Intervenciones
Beatriz Adriana Camacho Carrasco
Raymundo Wilfrido López Vásquez
Preguntas
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya
Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz
Respuestas
Raymundo Wilfrido López Vásquez
Beatriz Adriana Camacho Carrasco
Preguntas
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya
Diputada Graciela Sánchez Ortiz
Respuestas
Beatriz Adriana Camacho Carrasco
Raymundo Wilfrido López Vásquez
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Agradecer en nombre de la Junta de Coordinación Política y, en particular, de su presidente, el diputado Rubén Moreira, el haber aceptado esta invitación para tener esta mesa de diálogo en el marco del parlamento abierto. Por supuesto, saludar a la diputada Graciela Sánchez Ortiz, quien ha venido también presidiendo los trabajos en relación con la reforma electoral, a mi compañero, el diputado Benjamín Robles, que en esta tarde también nos acompaña.
Y, reiterar y de verdad, el agradecimiento a todas y todos ustedes, quienes en el día a día son quienes llevan a cabo precisamente las tareas en la materia en sus estados. Vivimos en un país federalista, en donde sin duda escuchar lo que ustedes viven, lo que ustedes conocen, lo que ustedes plantean, para nosotros como legisladores es de vital importancia.
Estoy segura de que a lo largo de esta tarde estaremos escuchando planteamientos de fondo, propuestas interesantes en el trabajo y el debate legislativo. Podremos ir tomando en cuenta, ya sea de la legislación cuando así corresponda, pues una legislación más adecuada, pero, sobre todo, también pertinente para los tiempos que está viviendo nuestro país.
Agradecer al secretario técnico, como siempre, la organización de estos eventos y cederle la conducción de la misma para poder iniciar los trabajos de esta tarde. Muchas gracias, sean nuevamente todas y todos ustedes muy bienvenidos.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá. Damos la bienvenida también al diputado Leonel Godoy Rangel.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Perdón, a mi compañero vicecoordinador no lo vi de reojo. Una disculpa. Adelante, señor diputado. Adelante, por favor, bienvenido.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias. Diputadas, diputados, con la autorización de la diputada Blanca Alcalá, de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, quisiéramos hacer un balance muy breve de lo que ha significado este formato de parlamento abierto que la Cámara de Diputados ha impulsado para discutir temas de transcendencia nacional. Hoy justamente se cumple un mes del inicio de los trabajos. Ha sido bastante arduo, exhaustivo, con mucha pluralidad, con libertad para exponer ideas.
Comentarles ya, con este sería el foro 26 si vamos desde el inicio hasta el final. Se incluyeron dos foros virtuales para tratar temas vinculados con la experiencia comparada en América latina sobre las reformas electorales y también se vio el tema de elecciones y migración, y cómo impacta a nuestro país.
Hemos tenido discusiones muy interesantes que cerramos hoy con esta propuesta de análisis sobre la situación que viven los organismos locales electorales, pero recordar que se discutieron temas como la integración de ayuntamientos municipales y alcaldías, la segunda vuelta en la elección de algunos cargos de elección popular, urna electrónica, gobierno de coalición y candidaturas comunes, la creación de la figura de la vicepresidencia federal, comunicación, medios digitales y redes sociales en estos tiempos en que estamos mediatizados por el poder la información, las modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral de la Federación, el proceso para la designación de consejerías y magistraturas, el tratamiento que se da a candidaturas independientes y derecho de minorías, entre ellas comunidades indígenas, migrantes, afrodescendientes, personas en situación de vulnerabilidad.
Se discutió también la sobre y subrepresentación, un tema que hay mucha literatura al respecto, el financiamiento público para las campañas electorales, la seguridad en las elecciones, la integración de las Cámaras legislativas federales y locales, elecciones primarias y los métodos que hay para seleccionar candidatas y candidatos, medios de financiamiento para actividades ordinarias, asignación y designación de tiempos oficiales por proceso electoral y etapas.
Les decía, el foro virtual de migración, sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, prohibición de la propaganda gubernamental, veda electoral y regulación de conferencias gubernamentales, mecanismos de democracia participativa, la fiscalización de las campañas basados en un sistema de candidaturas en listas, legislación electoral única, decidir si puede haber un solo Código Electoral en todo el país o mantenemos la dispersión normativa que hay al respecto.
La eliminación de los OPLE, que es el tema que nos ocupa hoy, y también tocamos topes de gastos de campaña, la experiencia electoral comparada que les comenté, y un tema importante, que se dio hoy en el debate en la mañana, fue el de la paridad de género yo cómo aplicaría en un sistema electoral basado en listas.
Son, les decía, 26 foros ya con la presencia de todos ustedes el día de hoy, 137 personas ponentes que han dado muchísima información sobre la situación electoral en México, 91 hombres y 46 mujeres. He sido insistente en que tenemos que trabajar, diputadas, diputados, sobre el tema de paridad en todos los ámbitos, incluido el parlamentario y les comento rápidamente, tenemos ya a nuestros ponentes.
En el diálogo Jucopo se ha acordado que tengan una exposición inicial de hasta siete minutos. Por el número de participaciones pediría que sí nos pudiéramos ceñir al tiempo de los siete minutos, sé que no es suficiente a veces para explicar todo lo que es tiene que decir, pero lo interesante del diálogo es que en una segunda ronda ya las diputadas y los diputados tienen oportunidad de plantarles preguntas sobre aquello que hayan dicho, alguna duda que se genere o bien ampliación de los datos que presenten ustedes.
Esto permitirá que, si son mencionados en una ocasión, se les pueda dar otra vez la palabra hasta por cinco minutos, y en su caso acumulamos las preguntas y cada uno de ustedes podrá tener hasta diez minutos para poder hacer una segunda ronda de participación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ese es el formato para tratarlos a todos con la misma consideración e igualdad. Vamos a dar inicio entonces, diputada Blanca, si me autoriza, con la presentación de Arturo Espinosa Silis, de quien me permito leer su semblanza curricular. Bienvenido, Arturo.
Arturo es consultor, litigante y analista en temas electorales y constitucionales. Socio de la Consultoría Estrategia Electoral, y director del Think Tank Laboratorio Electoral. Participó en diferentes medios de comunicación, como son Expansión, MBS, El Heraldo y Animal político, entre otros.
Cuenta con diferentes publicaciones académicas sobre justicia electoral, elecciones y democracia en México y América Latina. También ha participado en la Organización de los Estados Americanos como especialista en justicia electoral en misiones de observación electoral.
Coordina la Comisión de Derecho Electoral de la Barra Mexicana de Abogados, donde también dirige el canal de televisión NBA TV. Bienvenido, Arturo. Adelante con tu exposición inicial.
El ponente Arturo Espinosa Silis: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, celebro que haya una apertura al diálogo, apertura a escuchar diferentes opiniones y diferentes ideas. Me parece que en una democracia estas son premisas fundamentales.
Como el tiempo es breve voy a ir directo a los temas. Primero, me gustaría empezar a decir, eliminación de los OPLE y de los tribunales electorales locales. Es un tema ya analizado, este es un tema que había sido motivo de análisis en 2014, en 2019, cuando se hizo una propuesta de reforma y prácticamente la conclusión en ambos momentos fue: Su eliminación no es oportuna.
Me parece que generaría un desbalance del sistema electoral, y sobre todo no hay un análisis serio cuantitativo de que genere un ahorro. En ese sentido voy a hablar un poco de números. El presupuesto electoral, así lo llamo yo, incluye el presupuesto del INE, del Tribunal Electoral, de los OPLE y de los tribunales locales, asciende a 24 mil 300 millones de pesos. En 2021, en números. Eso equivale al 0.11% del PIB de ese mismo año o representa el 0.24 por ciento del presupuesto de 2022. Por ejemplo, de este año. Es decir, es una cantidad muy menor.
Si a estas cifras les sumamos el financiamiento de partidos políticos, los partidos políticos entre el financiamiento nacional y el financiamiento local reciben cerca de 11 mil 300 millones de pesos, es decir, casi la mitad del presupuesto de todas las instituciones electorales del país. No estoy contando las fiscalías electorales, porque eso me parece que es un tema que se debería de analizar y de revisar particularmente.
Finalmente, en uno de los últimos datos, los tres partidos políticos más grandes que tiene este país, entre el financiamiento local y federal recibirán más dinero que cualquier OPLE por sí solo en el país. No hay un solo instituto electoral que vaya a recibir más dinero que alguno de estos tres partidos políticos.
A mí me parece que eliminar los OPLES no es buena idea. Es cierto, hay que reconocerlo, nuestro sistema electoral tiene una particularidad que pocos en el mundo tienen, un doble nivel de autoridades electorales, nacional y local. Hay otros esquemas en el mundo, pero pocos como el mexicano o prácticamente ninguno.
Pero también hay que decirlo, funciona y funciona bien. Tenemos elecciones de calidad y bajo estándares aceptables. Es más, en muchos momentos somos ejemplo a nivel mundial.
A mí me parece que quienes organizan las elecciones locales no vale la pena eliminarlos, porque, por un lado, nuevamente, no generaría ahorros. Y, por el otro, sí podría derivar un retroceso en la calidad de las elecciones.
Existen lógicas locales que se deben de tomar en cuenta, pero también hay momentos donde la organización de las elecciones es compleja, y que una sola autoridad lo haga podría generar colapsos.
Menciono algunos. La supervisión de los procesos internos de los partidos políticos. El registro de candidaturas, los cómputos y los recuentos, por señalar algunos muy sencillamente, y además, con la concurrencia de elecciones que tenemos eso se vuelve una magnitud impresionante, lo hemos visto las últimas elecciones, más de 20 mil candidaturas. Pero también entiendo que la parte presupuestal es una prioridad, y más en un país como México.
Entonces, también podría haber un camino para optimizar algunos recursos por parte de las autoridades electorales. Yo creo que. Planteo tres cuestiones básicas: uno, homologar criterios presupuestales, me parece que hay una amplia disparidad presupuestal entre las autoridades electorales.
También creo que es necesario una mejora regulatoria al interior de los institutos electorales. Y, finalmente, políticas de compliance, revisión de varias de las políticas, de cómo se está ejerciendo el gasto y cómo se está rindiendo cuentas. Creo que es algo muy sencillo en lo que todas las autoridades podrían trabajar.
Me parece que si se avanzara en eliminar a los OPLES habría que valorar cuántos serían los números que se ahorraría y cuánto significaría el gasto de una autoridad electoral central, porque forzosamente tendría que crecer.
Paso al tema de los tribunales electorales. En cuanto a los tribunales electorales, me parece que la lógica es similar, aunque aquí encuentro una diferencia importante. No creo que la justicia electoral local sea prescindible, pero sí creo que podría ser temporal.
En su momento lo fue en Aguascalientes, lo fue en Nuevo León o las propias salas regionales del Tribunal Electoral fueron temporales. En otros países así ocurre, Argentina y Perú tienen órganos jurisdiccionales electorales temporales.
Esto me parece que podría, en temas numéricos, significar algún cierto ahorro sin sacrificar la calidad. Sí es importante que haya órganos jurisdiccionales electorales en las elecciones por la carga de trabajo que representan.
También creo que en este tema habría que revisar el mecanismo de la designación de magistraturas locales. De los cuatro que tenemos en materia electoral, consejerías del INE, magistraturas del tribunal, magistraturas locales y consejerías locales, me parece que este es el más discrecional de todos. Simplemente una convocatoria y se designa.
También creo que valdría la pena establecer un mecanismo efectivo de responsabilidades y sanciones. Los consejeros y consejeras locales tienen uno y sumamente severo y rigorista, a mí me parece.
Finalmente, tampoco podemos olvidar aquí que en algunos casos la justicia electoral también merece un poco de lupa, solo recuerdo el escandaloso caso de Bonilla en el tribunal local. Esas sentencias a mí me parece que son un buen ejemplo.
Y cierro solamente haciendo una reflexión sobre este parlamento abierto. Mi pregunta es ¿qué nos vamos a llevar de este mes de parlamento abierto? Yo espero que realmente haya una auténtica intención de mejorar el sistema electoral, un procedimiento que nos permita llegar a una reforma que, a mi parecer, ahorita no es necesaria, tampoco es urgente, pero que considero que a la larga sí podría darse con la finalidad de mejorar la calidad de nuestras elecciones y dar un paso a la consolidación.
Creo que los ejercicios de parlamento abierto requieren tiempo, después de esto habría que procesar y analizar lo que se dijo, las propuestas y trabajar a lo mejor en una reforma integral que avance nuestro sistema electoral.
Hay ciertos ejemplos en Europa, en donde este tipo de ejercicios han derivado en la aprobación de leyes y reformas que han servido para consolidar la democracia de sus países. Muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Arturo, por esta exposición inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Mariana Calderón Aramburu, sí lo pronuncié bien. Es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con maestría en derecho electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ella se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial, también aquí en el Poder Legislativo, en el gobierno federal y actúo también como consejera del entonces Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Actualmente desarrolla diversos proyectos de estrategia y consultoría, orientados al fortalecimiento de las instituciones, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Es miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Ha impartido seminarios sobre blindaje electoral y prevención del delito, además de participar en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas llevadas a cabo en diversas instituciones y universidades en las que se han abordado temas relacionados con democracia, procesos electorales, libertad de expresión, revocación de mandato, participación ciudadana, entre otros.
Es autora de ensayos publicados en distintos medios de difusión, en los que se han abordado temas referentes al sistema político electoral mexicano. Y fue vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y ha colaborado con la Fundación Carter, así como con otras organizaciones de carácter civil. Mariana, bienvenida, tienes el uso de la voz.
La ciudadana Mariana Calderón Aramburu: Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados, por este espacio. Celebro, igualmente, la realización de este parlamento abierto. Para mí este es uno de los temas más trascendentales de todo lo que se ha discutido en tema de reforma electoral. ¿Por qué razón? Porque no estamos discutiendo acerca de características específicas del modelo democrático, estamos discutiendo acerca de la propia base de la estructura y funcionamiento del modelo democrático.
Entonces, ¿qué queremos? La primera pregunta es, ¿qué queremos? ¿Un nuevo modelo con nuestras estructuras, con nuevas bases, con nueva forma de operación? O, ¿un mejor modelo perfectible? Y el mejor modelo perfectible no requiere eliminación de instituciones que han demostrado servir, que han dado grandes resultados.
Es una verdad irrefutable el que los OPLES y el INE han permitido y han garantizado elecciones libres, auténticas e imparciales, tan es así que la integración del Congreso actual refleja una pluralidad de partidos, que las elecciones presidenciales han reflejado un cambio de una alternancia en el partido, en el poder.
Como bien señaló mi antecesor, el maestro Arturo, la reforma electoral 2014 justo discutió esto, justo discutió el tema de los institutos electorales locales, y el objetivo principal en ese momento era analizar cómo el modelo se estaba viendo afectado por la intervención de los gobernadores o por la intervención de los congresos locales en el funcionamiento de los institutos locales.
Y, ¿qué se determinó? Que se tenía que garantizar la independencia de estos institutos y por eso entonces se diseñó y se construyó un nuevo parámetro o un nuevo mecanismo de control o estructura electoral. ¿Dio resultado? La respuesta es sí. Sí ha dado resultado.
Tuvimos elecciones limpias, libres, imparciales en el 2018, en el 2021 y a nivel local, en los diferentes procesos locales que se han celebrado durante estos años y es un modelo joven. ¿Tenemos que estar cambiando el modelo cada tres, cuatro, cinco o seis años? ¿No tenemos que dejar madurar a las instituciones?
Si hay una causa grave que nos determine que tenemos que modificar la institución, se modifica. Pero si está funcionando, se hay alternancia, si el día de hoy tenemos una pluralidad de partidos en los gobiernos estatales, en los congresos estatales, es reflejo de que el modelo funciona, es perfectible, claro y justo es lo que tenemos que discutir, cómo mejorarlo, cómo fortalecerlo, pero no considerar eliminar de tajo lo que es un modelo que está funcionando.
Cuál es la importancia de los órganos electorales. Por parte tienen una importancia mucho más allá de la única realización de elecciones o de procedimientos electorales. Los organismos públicos locales construyen ciudadanía y la construyen a nivel local, que es muy importante. No es lo mismo cómo vivimos en la Ciudad de México o cómo vive una persona en el norte del país, una persona en el sur.
Si bien todos somos mexicanos, tenemos diferente forma de ser, de pensar, de percibir nuestro entorno, y se necesita un instituto que construya esa ciudadanía, y eso solo se puede hacer a nivel local, no a nivel nacional. Se tiene que fortalecer esa relación con la ciudadanía.
El segundo tema bien importante es, la democracia directa y la democracia participativa. Son elementos que a nivel constitucional se han agregado y se han reconocido y en las Constituciones locales también se han reconocido, entonces se han convertido en derechos que tienen que ser protegidos y garantizados por los institutos, o más bien, perdón –corrijo– por los organismos públicos locales electorales. Son los encargados de materializar estos derechos.
Además de la serie de derechos político-electorales, reconocidos a nivel Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a nivel Constituciones locales, que justo tienen que activar estos organismos públicos locales y garantizar. Entonces se tienen que fortalecer, no se tienen que eliminar.
¿Cuál es la crítica al modelo actual? Es muy costoso. Okey. Y, sí, es cierto. La democracia cuesta. Como ya nos señaló el maestro Arturo, tampoco es tan escandaloso los costos. Que se ha incrementado es cierto, se ha incrementado. Pero se ha incrementado el costo de absolutamente todo. A todos nos consta esa realidad. La inflación va aumentando, el costo aumenta, la vida aumenta, el incremento de la población. Los organismos públicos locales tienen mayor nivel de población en todas las entidades, mayor número de personas, mayores de 18 años que, o cuyos derechos tienen que velar por ellos.
Entonces hay cada vez más facultades, hay cada vez reconocimiento a más derechos y eso va incrementando el costo. Y qué se puede ahorrar. Claro se puede ahorrar. Por supuesto que se debe y se debe realizar. Pero creo que todas las acciones se tienen que dirigir a fortalecer estos órganos, a darles un mayor peso o un mayor dinamismo. La peor crítica que se hizo en 2014 fue la falta de independencia y la falta de autonomía que tenían los institutos electorales en ese momento.
Y actualmente también existe una falta de independencia, y les voy a decir derivado de qué. Del problema presupuestal. Ese es el problema real que hay en este momento. Actualmente los institutos, los organismos, perdón, públicos locales, no tienen garantizados el presupuesto. Y entonces, la falta de independencia deriva del control que los Congresos estatales están realizando en los organismos públicos locales.
Entonces, cómo fortalecemos y cómo generamos un mejor modelo creando un mecanismo de control o de asignación presupuestal, base razonable, establecido con base en elementos objetivos, que permita garantizar la independencia de todos los organismos públicos locales. Ahí es donde está el secreto. Y ahí es donde tenemos que fortalecer. Eliminar aparte los organismos públicos locales nos va a llevar a un gran problema que, en teoría, es el origen de todos estos males, que es la supuesta falta de independencia que pudieran llegar a tener.
Si yo elimino esta divergencia que hay de operación estatal, voy a tener el control absoluto de todas las elecciones en un solo órgano y, en caso, que pudiera tener cuestionada la independencia eso me va a afectar en todas las dinámicas estatales, haciendo un problema gravísimo. El día de hoy cada estado opera y funciona de manera individual y se garantiza la independencia en cada una de las designaciones de consejeros estatales, y hay pesos y contrapesos para resguardar el equilibrio.
Eliminar a los organismos públicos locales es un riesgo, es muy costoso. Avancemos más bien en el fortalecimiento a partir de una asignación presupuestal objetiva y creo que eso más bien tiene que ser el centro de la discusión. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Mariana, por tu intervención inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Eric Guerrero Luna, a quien también le damos la bienvenida. Me permito leer la semblanza curricular de Eric.
Él es licenciado en derecho por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. También ha sido formado por la pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia. Tiene diplomado en derecho tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestría en derecho constitucional y amparo por la Barra Nacional de Abogados, y está habilitado como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En su formación electoral destacan diversos cursos relacionados con nulidades, impugnación, autoridades electorales, candidaturas independientes, régimen sancionador y representación proporcional. Ha tenido también experiencia para dar cursos en blindaje de fiscalización electoral, curso en justicia electoral y fiscalización electoral, capacitación jurídica electoral y las mesas de trabajo que se desarrollaron en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el diagnóstico y programa de acción del tribunal en alianza a la justicia y el gobierno.
Participación también en diversas empresas, docente en materia de derecho electoral y ha sido también asesor de representación partidista en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Fungió también como asesor de la Comisión de Gobernación aquí, de la Cámara de Diputados, y también como asesor jurídico de APS Estrategia Social Civil. Así que, sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra a Eric hasta por siete minutos.
El ciudadano Eric Guerrero Luna: Muchísimas gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Junta de Coordinación Política por su amable invitación. Y sin más preámbulo me voy a dirigir... Qué es lo que propone esta iniciativa. Esta iniciativa de eliminación de los Oples y de los tribunales locales solamente está en la iniciativa que ha presentado el presidente de la República.
En ella se propone que el INE absorba de manera directa las funciones que tienen encomendadas los Oples. Para qué. Para que el INE sea una autoridad administrativa única, y con ello se abone a la certeza y a la armonización de los procesos electorales. La iniciativa también propone eliminar los distritos electorales y, con ello, la estructura distrital del Instituto Nacional Electoral, para que el nuevo INEC conforme órganos temporales y auxiliares en especial en los procesos electorales.
En mi experiencia práctica como litigante mi opinión es la siguiente. Tenemos que tener el eje central en dos temas en los procesos electorales. Uno es la organización electoral. Y la segunda, que tenemos que garantizar la equidad en la contienda de los participantes, y también generar certeza jurídica de los procesos electorales, para que la ciudadanía, precisamente que es la que se beneficia de estos temas, tenga garantizado que las personas por las que votaron son las que llegan al poder.
Yo creo que el INE no va a caber duda de que ya es garante en la organización de las elecciones. Yo creo que en este tema de la organización podemos saber que el INE se puede encargar de la organización de la elección. Hace un momento hablaban de las elecciones concurrentes. Nosotros tenemos elecciones concurrentes y en muchas de ellas ya están homologados los plazos, es decir las elecciones locales con federales.
El INE podría garantizar esa organización de las elecciones. Y en esa primera parte soy coincidente con la reforma. En la segunda. Para garantizar la equidad en la contienda electoral sí necesitamos cambiar el marco legal y sí necesitamos la visión actual que tenemos sobre los procesos electorales. Necesitamos garantizar una democracia que genere certeza jurídica para los actores y, por ende, armonizar las reglas en nuestra democracia.
Este es mi primer punto coincidente con la reforma. En ella se habla que cada año se gasta recurso público por e13 mil millones de pesos para sostener a los Oples. Sin embargo, creo que la motivación le falta. No solamente debemos de ver el punto cuantitativo porque, como dicen, en números puede parecer muy poco. Sin embargo, tenemos que ir también al aspecto cualitativo, el porqué esta propuesta de eliminación de Oples y tribunales locales cualitativamente está fallando o no está funcionando.
En mi opinión y en mi práctica les quiero compartir lo siguiente. En las elecciones federales y locales, bueno locales, que son de las que estamos hablando ahora, en las que he participado he llegado a la conclusión de que falta eficiencia dentro de los Oples y los tribunales locales. La impartición de justicia en las elecciones locales la podemos ver a través de la instauración de un procedimiento especial sancionador.
Este procedimiento, como todos los presentes que estamos aquí, sabemos que se da por conductas que suscitan dentro de los procesos electorales. En esta diversidad en México que tenemos, por ejemplo, en 5 estados de la república el consejo general de los Oples funciona como autoridad instructora y como autoridad resolutora. Y en otros 27 estados funciona como autoridad instructora el Ople para resolver el... y el tribunal local resuelve... es autoridad resolutora.
Sin embargo, cuál es el problema de este punto. Que la justicia y este acceso no es expedito. Por ejemplo, yo como litigante he interpuesto varias denuncias en materia de fiscalización. En materia de fiscalización sabemos que la autoridad que resuelve estos temas es el Instituto Nacional Electoral, sin embargo, ¿cuál ha sido el criterio del Consejo General del INE? Que, cuando se tata de conductas tipificadas en el ordenamiento local se tiene que dar vista a los OPLES, y es ahí donde tenemos el problema los candidatos, las candidatas para acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque los OPLES están tardando en resolver, los tribunales locales no nos están dando respuesta.
Les puedo decir que varios de los procedimientos especiales sancionadores no se resuelven aun cuando ya ha sido validada la elección en los tribunales locales. Lo mismo está pasando en quejas en materia de radio y televisión, las interponemos ante el Instituto Nacional Electoral, sin embargo, este da vista a los OPLES y los OPLES tardan en resolver. No podemos tener medidas cautelares expeditas porque los OPLES no están resolviendo en tiempo.
Ahora, en estos procesos electorales vimos lo siguiente. Hay intervención de servidores públicos federales, secretarías de estados en las elecciones locales y ¿qué ha dicho la Sala Superior? Que el órgano local no puede resolver por las diferentes autoridades que participan en una elección. Por tanto ¿quién debe resolver? El INE. El INE, como autoridad instructora y, en su caso, la sala regional especializada resolverá el procedimiento especial sancionador.
En otros temas torales, por ejemplo, el INE ha tenido que ejercer facultad de atracción en ene cantidad de casos. Pero me voy a referir a tres muy particulares. Por ejemplo, en Chiapas tuvo que ejercer facultad de atracción porque 50 mujeres que fueron electas hicieron renuncias atípicas. Entonces, se tuvo que remover a toda la integración del Consejo General de Chiapas.
En el OPLE de Hidalgo recientemente tuvieron que remover a la presidenta del Consejo General, a uno de sus integrantes de ese Consejo General, por la negligencia en su actuación del PREP. Actualmente en el OPLE del estado de México se está discutiendo si en los conteos rápidos el INE va a ejercer esa función para realizar esta actividad.
Finalmente, tal vez en la segunda parte del análisis de esta reforma, que no comparto del todo, es por lo siguiente y por lo que hablaba la maestra hace un momento. Tenemos democracia participativa y democracia representativa. La democracia representativa es precisamente la que estamos hablando, de elecciones, de cómo obtener el poder público, pero la democracia participativa es la que se vive en cada entidad de manera diferente.
Por eso no creo que los órganos tengan que ser temporales. Yo creo que tenemos, con la estructura que tiene el INE, garantizar que sus órganos sean permanentes para que ellos puedan garantizar esa democracia participativa, porque no nos podemos olvidar de ella, no nos podemos quedar solamente en democracia representativa.
Ya vi que se me va a acabar el tiempo. En una siguiente ronda seguiremos avanzando. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Eric. Sí, a veces el peso del tiempo es complicado, pero estos foros tienen, les decía, esa ventaja de que en la segunda ronda se amplíe mucho la información y lo interesante que van comentando al inicio.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Paula Ramírez Höhne, a quien le damos la bienvenida. Voy a dar su semblanza. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Occidente, ITESO, en donde se graduó con honores por excelencia académica, además de contar con una maestría en sociología por la Graduate Faculty for Political and Social Science of the New School University, en Nueva York.
Es especialista en temas electorales. En el sector público se ha desempeñado como funcionaria en organismos constitucionales autónomos nacionales y estatales. De 2005 a 2008 ocupó el cargo de directora de difusión, vinculación y capacitación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI. De 2011 a 2018 trabajó en el IFE, después INE. Primero, como asesora del secretario ejecutivo y posteriormente como subcoordinadora de asesores, siendo responsable de actividades asociadas a la regulación de encuestas electorales, además de cumplir como presidenta integrante del Comité de Transparencia del IFE y posteriormente del INE.
También tiene un papel docente muy relevante. Ha impartido clases de maestría y licenciatura en el propio ITESO. A nivel de licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y en el diplomado Elecciones, Representación Política y Gobernanza, del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM.
Ha participado en diversas conferencias, talleres, cursos, obras, regulación de las encuestas electorales en México, tema sobre el cual tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializadas, también relacionadas con la función electoral. Actualmente es consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Así que, Paula, muchas gracias por estar acá. Adelante con tu intervención inicial.
La ciudadana Paula Ramírez Höhne: Al contrario, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, legisladores, legisladoras de todas las bancadas. Con profundo respeto acudo a la convocatoria de esta legislatura, a nosotras consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos electorales locales, es para mí un verdadero honor estar aquí y, por supuesto, es una enorme responsabilidad.
Dispongo de tiempo limitado, así es que iré directo al grano y quisiera poner tres ideas principales sobre la mesa: primero, la iniciativa de reforma político electoral del Ejecutivo federal camina en sentido contrario, choca con las bases constitucionales fundadoras de nuestra república democrática y federal.
Tengo que decirlo con sus letras, lo que se ha presentado es una fórmula para que los estados dejen de administrar y organizar sus propias elecciones que carezcan de autoridades jurisdiccionales y que, además, renuncien a sus facultades para determinar la dimensión de sus Congresos y la composición básica de sus ayuntamientos como lo señala nuestra Constitución.
Y aquí no puede dejar de exhibir la consecuencia que esta fórmula tendría para mi estado, si como plantean la reforma los municipios con población menor a 60 habitantes tendrán una regiduría, 105 de los 125 municipios de Jalisco estarán integrados por una persona, cancelando toda pluralidad, todo contrapeso y todo equilibrio político.
La extinción de la institucionalidad electoral local, la centralización de sus funciones, el establecimiento de una ley única para regular la vida político-electoral de todo el territorio nacional y el planteamiento de fijar una fórmula exclusiva para determinar el número de diputaciones locales y regidurías, hacen que esta iniciativa anule las facultades para organizar el régimen interior en los estados, insisto, en contradicción con lo que manda nuestra Constitución. Desaparece el trabajo de décadas, el aprendizaje y los avances demostrables en los estados para forzarlos a una homogeneidad tan imposible como indeseable.
Segunda idea, nuestro federalismo y nuestra vida política local hizo posible que en las entidades se convirtieran en las escuelas de la democracia mexicana, donde se escenificaron las primeras alternancias políticas en el país, tanto en los Ejecutivos, como en la composición de los Legislativos. Y un dato, desde 2014, la alternancia para la gubernatura ha ocurrido en el 70 % de los casos.
¿Hay un síntoma más claro de imparcialidad, profesionalismo y pulcritud en el trabajo electoral local? Una pregunta más, ¿es cierto que los OPLE duplicamos funciones? No lo es y yo no los aburriré con las explicaciones técnicas o reglamentarias, pues me parece que los datos son más elocuentes. En 2021, el INE registró en la elección federal 3 mil 478 candidaturas para la renovación de este Poder Legislativo. ¿Cuántos registramos las 15 entidades que tuvimos elección? Más de 257 mil candidaturas y la comparación puede hacer con cualquier otra función.
Cómputos. El INE los hizo para 500 curules, mientras que los estados con elección, hicimos cómputos para casi 20 mil cargos. Quejas. El INE atendió e instruyó 180 procedimientos especiales sancionadores, los OPLE, 9 mil 47. Esas son las cifras, la de las quejas, expresa la intensidad de la vida política local, imposible de reflejar y de administrar desde una autoridad central ajena a las formas y la política local.
Y un ejemplo más, el INE instaló con legalidad y consenso 300 consejos distritales, mientras que en las 15 entidades que organizamos elecciones se instalaron 2 mil 225 órganos colegiados ciudadanos aprobados también por el consenso de todos los partidos políticos.
Estamos, pues, ante uno de los grandes equívocos de la reforma, suprimir instituciones no desaparece los deberes, la obligaciones y solo supondrá trasladarlas hacia un órgano central descomunal que de todos modos tendrá que realizar el gasto que hoy hacemos los organismos públicos locales para cumplir con esas funciones: Registrar decenas de miles de candidaturas, resolver cientos de quejas, organizar los programas de resultados electorales preliminares, los debates, entre otras decenas de funciones propiamente locales que no hay forma de suprimirlas sin que con ello se suprima y se elimine la competencia democrática por la dispuesta del poder político en toda la república.
Reducir diputaciones, consejos ciudadanos, cabildos, debates entre candidatas y candidatos, ciudadanos protegiendo el voto de sus vecinos, todo esto derivaría en el empobrecimiento de nuestra vida democrática local.
Y tres y última idea. La función electoral no es un trabajo que pueda improvisarse, que pueda ser aprendido en un par de semanas, ni siquiera en dos o cinco meses. Se necesita conocimiento, especialización legal, experiencia técnica, calificación, vigilancia y una vocación especial para resistir las presiones a favor de la imparcialidad frente al partido que sea.
Los OPLE han estado caminando en esa dirección, han estado expresando un acuerdo nacional y al mismo tiempo las necesidades y condiciones de la diversa, variada y plural vida local a la que todos los partidos, sin excepción, de la que todos los partidos han sido protagonistas y también beneficiarios.
Para terminar. Nuestro régimen federal constitucional ha garantizado su tarea principal, la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones locales y con ello la estabilidad política y social de toda la nación. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Paula Ramírez Höhne, por esta aportación inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar el diálogo vamos ahora con la participación de Beatriz Adriana Camacho Carrasco. Ella es consejera presidenta de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Cuenta con más de 25 años de experiencia electoral.
Dentro de su trayectoria destaca el haber sido observadora electoral internacional, nacional y local, en más de 50 procesos electorales. Es profesional con experiencia en más de 10 países en procesos de incidencia para fortalecer las democracias electorales.
Adicionalmente, se ha destacado por abrir espacios de diálogos en favor de la democracia participativa, en particular acciones de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y recientemente violencia electoral, erradicación de la violencia contra las mujeres en la política y en procesos de incidencia desde la sociedad civil mexicana.
Entre las áreas de especialización editorial ha publicado documentos orientados a salvaguardar derechos políticos de la ciudadanía, lo que le ha valido ser invitada como oradora y expositora en medios de comunicación de la región latinoamericana y el Caribe. Beatriz también ha servido como representante de México ante la Red Interamericana de Observación e Integridad Electoral, Red OIE, la cual ha jugado rol crucial en las elecciones de Ecuador, República Dominicana, Honduras y Colombia.
Asimismo, desde este espacio ha participado activamente en la redacción de informes electorales a nivel internacional. Tiene también apariciones en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas electorales para la región América Latina y el Caribe, y en este año coordinó el Reporte Nacional de Violencia contra las Mujeres en la Arena Política, candidatas electas 2021, cuyos hallazgos arrojan evidencia empírica para la formulación de políticas públicas. Así que le damos el uso de la voz y nos da gusto que esté por acá, a la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco. Adelante, por favor.
La ciudadana Beatriz Adriana Camacho Carrasco: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Saludo con aprecio y afecto a la Junta de Coordinación Política por la amable invitación, a las y los diputados aquí reunidos y también a la ciudadanía que está al pendiente de estos foros a través de las redes sociales. También saludo a mis compañeras y compañeros de panel.
Primero quiero mostrar mi beneplácito por la realización de estos foros de parlamento abierto que nos permite, bajo un marco de diálogo respetuoso, poder intercambiar diversas ideas y propuestas en torno a las 42 iniciativas de reforma electoral, hoy con el tema de la eliminación de los OPLE y de los tribunales locales.
Hoy es para mí una gran responsabilidad dar voz a los organismos públicos locales electorales, y es un gesto de apertura y de compromiso que, sin duda, permitirá a las y los diputados conocer la perspectiva de quienes organizamos las elecciones en los estados. Pero también mi aportación la hago con más o con casi 30 años de experiencia en materia electoral, principalmente desde sociedad civil, quienes en todo momento han buscado fortalecer nuestra democracia.
Sabemos que el voto es la manifestación final en una larga cadena de esfuerzos para construir una cultura cívica-democrática. Los 32 OPLES del país trabajamos permanentemente en la divulgación de los valores democráticos, creamos conciencia social sobre la importancia del sufragio, sensibilizamos a la población de escasos recursos, beneficiarios de programas sociales, integrantes de grupos vulnerables, miembros de comunidades indígenas y de la ciudadanía en general.
La trascendencia de estas actividades impacta en el corazón de las elecciones, en los votantes, ahí en el interior de una casilla, con boleta en mano, es su capacidad de elegir libremente, sin presiones, sin coacción, sin recompensas a cambio. Es ahí donde la educación cívica desempeña un papel central para la estabilidad de las democracias contemporáneas dentro de un entorno global adverso, de crecientes desigualdades, como es la económica, política, social y cultural.
Cabe mencionar el caso de varios países en la región latinoamericana, que han atravesado por procesos electorales recientes y dan cuenta de un incremento en el uso imparcial de los programas gubernamentales o el condicionar la asistencia social.
Y es así donde nos damos cuenta que la participación electoral no se construye solamente durante el proceso electoral, esta se trabaja día a día durante las etapas no electorales. Y porque libertad del voto no tiene precio, por ello, desde los OPLES trabajamos para elegir, para seguir promoviendo e impulsando el ejercicio de los derechos políticos, pilar de la democracia moderna. Y me refiero al derecho a elegir libre e informadamente a quienes nos van a gobernar o representar.
Cabe mencionar que en México cada OPLE diseña sus propias acciones de comunicación y cultura cívica, atendiendo la realidad social, económica, política, cultural y demográfica de su estado. Por ejemplo, las amenazas al voto libre en Nuevo León son muy distintas a las observadas en Chiapas o en Oaxaca.
Los intentos de manipulación política en zonas rurales varían a los que tienen lugar en municipios urbanizados. La política electoral en la costa es distinta a la política electoral en la sierra, no podemos omitir este aspecto.
El reconocimiento de la profunda diversidad que se conforma en nuestro país, con realidades regionales y locales disímbolas está presente en nuestra norma suprema, en nuestra Constitución Política y en el federalismo que la abraza como un proyecto nacional. Los OPLES son ejemplo en la práctica y en la ley de la solución federalista.
De cara a un proceso de reforma electoral, también hablemos del papel de las mujeres en la política. Gracias a mujeres valientes, el principio de equidad fue paulatinamente ganando terreno a terreno en nuestro país.
Más recientemente, se han modificado nuestras leyes y se han desarrollado importantes tesis jurisprudenciales para hacer realidad en los hechos la paridad de género en la postulación de candidaturas. Hoy, nuestro Congreso retrata con fidelidad la composición entre hombres y mujeres de la nación.
A pesar de estos avances sin precedentes hacia una democracia plural e incluyente, la violencia política contra las mujeres en razón de género ha surgido como un fenómeno grave, transversal y en crecimiento a lo largo y ancho del país. Cuando creíamos que la equidad entre hombres y mujeres en la política era una realidad irreversible, nuevos comicios electorales nos han entregado esta otra cara de la búsqueda de poder.
Los OPLES tenemos una agenda de género en las entidades federativas que permitirá a las autoridades y a las y los contendientes políticos y a la ciudadanía prevenir, identificar, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, pero no solamente en procesos electorales, también estamos recibiendo denuncias de mujeres electas.
En estos momentos en Nuevo León tenemos varias donde estamos promoviendo también talleres-cursos para proteger y salvaguardar los derechos de estas mujeres. El fenómeno no es privativo de México. Durante sus misiones de observación electoral, la organización de los Estados americanos, por ejemplo, ha reportado casos de violencia política en razón de género en diferentes naciones del continente.
Otras de las actividades que realizamos los OPLES tienen que ver con los mecanismos de participación ciudadana, pues somos los responsables de la preparación, desarrollo y cómputo, que van desde la consulta ciudadana, la revocación de mandato, los plebiscitos, el referéndum, iniciativa popular, presupuesto participativo, consultas indígena afroamericanas y la proliferación de estas formas de participación ciudadana, muestra que tenemos una función complementaria en las democracias representativas.
Quiero terminar diciendo, que el proyecto para una reforma electoral de gran calado en México es mi convicción, debe conducirse desde el federalismo, reconociendo la existencia de realidades regionales específicas y asumiendo la importante labor de las autoridades locales, que desarrollan en favor de la cultura cívica, la inclusión, la estabilidad social y la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Beatriz, por esta aportación inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a darle continuidad al debate, ahora vamos a escuchar a Mireya Galli Jordá, de quien me permito leer su semblanza curricular. Ella estudio física en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el antecedente de haber recibido el Premio Nacional de la Juventud por su desempeño académico.
Destaca también, que en el año 2003 fundó la preparatoria Galileo, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ha sido también nombrada en 2007 académica del Centro de Investigación en Energía, de la UNAM, adscrita a la Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación.
En junio de 2009 se diplomó en gestión, transferencia y comercialización de tecnología, por la Facultad de Economía y la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Y en 2013 participó en el programa Leadership Acceleration Program, fortaleciendo sus conocimientos en gestión, liderazgo y trabajo en equipo. En marzo de 2014 recibió el nombramiento como rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, desarrolló diversos proyectos de innovación científica, tecnológica en ese escenario.
Y a partir del año 2019 colaboró con el gobierno del estado de Hidalgo, en la difusión del proyecto Sincrotrón Mexicano, en el estado de Hidalgo. A partir de 17 de abril de 2021 es consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, nombrada por el Instituto Nacional Electoral. Así que, muchas gracias, por estar aquí. Adelante, con su participación inicial.
La ciudadana Mireya Galli Jordá: Muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, pues agradecer la invitación a este enorme ejercicio democrático, que no solo nos está permitiendo poder exponer de manera respetuosa y profesional nuestras ideas y todo lo que tenemos por decir, sino también nos ha permitido llegar a toda la ciudadanía, porque al final del día es a quien nos debemos. Entonces, muchísimas gracias. Y un saludo a todos mis compañeros consejeros presidentes que el día de hoy están presentes en este foro.
Los organismos públicos electorales llevan una historia, una historia que a la par tiene que ver con la historia del Instituto Nacional Electoral. Antes del 96 se creaban los organismos electores de manera temporal tal y cual lo estaban comentando, pues vienen las elecciones y se crea una comisión electoral temporal que, dicho sea de paso, en la mayor parte de los casos ni siquiera eran elecciones concurrentes, lo cual encarecía realmente el proceso electoral.
A partir de la reforma de 1996 se crean los primeros institutos estatales y lo más importante ahí es que se desliga por completo del Poder Ejecutivo, pero como bien lo acaba de decir Mariana, no nos acabamos de desligar del todo, porque hoy en día seguimos dependiendo de la parte presupuestal. Entonces, bueno pues seguimos con eso.
En la reforma del 2007, se otorga a las instituciones locales mayor número de atribuciones en los que, quiero destacar, el promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurando las condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.
A partir de la reforma del 2014, las atribuciones conferidas a los organismos públicos locales, pues será organizar las elecciones para gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, pero también, muy importante, toda la estructura gubernamental que tiene que ver con los integrantes de los ayuntamientos, las autoridades auxiliares, lo cual hace importante la presencia del organismo local dentro del Estado.
¿Cuáles son estas funciones, las funciones principales de los OPLES? Bien. Pues garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. Y bueno, pues en el país federal en el que estamos viviendo también tenemos partidos locales, también contamos con esos partidos locales y toda esa organización nos encargamos los organismos locales.
Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que es importantísimo porque traemos, traemos las particularidades de cada una de nuestras entidades y las trabajamos dentro del ámbito democrático. Evidentemente, preparar la jornada electoral, imprimir los documentos que tendrán nuestra particularidad. Aquí me gustaría comentarles que Morelos en la última elección tuvo 23 partidos políticos, entonces bueno, hubo que hacer un diseño de una boleta muy peculiar.
Llevamos a cabo el escrutinio y el cómputo con base a los resultados de las actas de cómputo distritales y municipales, pero todo finalmente lo concentramos en la localidad en donde estamos. Además de todo lo que implica la jornada electoral, hay un punto aquí bien importante, también nos hacemos responsables del Programa de Resultados Preliminares en la localidad. Y este ejercicio de los resultados preliminares han funcionado como una válvula de escape de muchos meses de presión y tensión social que se generan previas a las elecciones, y a nivel local también nos hacemos cargo de esa parte tan importante de las elecciones.
También bueno, mencionar que también lo han mencionado mis antecesores, que a partir del 2014 los consejeros electorales de los organismos públicos son electos por el INE, que además de tener que corroborar sus conocimientos en materia electoral garantizan de alguna manera la imparcialidad en los comicios que tienen que afrentar.
La cercanía de los OPLES con la ciudadanía, dada su composición y gracias a los integrantes de los mismos, que son residentes del Estado, permiten conocer las características, así como las inquietudes que existen en la comunidad. Y aquí hay un punto muy interesante, que nos ayuda a reducir costos, a reducir costos de las elecciones, porque estamos implicando a la misma gente de cada uno de los estados. Son los mismos ciudadanos que organizados por los organismos públicos son los que controlan y llevan a cabo las elecciones. Y yo considero que ahí hay un ahorro muy interesante en cuanto al desarrollo de las elecciones.
Asimismo, bueno la ubicación dentro del Estado, facilita a la ciudadanía y a los actores políticos, el poder acudir a todas las instancias jurídicas correspondientes para la aclaración de cualquier asunto, y bueno pues aquí aparecen los tribunales electorales. Hace unos días hubo una reunión de magistrados y ellos comentaban que el 70 por ciento de los problemas y las impugnaciones que se generan en un proceso electoral se resuelven a nivel estatal y que únicamente llegan a nivel federal el 30 por ciento de esas impugnaciones.
Eso es muy importante, bueno primero desde la movilidad, la concentración que pudieran tener en la Ciudad de México y la eficiencia que de alguna manera estamos proveyendo las instituciones locales en este momento.
También me gustaría mencionar que una de las acciones muy importantes que surgen directamente de los organismos públicos es la implementación de las acciones afirmativas. Es una manera de garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan la representatividad que requieren en los diferentes órganos gubernamentales. Y quiénes son los que inician con eso. Pues los organismos públicos. Acaba de terminar mi tiempo. En una segunda ronda continuaré. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Mireya, por las aportaciones que haces a este diálogo. Le damos la bienvenida también a la diputada Alma Delia Navarrete. Diputada, bienvenida. Buenas tardes.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la siguiente participación. Nos da gusto recibir desde Oaxaca al magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez. Leo su semblanza curricular. Él es licenciado en derecho y maestro en derecho constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Catedrático de tiempo completo a partir de 1986 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma casa de estudios, allá en la bellísima Oaxaca. Director de la Facultad de Derecho en el año 97.
Consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo 2002-2011. Con fecha 10 de diciembre de 2015, el Senado de la República lo designó magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para un periodo de siete años. Y en 2016 fue designado presidente del mismo tribunal para un periodo de tres años. Así que bienvenido, magistrado. Importante la participación de tanto las consejerías como de las magistraturas. Tiene el uso de la voz. Adelante.
El ciudadano Raymundo Wilfrido López Vásquez: Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues entrando directamente al tema. Yo considero que desde hace muchos años han coincidido ya varios partidos políticos y muchos actores políticos. Puedo mencionar que desde 2007 ya fue hecha una propuesta exactamente igual a la iniciativa que presentó actualmente el presidente de la República. En 2007 el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática hicieron exactamente las mismas propuestas.
Unos diputados, unos legisladores y senadores de manera independiente hicieron la misma, exactamente la misma propuesta. En el 2013 insiste el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y otros actores a hacer la misma propuesta. Es decir, ha habido coincidencia en esta propuesta que hace, de la iniciativa que actualmente estamos analizando, la desaparición de los tribunales y de los institutos electorales de todas las entidades, y la creación de un solo órgano a nivel nacional que se encargue de las elecciones y que se encargue también de la justicia electoral en todo el país. Esto no es nuevo, esto viene ya desde hace 15 años, y muchos han coincidido en esto.
A mi juicio lo único que puede justificar la desaparición de una institución o de cualquier ente público es que esta institución caiga en una inutilidad. Cuando una dependencia, cuando una institución o cualquier ente público deja de prestar el servicio público para el cual fue creado deja de ser útil. Y sin tan solamente o únicamente su sostenimiento, su mantenimiento resulta una carga para el Estado, obviamente que es totalmente adecuado y correcta su desaparición.
Desde el 2014 una reforma que ya todos la conocemos, que fue muy aplaudida y que fue considerada como de gran avance democrático... Ahí vemos que tan solo de leer el artículo 41, en su fracción V, inciso... Apartados B y C, ahí vemos todas las facultades que tiene a su favor el Instituto Nacional Electoral y lo poco que les queda a los órganos públicos locales electorales. El Instituto Nacional Electoral prácticamente es quien dicta las directrices, las reglas y los OPLES prácticamente tienen que acatarlas y sobre eso corre el proceso electoral.
Y tratándose de los tribunales electorales, vuelvo a insistir en que lo único que puede justificar es el servicio que prestan. Si observamos cuántos juicios por año están conociendo los tribunales electorales en el país y si advertimos que los tribunales de algunos estados al año únicamente conocen seis juicios, y ese tribunal está integrado por cinco magistrados, o que conocieron apenas 27 juicios o 21 juicios al año o 37 juicios al año yo pienso y considero que es un tribunal que prácticamente está siendo sostenido sin prestar prácticamente ningún servicio a la comunidad. Esto, para mí, representa un gasto, un gasto de manera totalmente improductiva.
Caso totalmente diferente el de Oaxaca. ¿Por qué menciono el caso de Oaxaca? Porque he escuchado con mucha pasión cómo defienden, han venido a defender que no desaparezca el INE, que no les aparezcan las diputaciones plurinominales, las senadurías o algunas senadurías. Que no desaparezcan regidurías plurinominales, que no desaparezcan los OPLES, que no desaparezcan los tribunales electorales. Los defienden con mucha pasión. Pero se han olvidado de un componente, de un componente que no es de menor importancia y que es el origen de nuestro país, que son los pueblos y comunidades indígenas del país.
Del total de población nacional, Oaxaca es donde se concentra el mayor número de pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca tiene más de 10 mil comunidades indígenas que llevan a cabo elecciones aplicando su sistema normativo interno, indígena. Oaxaca, hasta este momento, que llevamos apenas ocho meses en este año, llevamos conociendo más de mil 545 asuntos. En tanto que otros estados apenas llevan 21, apenas llevan 16, apenas llevan 85.
Por eso es que yo considero que en estos debates y para toda reforma electoral no nos debemos olvidar de los pueblos indígenas. Ahí está Oaxaca. Y, como decía la doctora: soy la voz de los órganos electorales, pero también yo soy la voz de los indígenas de mi comunidad. Somos muchísimos y se procesan demasiados juicios electorales.
En este momento llevamos mil 545 juicios conociendo en nuestro tribunal, comparativamente con otros tribunales, y apenas se empezaron a llevar a cabo las elecciones de usos y costumbres en los 417 municipios de mi estado. Por ello, en el estado de Oaxaca y quizá en algún otro, otros dos estados o tres, pienso que puede haber una excepción a esta iniciativa, en caso de ser aprobada.
En la creación de un tribunal electoral indígena en Oaxaca y el sostenimiento, el fortalecimiento de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, que depende todavía del Instituto Electoral y que esa dirección sí trabaja todos los días de todos los años y viene muchísimo trabajo para este periodo. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrado Raymundo Wilfrido. El diálogo y las aportaciones han sido también una característica de estos foros.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar ahora con Brenda Canchola Elizarraraz, a quien le damos la bienvenida. Me permito leer la semblanza curricular de Brenda. Ella es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, plantel León. Maestra fiscal por la Universidad de Guanajuato y actualmente se encuentra en proceso de titulación en la maestría en política y gestión pública por el ITESO, a través de la Universidad Iberoamericana León. Ejerció como abogada auxiliar, litigante y gestora de asuntos en las Notarías Públicas 102 y 58 de 2002 a 2003 y de 2004 a 2005, respectivamente. Fue profesionista independiente 2011 a 2021 y también ha desempeñado diversos cargos en el Instituto Electoral de Guanajuato, desde marzo de 2005 a noviembre de 2011 y en otro periodo correspondiente al 2021.
Autora del artículo Análisis crítico de la figura de los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, trabajo ganador del primer lugar en el Segundo Concurso de Investigación Jurídica y Política, Sergio García Ramírez, realizado por la revista electrónica Epikeia, Derecho y Política del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana en León. Coautora también del artículo: Análisis político del problema de mortalidad materna, publicado en la revista electrónica Epikeia, Derecho y Política, también del mismo departamento de Ciencias Jurídicas.
Ha impartido diversos cursos, talleres y seminarios sobre derecho electoral, propaganda política, educación cívica, transparencia, rendición de cuentas, violencia política contra las mujeres, derechos políticos electorales de grupos vulnerables, prevención de hostigamiento laboral y justicia.
Desde octubre de 2021 es consejera presidenta del Instituto Electoral del estado de Guanajuato y también forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, así como de la sucesión de instituciones electorales de las entidades federativas. Brenda, gracias por estar aquí. Adelante con tu participación.
La ciudadana Brenda Canchola Elizarraraz: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho el espacio para participar en este foro de parlamento abierto para discutir estos temas por demás interesantes.
Sin más preámbulo, pues ya también en el marco de todas las intervenciones que me han antecedido, los Institutos Electorales Locales, los OPLE, como los conocemos recientemente a partir de la reforma de 2014, contamos con una historia de aproximadamente de 3 décadas, en números redondos, esto representa una enorme experiencia en la realización de los procesos electorales locales y un gran conocimiento de la realidad política, económica, social, geográfica, cultural de cada uno de nuestros estados.
Somos instituciones garantes de los principios rectores de la democracia en el ámbito local y con ello hemos contribuido a la estabilidad social por medio de la renovación periódica y pacífica de las autoridades electas a través del voto popular.
Con la reforma político-electoral de 2014, como ya se comentó, nació el sistema nacional de elecciones y esto implicó la reorganización de las instituciones electorales, tanto nacional como locales y fue con el propósito de estandarizar el trabajo y procedimientos electorales en todas las entidades. Se tradujo esto en una redistribución de atribuciones y competencias, pero no hay duplicidades presupuestales ni técnico operativas y esto es muy importante mencionarlo.
Por mandato constitucional tenemos diversas funciones sustantivas, ya han sido mencionadas algunas, acceso a prerrogativas de partidos políticos, educación cívica, preparación de jornada electoral, impresión, diseño, material, documentación electoral, entre otras. Asimismo, tenemos encomendados los mecanismos de participación ciudadana en cada una de nuestras entidades y todas aquellas facultades que no están reservadas al Instituto Nacional Electoral.
En números redondos y perdonen, me voy rápido porque son muchos datos, dentro de procesos electorales, los institutos locales llevamos a cabo el registro de candidaturas, tanto para las elecciones de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas y alguna otra figura de gobierno o representación que existe en cada una de las entidades. Esto representa un despliegue de capacidades técnico-jurídicas, porque se verifican cumplimientos de requisitos en cada una de las normativas locales de cada uno de los estados.
Se verifica que los partidos políticos cumplan con los requisitos, que los ciudadanos que se postulan como candidatos o candidatas cumplan también estos requisitos, que se verifiquen los principios de paridad, inclusión y también con la normativa expedida por cada una de nuestras entidades en materia de acciones afirmativas que se implementan en cada uno de estos estados.
Como ya lo mencionaron, en el proceso electoral 2020-2021 tan solo las cifras, se envió a más de 257 mil registros en las 32 entidades. Asimismo, tenemos a cargo el diseño y la impresión de la documentación electoral. Esto, qué significa, pues que en cada elección local se observan los más altos estándares técnicos de calidad y seguridad. Se elabora la documentación, el material electoral entre canceles electorales, urnas, portaurnas. Es un trabajo titánico.
Asimismo, se tiene a cargo el traslado de esta documentación electoral. Normalmente donde se imprime es aquí en Ciudad de México y hay que hacer todo un despliegue logístico acompañado de fuerzas de seguridad del estado para llevar este material y documentación a municipios y distritos de cada uno de nuestros estados.
Esta documentación se resguarda en bodegas también administradas y buscadas por los propios organismos públicos locales, que tienen que tener características de inviolabilidad. Tan solo para el proceso electoral pasado 2020-2021, fueron necesarias alrededor de 4 mil 800 bodegas para el resguardo de estos materiales.
Asimismo, tenemos también a nuestro cargo la integración de los órganos desconcentrados que están encargados de realizar cómputos, expedición, entrega de actas, constancias de mayoría relativa para la elección correspondiente.
Esta integración no es un proceso sencillo, se lleva a cabo a través de un proceso de selección muy riguroso que incluye conformación de expedientes, entrevistas, valoraciones curriculares y tan solo para el proceso electoral 2020-2021 se instalaron más de 2 mil 200 órganos desconcentrados distritales y municipales.
Se requiere también lo que son el reclutamiento, capacitación y coordinación de asistencia electoral, porque se necesita instalar casillas, sellado, enfajillado, armado de paquetes electorales. La labor que tenemos encomendada no es para nada sencilla, no es para nada simple. Entonces se necesita todo este despliegue logístico y técnico.
Además, también tenemos a cargo la destrucción de las boletas electorales, así como darle el destino de reciclado a todo el material electoral, en todo caso el reuso también. Entonces este también es un tema muy importante que llevamos a cabo los organismos públicos locales.
También organizamos debates, en algunos de nuestros estados se lleva a cabo el monitoreo de medios de comunicación y también tenemos encomendada la tarea de oficialía electoral, que esto es básicamente proporcionarle a los partidos políticos certificaciones de actos que pudieran incidir en las campañas o precampañas.
También ya se manejó la sustanciación de todos los procedimientos, tanto procedimientos especiales sancionadores como procedimientos ordinarios. Los procedimientos especiales dentro del proceso electoral, materias, propaganda política, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, violencia política contra las mujeres, que es un tema que tenemos en nuestras manos. Y así pudiera yo seguir dando datos para dimensionar la cantidad de actividades que tenemos a nuestro cargo, pero estas cifras, si bien reflejan el cúmulo de actividades y acciones que tenemos las autoridades electorales, solamente son números.
Pero quisiera yo resaltar un aspecto que desde mi perspectiva resulta por demás trascendental, y es el relacionado con el lado humano de las autoridades electorales. Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles y esta situación implica un despliegue de capacidades y facultades de las personas que prestan sus servicios al interior de estas instituciones, y este es un aspecto que se da por sentado y es intravalorado, porque raramente se habla del estrés y del esfuerzo sobrehumanos al que están expuestas las personas que desempeñamos nuestros servicios al interior de estas instituciones.
Desafortunadamente, este modo de trabajar también se replica fuera del proceso electoral, pero es precisamente la capacidad, la experiencia y la preparación en este tiempo de esta materia que cada vez con cada proceso se hacen más técnica, la que permite a las personas que desempeñamos nuestros servicios al interior de los institutos, pues afrontar esta tarea de la mejor manera, con la mejor de nuestras capacidades posibles, y este es un aspecto que no se debe de dar por sentado.
En caso de la desaparición de las instituciones electorales, pues simplemente se tendría que prescindir de toda esta experiencia, de toda esta experiencia humana, de todo este capital humano que ya se tiene, que se ha ganado a través de todos estos años de realizar nuestra función, de hacer elecciones y hacerlas muy bien. Se me terminó el tiempo, muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Brenda. En un momento más continuamos con el diálogo para poder ampliar algunas de las perspectivas que ofreces.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Sergio Arturo Guerrero Olvera, a quien le damos la bienvenida. Él es magistrado de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lleva ya 20 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo 9 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. También realizó la especialidad en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales de la Universidad de Castilla, La Mancha.
También cuenta con un master en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y cursó la especialidad en Valoración Racional de la Prueba, por la Universidad de Girona, todas en España. También es especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sergio Arturo, bienvenido. Adelante.
El diputado Sergio Arturo Guerrero Olvera: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, saludo con mucho afecto y mucho respeto a las diputadas y diputados, agradeciendo, desde luego, el privilegio de poder ser voz para comentar, para debatir acerca de estas propuestas que nos han presentado algunos grupos y el Ejecutivo federal acerca de la reforma electoral.
Se dice que los juristas, por regla general somos conservadores, nos gustan las leyes como están porque eso da certidumbre y estabilidad social. De hecho, leyes más o menos duraderas permiten hacer planes de vida a mediano y largo plazo. Ha surgido una nueva ciencia de la ley que se llama legisprudencia, que demuestra que constituciones estables y poco reformadas, leyes casi intocadas han permanecido durante, a veces centenares de años para regular de la mejor manera posible a la sociedad.
Un ejemplo de ello es nuestra regulación civil. La gran parte de nuestro Código Civil dice que hay un puerta un Código Civil Nacional, pero la gran parte, una gran parte de esa regulación ha permanecido intacta desde los romanos.
No es el caso del derecho electoral. Yo soy un entusiasta de las reformas. También existe un principio entre los juristas de que las reformas siempre tienen la presunción de que son mejores leyes que las que están quitando, que las que se están reformando.
Pero ¿les digo algo? Leyendo esta propuesta de reforma creo que no hay buenas razones, no son buenas razones para desaparecer a los organismos públicos electorales y tampoco hay buenas razones para desaparecer a los tribunales locales. Tampoco hay buenas razones para elegir a nuestro funcionario electoral a partir de una elección popular. De hecho son muy malas razones.
Esto hay que decirlo con toda claridad. Con todo respeto, no podemos ni siquiera evaluar la validez de esta propuesta de reforma desde nuestra experiencia personal o desde un estado en particular.
Yo fui magistrado electoral en Querétaro y ese Tribunal excepcional tuvo que demandar a su gobernador para que le diera presupuesto, así como muchos tribunales locales sufrieron su instalación.
Pero tampoco puedo queretanizar una solución nacional solo porque en Querétaro sucedió así. O tampoco puedo decir que desde Oaxaca todos los problemas son así. ¿Por qué? Bueno, porque de lo que estamos hablando es de dos instituciones muy importantes, que no se nos olvide: una es la justicia, en específico la jurisdicción electoral. Y otro es el de las elecciones, detrás de ello está la democracia, la distribución del poder y la forma en que aprobamos y desaprobamos a nuestros gobernantes y accedemos al poder.
No estamos hablando de los tribunales en específico, estamos hablando de la justicia electoral. ¿Y por qué nos da por hablar de temas que son muy particulares, como 26 asuntos en un tribunal local? ¿O que en interprocesos no hace nada? Si en realidad de lo que estamos hablando es de la justicia. Y de la justicia, cuando hablemos del acceso a la justicia, lo que tenemos que hacer es voltear a ver los estándares internacionales.
Lo que tenemos que ver, voltear a ver es lo que ha dicho, por ejemplo, Naciones Unidas en los principios de conducta judicial de Bangalore. No es nuestra experiencia personal, no es nuestra práctica profesional, son los datos los que nos ayudan a evaluar adecuadamente las instituciones, pero, además evaluarlos desde la institución a la que pertenecen.
La teoría de la justicia, la jurisdicción, la teoría política de la jurisdicción nos dice que si nosotros queremos jurisdicción empírico salvaje, que es decir, la que tiene un estadio de evolución social muy bajo, de muy bajo perfil, pues sí podemos tener tribunales esporádicos.
Es como en los bomberos, si un bombero, si existe una estación de bomberos y solamente hay un incendio por año, no vamos a desaparecer a los bomberos solo porque trabajan una vez al año o porque en todo el año no hubo incendios. Se trata de profesionalizar a nuestros bomberos.
Se trata de que nuestros tribunales sean permanentes, para que alcancen los máximos estándares de la justicia. La reductibilidad salarial es una buena práctica, les habla alguien quizá desde el privilegio de ser magistrado y recibir un sueldo que se considera oneroso. Pero saben qué, los magistrados por regla general hacemos carrera judicial, empezamos de cero y, además, igual que los consejeros, después nos enfrentamos con impedimentos legales para trabajar. Es decir, nos mandan dos años a la calle sin poder cobrar un solo peso. La reductibilidad salarial es un problema que debemos afrontar y que dotaría de certidumbre y certeza a los tribunales.
Además, hay un dato que acaban de dar, es un dato muy importante, 15 mil sentencias dictadas por los tribunales locales en el 2021, 15 mil sentencias, de las cuales solamente el 70 por ciento, repito, solo el 70 por ciento se quedaron sin impugnación. Son bastantes, son 9 mil 500 sentencias en las que los ciudadanos, la ciudadanía confió en sus tribunales. Son bastantes sentencias, eso no está en la propuesta de reforma, 9 mil 500 sentencias quedaron firmes, porque la gente confió en su tribunal local, eso da al traste con el criterio de que los gobernadores tienen cooptados a los tribunales.
Luego, de las que restaron, de un 30 por ciento impugnadas, saben qué, el índice más bajo de confirmación es del 80 por ciento, prácticamente los tribunales locales están confirmando sus sentencias en un 95, 98, otra vez, repito, Querétaro el 100 por ciento de sentencias confirmadas.
Hay tribunales con 100 por ciento de sentencias confirmadas, pero Querétaro no debe ser el ejemplo, lo que sí es, porque ese no es un dato, es un dato aislado, el valor agregado a ese dato es que a nivel nacional más del 80 por ciento de sentencias locales son confirmadas.
Termino en este último minuto. De lo que está detrás de esto, son dos instituciones, democracia y justicia, pero la justicia electoral no comienza en los tribunales ni en los institutos, recordemos que hay justicia en comunidades indígenas y justicia electoral partidista.
Si lo que queremos es tener una justicia electoral como la hay, actualmente la justicia partidista, nos vamos a arrepentir bastante. La justicia partidista empieza por tener la mayor cantidad de falencias a pesar de la gran cantidad de dinero que se les destina a los partidos políticos, cerca de 6 mil 500 millones de pesos y, aun así, con ese ahorro que se hace, supuestamente la justicia partidista es la más difícil, la más difícil de acceder.
En la justicia partidista hay muchos problemas y lo que necesitamos no son cualquier tipo de reformas, necesitamos unas reformas que le hagan frente a este tipo de problemáticas, pero que además incluyan a toda la justicia y no solamente a los tribunales. El debate es lucha de luces y ojalá haya muchas luces para sacar lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Sergio Arturo, por tu aportación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar esta primera ronda de participaciones con la de Grisel Muñiz Rodríguez, de quien me permito leer la semblanza curricular. Ella es egresada de la licenciatura en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestra en administración pública estatal y municipal, estudios realizados por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una certificación expedida por la Secretaría de Educación Pública para capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.
Cuenta con diversos diplomados en perspectivas y especialidades, como construcción de la paz, género, argumentación jurídica, derechos humanos, prevención de la violencia. También es promotora de la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer institucional. Fue nombrada coordinadora de la Red Institucional de Género del estado de Querétaro, durante el periodo de 2013 a 2015. Y actualmente forma parte de la red denominada Defensoras de la Paridad.
Cuenta con 13 años de experiencia en materia electoral y a partir del 30 de junio de 2022 fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para desempeñar el cargo de consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el periodo 2022-2029.
Ha participado en diversos talleres y temáticas vinculadas con su experiencia y también con documentos relativos a las guías para reincorporarse al trabajo durante la pandemia por Covid con perspectiva de género y cuidado mental y diversos manuales de capacitación relacionados también con la experiencia profesional de Grisel. Así que, Grisel, bienvenida, adelante con tu participación, por favor.
La ciudadana Grisel Muñiz Rodríguez: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a cada una de las y los representantes de la nación, que han hecho posible este parlamento abierto. Celebro la iniciativa de intercambio, la apertura y la invitación a participar en estos foros. También saludo con respeto a todas las personas con quienes tengo el gusto de compartir la mesa y a quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Se han realizado reformas de carácter político-electoral que han apostado por transformar en oportunidades algunos de los retos que han marcado los comicios. Lo que ha dado como resultado un sistema electoral que cuenta con experiencia que se refleja en la eficaz coordinación entre los órganos locales y el Instituto Nacional Electoral.
Si bien, actualmente contamos con procesos especializados y estandarizados encabezados por el INE, para cada una de las entidades federativas no podemos dejar de observar que de manera paralela y permanente, desde lo local, los OPLES realizamos nuestras actividades atendiendo escenarios y realidades en cada una de las entidades efectuadas, indiscutiblemente, con una mirada cercana, intercultural y principalmente soberana, que exige nuestra sociedad, pero que, sobre todo, merece. A ser visibles y ser tomadas en cuenta esas particularidades de las que hablaba el magistrado, que enriquecen a nuestro país.
Los OPLES garantizamos desde lo local el avance de la democracia y el ejercicio permanente de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Hemos sido entes detonadores de la progresividad en cuanto a la implementación de acciones afirmativas, ésa ha sido nuestra cancha. Destacando, por supuesto, el tema de la paridad en el registro y acceso a las candidaturas locales, eso de manear horizontal y vertical, eso fue un recado local para la federación.
Ahora bien, no rechazamos bajo ninguna tesitura la incorporación del principio de austeridad. Como parte esencial de la materia electoral, la racionalización del gasto público siempre debe estar enfocada en garantizar el acceso al poder, mantener la estabilidad social y la paz que generan los procesos transparentes y ciudadanizados, como los que actualmente llevamos a cabo.
Los OPLES realizamos actividades durante y fuera de los procesos electorales locales. Como, por ejemplo, la instalación de consejos distritales y municipales. Hemos registrado 600 mil candidaturas, eso es un gran número. Hemos diseñado e impreso documentación y material electoral. Hemos propiciado, hemos proporcionado asistencia electoral local, oficialía electoral. Hoy, la ciudadanía cuenta de manera nuevamente permanente con la viabilidad de iniciar procedimientos ordinarios y especiales sancionadores, que de la mano de los tribunales electorales locales somos responsables y garantes de esta justicia electoral.
Eliminarnos, alejaría y podría dejar en estado de indefensión a las mujeres que día a día denuncian violencia política. Y lo voy a decir de nuevo, día a día. Ahí estamos los OPLES y los tribunales locales.
Nuevamente retomo, cómo voy a hablar, cómo voy a dejar de hablar de que también está en nuestro cargo desplegar operativos para garantizar a la ciudadanía su derecho a construir partidos políticos locales, generando condiciones que permiten el acceso al poder público de las minorías en cada una de las entidades federativas.
Me tomaría mucho tiempo enunciar todas las actividades, pero esto es una clara muestra del gran trabajo que realizamos, y lo voy a decir de nuevo, todos los días. Nosotros no descansamos. No solamente trabajamos el día de la jornada ni en su preparación, somos estabilizadores y canales que conducen a la certeza del poder que tiene la voz ciudadana.
Hay quienes hablan de la defensa del INE. Pero yo añadiría: desde esta perspectiva local hay que hablar de la defensa del sistema electoral en conjunto, no privando a las entidades federativas de los derechos que se han conquistado entre todas las fuerzas políticas. Aboguemos por una reforma que privilegie el federalismo electoral. Por reconocer que estamos lejos de ser una sociedad homogénea, apostemos por un cambio que nos permita salvaguardar la paridad, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la eficacia, la objetividad, el profesionalismo, la máxima publicidad y, por supuesto, la austeridad institucional sin detrimento de la calidad de las elecciones ni mucho menos de la educación cívica.
¿Nuestra democracia es perfectible? Por supuesto que sí. Construyámosla entre todas y todos, las condiciones para que siga siendo la opción de gobierno preferida y, lo voy a volver a repetir, garante de la paz social. Eso somos los Oples, eso somos los tribunales locales. Invirtamos en nuestra democracia local, porque no hay mejor peso invertido que el que va para el sufragio efectivo. Muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Grisel. Cerramos esta primera ronda de participaciones.
Comentar que se encuentran presentes con nosotros Alejandro Palacios Espinosa, de Baja California Sur, todas autoridades electorales; Roberto Herrera Hernández, de Durango; Oswaldo Chacón, también del Órgano Electoral de Chiapas, Yanko Durán Preto, del Ople de Chihuahua; Óscar Ramírez, asesor del magistrado electoral de Oaxaca; Miguel Ángel García Onofre, también del Ople de Puebla; José Francisco Zermeño Ayón, presidente del Ople de Nayarit; Gloria Lorena Almazán Robles, del Instituto Electoral de Querétaro; Ignacio Hurtado Gómez, del Ople de Michoacán; Lirio Guadalupe Suárez Améndola, del Ople de Campeche; Elizabeth Nava Gutiérrez, también del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; María Magdalena González Escalona, del Instituto Electoral de Hidalgo; Luz Fabiola Matildes Gama, consejera presidenta del Ople de Guerrero; Paloma Blanco López, también del Consejo de Participación Ciudadana de San Luis Potosí; Luis Alberto Hernández Morales, presidente del Ople de Baja California; y Neri Ruiz Arvizu, presidente del Ople de Sonora. Muchas gracias por su presencia aquí en la Cámara de Diputados en este parlamento abierto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y como lo establece el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, toca ahora que los diputados y las diputadas puedan hacerles preguntas, para poder ampliar la información de este foro.
Tengo registrado al diputado Benjamín Robles, está registrada también la diputada Blanca Alcalá, y del Grupo Parlamentario de Morena el diputado Leonel Godoy, lo anoto a usted. Y la regla es que puedan tener cinco minutos, diputadas, diputados, para plantear sus preguntas. Especificar, para que yo pueda tomar nota de a quién se la dirigen. Y les pediría a las personas ponentes que puedan también estar atentas de los planteamientos, para que en el orden en que sean mencionadas tengan cinco minutos para responder. Empezamos, pues, con el diputado Benjamín Robles, que nos ha estado acompañando como siempre aquí en los foros de parlamento abierto. Diputado, adelante, por favor.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Buenas tardes a todas y a todos. Permítanme hacer una reflexión general, porque este es prácticamente el último foro de esta larga sesión de parlamento abierto. Que para un servidor y, estoy seguro, para mis compañeras y compañeros diputados ha sido muy importante. No nos estamos decantando en este momento por nada, no es el momento legislativo. En comisiones empezaremos al arranque del periodo ordinario de sesiones. Pero escucharlos ha sido muy valioso.
Aunque en la iniciativa del Partido del Trabajo no hablamos sobre este tema, pudiese interpretarse que lo dejamos intocado, sabemos que en la iniciativa rectora del señor presidente de la República se plantea y la estamos revisando, y sus dichos para nosotros son, sin duda, muy importantes.
Así que puedo decir que en esta jornada estamos concluyendo un mes de sesiones, de verdad, muy ilustrativas. Un mes de sesiones muy constructivas de las que, sin duda, nos estamos llevando ideas, nos estamos llevando reflexiones muy valiosas.
Por eso quiero felicitar a la Junta de Coordinación Política, por la apertura para la realización de este parlamento abierto, amplio, plural. No con la presencia de todos los grupos parlamentarios, lo que, de entrada, podría significar que no va a poder hacerse nada porque necesitamos mayoría calificada, pero quienes estamos aquí lo hacemos con una enorme responsabilidad.
También quiero felicitar a las presidencias de las Comisiones de Reforma Política-Electoral, a la diputada presidenta Graciela Sánchez. También a la presidencia de Puntos Constitucionales, al propio Canal del Congreso, que fue una parte muy importante en estos foros, no solamente por haberlos transmitido sino por haber sido también anfitrión de varios de ellos.
Las y los diputados del Partido del Trabajo nos llevamos reflexiones muy valiosas, lo reitero. Creemos en la necesidad de renovar al árbitro electoral, al Tribunal Electoral, cuyas credibilidades, imparcialidades me parece que han quedado en entredicho. No solamente ahora sino desde las últimas presidencias de lo que fue el IFE.
La desconfianza, esa falta de imparcialidad fueron las que motivaron, hay que recordarlo, la transformación del IFE en INE en la reforma aquí ya comentada de 2014. Pero esa reforma me parece que no ha sido suficiente para consolidar autoridades electorales confiables. Esta reforma, que habremos de analizar, de discutir en las próximas semanas sin duda que no es una reforma menor. Hablamos de un tema que representa el cimiento de nuestra calidad de democracia y por eso la desaparición de los OPLES y tribunales electorales locales.
El método de elección de autoridades electorales, el financiamiento de los partidos políticos, son, de verdad, decisiones de la mayor relevancia para el futuro de nuestra democracia. Y sepan ustedes que sus dichos serán tomados en cuenta a la hora de nuestras reflexiones.
Pero debo decir que en el partido del Trabajo estamos listas, estamos listos para entrarle al análisis de esta reforma, con vocación de apertura, con ánimo de aportar a la construcción de una buena reforma. No solamente a partir de la iniciativa del Ejecutivo federal, sino de las presentadas por diversos grupos parlamentarios en esta y en pasadas legislaturas, porque fue una decisión de inclusión que se decidió a final. Y ahí está la nuestra, varias nuestras. Una, que presentamos el pasado 28 de abril, así como otras iniciativas que hemos presentado en materia de financiamiento, con el fin de tener un sistema electoral más equitativo.
En la pasada legislatura yo presenté una diciendo: “El PT apoya que se bajen las prerrogativas en un 60 por ciento, pero que el 40 por ciento se distribuya en una fórmula diferente”. Estamos abiertos a valorar los aspectos positivos, pero también a escuchar los argumentos respecto de aquellas propuestas en las que no coincidimos.
Es decir, no estamos en la lógica de decir no a todo, como lo han hecho otras bancadas. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y del compromiso de nuestro encargo. Es más, creemos que México hoy exige que los temas públicos se discutan y les demos la solución correspondiente.
Reitero nuestro agradecimiento a todas y a todos los ponentes que nos acompañaron a lo largo de estos más de 20 foros y a la gente que ha seguido con interés este proceso de discusión.
Me pregunto y les pregunto: de no concretarse el mecanismo democrático previsto en la iniciativa rectora para la designación de autoridades electorales, es decir, de elección popular, a criterio suyo dígannos ¿cuál debiese ser la forma de contrapesos constitucionales que la LXV Legislatura deba seguir para el nombramiento de los funcionarios electorales, consejeros y magistrados?
Consideran ustedes que, como lo expuse en algún momento de mi intervención, ¿que quede en la facultad configurativa de los Congresos locales la designación del único magistrado o magistrada que integre el Tribunal Unitario Electoral, como hasta antes de la reforma de 2013 se realizaba?
Y una pregunta adicional, como diputado, representante del estado de Oaxaca, no puedo dejar de pronunciarme por lo que hace rato mencionó Raymundo Wilfrido, el magistrado Raymundo Wilfrido. En 2013, como él lo señaló, se agregaron los párrafos tres y cuarto del artículo 26 en la LGIPE, que visibilizaron por primera vez en una legislación nacional, la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas a elegir sus propias autoridades y quisiera preguntarle a él directamente, al magistrado Wilfrido, ¿por qué resultaría importante un Tribunal Electoral Indígena en el estado de Oaxaca? Mi pregunta, esta es directamente para él, pero también las otras que he realizado y para la compañera Beatriz Adriana Camacho Carrasco. A ellos dos les hago estas preguntas, mi querido Omar. Es cuanto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Benjamín Robles. Quedan anotados sus planteamientos. Ahora les damos la voz a las personas ponentes.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos entonces con la diputada Blanca Alcalá para tomar su participación y cuestionamientos. Diputada, adelante, por favor.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Como aquí se ha señalado, sin duda, nos resulta de gran relevancia las reflexiones que han hecho cada uno de los ponentes, las consideraciones que han también esgrimido y yo quisiera en esta oportunidad hacer tres preguntas. La primera, sin duda, es referida al federalismo del que ya también ustedes se han referido, retomar muchas de las expresiones que aquí también ya han señalado, hablando de la importancia de la eficiencia, del profesionalismo, del conocimiento, en fin, todos los atributos que ustedes ya han señalado.
Más bien aquí la pregunta sería, y es para cualquiera de los ponentes, si nuestro desafío es optimizar los recursos, el poder aprovechar las capacidades, ¿cuál sería la propuesta que desde lo local ustedes estarían realizando para poder lograr precisamente estos criterios de eficiencia, de optimización que hoy por hoy también son necesarios?
La segunda, quizá la consejera Canchola o alguno de ustedes pudiera señalarlo, toda vez que lo abordaron. El segundo tiene que ver precisamente con el Tribunal y también en este ejercicio, digamos, de creatividad que hoy los tiempos demandan, me gustaría saber, ¿cuál es el modelo que ustedes consideran que debería entonces de instrumentarse?
Toda vez que encontramos las dos posiciones, desde las que resuelven un sinnúmero de actos, hasta los que refieren que no son más de seis al año. Entonces, ¿cuál es el modelo que deberíamos tener? ¿Un modelo híbrido quizá, en donde tengamos un Tribunal Federal y tengamos ponentes regionales dependiendo del tiempo? No sé, sería interesante conocerlo.
Y, tercero, por supuesto, hablando del tema de la participación de las mujeres, en donde ninguna de las diputadas podemos esgrimirlo y, sobre todo, lo que refiere a la violencia política y, en particular, la violencia política de género, yo sí reconozco lo que se ha hecho desde lo local para todo lo que implican los lineamientos, de en dónde participar, dónde no mandar a donde normalmente se perdía.
Pero me parece que un gran pendiente, que en este parlamento se ha hablado a los largo de los días, es sobre la posibilidad de también ir construyendo los mapa, digamos, de riesgo para la participación de todos y en particular para las mujeres, que permita hacerlo ya no solamente como un tema de pues bueno, a ver si hay buena voluntad, sino como una obligación lo que implica la prevención, la disuasión y, por supuesto, el control y el castigo en estos casos, en este caso específico, sobre todo, para la consejera Beatriz Adriana Camacho. Esas serían mis preguntas en esta ronda.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputada.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación del diputado Leonel Godoy Rangel. Diputado, buenas tardes. Adelante, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias. Primero darles la bienvenida. Agradecerles a todas, a todos, su asistencia. A los representantes o presidentes de los institutos electorales. A mí no me gusta llamarles OPLE, por cierto, nunca me gustó, porque me pareció que eso sí fue una decisión centralista, yo siempre le seguiré llamando Institutos Electorales. Me tocó en la del 18 con el Instituto Electoral de Guanajuato, del 19 con el Instituto Electoral de Baja California, entonces, yo prefiero llamarles así.
Quisiera comentar que en todos los foros en que nos ha tocado participar como miembros de la Junta de Coordinación Política, yo he reiterado, que a mí me parece que una reforma electoral es pertinente, como dijo Benjamín Robles, del PT, aunque todos los temas están a discusión.
Nosotros estamos valorando todo, tenemos interés de escuchar todo. No estamos de acuerdo con la moratoria legislativa, nos parece que no deberían de cobrar si van a estar en moratoria legislativa y no han estado presentes aquí ni Movimiento Ciudadano ni el Partido de la Revolución Democrática en todos estos foros. Hoy no vino Acción Nacional, ha de haber sido por alguna razón especial, pero sí han estado asistiendo por lo menos en todas las demás que he asistido.
Fíjense que, revisando los números, la diferencia de votos en 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fueron 250 mil votos e hizo reformas, muchas reformas. Luego, la de mayor calado en esta etapa nueva, porque en las de los 90 a mí me parece que la de 96 fue la de mayor calado, pero en esta nueva etapa electoral del siglo XXI la reforma de 2014 la hizo un presidente que ganó con una diferencia de 4 millones 300 mil votos, y ahora hay una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, por una reforma que para muchos de nosotros es de gran calado, que ganó con una diferencia de 17 millones y medio de votos y nos hemos encontrado no solo con la oposición de los partidos de derecha en la Cámara, sino por ejemplo hoy me encuentro que los institutos electorales de los estados también traen una oposición en relación a esta propuesta que dice eliminación de los OPLE y de los tribunales locales, que por cierto es un tema que se debe de discutir.
Pero me resulta extraordinario que, si nosotros ganamos con 17 millones de votos de diferencia con el anterior, nos escamoteen el derecho que tenemos de hacer una propuesta de reforma electoral, que además desde el punto de vista de temporalidad y de alguien lo dijo aquí, de la vitalidad que tiene la materia electoral, son ocho años ya entre la reforma de 2014 y esta reforma que se propone ahora.
Son ya bastantes años, yo creo que sí se debe de hacer una revisión y para nosotros esa revisión implica no solo escucharlos a ustedes, a los expertos que han venido, también a los partidos políticos adversarios nuestros aquí en la Cámara, como ocurrió en la reforma eléctrica.
Siempre nos acusaron de que nosotros no queremos moverle ni una coma a las iniciativas del presidente, y la propuesta que presentamos y que se votó en diciembre de reforma eléctrica tenía casi todo modificado, y muchas de esas propuestas eran de los adversarios que al final de todas maneras votaron en contra.
Igual ahora, nosotros queremos que se haga una reforma electoral dialogando, recibiendo aportaciones y les quisiera decir que por eso a mí me parece que sí debe de haber una reforma electoral. Hay temas que son discutibles, o todos a lo mejor son discutibles, pero yo no creo que alguien aquí pueda pensar que nosotros no tenemos derecho a plantear un modelo, un sistema político diferente, porque lo que estamos proponiendo ni siquiera tiene que ver, por cierto, con las autoridades electorales, tiene más que ver con el modelo, con el sistema político.
Esto que estamos proponiendo de modificar la composición de los Legislativos Federal y locales y de los ayuntamientos, los cabildos, son al final del día órganos legislativos municipales. Esto que estamos proponiendo es una profunda reforma. A lo mejor no están de acuerdo con nosotros, pero nosotros tenemos derecho de presentarla y la vamos a defender, porque tenemos estos votos que nos dan ese derecho.
Si un partido que ganó con 4 millones de votos presentó esta reforma del 2014, que, por cierto, es la más centralista que ha habido. Ellos decidieron en esa reforma que sea el Senado el que decida quiénes son los magistrados. No lo deciden los congresos de los estados. Ellos decidieron que sea el Instituto Nacional Electoral el que elija a los consejeros electorales de los estados. Ellos decidieron que hay atribuciones centrales, por ejemplo, en el tema del padrón electoral.
Entonces, esta reforma y por eso me pareció muy interesante cuando el magistrado Raymundo López planteó lo que en el 2007 lo recordó, lo que ocurrió en el 2007, cuando el PAN y el PRD, que yo era senador de ese partido en ese tiempo, presentamos una propuesta muy parecida a esta y no hubo el escándalo que hay ahora, de que nosotros queremos desaparecer al INE. No es cierto, no lo queremos desaparecer, de ninguna manera.
Queremos que haya una modificación, por lo tanto, yo quisiera hacer una pregunta al magistrado Raymundo Wilfrido López. ¿Las elecciones que autoridades indígenas o comunales, nosotros tenemos en Michoacán, los de Cheran, nada más, pueden realizarse sin la participación de los institutos electorales?
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Leonel Godoy Rangel.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ha sido solicitada la participación del magistrado Raymundo Wilfrido López, de Beatriz Adriana Camacho, de Brenda Canchola y comentaba la diputada Blanca Alcalá que, si alguno quisiera responder a la pregunta que formuló, en el momento que terminen las participaciones podemos pasar con alguno de ustedes. Iniciamos pues con el magistrado Raymundo Wilfrido López, hasta por cinco minutos, adelante, por favor.
El ciudadano Raymundo Wilfrido López Vásquez: Muchas gracias, vuelvo a saludarlos con mucho gusto a todas y a todos. Voy a empezar por dar una respuesta a la pregunta que formula el diputado Leonel Godoy. Efectivamente, en Oaxaca tenemos más de 10 mil comunidades indígenas que eligen autoridades por usos y costumbres.
Obviamente que en el artículo 2o. constitucional, de la Constitución federal, establece y les reconoce a todas estas comunidades indígenas su derecho de autogobernarse. Estas miles de comunidades indígenas pueden elegir a sus autoridades sin necesidad, no hay obligación, no se requeriría, en lo absoluto, la intervención o como se le llama en Oaxaca, de acuerdo a la Ley de Instituciones Políticas, la validación por parte del Consejo General de esa comunidad, no hay necesidad.
A mi juicio y a juicio de muchos, consideramos que es una violación a la autonomía de los pueblos indígenas, son autónomos. Lo que sí tendría que suceder, en todo caso, es que esas elecciones tienen que respetar todo tipo de derechos humanos, sobre todo, respetando el derecho de las mujeres a participar en esas elecciones, como efectivamente se está haciendo ahorita en Oaxaca.
Y esas elecciones tendrían que pasar en respeto a que vivimos y pertenecemos a una federación, tendrían que pasar por el tamiz de un tribunal que pueda resolver, analizar esa elección, si está respetando derechos humanos o está trastocando derechos humanos.
Y, finalmente, checar si es que esa elección está respetando su propio sistema normativo indígena. Es decir, pasar por el tamiz de la legalidad y por el tamiz de la constitucionalidad, pero no es necesario, no es necesario que en una elección sea validada por el Consejo General de un Instituto Electoral, no es necesario, se viola la autonomía de esas comunidades. Eso sería en relación esta pregunta del diputado Leonel Godoy. No sé si tenga que contestar de inmediato la pregunta del diputado Benjamín Robles.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, por favor, magistrado, adelante.
El ciudadano Raymundo Wilfrido López Vásquez: Sí. Por supuesto que el acceso a la justicia, el derecho de impartir justicia pues es una función que imparte el Estado a través de sus órganos y que está obligado para evitar que se hagan justicia por su propia mano todo ciudadano, está obligado el Estado a impartir esa justicia.
Decía hace un momento que son miles de ciudadanos, miles de demandas que llegan, que se presentan al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, demandas de indígenas en lo individual y de indígenas de manera colectiva, incluso llegan muchos ciudadanos indígenas y ciudadanas indígena que tratando de presentar su demanda ante la Sala Regional de Jalapa o ante la Sala Superior acuden ante el tribunal de Oaxaca a pedir el auxilio, que nosotros recibamos sus demandas para elevarlas o remitirlas a la Sala Regional de Jalapa o a la Sala Superior de la Ciudad de México.
Ya saben que existe ahí una Oficialía de Partes que todos los días está abierta y no es un ciudadano, son cientos de ciudadanos, hombres y mujeres que llegan a pedir justicia. Por eso es que el Tribunal del estado de Oaxaca se ha vuelto una necesidad. Brinda muchísima... Al resolver los asuntos de las comunidades indígenas, los tribunales, el Tribunal del estado de Oaxaca contribuye a la paz, a la estabilidad en el estado de Oaxaca.
Por eso es que es muy importante que un tribunal en el estado de Oaxaca siempre atienda toda la problemática indígena, porque repito, no son 23 juicios, no son 15 juicios al año. En este año, en el proceso electoral que vivimos en el estado de Oaxaca para elegir gobernador del estado prácticamente no hubo un solo juicio contra el proceso electoral.
Hubieron varias quejas que se tramitaron en procedimiento especial sancionador, pero no contra el proceso electoral. No hubo una sola impugnación contra los resultados de esa elección de gobernador, pero sí hay cientos de demandas de juicios de ciudadanos indígenas, hay cientos. Hasta este momento llevamos más de mil 545 juicios que ya conocemos y apenas en esos cuatro meses se van a desahogar, a desarrollar todos los procesos electorales, por eso de ahí la importancia que en Oaxaca no puede dejarse de prestar por parte del estado, o desempeñar esa función pública que es brindar la justicia.
No es personalizar un caso. No, no, no. De los datos oficiales que aparecen en las páginas oficiales de los tribunales electorales del país, sabemos cuál es el comparativo que existe entre todo el número de juicios que conocemos en Oaxaca y en otros estados de la República. He ahí la importancia de un tribunal electoral indígena en nuestro estado.
Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos cientos y miles de hombres y mujeres indígenas que llegan? La primera instancia es la Dirección de Sistemas Normativas Indígenas, que esa sí trabaja todo el año, que depende del Instituto Electoral de Oaxaca.
¿Qué va a pasar con estos cientos y miles de indígenas cuando una dirección como esa desaparezca? Porque ahí acuden primero a plantear la mediación, la conciliación de sus conflictos. Si no llegan a una conciliación o a una mediación, entonces acuden a los tribunales. Y qué va a pasar con ellos. Así que, eh ahí la importancia de un tribunal electoral indígena en el estado.
Y observo, repito, que se defiende con mucha pasión, que no desaparezcan los institutos electorales del país, que no desparezcan los tribunales electorales del país, que no desaparezca el INE, que no desaparezcan las diputaciones plurinominales, las regidurías plurinominales, las senadurías. Pero los pueblos indígenas están y siguen siendo olvidados. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrado. Le damos la bienvenida al diputado Marco Rosendo Medina Filigrana. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a darle el uso de la palabra a Beatriz Adriana Camacho, para igual responder el planteamiento que le hizo el diputado Benjamín Robles Montoya y la diputada Blanca Alcalá.
La ciudadana Beatriz Adriana Camacho Carrasco: Muchas gracias. Gracias por las preguntas y estas son preguntas de oro, que yo creo que ya llevamos varios años, varias décadas tratando de discutir y encontrar cómo componemos estos órganos que sean autónomos y que sean garantes de pluralidad, de transparencia y de mecanismos en su asignación.
Desde la sociedad civil, por ejemplo, hicimos varios estudios por allá de los ochenta, donde los órganos electorales estaban capturados por partidos políticos, donde había indicaciones muy claras de su manejo, donde había currículos de servidores públicos, ahí, ahora, sirviendo en el proceso electoral. Y es ahí donde yo creo que entran los Congresos, entran, pero también debemos de tener claro en que estos o composiciones de los consejos también deben de garantizar esta pluralidad, pero no a través de cuotas partidistas.
Hemos visto que cuando se hace de esta manera, en realidad lo que se genera es complicaciones al interior de los organismos públicos, porque no hay en realidad un discurso que trate de alimentar el trabajo en el día a día. Y desde ahí, por ejemplo, ahorita en Nuevo León, con el sistema estatal anticorrupción, estuvimos discutiendo mucho con el Congreso, con sociedad civil, cómo se podrían... qué mecanismos se podrían utilizar para los consejos.
Y a lo que llegamos en eso es, pues primero platiquemos entre todos, hagamos un consejo de acompañamiento donde esté sociedad civil, académicos, expertos en la materia y que estos consejeros, sí, consejeros de acompañamiento o grupo de acompañamiento elabore, por ejemplo, un examen de conocimiento, elabore entrevistas, tenga entrevistas con los candidatos, determine quiénes podrían ser los perfiles idóneos para participar en estos consejos, y después había una posibilidad de que estos nombramientos fueran aleatorios, es decir, que se presentaran los mejores candidatos y que, en una suerte, sí, de aleatoriedad, se seleccionara esto. ¿Para qué? Pues para garantizar la imparcialidad.
Porque lo que ha pasado, o por lo menos en la experiencia de Nuevo León, es que se siguió con este procedimiento en el sistema estatal anticorrupción y al final el Congreso decidió que no era lo mejor, y decidió a sus consejeros, no. Ahí rompiendo justamente con lo que ellos habían acordado, con lo que ellos habían dicho.
Sobre el tema de mecanismos para los mapas de riesgo electoral con los temas para las mujeres. Pues quiero decirle que, pues no tenemos información al respecto. Ese es el gran problema. Que no tenemos una homogeneización en la información y que por eso ahorita, en diferentes estados, se están articulando esos observatorios para tratar de encontrar cómo ponemos a esta estadística.
Pero, ahí aunado a esto va el tema de las denuncias. Las mujeres candidatas tienen temor a denunciar, tienen temor a ser señaladas, a ser expulsadas de sus propios partidos políticos, tienen temor a no tener el financiamiento que se les dijo. Y en este temor también hay coacción una vez que denuncian, hay intimidación para que retiren la denuncia. Y es por eso que no tenemos una información dura al respecto.
Entonces ahí yo abonaría más a este tema de la prevención. Qué hacemos con las mujeres. Pues empoderarlas, darles información sobre qué es violencia política. Porque lo que observamos es que ni siquiera la pueden reconocer en muchos casos a nivel municipal, en las comunidades indígenas, en las comunidades afromexicanas, ni siquiera, porque es en el día a día cuando ellas son violentadas de diferentes formas.
Entonces, al proporcionar información, al proporcionar cursos, acompañamiento, ¿no?, que primero puedan identificarla y, después, entonces sí acompañarlas, arroparlas, tener estos ejercicios de sororidad entre las mujeres, puedan entonces sí proceder a una denuncia.
Pero también ahí el tema es no solamente hagamos denuncias y hagamos... que esto sea punitivo. Porque yo creo que como sociedad tenemos que ir también estos procesos de nuevas masculinidades. Y cómo lo podemos hacer. Pues formando, dando información también a los hombres sobre lo que es violencia, lo que representa para ellos. Y entonces sí podemos armar estos mecanismos de prevención. Si es necesaria, sí la sanción, pero hay que primero yo creo fortalecer más lo preventivo. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias a Beatriz Adriana Camacho por esta continuidad en el diálogo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Brenda Canchola Elizarraraz para brindar su respuesta. Adelante.
La ciudadana Brenda Canchola Elizarraraz: Sí. Muchas gracias. Respecto de la pregunta de la diputada Blanca acerca de una propuesta desde lo local para eficientar los recursos, pues creo que sería importante mencionar que desde el ámbito de las atribuciones de los organismos públicos locales electorales no tenemos esta atribución de hacer propuestas. Más bien estamos aquí para aportar los datos reales acerca de nuestra actividad y lo que constitucional y legalmente tenemos encomendado.
Sin embargo, sí pudiéramos detectar áreas de oportunidad, pero la realidad es... localmente las realidades de cada uno de los institutos son distintas. De manera general alguna área de oportunidad que se pudiera transitar hacia ello, y esto implicaría diversos estudios, análisis y también cálculo de costos.
Sería a lo mejor transitar a un esquema de urna electrónica. Se ha dicho en diversos foros a los que hemos tenido oportunidad de asistir que aquí en México votamos en un billete. Una de las cosas más caras o que representan mayor costo son precisamente todas las medidas de seguridad que se tiene en nuestras boletas, nuestra documentación electoral. Entonces esa pudiera ser un área de oportunidad. Ver cómo vamos transitando hacia un modelo distinto que nos permita votar por medios electrónicos. Eso seguramente derivado de estudios, de cálculos, pudiera traer ahorros representativos.
En el caso de alguna propuesta en particular, creo que se tendría que analizar desde cada una de las realidades estatales, para ver cuáles son las áreas de oportunidad. Precisamente en el caso, por ejemplo, retomando lo que manifiesta el magistrado de la realidad de Oaxaca, efectivamente, allá tienen 417 municipios que... en los que si bien el organismo no organiza las elecciones sí las valida.
Entonces, su realidad es completamente distinta a la que se pueda presentar en Guanajuato, a la que se pueda presentar en Jalisco, en Chihuahua, en Sonora, son realidades completamente distintas, pero de una manera general se pudieran valorar estos aspectos, como lo de la urna electrónica para ir eficientando recursos.
Además, también es importante mencionar que ya desde lo local también se trabaja y se reportan ahorros muy importantes por el reúso el reciclaje, la reutilización de los materiales electorales. Con cada proceso se revisan las cajas, paquetes, se les da nueva vida, se reutilizan. Y entonces esto, proceso tras proceso, ha traído ahorros importantes, por lo que ya se hace desde el trabajo, desde cada uno de nuestros estados, con esta actividad de reutilización y de aprovechamiento máximo de los recursos que tenemos disponibles, ya se trabaja en este sentido.
Y seguramente hay más áreas de oportunidad que pudiéramos detectar, pero creo que sería a lo mejor ya desde cada una de las realidades locales, porque lo cierto es que por la población que tenemos en cada uno de los estados, por los sistemas que tenemos, en el caso de los sistemas normativos, las realidades son distintas y los ahorros pudieran venir de distintos lugares. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Brenda, por esta aportación. Le pregunto a alguno de los ponentes si para responder a la pregunta o preguntas que formuló la diputada Blanca Alcalá alguien quisiera hacer uso de la voz.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, por favor.
El ciudadano Sergio Arturo Guerrero Olvera: Muchas gracias. Si mal no recuerdo, preguntaba acerca de cómo eficientar recursos desde lo local, una propuesta de los tribunales local, una propuesta de los tribunales locales. De hecho, sí puede haber muchas propuestas, pero la pregunta es por qué. La pregunta es, si está funcionando más o menos bien, ¿por qué a fuerza tenemos que hacer una reforma?
Yo escucho con mucha atención los dos argumentos que nos han dado. Uno es la falta de legitimación, pero la falta de legitimación es solamente los tribunales en general, es de nuestros modelos democráticos. La democracia, en general, tiene un déficit, tiene una crisis de legitimidad.
Si medimos la legitimidad de los tribunales versus todas las instituciones de nuestro país, incluso de Latinoamérica, veremos que los tribunales no están tan mal. Es decir, con todo respeto, si medimos la legitimidad de los legisladores, la legitimidad de la Iglesia y la legitimidad de los tribunales, tribunales y legisladores saldríamos perdiendo.
Pero de ahí no se sigue, no hay una relación causal entre eso, la falta de legitimación que, repito, a veces es por desinformación, con generar necesariamente un cambio. Pero sí se pueden hacer muchas mejoras. Y yo lo decía, está muy fácil. Hagamos una justicia transicional, una justicia que nos permita reforzar donde debemos reforzar, y no vamos a escamotear ninguna reforma. Hay áreas de oportunidad, muchas áreas de oportunidad.
Esta reforma, por ejemplo, no se está ocupando del dinero ilícito en las campañas. Esta reforma no se está ocupando de la justicia de comunidades indígenas. Esta reforma no se está ocupando de personas con discapacidad.
Un dato muy sencillo, 30 millones de personas en discapacidad. No son 17 millones, 30 personas con discapacidad y todo el país, todos los mexicanos y mexicanas con el cheque abierto a la discapacidad. Pero solo ellos, ellos no están contemplados en la inclusividad de esta reforma. Hay áreas donde sí podemos mejorar.
Yo no digo que estemos cerrados a las reformas, pero es que las democracias también funcionan con las mayorías y las minorías. Con todo respeto, 17 millones de personas que hacen la diferencia entre primero y segundo lugar no generan de por sí la decisión mayoritaria. Es decir, la democracia no puede convertirse en la dictadura de esa mayoría que ganó.
No quiere decir que nosotros... incluso yo me puedo encontrar entre esos 17 millones de personas. Pero ¿ya por eso vamos a decidir en nombre de 128 millones de mexicanos sin razones y sin tomar un verdadero estudio, una verdadera encuesta, un verdadero trabajo científico, lo más que se pueda, de lo que está funcionando o no? Yo creo que no.
Yo creo que una democracia que se digne de ser decente, así busque un cambio político a través de una mayoría representativa, tiene que ser una democracia decente, de racionalidad.
Discutamos las verdaderas razones, pero si no las conocemos, si no las tomamos en cuenta, no lograremos hacer una mejor institución. Nada nos garantiza que por elegir así o por designar así vamos a eliminar los problemas que ya existen. Nadie nos garantiza, no hay un estudio científico, no hay un estudio sociológico que diga que solo por reformarlos ahora sí van a tener confianza.
Nos ha pasado con muchas instituciones, eso no es así. Hemos pasado de una institución y otra en materia de seguridad, en materia de salud, y ¿qué creen? No han alcanzado la legitimidad que habíamos buscado. No hay garantía de cambio.
Yo lo que digo es: si vamos a hacer una reforma, hagámosla a partir de estándares internacionales, no desde lo local, tomando en cuenta las especificidades de cada región. Y luego, después, con esos cánones internacionales, el Protocolo de Brasilia, por ejemplo, para una defensa adecuada completa de toda la ciudadanía. El Código Bangalore, las declaraciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, esas que les han dado a otros países mejores prácticas.
En otros lugares, los tribunales y los jueces son héroes culturales, heroínas culturales, mamás de la democracia, papás de la democracia, pero en México desafortunadamente en un ambiente en donde ocupamos uno de los primeros lugares en corrupción en la OCDE y donde tenemos diversas cuestiones y donde, por ejemplo, ahora hay un nuevo modelo de combate a la corrupción, seguimos bajando en los niveles, en los índices y lo que demuestra es que los cambios, por sí solos, no siempre son para mejorar.
Entonces, yo creo que, repito, nos encantaría una reforma, los magistrados y consejeros no nos resistimos a eso, lo que queremos es que sea con las mejores razones posibles. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Sergio Arturo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Adelante, consejera por favor.
La ciudadana Paula Ramírez Höhne: Muchísimas gracias, nuevamente por su atención. He escuchado con mucho cuidado y con mucha atención las participaciones muy valiosas todas en esta mesa deliberativa y yo quisiera solamente manifestar algunas reflexiones en torno a ellas.
Primero decir que desde los organismos públicos locales electorales hemos querido aproximarnos a esta iniciativa de reforma político-electoral desde los principios fundadores de nuestra república democrática y federal, y hemos hecho un esfuerzo por traer un conjunto de datos, de insumos de las realidades que nosotros vivimos en nuestras entidades, en este documento que hemos denominado Aportaciones para la discusión de una reforma político-electoral desde las entidades, con la intención de visibilizar la magnitud y la trascendencia de las funciones que desempeñamos en la administración de los procesos de acceso al poder político a nivel subnacional en nuestro país y con ello dimensionar lo que supondría centralizar estas funciones en una sola institución.
Y quiero referirme a algunos comentarios, que insisto, he escuchado con detenimiento. Se dice que hay falta de eficiencia en los organismos públicos locales electorales. Yo ofrezco datos. Desde que existimos, desde 2014, los OPLE hemos hecho posible la elección democrática y legítima de 55 mil 336 cargos que han estado en contienda en estos últimos 8 años, entre ellos 55 gubernaturas, 3 mil 296 diputaciones locales y casi 6 mil presidencias municipales.
También he escuchado que se ha dicho que casi no hacemos nada y si bien el artículo 41 constitucional establece de manera general un sucinto listado de funciones como debe ser por tratarse de un texto constitucional, lo cierto es que, en 2014, el INE y los OPLE emprendimos un profundo trabajo reglamentario para normar las funciones específicas que cada autoridad tiene en nuestro modelo nacional de elecciones.
Ese modelo en donde creo que mis colegas presidentas de los Institutos Electorales locales han expresado estadística y datos con mucha elocuencia, tenemos funciones sustantivas, permanentes, compartidas, plenas, pero también exclusivas. Hemos dicho que en los procesos electorales los Institutos locales tenemos funciones coordinadas con el Instituto Nacional Electoral, sabemos que el INE, por ejemplo, instala las casillas, pero en ese trabajo nosotros participamos, los OPLE ponemos la documentación electoral, el material electoral, no solo lo llevamos, los trasladamos, lo resguardamos, realizamos los cómputos en nuestros consejos distritales y municipales, todos órganos colegiados ciudadanos vigilantes de la legalidad de la competencia política electoral.
Y tenemos otras funciones sustantivas plenas exclusivas durante procesos electorales que también se han mencionado aquí. El registro de cientos de candidaturas, de miles de candidaturas, la resolución, atención, sustanciación de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores, la realización, ya dijimos, de los cómputos, los debates, los monitoreos de noticieros y un larguísimo etcétera, que sería imposible desglosar aquí por el tiempo con el que contamos, pero los OPLE también tenemos funciones permanentes fuera del proceso electoral, que también se han comentado aquí, como por supuesto y de manera muy significativa, la educación cívica, la organización, desarrollo y cómputo de todo mecanismo de participación ciudadana a nivel local, las consultas indígenas.
La mitad de las entidades organizamos consultas indígenas precisamente para garantizar y hacer posible el derecho constitucional que tienen las comunidades indígenas reconocidas para autogobernarse. Esto lo hacemos los OPLE.
Aquí el consejero presidente de Michoacán no me dejará mentir, ya no lo veo, pero por aquí estaba hace unos minutos, Michoacán es una de las entidades que más consultas indígenas realiza, el año pasado organizó 10, este año ya lleva 5. Registro de partidos políticos locales y agrupaciones políticas para garantizar el derecho político de asociación, entre muchas otras funciones que, insisto, no desglosaré aquí.
He escuchado también que hay necesidad de renovar a las autoridades electorales porque carecen de confianza, porque hay duda sobre la legitimidad de las elecciones que organizamos, pero estamos aquí ante este honorable Congreso, ante ustedes legisladoras y legisladores democráticamente electos en elecciones legales. De ninguna manera me atrevería yo a poner en duda la legitimidad de sus elecciones.
Quiero decir por último que esta no es una defensa corporativa convenenciera o instrumental, sino que defendemos la certeza, la confianza demostrada en elecciones aceptadas por todos y principalmente, lo reitero, hemos venido a defender los valores y principios que expresa nuestra Constitución. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Paula Ramírez, por la continuidad que hemos tenido en el diálogo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y en segunda ronda tengo anotado al diputado Benjamín Robles Montoya, al diputado Leonel Godoy y a la diputada Graciela Sánchez. Vamos en consecuencia en ese orden. Diputado Benjamín Robles, adelante por favor.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias. Voy a reiterar ciertas posiciones que tiene el Grupo Parlamentario del PT y un servidor en lo particular. Nosotros sí creemos que llegó la hora de una nueva generación de reformas electorales, por eso hemos presentado propuestas en este periodo legislativo y en otros, a las que en ciertos foros ya me he referido. En este tema no, pero vemos con mucho interés lo propuesto en la iniciativa rectora y escuchamos con interés sus propuestas.
A mí me queda claro qué es lo que cada quien propone y defiende, y servirá, como lo dije en un principio, para el debate que haremos, pero quiero reiterar que nosotros sí creemos que llegó la hora de una nueva generación de reformas electorales.
Miren, yo advertí al participar en el foro 19, que se refería a la legislación única, que desde 2013, con la expedición de reformas de gran calado en materia electoral, con la asunción de atribuciones y facultades que se le dotaban al recién nombrado órgano autónomo nacional, se abría la posibilidad de eliminar los institutos estatales electorales. Desde ese entonces se discutía, sin embargo, terminó por crearse una figura híbrida denominada OPLE. Yo era senador de la República, sé de lo que les estoy hablando, estuve en el debate permanentemente.
La aparición de los OPLE, así como la eliminación de la facultad estatal de nombrar magistrados electorales en las respectivas entidades federativas, obedeció, ese es mi punto de vista, más a una falta de presupuesto que a la voluntad del legislador por centralizar en su totalidad la celebración de procesos electorales en una sola y única autoridad.
Hoy, de cara a una reforma política-electoral disruptiva, hay que reconocer que no queremos que las cosas se queden como están, la LXV Legislatura tiene ante sí la posibilidad de enmendar los vicios, también de enmendar las duplicidades que se realizan en las instituciones electorales en un proceso electoral, sobre todo si es concurrente.
Miren, como ustedes lo saben muy bien, quizás mejor que yo, en términos reales, al día de hoy, muchas de las acciones en materia electoral son atribución exclusiva del INE, ya sea por legitimación procesal o por asunción de facultades, la cartografía electoral, el padrón de electores, la lista nominal, la fiscalización totalitaria de elecciones en tiempo real bajo un principio creado en el 2013, recuerdan fiscalización oportuna momento a momento, debatíamos aquellos años en el Senado.
Pues en aquella reforma se buscó despresurar la incidencia que tenían los congresos locales o los gobernadores en la designación de autoridades electorales. Se propusieron entonces contrapesos para evitarlo. En los OPLES sería el INE quien participaría en su totalidad en la certificación y designación de los funcionarios estatales. En los tribunales sería el Senado quien los nombraría.
El método mixto, desde mi punto de vista, no vine a debatir sino a escucharlos, pero también a dar mi reflexión, no ha estado del todo limpio. En el 2016 el Consejo General del INE, como alguien ya lo dijo aquí, destituyó en su totalidad al OPLE de Chiapas, y desde entonces han sucedido al menos 5 casos más. Los tribunales locales no están exentos del escándalo, corrupción, parcialidad de resoluciones, omisión en acción procesal de las fuerzas, que ahora no he escuchado nada pero respeto su punto de vista.
Ha habido desechamiento de juicios. Total, para el impugnante o tercero a juicio siempre quedan dos instancias jurisdiccionales a las cuales puede acudir. Las salas regionales y el máximo órgano jurisdiccional del país, la Sala Superior. Y es aquí donde la naturaleza de la iniciativa rectora, la del presidente López Obrador, pareciera ser muy contundente, pues se propone la modificación sustancial y de forma a la justicia electoral en México.
Supresión total de los tribunales electorales locales por la irrelevancia de sus decisiones, toda vez que la Sala Superior resuelve en última y definitiva instancia una sola jurisdicción para realizar la cadena impugnativa regida por la única legislación general que también se propone en la reforma constitucional del presidente López Obrador.
Y, en ese contexto, porque lo he dicho, solamente ver en qué terreno estamos caminando, hago un segundo cuestionamiento, lo haré una vez más a Beatriz Adriana Camacho, a petición de Paola Ramírez, que me dijo que iba a hablar, aunque ya habló, también se lo voy a preguntar, y al magistrado Wilfrido.
Considerando las atribuciones, las facultades legítimas con que cuenta el INE, así como la duplicidad de procesos administrativos que realizan los OPLES en comicios concurrentes, así como las instancias y medios de defensa que aún cuenta el ciudadano al impugnar actos en un proceso electoral, y dado que los tribunales locales no son por mandato constitucional la última instancia, pregunto respetuosamente: uno de los motivos de no haberse concretado la centralización total de los procesos electorales administrativos en el INE, en aquel 2013, fue tema del presupuesto y administrativo. Tú estabas con nosotros, estábamos juntos en el Senado, Blanca.
A criterio de ustedes, a estos tres a quienes les formulo la pregunta, a la compañera Paula, Beatriz Adriana y el compañero Raymundo, en ese orden. ¿Cuál debe ser la fórmula que deba tomar el Congreso de la Unión al momento de la expedición de la futura reforma político-electoral que edite litigios largos y costosos del personal adscrito a los órganos electorales?
Y en esa misma ruta una segunda pregunta. ¿Consideran viable la creación de una única instancia local-administrativa dependiente del INE? Pues ya me queda clara su postura, pero lo hago para que se extiendan y para que no digan que aquí no los escuchamos. Los escuchamos y ya nos tocará legislar en su momento, aunque algunos no les guste, pero de una vez les digo, traemos dificultades, los que han llamado a la moratoria constitucional una gran responsabilidad, pues nos han complicado el tema, pero aquí estamos.
Pregunto entonces, ¿consideran viable la creación de una instancia única, total administrativa, dependiente del INE, para el desarrollo del proceso electoral y de un tribunal unitario, con un solo magistrado o magistrada en el ámbito estatal, dependiente del Poder Judicial de la Federación, para dirimir controversias en el ámbito local? Son mis preguntas, mi querido Omar. Y aprovecho, porque es mi última intervención, para felicitarte por tu trabajo a lo largo de todo este parlamento abierto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado. Es un deber y responsabilidad y lo cumplimos con gusto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Leonel Godoy, pero antes saludar al diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos, asuntos constitucionales, Puntos Constitucionales. Está el diputado Arturo Hernández Tapia, también presente la diputada María Guadalupe Román y por acá, ahorita vamos a saludar también a los demás diputados que están integrando esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Vamos, en consecuencia, con el diputado Leonel Godoy Rangel, diputado, adelante, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias, secretario. Mi intervención tiene que ver con algo que a mi juicio no me escuchó bien el consejero electoral federal. Yo lo que dije es que con esos17 millones de votos teníamos derecho a proponer, fue lo que dije y ahí está la versión estenográfica. Primera cuestión.
Segunda cuestión. Es muy importante que aquí se sepa y se diga y que ustedes también lo sepan y lo digan y además lo saben, la mayoría es la que decide. Cuando es una minoría la que decide entonces sí es una dictadura, a diferencia de lo que uste dice.
La mayoría tiene la legítima atribución de decidir. Nosotros no venimos a eso, lo dije, venimos a escuchar, como dijo el diputado Robles, tan es así que esta reforma que ha sido la más centralista que se ha presentado, la de 2014, que fue solo con un presidente que tuvo 4 millones de votos más, 4 millones de votos más que el que quedó en segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, tan es así que esa propuesta que se hizo a diferencia de esta, que la presenta un presidente que tiene 17 millones y medio de votos más que el segundo lugar, aquella no tuvo foros, no tuvo parlamento abierto, y eso no lo dicen y nosotros sí lo queremos recordar, porque es necesario que se sepa.
No hubo parlamento abierto, fue una decisión de cúpulas partidistas. No hubo este debate, no hubo participaciones a favor y en contra, como ha ocurrido en este parlamento abierto sobre la reforma electoral. No ocurrió.
Entonces, lo que yo dije fue que teníamos el legítimo derecho, por esos 17 millones y medio de votos más que el segundo lugar, de hacer una legítima propuesta de reforma electoral, que a juicio de muchos de nosotros sí se debe de hacer, no solo por el tema, por cierto, que en la cuestión presupuestal nuestra posición tiene que ver más con el financiamiento de los partidos, no se asusten, no es contra los órganos electorales, es contra el financiamiento de nosotros mismos, los partidos, es para eso. Tendría un 66 por ciento de reducción el financiamiento para los partidos políticos si esta reforma electoral avanzara. No es, por lo tanto, un asunto de querer eliminar, sino querer transformar.
En el tema de los OPLES y de los tribunales locales, ya dije OPLES, iba a decir, ya, ya me quemé, los institutos electorales de los estados, yo creo que es un tema a revisar y es buena, sin duda las participaciones de ustedes, porque todos vinieron a defender.
Recuerdo una anécdota de Luis Echeverría Álvarez, para todo creaba comisiones y fideicomisos, y creó una Comisión Nacional de Combate a la Garrapata, porque, y para ello creo un fideicomiso que nutría de recursos a esta comisión. Y andaban en Guerrero y ya quedaba una garrapata, y se detuvo el convoy de 20 camionetas para no atropellar a la garrapata porque entonces se acabaría el fideicomiso y se acabaría la comisión.
Yo no vine, creyendo que ustedes no iban a defender a los OPLES. No, y qué bien que lo hacen. Y nos dan argumentos y esos argumentos son los que vamos a escuchar. Pero la mayoría decide, señor consejero y no es autoritarismo, no es dictadura, sino eso se llama democracia, que la mayoría decide.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Leonel Godoy Rangel.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación de la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, la diputada Graciela Sánchez Ortiz. Diputada, adelante, por favor.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Oritz: Muchas gracias maestro Omar. Pues miren, con mucha atención escuché la participación de todos y cada uno de ustedes. Pues me llama la atención que todos defienden con mucha vehemencia la permanencia de los organismos públicos locales electorales.
Sin embargo, yo considero, desde mi punto de vista, que no escuché ninguna autocrítica, solo escuché halagos, solo escuché trabajo que realizan, muchas responsabilidades, mucho trabajo, y se quejan que tienen los tribunales también muchos juicios de inconformidad, y también se dicen, que son los garantes y hacedores de la ciudadanía.
No es así. Desde mi punto de vista, yo considero que hay una contrariedad en lo que ustedes argumentan. Porque, si bien es cierto, que están trabajando para construir verdaderos ciudadanos, que participen y además organizan elecciones, no, los resultados son incongruentes al decir que tienen muchos juicios de inconformidad. No es una incongruencia, es eso.
Yo esperaría de ustedes que hicieran una autocrítica, porque la situación es que la democracia no la construyen los organismos. Si uno de los ponentes menciona que son insuficientes, una diferencia de más de 17 millones de votos, para poder impulsar algún proceso democrático, entonces, pues mucho menos son los representantes de esos organismos, tanto los que organizan las elecciones, como es el INE, como son los OPLES y también como son los representantes de los tribunales.
Entonces, en ese sentido, pues sí ahí no me queda claro qué aportaciones pueden tener ustedes. Pero como no quiero preguntarles a todos, yo le haré mi pregunta para el magistrado Raymundo Wilfrido. ¿Considera usted que pueden desaparecer gradualmente los OPLES y tribunales de acuerdo a su desempeño y carga de trabajo y, en su caso, instaurar procesos temporales, administrativos y jurisdiccionales? Muchísimas gracias por su respuesta.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputada Graciela, por la pregunta planteada. Darle también la bienvenida a la diputada Ana Elizabeth Ayala, a este foro de trabajo, también a la diputada Cecilia Márquez, bienvenidas, diputadas.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos pues, en consecuencia, con el uso de la palabra para dar respuesta a los planteamientos del diputado Benjamín Robles, a la consejera Beatriz Adriana Camacho. Adelante, por favor.
La ciudadana Beatriz Adriana Camacho Carrasco: A ver, sobre la pregunta que me hicieron de la viabilidad de una lógica dependiente del INE, yo creo que primero tenemos que reconocer como mexicanas y como mexicanos, el avance que hemos tenido en materia de elecciones y de democracia en nuestro país. Hemos avanzado, desde que comencé a observar, a participar en elecciones. Hemos avanzado en el tema de lograr equidad. De avanzar también en lograr transparencia y en legitimar nuestro proceso electoral. Y mucho se hizo desde lo federal.
Si bien a nivel local nuestras propias realidades, nuestros propios contextos han sido diferentes, la composición de los Congresos, a veces van en otro ritmo, yo creo que sí hay que reconocer mucho del trabajo y de lo que se ha construido incluso desde aquí, desde el Congreso, en el aporte, en las fortalezas, en todo lo que han implementado para nuestros institutos, nuestras instituciones democráticas.
Qué podemos hacer. Bueno, pues ahí tenemos que dar de nuevo esta mirada de qué requerimos para fortalecer a nuestros órganos locales y cómo garantizamos también que los ciudadanos sigan teniendo confianza en las instituciones, pero también es más importante cómo le hacemos para que los ciudadanos confíen en los partidos políticos. Por qué. Porque hemos observado en las encuestas en los últimos procesos, no solamente en México sino en el mundo, esta desconfianza de la ciudadanía hacia lo político, hacia los partidos porque no se han visto reflejados sus derechos sociales, económicos en su día a día.
Y es desde ahí entonces... que qué requerimos. Pues creo que ya todos lo sabemos: mayor transparencia, austeridad, un gasto responsable, una profesionalización. Y yo creo que muchas de las cosas que se hacen desde el instituto electoral, desde los Oples, están también de alguna manera empatadas para garantizar este trabajo electoral, a lo mejor cada tres años, pero también en el día a día con las actividades de educación cívica, de protección a los derechos de las mujeres.
Qué también hacemos. Pues también hacemos un trabajo interinstitucional. No solamente somos nosotros aportando, también por ejemplo en el caso de Nuevo León es el trabajo con las Secretarías de la Mujer, con el Instituto de la Mujer, con las fiscalías, trabajamos con el Congreso, trabajamos con la Secretaría de Educación Pública.
No solamente es nosotros como autoridad, sino también cómo hacemos para bajar en el día a día esta educación cívica, y para fortalecer la democracia, y para fortalecer en los ciudadanos, en las ciudadanas, en las jóvenes, en los adolescentes, en los niños estos valores democráticos que puedan fortalecernos en el diálogo, en el trabajo, en nuestra democracia y en el día a día. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera Beatriz Adriana. Estamos en vivo en la señal del Canal del Congreso, también en medios digitales de la Cámara de Diputados. Ya son 57 horas de trabajo acumulado en todos los 26 foros, incluyendo los 2 virtuales. Mucho material que vamos a estar entregando a la Junta de Coordinación Política, los resúmenes de todo lo que han dicho, para que se incorpore, como se ha hecho en otros ejercicios, al proceso de dictaminación y motive, insisto, la toma de decisiones informada, como ha sido tradición en este Congreso mexicano.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación de Paula Ramírez para también brindar respuesta al diputado Benjamín Robes.
La ciudadana Paula Ramírez Höhne: Le agradezco muchísimo, y también al diputado por la pregunta, y a todas y todos ustedes nuevamente por la atención. Seré muy breve para atender el planteamiento del diputado sobre la viabilidad de la extinción de las autoridades electorales locales, tanto administrativas como judiciales.
Y bueno, me parece que al menos desde la perspectiva de los institutos electorales hemos planteado que no nos parece conveniente esta transformación por un conjunto de razones que hemos arrojado en esta mesa, que tienen que ver muy concretamente con nuestras funciones sustantivas, permanentes, exclusivas, etcétera. Pero además sostenemos porque va en el sentido opuesto con nuestros principios fundadores, y me refiero muy concretamente a nuestro régimen federal.
Porque esta cuestión anula las posibilidades de organizar nuestro régimen interior y con ello, me parece, desconoce una de las principales características de nuestra sociedad, que es la diferencia, la diferencia que hay entre Guanajuato y el estado de México, entre Chiapas y Nuevo León, de la vida política, pero también de la vida material, económica, social de estas regiones. Los estados somos la federación, no es al revés.
Y pregunta el diputado sobre la forma de para disminuir o evitar litigios de autoridades electorales y de la competencia político-electoral, quiero entender, también. Yo creo que la respuesta no es suprimir instituciones judiciales o administrativas. Creo que el litigio electoral, la competencia lo que nos muestra es la intensidad de la vida política en nuestras entidades y creo que eso no ha de anularse, no debe anularse. Es nuestra naturaleza política que, insisto, encontramos en nuestras realidades locales, muy locales.
Por otra parte, se ha puesto el ejemplo en más de un momento respecto de la función, de la facultad que tiene el INE para remover consejeras o consejeros de los OPLE, proponiéndolo o planteándolo como si esto fuera una debilidad del Sistema Nacional Electoral. Yo creo que es justo lo contrario.
Es decir, el hecho de que el INE tenga esa facultad y esté en condiciones de revisar y vigilar el desempeño de todas y todos nosotros, que se apegue a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, etcétera, es lo que hace posible que las autoridades electorales que estamos en las entidades sigamos organizando elecciones libres, legales y legítimas.
Ojalá esta función, esta posibilidad de un profundo, amplio, permanente, constante escrutinio a nuestro desempeño ocurriera en el caso de todo el funcionariado público nacional. Es nuestra perspectiva, es la mía personal, es mi convicción y creo que aquí lo dejo. Muchísimas gracias, nuevamente.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Paula Ramírez, por las respuestas brindadas.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar con la participación de Wilfrido López Vásquez, para brindar respuesta al planteamiento, tanto del diputado Benjamín Robles, como el hecho por la diputada Graciela Sánchez Ortiz. Adelante, magistrado.
El ciudadano Raymundo Wilfrido López Vásquez: Sí. Muchas gracias. en primer término, dijera el diputado Benjamín Robles, en caso de que la iniciativa prosperara y fuera aprobada, ¿cuál sería la lógica por seguir para evitar una inmensidad de litigios, tanto de consejeros electorales, magistrados electorales y de todo el aparato burocrático de ambas instituciones de todo el país? Serían muchísimos juicios.
Si bien sabemos que uno de los mecanismos más civilizados para resolver los conflictos en toda sociedad es el proceso, los procesos jurisdiccionales, pero anteponiéndose a ese mecanismo que se consideraba el más civilizado, tiene que haber el primero, el de la conciliación, el del dialogo.
Aquí yo podría comentar que habría que separar el caso de los consejeros electorales y el caso de los magistrados electorales. Ellos no son empleados de nadie, no hay una relación obrero... una relación de dependencia con nadie. Son cargos designados, en este caso, ahora por el INE y por el Senado de la República. Por supuesto que el Senado de la República, en aras de la soberanía que tiene, tiene todo el derecho de desaparecer y transformar este tipo de sistema electoral.
¿Qué habría que hacer en ese caso? Yo me atrevo a pensar que lo primero que habría que hacer es instalar un diálogo, pero sobre todo con la burocracia. Todos los empleados, trabajadores de los institutos locales, de los tribunales locales para poder liquidarlos conforme a lo que establece la Constitución.
En caso de que no sea posible, dejar a salvo los derechos para que ellos procedan en los términos como lo establecen las leyes y conforme a un Estado de derecho. En el caso de los consejeros y magistrados no creo que les asista alguna... que estén legitimados para demandar, cuando que la soberanía del país ha determinado el cambio de sistema político. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, no recuerdo exactamente la pregunta, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Sí. Adelante, diputada Graciela.
La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Se la formulo nuevamente: ¿considera usted que pueden desaparecer gradualmente los OPLE y tribunales de acuerdo a su desempeño y carga de trabajo y en su caso instaurar procesos temporales administrativos y jurisdiccionales?
El ciudadano Raymundo Wilfrido López Vázquez: Sí. No, yo creo que no sería necesario que fueran desapareciendo temporalmente los Tribunales Electorales. Yo tengo mucha confianza en ese sistema con el cual imparte justicia la Sala Superior y a través de sus cinco Salas Regionales, todos los juicios que se estuvieran llevando antes los Tribunales Electorales, yo no le vería ningún problema en que estos fueran reencausados, reenviados a una Sala Regional o a la misma Sala Superior, pero hago la salvedad a la que me he venido refiriendo, el caso de los estados que cuenten con muchas población indígena y que, efectivamente practiquen su sistema normativo indígena. Es ahí donde yo planteo que se pueda, que no se deje también de lado y en el olvido a los pueblos y comunidades indígenas.
Y, finalmente, yo no quiero, en forma personal y lo digo con muchísimo respeto para todas y todos, yo no vengo a defender o estar en contra de la iniciativa o a defender los Tribunales Electorales por una atención o ambición personal, en lo absoluto.
Para mí lo importante es hasta cuánto es necesario un Tribunal Electoral en un estado donde hay muy pocos asuntos y la información la podemos obtener, es una información oficial, porque en las propias páginas de los Tribunales Electorales ahí nos dicen cuántos asuntos han estado resolviendo y atendiendo, vamos, en unos tres, cuatro años anteriores a la fecha.
No se justifica. Yo ahí sí comento que es la utilidad, el servicio que se presta. Si efectivamente estos Tribunales están dando un servicio que necesariamente lo esté requiriendo la ciudadanía, adelante.
El federalismo no consiste, el federalismo no consiste en sostener instituciones o entes públicos que finalmente desempeñan muy poco trabajo o servicio a la sociedad. Por eso yo digo, para mí lo importante de la sobrevivencia o de que se sostengan los Tribunales y los Institutos Electorales es la función que desempeñan.
Decía hace rato, a partir de 2014 los Institutos Electorales han perdido muchas facultades. Sí hacen mucho, pero todas son actividades operativas, porque la mayoría de lo que hacen son bajo lineamientos que determina y hace el INE, las reglas las determina el INE.
Y, finalmente, concluyo, en caso de aprobarse, de no aprobarse esta reforma, esta iniciativa, yo pugnaría porque esta facultad que tiene el INE, de ser el INE a quien designe a los consejeros electorales de las entidades, que esto se haga una reivindicación en ese derecho a los estados, que se devuelva a los estados para que sea la Cámara de Diputados de cada estado quien designe a los consejeros.
Si se le retire esa facultad al INE, porque si bien es cierto en alguna ocasión o en muchas ocasiones se decía que en los estados se generaba y se creaban cacicazgos y eran los que designaban a los consejeros, también ahora está en el INE. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez, por las aportaciones echas a este diálogo a todas las personas ponentes.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y para cerrar le pediría a la diputada Blanca Alcalá que pueda dar un mensaje de cierre no solo de este foro, sino de todos los foros y diálogos y mesas de comisiones del parlamento abierto de la reforma electoral.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Omar. Nuevamente valorar la presencia de todos ustedes, el desplazamiento que han hecho desde sus estados. Prácticamente está representado todo el país, desde Baja California hasta el sureste, y de verdad que lo valoramos mucho.
Como ustedes podrán haber constatado, nos interesa en la Cámara tener un diálogo respetuoso, que nos permita escucharlos. Ese ha sido el propósito, que nos permita tener sin duda argumentos y que ya habrá oportunidad en la que las y los legisladores podamos llevar al análisis, al debate, a la propuesta y la contrapropuesta.
Aquí se ha señalado y aquí simplemente hago, permítanme esa digresión, por alusión de partes de la moratoria constitucional, para el Grupo Parlamentario del PRI, del que formo parte y para la alianza es importante señalar que tiene que ver con dos temas fundamentales en materia constitucional, sí la electoral, sí la parte de la Guardia Nacional, pero eso no implica que no estamos no solamente abiertos, sino responsables de lo que significa toda la legislación secundaria en este caso que implica la reforma legal. Tengan la certeza que con la seriedad que exige este y otros temas estaremos abordándolos en el momento oportuno.
Finalmente, de verdad agradecer también la presencia de las y los legisladores. Lo aprecio en la figura del vicecoordinador de Morena, el diputado Leonel Godoy, por supuesto de las y los presidentes de las comisiones responsables del tema, y por supuesto también subrayar el trabajo delicado, siempre sigiloso de nuestro secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.
Muchas gracias a todas y a todos. Llevamos más de 50 horas de trasmisión, un debate que no se concluye incluso dentro de estas aulas, sino que se extiende en los pasillos en el análisis que realizamos a lo largo de todo el edificio de este edificio de San Lázaro. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches y un feliz retorno a sus estados de origen.
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