El ponente José Faustino Arango Escámez: Buenas tardes, miembros del presídium, destacados miembros del presídium, legisladores, legisladores en funciones y electos, electas, consejero de la Judicatura Federal, compañeros juzgadores, juzgadoras, personalidades de de estos diálogos aquí presentes, comunidad jurídica y público en general, inicio agradeciendo que exista voluntad de escuchar voces sobre un tema que impacta no solo en nosotros como parte integrante de las instituciones de justicia, sino de la sociedad destinataria y receptora de esta.

Puebla, es relevante para mí, viví aquí nueve años, gran parte de mi carrera judicial federal la realicé en esta ciudad de Puebla, es un gusto estar de nueva cuenta en esta ciudad.

Legisladores y legisladoras que analizarán la reforma, se ha mostrado por parte del Poder Judicial de la Federación a lo largo de estos diálogos un respeto hacia ustedes como integrantes de otro Poder público del Estado, en reciprocidad les pido atentamente en nombre propio y me atrevo a decir en nombre de la judicatura mexicana en su conjunto el mismo respeto cuando se analice esta reforma, sé que así será y la sociedad habrá de apreciarlo también.

Comparto plenamente la idea de materializar una reforma, sin embargo, respetuosamente no comparto el contenido total de la que está presentada para su discusión ni algunos de sus ejes centrales, lo cual considero es el sentir generalizado de muchos servidores y servidoras públicos judiciales en sus diversas categorías a quienes desde luego esta reforma también debe cuidar.

Como se ha dicho en estos diálogos, y mucho, no estamos cerrados a reformarnos como institución, siempre debemos mejorar y autocriticarnos, adaptarnos a los cambios sociales, solo veamos las formas, los cómo, los para qué de la reforma y sobre todo el porqué de esta, no olvidemos que siempre en el centro de la discusión y el debate debe estar el alcanzar un beneficio para la sociedad.

El tema que ocupa hoy habla en específico de los Tribunales locales, a lo cual respetuosa, pero enfáticamente expreso que debemos incluir un análisis de las fiscalías y de los cuerpos policiacos, aún y cuando sean dependientes de los Poderes Ejecutivos, pues son los antecedentes inmediatos de lo que recibe la justicia local y el punto de partida sobre todo en los casos de seguridad pública y en la materia penal, que es dicho sea de paso la que más lacera a la sociedad en donde existe un mayor reclamo social.

El primer contacto de la justicia con la ciudadanía inicia en los juzgados y tribunales locales, en un tal vez 80 % de las veces, las instancias más comunes se desarrollan ahí, no en el Poder Judicial de la Federación que preponderantemente conoce de juicios de amparo, de temas de control constitucional.

Por eso, más allá de centrarme hoy en hacer distinciones entre competencias de justicia local o justicia federal, quiero ser enfático en que la sociedad tiene mayormente ese primer contacto con los juzgados y tribunales locales. Por lo cual, expreso profundamente un respeto a todas las judicaturas locales.

La reforma debe trabajar en diversos ejes, quisiera referirme a la del tema a tratar hoy a la justicia local, aunque con ciertas referencias al Poder Judicial de la Federación por su inevitable vinculación. Ante lo corto del tiempo abordaré solos dos aspectos: la selección de juzgadores en los poderes judiciales locales y la situación de la justicia pronta y expedita, el abatimiento del rezago.

Lo que expresaré es con respeto absoluto a todas las judicaturas federales locales y es solo con el ánimo, no de destacar yerros en una u otra sino de aportar al mejoramiento a la justicia en lo general.

Como primer punto, creo firmemente que debe transitarse en los estados en donde aún no suceda esto, a un sistema de carrera judicial, es decir, evitar que los titulares de poderes ejecutivos locales, en los casos que así suceda, designen de manera directa a jueces y juezas sin una justificación efectiva y se busque el camino hacia los concursos de oposición internos entre las propias judicaturas locales.

La elección popular de juzgadores no solucionará, en mi humilde opinión, las problemáticas existentes en ninguno de sus niveles, por el contrario, es muy probable afecte la calidad de la justicia y la independencia.

Una prueba de que el sistema de carrera judicial funciona y podría ser replicado en las judicaturas locales, en donde no exista, es mi propio caso, como el que probablemente casi todos los compañeros y compañeras, jueces y juezas federales, me permito expresar, solo como testimonio personal, mi caso particular.

Empezaría diciendo que provengo de una familia de médicos, mi padre, mi abuelo, hermanos, tíos, primos, todos son médicos. Ninguno de mis familiares estudió derecho, lo que implica que yo no tenía ningún tipo de conexión o contacto con personas en el ambiente jurídico, más allá de mis estudios en la facultad.

Ingresé al Poder Judicial de la Federación hace casi 23 años, tomando en cuenta el tiempo en el que desde que era estudiante, ya acudía en mis horas libres a costurar expedientes, sacar copias, hacer transcripciones de constancias, entre otras labores menores, propias del inicio de una carrera judicial.

Hoy tengo 46 años de edad, es decir, la mitad de mi vida la he dedicado a la Judicatura. Cuando logré el título de abogado pude ir escalando los peldaños en las diversas categorías de la carrera judicial federal. Fui sometido a varios exámenes de aptitud por la escuela judicial, realizando labores de oficial, actuario, secretario de juzgado de tribunal o de estudio y cuenta, hasta llegar, vía concurso de oposición, con varios meses de muchos exámenes, al cargo de juez federal, donde en aquellas épocas, como ahora, seleccionaban solo a 10 o 20 de cientos o miles de concursantes, para después aspirar a magistrado federal por la misma vía de oposición.

Este sistema de carrera podía aplicarse a las judicaturas locales en donde no existan. Creo que hay transparencia en los accesos y asensos. El sistema de carrera ha provisto de jueces o juezas, en su gran mayoría honestos y los que excepcionalmente no lo han sido, son producto de que el ser humano es perfectible y que en todas las instituciones públicas siempre hay un porcentaje de malos elementos, pero esos casos se atacan y se sancionan. Es la excepción, por mucho, a la regla.

Incluso, algunos de los que ahora no comulgan ese sistema de carrera, han acudido vía los juicios de amparo a hacer valer la protección de sus derechos contra diversos actos de autoridad, beneficiándose, precisamente, de la profesionalización de este tipo de juzgadores de carrera. Con todo respeto y humildad pido valoremos este tema.

Otra arista –gracias–, otra arista que debe atacar la reforma, como dije, es la relativa al abatimiento del rezago y los plazos de resolución de casos. Esto no solo necesita de un compromiso de los servidores, servidores públicos judiciales en cuanto a laborar, como de hecho ya se hace y lo hacemos, más de la jornada laboral legal establecida, sino también de buscar modificar las normativas que regulan los tiempos y procedencias de las acciones y los procesos de conocimiento de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, contar cada vez con un número mayor de juzgados y tribunales.

Somos un país que tenemos de entre a 4 a 5 juzgadores únicamente por cada 100 mil habitantes, cuando en la mayoría de los países existen de entre 20 a 50 juzgadores por ese mismo número de habitantes.

Hago énfasis en la calidad de la justicia, porque en los poderes judiciales locales haya un trato físico, locales y federales, haya un trato físico directo con la ciudadanía de manera cotidiana, cosa que sucede en menor grado por su naturaleza en los otros poderes públicos del Estado.

Aprovechemos este contacto directo y físico del diario para mejorar la calidad, la cual se mide en lo que la gente dice que es calidad o no. Debe haber entonces una conexión entre la sociedad, con quienes impartimos justicia. Un primer punto es la rapidez de la solución de casos. Fomentemos la vocación real de servicio, tratemos este tema también, sin olvidar el tema presupuestal y el tema de más juzgados y más tribunales.

Las premuras para reformar algo, a tan gran escala y trascendencia, no pueden ser un buen consejero, debemos reflexionar, como así será, sin rencores, sin recelos, sin politizar la reforma, sino decidiendo lo que sea mejor para la sociedad.

Concluyo como inicié, agradeciendo el espacio para las voces de integrantes de poderes judiciales. Expreso mi respeto a las Judicaturas locales y a todos los legisladores y legisladoras. Confío en que, no solo nos dieron voz, sino que nos escucharon y nos escucharán. Que en su momento más íntimo de reflexión sobre la reforma analizarán lo que hemos expuesto.

Recordemos que todas las Judicaturas del mundo tienen una función social que atender, ese es su verdadero y único propósito, no funciones políticas. Centremos en ello la reforma. Consolidemos el acceso a la justicia con poderes judiciales profesionales e independientes. Muchas gracias.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Magistrado Humberto Arróniz Meza, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Puebla. Licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Público y doctorante en la investigación jurídica por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fundador y director general del Despacho Arróniz y Meza. Adelante, señor magistrado Humberto Arróniz Meza.

El ponente Humberto Arróniz Meza: Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación a este importante foro, es un gran honor estar con ustedes.

En principio debo de expresar mi enorme gusto y alto sentido del honor por dirigirme al foro jurídico de nuestro país en este momento tan relevante que, sin duda, puede ser un parteaguas en la historia futura de nuestro México, el México que todos deseamos. Uno más justo, uno de instituciones sólidas y de equilibrios en todo el sentido y la extensión de la palabra.

Expreso mi sentir esperando ser digno portavoz de juzgadores y juzgadoras a lo largo y ancho de la nación respecto a una iniciativa de gran relevancia que tiene por objeto, de conformidad con su exposición de motivos, reformar el sistema judicial mexicano incorporando en la Constitución mecanismos democráticos que permitan a la ciudanía participar activamente en los procesos de elección de ministros, magistrados y jueces, así como de quienes integran los órganos de disciplina y administración de los poderes judiciales, modificando también el diseño y estructura de los mismos.

En la actualidad, los Poderes Judiciales de todos los países enfrentan grandes retos, todos ellos similares y acorde a sus problemáticas sociales particulares. El Estado mexicano, además de no ser la excepción, requiere en estos momentos de un Poder Judicial moderno, dinámico, sensible, profesional y autónomo, alejado de influencias ajenas a las de la propia función jurisdiccional, sin sucumbir a presiones exógenas de ningún tipo que lo lleven a desviar el rumbo de la justicia.

El presente posicionamiento se plantea en torno a dos preguntas fundamentales y partiendo de la premisa de que ningún proceso democrático de nación alguna puede completarse sin la existencia de un poder judicial, fuerte, autónomo, imparcial y cercano a la gente.

El primero de ellos. ¿Qué poder judicial deseamos? El segundo. ¿Cuál es el papel de los poderes judiciales locales frente a los justiciables? Para dar respuesta a estos cuestionamientos debemos decir que actualmente existe un consenso mayoritario de los distintos actores y operadores jurídicos que han participado en los foros que antecedieron al actual, en los que han coincidido en que resulta necesaria una reforma atendiendo a que toda institución es perfectible y debe evolucionar a la par de las necesidades colectivas esto de manera progresiva y ordenada.

Asimismo, se han llegado a importantes coincidencias en cuanto al deseo de un poder judicial autónomo, moderno, cercano al justiciable, profesional y legítimo. Otro aspecto altamente rescatable, es la reiterada voluntad, ya expresada en los distinto foros por legisladores y legisladoras de distintas corrientes políticas, para garantizar los derechos laborales del personal a cargo del Poder Judicial, que debe decirse mayoritariamente, son funcionarios honestos y comprometidos.

Ahora bien, con respecto al segundo de los cuestionamientos, debemos decir que es precisamente ante los poderes judiciales locales en donde se ventila la gran mayoría de los asuntos que cotidianamente aquejan a la sociedad, teniendo la importante labor de administrar justicia de primera mano, en ocasiones sin los recursos necesarios para realizarlo encontrándose también rebasados por la cantidad de asuntos que día a día se judicializan en nuestro país.

Por lo que resulta fundamental fortalecer de manera real a los poderes judiciales locales dotándolos de más recursos económicos, materiales, tecnológicos e institucionales, que permitan ofrecer a los justiciables un servicio digno, dando solución así a las problemáticas planteadas en el día a día.

De nada serviría una reforma profunda en el Poder Judicial, si esta no se ve acompañada de manera integral con modificaciones paralelas al sistema de procuración de justicia y de una mayor y legítima participación de la ciudadanía y del resto de los operadores jurídicos y auxiliares de la administración de justicia.

Ahora bien, debemos poner al justiciable en el centro de esta discusión, por lo que no debemos caer en el error de analizar y/o discutir la reforma planteada a la singular luz del funcionario público operador del sistema, sino a la de la colectividad y del interés superior de la nación.

Se requiere una reforma que, tomando como base los mecanismos que hasta el momento claramente han funcionado, enriquezca la función jurisdiccional en beneficio de la colectividad, echando mano de cuanto recurso está a nuestro alcance, enfatizando los de carácter tecnológico.

Una reforma que fortalezca los Poderes Judiciales locales, teniendo como objetivo primordial la profesionalización y la carrera judicial, la incorporación legítima y activa de la población, haciendo patente el principio de colaboración, incentivando la implementación de medios alternativos de solución de controversias.

Ante la posibilidad de una reforma de este calado, el Poder Legislativo y en general el pueblo de México tenemos la gran oportunidad histórica de tener un Poder Judicial a la altura de las necesidades actuales de nuestro país, un Poder Judicial moderno, cercano a la gente, ágil y con un verdadero sentido humanista que privilegie el acceso a la justicia, a la solución de fondo a los asuntos más allá de los formalismos.

No me queda más que solicitar de la forma más institucional posible al Poder Judicial de nuestro país, al Poder Legislativo de nuestro país, en mi carácter de juzgador, de padre de familia, pero sobre todo como un mexicano apasionado y deseoso de un mejor México, puedan lograr consensos encaminados a concretar una reforma que a través del debate razonado, reflexivo y congruente arribe a una norma a la altura de las necesidades de nuestro querido país. Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Agradecemos la participación del magistrado Humberto Arróniz y agradecemos que lo haya hecho en el tiempo destinado para su participación.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Nuestra siguiente invitada a estos Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial es la abogada Susana Gabriela Camacho Maciel. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en derecho penal y procesal.

Actualmente es líder de proyectos de fortalecimiento institucional en el Programa Pro Justicia. Es consultora también de México Evalúa, Fiscalía que Sirva, Justicia sin Pretextos y Red a Favor de los Juicios Orales. Forma parte del equipo de Borde y es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Abogada Camacho Maciel, el micrófono es suyo. Bienvenida.

La ponente Susana Gabriela Camacho Maciel: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Comisión de Puntos Constitucionales por la invitación. Y felicitar la convocatoria a jueces, magistrados de los Poderes Judiciales estatales, que son los principales interesados en estas reformas.

Antes de empezar... y... bueno, comentarles que... vengo en representación del colectivo, La Justicia que Queremos, que somos un grupo de organizaciones de sociedad civil que desde hace varios años hemos venido impulsando reformas importantes al sistema de justicia. En algún momento también formábamos parte del colectivo La Fiscalía que Sirva. Y, pues, una vez que terminaron los trabajos de ese colectivo empezamos a estudiar lo que estaba faltando para tener un sistema de justicia más justo, y nos dimos cuenta que el tema de la independencia de Poderes Judiciales era otra piedra angular para lograr la justicia que queremos.

También, como parte de México Evalúa, hemos realizado muchísimos estudios que nos pueden dar una guía sobre lo que implica esta reforma. Y empezar y abrir las ideas para poder pensar en una reforma no sólo al Poder Judicial, sino una reforma al sistema de justicia. Creo que eso sí debe de quedar súper claro. Esta iniciativa que se está planteando es una reforma al Poder Judicial, no al sistema de justicia.

Como antecedente quisiera comentar muy rápidamente experiencias que hemos tenido en México. En particular, por ejemplo, la reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio fue justo una iniciativa integral que abarcó a todos los actores. Ahí, en mayor o menor medida, pero defensorías, policías, fiscalías, la introducción de mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre muchas otras instituciones, se plantearon desde un inicio que tenían que involucrarse para lograr el objetivo que queríamos, que era un sistema de justicia penal mucho más transparente, abierto, público, que dejara de estar basado en papeles para poder transitar a audiencias públicas en las que la ciudadanía estuviera al tanto de lo que, tanto del papel de jueces como de los argumentos que podían esgrimir, por ejemplo, de censores o fiscales.

En ese momento, por ejemplo, igual también se pensó que fortaleciendo la justicia penal local se iba a evitar que los ciudadanos tuvieran que recurrir a la justicia federal. Incluso pensamos que, como parte indispensable de esta reforma se tenía que hacer una reforma profunda al amparo indirecto, lo cual a la fecha no se ha logrado.

Otro elemento que también creo que vale la pena recapitular de esa reforma fue que fue gradual y se dieron ocho años para su implementación. Se atendió a un criterio territorial, se permitió que los estados emitieran sus declaratorias para poder ir entrando en vigor poco a poco, pero esto permitió que en el transcurso de ocho años más o menos en algunos estados con mayor profundidad, en otros no tanto, se entrara de lleno a la reforma.

Otro antecedente que creo que es muy importante considerar para los diálogos que ahorita tenemos respecto de la justicia local son un par de proyectos que se presentaron en este gobierno. Uno fue el de justicia cívica, que desgraciadamente se quedó un poco a la deriva y que justamente creo que era la piedra de toque o el cimiento para poder resolver conflictos en lo local, en lo más sentido de las comunidades para evitar el escalamiento de los conflictos. Y por la otra, el estancamiento de la reforma de las autonomías de las fiscalías.

Creo que ahí, si pretendemos pasar a una reforma de justicia, es indudable que tenemos que tocar a todos los actores del sistema, no solo al poder judicial. En particular, les queremos proponer cinco, seis puntitos que consideramos claves desde sociedad civil que se tendrían que tomar en cuenta para esta reforma.

Uno. Desarrollar una política anticorrupción en Poderes Judiciales estatales. Esto implicaría separar todo lo que tiene que ver con responsabilidades administrativas de las penales, y en ese sentido creo que la iniciativa sí tiene una gran deficiencia, porque deja en un solo órgano la investigación y la persecución tanto de responsabilidades administrativas como penales.

El segundo punto es ¿de qué manera se promueve la independencia de los órganos internos de control de los Poderes Judiciales estatales? Porque mucho se ha hablado de la elección de jueces, magistrados y ministros, pero en la iniciativa viene con un paquete de otros órganos que se eligen por vía popular y que tal vez no puede que sea la más indicada.

El tercero, y creo que en esto han abundado sobre todo los jueces y que ha sido el centro de la discusión, que es el fortalecimiento del proceso de designación de personas juezas y magistradas. Antes que todo, creo que es indispensable que se definan los perfiles del personal judicial, y me refiero no solo a jueces, sino también a todo el personal de carácter administrativo.

Fortalecer cómo se organizan los concursos de oposición y, en ese sentido, por ejemplo, creemos que hay una propuesta interesante en la iniciativa en lo que se refiere a la escuela de formación profesional. Si tuviéramos un estándar nacional de cómo tendrían que ser estos perfiles, estos concursos, creo que iríamos un paso más adelante.

Fortalecer el servicio de carrera en función de la evaluación del desempeño, no de la popularidad de las personas. Una cuestión que creemos que es radicalmente importante, sobre todo en los Poderes Judiciales estatales, es que los magistrados sean parte de la carrera judicial.

A nivel de participación ciudadana en la justicia local, lo que proponemos es retomar y enarbolar lo que implica la implementación de la justicia cívica. Discutir la posibilidad, por ejemplo, de introducir el tema de jurados, que eso sí permite realmente la participación de la sociedad en determinado tipo de casos, sobre todo, a nivel estatal.

Como ya lo mencionaba, la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales y una cuestión muy importante que siempre se deja de lado es garantizar un presupuesto suficiente para los Poderes Judiciales estatales. En ese sentido, sí quisiéramos señalar que la iniciativa tratándose, sobre todo, de Poderes Judiciales estatales, todavía y ojalá se den el tiempo las y los legisladores para discutir más a fondo qué le hace falta para tener una visión sistémica, distinguir entre los problemas y las soluciones que se proponen para las deficiencias que haya en el Poder Judicial federal de las que existen en los estados.

De alguna manera lo que estamos haciendo es recetar la misma medicina para males diferentes, unos tienen diabetes, otros tienen anemia y les estamos mandando el mismo remedio.

El enfoque en personas que creo que aquí es muy importante, no solo atender a la opinión de las personas que forman parte del Poder Judicial, sino también de los usuarios, de las personas usuarias del sistema. Cuando se está violando un derecho creo que tenemos que también ser receptivos de los problemas que tienen las personas para acceder a la justicia.

Creo que hace falta en la iniciativa tal cual está, la claridad sobre cómo se está fortaleciendo la justicia estatal, un sistema anticorrupción efectivo que se comunica con la Fiscalía Anticorrupción, ya lo mencionaban, el tema de la paridad de género, la justicia cívica, la discusión de jurados y sobre todo, y creo que las y los legisladores son muy conscientes, un esquema de transición con una visión de largo plazo que vea el costo no solo de derechos laborales, sino también en lo que nos va a costar paralizar la justicia, el costo de las elecciones, ya sea una o dos cifras.

Por ejemplo, solo en Ciudad de México implicaría 368 boletas con 2 mil 208 candidatos, así como los costos que implicaría esta reforma sobre el tema del incumplimiento de compromisos internacionales que pueden afectar la economía nacional. Entonces, la verdad es que es muy poquito tiempo, son un montón de temas a abordar. Les agradezco mucho el tiempo. Ya me pasé de más. Gracias.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Pueden tomar asiento, por favor.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Sabela Patricia Asiain Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, titulación automática dado el promedio obtenido. Posteriormente cursó estudios de maestría en Derecho en el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Acreditó diversos diplomados y cursos de derechos humanos, derechos de lo familiar, argumentaciones jurídicas, sistema oral en materia civil y familiar, litigio estratégico y control y difusión de convencionalidad. Y fue distinguida por el doctorado honoris causa por la excelencia de su trayectoria profesional, académica, humanística y compromiso con el desarrollo institucional de México, por el Claustro Nacional del Doctores Honoris Causa. Tiene el uso de la palabra Sabela Patricia Asiain Hernández.

La ponente Sabela Patricia Asiain Hernández: Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco profundamente esta oportunidad de estar aquí. Agradezco al Congreso de la Unión, particularmente al diputado Juan Ramiro Robledo, al diputado Ignacio Mier, quienes mostraron el interés de escuchar la óptica de una juzgadora de primera instancia en la ciudad de Chihuahua.

Agradezco también al senador Navor Rojas y a la senadora Olga Sánchez Cordero, que no está presente, pero que gracias al apoyo del senador y la senadora me encuentro aquí el día de hoy.

Bueno, vamos a comenzar. El sistema jurídico mexicano está en una transformación inminente, no hay duda. La sociedad y las personas justiciables estamos ante una situación, si no es de quiebre; es delicada en la que nos hemos alejado. Y por eso este momento es un momento de reflexión, pero también de acción. Ya se nos indicó que es necesaria una reforma judicial y mediante la reflexión hemos entrado en la conciencia de que ello tiene que suceder y que la sociedad lo requiere.

Que la sociedad, el pueblo ya nos dijo qué es lo que necesita. Necesita participar dentro de la elección de jueces y magistrados. Necesita jueces honestos. No jueces simplemente que no sean corruptos, sino jueces que promuevan la anticorrupción. Justicia transparente. Justicia cercana a las personas. Paridad. Paridad, como veo, en este honorable conversatorio.

El pueblo ya habló y ya nos dijo qué es lo que espera de nosotras y de nosotros como personas juzgadoras. Pero esto implica muchísimos retos porque la impartición de justicia tiene que estar especializada, tiene que ser profesional, no puede ponerse en las manos de personas que no tienen la preparación suficiente, las vidas de las personas, un reconocimiento de paternidad, una sucesión, una pensión alimenticia que le cambia la vida a una familia o el cumplimiento de un contrato, los derechos laborales, la existencia o no de un delito. De ahí, es que los retos son múltiples.

En la justicia cotidiana, en la justicia local, ya está impregnada en la oralidad, no sólo en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos marca ya la pauta de que la justicia civil y la justicia familiar en todo el país deberá ser oral. Nos facilita el que nuestros actos se pongan al escrutinio de las personas justiciables, de quienes revisan nuestros actos y también de la sociedad. De ahí es que este sistema de oralidad nos permite mostrar quién está preparado, quién está apto, quién está especializado para la impartición de justicia.

También por esto es que la Carrera Judicial resulta trascendental como una pieza a tomarse en consideración dentro de las personas que puedan ser elegibles para ocupar la titularidad de un juzgado, la titularidad de una magistratura. La Carrera Judicial, la especialización y la profesionalización del servicio es elemental, ¿por qué? Porque si no pueden pasar cosas tan tremendas como las que ocurren en mi estado y a eso vengo también, ha señalar, hay errores, hay cuestiones que hay que corregir.

En mi estado se eliminaron los concursos de oposición, luego se lanzaron candidaturas, bueno, procesos de selección que estaban afectados totalmente de ausencia de paridad. Entonces, tenemos que ver cómo las personas que tengan los perfiles idóneos pueden ponerse a disposición del pueblo de la sociedad.

Tenemos otro punto muy, muy importante a tratar, el Tribunal, el Tribunal Especializado para que juzgue nuestras actuaciones, pero ¿qué actuaciones van a hacer? Las actuaciones susceptibles de responsabilidad administrativa o el fallo, porque los fallos son una muestra de la autonomía y la independencia que los caracteriza en la función judicial.

De ahí es que ¿es necesario? Sí, sí, que no exista juez y parte para las responsabilidades administrativas, me queda claro, el estado de Puebla ya es una muestra de ello, pero también cómo se van a seleccionar y qué se van a analizar ¿por qué? Porque si no tenemos independencia y autonomía para ejercer nuestra función no vamos a poder responder a la necesidad social que el día de hoy nos tiene reunidos aquí.

Son muchos retos, son muy importantes. Una persona juzgadora del fuero común, de la justicia local... somos la primera mirada que tiene una persona cuando tiene una necesidad, cuando tiene un problema.

Tenemos que juzgar con perspectiva de género. Tenemos que juzgar con perspectiva de discapacidad. Tenemos que juzgar con perspectiva de migrantes. Tenemos que tener los conocimientos necesarios para llevar eso que decimos y que se señala: la justicia a la justicia verdadera.

Hay muchos temas a reflexionar. Hay muchos temas a fortalecer. Creo que estamos aquí reunidos porque pensamos que podemos contribuir, que podemos contribuir con profesionalismo, con servicio y con entrega.

Es muy importante lo que escuché hace unos momentos: no todos estamos preparados para servir. Las personas juzgadoras estamos dedicando nuestra vida a servir, estamos sacrificando muchas situaciones familiares, personales, ¿por qué?, porque tenemos una visión colectiva, una visión social y una visión de justicia. Por su atención, muchísimas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Agradecemos la participación de la jueza Sabela Patricia Asiain Hernández.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Y es tiempo de presentar a otro integrante de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia: el magistrado presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur, el magistrado Raúl Juan Mendoza Unzón, que cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y que del 2004 al 2012 fue notario público titular en la notaría número 15 con residencia en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. El periodo que comprende su magistratura como presidencia del honorable Tribunal de Baja California Sur es el comprendido entre el año 2023 y 2025. Magistrado Mendoza Unzón, el micrófono es suyo. Bienvenido a Puebla.

El ponente Raúl Juan Mendoza Unzón: Saludo con afecto al distinguido presídium que me acompaña y agradezco con ello a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión por habernos invitado a este diálogo de la justicia de la nación. Es un honor estar aquí con ustedes.

Saludo con gran aprecio a mi presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, el doctor Rafael Guerra. Y con ello también a mis compañeras y mis compañeros presidentes de los poderes judiciales de los diferentes estados de la República, su compañía nos fortalece, compañeros. Gracias.

Buenas tardes a todas y todos ustedes que nos acompañen aquí, considero que cualquier reforma que se proponga al marco jurídico normativo constitucional y legal para transformar el Poder Judicial en aras de mejorar la calidad del impartición de justicia en beneficio de los gobernados, sea en el ámbito federal o local, es plausible y digna de análisis, ponderación y escrutinio previo a su implementación.

Por ello, celebro la realización de eventos, como el que hoy nos convoca, en los que es posible aportar ideas e inquietudes en torno a un tema tan complejo, como lo es la reforma judicial que plantea la iniciativa presentada con las mejores intenciones por el jefe del Ejecutivo federal, limitándonos en este foro al ámbito de los poderes judiciales locales.

Como sabemos, uno de los puntos torales que plantea la mencionada iniciativa consiste en instituir la elección de magistrados, magistradas, juezas y jueces, mediante voto directo y secreto de la ciudadanía. Infiriéndose del régimen transitorio del proyecto que quienes se encuentren en funciones en los mencionados cargos a la fecha de entrada en vigor del respectivo decreto, concluirán sus encargos en la fecha en que tomen protesta las personas servidores públicos que emanen de la elección extraordinaria que se celebrará.

Es decir, se plantea sustituir de forma simultánea a la totalidad de magistradas, magistrados, juezas y jueces en activo, por quienes resulten electos por el voto popular para ocupar los referidos cargos.

Y es en este primer aspecto en el que invito a la reflexión acorde a la magnitud de lo que representa la reforma que se pretende, en el sentido de considerar la posibilidad de establecer un esquema de gradualidad para que el relevo de magistradas, magistrados, juezas y jueces en activo, considerando que una sustitución simultánea implica remover y comenzar de nuevo, lo que pudiera generar riesgos en la seguridad jurídica, desconfianza en la capacidad y experiencia de quienes ocupen los cargos en cuestión.

Además de las complicaciones logísticas y la afectación a la continuidad de los procesos en trámite en salas y juzgados en perjuicio de los derechos de justiciables, máxime si las personas que resulten electas carecen de experiencia específica en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Este esquema de gradualidad pudiera diseñarse para permitir que los servidores públicos en activo concluyan sus respectivos encargos, ya sea por estar sujetos a temporalidad, por jubilación, renuncia o defunción, aplicando a elección por voto popular para quienes habrán de sustituirles o, en su caso, para cubrir las plazas vacantes o de nueva creación que se requieran.

Otro aspecto, cuyo análisis considero relevante, lo constituye la experiencia profesional que se exigirá a las personas que se postulen para ser electas, pues si bien la iniciativa federal contempla entre los requisitos para la elección de las magistradas y magistrados de circuito, así como para juezas y jueces de distrito, que deberán de contar de contar con título de licenciada o licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años y una práctica profesional de cuando menos cinco años en un área afín a su candidatura.

A efecto de evitar ambigüedades o conflictos de interpretación, quizá sea conveniente precisar que dicha práctica profesional deberá versar en áreas afines a la función jurisdiccional o en el litigio en ese ámbito, considerando que, como sabemos, las universidades de nuestro país son formadoras de licenciadas y licenciados en Derecho, no de operadores jurisdiccionales.

En ese sentido, actualmente la mayoría de los poderes judiciales, si no es que todos, cuentan con revisión constante de perfiles y controles estrictos, incluso con exámenes de oposición internos y abiertos para elegir a los mejores profesionistas del derecho, que además de los requisitos mínimos legales cuenten con habilidades de impartición de justicia que garanticen el conocimiento, la capacidad y experiencia para resolver las respectivas controversias que, sabemos, no es tarea fácil, lo cual no se garantiza totalmente a través de remover lo que funciona, y funciona bien, sino en mejorar los procedimientos futuros de selección, lo que propiciaría un cambio en la impartición de justicia gradual, controlado y perfectible, sin poner en riesgo la seguridad jurídica de los procesos o juicios en curso o actuales.

Entendemos que la iniciativa que nos ocupa excluye de la carrera judicial el ingreso y permanencia de magistradas, magistrados, jueces y juezas, pues en términos de la misma ello estará supeditado a la elección por voto popular directo, sin embargo, consideramos que en menos en el caso de las personas que para dichos cargos postulen los poderes judiciales locales se atenderá la carrera judicial procurando que las personas postuladas cuenten con experiencia y trayectoria profesional en materia jurisdiccional, cuestión que será conveniente considerar y prever al armonizar el marco jurídico local.

Asimismo, considero importante prever normativamente que las personas que resulten electas para ocupar los mencionados cargos reciban de manera obligatoria una capacitación especializada e intensiva para desempeñar los mismos, especialmente si carecen de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional como pudiera acontecer con las personas que resulten electas, sin haber sido postuladas por los Poderes Judiciales, es decir, que no cuenten con carrera judicial.

Sumado a la necesaria reflexión con relación a la permanencia en la función principalmente de los jueces ya que sujetar el cargo de tal envergadura o temporalidad implica generar incertidumbre de quien imparte justicia y en los propios justiciables, lo cual no incentiva la excelencia en el ejercicio de la función, ya que los profesionistas que sean favorecidos para ocupar el cargo no dedicarían su vida al estudio y tarea jurisdiccional, en razón de que la misma estaría sujeta desde un inicio a su culminación.

Finalmente, dejo a consideración de las legisladoras y de los legisladores estas breves reflexiones expuestas, con el único fin de aportar elementos en esta mesa de diálogos para instrumentar de la mejor manera la reforma judicial en el ámbito local. Por su atención, muchísimas gracias.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: María Guadalupe Muñoz Pérez, jueza consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla. Licenciada en Derecho, notario y actuario. Con maestría en Derecho Penal. Cuenta con una trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia, encargos como comisario, secretaria de acuerdos y secretaria de estudios y cuenta.

En su formación profesional se ha especializado en ejecución penal, justicia penal para adolescentes, justicia terapéutica, prevención del delito y seguridad pública. Tiene el uso de la palabra, María Guadalupe Muñoz Pérez.

La ponente María Guadalupe Muñoz Pérez: Buena tarde, agradezco la invitación a estos diálogos nacionales, saludo con afecto y respeto a todos los integrantes del presídium, legisladoras, legisladores actuales y electos. A los diferentes integrantes del Poder judicial, tanto de la federación como de las distintas entidades federativas.

Retomo en este momento las palabras que en un momento previo antecedió en este presídium el diputado federal Ignacio Mier, ¿quién juzga a los juzgadores? Sobre ese tema vamos a dar intervención en este momento, en los avances a la reforma del Poder Judicial y, en concreto, cómo ha avanzado en el estado de Puebla.

Una reforma constitucional en el año de 1994, cuando se crea el Consejo de la Judicatura Federal. Como antecedentes, en el estado de Puebla se retoma esa figura y se crea la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Puebla. Viene una reforma para dar vida jurídica a lo que actualmente conocemos como el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla.

¿Por qué hago hincapié en estos antecedentes? Porque estos antecedentes son los que están incluidos en la propuesta de reforma. En esta propuesta de reforma también se incluye un informe de la relatora comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, que, en el año 2010, aproximadamente, tuvo una visita aquí al Estado mexicano, notó una preocupación porque la concentración de la titularidad tanto del Poder Judicial como del Consejo de la Judicatura, se concentraba en una sola persona. Dijo que esto generaba impunidad y también generó gran incertidumbre jurídica la falta de etapa recursiva.

Hago hincapié en todos estos antecedentes, porque han sido retomados en la Constitución federal, a nivel local y quiero sí hacer énfasis de que en el estado de Puebla es la única entidad federativa que actualmente hay una separación por completo de la Presidencia del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, pero esto se debió incluso a una reforma ya ocurrida en el año 2022, se reforma la Constitución local, en consecuencia también se hacen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Puebla.

Se hace una separación rotunda, por completo, de la titularidad de ambos entes jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que ahora la Presidencia no se deposita solamente en una persona, sino que hay un titular del Consejo de la Judicatura y otro titular del Tribunal Superior de Justicia, ¿por qué? Porque ambas actividades son tan importantes, porque los ciudadanos concurren ante un juez para solucionar un conflicto y lo que el juzgador tiene en sus manos es decidir bienes jurídicos de tan importante valía.

Con esta reforma, ¿qué se pretende? No únicamente la reforma, sino incluso aquí en el estado esa distinción hace que los jueces se dediquen por completo a la actividad netamente jurisdiccional y la función administrativa, lo que es la distribución del recurso económico, material y humano sea una autoridad completamente distinta para cubrir las necesidades de todos los entes que pertenecen a un Poder Judicial.

Esta separación por completo es lo que ha estado generando acercar a la justicia, ¿por qué? Porque en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla, como un órgano auxiliar tenemos la Escuela Estatal de Formación Judicial, que es aquella que va a consolidar la carrera judicial. Actualmente se ha privilegiado y se ha favorecido esta circunstancia, tan es así que recientemente, previo a concurso de oposición, han sido nombrados diversos jueces en las distintas ramas del derecho, generando esa profesionalización en el desempeño de la función pública.

No únicamente se está generando el ascenso de los servidores públicos para ser jueces, también aquellos otros servidores públicos se les ha permitido ascender a otros cargos de mayor jerarquía y también se les ha dado la posibilidad a aquellas personas que desean ingresar al Poder Judicial del estado, satisfaciendo los requisitos que establece la ley.

Ahora bien, y ¿por qué retomé las palabras del diputado federal? Porque, ¿quién juzga a los juzgadores? Nosotros, lo que se busca realmente es que la función jurisdiccional dote, regrese esa confianza en los ciudadanos de que van a acudir ante un Tribunal completamente imparcial, apegado siempre al principio de legalidad y que van a tener esa seguridad jurídica, ¿por qué? Porque el juzgador no se va a apartar de lo que establece la ley. A la par, hay un órgano encargado de la disciplina, vigilancia de todos los servidores públicos.

Actualmente una de las facultades que se le ha conferido al Consejo de la Judicatura, evidentemente es la de emitir algunos acuerdos en donde se han establecido los lineamientos que se deben seguir en esos procedimientos disciplinarios, y ¿por qué? Porque el procedimiento disciplinario es sancionador y comparte muchos principios similares al derecho penal.

Hay una distinción de las autoridades también para generar imparcialidad en sus decisiones, tenemos una autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora, pero concomitantemente también se permite ya a los servidores públicos impugnar todas aquellas decisiones emitidas durante la tramitación de este procedimiento disciplinario.

Por eso hice el recuento y este antecedente es de cómo viene la creación del Consejo de la Judicatura, cómo se transita aquí en el estado la junta de administración, hasta llegar a lo que es el Consejo de la Judicatura y cómo se implementan estos mecanismos para vigilar el buen desempeño del servidor público.

Con esta intervención solamente quiero resumir con las siguientes palabras: una reforma integral puede ser fundamental para fortalecer la justicia en México, asegurando que las instituciones trabajen de manera coordinada, transparente y eficiente para que se respeten los derechos humanos de todas las personas involucradas en el sistema de justicia. Es cuanto.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Agradecemos la participación de la consejera Guadalupe Muñoz.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Y damos paso a nuestra siguiente invitada y ponente. La senadora electa Ernestina Godoy Ramos, ha sido diputada federal y diputada local del gobierno de la Ciudad de México. Del año 2018 al 2020, fue procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Fue del año 2020 al 2024, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y es licenciada en derecho, senadora electa y, además, ha sido nombrada por la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como la próxima consejera jurídica de la presidencia de la República. Es para nosotros un honor recibirla en Puebla, senadora electa, Ernestina Godoy Ramos.

La ponente Ernestina Godoy Ramos: Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en Puebla, pero además en este lugar, que creo que es el único en el país que es tan grande, y entre todas y todos ustedes.

Felicito y agradezco la invitación que me hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que están en este ejercicio de parlamento abierto, a participar en estos diálogos que se han estado realizando en todo el país. Y que, además, me da mucho gusto ver la convocatoria, que es decir el interés que esto está levantando en todo el país y que en este caso el que, primero que se haya abierto la posibilidad de escuchar a la ciudadanía, a los jurisconsultos, a los tribunales, es una gran noticia, porque no siempre las modificaciones constitucionales y no siempre las modificaciones al Poder Legislativo, las que ha habido, han sido consultadas y han sido escuchadas, escuchada la ciudadanía.

Y quiero comentarles también, que no es un ejercicio vacío, no es un ejercicio en vano, que se han estado sistematizando muchas de las opiniones que se han vertido a lo largo y ancho de todo el país en los distintos temas que se han ido trabajando.

Hoy me pareció muy importante y por eso también agradezco mucho a Nacho Mier la insistencia de que viniera, porque me parece que el tema de los tribunales locales es un tema muy importante, porque es el primer espacio que tiene la ciudadanía, es el primer, el primer contacto que tiene la ciudadanía.

Y me gusta mucho haber escuchado a varios de los integrantes del Poder Judicial desde presidentas, presidentes hasta consejeros de la Judicatura y organizaciones de la sociedad civil, como Evalúa.

Yo quisiera comentar algunas cosas muy rápido, porque más bien creo que sí hay posibilidades de tener algún intercambio de preguntas me gustaría mucho comentar, ¿sí? Primero quiero decirles que para quienes hemos estado cerca de todo lo que es la justicia, el sistema de justicia, primero estoy de acuerdo con algunos que han manifestado que es un primer paso, la reforma al Poder Judicial es un primer paso, no es menor, no es cualquier, cualquier, cualquier reforma, es reformar el Poder Judicial completo.

Hay quienes nos dicen: Es que ya en el siglo XIX. Sí, pero no. No de este calado. ¿No? Todo el Poder Judicial. Y que efectivamente es un primer paso para el sistema de acceso ala justicia, que en algún momento tenemos que voltear la mirada a las policías, las fiscalías, en materia penal, en materia penal, que es de lo que, que es de lo más fuerte, es lo más fuerte para la ciudadanía, pero hay otras materias. Pero en materia penal el tema de las policías, el tema de las fiscalías, procuradurías e incluso el tema del sistema penitenciario. Eso será una cuestión integral.

Nada más comentarles que en los diálogos por la transformación, que fueron impulsados por la entonces candidata a la presidencia, fueron diálogos por la transformación, que se llevaron a cabo en todo el país también, fue un ejercicio muy fuerte y uno de los temas fue el sistema de justicia. Y hay ahí algunas propuestas que seguramente se estarán dando a conocer, que incluye incluso, que también aquí lo mencionaron, la justicia cívica, ¿no?

Entonces, –es algo que– para poner en contexto, la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver también con ese, ese, esa construcción del andamiaje jurídico constitucional y administrativo, incluso de lo que es una nueva forma de gobernar y una nueva forma de relacionarnos con el pueblo. Entonces eso es esa gran parte.

Pero entonces quiero comentar algunas cosas rápido. La reforma al Poder Judicial no sólo es necesaria sino exigible desde el propio concepto y alcance de lo que los abogados y juristas conocemos como Estado de derecho. La ruta de transformación que se propone para esta reforma no es arbitraria. Responde por una parte a las exigencias sociales de los sectores que perciben como ajeno el derecho al acceso a la justicia y, por otra, es congruente constitucionalmente con los artículos 39 y 133 de la Constitución.

El primero, que nos dice que la soberanía reside esencial y obligatoriamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de éste, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el segundo, señalando la supremacía de lo mandatado por la propia Constitución.

La subordinación de los poderes públicos y del gobierno al pueblo, teniendo como eje rector el mandato popular y, por tanto, la proyección de un buen gobierno que rinda cuentas a la soberanía popular no es un postulado nuevo o circunstancial, es la consecuencia de diversos hechos transformadores y universales que garantizaron diversas prerrogativas fincadas en la dignidad humana.

Como el liberalismo y el contractualismo europeo de Locke, de Rousseau, Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y de Ciudadano. O bien, desde la perspectiva americana con la influencia de las 13 colonias y la Declaración de Virginia de 1776.

En el plano normativo de nuestro país, estos postulados de la democracia y el pueblo se establecieron en el artículo 39. Bajo estos supuestos... estos presupuestos normativos e históricos, cabe preguntarnos: si los Poderes de la Unión están conformados por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y tienen como fuente de poder soberano al pueblo, por qué si elegimos sin ningún problema a el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿por qué no hay un proceso electivo para elegir a los juzgadores? Es como natural.

Para quienes cuestionan que debe existir una elección para acceder a los cargos de las magistraturas, es importante recordar lo siguiente. El Poder Judicial no constituye ni es un poder diverso especial o que esté fuera del orden jurídico constitucional y legal.

El Poder Judicial debe estar sujeto al marco legal que el poder constituyente determine. El Poder Judicial, como los otros Poderes de la Unión, debe sujetarse a la forma y términos que el pueblo, como soberano, determine en su forma de organización.

En este contexto la elección popular, como mecanismo democrático, materializa el ejercicio de la soberanía y se yergue como elemento indiscutible del ejercicio del derecho del pueblo a decidir su destino. Este derecho no encuentra oposición ni resistencia debido a su carácter soberano.

Tampoco encuentra posibilidad de ser alienado bajo la noción de que, al haberse constituido uno de los Poderes de la Unión bajo determinadas características de conformación y funcionamiento, estas ya no puedan ser modificadas, ni siquiera por el propio pueblo que instituyó ese poder. De ser así, la soberanía habría sido transferida al poder constituido y dejaría de residir en el pueblo. Evidentemente no es así.

La reforma que estamos discutiendo es ineludible e implica, en mi opinión, a que, a más tardar en el año 2027 deberán ser aprobadas, a su vez, las respectivas reformas a las Constituciones locales de las entidades y haberse realizado la elección de integrantes de los tribunales de justicia, todos.

No voy a leer algunas de las cosas que traía, que tienen que ver con lo que implique la función del Poder Judicial, que es a partir de la justicia pronta y expedita, lo han dicho de una manera muy clara.

El mecanismo de acceso a la titularidad de los órganos jurisdiccionales, que también ya han hablado, las remuneraciones acordes a los principios de racionalidad, austeridad y justa medianía. Aquí nada más les quiero dar un dato rápido que tiene que ver con que, pese a que a nivel federal –eso lo han dicho mucho– nadie puede ganar más que el presidente, sabemos que los integrantes del Poder Judicial, sobre todo los altos cargos, están muy por encima de estos, violando la Constitución.

¿Qué pasa en los estados? En los estados el 75 % de las entidades federativas el magistrado presidente o magistrada presidente gana más que el gobernador. Aunque reconocemos este tema que también dijeron que no tiene que ver el presupuesto del Poder Ejecutivo federal –muchas gracias– a los presupuestos de los Poderes Ejecutivos locales, que efectivamente hay una gran divergencia, pero ahí está, son algunos de los datos que podemos decir.

He escuchado con atención algunas de las propuestas que ustedes nos han dicho y quisiera decir algo rapidísimo. Uno que, a ver, donde hemos ubicado, digo hemos ubicado porque traemos un equipo de trabajo junto con los legisladores y está el presidente preocupado, está la presidenta electa preocupada y ocupada, entonces hemos hecho equipos de trabajo que básicamente va a recaer en el Poder Legislativo, pero que estamos coadyuvando.

¿Qué es lo que hemos oído en los otros foros y vuelvo a escuchar acá? Una gran preocupación por el tema de una sola elección de manera extraordinaria el año que entra, que así está la iniciativa, lo platicó con mucha precisión el representante de Baja California, diciendo cómo el 100 % de los Poderes, tanto federales como locales, van a ser sustituidos de una manera, de una sola vez y que después se van a cambiar todos.

Eso se ha estado escuchando. El tema de la gradualidad de la elección. Hay una discusión porque se ha estado recogiendo propuestas que se han estado haciendo de cómo puede ser esa gradualidad.

Una cosa sí les comento, esa gradualidad no puede ser a 40 años, a 50 años, como ha habido también propuestas donde nos dicen: terminaremos en 2050. Eso no tiene mayor sentido, pero propuestas que se han venido haciendo para ver cómo, o sea, sí la elección, pero ¿cómo?

Entonces, este tema de la gradualidad decirles, no es que no se mueva una letra o una coma y demás, se está analizando y ahí la convocatoria es seamos creativos para ver cómo puede ser aplicada esa gradualidad sin que pierda el sentido de urgencia de la modificación del Poder Judicial federal y local. Lo dije, a 2027 vamos viendo, vamos viendo, pero tenemos que hacerlo rápido. Este es un tema que ha preocupado y que se está escuchando.

¿Qué otro tema que también volvió a salir aquí, qué otro tema ha preocupado? Quiénes van a llegar a la boleta, bajo qué condiciones van a llegar a la boleta, qué requisitos se van pedir para que se llegue a una boleta y la gente sepa por quién está votando. También se está analizando, hay propuestas.

Aquí mismo nos han escuchado la propuesta de que haya un examen previo, de que hay una capacitación previa, un curso, un concurso de oposición, aunque sea después de que hayan sido. Garanticemos la honorabilidad de quienes lleguen a la boleta, garanticemos licenciados en derecho. Garanticemos determinamos temas, de modo que quien esté en la boleta, cualquiera que gane que esté en la boleta, tenga esa preparación, tenga esa honorabilidad, esa gana de también de hacer justicia.

Por eso es que el tema de que todos los jueces se van a ir, compartimos la preocupación, no es así, están todos, pero por otro también que algo que no está en la iniciativa, pero que se ha estado escuchando en los distintos foros con los distintos temas, es, qué va a pasar con quienes están actualmente integrando el Poder Judicial, los Poderes Judiciales.

Bueno, ahí nosotros decimos, tienen derecho a participar casi de manera automática. No es necesario que los proponga el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, sino tendrán ese derecho. Es un tema que se está también discutiendo, es algo que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estarán resolviendo, estarán resolviendo para conocer el dictamen al final qué queda en esa parte.

¿Qué pasa con los tribunales locales? Va la reforma constitucional en el sentido de mandatar a los Congresos locales a efecto de que armonicen sus propias Constituciones a esta nueva manera de integrar y de funcionamiento del Poder Judicial, ya sea local o federal.

Serán las legislaturas de los estados quienes estarán haciendo esas modificaciones constitucionales. Se les dará un plazo, como todo mundo sabemos, que espero que se cumpla porque luego las omisiones legislativas son de: Ya tenemos dos años y todavía no nos ponemos de acuerdo. Pero, esperemos que se tenga esa intención y ahí nos van a ayudar mucho los nuevos, no porque los que ya se van, sino los nuevos legisladores que estarán en su trabajo esa obligación.

Y efectivamente, pues seguramente habrá una especie de homologación, pero cada estado en algún momento... Estaba leyendo, por ejemplo, que en el estado de Michoacán tienen jueces comunitarios que están metidos en el Poder Judicial. Son cosas que se van a tener que resolver a nivel local, porque si uno les dice: A ver, estos son los requisitos que deben cumplir los jueces o los magistrados, y no tomen en cuenta algunas cosas como esta.

Por ejemplo, ahí les piden que tengan conocimiento del idioma de acuerdo a la región, los purépechas, etcétera, ¿no? Eso, pues así es, ¿no? Entonces, lo que les quiero transmitir es que no son ejercicios de simulación estos foros, son verdaderas escuchas que se están analizando para ver cómo llegamos a una reforma de un tema tan relevante, una reforma de gran calado, que yo estoy segura que vamos a llegar a un consenso entre todos.

Que además no es solamente un tema de legisladores o de personas que están en los poderes judiciales o de jurisconsultos; es un tema con la sociedad. La gente tiene que saber qué estamos proponiendo y tiene que saber cuando esté frente a la urna qué está votando y por quién está votando. Y para eso hay que informar el total de la iniciativa con estos temas que nos preocupan y no solamente muchas veces centrar la discusión si en si es una urna o no, si eso va a resolver o no.

Creo que es parte de toda esta modificación que nos va a ayudar a todos para un mejor sistema de justicia, de eso no me queda duda, y pues me da muchísimo gusto, muchísimas gracias, y me pasé mucho tiempo, perdón.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Nos da mucho gusto presentar a Eruviel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, exgobernador.

El ponente Eruviel Ávila Villegas: Muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero felicitar a los organizadores, organizadoras de estos foros, especialmente el del día de hoy, a mi líder, al diputado Nacho Mier, al señor diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al presidente del Conatrib, magistrado Guerra, a todas, a todos ustedes.

Quiero saludar con gran respeto a quién es senadora electa y el día de mañana, una gran abogada que estará al servicio de la Presidencia de la República defendiendo los intereses de México, a doña Ernestina Godoy Ramos.

Hoy agradezco mucho la invitación y le agradezco al diputado Nacho, que a dos miembros de la también conocida, casa del federalismo, nos hayan invitado tanto a mi muy entrañable amigo el senador Navor y a su servidor, porque el tema que nos ocupa es un asunto relacionado a las diferentes entidades federativas, al federalismo de nuestro país.

Quiero compartirles nuestra experiencia cuando estuve al frente del gobierno del Estado, pude conocer muy de cerca al Poder Judicial local. Pudo conocer historias de mujeres y hombres que empezaron como abogados pasantes, como actuarios, llegaron como magistrados, entregando toda su vida al Poder Judicial, gente honesta, trabajadora, estudiada, el que menos, una o dos maestrías y un doctorado, formados y que han dado muy buenos resultados.

A veces, algunos justos pagan por pecadores, como dice, como dice el dicho, pero veo también vi muchas áreas de oportunidad y yo celebro este foro para poder escuchar todas estas áreas de oportunidad y sus inquietudes. Y como bien se ha comentado, ya sea legisladores en funciones o ya sea legisladores entrantes, habremos de tomar muy en cuenta todas y cada una de sus argumentaciones, de sus observaciones.

Desde luego que la elección popular para juzgadores locales va. Desde luego que la separación de la judicatura con lo que es la impartición de justicia va. Felicidades a Puebla por poner este gran ejemplo.

Pero también es importante que tomemos en cuenta sus comentarios. Yo... y dejo y pongo en el foro algunas reflexiones: ¿Cuánto gana un juez de primera instancia en el norte del país, en el centro, en el sur? Por cada 100 mil habitantes, ¿cuántos juzgadores tenemos en el norte, en el centro, en el sur del país?

Yo creo que, si bien el pueblo nos mandató el 2 de junio continuar con la transformación, y la reforma tiene que ver con la transformación, la reforma al Poder Judicial, me refiero, también reconozco y hago una autocrítica a quienes integramos los poderes públicos en los tres niveles de gobierno. Y no me refiero a ahorita: me refiero a hace 10 años, a hace 15 años, porque en ocasiones no hemos sido tan solidarios con los Poderes Judiciales locales cuando lo han necesitado.

Es importante que, en su momento, se hable del presupuesto y el impacto presupuestal que tendrá esta gran reforma, independientemente de lo que cueste el proceso electoral. Me refiero para profesionalizarlos. Sí es muy importante el paso de elegirlos popularmente, pero también es importante apoyarlos en el presupuesto, en respetar sus derechos laborales... de los impartidores de justicia, de los trabajadores al servicio de la justicia. Es muy importante reconocer su esfuerzo y reconocer lo mucho que han hecho por sus estados y lo que han hecho por México.

Comparto con ustedes, apreciadas magistradas, magistrados, juzgadores, una encuesta de Inegi donde habla de la confianza en instituciones, en jueces, juezas, magistradas, magistrados. Estamos en promedio en 39 % en confianza a los tribunales locales. Lo digo yo, sí, pero lo comento con una fuente oficial. Hay entidades que apenas tienen el 27 % de confianza... 27 % de confianza, 28.

Es decir, el presidente de la República es visionario. La presidenta de la República es una mujer muy preparada, es científica. No se toman decisiones nada más por tomarlas: hay sustento y la gente nos mandató el pasado 2 de junio, pero que, desde luego, desde luego, tomando en cuenta también los comentarios de todas y de todos ustedes.

Quiero que sepan que si bien, desde luego, un honor ser aliado de la cuarta transformación desde el Partido Verde hoy día. Desde luego también tienen aliados, a un aliado, allá en el Congreso de la Unión para llevar su voz, sus propuestas, sus comentarios, las que sean viables, las que generen consenso, desde luego, que las habremos de impulsar.

Por eso la importancia de estar aquí, de defender sus propuestas, de defender la iniciativa del presidente en comisiones, comisiones unidas, en el pleno, con votos particulares, pero finalmente aspiramos y anhelamos tener y a continuar con la transformación con una muy buena reforma al Poder Judicial federal y local.

Y concluyo, quiero felicitar a los ponentes y por la forma tan práctica, didáctica, profesional, académica, sobre todo con el respeto como se han conducido, como debe de ser además, teniendo diálogo, construyendo consensos. Porque lamento que, a diferencia del ámbito local, en el ámbito federal del Poder Judicial federal, lejos de generar diálogo, se confrontan y lo que están haciendo es entrar a la arena política mediática sin ningún beneficio y sin ninguna trascendencia.

Por esto yo lo registro y se los reconozco. Y, presidente Guerra, que bueno que esté tomando esta ruta, este camino del diálogo, de la construcción, para llegar a una muy buena reforma judicial. Gracias por la oportunidad.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Agradecemos las palabras de el doctor Eruviel Ávila, que nos acaba de compartir su experiencia como exgobernador del Estado de México y su visión sobre los tribunales locales, sobre todo, el reconocimiento que acaba de realizar a todas y a todos los integrantes de quienes forman parte de la instancia del fuero común.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: La siguiente parte de los diálogos nacionales son dos rondas de preguntas, donde se le dará la palabra a los asistentes que tengan cualquier intención de hacer o realizar una pregunta específicamente a alguno de nuestros ponentes o de forma abierta. Para lo anterior, tendrán un máximo de tres minutos para su pregunta y será utilizado ya sea el podio de este lado, si se encuentran de mi lado, o será utilizado el podio del lado donde está el diputado Raymundo Atanacio.

Sin más, concedemos el uso de la palabra al diputado Raymundo Atanacio para que pregunte a los asistentes quién quiere hacer su participación. Muchas gracias.

El diputado Raymundo Atanacio Luna: Muchas gracias, señor diputado. Es muy importante esa apreciación y los Diálogos Nacionales son una forma de enriquecer el espíritu, el espíritu de esta reforma. Por favor, si sería tan amable de presentarse y, en su caso, la institución a la que representa.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Vamos a hacer... En la primera ronda posicionamientos, como estamos hablando de tribunales locales y estamos en el estado de Puebla, se acordó que sean seis preguntas para sector académico, para quienes representan e integran la Conatrib y para quienes también están dentro del propio Poder Judicial del estado de Puebla.

Habrá una segunda ronda de preguntas exclusivamente para los legisladores federales que hoy nos encuentran y se encuentran en este foro acompañándonos, dándole prioridad, por supuesto, a participaciones por grupo parlamentario, como lo tenemos nosotros así especificado en Cámara de Diputados. Muchas gracias.

La ciudadana Georgina Tenorio Martínez: Muy buenas tardes. Saludo con respeto al presídium. Mi nombre es Georgina Tenorio Martínez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Gracias por la oportunidad que nos están brindando a los que estamos aquí escuchando las ponencias sobre un tema que a todos nos incumbe. Quisiera también externar mi felicitación por la organización que se llevó a cabo de este foro.

Mi pregunta es para la jueza María Guadalupe Muñoz Pérez: En el estado de Puebla, como usted lo refirió, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2022; y ahí se hace una segregación por completo de la función administrativa de la jurisdiccional para que personas diversas presidan el Tribunal Superior de Justicia y por el otro lado otra persona el Consejo de la Judicatura.

Usted también habló del régimen disciplinario judicial, sabemos que ha tenido un desarrollo significativo a cargo de los Consejos de la Judicatura tanto federal como locales, mi pregunta es, ¿considera que ha sido suficiente para garantizar la eficacia en la exigencia de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los Poderes Judiciales? Gracias.

La ponente María Guadalupe Muñoz Pérez: Gracias. Evidentemente se ha dado esas reformas, sí ha sido eficiente el que haya esa distribución de funciones, una frente al ámbito administrativo y otra en la función netamente jurisdiccional.

El hecho de que se haya separado rotundamente estas funciones no impide que haya un canal de comunicación, ese nunca se ha fracturado y precisamente es aquel puente que genera esta comunicación para el buen desempeño de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, pues no debemos perder de vista que el derecho disciplinario es aquel encargado de vigilar el buen desempeño de las personas servidoras públicas y que precisamente esas infracciones se comente al desarrollar este bien jurídico tutelado que sería la función pública. De ahí que hay una estrecha relación, se separa por completo la función, pero no hay una ruptura, hay un puente de comunicación entre ambos titulares. Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas Muchísimas gracias, consejera. También vamos a pedir para que no sea tan alargado el tema de la ronda de preguntas que se puedan emitir las preguntas en un bloque completo y después se le dará el uso de la palabra para quien haya sido aludido en las preguntas o que quieran hacer uso de la palabra.

Por lo tanto, nos quedarán cuatro preguntas, pediría que los cuatro oradores pasen y con eso acabamos primera ronda de preguntas, y después iremos al mismo esquema, segunda ronda de preguntas de las y los legisladores que quieran preguntar, todas de manera continua y al final se contestaría cada una de ellas.

De este lado tenemos a usted, si puede decir su nombre, la institución de la que viene y emitir su pregunta, por favor.

El ciudadano Gerardo Tejeda Fonserrada: Muy buenas tardes, soy Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Muchas gracias por la invitación.

Bien, yo quisiera hacerle una pregunta más de fondo al magistrado Humberto Arronis, cuando él se refiere a la modernización de los poderes judiciales locales. Porque está bien el tratamiento de que haya más recursos, que haya más profesionalización, pero ¿qué hay con la realidad?, ¿qué hay con la realidad de los litigantes?, ¿qué hay con la realidad de las personas que acuden a los tribunales cuando presentan su demanda?

Pongamos un caso mercantil, por ejemplo. Y en lo que la demanda es admitida, acordada, notificada, el emplazamiento, pasan meses.

Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo poder realmente combatir con el rezago que al final del día, la saturación del trabajo o los pocos juzgados que existen para la materia y que significa la principal preocupación de las personas y de los ciudadanos, ¿cómo hacerlo realmente efectivo?

Porque en la teoría está muy bien, pero en la práctica es donde percibimos que molesta a la gente a los abogados litigantes, esa lentitud con la que se imparte la justicia, esa lentitud con la que se acuerdan los trámites y los asuntos. Esa sería mi pregunta, señor magistrado. Muchas gracias.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Si es tan amable, por favor. Sería tan amable de presentarse y, en su caso, la institución a la que representa.

El ciudadano Gabriel Marcos Moreno Gabaldón: Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Marcos Moreno Gabaldón. Soy magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

En principio, quiero saludar y felicitar a todos los miembros del presídium, todas las exposiciones, y también por la realización de este foro denominado Diálogos Nacionales, Tribunales de Justicia Local, relativos a la propuesta constitucional al Poder Judicial. Estoy convencido que la apertura y el diálogo respetuoso siempre será un muy buen consejero.

La pregunta que formularé la quiero dirigir al magistrado presidente de la Conatrib, magistrado Rafael Guerra. Magistrado, ¿considera usted que la propuesta de reforma constitucional y la adecuación de leyes secundarias pudiera ser un área de oportunidad, de reflexión para mejorar al derecho a la justicia, refiriéndome específicamente a la procuración de justicia como parte del engranaje de nuestro sistema jurídico penal mexicano? Es cuanto, muchas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias. ¿Alguien que quiera participar de este lado? Por favor, si puede decir su nombre, la institución que representa y su pregunta, por favor.

El ciudadano Carlos Villegas Márquez: Muchas gracias, buenas tardes. Soy, me presento, Carlos Villegas Márquez, orgullosamente presidente del Poder Judicial del estado de Zacatecas. Para mí es un honor estar en estos diálogos, escucharlos con atención y esto me ha provocado algunas inquietudes, seré muy concreto.

El actuar del juzgador, su resolución, su fallo obedece a factores importantes, tales como lo que la norma establece y el actuar de quienes intervienen ante él. Y ese es el resultado de los fallos, de las decisiones, de las resoluciones que se toman.

Quizá sería importante analizar de manera integral cuál debiera ser el primer paso, si analizar a quienes intervienen en esta impartición de justicia, o solamente a quien emite el resultado final.

Pero, para mí es importante hacer los siguientes cuestionamientos. El primero es, ¿qué ocurre? Sé que se ha dicho acá que ya se ha planteado el tema de qué pasa si la reforma no se aplica de golpe y no de manera gradual. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían entonces estos riesgos de aplicar esta reforma de manera, no de manera gradual, sino de golpe en cierto momento específico? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto?

Y la segunda pregunta, que si bien es cierto para quienes estamos en Poder Judicial, quienes venimos de carrera judicial, pues sabemos lo que es la carrera judicial, pero esto es un espacio que se abre al diálogo para que la ciudadanía también entienda sobre ello y me gustaría que también se pudiera hablar, que alguien pudiera darse unos minutitos para que explique lo qué es la carrera judicial. Muchas gracias.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Sería tan amable, por favor, de presentarse y, en su caso, la institución a la que representa.

El ciudadano Rafael Rodríguez Moreno: Buenas tardes a todas y todos, su servidor, doctor Rafael Rodríguez Moreno, de la Ibero Puebla. Estamos aquí en un diálogo, como dice el título, sobre justicia local, pero dentro de la misma, hasta ahorita no he escuchado la voz de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas.

La pregunta sería, para la futura senadora, ¿cómo asegurar la transversalización de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los tratados internacionales, en el artículo 2o. constitucional, frente a esta reforma? Esencialmente por cuanto hacia a la elección de las personas juzgadoras y la creación de los tribunales de disciplina judicial en el marco de las actividades de los juzgados y salas indígenas. Muchas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, doctor Rafael. Tengo el placer de conocerlo porque compartí aula con usted. Qué bueno que está aquí y qué bueno que le tocó preguntar.

Me había pedido usted la palabra, por favor. Su nombre, de dónde viene y si tiene una pregunta para alguien en específico o es abierta. Gracias.

La ciudadana: Muy buenas tardes a todas y a todos. Me es grato haber escuchado de parte de quienes hicieron uso de la voz, la importancia que tienen los tribunales locales, no solo por los datos estadísticos, que bien ya lo comentaron, sino por el impacto social que se tienen en cifras que nos han dado a conocer y, sobre todo, la importancia que reviste más allá de lo que es un expediente, estamos hablando de familias, de personas, de grupos de atención prioritaria.

Y, en ese sentido, de la importancia que reviste una reforma integral, como algunos de quienes hicieron uso de la voz comentaron, han hablado también de la importancia de una gradualidad en la implementación de esta reforma.

Mi pregunta sería para la presidenta del Poder Judicial de Hidalgo. ¿Qué se garantizaría a través de esta gradualidad, y si pudiera darnos un ejemplo de manera muy puntual, de cómo transitaríamos, cómo impactaría esta gradualidad en los poderes judiciales locales? Muchas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, magistrada.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Procedemos a la parte donde dos ponentes que fueron aludidos pueden emitir su respuesta. Suplicamos que sea en un tiempo no mayor de tres minutos, aproximadamente. Después de esta ronda, vendrá la ronda de preguntas para legisladores, donde efectivamente se ha emitido, ya previamente acordado, una lista, en su momento daremos a conocer quiénes son los que participan. Gracias.

El ponente Humberto Arróniz Meza: Bien, pensé que ya había terminado la participación, pero es un gusto volver a dirigirnos a ustedes, sobre todo es una pregunta muy interesante que hace el señor director de una de las escuelas pues de mayor importancia no solo en Puebla, sino en la región.

Quiero comentarles brevemente que previo a mi faceta como juzgador también fui litigante muchos años, posteriormente me incorporé a la administración pública centralizada como procurador fiscal. Y ahí también pues administrábamos de alguna manera justicia, resolviendo recursos administrativos, etcétera.

Desde ese momento una de las cuestiones que me ha motivado ha sido un tema de cero rezago, precisamente por haber pasado por el tema de litigio trato de ser lo más empático con las partes, con la gente que vienen reclamando justicia de primera mano con nosotros.

Actualmente, y hacía alusión el señor director a temas en materia mercantil, considero que probablemente no fue el mejor ejemplo, porque no me dejarán mentir mis compañeros que recientemente fueron jueces, ahora magistrados, en materia mercantil en Puebla tenemos un sistema de gestión, al igual que en otros estados de la república. Y puedo decirles que prácticamente en el momento en que se presenta alguna demanda, una promoción tenemos un término perentorio muy claro para que pueda darse respuesta al tema.

Con ello no crea, señor director, que quiero eludir el tema del grave problema que aqueja a la gran mayoría de los litigantes. Y sobre todo de los justiciables, no tanto de los litigantes, que efectivamente tienen problemas de un gran rezago.

Sí tenemos un gran rezago en el estado de Puebla en algunos sectores muy específicos, en materia familiar, en materia penal, tenemos algún tipo de problemas concretamente en la sala que me honro pertenecer. Si usted tuviera un asunto en la Segunda Sala nosotros tenemos nuestra audiencia de vista y al segundo día estamos notificando la resolución de segunda instancia.

Entonces, en este caso, insisto, no es una alusión personal, considero que el Poder Judicial actualmente ha trabajado bien, recientemente tuvimos una reunión con el señor presidente del consejo, en donde nos informó que va a existir ya ese mismo sistema de gestión que se tiene en la materia mercantil, lo vamos a tener en el resto de las materias, para efecto de poder tener claramente un seguimiento, un día a día de estos asuntos. E insisto, todo ello en claro beneficio del justiciable y de los operadores jurídicos. Muchas gracias.

La ponente Rebeca Stella Aladro Echeverría: Bueno. Le preguntaba... Pregunta del presidente de Zacatecas. Qué pasaría si la reforma judicial se hiciera de golpe. Me parece que sería una situación muy complicada para todos los Poderes Judiciales, porque tendríamos evidentemente gente, sí, que pudiera tener conocimiento en derecho, como se ha visto, gente talentosa, gente estudiosa que tiene posiblemente conceptos normativos muy específicos y muy adecuados.

Sin embargo, el que entrara gente sin un perfil, sin una experiencia vasta, sin todos esos cursos que se van capitalizando durante todos los años, me parece que estaríamos frente a una situación muy difícil. Porque no es, no es una situación sencilla el poder realizar, construir una sentencia. Hace falta, sí, todo un conocimiento. Pero también necesitamos una experiencia vasta para poder tener en nuestras manos la experiencia y, sobre todo, el darle a la gente la justicia que merece, la justicia que necesita, que nos aclama.

Por ese lado me parece que sí sería muy complicado, sí habría, creo yo, que muchos problemas, sobre todo muchas quejas de la ciudadanía. Habrá gente también muy talentosa que nos pudiera ser... O que de la misma carrera judicial que se está tratando de salvar... Pues llegaría posiblemente el mismo juez o llegaría gente del personal del Poder Judicial de cualquier estado para poder tomar el puesto y salir adelante, pero me parece que sí estaríamos corriendo graves riesgos. No quiero decir que todo, no quiero decir que nadie pudiera salir adelante, porque estaríamos también siendo muy injustos, pero sí habría graves problemas.

¿Qué pasa con esa gradualidad que se ha estado hablando de ella en diferentes foros, en diferentes momentos, incluso aquí mismo? Yo creo que, en esta gradualidad, además de que vamos salvando los derechos humanos de las propias personas, del propio personal judicial, se va dando en el sentido de que hay jubilaciones, hay renuncias, hay ascensos y en esa medida se van teniendo los nuevos cargos.

Esto ayuda a que, tanto la Constitución como los tratados internacionales, puedan salir bien librados y, sobre todo, la ciudadanía pueda sentir la seguridad de que sus juicios no son probablemente ya rezagados por la propia inexperiencia, ya por la propia carga de trabajo, sino que llevan una secuencia y creo que puede ser mucho más positivo.

No solamente como lo dije, salvando derechos constitucionales de las personas que a través del tiempo han ganado un lugar, un espacio, sino también de la propia ciudadanía, que se sentiría más tranquila, más confiable porque, además de todo, como lo dije anteriormente, teniendo un tribunal ya en donde se va a fiscalizar, en donde van a haber situaciones muy específicas en la conducta de las personas, considero que habrá mucho más espacio, más prudencia al realizar una sentencia.

Esa es una de las preguntas que me hicieron, que solicité el momento para contestar, y otra sería el ejemplo que decía la presidenta de Veracruz, el ejemplo de cómo ocurriría esa implementación de manera gradual en los tribunales locales.

Desde luego que en el momento en que ya tengamos la aprobación de la reforma, esto puede darse de manera inmediata y se tendrá que entrar a esa observación, ya sea a través de exámenes, ya sea a través de una elección –como se vaya a determinar– pero se puede ir también viendo de manera gradual en los nuevos, en los postulantes a jueces, a magistrados, en donde se pueda dar de manera inmediata y de manera gradual, vamos de manera gradual en cómo se vayan dando los espacios, de manera inmediata de cómo se vaya dando al día siguiente de que se apruebe esta reforma. Me parece que... ¿no sé si está contestada la pregunta? Muy bien. Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Gracias, magistrada.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Procedemos a la siguiente pregunta, recordando y suplicándoles que, por favor, se ajusten al tiempo de respuesta. Muchas gracias.

El ponente Raúl Juan Mendoza Unzón: Ampliando un poquito el tema sobre la gradualidad con la que debe de entrar la reforma en magistradas, magistrados y como fue un tema que traté yo también en mi exposición para la reflexión, nada más como unos puntos conceptuales que tengo aquí.

¿Qué pasaría si entrara todo así de golpe? Estaría en riesgo la utilización del presupuesto porque personas que pueden llegar sin desconocer cuál es la forma, el trámite que se tiene que dar para poderle dar toda la preparación, operación de un Poder Judicial, podría verse este ahora sí por el desconocimiento que pudiera traerse, sería grave.

Creo también que la inexperiencia que se pudiera traer así de golpe sería muy riesgosa por todos los asuntos que se estén en camino, tanto en salas como en juzgados y esto llevaría un retraso total de la aplicación de la justicia en ausencia y en perjuicio de los justiciables, la verdad. El desconocimiento de esos procesos sería fatal. El mal uso, como les decía, que se puede dar en los recursos humanos y materiales, la imposibilidad para la optimización del tiempo.

Entonces, ese es un, ampliando un poquito más a la pregunta que hizo aquí mi compañero magistrado Carlos Villegas, y entrando en ese tema de Carlos que nos hizo, qué vamos a entender con la carrera judicial, y creo que es algo muy importante y muy bonito, la verdad.

La carrera judicial es el sistema que nos optimiza la organización de nosotros mismos, qué hacemos integral, continua de las personas servidoras públicas que en los Poderes Judiciales locales vamos dando, le estamos dando ese tratamiento para que puedan ser capacitados, aprendan, concursen sus posiciones y a final de cuenta tengamos unos servidores públicos de excelencia.

Por eso ese fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y aptitudes, así como la evaluación que se hace desde su ingreso de ellos, así como van ellos escalando cada posición sus promociones, hace que la institución cada día se haga más grande, más fuerte y más concisa.

En unas palabras muy sencillas, la carrera judicial es un muy largo camino pero muy hermoso, la verdad, porque quienes se forman parte como servidores públicos judiciales les permite esa decisión de vida, de servirle al pueblo a través de la aplicación de la justicia. Ese es el amor al prójimo basado en la dedicación al estudio en la aplicación de la ley. Es lo que yo puedo decir de la carrera judicial.

Yo no soy de carrera judicial, hago la aclaración, sin embargo, el estar, tengo 12 años en el Poder Judicial, sin embargo, me he dado cuenta del espíritu y las ganas que tienen las personas que laboran ahí de ser cada día mejores. Por eso desde un inicio yo impulsé la carrera judicial.

Yo vengo de la carrera del servicio público también, no solamente en el Poder Judicial, pero me he dado cuenta que la gente del Poder Judicial es una gente muy trabajadora, se preocupa por estudiar y por cumplir su trabajo. Se devela, no importan los horarios, no importa a qué horas salen de trabajar, trabajan los fines de semana.

La verdad que es algo hermoso, como les dije, lo que es la carrera judicial y por eso esta reflexión les pido aquí, para que también lo vean legisladoras y legisladores. Muchas gracias y no sé si, Carlos, con eso queda la respuesta. Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, magistrado.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Seguiríamos con la respuesta a la pregunta que hizo el compañero de la Ibero, en cuanto a derechos indígenas. Senadora electa Ernestina, por favor.

La ponente Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias. De la Ibero Puebla, ¿verdad?, fue la pregunta. Comentarle, dentro de las iniciativas que envió el presidente el 5 de febrero, hay una iniciativa de la modificación del artículo 2 constitucional que tiene que ver con todo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Quiero decirles que es de las iniciativas más trabajadas, viene precedida de una consulta de un poco más de dos años en todo el país, con todas las comunidades. Por ahí vi a Irma, de hecho, que participó mucho en esta iniciativa, que es realmente la reivindicación histórica de los pueblos, que nadie les había hecho caso, que ni cuando los zapatistas hicieron la guerra al ejército mexicano en los Acuerdos de San Andrés, se quedaron ahí.

Ahora está ya en la Cámara de Diputados una iniciativa muy completa que tiene que ver con -entre otras cosas- el reconocimiento de sus sistemas jurídicos por usos y costumbres y abre la posibilidad incluso de la existencia de jueces especializados en materia indígena, con todo lo que significa la transversalidad, la interculturalidad, todo eso.

Así que, además, vamos a tratar de sacarla en el mes de septiembre. El 9 de agosto la va a dictaminar la Cámara, la va a dictaminar la Comisión de Puntos Constitucionales, que ese día, además, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y vamos a empezar a pagar esa deuda histórica que tenemos con los pueblos y los afromexicanos.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, senadora electa.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: La siguiente pregunta para contestar, por favor, el magistrado Guerra.

El ponente Rafael Guerra Álvarez: Gracias, muy amables por la pregunta sobre si es momento para reflexionar sobre la relación de la procuración de justicia con los tribunales. No es tanto esta oportunidad concretamente, sino más bien siempre lo tenemos que hacer, siempre lo hemos hecho, sabemos que vamos de la mano con la procuración de justicia y la administración de justicia.

La experiencia que puedo mencionar como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, ahora en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente en todo su gobierno, como tal, en un gabinete, incluyendo a la ahora, senadora señora Ernestina Godoy, que trabajamos conjuntamente la procuración y administración y esta reforma más que reflexión, pues mi oportunidad para ello, este, no, siempre la hemos tenido, la hemos manejado y yo creo que esto reafirma realmente, va a reafirmar ese trabajo conjunto que tuvimos.

Resultados que la propia doctora, siempre en su campaña, como para la Presidencia, siempre lo estuvo mencionando, lo estuvo reflexionando el éxito que tuvo esa relación y ese trabajo en conjunto y siempre con el respeto, el respeto indebido a la autonomía de cada una de las instituciones.

Entonces, sí hay esa reflexión y yo la agregaría más bien, yo creo que esta reflexión de esta reforma que vamos a tener en este sentido, yo le daría la reflexión, más bien a qué vamos a totalmente erradicar la corrupción en todos los ámbitos de la administración y procuración de justicia, yo creo que esa es la oportunidad que tenemos en esta reforma. Muy amables para todos, gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, estimado magistrado presidente Rafael Guerra.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Damos parte a la segunda parte de la ronda de preguntas. Esta es exclusivamente para las y los legisladores previamente registrados en la lista que se acordó y les recordamos, es para hacer preguntas no es para hacer posicionamiento. Por favor, se les recuerda que se les suplica que respeten el tiempo de las preguntas, llevamos el programa un poquito retrasado y no queremos que se pueda extender esto un poco más de lo que ya llevamos.

Raymundo Atanacio, diputado, me ayudas por favor con la primera en la lista. Bueno. El Partido Revolucionario Institucional ha cedido su participación a una integrante de Acción Nacional, la diputada Carolina Beauregard va a hacer la pregunta, le pido que pase al pódium y que sea puntual a quien dirige su pregunta. Y por favor, de respetar el tiempo, gracias.

La diputada Carolina Beauregard Martínez: Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a los integrantes del presídium, a los trabajadores del Poder Judicial local y federal aquí presentes, a los medios de comunicación y al público en general. México, está sediento de justicia y esta reforma está lejos de ser lo que nuestro país necesita.

Hoy me dirijo a ustedes con profunda preocupación ante esta iniciativa de reforma que es el camino más corto y más seguro hacia el autoritarismo. Es un cambio de régimen que acabaría con la independencia del Poder Judicial y, por ende, con el Estado de derecho, la democracia y la división de poderes.

Pero, antes de dar por hecho esta iniciativa, hay que advertir que hoy el oficialismo no cuenta con los votos en el Senado para aprobar esta reforma: les faltan tres senadores. Y desde Acción Nacional estaremos pendientes y vigilantes que no obtengan a la mala lo que los votos no les dieron en las urnas.

En ningún país democrático del mundo eligen por voto popular a los jueces, magistrados y ministros. Además, es falso que el ciudadano vaya a votar directamente: se votarán listas, listas propuestas por los poderes y, en su mayoría, dominadas por Morena.

Un juez es un cargo técnico que evalúa si un acto se adecúa o no a la ley, donde no cabe de por medio el voto de la mayoría. La verdad y el bien no se votan. Lo que está mal, está mal, aunque sea votado por la mayoría.

Que quede claro: en Acción Nacional estamos a favor de una reforma al Poder Judicial. Estamos a favor de una reforma integral que resuelva de fondo el grave problema de impunidad que padecemos, donde solo cuatro de cada 100 delitos son investigados y que, además, ha empeorado en este sexenio.

Que la reforma incluya a las fiscalías estatales, las policías, los ministerios públicos, las defensorías públicas y el sistema penitenciario, que son los grandes obstáculos para que el ciudadano tenga acceso a una justicia pronta y expedita.

La independencia judicial está protegida por tratados internacionales. No es un privilegio ni un capricho. Constituye una garantía indispensable para que los ciudadanos podamos acceder a una justicia imparcial, sin injerencias indebidas de otros poderes o intereses fácticos como el crimen organizado.

¿Acaso no ven el peligro que entraña terminar con la carrera judicial basada en méritos y abrir las puertas a nombramientos por compadrazgos políticos? Para vivir en democracia se necesitan demócratas y hoy sobran políticos que solo... que nada más piensan en su beneficio personal y no en el bien de México y las futuras generaciones.

Ojalá estos foros no sean una mera simulación porque en seis años hemos visto infinidad de parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados y al final no se le ha cambiado ni una coma a una iniciativa del presidente.

Esta reforma judicial no mejorará la impartición de justicia en México, no es su objetivo, es una burda venganza al único poder que no se plegó. Al contrario, esta reforma como está planteada politiza y partidista la justicia.

Ni las victorias ni las derrotas son para siempre y no se puede legislar pensando que siempre se estará en el poder, por eso las instituciones deben responder a la ley, no a los caprichos del poder en turno. Y concluyo y formulo mi pregunta para el magistrado José Faustino.

Y le pregunto: ¿qué va a pasar con los asuntos en trámite en cada uno de los tribunales locales?, ¿si habrá que esperar a que sean electos los funcionarios del Poder Judicial para darle seguimiento? Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la diputada Fátima Cruz Peláez. Por favor, diputada.

La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez: Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Puebla, es un gusto recibir estos diálogos nacionales de tan relevancia para la reforma judicial.

Y pues bueno, es conocido públicamente que quienes padecen de la falta de justicia en nuestro país son los sectores económicamente más necesitados y socialmente más olvidados. Y desde la Comisión de Pueblos Originarios, como integrante, me corresponde preguntar independientemente que sabemos que trabajaremos en la reforma que el presidente Andrés Manuel turnó para darle más acceso a los pueblos originarios.

¿De qué forma considera que la reforma al sistema judicial va a mejorar el acceso a la justicia a los grupos sociales más vulnerables y más necesitados, específicamente de los pueblos originarios? ¿Y cómo será su inclusión hacia con ellos?

Y también una última pregunta: ¿podría explicar la importancia que tiene la participación ciudadana al acceso pronto y expedito a la justicia y la forma más democrática y más equitativa de elegir a los juzgadores? Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, diputada Cruz Peláez.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Por favor, si puede pasar el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el diputado Braulio López.

El diputado Braulio López Ochoa Mijares: Buenas tardes a todas, a todos. Saludo con aprecio a los integrantes del presídium. Agradezco a las y los ponentes por sus ideas, por sus argumentos. Saludo a los integrantes de los poderes judiciales locales y federales que nos acompañan y a mis compañeros y compañeras legisladores.

La reforma al Poder Judicial, Movimiento Ciudadano lo ha dicho: Estamos a favor de una reforma al Poder Judicial, si y solo si la reforma fortalece al Poder Judicial; y por eso entendemos que ayude a la autonomía del Poder Judicial en su funcionamiento, una autonomía del poder económico y del poder político.

No estamos a favor de una reforma al Poder Judicial que tenga como efecto debilitar a un Poder de la república. También lo decimos, lo hemos dicho en varias ocasiones: Estamos a favor de una reforma integral. Si queremos resolver el sistema de justicia en México, que genera más de un 90 % de impunidad, pasa por entender el problema de una manera más integral, es decir, pensar, justo, en las defensorías, pensar en las fiscalías, en las policías, en el ejercicio de la profesión de abogacía y en el sistema penitenciario.

Las preguntas son... porque se hace un diagnóstico, justo, de que hay corrupción en el Poder Judicial, de que hay impunidad en el Poder Judicial, y creo que nadie podría negarlo; pero las preguntas son: Si estas reformas, con ese diagnóstico, logra jueces y juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial más preparados, más honestos, más diligentes, incorruptibles y suficientes.

Si una reforma como la que se presenta en la iniciativa nos presenta un sistema de justicia más eficiente, más transparente, más justo, sin corrupción y sin impunidad. Hemos escuchado en varios foros, en varios puntos de opinión pública, que hay varias dudas de que esto se logre, y pues veremos, justo, en el dictamen que se propondrá porque, recordemos, se presentó una iniciativa, hay un proceso y veremos en el dictamen cuánto de esto se resuelve, cuánto de estas dudas, cuánto de estos argumentos se retoman.

Dejar en claro que estos diálogos no sean diálogos de la simulación porque sí se escuchó, porque sí se modificó, porque sí se mejoró una propuesta inicial, y también que se hizo con respeto, justo, a los integrantes y las integrantes del Poder Judicial Federal.

Movimiento Ciudadano, desde la reforma que se propuso durante esta administración del 2021, propuso la separación de la titularidad de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y de la del Consejo de la Judicatura Federal y en ese momento no se nos hizo caso, no se quiso modificar justo lo que había ahí y se movieron pocas cosas de la iniciativa presentada.

Voy a las preguntas, preguntas muy puntuales. Primero, para el magistrado Rafael Guerra. Magistrado, ¿qué alcance con la iniciativa que está, porque puesto que no hay un dictamen aún, qué alcance le ve a la libertad configurativa de los estados, sobre todo, identifico yo el tema de la remoción de todo el Poder, bueno de los jueces y magistrados, después de la elección que están en funciones? Si queda la iniciativa cómo está, ¿qué pasaría en los Poderes Judiciales locales, cree que esto impactaría?, ¿si sí y si no, y si esto debería modificarse en su redacción para efectos de que eso no suceda o que suceda dependiendo de sus apreciaciones?

Segunda pregunta, en tema de fortalecimiento al Poder Judicial local, ¿no debiéramos ya desde la reforma constitucional establecer ciertos mandatos específicos y me refiero a que se defina que tenga que haber un presupuesto mínimo en cada estado de la República para garantizar independencia de los Poderes Judiciales locales?, y también, ¿sí deberíamos establecer un mandato también de un número de jueces mínimo?, se ha dicho aquí por varios ponentes que hay menos jueces de lo que un estado requiere y si esto pudiera establecerse ya como un mandato desde la reforma que se propone.

Una tercera pregunta es, sí ve usted una dificultad justo en este tránsito, en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene como límite el 2027, entonces, ¿sí justo en este esquema de gradualidad que usted mencionó debiéramos meterlo en esta lógica y debiera ser post 2027 o cómo vería usted ese tema?

Cuarta pregunta, la escuela judicial, ¿sí ve posible que los Poderes Judiciales locales vieran como una coordinación con la escuela nacional, digamos, que haya una escuela nacional que opere justo en la preparación de todos los funcionarios del Poder Judicial, desde un esquema más centralizado y en coordinación con los estados siempre respetando justo la dinámica federal de nuestro país?

Quinta pregunta, porque me pareció interesante que propone que el 50 % deben provenir de la carrera judicial. Preguntarle, respecto al 50 % que no, ¿cómo cree usted que se puede garantizar la competencia para el ejercicio del cargo, la profesionalización? Habló usted de un curso, preguntarle, ¿si ese curso es previo a que la persona sea candidata a estos puestos o si es posterior a su elección? Si es en el caso de lo segundo, ¿por qué cree que sería suficiente un curso para poder ser juez o magistrado o magistrada en este país?

Para José Faustino Arango, mencionó usted que la elección no es el mecanismo idóneo, que nos podría llevar a más problemas de los que hoy tiene el Poder Judicial. Se ha hablado para cuidar justo la formación de quienes ocupen estos cargos, que primero se haga un examen de oposición y después la elección puede ser un esquema de ratificación.

Preguntarle, en este contexto, en estas posibilidades, y discutir realmente el tema de la carrera judicial y el sistema de justicia, porque una pregunta seria, digamos, creo que... si justo la carrera judicial, un examen para poder ser juez o magistrado, son mecanismos, si estos son mecanismos más democráticos para el acceso de la disputa a cargos, como ocurre hoy en el Ejecutivo y el Legislativo.

Si hay más secretarios y jueces hoy producto del trabajo, del esfuerzo y la democracia que legisladores o gobernadores en este país por el mecanismo de carrera judicial.

Si una persona nacida en condiciones de pobreza, por ejemplo, hoy en México tiene más posibilidad de ser juez o de ser legislador o como está hecho el esquema de elección o como está el esquema de la carrera judicial. Esto porque también creo que tenemos que darle justicia social, el acceso a estos cargos. Perdón, rapidísimo, nada más que fueron muy interesantes, la verdad, las participaciones.

Para Susana Camacho, preguntas respecto a los juzgados populares. ¿Para qué materias y en qué contextos están pensando? Y también habló de distinguir entre Poder Judicial, federales y locales para efectos de elección popular. Si podría ahondar en esto, ¿por qué cree que tenemos que hacer esta diferenciación y qué implicaría?

Por último, para la senadora electa, Ernestina Godoy, preguntarle, senadora electa, respecto, usted mencionó que la necesidad de una reforma integral, ¿por qué no hacerlo de una vez? Me refiero, porque justo...

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Si es tan amable, diputado, de concluir, por favor.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Claro que sí. Una disculpa, de verdad, por la extensión. La verdad sí fueron ponencias muy interesantes.

Pero el tema es, ¿por qué no abordar desde hoy, desde este momento, empezar a hablar ya de las defensorías de oficio, hablar realmente las fiscalías? Porque aparte, desde la comisión lo que se establecieron, los últimos foros, van ligados a estos temas.

Entonces, por qué no abordar desde ahí, porque qué creo que puede suceder, que ante esta decisión...

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Concluya, diputado.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: ... ya concluyo. Ante esta propuesta, perdón, de nada más modificar la justicia y si no se cumple con las expectativas de la gente, si esto puede tener un efecto contraproducente con una reforma que se busca en estas condiciones. Muchas gracias y perdón por extenderme en el tiempo, agradezco a todos, el respeto.

El moderador diputado Raymundo Atanacio Luna: Continuamos con la diputada federal Olimpia Tamara, del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, diputada, formular su pregunta.

La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández: Muchas gracias. Primero, quiero agradecer a todos en el Presídium, ha sido una excelente participación de todas y de todos. Y yo pregunto a todas y a todos, ¿dónde está la paridad? ¿Dónde en el Poder Judicial aparece la paridad? Y de qué manera las mujeres hoy en día, sí, abogadas, que tienen gran capacidad y que han participado de manera eficiente y eficaz en cada uno de sus encargos, ¿dónde están?, ¿por qué no participan?

¿Por qué no aperturarnos a una iniciativa que dice que todas y todos somos iguales? Y si un abogado que ha hecho un esfuerzo por tener un titulo profesional, al cual sus padres tuvieron también o le brindaron la oportunidad de llegar, accesar a esa educación y se han preparado constantemente, ¿por qué no brindarles la oportunidad de representar dignamente un Poder que conforma a la federación?

Precisamente por ello, primero el Poder Judicial, porque está compuesto de tres Poderes esta forma de gobierno y uno de ellos no ha querido participar en esta nueva forma de gobierno. Es por ello que les pregunto, ¿y dónde están las mujeres y quién las cuida hoy en día? Muchas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias por su pregunta, diputada Olimpia Tamara.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Le cedemos el micrófono a mi compañero diputado, que lleva la representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que también es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Humberto Aguilar Coronado. Les recordamos que tienen tres minutos para hacer la pregunta. Muchísimas gracias.

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: Buenas tardes. Saludo con respeto al Presídium, a mis compañeras y compañeros legisladores y, por supuesto, a todos los asistentes a este foro. Fíjense que, entre otros, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha advertido el riesgo de que el Poder Judicial sea capturado políticamente en caso de prosperar esta reforma que implicaría un alto riesgo a las reglas de acceso y ejercicio de la función judicial.

En palabras de los investigadores, la reforma representa una reformulación significativa a la división de Poderes, una refundación de los poderes judiciales del país y, por supuesto, un cambio estructural. Hay quien afirma que el daño que esta iniciativa puede causar a los Poderes Judiciales del Estado mexicano puede ser mayúsculo. Hay que estar atentos.

La reforma generaría la pérdida de todo ese capital humano que han sido los constructores de los avances en materia de impartición de justicia y el desarrollo de la práctica judicial de protección de derechos humanos. Para las mujeres, por ejemplo, ahora que lo tocó la diputada de Morena, generaría un golpe fulminante a esa lucha por la paridad de género, porque, aunque se prevé que la elección de los perfiles postulantes debe respetar ese criterio, lo cierto es que el mecanismo de elección popular propuesto no contiene mecanismos para garantizar la integración paritaria del Poder Judicial.

Hoy que las mujeres que están alcanzando condiciones de igualdad nunca vistas en la historia del poder público en México, la reforma puede significar un retroceso catastrófico en la forma de integrar los Poderes Judiciales en todo el país.

A cualquiera de las ponentes me gustaría escuchar su opinión con respecto a este tema. El problema más delicado y preocupante que se desprende de la propuesta, tiene que ver con la garantía de independencia de los Poderes Judiciales.

¿Cómo puede garantizarse la actuación imparcial de funcionarios judiciales electos popularmente para preservar los derechos humanos de las minorías cuando van a representar a la mayoría en las urnas?

Hay muchos temas que hay que tratar y para eso se supone que fueron estos foros. Pero los problemas centrales que se derivan de la propuesta de reforma con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, es el modelo de plazos de resolución y sanciones por su incumplimiento.

Esta iniciativa propone que el plazo máximo de resolución de los asuntos sea de seis meses, y este criterio no cumple con los parámetros del sistema internacional. No considera ninguna complejidad de distintos tipos de asuntos judiciales. No justifica la razonabilidad del término, en fin, al final parece que hay que ver la peligrosidad de que la reforma no proponga un régimen gradual de implementación, ni a nivel federal, ni a nivel local. Yo esperaría, de verdad, conocer esa propuesta de gradualidad de la que comentó la senadora electa, para verlo, en fin.

Falta muy poco, muy poco tiempo, para saber si sirvieron de algo estos diálogos nacionales, porque deben saber que el día de ayer ya se filtró la información que estamos convocados el primero de agosto para instalarnos en sesión permanente los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí es donde vamos a ver, efectivamente, si sirvieron de algo las aportaciones –ya terminé, diputado.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, diputado.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Es un gusto recibir y presentar, del Partido del Trabajo, al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, compañero y extraordinario tribuno.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, siempre a la izquierda aunque te tardes un poquito más en llegar. Un maratón que ha sido, así es que reconozco a las personas ponentes sus extraordinarias aportaciones, un reconocimiento a todo el personal, todas las integrantes, personas integrantes del Poder Judicial, poderes judiciales locales y federal.

Dicho lo anterior, solo haré 365 preguntas, una por cada día del año, les pido su tolerancia y paciencia. No. A ver, quiero insistir en mi respeto, porque lo que voy a plantear va a sonar duro, pero es así. El gobernador Armenta, el gobernador electo y la senadora Godoy, senadora electa Godoy, Ernestina Godoy, leyeron textualmente el artículo 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo, que todos los poderes públicos dimanan de este y que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar su forma de gobierno y la forma de sus instituciones, es obvio decirlo.

¿Por qué les sorprende tanto entonces que el 2 de junio el pueblo hizo una determinación de que el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo mismo? Pues eso no está a discusión o es más lejos. Hay muchísima gente valiosa en el Poder Judicial, sin duda, pero fueron juzgados y sentenciados. Y el pueblo dijo: se debe elegir por el voto universal, secreto y directo al Poder Judicial.

La próxima semana, el 30 de julio, apenas en la Cámara de Diputados vamos a discutir este tema, pero ha salido en todos los foros, como no fue la excepción aquí. Y por ello yo doy esta respuesta categórica, no es que no hagamos caso a lo que se dice, es que hay un mandato popular. Y en 2025 se va a elegir al Poder Judicial por el voto del pueblo. Puede ser gradual, ¿sí?, se está estudiando, sí, puede ser.

Se habla de los derechos de las personas juzgadoras, el 11 de octubre del 2009, quien usurpaba la Presidencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, mandó a la calle a 43 mil trabajadoras, mujeres y hombres, trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. No escuché, lo digo con mucho respeto, a una sola persona del Poder Judicial que levantara su voz frente a semejante infamia, a una sola persona que dijera no puedo creer que, de 43 mil trabajadores, mujeres y hombres, no se salve uno solo, no haya uno solo que haya hecho bien su tarea, no haya uno solo que no sea honesto, nadie.

No solo eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó justicia a esos trabajadores y los mandó a la calle. Tenían un contrato colectivo, tenían derechos ganados, tenían una trayectoria. No importó nada, absolutamente nada. Qué fuerte. El que a hierro muere, el que a hierro mata a hierro muere.

Mérito se plantean aquí. Sí, se reconocen, pueden ir a la elección, van a ser electas muchas de las personas juzgadoras, muchas de las personas juzgadoras. De lo anterior fue de la Suprema Corte, eh, no estaba hablando de todo el Poder Judicial.

Pero por qué no me permito una sugerencia. En vez de hablar de que todo el mérito que han hecho a través de la carrera judicial le presentan al pueblo sus resoluciones para que el pueblo diga esta persona juzgadora debe ser elegida, debe mantenerse en el cargo de juez, de magistrado, de ministro, ministra de la Suprema Corte, porque es lo que acredita la tarea que se ha realizado, el servicio que se ha hecho al pueblo, la justicia que se ha impartido, el mérito también cuenta, pero creo que tiene una ponderación diferente.

Finalmente, no va a haber paridad sin la elección de las personas juzgadoras. Es falso que si se elige... Al contrario, eso garantizará... Hoy las personas mujeres jueces, 37.1. En magistradas, 23.6. Es el único poder de la república que no tiene paridad de género. El Legislativo lo tiene, el Ejecutivo es unipersonal, pero su gabinete es paritario.

Y la pregunta. Por qué le regatean al pueblo el derecho a elegir a los integrantes del Poder Judicial, si eso dice el artículo 39 constitucional, y eso se llama democracia. Muchas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Procedemos a la parte de respuestas por parte de nuestros ponentes, conforme al orden de las participaciones de los legisladores, por favor. Gracias.

El ponente José Faustino Arango Escámez: Buenas tardes de nuevo. Como voy a abordar dos preguntas, creo que tendría el doble de tiempo. En cuanto a la primera pregunta de la legisladora, que me realizó, en cuanto a qué pasaría con los asuntos en trámites, de aprobarse la reforma en los términos presentados, digamos, de golpe. En principio, mi respuesta sería que... como no soy yo el encargado de implementar la posible reforma que se aprobara eventualmente en sus términos, desconozco qué plan se tenga para hacer la transición de los asuntos en trámites.

Ahora, como dije en mi intervención respetuosamente, yo no comparto algunos ejes de la reforma como está presentada, en sus términos. Y en esa medida, al considerar yo viable, por las razones que ya me permití expresar, la elección popular de juzgadores, no tendría yo un plan como tal de qué pasaría con los asuntos.

Ahora, para tratar de ser exhaustivo en la respuesta. Qué pienso yo que se debería de hacer, o qué pienso yo que podría traer problemáticas en cuanto a que se aprobara la reforma en estos términos. Me parece que sí traería diversas problemáticas si fuese aprobada tal cual está presentada, en cuanto a los asuntos en trámites, que es la pregunta de la legisladora.

Creo que habría un considerable retraso adicional a los tiempos procesales. Creo que también que habría un desconocimiento de los operadores, dependiendo de quiénes fueran los nuevos titulares o los nuevos juzgadores, juzgadoras, que podría traer también unos retrasos adicionales. Creo, con independencia de la capacitación que pudieran tener los nuevos juzgadores o juzgadoras, al final de cuentas no conocerían el estado procesal de los asuntos que ya se vienen tramitando en los propios tribunales. Adicionalmente a esto considero que, si se diera de golpe, también afectaría a los impedimentos y las excusas que podría haber en los nuevos juzgadores y juzgadoras.

En fin, creo que hay una serie de problemáticas que podrían realizarse, sin embargo, como dije, desconozco cuál será el plan que se pretende implementar en caso de que fuera la reforma aprobada en sus términos y fuera aterrizada materialmente, digamos coloquialmente, de golpe.

En la segunda pregunta, que me pareció también muy interesante del legislador, en cuanto a que, si puede ser más democrático actualmente el acceso a la carrera judicial, decía el legislador, de gente digamos con menos recursos económicos que con el sistema de elección popular, mi respuesta enfática y categóricamente diría que sí sería mucho más democrático a través de un sistema de carrera judicial. Creo que lo expresé en mi intervención, denota mi postura sobre el fortalecimiento de la carrera judicial.

Creo que, si cualquier persona puede ser elegible a aspirar a ascensos y a categorías en un esquema de carrera judicial con peldaños establecidos, con etapas, con exámenes, con diversos requisitos previamente y transparentemente conocidos, ya ahí hay un principio democrático de acceso.

Creo que sería mucho más difícil para alguien de escasos recursos, digamos, acceder por elección popular por diversas barreras que pudieran presentarse. Ahora, aprovechando la pregunta del legislador, quisiera también abonar en que la carrera judicial no es solo una decisión de vida, una vocación de servicio o un proyecto profesional. Creo también que es la garantía de que la sociedad tenga juzgadores capacitados y juzgadores capacitadas, profesionales de mayor excelencia posible.

Yo entré al Poder Judicial, como dije, en 2001, hace 23 años. Obviamente en esa fecha ya era licenciado en derecho, pude haber sido, bajo el nuevo sistema que se pretende instaurar, pude haber sido electo como juez solo por ser licenciado en derecho. Dudo mucho que en 2001 yo tuviera la capacitación, el profesionalismo y las herramientas que tengo ahora para ser un juez federal. Sin embargo, podría haberlo sido en 2001, cuando tal no tendría, digamos que la profesionalización suficiente.

Mi padre, como comenté, era médico y –voy a traer una analogía para terminar y concluir– él me decía, él es ginecólogo y me decía: bueno, si se va a votar a jueces y magistrados locales o federales solo por ser licenciados en derecho, entonces sería tanto como decirle a un médico general con su título de médico que a partir de tal momento ya va a ser cardiólogo, ya va a ser cirujano plástico, y cuando le lleguen los asuntos de cirugías de corazón abierto y no sepa cómo aplicar la cardiología porque no está capacitado en esa especialidad, solamente porque ya es médico general.

Yo creo que la carrera judicial no solo es un tema de años de experiencia o años de servicio, sino la carrera judicial se va formando en, digamos, la educación interna de la judicatura que puede tener un ser humano, no solo como profesional del derecho, sino también en otro tipo de virtudes judiciales como la prudencia, la templanza, la firmeza de criterio, muchos temas.

Entonces, concluyo, creo yo que sí es cierto que el pueblo es el que decide y el pueblo es el que tiene, digamos, el derecho a decidir todas las formas de gobierno e incluyo las instituciones, pero también pienso que el pueblo merece jueces profesionales, jueces excelentes, jueces independientes y eso creo que no se logra a través de la elección popular. Lo digo respetuosamente, sin ánimo de disentir solo por disentir, sino por las razones que ya me he permitido expresar.

También pienso que las votaciones que se llevaron a cabo en su momento, que deben respetarse y se respetan, se votó por elegir ciertos, digamos, jefes de gobierno, gobernadores, presidenta de la República y adicionalmente legisladoras y legisladores, pero no veo que se haya votado en las urnas en esa fecha la reforma judicial en los términos presentados. Gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Gracias, magistrado. Procedemos a la respuesta de la pregunta de la diputada Fatima Cruz Peláez. Sobre el papel de las mujeres en el Poder Judicial, la paridad. ¿Quién gusta hacer la respuesta? Bueno, parece que nuestro compañero diputado Gerardo Fernández Noroña fue quien se encargó de contestar esa pregunta.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Vamos entonces a las respuestas de las preguntas del coordinador de Movimiento Ciudadano, de Braulio Luna, por favor, para el magistrado Guerra.

El ponente Rafael Guerra Álvarez: Gracias, muy amable por las preguntas en este sentido y las voy a utilizar, se lo digo de esta forma, vamos a utilizar sus preguntas en este sentido. Precisamente la forma en que estamos haciendo la propuesta de su servidor de la Conatrib, precisamente reafirma sus preguntas, que debe de ser de esa forma que lo estamos haciendo, ¿por qué?, por la experiencia que tenemos nosotros, una experiencia de 30 años y si le sumamos de todos los presidentes le aseguro que no hay un presidente del Tribunal o un juez o un magistrado que no tenga mínimo 15 años de juzgador en cualquier ámbito que tenga.

Entonces por esa razón se hace esa propuesta y lo va a utilizar, si hay impacto, no habría impacto si realmente se admite esa propuesta que estamos haciendo, esa gradualidad que estamos pidiendo precisamente para evitar ese colapso que se habla que puede haber.

Claro que lo puede haber, definitivamente, pero si llevamos a cabo esa gradualidad con los nuevos teniendo la experiencia de los estamos nombrados, me incluyo, estamos nombrados, vamos a ir adelante, vamos a ir adelante con ese tema. Sí hay impacto, claro que sí, hay un impacto si se manejara de esta forma imponerla inmediatamente.

Presupuesto, claro que sí. Todos nosotros necesitamos dinero, presupuesto para que la justicia sea de calidad, sea eficaz, que lo tengamos.

Quiero decirle que cuando estuvo la ministra Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación se impulsó una reforma donde había un presupuesto mínimo para todos los tribunales y esa salió de la Conatrib precisamente, una comisión, y está arriba, por no sé cómo decirlo, del punto de vista legislativo.

Esta reforma está propuesta en el Senado de la República, falta analizarla, votarla, todo lo que tengan que hacer. Sí necesitamos y pedimos un tanto por ciento del presupuesto general del gobierno para que se dote a nosotros como presupuesto, que agradecería más que suficiente. Y estamos pidiendo lo estrictamente necesario para llevarlo.

Dificultad para la implementación. Igual, también, lo mismo. Hay que llevar a cabo esa reforma como lo hacemos, gradual, como se está pidiendo para que los nuevos vayan adecuándose, se vayan sensibilizando, vayan entendiendo qué es la implementación.

Que como comercial voy a decirlo de aquí delante de ustedes, la Conatrib elaboró, surgió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ese documento fue elaborado por todos los magistrados y jueces de todos y cada uno de los estados de la venta. Entonces, está manejado en ese sentido. Si lo necesitamos, claro que sí se nos dificultaría, pero sí lo tenemos manejado en ese sentido.

Y algo que quiero decir también, ¿qué nos va a dar de beneficio la implementación que va de la mano con la reforma judicial? Se habla mucho de la corrupción, se habla mucho de cuestiones. Con esa reforma, con la oralidad que se van a manejar en los juicios civiles y familiares, como ha sido en materia penal, se erradica totalmente la corrupción.

¿Por qué? Porque los juicios ya son en presencia de las partes, ya no hay comunicación con las partes, no hay previa comunicación del asunto. Se resuelve en el momento, en frente de las personas, de los abogados, de las víctimas, de los ofendidos, de las partes. Y en ese momento el juez lo está resolviendo, cuando el juez apenas está conociendo el caso.

Entonces, las escuelas nacionales. Todos tenemos escuelas nacionales, todos los tribunales, para capacitar a nuestro propio personal y al personal que tenemos, no tenemos ningún problema en ese sentido. En relación de la carrera judicial 50 %, pues, ¿por qué lo propongo? Porque precisamente vamos a preparar a los que vienen. Vamos a preparar, imagínense, una sala cualquiera, una sala penal civil que se conforme de tres magistrados, los tres nuevos. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque yo creo que la resolución que se vaya a emitir va a ser totalmente... Después todos vamos a dejarlo de esta forma.

¿Qué necesitamos? 50 % de calidad judicial para el que llegue, está bien, ya nuevo, electo, pero que vaya capacitándose, vaya entendiendo en ese sentido. Por eso pido esos 50 %.

Alguien habló también de la paridad. Se ha cuidado muchísimo la paridad, la estoy proponiendo también que el concurso sea también solamente para mujeres en un momento dado, para que ellas se aparenten. La preparación de los jueces debe ser previa, pero previa me refiero a tomar el cargo, no previa a la elección, porque imagínense preparar cinco mil aspirantes antes de concursar, va a estar muy difícil.

Entonces, más bien, los que ya resultaron electos, antes de tomar el cargo: -Oye, ven, te vamos a preparar para esto, para juicios, cursos que tenemos-, vamos a decirlo de esta forma, casi todos los tenemos. Tenemos cursos de preparación para jueces que por lo regular dura un año, curso de preparación para jueces y eso ya son temas que ya están electos, eso es lo que se está proponiendo. Salió electo usted, antes de tomar el cargo, se me va usted a prepararse a su curso. Esas son las respuestas en ese sentido. Gracias, muy amable.

La ponente Susana Gabriela Camacho Maciel: Muy brevemente para responder a la pregunta sobre el tema de jurados. Desde lo que hemos estudiado en el colectivo, para empezar, creo que vale más la pena mirar a experiencias latinoamericanas que a la de Estados Unidos, que tiene una tradición jurídicamente completa, muy diferente ¿no?

En ese sentido, por ejemplo, mirar el caso de Argentina creo que podría ser bastante útil, ahí lo tienen limitado y, sobre todo, es utilizado para, justo, en los estados, en las provincias argentinas, digo, creo que, en ese sentido, también Argentina, pues es más parecido a México porque tiene sistema federal para los casos más relevantes.

De lo que hemos estudiado y propuesto como a nivel de categoría general es, por ejemplo, llevar a jurado, cuando menos en materia penal, lo que tenga que ver con aquellos que no admiten suspensión condicional. A nivel federal, me parece que tendría que ser otra la lógica aquí la propuesta, pero pues sí también tenemos que estudiar más a fondo, pero podrían ser, por ejemplo, casos relevantes de corrupción ¿no? Donde nos interesa a todas, a todos, como ciudadanas, como ciudadanos ver cómo se dirimen estos casos.

Ahora no hay que olvidar que los jurados son una mezcla entre participación de un juez que lleva la Presidencia de Tribunal, del caso y participa con jurados que valoran las pruebas, pero al final del día quien emite la sentencia es el juez.

En términos de participación ciudadana, creo y coincido con el magistrado Guerra, que la oralidad nos da un elemento muy importante de participación, que, si se pudiera ampliar al mayor número de materias posibles, incluida la federal, es decir, al amparo y a lo que se dirime en la Suprema Corte de Justicia, creo que también nos abriría una puerta de transparencia y participación ciudadana.

En términos generales, lo que desde el colectivo les proponemos es, reservar, si es que es posible, aunque creo que esa discusión no se va a dar, pero poder darse el tiempo de discutir muy, muy a fondo el artículo 116 constitucional.

Si en este momento se quisiera apoyar todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial federal, pues, vemos que es lo que ha generado más interés, más preocupación por los problemas que representa, pero dejar la discusión del 116 para después porque creo que también, y por lo que he escuchado, toda esta preocupación en torno a lo que costaría la elección de todos los jueces estatales de todas las materias, pues, va a implicar un gasto sumamente importante que, pues, por lo que aquí se ha dicho, por lo que se ha mencionado por parte de los presidentes de los tribunales, jueces, juezas, consejeros, consejeras, que trabajan a nivel estatal, pues que ese recurso, más bien, se invierta en fortalecer a los Poderes Judiciales estatales.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Muchísimas gracias.

El moderador diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas: Y vamos a cerrar esta ronda de respuestas con la senadora electa Ernestina Godoy Ramos.

La ponente Ernestina Godoy Ramos: Rapidísimo. Muchas gracias. A ver, nos preguntan por qué no una reforma integral como lo habían comentado. Bueno, estamos viendo la dificultad de la reforma al Poder Judicial, que este es un... el poder ve todos los temas de justicia.

Cuando me dicen: fiscalías y ministerios públicos y fiscales, estamos hablando de una materia. Sí, probablemente la más complicada, la más fuerte, que es la materia penal, pero es una materia. Vámonos... vámonos, lo dije en mi intervención, vámonos por pasos. Es toda la justicia, todas las materias, todo lo que tiene que ver con los Poderes Judiciales tanto federal como local.

Sí está previsto el tema de la paridad de género. No es... no solamente en relación a las posibles candidaturas, sino se está buscando, ahí nos lo dirán al momento los legisladores, la manera en que no solo sean las propuestas, sino los nombramientos: que haya paridad por fin en el Poder Judicial, que de verdad por ahí traía unos datos de la paridad en los tribunales locales... en los federales... dio algunos datos Gerardo... pero en los locales hay realmente situaciones en algunos estados donde es francamente minoritaria la participación de las mujeres tanto en juezas como en magistradas. Esta vez va a garantizarse el tema de la paridad de género.

Dicen: es que van a perder independencia los poderes judiciales. Miren, se está renunciando por parte de la presidenta ahora, de la enorme facultad que tiene todavía de proponer ministros, por ejemplo. Vimos lo que pasó en el último nombramiento de ministros, donde el presidente nombró directamente a una ministra.

Si se quisiera apoderar el partido en el poder del Poder Judicial, seguirían con eso como se apoderaron en otros momentos otros partidos. Aquí ahora es que se renuncia a esa gran facultad para darle verdaderamente independencia a los jueces, independencia a los ministros y que su legitimidad no venga de que lo propuso el presidente o lo apoyó un partido en el Senado, es que le venga la legitimidad de la gente.

Yo esperaría ministros, ministras, jueces, magistradas, con la arrogancia y la humildad de dictar resoluciones en contra de quienes tengan que evitar los poderes económicos, poderes políticos, sino en justicia y se tendría la legitimidad para hacerlo. No le deberán el cargo a nadie, así que no hay mejor manera, me parece que viene una verdadera independencia.

Miren, efectivamente hay que dotar después de esto, no es que ya se resuelve esto y se publica en equis día de septiembre la reforma y ya todo se resolvió. Empieza realmente un proceso que nos involucra a todos, sobre todo, a los que estamos en el tema de derecho y demás.

Que los jueces hablaron de los términos procesales, dijeron: cómo es posible que le estén dando plazos a los jueces para el tema fiscal o para el tema penal cuando hay una serie de imponderables. Sí, ahí tenemos que trabajar leyes secundarias que les permitan darles herramientas a los juzgadores, que les permitan que efectivamente sean más ágiles.

Miren, acaba de suceder, ya lo dijeron, ... la reforma, ya tenemos un Código de Procedimientos Civiles que nos dijo el presidente de la Ciudad de México. Bueno, en esa hubo consenso para quitar una serie de recursos, que lo que estaban provocando es un alargamiento de los juicios de manera legal y los jueces no podían hacer otra que aceptar que hay una impugnación y otra impugnación y una más.

Este es un buen ejemplo de cómo a través de leyes secundarias y sin menoscabar la defensa, el derecho de audiencia, se pueden evitar esos alargamientos. Hay que seguir trabajando en la modificación de las leyes secundarias; y miren, oigo mucho... A veces los abogados somos muy arrogantes y creemos que tenemos la verdad y que nos fuimos a la facultad y a los doctorados pues para hablar de manera que no nos entienda la gente, ¿no? Creo que tenemos que ser más humildes.

Miren, hay países en que los juzgados son mixtos. No se requiere ser abogados para tener esos juzgados mixtos porque se confía, y ahí está el tema de los jurados, ¿no?, se confía en el sentido común, en el sentido de justicia de gente honorable, de gente proba que lo que busca es justicia, así que no le tengamos miedo a la elección; y sí, sí fue un mandato.

Nos dicen: No se votó para que... Se votó por una presidenta o se votó por una jefa de gobierno o un gobernador. No, también se votó por esta modificación al sistema judicial. Está registrado en la plataforma electoral, este tema de la transformación del Poder Judicial, y quienes estuvieron en las plazas públicas, quienes estuvieron en los eventos en los que nuestras candidatas y nuestros candidatos, me sumo, de este proyecto consultaron, y consultaron una y otra vez en todas las plazas públicas, qué querían para el Poder Judicial.

Entonces, sí hay un mandato. Sí hay un mandato del pueblo para que haya esta reforma. Saquémosla de la mejor manera.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Muchas gracias a la maestra Ernestina Godoy, senadora de la república, electa. Con su participación se da por concluida esta parte del foro y vamos ahora... Pueden tomar asiento. Muchas gracias.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Vamos a escuchar ahora, para dar conclusiones acerca de estos Diálogos Nacionales: Reformas Constitucionales al Poder Judicial, con el tema: Tribunales de justicia local, al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Ojalá y pudiera haber tiempo para escuchar a todos. Ojalá pudiera haber tiempo para una ronda en donde todo mundo levantando la mano pudiera pasar a preguntar, hablar y posicionar su idea. Ojalá y pudiéramos todos los legisladores tener en turno a nuestros grupos parlamentarios la oportunidad de preguntar, replicar y hacerlo otra vez, y ojalá pudiéramos invitar a 100 ponentes si el tiempo alcanzara, pero con estos que hoy han estado aquí ha sido brillante, ilustrativo, nutritivo para nosotros, muchas gracias por habernos apoyado con sus opiniones, con sus respuestas.

Muchas gracias a todos por asistir aquí y en este momento hacemos una formal conclusión de los trabajos de este foro importante y tan positivo sobre la reforma judicial en el renglón de justicia local, tribunales de los estados. Muy buenas tardes a todos.

La maestra de ceremonias Claudia Hernández Medina: Le pedimos, por favor, tomen sus asientos. El diputado Nacho Mier, con esto concluimos. Bueno, de esta manera es como se concluye aquí en Puebla estos diálogos nacionales que tuvieron su sede en el estado de Puebla, sean todas y todos bienvenidos a nuestra tierra. Muchas gracias por su atención.

Les pedimos a quienes nos han acompañado, aquí de manera presencial, en este Centro Expositor en el Salón Fuerte de Guadalupe, en la zona Cívica 5 de mayo del estado de Puebla. Aquí en la ciudad de Puebla. Despedimos también la transmisión para el Canal del Congreso y todas las redes sociales. Que tengan una excelente tarde.

---o0o---