Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXVI Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria vespertina del martes 24 de marzo de 2026

Apertura de la sesión

Orden del día

Dictamen a discusión

Por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y se abroga la Ley Federal de Cinematografía

Alma Lidia de la Vega Sánchez, fundamentación

Posicionamientos

Gibrán Ramírez Reyes, PMC

Juan Antonio Meléndez Ortega, PRI

José Alejandro Aguilar López, PT

Ana Erika Santana González, PVEM

Omar Antonio Borboa Becerra, PAN

Melva Carrasco Godínez, Morena

Discusión en lo general

Votación en lo general

Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda

Maribel Martínez Ruiz, fundamentación

Posicionamientos

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, PMC

Juan Antonio Meléndez Ortega, PRI

Lilia Aguilar Gil, PT

Oscar Bautista Villegas, PVEM

José Guillermo Anaya Llamas, PAN

Gilberto Herrera Solórzano, Morena

Discusión en lo general

Votación en lo general

Presentación de las reservas

Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen

Minuto de silencio por el asesinato de las maestras Mariana del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Clausura de la sesión y cita para la próxima


 
 
 
 
 
 

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar a conocer el resultado del registro de asistencia de las y los diputados.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Señora presidenta, se tienen registrados 453 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán (12:52 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina del martes 24 de marzo de 2026, en modalidad presencial.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Para conocimiento de la asamblea el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules, conteniendo los asuntos a tratar el día de hoy.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Damos inicio al bloque de dictámenes a discusión. Se pone a consideración el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y se abroga la Ley Federal de Cinematografía.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos del artículo 104, numeral 1 del Reglamento se concede el uso de la palabra para fundamentar a nombre de la comisión a la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, hasta por 10 minutos. Adelante, diputada.

La diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez: Compañeras y compañeros diputados, comparezco ante esta soberanía en mi carácter de presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía para presentar el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y se abroga la Ley Federal de Cinematografía vigente desde 1992.

Esta iniciativa fue enviada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con la claridad de que México necesita una legislación moderna que acompañe el talento de sus creadoras y creadores. Es una propuesta que reconoce que el cine mexicano no solo cuenta historias, construye identidad, fortalece la memoria colectiva y proyecta al país hacia el mundo.

Este dictamen es resultado de un trabajo serio, plural y técnico que incluyó análisis jurídico, presupuestario y social que confirmaron su constitucionalidad, su viabilidad operativa y su pertinencia histórica.

Hoy presentamos una legislación que fortalece el derecho humano al acceso a la cultura reconocido en nuestro artículo 4o. de la Constitución. Esta ley reconoce al cine y al audiovisual como expresiones culturales fundamentales para la vida democrática del país.

¿Por qué era necesaria esta ley, compañeras y compañeros legisladores? La ley vigente he mencionado fue expedida en el año de 1992, han pasado más de 3 décadas, 34 años para ser específica, en los que el mundo cambió, la tecnología cambió y también cambió la forma en que las personas producen, distribuyen y consumen contenidos audiovisuales.

Hoy el cine ya no vive únicamente en las salas tradicionales, hoy el audiovisual habita también en plataformas digitales, en series, documentales, en nuevos formatos narrativos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, la legislación vigente quedó rebasada por esa transformación tecnológica y cultural.

Por ello, esta ley no solo moderniza el marco jurídico, reconoce que el cine y el audiovisual son una industria cultural estratégica generadora de empleo, de identidad y soberanía cultural. Se reconoce que el cine y el audiovisual forman parte de un ecosistema moderno que debe ser regulado con una visión integral y contemporánea. Esta ley coloca en el centro un principio fundamental: el derecho de todas las personas a acceder, participar y contribuir en la vida cultural.

Es decir, no se trata solamente de una industria, se trata de un derecho humano que construye identidad, memoria colectiva y cohesión social. En esencia, una ley que reconoce que la cultura no es un privilegio, sino un derecho.

Compañeras y compañeros, México es hoy el cuarto país del mundo con mayor número de pantallas cinematográficas. Sin embargo, solo alrededor del 4 % de los boletos vendidos corresponden al cine nacional.

Esto no es casualidad, responde a una realidad marcada por la concentración en la distribución y exhibición de contenidos extranjeros que limita el acceso del público a las producciones mexicanas. Frente a esta realidad, el Estado tiene la gran responsabilidad de actuar, y nuestra presidenta ha respondido con esta ley de cine y audiovisual.

No puede restringir la creatividad y no para imponer contenidos, sino para garantizar condiciones equitativas para que el cine mexicano tenga presencia, visibilidad y oportunidades reales, porque defender el cine nacional es un acto de defensa cultural.

Quiero comentarles algunos de los beneficios en concreto de esta ley. Esta nueva ley introduce medidas claras y concretas y fortalece al sector cinematográfico y audiovisual.

Entre ellas, quiero destacar una cuota mínima del 10 % del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando el tiempo actual, la obligación que tendrán las plataformas digitales para que cuenten con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos, garantizando su presencia en el entorno digital.

Incentivos fiscales del hasta el 30 % del costo de producción que permitan generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país.

Medidas de inclusión y accesibilidad que garantizan el acceso a personas con discapacidad mediante subtitulaje, adaptación y autodescripción. También, apoyos a creadoras indígenas y afromexicanos, reconociendo la riqueza pluricultural y lingüística de nuestro país.

También quiero destacar que se nombran acciones para preservar el patrimonio audiovisual nacional. Una copia de cada película mexicana será entregada para resguardo en la Cineteca Nacional, reconociendo que nuestras obras cinematográficas forman parte de la memoria histórica de nuestro país. Estas medidas son herramientas concretas para que el cine crezca, se fortalezca y llegue a más audiencias.

Compañeras y compañeros legisladores, el cine es memoria. El audiovisual es identidad. La cultura es soberanía. Cada historia filmada en nuestro país es una ventana para mostrar quienes somos como nación. Cada película mexicana es un acto de memoria colectiva. Cada obra audiovisual es una oportunidad para que nuevas generaciones encuentren en la pantalla un reflejo de su historia, su lengua y su cultura.

El cine es el pulso de un pueblo que se niega a ser olvidado, es la luz que atraviesa la oscuridad para contarnos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes aún podemos ser. En cada historia filmada habita un acto de valentía: el de mirar nuestra realidad de frente y transformarla en arte que inspira, cuestiona y une.

Proteger el cine no es un lujo: es un compromiso con nuestra identidad, con nuestras voces y con el derecho de soñar en nuestra propia lengua, con nuestros propios rostros en pantalla. Porque cuando el cine florece, florece también la esperanza de una sociedad que reconoce, que escucha y se construye a sí misma.

Por ello, desde la Comisión de Cultura y Cinematografía pedimos su respaldo a esta Ley de Cine y Audiovisual. Porque fortalecer el cine mexicano es fortalecer la identidad nacional y porque garantizar el acceso a la cultura es construir un país más libre, más plural y más justo.

Aprovecho para agradecer a todas y todos los integrantes de la Comisión de Cultura por ese trabajo comprometido para sacar este dictamen y, por supuesto, esperando el respaldo. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos a iniciar con las posturas de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra el diputado Gibrán Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de preparatorias estatales del estado de Zacatecas, invitados por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta Cámara de Diputados.

Esta Presidencia saluda al personal del Sistema Municipal del DIF de Otumba, encabezado por su presidenta Pamela Candelaria Coronel y a sus alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 307, del mismo municipio, invitados por la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Escuela Superior de Derecho, del estado de Tlaxcala, acompañados por el doctor Enrique Báez Tobías, invitados por el diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, por estar aquí. Es usted muy amable, diputado Gibrán. Adelante. Muchas gracias.

El diputado Gibrán Ramírez Reyes: Gracias a usted, presidenta. Quiero empezar invitando a todas y a todos los compañeros, las compañeras diputadas, a que hagamos una reflexión sobre el uso de las plataformas de inteligencia artificial en nuestros discursos, sobre todo, de ChatGPT, porque algunos tenemos la mala costumbre de revisar los discursos de los compañeros y a veces ver que se escribieron casi íntegramente con esas aplicaciones y es muy peligroso, porque se va a clausurar el debate verdadero. La inteligencia natural se atrofia cuando se abusa de la inteligencia artificial.

Voy a exponer muy brevemente los argumentos que nos hacen estar a favor de este dictamen. Lo primero es que se corrige la tendencia del desprecio a la cultura que marcó el gobierno anterior, el primer gobierno de Morena, que sistemáticamente redujo dinero para la cultura y donde los apoyos al cine vieron drásticas reducciones.

En segundo lugar, se actualiza el obsoleto marco normativo anterior. Teníamos una ley de 1992, es decir, previa al Tratado de Libre Comercio América del Norte, de entonces para acá ha cambiado mucho, primordialmente mucho del contenido que se consume, que está hecho en Estados Unidos, sobre todo.

El cine ya no vive en las salas de exhibición, vive principalmente en plataformas que ustedes consumen, que consume todo mundo y tenemos que regular eso y este dictamen lo hace.

En tercer lugar, se plantea una política de apoyos a los creadores mexicanos y se dice que será progresiva. Nos preocupa que, como muchas otras disposiciones de ley, esta progresividad no se vea reflejada, año con año, en el Presupuesto o se diga que se está realizando únicamente porque se ajusta por inflación.

Pero además de estos apoyos a los creadores, se plantea una política de estímulos fiscales, sobre todo a quienes adopten medidas de inclusión. Ese es el cuarto punto que nosotros consideramos que es muy bueno del dictamen.

Y el quinto punto del que ya se habló aquí, en la intervención anterior, es el contenido nacional que debe de estar en las plataformas de contenidos. Nos preocupan –ya lo dije– el Presupuesto. Siempre en la ley está muy bonito y a la hora del Presupuesto se hacen trampas para contar como apoyos, cosas que no necesariamente lo son.

Nos preocupa que nosotros podemos legislar, hacer los cambios necesarios en las comisiones y que aun así las leyes no se convierten más que en un orientador aspiracional de política pública, porque se gobierna con política pública y eso no se ha entendido hasta hora.

Y nos preocupa, finalmente, el entorno normativo. Aquí me adelanto un poco a otro dictamen que discutimos ayer en la Comisión de Cultura, en el cual Movimiento Ciudadano se abstuvo, si hubiéramos votado la oposición junta, el dictamen no pasaría al pleno, pero nos abstuvimos por  buena fe, me refiero a lo que tiene que ver con la Ley de Derechos de Autor y la Ley Federal del Trabajo, se está planteando un dictamen muy descuidado que pondrá en riesgo a nuestra industria y que pretende regular a la inteligencia artificial sin definirla y a unos meses de los cambios del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

Si eso pasa en los términos en los que se aprobó en la comisión, no hay manera de que esta ley, por muy bien intencionada que sea, tenga los resultados que se esperan. Así que nosotros seguimos esperando la buena fe que nos expresaron ayer y esperamos que el oficialismo en las reservas corrija los fallos garrafales que tiene ese otro dictamen. En este estamos a favor, pero no va funcionar de nada si no se corrige aquel. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tienen ahora el uso de la palabra el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Muchas gracias, buenas tardes compañeros, compañeras. Con la venia de la presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Gracias, presidenta. El cine no solo es entretenimiento, es arte, memoria e identidad. Nos da la posibilidad de que una historia filmada en cualquier rincón del país pueda cruzar fronteras y conectar con millones de personas.

El cine mexicano ha documentado nuestras luchas, nuestras aspiraciones, y también hay que decirlo con claridad, los momentos en los que el Estado ha fallado en acompañar a su propia cultura. Y hoy en plena era digital ese lenguaje se ha expandido hacia nuevas plataformas, nuevas narrativas y nuevas audiencias.

Sin embargo, recordemos que durante los últimos años el sector cinematográfico enfrentó uno de los periodos más complejos de su historia, las reducciones presupuestales, la eliminación de fideicomisos y la incertidumbre institucional, impactaron directamente en la producción, distribución y exhibición del cine nacional.

La desaparición de los fideicomisos que financiaban el cine, que durante años fueron pilares del financiamiento a proyectos independientes y de autor, significó un golpe profundo para creadores emergentes y consolidados.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y colectivos de trabajadores técnicos, advirtieron que estas decisiones ponían en riesgo la continuidad de proyectos y debilitaban ecosistemas cinematográficos. Asimismo, el debilitamiento presupuestal de Imcine, generó preocupación en toda la comunidad cultural.

La legislación vigente creada en 1992 ya era insuficiente, pero el problema no fue solo su antigüedad, sino la falta de visión para fortalecerla en el momento en que la industria más lo necesitaba. Mantener ese marco legal en ese contexto de debilitamiento institucional habría sido condenar al cine mexicano a una desventaja aún mayor frente a las grandes corporaciones internacionales.

Esta nueva ley busca corregir ese rezago, pero también implícitamente busca corregir omisiones recientes. Este dictamen reconoce al cine y a lo audiovisual como bienes culturales, no solamente como mercancías. El Estado tiene una responsabilidad en su promoción, en su preservación y en su acceso. Y esa responsabilidad no puede traducirse en recortes, en desaparición de mecanismos de apoyo o en decisiones unilaterales que ignoren a la comunidad creativa.

No se trata de intervenir de manera excesiva, sino de generar condiciones justas para que el talento mexicano pueda competir. Diversos colectivos de técnicos, actores y guionistas han insistido en que sin reglas claras y sin respaldo institucional el talento nacional queda invisibilizado.

La exigencia de cuotas mínimas de exhibición, la permanencia en cartelera y la visibilidad en plataformas digitales representan mecanismos de equilibrio frente a un mercado profundamente desigual, pero también frente a un Estado que en años recientes se retiró parcialmente de su papel como impulsor cultural.

Asimismo, la comunidad académica y organismos culturales han subrayado la importancia de fortalecer instituciones como el Instituto Mexicano de Cinematografía no solo como financiadores, sino como articuladores de política pública.

Este dictamen avanza en esa dirección al establecer mecanismos más transparentes, incluyentes y equitativos, corrigiendo inercias que debilitaron al sector. Hoy la cultura no puede quedar sujeta únicamente a las reglas del mercado, pero tampoco puede quedar a merced de políticas que debiliten sus estructuras y el equilibrio es indispensable.

Compañeras y compañeros diputados, votar a favor de esta ley es aportar por una industria que genera empleo, que impulse economías locales y que proyecta México en el mundo, es respaldar a miles de personas que trabajan detrás de cada producción, muchas de las cuales resistieron estos últimos seis años en la adversidad.

En el PRI votaremos a favor del dictamen, pero también dejamos claro: el éxito de esta ley dependerá de que no se repitan los errores de varios sexenios hacia atrás, de que se asignen recursos suficientes, de que se escuche a la comunidad creativa y de que exista una verdadera voluntad política para fortalecer y no debilitar al cine y la cultura.

Hoy tenemos la oportunidad no solo de armonizar un marco legal, hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo. El cine mexicano merece condiciones dignas para crecer, competir y trascender. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.

El diputado José Alejandro Aguilar López: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la ley que hoy aprobaremos sin lugar a dudas contribuirá de manera eficaz al fomento de la industria cinematográfica de nuestro país.

El cine es el séptimo arte, porque en toda película está la capacidad interpretativa de los actores, el genio del director, la capacidad que tienen los fotógrafos para captar en un instante las imágenes. El guionista, que es quien escribe la historia y todos aquellos que participan en una producción para que al final se tenga una obra maestra terminada.

Quién de nosotros no se emocionó con las películas del cine de oro mexicano, cuando Gabriel Figueroa tenía la capacidad de captar, aunque fuera en blanco y negro, el contraste del cielo con las nubes.

Desde luego también el cine es crítica social, como en Los olvidados, la magnífica película de Luis Buñuel en donde se describe, muy a pesar de las buenas conciencias del alemanismo, cuando era la vida de las clases marginadas de esta, nuestra la Ciudad de México. El cine es ilusión, pero también es realidad. Por ello, las y los legisladores estamos brindando un poderoso apoyo a una industria con la ley que estamos por aprobar.

Hoy no estamos discutiendo solamente una ley, estamos decidiendo si el cine mexicano seguirá siendo marginado en su propia tierra o si, de una vez por todas, lo reconocemos como lo es: un derecho del pueblo y un instrumento de identidad nacional.

El dictamen que hoy nos somete a consideración expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, abrogando una legislación de 1992, que claramente ha quedado rebasada por la realidad tecnológica, social y cultural en nuestro país.

Hoy hay que decirlo con claridad, durante décadas el modelo neoliberal permitió que nuestras pantallas fueran ocupadas casi en su totalidad por contenidos extranjeros, relegando al cine mexicano a horarios marginales y a una presencia casi simbólica.

Hoy apenas una mínima parte del consumo cinematográfico corresponde a productores nacionales, a pesar del enorme talento que existe en nuestro país. Por eso, esta ley no es un capricho, es una corrección histórica.

Este dictamen pone en el centro algo fundamental, el derecho humano al acceso a la cultura, establecido en el artículo 4o. de la Constitución, reconociendo al cine y al audiovisual no como simples mercancías, sino como herramientas de expresión, educación y cohesión social. Además, actualiza el marco jurídico para incluir el ecosistema real en el que hoy vivimos, plataformas digitales, series, contenidos bajo demanda. Es decir, el mundo audiovisual completo no es el mismo de hace 34 años.

Esta ley también reconoce algo que durante años se ignorara: sin el apoyo al cine nacional, lo que se pierde no es solo una industria, se pierde memoria, identidad y voz. ¿Por qué un país que no cuenta sus propias historias es un país que termina viviendo las historias de otros? Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo lo decimos con firmeza, respaldamos este dictamen porque fortalece la soberanía cultural, porque democratiza el acceso a la cultura y porque pone al pueblo en el centro de la política pública.

No se trata de cerrar el país al mundo, se trata de abrirle espacio a México dentro de su propio territorio. Se trata de que nuestras lenguas, nuestra historia, nuestras realidades también tengan pantalla, también tengan voz.

Y sí, que quede claro, hay quienes se oponen a este tipo de medidas bajo el argumento del libre mercado, pero la realidad es que el mercado por sí solo nunca ha garantizado justicia cultural. Por eso el Estado debe intervenir no para imponer, sino para equilibrar, porque cuando se trata de cultura la neutralidad no existe: o se protege lo nuestro o se deja desaparecer.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir décadas de abandono, de actualizar nuestra legislación y de darle al cine mexicano el lugar que se merece. Nuestro reconocimiento a los grandes cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, entre otros.

Es momento de decirles de qué lado estamos y estamos nosotros del lado del pueblo, del lado de sus derechos, para que contemos nuestras propias historias. En el Partido del Trabajo lo tenemos, la cultura no es un privilegio, es un derecho y el cine mexicano no es un accesorio, es esencia pura. Unidad nacional, todo poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Erika Santana González, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.

La diputada Ana Erika Santana González: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Ana Erika Santana González: Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, en las sociedades contemporáneas la cultura no es un elemento accesorio, sino un pilar esencial en la construcción del tejido social y en el desarrollo integral de las personas, a través de ella se expresan las identidades, los valores y formas de entender el mundo que caracterizan una comunidad. La cultura abarca tanto como manifestaciones materiales como espirituales e inmateriales y en su conjunto constituye el patrimonio que da sentido de pertenencia a las comunidades, esto lo entendemos perfecto aquí en México.

La cultura es considerada un fenómeno universal que acompaña a toda la colectividad humana, ninguna sociedad existe al margen de la misma. Es precisamente que en este proceso continuo de transmisión y renovación cada generación no solo recibe un legado, sino que también lo enriquece con nuevas expresiones, manifestaciones y narrativas.

Así la cultura no es estática ni se agota en el pasado, todo lo contrario, se encuentra en un constante cambio y evolución, es el resultado de la convivencia entre la tradición y la innovación, entre la memoria y la creación. De ahí la importancia de garantizar las condiciones para que todas las voces y expresiones puedan participar en su construcción fortaleciendo la diversidad y asegurando su continuidad como un bien colectivo que nos define y nos proyecta hacia el futuro.

En este orden de ideas, el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía que hoy se somete a la consideración de esta soberanía y mediante la cual se expide la Ley Federal de Cine y Audiovisual, tiene como propósito hacer efectivo el derecho humano del acceso a la cultura, reconocido en nuestra Constitución no solo como una simple aspiración, sino como una obligación del Estado mexicano.

Esta propuesta, enviada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, plantea una política integral que entiende al cine y al audiovisual como expresiones culturales con un profundo sentido social, donde se construye la identidad nacional y se preserva la memoria colectiva donde se abren espacios para la diversidad de voces que constituya este país.

De ahí que el dictamen no se limite únicamente a actualizar el marco jurídico que no se hacía desde 1992, sino que busca sentar las bases de una política cultural incluyente, equitativa y acorde a los retos de nuestros tiempos, donde la creación, la difusión y el acceso al contenido visual estén al alcance de todas y todos.

Por lo anterior es que el dinamismo de las producciones cinematográficas en nuestro país no podría entenderse sin la existencia de marcos normativos y políticas dirigidas al fomento del cine nacional.

Gracias a estos instrumentos ha sido posible abrir el espacio a nuevas generaciones de creadoras a miradas diversas y narrativas que reflejan con mayor fidelidad la pluralidad cultural de México. El apoyo al cine mexicano no solo ha impulsado una industria, pero ha permitido también que nuestras historias se cuenten desde nuestras propias voces.

México ha sido la cuna del cine de oro de Latinoamérica y hoy nos da la posibilidad de volver a convertirnos en al cuna del cine, en la meca del cine internacional.

Este dictamen acierta al reconocer que las plataformas digitales de video quedan también bajo demanda, a integrarlas de manera responsable, a fin de garantizar que el contenido tenga visibilidad y condiciones de competencia justas en el entorno digital.

Al mismo tiempo se busca proteger los derechos de quienes crean y producen en México, evitando que queden en desventaja con el mundo. De esta manera, la nueva ley se consolida como un instrumento normativo moderno, capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo, sin perder de vista a la responsabilidad histórica de preservar lo que somos.

No se trata únicamente de una actualización legal, sino de una apuesta a fondo por proteger el patrimonio cultural de esta nación, también de sus expresiones, particularmente aquellas que encuentran en el cine y el audiovisual una vía privilegiada para narrar nuestra realidad, nuestra memoria y nuestras aspiraciones colectivas.

En este orden de ideas, desde el Partido Verde Ecologista de México acompañamos el presente dictamen con plena convicción, porque entendemos que el respaldo a la cultura no es solo un gesto simbólico, sino es una decisión estratégica para el desarrollo de este país.

Apostar por la cultura es apostar por la cohesión social, por la construcción de ciudadanía y por la posibilidad de que México siga reconociéndose y se reconozca también en su diversidad y su riqueza. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Omar Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.

Saludamos a los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, invitados por la diputada Xóchitl Arzola. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir a la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia también saluda a los alumnos del Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, invitados por la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias por venir a esta Cámara. Es usted muy amable, diputado Borboa. Adelante.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Gracias. Con su venia, presidenta. El cine es alquimia: tomar elementos, transformarlos, transmutarlos y devolverlos como oro: Guillermo del Toro.

Compañeras y compañeros legisladores, antes que nada, recordaremos que la industria del cine quedó desprotegida cuando el Fidecine fue extinguido en el año 2020 por decreto presidencial y que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional por violar los derechos culturales, el freno y su desaparición. Este operó sin fondos, fue remplazado por el Focine que tiene el mismo sustento legal que depende del presupuesto, que es, por cierto, un presupuesto muy bajo.

No olvidemos que el cine es una expresión cultural protegida por el artículo 4o. de nuestra Constitución y, por lo tanto, es obligación del Estado fomentarla y garantizarla en la ley.

Cinematografía es impulsar a sus creadores, garantizar que más mexicanas y mexicanos puedan contar sus historias. Por eso, el grupo parlamentario, lo decimos con claridad: nuestro voto es a favor de esta nueva ley. Es a favor porque compartimos el objetivo de fortalecer al cine mexicano, pero también es un voto responsable que señala que debe mejorarse.

Primero, esta ley plantea apoyos y estímulos y programas de Focine para no garantizar recursos suficientes. Se propone pasar a un esquema con mayor estabilidad financiera que a un modelo sujeto del presupuesto anual, es decir, a la voluntad política de cada presupuesto de cada año.

Y hay que decirlo con claridad: no se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento. Legislar sin presupuesto, es generar expectativas que no se van a cumplir.

Segundo. Se establecen cuotas de exhibición para el cine mexicano en salas y plataformas. En el papel suena muy bien, pero en la práctica nos puede generar varias distorsiones.

Hoy la realidad es contundente, el cine mexicano tiene una baja participación en taquilla, una presencia ilimitada de plataformas, obliga por decreto a exhibir más contenido nacional, sin fortalecer la producción, la distribución y la competitividad. Eso no resuelve el problema de fondo. No se trata de imponer, se trata de competir. No se trata de obligar a ver más cine mexicano, se trata de hacer que la gente quiera verlo.

Tercero. Existen riesgos en materia de competencia económica. Hay posibles conflictos en tratados internacionales, no podemos ignorar que la industria también es parte de un mercado global.

Y cuarto. El problema estructural sigue sin resolverse, falta inversión sostenida, falta certeza jurídica, falta una política pública integral que vaya más allá de la exhibición.

Compañeras y compañeros, México, México tiene talento de sobra y eso es bien sabido por todo el mundo. México tiene una riqueza cultural incomparable, lo que no tiene es la responsabilidad del Estado, lo que no tiene son condiciones suficientes para que esta industria crezca sólidamente año con año.

Por eso reiteramos, votamos a favor porque creemos que el cine mexicano tiene un gran potencial y porque esta ley debe ser el inicio de una política pública que sea más ambiciosa, con recursos y visión a largo plazo y con reglas claras.

No tenemos que dejar de largo que este anterior gobierno quiso desaparecer el Fondo de Cultura, tenemos que ser claros en que se salvó a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy es cómplice de este gobierno. Pero lo que sí queremos, es poner ese granito de arena para que realmente tengamos ganas de fortalecer al cine mexicano y a las familias que viven de esta industria.

Porque sabemos que nuestra cultura es parte del cine, lo que nosotros a través del cine transmitimos, lo transmitimos a nuestras generaciones, pero también se los transmitimos a otros países de que es la forma de cultura que tenemos en nuestro México.

Hoy tenemos que fortalecer este rango, porque es nuestra visión, no solamente nos van a ver a través del Mundial de Fútbol, sino que también nos van a ver a través de nuestras películas.

Hagamos esta oportunidad de que el mundo va a estar visible, con los ojos puestos en México para que hoy nuestro cine dé muestras claras de que en México hay calidad. Hay calidad con buenos artistas como Guillermo del Toro y como varios más, que han puesto el nombre en alto por México y que México ha sido reconocido por nuestra cultura a nivel mundial.

Hoy, así como fue la Film y como hoy estamos votando a favor de este dictamen, así con esa firmeza estamos dispuestos a que año con año tengamos que tenerle más presupuesto para que nuestro cine nacional siempre vaya por encima de las necesidades y las cuestiones políticas, sea cual sea el partido, porque la cultura es la base de nuestro México.

Aun así, si queremos que el cine mexicano trascienda, no solo basta protegerlo, hay que hacerlo viable. Corte y queda. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Melva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Melva Carrasco Godínez: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Melva Carrasco Godínez: Compañeras y compañeros legisladores. Hoy venimos a esta tribuna a defender una iniciativa que no solamente actualiza una ley. Venimos a defender una visión de país. Venimos a defender el derecho del pueblo de México a verse en la pantalla, a escucharse en su propia voz, a narrarse desde su historia, su diversidad, su memoria y su dignidad.

La iniciativa que expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual parte de una convicción profundamente democrática: que la cultura no es un privilegio, sino es un derecho humano, y que el cine y el audiovisual no son mercancías cualquiera, sino expresiones culturales, educativas, artísticas y sociales que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger, promover y fortalecer.

Durante muchos años, el modelo dominante redujo la política cultural a la lógica del mercado. Se dejó que la desigualdad también conquistara las pantallas, se relegó al cine nacional, se debilitó el acceso de millones de personas a sus propias historias y se permitió que la exhibición respondiera casi exclusivamente a intereses comerciales.

Esa visión ya demostró sus límites y por eso, esta iniciativa es necesaria, porque moderniza una legislación de 1992 que claramente quedó rebasada por la realidad tecnológica, económica y cultural de nuestro tiempo.

Porque amplía el alcance de la norma al ecosistema audiovisual contemporáneo, incorporando no solo al cine tradicional, sino también a los nuevos medios y a las plataformas digitales de vídeo bajo demanda. Porque entiende algo fundamental, hoy la disputa por la cultura también ocurre en el terreno digital, y el Estado no puede ser espectador pasivo.

Esta propuesta tiene memoria histórica. Tras la puerta comercial de los años noventa, el cine mexicano estuvo cerca de desaparecer, en 1997 se llegó a uno de los puntos más bajos de producción nacional. Fue gracias al impulso público, al respaldo institucional y a mecanismos como Foprocine, Fidecine, y después Eficine, que nuestro cine pudo recuperarse y volver a colocarse entre los más vigorosos y reconocidos a nivel internacional.

Y aquí hay un dato contundente, las obras audiovisuales generan cientos de miles de empleos en nuestro país, y una parte muy importante de la producción reciente ha contado con algún tipo de apoyo público. Es decir, cuando el Estado acompaña el talento mexicano responde, cuando hay política pública hay creación, hay industria, hay comunidad y hay identidad.

Pero no basta con producir, también hay que garantizar que el pueblo pueda acceder a esos contenidos, porque de nada sirve tener cine mexicano premiado en el extranjero, si en nuestro propio país las mayorías no pueden verlo.

La iniciativa reconoce esa deuda, la fractura entre la población mexicana y su cinematografía, por eso plantea reglas, principios y mecanismos para fortalecer no solo la producción, sino también la promoción, la difusión, la preservación y el acceso en condiciones más equitativas.

Compañeras y compañeros, esta ley no es una ley contra nadie, no es una ley contra la innovación, ni contra la inversión, ni contra las plataformas, es una ley a favor de México, a favor de sus creados, a favor de las audiencias, a favor de su diversidad lingüística, regional, étnica y cultural. A favor de las niñas y los niños que merecen crecer viendo historias propias y no solamente relatos importados.

A favor de los pueblos indígenas, de las comunidades afromexicanas, de mujeres creadoras, de nuevos talentos, de quienes históricamente han sido excluidos del circuito de producción y exhibición.

Además, esta iniciativa está alineada con los compromisos internacionales de México en materia de derechos culturales y diversidad de las expresiones culturales. . No se trata de ocurrencias, se trata de construir un marco jurídico moderno con certeza, con rendición de cuentas, con visión de futuro y con profundo sentido social.

Desde Morena lo decimos con claridad, la cultura no se abandona al mercado, la cultura se defiende como parte del proyecto de nación. Y defender el cine y el audiovisual mexicano es defender también nuestra soberanía nacional, porque un país –no se narra así mismo– que no se narra así mismo, termina siendo narrado por otros, porque un país que no protege sus imágenes, su memoria y sus historias corre el riesgo de perderse y porque un país que sí apuesta a la cultura apuesta por su pueblo.

Por eso acompañaremos esta iniciativa, porque pone en el centro al derecho. Es un derecho y no es un privilegio. El interés público no la exclusión, la identidad nacional y no la subordinación cultural. Es tiempo de que México tenga una legislación a la altura de su talento, de su diversidad y de su dignidad. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Con esta intervención cerramos ya el plazo de las reservas para su registro. –Hola–.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos a la discusión en lo general. Y tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Patricia Flores Elizondo: Compañeras y compañeros, hoy no estamos hablando solo de una ley, estamos hablando de algo que todas y todos entendemos, las historias que nos representan como país. El cine no es solo un entretenimiento, es cultura, es identidad y también es trabajo para muchas familias, por eso vemos bien esta iniciativa, porque busca que más personas puedan ver cine, que se hagan más producciones en México y que cuidemos lo que ya hemos creado como país.

Pero quiero hablarles de algo muy concreto, mi tierra, Durango. Durango es conocido como la tierra del cine y no es casualidad, pues, combina historia, paisajes y vocación cinematográfica que pocos lugares en el mundo tienen. Ahí se han filmado películas icónicas de fama mundial, como: El bueno, el malo y el feo, Butch Cassidy and the Sundance Kid y la muy conocida producción de La máscara del Zorro, entre muchas, muchas, más.

Todas esas historias pasaron por Durango. En Durango también se han hecho historias mexicanas, como Vámonos con Pancho Villa y La generala, que forman parte de nuestra identidad. Todas, todas estas historias se filmaron en Durango, y cada vez que llega una filmación no solo llegan actores o cámaras, llega trabajo. Trabajo para quien maneja, para quien cocina, para quien construye, para quien renta un cuarto o un hotel.

Por eso esta ley sí puede ayudar, puede traer más producciones, más inversión y más oportunidades para estados como el mío, como Durango. Por eso vamos a votar a favor, porque queremos que el cine mexicano crezca y que ese crecimiento se sienta en la vida real de la gente.

Pero también hay que decirlo claro: la ley tiene áreas que deben cuidarse. No queda del todo claro cómo se van a repartir los apoyos ni cómo vamos a evitar que solo unos cuantos se beneficien y eso es importante. porque el cine también está en las comunidades, en los jóvenes, en quienes tienen talento, pero no siempre tienen oportunidades.

Compañeras y compañeros, México tiene talento de sobra, tiene historia que vale la pena contarse. Lo que necesitamos es abrir esa puerta.

Por eso hoy votaremos a favor, pero también con el compromiso de que esta ley se aplique bien, con transparencia y pensando en todo el país. Y sí, pensando en lugares como Durango, donde el cine no solo se ve, se vive todos los días. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.

La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Mesa. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de la Ley Federal del Cine y el Audiovisual, porque apoyamos el fomento a las artes y de la promoción del talento artístico mexicano.

Como partido político, reconocemos que el dictamen es importante, pero no podemos dejar de señalar que esta ley es un intento por corregir los graves errores y el terrible abandono que se dejó a la industria durante el sexenio pasado.

Nosotros se los dijimos en 2020 y hoy ustedes nos dan la razón. En esta misma tribuna denunciamos que la desaparición de Fidecine y de muchos otros fondos federales debilitó la cultura y las artes. En su propio dictamen se reconoce que es necesario reconstruir el esquema de financiamiento porque la eliminación del fondo generó incertidumbre, cancelación de proyectos y vulnerabilidad para cineastas y trabajadores.

Es así como esta ley viene a tapar un hoyo que abrió el propio gobierno de la cuarta transformación. En el PRI celebramos que reconozcan sus errores y busquen legislar para resolver lo que ustedes mismos vulneran.

Destacamos que la nueva ley permite la promoción y la visibilización del trabajo audiovisual nacional, al plantear que al menos el 10 % del tiempo de exhibición en las salas sea de obras nacionales, con al menos 14 días de permanencia, lo cual permite difundir y promover el trabajo nacional más. También destacamos el reconocimiento y la regulación de las plataformas digitales, así como la obligación que se les impone de contar con secciones visibles y permanentes para contenidos elaborados por mexicanas y mexicanos.

Este dictamen prevé la incorporación de criterios de accesibilidad para personas con discapacidad, de equidad de género y de inclusión de pueblos indígenas y afromexicanos en la producción y en su representación.

Finalmente, se crea una memoria que buscará preservar el patrimonio audiovisual de México, pero a pesar de estos aciertos, todavía no se logra solventar del todo el grave error de la desaparición del fideicomiso.

Así como hay aciertos, aún queda mucho por hacer en materia presupuestal. Sí, es cierto, el dictamen establece el restablecimiento de un programa de apoyo y plantea la posibilidad de generar estímulos fiscales, pero no se restablece el fondo y no se prevén recursos reales para el desarrollo de la industria.

En otras palabras se construye un andamiaje jurídico ambicioso, pero ambiguo en materia presupuestal, pues no se destina ningún nuevo recurso para la operatividad de esta ley para el ejercicio fiscal en que estamos de 2026. Cómo se establecerán los apoyos y los estímulos, si solo se prevén reasignaciones operativas.

Hoy estamos votando una ley que coloca al cine en el centro del discurso sobre la cultura en nuestro país, pero lo hacemos sin prever presupuesto real para ello. Hoy hablan de transformar los apoyos de cine, pero no se prevén recursos claros para la implementación de la ley. Quien gobierna sabe que sin dinero la ley queda condenada a convertirse en un catálogo de buenas intenciones.

Compañeras y compañeros legisladores, en el PRI reiteramos el voto a favor de esta ley porque es un primer paso en el reconocimiento de los errores de la cuarta transformación, pero un avance no es solución definitiva a la crisis del cine mexicano.

Por eso, reiteramos nuestro apoyo a la industria, a las y los artistas trabajadores. Nuestro partido seguirá promoviendo el restablecimiento integral de un fondo y la restructuración de apoyos reales, tangibles y medibles para todas y todos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Con tu venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros, los que nos hace diferentes aquello que sostiene nuestra congruencia de trabajo a favor del pueblo de México es que combinamos convicciones con acciones, llegó el momento de una nueva época en el cine mexicano.

Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene con esta nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual uno de los ejes de mayor alcance nacional en cuanto a la audiencia y al desarrollo de la identidad cultural mexicana.

Ahí está la gran oportunidad de nuestra época, innovar para mejorar. Observar la realidad y adecuarla a las líneas legislativas que enmarcan nuestra protección al cine nacional para lograr un acto de defensa cultural.

Nosotras sabemos que en más de 30 años surgieron cambios importantes en las tecnologías que cambiaron el mundo, la forma de entenderlo y, sin duda, la manera de hacer arte.

Esta es la forma correcta de abrogar la Ley Federal de Cinematografía, que data de 1992, para dar paso a una nueva etapa. Con esta nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual garantizamos una cuota mínima del 10 % del tiempo total de exhibición en las salas para obras nacionales, definido como el número de exhibiciones semanales por sala o complejo.

Y, en plataformas digitales sostenemos la obligación para ofrecer secciones relevantes y permanentes para obras mexicanas en su catálogo, fortaleciendo al sector cinematográfico y audiovisual, promoviendo mayor trabajo para todas las personas involucradas en la cadena de realización, por ejemplo, damo paso a una nueva generación de talentos en cuanto a la nueva generación de oportunidades, mayores oportunidades para mujeres, mayor apoyo y convicción para mujeres oaxaqueñas que destacan por su enfoque de preservación de identidad, lenguas indígenas y narrativas comunitarias.

Mujeres clave como Ángeles Cruz, Luna Marán, Yalitza Aparicio, entre muchas otras, porque no se trata solo de premiarlas en el extranjero, se trata de preservar sus obras, su actuación, de sostener la diversidad étnica de nuestro país. Seamos sus principales promotoras.

Ahora, con profundo sentido social, propiciamos la accesibilidad para las personas con discapacidad, el acceso a las personas indígenas, a los programas de estímulos, de creación.

Con esta nueva Ley Federal en materia de Cine y el Audiovisual, ampliamos el derecho a la cultura, a la libertad de expresión, proporcionando una base sólida para regular, promover y fomentar la industria cinematográfica y audiovisual, adaptándola a nuestra realidad, teniendo objetivos como fortalecer el sector cinematográfico y audiovisual como pilar de la identidad cultural mexicana, memoria y comunidad en un país pluricultural, promoviendo equidad, innovación, descentralización, apoyos, garantizando exhibición de producciones nacionales y fomentando el acceso equitativo para toda persona. Todo ello, alineado con el derecho a la cultura establecido en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Por ello, mi voto es a favor de esta transformación en beneficio del sector cultural, cine y audiovisual. En el Partido del Trabajo votamos a favor de esta iniciativa porque combinamos convicciones con acciones. Llegó el momento de una nueva época en el cine mexicano. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Hernández Pérez, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado José Luis Hernández Pérez: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado José Luis Hernández Pérez: El arte es una de las manifestaciones más bellas de la experiencia humana. En él, mujeres y hombres depositan su manera de mirar el mundo, sus emociones y su forma de entender la vida.

Así que el arte no solo se contempla: se siente y se vive, nos permite reconocernos en nosotros, comprender realidades distintas y nos permite recordar que toda sociedad necesita belleza, memoria e imaginación para seguir construyéndose a sí misma.

Frente a ello, el cine ha demostrado ser mucho más que un simple entretenimiento: ha sido memoria viva y un gran archivo de nuestras transformaciones como país. A través de la pantalla, México ha contado su historia, ha retratado su diversidad y ha dado voz a los sentimientos, luchas y aspiraciones de su pueblo.

Nuestra cinematografía ha sido, además, motivo de orgullo nacional. La famosísima y bien llamada época de oro del cine mexicano nos dejó ídolos y relatos que definieron una identidad visual que aún hoy perdura.

En este momento, México se consolidó como la capital del cine en español, pero la verdadera fuerza del cine mexicano no radica únicamente en su pasado, sino en su capacidad de reinventarse. Hoy sigue siendo un referente social que refleja las tensiones, aspiraciones y complejidades de nuestra nación.

En ese sentido, la cultura mexicana es lo que somos y el cine es la forma en que nos miramos. Defender el cine nacional es también defender nuestra memoria colectiva y garantizar que nuestras historias continúen contándose dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hoy nos encontramos ante un momento significativo, tras más de tres décadas, bajo un marco legal que ya no responde a la realidad actual, el cine mexicano avanza hacia una nueva etapa. La discusión y aprobación de esta Ley Federal del Cine y el Audiovisual representan mucho más que una reforma normativa, representan la oportunidad de colocar a la cinematografía nacional en el lugar que merece, como una expresión cultural que debe de estar al alcance de todas y de todos.

Entre los cambios más importantes que propone esta ley, se encuentra el reconocimiento del acceso al cine y del audiovisual como un derecho verdaderamente humano, estrechamente vinculado al derecho a la cultura.

Ahora, ya no se les verá únicamente como expresiones artísticas o actividades de entretenimiento, sino como bienes culturales a los que todas las personas deben de poder acceder, participar y disfrutar en condiciones de mayor igualdad.

Asimismo, este dictamen da paso para fortalecer nuestro cine nacional, establece una cuota mínima del 10 % de exhibición para el cine mexicano en salas, garantiza mejores condiciones de permanencia en cartelera, horarios más atractivos y obliga a las plataformas digitales a dar visibilidad real a los contenidos mexicanos.

Esto significa, abrir espacios donde antes había barreras, corregir desventajas históricas y permitir que nuestra historia, nuestras historias lleguen con mayor fuerza a todo el público, pero no solo eso, también se apuesta por el talento mexicano al fortalecer el programa Focine, con recursos progresivos para apoyar la producción nacional.

Esta ley respaldará no solo a quienes ya han consolidado una trayectoria, sino que crea una apertura para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades reales de crear, filmar y contar sus historias. Ojalá que de ese impulso surjan muchos jóvenes talentos que sigan la ruta de creadoras y creadores mexicanos reconocidos en el mundo como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro.

Aprobar este dictamen es reconocer que el cine mexicano merece condiciones más justas para crecer, competir y encontrarse con su público, es atender que detrás de cada película, de cada documental, de cada serie y de cada obra audiovisual hay talento, trabajo, identidad y memoria colectiva.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos de que fortalecer la cinematografía nacional es fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad y la voz con la que México se proyecta ante el mundo.

Esta ley amplía derechos, abre camino al talento mexicano y consolida al cine y al audiovisual como espacios de acceso e inclusión. Votamos a favor de un México que reconoce su cultura no un privilegio, sino un derecho de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Monica Fernández Cesar, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Monica Fernández Cesar: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Monica Fernández Cesar: Subo a esta tribuna a razonar a favor del dictamen de la nueva Ley de Cine y Audiovisual, pues su objetivo es garantizar el derecho humano de acceso a la cultura establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estimadas amigas y amigos diputados, es nuestra labor constitucional garantizar los derechos y, en este caso, hacerlo mediante la implementación de una política estatal integral y articulada en torno al cine y el audiovisual mexicano.

En este dictamen se destacan principios desde la base de que estos medios no son meros productos comerciales, sino vehículos de expresión artística, educativa y cultural, con un profundo sentido social, esenciales para el desarrollo personal y colectivo de todas las personas en México.

Sin duda, los tiempos actuales ahora son más dinámicos y requieren un marco legal más actualizado y con mejores garantías de respeto a los derechos culturales vigentes para todos los involucrados. Estoy segura que este dictamen es el preludio de inclusión social y libertad creativa absoluta que incluye al cine tradicional y al ecosistema audiovisual completo.

No podemos ser indiferentes a las necesidades de obras audiovisuales como series, documentales y contenidos para las plataformas digitales de vídeo de baja demanda. Con esta votación logramos que el dictamen incorpore principios transversales como la diversidad cultural, la equidad de género, la inclusión de grupos vulnerables, la sostenibilidad ambiental, el mecanismo robusto de planeación estratégica, evaluación y rendición de cuentas transparentes.

Además, las opiniones recibidas, todas en pro, demuestran que el proyecto responde a desafíos actuales, como la dominación de contenidos extranjeros en salas y plataformas, la concentración monopólica en la distribución de la necesidad de certeza jurídica para inversionistas y creados.

Sin duda, todo proyecto de ley es perfectible y debe ser incluyente, y ese es precisamente otro de los elementos importantes en el dictamen, puesto que es producto de un largo trabajo incluyente que se definió y perfiló con reuniones diversas con los sectores involucrados de toda la sociedad. A los cuales desde aquí los saludamos con gusto.

Es muy importante resaltar que, con este dictamen al abrogar la ley de 1992, se corrigen deficiencias como la reducción drástica de cuotas de pantalla, que favorecieron el libre comercio a expensas de la soberanía cultural.

Con este dictamen no solo se actualiza el marco legal, sino que se posiciona al cine y al audiovisual como una herramienta para la cohesión social, la educación cívica y la preservación de identidades culturales diversas, especialmente en un país multicultural, como es éste, México.

Compañeras y compañeros diputados, debemos reconocer el esfuerzo y el gran trabajo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que responde a un clamor de los sectores cinematográfico y de audiovisuales, que tenían desde hace tiempo y que no habían sido ni escuchados ni visibilizados ni atendidos por muchos, muchos, años.

Este instrumento está alineado con compromisos internacionales de México, como la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Esta nueva ley ofrece diversos avances positivos para los sectores en los aspectos de:

1. Garantía del cine mexicano.

2. Producción y derechos en el cine y audiovisual mexicano.

3. Fomento al cine y al audiovisual.

4. Preservación de la memoria cinematográfica y audiovisual.

Pero, además, sus principales innovaciones se pueden enumerar, entre otras:

1. La ampliación en obras audiovisuales para abarcar formatos digitales.

2. El reconocimiento explícito de derechos culturales y acceso inclusivo.

3. Principios rectores, diversidad, igualdad de género, sostenibilidad y descentralización.

4. Fortalecimiento y fomento vía Focine con incremento progresivo de recursos.

5. Refinanciamiento de cuota de pantalla y visibilidad en plataformas digitales.

6. Doblaje inclusivo y accesible para discapacidades.

7. Mandato reforzado para la preservación y la entrega de copias.

8. Precisión de atribuciones en el sector cinematográfico.

9. Participación de gobiernos locales.

10. Consejo asesor para la consulta del fomento.

Compañeras y compañeros diputados, es así que les pido que generemos estas condiciones para el sector que ya desde hace tiempo –se les ha– se les debe del Estado mexicano. Por esto y más, mi Grupo Parlamentario de Morena votará en favor de esta nueva ley y la modernización que propone, esquematizando y proponiendo la mejor operación del segmento del cine y también de aquellos dedicados a los audiovisuales.

Con la aprobación de hoy daremos un paso histórico y muy significativo para el país, en beneficio de miles y miles de familias que viven del cine mexicano y de los audiovisuales con sello nacional.

Enhorabuena por este dictamen y por el gran trabajo realizado en la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara. Enhorabuena por la iniciativa tomada por nuestra presidenta y por apoyar a este sector, luego de décadas de estar olvidado.

Que viva el cine y el audiovisual mexicano. Que viva nuestra presidenta, la autora Claudia Sheinbaum Pardo. Y que viva México, que viva. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a las y los compañeros que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a los siguientes artículos: 1, 2, 14, 35 y 38 del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y se abroga la Ley Federal de Cinematografía.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En consecuencia, se instruye a la Secretaría para que abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Me informan que no habrá oradores en lo particular, por tanto, les solicitamos a las y los legisladores que no se retiren del pleno porque la votación vendrá casi inmediatamente. Muchas gracias. Ordene la Secretaría el cierre del sistema, permítame secretario, con calma y aquí esperamos con toda diligencia. Sigue abierto el sistema.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 459 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, secretaria diputada. Si es tan amable de ponerle audio a la curul 273.

La diputada Maribel Solache González (desde la curul): Voy a votar, por favor.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si es tan amable, diputada Solache, ¿nos puede decir su nombre completo y su sentido del voto?

La diputada Maribel Solache González (desde la curul): Maribel Solache González, Grupo Parlamentario de Morena y mi voto es a favor.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El diputado Blancas, si es tan amable. Si le ponen audio a su curul.

El diputado Bruno Blancas Mercado (desde la curul): Diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Diputado Carvajal.

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (desde la curul): Sí, a favor.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Está registrado su voto en el tablero, ¿verdad?

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (desde la curul): Ya está, gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Efectivamente, gracias. Si son tan amables, a la diputada Greycy. Adelante.

La diputada Greycy Marian Durán Alarcón (desde la curul): Gracias, Greycy Marian Durán Alarcón, del Grupo Parlamentario del PT, a favor.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputados. Si son tan amables los diputados que están, siete diputados que están llegando, y si gustan, podemos hacerlo desde una sola curul y que todos lo puedan hacer ahí mismo, se los agradeceríamos. Si quieren en la de Lobo. Adelante, diputado Lobo y si nos ayudan para que desde esa misma puedan votar los demás. Nombre y sentido del voto.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (desde la curul): Gracias, presidenta. Víctor Hugo Lobo, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias.

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Gracias, Guadalupe Morales, Grupo Parlamentario de Morena, a favor.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (desde la curul): Maiella Gómez, Grupo Parlamentario Morena, a favor.

La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (desde la curul): Mónica Álvarez Nemer, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias, presidenta.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (desde la curul): Gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a ustedes. Secretaria, si es tan...

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (desde la curul): Gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a ustedes. Secretaria, si es tan amable, dar cuenta del resultado.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Señora presidenta, se emitieron 466 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado en lo general por 466 votos.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Esta Presidencia instruye que las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular del dictamen y que no fueron presentadas en tribuna sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates. Por tanto, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 462 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado por 462 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos del artículo 104, numeral 1, del Reglamento, tiene la palabra, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, la diputada Maribel Martínez Ruiz, hasta por diez minutos. Adelante, diputada.

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Compañeras y compañeros diputados, a nombre de las y los integrantes de la Comisión de Vivienda, presento a la consideración de este pleno el dictamen respecto de la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y de diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada.

Comienzo por recordar la importante reforma que se aprobó en esta Cámara de Diputados al inicio de la presente legislatura, la reforma al artículo 4o. constitucional, en materia de bienestar, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de diciembre de 2024, dentro de la cual se contempló la sustitución del concepto vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada. Y se consagró la vivienda como un derecho de todas las personas en lugar de un derecho de familias.

Este cambio no fue meramente gramatical, sino un verdadero cambio de paradigma, pues presentó la reivindicación de la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía. El concepto vivienda decorosa que se introdujo a la Constitución en 1983, ciertamente plasmada en la Ley Suprema, una de las más elementales aspiraciones y derechos de carácter social.

Sin embargo, con la evolución de los derechos humanos y de los mecanismos para hacerlos efectivo, el concepto quedó rebasado en virtud de que no es susceptible de medición mediante parámetros verificables, por lo que resultó subjetivo.

En contraste, el concepto de vivienda adecuada está establecido en el ámbito internacional y responde a siete elementos objetivos que permiten materializar ese derecho y medir su cumplimiento.

Tales elementos han sido delineados en el ámbito internacional por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y que brinda orientación especializada a los Estados parte, relacionada a las diversas obligaciones que han signado conforme al derecho convencional.

En su observación general número 4, relativa al derecho a la vivienda, el Comité DESC estableció que el derecho a la vivienda adecuada debe considerarse con atributos cuantificables, mismos que categoriza en siete elementos esenciales: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, facilidades en infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural.

Para ello, el Comité DESC no es la única instancia del ámbito internacional que ha delimitado los elementos de la vivienda adecuada, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU- Hábitat, agencia creada por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha incorporado también siete elementos en consonancia con los establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con este marco referencial, tanto en el ámbito internacional como a nivel constitucional, la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum, remitió a esta soberanía una iniciativa con el fin de armonizar la legislación secundaria, lo que permitirá materializar los objetivos de la reforma constitucional de 2024, y convertir el derecho a la vivienda adecuada en una realidad para millones de personas.

Pero esta reforma también armoniza la Ley de Vivienda con la reforma a la fracción XII, del Apartado A, del artículo 123 constitucional, aprobada también en esta legislatura y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de diciembre de 2024.

Se estableció un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras, que permita el acceso a crédito barato y suficiente para la construcción, adquisición o mejora de vivienda, la adquisición de suelo, e introdujo la figura del arrendamiento social.

A partir de estas reformas constitucionales y de las posteriores modificaciones a la legislación secundaria, se prevén nuevos mecanismos y acciones para satisfacer el derecho a la vivienda adecuada. Por ejemplo, el sistema de vivienda con orientación social, permitirá obtener crédito barato y suficiente, no solamente para la adquisición de vivienda, sino también para construcción, mejora de vivienda, la adquisición de suelo y la autoproducción.

Otro ejemplo es la figura del arrendamiento social. Al término del cual la persona trabajadora derechohabiente tiene la posibilidad de adquirir la vivienda en propiedad.

Por ello, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea armonizar la Ley de Vivienda en este nuevo paradigma constitucional y convencional. Lo que constituirá la base para lograr las metas que la propia presidenta de la República ha planteado con su programa de vivienda, uno de los más emblemáticos y prioritarios de su administración, que consiste en la construcción de un millón 800 mil viviendas construidas con las características de la vivienda adecuada.

Pero el dictamen que sometemos a su consideración contempla también otras iniciativas de diputadas y diputados, por ello, quiero reconocer las aportaciones de la diputada Merilyn Gómez Pozos, de Morena; la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de MC; el diputado Oscar Bautista Villegas, del Verde Ecologista de México, la diputada María del Rosario Orozco Caballero, de Morena, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, y también la diputada Carmen Rocío González Alonso, del PAN, que presentaron iniciativa que fue dictaminada con anterioridad, pero que también se relaciona con el tema que hoy nos ocupa.

Finalmente, quiero reconocer y agradecer a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda por su trabajo, su disposición y por el intercambio de ideas en un debate siempre de altura.

Me congratulo en decir que la Comisión de Vivienda se ha venido consolidando como un espacio de pluralidad, diálogo y entendimiento, más allá de las diferencias políticas e ideológicas y, sobre todo, por el interés superior que hoy el pueblo de México nos exige.

Por lo tanto, lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les pido su respaldo a esta importante iniciativa, iniciativas, junto con las de mis compañeras y compañeros diputados, para que este dictamen sea votado a favor siempre por el bien del pueblo de México.

Y agradezco, sin lugar a dudas, la confianza de mi grupo parlamentario para presidir esta importante Comisión de Vivienda. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos a escuchar las posturas de los grupos parlamentarios, iniciando con la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Antes de mi intervención quisiera reconocer el trabajo de la Comisión de Vivienda, reconocer la apertura de su presidenta. Movimiento Ciudadano ha señalado en múltiples ocasiones que el acceso a la vivienda es un derecho humano y no una mercancía ni un privilegio, así, así lo hemos reiterado en cada una de las discusiones que se han realizado en esta tribuna y a través de las iniciativas que nuestra bancada ha presentado con el fin de garantizar y maximizar este derecho fundamental.

En los últimos años distintos fenómenos sociales y económicos han ocasionado que a la población le sea cada vez más difícil acceder a una vivienda adecuada. Entre algunas de las causas se puede citar la reciente presión inmobiliaria y la financiación de la vivienda, el incremento y la especulación de los costos de la renta y de adquisición. La gentrificación, la falta de accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de servicios, entre otros motivos.

Ante tal panorama, los precios de la propiedad en México han registrado un incremento sustancial en los años recientes, principalmente en las ciudades, como la capital de nuestro país, así como en otras urbes y comunidades turísticas, lo cual evidencia que el mercado inmobiliario está atravesando una creciente presión inmobiliaria, que conlleva a múltiples retos que deben ser abordados por parte de las autoridades y cuya regulación legal no se puede seguir postergando.

En ese sentido, respecto al dictamen que se analiza, Movimiento Ciudadano ha decidido respaldar la propuesta, ya que, si la misma se llega a implementar de manera correcta, armonizará la aplicación de la Ley de Vivienda con el espíritu de las reformas constitucionales publicadas en diciembre de 2024.

Asimismo, incorporará al Infonavit y al Fovissste como actores claves dentro de la política nacional de vivienda, fortaleciendo su coordinación y ampliando sus facultades operativas para con ello articular los programas del gobierno con los fondos de vivienda destinados a las personas trabajadoras.

De igual manera, la adecuada implementación de la reforma coadyuvará a que se fomente la colaboración con desarrolladores, organismos de crédito y otras instituciones, a fin de ampliar las opciones de vivienda a la población.

Además, posibilitará que el Infonavit y el Fovissste puedan adquirir, rehabilitar y construir viviendas, así como financiar la autoproducción, adquirir o urbanizar terrenos y enajenar o arrendar viviendas con recursos de sus fondos, para generar así condiciones de acceso a créditos más baratos y suficientes.

Nuestra bancada saluda la incorporación de una previsión expresa para que se salvaguarde el patrimonio de los fondos de los derechos de las personas trabajadoras, sin comprometer su solvencia y sostenibilidad financiera, a efecto de que ningún riesgo sea trasladado a las cuentas individuales de los derechohabientes.

Lo anterior fue una demanda señalada por Movimiento Ciudadano desde la discusión de la reforma al artículo 123 constitucional en octubre de 2024.

Aquí, en esta tribuna lo señaló nuestra coordinadora, Ivonne Ortega. Aquí, en esta tribuna lo señaló la diputada Patricia Mercado, aquí lo señalaron los 27 diputados del grupo parlamentario.

De igual forma, desde la discusión de la reforma constitucional a la reforma a la Ley de Infonavit, en materia de vivienda con orientación social, Movimiento Ciudadano ha sido consistente en enfatizar la necesidad de establecer reglas claras y mayores controles para el desarrollo de los proyectos, así como mecanismos adicionales de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos de los fondos de vivienda de las personas trabajadoras, por lo que hoy reiteramos y hacemos un llamado, ya que al aplicar las facultades a labores como la construcción de vivienda, se hace necesario contar con criterios públicos que posibiliten una planeación rigurosa que evite errores como ya se han tenido.

Compañeras y compañeros, nuestra bancada naranja es consciente de que nuestro país necesita actualizar y armonizar el marco jurídico en materia de vivienda para poder hacer frente a la problemática y los retos actuales que cada vez son más complicados y complejos para adquirir o rentar una vivienda a las y los mexicanos y, sobre todo, a las personas jóvenes y quienes están en situación de vulnerabilidad.

Por ese motivo, nuestra bancada presentó distintas iniciativas en las cuales se plantea incorporar criterios operativos de la política nacional de vivienda, así como lineamientos sobre sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, adecuación cultural, prevención de la gentrificación, proximidad a transporte y servicios, entre otros elementos que hoy reconozco en este dictamen han sido tomados en cuenta.

Para concluir, deseo destacar que en el régimen transitorio del proyecto prevé que no habrá ampliación presupuestal, ante lo cual debemos tener presente que, para la consecución de los objetivos planteados en esta reforma, es necesario contar con recursos presupuestales suficientes, ya que la eventual entrada en vigor de la reforma ampliará facultades al Infonavit y al Fovissste.

En ese sentido, Movimiento Ciudadano invita a las diversas fuerzas políticas aquí representadas para que en la elaboración del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027, se contemplen recursos suficientes que posibiliten hacer operativa la reforma que ahora vamos a votar y con ello se puedan beneficiar a una mayor cantidad de mexicanas y mexicanos.

Nuestra bancada votará a favor del dictamen, pero insistiremos en que se provean los recursos necesarios para que se puedan cumplir a cabalidad las funciones y las responsabilidades contempladas en el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración, así como mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que con ello se garantice una política de vivienda más equilibrada y coordinada. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Con permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras, legisladores, legisladoras, la bancada tricolor anuncia desde este momento el voto en contra de este presente dictamen y lo hago con claridad, votamos en contra porque esta reforma no garantiza el derecho a la vivienda, sino que abre la puerta a la discrecionalidad, a la opacidad y a un modelo que pone en riesgo el patrimonio de las y los trabajadores de México.

Este dictamen no puede analizarse de manera aislada, es la continuación de una ruta que inició con la reforma del Infonavit, del año pasado, en la que se debilitó el carácter tripartito del instituto y se generaron condiciones para disponer de los recursos de las subcuentas de vivienda. Hoy, esa lógica se profundiza.

Se nos dice que esta reforma busca garantizar una vivienda adecuada, pero la realidad es que engañosamente lo que se quiere es permitir que organismos como el Infonavit no solo financien vivienda, sino que puedan adquirir terrenos, construir, rehabilitar y, posteriormente, vender o rentar viviendas a los trabajadores. Esto cambia completamente el modelo.

Pasamos de un sistema que facilitaba el acceso a la vivienda a dónde el propio Estado a través de sus instituciones se convierte en desarrollador, intermediario y vendedor, y esto, compañeras y compañeros, genera un conflicto evidente. El gobierno compitiendo, decidiendo y vendiendo al mismo tiempo. ¿Dónde quedan los controles? ¿Dónde queda la transparencia? ¿Dónde queda la certeza para los trabajadores? No hay respuestas claras.

Además, este esquema abre la puerta a que las viviendas se oferten a precios más caros bajo condiciones definidas de manera discrecional, aprovechándose de la necesidad real de millones de personas que hoy no tienen acceso a una vivienda.

Y, no podemos ignorar el contexto, venimos de una reforma donde se puso en riesgo el patrimonio de las y los trabajadores, recursos que ascienden a alrededor de 2.4 billones de pesos en las subcuentas de vivienda.


Hoy, con este dictamen se construye el siguiente paso, utilizar estos recursos en esquemas de inversión, construcción y administración inmobiliaria, sin controles suficientemente claros. Esto no es política social, eso es una apuesta riesgosa con el dinero de los trabajadores.

También preocupa profundamente que el dictamen amplíe la participación de intermediarios privados y permita su intervención en todo el proceso de la vivienda, desde el suelo hasta el financiamiento, sin reglas claras, sin indicadores verificables y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Esto puede derivar en discrecionalidad, favoritismos y corrupción. Y, eso o decimos con responsabilidad, cuando no hay controles hay abusos. Compañeros y compañeras, el problema de la vivienda en México es real, sí, la necesidad es urgente, sí, pero las soluciones no pueden construirse sobre la opacidad ni sobre el debilitamiento de las instituciones.

Esta reforma no garantiza viviendas más accesibles, no asegura mejores condiciones para los trabajadores y no establece mecanismos que den certeza jurídica, financiera y social. Por el contrario, concentra decisiones, abre espacios en la discrecionalidad y pone en duda el manejo de recursos que pertenecen a millones y millones de mexicanas.

Por eso, votamos en contra, porque creemos en una política de vivienda con reglas claras, con transparencia, con equilibrio institucional y, sobre todo, con respeto absoluto al patrimonio de las y los trabajadores. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Con su venia, presidenta. Lo que hoy estamos a punto de votar, al menos en forma positiva los que somos parte de la cuarta transformación, no solamente es el resultado de la lucha que hemos dado muchos de los que estamos aquí, que venimos de movimientos inquilinarios, para que se cambie el paradigma central de que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho.

Lo decía hoy por la mañana nuestro diputado José Luis Sánchez y esa es una de las creencias centrales del Partido del Trabajo y que hoy se ven coronadas con esta ley secundaria.

Sin embargo, aquellos que son los guardapuertas de los intereses económicos, pues, resulta que están oponiéndose a esta iniciativa, con varios discursos, diría yo, primero pensé que ignorantes, hoy sé que malintencionados.

Fíjense bien: cuestionaban hoy por la mañana los integrantes del Partido Acción Nacional que cuál era el metraje que se iba a dar en las casas habitación. Les quiero decir que no se ha determinado un metraje, justo por opción y recomendación de la ONU, porque hay medidas estándar base, que son 10 metros cuadrados por persona, que mide una casa habitación, valga la redundancia, y 60 metros para una familia de tres a cuatro personas. Pero la aspiración que no solamente nuestro movimiento, sino quienes hoy están construyendo la vivienda, es que esa sea una medida mínima.

Y nos parece claramente extraño, porque quienes hoy vienen a criticar el tema de las medidas de las viviendas, que además mentían de la cantidad de viviendas que, según ellos, había construido Calderón, imagínense ustedes, el peor presidente que ha tenido este país, y decían, presumían, que habían construido 7 millones de viviendas, mentira. Mentira.

Construyeron, entre Fox, Calderón y Peña, 5.8 millones de viviendas, de las cuales 600 mil están abandonadas porque están en zonas de alta peligrosidad. Y de esas, todavía hay otras desocupadas porque no presentan los principios básicos de construcción y estaban entre 24 y 36 metros cuadrados... 24 y 36 metros cuadrados. Inclusive, estas casas habitación se hacían fuera de la mancha urbana para privilegiar a aquellos a los que les pagaban sus negocios.

Porque, en Chihuahua, por ejemplo, mi estado, y mi ciudad natal, Chihuahua, Chihuahua, se hicieron estos espacios de vivienda casi en la primera caseta a Ciudad Juárez, porque era más barato, se las entregaban sin servicios y el municipio tenía que hacer luego malabares para poderles llevar servicios básicos.

¿Qué otra cosa han dicho? Pues que el traslado, que cuando diga traslado cercano, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay estándares internacionales, también como dicen, clásico, hay que leer, ¿no? Hay estándares internacionales que dicen que un traslado es de 30 minutos o menos.

Que se desviarán recursos, lo acabamos de escuchar en esta tribuna, que se desviarán recursos. A ver, compañeras y compañeros, artículo 56 de este dictamen dice, con mucha claridad, que no se desviarán los recursos y que se salvaguardarán los derechos de los trabajadores, así como su subcuenta de vivienda. Así que no vengan acá a espantarnos con chupacabras y a contarnos mentiras, mentiras, mentiras.

Hoy, este gobierno ha anunciado la creación de un millón 800 viviendas, un millón 800 viviendas es más de lo que hicieron sus presidentes, porque se presentarán con las características de asequibilidad, es decir, que estén al alcance del bolsillo de la gente; habitabilidad, certeza jurídica, servicios públicos y adecuación cultural que hoy son objetivos medibles y alcanzables y saben qué, exigibles.

Si eso no se presenta en las viviendas, hoy, las y los mexicanos pueden exigirlo como derecho y esto es algo que ustedes nunca se atrevieron. Ustedes no construyeron vivienda, construyeron negocios y es a través de esos negocios que se les pagó a los prestadores de servicios que estaban a disposición, prestanombres o muchas otras cosas que no queremos saber y que no volverán a este país.

Yo quiero cerrar diciendo, que una de las cosas más importantes que tiene esta iniciativa, es que los institutos, como el Infonavit, el Fovissste y los organismos, como la Conavi, que están considerados, podrán rentar casas-habitación. Hemos escuchado críticas aquí, eso habla y evidencia que quienes lo critican no tienen idea del mundo de la vivienda.

La reforma laboral de Peña Nieto dejó a los jóvenes y las jóvenes sin la posibilidad de poder adquirir vivienda, hoy no hay otra manera en la que nuestros jóvenes puedan acceder a la vivienda si no es que el Infonavit pueda rentar vivienda con opción a compra. Por cierto, fue un proyecto que nosotros propusimos en el sexenio de Peña Nieto y que se lanzó como pilotaje. Así que lo que hoy vienen a criticar no solamente habla de su desconexión con la gente...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil: ...con el pueblo de México, sino que habla de su ignorancia planeada. Nosotros estamos del lado correcto de la historia y por eso hoy vamos a votar a favor, no sin antes, además, hacer un reconocimiento al extraordinario trabajo que ha hecho nuestra compañera Maribel Martínez en la presidencia de esta comisión. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.

El diputado Oscar Bautista Villegas: Muy buenas tardes. Con la venia de la presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.

El diputado Oscar Bautista Villegas: Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros legisladores que están aquí presentes y que hoy, a través del Partido Verde Ecologista de México, a través de la pollo-bancada, respaldamos esta iniciativa que ha presentado la presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero queremos también dejar aquí el comentario que son 145 reformas que el Partido Verde Ecologista de México, 28 constitucionales y 117 legales, que hemos apoyado a este gobierno de la transformación.

Hoy no estamos discutiendo una reforma más. Hoy estamos defendiendo el rumbo de la política de la vivienda de México. La iniciativa presentada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un objetivo claro: darle contenido real al derecho de la vivienda y ordenar la política pública en esta materia.

Hay que decirlo con precisión. Esta reforma armoniza la Ley de Vivienda en el mandato constitucional vigente, sustituyendo el concepto de vivienda digna y decorosa, por la de vivienda adecuada.

Esto no es un cambio menor, es un cambio de fondo, porque significa pasar de un concepto abierto, difícil de medir, a un estándar claro que permite definir condiciones que debe de cumplir una vivienda para responder realmente a las necesidades de las y los mexicanos. Se trata de establecer que la vivienda debe de cumplir condiciones de habitabilidad, accesibilidad, servicios, ubicación y calidad de vida. Es decir, se le da contenido concreto a un derecho que durante años fue una gran medida decorativa.

Además, esta iniciativa fortalece la política nacional de vivienda, integra de manera más clara a los organismos e instituciones públicas que participan en la materia para que actúen bajo una misma lógica y dejen de operar de manera aislada. Esto permite mayor coordinación, mayor claridad en las responsabilidades y una mejor orientación de los esfuerzos del Estado.

También amplía la visión de la política de vivienda, reconoce que el acceso a la vivienda no se da por una sola vía, incorpora distintas modalidades dentro de la acción pública, incluyendo esquemas como el arrendamiento, sin que ello implique modificar el régimen jurídico de los contratos vigentes.

La realidad habitacional en México evidencia la urgencia de avanzar en esta dirección, hoy más de ocho millones de viviendas presentan rezago, lo que implica que millones de familias viven en condiciones de hacinamiento, deterioro o sin servicios básicos adecuados.

A ello se suma un déficit habitacional que también supera los ocho millones de viviendas y que continúa incrementándose en los próximos años como consecuencia del crecimiento demográfico y la conformación de nuevos hogares.

La iniciativa señalada señala que proyecto indican que hacía 2030 México necesitará alrededor de 6.6 millones de viviendas.

Compañeras y compañeros diputados, hoy sin duda el Partido Verde Ecologista de México respaldamos esta iniciativa. Primero, porque recoge diversas propuestas presentadas por varios diputados y diputadas de esta legislatura, que fortalecen la propuesta enviada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace unos meses esta soberanía aprobó la modificación del Infonavit, hoy podemos ver que este gobierno tiene un compromiso claro, construir más de 1.8 millones de viviendas a lo largo y ancho de este país, viviendas que, sin duda, van a ayudar a evitar el hacinamiento, viviendas con mayor amplitud, mayor seguridad, ecotecnias, viviendas que se le va a dar a los jóvenes que no tienen los recursos económicos para adquirirlas de forma inmediata. Viviendas que serán para gente con discapacidad, para matrimonios jóvenes y para trabajadores que no ganan más de dos salarios mínimos.

Yo le quiero pedir a todas mis compañeras y compañeros diputados de esta legislatura que demos el respaldo para que muchos mexicanos y mexicanas a lo largo de este país puedan tener patrimonio propio, puedan tener una vivienda y con ello mejoremos las condiciones de vida de las y los mexicanos.

Refrendemos nuestro compromiso, el Partido Verde Ecologista, la Pollo Bancada del Verde, reafirmamos el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en esta iniciativa. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Primero, lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos venido diciendo es que, en este dictamen, la primera parte de este dictamen, que habla de armonizar lo que se aprobó en meses pasados de la Constitución y estar acorde a los estándares internacionales para tener una mejor vivienda, con base en los derechos humanos, esa parte la apoyamos.

Sin embargo, aquí es donde hay una diferencia abismal de lo que pensamos que es lo mejor para la clase trabajadora de nuestro país para que tengan una vivienda adecuada, porque luego después en lugar de estar discutiendo cosas serias para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de nuestro país empieza la discusión de un populismo ideológico que es el refugio de la ignorancia, del resentimiento, pero, sobre todo, de gobiernos incapaces, como los dos que nos han gobernado en estos últimos años, porque este dictamen habla de que el Infonavit se convierta en una constructora, en una inmobiliaria, donde no dejará en la libertad a las trabajadoras y los trabajadores elegir su vivienda, sino que, al ser la constructora te va a decir: aquí tienes que vivir. Te guste o no te guste. Aquí puedes rentar, te guste o no te guste. No es a tu elección.

Pero, miren, Morena y sus aliados nos piden porque el artículo 56 dice que se deberá atender para que no haya desvíos y para cuidar los recursos del fondo, del cual son los recursos con lo cual se van a hacer las viviendas del Infonavit.

Pero en la Comisión de Vivienda, antes de aprobar este dictamen, aprobamos una opinión de la comisión ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión de Vigilancia, para que las observaciones que esta Auditoría Superior le da a la Conavi por desvíos de recursos millonarios. Y la Comisión de Vivienda recomendamos que se haga una auditoría y que nos informe a la Cámara de Diputados el resultado de esos desvíos millonarios de la Conavi.

Pagos por servicios no realizados, recursos públicos no recuperados. Cambiaron los supuestos moches por una ineficiencia que nos cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos. Y eso lo acabamos de aprobar hoy en la Comisión de Vivienda.

Quieren con esta reforma crear una empresa constructora, como lo dije hace un momento, del Infonavit. Es decir, quieren regresar a los años setenta, cuando el Infonavit construía. Construía mal, construía en forma deficiente, construía caro y al final fue un desastre.

La opacidad es lo que esta reforma mandata. ¿Quién va a fiscalizar a la nueva filial del Infonavit? ¿Será acaso esta petición que nos hacen para que suceda lo mismo que Segalmex, que Pemex, que el Tren Maya, que el Interoceánico, que la Refinería de Tres Bocas, donde los recursos públicos simple y sencillamente desaparecen?

Hoy ustedes, amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven, estas viviendas que construirá el Infonavit serán fondeadas no con recursos públicos del gobierno federal, sino con los fondos y los ahorros de la subcuenta de las y los trabajadores que todos los días trabajan y cotizan, y que hoy a lo mejor no han utilizado esa subcuenta, pero cuando la vayan a utilizar les pueden decir, sabes qué, con la mala suerte de que tu recurso, tu fondo de ahorro se ha agotado.

Por eso es que termino con lo que empecé, diciendo que estamos de acuerdo en una parte del dictamen, pero no podemos avalar que sea el Infonavit una constructora con base en los ahorros de los trabajadores y no me vengan aquí con discursos trasnochados del pasado, dejen de ver con el retrovisor hacia atrás, veamos hacia el frente, veamos hacia el futuro para bien de los y las trabajadores de nuestro país. Por su atención, muchas gracias y el voto será en contra.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado Anaya.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Partido Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Gilberto Herrera Solórzano: Pueblo de México, la propuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es un paradigma, es un antes y un después en lo que se refiere a la política de vivienda de nuestro país. Se rompe el molde de cómo se hacían casas en los gobiernos del PRIAN.

En 2024 avanzamos en el segundo piso de la cuarta transformación, reconocimos el derecho a la vivienda adecuada para todas y para todos. Hoy modificaremos la Ley de Vivienda para ampliar y garantizar el derecho de la vivienda adecuada para los trabajadores y trabajadoras de México.

Comienzo diciéndole a aquellos diputados del MCPRIAN, mitómanos del MCPRIAN, que el último párrafo del artículo 56 de esta iniciativa establece que en todo momento el patrimonio de las trabajadoras y trabajadores, el dinero de su subcuenta está salvaguardado, es decir, el dinero no se toca para otra cosa que no sea para su casa.

En esta participación enlistaré los siete elementos de la vivienda adecuada, los cuales poco a poco los gobiernos de la cuarta transformación hemos ido aplicando en la política de vivienda, pero que por muchos años fueron pisoteados debido a los intereses neoliberales del MCPRIAN, desde Salinas hasta Peña Nieto.

Número 1. La seguridad en la tenencia. Es decir, la certeza jurídica de nuestro patrimonio. Durante la larga y oscura pesadilla neoliberal los gobiernos panistas vendieron terrenos que no eran parte de su reserva territorial, engañando a las personas que ilusionabas pensaban que ahora tendrían un patrimonio para su familia.

Otorgaron también tierras nacionales a particulares a pesar de que familias enteras llevaban décadas asentadas en ese lugar. Despojaron a pueblos indígenas de sus tierras para cederlas a empresas nacionales y extranjeras.

Tan solo en Tijuana, mi tierra, puedo mencionar los casos de la colonia Terrazas del Valle, La Morita, 3 de Octubre, Maclovio Rojas, entre otras. Desde la más alta tribuna les digo a estas comunidades no están solas, tienen en mí un aliado que siempre vamos a defenderles. En la cuarta transformación seguiremos buscando corregir estos conflictos y es importante mencionar que ya en el gobierno de la presidenta Claudia, ya se han otorgado, al menos, 168 mil escrituras y seguimos avanzando, vamos por un millón de escrituras.

Número 2. Disponibilidad de servicios, fue con las gestiones prianistas que municipios enteros quedaron con un rezago monumental en términos de servicios públicos sin agua, sin luz, sin drenaje, sin pavimentación.

Es decir, los dejaron en las periferias y a parte abandonados. Esto tiene que cambiar y va a cambiar en todos los rincones del país. Vamos a llevar todos los servicios con este Programa de Vivienda.

3. Asequibilidad. La especulación inmobiliaria promovida por la derecha es una de las peores desgracias en nuestro país. Poder pagar una vivienda sea comprada o arrendada se ha vuelto casi imposible, no se diga para los jóvenes, y lo que aún más con el estancamiento salarial al que nos condenaron, todavía lo hizo cada vez más difícil y complicado.

Tijuana, mi municipio, la ciudad con mayor rezago de déficit de vivienda a nivel nacional, el costo de la vivienda es inalcanzable para la clase trabajadora. En estos momentos hay trabajadores de la maquila con créditos de 600 mil pesos, pero la oferta de vivienda allá afuera es de 5 millones de pesos en adelante. Es decir, se están haciendo departamentos muy bonitos, pero no para el pueblo de México.

Con esta reforma el Infonavit va a construir casas, vamos a tener vivienda más barata, accesible para las personas trabajadoras.

4. Habitabilidad. En el gobierno de Fox, que dicen que el que hizo más casas o la política de vivienda más ambiciosa, fue realmente un completo fracaso, 800 mil viviendas abandonadas en todo México.

Las dos administraciones panistas siguieron los mismos pasos que Salinas, con su programa famoso para el fomento de la desregularización de la vivienda que inició 92 y buscó disminuir el papel del Estado mexicano. Es decir, lo dejaron todo en las manos del mercado y ahí están las siniestras consecuencias.

Es evidente que millones de viviendas que construyeron no eran dignas ni decorosas, viviendas de 30 metros cuadrados, los famosos huevitos o pichoneras.

5. Accesibilidad. Para que una vivienda sea considerada accesible debe estar libre de barreras para cualquier persona, libre y segura, autónoma e independiente.

Los panistas, definitivamente no creen en esta lucha, porque ellos fueron los únicos que votaron en contra de la pensión para personas con discapacidad. En fin, votaron en contra de todos los programas sociales.

6. Adecuación cultural. Una vivienda adecuada debe tomar en cuenta y respetar la expresión de la identidad de cada región del país. Hemos priorizado los procesos participativos en cada aspecto de la vida pública.

Y, para muestra un botón, vean los videos de la entrega de las casas de la presidenta, son viviendas del doble de metros y a la mitad del precio que ofertaron los gobiernos del Prian.

7. Ubicación. La política neoliberal del Prian, con la construcción masiva de viviendas en miniatura y muchas veces sin servicios se centró en las periferias, lejos de los centros de trabajo, afectando de manera importante la calidad de vida de las personas mexicanas.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.

El diputado Gilberto Herrera Solórzano: En Tijuana está el caso ejemplar del Valle de las Palmas, un proyecto que incluso, fue a inaugurar Felipe Calderón, allá por 2007, mencionó que era la primera ciudad planeada de América latina, que iba a albergar al menos a un millón de habitantes. Pues resultó que hoy es una ciudad fantasma, con menos de cinco mil habitantes, sin servicios. En pocas palabras, su modelo de vivienda fue un completo fracaso.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.

El diputado Gilberto Herrera Solórzano: Así también sucedió en Tijuana, en Lomas del Rubí, donde permitieron o dieron permisos en zonas de alto riesgo o les dieron permisos a constructoras y terminaron raspando el talud que sostenía a más de 130 familias en Lomas del Rubí.

Esta reforma va por Tijuana, va por las personas para que tengan alcance a una vivienda adecuada. Va por los jóvenes, porque no podemos seguir normalizando las rentas impagables. Va...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputado, concluya, por favor.

El diputado Gilberto Herrera Solórzano: ... para que nunca se construyan más viviendas en zonas de riesgo y va para que todos en nuestro país puedan alcanzar una vivienda y que deje de ser la vivienda una mercancía y se convierta en un derecho. Viva la reforma y el dictamen de la presidenta de México por una vivienda adecuada en nuestro país. Que vivan las viviendas del Bienestar.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Está a discusión el dictamen en lo general. Para hablar en contra y a favor, las diputadas y diputados tendrán el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la carrera de Derecho del Centro Comunitario CEO Profesional, invitados por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputada.

La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.

La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: Compañeras y compañeros diputados, con este dictamen de reforma a la Ley de Vivienda estamos dando un paso trascendente para hacer realidad el derecho a contar con una vivienda adecuada. Es un trabajo legislativo que hemos impulsado desde la pasada legislatura y que después de la reforma constitucional hoy nos corresponde armonizar en la legislación secundaria.

Nuestro marco jurídico contempla el término de vivienda digna y decorosa; un concepto loable, sí, pero ambiguo, subjetivo y, sobre todo, insuficiente para garantizar derechos. Hoy damos un paso adelante al establecer un concepto moderno, integral y exigible: el de vivienda adecuada.

Este cambio significa pasar de una aspiración a una obligación concreta del Estado: significa establecer parámetros claros, medibles y verificables, para que ninguna familia en México viva en condiciones de precariedad, inseguridad o abandono.

Porque hablar de vivienda adecuada es hablar de siete elementos fundamentales: seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Es decir, no basta con tener un lugar donde vivir: se trata de contar con una vivienda donde una familia pueda vivir con dignidad, con seguridad y con acceso a oportunidades.

En este punto coincidimos: estamos a favor de la vivienda adecuada y de impulsar la vivienda social, pero no estamos de acuerdo en la forma en que se pretende lograr. El problema no está en el propósito, sino en el camino. Esta reforma no solo redefine la política de vivienda en México, también transforma profundamente el papel del Infonavit y del Fovissste y lo hace de una manera preocupante.

Se les pretende convertir en desarrolladores inmobiliarios, permitiéndoles adquirir terrenos urbanizados, construir vivienda e incluso financiar estos proyectos con los recursos de sus propios fondos y aquí es donde debemos detenernos, porque esos fondos no son recursos públicos en el sentido tradicional, no son dinero del gobierno, son el ahorro de millones de trabajadoras y trabajadores que a lo largo de años han construido su patrimonio en la subcuenta de vivienda.

Ese dinero tiene un propósito claro, servir como respaldo para acceder a un crédito, mejorar su vivienda o tener certeza en momentos de dificultad, sin embargo, con esta reforma ese ahorro podría convertirse en capital de riesgo, al no contar con garantías claras de pago, lo que pondría en peligro las finanzas de los institutos y el ahorro de los trabajadores.

Se abre la puerta para que el dinero de los trabajadores se utilice en la compra de terrenos, en proyectos de construcción y en esquemas cuya rentabilidad y éxito no están garantizados.

Al permitir que estos organismos participen directamente en la adquisición de terrenos y en la construcción de viviendas, se incrementa el riesgo de malas decisiones, de sobrecostos y de posibles actos de corrupción y aunque se diga que se protegerán los fondos, lo cierto es que no existen candados suficientemente claros que garanticen que el patrimonio de los trabajadores no será comprometido.

Ya hemos visto en otros sectores lo que ocurre cuando se desvían los objetivos de las instituciones, se deteriora el servicio, se pierden recursos y quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos. No repitamos esos errores.

Compañeras y compañeros, defender el derecho a la vivienda no significa poner en riesgo el ahorro de quienes han trabajado toda su vida para construir un patrimonio. Defender la vivienda sí, pero no a costa de los trabajadores. Defender la política social sí, pero con responsabilidad y sin improvisaciones.

Porque no podemos permitir que el dinero de millones de mexicanas y mexicanos se convierta en la caja de financiamiento de proyectos sin garantías. Porque no podemos acompañar una reforma que, en lugar de fortalecer a los trabajadores, los pone en riesgo. Y porque nuestra responsabilidad es clara: proteger el patrimonio de quienes confían en estas instituciones. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Esta presidencia saluda a activistas y luchadores sociales del estado de Puebla, así como a la familia Román Romano, de la México 68, invitados por la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Partido Morena. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Jesús Jiménez, del Partido Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.

El diputado J. Jesús Jiménez: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado J. Jesús Jiménez: Primero que nada, quiero agradecerle a nuestra presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, por lo que hoy se fija en nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de México, con esta iniciativa, ya que lo que vienen siendo los Prianistas nunca voltearon a vernos a nosotros como trabajadores, y se los digo porque soy trabajador.

Yo creo, fuera máscaras del Prian, porque nunca han sabido lo que es trabajar, lo que es tener un salario como trabajador, como nosotros como trabajadores. Y es por eso que les arde que el día hoy se les caiga su teatrito y no tengan de donde seguir sobreviviendo.

Hoy nos encontramos ante un dictamen que representa un paso firme en la consolidación de uno de los derechos humanos más importantes para la vida digna de las personas, el derecho a una vida de vivienda adecuada. Esta reforma impulsada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no es un cambio solo conceptual, es una transformación de fondo en la manera en que el Estado mexicano entiende garantizar y materializa este derecho.

El dictamen armoniza nuestro marco jurídico con la reciente reforma constitucional que sustituye el concepto de vivienda digna y decorosa, por el de vivienda adecuada, incorporando así estándares internacionales claros, que serán posibles de medir y, por ende, de exigir. Esto implica pasar de una visión aspiracional a una política pública con parámetros concretos que obligan a las autoridades a garantizar condiciones reales de bienestar.  

Se reconoce de manera expresa los siete elementos fundamentales de la vivienda adecuada, se devuelve a la vivienda su carácter social y humano, alejando de los fines mercantiles y comerciales de intereses mezquinos que lucran con la necesidad de las familias de un espacio en el cual habitar.

Contar con un espacio digno para vivir deja de ser una aspiración y se convierte en un derecho real, porque una vivienda no puede ser solo un techo, debe de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de las personas.

Uno de los mayores aciertos de esta reforma es reconocer que el mercado por sí solo no ha sido capaz de garantizar vivienda para todas y todos. Por ello, se faculta al Estado para ampliar los mecanismos de acceso, no limitándose al crédito tradicional, sino incorporando esquemas como el arrendamiento social, la autoproducción asistida, la rehabilitación de vivienda y la urbanización de suelo.

Los beneficios de este dictamen no son menores para las familias mexicanas, significa vivir en condiciones de mayor seguridad, salud y bienestar para la clase trabajadora, representa la posibilidad real de acceder a un patrimonio sin comprometer nuestra estabilidad económica con deudas impagables durante toda nuestra vida laboral.

Y aquí es donde les digo: lástima del Prian, que los convenios eran por 30 años, que para que adquirir una vivienda si yo aquí en 1999 a la fecha todavía no la puedo liquidar, porque los convenios eran por 30 años o hasta morirnos.

Por eso, desde aquí les digo a los compañeros trabajadores: no se dejen confundir ni por los panistas y por los prianistas, nunca nos han defendido a nosotros como trabajadores, como trabajadores de campo, como trabajadores de a pie, compañeras, compañeros, ni a nuestras familias. Y desde aquí les decimos: son unos hipócritas, que dicen que están con nosotros, la base trabajadora. Es mentira, compañeras y compañeros. Nunca han estado con nosotros.

Es por ello que legislar en materia de vivienda es legislar sobre el futuro de México, es garantizar que cada persona tenga un lugar dónde vivir con dignidad, seguridad y paz. Por ello, votaremos a favor de este dictamen, convencidos de que estamos contribuyendo a construir un país más justo, más igualitario y con mayores oportunidades para todas y todos en esta visión humanitaria que compartimos con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.

Lo digo fuete y lo digo claro: no más un cártel inmobiliario del prianismo, no más beneficios del prianismo, del panismo y del priismo, no más saqueo hacia la base trabajadora. Y se los digo como trabajador de base. Es todo. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la carrera de derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, invitados por el diputado Edén Garcés Medina. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen.

El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con la venia de nuestra presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que: Gracias. Hoy vengo a referirme a un tema que está en discusión, al asalto del ahorro de las y los trabajadores que inició con la reforma al Infonavit, encabezados por Octavio Romero Oropeza hace algunos meses y aprobado por la mayoría y por el oficialismo.

Hoy discutimos un dictamen que, en apariencia, busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, pero detrás de este lenguaje engañoso, perverso, lo que realmente esconde es un modelo profundamente regresivo, opaco y perjudicial para millones de trabajadores que luchan todos los días, que caminan, que se esfuerzan, que se sacrifican para que sus familias tengan una vida mejor y una vivienda digna.

Este dictamen en los hechos es la continuación de una ruta que comenzó precisamente con la Ley del Infonavit, impulsada por el gobierno de Morena. Y por eso les decimos claro y fuerte: son unos hipócritas y unos traidores.

Esta reforma, lejos de fortalecer el patrimonio de los trabajadores, abre la puerta para disponer de sus ahorros de una forma alarmante. Hoy vemos cómo esa lógica se profundiza. Primero, se debilitan los mecanismos de protección del ahorro y ahora se pretende dirigir esos recursos hacia un modelo que beneficia a intermediarios, a coyotes y a gente que es afín a este régimen y no verdaderamente a los derechohabientes.

Se nos dice que esta reforma ampliará el acceso a la vivienda, pero la letra chiquita establece todo lo contrario, todo lo perverso, todo lo que se quieren quedar, con el dinero, con el ahorro de la clase trabadora de este país.

El Infonavit ya no será solamente un facilitador de crédito, que el trabajador acceda a su vivienda. Ahora podrá adquirir, construir, rehabilitar y posteriormente vender, rentar una vivienda que no les corresponde.

Esto viene, y vuelvo a mencionarlo, al director general de Infonavit, a Octavio Romero Oropeza, mi paisano tabasqueño. Se robó todo el dinero que había para proyectos en Pemex y dejó una deuda histórica a la paraestatal y hoy está en el atraco más grande a la clase trabajadora del país.

Por eso tu trabajadora, tu trabajador que me estás escuchando, quiero decirte que esta tarde Morena y el oficialismo está haciendo la traición más grande a tus ahorros, a tus derechos, para que puedas tener una vivienda digna y para que tu familia pueda estar mejor.

Este dictamen no establece métricas, estándares ni mecanismos de clara evaluación, habla de conceptos como accesibilidad o habitabilidad, pero no fija los indicadores, es decir, mucho discurso, pero nula rendición de cuentas, opaco y poco transparente. Estamos frente a un diseño institucional que debilita la certeza de los trabajadores en su patrimonio.

No se trata de oponerse al derecho de la vivienda, en el PRI apoyamos el objetivo, la causa de una vivienda justa para todos aquellos que merecen tener un mejor nivel de vida, que trabajan, que luchan todos los días y hoy, hoy nos preocupa la falta de transparencia en el funcionamiento del Infonavit bajo la actual administración, la conducción de este organismo encabezada como lo decía yo, por un perfil poco transparente, corrupto, señalado, pero, además, que todos en todo el país conocemos cuáles son sus triquiñuelas.

La opacidad, la discrecionalidad en la toma de decisiones y la ausencia de controles claros no son condiciones de la cual se deba de manejar estos recursos. Compañeras y compañeros, México sí necesita una política de vivienda sólida, moderna, amplia, eficaz y eficiente, pero también necesita certeza jurídica, transparencia y respeto absoluto al ahorro de los trabajadores. Por estas razones en el PRI...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.

El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que: –Concluyo, presidenta–. Por estas razones en el PRI votaremos en contra de este dictamen y retamos al oficialismo a que sea claro y transparente para que puedan tener los trabajadores del país una vivienda justa y digna, y no sea nada más temas electoreros. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Lorena García Jimeno Alcocer, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen. Perdón, perdón, diputada. Si me permite un segundo. Cedemos, más bien, el uso de la palabra a la diputada Patricia Mercado Castro, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

La diputada Patricia Mercado Castro: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Patricia Mercado Castro: Sí, Movimiento Ciudadano como expresó nuestra compañera diputada Gloria Núñez, votaremos a favor de esta propuesta que armoniza en este dictamen y propone muy claramente el que la política de vivienda que va a ser fortalecida y financiada por este Fondo de Vivienda, sea una vivienda adecuada tal y como está muy claro, digamos, en el lenguaje internacional y sobre todo en ONU-Hábitat.

Una vivienda adecuada que es accesible, que respeta la diversidad cultural, que es disponible en términos de servicios, que tiene y da seguridad en la tenencia, una ubicación, una vivienda ubicada significa que es cercana a las fuentes de empleo, de salud y escuelas y, por supuesto, fuera de zonas de riesgo.

Porque la falta de planeación ha hecho que se construyan suburbios enteros que son básicamente dormitorios para quienes tienen un empleo remunerado... algo me pasó en mi presentación, ahí está. Para quienes tienen un trabajo remunerado y núcleos para el trabajo doméstico no remunerado durante la mayor parte del día. Es paradójico que estos hogares expulsen a gran parte de sus habitantes durante la mayor parte del día para ganarse el sustento.

Como ya hemos señalado reiteradamente, reducir la jornada laboral con dos días de descanso podría tener también un efecto positivo en quienes gastan largas horas de traslado a sus centros de trabajo.

Hoy, tenemos la oportunidad de que las periferias del futuro se conviertan en auténticas comunidades, donde las personas puedan pasar buena parte de su tiempo en condiciones de bienestar, si actuamos para que la política de vivienda incluya un transporte público eficiente educación o servicios de cuidado.

Las definiciones de la vivienda adecuada en el artículo 2 de la Ley de Vivienda eran muy necesarias, y, desde Movimiento Ciudadano insistimos en ocasiones anteriores que era necesario clarificar este concepto de acuerdo con los instrumentos internacionales en la materia, que extienden a la vivienda como un derecho que tiene conexión con otros.

En la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, se hace énfasis en que la vivienda no se limita, cito, al hecho de tener un techo sobre la cabeza, sino que incluye acciones de planeación específicas.

El Comité habla de que la vivienda debe dar un acceso real a opciones de empleo, servicios de salud, escuelas y centros de atención infantil, además de que debe considerar que los costos de traslado al trabajo no supongan una carga excesiva. Y, en esto se refiere tanto a la carga financiera como a la carga de tiempo.


La pobreza de tiempo es una dimensión que ya no se puede ignorar después de la recuperación de la pandemia. Es uno de los principales factores de insatisfacción de las poblaciones más jóvenes, sobre todo, que se están incorporando al mercado laboral.

Y también es un gran obstáculo para la autonomía económica de las mujeres. Como bien asegura el dictamen, solo uno de cada tres créditos de vivienda se asigna a mujeres, pues tenemos enormes cargas de cuidado y de tiempo que aumentan en función de la ubicación de los hogares.

Seguimos haciendo el llamado para una campaña, ya lo hemos dicho cuando se ha discutido y cuando se formó el Fondo de Vivienda, que realmente, efectivamente, aquellos trabajadores que no vienen o que no han venido en los últimos años y décadas por sus fondos de vivienda, no es porque no quieran hacerlo, es porque no saben.

Porque, efectivamente, en el periodo neoliberal se despreció a la seguridad social y se despreció a la política de vivienda para las y los trabajadores. No saben que tienen estos ahorros, estas inversiones que hicieron producto de su trabajo.

Terminamos diciendo que vamos a seguir insistiendo para que ese fondo tenga la suficiente legitimidad, transparencia, legalidad, a partir de que hacemos ese esfuerzo para que millones de trabajadores que tienen sus cuentas y que no han venido por sus recursos sepan que los tienen y puedan acceder a ellos.

Porque yo sí creo que hay los candados suficientes para que no se les diga: ya no tenemos tu dinero. Me parece que tiene la reforma los candados suficientes para que cada vez que un trabajador venga por su dinero cuando quiera en el tiempo que quiera, el Infonavit le regrese sus fondos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Ahora sí cedemos el uso de la palabra a la diputada Lorena García Jimeno Alcocer, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.

La diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer: Hoy no estamos discutiendo una reforma a la Ley de Vivienda. Estamos discutiendo hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre el dinero y los derechos de los trabajadores. Porque detrás de este discurso de vivienda para todos se esconde algo mucho más grave: la concentración de decisiones, de recursos y de control en manos del gobierno federal.

El dinero no es del gobierno. Ellos tienen una tercera parte de este recurso. Y para esta iniciativa no se consultó a las otras dos terceras partes que son afectadas en estas decisiones. El dinero del Infonavit y del Fovissste no es solo del gobierno: es de millones de trabajadoras y de trabajadores que día con día han ahorrado peso a peso.

Hoy, con esta iniciativa, se permite abrir la puerta para usar estos recursos con fines distintos a lo que fueron creadas estas instituciones. Y eso, eso tiene nombre: disposición discrecional de recursos privados con fines públicos o, mejor dicho, con fines políticos.

Por ello, el transitorio debe prever un estudio de impacto financiero, independiente de los fondos. Esto no es una política de vivienda, es una política de poder. La discrecionalidad total.

Esta reforma permite construir, comprar, vender, urbanizar, arrendar y todo prácticamente sin reglas claras. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Quién decide quién recibe una vivienda? ¿Quién decide qué empresas participan? La respuesta es evidente, el gobierno.

Y en el artículo 6o., fracción II, dice: se construirán viviendas para trabajadores o cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda. Abriendo la puerta a toda, toda gente que no tenga un trabajo formal.

Y, ¿cuál es el riesgo que vemos desde el Partido Acción Nacional? Que, efectivamente, de forma estamos de acuerdo, de forma que sea una vivienda adecuada, pero en el fondo prevemos altos riesgos, entre ellos, el clientelismo.

No nos engañemos, cuando un gobierno decide quién recibe una casa, dónde se construye y en qué condiciones, también está decidiendo algo más, a quién beneficia políticamente, y eso convierte un derecho en un instrumento de control. La vivienda no puede ser premio, favor ni moneda electoral.

El debilitamiento institucional con esta reforma, además de la iniciativa, rompe con algo fundamental, el equilibrio del Infonavit, un modelo tripartita, donde trabajadores, empresarios y gobierno tomaban decisiones juntas y aquí no fue así. Hoy eso se sustituye por un esquema donde el Ejecutivo concentra la rectoría y la operación, es decir, menos contrapesos y más poder.

Compañeras y compañeros, sí México necesita más vivienda, sí hay un déficit real de vivienda, sí el Estado debe actuar haciéndose responsable de la vivienda social, pero no es así, no a costa del dinero de los trabajadores, no sin reglas claras, no concentrando el poder y no abriendo la puerta a la discrecionalidad, porque cuando se combinan recursos sin control, decisiones centralizadas y objetivos políticos, el resultado no es el bienestar, el resultado es abuso.

Y en el PAN, decidimos de qué lado estamos, estamos del lado de los trabajadores. Y para ti, trabajador que me escuchas, rescataremos y vamos a defender tus derechos del dinero que tantos años te ha costado ahorrar, porque no hay reglas claras y el gobierno quiere decidirlo todo por ti, sin tu anuencia. Es cuanto.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Sandra Patricia Palacios Medina, del Partido Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Sandra Patricia Palacios Medina: Con el permiso de la presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Sandra Patricia Palacios Medina: Gracias. Diputadas y diputados, hoy quiero hablar de la vivienda adecuada que todas y todos los mexicanos merecemos. La que nos fue negada por mucho tiempo, ¿por qué? Pues por esos gobiernos corruptos, mediocres, fantoches, que no supieron escuchar lo que realmente necesitaba la gente.

Pero, pues ¿cómo lo iban a escuchar si no salen a la calle a trabajar? Nosotros, querido pueblo de México, sí los escuchamos y entendemos lo que significa el derecho humano a la vivienda, porque aquí no estamos hablando de construir casas masivamente como lo hacían para edificar fraccionamientos fantasma, como lo hicieron en el sexenio panista, por cierto.

Esas casas que nadie podía habitar, esas casas que no contaban con servicios básicos ni de luz ni de agua ni de drenaje, menos con infraestructura pública como escuelas, hospitales o medios de transporte.

Y que, además, se encontraban alejadísimas de los centros de trabajo y que ahora nuestros trabajadores, nuestra gente trabajadora, sufre las consecuencias, todos los días de esos negocios turbios que hicieron en lo oscurito. Esos fraccionamientos con casi 6 millones de viviendas, ahorita que hoy se encuentran abandonadas y que ahora son focos de vandalismo, de inseguridad.

Pues no, aquí no hablamos de construir casas con dimensiones como lo hacían también ustedes, de 27 a 34 metros cuadrados, con mini ciudades en territorios despoblados, en terrenos fangosos, o a lado de canales que no daban nada de calidad de vida a la gente.

En Morena, estamos hablando de un programa integral de la vivienda, pero no cualquier tipo de vivienda, una vivienda adecuada, una vivienda que sirve de piedra angular para construir un hogar digno, a partir del cual las y los mexicanos desarrollen otros derechos.

Hoy hablamos de cuando menos 60 metros cuadrados de dimensión, el doble de lo que ustedes proponían. Además, las viviendas que vamos a construir estarán ubicadas cerca de escuelas, hospitales, centros de trabajo, mercados, y tendrán acceso justo a servicios públicos como el agua potable, alcantarillado. Y, sobre todo, no estarán construidas en zonas de riesgo, en zonas que se inundaban o en que se deslavan, o zonas que ponen en peligro al patrimonio y la vida de los habitantes.

Y más aún, las viviendas que se construirán no dejarán en la quiebra a ninguno de los compradores, no comprometerán los ingresos familiares o personales, ni se convertirán en deudas impagables e interminables. Serán asequibles de acuerdo con las condiciones de cada persona y le brindarán los elementos jurídicos para evitar desalojos y despojos, u otras amenazas que limiten la tenencia.

Pero, pues otra vez lo digo, cómo lo van a saber si no salen a la calle a escuchar a la gente, pues por eso están bien perdidos. El acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, y no una mercancía, no es un negocio como lo hicieron ustedes.

En la cuarta transformación sabemos que la vivienda adecuada no es solo un beneficio individual, sino que es un beneficio colectivo, porque la vivienda se convierte en un punto de partida para construir sociedades más justas y equitativas que reducen desigualdades e impulsan el crecimiento sostenible económico.

Que quede bien claro, en Morena estamos convencidos de que todas y todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda adecuada. Y haremos valido ese derecho a través de las modificaciones que sean necesarias, porque nosotros no simulamos, no engañamos a los ciudadanos, como lo hacen ustedes.

Nosotros sí tenemos una visión clara, como dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, garantizar vivienda es garantizar bienestar y garantizar bienestar es garantizar un buen futuro para todo México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Lorena Piñón Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para su posicionamiento en contra del dictamen.

La diputada Lorena Piñón Rivera: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Lorena Piñón Rivera: Compañeros y compañeras legisladores, subo a esta tribuna no a hacer política con la miseria, sino hacer legislación con dignidad. En el dictamen de hoy se somete a nuestra consideración, en el artículo 56 de este dictamen, hay un peligro que no podemos dejar pasar, vengo de Veracruz, un estado que sabe lo que es el trabajo, que sabe lo que es el sacrificio, que sabe lo que es llevar décadas aportando semana tras semana a un fondo que se prometió sagrado, el Fondo de Vivienda de las Personas Trabajadoras.

Mis paisanos veracruzanos, el obrero del puerto, la enfermera de Xalapa, el maestro de Martínez de la Torre, el cafetalero de Atzalan no depositan sus aportaciones en el Infonavit o el Fovissste como un favor al Estado, lo hacen porque la ley se los garantiza como un derecho, un derecho que nació en el artículo 123 de nuestra Constitución, un derecho que el Estado tiene la obligación irrenunciable de respetar, proteger y garantizar.

Y es precisamente ese derecho el que el texto dictaminado del artículo 56 pone en riesgo, por qué, porque autoriza a los organismos de vivienda disponer así en términos amplios y sin candados suficientes de los recursos de los fondos, sin distinguir si esos recursos fueron excedentes, operativos o subcuentas individuales, sin exigir control tripartito real, sin establecer prohibiciones expresas que impidan que una instrucción del Ejecutivo Federal convierta el ahorro de los trabajadores en instrumento de política gubernamental.

Esto no es una interpretación alarmista, es una lectura técnica, jurídica y constitucional de un texto que deja demasiadas puertas abiertas. Y cuando se trata del patrimonio de los trabajadores, una puerta abierta es una invitación al abuso.

La propuesta que hoy pongo a consideración de esta soberanía no viene a destruir el dictamen, viene a blindarlo, viene a ponerle la armadura que le falta. Porque una ley sin candados no es garantía, es una promesa vacía.

Nuestra redacción alternativa del artículo 56 establece con precisión quirúrgica lo que el dictamen deja difuso. Primero, que las acciones de los organismos se realizarán únicamente con recursos excedentes operativos, sin tocar jamás las subcuentas individuales de los trabajadores.

Segundo, que cualquier acción de esa naturaleza requerirá autorización por mayoría calificada, con participación efectiva y derecho de veto de los representantes de los trabajadores.

Tercero, que un auditor externo, designado con intervención de las representaciones obreras deberá acreditar la viabilidad de cada acción antes de ejecutarse.

Cuarto. Que los recursos obtenidos de cualquier transmisión de inmuebles regresarán íntegramente al fondo, no a las arcas del gobierno, no a programas ajenos, sino al fondo de donde salieron.

El PRI quiere que se prohíba afectar las cuentas individuales sin consentimiento expreso y escrito del trabajador. Designar recursos a obras que no sean de vivienda de interés social y subordinar las decisiones de los órganos de gobierno a circulares o alineamientos del Ejecutivo federal que no tengan fundamento en las leyes orgánicas de los propios organismos.

No es complicado, es constitucional, es convencional, es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige cuando se trata de garantías laborales. No vamos a permitir que se socaven con redacciones antiguas los fondos que los trabajadores construyeron con su propio sudor.

El Estado tiene una deuda con la vivienda de México, una deuda enorme y la única forma de saldarla es con honestidad, es construyendo más y mejores viviendas. No con el gobierno de Morena administrando, con menos controles el dinero de quienes ya aportaron su parte. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Partido Verde Ecologista, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas: Compañeros y compañeras legisladoras, la vivienda es mucho más que una construcción o un patrimonio material, es el espacio donde las personas encuentran estabilidad, seguridad y la posibilidad de construir un proyecto de vida. Es el punto de partida para el desarrollo personal, familiar y comunitario. En ella se organizan los sueños y anhelos de las familias y se generan las condiciones mínimas para que cualquier persona pueda integrarse plenamente a la vida económica y social del país.

Bajo esta perspectiva, la reforma que hoy analizamos no es una modificación meramente conceptual, es una actualización necesaria de nuestro marco jurídico para alinearlo con los estándares internacionales de derechos humanos y con una visión más justa y contemporánea del desarrollo urbano. También es resultado de contar con una presidenta sensible, comprometida y preocupada por el bienestar de los y las mexicanas.

Durante décadas se utilizó el concepto de vivienda digna y decorosa. Fue un avance importante en su tiempo. Sin embargo, hoy ha evolucionado hacia un estándar más amplio y más completo, el de una vivienda adecuada. Este concepto reconoce que el derecho a la vivienda no se limita a tener un techo y una pared, implica garantizar condiciones estructurales para vivir con seguridad, con salud, con accesibilidad y con oportunidades reales de desarrollo.

Esta reforma incorpora los siete elementos del estándar internacional: seguridad jurídica en la tenencia; disponibilidad de servicios básicos e infraestructura; asequibilidad económica; condiciones adecuadas de habitabilidad; accesibilidad para las personas en situaciones vulnerables; una ubicación que permita el acceso efectivo al empleo, la educación y los servicios, respetando siempre la identidad cultural de las comunidades.

Con ello, México fortalece la dimensión de derechos humanos en su política de vivienda y armoniza su marco normativo, pero además, confirma el compromiso de la presidenta con el pueblo de México. Congruencia entre el decir y el hacer.

Pero, compañeros y compañeras, este debate no solo es técnico, es un tema que la cuarta transformación ha llevado del discurso al territorio, donde están las verdaderas necesidades del pueblo.

Y en el caso de Baja California Sur, esa realidad es particularmente compleja. Hoy en mi estado acceder a una vivienda se ha convertido en un reto cada vez más difícil. El alto costo del metro cuadrado, la presión del desarrollo y la especulación inmobiliaria han encarecido de manera significativa el acceso a la tierra y a la vivienda, dejando fuera a miles de familias trabajadoras. Los créditos hipotecarios, además, no son suficientes ni alcanzan para cubrir la realidad del mercado.

Sumando a esto un déficit importante de vivienda de interés social que no logra responder a la demanda real de la población y en ese contexto desafortunadamente crecieron fenómenos que no podemos ignorar ni callar.

Los asentamientos irregulares y las invasiones de predios, hay que decirlo con claridad, no se puede criminalizar a los ciudadanos y a las ciudadanas que por necesidad buscan un lugar dónde vivir, lo verdaderamente preocupante de esto es el tráfico a las necesidades humanas en materia de vivienda. Familias que ante la falta de opciones terminan siendo utilizadas sin esquemas que lucran con su necesidad.

Por eso, reconozco, celebro, aplaudo y admiro el Plan Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como un gran paso para atender de fondo a esta problemática y celebro que en Baja California Sur ya haya iniciado y se esté consolidando.

Como sudcaliforniano que le preocupa y ocupa el futuro y el presente de su tierra, desde esta tribuna reconozco la apertura que ha mostrado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable para escuchar nuestras inquietudes y gestiones, pero también reconozco que es tiempo de redoblar esfuerzos y traducir esta apertura en soluciones concretas, especialmente en nuestras colonias populares, en La Paz, en Los Cabos, en Comondú, en Loreto y en Mulegé.

En este contexto la visión que ha planteado la presidenta es clara, una política de vivienda que ponga en el centro a las personas y no al mercado, que reduzca desigualdades y que permita que nuestras ciudades funcionen para todos y para todas.

Hablar de vivienda adecuada es también hablar de justicia social, de ordenamiento territorial y de dignidad para nuestra gente. Desde esta perspectiva la reforma que hoy discutimos representa un avance enorme e importante, actualiza el marco normativo, fortalece el enfoque de derechos humanos y amplía las posibilidades de acceso para millones de familias. Esto nos compromete a que estos principios se traduzcan en acciones concretas en territorio.

Por estas razones y bajo el principio de la universalidad de los derechos humanos el Partido Verde acompaña esta reforma convencido de que es un paso hacia adelante, hacia una política más de vivienda más justa, más incluyente y con mayor capacidad de responder a la realidad que vive nuestro país y mi Baja California Sur.

Porque la vivienda no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho real para nuestra gente y con la cuarta transformación no tengan la menor duda, los y las mexicanas de que así lo haremos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para posicionar en contra del dictamen.

La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno: Hablar de vivienda, como aquí se ha señalado, es hablar de derechos, de dignidad y de bienestar. En eso coincidimos plenamente, nadie en este pleno podría oponerse a que las familias mexicanas tengan acceso a una vivienda adecuada, con condiciones que garanticen seguridad, salud y estabilidad.

Sin embargo, es precisamente en nombre de ese derecho que debemos de ser especialmente cuidadosos, porque una cosa es armonizar el marco jurídico para fortalecer el concepto de vivienda adecuada y otra muy distinta es abrir la puerta a decisiones que pueden comprometer los recursos que pertenecen a los trabajadores de México.

Hoy, no estamos discutiendo únicamente un cambio de término en la ley, lo que está en juego es el alcance de las facultades de instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, en consecuencia, la protección del ahorro de millones de derechohabientes.

El Infonavit no es un ente cualquiera, es una institución construida con el esfuerzo de las y los trabajadores, con aportaciones que forman parte de su patrimonio. Es en términos claros dinero que no le pertenece al gobierno, sino a quienes lo han generado, gracias a su trabajo.

Por eso, debemos trazar una línea muy clara, armonizar la ley para adoptar el concepto de vivienda adecuada puede ser correcto desde el punto de vista técnico y jurídico. Nadie niega la importancia de alinearnos con estándares internacionales ni de dar mayor precisión al contenido de derechos.

Pero que no se utilice el pretexto de armonizar con el derecho internacional o con la forma constitucional para introducir cambios que, en los hechos, amplían facultades sobre el uso de recursos de los derechohabientes. Esa es la preocupación de fondo.

Porque cuando se diluyen los límites institucionales, cuando no queda perfectamente establecido qué se puede y qué no se puede hacer con esos fondos, se abre un espacio de riesgo.

Riesgo de decisiones que, aunque... son bienintencionadas, terminan afectando la viabilidad financiera del sistema. Riesgos que, de los recursos de los trabajadores, se utilicen para fines distintos a los que fueron concebidos. Y riesgos, sobre todo, de debilitar la confianza de una institución que ha sido clave para el acceso a la vivienda de los mexicanos.

No podemos perder de vista un principio fundamental: el derecho a la vivienda no puede garantizarse a costa del patrimonio de los propios trabajadores. El Estado tiene la obligación de diseñar políticas públicas eficaces, sí, pero también tiene el deber de respetar la naturaleza de los fondos que administra. No son recursos públicos en sentido amplio: son recursos con un destino específico y con propietarios claramente identificados.

Si queremos fortalecer el derecho de la vivienda, hagámoslo con reglas claras, con mecanismos de transparencia, con rendición de cuentas y, sobre todo, con un respeto absoluto al ahorro de los derechohabientes.

No confundamos progresividad con discrecionalidad. No confundamos armonización legislativa con ampliación de facultades sin controles. Y no confundamos el legítimo objetivo de mejorar las condiciones de vivienda con la posibilidad de intervenir en recursos que no le pertenecen al Estado.

México necesita políticas de vivienda sólidas, sostenibles y responsables, pero también necesita instituciones confiables, que den certeza a los trabajadores de que su dinero está protegido. Ese equilibrio es el que hoy debemos de defender.

Por ello, el Partido Revolucionario Institucional votará en contra de esta propuesta. No porque estemos en contra de la vivienda adecuada, sino porque estamos en contra de que, bajo ese argumento, se vulneren los derechos y el patrimonio de los trabajadores.

No se puede presentar una reforma como un simple ajuste técnico cuando, en realidad, puede implicar consecuencias profundas sobre el uso de los recursos de millones de personas.

Legislar exige transparencia, responsabilidad y, sobre todo, honestidad frente a la ciudadanía. Porque, al final del día, el verdadero derecho a la vivienda no solo implica tener un techo adecuado, sino también la certeza de que el patrimonio construido con años de trabajo está seguro. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado José Luis Sánchez González, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.

El diputado José Luis Sánchez González: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Sánchez González: Compatriotas, es cierto que los recursos que administra el Infonavit son de los trabajadores, tal y como lo afirman algunos legisladores del PRI y del PAN, pero también es cierto que esos recursos, que esa fortuna, que ese tesoro, que esos fondos antes ellos se los robaban o se los entregaban al capital inmobiliario para que hicieran negocios en forma cínica y descarada, sacrificando los derechos humanos del pueblo.

Pero lo más grave quizá no es eso, lo más grave es que convirtieron al Infonavit en una institución bancaria, con fines mercantilistas, a eso se debe que derechohabientes que firmaron o contrataron créditos terminaron pagando hasta dos o tres veces del valor original, porque no se pensaba en la solución de un problema social, sino en el lucro y la ganancia y miles de trabajadores fueron despojados de su vivienda y los créditos de la cartera vencida fueron vendidas a firmas y despachos hasta internacionales. Ese era el criterio que privaba en ese entonces.

Vamos a aprobar el presente dictamen, porque representa no solo un cambio conceptual o terminológico, sino una nueva concepción y visión en torno al derecho humano a la vivienda que tenemos todos los mexicanos de contar con un pedazo de patria y un techo, así como un hábitat amigable, cálido y saludable.

Si solo fuera el embellecimiento de la Carta Magna o de una ley secundaria para fines efectistas, retóricos o demagógicos, la reforma sería irrelevante y vacua.

Pero cuando en realidad se trata de una reforma progresista y revolucionaria impulsada por un gobierno humanista como el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha colocado en el centro de su actuación política al ser humano y a los trabajadores de México, entonces estamos haciendo historia y contribuyendo a la transformación de la sociedad mexicana.

En plena consonancia con la reforma en cuestión, está en marcha un programa y plan de vivienda que le garantiza este derecho humano a más de un millón 800 mil familias mexicanas, vivienda adecuada, construida en espacios amplios, decorosos y dignos para que el pueblo pueda vivir y disfrutar la vida.

No las crujías, celdas o desarrollos inmobiliarios donde se sacrificaba, torturaba y transgredían los derechos humanos que eran en verdad campos de concentración habitacional con deficientes servicios, alejados de los centros urbanos, faltos de equipamiento humano, de pulmones verdes, distantes de las fuentes de trabajo.

La vivienda que hoy se construye será también vivienda de bajo costo, barata, que no rebasará los 600 mil pesos y que se podrá pagar progresivamente con aportaciones que no rebasan el 30 % de los ingresos de los derechohabientes.

Vivienda que busca beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, sobre todo a los que perciben hasta dos tantos el salario mínimo. Vivienda que ahora beneficiará a los trabajadores más pobres de México, tengan o no seguro social.

Quienes viven de la economía informal serán sujetos de crédito y de beneficio. A diferencia de lo ocurrido durante el pasado neoliberal cuando se buscaba el lucro y la ganancia, la filosofía que dio lugar a verdaderas mafias inmobiliarias, hoy se piensa en el bienestar del pueblo y de la patria.

Por eso se hacen realidad derechos constitucionales, se incrementan los salarios como nunca, se desarrollan programas de bienestar de alto impacto social que han permitido sacar de la pobreza a más de 13.5 millones de mexicanos.

Por eso está en curso el regreso de los ferrocarriles, por eso hoy México progresa en libertad, democracia, justicia, con pleno respeto a los derechos humanos, con independencia y con soberanía.

Los críticos y opositores de la derecha que descalifican todo no reconocen la bondad y justicia de esta reforma, pese a que no tienen autoridad moral, ni política, porque en sus administraciones y gobiernos se dedicaron a robar, y en el ámbito de la vivienda los derechos los convirtieron...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.

El diputado José Luis Sánchez González: ...en mercancías y los colocaron en el mercado, dando lugar a tenebrosas y asquerosas mafias inmobiliarias. Apenan a la desmemoria y al olvido porque no quieren que recordemos que el pueblo de México los corrió del gobierno...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.

El diputado José Luis Sánchez González: ...a punta de votos. Porque habría que preguntarse ¿por qué fue que el pueblo de México los corrió de la Presidencia de la República? ¿Por qué eran honestos o por qué eran corruptos? ¿Por qué no vendían, por qué no robaban, por qué no traicionaban? ¿Por qué los corrió? ¿Por qué eran buenos gobernantes o por qué traicionaron al pueblo y a la patria? Viva la cuarta transformación, viva Claudia Sheinbaum. Todo el poder al pueblo.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen a la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional.

La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: La reforma que en este momento discutimos a la Ley de Vivienda, en apariencia busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, sin embargo, detrás de una narrativa progresista, encontramos riesgos estructurales que no pueden ser ignorados.

Es importante reconocer que el objetivo de armonizar la legislación con la reforma constitucional, incorporando estándares internacionales y parámetros de verificables, es positiva en su esencia. Nadie puede estar en contra de mejorar el acceso a la vivienda en México, es un derecho y una obligación del gobierno.

Pero el problema no es el objetivo, el problema es el cómo. Esta reforma en sí distorsiona la naturaleza de los organismos de vivienda, teóricamente se plantea fortalecer la rectoría del Estado y la coordinación con organismos, como el Infonavit y el Fovissste, incorporándolos como actores centrales de la política nacional de vivienda, establece las condiciones para que estos organismos construyan vivienda, urbanicen suelo, arrienden y otorguen financiamiento más allá de sus derechohabientes.

Pasan de ser instituciones de seguridad social para trabajadores a instrumentos de política pública, se les conceden atribuciones para los que no fueron diseñados. Eso es grave. Volvamos a señalar que no se trata solo de buenas intenciones, se trata de capacidad, eficacia y efectividad, sobre todo de recursos que no son públicos y, en este caso, son de los mexicanos, porque los recursos que administran no son del Estado, son ahorros de los trabajadores mexicanos.

Vamos, los invito a salir con sus representados a decirles que van a poner en riesgo sus ahorros, su patrimonio y el futuro de sus familias. Ahora bien, llegando a este punto seamos honestos, esto es un riesgo real sobre el patrimonio de los trabajadores, porque permitirá que los Fondos de Vivienda, incluida las subcuentas, se utilicen en esquemas ampliados de política habitacional no dirigidos por expertos, siendo una más de las ocurrencias que cuestan miles de millones de pesos a los mexicanos, como, por ejemplo, el tren falla, la refinería que no refina y la framaciota que no tiene medicamentos.

El riesgo es claro, insisto, hagan asambleas, informando a sus representados de que a partir de la aprobación de esta reforma se podrá usar sus recursos para financiar vivienda para todo México en lugar de que esa vivienda sea hecha con recurso público.

Además, como todas sus propuestas, ésta también se encamina a la centralización y opacidad. Dan a Sedatu una coordinación obligatoria con los organismos de vivienda, que se va a traducir en control político sobre decisiones técnicas, proyectos, contratos y recursos direccionados. Todo lo anterior, sin duda, debilitando el carácter tripartito del Infonavit.

Como todo en la cuarta transformación, abren y generan condiciones a la discrecionalidad en el uso de recursos que no son públicos, sino de los mexicanos. No tienen un respaldo financiero claro, por carecer de un compromiso presupuestario suficiente del Estado.

No fortalece el gasto público en vivienda y pretende utilizar los fondos del trabajador derechohabiente, recursos de organismos y esquemas financieros de alto riesgo, trasladando la carga al patrimonio de los trabajadores.

En discurso se escucha correcto, pero el diseño es equivocado. Sí necesitamos garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Sí necesitamos el compromiso del gobierno, no el recurso de los mexicanos. Sí debemos atender el rezago habitacional, pero no a costa de poner en riesgo el ahorro de los trabajadores, ni concentrar decisiones en el Poder Ejecutivo.

Por eso, desde Acción Nacional creemos en una política de vivienda, responsable financieramente, respetuosa del ahorro de los trabajadores y basada en corresponsabilidad entre Estado, mercado y sociedad. Por eso, votaremos en contra de este dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen a la diputada Leide Avilés Domínguez, del Partido Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Leide Avilés Domínguez: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Leide Avilés Domínguez: Saludo con afecto a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales y el Canal del Congreso.

Honorable asamblea, cómo poder dejar de lado lo que dice nuestra compañera. Si es que ellos nunca se han preocupado por nuestro pueblo. ¿Cómo decir que hay que respetar cuando los priistas y panistas nunca lo hicieron? ¿Cómo? Pero bueno, hay que rescatar lo que los de Morena sí estamos haciendo.

La reforma que hoy tenemos a discusión representa un paso firme para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada en nuestro país. Con este dictamen fortalecemos el mandato constitucional en materia de vivienda adecuada que aprobamos al inicio de esta legislatura y ahora en las leyes secundarias.

Este no es un cambio menor, se va a dejar atrás el concepto limitado e inmedible de vivienda digna y decorosa para adoptar una vivienda adecuada, alineado a estándares internacionales con elementos claros como accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, servicios, seguridad en tenencia, ubicación y adecuación cultural.

Esta reforma es clara –como todas las que hemos aprobado en esta cuarta transformación, aunque no les guste–, pone en el centro el bienestar de las y los mexicanos, ahora en particular de que día a día han luchado por una vivienda y como siempre se trata del bienestar del pueblo, pero como siempre han estado en contra del pueblo, ¿qué preguntarles?

Hoy hay que decirlo con letras bien precisas, la oposición está en contra. Qué raro, ¿verdad? Esta mañana en la comisión escuchamos una oposición que insiste en defender un modelo que le falla a México. ¿Quién le falló a México? Priistas y panistas, claro. Incluso pueden decir que están en contra del dictamen, lo que resulta contradictorio que rechacen una reforma que no solo retoma la iniciativa de nuestra querida presidenta, sino que además incorpora propuestas de distintos grupos, fortaleciendo su contenido y a favor del pueblo. ¿Cómo si ellos dicen que están a favor del pueblo?

Dicen que antes se construían viviendas, pero olvidan decir que muchas de esas viviendas fueron abandonadas, siguen abandonadas, están lejos de los centros de trabajo o simplemente no garantizan condiciones mínimas para vivir ni dignas ni decorosas ni mucho menos adecuadas a sus viviendas priistas y panistas.

Hoy ya no engañan a nadie, el derecho a la vivienda no se mide en cifras vacías, se mide en bienestar real, en justicia social, en familias con mejores condiciones de vida y eso nuestro pueblo lo sabe y ustedes no lo saben porque ni han salido a caminar con el pueblo. Lo vive y lo respalda con nuestras políticas que impulsa nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum.

El derecho a una vivienda adecuada hoy es una realidad en todo nuestro país, en Tijuana, en Baja California hasta Quintana Roo, y en el estado de México donde por décadas hubo mucho abandono de su gobierno de los priistas y los panistas.

Hoy, hoy sí hablamos de transformación, hoy sí hay cambio, hoy gracias a este proyecto de transformación nacional la justicia social ha llegado a la vivienda y lo decimos con claridad desde el distrito 25 de Chimalhuacán, fue hasta la llegada de la cuarta transformación que este derecho comenzó a hacerse valer en verdad, no es discurso como están acostumbrados nuestros opositores, sino en la vida de las personas que día a día luchan por una vivienda.

Esta reforma además de fortalecer las instituciones de vivienda para que no solo se financien, sino que puedan adquirir, rehabilitar y construir vivienda se va a impulsar una autoproducción, generar condiciones reales para que las y los trabajadores se adecuen a créditos suficientes y accesibles.

Como lo ha dicho nuestra querida presidenta, cuando no hay acceso a vivienda, no vamos a permitir que se sigan afectando a nuestras mujeres y a nuestros jóvenes, pero qué les podemos preguntar a ustedes, si ustedes no saben ni que es tener una vivienda digna. Por eso, hoy ponemos al centro a nuestras mujeres relegadas, a nuestros jóvenes olvidados.

Compañeras y compañeros, la diferencia es clara, antes hubo abandono y simulación. Hoy, hoy sí hay derechos y transformación. Por eso, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, respaldaremos este dictamen, respaldaremos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero sobre todo respaldaremos a nuestro pueblo mexicano a quienes antes se limitaban a medir...

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Concluya, diputada.

La diputada Leide Avilés Domínguez: ...con un número de vivienda y no el bienestar de las familias. Los invito a salir a la calle, a constatar como en el segundo piso de la cuarta transformación la materia de vivienda ha sido y va a seguir siendo una esperanza de vida.

¿Qué les pregunto? Son pluris, nuestros compañeros priistas y panistas. Porque no han sabido caminar, porque no saben de las necesidades del pueblo de México y, porque ahora tampoco saben de lo que es una vivienda digna. Es cuanto. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada. Gracias. Diputada Leticia Gutiérrez, ¿con qué objeto?

La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (desde la curul): Alusiones personales, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada, hasta por un minuto.

La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (desde la curul): Gracias, quiero decirle a la compañera que hizo uso de la voz, que realmente no puso atención, no saben escuchar y no sería algo que llamara a mi atención más.

No es la reforma lo que está mal, lo que está mal es el uso del recurso de los trabajadores. Por muchos años la vivienda se hizo con el recurso de los particulares, no de los trabajadores. Y, hoy reconocemos que los tres proyectos magnos de este gobierno, no sirve ninguno: el tren que falla, la farmacia sin medicamentos y la refinería que no refina, pero sí contamina. Es cuanto.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Diputada Guadalupe Morales, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Diputada presidenta...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Una moción de orden a su persona, por permitir una intervención desde la tribuna cuando se había terminado el número de oradores.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada.

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Por favor, actúe de manera imparcial, una vez más de su parte. La conmino a usted.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Esta Presidencia concedió una moción por alusiones personales de manera implícita y la oradora en turno aludió a la diputada, por eso es que se concedió. Muchísimas gracias.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. A ver, la diputada Anita, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Ana Isabel González González (desde la curul): Gracias. Diputada presidenta, Paulina Rubio, solamente para...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Ana Isabel González González (desde la curul): Moción de orden.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada, rogándole que sea de orden.

La diputada Ana Isabel González González (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Solamente para aclarar que, en la tribuna, nuestra última compañera que sube a la tribuna más alta del país, asegura que todas y todos los diputados del PRI y del PAN...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Esa no es una moción de orden. Le suplico, por favor que... Gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias. Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que, para la discusión en lo particular, se han presentado propuestas de modificación a los artículos 1, 2, 4, 6, 16, 19, 48 y 56 del proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: En consecuencia, se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: ¿Alguna diputada o diputado falta de emitir su voto? Todavía está abierto el sistema, para que puedan votar en su tablet.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 355 votos a favor, 99 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, secretaria, si es tan amable, un segundo. Ya está cerrado el sistema, si nos habilitan el audio de la diputada Kenia, para votar. Muchas gracias.

La diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (desde la curul): Ya. Gracias, diputada presidenta. Kenia Muñiz Cabrera, Grupo Parlamentario de Morena, y mi sentido es a favor. Gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Si es tan amable, secretaria, dar cuenta nuevamente del resultado.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señora presidenta, se emitieron 356 votos en pro, 99 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado en lo general por 356 votos.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos ahora a las reservas. Para presentar su reserva correspondiente, tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy no estamos discutiendo solo una reforma legal. Venimos a defender la vivienda como lo que verdaderamente es, un derecho humano, un derecho social y una condición indispensable para vivir con dignidad.

Durante muchos años, la vivienda en México se vio como un negocio. Esa política fracasó, porque puso por delante la rentabilidad y no el bienestar, y justamente eso es lo hoy estamos corrigiendo.

Se construyeron casas lejos de todo, lejos del trabajo, lejos de las escuelas, lejos de la vida misma. Casas que terminaron abandonadas porque no eran hogares. Hoy estamos cambiando esa visión.

Esta reforma da un paso histórico, deja atrás el concepto limitado de vivienda digna y adopta el de vivienda adecuada. Un concepto completamente medible y con enfoque de derechos humanos.

Pero, ¿qué significa esto en términos reales? Significa que una vivienda ya no es solo un techo, es tener agua, luz, servicios, estar cerca del trabajo y de la escuela, vivir en un lugar seguro, pagar algo que no te quite lo indispensable y poder construir comunidad. Eso, eso es justicia social.

Pero, además esa reforma tiene una visión profundamente social porque establece que la política de vivienda debe priorizar a quienes históricamente han sido excluidos, las personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres jefas de familia y las víctimas de violencia de género.

Eso es lo que distingue a los gobiernos de transformación, que no legislan para los privilegios, sino para quienes más lo necesitan. El Estado no puede actuar solo, ni de manera desordenada, por eso se fortalece la coordinación con organismos como Infonavit y Fovissste, que hoy concentran la mayor parte del financiamiento de vivienda en el país. Se ordena el sistema, se alinean los esfuerzos, se pone al Estado al servicio de la gente.

Y hay que decirlo claro y muy fuerte, el mercado no ha resuelto el problema de vivienda, porque cuando se deja todo al mercado se excluye a quienes menos tienen, se encarecen las ciudades y se empuja a las familias a la periferia. Por eso desde Morena sostenemos algo muy simple, pero muy poderoso, la vivienda es un derecho, no es un privilegio.

Con esta reforma también abrimos la puerta a nuevas formas de acceso: renta social, autoproducción asistida, mejoramiento de vivienda y construcción con enfoque social. Es decir, entendemos la realidad de la gente, no imponemos un solo modelo.

Compañeras y compañeros, este gobierno no llegó para administrar inercias, llegó para cambiar de raíz las prioridades del Estado mexicano. Y en esta transformación la vivienda ocupa un lugar central, porque una vivienda adecuada significa estabilidad, salud, seguridad, arraigo, comunidad y futuro.

No podemos hablar de bienestar si una familia vive en hacinamiento, no podemos hablar de igualdad si una mujer no puede acceder a una vivienda propia. No podemos hablar de desarrollo si las casas están donde no hay oportunidades laborales.

La vivienda adecuada es la base de todo, de la salud, de la educación, del trabajo y de la seguridad, por eso esta reforma no es técnica, es profundamente humana como todas las reformas que hemos aprobado en la cuarta transformación.

Hoy estamos dando un paso firme hacia un México más justo, un México donde un hogar no sea un lujo, sino un derecho garantizado. Es cuanto. Retiro mi reserva. Retiro mi reserva, señora presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muy amable. Muchas gracias. Sí, efectivamente, muchas gracias.

La diputada Karina Margarita del Río Zenteno: Lo diré muy bajito.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Toda vez que no hay materia, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, adelante, diputada, del Partido Acción Nacional.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: Con su permiso, diputada presidenta. Justamente el que no se hagan reformas técnicas evita que se cumplan con los objetivos de las intenciones que se intentan solventar de parte de quienes proponen.

Sin embargo, y considerando después de todo lo que han comentado mis compañeras y compañeros de Acción Nacional, es menester señalar algunas presiones que pudieran darse en el contexto de esta iniciativa, del dictamen que hoy nos ocupa, más bien.

La reserva al artículo 56 que presento tiene como finalidad introducir un criterio de orden y equilibrio al establecer de manera expresa que la participación de los organismos deberá ser de carácter complementario y no sustitutivo. Esto privilegiando en todo momento los esquemas de coordinación con los sectores social y privado. Estamos ante una realidad inminente, por supuesto que es garantizar el derecho a una vivienda adecuada, que permita el desarrollo digno de las personas y las familias en nuestro país.

Sin embargo, esta precisión resulta fundamental para evitar que el Estado asuma un papel dominante en la producción de vivienda, preservando un modelo en la intervención pública para que se oriente a garantizar condiciones de acceso a financiamiento y regulación sin desplazar a los actores que generan la oferta habitacional.

Y esto es importante y fundamental, porque si nos remontamos al ejercicio gubernamental de décadas anteriores precisamente sabrán, y no nada más de las anteriores, váyanse al sexenio anterior y justo a este que transcurre, pues, que el gobierno es muy mal administrador, el gobierno no hace negocios y quiere hacer negocio de todo para tener el control y evitar que haya un desarrollo verdaderamente armónico. Es menester también que haya una evaluación previa de la viabilidad financiera.

Por otro lado, la modificación del artículo 48 que propongo atiende a la incorporación de las filiales, de los organismos de vivienda como actores en la ejecución de programas habitacionales.

No es solamente por una evolución del marco, deben sujetarse los organismos como el Infonavit a principios de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control que rigen a las entidades públicas.

Aunado a ello, seguiremos insistiendo en la defensa de los ahorros de los trabajadores y en la no intervención del Estado, como pretenden hacerlo en este asunto, en este caso y en muchos otros, porque esto debilita, debilita el desarrollo de la propia sociedad.

Esta reserva, pues, busca subsanar esta omisión mediante la incorporación expresa de la obligación de que las filiales, que además están claramente opacas, se sujeten a los principios de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control previstos en la legislación aplicable.

Y cuando dicen que la vivienda es un derecho y no un privilegio, que la cultura es un derecho y no un privilegio, que la salud es un derecho y no un privilegio, que el agua es un derecho y no un privilegio, yo quisiera preguntar y dejar también en este momento sobre la mesa por qué no implementar otras acciones que puedan atender la realidad que viven millones de familias mexicanas en este país.

Tan solo, según los últimos datos del Inegi y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, hay alrededor, detectados, de 9 mil 180 asentamientos irregulares. Y es la punta del iceberg. Así lo señalan las organizaciones.

Siete millones de viviendas sin escrituras. El estado de México concentra tan solo el 15.8 % y la Ciudad de México tiene 900 asentamientos identificables.

El 25 %, de acuerdo a estos mismos organismos, Insus e Inegi, tienen o viven en algún tipo de asentamiento irregular. Estamos hablando de 32, 33 millones de personas, de mexicanos que viven en asentamientos probablemente irregulares, con falta de certeza jurídica, donde el gobierno federal no ha encontrado la manera de atender el tema.

Y aprovechando, pues, que quede claro que se han presentado diversas propuestas por parte de Acción Nacional precisamente para establecer un plan nacional de regularización y para que no sea un motivo la falta de regularidad en un asentamiento para la intervención y la dotación de los servicios públicos.

Entonces, si quieren que el agua sea realmente efectiva, ¿por qué no aprueban esta iniciativa? ¿Por qué no entran al fondo de las propuestas en las que estamos participando con las familias de México, para que puedan tener la garantía de los derechos que les asisten? Y que no se quede nada más en los decretazos, porque así no se resuelve, señoras y señores. Entonces, a las familias de México les reitero el compromiso de las diputadas y los diputados de Acción Nacional de seguir trabajando contigo y por tu familia.

Pedir, además, que no se quede en el papel decir que se pueda hablar también de rehabilitación, cuando en los hechos se ha insistido en colonias y en localidades como Las Arboledas en León, Guanajuato, donde han insistido los vecinos desde hace décadas que se les ayude para la rehabilitación de estos inmuebles. Entonces, con el uso del dinero que no es del gobierno, ojalá que de verdad puedan atender también aquello y que atiendan una problemática que afecta a millones de familias cuando se trata de la regularización de la certeza jurídica y de la dotación de los servicios públicos, porque el agua es un derecho, es vital para el desarrollo de las familias y no pueden hacer como que no ven. Entonces, si quieren entrarle de veras, pues vamos entrándole de veras atendiendo las propuestas que presenta Acción Nacional.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: No se admite, por tanto, el dictamen continúa en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Yañez Cuellar, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Arturo Yañez Cuellar: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, hay que decirlo sin rodeos y sin miedo, y comunicarle a todas las mexicanas y mexicanos con toda transparencia la razón y el fundamento de este dictamen.

Morena, Morena quiere convertir el derecho a la vivienda en un negocio político, en un negocio, sí, así como se oye. Quieren venir a esta tribuna a hablar de justicia social. Cambian palabras, pero no cambian la realidad. Sustituyen el concepto de vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada.

Agregan siete criterios. Citan a la ONU, dicen que la vivienda tiene que tener accesibilidad, pero no dicen cómo la van a construir, cómo le van a dar a los jóvenes de este país, cómo le van a dar a las madres solteras de este país el acceso a la vivienda ni tampoco dicen cómo garantizar los servicios públicos como el agua y el drenaje.

Por qué decir ahora que la vivienda va a tener mejor ubicación, va a estar mejor adecuada, con servicios, con accesibilidad, suena muy bien, pero qué familia puede pagar una vivienda con todos estos requisitos si el poco gobierno ha encarecido los materiales, ha frenado la inversión y ha reducido el crecimiento económico.

La lógica centralista que se propone hoy concentra la política de vivienda en decisiones federales, impone criterios generales, ignora las realidades regionales, no es lo mismo tener una vivienda en Durango que en la Ciudad de México, pero todo este dictamen lo han trabajado y lo han uniformado desde el escritorio.

Pero, no se equivoquen en el PRI, el PRI lo dejamos bien claro, nadie está en contra de una vivienda más, nadie está en contra de que las familias trabajadoras tengan acceso a una casa digna, nadie está en contra de que el Estado facilite el acceso a una vivienda adecuada.

Estamos en contra de que Morena use la necesidad de la gente para montar una red discrecional y tener el negocio en sus manos, primero, dijeron que iban a rescatar la salud y la destruyeron, dijeron que iban a bajar la inseguridad y el país está incendiado, dijeron que iban a acabar con la corrupción y ustedes son el ejemplo mundial.

Este dictamen es una reforma conceptual y no soluciona lo estructural porque cuando el gobierno no puede construir vivienda, construye discursos; cuando no puede resolver el problema, cambia la definición y cuando no tiene resultados, presume de buenas intenciones. Morena, Morena no quiere resolver el problema de vivienda, quiere administrar el negocio de la vivienda.

Por ello, diputadas y diputados del oficialismo, gobernar no es apropiarse de las instituciones, gobernar es servir a la gente. Retiro mi reserva, presidenta. Es cuanto a mi intervención.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muy amable, diputado. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Alma Laura Ruiz López: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy estamos discutiendo una reforma que impacta directamente en la vida de millones de mexicanos y mexicanos: el derecho a tener un hogar digno.

Y, no hay que olvidar que durante años ese derecho fue abandonado. Los gobiernos del Prian convirtieron la vivienda en un negocio, un negocio para las grandes constructoras, no para la gente.

Se construyeron miles de casas, sí, pero lejos de todo, sin transporte, sin escuelas, sin hospitales, sin servicios. Casas pequeñas, de mala calidad, hechas rápido para venderse, pensando solo en el negocio.

Y, ¿qué pasó? Ahí están las cifras y la realidad. Fraccionamientos enteros abandonados, casas usadas como picaderos y cuentas impagables para los ciudadanos. Ese modelo fracasó porque nunca tuvo como prioridad a las personas.

Hoy venimos a cambiar eso, este dictamen tiene un fondo muy claro, reconocer que la vivienda no es una mercancía, es un derecho humano. Por eso damos un paso fundamental, dejamos atrás el concepto ambiguo de vivienda digna y decorosa y lo sustituimos por el de vivienda adecuada.

Esto quiere decir que la ley ya no se queda en buenas intenciones, ahora establece con claridad qué debe tener una vivienda para que realmente sea habitable. Que tenga servicios básicos como agua, luz y drenaje, que sea segura y de calidad, que esté bien ubicada, cerca del trabajo, las escuelas y los hospitales, que sea accesible económicamente y que respete las condiciones de vida de cada persona, que tenga adecuación cultural.  Es decir, pasamos de un discurso a reglas claras que se pueden exigir.

Pero, además, este dictamen hace algo muy importante, ordena y fortalece la coordinación entre el Estado y los organismos como el Infonavit, el Fovissste y el Conavi.

¿Por qué es importante esto? Porque durante años, aunque estos organismos son los que más viviendas financiaban en el país, no estaban plenamente integrados a una política nacional coherente. Hoy lo que hacemos es alinear esfuerzos para que el Estado, sus instituciones y todos los actores trabajen en la misma dirección: garantizar viviendas adecuadas para las personas.

Y también ampliamos las formas de acceso a la vivienda. No solo hablamos de comprar una casa, también se reconoce la construcción, la rehabilitación, la autoproducción y el arrendamiento social, porque la realidad de las personas es diversa y la ley tiene que responder a cada realidad.

Compañeras y compañeros, hoy vemos a la oposición muy preocupada por la participación que tiene el Estado, porque ahora las decisiones se toman pensando en la gente y no en las constructoras con las que ellos hacían negocios.

Esa es la verdad que les incomoda: que ya no se hacen desarrollos para inflar cifras, para solo vender; se hacen para la gente. Que ya no se privilegia el negocio privado, sino el bienestar de las familias. que hoy el poder público está al servicio del pueblo y no de unos cuantos.

En la cuarta transformación tiene claro algo: no puede haber justicia social si no hay viviendas adecuadas. Porque una vivienda no es solo un techo: es seguridad, es estabilidad, es futuro, es donde una madre cría a sus hijos, donde una familia se protege, donde una persona construye su vida.

Por eso, esta reforma es tan importante: porque pone reglas claras, porque obliga a las instituciones a coordinarse y porque, sobre todo, pone en el centro a las personas. Hoy estamos corrigiendo un modelo que dejó casas vacías y construyendo uno que va a llenar hogares.

Compañeras y compañeros, legislar en materia de vivienda es legislar con sentido humano, es pensar en quienes todos los días trabajan y quienes han esperado años por una oportunidad, en quienes merecen vivir mejor.

Por eso, hoy vamos a apoyar este dictamen. Porque garantizar una vivienda adecuada no es un privilegio: es un derecho. Y la cuarta transformación, los derechos son los que importan.

Y, contestando al compañero que subió antes de mí, que no se equivoquen: Morena no se quiere quedar con el negocio. Morena reconoce que el PRIAN hacía negocios con las viviendas. Y nosotros... nosotros pensamos en la gente, no en el negocio. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. ¿Retira su reserva? Sí. Si es tan amable, por favor. Muchas gracias.

La diputada Alma Laura Ruiz López: Retiro mi reserva.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. La diputada... toda vez que no hay materia, y nos vamos a la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, quien ha solicitado se inscriba en el Diario de los Debates su reserva y así se hará. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Juan Armando Ruiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Compañeras y compañeros, el día de hoy es una ocasión más en la que vamos a aprobar una iniciativa de ley que va a afectar por igual a muchas personas en este país, pero hay una consideración que debemos hacer.

El término adecuada, que es sustituido por los términos vivienda digna y decorosa, tiene un alcance limitado cuando no está precisamente establecido lo que debemos de entender por adecuada.

En el caso de las personas con discapacidad, más que una vivienda adecuada, buscamos nosotros una vivienda funcional, algo que nos permita transitar y hacer uso de todas las instalaciones con dignidad, sin requerir de ayudas ni humanas ni técnicas.

El que nosotros dejemos este termino en este alcance y pretender que la interpretación de las Naciones Unidas al establecer los siete principios que incluyen la accesibilidad, beneficia a millones de personas con discapacidad, pues es simple y sencillamente un acto de esperanza. Y las personas con discapacidad ya no estamos dispuestas a seguir esperanzados en que otros resuelvan nuestros problemas.

En este momento, en el que esta Cámara de Diputados cuenta con diez diputados con discapacidad, nos corresponde recordarles a todos ustedes, que cuando las leyes no son precisas, que cuando los términos que utilizamos son subjetivos, existe la posibilidad de que sean interpretados a conveniencia y de acuerdo a los límites de las personas.

En un universo de cerca de 21 millones de personas con alguna discapacidad y problemas de movilidad, bien vale la pena que al legislar tomemos en cuenta que los términos deben de ser más precisos y que si nosotros integramos a la legislación la funcionalidad y el término accesibilidad, estaremos de alguna manera mandando un mensaje más preciso, no solamente a las instituciones encargadas de la vivienda, sino también a los urbanistas, a esos urbanizadores que siempre buscan la forma de hacer las cosas más fáciles y más baratas.

Y aunque aquí se haya mencionado por diferentes compañeros que el derecho a la vivienda no es una cuestión de negocios, sino una cuestión de ejercicio de uno de los principales derechos humanos, pues los urbanistas no piensan lo mismo. A los urbanistas les pesa el bolsillo y ellos determinan qué hacer siempre y cuando les salga más barato.

Entonces, si nosotros pues tomamos en cuenta que en todos los hogares mexicanos hay un número importante de personas con alguna discapacidad que se van a ver afectadas en el caso de acceder a un crédito de esta vivienda, pues necesitaríamos reflexionar y nuevamente ser más claros en la redacción de esta legislación.

El número de personas que tienen alguna discapacidad y que forman parte de una familia, según el Censo de Situación Habitacional de las Personas con Discapacidad en México, que fue publicado en el año 2025, pues menciona que son el 27 % de las familias mexicanas las que tienen una persona con discapacidad dentro de su familia.

Esto es una cantidad que rebasa el 16.5 % de la población y que evidentemente vale la pena tomar en cuenta porque si seguimos legislando sin tomar en cuenta a estas personas que requieren de los beneficios de toda reforma que está destinada a garantizar el ejercicio de un derecho, seguiremos relegando, seguiremos segregando a un sector de la población que lamentablemente sigue siendo marginado de los beneficios del progreso.

Por esa razón, yo los invito a que en un futuro y en la aplicación de esta ley, vigilemos que la interpretación del término adecuado efectivamente materialice los siete principios que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para que la vivienda no se limite a ser adecuada en un término subjetivo, sino que en la realidad sea una vivienda funcional para todas aquellas personas que requieren de hacer ejercicio de su derecho a la vivienda.

Compañeras y compañeros, no podemos seguir siendo omisos en las iniciativas relacionadas con el desarrollo, con la infraestructura y, sobre todo, con el libre ejercicio de los derechos humanos.

En esta situación yo los invito a que esas iniciativas que están pendientes de dictaminar contemplen y no sean omisas en el tema de las necesidades específicas de un sector importante de nuestra población. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, el dictamen continúa en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez: Gracias. Honorable asamblea, hoy nos encontramos debatiendo un tema que, sin duda, toca el corazón de millones de familias mexicanas, el derecho a una vivienda adecuada.

Nadie en este recinto puede estar en contra de que las mexicanas y los mexicanos vivan con dignidad, pero definitivamente ese no es el debate, el verdadero debate es otro. Si la propuesta que hoy se impulsa realmente garantiza ese derecho, o si estamos una vez más frente a una simulación bien intencionada en el discurso, pero deficiente en su diseño y peligros en sus consecuencias.

Porque decir una vivienda adecuada es muy fácil, lo difícil es construir políticas públicas que la hagan realidad. Esta iniciativa presenta serias preocupaciones, carece de claridad en su viabilidad financiera, no basta en establecer obligaciones al Estado sin explicar de dónde saldrán los recursos. Prometer sin sustento presupuestal no es justicia social, es populismo legislativo.

Centraliza decisiones que deberían considerar las realidades locales. México es diverso, no es lo mismo hablar de vivienda en zonas rurales que en grandes ciudades. Pretender imponer un modelo uniforme desde el centro es ignorar esa complejidad y condenar el fracaso de la política pública.

No garantiza certeza jurídica para la inversión ni para la propiedad. Sin reglas claras, se desincentiva la participación del sector privado, que es fundamental para ampliar la oferta de la vivienda. Sin inversión, por supuesto que no hay construcción y, sin construcción, no hay solución.

No ataca las causas estructurales del problema, la informalidad, la falta de acceso al crédito, la mala planeación urbana y la corrupción en el uso de suelo. Sin atender estos factores, cualquier reforma es superficial.

Adicionalmente, resulta necesario señalar que la propuesta no aborda de manera integral los factores estructurales que inciden en el rezago habitacional, tales como la informalidad en la tenencia de la tierra, la limitada accesibilidad al financiamiento y, por supuesto, los desafíos en la planeación urbana.

Desde el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional nos pronunciamos a que debemos atender este asunto, pero las formas en las que se está legislando definitivamente no es la correcta. Compañeras y compañeros diputados, el riesgo de esta propuesta por supuesto que es alto, puede generar altas expectativas que no se cumplirán, distorsionar el mercado de vivienda y, peor aún, terminar afectando a quienes pretenden beneficiar.

México no necesita discursos populistas, necesita políticas responsables, sostenibles y bien diseñadas. Sí a una vivienda digna, sí a soluciones reales, pero no a iniciativas improvisadas que comprometen el futuro por aplausos inmediatos.

Legislar no es prometer, legislar es resolver. Defender los derechos de los mexicanos no es prometer lo que suena bien, es construir condiciones reales para que vivas mejor. Como representante del municipio de Apodaca, espero que podamos atender de una mejor manera esta problemática.

Con responsabilidad y convicción me pronuncio en contra de esta propuesta, y hago un llamado para construir una alternativa seria, técnica y verdaderamente eficaz para garantizar el derecho a la vivienda de todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Toda vez que no hay materia, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Abigaíl Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.

La diputada Abigail Arredondo Ramos: Muy buenas tardes. Con el permiso de la honorable Mesa Directiva. Compañeras y compañeros, por supuesto que en el PRI estamos y siempre vamos a estar a favor de que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a una vivienda propia, a una vivienda digna, adecuada y funcional. También estamos a favor de ampliar las oportunidades de calidad de vida y que el acceso a la vivienda deje de ser un lujo para unos cuantos.

De igual forma, estamos a favor de crear e impulsar una verdadera política de vivienda, que atienda los grandes pendientes de este sector, como el hacinamiento, la precariedad, la falta de servicios, los entornos de inseguridad, el vandalismo, entre otros. Sin embargo, el dictamen que hoy nos ocupa deja mucho qué desear y no atiende muchos de estos factores que acabo de mencionar.

Sí es cierto, se cambia el concepto de vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada, y se establecen las características que esta última deberá cumplir para estos propósitos. No obstante, el cambio gramatical termina siendo insuficiente, sin una política pública de producción de vivienda que sea no solo efectiva, sino realista.

Es muy fácil ver un documento y ver solamente letras, a poderlo aterrizar y ver las herramientas que se requieren para verlas como una realidad.

Este dictamen, contrario a lo que México necesita, es un escalón más en esa tendencia centralizadora que tiene este actual gobierno, donde pretenden que el gobierno federal haga todo y lo opere todo. Es un avance en esta terrible decisión de acaparar los recursos económicos para supuestamente adquirir, construir y conformar la vivienda a bajo costo, pero ¿cómo sabremos que así sería? ¿Cómo creerles? ¿Qué nos va a garantizar que eso suceda? ¿Qué pasa si es nuevamente un Segalmex? ¿Cómo confiar en un gobierno que ocultó la información de obras como el AIFA, como el Tren Maya, como la Refinería de Dos Bocas? Y acuérdense, la burra no era arisca, la hicieron.

¿Dónde están los mecanismos de vigilancia y verificación para la aplicación de los recursos? ¿Cómo mediremos la efectividad de estas obras? Esos instrumentos de regulación brillan por su ausencia en este dictamen. Sin duda tener acceso a un hogar limpio, a un hogar seguro y asequible es básico para la buena calidad de vida de todas las personas y de todas las familias, no obstante, es triste ver que en pleno 2026 las estadísticas no mienten, miles de personas siguen viviendo en situación de calle. Son 53 millones las personas hoy en este país que no tienen los medios económicos para comprar o construir una vivienda digna y son 8 millones de hogares los que carecen de servicios básicos.

El reto de la falta de vivienda en México sigue siendo enorme, por lo que no procede a aplicar calmantes o soluciones medias que al final no van a resolver los verdaderos retos de este sistema. El sector inmobiliario necesita ser atendido de manera integral y con muchísima planeación.

Si bien el gobierno federal tiene un papel protagónico, también requiere la colaboración de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Pensar que todo lo puede el gobierno federal solo es vivir en una verdadera ilusión. Se requiere también del apoyo de las cámaras, de los colegios, de las universidades, de los especialistas y demás integrantes del sector de la construcción para atender este importante reto.

Es triste ver, por ejemplo, que el arrendamiento social que tenía un propósito legítimo y justo se haya convertido solamente en un vil eslogan político con intenciones sumamente perversas. En este contexto exhortamos a la actual administración a que tenga muchísima apertura, se acerque con todos los sectores que concurren en este tema y no termine centralizando todos los recursos y todas las decisiones.

Algo que nos ha enseñado la historia es que el desarrollo urbano y la creación de vivienda es un tema multifactorial y en eso, en eso podemos improvisar. La planeación partiendo de la disposición de los recursos básicos, especialmente del acceso al agua es fundamental para crear desarrollo sustentable y desarrollos sostenibles, no solo se trata de hacer casas, se trata de hacer comunidades, estamos hablando de la vida de las familias mexicanas.

Por eso, la realidad es que la falta de vivienda en México va más allá de un programa sexenal, requiere verdaderamente de una política integral. México demanda una verdadera política nacional de vivienda que brinde estabilidad, seguridad y dignidad a todas las familias, algo que no vimos considerado en este dictamen.

Desde el PRI seguiremos defendiendo a las familias mexicanas, seguiremos alzando la voz para que tengan una mejor calidad de vida. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Toda vez que no hay materia continuamos con la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.

La diputada Lorena Piñón Rivera: Con su venia, presidenta. Señoras y señores diputados, regreso a esta tribuna porque la verdad no se agota en un solo turno. La primera vez vine a advertir, ahora vengo a profundizar. El lenguaje importa, las palabras en la ley no son decoración, son compromisos.

Este dictamen propone sustituir la expresión vivienda digna y decorosa que lleva décadas en nuestra Constitución, que tiene historia, que tiene jurisprudencia y que tiene alma por la expresión técnica, vivienda adecuada, como si pudiera borrarse con un trazo lo que generaciones de trabajadores mexicanos entendieron como su derecho fundamental.

Mi propuesta es distinta, mi propuesta dice que no hay que elegir entre lo que fuimos y lo que aspiramos ser. La fórmula que someto a esta soberanía es vivienda digna, adecuada y decorosa. Tres palabras, tres dimensiones, un solo derecho completo.

Digna, porque la vivienda es una expresión de la humanidad, de quien la habita, no solo de su capacidad de pago.

Adecuada porque debe cumplir los siete elementos que el derecho internacional nos exige.

Y, decorosa, porque el trabajador mexicano no merece el mínimo indispensable, merece lo que le corresponde por esfuerzo. Quitar digna y decorosa no es modernizar la ley, es empobrecerla.

Ahora, el segundo, el artículo 56 de este dictamen sigue siendo en su versión original un riesgo para los trabajadores, y el riesgo no está en lo que dice, está en lo que no dice. En derecho, lo que no se prohíbe expresamente se permite implícitamente. Y, en materia de fondos de trabajadores esa es una puerta al abuso.

El principio de progresividad en materia de derechos humanos establece que el Estado puede avanzar, pero nunca puede retroceder. Una vez reconocido un derecho, una vez alcanzado un nivel de protección, el legislador no puede rebajar ese estándar, so pretexto de modernización, eficiencia o política social.

La progresividad no es una aspiración, es una obligación jurídica vinculante para el Estado mexicano. Está en el artículo 1o. de nuestra Constitución, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, está en la jurisprudencia de la Suprema Corte y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y, lo que este dictamen hace al autorizar el uso de los recursos de los fondos, sin distinción, sin candados, sin mayorías calificadas tripartitas, sin control es exactamente eso, es retroceder.

No hay política social progresista que se financie con los ahorros de los trabajadores sin su consentimiento. Eso no es redistribución, es expropiación con otro nombre.

Por eso, mi propuesta de redacción al artículo 56 establece con precisión lo que el dictamen original elude, que solo podrán usarse recursos excedentes operativos, nunca las subcuentas individuales.

Que cualquier acción requerirá mayoría calificada con voto y derecho de veto de los representantes de los trabajadores.

Que un auditor externo, independiente, debe certificar la viabilidad antes de actuar. Que lo obtenido en transmisiones de inmuebles regresa íntegramente al fondo.

No a las prioridades del gobierno en turno, que esa es la realidad. Porque la discrecionalidad del Ejecutivo no puede estar por encima de la progresividad de los derechos, nunca, en ninguna circunstancia.

Soy diputada por Veracruz, un estado con 212 municipios, 212 realidades distintas, 212 historias de familias que cada quincena destinan parte de su salario a un fondo que les prometieron sería suyo: el trabajador del puerto de Veracruz, la empleada del sector salud de Orizaba, el jornalero agrícola de la Huasteca que apenas accede al sistema formal, el maestro de la sierra de Zongolica.

No quiero que en ninguno de esos 212 municipios se repita la historia de aquel trabajador que aportó toda su vida y al final descubrió que su ahorro fue ocupado en algún capricho del gobierno de Morena. Defender los fondos de los trabajadores no es oponerse al gobierno: es oponerse al abuso. Y esa es una distinción que esta Cámara tiene la obligación de entender.

Veracruz tiene como pared el horizonte y como piso el mar. Ese mar es parte de nuestra vivienda natural. Hoy... hoy está enfermo, hoy está envenenado, está cubierto de restos de un crimen ambiental del que nadie se hace responsable. Pero mientras debatimos metros cuadrados y financiamiento, se omite que parte de la casa nacional se está hundiendo en silencio. Quien destruye el mar destruye la mitad invisible del techo de México.

El principio precautorio no es teoría ambiental: es el candado que evita que el techo se nos caiga encima. El gobierno federal tiene la obligación legal de actuar ante el riesgo grave y no lo hizo, permitiendo que haya casi 700 kilómetros de territorio bañado por mar con hidrocarburo.

Lo decimos con claridad veracruzana: la patria no empieza en Palacio Nacional: la patria... la patria empieza en el borde del agua que hoy arde. Y si no defendemos esa frontera vital, mañana no discutiremos vivienda, sino desalojo. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Toda vez que no hay materia, continuamos ahora con el uso de la palabra de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Evangelina Moreno Guerra: Con la venia de la presidenta. Estimadas y estimados diputados, a veces no dimensionamos los alcances y el impacto de las reformas que aquí analizamos y votamos, esos impactos que tiene para las familias más humildes de México. Este es uno de los dictámenes que va a trastocar y a mejorar la vida cotidiana de las y los mexicanos.

Quiero iniciar mi intervención, reconociendo a los integrantes de la Comisión de Vivienda por el dictamen que hoy analizamos. El presente dictamen es producto de la iniciativa enviada por la presidenta de la república, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el objeto de modificar la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada.

La reforma propuesta no solo se reduce a sustituir el concepto de vivienda digna y decorosa, por el de vivienda adecuada. No es una cuestión de semántica, se trata de cómo entendemos los derechos y en México la vivienda es un derecho humano.

La reforma considera los tiempos actuales de transformación que vive nuestro país y abona a la consolidación de un Estado de bienestar social al considerar a la vivienda como un derecho social y patrimonial, el cual debe ser asequible para todas y todos los mexicanos.

Con la reforma constitucional que aprobamos, iniciando la actual legislatura en diciembre de 2024 y la que hoy analizamos, estamos dando un paso para fortalecer una coordinación más efectiva entre los gobiernos estatales y la federación y al interior de estas interdependencias, como Infonavit, Sedatu, Fovissste, con el objetivo primordial de que los grupos de atención prioritaria puedan tener un acceso a una vivienda adecuada.

Sin lugar a dudas, aún queda pendiente por considerar en la ley a sectores como los desplazados internos o los migrantes retornados. Aún así, con esta reforma se superan visiones asistencialistas del pasado. Con esta reforma rebasamos esa visión neoliberal que vio en la vivienda a un negocio por encima de un derecho humano.

Ahora la vivienda en México va a cumplir con los estándares internacionales, los cuales son: seguridad jurídica a la tenencia. Disponibilidad de servicios, materiales, facilitadores e infraestructura. Asequibilidad, el costo no debe de superar el 30 % del ingreso de las personas.  Habitabilidad, la protección contra el frío, el calor, la humedad, las tormentas, en fin, riesgos estructurales.

Accesibilidad, la prioridad a personas con discapacidad, a mujeres, a niños, a personas adultas mayores. Ubicación, que estén cerca de los empleos, cerca de las escuelas, cerca de hospitales y centros de salud, así como también lugares donde puedan tomar su transporte. Adecuación cultural, respecto a tradiciones, identidad y clima regional.

Concluyo mi intervención reconociendo como tijuanense, para tener una vivienda, es uno de los anhelos más grandes que tienen las personas que llegan a nuestra ciudad fronteriza. Por ello, es importante agradecer que nuestra presidenta tenga como prioridad a Tijuana en el Plan Nacional de Vivienda y el impulso de este derecho en toda Baja California. Es cuanto presidenta, muchas gracias. Retiro esta reserva. Gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Toda vez que no hay materia, continuamos con el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Con su venia, gran presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Hoy estamos discutiendo el futuro de una generación entera. Una generación que creció viendo a sus padres que con esfuerzo lograron construir un patrimonio, pero que hoy ni siquiera puede imaginar el suyo propio.

Hay que decirlo con toda claridad, México no tiene un problema de redacción, tiene un problema de abandono, porque mientras aquí se cambian palabras, allá afuera se están rompiendo vidas.

A mi generación, a mi generación la critican. Nos dicen que no queremos comprar casa, que queremos rentar con roomies o que preferimos tener mascotas en lugar de tener hijos. Pero hay que decirlo con fuerza desde esta tribuna, no es que no queramos, es que este narcogobierno nos ha dejado sin posibilidad de hacerlo, sin crédito suficiente, sin salarios dignos, sin condiciones reales de crecimiento. Nos quitaron algo más que la posibilidad de tener una casa, nos quitaron la certeza del futuro.

Pero eso, eso no siempre fue así. Hubo un México donde el esfuerzo sí rendía frutos. Un México donde trabajar significaba avanzar. Como doña Micaela, que está aquí, que viene desde Puebla y que, con su puesto de memelas, logró sacar adelante a su familia y construir un hogar.

Donde ahorrar significaba construir donde una familia podía aspirar legítimamente a tener una vivienda digna. Y no como hoy que a su nieta Elizabeth le cuesta el triple tener el acceso a una vivienda.

Ese México, ese México no fue casualidad, fue resultado de una visión, de instituciones, de orden, de gobiernos que entendían que el desarrollo no se improvisa. Hay que decirlo sin complejos, ese México lo construyó el PRI, el Infonavit, el Fovissste. No somos... tienen padre y su padre es el PRI.

Estás no son solo siglas, son historias de vida, son millones de mexicanas y mexicanos que pasaron de la incertidumbre a tener una puerta que cerrar todas las noches con dignidad. El PRI no prometía discursos, entregaba patrimonios. Nuestros padres no heredaron frustración, heredaron casa.

Hoy, en cambio, vemos otra realidad, un país donde trabajar no garantiza que tengas acceso a una vivienda, un país en el que el joven que quiere salir adelante se encuentra con un muro o con las garras del crimen organizado. Un gobierno que cambia la ley en su letra, pero no cambia la vida de la gente, y esa es la verdadera tragedia.

Porque la vivienda no es un lujo, es estabilidad, es familia, es arraigo, es patria, y cuando un joven no puede acceder a una vivienda no solo pierde un techo, pierde la posibilidad de echar raíces, pierde la posibilidad de creer en su país, y eso es lo que está en juego hoy.

Por eso no podemos aceptar simulaciones, no podemos aceptar que se nos diga que todo está bien, porque eso no es progreso, eso lo que es, es retroceso. Hoy México necesita rumbo, necesita capacidad, resultados, y aquí está la diferencia, mientras unos administran la escasez, el PRI construye oportunidades. Mientras unos hablan, el PRI construyó instituciones que siguen de pie. Mientras unos justifican, el PRI resuelve.

Y hoy le hablo a mi generación, tienen razón en querer más, tienen razón en aspirar a tener una casa, no están exagerando en querer tener una vida mejor y es responsabilidad del Estado garantizar que ese sueño sea posible.

Pero hoy también se va a definir de qué lado estamos las y los legisladores, quién está del lado de México, quién está del lado de las juventudes y quiénes están al servicio del gobierno, porque –mientras nosotros, en el PRI, levantamos la voz para defender el patrimonio de los trabajadores y de los jóvenes– otros, como Movimiento Ciudadano, están listos para votar con Morena a favor de mantener un modelo que ha sido incapaz de dar resultados.

Van a votar con Morena, los de Movimiento Ciudadano, a favor de lo mismo que hoy tiene a millones sin acceso a una vivienda, van a votar los de Movimiento Ciudadano junto con Morena para que Octavo Romero Oropeza, el mismo que quebró las finanzas de Pemex, sea quien custodie el dinero de los trabajadores.

Eso es comodidad, es querer quedar bien con el gobierno, es tibieza y a los tibios hasta en la Biblia se dice que los vomitan, porque México no necesita una oposición que titubeé, necesita una oposición que enfrente, que defienda, que tenga carácter. Y esa oposición sin duda está del lado de México y somos la y los priistas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continuamos con el diputado Rubén Moreira Valdez, el coordinador ha instruido que se inscriba su reserva en el Diario de los Debates y así se hará. Concluimos estas intervenciones con el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, de Morena. Adelante, diputado.

El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal: Compañeras y compañeros legisladores, para la gente que nos escucha cambiar la ley, la frase vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada parece una tontería, parece un simple asunto de gramática, pero no lo es.

La legislación anterior, que establecía que la vivienda debe ser digna no definía exactamente qué quiere decir esto. Es algo subjetivo que dejaba a los gobiernos hacer lo que quisieran en materia de vivienda.

La palabra adecuada en la propuesta de ley, en cambio, viene acompañada de reglas claras y medibles de qué es exactamente una vivienda adecuada. Significa que ya no basta con levantar cuatro paredes y un techo. Significa que la casa tiene que estar cerca de las fuentes de empleo, tener agua, drenaje, seguridad jurídica y, sobre todo, no costar una fortuna que estrangule a las personas.

Con esta reforma estamos cambiando el deseo subjetivo por un derecho humano universal, concreto, que la gente puede exigir.

¿Por qué tuvimos que llegar a este punto? Hoy tenemos un país con más de 6 millones de viviendas abandonadas. Esto pasó entre los años de 2000 y 2012. La política de vivienda se hizo para beneficiar a las empresas inmobiliarias y no al pueblo.

Construyeron casas en masa, lejos de todo y sin servicios. Solo para facilitar el negocio de las constructoras. Y hoy vivimos la otra cara de la moneda, faltan casas adecuadas. Las que hay son impagables.

En mi ciudad, Saltillo, la capital de Coahuila, vemos cómo la vivienda se encarece hasta 30 % anual. Es insostenible. El salario promedio de un trabajador formal en Saltillo ronda en los 18 mil pesos mensuales, pero para acceder a una casa modesta, que no baja de un millón de pesos, le exigen comprobar ingresos de más de 30 mil pesos. Es un absurdo. Le piden ganar casi el doble solo para tener un techo dónde vivir.

Y a los trabajadores que logran comprar, la compran lejos y los condenamos a perder hasta tres horas de su vida todos los días, atrapados en el tráfico hacia las zonas industriales de la ciudad.

Eso tiene una explicación y, aunque sé que tiene un costo político y decirlo en Coahuila, porque los medios salen de inmediato a atacar a todos aquellos que cuestionan este problema, lo voy a decir una vez más: los empresarios inmobiliarios en Coahuila no deben gobernar, porque cuando eso sucede ponen por delante los intereses personales, que incluye el buscar a toda costa que la vivienda sea cada vez más cara por encima de los intereses generales de la sociedad, que obviamente es que existe vivienda adecuada y accesible.

Esta reforma viene a corregir el rumbo. Al aprobar este dictamen respaldamos directamente el proyecto de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas y entregar un millón de escrituras en su sexenio. Y la presidenta ha escuchado a los coahuilenses y ante el reto industrial ordenó triplicar la meta para construir más de 80 mil viviendas en nuestro estado.

La reforma le devuelve el poder al Estado para solucionar la problemática de vivienda. La nueva ley permite expresamente al Infonavit y al Fovissste que no solo den créditos y sean intermediarios financieros, sino también vuelvan a construir, rehabilitar y ofrecer esquemas de arrendamiento social para las personas vulnerables.

Además, estamos definiendo en la ley los siete elementos de la ONU-Hábitat que garantizan una vivienda verdaderamente adecuada: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, habitabilidad, seguridad de la tenencia y ubicación.

Es un avance muy importante. Aunque el trabajo no termina en esta Cámara de Diputados, hay un trecho enorme entre las legislaciones locales. Los Congresos locales van a tener que subsanar este atraso para no seguir desprotegiendo al pueblo del acceso al derecho de la vivienda.

Por un país donde la vivienda sea un derecho para las personas y no un jugoso negocio para unos cuantos. Para decirle a la oposición: Morena va a favor de garantizarle el derecho a la vivienda adecuada para todas y todos. Viva el pueblo de Saltillo, viva el pueblo de Coahuila, viva el pueblo de México y viva la cuarta transformación. Muchas gracias. Retiro a mi reserva, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Toda vez que no hay materia, hemos concluido las propuestas de modificación al dictamen.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Si alguna diputada o diputado falta de emitir su voto, aún está abierto el sistema.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 354 votos a favor, 95 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobados por 354 votos, los artículos reservados, en término del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda adecuada. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Me informan que ha solicitado el uso de la palabra el diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Sánchez Barrios (desde la curul): Diputada presidenta, gracias por su venia.

Voy a tomar la palabra para recordar la efeméride de este día. Hoy, 24 de marzo, es el Día Internacional del Derecho a la Verdad, así lo proclamó en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La efeméride alusiva nos recuerda que conocer lo ocurrido, frente a violaciones graves de derechos humanos, es fundamental para la dignidad de las víctimas, para la memoria colectiva y para la confianza en las instituciones.

En México, ese derecho aún no cuenta con un reconocimiento explícito en nuestra Constitución, pese a que somos un país marcado por episodios dolorosos como la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y que ya en cinco ocasiones he presentado la iniciativa de incorporarlo.

Diputadas y diputados, demos continuidad a la estirpe ideológica de mi paisano, el héroe civil, diputado Eduardo Neri Reynoso, quien en 1913 aquí, desde la tribuna de esta honorable Cámara, expresó: Si realmente amamos a nuestra patria, si realmente somos dignos, formemos un Congreso de valientes y sigamos nuestros ideales. Trascendamos a la congeladora legisladora. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosalinda Savala Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Rosalinda Savala Díaz (desde la curul): Gracias, presidenta. Para solicitar un minuto de silencio por el cruel asesinato que ocurrió hoy en el municipio de Lázaro Cárdenas, del estado de Michoacán, de dos maestras, dos docentes: la maestra Mariana del Rosario Sagrero y la maestra Tatiana Madrigal, quienes fueron privadas de su vida por un adolescente de 16 años en su institución.

Creo que este hecho nos recuerda que debemos de rescatar el tejido social y, más allá de rescatar el tejido social, también preocuparnos por nuestros alumnos, nuestros docentes, nuestros administrativos y, sobre todo, por los jóvenes que tenemos hoy en la sociedad. Así que me gustaría dedicarles este minuto de silencio a estas dos grandes maestras que hoy fríamente fueron asesinadas, a quienes recordaremos, la maestra Mariana y Tatiana, quienes serán recordadas con orgullo por el municipio de Lázaro Cárdenas y el estado de Michoacán. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí, diputada. Si son tan amables ponerse de pie, para que podamos guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán (18:36 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 25 de marzo del año en curso a las 10 horas, en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 8 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las y los diputados.

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