Dictamen a discusión
Fundamentación
Roberto Armando Albores Gleason, Comisión de Infraestructura
Carol Antonio Altamirano y Fernando Jorge Castro Trenti, Comisión de Hacienda
Posicionamientos
Jonathan Puertos Chimalhua, PVEM
Héctor Saúl Téllez Hernández, PAN
Alfonso Ramírez Cuéllar, Morena
Reserva para la eliminación del artículo noveno transitorio
Continúa la presentación de reservas
Clausura de la sesión y cita para la próxima
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar a conocer el resultado del registro de asistencia de las y los diputados.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Señora presidenta, se tienen registrados 453 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (23:30 horas): Se abre la segunda sesión ordinaria... Efectivamente, se abre la segunda sesión ordinaria vespertina de este miércoles 25 de marzo del 2026, en la modalidad presencial. Tres sesiones el día de hoy, efectivamente. Tres sesiones el día de hoy.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en las tabletas de las curules.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente asunto es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Para fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Infraestructura se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Armando Albores Gleason, hasta por diez minutos. Adelante, presidente.
El diputado Roberto Armando Albores Gleason: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, mexicanas y mexicanos, la infraestructura es la manifestación física del contrato social de una nación. Eso lo escribió la ingeniera Deb Chacra y tiene razón, porque la infraestructura no es fierro ni concreto, es la diferencia entre un productor chiapaneco que saca su café al mercado y otro que lo pierde porque no hay camino.
Entre una madre en la montaña de Guerrero que tarda seis horas en llegar a un hospital por caminos intransitables y una que llega a tiempo. Entre un joven que migra porque no hay empleo y otro que se queda porque la infraestructura trajo futuro. Entre un país que genera prosperidad para su gente y otro que se queda estancado viéndola pasar.
Los países que más invierten en infraestructura son los que más crecen. China invierte el 8 % de su PIB y sacó a 800 millones de personas de la pobreza. México invierte el 2 %, una de las cifras más bajas de América latina. Lo resienten 27 millones de mexicanos sin servicios básicos y lo resiente nuestra economía en costos logísticos que encarecen todo lo que producimos y en inversiones que se van a otros países porque no tenemos la infraestructura para recibirlas.
Y las consecuencias están a la vista: perdemos el 50 % del agua por fugas en las redes municipales, ciudades enteras han enfrentado emergencias hídricas, una red carretera con necesidades enormes de conservación y modernización y un sistema ferroviario que mueve la mitad de la carga y los pasajeros que debería.
El reto es claro, amigas y amigos diputados: México necesita invertir mucho más en infraestructura y necesita movilizar todos sus recursos públicos, privados y sociales para lograrlo.
La infraestructura transformadora que el país demanda no puede depender de una sola fuente; se necesitan todas. Y no es que no se haya intentado: ha habido experiencias valiosas que demostraron que la colaboración pública-privada funciona, pero también hemos vivido rescates carreteros multimillonarios, concentración de mercado, renegociaciones desfavorables para el Estado y proyectos abandonados.
La ley que hoy dictaminamos viene a resolver exactamente esos problemas, empezando por establecer la licitación pública como regla general, en estricto cumplimiento de los artículos 25 y 134 de nuestra Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con visión de Estado y convicción transformadora, presentó al país el plan de inversión en infraestructura más ambicioso en décadas: 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, y envió a esta soberanía la ley que lo hace posible: 30 mil megawatts de energía eléctrica adicional renovables del 35 al 48 %, carreteras, trenes, puertos, agua, salud.
México tiene prisa. Como decía Kimio Fujita, construir infraestructura no solo es levantar puentes y carreteras, es crear las condiciones para que una nación prospere y su gente tenga oportunidades. Eso es lo que esta ley hace, 141 artículos, 12 títulos, la legislación más completa en la materia que México haya tenido, permítanme explicarles cómo.
Primero. Crea los vehículos financieros que el plan necesita. Esta ley permite canalizar capital privado, banca de desarrollo y ahorro institucional hacía infraestructura pública, sin que sea gasto público, sin que genere deuda, sin que afecte al déficit.
Con propiedad estatal permanente sobre cada activo. El Estado mantiene la rectoría, el inversionista obtiene certidumbre de largo plazo, rentabilidad demostrada, estructuras bancables y la ciudadanía recibe infraestructura de calidad. Todos ganan.
Hay interés. Cuando la presidenta anunció los esquemas de inversión mixta en energía, se inscribieron 300 proyectos, bajo el modelo anterior 15, 20 veces más interés.
Segundo. Ordena lo que estaba fragmentado. Hoy los MRO, las fibras CS, los CKD, las empresas mixtas, los fideicomisos, entre otros, operan cada uno bajo su propia ley, con reglas distintas, registros distintos, controles distintos.
Esta ley pone todo bajo un mismo techo, un solo Consejo de Planeación, presidido por la presidenta de la República, como en Colombia y Corea del Sur, donde el liderazgo del jefe de Estado en la planeación de infraestructura fue lo que lo convirtió en prioridad nacional y rompió la fragmentación entre dependencias.
Una sola base de datos nacional y un solo régimen de evaluación y transparencia. No se está creando algo nuevo, se está ordenando lo que ya existe.
Tercero. Y esto quiero que lo escuchen bien, amigas y amigos diputados, protege al erario con los controles más rigurosos que haya tenido una Ley de Infraestructura en este país.
Un régimen de triple control que antes no existía. Antes de que un proyecto avance, ocho evaluaciones obligatorias, rentabilidad, costo-beneficio, impacto fiscal, riesgos, pasivos, contingencias. Ningún peso se compromete sin pasar este filtro y no las hace una sola dependencia, la revisa un Comité de Análisis de Riesgo y un Comité Técnico, dedicados.
Durante el ejecución, informes trimestrales y supervisión técnica permanente. Después, acceso directo de esta Cámara al sistema de información de cada proyecto. Por primera vez, compañeras y compañeros, el Congreso no se va a enterar después, va a poder verificar en tiempo real.
¿Funcionan estos controles? Les comparto un dato: bajo el marco legal de las APP, los proyectos que contrataron con evaluación rigurosa y controles escalonados tuvieron 82 % de éxito, los que no, solo 17 %. Misma ley, mismas reglas, la diferencia fue la calidad de los instrumentos. Esta ley los tiene para todos los proyectos.
Y un ejemplo concreto: un hospital bajo un esquema de disponibilidad opera 94 % de eficiencia atendiendo a más de 15 mil pacientes al año, bajo esquema tradicional, 67 %.
Cuarto. Incorpora al sector social de manera sin precedentes. Esta ley incluye por primera vez a cooperativas, comunidades y ejidos como participantes activos en la cadena de valor de la infraestructura, no como espectadores, como protagonistas.
Bent Flyvbjerg escribió que la infraestructura es el gran reductor de distancias y que la prosperidad pertenece a quienes saben cómo reducirlas. Esta ley es el instrumento para que el desarrollo llegue a donde nunca ha llegado.
Quinto. Fortalece la disciplina fiscal, no la debilita. Las reformas a la Ley de Presupuesto que acompañan esta iniciativa establecen por primera vez registro obligatorio de pasivos ante Hacienda, compromisos visibles de cinco años, capítulo específico en el Presupuesto de Egresos y acceso del Congreso al sistema de información.
Chile lleva 28 años sin una sola crisis fiscal por infraestructura con controles como estos. Colombia pasó de 35 a 72 % de éxito cuando profesionalizó su modelo. Las herramientas que funcionaron allá, ahora están en nuestra ley.
Y, sexto. Responde a una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar. En 2025, México captó una cifra récord de más de 40 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Con la infraestructura logística que esta ley permite detonar, estoy convencido de que México se va a consolidar como un nodo de producción global.
Compañeras y compañeros, permítannos ponerlos en perspectiva, aprobar esta ley con los instrumentos correctos representa una diferencia de aproximadamente 860 mil millones de pesos en el horizonte de corto plazo, con eso se construyen 56 hospitales, 200 plantas de tratamiento de agua o 12 mil kilómetros de carreteras.
Mictian Noria dijo: la infraestructura es el esqueleto de una nación próspera, es el bien común que une a todos. Y eso es precisamente lo que hicimos al construir esta ley, unirnos.
Esta ley no partió de cero, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, posicionó con visión este debate y presentó una iniciativa. La diputada Gabriela Jiménez hizo lo propio. La Comisión de Infraestructura consultó a 11 instituciones. La Secretaría de Hacienda trabajó con nosotros en todo momento la convergencia en este trabajo y la iniciativa de la presidenta es del 92 %.
Quiero reconocer el trabajo del diputado Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, y de todos sus integrantes, y el de las y los diputados de la Comisión de Infraestructura que me honro en presidir.
En Comisiones Unidas presentamos este dictamen en sentido positivo, y solicitamos el voto a favor de esta soberanía. Votar por esta ley, amigas y amigos diputados, concluyo, significa votar porque México tenga las herramientas para ejecutar el plan de inversión más ambicioso en décadas. Significa votar porque el capital privado y social se sume al esfuerzo público con reglas claras y rendición de cuentas.
Significa votar porque cada proyecto demuestre que genera valor antes de comprometer un solo peso. Y significa votar por romper la inercia de décadas de falta de infraestructura y de inversión.
En 2030 cuando este impulso a la infraestructura este transformando la economía y la vida de millones de mexicanos, este voto va a ser recordado como el momento en que México decidió invertir en su futuro.
Porque al final de eso se trata de que el productor chiapaneco tenga camino para sacar su café. De que la madre en Guerrero llegue a tiempo al hospital. Y de que el joven se quede porque la infraestructura bajo futuro. De renovar el contrato social de esta nación. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: La fundamentación a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se realizará ahora mediante dos intervenciones. Inicia el diputado Carol Antonio Altamirano, hasta por cinco minutos. Adelante, presidente.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, estimada presidenta. Diputadas y diputados, vengo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a presentar los argumentos que sustentan el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el proceso de dictaminación de eta valiosa iniciativa reconozco y agradezco la actitud seria, madura y responsable y el compromiso que han mostrado los diputados de todos los grupos parlamentarios, integrantes de la Comisión de Infraestructura y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En especial nuestro reconocimiento al diputado Roberto Albores por su excelente conducción y coordinación para que el proceso de dictaminación saliera adelante. Muchas gracias, diputado.
Este dictamen tiene un compromiso claro, fortalecer el marco institucional que rige la inversión en infraestructura en nuestro país. No se trata únicamente de ampliar esquemas de financiamiento, sino de establecer reglas claras que den certeza a la participación de los sectores público y privado, garantizando en todo momento la rectoría del Estado y la protección del interés público.
En el dictamen se incorporan elementos sustantivos:
En primer lugar, establece un modelo más equilibrado de participación, en el que se definan con claridad las responsabilidades de cada parte y se promueve una adecuada asignación de riesgos.
En segundo término, fortalece la disciplina fiscal mediante mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, asegurando que los proyectos se desarrollen con responsabilidad y evitando compromisos financieros que puedan afectar las finanzas públicas en el futuro.
Este dictamen contempla un Consejo de Planeación Estratégico, como órgano de alto nivel, presidido por la titular del Ejecutivo federal, encargada de coordinar transversalmente los proyectos.
Asimismo, se incorpora un enfoque que reconoce el valor social de la inversión, privilegiando la eficiencia y su impacto en el bienestar de la población. Porque cada peso invertido debe traducirse en mejores condiciones de vida, en desarrollo equilibrado y en resultados tangibles para las familias mexicanas.
Este dictamen también impulsa una visión de desarrollo incluyente, orientado a cerrar brechas regionales y a facilitar que la infraestructura llegue a las zonas y poblaciones que más lo necesitan, al integrar a los estados los municipios y al sector social como las cooperativas, comunidades y ejidos como elementos valiosos en la promoción de inversiones.
Finalmente, se fortalecen los mecanismos de coordinación institucional, ampliando la capacidad del Estado para estructurar proyectos viables, sostenibles y con impacto real en el desarrollo del país.
Compañeras y compañeros, este dictamen establece un marco claro, completo y eficaz para impulsar la inversión en infraestructura y promover el bienestar social. Con ello se logrará atraer inversión con reglas claras, desarrollar infraestructura con orden y avanzar hacia un crecimiento económico responsable y equitativo. Es la alternativa adecuada ante la necesidad de invertir para que México cuente con una infraestructura moderna, para lo cual se requiere movilizar más de 5.6 billones de pesos en proyectos estratégicos.
Para que el país crezca se necesita invertir y, además, invertir mejor, con transparencia y evaluaciones previas de los proyectos para evitar distorsiones en los costos aprobados.
Con las reformas propuestas se podrán aprovechar de mejor manera las ventajas de la relocalización de las inversiones nacionales y mundiales, para desarrollar el potencial del país en materias como la logística energética e hidráulica.
El país del futuro requiere mejoras en su movilidad, producir más energía y garantizar el acceso al agua, entre otras inversiones. Construirlo requiere de esfuerzos compartidos y de generar sinergias, para lo cual se necesita un marco normativo moderno, transparente y eficaz, como el que aquí se propone.
Por los argumentos planteados, los invito a votar a favor del presente dictamen para que México cuente con el marco adecuado para las inversiones de hoy y del futuro. Es cuanto, estimada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Pues seré muy breve. Ese México que todos hemos soñado, el México de nuestros pensamientos, el México que nos mueve, está distante de nosotros.
Nuestras generaciones se van. Cambiar México requiere grandeza, enormidad. No solo es un sueño. Convertir el sueño en realidad requiere la grandeza de las y los mexicanos. Dejar la discusión, el diferendo político por razones de perspectiva y construir los insumos necesarios para cambiar el país. Porque hay quien espera de nosotros mucho más de lo que aparentemente somos capaces de dar.
Y hoy, aquí, con este esfuerzo colectivo, podemos lograr y construir ese México entre todos. Ese México que te haga honrar tu condición de ser hijo de esta patria, pero que también te enseñe a que tus hijos honren la razón que nos dignifica a todos. Este esfuerzo colectivo que pretende dar sentido a la transformación, requiere de dinero y requiere de no poco.
Nuestras vías de comunicación requieren ensancharse, construir ciudades del conocimiento que nos permita que el país pase de la etapa de manufactura, que pase de la etapa de la generación, de la enorme productividad que da el ingenio y el talento de los mexicanos. Aprovechar la capacidad instalada de nuestras universidades y el cúmulo de coeficiente intelectual que tienen las y los jóvenes mexicanos para detonar con la inversión en infraestructura que traiga como consecuencia que nos convirtamos justamente en lo que el sueño nos demanda, en los países que sean potencia por la construcción de su intelectualidad y la transformación.
Esa transformación a la que somos convocados en este esfuerzo legislativo tiene que ver justamente con dotarnos de las vías de comunicación adecuadas, pero también de tener los medios y los insumos suficientes para que las zonas marginadas, que son muchas en el país, y que no podemos seguir cegados con ver las cosas con un solo ojo, requerimos detonar la infraestructura agropecuaria y requerimos que nuestras comunidades pesqueras tengan los insumos necesarios para que vivan con enorme dignidad.
No podemos ser omisos de la pobreza en determinadas localidades y regiones que nos hacen ser menos frente a la grandeza que la gente espera de nosotros...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, diputado, si es tan amable. Discúlpeme el orador.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Conste que estaba emocionado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El diputado Lixa, adelante, coordinador, ¿con qué objeto?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): De orden, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): No le quiero cortar la emoción a mi amigo Fernando Castro Trenti. El diputado sabe el enorme respeto que le tengo en términos personales y como legislador, solo que llama profundamente la atención que el diputado, que por cierto siempre es respetuoso del Reglamento, en este momento esté fundamentando por comisión, es la primera vez en el tiempo que conozco el parlamento que dos diputados fundamentan de la misma comisión, pero llama la atención que ya no fundamentan mencionando a su partido, ya hasta suben uniformados con su partido cuando están fundamentando por la comisión.
A ver, es que los partidos políticos tienen un momento para diluir sus puntos de vista, lo que hemos pedido una y otra vez es que la parte objetiva, la que fundamenta la comisión, la que representa a todas las, y los, legisladores se mantenga en términos reglamentarios.
Diputado, ni le quiero cortar la emoción ni tome mi moción como una falta de respeto que estoy seguro que además es mutuo, porque ambos hemos coincido en la necesidad de respetar el Reglamento. Hagámoslo ahora también, por favor.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, coordinador. Adelante el orador.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Aprecio el comentario del coordinador y aprovecho para pedirle al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carol que nos mande a hacer chalecos o chaquetas de la comisión, por favor, porque sí sería bueno, sí entiendo, yo desde que estoy en este momento en la tribuna sé que no debo citar a quien no debo citar y lo trato de hacer así, lo que pasa es que el frío de la tarde me hizo ponerme la chamarra que traigo en el pecho, que es la del partido que represento, pero no lo invoco siquiera. Y sí lo entiendo, por supuesto. Sí lo entiendo, por supuesto.
Pero ya que usted lo dice, Carol Altamirano, además de construir buenos acuerdos, mándanos a hacer chalecos a los miembros de la comisión, por favor. Voy a concluir. Iba yo encarrerado, creo que eso no le gustó al coordinador, pero yo iba muy encarrerado para volver a llamar a lo siguiente.
Entiendo que este dictamen, construido desde la lógica de la necesidad de edificar una nueva política con visión, con fundamento legislativo, que haga y que dé la posibilidad de construir herramientas dinámicas, modernas, ejecutivas, de tal suerte que la derrama económica, que el ahorro interno de los mexicanos se convierta en la palanca de desarrollo.
Y esa palanca de desarrollo es: tenemos miles de millones de pesos que están en forma pasiva para detonar la estrategia de forma activa y que las comunidades, que tanto demandan que generemos la infraestructura adecuada, estén ávidas de ellos.
Y no podemos pasar campaña tras campaña viendo de lado a las zonas marginadas de nuestro país, como no podemos seguir escuchando el mismo lamento de las comunidades pesqueras y las comunidades agropecuarias, como los cientos de muchachos que buscan otros horizontes porque han salido preparados de nuestras universidades y no encuentran el mercado necesario de trabajo para sus potencialidades.
¿Por qué no pasar de la manufactura a las ciudades de conocimiento? ¿Por qué no demostrar la grandeza de la que tenemos los mexicanos? Que viva México, señores. Les pido a todas y a todos acompañen este dictamen, construido desde una lógica del cumplimiento de la base de lo que dice nuestro Himno Nacional, que México en cada hijo te dio un guerrero. Que así sea. Gracias por su solidaridad.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ahora sí, para fijar la posición de los grupos parlamentarios, iniciamos con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Adelante, diputada Patricia Flores Elizondo.
La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Patricia Flores Elizondo: Compañeras y compañeros, este dictamen parte de un diagnóstico que no solo es correcto, es inevitable. México enfrenta una caída severa en la inversión pública y una brecha de infraestructura que exige movilizar miles de millones de pesos, pero hay que decirlo con claridad: esta crisis no es casual, es consecuencia de decisiones políticas que en los últimos años han cancelado proyectos, generado incertidumbre jurídica y debilitado la confianza de la inversión.
Hoy, el propio gobierno reconoce el problema que ayudó a crear y eso tiene una implicación de fondo, esta iniciativa es una corrección de rumbo, porque después de años de desconfianza hacia el sector privado, hoy se acepta que sin él no hay crecimiento posible.
Porque a México le urge inversión, porque necesitamos infraestructura y porque no hacer nada sería peor, la bancada naranja acompañará en lo general este dictamen.
También debemos reconocer lo positivo, esta iniciativa busca traer inversión, dar mayor certeza jurídica y abrir la puerta a un modelo que permita construir lo que el país necesita. Eso debe traducirse en carreteras, en agua, en energía, en conectividad, en mejores condiciones de vida para el pueblo de México.
Pero también tenemos la obligación de decir lo que no está bien, porque el problema de esta iniciativa no es lo que busca, incentivar la inversión es correcto, el problema es cómo lo está intentando resolver.
Primero. Se construye un modelo sofisticado en lo financiero pero débil en lo institucional. Se crean vínculos, contratos, esquemas complejos, pero no se crea lo más importante, una instancia técnica verdaderamente autónoma.
En los países donde este modelo ha funcionado, Colombia y Chile, las decisiones no dependen del poder político, aquí sí, el consejo dependerá del Ejecutivo, y eso significa que la infraestructura puede responder más a prioridades políticas que a criterios técnicos.
Segundo. Se habla de disciplina fiscal, pero lo que encontramos en la ley es otra cosa: contratos a largo plazo, pagos diferidos, garantías y la posibilidad de iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria. Eso no es candado, señoras y señores, es un esquema que permite comprometer recurso del futuro con alta discrecionalidad y aquí entramos a un punto clave: los pasivos contingentes.
El propio dictamen reconoce que ya existen riesgos fiscales, pero la ley no establece límites claros, no fija techos, no crea mecanismos duros de control, sí hay que reconocerlo, se presentó una propuesta para aclarar que todo debe sujetarse al marco fiscal vigente y a lo aprobado por el Congreso.
Y eso es positivo, pero también hay que decirlo como es, es una disposición declarativa, no un verdadero candado. No establece límites cuantitativos, no crea controles operativos y no evita los riesgos de fondo.
Tercero. Se habla de distribuir riesgos entre el sector público y privado, pero la experiencia nos ha enseñado algo muy simple: cuando hay ganancias gana el privado, cuando hay pérdidas paga el Estado y esta ley no cambia esa lógica.
Cuarto, hay problemas estructurales que se reconocen, pero no se resuelven los conflictos sociales, los derechos de vía, los obstáculos que hacen que los proyectos se detengan o se encarezcan. Se construye un modelo financiero sin resolver la realidad en el territorio.
Por eso, nuestro posicionamiento es claro: nosotros creemos que esta ley puede ser mejor; que necesita más transparencia, más controles y decisiones verdaderamente técnicas y no políticas.
Votaremos a favor en lo general porque nos urge inversión en este país, pero en contra en lo particular por todas las razones que acabo de mencionar. Queremos que México invierta más, pero, sobre todo, que invierta mejor. Queremos que esta ley funcione, pero que funcione bien, porque México no necesita solo más inversión: necesita certeza, responsabilidad y, por supuesto, una alternativa de futuro. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Emilio Suárez Licona: Anuncio el voto del PRI en contra. La economía no atraviesa su mejor momento y, por ello, nuestro país necesita detonar infraestructura que impulse crecimiento y desarrollo. Y esta propuesta confirma algo que hemos venido señalando y sosteniendo de manera consistente y reiterada desde hace tiempo: el modelo económico vigente impulsado desde el gobierno ha sido insuficiente para atraer la inversión que el país requiere y la presión sobre las finanzas públicas limita la capacidad del Estado para responder por sí solo a estos desafíos.
Lo dijo la presidenta en la Convención Bancaria. Hoy el propio gobierno recurre bajo un nuevo diseño a esquemas de participación pública-privada que en el pasado cuestionó. Y hay que decirlo con claridad: desde el PRI no estamos en contra de estos mecanismos.
Las asociaciones público-privadas han sido durante años una herramienta válida, útil y necesaria para desarrollar infraestructura estratégica, distribuir riesgos y complementar la inversión pública. Lo que nos preocupa y por lo que no podemos acompañar este dictamen radica en la forma en la que se pretende reimpulsar este modelo, incorporando elementos que abren espacios de discrecionalidad, concentran decisiones y generan riesgos fiscales y presupuestarios relevantes.
Primero. Se propone un rediseño del tratamiento presupuestario que genera dudas fundadas. La flexibilización en el registro de compromisos plurianuales, junto con la exclusión de ciertos rubros de gasto corriente estructural, dígase programas sociales y servicios personales, habrá de debilitar la transparencia y distorsionar la lectura real de las finanzas públicas.
No se trata de negar la necesidad de esquemas modernos de financiamiento, sino de evitar que so pretexto de su implementación, se diluyan los tramos y controles de sostenibilidad y trazabilidad presupuestaria, que incluso esta soberanía tiene la responsabilidad permanente de ejercer.
Segundo. El esquema planteado pretende diluir la visibilidad de las obligaciones financieras del Estado. Si bien el uso de vehículos, fideicomisos y contratos de largo plazo no es nuevo en nuestro orden jurídico, en los términos propuestos facilita el desplazamiento intertemporal de compromisos, sin reflejarlos plenamente en los indicadores tradicionales de deuda.
Tercero. Se concentran en el Ejecutivo la priorización y aprobación de los proyectos estratégicos. También preocupación de algunos de Morena. Es adecuado y pertinente que exista conducción estatal, pero el diseño del presupuesto reduce los contrapesos institucionales, limita los hechos, la intervención de esta Cámara en la orientación del gasto público y deja en una posición secundaria, secundaria, a estados y municipios, lo que tensiona el equilibrio federal.
Cuarto. Se transita hacia un modelo contractual más flexible, pero también más dependiente de decisiones administrativas y de lineamientos secundarios contingentes. Esto puede agilizar la ejecución de proyectos, sí, pero también incrementa los riesgos en términos de certidumbre jurídica, transparencia y fiscalización. Y ciertamente, la flexibilidad no puede convertirse en sinónimo de discrecionalidad.
Quinto. Se introduce un régimen presupuestario y financiero diferenciado que permite iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria y bajo esquemas complejos de financiamiento. En un contexto de restricción fiscal, esto puede traducirse en sobrecostos, retrasos y mayores presiones futuras sobre las finanzas públicas, como ya lo hemos venido advirtiendo durante los últimos siete años.
Compañeras y compañeros, nuestro país necesita más inversión en infraestructura sí, pero también necesita reglas claras, controles efectivos y un equilibrio real entre flexibilidad y rendición de cuentas.
Necesitamos atraer inversión sin debilitar las instituciones ni los mecanismos de control que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta iniciativa contiene elementos atendibles en su diagnóstico, pero su diseño institucional normativo y presupuestario en términos planteados genera más riesgos que certezas. Por ello, con absoluta responsabilidad y convicción, el Grupo Parlamentario del PRI, votará en contra. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Primero, el reconocimiento a nuestro diputado, presidente de la Comisión de Infraestructura, que ha hecho un extraordinario trabajo y que ahora se presenta esta reforma a esta ley que, sin duda, viene en la dirección de que rompamos el maleficio que tiene esta patria desde hace ya muchos años, que se llama falta de crecimiento.
Treinta y seis años de modelo neoliberal, promedio de crecimiento 2 %. Si quitas el crecimiento de la población, crecimiento 0. Llevamos siete años de la 4T, vino el problema de pandemia, nos tumbó 8.7 de PIB, y nuestro promedio de crecimiento también es bajo, que no ha superado el del modelo anterior.
Y no hay crecimiento, porque no hay inversión en infraestructura, que es la que genera el empuje de desarrollo. Y también no hay crecimiento porque lo teníamos todo en la lógica del mercado, y ahora recuperamos la rectoría del Estado, y está rectoría del Estado es la que nos puede llevar a romper ese maleficio de falta de crecimiento.
Fíjense, en el modelo nacionalista llegamos a tener crecimiento de 6 % anual, pero había una inversión de promedio de 10 % de inversión pública en infraestructura. Y eso se cayó hasta con Peña Nieto, que nos la dejó en 1 %. Con Andrés Manuel 3, 3.7 y ahorita 2, 2.7. Nos hace falta.
La ONU recomienda que para que haya desarrollo la inversión en infraestructura e inversión pública debe ser mínimo 4.5. Estos 6, estos 5.6 millones de pesos más o menos nos agregaran 2 %. Y si la traemos ahora 2, 2.7 andaremos en 4. Pero ya nos está empujando en la ruta correcta de desarrollo.
Luego, nos refieren que estamos volviendo al modelo neoliberal de las Asociaciones Público-Privadas. No estamos llegando hasta allá, porque ahora hay una inversión mixta entre inversión pública, inversión privada e inversión social. Pero ahora la inversión se queda en activo del Estado, no se queda en el particular como era la Asociación Pública-Privada.
Y ya sabrán, han escuchado que el presidente Andrés Manuel López Obrador rescató cinco, siete hospitales que estaban en esa figura de Asociación Pública-Privada, pero que estaba totalmente privatizada. Eso no va a ocurrir ahora en esta lógica.
También es otro eje muy importante que hay que destacar, que en México se acabó la planeación desde con Salinas de Gortari, que existía la Secretaría de Programación y Presupuesto, y ahí concurrían los Coplademun, Consejos de Planeación Municipal, y luego los Coplade, que eran los Consejos de Planeación Estatal y recepcionaba la Secretaría de Programación y Presupuesto, y Hacienda le daba suficiencia presupuestal a todo lo planeado.
Eso se acabó, cuando llegó Salinas la desbarató y a partir de ahí concentró todo en Hacienda. Y en Hacienda tenemos un cuello de botella que se llama Unidad de Inversión y para llegar ahí es un viacrucis y tener folio. Y, si tienes folio, tendrás oportunidad de buscarte suficiencia presupuestal.
Eso se rompe con esta propuesta de ley, porque ahora se crea el Consejo de Planeación Estratégica, presidido por la presidenta de la República. Le quita esa facultad a Hacienda. No está peor, está mucho mejor. Y abre a que las distintas Secretarías y los Consejos de Evaluación puedan ayudarnos a desatar este embudo que teníamos ahí en la Secretaría de Hacienda, en la Dirección de Inversiones.
No hay duda, diputadas y diputados, que esta ley genera la expectativa de crecimiento y va a acompañada con el Plan México que está planteando nuestra presidente, que está en construcción y que lleva la visión de por el bien de todos primero los pobres, pero una más, que es prosperidad compartida, ya no es solo un sector, porque, fíjense la diferencia con el modelo anterior, sí traemos poca inversión en infraestructura pública, pero antes traían poca inversión de infraestructura pública y no traían distribución del ingreso.
Y ahora traemos esa lógica de crecer la inversión, pero sobre todo traemos el tema de distribución, porque ahora también el concepto de infraestructura está enfocado en el concepto de derechos humanos. Y celebro que el concepto que se ha construido en esta Cámara de infraestructura transformadora esté plasmado también en esta ley. ¿Qué significa infraestructura transformadora? Que sea incluyente, accesible, resiliente, estratégica y que esté pensada en las personas. No solo en la lógica de la utilidad y de la ganancia sin revisar el impacto social o el impacto ecológico.
Yo creo que esta ley es de avanzada y por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la vamos a votar a favor. Y, sin ninguna duda, les decimos que estamos convencidos de que vamos en la dirección correcta para que México salga de este maleficio de falta de crecimiento económico de la nación y podemos, sí, llegar a ser entre de las primeras 10 economías del mundo, sin ninguna duda, por este ritmo y por esta ruta que llevamos.
Muchísimas gracias, presidenta. Y por eso decimos nosotros: unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua: Con el permiso de nuestra presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua: Buenos días, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Hoy podemos celebrar que nuestro país ha sufrido una transformación profunda respecto de cómo se ejerce el poder...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Permítame un segundito, diputado. Adelante.
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua: ...y cómo viven los ciudadanos desde 2018. Se ha cambiado el significado de gobernar, con el fin de colocar al centro de toda acción a quienes menos tienen, a quienes habían sido olvidados sistemáticamente, para enfocarse en garantizar una sociedad sin privilegios para unos cuantos.
Dentro de los muchos cambios que se han conquistado se puede mencionar el relativo a la reconfiguración de la forma de cómo participan los sectores de la sociedad en el actuar gubernamental.
En especial lo relativo a los esquemas de colaboración en proyectos de inversión. Ello con el objetivo de mantener la colaboración, pero bajo un esquema donde no existan abusos ni beneficios desmedidos en cada obra que se realice por parte del gobierno y que se traduzca en un mayor beneficio posible para la sociedad, con un gasto razonable.
En este sentido, el dictamen nos ilustra de forma clara y contundente que esta nueva línea caracteriza a nuestro movimiento para enfocar en generar un esquema que materializa la colaboración entre el sector público y privado, de forma transparente y centrada en generar mejores condiciones para la vida de las y los mexicanos.
Dentro de la reforma que nos convoca tenemos una nueva ley que se enfoca en establecer las reglas de este nuevo esquema, para que así el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum cuente con las herramientas para aprovechar de múltiples formas la colaboración en el desarrollo de los proyectos para el desarrollo con bienestar.
Además, se propone adecuaciones a la misma norma reglamentaria del presupuesto público, enfocadas en garantizar que estos nuevos proyectos cumplan con los estándares de viabilidad, transparencia y convivencia social, elementos claves para la construcción de una mejor sociedad.
En particular, en algunos objetivos se alcanzará con aprobación del presente dictamen, que son la consolidación de un esquema de inversión en infraestructura estratégica que fomentará la activación de la inversión sin cargar todo al Estado, la transformación del ahorro en crecimiento, impulsar la productividad y en el crecimiento sostenido, la reducción de desigualdades y la mejora del uso de los recursos públicos y corregir incentivos mal diseñados en el modelo anterior.
También reduce la prima de riesgo y el costo de financiamiento, ya que, al establecer reglas claras, con transparencia y control de proyectos, la reforma contribuye en esta predicción de riesgo del país, facilitando el acceso a financiamiento más barato y atrayendo mayor inversión.
La situación actual exige una modificación a fondo. Hoy en día una proporción significativa de los procesos se lleva a cabo en condiciones que generan incertidumbre y desventaja para el Estado. Tan solo consideremos que el 85 % de las renegociaciones se realizan sin reglas claras, lo que debilita la posición pública y limita la capacidad de garantizar resultados equitativos.
A ello se le suma que cerca del 40 % de los riesgos no cuenta con un esquema adecuado de control, lo cual no solo compromete la continuidad de los proyectos, sino que también abre la puerta a presiones presupuestales relevantes y, en consecuencia, afectaciones al erario público.
Estas deficiencias no son menores, las pérdidas monetarias asociadas representan un costo significativo para la sociedad, estimado en más de 744 mil millones de pesos. Frente a este panorama, esta es la respuesta necesaria y responsable. Su propósito es establecer un marco claro y transparente, además equilibrado, que permita ordenar la colaboración entre el sector público y el sector privado, generando las condiciones para una mayor certidumbre jurídica, económica y financiera.
En este sentido es importante recordar nuestra responsabilidad de aprobar las mayores modificaciones necesarias para considerar un sistema en el que dicha colaboración se lleve de manera más justa, transparente y en beneficio de ambas partes, pero sobre todo en favor del interés público. Bajo la propuesta impulsada por nuestra presidenta se sientan bases para avanzar en esta dirección.
Por ello, en el Partido Verde Ecologista de México acompañamos el presente dictamen y reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando la transformación con el objetivo claro de construir una sociedad más justa, más equitativa y con mejores oportunidades para todos y para todas. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Yo veo que el PT viene hoy aquí a reconocer la falta de crecimiento económico en nuestro país en los últimos años y a reconocer la grave caída de inversión pública en infraestructura, los veo muy contentos, tan contentos que hasta mocharon la revocación de mandato y que no aparezca la presidenta Claudia Sheinbaum en el 2027 en la boleta, por si no sabían la votación del Senado, así sucedió.
Ahora bien, esta ley tiene un nombre rimbombante que podría parecer generoso, sin embargo, contiene varios mecanismos venenosos y miren, fue tal la caída de inversión e infraestructura que ha sido la peor en tres décadas, cayó 28.5 la inversión pública en infraestructura con este régimen.
Por si fuera poco, el crecimiento económico apenas llegó al 0.8, este nivel de crecimiento económico se equipara a los años de 1982, así de grave es la caída del producto interno bruto en nuestro país con la administración desastrosa de este régimen.
Pero, además el índice de confianza de inversionistas internacional, el índice conocido como Kearney, dice que la percepción de inversionistas cayó México del lugar 21 al lugar 25 en el año 2025. Vamos caminando hacia atrás.
Por eso es que ahora están desesperados con esta iniciativa y con este esquema que privilegia y que se convierte en un sistema exclusivo que va a beneficiar solamente a un grupo de empresarios afines al régimen.
Ahora bien, esta iniciativa propone proyectar obras y proyectos sin tener dinero, sin suficiencia presupuestal. Esto es, sin duda, deudada disfrazada. Esto va a comprometer a otras administraciones y va, sobre todo, a comprometer a las futuras generaciones, hasta por 40 años endeudados.
También tenemos que decir algo más delicado: permite manipular la contabilidad pública, rompe los principios de disciplina financiera. Quiere meter la deuda como gasto corriente y al mismo tiempo sacar de este concepto a las pensiones y programas sociales y al pago de las nóminas.
¿Qué significa esta estrategia? El gobierno podrá gastar más sin que se note realmente ese gasto, ni cuánto ha gastado ni cómo se está endeudando. Esto en cualquier país, en cualquier negocio, se llama: manipular y maquillar las cuentas.
¿Y qué creen? Para tratar de incentivar la inversión, se traen funciones, figuras de lo que ustedes tanto denostaban, que llamaban, neoliberalismo: las asociaciones público-privadas, los fideicomisos y las inversiones mixtas.
Pero para hacerlo, hay que hacerlo bien, porque hasta cuando copian, lo hacen completamente mal; y es que distorsionan completamente estas figuras, porque hoy, con el sello de la 4T, estas figuras llegan con más poder, con más discrecionalidad, con menos transparencia y con menos controles. ¿Cómo podemos creerles a todos ustedes, si lo que han hecho es endeudar al país?
Llegaron con una deuda pública de 10 billones de pesos. La deuda pública se ha duplicado en estos últimos 8 años, 20.3 billones de pesos cerraremos el año 2026. Y con estos esquemas que hoy proponen, este dato va a crecer todavía mucho más.
Por si fuera poco, como malos administradores, dieron el 80 % de los contratos del gobierno, a través de la adjudicación directa, ¿para quién? Para los amigos de Andy, para los amigos de Adán Augusto, para todas esas familias oligárquicas del bienestar que hoy se han enriquecido y que se atreven a hacer fiestas ostentosas allá en Tabasco.
Ahora bien, si quieren le podemos seguir con más ejemplos, porque para malos administradores, ahí está el tren Maya, 150 mil costaría y termina en 570 mil millones de pesos, nada más cuatro veces más.
El AIFA, con un sobrecosto del 40 %, viviendo artificialmente de puros subsidios. Dos Bocas, 144 mil millones dijeron que costaba y termina en 380 mil millones de pesos, eso sí, sin darnos la soberanía en combustibles que nos habían dicho, pero sí generando tragedia. Ahora bien, yo sé que les molesta, pero les tengo que decir que también hay un consejo...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: ... un consejo que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y que hoy dicen que va a controlar la presidenta. ¿Y saben qué van a hacer desde ese consejo? Van a definir de forma discrecional los proyectos, qué recurso se va a asignar, cuántos años tendrá esa deuda de hasta 40 años. Tomar los recursos de las Afores, porque hoy se llenan la boca diciendo que habrá 5.4 billones de pesos en inversión. ¿Saben de dónde?
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: De deuda pública y de las Afores de los trabajadores. ¿Cómo podemos creerles a esta administración fraudulenta? Si lo único que han dejado es deuda y lo único que han dejado...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputado, concluya, por favor.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: ... han sido obras sin utilidad social y sin utilidad económica. Por eso, no podemos acompañar esta iniciativa, ¿quieren que haya inversión? Den seguridad al empresariado. ¿Quieren que haya inversión? Terminen con la reforma...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputado, concluya, por favor.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: ... judicial. ¿Quieren que haya inversión? Vayamos y respetemos a nuestros socios comerciales. Eso es lo que debe de dar, certeza jurídica para el empresariado, no ocurrencias, como esta ley que endeuda al futuro de los mexicanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, con la aprobación de este dictamen estamos cerrando un círculo virtuoso que inició hace precisamente un año, en marzo del 2025, cuando aprobamos una nueva legislación en materia de electricidad y permitimos la inversión mixta para la generación y la distribución de electricidad en todo el país. También, en ese momento decidimos modificar la Ley de Hidrocarburos y aceptar la participación privada y pública para la extracción de petróleo y de gas en nuestro país.
Hoy damos un paso más: la multiplicidad de esquemas y vehículos financieros y la corresponsabilidad entre lo público y privado para levantar la infraestructura que permita el bienestar en muchísimas colonias y también municipios y en la diversidad de las entidades federativas de nuestro país.
Queremos movilizar, hacer una movilización de sumas multimillonarias de fondos y de recursos que están inermes en los fideicomisos, en la banca de desarrollo y que están ahí durmiendo el sueño de los justos en la banca privada y en muchos sistemas del ahorro institucional de nuestro país.
De eso se trata: de poner en movimiento una suma multimillonaria de dinero para que vaya a la construcción y al mejoramiento de carreteras, para que construya obras hidráulicas, para que levante la conectividad de nuestro país, para que construya y edifique puertos y aeropuertos y para que también mejore la infraestructura en materia de salud y en materia educativa.
De eso se trata, señoras y señores, de alcanzar la cifra de casi 6 millones de pesos entre 2026 y 2030 y llegar a una inversión proyectada del 28 % del producto interno bruto al final de sexenio, ni más ni menos, eso es lo que estamos buscando en la actualidad.
Esa multiplicidad de fondos que están en los fideicomisos, en los bancos y en los sistemas de ahorro de nuestro país, no invierten no por falta de interés, sino porque estaban exigiendo una legislación del tipo de la que vamos a aprobar el día de hoy.
Así se actúa, con muchísima responsabilidad. No solamente es inversión mixta, sino son vehículos que nos permitan constituir fideicomisos, bursatilizar activos, establecer mandatos y al mismo tiempo aislar riesgos, establecer financiamientos que computen como deuda pública y garantizar una distribución justa del retorno de utilidad, tanto para el privado como para la inversión que el Estado mexicano tiene que realizar.
A diferencia de lo que aquí se dice, compañeras y compañeros, hemos establecido una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para cumplir con la Constitución.
El mandato de nuestra Carta Magna es lo suficientemente claro y contundente y se dice: la deuda que se contrate debe de ir hacia la inversión en infraestructura física, de tal manera que permita el retorno y utilidades y de esa manera sanear las finanzas de cualquier nación. Eso es lo que se hace ahora con las reformas que estamos llevando a cabo en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se acabó el cortoplacismo, se terminó también con las ocurrencias de hacer obras por aquí, por allá y ahora constituimos dos grandes instrumentos, el Consejo de Planeación en Infraestructura, dirigido precisamente por la titular del Poder Ejecutivo, que tendrá la capacidad y la facultad de poder garantizar la realización de las obras y también un monitoreo permanente de qué es lo que falta, qué es lo que sigue, cuáles son los que están atorando los proyectos, de tal manera que haya certeza, porque esta legislación, como ninguna otra, establece un sistema de arbitraje que nunca habíamos conocido, establece una distribución justa de las utilidades como no las había planteado las asociaciones público-privadas, y en la legislación que todos los inversionistas privados de nuestro país y de otras partes del mundo...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: ... están esperando, precisamente, para invertir en infraestructura y lograr la prosperidad compartida en nuestro país. Por eso, compañeras y compañeros, yo les pido un voto de confianza y ojalá entre todas y todos aprobemos este proyecto de dictamen. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Está a discusión en lo general y se concederá el uso de la palabra a las y los diputados, hasta por cinco minutos, para hablar en contra y a favor. Cedemos el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen a la diputada Verónica Pérez Herrera, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Pérez Herrera: A la orden. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Verónica Pérez Herrera: La verdad es que hoy les voy a reconocer algo, diputadas y diputados de Morena, del Verde y del PT, tienen una habilidad muy, muy especial, y no lo digo de broma. En verdad tienen una habilidad muy especial para esconder robos con palabras bonitas, para agarrar algo que huele mal, envolverlo en términos técnicos, ponerle un nombre larguísimo y presentarlo como si fuera una solución brillante. Y lo más impresionante es que lo hacen con una seguridad envidiable.
Hablan de inversión estratégica, de desarrollo con bienestar, de vehículos de propósito específico, y pareciera que estamos frente a una clase magistral de economía. Pero no, estamos frente a un manual bastante básico de cómo disfrazar la discrecionalidad, de cómo diluir responsabilidades y de cómo abrir la puerta para manejar dinero público sin que nadie estorbe demasiado.
Porque hay que decirlo como es, este dictamen no es un impulso a la inversión, es un permiso para gastar sin controles claros. Es un mecanismo para decidir desde el poder quien sí, quien no, y cuando es. En pocas palabras, un cheque en blanco.
Y aquí nadie se opone a la inversión en infraestructura, nadie, porque México necesita crecer, necesita obras, necesita desarrollo. Pero una cosa es invertir, y otra muy distinta es jugar con el dinero de la gente como si fuera una caja chica sin reglas, así como lo han hecho durante estos siete años.
Ustedes hoy nos están proponiendo algo que en cualquier casa sería impensable, gastar primero y ver después si alcanza. Comprometer pagos sin tener el dinero asegurado. Apostar el futuro con la esperanza de que alguien más resuelva el problema después. Y eso no es planeación, eso es irresponsabilidad con un discurso elegante.
Y claro, para que no se note tanto crean estructuras nuevas, fideicomisos, vehículos financieros, esquemas mixtos, todo muy sofisticado en el papel, pero curiosamente sin reglas claras de transparencia desde la ley. Porque todo se deja para después, para alineamientos, para acuerdos internos, para decisiones que aquí nadie va a poder revisar a tiempo.
Y luego viene la cereza del pastel, la concentración de poder. Porque no solo quieren manejar el dinero, también quieren decidir todo desde el mismo escritorio, el famoso Consejo de Planeación. Suena muy bonito, pero en la práctica es un espacio donde el Ejecutivo tiene el control casi total. La Secretaría de Hacienda regula, decide, evalúa y supervisa, es juez y parte al mismo tiempo.
Y luego está el tema que casi no quieren mencionar, el impacto en las finanzas públicas. Porque aquí están comprometiendo recursos a futuro mediante pagos diferidos, compromisos plurianuales y posibles garantías del Estado. Todo eso suena técnico, pero en realidad es bastante simple, están generando deuda que no quieren llamar deuda. Es deuda disfrazada, es deuda escondida, es deuda que no aparece hoy, pero que alguien va a tener que pagar mañana.
Y, además, con un trato preferente, porque los proyectos prioritarios se vuelven intocables, pase lo que pase con la economía esos proyectos siguen, aunque falte dinero en salud, en seguridad o en educación.
Desde Acción Nacional lo decimos con claridad, sí a la inversión, sí a la infraestructura, sí al desarrollo que México necesita, pero no a los cheques en blanco, no a la discrecionalidad, no a los mecanismos opacos que ponen en riesgo el dinero de la gente.
Nosotros sí creemos en reglas claras, en que primero debe existir el dinero antes de comprometerlo, en que los proyectos deben seleccionarse con criterios públicos verificables y medibles, en que la licitación pública debe ser la regla y no la excepción, y en que cualquier compromiso de largo plazo debe pasar por el Congreso.
Y les voy a decir algo de frente, sin rodeos y sin maquillaje, porque después de más de 10 horas de escuchar lo mismo ya no hay espacio para la diplomacia cómoda, no se equivoquen, este no es un debate técnico, es una decisión política sobre qué tipo de país quieren construir, uno donde el dinero público se cuida o uno donde se reparte desde el poder sin reglas claras, porque podrán cambiarle el nombre, podrán adornarlo con términos sofisticados y podrán repetir una y otra vez...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Verónica Pérez Herrera: ... es por el bienestar, pero en el fondo es más control, menos transparencia y más margen para decidir a quién se le da y a quién se le quita sin que nadie pueda realmente exigir cuentas. Y aquí es donde se rompe todo, porque el problema no es que quieran invertir, el problema es que quieren hacerlo sin límites, sin controles y sin consecuencias, como si el dinero fuera suyo...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Verónica Pérez Herrera: ... pero olvidan que es de las y de los mexicanos, porque cuando el poder se acostumbra a no tener límites –concluyo, presidenta– deja de servir y empiezan a abusar. Y eso, diputadas y diputados, no es desarrollo, no es bienestar y no es transformación. Esto tiene otro nombre y la gente allá afuera lo reconoce perfectamente. Y frente a eso nosotros no vamos a guardar silencio.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Verónica Pérez Herrera: Por eso, el voto del Grupo Parlamentario del PAN va en contra. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen a la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy, del Partido Morena.
La diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy no discutimos solamente una ley, hoy definimos cómo queremos que se construya el futuro de México.
Nuestro país atraviesa un momento determinante, la relocalización de cadenas de suministros, conocida como nearshoring, no es solo una tendencia económica, es la oportunidad histórica de consolidar a México como el motor industrial de Norteamérica.
Sin embargo, para que el capital se traduzca en bienestar real necesitamos herramientas a la altura de los tiempos. El instrumento que hoy discutimos es esa pieza fundamental, es un mecanismo que dote de certeza jurídica total a las inversiones y que actúe como un catalizador de confianza.
La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar actualiza instrumentos jurídicos y redefine el sentido mismo de la infraestructura como política de Estado.
Hoy México avanza hacia un nuevo horizonte bienestar, ese futuro se construye con visión, con planeación, con reglas claras, con participación y con corresponsabilidad. Porque durante décadas la infraestructura fue pensada como una ecuación de costos, contratos y rentabilidad, como en el pasado del Prian.
Hoy, bajo el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, México da un paso distinto. Entender que cada carretera, cada sistema hídrico, cada puerto, cada proyecto energético, ferroviario debe traducirse en bienestar, en cuestión territorial y en justicia social, como llama nuestra presidenta: prosperidad compartida.
La expedición de esta ley permitirá construir puentes entre el sector público, privado y social para el impulso de la infraestructura, pues sin infraestructura no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay bienestar.
Esta ley será la herramienta legislativa que hace posible esta visión, la base legal para invertir con justicia, con equilibrio regional y con sostenibilidad ambiental. Con esta nueva ley haremos realidad los objetivos del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 2026-2030, que plantea invertir 722 mil millones de pesos adicionales para alcanzar la meta de 5.6 billones de pesos y por ello se requiere de este marco jurídico innovador para establecer reglas claras a la inversión.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene grandes beneficios que se proponen aquí. Uno, fortalece el marco jurídico para brindar certeza en la regulación de mecanismos de inversión, coinversión y financiamiento que las leyes actuales como la Ley de Obras Públicas o Asociaciones Público Privadas no cubren de manera integral. La oposición que dice que estas son APP hablan desde la ignorancia.
Dos, la infraestructura se redefine como un garante de derechos humanos, orientada a cerrar brechas históricas de desigualdad social y dignificar la vida de poblaciones excluidas.
Tres, permite al Estado maximizar sus capacidades técnicas y financieras mediante la colaboración con los sectores privado y social, sin comprometer la soberanía nacional ni la estabilidad de las finanzas públicas.
Cuatro, busca mejorar la conectividad física y el acceso a servicios básicos como agua, energía, transporte, lo cual es determinante para elevar la competitividad del país y fortalecer el mercado interno.
Y cinco, crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano consultivo responsable de establecer criterios técnicos y una visión de largo plazo para el desarrollo nacional.
Y quiero mencionar que durante 2025 trabajé durante varios meses con un equipo multidisciplinario una iniciativa para impulsar las inversiones mixtas con sentido social. Y esta iniciativa aportó innovaciones que se encuentran reflejadas en la iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como, por ejemplo, lo referente al gobierno corporativo de los vehículos de inversión, la evaluación social de inmuebles, mecanismos de inclusión territorial con adhesión voluntaria de entidades federativas y la protección del equilibrio económico financiero.
Hemos pasado de la simple construcción de obra pública a la creación de ecosistemas de desarrollo regional integral en beneficio de los municipios de nuestro país, por ejemplo, alcaldías como Azcapotzalco, esta visión adquiere una dimensión particularmente estratégica. Nuestra alcaldía representa uno de los espacios con mayor vocación industrial, logística y de conectividad de la Ciudad de México, un territorio llamado a desempeñar un papel clave en esta nueva etapa de relocalización productiva, fortaleciendo cadenas de suministro, de desarrollo urbano con sentido social y esto implica modernizar corredores industriales, mejorar servicios urbanos...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy: ...impulsar inversión con impacto comunitario y asegurar que el crecimiento económico llegue de manera tangible a las familias trabajadoras.
Quiero felicitar y hacer un reconocimiento al presidente de la Comisión de Infraestructura, al diputado Albores y también al diputado Carol, presidente de la Comisión de Hacienda, porque esta iniciativa fue en un parlamento abierto donde se escucharon a todos los sectores, a todos los empresarios, a los inversionistas, a los académicos, a los expertos y a los legisladores. Y, hoy estamos dotando al Estado mexicano...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy: ...con herramientas modernas, transparentes y responsables para impulsar proyectos estratégicos sin renunciar a la rectoría del desarrollo en el interés público. Estamos demostrando que sí es posible crecer con justicia.
Por eso, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, no votemos pensando en coyunturas, votemos pensando en las próximas generaciones, hagamos que la infraestructura deje de ser un símbolo de desigualdad...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya.
La diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy: ...y se convierta de una vez por todas en el motor de bienestar del pueblo de México.
En Morena votaremos a favor del desarrollo económico, en Morena votaremos a favor de la justicia social, en Morena votaremos a favor de la inversión con bienestar y en Morena votaremos a favor de la prosperidad compartida y en Morena siempre vamos a respaldar las propuestas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Que viva México, que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que viva la prosperidad compartida. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Gildardo Pérez Gabino, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Gildardo Pérez Gabino: Diputadas y diputados, en Movimiento Ciudadano votaremos a favor en lo general de la iniciativa porque México sí necesita inversión en la infraestructura, eso nadie, nadie lo discute, y debe abrirse a la inversión pública, privada y social; pero en lo particular hay riesgos serios que no podemos ignorar, empezando por el artículo 1o., que establece un objeto extremadamente amplio, consistente en regular mecanismos de inversión para proyectos de infraestructura con bienestar.
El problema no es la buena intención. sino la amplitud, ya que, con una definición tan abierta, prácticamente cualquier proyecto puede justificarse bajo ese concepto; pero se construye un esquema donde cabe todo y, por lo mismo, donde el gobierno federal puede decidir sin transparencia.
Por ello, cabe mencionar que este no es un tema menor, puesto que cuando una ley no delimita de forma clara, se falla y se concentra el poder. Esto se agrava cuando revisamos el diseño institucional. La toma de decisiones queda altamente concentrada en el Ejecutivo, sin contrapesos reales del Congreso ni de órganos autónomos ni de evaluaciones técnicas independientes.
Formalmente, se recomienda; pero, en la práctica, se decide qué proyectos avanzan y cuáles proyectos no. Ahora bien, el punto más delicado está en el artículo 57. Este artículo establece que la determinación de procedencia e incorporación de proyectos no será considerada un acto de autoridad y no admitirá recurso alguno.
Esto es gravísimo porque, cuando el Estado decide qué proyecto entra, quién recibe apoyo y bajo qué esquema se canalizan recursos y están afectando derechos, expectativas económicas y uso indebido del dinero público. Blindar esa decisión frente a cualquier medio de defensa debilita la tutela efectiva y deja a los afectados sin mecanismos para impugnar decisiones.
No estamos hablando solamente de un detalle técnico, estamos hablando de cerrar la puerta a la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la iniciativa introduce esquemas financieros como el fideicomiso.
Y hay que recordar, pueblo de México, hay que recordar que el partido en el poder es muy malo para administrar fideicomisos. Recordemos el fideicomiso que crearon desde el partido para apoyar a los damnificados del sismo, ¿qué pasó con ese dinero? Se lo chingaron.
Incluso, el INE ordenó investigar, y todo eso ocurre en el peor momento, ya que el Banco de México reportó que el país creció apenas .6 % en el año 2025 y prevé solamente un 1.6 para este año. La inflación en esta primera quincena de marzo alcanzó el 4.63 y recordamos que la deuda alcanza el 52 % del producto interno bruto.
Diputadas y diputados, México sí necesita inversión en infraestructura, eso nadie lo discute, pero lo que necesitamos es certeza, transparencia, evaluación independiente y contrapesos reales. No una ley tan amplia a la discrecionalidad, que concentra decisiones y limita los derechos de defensa.
El desarrollo se construye con instituciones sólidas, reglas claras y confianza pública. Y esta ley, tal como está planteada, no le garantiza eso al pueblo de México. Y si no escuchan, además de tener el huachicol fiscal, pronto, en este país habrá huachicol carretero del bienestar. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera: Muy buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Cuando hablamos de inversión en infraestructura no estamos solamente hablando de obras o de números: estamos hablando de oportunidades de crecimiento y de mejorar la calidad de vida de la gente.
México ya ha vivido momentos donde apostar por la infraestructura dio resultados muy claros. Se van a generar empleos y se va a lograr una estabilidad. Eso nos deja una enseñanza muy importante: cuando el Estado invierte bien, el país avanza.
Hoy, lo que estamos haciendo es darle una visión de infraestructura y de inversión adaptada a los tiempos actuales. No se trata de copiar el pasado, sino de aprender de él para construir un mejor futuro, con desarrollo que realmente llegue a todas y todos los mexicanos.
Esta ley no solo es un documento, es una herramienta para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar, es una forma de hacer las cosas que pasen, de que los proyectos no se queden en papel, sino que se conviertan en resultados reales.
Lo que plantea es claro: que el gobierno, junto con el sector privado y social, trabajen en equipo, cada quien desde su responsabilidad, pero sumando esfuerzos para que los proyectos se hagan más rápido, mejor y con visión de largo plazo.
También, abre la puerta para que estados y municipios participen. Porque el desarrollo no puede concentrarse en unos cuantos lugares: tiene que llegar a todas las regiones, a cada rincón del país.
Y algo muy importante: no se trata de hacer obras por hacerlas: cada proyecto tendrá que analizarse bien, ver si es viable, si realmente funciona y si le conviene a la gente. Eso garantiza que se invierta con responsabilidad.
Porque cuando se invierte en infraestructura no solo se construyen carreteras, hospitales o espacios públicos: se generan empleos, se mueve la economía y abre nuevas oportunidades, permitiendo una amplia ejecución de proyectos en materia de comunicaciones, en transportes, en agua, en medio ambiente, en energía, en turismo, en parques industriales, tecnología, y existe una mayor competitividad. Cada peso que se invierte tiene un impacto mucho mayor: beneficia a trabajadores, a empresas, a familias y a comunidades.
Además, esta ley permite aprovechar lo que hoy está pasando en el mundo como la llegada de nuevas inversiones al país para fortalecer nuestras regiones y hacerlas más competitivas.
En pocas palabras, lo que buscamos es que México crezca, pero que ese crecimiento se note, que se sienta, que la gente lo pueda disfrutar, que realmente beneficie a nuestros mexicanos, porque al final de eso se trata, de construir un país con desarrollo, pero también con bienestar. Por eso, en el Partido Verde votaremos a favor de la reforma, démosle el impulso que transforma a nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar en contra del dictamen.
El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.
El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos frente a un dictamen que en apariencia habla de inversión, de infraestructura y de desarrollo, pero cuando se revisa el fondo lo que encontramos es otra cosa, una reforma que pone en riesgo la transparencia, la estabilidad fiscal, la certeza económica del país y el futuro de las próximas generaciones.
En el PRI no estamos en contra de la inversión, estamos en contra de la simulación. Este dictamen propone la creación de nuevos mecanismos, como los llamados vehículos de coordinación en inversiones y los contratos de inversión estratégica.
En teoría suenan innovadores, en la práctica son figuras que permiten algo profundamente delicado, comprometer recursos, sin reconocer deuda y sin garantizar obligaciones claras del Estado.
El propio documento reconoce que estos mecanismos no implican obligaciones a cargo del gobierno federal ni garantizan financiamiento o aportaciones. ¿Qué significa esto? Que los inversionistas no tendrán certeza de pago, que el riesgo se traslada completamente al sector privado y que el gobierno se reserva el derecho de decidir a quién sí y a quién no.
Pero hay un tema aún más grave, el intento de maquillar las finanzas públicas. Este dictamen modifica la forma en que se calcula el gasto corriente estructural, excluyendo rubros clave como programas sociales y nóminas de sectores fundamentales como salud, educación y seguridad. Además, pretende que el gasto de empresas como Pemex y CFE no contabilicen de la misma manera dentro del balance presupuestario. El resultado: una reducción artificial del gasto público, una simulación del déficit real y una narrativa ficticia de la estabilidad.
Lo dice con claridad el propio análisis técnico, se podría ocultar más de 1.4 billones de pesos del gasto público, distorsionando la realidad fiscal del país. Eso, eso no es disciplina financiera, eso es una manipulación contable, y las consecuencias pueden ser muy graves.
Esta reforma no solo afecta el hoy, compromete el futuro. Pero aún hay más, se abre la puerta para realizar contrataciones sin suficiencia presupuestal, como lo escuchan, permitiendo pagos diferidos que se trasladan a ejercicios futuros. Esto implica algo muy claro: comprometer recursos que no existen hoy y cargando la deuda a las siguientes generaciones.
Además, se concentra el poder de decisión en un consejo integrado únicamente por dependencias del Ejecutivo, sin contrapesos reales. Esto significa que los llamados proyectos estratégicos no corresponderán necesariamente a las necesidades del país, sino a decisiones unilaterales del gobierno. Eso no es planeación, eso es centralización.
El desarrollo económico requiere reglas claras, instituciones fuertes y decisiones técnicas no discrecionales, y aquí, aquí no vemos ninguna de esas tres cosas. Vemos a un gobierno que, ante la falta de recursos, busca mecanismos para financiarse sin reconocer deuda. Vemos intento por ocultar la realidad de las finanzas públicas, vemos un modelo que genera incertidumbre para inversionistas y riesgo para la economía.
Recordemos que estamos en un momento crítico, justo estamos en la renegociación del T-MEC con nuestros vecinos del norte. ¿Qué van a pensar con esta reforma?
Compañeras y compañeros diputados, por todas estas razones y con el objetivo de defender los intereses de las y los mexicanos, en el PRI anunciamos nuestro voto en contra de este dictamen.
No podemos acompañar una reforma que simula finanzas sanas. No podemos respaldar un modelo que compromete recursos sin transparencia. No podemos avalar decisiones que ponen en riesgo la estabilidad económica del país.
¿México necesita inversión? Sí, pero inversión con reglas claras, con certeza jurídica y con responsabilidad fiscal, no con mecanismos opacos, ni con cifras maquilladas. Porque defender el presupuesto es defender a México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Compañeros y compañeras, medios de comunicación, pueblo mexicano. Esta iniciativa de nuestra presidenta representa una invitación histórica a construir un México del mañana, a través de nuevos modelos de inversión mixta el sector privado encuentra un marco de certidumbre jurídica absoluta para sumar sus capitales, desarrollándose infraestructura estratégica.
De cara al futuro el Estado mantendrá la rectoría y la propiedad, garantizando al mismo tiempo que las empresas privadas tengan una participación activa, rentable y segura. Al canalizar el capital asociado al Estado, multiplicaremos los recursos disponibles para edificar las carreteras, los puertos y los enormes proyectos de infraestructura energética que la industria del futuro nos exige.
Es una inyección de confianza que detona en un desarrollo económico sólido, fortalece nuestra competitividad internacional, y consolida un equipo con una potencia más activa de mercados globales en las próximas décadas.
Al detonar esa inversión de capital garantizamos la creación masiva de empleos dignos, la reactivación de ramas productivas desde lo local hasta lo nacional. Lo más destacable es que esa inversión abraza todos los sectores, integrando plenamente al sector social, nuestros ejidos, comunidades, cooperativas, organizaciones de trabajadores, una cadena de valor.
Hace unos días, en la Convención Nacional Bancaria, la presidenta, la doctora Claudia Sheinmabum, informó de una inversión millonaria de 5.6 billones de pesos, que se oiga bien, con B de billones, en diversos rubros que incluyen: sector eléctrico, carretero, salud, infraestructura y ferroviarios.
El Plan de Expansión de Comisión Federal de Electricidad representa el 54 % de dicha inversión, lo que se traduce un poco más de 3 billones de pesos, es de los más ambiciosos de la historia reciente de México, contempla una inversión aproximadamente de 624 mil 618 billones de pesos para adicionar en 29 mil megawatts de capacidad en ciclos combinados, combustión interna renovables, fotovoltaicos y eólicos.
El objetivo es asegurar el suministro, fortalecer la Red Nacional de Transmisión con más de 150 proyectos, aumenta la participación del contenido nacional del 30 al 60 %, incluye 138 líneas de transmisión, 249 subestaciones para los estados mexicanos, con financiamiento mixto a través de obras públicas, con líneas, con estrategia energética nacional.
La presidenta de la República informó que al abrir la convocatoria de inversión privada en generación eléctrica se inscribieron 15 proyectos, mientras que al abrir una convocatoria de inversión mixta se inscribieron 300 proyectos, lo cual demuestra mayor interés del capital privado en los esquemas puramente privados, precisamente porque la participación del Estado como socio reduce el riesgo y genera certidumbre a largo plazo. Eso se traduce en bienestar, riqueza, empleo, progreso, beneficios para el pueblo. En una palabra, la generación eléctrica es sinónimo de desarrollo para una nación, la nuestra.
Incorporación del sector social por primera vez en la legislación mixta de infraestructura, se reconoce explícitamente al sector social, cooperativa, comunidades, ejidos, organizaciones de trabajadores como actores de cada de valor con posibilidad de participar en el esquema de participación mixta en los artículos 22 y 23 de esta ley. Esos proyectos forman parte integral del Plan de Expansión 2025-2030, con el objetivo de impulsar el desarrollo energético del país a través de colaboraciones de las autoridades, expresas contratistas, fabricantes y proveedores.
El plan contempla 49 paquetes de concursos que agrupan 58 proyectos, los cuales se traducen en 387 obras, incluyendo 138 líneas de transmisión, 249 subestaciones eléctricas, con lo que se busca robustecer el sistema eléctrico nacional y atender la creciente demanda energética del país.
Una parte relevante de estos proyectos será financiada a través de Comisión Federal ese tema, mediante el cual se desarrollan 44 proyectos agrupados en 35 paquetes de concursos.
Tan solo en este mes ya se encuentran en proceso 5 proyectos de concurso con una inversión superior a mil 48 millones de pesos, mientras que en los siguientes meses se proyecta licitar 14 proyectos adicionales por más de 6 mil 700 millones de pesos.
El sector energético será responsable de más del 50 % del plan de inversión e infraestructura para el desarrollo del bienestar. Además, la intención de nuestra presidenta es fortalecer el contenido nacional en líneas estratégicas de impulsar lo hecho en México.
Personalmente, he venido trabajando con Comisión Federal de Electricidad, y no solo para el fin de tener contenido nacional, como lo señaló nuestra presidenta, sino que tengamos contenido regional.
Esto en oportunidad de estados como el mío, Campeche, en mi municipio, Ciudad del Carmen, los cuales nos hemos visto afectados por el declive de Petróleos Mexicanos, para lo cual estamos preparados y estamos buscando las formas y trabajando con Comisión Federal, para que esta inversión millonaria, multimillonaria que viene para México también sea distribuida en los estados.
Para todos los proyectos ha ido una mano con la iniciativa privada, organismos empresariales como Caname, Canacero y Semic, así como empresas del sector energético nacionales interesadas en participar en los proyectos.
Los esquemas de participación mixta, materializados en mandato, en... mantiene la rectoría y la propiedad del sector privado, aporta capital, dad técnica y el sector social por primera vez en la legislación de infraestructura participa como un actor de cadena de valor. Esta consecuencia tripartita no es concesión del mercado, sino un cumplimiento al artículo 25 constitucional.
La iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, fortalece la...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: –Gracias, presidenta– ...fortalece la certidumbre en la economía, fuente equitativa y soberana. Que viva nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Que viva Campeche. Que viva siempre el pueblo de México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Roberto Sosa Pichardo, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen.
El diputado Roberto Sosa Pichardo: Buenas noches. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Roberto Sosa Pichardo: Muchas gracias. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional vamos a votar en contra. ¿Por qué? Pues porque ya no les creemos. Ya no les creemos porque son ineptos y porque son pésimos administradores.
Nosotros tenemos clarísimo que este país necesita inversión en infraestructura. Los estados, los municipios necesitan infraestructura en carreteras, en hospitales, en escuelas, en espacios públicos, en plantas de tratamiento, en infraestructura turística. Porque literalmente, después de 35 años, ha sido la máxima caída en temas de inversión en nuestro país. Literalmente ustedes llevan 7 años que no han invertido en materia de infraestructura.
Esta infraestructura que México necesita tendrá que provenir del gobierno federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero ustedes dijeron que no. Ustedes pusieron el dinero en proyectos que a nadie le sirven. Ya lo hemos platicado, se los hemos dicho una y otra vez, Dos Bocas, el AIFA, la refinería, el Tren Maya, etcétera.
En el 2026 parece que se les está terminando el dinero de este país. Endeudaron a México y ahorita están necesitando ver de dónde sacan más dinero. Pretenden invertir 5.4 billones de pesos, pero la pregunta es: ¿de dónde los van a sacar? ¿Acaso será de los trabajadores, de los Afores, más deuda? ¿De dónde van a salir estos 5.4 billones de pesos?
Esta ley será un mecanismo alterno de lo que los estados, los municipios y la federación deberán de tener en materia de contratación de proyectos estratégicos. Y todas y todos aquí lo sabemos. ¿Cuál es el fondo real de esta ley? La discrecionalidad, más negocio, más corrupción, más tráfico de influencias. Porque, ¿a quién creen que van a caerle todos estos proyectos estratégicos? Pues sí, a empresas, empresarios, cercanos al régimen, cercanos a la 4T.
El problema real es que, si México fuera un país en el que se invierte para el combate a la corrupción, con mecanismos claros de fiscalización y transparentes, con sanciones, con multas, pues este tipo de ideas y este tipo de iniciativas por supuesto que podrían funcionar, pero en México, en este México no funciona.
Y para ejemplos tenemos también muchos. El huachicol fiscal de 600 mil millones de pesos, el descargamiento del Tren Interoceánico, el incendio de la refinería Dos Bocas, el derrame en pasados días de petróleo en el Golfo de México.
Nosotros, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional decimos que sí a la inversión, que sí a la infraestructura, sí al desarrollo, sí al apoyo a los estados y a los municipios, sí al crecimiento y a las asociaciones público-privadas y a los fideicomisos. Pero, todo esto con controles claros, con transparencia, con fiscalización, con rendición de cuentas y sobre todo sin corrupción.
En el PAN vamos a votar en contra, porque de nueva vez y de nueva cuenta les decimos que ya no les creemos, ya no les creemos porque después de siete años que este gobierno ha solapado la corrupción y la impunidad es imposible darles otra vez la confianza de la gente. Por eso decimos no a la ley con discrecionalidad. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Partido Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Martha Olivia García Vidaña: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Martha Olivia García Vidaña: Compañeras y compañeros legisladores, lo que hoy discutimos es una decisión de fondo que tendrá efectos directos en el desarrollo nacional, lo que aprobemos impactará de manera concreta en el crecimiento económico, en el empleo y las oportunidades de millones de mexicanos y mexicanas.
México enfrenta grandes retos en materia de infraestructura, pero también vive un momento histórico de transformación donde el desarrollo económico debe de ir acompañado necesariamente del bienestar social.
Hoy tenemos la responsabilidad de consolidar un modelo de inversión que sea eficiente, ordenado y orientado a cerrar brechas de desigualdad y es precisamente en ese contexto donde cobra relevancia el dictamen que hoy discutimos.
Por ello, fijo con claridad mi posicionamiento a favor del presente dictamen, porque no se trata de una ley más, sino de una herramienta jurídica para impulsar el desarrollo nacional y con una visión de Estado.
Los datos son contundentes: en México, el 32 % de la red carretera requiere mejoras continuas, lo que limita la competitividad y encarece en materia hídrica. Cerca de la mitad del agua para uso agrícola se pierde por la falta de infraestructura.
Y el modelo anterior de inversión dejó resultados preocupantes: el 85 % de los proyectos fueron renegociados y el 40 % generaron pasivos contingentes sin fuente de pago claro. Estos datos no son solo cifras, son desigualdad, son atraso y son oportunidades que no han llegado a millones de personas.
Frente a ello, este dictamen propone un cambio de fondo, un modelo nuevo de desarrollo que pone en el centro la rectoría del Estado, la planeación estratégica, la participación ordenada del sector privado y sobre todo el bienestar de la población.
¿Qué estamos aprobando? Un nuevo andamiaje institucional que permitirá crear vehículos de propósito específico para financiar proyectos estratégicos, establecer esquemas de participación mixta con reglas claras, constituir un consejo de planeación estratégico que dé rumbo a la inversión y fortalecer la disciplina fiscal con mecanismos de control, evaluación y transparencia.
Esto es clave: sí a la inversión, pero con reglas; sí a la participación privada, pero sin perder la rectoría del Estado. El impacto es claro y medible: se proyecta movilizar 5.6 billones de pesos en infraestructura entre el 2026 y el 2030.
La inversión crecerá de 23 mil millones a 590 mil millones de pesos. Se generará aproximadamente 150 mil empleos directos y se beneficiará a más de 14.2 millones de personas en sectores como agua, salud, energía y carreteras. Esto es una transformación económica con impacto real.
Este dictamen también responde a los grandes retos del país. El nearshoring, que exige infraestructura moderna y competitiva, el cambio climático que obliga a construir infraestructura resiliente y la desigualdad territorial que demanda inversión donde históricamente no ha llegado.
Como diputada federal por Durango lo digo con firmeza: nuestros estados necesitan infraestructura carretera que conecte comunidades, que lleve agua, que detone inversión y que genere empleo.
Esta ley representa más oportunidades para el país y más desarrollo regional. Además, este dictamen fortalece la responsabilidad hacendaria, no compromete las finanzas públicas, fortalece la planeación, mejora la evaluación de proyectos y garantiza un uso eficiente, transparente y responsable de los recursos.
Porque en esta transformación tenemos claro algo: no hay desarrollo sin responsabilidad fiscal, pero tampoco hay bienestar sin inversión pública.
Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de dar un gran paso a un México con infraestructura moderna, incluyente y al servicio de la gente. Por ello, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen, porque reduce desigualdades, porque genera empleo, porque fortalece la soberanía y porque construye el México del futuro. Hoy votamos para que la infraestructura deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, porque estamos del lado del pueblo, del lado del desarrollo y del lado de la transformación de México. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos el uso de la palabra al diputado Yerico Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Yerico Abramo Masso: Muchas gracias, presidenta, una de la mañana con treinta y tres minutos. Me da muchísimo gusto estar debatiendo esta ley con todas y con todos, compañeras y compañeros legisladores.
Desde ayer en la comisión, yo les decía que esta ley buscaba, tenía una buena intención, hacer que el sector privado empiece a hacer coinversiones con el sector público para detonar el desarrollo económico del país, lo cual, la presidenta de la República lo dijo en la Comisión Nacional Bancaria, en Cancún, el pasado fin de semana. Así es, mi querido Mario.
Qué bueno que se tome el fideicomiso como una posibilidad transparente de poder garantizar que la inversión llegue a detonar carreteras, termoeléctricas y muchas otras obras que sirvan para la comunicación y el mejoramiento de la movilidad en el país.
Urge el crecimiento económico para generar empleos y reducir marginación social y pobreza, pero yo quisiera agregar algunas cosas a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Vuelvo a insistir: estoy convencido de que era necesario empezar ya a abrir una puerta a la inversión mixta. Y qué bueno que el actual régimen está reconociendo que lo tenía que hacer, pero hay cosas que se quedaron pendientes que pongo como riesgos y lo digo como lo dije en la mañana en la comisión: con total conocimiento de causa y el mayor de los respetos para que podamos redirigir el dictamen y podamos hacerle algunos cambios.
Primero, se elimina el gasto corriente de los programas sociales. Así dice el documento; no lo digo yo. Segundo, se crea un nuevo régimen presupuestario diferente con contratos de inversión estratégica y registro conforme a las preferencias presupuestales.
Dos, se autoriza el inicio de procedimientos de contratación sin suficiencia presupuestal. Y esto es un riesgo, compañeras y compañeros legisladores, porque nos puede llevar a hacer una obra que no tenga un respaldo presupuestal y, al final, tu socio, el socio del gobierno, el inversionista, va a tener que absorber parte del riesgo de la no planeación del ejercicio presupuestal del gasto.
Otra de las cosas que se podrían mejorar, compañeras y compañeros legisladores, es que no hay una figura técnica imparcial. Aunque se habla de crear un consejo que mandará el Ejecutivo federal y que estará integrado por diferentes secretarías de la Presidencia de la República... perdón... no se está obligando a que se tengan técnicos financieros, técnicos en materia energética, técnicos en materia ambiental o de movilidad, para poder garantizar que la toma de decisiones en la creación de nuevos proyectos, quienes vayan a arriesgar capital con el gobierno, puedan hacerlo con una mayor holgura o con una mayor confianza de quienes van a ser sus próximos años para los 20, 30 o 40 años que dure esa sociedad o coparticipación.
El Ejecutivo, por medio del comité de análisis y del consejo de planeación, van a tomar las decisiones directas sobre las inversiones a destinar, compañeras y compañeros legisladores.
Se crea un nuevo régimen presupuestario totalmente diferenciado a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y es importante, compañeras y compañeros legisladores, que podamos hacerle esos adendum. Si se los hacemos, les aseguro que el Grupo Parlamentario del PRI, festeja, reconoce que haya la intención de cambiar una ley para que se pueda detonar el crecimiento económico en México, que es lo que más queremos.
Al PRI le interesa que a México le vaya bien. Al PRI y a todos los partidos políticos nos interesa que haya empleo, paz, tranquilidad y Estado de derecho, por eso es importante que podamos hacerle los ajustes antes de votarlo.
Incluyamos la transparencia. Incluyamos que el régimen presupuestal tenga transparencia en el ejercicio del gasto. Incluyamos que el Comité de Ejecución Técnico tenga voces de especialistas en la materia. Incluyamos, compañeras y compañeros legisladores, que la Cámara de Diputados pueda supervisar año con año el desenvolvimiento y el comportamiento de estas sociedades mixtas, público-privadas, esto va a permitir que la gente confíe en todas y todos nosotros y vea que el Legislativo hace su trabajo de auditoría y de supervisión del gasto público.
Reconozco a quienes trabajaron de forma seria en la construcción de esta ley y con la mejor intención, a don Alfonso Ramírez que lo escuché en la mañana, hizo un buen reconocimiento de esta ley. A mi querido Carol Altamirano. Y a todos los que construyeron y aportaron.
Sé que construir una ley no es fácil, no es fácil, pero se puede construir mejor. Sé que hay a veces quienes inciden y presionan, pero la intención del PRI es que podamos redirigir el camino jurídico y cambiarle las cinco fallas técnicas que tiene, para darle transparencia, eficiencia y, sobre todo, paz a los mexicanos, que van a ver en esta ley un desarrollo de la inversión pública y privada en nuestro país. Ya no queremos que suba el presupuesto de manera irresponsable...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Yerico Abramo Masso: ... queremos que suba con responsabilidad y con inversión mixta, para que sean empleos bien remunerados y que duren por muchos años, que sea por el bien de México.
Amigas y amigos legisladores, si hacemos los cambios que acabo de mencionar, el Grupo Parlamentario del PRI podrá acompañar a favor esta ley. Si no los hacemos, vamos a tener que votar en contra. Muchas gracias. Y es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos la palabra al diputado Wblester Santiago Pineda, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Wblester Santiago Pineda: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Wblester Santiago Pineda: Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Me dirijo a esta soberanía para defender un proyecto que marca un antes y un después en la historia moderna de nuestra economía, el dictamen de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, y adelantamos que el Partido del Trabajo votará a favor.
Esta iniciativa, impulsada con visión de Estado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no es simplemente una reforma técnica, es un cambio de paradigma que entierra de una vez por todas el modelo fallido de la privatización neoliberal.
Durante décadas nos dijeron que para que el país creciera, el Estado debía hacerse a un lado. El resultado fue el despojo, una infraestructura entregada a manos privadas, riesgos asumidos por el pueblo y ganancias capturadas por unos cuantos.
Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta, recuperamos la brújula. Esta ley consagra la rectoría del Estado basada en el artículo 25 constitucional, garantizando que el desarrollo nacional sea integral, sustentable y, por encima de todo, sobre todo, un Estado soberano.
Es fundamental dejarlo claro para que no haya espacio a la manipulación de la derecha, esta no es una reforma regresiva ni neoliberal. Al contrario, es una iniciativa profundamente progresista y en favor del pueblo de México.
A diferencia de las viejas Asociaciones Público-Privadas, las famosas APP, donde el Estado regalaba la propiedad y perdía el control, este nuevo modelo dictamina que la propiedad de la infraestructura pertenece y pertenecerá siempre a esta nación.
Aquí no se entrega el patrimonio de nuestros hijos. Aquí el capital privado y social actúa como socio o contratista bajo reglas estrictas, obligados a cumplir con niveles de servicio medibles y una distribución de riesgo justo.
Escuchen bien, esta no es una ley de endeudamiento diferido, no venimos a repetir las irresponsabilidades del pasado que hipotecaron el futuro de las siguientes generaciones. Los gobiernos neoliberales convirtieron la inversión en deuda pública oculta, nosotros estamos creando un esquema de disciplina institucional.
La ley introduce los vehículos de propósito específico y reforma la Ley Federal de Presupuesto para que todo pasivo sea transparente. No habrá cheques en blanco, cada proyecto deberá superar ocho evaluaciones técnicas y financieras rigurosas. Desde la rentabilidad social, hasta el impacto ambiental. Antes de ver la luz estamos blindando las finanzas públicas contra la corrupción y la ineficacia. Este marco jurídico se enfoca en donde más duele y donde más se necesita, un plan de inversión ambicioso de 5.6 billones de pesos.
En el sector energético vamos por 30 mil megawatts adicionales, y la transición hacia fuentes renovables. La evidencia es clara, cuando el Estado participa como socio genera confianza, por eso los esquemas mixtos atraen hoy 20 veces más proyectos que los esquemas puramente privados de antaño.
En el transporte y logística estamos construyendo la red multimodal que el nearshoring exige. Con contratos de hasta 40 años para corredores transístmicos y obras binacionales. Consolidamos a México como una potencia.
En el sector hídrico atendemos una emergencia nacional, mientras que el neoliberalismo abandonó al agua por no ser comercialmente rentable. Esta ley faculta a la Banca de Desarrollo para intervenir en zonas marginadas, porque para este gobierno el acceso al agua no es un negocio, es un derecho urbano...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Wblester Santiago Pineda: ...que el Estado tiene la obligación de garantizar. Compañeras y compañeros, la aprobación de esta ley es un instrumento legal para someter la inversión a los objetivos de la prosperidad compartida. No estamos haciendo concesiones al mercado, estamos recuperando la capacidad del Estado para planear, ejecutar y transformar la realidad de las familias mexicanas. Es hora de legislar para el pueblo...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Wblester Santiago Pineda: ... protegiendo nuestra soberanía y asegurando que el desarrollo de México no sea un botín, sino un legado de bienestar para todos y todas. Por la soberanía nacional, el futuro de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuento, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen hasta por cinco minutos.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Ya vimos esta historia y terminó en sobrecostos, fallas y tragedias. Honorable Asamblea, seamos claros, directos y sin rodeos. No estamos discutiendo una nueva ley. México está a punto de repetir un error. Un error que ya vimos, un error que ya vivimos y, lo peor, un error que estamos pagando, porque, cuando escucho este dictamen, cuando leo sus artículos, cuando reviso su lógica financiera, no veo innovación. Veo un déjà vu. Nos dicen que es inversión estratégica, nos dicen que es desarrollo con bienestar, nos dicen que no es deuda, pero eso mismo nos dijeron hace unos años y el resultado está a la vista de todos.
Ahí está el Tren Maya, ahí está la refinería Dos Bocas, ahí está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y lo más grave no son solo los sobrecostos, son las consecuencias, porque, cuando se construye sin planeación, cuando se improvisa, cuando se prioriza la narrativa política sobre la técnica, pasan cosas.
Ahí están los accidentes en el sistema de transporte, las fallas estructurales, los problemas operativos que aparecen a los pocos años o incluso a los pocos meses. Y, entonces, yo pregunto: ¿De verdad queremos repetir ese modelo, pero ahora elevado a ley? Porque este dictamen hace algo todavía más peligroso, institucionaliza el riesgo, permite contratar sin tener dinero, permite comprometer presupuestos por 40 años, permite diferir pagos hacia gobiernos futuros y, además, protege esos gastos incluso si el país está en crisis. Es decir, lo que antes era mala práctica hoy quieren convertirlo en política pública.
Seamos honestos, esto no es ley, esto no es una Ley de Infraestructura, es una ley que abre la puerta a endeudar al país sin decir la palabra deuda. Porque cuando tú firmas, contratas a 30 o 40 años, cuando comprometes pagos que otros gobiernos tendrán que cubrir, cuando garantizas rentabilidad privada con recursos públicos, no importa cómo los maquilles, eso es deuda. Y lo más preocupante es deuda sin límite.
Aquí hay evaluaciones, sí, pero sin consecuencias reales. Evaluar no es controlar, transparentar no es limitar y reportar no es corregir. Y, mientras tanto, el riesgo crece. Porque si algo nos enseñaron las obras del sexenio pasado es esto: primero se subestima el costo, luego se ajusta el presupuesto, después se justifica el sobrecosto y al final el país paga. Siempre paga y ahora quieren que ese mismo modelo no dependa de decisiones políticas aisladas, sino que quede escrito en la ley. Eso no es avanzar, eso es legalizar el error.
No nos equivoquemos, no estamos en contra de la inversión, no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de hacerlo sin control, sin límites y sin responsabilidad, porque el verdadero desarrollo no se mide en kilómetros de día ni en toneladas de concreto. Se mide en sostenibilidad, en eficiencia y en resultados reales para la gente.
Y hoy lo que este dictamen propone es exactamente lo contrario: comprometer el futuro para justificar el presente. Por eso, desde esta tribuna lo digo fuerte y claro: México no necesita más megaproyectos sin control. México necesita reglas claras, límites firmes y responsabilidad fiscal. Porque si no aprendemos de los errores recientes, estamos condenados a repetirlos. Pero esta vez con respaldo legal y eso, compañeras y compañeros, no sería un error, sería una irresponsabilidad histórica.
No estamos frente a una ley de inversión, sino frente a un mecanismo sofisticado de endeudamiento diferido que compromete las finanzas de las próximas generaciones sin reconocerlo como tal. Por eso Acción Nacional votará en contra. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Cedemos el uso de la palabra al diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Partido Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas: Siempre con el respeto que me merece el pueblo de México. A las y los diputados presentes y también a la gran mayoría de los ausentes, decirles que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, no es cualquier cosa.
Compañeras y compañeros, el día de hoy nos genera una reflexión más que un conflicto de intereses, reconocer con conciencia que este proyecto es la simiente de una propuesta que viene a generar un parteaguas. Hoy nos encontramos ante una discusión de gran relevancia porque hoy se tiene la visión de gobierno para lograr sacar adelante lo que efectivamente aquí se ha venido a decir que lo que en años anteriores se sembró en abundancia se generó.
Y se generó corrupción, y esa corrupción ha generado inseguridad de inversión, pero que esta propuesta hoy viene para generar la certeza jurídica legal que habrá de quedar establecida con letras para generar el desarrollo económico de nuestra nación.
Sí, el desarrollo económico que sirve para generar el bienestar social a través de estas empresas que se llamaban de inversión público-privadas y que hoy viene a generar el esquema de participación mixta a propuesta de esta gran mujer que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la comandante en jefe de nuestra nación.
Hoy con esta visión viene a reforzar para generar seguridad de inversión, sí en un proyecto de inversión por parte del Estado, por parte de inversión pública, pero que es la misma, pero también por parte de inversión privada, de inversión social.
Sí, quiero decirles a las y los diputados que hoy quedará establecido quién quiere el desarrollo de México y quién quiere seguir sumiendo en estancamiento a través de lo que en un principio se generó, pero solo sirvió para generar corrupción, oscuridad y licitaciones opacas.
Hoy nos encontramos aquí para generar la transparencia de esos recursos del Estado y que habrán de traer una constitución de desarrollo social, pero además de desarrollo económico.
Con estos 5.6 billones que habrán de impactar a nuestra nación en esta inversión, habremos de dejar una simiente al 2030 para que sirva como ejemplo de lo que nunca se llegó a hacer. Así que hoy les invito a las diputadas y a los diputados presentes que tengan la consciencia de por qué habrán de votar esta iniciativa porque es la que habrá de generar el biestar social en un futuro.
Apoyar esta ley es apostar por México, con crecimiento económico, pero también con justicia social. Es respaldar un modelo donde el desarrollo no excluye, sino que entrega; la inversión no se concentra en unos cuantos, sino que se distribuye con sentimiento y sentido de equidad.
Por ello, con convicción y responsabilidad, anuncio mi voto a favor de esta reforma; y también sé perfectamente que el Grupo Parlamentario de Morena hará lo propio, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas: ...y los demás diputados y diputadas que han generado consciencia para sembrar en esta nación. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientmeente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señore presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Suficientemente disctutido. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado diversas propuestas de modificación de la Ley para el Fomento de la Inversión e Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, a los artículos 1, 7, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 35, 40, 55, 57, 60, 65, 66, 67, 71, 73, 78, 80, 85, 88, 113, 114, 120, 125, 126, 130, 131 y 140; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los artículos 2, 16, 17, 21, 32, 34 y 35 Bis, así como al artículo noveno transitorio.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: En consecuencia, se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico... Permítame. Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 359 votos en pro, 80 votos en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado en lo general por 359 votos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su reserva de modificación, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, primero, quiero reconocer el trabajo de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, en especial del diputado Carol Antonio Altamirano, que por su conducción ha sabido encauzar el debate plural, donde todos los grupos parlamentarios hemos llevado un debate jurídico, político, técnico, lejos de las descalificaciones personales y eso habla muy bien de la calidad de la Comisión de Hacienda.
Presidenta, Kenia López Rabadán, quien suscribe, en fundamento con el Reglamento de esta Cámara de Diputados, solicito someter a consideración del pleno reserva al transitorio noveno del dictamen en discusión, que a su letra dice: los proyectos de inversión en infraestructura estratégica que se desarrollen al amparo de la presente ley, deberán sujetarse en todo momento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la federación aprobado por la Cámara de Diputados y a los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin que la aplicación de esta ley implique la autorización de recursos ni la asunción de obligaciones financieras fuera de los límites establecidos en el marco jurídico vigente.
Justificación de la reserva. Dicha disposición resulta innecesaria desde el punto de vista jurídico, dado que la redacción de una norma que resulta implícita o explícitamente redundante en algún dispositivo existente, vulnera la técnica legislativa y los principios de economía normativa, claridad y sistematicidad de los textos legales, y genera problemas de interpretación armónica e interpretación conforme, así como la coherencia interna y externa de todo ordenamiento normativo, aunado al riesgo de duplicidad y antinomias, por las siguientes razones:
Redundancia. El transitorio noveno no introduce obligación, prohibición ni consecuencia jurídica alguna que no esté ya expresamente establecida en el cuerpo normativo de la propia ley.
En rigor, constituye una redundancia normativa, una reiteración innecesaria de lo que la ley ya señala de manera expresa, clara y suficiente al menos en 13 disposiciones. Los artículos 1, 2, 6, 20, 22, 26, 31, 42, 45, 61, 80 y 81, el transitorio noveno repite literalmente lo que estos 13 artículos ya establecen. No añade un solo elemento normativo nuevo. Es, en sentido estricto, una redundancia normativa que en técnica legislativa debe evitarse para que no genere efectos jurídicos adicionales y sí genere riesgos interpretativos.
Segunda. La inclusión de una disposición declarativa que reitera la sujeción a la Constitución, a la ley, genera un riesgo interpretativo serio. El argumento a contrario sensu, si esta ley necesita un transitorio para declarar que se sujeta a la Constitución, significa que las leyes que no contengan esa declaración ¿no están sujetas? Evidentemente no. Toda ley se sujeta al orden constitucional con independencia de lo que declare o no.
Tercera. Los artículos transitorios tienen un objeto por regular, la entrada en vigor, la transición normativa, la aplicación temporal de disposiciones, la abrogación de ordenamientos anteriores a la emisión de regulación secundaria. No debe utilizarse para reiterar principios generales del orden jurídico ni para reformular obligaciones que ya existen en el cuerpo normativo de la propia ley.
Los ocho transitorios restantes del dictamen cumplen con funciones sustantivas: entrada en vigor, emisión del reglamento, emisión de lineamientos, instalación del consejo, primera sesión, adecuaciones administrativas, régimen de proyectos en curso. El noveno es el único que no regula una transición, genera una consecuencia jurídica, solo reitera lo que ya dice la ley.
Cuarta. En términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, particularmente en lo dispuesto por sus artículos 32 y 50, los compromisos plurianuales, los proyectos de inversión y los esquemas de financiamiento deben sujetarse en todo momento a disponibilidad presupuestaria, a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la autorización correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quinta. La buena técnica legislativa exige economía normativa, cada disposición debe tener un propósito específico y generar consecuencias jurídicas completas. Las disposiciones que solo reiteran que ya es obligatorio debilitan la calidad del ordenamiento.
Y sexta. En la medida en que se considere necesario desarrollar aspectos operativos relativos a la coordinación interinstitucional, la estructura financiera de proyectos o la armonización con el marco presupuestario, estos corresponden al ámbito de las disposiciones reglamentarias o administrativas que, en su caso, se emitan para la correcta aplicación de la ley. Que conforme al transitorio segundo, se prevé la emisión del reglamento dentro de los 180 días siguientes a la promulgación del dictamen.
Propuesta concreta. En consecuencia, todo lo anterior se considera jurídicamente procedente. Eliminar el transitorio noveno, adicionado en el dictamen de comisiones, toda vez que:
1. Su contenido ya está previsto en al menos 13 veces en el cuerpo normativo de la propia ley.
2. Constituye una redundancia normativa que no genere efectos jurídicos adicionales.
3. Genera riesgo de interpretación a contrarios en su respecto en otras leyes.
4. No cumple la función técnica de los artículos transitorios.
5. El marco constitucional y la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya garantiza la sujeción que pretenden declarar.
6. Sienta un precedente de sobrerregulación declarativa.
7. Los aspectos operativos pueden regularse en el reglamento pertinente.
Sin perjuicio de lo anterior, la eliminación del transitorio noveno no modifica en absoluto el régimen de responsabilidad hacendaria, ni la sujeción de los proyectos a la Constitución, ni a los criterios de sostenibilidad fiscal en los cuales se mantienen plenamente vigentes.
A consecuencia de todos los razonamientos anteriores, es que les pido voten a favor la presente reserva. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta. Por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Por tanto, se admite a discusión y vamos a oradores en pro y en contra. Se han registrado para hablar en pro de la reserva el diputado Roberto Armando Albores Gleason. Adelante, diputado.
El diputado Roberto Armando Albores Gleason: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la reserva que se ha presentado tiene un propósito muy concreto, eliminar el transitorio noveno del dictamen no porque estemos en desacuerdo con su contenido, sino porque ese contenido ya está en la ley, en al menos 13 de sus artículos.
Los artículos 1, 2, 6, 20, 22, 26, 31, 33, 42, 45, 80 y 81 de esta ley establecen cada uno por separado y con toda claridad que esta ley, subrayo, no es fuente autónoma de asignación presupuestaria, que no autoriza gasto, que no genera deuda, que no crea compromisos financieros fuera del marco jurídico vigente y que todo se sujeta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Permítanme citar solo tres:
El artículo 1 dice textualmente, la presente ley no puede interpretarse como fuente autónoma de asignación presupuestaria, autorización de gasto, contratación de financiamientos, otorgamiento de garantías ni de asunción de obligaciones financieras.
El artículo 2 dice: sin que los mecanismos de inversión puedan dar lugar por sí mismos a la asunción de compromisos financieros, presupuestarios o patrimoniales distintos a los expresamente autorizados.
Y el artículo 22 dice: no constituye por sí misma fuente autónoma de asignación presupuestaria, endeudamiento, otorgamiento de garantías ni asunción de compromisos financieros por parte del Estado. Y así, en 10 artículos más.
El transitorio noveno repite exactamente eso, no añade una sola palabra nueva, no genera un solo efecto jurídico adicional, es una redundancia normativa que debilita la transición de la técnica de una ley que en todo lo demás es impecable, pero además el marco jurídico vigente ya lo garantiza de manera independiente.
Los artículos 32 y 50 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obligan a que todo compromiso plurianual se sujete a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de esta soberanía. La Ley de Ingresos determina anualmente el endeudamiento autorizado. Y el artículo 133 constitucional establece la jerarquía normativa que hace obligatorio el cumplimiento de la Constitución y las leyes federales, sin necesidad de que cada ley lo declare.
Y hay un riesgo real, como comentaba el expositor de la reserva, el argumento a contrario sensu. Si esta ley necesita un transitorio para declarar que se sujeta a la Constitución y a la Ley de Presupuesto, preguntamos qué pasa con las leyes que no tienen esa declaración.
¿Acaso la Ley de Caminos no se sujeta a la Constitución? ¿La ley del sector eléctrico no se sujeta a la Ley del Presupuesto? Por supuesto que sí, todas lo hacen sin necesidad de un declaratorio de un transitorio, pero incluir esta declaración aquí y no en los demás abre la puerta a interpretaciones que nadie quiere.
Los artículos transitorios tienen una función específica: regular la entrada en vigor, la transición normativa, la emisión de reglamentos. Los ocho transitorios restantes de este dictamen cumplen esa función.
Compañeras y compañeros, eliminar este transitorio no cambia absolutamente nada en el régimen de responsabilidad hacendaria, no debilita un solo control, no abre un solo espacio fiscal. Los 13 artículos que ya lo dicen siguen vigentes con toda su fuerza. Lo que sí hace es eliminar este transitorio, es fortalecer la técnica legislativa de una ley histórica y evitar un precedente de sobrerregulación declarativa que obligara por coherencia a hacer lo mismo en toda ley que regule inversión pública. Amigas y amigos, solicito el voto a favor de esta reserva. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo. Adelante, diputada.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Con su venia, presidenta. El problema que tenemos no solo es en... Detén tantito el reloj.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame un segundo, diputadas. Si son tan amables de iniciar el reloj, por favor. Muchas gracias. Adelante, oradora.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Sí, muchas gracias. El problema de quitar a estas alturas, en este momento del proceso legislativo es precisamente en la sospecha en la que caemos parte de la gran discusión que tenemos es precisamente que este dictamen favorece la discrecionalidad.
Entonces, si la preocupación es que favorece la discrecionalidad, la manipulación y que este no es un nuevo andamiaje para el bien común ni es un nuevo modelo de desarrollo, sino, digamos, es su propia economía circular como ustedes la entienden, que es entre los cuates y las familias y la nueva élite, etcétera. Esa es la preocupación. Si ustedes quitan el transitorio, lo único que hace pensar es que lo que están eliminando pues es el límite al poder.
Y miren, el derecho no solo es una manera de tener un instrumento en donde podamos resolver nuestras controversias, el derecho también frente al poder poner límites y por eso es tan importante el principio de legalidad.
Y uno de los problemas de este dictamen es que no es una herramienta jurídica para la infraestructura, en realidad está siendo una herramienta, un instrumento para el Estado mexicano, para que desde el poder haya manos libres discrecionales en todo lo que significa proyectos, megaproyectos, presupuestos, préstamos. Esa es nuestra preocupación. Y cuando quitan este transitorio, lo único que nos están diciendo es la intención que tienen con la ley.
Lo que abunda no daña. ¿Cuál es el problema que volvamos a decir, de acuerdo a lo que la iniciativa presentó y el dictamen sobre el cual ustedes tienen una inmensa mayoría, pues diría que esto se sujeta a la Constitución y a la ley? Lo que abunda no daña y no tiene ningún problema en que lo dejemos, pero sí en que lo quitemos.
Si así venía la iniciativa, si así llegó a la comisión, si así se aceptó el dictamen, pues lo único que está haciendo es reiterar el límite al poder y a ese poder que sí le está dando demasiada discrecionalidad en la propia ley.
Es que a mí realmente me parece sospechoso que en este momento ustedes justamente estén quitando, estén quitando los límites a las decisiones cuando se trata de una ley que permite hasta contratar sin presupuesto alguno. Esta condición que ahora les da por tener una técnica legislativa, bueno, realmente pura respecto de los transitorios, en donde los transitorios incluso han quitado derechos adquiridos, pues bueno, en este caso un transitorio que obliga a respetar la ley, solicitamos que se quede como está.
De lo contrario lo que ustedes están calificando es su propia acción, están avisando la intención de no abundar en que una ley, en que una decisión de autoridad, en que las propias facultades del Ejecutivo estén limitadas al derecho, a la Constitución y las leyes. Si queremos buena fe, si quieren presumir buena fe sostengan este transitorio. Es todo. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del PRI.
El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidente. Seré muy breve por las horas, las altas horas en las que estamos, pero hay un viejo dicho popular que dice a confesión de parte relevo de prueba. El artículo transitorio que hoy se pretende eliminar no venía en la iniciativa original.
Es un transitorio que surge de la inquietud de todos los grupos parlamentarios. Es una inquietud legítima sobre una de las facultades principales que tiene este Congreso y a la que no debemos renunciar y es justamente el control constitucional que debe tener de manera exclusiva la Cámara de Diputados en materia presupuestaria.
Varias pláticas, varias discusiones con colegas, incluso en el transcurso de la sesión de la mañana había o se dio una propuesta por parte de un compañero del Grupo Parlamentario del Partido Verde, que ya no supe si presentó o no presentó la reserva. Pero, tenía que ver con la importancia, como ejemplo, de que integrantes de la Cámara de Diputados tuvieran participación en el Consejo de Planeación Estratégica.
La propia iniciativa que en su oportunidad presentó el diputado Ramírez Cuellar, ampliaba el espacio de participación, no necesariamente al Congreso, sino con expertos externos y lo que ha reflejado la iniciativa es lo que nosotros hemos criticado constantemente, concentración de poder, decisiones centralizadas, eliminación del federalismo, pero lo peor de todo es eliminar de un plumazo la participación de la Cámara de Diputados en una facultad central, que es el control constitucional, al que no debemos renunciar en ningún momento sobre el Ejecutivo federal.
Y déjeme darle lectura para ser precisos de qué es lo que estamos eliminando. El artículo noveno transitorio señalaba, o señala, el que se planteó, el artículo transitorio que construimos aquí en la Cámara de Diputados: Los proyectos de inversión en infraestructura estratégica que se desarrollen al amparo de la presente ley deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –control constitucional–, la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria –responsabilidades de la Cámara de Diputados–, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados –responsabilidad de la Cámara de Diputados– y los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas.
Lo que quiere decir en los hechos, con la eliminación de este transitorio, es que no quieren que nosotros veamos y estemos participando en un proceso que es o debería ser...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame, orador.
El diputado Emilio Suárez Licona: Sí.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Doring, está solicitando el uso de la palabra, ¿con qué objeto?
El diputado Federidco Döring Casar: Sí, presidente, por su conducto, consultar al orador si me acepta una pregunta cándida.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Acepta usted una pregunta?
El diputado Emilio Suárez Licona: Sí.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante. Un minuto para la pregunta.
El diputado Federidco Döring Casar: Sí. Con candidez le pregunto, diputado: Entiendo bien por su exposición, corrígame, si estoy en lo incorrecto, que está usted compartiéndole a la asamblea y a la opinión pública que lo único que aportó esta Cámara es lo que está mutilando Morena. ¿Es así, diputado?
El diputado Emilio Suárez Licona: Es correcto, porque además debo decirlo, que de manera muy generosa los integrantes de la bancada de Morena en la comisión compartieron esta preocupación para no quedar al margen de la discusión de un proceso que es, lo decía yo, muy importante, que es buscar que el país le vaya bien, que el país tenga crecimiento económico, que el país tenga productividad.
Evidentemente, votaremos en contra de la eliminación de este transitorio porque fue la única posibilidad de participar con un transitorio que, además lo digo de manera clara, la precisión, aunque sea en un transitorio, la ratificación, aunque sea en un transitorio, de las facultades de control constitucional que tiene esta Cámara de Diputados sobre el Ejecutivo, desde mi punto de vista, no debemos renunciar a ellas.
Yo los invito a la reflexión, a que una propuesta que se construyó desde la Cámara de Diputados, no renunciemos por un telefonazo donde nos quieren excluir del futuro y de las decisiones que más les convengan a los mexicanos en materia de inversión pública. Gracias, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Para hablar en contra también, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Con su permiso, presidente. ¿De cuándo a acá le molesta a un diputado que haya referencias de cumplimiento de la Constitución, referencias de cumplimiento de la ley, referencias de cumplimiento a los presupuestos? ¿De cuándo a acá le molesta al oficialismo que se haga cumplimiento normativo?
Este artículo medianamente limitaba la discrecionalidad y el autoritarismo del régimen. Eliminar este artículo transitorio es completamente ya un cinismo total. Si de por sí la ley promueve proyectos sin suficiencia, eso ya es completamente irresponsable.
Endeudar de manera tramposa es reprobable. No tomar en cuenta a estados y municipios para las decisiones de proyectos es romper con el espíritu federalista.
Crear un consejo que va a decidir qué proyectos se hacen, cuáles pasan y cuáles no, de manera discrecional, cuánto recurso se va a comprometer sin ningún tipo de control, cuántos años se tendrán de deuda diferida de hasta 40 años, con quién se va a asociar el gobierno. Con los amigos de Andy, con los amigos de Adán Augusto.
De por sí es peligroso que se permita ya de manera discrecional tomar las Afores de los trabajadores, sin certezas y con riesgos inadmisibles. Y aquí quisiera, presidente, una moción de ilustración para que se lea exactamente qué es lo que se pretende eliminar del dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Solicito a la Secretaría, por favor, que dé lectura a la reserva, entiendo...
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Sí, por favor.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ... que es lo que pide el orador.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Sí, por favor.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Por favor, desahogue la solicitud.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Que elimina el artículo noveno transitorio. Dice: Se elimina. Texto del dictamen: Noveno. Los proyectos de inversión en infraestructura estratégica que se desarrollen al amparo de la presente ley deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y a los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin que la aplicación de esta ley implique la autorización de recursos ni la asunción de obligaciones financieras fuera de los límites establecidos en el marco jurídico vigente. Es cuanto.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Eliminar este artículo noveno transitorio es ya tener de plano un régimen alterno a las leyes, a las normas y a la disciplina presupuestal, es crear un esquema exclusivo y privilegiado sin controles, perder el control normativo, crear un esquema supra legislativo, quitar facultades a este Congreso, quitar facultades a la aprobación presupuestal. Es una renuncia expresa a las facultades legislativas. Este esquema es especial, no cumple con leyes, no cumple con criterios presupuestales. Es completamente un cheque en blanco sin controles. Es un descaro total.
Esta reserva la bautizamos como la reserva Varguitas. ¿Les estorba la Constitución? Quítenla. ¿Les estorba la ley? Desháganse de ella. ¿Les estorba el Presupuesto? Ya no lo aprueben. ¿Les estorba el Congreso? Disuélvanlo. ¿Les estorban los diputados que aprueban Presupuestos? Que ya no existan. ¿Les estorba el Poder Legislativo? ¿Les estorba este transitorio? Arránquelo, Varguitas. Eso es lo que está promoviendo Morena, la ley de Herodes. Es un sistema supralegal, un sistema supraconstitucional.
El PAN, el PAN no puede renunciar a la aplicación de la Constitución. El PAN no puede renunciar a la aplicación de la ley. El PAN no renuncia a fiscalizar. El PAN no renuncia a aprobar los presupuestos. Por eso, porque son Varguitas, estamos en contra. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se pregunta si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Suficientemente discutida. Consulte ahora la Secretaría, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Continuamos con el desahogo de las reservas. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del PAN.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Compañeros y compañeras legisladores, lo primero que hay que decir y hay que decirlo con claridad, es que este dictamen parte de una confesión. Sí, de una confesión del propio gobierno, porque los antecedentes reconocen que el sistema de infraestructura en México no ha funcionado como debería.
Nos dicen que el 85 % de los proyectos tuvieron que renegociarse sin criterios claros, que más de 200 proyectos fueron abandonados, tirando entre 4 mil y 6 mil millones de pesos, es decir, el propio gobierno reconoce que hubo desorden, improvisación y costos ocultos. Pero, además, hay algo que no podemos ignorar. Han tenido más de siete años gobernando y la infraestructura del país sigue rezagada, y estos culpando al pasado.
Un dato que no podemos dejar pasar. El propio dictamen reconoce que, en el 2025, la inversión pública cayó el 28 % en términos reales, la peor caída en tres décadas. Y ahora ¿qué nos dicen? Que van a detonar un plan de 5.6 millones de pesos con más de mil 500 proyectos, y que en un solo año van a meter 722 mil millones de pesos adicionales.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Cómo pasamos de una caída histórica en inversión a pretender administrar uno de los programas más grandes en la historia del país?
También el dictamen contempla utilizar el ahorro de los trabajadores. Sí, de las Afores, que administran más de 6 billones de pesos de 73 millones de mexicanos. Eso va a ser parte del financiamiento.
Esto significa canalizar con riesgos entre 1.2 y 1.5 billones de pesos adicionales, dinero de los trabajadores, ahorros de toda su vida. Es decir, el dinero de la gente, para sostener un modelo que ni siquiera ha demostrado funcionar y ha servido para enriquecer a cientos de morenistas corruptos.
Y además, nos dicen que este plan ya está caminando. Y esto es lo más delicado, ya lo están haciendo, haciendo y sin ley. Primero ejecutan y después vienen a pedirnos que les acomodemos el marco jurídico.
Pero ya conocemos este modelito de construcción que no respeta leyes ni consejos técnicos, y se parece mucho al sobado precepto que les heredó Andrés Manuel López Obrador: 1 % de capacidad y 99 % de honestidad. Pero ni la capacidad ni la honestidad aparecen en los siguientes casos que les quiero comentar:
El Tren Maya, la obra insignia de la infraestructura nacional, inició con un presupuesto cercano a 150 mil millones de pesos y terminó costando 570 mil.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco. Los mexicanos seguimos pagando 300 mil millones de pesos por un capricho de ya saben quién.
Pasamos a otro capricho de ya saben quién. El AIFA, que inició con una proyección de gasto de 80 mil millones de pesos y terminó en 120 mil millones.
Además, otra obra cumbre de la cuarta transformación, el Corredor Interoceánico, en cuya vía ferroviaria de Salina Cruz a Coatzacoalcos fallecieron 11 personas. ¿Adivinen por qué? Por la ineficiencia en la ejecución del proyecto. Bien dicen y les reitero, es más peligroso un político ineficiente y corrupto, que un mal doctor.
Y quiero recordarles también que, dentro de la infraestructura con las características ineficientes por falta de mantenimiento, tenemos a la famosa Línea 12 del Metro, donde murieron 27 compatriotas. Ya saben que la construyó.
Y entonces la pregunta es brutalmente sencilla ¿De verdad creen que con una nueva ley van a corregir todos estos errores? Son los mismos, son el mismo sistema, son las mismas Secretarías, son el mismo partido, involucradas en este Consejo que nos plantea esta ley. Que da paso a esconder fiscal y presupuestalmente la deuda. ¿Y saben por qué? Porque no pueden registrar más pasivos, porque tienen al país hasta el tope de endeudamiento.
Y luego viene el argumento internacional dentro de la iniciativa presidencial, que es un tanto más ridículo. Que si Corea, que si Colombia. Corea del Sur no creció por una ley señores, creció con filtros técnicos reales, creció primero con honestidad, con transparencia y con disciplina. Creció porque invirtió en educación, creció porque invirtió en innovación, y creció porque invirtió en tecnología.
Y dentro del diseño del programa de su infraestructura creció porque tuvo filtros claros y autónomos. Aquí no, aquí el mismo órgano decide, evalúa y ejecuta. Y entonces hay que repetir la pregunta. Si sabían eso ¿por qué no lo hicieron aquí desde hace siete años?
Solo en cuatro proyectos, que en líneas pasadas les comenté, se metieron más de un billón de pesos en sobrecostos por encima de lo planeado. ¿Dónde estuvo el filtro técnico en el Tren Maya? ¿Dónde estuvo en Dos Bocas? ¿Dónde estuvo en el AIFA? ¿Dónde estuvo en el Interoceánico? ¿Dónde estuvo en la Línea 12? Y eso...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: ...no lo corrige esta ley. –Concluyo, presidente–. No lo corrige un Consejo, lo corrige lo que hoy no tenemos, control financiero, eficiencia, transparencia, y tenemos corrupción descomunal.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Compañeros y compañeras, –concluyo, presidente–. No se necesita esta ley para redefinir el éxito de la inversión. Reitero y, sobre todo, se ocupa voluntad política, política honesta, verdaderamente honesta. Porque si no cambiamos eso entonces...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: ... todo esto no es transformación y desarrollo. Y, como dice el viejo dicho que hoy aplica perfectamente, que todo cambie para que todo siga igual. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Se le pide a todas las oradoras y oradores que nos podamos ajustar al tiempo, por favor, para presentación de reservas. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Miguel Alegría Gómez, del Partido del Trabajo, para presentar reserva.
El diputado José Miguel Alegría Gómez: Con su venia, señor presidente. El proyecto tiene por objetivo consolidar las inversiones mixtas para impulsar los procesos en la inversión pública, que son la parte fundamental para la producción de estabilidad económica y política, constituyen mecanismos de inversión que fortalecen el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuye al desarrollo nacional con esquemas de participación mixta entre los entes públicos, el sector privado y el sector social, en donde este último por primera ocasión es considerado no solamente como responsable social, pues, se abre la opción de libre mercado para la asociación de los proyectos productivos.
La política económica y distributiva representa la actividad pública más relevante a cargo del Estado, son los principios rectores que garantizan el desarrollo nacional integral y sustentable, articulan la soberanía nacional y el régimen democrático. Esto es el fomento del crecimiento económico es fundamental para el éxito de los objetivos trazados en la agenda pública, creada para resolver las necesidades de los mexicanos, alinea el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad, como un conjunto de condiciones que promueven la inversión y generación de empleo, que es la principal fuente generadora de riqueza material y humana.
De tal forma, me permito exponer que la base sobre la cual operan los sectores productivos son la creación de mecanismos que facilitan la expansión de la actividad económica, con la correcta dirección, mayor capacidad y transparencia, orientado a políticas públicas que planean reducir costos y mejorar la competitividad en inversiones públicas.
Para la construcción de la infraestructura nacional necesaria que coadyuve al desarrollo social y económico, y acciones que facilitan el crecimiento a largo plazo y promueven fuentes de trabajo que generan bienestar social. Porque el objetivo también es crear oportunidades comerciales para todas las regiones del país.
Y, en particular, para cerrar las brechas y reducir la desigualdad y eliminar barreras de las regiones que impiden el acceso equitativo que ha demandado nuestra pujante sociedad.
Lo anterior conforme a la protección establecida en nuestra Carta Magna, inclusive visiones manifestadas por éxitos en economías nacionales y mundiales han demostrado que la inversión en activos físicos, tangibles y duraderos, como la infraestructura, son la capacidad para el crecimiento económico, la productividad y el fundamental desarrollo social.
Y como la respuesta a impactos por crisis económicas que exigen el apoyo político destinado a la gobernanza, por lo que estaré a favor del proyecto.
Hemos observado el discurso de algunos compañeros y compañeras diputadas que, por error no avalan el proyecto, argumentando erróneamente que se comprometerán contratos a futuro, que generará un pasivo contingente con riesgos financieros, principalmente para el margen fiscal de los próximos Presupuestos, así como afectaciones al sector social en las cooperativas.
Sin embargo, somos claros y subrayamos contundentemente que esta iniciativa estará amparada bajo la nueva ley construida minuciosamente con andamiajes normativos conformado por 141 artículos y 12 títulos, así como 8 artículos transitorios debidamente, repito, debidamente diseñados para lograr el objetivo.
Adicionalmente para su tranquilidad y certeza se crearán los reglamentos y documentos normativos que de ella emanen. Inclusive esta nueva ley podrá tener mejoras que sean propuestas acá en esta soberanía bajo el rigor del tema el sector...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluye, diputado.
El diputado José Miguel Alegría Gómez: ... Concluyo, presidente. Sin duda dicha iniciativa responde a la forma del nuevo gobierno implementado por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para el diseño de políticas públicas que ordenen las inversiones mixtas para el éxito de la transformación, para la defensa del bienestar social. Es cuanto. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Las diputadas Luvianka Partida Chávez, del PRI e Ivonne Ortega, de MC, han solicitado que sus reservas se inscriban en el Diario de los Debates. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Paulo Gonzalo Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar reserva. Tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, del Partido Acción Nacional, para presentar reserva.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: Con el permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el diagnóstico que hoy nos reúne es innegable y alarmante, durante 2025 la inversión pública en nuestro país cayó casi un 30 % en términos reales, es la peor caída en tres décadas. Ante esta emergencia se nos presenta un dictamen para mover billones de pesos bajo un nuevo modelo de inversión mixta.
Quiero ser muy clara en nuestra propuesta como una oposición responsable, decimos muy claro, sí estamos de acuerdo a la inversión porque necesitamos modernizar nuestras carreteras, nuestras redes de agua, los hospitales, la infraestructura, necesitamos electricidad, México necesita ser competitivo.
Y, reconocemos que al Estado ya no le alcanzó, compartimos que busque colaboración con el sector privado y social, apostar por la inversión estratégica es el camino hacia el progreso.
Pero, compañeras y compañeros, apostar por la inversión no puede ser sinónimo de irresponsabilidad financiera ni de dar cheques en blanco, el diablo está en los detalles y al analizar sus letras chiquitas de este dictamen descubrimos que detrás de este discurso de desarrollo con bienestar se esconde una maquinaria de opacidad, centralización y endeudamiento que pone en riesgo el futuro de los mexicanos.
Quiero denunciar cuatro riesgos grandes, graves que esta soberanía no debe de ignorar. Primero, una hipocresía de revivir la opacidad, porque ustedes eliminaron los fideicomisos diciendo que eran cajas negras, pero ahora con su artículo 11 de esta ley crea los llamados vehículos de propósito específico que operan a través de fideicomisos públicos o privados, reviven la misma figura, pero ahora con un régimen especial de contratación, flexibilizan reglas, debilitan la competencia, abren la puerta para que los recursos de la nación se manejen sin control.
Además, una superficialidad técnica y una arbitrariedad protegida por la ley. Nos piden aprobar una ley sin candados, le dan a hacienda y a un nuevo consejo un nuevo poder casi absoluto y dejan la viabilidad técnica de las obras a simples reglamentos secundarios, así corremos el riesgo de que se aprueben megaproyectos, como los enunciados anteriormente, que sean, sí, políticamente rentables, pero técnicamente insostenibles.
Y quiero anunciar que en mi reserva, que es el artículo 57, encontrarán una trampa inaceptable. Este artículo busca lavarle las manos al nuevo consejo y quitarle toda responsabilidad sobre los proyectos que decidan aprobar.
Dice que la decisión de avalar un proyecto no representa un acto de autoridad y que contra ello no procederá instancia ni recurso alguno. ¿Se dan cuenta? Le dan a un grupo de funcionarios el poder absoluto de decidir el destino de miles de millones de pesos, pero los blindan para que nadie, absolutamente nadie, pueda impugnar, cuestionar o revisar sus decisiones.
Esto no es planeación estratégica, es legalizar la opacidad y sembrar una arbitrariedad. Tienen una visión centralista que asfixia a lo local. Este consejo intocable concentra todo el poder en el Ejecutivo y sus Secretarías, y las voces de nuestros estados y municipios, donde realmente duelen las urgencias, quedan relegadas a un simple invitado sin derecho a voto.
Las prioridades del país siguen decidiéndose en un escritorio de la capital, ignorando y sepultando el federalismo. Y el más grave de todos es una bomba de tiempo llamada: deuda disfrazada. El gobierno dice que esta ley no genera deuda, pero las reformas a la Ley Federal de Presupuesto dicen lo contrario.
El nuevo artículo 35 Bis permitirá algo inaudito: autorizar a las dependencias a iniciar contrataciones sin tener el presupuesto asegurado. Van a firmar contratos por años, multimillonarios, sin tener el dinero en la bolsa. Van a operar con pagos diferidos y los van a registrar cómodamente como adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Cambiarle el nombre a la deuda, señores, no la desaparece. Eso es usar una tarjeta de crédito sin límite, crear una deuda oculta que terminarán pagando las futuras generaciones.
Y es aquí, compañeras y compañeros, donde me duele decirlo, pero tengo que llamar a las cosas por su nombre: este oficialismo está siendo ninguneado porque no es posible que, después de tanto discurso de austeridad, de tanto señalar con el dedo, ahora quieren imponer una ley que concentre el poder en cuatro escritorios, que le quite a este Congreso su facultad de revisión y que convierta a los legisladores en simples espectadores. ¿Dónde quedó su voz, diputadas y diputados? No me vengan que no entienden...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: ...porque es muy claro esto: endeudamiento encubierto. Esto es opacidad con nombre nuevo. Esto es entregarle a unos cuantos el poder de decidir sin rendir cuentas. Y si después de explicarlo todavía hay quienes dejan, levantan su mano como si fueran empleados de alguien, señoras, señores, no se dejen ningunear...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: –Permítame, diputado, termino–. No permitan que los traten como simples paleros que solo sirven para aplaudir. Aquí venimos a representar el pueblo, no a refrendar ocurrencias. Apoyemos la inversión, sí, hagámoslo bien, no podemos aprobar este dictamen sin corregir la impunidad constitucionalizada. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, para presentar reserva. Y se les recuerda a los oradores nuevamente, por favor, atenerse al tiempo establecido para la presentación de las reservas.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, saludo con respeto y afecto al senador Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo que nos acompaña.
Esta ley no es una ley más, estamos decidiendo si México avanza o se queda rezagado, porque sin infraestructura no hay desarrollo, sin inversión no hay futuro y México enfrenta una brecha de inversión de 4.5 billones de pesos.
¿Cuál es la alternativa? Endeudar al país, subir los impuestos o quedarnos de brazos cruzados. No, definitivamente. Esa sería la receta al fracaso.
Esta ley propone algo distinto: un Estado fuerte, inteligente y estratégico; un Estado que no se achica; un Estado que no se entrega; un Estado que coordina, regula y manda. No se privatiza nada. No se pierde la rectoría del desarrollo: se fundamenta en el artículo 25 y 134 de la Constitución. No se entrega ni se privatiza el patrimonio. Lo que se hace es mucho más poderoso: multiplicar la capacidad del Estado para transformar el país.
Durante décadas, México padeció proyectos mal diseñados, contratos opacos y corrupción disfrazada de inversión, carreteras rescatadas con dinero público, sobrecostos millonarios, pasivos ocultos y proyectos abandonados. Eso sí era un abuso.
¿Qué se busca con esta nueva ley? Inversión mixta: Estado, sector privado y sector social; mecanismos financieros inteligentes que no generen deuda pública directa; cerrar esta brecha de inversión que requiere el Estado mexicano. Corrige la dispersión institucional histórica y la corrupción estructural.
Que nadie se equivoque. Va a haber control: ocho evaluaciones obligatorias para evaluar cualquier proyecto. Se registrarán los pasivos contingentes. Habrá vigilancia permanente y auditorías posteriores. Se acabó la improvisación. Se genera un cuerpo normativo que le da integralidad a la política de Estado en materia de inversión en infraestructura.
Y claro que incomoda esta ley. Incomoda a los que lucraron con el desorden, a los que hicieron negocio con la opacidad y con la falta de reglas claras. Y hoy podemos aprovechar la relocalización industrial, el crecimiento regional y el nearshoring.
Vamos a aprovechar esta oportunidad. No se puede actuar con mezquindad política. Los países que hoy crecen invierten. Los países que dudan se estancan. Y esta ley introduce algo fundamental: llevar infraestructura adonde nunca ha llegado y fortalece también el Estado de derecho.
Hoy la disyuntiva es clara, la parálisis, el miedo o el cálculo político pequeño y mezquino, o el del desarrollo y de la inversión inteligente para construir un mejor futuro para el país. A eso le apuesta esta Ley de Infraestructura estratégica.
Al respecto queremos señalar, que los mismos que hoy critican, son los mismos que generaron abusos sin reglas. Y queremos señalar, que en la ley que discutimos hay 13 referencias a la Constitución Política de la República, a la Ley de Responsabilidad Financiera, a todos los ordenamientos que regulan precisamente que no haya opacidad y que no haya falta de regulación.
Querer montarse en un artículo transitorio, el noveno, que ya se votó eliminarlo con una reserva, querer montarse en él para construir una novela, eso es ficción constitucional. Ya en la ley vienen suficientes referencias y la técnica legislativa moderna es generar cuerpos normativos, claros, directos y sin redundancias absurdas.
Por eso, aprovecho para decir que fue una buena reserva la de eliminar ese artículo noveno transitorio, adelgazar el cuerpo normativo...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: ... y crear una gran ley para la inversión estratégica del Estado mexicano. Por todas esas razones, el Partido del Trabajo está a favor. Retiramos la reserva, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de...
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. El diputado Christian Bello, del PRI, y la diputada Xitlalic Ceja, también del PRI, han solicitado que sus reservas se incluyan en el Diario de los Debates. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Angélica Granados Trespalacios, del Partido Acción Nacional, para presentar reserva.
La diputada María Angélica Granados Trespalacios: Con su permiso, presidente. Presento esta reserva que modifica el artículo 80 de este dictamen, porque hay algo que no podemos ignorar, la defensa de los estados, de los municipios, la defensa del federalismo.
México sí necesita infraestructura y México sí necesita inversión, nadie lo discute, pero este dictamen llega en un momento que exige, precisamente, más claridad, no menos. Durante 2025, ya se dijo en otras ocasiones, la inversión pública en México cayó 28.4 %. Esto nos habla de un entorno donde la certeza jurídica no sobra, sino escasea.
Y este plan de infraestructura, tal como está diseñado, genera preocupaciones legítimas. La concentración de decisiones en el Consejo de Planeación Estratégica, sin contrapesos reales ni mecanismos de revisión independiente puede afectar tanto el desarrollo de los proyectos como los incentivos para la participación privada.
Además, es poco probable que las cifras anunciadas se materialicen entre el 2026 y el 2030. Los proyectos de infraestructura enfrentan ya retrasos, asignación, permisos, estructuración contractual y conflictos sociales, muchos conflictos sociales. La ambición del plan es buena, la claridad de sus reglas es insuficiente. Y es ahí donde entra esta reserva, una cosa es coordinar y otra cosa muy distinta es imponer.
El dictamen habla de convenios de colaboración, pero no deja suficientemente claro que estos convenios no pueden convertirse por la puerta trasera, en compromisos financieros futuros para estados y municipios.
Cuando la ley deja estos espacios de ambigüedad, quienes pagan no son los escritorios de la burocracia federal, son los servicios públicos, son las obras que se dejan de hacer, es la gente que espera más calles, más agua, más seguridad y más transporte, porque este dictamen no responde esa pregunta. No hay claridad sobre los criterios de asignación de contratos, no hay contrapesos reales.
El Consejo de Planeación Estratégica concentra las decisiones sin mecanismos de revisión independiente, sin expertos autónomos y sin transparencia. Es una caja negra, y cuando el gobierno de la cuarta transformación construye cajas negras, ya sabemos lo que pasa. La experiencia nos ha enseñado a preguntar quién mete la mano. Empieza con A y acaba con los amigos de Andy.
Los estados y municipios no tienen recursos infinitos, sus presupuestos ya están suficientemente presionados. No es justo que además de todas sus responsabilidades, se les deje abierta la puerta a cargas que mañana limiten todavía más su capacidad de responder a la ciudadanía.
Chihuahua, donde gobierna el PAN y se gobierna bien, es una tierra de trabajo, de carácter y de esfuerzo. Y precisamente por respeto a esa gente, no podemos permitir que decisiones tomadas desde el centro comprometan recursos locales sin claridad y sin autorización expresa.
Esta reserva da certeza, esta reserva protege a los gobiernos locales, permite la cooperación, pero con reglas claras. Esta reserva evitaría que la buena intención de coordinar termine convertida en otra mala práctica de centralizar y de trasladar los riesgos.
¿Qué la federación acompañe? Sí, está bien. ¿Qué ayude? Sí, también. Pero que no comprometa, ni presione a los gobiernos locales a asumir cargas que no aprobaron expresamente.
Esta reserva es por Chihuahua, es por los municipios, por las entidades federativas de México, y por un federalismo verdadero. Yo les pido que seamos responsables con la gente que estamos representando aquí. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. La diputada Domínguez Ugarte, del PRI; la diputada Lorena Piñón, del PRI; el diputado Gutiérrez Mancilla, del PRI; la diputada Ofelia Socorro Jasso, del PRI; el diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del PRI; el diputado Juan Armando Hernández, de MC; y el diputado Rubén Ignacio Moreira, del PRI, han solicitado que sus reservas se inscriban en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra la última oradora, diputada Eva María Vásquez Hernández, del Partido Acción Nacional.
La diputada Eva María Vásquez Hernández: Con su venia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Eva María Vásquez Hernández: Hay una diferencia muy clara entre ser una estadista y ser un vendedor de ilusiones a crédito. Y lo que hoy nos presentan aquí es el contrato de servicios más abusivo que México haya visto jamás. Nos quieren vender la idea de que han descubierto el hilo negro de la inversión. Sí, el hilo negro.
Pero lo único que han descubierto es una forma de gastarse el dinero que todavía no tienen, hipotecando la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos para los próximos 40 años. Sí, escúchenlo bien, 40 años de deuda disfrazada de bienestar.
Como si ponerle un nombre bonito a un pagaré impagable fuera quitarle los intereses. Ustedes hablan de 6 billones de pesos como si fueran canicas, pero la realidad es que no tienen ni un peso partido por la mitad para respaldarlo. Se saltaron la valoración técnica de impacto presupuestario, porque les estorbaba, la verdad.
Es como si un padre de familia llegara a su casa con un coche de lujo, sin haber pagado la renta, sin tener para el súper y diciéndole a su esposa: no te preocupes, no te preocupes, porque ya firmé un contrato, donde sus hijos van a pagar las llantas de ese carro cuando cumplan 50 años. Eso no es inversión, eso es irresponsabilidad criminal y es una falta de respeto a cada mexicano que sí sabe estirar el gasto para llegar a la quincena.
Dicen que están innovando al invitar al sector social, a las cooperativas y a los ejidos. No sean cínicos, lo que están haciendo es buscar a quién echarle la culpa cuando sus proyectos se hundan. Quieren el campesino y el trabajador pongan su firma para que, cuando el negocio de sus amigos fracase, sea el pueblo el que pague los platos rotos.
Están usando a los más pobres como avales de una deuda que ellos no pidieron, es la misma vieja maña de siempre. Las ganancias se les quedan en las oficinas de sus cuates, pero las perdían, las reparten entre todos nosotros.
¿Y qué decir de su famoso Consejo de Planeación? Nos quieren ver la cara de tontos, crean un club donde la presidenta y sus secretarios se sientan a decirse qué bien está lo que están haciendo. Es el colmo del narcisismo político.
Ellos planean, ellos aprueban, ellos gastan y ellos se dan sus palmaditas en la espalda y, para rematar, nos dicen que sus decisiones no se pueden impugnar. O sea, nos están diciendo que vana disponer del patrimonio nacional y que si se equivocan o si se roban algo nadie les puede decir nada. Es una estructura diseñada para la impunidad, no para la infraestructura.
Lo más grave de este dictamen, lo que verdaderamente debería de indignar a cualquier ciudadano, por supuesto, a cualquier ciudadano que paga sus impuestos, es que quieren permiso para firmar contratos sin tener dinero en la mano, están rompiendo la alcancía de México.
Quieren que el gobierno pueda comprometerse a pagar obras faraónicas, incluso cuando no haya presupuesto, dándole prioridad por encima de las medicinas, de las escuelas y de la seguridad de todos los mexicanos.
Si mañana hay una crisis, a ustedes no les importa que la gente no tenga qué comer, les importa que de sus contratistas favoritos sigan recibiendo su cheque mensual de forma puntual. Eso es lo que ustedes llaman soberanía, pero en mi pueblo se llama tener las prioridades en suelo.
Este sistema de inversión mixta es en realidad un embudo, lo ancho para sus proyectos consentidos y lo estrecho para las necesidades reales de la gente. Están creando una burocracia de fideicomisos y sociedades oscuras, donde el dinero entra y nadie, pero nadie sabe dónde termina.
Quieren que Hacienda sea el dueño de la chequera nacional, sin pasar por el control de esta Cámara. Pues se equivocan. Esta oficina no es una oficialía de partes del Palacio Nacional y nuestro trabajo nunca va a ser aplaudibles sus ocurrencias financieras.
Votaremos en contra porque este dictamen es una trampa, es un modelo diseñado para que el gobierno gaste a manos llenas hoy y a cuenta la paguen los que aún no han nacido. No es un plan de desarrollo, es un plan de saqueo con lenguaje elegante.
Dejen de tratar de verle la cara al pueblo de México con sus términos técnicos y sus cifras astronómicas. La gente sabe perfectamente que cuando a alguien les ofrecen dinero fácil a 40 años, lo que en realidad les están ofreciendo es una cadena perpetua de deudas.
Si de verdad quieren infraestructura, empiecen por ser honestos. Ustedes de honestidad no saben nada. Si de verdad quieren al pueblo, que tanto refieren como pueblo bueno, dejen de hipotecar su futuro. Pero como sabemos que la honestidad no es el fuerte de ninguno de ustedes, hoy nos toca a nosotros decirles que no. México no está a la venta y su presupuesto no es su herencia personal. Sépanlo y sépanlo bien. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, secretaria. Por tanto, el dictamen continúa en sus términos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las reservas aceptadas por esta asamblea.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta se emitieron 315 votos en pro, 89 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobados por 315 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por esta asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular por 315 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar cuenta con la comunicación de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la Cámara de Senadores oficio por el que en cumplimiento en lo dispuesto en la última parte del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para los efectos del consentimiento respectivo, informa que suspenderá sus sesiones ordinarias por más de tres días a partir del jueves 26 de marzo de 2026 y hasta el 6 de abril del mismo año.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Consulte la Secretaría en votación económica si es de otorgarse el consentimiento constitucional correspondiente.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta si es de otorgarse el consentimiento constitucional correspondiente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se otorga el consentimiento constitucional correspondiente, comuníquese. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de uso indebido de datos personales en procesos de contratación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 83 y 84 de la Ley General de Población.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: 3. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente al artículo 14 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y se adiciona el artículo 7 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: 4. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: 5. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Educación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: 6. Con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en materia de patrimonio inmaterial.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía para dictamen.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: 7. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de política de integridad empresarial.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
Honorable asamblea, me permito informar que se acaba de recibir del Senado de la República minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.
Esta Presidencia precisa que los artículos constitucionales modificados son el 115, el 116 y adiciona un párrafo al artículo 134. ¿Con qué objeto, diputada Noemí Luna?
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (desde la curul): Presidenta, solicitarle muy respetuosamente una aclaración. No sé si oímos, si entendimos mal o hay una imprecisión en el proemio de la minuta que usted acaba de dar cuenta, que ha llegado a esta Cámara de Diputados.
El proemio es el umbral de un texto, vislumbra lo que ahí viene y en el proemio se habla de fortalecer la revocación de mandato. No sé si en la minuta sí se toque el artículo 35 constitucional o sea un error lo que aquí se ha leído.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, vicecoordinadora. Efectivamente, ese es el título con el que se ha remitido el documento por parte de la Cámara de Origen. Reitero, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.
Sin embargo, hemos precisado claramente, si me permiten, que el documento da constancia de los artículos constitucionales modificados, que son el 115, el 116 y la adición a un párrafo del artículo 134.
Si me permiten, turnamos a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (03:44 horas del jueves 26): Se levanta la sesión y cito para la próxima, que se llevará a cabo el martes 7 de abril del año en curso, a las 11 horas, en modalidad semipresencial. El registro de asistencia está disponible a partir de las 9 horas, a través de la aplicación instalada en los teléfonos de las diputadas y de los diputados.
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