Comunicaciones
Dictamen con punto de acuerdo
Protesta como embajador del ciudadano Alejandro Gertz Manero
Informe de Actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ingreso al salón de la presidenta de la CNDH
Presentación de la presidenta María del Rosario Piedra Ibarra
Ronda de intervenciones
Diputada Laura Hernández García y senador Luis Donaldo Colosio Riojas, PMC
Diputada Ana Isabel González González y senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, PRI
Diputado Reginaldo Sandoval Flores, PT
Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo y senadora Juanita guerra Mena, PVEM
Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez y diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, PAN
Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa y senadora Beatriz Mojica Morga, Morena
Intervención final de la presidenta de la CNDH
Mensaje final de la Presidencia de la Mesa Directiva
Dictámenes con punto de acuerdo
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de legisladoras y legisladores.
La secretaria diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Señora presidenta, se tienen registrados 22 legisladoras y legisladores. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (11:24 horas): Se abre la sesión de la Comisión Permanente del lunes 26 de enero del año 2026.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Celia Esther Fonseca Galicia: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las Legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se le dispensa la lectura en virtud de estar publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Celia Esther Fonseca Galicia: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las Legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Está a discusión el acta. ¿Si hay algún legislador que desee hacer uso de la voz, por favor, manifestarlo? No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las Legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, secretaria, si es tan amable.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Con su permiso, presidenta. Se recibieron de diversas dependencias siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente en su segundo receso que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Remítase a la Cámara de Senadores y de Diputados, según corresponda.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Se recibió del Congreso del Estado de Baja California, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 17, 53 y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Se recibió del Congreso de la Ciudad de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Se recibió del Congreso del Estado de Tamaulipas, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radio Difusión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la presidenta de la República Mexicana, que hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Por tanto, tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen. Adelante, presidenta.
La senadora diputada Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias y con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en mi calidad de presidenta de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, me permito presentar y poner a consideración de este pleno el dictamen por el que se ratifica el nombramiento que la titular del Ejecutivo federal realizó a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 78, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Reino Unido ha mantenido una sólida relación desde 1825 con el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña, desde entonces ambos países hemos sabido ser grandes aliados. Es importante en este punto hacer mención, de que el Reino Unido de la Gran Bretaña ha mostrado su beneplácito de que el doctor Alejandro Gertz Manero sea embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país.
El doctor Gertz Manero compareció ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales durante la segunda reunión ordinaria, celebrada el 22 de enero pasado. En dicha comparecencia destacó los lazos de unión que existen entre México y Reino Unido, especialmente en el ámbito educativo, mismo que constituye uno de los pilares más relevantes de nuestra relación.
También indicó que parte de su plan de trabajo, una vez ratificado, estará vinculado fundamentalmente con la vida académica, toda vez que en el Reino Unido de la Gran Bretaña existe el mayor número de estudiantes mexicanos en toda Europa y es que la cooperación educativa y cultura entre México y Reino Unido ha sido prolífica y sustentada en el Convenio de Cooperación Cultural entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en la Ciudad de México el 25 de febrero de 1975.
El Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior, también entre nuestro gobierno y el gobierno de Reino Unido, suscrito en Londres, el 2 de marzo de 2015.
Y en el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores e Instituciones de Educación Superior Mexicanas y Británicas para la implementación de la Cátedra Itinerante México-Reino Unido.
Es por ello, que la mayoría de integrantes de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales consideró que el doctor Gertz Manero reúne las cualidades y requisitos de idoneidad necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con base en el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
Su nombramiento reviste gran importancia, toda vez que Reino Unido, integrado por cuatro naciones constitutivas, como son: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, es la sexta economía mundial.
En el plano comercial y económico, en 2024 el Reino Unido fue el decimosexto socio comercial de México a nivel global y el principal entre los países europeos no miembros de la Unión Europea. Fue el noveno destino de las exportaciones mexicanas. Y el décimo noveno como país de origen de las importaciones.
A nivel global, el Reino Unido es el octavo inversionista en México y el principal entre los países europeos no pertenecientes a la Unión Europea. Es por todo lo anterior que estamos ciertos de que las relaciones entre México y el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte serán fructíferas y más sólidas con la intervención diplomática del doctor Gertz Manero, quien sabrá desempeñarse como digno representante de México.
Por lo tanto, dejo a su consideración este dictamen respectivo, invitándolos a votar a favor. Es cuanto. Muchísimas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora. Vamos a abordar el dictamen y, por tanto, tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas hasta por cinco minutos. Adelante, senador.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Con el permiso de la Directiva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Desde el inicio señalamos que la renuncia del entonces fiscal general de la República no se ajustó plenamente a los supuestos que establece la ley, dado que una invitación para ocupar un cargo en una Embajada no constituye en sí misma una causa grave, como lo exige la ley, para poder remitir del cargo.
Y esta observación importa, porque cuando se trata del cimiento sobre el cual se construye todo el proceso, y ese cimiento está agrietado, la construcción completa pierde solidez. Estamos llamados a defender los procedimientos. Esta es una posición que se construye desde una convicción profunda de que las formas importan y de que la legalidad importa, y de que el rigor en las designaciones importa.
En estos días revisamos todas las respuestas de la comparecencia del candidato, consultamos con diferentes voces, analizamos el contexto geopolítico que atraviesa México, evaluamos la idoneidad del perfil y contrastamos la trayectoria del candidato con las exigencias que demanda una representación diplomática de esta naturaleza.
No queremos normalizar procesos acelerados. Si aceptamos que la ley pueda interpretarse con laxitud cuando conviene, si permitimos que las designaciones se den en la opacidad y sin el escrutinio que merecen, entonces, estamos abriendo la puerta a un precedente peligroso.
Debemos de ser muy claros: no estamos diciendo que el candidato propuesto carezca de experiencia en el servicio público. Por supuesto que la tiene. Nadie puede negar que una trayectoria tan extensa en la administración pública mexicana como la que tiene el candidato, independientemente de cómo la califiquemos, que es inexistente.
Pero ese no es el tema que nos convoca. En este contexto, vale la pena revisar lo que dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano: que, si bien el artículo 19 permite que la designación puede ser entre quienes no cuentan con carrera diplomática, también señala que, preferentemente, será entre los miembros del servicio exterior de carrera con mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.
Experiencia no es lo mismo que especialización. Trayectoria no es lo mismo que formación específica. Y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas.
Además, el servicio exterior mexicano atraviesa un momento de tensión e incertidumbre. Recientemente, se hicieron públicas afectaciones en el pago de nómina que impactaron directamente en la subsistencia del personal que representa nuestro país en el extranjero.
A ello se suma la falta de actualización salarial desde 1998 y la existencia de denuncias graves por acoso laboral, particularmente en la Embajada de México en el Reino Unido.
Este contexto exige un liderazgo con legitimidad, con cercanía, con conocimiento técnico, con experiencia diplomática, capaz de conducir equipos, resolver conflictos, representar eficazmente al Estado mexicano. Ese es el perfil que se necesita que no podemos claudicar.
El Reino Unido es un país con el que compartimos valores, intereses comerciales estratégicos y una relación bilateral significativa. Ahí viven, estudian y trabajan miles de mexicanas y mexicanos que merecen una representación cercana, profesional y profundamente conocedora del entorno diplomático en el que se desenvuelve.
No queremos obstaculizar, pero tampoco vamos a acompañar. Yo entiendo la lógica del realismo político que estamos viviendo. Entiendo que en este recinto hay una mayoría también que se impone.
Y entiendo que este nombramiento será aprobado, pero entender la realidad no significa resignarnos ante ello, porque nuestra función como legisladores rebasa una votación, sino también es señalar, es cuestionar y es poner un alto cuando consideramos algo que no se ajusta a las necesidades del país. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea propone la ratificación del nombramiento del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país, conforme a lo establecido en los artículos 76 y 78 de nuestra Constitución Política.
No estamos hablando de cualquier representación, hablamos de una misión diplomática en un país que mantiene peso económico, político y estratégico global, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actor central en la agenda internacional y socio relevante para México en comercio e inversión, cooperación educativa, científica y cultural.
Por eso, desde el Partido del Trabajo sostenemos que la política exterior no admite ocurrencias. Hoy, más que nada, se requieren perfiles que conozcan al Estado, que comprendan las complejidades institucionales y que tengan la capacidad de dialogar con firmeza, sin subordinaciones y sin simulaciones.
El ciudadano Alejandro Gertz Manero cumple con todos los requisitos constitucionales y legales, cuenta con nacionalidad mexicana por nacimiento, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y acredita una trayectoria amplia y de profesionalismo en el servicio público, en el ámbito jurídico, académico y en responsabilidades de alto nivel dentro del Estado mexicano.
Pero, más allá del cumplimiento formal, en el dictamen se destaca algo fundamental: la necesidad de fortalecer la presencia de nuestro país en un contexto complejo y marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguraciones económicas.
Es por ello que México tiene que buscar articular nuevas estrategias para garantizar su seguridad nacional, fomentar el crecimiento económico y conservar su influencia internacional mediante una combinación de alianzas estratégicas, una diplomacia activa y la modernización de sus capacidades defensivas.
Bajo estos nuevos escenarios de incertidumbre, las relaciones diplomáticas con los demás países, y en específico con el Reino Unido, resultan fundamentales. Se trata de una relación que trasciende a lo comercial, que se extiende a la cooperación multilateral, a la lucha contra delitos transnacionales, al intercambio académico y a la construcción de consensos internacionales en temas globales prioritarios.
Desde una visión progresista, como la que sostiene el Partido del Trabajo, creemos en una política exterior soberana, activa y con sentido social, que coloque al pueblo de México en el centro y que defienda los intereses nacionales sin complejos ni sometimientos.
Por eso respaldamos esta ratificación, porque hay fundamento constitucional, porque hay sustento político, y porque hay una necesidad real de fortalecer la representación de México en el exterior con seriedad y visión de Estado. No acompañar este dictamen sería cerrar los ojos a la responsabilidad que hoy nos toca ejercer como Congreso.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de esta ratificación. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senadora.
La senadora Juanita Guerra Mena: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La senadora Juanita Guerra Mena: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presenta la Primera Comisión de la consideración de este pleno en la Comisión Permanente, el dictamen que contiene la propuesta de ratificación del nombramiento expedido a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Este dictamen se da en cumplimiento a la fracción VII del artículo 78 constitucional, en el que establece responsabilidad de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos expedidos por la persona titular de la Presidencia de la República a las personas titulares de Embajadas.
En consecuencia, después de un análisis exhaustivo, podemos decir que el ciudadano cumple plenamente con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar la función diplomática. Lo anterior respaldado por su vasta trayectoria académica e institucional en el servicio público. Años de experiencia que le han permitido conocer desde distintas posiciones los retos de México en temas clave como la procuración de justicia, la seguridad pública y el quehacer legislativo, así como el tema de diplomacia.
Derivado de la agenda geopolítica actual y de la importancia en las relaciones internacionales, nuestro país requiere representantes capaces de dialogar con firmeza, destreza técnica y conocimiento del derecho en la representación de nuestro país en el exterior.
Estamos convencidos desde que el perfil del doctor Alejandro Gertz Manero cumple a cabalidad a la exigencia que le encomienda se requiere. El Reino Unido es un país que destaca por su papel en el escenario internacional al ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, integrante del G7 y actor clave en la economía mundial y la seguridad internacional.
La relación diplomática de México y el Reino Unido es fuerte, destacando así el carácter estratégico y clave bajo un enfoque multidimensional que abarca los ámbitos políticos, económicos, comerciales, educativos y culturales.
Esta relación también expresa una coordinación constante en foros internacionales en temas como es la paz y la seguridad internacional, la acción climática y la cooperación para el desarrollo.
También hay que señalar que el Reino Unido es un importante aliado económico de nuestro país que es México, posicionándose como uno de los principales inversionistas europeos en nuestra nación, un socio clave en temas financieros, tecnológicos, así como farmacéuticos y de manufactura que es avanzada.
En el Partido Verde Ecologista de México, convencidos que el doctor Alejandro Gertz Manero desempeñará un papel a la altura de miras que la responsabilidad le confiere, si es que así es elegido.
Estamos seguros de que él abonará el enriquecimiento de las relaciones entre ambas naciones siempre respetando y velando por el interés nacional respetando los principios de la política exterior consagrados en nuestra máxima Carta Magna que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo tanto, estamos conscientes y estamos convencidos que el pleno de esta asamblea votará a favor. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Francisco Chíguil Figueroa, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senador.
El senador Francisco Chígul Figueroa: Con su permiso, presidenta. Al examinar y ratificar el nombramiento de un embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino Unido, la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales cumple su función con legalidad, reforzando el principio que las decisiones en política exterior deben basarse en el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas.
El nombramiento propuesto por la presidenta Claudia Sheimbaum se fundamenta en la autoridad constitucional, la evaluación profesional y la continuidad institucional. Su decisión refleja la comprensión que tiene una estadista de la diplomacia como instrumento estratégico para el desarrollo nacional, la interacción multilateral y la cooperación internacional.
El dictamen que hoy se analiza confirma que esta nominación es el resultado de una cuidadosa evaluación de la experiencia, los requisitos legales y el contexto estratégico en el que México interactúa con el mundo.
Una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial de servicio público del candidato. La comisión verificó el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales, y destaca la relevancia de la experiencia en la administración pública, justicia y seguridad, educación y asuntos internacionales.
Esta evaluación integral refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con el servicio público basado en la capacidad, la integridad y la responsabilidad; y se fortalece, con el análisis detallado y contextualizado del panorama político, económico y social del Reino Unido; sitúa la misión diplomática en un complejo internacional marcado por las realidades posteriores al Brexit, la evolución de la dinámica multilateral y la incertidumbre económica global.
Esta contextualización destaca la importancia de contar con una representación diplomática capaz de gestionar alianzas estratégicas, proteger los intereses de los mexicanos y ampliar la cooperación en materia de comercio, ciencia, educación y foros multilaterales.
Significativo es el énfasis puesto en la relación bilateral entre México y el Reino Unido. El dictamen documenta una agenda amplia y diversificada que incluye la inversión, continuidad comercial, intercambio académico, cooperación cultural y acción conjunta ante desafíos globales como el cambio climático, los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Este enfoque es congruente con la visión de la Cuarta Transformación de una política exterior soberana y orientada a beneficios para el pueblo mexicano. El programa de trabajo propuesto refleja esta visión al definir objetivos estratégicos claros en materia de diálogo político, cooperación económica, protección, promoción cultural e igualdad de género, así como la participación multilateral, la inclusión de prioridades como la política exterior feminista, la protección de poblaciones vulnerables, la sostenibilidad ambiental y la cooperación tecnológica.
En síntesis, este dictamen muestra el compromiso de México con una política exterior ética, profesional y con visión de futuro, refleja el espíritu de la Cuarta Transformación y la visión estadista de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la fortaleza institucional, la responsabilidad internacional y la dignidad de la nación guían las relaciones de México con el mundo. Por ello, votaremos a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, senador. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Suficientemente discutido. Consulta la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta si se aprueba el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que se abstengan sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado. En consecuencia, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Comuníquese al Ejecutivo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se encuentra a las puertas de este Salón de Sesiones el ciudadano Alejandro Gertz Manero. Se designa, por tanto, en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley como embajador a las siguientes legisladoras y legisladores: senadora Beatriz Mojica Morga, senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, senadora Sandra Luz Falcón Venegas, senador Enrique Vargas del Villar, senadora Virginia Mari Magaña Fonseca, diputado Luis Arturo Oliver Cen, diputado Reginaldo Sandoval Flores, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal.
(La comisión cumple su encargo)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.
Ciudadano Alejandro Gertz Manero, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país que le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El ciudadano Alejandro Gertz Manero: Sí, protesto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Se solicita a la comisión designada acompañe al ciudadano embajador cuando desee retirarse de este salón de sesiones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la presentación del Informe anual de actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de dicho organismo.
Se designa en comisión para recibirla y acompañarla al interior de este salón de sesiones a las y los siguientes legisladores: diputada Amalia López de la Cruz, diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, senadora Juanita Guerra Mena, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, diputado Reginaldo Sandoval Flores. Solicito atentamente a esta comisión cumplir con su cometido.
(La comisión cumple su encargo)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, sea usted bienvenida a esta Comisión Permanente con el fin de presentar el Informe de Actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De conformidad con el numeral 1, del resolutivo II del acuerdo para llevar a cabo la presentación del citado informe tiene el uso de la palabra la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor.
La presidenta de la CNDH María del Rosario Piedra Ibarra: Ciudadana diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ciudadana senadora Laura Itzel Castillo Juárez, ciudadana diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, vicepresidentes de la Mesa Directiva. Ciudadanas diputados y senadoras secretarias. Ciudadanas y ciudadanos representantes del pueblo, muy buenos días.
Rindo cuentas del primer año de mi segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiempo en el cual profundizamos el proceso de transformación que iniciamos en 2019, un proceso que está cambiando radicalmente el limitado modelo que heredamos, rompiendo con décadas de simulación, opacidad y subordinación al poder político para ahora colocar en el centro el interés de las víctimas y el bienestar del pueblo.
Porque no podemos olvidar que la CNDH se creó para simular que en México se defendían los derechos humanos, porque aunque se atendieran quejas y se emitieran recomendaciones la condición era que estas últimas no fueran vinculantes.
Durante años la CNDH fue utilizada como una aliada del poder, más preocupada por guardar las formas y recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos de Estado y por responderle a los y las mexicanos.
Fueron tiempos en los que se archivaban denuncias, se dejaban pasar meses y hasta años para emitir recomendaciones, se encubrían crímenes de Estado y se miraba hacia otro lado frente al dolor de las víctimas, del que fueron parte también los organismos internacionales, los que se supone eran garantes del derecho internacional y que tampoco nada hacían.
Un modelo absolutamente funcional para gobiernos que violaban derechos humanos y no tenían la menor intención de dejar de hacerlo. Muchas personas, muchas víctimas lo denunciaron, mi madre entre ellas. Eso ya no pasa más.
Cuando asumí la presidencia de la CNDH, lo hice convencida de la necesidad de su transformación y de que nunca más esta institución sería parte del aparato de los perpetradores.
A lo largo de los últimos seis años, la CNDH ha cambiado para responder a las necesidades y a la realidad de México, superando el papel meramente reactivo y testimonial a que la dejaron condenadas, para asumir una defensa más proactiva y útil para el pueblo.
En el camino dejamos atrás privilegios burocráticos y vínculos políticos y económicos que desvirtuaban su razón de ser, para poner al centro a las personas, sobre todo, a quienes han sido históricamente ignoradas.
En nuestros primeros cinco años de gestión, triplicamos lo que se hizo en las tres décadas anteriores en cuanto a recomendaciones de acciones de inconstitucionalidad, simplemente ejerciendo nuestras funciones y utilizando plenamente las herramientas constitucionales que tenemos para defender y cuestionar leyes y políticas que los vulneran. Esta transformación no habría sido posible sin la confianza de la población.
Agradezco profundamente al pueblo de México por refrendar su voluntad de continuar con su proyecto de cambio social en el país. Ese respaldo nos recuerda que la autonomía no puede traducirse en neutralidad ni en distancia respecto al sufrimiento del pueblo.
Estar del lado de las víctimas implica un trabajo de Estado, un esfuerzo común y coordinado y eso es lo que hemos hecho. Nosotros no tenemos necesidad de generar percepciones para simular que somos autónomos, lo somos y lo digo con la frente en alto respondiéndole a las y los ciudadanos.
Es así como se han emitido recomendaciones en solo semanas para que les sirvan a las víctimas y lo hemos hecho sin temores ni titubeos, cuando ha sido preciso, frente a cualquier autoridad. Pero también, y quiero dejarlo muy claro, hemos rechazado la utilización de los derechos humanos para hacer negocio, para hacer el caldo gordo a agendas ajenas a los derechos humanos o peor aún, ajenas al interés de las víctimas, solo para gratificar a actores políticos o económicos.
No ha sido fácil, porque a cada paso que hemos dado han querido ponernos freno, han querido desvirtuar nuestro trabajo. Es natural y así lo asumimos, porque esta ruptura con el pasado, este cambio de la CNDH no lo hace la propaganda, se sostiene en resultados y la confianza de miles de personas que hoy encuentran una comisión más cercana, más confiable en su postura y verdaderamente comprometida con las víctimas.
Hoy tenemos una comisión distinta, una institución que no solo atiende, sino que trabaja de raíz para que las violaciones a derechos humanos no ocurran y para que cada vez haya menos quejas y menos recomendaciones, y para que en este país deje de haber víctimas. Con resultados indiscutibles y con la confianza de las mexicanas y los mexicanos hemos podido dar continuidad a este proyecto. Nuestro objetivo principal en esta segunda etapa es consolidar la transformación.
Por ello, sigue siendo prioritario concretar la reforma constitucional presentada en 2023 ante el Congreso, porque permitiría cumplir a cabalidad lo que desde 2011 es un mandato constitucional.
La obligación, y no la opción de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estamos en deuda. Es en esa ruta que la CNDH mantiene una política de apertura al intercambio y a la cooperación con organizaciones de la sociedad y con organismos afines, tanto nacionales como internacionales.
Somos más una institución acreditada con estatus A conforme a los principios de Paris y asumimos esa responsabilidad con seriedad, comprometidos con el cumplimiento de la agenda nacional, que responde a prioridades del pueblo de México.
Estamos convencidos de que la vinculación internacional solo tiene sentido cuando fortalece la defensa interna, promoviendo una cultura de derechos humanos arraigándola en nuestras comunidades, lo cual favorece que los derechos se vuelvan parte de la vida cotidiana de las y los mexicanos.
Para que cada día haya menos víctimas en México, nosotros consideramos que la mejor estrategia es la prevención. Y ese fue nuestro enfoque de trabajo en 2025, que es en síntesis una nueva forma de entender y ejercer la defensa de los derechos humanos.
A diferencia del modelo tradicional que interviene cuando la violación ya se produjo, este enfoque busca anticiparse a los riesgos, identificar violaciones más reiteradas y responder de manera oportuna y estructural para evitar su repetición.
El ideal es claro: avanzar hacia un México en que cada vez haya menos violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, que cada vez sea menos necesaria la intervención de entidades como la CNDH.
En la práctica, la prevención se traduce en vigilancia temprana mediante un sistema nacional de alerta de violaciones de derechos humanos mejorado. Se refleja, también, en acompañamiento y la gestión inmediata, manteniendo una comunicación constante con las autoridades para señalar fallas, capacitar y corregir antes de que el daño se concrete; fomentando, desde luego, la coordinación entre instituciones para evitar duplicidades, negligencias y la vieja inercia burocrática que tanto lastima la confianza del pueblo.
Las víctimas y las personas en riesgo de serlo están en el centro de nuestro actuar. Se les escucha, se les acompaña y se toman decisiones con base en sus realidades y contextos y no solo desde la lógica de sumar expedientes.
Porque, además de atender casos individuales, este nuevo modelo que impulsamos busca modificar las causas profundas de las violaciones que nos fueron heredadas por el modelo neoliberal, lo que, entre otras cosas, ha implicado que hemos tenido que entrar a la atención de quejas archivadas que no se atendieron en su momento y que teníamos el deber de resolver y corregir, incluso.
Hablo de actuaciones contrarias a los derechos humanos que se detuvieron en el pasado como la que dio pie a la recomendación que emitimos en 2021 sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario que recién acaba de replicar y, por cierto, casi en calca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con limitaciones.
Hablo de la recomendación que emitimos también en 2021 sobre quejas desatendidas desde 1994 de Mario Aburto Martínez y su familia, visibilizando la farsa de investigación del asesinato de un candidato presidencial y la recomendación 98VG/2023 para más de 800 víctimas de la violencia política de Estado entre 1960 y 1990.
Quiero resaltar que esta nueva forma de entender la misión de la CNDH nos ha permitido construir una relación respetuosa y colaborativa con los tres órdenes de gobierno, siempre desde la autonomía de esta Comisión para cumplirle al pueblo.
Hoy, al mirar hacia atrás y al mismo tiempo hacia el frente, reafirmo que continuaremos trazando y abriendo el camino para dejar de ser la mascarada que nos heredaron Jorge Carpizo y Carlos Salinas, y para consolidarnos como la defensoría nacional de los derechos del pueblo.
En el año 2025, el año 2025 ha confirmado que la transformación institucional no fue un discurso, sino una forma distinta de trabajar y de responderle al pueblo. La CNDH se ha consolidado como una de las instituciones nacionales de derechos humanos con mayor cobertura, productividad y eficiencia de todo el mundo, incluso operando con un presupuesto menor al de organismos homólogos en países desarrollados.
Esta realidad evidenció que la austeridad no está reñida con los resultados que, insisto en decirlo, son los mejores en toda la historia de la CNDH. Dijimos que éramos diferentes y lo estamos demostrando con hechos: eliminamos prácticas de corrupción, el nepotismo y el amiguismo los sancionamos y superamos viejas inercias internas que durante mucho tiempo hirieron la credibilidad de la institución.
Lo iniciamos en 2019, pero no hemos bajado la guardia. Redujimos en 2025 hasta en 80 % la partida de eventos oficiales y fortalecimos las buenas prácticas de contratación, alcanzando un 91.22 % de procedimientos mediante licitación pública, algo que no pasaba antes.
Hemos aplicado a conciencia y sin cortapisas los principios de austeridad, racionalidad y optimación de los recursos, impulsando ahora, además, la simplificación administrativa y la digitalización de los servicios que la CNDH brinda a la ciudadanía. Todo lo cual nos ha permitido demostrar algo muy importante: que los ahorros y la responsabilidad en el manejo del gasto son motor de mayor eficiencia y mejor desempeño.
La fortaleza institucional que hoy tiene la CNDH es resultado de eso y del esfuerzo y del compromiso de su personal, de todas y todos quienes la integran y que han hecho posible los avances que puedo mostrarles.
En seis años optimizamos procesos, reducimos trámites innecesarios y fortalecimos una comunicación más directa con quienes buscaron nuestra intervención para que la defensa de los derechos no dependa de intermediarios, ni se pierda en los laberintos burocráticos, con un costo per cápita bajo a nivel internacional, sin gastos de propaganda como antaño. La CNDH hoy sostiene una presencia nacional amplia y un trabajo constante en la defensa y promoción, y ahora también en la prevención de las violaciones a derechos humanos.
Quiero hacer notar algo que con frecuencia se minimiza y oculta, y es que, en los últimos seis años, tanto la CNDH como el Estado mexicano, han logrado avances notables en materia de derechos humanos. Entre 2020 y 2024, se observó una reducción sostenida de quejas por violaciones graves asociadas a periodos de violencia estructural del pasado, así como un incremento en la capacidad institucional para resolver de manera oportuna, emitir recomendaciones y dar seguimiento efectivo y expedito a los casos.
Pues bien, esa tendencia se mantuvo durante 2025, reforzando el viraje hacía una defensa más preventiva y estructural. Nuestros registros históricos muestran que el periodo con mayor número de quejas por violaciones vinculadas a desapariciones y detenciones arbitrarias se concentró, entre 2008 y 2013, en el contexto de la llamada guerra contra el narco.
Desde 2019 esas prácticas han mostrado una tendencia clara a la baja. Y algo fundamental es que las violaciones graves han casi desaparecido del listado de violaciones a derechos humanos más frecuentes entre las autoridades federales.
En 1991, el primer año de existencia de la CNDH, se recibían en promedio 13 quejas diarias, incluyendo sábados y domingos, así como días inhábiles. En 2025 llegaron a 204.2 quejas diarias, es decir, más de mil 412 %, que hace 34 años. Lo que da muestra de la magnitud del trabajo y del acercamiento que tenemos con el pueblo.
En 2024 ya habíamos llegado a números históricos sin precedente y así lo informé a esta soberanía. En 2025 se mantienen las tendencias del año anterior, reafirmándose con ello una baja en cuanto a las quejas recibidas, pero con casi el mismo número de personas atendidas, porque una realidad es que en mi gestión la CNDH atiende a más personas.
En 2024 fueron 238 mil 499, en 2025 238 mil 917 personas en total, de las cuales 38 mil 827 fueron atendidas de manera personal o vía telefónica y 54 mil 456 de manera electrónica, 86 % más que el año anterior. Además, tenemos el dato de los documentos recibidos que en 2025 ascendieron a 145 mil 634, 5.2 % menos que en 2024 que fueron 153 mil 647, pero representaron un incremento del 160.8 % respecto a los 55 mil 824 registrados en 2019.
De tal suerte que las solicitudes de intervención de la ciudadanía se han incrementado notablemente, lo que no ha significado, sin embargo, un incremento en las violaciones a derechos humanos. De hecho, mientras que en 2019 el 87 % de los documentos que ingresaron eran escritos de queja, 48 mil 590 de 500 mil 824, en 2025 ese porcentaje se redujo al 53.9 %, 78 mil 572 de 145 mil 634, una cifra mucho menor en general que en la gestión pasada. Esto se traduce en que más atención a la ciudadanía y una calificada, seria y adecuada, significa ahora menos violaciones a derechos humanos.
En cuanto a los 78 mil 572 escritos de queja, en 2025 fueron 5.3 % más que el año pasado, 74 mil 563. Y una vez calificados derivaron en 18 mil 839 expedientes de queja. Solo 1 % más que en 2024 que fueron 18 mil 650.
Esos 18 mil 839, con los 4 mil 913 expedientes en trámite de ejercicios anteriores, sumaron un total de 23 mil 752 expedientes. Y de ellos, 19 mil 257 expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos fueron concluidos el 67.53 % mediante resolución durante el trámite. Y por conciliación, 13 mil 5, es decir, el 17.57 mediante orientación directa, 3 mil 191 y 0.77 % por recomendaciones ordinarias o particulares y por violaciones graves.
Este comportamiento confirmó que se sigue privilegiando la atención más inmediata y resolver con oportunidad e inmediatez lo que permite además evitar que las afectaciones escalen y ha sido posible gracias a la comunicación excepcional y a la coordinación que mantenemos con las autoridades federales en específico en materia de prevención algo que no hacía antes la CNDH.
Desde el año 2023 venimos trabajando con resultados que son tangibles, le dimos utilidad a nuestro sistema nacional de alerta que era solo un registro para, a partir de su información, entablar acciones que permitan centrarnos en eliminar las causas que motivaron quejas para que no se repitan, logrando con ello reducir las violaciones a derechos humanos a nivel federal en el país.
Esto se refleja de diversas maneras, pero palpablemente lo mostró el censo nacional de los derechos humanos federal y estatal correspondiente al año 2024 emitido por el Inegi. El número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por autoridades federales casos que son competencia de esta Comisión Nacional es menor en el plano local.
Según el documento elaborado por el Inegi durante 2024 se registraron 142 mil 391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en expedientes de queja abiertos por la CNDH y los organismos públicos de derechos humanos; y del total, 26 mil 597 hechos correspondieron al ámbito federal, es decir, 18.6 %; y 115 mil 794 al estatal, es decir, 81.3 %.
Es decir que las cifras que representaron una disminución respecto a 2023 de 13.3 % en las CNDH, con una anotación importante que tampoco podemos pasar por alto, y es que, a diferencia 2023, en 2024 las violaciones a derechos humanos en el ámbito local también están a la baja en un 8.1 %.
Esta es la realidad que se vive en el país hoy y lo decimos para que se tome nota: están reduciéndose las violaciones a derechos humanos. Por eso creamos el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, cuya primera edición entregamos en diciembre de 2025.
El premio está dirigido a instituciones del gobierno federal y tiene la finalidad de reconocer y difundir, pero sobre todo estimular, las mejores prácticas en políticas públicas apegadas a los derechos humanos, concretamente la reducción de quejas y el cumplimiento de las recomendaciones que emite esta Comisión Nacional.
Y es importante destacar que es el reflejo del esfuerzo que iniciamos en 2023, a partir de la Mesa de la Federación que mantenemos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación.
En este marco, les puedo decir que hoy se emiten las recomendaciones que se tienen que emitir. En 2025 fueron 156 recomendaciones ordinarias o particulares y 29 recomendaciones por violaciones graves que, sumadas a las de los 5 años anteriores, arrojan mil 426 recomendaciones emitidas en total en la gestión que encabezo.
Esta cifra representa el 32.9 % del total de recomendaciones emitidas en toda la historia de la CNDH y el 50.2 % desde que es órgano constitucional autónomo. Hablo de solo 6 años; además de las personas agraviadas que resultaron beneficiadas en 2025 mediante conciliaciones y gestiones durante el trámite, que son 18 mil 331, con las recomendaciones emitidas se benefició directamente a 627 personas.
En 2025, la CNDH siguió utilizando las herramientas constitucionales a su alcance para señalar normas y actos que vulneraban los derechos humanos, las acciones de inconstitucional promovidas del año que se da cuenta fueron 87, que sumada a las de 2020 a 2024, representan el 67.31 % del total emitido por la CNDH desde 2007. Con lo que se superó en solo seis años lo realizado durante los 17 años anteriores.
Independientemente de que cumplimos con nuestra obligación legal de emitir el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria y el diagnóstico 2024 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, además, publicamos dos informes especiales, el informe especial: la CNDH y la migración en caravana, hechos y derechos; y el informe especial con motivo del incendio de tomas clandestina en un ducto de hidrocarburo, propiedad de Pemex, ocurrida el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo.
En el recuento del trabajo llama la atención el incremento que ya había expuesto el año anterior, de las quejas relacionadas con recursos de inconformidad, es decir, aquellas quejas que presentan las y los ciudadanos con relación a la recomendaciones, acuerdos o misiones de las comisiones y defensorías de las entidades federativas. Mientras que en 2019 se registraron 552 expedientes, en 2024 llegaron a los 834, un incremento de 20.3 %, y en 2025 llegaron a mil 114 expedientes, que ya es el 101 %, algo que nos obliga a la reflexión.
Para la protección inmediata y urgente de personas en riesgo inminente, la CNDH emitió 23 medidas cautelares durante el año. Asimismo, se hizo un esfuerzo sin precedentes en materia de supervisión en centros penitenciarios.
En 2025 se realizaron 278 visitas, 100.6 % más que el año anterior. Igual, por lo que toca al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que realizó 385 visitas a lugares de la privación de la libertad, un incremento del 5.2% respecto de 2024, destacando además los logros en materia de educación en derechos humanos.
En 2025 fueron 4 mil 264 actividades de educación, formación y capacitación con 919 780 participantes, un incremento notable con respecto del año anterior: 18.5 % más de actividades y 7.9 % más personas capacitadas. Para fortalecer la cercanía y eficiencia en la atención, la CNDH envió su cobertura territorial con la apertura de una nueva oficina regional en Jalisco, en un contexto marcado por hechos profundamente dolorosos como los ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, cuyo expediente estamos integrando para emitir en breve una recomendación.
Asimismo, se hizo la reubicación estratégica de la oficina que operaba en La Paz, Baja California a la ciudad de Mexicali, Baja California, un punto clave de la frontera con Estados Unidos, con el fin de fortalecer la atención, particularmente de las personas en condición de migración.
También reafirmamos ejerciendo sin cortapisas, un principio básico que no hay derechos de primera ni de segunda, ni victimas más importantes que otras. Defendimos a todas y a todos también todos los derechos humanos.
Si bien, seguimos librando la batalla para que la aberración que cometió la anterior Suprema Corte de Justicia de cercenarle al pueblo la decencia de los derechos políticos- electorales se corrija y sean reconocidos como dice nuestra Constitución, logramos incidir significativamente en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de esta, emitiendo recomendaciones que serán seguramente un referente, dos en particular para restituir los derechos a la seguridad social y al acceso a la justicia.
La recomendación 50/2025 al ISSSTE ante la negativa de otorgar las prestaciones de seguridad social a las que la víctima tenía derecho y la recomendación 16/2025 que acreditó violaciones a los derechos humanos atribuirle a personal de la fiscalía general del estado de Veracruz que no cumplió con los principios generales de la debida diligencia en investigaciones judiciales. Esta recomendación reiteró la importancia de la observancia de la CNDH sobre el actuar de las fiscalías en el debido proceso para la procuración de justicia en favor de las víctimas.
La transformación de la CNDH ha sido posible gracias a que estamos convencidos y somos conscientes de que los recursos del pueblo son del pueblo y deben volver a él. Año con año procuramos hacer ahorros y solicitar reducciones. Para este año, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para la CNDH de mil 784 millones de pesos, 50 millones de pesos menos que nuestras propuestas, por lo que el ajuste al presupuesto de esta comisión representa un incremento nominal de 3.6 % respecto a los mil 722 millones aprobados para 2025, pero es un incremento en términos reales del 0 % y lo más destacado es la reorientación del gasto hacia actividades sustantivas, pues mientras que en 2019 el 54 % del presupuesto se destinaba a acciones de protección y defensa, en 2025 esta ascendió al 75 %.
Algo que quiero destacar de mi gestión es que la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos nos ha llevado a desterrar la práctica errónea de que sobre el presupuesto otorgado no se puedan hacer más ahorros, lo que llaman despectivamente el subejercicio y que aun cuando no se necesite gastarlo, hay que gastarlo en lo que sea con tal de no devolverlo. En 2024 devolvimos 234 millones de pesos. Este año la CNDH va a regresar a Hacienda más de 210 millones.
Esta gestión a mi cargo seguirá ahorrando siempre que pueda, ya ha devuelto y seguirá devolviendo invariablemente todo recurso que no sea necesario gastar. También es importante mencionar que la CNDH recibió en 2025 el certificado oro en la rectificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación, obteniendo nuevamente la máxima calificación de 100 puntos. Un logro que refleja el compromiso real de todos quienes elaboramos en ella tenemos con la igualdad sustantiva la diversidad y la no discriminación.
En suma, con un buen trato porque no se puede defender los derechos humanos hacia afuera si no se garantizan hacia adentro. Para finalizar, quiero mencionar que a partir de un análisis serio y responsable de nuestra realidad de los resultados que le debemos al pueblo y que espera de nosotros, se desprende la necesidad de dar paso ya a la legalización en nuestra Constitución del nuevo modelo de defensa de los derechos humanos que nos impone la transformación nacional.
Por eso propusimos hace tres años la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones que se emitan sean vinculantes, que se hagan constitucionalmente obligatorias, como dice desde 2011 el artículo primero y además de eso incorporar las acciones de prevención para evitar la consumación de violaciones a derechos humanos.
De manera que la eficacia de la CNNH no se mida por el número de quejas que atiende y por el número de recomendaciones que emite, sino por el número de hechos violatorios que emita, lo que nos permitiría dejar atrás el círculo vicioso que heredamos y que plantea algo aberrante en un país como el nuestro: que nunca se acaben las violaciones a derechos humanos y que eternamente sea necesario tener quienes los defiendan.
Cuando, en el paradigma que estamos impulsando, lo que queremos es justamente lo contrario: que se reduzcan las violaciones a derechos humanos, que no se repitan hasta que lleguemos al punto de eliminarlas por completo. Y que incluso llegue un día en que sean innecesarios organismos como las CNDH.
Tenemos que lograrlo y yo sé que lo vamos a lograr que los derechos humanos sean una vivencia normal y cotidiana en nuestro país. Estamos a la espera de que el Congreso de la Unión asuma su parte y que esto pueda ser una realidad. Mientras tanto, esto sucede, como he de acreditado en este mensaje, nosotros seguiremos haciendo nuestra parte. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: A continuación, se dará paso a una ronda de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios que conforman esta Comisión Permanente en orden creciente. Por tanto, tiene el uso de la palabra el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quienes han bifurcado su participación en dos oradores, inicia la diputada Laura Hernández García. Adelante, diputada.
La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Laura Hernández García: Hoy nos convoca un asunto fundamental para los derechos humanos en México, la presentación de este informe no se reduce solamente a una cuestión formal y de cumplimiento legal, sino de impacto positivo o negativo que puede tener en la dignidad de todas las personas y sus derechos. Es por eso, que en esta intervención voy a referirme en dos temas centrales. El primero, la preocupante crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país y, el segundo, el seguimiento y análisis de las recomendaciones de la CNDH.
2025 fue un año particularmente alarmante para la defensa y respeto de los derechos humanos. La CNDH, el 11 de enero de 2025, se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa y a la reforma constitucional que hace que esta se extienda a otros delitos, pese a que la ONU y la OEA recomendaron que esta medida se omitiera o se eliminara porque violenta directamente la presunción de inocencia.
Por otro lado, la crisis desaparición forzada de personas llegó a tal punto que en abril el Comité de Organizaciones de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa, en el marco de su 28 periodo de sesiones, decidió activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención Rectora porque a su juicio existen indicios fundados de que la desaparición forzosa en México es una práctica generalizada y sistemática, situación que puede derivar en que este asunto sea sometido a la atención y deliberación de la Asamblea General de Naciones Unidas por conducto de su secretario general.
Cabe preguntarse, ¿en qué medida la gestión de usted, con el debido respeto, ha sido corresponsable por la omisión o la insuficiente actuación para que se haya materializado dicha presunción en este comité? Lo preocupante de esta situación no es la activación del mecanismo, lo preocupante y vergonzoso fue la postura del gobierno mexicano, la cual rechazó categóricamente estas declaraciones del Comité y además aseveró que estas son relacionadas directamente con el crimen organizado, como si la quiescencia o negligencia de las autoridades no implicara también una forma de responsabilidad en ello.
Por su parte, la CNDH, en sintonía con el Ejecutivo, negó que en el país se atravesara por una crisis de desaparición forzada o estas fueran consecuencia de una política de Estado y ha cuestionado la decisión del Comité de activar este mecanismo.
Por más de que se busque modificar la narrativa, los hechos y los datos no se pueden ocultar. Entre octubre de 2024 a diciembre de 2025 han desaparecido 16 mil personas. A la fecha existen 132 mil desaparecidas o personas no localizadas.
El debilitamiento institucional de la CNDH también se refleja en sus propios resultados, aunque se difunde la narrativa que es la defensora del pueblo y que la gestión actual es la que más recomendaciones ha emitido en 35 años, esto no significa que estas recomendaciones realmente tengan un impacto certero y muchas veces se traducen en una mayor revictimización institucional de las personas, quienes después de una larga encrucijada y desgaste enfrentan la inoperancia de esta administración.
Y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones y defensores de derechos humanos. Es inaceptable que se priorice la cantidad de recomendaciones sobre su calidad, y lo es porque la resolución de la CNDH puede perjudicar a las víctimas, por ejemplo, provocando que no se acceda a mecanismos de reparación, como lo que establece la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
No sirve de nada un aumento en los números de las recomendaciones si estas no permiten el acceso a la justicia, pero, sobre todo, que se garanticen los hechos de no repetición, que las recomendaciones deban cuestionar a las autoridades que hayan violentado derechos humanos fundamentales, someterlas al escrutinio público, reconocer a las víctimas y buscar que se acceda a la justicia y a la reparación.
Y, retomo lo que dice el Centro Miguel Agustín Pro, en un estudio que sacó recientemente, que en más de 506 quejas relacionadas a posibles violaciones de derechos humanos, en el marco del ejercicio de acciones de cuerpos de seguridad federal, la CNDH declinó agotar de manera exhaustiva su facultad de investigación y cerrar los expedientes con una insuficiente documentación de lo sucedido.
Por ello, es importante que desde esta tribuna alcemos la voz, porque su postura de negar la crisis de personas desaparecidas y de las violaciones a los derechos en general, invisibilizar a las víctimas directas, a sus familiares, a las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, colectivos de búsqueda, vuelvo a preguntar, ¿qué ha hecho la CNDH para que se materialice la operatividad, por ejemplo, del Banco Nacional de Datos Forenses?
Y otra pregunta, mi compañero Pablo Vázquez Ahued solicitó en esta tribuna, el año pasado, que en la Comisión se hiciera una investigación exhaustiva para una macro recomendación por el reclutamiento de niños y niñas y adolescentes por la delincuencia organizada, quisiéramos saber, ¿en qué va esta investigación? Es por ello, que la bancada naranja refrendamos la firme convicción de garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas.
Conminamos a la CNDH para que asuma su mandato y no se niegue a ver la realidad, que voltee a ver a las víctimas directas e indirectas, que tenga apertura al diálogo, que retome las recomendaciones de organismos internacionales y que fundamentalmente coadyuve con ellas y con los defensores y defensoras que tienen una trayectoria probada, en el ejercicio pleno de su verdadera autonomía. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Adelante, senador.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Con el permiso de la directiva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Bienvenida, presidenta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida para incomodar al poder cuando el poder vulnera derechos, para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, para documentar con rigor, para exigir con autonomía y para empujar correcciones con consecuencias. Eso es lo que está a discusión el día de hoy, la utilidad pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como contrapeso civil.
Me referiré a tres decisiones y posturas públicas de 2025, que vistas en conjunto dibujan una misma inquietud, una comisión que se aleja del estándar de exigencia que el país necesita en los temas que más le duele.
Primero, como ya lo mencionó mi compañera, el rechazo a la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada en México activó el procedimiento del artículo 34 para México por la existencia de información con indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática. Este procedimiento no es un castigo automático, es un mecanismo previsto por el propio tratado para requerir información, evaluar respuestas, abrir un cause de cooperación en contextos extremos.
La postura pública de la CNDH fue tratar esa activación como una intromisión. Deslindar al Estado actual del diagnóstico y rechazar la posibilidad de un mecanismo internacional de esclarecimiento solicitado por colectivos, bajo el argumento de soberanía. En este tema, soberanía no puede significar mirar hacia otro lado, soberanía significa hacerse cargo, significa que el Estado entregue resultados verificables en lo esencial, búsqueda efectiva, identificación, investigación, reparación.
En la crisis de desapariciones el lenguaje importa, porque anticipa conductas, si la autoridad nacional de derechos humanos coloca el énfasis en descalificar el mecanismo, el mensaje que llega a las familias es que la institución prioriza una narrativa de defensa de un gobierno por encima de la verdad que ellas llevan años exigiendo.
Segundo tema, la militarización del país. Y es que, desde que se ampliaron las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, la carga de denuncias por violaciones a derechos humanos ha crecido.
En 2025 se registraron 908 expedientes de queja, en los que se identifica a las Fuerzas Armadas como principales responsables. De esos, 506 se concluyeron por no haberse acreditado violaciones.
Ese mismo año se emitió una recomendación general dirigida a Sedena y 11 recomendaciones por violaciones graves a Sedena y a Semar, 5 de ellas se refieren a hechos ocurridos entre el 2010 y el 2013.
Estos números nos alertan del riesgo que, –perdón– ante actores con poder operativo, poder de información y una estructura cerdada, la CNDH, pues, termine normalizando el cierre de expedientes sin una explicación pública de método o diligencia.
En este país las denuncias relacionadas con fuerzas militarizadas, incluida la Guardia Nacional, con frecuencia enfrentan barreras conocidas, información incompleta, negativa de datos, silencio de las víctimas, opacidad en investigaciones internas.
La CNDH existe para atravesar esas barreras, no para ser una más de ellas. La independencia se observa en los casos difíciles, cuando documentar implica insistir, cuando emitir una recomendación implica incomodar, cuando la autoridad investigada es poderosa y la presión de bajar el volumen es real.
Si la CNDH reduce su papel a registrar quejas y concluirlas, sin que el país pueda ver un estándar aplicado, la institución pierde su función de contrapeso y las víctimas pierden un canal.
Tercer tema, la prisión preventiva oficiosa. El 11 de enero de 2025, la CNDH se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa y de su ampliación a más delitos, pese a la total incompatibilidad con la presunción de inocencia.
Y es que, en México, el año pasado, el 47 % de la población penitenciaria sin sentencia, poco más de 40 mil personas, ingresó precisamente por prisión preventiva oficiosa. Esto significa que decenas de miles de personas están privadas, sin libertad... su libertad sin una sentencia, simplemente por un mandato automático.
Una medida cautelar automática tiende a castigar por adelantado, sobre todo a quien menos recursos tiene para defenderse, a quien enfrenta detenciones deficientes, a quien queda atrapado en sistemas de procuración de justicia saturados.
Y, además, la reforma constitucional de 2019 incluyó un mandato claro: el transitorio cuarto ordenó evaluar la eficacia de esta figura a los cinco años y este plazo ya transcurrió. Esa evaluación no puede seguir pendiente.
Defender la prisión preventiva oficiosa sin exigir el cumplimiento de esa evaluación equivale a abdicar el estándar mínimo de rendición de cuentas.
Con lo anterior en mente, le pregunto: como le mencioné, una parte significativa de las recomendaciones emitidas durante su gestión, al menos 5 de 12, se refieren a violaciones ocurridas de 2010 a 2013 y solamente una atiende a hechos de la actual administración.
Desde Movimiento Ciudadano vemos un rezago evidente a los problemas emergentes del país. En ese sentido, quisiéramos preguntar: ¿Qué criterios utiliza para priorizar las investigaciones y recomendaciones de la Comisión? ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar que estos criterios estén basados en la urgencia, en la gravedad y en la actualidad de las violaciones a derechos humanos y no a consideraciones de carácter político que la lleven a minimizar las violaciones cometidas en la presente administración? Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, senador.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Ana Isabel González González: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Ana Isabel González González: Bienvenida, presidenta, a la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos recibiendo este informe de actividades de 2025 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podemos verlo como solo un trámite o como una actividad de cortesía para nuestra Honorable Cámara de Diputados.
Tiene que ser una situación que exija rendición de cuentas, como lo debe ser una comparecencia. Cuentas, en lo personal, no escuché hace unos minutos. Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá afuera de esta Honorable Cámara de Diputados.
Estamos atravesando por un país que está ensangrentado. Estamos atravesando por un país que, si lo decimos como es, está lleno de bardas. Estamos atravesando por un país donde hay desapariciones forzadas. Y de esos datos no se habla aquí, donde debemos presentarlos, porque lo que no se mide, dicen en mi tierra, no se mejora. Y, si lo evadimos o si no lo escuchamos, cómo vamos a mejorar estas cifras que son lamentables para nuestro país.
Si nos vamos al informe anterior, se habla de 142 mil hechos violatorios de derechos humanos, de lo cual tampoco se ha hablado de una comparación a lo que se tuvo en 2025 para poder trabajarlo en este 2026. Son hechos lamentables.
Estamos hablando de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano autónomo, por cierto –aprovecho para aclarar–, de los pocos y contados órganos autónomos que nos quedan, porque en la legislatura que formamos parte desde el año pasado, en los periodos anteriores ha habido una necesidad por parte de la mayoría de acabar con los órganos autónomos.
Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos es todavía un órgano autónomo. ¿Y por qué digo todavía? Porque, aunque está plasmado en la Constitución, en la realidad vemos que, en lugar de proteger a las víctimas, a las y a los mexicanos, prácticamente protege al poder.
Y podrán decir: ¿cómo que protege al poder? Pero díganme ustedes si ir a tocar una puerta para pedir permiso a Palacio Nacional no es proteger el poder. Para saber qué cifras se tienen que maquillar y para saber qué información sí se tiene que dar.
No lo digo yo, lo dice Human Rights Watch que, como sabemos, es un organismo internacional, donde habla de la tasa de homicidios en México, que es la más alta y de las más altas en todo el mundo.
Estamos hablando de que son datos fuertes, 9 de cada 10 homicidios en nuestro país quedan prácticamente sin castigo. De eso es lo que se tienen que venir a hablar. Repito, no estamos intentando exhibir, estamos intentando tener los datos para poder trabajar, como se presentaba en esta tribuna en coordinación, cada quien haciendo su trabajo, para poderle dar resultados a las y los mexicanos.
Y si nos vamos a otro órgano internacional, como lo es Amnistía Internacional, que también es una ONG, habla de las desapariciones forzadas, habla de esos más de 120 mil casos de desaparecidos en nuestro país, que el día de hoy no han tenido respuesta, no se ha apoyado en búsqueda y no se le ha dado la veracidad y respeto a este tema tan importante y tan lamentable en nuestro país.
Por otra parte, escuchaba que se hablaba de prevención, pero también hay organismos internacionales que mencionan que a nuestro país le ha faltado la prevención, y esto hablando específicamente en materia de mujeres, de niñas y de violencia específicamente hacía a la mujer.
Es lamentable que tengan que salir organismos internacionales a hablar de lo que se tendría que estar dialogando y exigiendo desde nuestro país. Definitivamente en este país, donde las violaciones a los derechos humanos han crecido, y lo hablo por los compañeros periodistas a quienes se les busca censurar en su libertad de expresión, también es una violación a los derechos humanos.
La privación de la libertad también es una violación a los derechos humanos. Esas cifras son las que necesitamos, pero no maquilladas, las necesitamos justas para poder trabajar y evitar que más víctimas se sigan sumando. Hablan de homicidios y hablan de reducción de homicidios, pero dejan el feminicidio a un lado y la desaparición forzada del otro. Esas cifras hasta en el kínder se pueden modificar.
Hablamos de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos subordinada al poder y no podemos permitirlo, compañeras y compañeros legisladores. Tenemos nosotros una encomienda donde las y los mexicanos que votaron por nosotros nos piden que los defendamos, y por eso hay que levantar la voz en esta tribuna que es la más alta.
Y también mencionar de qué manera hoy hay madres buscadoras sin respuesta. Hoy hay desplazados que buscan a donde ir y no lo encuentran. Hoy hay víctimas que no tienen respuesta ni justicia, y ahí es donde tenemos que exigir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dé respuestas.
Se exigen respuestas, no para uno, para los millones de mexicanos que están afuera siendo víctimas y que piden una respuesta. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Anabell Ávalos, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senadora.
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca: Muchas gracias, presidenta. México hoy está reprobado en materia de derechos humanos. El derecho a la salud más que olvidado, sin medicamentos, sin vacunación, con una epidemia de sarampión. ¿Que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Ha señalado los errores de este gobierno?
Las masacres siguen, esas de las que su líder se burlaba. Apenas en Salamanca, en Salamanca, Guanajuato, hubo otro ataque que deja más de 11 muertos y muchos heridos, todos en su mayoría jóvenes. Mientras tanto, la titular del Ejecutivo preocupada porque haya más conciertos de un grupo coreano.
Los jóvenes requieren educación y oportunidades. ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos hará alguna investigación o recomendación para apoyar a nuestros jóvenes? Tristemente vamos a escuchar que México hoy está mejor que nunca en materia de derechos humanos y ese diagnóstico errado proviene de quien debe proteger los derechos humanos en el país.
Tampoco vemos alguna autocrítica o señalamiento de responsabilidad o irregularidad para el oficialismo. Un derecho humano, un derecho humano de las personas es tener un buen gobierno y un adecuado acceso a la justicia. En pocas palabras, que no haya corrupción.
Hoy vemos una 4T que pregona austeridad, pero que vive en la riqueza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de estar preocupada por administrar justicia, compra camionetas blindadas de lujo y lo más absurdo, las emplacan en Morelos para no pagar impuestos.
¿Aquí en la Ciudad de México habrá alguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Tristemente, el 28 de diciembre del año pasado se descarriló el Tren interoceánico. Hubo 14 muertos y casi 100 personas heridas. ¿Cuál fue la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Está investigando la corrupción en torno a la construcción del tren.
¿Será violatorio de derechos humanos que se nombre como responsable de la obra a alguien que no tiene experiencia en ese sector y cuyo único mérito era haber sido hijo del expresidente López?
Quiero recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó para proteger a las personas de arbitrariedades de las autoridades y como contrapeso político para denunciar los atropellos de los gobiernos, a través de una recomendación pública que obliga a una explicación de la autoridad.
¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos a su cargo está cumpliendo verdaderamente con esa función o está empecinada en defender al gobierno? Hay que decirlo muy fuerte y claro, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una comparsa de un régimen autoritario que viola derechos humanos.
Ya basta, casi un año para ver si se emite una recomendación del caso tan grave en Teuchitlán. No, bueno, si queremos avanzar debemos discutir los temas, no debemos eludirnos ni esconderlos. Esa es la labor de este Congreso, estamos aquí para revisar la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se corrijan irregularidades.
En el PRI refrendamos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos y queremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos defienda al pueblo. Defienda al pueblo y no defienda al gobierno.
Usted dijo que nunca se acaben las violaciones a los derechos humanos ¿nos podría explicar qué significa esto? Porque eso es lo que escuchamos hace un momento. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, coordinador.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México fue en 1990, por decreto presidencial, y ocurrió en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, puesto que durante la década de 1980 se documentaron de manera recurrente abusos de autoridad, especialmente por parte de corporaciones policiacas, ministerios públicos y fuerzas de seguridad, con casos recurrentes de violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, abusos en el sistema de procuración de justicia, entre otros.
Aquí debo de decir con claridad que nace porque el modelo neoliberal, que era su segundo sexenio, era el principal violador de derechos humanos, el gobierno. Miren, aunque la CNDH nació como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en un principio, ganó rápidamente legitimidad social al haber emitido recomendaciones relevantes, especialmente contra la PGR en casos de alto impacto por la creación de programas especiales, tortura sistemática, penitenciaria, periodistas, desaparecidos, asuntos indígenas, niñez migrante y por su intensa labor de promoción de la cultura de derechos humanos mediante publicación de foros y capacitaciones.
Fue hasta la reforma de 1999 que se le dio el carácter de órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestaria; además de que se establece que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente es quien designa a su titular con el voto de las dos terceras partes.
En ese sentido, la CNDH surge como un mecanismo no jurisdiccional para atender quejas contra autoridades con una respuesta institucional ante la insuficiencia de los tribunales para garantizar derechos humanos y como un canal de legitimación democrática, al reconocer explícitamente la existencia de abusos del poder público. Fíjense hasta qué fecha.
Y aquí, debo de decir, que todavía no venía la reforma constitucional de 2011, que apenas se movió de la reforma de 1917, que en el artículo primero establecía garantías individuales, y ahora la reforma de 2011 pone en el centro el tema de derechos humanos. Y nuestra amiga María del Rosario Piedra Ibarra es la séptima persona que encabeza esta comisión, pero debo de decir con toda claridad, en la ruta de la cuarta transformación, donde el Estado deja ser el violador de los derechos humanos o el principal violador, cosa que ocurrió en el modelo neoliberal.
Por eso aquí nosotros decimos con toda claridad, de hacer una reforma para que ya no se llame Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que se llame: la defensoría del pueblo. Ya nos explicaba María del Rosario que ha bajado porque ya no es el eje de la violación de derechos humanos el Estado mexicano, porque estamos construyendo el estado del bienestar, porque estamos construyendo el estado humanista, donde ponemos en el centro a las personas.
Esto es tan revolucionario que debo de decir que, en la evolución de la sociedad, cuando existía el socialismo real, que su prioridad era derechos colectivos-derechos sociales, el capitalismo agarró como bandera el tema de derechos humanos, el derecho a la pro-persona.
Se derrumba el modelo del socialismo real, ¿y qué ocurre ahora con el capitalismo? No me digan que el principal promotor y el que califica y certifica a los países en términos de violaciones de derechos humanos, que es Estados Unidos, no me digan que ahora con lo que está ocurriendo, de los crímenes que han ocurrido últimamente, ¿no es el violador de derechos humanos?, ¿no es el principal violador de derechos humanos?
Eso que ustedes siempre han tenido como ejemplo de que ahora vienen a decir que estamos reprobados en derechos humanos, la 4T. No, al contrario, porque miren hay que ver, porque ya dicen los primogénitos derechos humanos y luego los secundarios, y luego los terciarios, nosotros ya estábamos en la ruta de que la sociedad en su conjunto salga de la pobreza extrema y no me digan si no es una violación de derechos humanos, la cantidad de pobres que dejo el modelo neoliberal que construyó el modelo neoliberal, que a estos mexicanos no tenían acceso ni a la educación ni a la salud, ni al trabajo, ni a la vivienda, ni al acceso al agua, ni acceso al drenaje. Y ahora es nuestra prioridad las mexicanas y los mexicanos. Por eso sostengo que la 4T va en la dirección correcta.
Antes de la llegada de la 4T, una de las criticas persistente a la CNDH fue que no ejercía plenamente su autonomía constitucional. Especialmente frente al Poder Ejecutivo Federal, en ese sentido, se le acuso de actuar con cautela excesiva o incluso con Placencia frente a gobiernos en turno, particularmente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Miren lo que ocurrió. En ese sentido, destaco la insuficiencia y la contundencia ante casos emblemáticos de violaciones graves. La mal llamada: Guerra contra el narcotráfico. Se señaló que la CNDH no asumió un papel firme frente a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y abusos de militares. Caso Ayotzinapa, Aunque la CNDH emitió informes, recomendaciones a organizaciones de derechos humanos consideraron que su actuación fue tardía, limitada y sin una postura clara de confrontación frente a la llamada: verdad histórica.
Masacres y uso excesivo de la fuerza, Tlataya, Apatzingán, Tanhuato, se reprochó que la comisión no utilizara con mayor fuerza herramientas como recomendaciones generales, o acciones de inconstitucionalidad. ¿Díganme en la 4T un suceso de esta naturaleza? Ninguno, cero, porque estamos en otra dirección.
Así se puede afirmar que la CNDH careció de una postura crítica, estructural frente al modelo de seguridad. Antes de 2018, se cuestionaba que no desarrollaba una crítica sistemática y consistente al modelo de seguridad pública que emitiera pronunciamientos fragmentados sin una narrativa clara que vinculará la violencia estructural, la impunidad, la responsabilidad de Estado y que evitará confrontar de manera frontal reformas legales o políticas públicas que implicarán riesgos para los derechos humanos.
No tenemos ninguna duda que nuestra amiga y compañera María del Rosario Piedra Ibarra ha hecho bien las cosas y va bien. Yo esperaría que empujáramos una reforma constitucional para cambiarle de nombre, incluso que el concepto de defensoría de oficio no dependiera del Poder Judicial o en el caso de algunos estados de forma independiente, sino que eso dependiera de la defensoría del pueblo y que fuera vinculante, que le pusiéramos algo más de fuerza a la recomendación para que tuviéramos más éxito y no tengo ninguna duda de que estamos en otra etapa de la evolución de los derechos humanos en favor de las mexicanas y los mexicanos y el modelo de bienestar que va acompañado de todo este esfuerzo tuviera mucho mayor éxito.
Nosotros la felicitamos, le reconocemos y vamos para adelante en la 4T sin ninguna duda. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, coordinador.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Saludo cordialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Bienvenida, presidenta, a esta, la casa del pueblo. Saludo también diputadas, diputados, senadoras, senadores, integrantes de esta Comisión Permanente, pueblo de México.
La defensa de los derechos humanos constituye una de las responsabilidades más complejas y sensibles del Estado mexicano. No se trata únicamente de un mandato jurídico, sino de una tarea que exige convicción, constancia y sobre todo un compromiso permanente con las víctimas.
Es en este contexto donde adquiere particular importancia el trabajo realizado por la presidenta Rosario Piedra Ibarra, quien desde noviembre de 2019 encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si bien podría pensarse que se trata de un periodo breve frente a la magnitud de los retos que enfrenta nuestro país en esta materia, lo cierto es que ha sido una etapa caracterizada por procesos de transformación institucional, básicamente. Y una conducción orientada a colocar nuevamente a las víctimas en el centro de la acción pública.
Un acto de justicia histórica que hoy ha venido con la presente administración en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha desempeñado su labor en un entorno particularmente exigente, marcado por una demanda legítima de resultados tangibles.
Claro, ante este escenario, la conducción de la Comisión ha apostado por una defensa de los derechos humanos menos retórica y más cercana a las realidades que enfrentan diariamente las personas.
La etapa que ha atravesado la Comisión no puede analizarse de manera aislada. A nivel global, los Estados y sus instituciones han sido puestos a prueba por conflictos armados, crisis migratorias, emergencias sanitarias y México no ha sido ajeno a esta realidad.
Estas condiciones han alimentado una percepción social comprensible. La idea de que los derechos humanos no se viven plenamente. Lejos de negar su valor, esta percepción expresa una exigencia legítima de resultados y de instituciones más eficaces.
Es precisamente en este escenario donde la labor de los organismos de derechos humanos adquiere una relevancia aún mayor. A pesar de las dificultades, durante estos años se han logrado avances que merecen puntualmente ser reconocidos.
México ha participado activamente en mecanismos internacionales de evaluación, como el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, contribuyendo a un diálogo internacional riguroso sobre su desempeño y compromisos en esta materia. México, se actualiza con las instituciones básicas internacionales.
Asimismo, en febrero de 2025, la Comisión firmó un acuerdo con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina, para reforzar la prevención de esta práctica horrorosa y otros tratos crueles.
También, se han dado pasos importantes en el reconocimiento de derechos específicos como reformas orientadas a consolidar mayores estándares de libertad de expresión y acceso a la información, así como modificaciones al marco jurídico para fortalecer la dignidad, el acceso a la justicia y la participación plena de las personas con discapacidad.
No obstante, es inevitable reconocer la realidad que atravesamos, vivimos en una época marcada por una creciente sensación de deshumanización donde la violencia, la incertidumbre y el miedo se han normalizado.
Frente a este escenario no podemos permitir que la resignación sustituya a la responsabilidad del Estado. Las instituciones encargadas de procurar y defender los derechos humanos deben concebirse como pilares fundamentales del sistema democrático, de su solidez depende que la ciudadanía recupere la confianza y que las víctimas no queden en el abandono como históricamente se había dado antes de que llegara el proyecto de la transformación.
Desde la bancada del Partido Verde reconocemos el trabajo y la visión humanista realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y asumimos con responsabilidad nuestro papel en el fortalecimiento de las instituciones, nuestro papel legislativo centrado en el bienestar de las y los mexicanos, la dignidad humana y la justicia social.
De igual forma, reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo propuestas que consoliden una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de nuestros derechos humanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senadora.
La senadora Juanita Guerra Mena: Con su venia, presidenta. Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea usted bienvenida a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en cumplimiento a la obligación constitucional y legal de informar sobre las actividades de la Comisión que usted dignamente preside.
Su labor al frente de este importante organismo para la defensa y la protección de los derechos humanos del pueblo mexicano funge como base para consolidar la homologación de los entes locales de la federación, que también es muy importante revisarlos.
Sin lugar a dudas, sus acciones la distinguen por fortalecer un Estado democrático e impulsar la participación ciudadana para alzar la voz ante violaciones a la dignidad humana. Desde la bancada del Partido Verde Ecologista de México reconocemos su esfuerzo y convicción de trabajar por un México más justo, respetuoso de los derechos humanos.
Las acciones de la Comisión Nacional han dado como resultado que durante el año 2025 se emitieron 156 recomendaciones ordinarias, siendo las principales razones, una de ellas, la integración irregular de algunos expedientes.
También se realizó 29 recomendaciones por violaciones graves, tanto por tortura, por falta de acreditación del hecho violatorio, por trato cruel o degradante, así como el uso arbitrario de la fuerza y por la retención ilegal de ciertas autoridades.
Se tuvo un registro casi de 19 mil expedientes por quejas, de los cuales, cerca de 15 son y fueron concluidos con una tasa de conclusión del 73.9 % durante el trámite respectivo, eso es importante señalarlo; 73.9 % donde ese trámite se dio.
Coincidimos en que la prevención es un componente esencial para evitar hechos delictivos. Por ello, proponemos fortalecer y articular de manera integral las acciones de prevención, particularmente en materia de seguridad.
Solicitamos la implementación de una campaña permanente que incentive a la ciudadanía a denunciar cuando sea víctima de algún delito, garantizando el acompañamiento de confianza en esta gran institución.
De igual forma, planteamos impulsar procesos de capacitación, con apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigidos a las dependencias correspondientes, a fin de fortalecer la actuación institucional con un enfoque de legalidad en los derechos humanos.
El papel que hoy realiza la Comisión Nacional como promovente de una cultura de paz y reivindicación del humanismo, es elemental para combatir y erradicar la impunidad, la corrupción o cualquier forma de discriminación, así como fortalecer la prevención y no la repetición de violaciones a los derechos humanos, una tarea que sabemos que ha sido y ha sido no de manera sencilla, pero también tenemos que trabajar día con día para fortalecerla, por eso ha sido posible, que gracias a la transición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un verdadero organismo autónomo y no como anteriormente se usaba para ciertos fines políticos.
Estamos frente a un cambio institucional necesario, donde niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, personas privadas de la libertad, periodistas, defensores de derechos ambientales y humanos, cuenten con una verdadera institución que defiende y que proteja sus derechos más elementales.
La bancada del Partido Verde Ecologista de México, las y los legisladores reconocemos las acciones que han tenido a bien realizar, por eso nuestra presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, quien ha trabajado en impulsar cumplimientos en los derechos más esenciales, garantizando así los derechos humanos de las personas en México.
Por eso, le reconocemos y le respaldamos y le pedimos que siga defendiendo, como esa defensoría que debe de darse para defender la garantía de los derechos humanos para las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, senadora.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El día de hoy presento posicionamiento del grupo Acción Nacional, respecto del informe de labores de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida a este ejercicio de rendición de cuentas.
Quiero dejar y precisar que en Acción Nacional siempre hemos valorado la importancia y la trascendencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como institución en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que hoy estamos cuestionando es el desempeño de su titular, la falta de resultados, los silencios, las omisiones y la falta de autonomía. Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos fue creada para defender los derechos de los ciudadanos frente a actos de las autoridades, no para solapar los actos de las autoridades.
Quiero recordar que en su primer periodo usted fue electa en el Senado, en una elección muy polémica, que incluso fue calificada de fraude, faltaron dos votos. Y en el segundo periodo hubo un proceso en el Senado de evaluación a todos los aspirantes y tenemos que decir que su persona obtuvo las calificaciones más bajas en la evaluación técnica y, por razones de carácter político, la mayoría del Senado votó a su favor.
El proceso fue una farsa, una simulación, una mentira para todos aquellos que participaron. En ambos casos no tuvo la legitimidad de origen, pero tampoco el compromiso ni el interés de esforzarse por adquirirla en el desempeño de sus funciones.
Diversos medios han señalado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha priorizado investigaciones históricas, recomendaciones que corresponden a otras administraciones federales, pero no se ha pronunciado con la misma contundencia respecto de hechos graves y recientes que impliquen violaciones a los derechos humanos.
Quiero referirme a la marcha de la generación Z, en noviembre de 2025, que derivó en enfrentamiento y detenciones violentas a los manifestantes. En ese caso no hubo pronunciamiento alguno de la CNDH ni se abrió expediente sobre los hechos o posibles violaciones que pudieran cometerse.
Señora presidenta, no hemos visto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyando a víctimas, no le hemos visto apoyando a padres y madres buscadoras, no hemos visto pronunciándose en temas de migración, de desplazados o las agresiones y persecución a periodistas, como tampoco en el caso de homicidios, feminicidios y desapariciones. En todos estos casos, la CNDH se ha puesto del lado de las autoridades, ha guardado silencio. Y hoy la CNDH es un apéndice, un órgano del propio gobierno federal.
Lo que sí hemos visto es la cercanía de la Comisión con el gobierno en turno, lo cual, por un lado, compromete su independencia, pero establece un grave, muy grave precedente. No importa qué tan grave sea la violación a los derechos humanos, no pasa nada. La CNDH y el gobierno federal son lo mismo.
Desafortunadamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dejado de ser un órgano que represente los derechos de los ciudadanos y un contrapeso frente a actos de las autoridades, lamentablemente. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Con el permiso de la Presidencia. Gracias. El día de hoy asistimos ante esta soberanía para el análisis del Informe anual de actividades de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hablar hoy de derechos humanos en México es hablar de una crisis profunda, estructural y persistente, una crisis que el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a reconocer en toda su dimensión y que lamentablemente la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dejado de enfrentar con la firmeza, la autonomía y la valentía que le impone su mandato constitucional.
Mientras aquí se presentan informes, en el país continúan las desapariciones, los homicidios, la violencia institucional, la persecución política, el desplazamiento forzado y la impunidad.
Los derechos humanos no se violan únicamente cuando el Estado actúa de manera ilegal: se violan también y de forma igualmente grave cuando el Estado omite, tolera, encubre o normaliza la violencia. Esa normalización es hoy una de las mayores amenazas de la dignidad humana, a la democracia y al Estado de derecho en México.
La realidad es que el país vive una normalización de la tragedia. Se pretende acostumbrar a la sociedad a convivir con el miedo, con la violencia y con la ausencia de justicia. Se nos quiere hacer creer que esta situación es inevitable, que es parte del contexto, que no existen alternativas. Eso no es verdad. Lo que existe es una profunda falta de voluntad política para enfrentar la crisis de derechos humanos con seriedad, responsabilidad y apego a la Constitución.
Uno de los rostros más dolorosos de esta crisis es el de las personas desaparecidas. México enfrenta una tragedia humanitaria que no admite eufemismos ni discursos complacientes.
Decenas de miles de personas han desaparecido y miles de familias buscan a sus seres queridos en el acompañamiento efectivo del Estado. Buscan en fosas clandestinas, en terrenos baldíos, en ríos y en desiertos, muchas veces arriesgando su propia vida, mientras las instituciones fallan en su deber más fundamental: buscar, investigar y sancionar.
Las desapariciones son un delito, es una violación múltiple, continuada y devastadora de derechos humanos. Viola el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, al acceso a la justicia y al derecho a la verdad. Destruye familias, comunidades y generaciones enteras y, frente a esta tragedia, la respuesta institucional ha sido insuficiente, fragmentada y en muchos casos simulada.
La crisis forense persiste, los registros siguen incompletos, las investigaciones no avanzan y la verdad continúa siendo negada. Lo más grave es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha asumido un papel protagónico, firme y constante frente a esta tragedia.
Las víctimas no necesitan diagnósticos tibios ni recomendaciones aisladas, necesitan una institución que las acompañe, que las defienda y que confronte al poder cuando esta falla. El silencio institucional frente al dolor no es neutralidad, es abandono.
Otro eje central de la crisis de derechos humanos es la militarización de la seguridad pública. Cada abuso no investigado y cada violación no sancionada erosiona el Estado de derecho y consolida la impunidad. Sin embargo, el informe que hoy se presenta, no refleja con claridad la gravedad de este fenómeno ni la urgencia de establecer límites claros al poder armado en una democracia.
La impunidad es quizá la violación más sistemática y devastadora de los derechos humanos en México. Sin justicia no hay derechos humanos, sin sanción no hay garantías de no repetición. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón preocupante de abuso institucional. Frente a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha guardado un silencio que preocupa y decepciona. La neutralidad frente al abuso no es imparcialidad, es omisión.
La libertad de expresión y de prensa continúa bajo ataque, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. A la violencia criminal se suma la estigmatización del poder, la descalificación pública y el uso de las plataformas oficiales para desacreditar voces críticas. Cuando desde el poder se ataca a la prensa, se abre la puerta a la violencia.
Una democracia se mide por su capacidad de tolerar la crítica, no por el número de aplausos al gobierno. Con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no defiende con firmeza la libertad de expresión, renuncia a una de sus funciones esenciales.
Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo decimos con claridad, no vamos a normalizar la violencia, no vamos a normalizar la impunidad y no vamos a aceptar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos silenciosa frente al abuso del poder.
Por ello, nos pronunciamos categóricamente en contra de la presentación y validación de este informe. Exigimos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recupere su función constitucional, su independencia real y su compromiso con quienes no tienen voz. Porque cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calla, el Estado falla. Y cuando el Estado falla, esta soberanía no puede ser cómplice. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el Grupo Parlamentario de Morena para dar por concluida las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por tanto, inicia la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Adelante, senadora.
La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes. Bienvenida compañera presidenta. El papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental en cualquier democracia constitucional. Es el termómetro ético del Estado, el espejo que nos obliga a mirarnos sin complacencias y la voz que debe amplificar el dolor de las víctimas cuando otras puertas se cierran.
Felicito que hoy tenemos a una mujer que ha sido parte de la historia y de la fortaleza de esta gran nación. No nos equivocamos y creo que estamos, no creo, confirmo que estamos en el lado correcto de la historia.
En el 2025 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha vivido un escrutinio fuerte y debe vivirlo porque su legitimidad no se proclama, se demuestra en resultados y en el acompañamiento y en la reparación.
Es por lo menos justo reconocer que durante la administración de la maestra Rosario Piedra Ibarra se ha fortalecido la orientación social. Del discurso, la agenda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, priorizando a grupos históricamente vulnerados como personas migrantes, mujeres víctimas de la violencia, comunidades indígenas y personas privadas de su libertad.
Pero todo esto se logra visibilizar porque hemos logrado con paz la alternancia en este poder. Cuando volteamos hacia Estados Unidos vemos un punto de quiebre y aquí en México los que no están a gusto van a permanecer siempre señalando los problemas, pero nunca reconociendo que gracias a este contrato social y este cambio de régimen es que hemos logrado visibilizar lo que por muchos años se había emitido, decenas y miles de recomendaciones, pero ¿dónde estaba Raúl Plascencia, mejor conocido como Raúl Complacencia? Nunca hizo nada, nunca visibilizó lo que estaba pasando aquí en el país.
Hoy la Comisión Nacional está haciendo recomendaciones relacionadas con condiciones de centros penitenciarios, estaciones migratorias, violaciones graves a derechos humanos, la ampliación de pronunciamientos sobre la movilidad humana, algo que nosotros también tenemos que asumir. México cada vez ha tenido más la presión de movilidad humana por las mismas condiciones globales, por las mismas condiciones que se viven en situaciones de guerra en otras naciones.
Es decir, estas acciones que se han hecho han logrado, y yo centraría en tres aciertos que se han hecho en esta posibilidad de 2025 con tu presidencia: mayor producción pública de recomendaciones y visibilización de violaciones graves. No hemos sido complacientes y se han hecho acciones para que se hagan recomendaciones que implican, sobre todo, automáticamente mayor justicia material por sí misma.
Y representa mayor visibilización institucional de las violaciones de derechos humanos y mayor presión pública para su atención. El publicar recomendaciones, porque antes no se hacía, hoy se hace es uno de los mecanismos más importantes del constitucionalismo mexicano para prevenir y corregir y transformar prácticas violatorias.
El uso también del control constitucional es algo que nos ha permitido tener esta acción como organismo autónomo. Ha impulsado un crecimiento en capacitación y difusión. Sin miedo al debate para el avance social sí es relevante que pensemos en avenidas y maneras.
Y formas en las cuales ya realizada la labor primordial esta condición de la queja, la recomendación y la notificación de las autoridades se pueda marcar con una mayor incidencia. Y el rezago y el retraso y el incumplimiento sea algo que se vuelva una práctica con mayor fuerza, con mayor certeza y con mayor capacidad como lo ha demostrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Es decir, que no podemos nosotros olvidar lo que pasó en Acteal, lo que pasó en Aguas Blancas, es decir, todos esos datos por decirlo, creemos que la progresividad de los derechos y el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sostenido la progresividad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales como eje de la política pública.
Eso es la centralidad cuando hablamos de cambio de régimen, cuando hablamos que estamos transformando de fondo a esta nación. Haber hecho posible la ley de los adultos mayores le dio derechos a quienes muchos, por muchos años, se les olvidó. Pasamos de mil 160 pesos de apoyo bimestral a 6 mil pesos; eso es un gran cambio cualitativo en lo que tiene que ver con los derechos sociales y los derechos económicos.
Es decir, yo quisiera pedirle un minuto más a la Presidencia para poder cerrar en cuanto a mis propuestas porque no solo es el reconocimiento, sino también decirles que debemos de fortalecer la coordinación con los congresos locales y el Congreso de la Unión para emitir opiniones técnicas previas a reformas legislativas que puedan afectar derechos sociales, evitando litigios posteriores y consolidando una cultura preventiva.
También a través del acompañamiento territorial con victimas colectivas y comunidades donde hay conflictos socioambientales, desplazamiento, violencia contra mujeres, criminalidad o abusos en estaciones migratorias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe tener presencia más activa, con seguimiento público y coordinación interinstitucional sin sustituir a las fiscalías o juzgados, pero sí presionando por reparación y no repetición.
Por último, es importante recalcar el tema del cumplimiento con estándar de reparación demostrable. Un sistema de recomendaciones sin reparación demostrable termina debilitando a la propia comisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede elevar el estándar. Cumplimiento no es oficio recibido, es cambio verificable, reparación, garantías de no repetición y evidencia pública.
La esperanza es también la convicción de que México puede ser un país donde los derechos no dependan del nivel de ingreso, del lugar de nacimiento o del género. Es la certeza de que las instituciones pueden transformarse para servir mejor al pueblo.
Desde esta alta tribuna, reitero que seguiremos trabajando para que los derechos humanos sean la base de cada ley, de cada propuesta, de cada presupuesto, de cada política pública; y confío que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en diálogo respetuoso con los otros Poderes, puede fortalecer su papel como garante crítico, autónomo y cercano a las víctimas.
Construir un México más incluyente y respetuoso de la dignidad de todas y de todos no es tarea de una sola institución ni de una sola administración, es una tarea generacional y hoy analizar este informe lo hacemos con un espíritu de responsabilidad compartida. Sea bienvenida, y enhorabuena tener a una mujer congruente y valiente como usted. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora.
La senadora Beatriz Mojica Morga: Con su venia, presidenta. Quisiera recordar el marco en el que estamos. El modelo del humanismo mexicano tiene en sus pilares transversales la generación de una sociedad de derechos. En eso hemos trabajado durante muchos años, y en la mejora de los niveles de vida del pueblo.
Para lograr esto ha sido necesario el cambio de visión; y, por lo tanto, ya no hay un Estado represor, hay un Estado que todos los días se preocupa con una visión humanista por el bienestar del pueblo.
Por ello, este informe que nos presenta hoy la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presenta las cifras que presenta. Hoy acude a esta soberanía para informar al Congreso y al pueblo de México sobre las acciones y actividades realizadas en 2025.
La CNDH se ha transformado para consolidar su transición hacía un modelo de defensoría del pueblo, enfocándose en austeridad, la atención directa a víctimas, la memoria histórica y el humanismo mexicano. Sin descuidar la defensa de los derechos de las y los mexicanos, la atención a las víctimas, el combate a la impunidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como hemos escuchado, ha venido revisando un trabajo de transformación institucional que se ajuste y redefine a sí misma con base en los pilares transformadores de la austeridad, honestidad, servicio y cercanía al pueblo de México.
En ese sentido, es importante resaltar que en el 2025 este modelo que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos es muy importante, su objetivo es identificar riesgos de violaciones a derechos humanos antes de que ocurran. Esta actuación temprana y preventiva de la CNDH está marcando un cambio en el ejercicio de sus funciones, sin esperar cambios formales y legales de la institución.
Es un cambio real, que busca impactar directamente en la zona de riesgo para evitar vulneraciones en los derechos y generación de víctimas. Menciono lo anterior porque la CNDH no se ha quedado inmóvil, esperando la concreción de la propuesta de transformar su naturaleza jurídica en una defensoría nacional de los derechos del pueblo.
Esta propuesta busca dotar el organismo de facultades más amplias para que sus recomendaciones tengan un carácter vinculante, fortaleciendo así la capacidad de exigencia frente a las autoridades incumplidas.
Un tema muy relevante, que yo quiero reconocer, es el fortalecimiento de la memoria histórica y la justicia transicional a través de la Oficina Especial para Investigar la Represión, Desapariciones Forzadas, y la comisión ha dado seguimiento a las recomendaciones relacionadas por violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo.
Estas acciones incluyen el reconocimiento de la violencia política de Estado y el acompañamiento a las víctimas en procesos de reparación integral y derecho a la verdad. En Guerrero sabemos muy bien el impacto social-histórico de lo que fue y dejaron las acciones reconocidas como guerra sucia en los gobiernos del PRI.
Por eso celebro que la CNDH destine tiempo, recursos y personal para coadyuvar a esclarecer lo que hago aún se encuentra oculto y vedado, así como formar una conciencia histórica de lo que no puede volver a ocurrir en México, con beneplácito de gobiernos y autoridades.
Además de la disculpa pública, la recomendación 98BG/2023, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea que el gobierno estatal de Guerrero debe realizar un diagnóstico de las necesidades de las víctimas de la Guerra Sucia de 1965 a 1990, y una reparación integral, erigir sitios de memoria, cambiar la nomenclatura de los espacios públicos con nombres de perpetradores y quitar sus monumentos.
Advierte que la ocupación militar y la violencia política prevalece en el estado, convirtiéndose en una ocupación permanente, imprimiendo renovados episodios de violencia política del Estado mexicano y de Guerrero en nuevas generaciones.
La CNDH también recomiendo al gobierno estatal colaborar administrativa y presupuestalmente para establecer y exigir, y erigir sitios de memoria referidos en esa recomendación cometidos en el periodo de 1965 a 1990. La sociedad guerrerense tiene el derecho no solo a la reparación del daño comunitario y colectivo, sino también todo el derecho a la verdad.
En ese sentido, quiero resaltar que el gobierno estatal de Guerrero ha expresado su total disposición a cumplir esta recomendación histórica, pero también para avanzar en la atención de las causas sociales que en su momento generaron los conflictos de aquella época.
También quiero destacar, rápidamente, reconocer el pronunciamiento sobre el deber del Estado de adoptar medidas no privativas de libertad con enfoque de género que emitió la CNDH, a favor de las mujeres que garanticen el acceso a la justicia emitida el año pasado por esta comisión.
Por ello, se busca generar incidencia y colocar sobre la mesa la importancia de hacer uso de todas aquellas herramientas de análisis contextuales y bajo una perspectiva de género, diferenciales e interseccionales que permitan a las autoridades adoptar aquellas medidas que no solo busquen reprender la conducta ilícita cometida, sino que a partir de la identificación de las causas que derive la comisión de este hecho se elija a aquella acorde y proporcional a la conducta, al contexto de la mujer invitada y a la demanda de exceso de la justicia de las partes.
En este sentido, quisiera extender el llamado, también que ha hecho la CNDH que se hace frente a las autoridades federales y estatales en esta materia para rediseñar, modificar y replantear sus políticas penitenciarias para incorporar la perspectiva de género y con ello beneficiar a miles de mujeres privadas de la libertad. Solicitando a la CNDH que nos informe qué avances ha habido en estos últimos meses.
El informe, pues, que hemos recibido aquí en esta Cámara, desde Diputados, en esta Comisión Permanente, da muestra del trabajo y los avances que ha hecho la CNDH. Es testimonio de una CNDH que avanza, que innova y reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Reconocemos el esfuerzo de todas las personas que integra la comisión y reiteramos la importancia de seguir fortaleciendo su labor para garantizar una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Para realizar una intervención final tiene la palabra la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra hasta por diez minutos.
La ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra: Ciudadanas y ciudadanos legisladores. He escuchado con atención e interés las participaciones de las y los representantes de los partidos, pero también escucho la persistencia de narrativas que a pesar de lo expuesto no oyen ni escuchan, pero no digo que no oyen ni escuchan este informe, que no lo hacen, sino algo peor, no oyen ni escuchan al pueblo.
Quisiera tener tiempo para responder a todo lo que se dijo y tomó nota de todo, pero me referiré a algo de lo que se ha expuesto aquí que merece una reflexión sobre la utilidad de estos ejercicios. ¿Qué hemos hecho en materia de desaparición? Algo muy simple, hemos hecho nuestras funciones como consta en el informe que hoy he entregado. Solo en el año de que se da cuenta se atendieron a 730 familiares de personas desaparecidas y se desplegaron 545 actividades de acompañamiento y atención.
En 2025 se llevaron a cabo, además, diversas mesas de trabajo que atendí personalmente con colectivos de personas desaparecidas y en ella se reafirmó el compromiso institucional y personal de brindar acompañamiento a familiares de víctimas independientemente de los hechos que sean de competencia federal o local.
Quiero llamar la atención sobre algo importante que está en el centro del debate que tuvimos en la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU. Lo que dijimos, y hoy reitero, es que de 2018 a la fecha el fenómeno de la desaparición exige nuevas estrategias y enfoques para su atención.
Las quejas contra autoridades federales ya no señalan estos actos directos de desaparición forzada, sino omisiones en la investigación y en la búsqueda. Basta mencionar que en 2025 no se recibieron quejas que acrediten participación directa de autoridades federales en desaparición forzada. Los pocos casos donde hubo indicios de intervención de autoridades ocurrieron sobre todo en el ámbito municipal. Esto dijimos y hoy lo reafirmo.
Otra cosa, señoras y señores legisladores, en esta comisión no se prioriza sobre la eficacia. Se miente cuando se dice que no sirven nuestras recomendaciones. Respetuosamente les pido pregúntenle a los quejosos. No hay solo una víctima que hayamos dejado de atender y ninguna que hayamos afectado con nuestras acciones, pero le recuerdo a esta soberanía que constitucionalmente no tenemos más obligación que la de emitir recomendaciones.
No nos toca cumplirlas, eso le corresponde a las autoridades porque no son vinculantes y porque así lo concibieron Carpizo y Salinas de Gortari. Y por eso, les recuerdo, estamos pidiendo que se reforme la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se insiste en el militarismo y se ha hablado aquí del número de quejas dirigidas a la Sedena y a la Guardia Nacional. Lo que no se dice porque no conviene a la narrativa que se pretende que estas autoridades ya no son las que más cometen violaciones a derechos humanos.
En 2025 se recibieron 452 quejas a la Sedena, de las que concluimos el 70 %. Es decir, 262 mediante orientaciones durante el trámite y no competencia. Para la Guardia Nacional se recibieron 389 quejas, de las que concluimos 221. Es decir, el 60 %.
De la misma manera, en el caso de Sedena, se acreditó violación a derechos humanos en un expediente y en la Guardia Nacional en ninguno. ¿Qué criterios nos rigen para atender las quejas y calificarlas y para emitir recomendaciones? Lo que nos marca la norma.
Tenemos una ley y un reglamento que hoy se observan plenamente. En esta comisión bajo mi gestión se ha desterrado la subjetividad y la parcialidad interesada. Insisto, pregúntenle a las víctimas, pero además decirles que antes sí había mala calificación y se guardaban las quejas. Eso no pasa hoy.
He escuchado aquí algunas demandas de supuesta desatención que con toda energía rechazo y la rechazo por una sola razón, no son funciones de la CNDH por lo que respetuosamente las y los invito a que revisen las leyes que rigen el sistema no jurisdiccional y para qué se creó.
¿Las queremos cambiar? Sí, y no solo de nombre, sino entre otras razones para que tengan funciones preventivas, más herramientas y más instrumentos de alcance de defensa, pero si de algo puedo parcialmente es de que hoy estamos ejerciendo a plenitud y a fondo todas nuestras funciones imponiéndonos además el principio pro persona y el de progresividad y que sentados como están en el artículo 1o. Constitucional nos dan un amplio margen de acción, esos son nuestros criterios.
Concluyo diciendo sobre la crítica que se ha hecho aquí a mi gestión de que solo hacemos recomendaciones para administraciones pasadas, datos duros de las mil 426 recomendaciones emitidas durante mi gestión el 74.9 % corresponden a hechos que ocurrieron en los últimos 6 años, en el gobierno anterior y en el actual.
Entonces, ¿de qué hablamos? Hablemos de violaciones graves, 173 recomendaciones emitidas en 2025 de las cuales el 4.5 %, es decir, 65 recomendaciones por violaciones graves fueron emitidas en la actual gestión por hechos ocurridos en el pasado sexenio y solo 2 en la presente administración.
Antes de mi gestión se habían emitido 35 recomendaciones y llamo la atención sobre esto, porque entonces no había, porque entonces, ¿acaso no había violaciones graves? Vergüenza debería dar hablar de esto a quien lo hace porque sí hemos tenido que atender algunas quejas sobre esos hechos es porque no se les atendió en su momento.
Todo lo que he dicho y lo que se puede leer en el informe demuestra la imparcialidad con la que trabajamos durante mi gestión, así como la fluidez de comunicación con las autoridades que no es complicidad porque nos ha permitido cumplirle mejor al pueblo.
Y no, diputadas y diputados, los mexicanos no tienen que ir al extranjero a defender sus derechos. Lamento mucho que eso se diga en este recinto, el pueblo de México tiene como nunca antes tuvo un instrumento para su defensa, la CNDH atiende con serenidad y responsabilidad a las y los mexicanos, y lo seguiremos haciendo, pero también quiero decirlo claramente: lo que no van a ver nunca es a la CNDH sirviendo en mi gestión a los caprichos o a las agendas interesadas de algunos actores o partidos políticos. Nos debemos al pueblo, a su juicio nos atenemos y una última cosa, lean mi informe. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Esta Presidencia recibe el Informe de Labores 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Túrnese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Damos por recibido el Informe en este ejercicio de revisión que es fundamental para valorar no solo los resultados presentados sino también el papel que desempeña la institución en el contexto actual de nuestro país.
La importancia de los organismos protectores de derechos humanos en México no está a discusión, su razón de ser se manifiesta en muchos casos cuando las personas no encuentran protección efectiva por parte de las autoridades. Por ello, la fortaleza, credibilidad y eficacia de estas instituciones resultan indispensables para la vigencia real de los derechos humanos.
Este año se cumplen 15 años de la gran reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Una de las transformaciones más relevantes del orden jurídico mexicano.
Este aniversario representa una oportunidad para analizar y debatir sobre lo que ha funcionado, identificar las áreas de oportunidad y evaluar el lugar que ocupan hoy las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos, particularmente en un entorno marcado por nuevos retos y exigencias.
Las instituciones defensoras de derechos humano no son adversarias de las autoridades, sin embargo, su autonomía y efectividad se reflejan en buena medida en su capacidad para actuar con independencia frente al poder público.
La función del ombudsperson exige por naturaleza una posición crítica, firme y técnicamente sustentada, incluso cuando ello resulte incómodo para las autoridades, incluyendo, por cierto, a este cuerpo colegiado. Esa incomodidad cuando existe es una señal de que la institución está cumpliendo con su mandato.
La legitimidad de la CNDH se sostiene a partir de su compromiso efectivo con la defensa de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, personas desaparecidas, migrantes, mujeres violentadas, personas indígenas, periodistas, entre muchas otras. El trabajo de la CNDH no solo debe buscar reparar violaciones pasadas, sino prevenir futuras conductas que vulneren la dignidad humana.
Las reglas constitucionales vigentes establecen que tres consejerías del INE serán renovadas en las próximas semanas por la Cámara de Diputados y la CNDH tiene un papel fundamental en este proceso, ya que enviará dos propuestas para integrar el Comité de Evaluación de los perfiles de los aspirantes.
México espera que sean personas con probada honorabilidad, independencia, experiencia y conocimientos en la materia. El cumplimiento estricto de estos principios es fundamental para fortalecer la integridad de nuestras instituciones democráticas. Aquí estaremos en este Poder Legislativo deliberando, debatiendo y, en lo factible, siempre generando acuerdos para que los derechos humanos se prioricen. Muchísimas gracias.
Con el presente ejercicio se da por cumplido lo dispuesto en los artículos 102, Apartado B, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Solicito a la comisión designada a acompañar a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, cuando desee retirarse de este recinto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo, de la Segunda Comisión de Trabajo Asuntos Sociales. Tiene el uso de la palabra la diputada María Rosete, para fundamentar los dictámenes a nombre de dicha comisión, hasta por diez minutos.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Con su venia, presidenta. Hoy me posiciono en esta tribuna a nombre de las y los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo, asuntos sociales, quienes analizamos, discutimos y votamos a favor de los presentes dictámenes, convencidas y convencidos de que el México que estamos construyendo debe ser uno, donde la dignidad humana no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, garantizada desde la infancia y a lo largo de toda la vida laboral.
Desde esta comisión hemos puesto al centro de nuestro trabajo a las personas, coincidiendo en que no puede haber transformación verdadera si no se protege de manera integral la dignidad, la salud y los derechos humanos, tanto de nuestras niñas, niños y adolescentes como de las y los trabajadores, estos que sostienen con su esfuerzo diario la economía de nuestro país.
El México que hoy transformamos debe ser uno libre de violencia, discriminación y prácticas que normalizan el daño físico y emocional, ya sea en los espacios de trabajo o en la forma en que se presiona a las infancias y adolescencias a cumplir con estándares ajenos a su bienestar.
El día de hoy la Segunda Comisión somete a consideración de esta asamblea dos dictámenes, que, aunque abordan problemáticas distintas, comparten un mismo propósito, colocar la dignidad humana por encima de intereses económicos, culturales o presiones sociales.
El primer dictamen es relativo a las proposiciones con punto de acuerdo en materia de procedimientos médico quirúrgicos de carácter estéticos en niñas, niños y adolescentes, mismo que tiene como objetivo exhortar respetuosamente a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, a continuar fortaleciendo la vigilancia, regulación y control sanitario de estos procedimientos.
Así como a los Congresos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones analicen, fortalezcan, impulsen y legislen en la materia, garantizando el principio del interés superior de la niñez. Este dictamen atiende a una necesidad urgente de proteger a las y menores de edad frente a prácticas que pueden poner en riesgo su integridad física, emocional y psicológica.
Hoy enfrentamos un vacío legislativo que permite que menores de edad de 18 años sean sometidas y sometidos a cirugías estéticas de alto riesgo con el solo consentimiento de madres, padres o tutores, sin dimensionar las consecuencias que pueden acompañarles de por vida. Los riesgos a la salud son reales y diversos: desde infecciones y complicaciones posoperatorias hasta la pérdida de la vida.
Esta realidad nos obliga a actuar y avanzar hacia la prohibición expresa de procedimientos médico-quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos en personas menores de edad, permitiendo únicamente aquellos que cuenten con una indicación médica debidamente acreditada. Esta es una medida mínima de protección frente a una deuda histórica que el Estado mexicano aún tiene pendiente con sus niñas, niños y adolescentes.
El otro dictamen que se somete a consideración de esta asamblea es el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar impulsando acciones de información, orientación y acompañamiento que aseguren su adecuada implementación de la reforma de la Ley Federal del Trabajo conocida como Ley Silla.
Este dictamen parte de un avance legislativo importante que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a contar con asientos o sillas con respaldo durante su jornada laboral.
Sin embargo, también responde a una realidad que no podemos ignorar: la brecha persistente entre lo que la ley establece y lo que ocurre en muchos centros de trabajo donde miles de trabajadoras y trabajadores siguen siendo obligados a permanecer de pie durante extensas jornadas, no por razones productivas, sino por la resistencia a modernizar prácticas laborales, la desinformación y el incumplimiento de la ley.
Las consecuencias de estas prácticas impactan directamente en la salud de las personas, lesiones musculares, problemas circulatorios, daños articulares y afectaciones permanentes que deterioran su calidad de vida.
Garantizar el cumplimiento de la Ley Silla no solo es una cuestión de legalidad, sino de justicia social y de reconocimiento al trabajo digno. Además, está demostrado que condiciones laborables saludables reducen el ausentismo, las incapacidades y la rotación de personal, mejorando también la productividad y el clima laboral.
La aprobación de esta reforma no fue un capricho ni una decisión arbitraria, fue el resultado de demandas legítimas e históricas de la clase trabajadora que sostiene con su esfuerzo diario la economía del país.
Desde esta Comisión reconocemos que existen deudas históricas, tanto con nuestras infancias y adolescencias, como con la clase trabajadora. Deudas que se manifiestan en cuerpos vulnerados, derechos ignorados y dignidades postergadas. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para que la legislación no se quede en el papel, sino que se traduzca en cambios reales en la vida de las personas.
Por estas razones solicitamos respetuosamente el voto a favor de los presentes dictámenes, convencidas y convencidos de que proteger la dignidad humana en todas las etapas de la vida es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, presidenta. Tiene ahora el uso de la palabra para fijar la posición de su grupo parlamentario la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
La diputada Laura Hernández García: Los trabajos de esta Comisión que se llevaron a cabo, de la cual formo parte orgullosamente. En primer lugar, quiero decir que cumplimos a cabalidad en esta sesión Permanente. Los trabajos se hicieron de manera responsable, profesional y en equipo. Creo que puedo decir que por primera vez considero que nuestro papel no obedeció solamente al color de nuestro partido, lo cual aplaudo.
Para la bancada naranja, la aprobación de la Ley Silla, no solo significó el avance en uno de los temas prioritarios de nuestra agenda legislativa, sino principalmente un avance en los derechos de la clase trabajadora y en consolidación con los esquemas de un trabajo digno, ya que esta reforma vela por la salud, la seguridad, el bienestar y la justicia laboral.
El punto de acuerdo es fundamental y necesario, porque en la implementación de esta reforma se han presentado confusiones, deficiencias, desconocimiento, y en esto la autoridad laboral debe asegurarse de que todas las implicaciones de la Ley Silla se cumplan a cabalidad y se garanticen los derechos de todas las trabajadoras en todos los centros de trabajo.
Para que todas las personas cuenten con un asiento, con una silla, para descansar en esas jornadas extremas, como es el caso de las policías de seguridad privada. También las cuidadoras, los trabajadores de salud, las personas que están en tiendas departamentales, las dependientas, etcétera.
Entonces, por lo tanto, el aprobar este punto de acuerdo va a beneficiar a la gente y va a hacer que sea mucho más claro. Es fundamental la difusión, que haya campañas para que esta Ley Silla se lleve a cabo, y también guías prácticas, y que esto se haga en conjunto entre las empresas y las autoridades laborales. Es cuanto.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Muchas gracias, diputada Laura Hernández. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El senador Ángel García Yáñez: Con su venia, presidenta.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Adelante.
El senador Ángel García Yáñez: Gracias. Cuando se trata de niñas y niños y adolescentes no podemos ser neutrales, aquí no se discuten tendencias ni modas, aquí se decide si el Estado protege de verdad a quienes todavía no saben cómo defenderse. Y hay que decirlo con claridad, no podemos hablar de cirugías estéticas con menores sin voltear a ver la realidad del sistema de salud.
En muchos hospitales del país –y también en Morelos– hay niñas y niños que no reciben atención a tiempo, que enfrentan consultas pospuestas, falta de especialistas y hospitales donde a veces no hay ni lo básico. Esa es la contradicción que no podemos ignorar.
Eso es un problema aislado, desde luego, es una falla estructural que permite, afectando siempre a los mismos, en este caso a la niñez, que es la más vulnerable. El interés superior del menor no puede ser un discurso selectivo, no puede aplicarse para unas cosas y olvidarse de otras.
Si el Estado falla en garantizar insumos, atención oportuna y servicios dignos, entonces tiene la obligación de ser todavía aún más firme cuando se trata de evitar riesgos innecesarios.
Desde Morelos lo decimos con claridad, no se puede jugar con la salud de las niñas y los niños y adolescentes en un contexto donde la atención médica sigue siendo deficiente para muchas familias. Regular, vigilar y poner límites también es una forma de responsabilidad pública.
Proteger a la niñez implica asumir errores, cerrar vacíos y dejar de normalizar carencias que llevan años sin resolverse. Significa poner por delante la vida y la salud de quienes dependen completamente de nuestras decisiones. Cuidar la niñez no es una postura política, es una obligación constitucional y moral, y que no podemos fallarles, desde luego.
Ni la reforma de la conocida ley silla no es un exceso, es una medida básica de dignidad laboral. Desde luego, permanecer de pie durante toda la jornada, ya lo dijo la presidenta de la comisión, genera fatigas crónicas, problemas de circulación, dolores musculares y lesiones que con el tiempo se vuelven permanentes. Por eso no debe verse como un favor, sino como una obligación del Estado para proteger la salud de las personas trabajadoras.
Celebro que estos dictámenes queden en reconocimiento formal del derecho, desde luego, porque no basta con que exista una silla en el centro de trabajo si en la práctica se prohíbe usarla, si se arrumba en alguna esquina o si se mantiene la idea de que sentarse el trabajador se ve mal.
La ley silla necesita inspecciones, desde luego que sí, pero también necesita claridad, difusión y una cultura laboral que entienda que la productividad no está peleada con la dignidad. Además, cumplir con esta ley beneficia también a los empleadores, reduce incapacidades, disminuye la rotación de personal y mejora el clima laboral.
Un trabajador con condiciones dignas es un trabajador más comprometido y más productivo. No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo respeto, respeto al cuerpo, a la salud y al derecho a un trabajo digno. Que ningún empleo implique sacrificar el bienestar físico para conservarlo.
Como legislador refrendo mi respaldo para estas leyes, desde luego la Ley silla se aplique de manera real y efectiva para que no sea letra muerta. Y para que se cumpla en cada centro de trabajo del país. Por su atención, es cuanto, muchas gracias, presidenta.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Gracias, senador Ángel García Yáñez, ahora tiene la palabra el diputado, la diputada Olegaria Carrazco Macías. Diputada, perdón, del Grupo Parlamentario de Morena, ya que el espacio fue cedido por el PT a quien le correspondía esta participación. Tiene la palabra, diputada.
La diputada Olegaria Carrazco Macías: Presidenta, amigas y amigos, Simone de Beauvoir nos advirtió hace décadas que no se nace mujer, se llega a serlo. Con esta frase, la filósofa no hablaba del cuerpo, sino de la construcción social que desde edades tempranas impone expectativas, roles y modelos que muchas veces no nacen del deseo propio, sino de la mirada ajena.
Hoy, en una sociedad profundamente comunicada, pero también hipersexualizada, esa construcción comienza cada vez más temprana. Niñas y adolescentes crecen expuestas a estereotipos físicos irreales, normalizados y amplificados por las redes sociales que les hacen creer que su valor está en parecer algo que no son, y que su cuerpo es un error que debe corregirse.
Hanna Arendt por su parte nos recordó que la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir la responsabilidad por él. Asumir esa responsabilidad en el Estado implica reconocer que proteger a las infancias de presiones estéticas nocivas no es una decisión individual aislada, sino una obligación colectiva y pública.
Compañeras y compañeros, cuando estas presiones derivan en prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida, como la realización de cirugías estéticas en personas menores de edad, el debate deja de ser cultural o privado y se convierte sin lugar a dudas en un tema de salud pública y de responsabilidad institucional.
Este asunto no es un fenómeno marginal. De acuerdo con la Encuesta Global de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la realización de procedimientos cosméticos con más de 1 millón 200 mil procedimientos realizados en un solo año.
Se trata de una cifra que además prácticamente se ha duplicado en los últimos años, lo que demuestra la aceleración de esta práctica en nuestro país. La situación es crítica, y es que diversos especialistas han advertido que una proporción significativa de estos procedimientos se realiza en personas jóvenes y adolescentes, lo que resulta especialmente preocupante en un contexto donde no existe una regulación clara ni diferenciada para proteger a las personas menores de edad.
Desde esta soberanía, y particularmente desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, hemos sostenido de manera reiterada que, cuando una práctica pone en riesgo la vida y la integridad de las personas deja de ser una decisión privada para convertirse en un asunto de salud pública.
Y hoy nos ocupa un tema que lamentablemente comienza a materializarse de manera alarmante en nuestras infancias: las cirugías estéticas en niñas, niños y adolescentes. No estamos hablando de procedimientos recostructivos ni de intervenciones médicamente necesarias, estamos hablando de cirugías invasivas, irreversibles y de alto riesgo practicadas en personas que aún no han concluido su desarrollo físico ni emocional, que muchas veces responden más a presiones sociales, estereotipos de belleza o expectativas ajenas que a una verdadera necesidad terapéutica.
El problema de fondo es claro: existe un vacío legal. Y como lo ha señalado la comisión dictaminadora, nuestro marco jurídico no establece una prohibición expresa ni una regulación diferenciada que proteja de manera efectiva a las personas menores de edad frente a este tipo de procedimientos; y cuando hay vacíos, hay abusos.
En fecha reciente, de manera profundamente triste, y como lo ha señalado la... triste y preocupante, una menor perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. Este hecho nos obliga como Estado a detenernos y a reflexionar sobre cuántos riesgos más estamos dispuestos analizar antes de actuar.
Desde la Cámara de Diputados, y particularmente de la Comisión de Salud, hemos impulsado reformas y reflexiones que parten de una misma conducción, la protección de la vida, la salud y la dignidad humana, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y hoy más que nunca manifestamos nuestra preocupación por las situaciones que están padeciendo nuestras infancias.
Por ello, compañeras y compañeros legislador, acompañamos este dictamen, en sentido positivo, porque fortalece la vigilancia sanitaria, porque llama a la autoridad reguladora a asumir su responsabilidad y porque abre un debate necesario sobre los límites del Estado que debe establecer cuando está en juego la salud física y mental de niñas, niños adolescentes.
Este no es un debate contra la medicina ni contra los profesionales de la salud, ni prohíbe las cirugías reconstructivas o terapéuticas de la niñez. Es un llamado a poner el interés superior de la niñez por encima de los intereses económicos, modas o presiones sociales que pueden tener consecuencias irreversibles.
Cuidar a nuestras infancias también implica decir: alto, alto cuando algo representa un riesgo, aunque haya sido normalizado. Y hoy ese riesgo está presente, por ello es nuestra responsabilidad enfrentarlo. Es cuanto, presidenta. Gracias, muchas gracias.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Gracias, diputada Olegaria Carrazco Macías. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy abordamos dos dictámenes que, aunque distintos en su materia, comparten una misma esencia, la obligación del Estado de proteger la salud, la dignidad y la integridad de las personas frente a prácticas que por normalizadas pueden convertirse en riesgos graves.
Por un lado, hablamos de niñas, niños y adolescentes sometidos a procedimientos médicos-quirúrgicos de carácter estético. Por el otro, de personas trabajadoras que pasan días completos de pie, pese a que la ley ya le reconoce el derecho a un periodo de descanso durante la jornada laboral.
En ambos casos, el problema no necesariamente es la falta de normas sino mejorar la vigilancia y garantizar la aplicación efectiva totalmente de la ley, con relación a las cirugías estéticas en México, el 33.8% de los procedimientos corresponde a pacientes que son menores de edad. Nuestro país ocupa el sexto lugar mundial en procedimientos estéticos, y de acuerdo con expertos de la UNAM, incluso ha llegado a ocupar el octavo lugar en mamoplastias practicadas a menores de 18 años.
Esto representa un foco rojo de salud pública. La presión de las redes sociales y los estándares irreales de belleza están influyendo en decisiones irreversibles. Lo más grave es que en el caso de las cirugías estéticas hoy existe un vacío normativo que permite estas intervenciones sin una justificación medica real.
Este dictamen no busca impedir la medicina reconstructiva o terapéutica, lo que busca es poner límites, límites claros a procedimientos cosméticos en menores que no responden a su interés superior, sino a presiones sociales totalmente, se trata de fortalecer la vigilancia de Cofepris, exigir expedientes clínicos debidamente justificados y garantizar que solo profesionales acreditados realicen estos procedimientos y que todo esto suceda mientras que las iniciativas se han presentado para atender este tema, varias de ellas de compañeros del Partido Ecologista de México, alcancen el consenso necesario en las comisiones para ser aprobadas.
Respecto a la Ley Silla, esta ya es norma vigente. Sin embargo, existen trabajadores que continúan de pie durante horas porque hay patrones que no les permiten sentarse. Permanecer de pie toda la jornada, es un riesgo ergonómico que genera daños permanentes a la salud.
Proveer sillas con respaldo no es un beneficio accesorio se trata de una medida básica de prevención, pero no basta con que la silla exista: esta debe poder usarse. Por ello, es que este dictamen exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las inspecciones, la difusión y el acompañamiento total para que el reconocimiento no sea letra muerta.
Compañeras y compañeros, estos dictámenes nos recuerdan que legislar también es prevenir. Prevenir que una adolescente pierda la vida por una cirugía innecesaria y prevenir que miles de trabajadores desarrollen padecimientos crónicos por una omisión evitable.
Votar a favor, es votar por una niñez protegida y por centros de trabajo que le den al bienestar y a la salud de las personas trabajadoras la importancia que realmente tienen. Por lo anterior, en el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de ambos dictámenes. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, querida secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano González del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora.
La senadora Gina Gerardina Campuzano González: Ah, okey. Hoy quiero hablar de un tema que nos tocó muy de cerca y que no podemos dejar pasar, así como si nada. Este asunto llegó a este Congreso a partir de un hecho doloroso que sacudió a la opinión pública y que abrió una pregunta legítima en muchas familias. ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué falló? ¿Qué se pudo haber hecho para evitarlo? Cuando ocurre una tragedia así, el dolor es irreparable, pero cuando además advertimos que la ley no fue suficiente para prevenirla, entonces la responsabilidad también es institucional.
Por eso este dictamen es importante, porque reconoce algo que durante mucho tiempo se dejó en una zona gris, que existen vacíos legales en la regulación de procedimientos médico-quirúrgicos de carácter estético realizado a niñas, niños y adolescentes y que esos vacíos ponen en riesgo su vida y su integridad.
Hoy, no estamos señalando personas ni buscando responsables individuales. Hoy estamos reconociendo una omisión del marco normativo y cuando la ley no protege lo suficiente a la niñez, corregirla es una obligación del Estado.
Quiero agradecer a quienes integran la Comisión Permanente y la Comisión Dictaminadora porque más allá de posiciones políticas, hubo sensibilidad, hubo escucha y hubo voluntad para coincidir en que este es un tema que exige respuestas serias y responsables. Coincidimos en algo fundamental, este no es un debate ideológico, es un tema humano, es un tema de salud pública y es sobre todo un tema de interés superior de la niñez.
Este punto de acuerdo no pretende cerrar heridas, tampoco resolverlo todo, pero sí cumple una función esencial: reconocer el problema y abrir el camino para mejorar la ley. Existe una iniciativa que presentó una servidora en esta materia, actualmente pendiente de dictaminación en comisión.
Una iniciativa que busca atender de fondo estos vacíos y fortalecer la protección legal de niñas, niños y adolescentes. Confío en que el consenso que hoy demostramos se traduzca en voluntad legislativa para avanzar en su dictaminación y aprobación. Porque cuando ya sabemos dónde está el problema, no actuar también es una forma de fallar.
Legislar no es reaccionar después del daño. Legislar es prevenir, es poner límites claros, es evitar que otras familias enfrenten situaciones que pudieron haberse evitado. Que este dictamen no se quede solo en papel, que se convierta en ley y que la ley se traduzca en protección real y efectiva para niñas, niños y adolescentes.
Este es el compromiso que hoy asumo con las familias, con la niñez, con Durango y con la responsabilidad que nos corresponde de este Congreso. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra para concluir esta ronda de posicionamientos la diputada Yazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Yazmín Yaneli Villanueva Moo: Con su venia, presidenta. Hoy este Congreso discute un dictamen que, aunque algunos intentaron minimizar durante años, toca un punto esencial de la transformación del país. Las condiciones laborales dignas, no como un discurso decorativo, sino como una obligación del Estado y un derecho de quienes sostienen la economía nacional con su esfuerzo diario.
Este dictamen promoviente por Ivonne Ortega Pacheco y Ricardo Mejía. Hablemos claro, durante décadas miles de trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres, fueron obligados a permanecer de pie todo el día, no porque el trabajo lo exigiera, sino porque algunos patrones decidieron que se veía mejor, que daba buena imagen o simplemente porque podían hacerlo. Esa normalidad era profundamente injusta y lo que es injusto en un país que transita la cuarta transformación ya no tiene cabida.
La evidencia es contundente, permanecer de pie por horas no es una práctica neutral, genera daños, enfermedades, incapacidades. Quien quiera negar eso niega la ciencia, la ergonomía y la realidad física de los cuerpos de las y los trabajadores. Por eso, hoy defendemos este dictamen con firmeza.
No venimos a pedir favores, venimos a exigir que se cumpla la ley, que se vigile, que se inspeccione y que se sancione dónde haya simulación, porque sí mientras la ley exige sillas con respaldo todavía hay empleadores que entregan bancos rotos o si no sin soporte, a escondidas y lugares dónde se amenaza a trabajadores si se atreven a sentarse. A quienes hacen eso les decimos claramente, en la cuarta transformación la dignidad laboral no es negociable, esta no es una disputa por una silla, es una disputa por el modelo laboral de nuestro país.
La visión que impulsa nuestra presidenta y que la cuarta transformación ha defendido desde su origen es una visión dónde el trabajo no se ejerce a costa de la salud, la productividad no se construya con desgaste humano y la dignidad no dependa del humor del patrón, eso estamos defendiendo hoy.
La ley silla es un símbolo y un punto de partida en México donde los derechos laborales se respeten siempre, no cuando convenga. Quienes cumplen, quienes respetan y quienes entienden la nueva realidad laboral cuentan con este Congreso, pero quienes pretenden seguir explotando, simulando o escondiendo las sillas cuando llega la inspección deben escuchar con claridad.
El tiempo de la indiferencia patronal terminó. El tiempo de las inspecciones sin consecuencia, terminó. El tiempo en que la salud del trabajador era sacrificable, terminó. Hoy existe ley, existe voluntad política y existe un gobierno que no se dobla ante intereses económicos cuando se trata de proteger derechos.
Compañeras y compañeros, nuestra obligación es garantizar que ninguna persona trabajadora vuelva a escuchar frases humillantes como siéntate solo en tu descanso. No te pagamos para descansar o la silla es para cuando pase el supervisor.
Ese tiempo de medidas autoritarias son contrarias al artículo 123 constitucional y contrarias a toda ética laboral.
Y este dictamen lo deja claro, el descanso no es una pausa, es un derecho. Porque esta ley es más que ergonomía, es justicia social. Es transformación del modelo laboral, es poner al ser humano en el centro y no al capital.
Es reafirmar que en este país ya no se toleran abusos disfrazados de prácticas administrativas. Sigamos construyendo el México donde trabajar no enferme, donde el descanso sea respetado y donde la dignidad no se disputa, se garantice, es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.
La secretaria senadora diputada Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta. Consulto a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano (votación), gracias. Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano (votación). Quienes se abstengan favor de levantar la mano (votación). Suficientemente discutidos, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Suficientemente discutidos. Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes.
La secretaria senadora diputada Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto. En votación económica consulto a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano (votación), gracias. Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano (votación). Quienes se abstengan favor de levantar la mano (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, aprobados, comuníquense.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Los informes que remitan las comisiones de trabajo se darán por recibidos y se instruirá su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Las iniciativas enlistadas en el orden del día serán turnadas a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Honorable asamblea, informo que esta es la última sesión de la Comisión Permanente, sin embargo, si hubiese algún motivo para convocar a la asamblea, esta Mesa Directiva estará atenta para hacer los avisos correspondientes.
La Mesa Directiva hará las comunicaciones al Poder Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para informar de la clausura de la Comisión Permanente que funcionó durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Quiero agradecer en esta conclusión de esta Comisión Permanente a las y los diputados, a las y los senadores, muchas gracias por su presencia, gracias por su trabajo, gracias por la posibilidad de prestigiar al parlamento desde este espacio deliberativo.
A la Mesa Directiva que me acompañó, muchísimas gracias, diputadas; muchas gracias, senadoras; muchas gracias a la presidenta del Senado de la República, por estar en este espacio de la Cámara de Diputados. La Mesa, toda, es de mujeres, muchísimas gracias, por su trabajo. Gracias, diputadas, diputados, senadoras, senadores.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se tiene por leída el acta de esta sesión y se aprueba.
La secretaria diputada Celia Esther Fonseca Galicia: En votación económica se pregunta si se tiene por leída el acta de esta sesión y se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (15:11 horas): Se levanta la sesión. Y cito a sesión de Congreso General que tendrá lugar el domingo primero de febrero de 2026, a las 11 horas. Muchas gracias.
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