Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados
Diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados
Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo de la Cámara de Senadores
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, Comisión de Puntos Constitucionales
Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, Morena
Senador Julen Rementería del Puerto, PAN
Diputado Rubén Moreira Valdés, PRI
Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y diputado Carlos Alberto Puentes Salas, PVEM
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT
Senador Dante Alfonso Delgado Rannauro, PMC
Senadora Sasil de León Villard, PES
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, PRD
Director general Óscar Bernache Domínguez, FGR
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Ministra Lenia Batres Guadarrama
Ministro Juan Luis González Alcántara
Consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate
Ministro Javier Laynez Potisek
Ministra Yasmín Esquivel Mossa
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Secretario Jesús Gilberto González Pimentel
Consejero Sergio Javier Molina Martínez
Consejero José Alfonso Montalvo Martínez
Magistrado Rafael Guerra Álvarez
Ministra Ana Margarita Ríos Farjat
Consejera Lilia Mónica López Benítez
Ministro Luis María Aguilar Morales
Consejero Bernardo Bátiz Vázquez
Ministra Norma Lucia Piña Hernández
Exministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea
El presentador: La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a la apertura de los diálogos nacionales, reformas constitucionales al Poder Judicial. El tema de esta jornada es, ¿Qué poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? Para esto, damos la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. Por favor, maestro Sánchez Molina.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy buenas tardes. Bienvenidos todos, bienvenidas a un diálogo nacional más que en esta ocasión toca organizar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que la población, la ciudadanía mexicana se entere, se informe y sea escuchada respecto de los proyectos de trascendencia nacional.
En esta ocasión estamos convocados para un diálogo nacional sobre la reforma constitucional Poder Judicial, con la temática relativa a ¿Qué Poder Judicial tenemos? Y ¿Qué Poder Judicial queremos?
Informarle a la ciudadanía que este diálogo está siendo trasmitido en vivo por la señal del Canal del Congreso en colaboración con los sistemas públicos de radiodifusión de Estado mexicano, redes sociales y demás mecanismos de difusión, y que todo el material deviado de estos diálogos lo van a poder encontrar en el micrositio reformapoderjudicial.diputados.gob.mx.
El día de hoy tenemos un programa que pretendemos desahogar en un tiempo también prudente y razonable. Recodarle a nuestra audiencia que tenemos más de 30 oradores que podrán hacer uso de la voz el día de hoy y por lo tanto les pedimos que para tratarnos con igualdad y con la misma consideración, podamos respetar el tiempo que se vaya mencionando a lo largo del programa.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para dar un mensaje inicial damos la palabra y la bienvenida a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados. Adelante, presidenta, por favor.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Señoras y señores, el Poder Judicial es el repositorio de las certezas para la república. Es la última instancia a donde recurrimos ante el conflicto de nuestras relaciones familiares, económicas, laborales, contractuales, penales, comerciales o incluso con el poder público, siempre en búsqueda de la seguridad que la ley provee en forma de resoluciones judiciales.
A partir de una de las iniciativas del titular del Ejecutivo federal presentadas el 5 de febrero pasado, hemos sido convocados para debatir una reforma al Poder Judicial y es justamente la certeza el bien público que debe determinar tanto el debate amplio de esta reforma como su resultado.
La certeza debe de ser el faro señero que guíe los contenidos resultantes de la reforma, certeza en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial, certeza para los inversionistas y actores económicos, y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida y bajo el único criterio de la razonabilidad de la norma.
El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad, a escucharnos unos a los otros para analizar, debatir y construir una reforma incluyente que retome el sentir de la ciudadanía que exige jueces imparciales, honestos y preparados, y a su vez consolidar un sistema de justicia con garantías para el eficaz ejercicio de su función. Una reforma que refleje la apertura democrática del Congreso.
Analicemos entonces las condiciones necesarias para mantener la independencia de los jueces, debatamos el funcionamiento de los Poderes Judiciales locales y el por qué congestionan a la jurisdicción federal. Busquemos la mejor forma de supervisar el recto y ético ejercicio de la judicatura. Hagamos la justicia accesible a todas las personas y no solo a los pudientes.
Generemos condiciones para que todos los juicios sean más ágiles y rápidos. Revisemos también las fallas y fortalezas de nuestros Ministerios Públicos para que procuren efectivamente la justicia que la sociedad mexicana espera de ellos. En suma, que los Poderes democráticos aquí convocados nos entreguemos con visión de Estado y patriotismo a confeccionar una reforma que mejore la vida de la República.
Deseo que el resultado de estos diálogos se traduzca en la consolidación de un Poder Judicial que mejore el acceso de las personas a una justicia pronta y expedita, y en la certeza de vivir en un Estado que haga efectivo el disfrute y la protección de sus derechos.
Es un momento definitorio en el que la democracia se debe abocar a revisar cómo funciona una de sus ramas y el mejorarla en beneficio de su depositario supremo que es el pueblo de México. Es cuanto y muchas gracias.
El secretario ejecutivo José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, presidenta.
El secretario ejecutivo José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el mensaje que nos da el diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Adelante, presidente.
El presidente diputado Jorge Romero Herrera: Muchas gracias. Antes que nada, por supuesto, muy buenas tardes, a nombre de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputadas y de Diputados, primero hacemos una muy cordial bienvenida, nos place tener aquí a las personalidades que nos acompañan, a quien titula el Poder Judicial, a su presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña, por supuesto al resto de ministras y ministros que nos acompañan. Miembros del Consejo de la Judicatura. Compañeras, compañeros, coordinadores, tanto de esta Cámara como senatoriales, de todos los grupos parlamentarios. Por supuesto a los compañeros y compañeras representantes de los medios de comunicación.
Miren, a nombre de esta Junta de Coordinación Política, como lo expresáramos en la misma, empezamos reconociendo, así tal cual, la voluntad al diálogo que existe para esta reforma y estoy seguro muchas más que vendrán, para escucharnos.
Nosotros, yo lo puedo decir a nombre, al 100 % del Partido Acción Nacional, que es el grupo parlamentario que yo coordino, razón por la cual presido la Jucopo, lo decimos, tenemos auténtica fe en que esto sea el principio de espacios de diálogo y de escucharnos, y nosotros aspiramos a que sea lo mismo por parte de estas mayorías, que podamos intercambiar nuestras ideas, más allá de decisiones que estén preestablecidas, con un afán de mejorar los productos finales.
Yo creo que todos tenemos que ver con el cristal de lo que acaba de ser un gran proceso en este país, que fue el de la última elección del 2 de junio, y todas las fuerzas políticas tendremos que saber qué mensajes nos llevamos.
Nosotros un mensaje que entendemos en Acción Nacional, es que tenemos que ser una oposición que centre su debate en proponer y en dar argumentos técnicos y jurídicos. Nosotros no vamos ya a enfocar nuestro debate en señalar, en descalificar. Nosotros queremos argumentar y que se escuchen nuestros argumentos y los adelantaría de una manera muy breve.
Particularmente en esta reforma judicial, ¿hay cuestiones con las que coincidimos y habremos de coincidir? Por supuesto que sí. Claro que las hay, las anticipo. Hay una intención de que haya un plazo máximo para resolver los asuntos judiciales. A favor, cuentan con el PAN.
Existe una disposición de configurar, reconfigurar, ahora en dos partes, una, encargada de lo administrativo, y otra, de lo disciplinario interno. Adelante, cuentan con el PAN. Todas las políticas o disposiciones que giren en torno a una nueva austeridad en el Poder Judicial. Adelante, cuentan con el PAN.
Nosotros en lo que habremos de centrar nuestro debate y nuestra argumentación es en no perder con un nuevo modelo la independencia y la autonomía que deben de tener sustancialmente las mujeres y los hombres que juzguen en este país.
Encontremos un punto medio. No creemos que los únicos servidores públicos que cuenten con legitimidad sean los que surgen de un voto directo. Están por ejemplo los cargos en el gabinete, no surgen de una votación directa y no carecen de legitimidad.
Nosotros en el PAN, ya será intervención del coordinador senatorial del PAN, tenemos una propuesta alternativa, en donde pretendemos construir y si encontramos ese punto medio donde se respete la capacidad técnica, jurídica, la independencia, la autonomía indispensable constitucional que debe de tener otro Poder, que es el Poder Judicial, entonces podemos construir un proyecto en común.
Con ese ánimo, con esa disposición es que celebramos este primer foro para el diálogo entorno a una reforma judicial. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, presidente.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
El presidente senador Ricardo Monreal Ávila: Quisiera expresar nuestro beneplácito a este ejercicio. Saludar la presencia de los integrantes del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, de las asociaciones de magistrados, jueces de distrito y también de juzgadoras, de los miembros del Consejo de la Judicatura, de los presidentes de tribunales locales, de los coordinadores de grupos parlamentarios.
Queremos expresarles que venimos con respeto, cumpliendo una recomendación, sugerencia de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, que actuó en su primer mensaje sobre esta reforma con tolerancia, prudencia y generosidad. Yo diría que ella fue el motor principal para que iniciemos este ejercicio de diálogo. Diría, sin menoscabo de las facultades que tiene el Congreso de la Unión y sus Cámaras, que la motivación de celebrar este tipo de encuentros fue provocado por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y venimos con toda disposición a escuchar.
Lo que no se hizo en los foros, en los 45 foros que hizo la Cámara de Diputados con motivo de las reformas planteadas en iniciativas en un paquete de 20, el 5 de febrero, en donde no merecieron atención de altos funcionarios de justicia o del Poder Judicial, hoy sí están aquí. Y me alegra mucho que estén aquí.
Nosotros tenemos puntos de vista sobre la reforma que iremos desahogando, pero advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución, el pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente, pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial.
Ese es nuestro propósito y nuestro objetivo, pero no vamos a desoír el mandato popular, nos debemos a él y vamos a actuar con congruencia, serán nueve foros a partir de ahora y, en todos ellos, habrá participación de los legisladores.
Lo que exhorto es que sea un diálogo fructífero, respetuoso. Hace unos días que me entrevisté con un ministro de la Corte, me comentó que había preocupación de algunos, porque en algunos foros pudieran faltarles al respeto, descalificarles, gritarles, no va a ser así. Les aseguramos que los vamos a escuchar con respeto y esperamos que haya frutos del diálogo. Si podemos enriquecer, mejorar las iniciativas, fruto de este intercambio, lo haremos con responsabilidad en el Congreso. Luego, entonces, son bienvenidos y bienvenidas, y aquí estaremos escuchándolos. Enhorabuena por este ejercicio.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senador, por su intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados. Presidente, por favor. Adelante.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Igualmente agradezco a todos los integrantes del Poder Judicial y representantes de la Fiscalía y de otras organizaciones invitadas, su presencia en este recinto del Congreso, que mucho nos honra.
Pretendemos enmarcar los diálogos a realizar en los siguientes ocho eventos sobre la reforma judicial. En marzo y abril pasado organizamos una primera fase de reuniones con el mismo propósito cuyas conclusiones tenemos a la vista como antecedentes y consideraciones del proceso legislativo en dictamen. Ahora estaremos muy atentos a los planteamientos iniciales que ustedes, todos, nos vendrán a exponer.
Por nuestra parte queremos plantear el alcance de este ejercicio que, con franqueza y mucho respeto ahora iniciamos. Partimos de una proposición fundamental, indiscutible, dicha ya repetidamente, que ha sido expresada como un mandato vinculante de la jornada nacional del 2 de junio pasado, que ordena instituir en la Constitución, la participación ciudadana para la elección de los miembros de la Judicatura.
Frente a la anterior premisa está el irrestricto respeto de la independencia judicial y de los derechos de los trabajadores. Las tres condiciones anteriores, nos señalan los límites para dialogar con las personas interesadas, lo que implica escuchar y atender razones para adecuar textos y para mover comas y puntos sobre los siguientes temas que surgen de la iniciativa presidencial.
La calificación de la plena idoneidad de las personas propuestas que deberá preceder como una condición sine qua non, a cada candidatura que se presente ante el sufragio ciudadano. El número mismo de los integrantes de una nueva corte y otros órganos judiciales, así como la duración del encargo.
La coincidencia de este proceso constitucional con los calendarios de las elecciones ordinarias, la protección del desarrollo de dicho proceso ante la injerencia posible de poderes fácticos, la regulación de sus campañas y el uso de la radio, la televisión y las redes sociales, la viabilidad de una primera elección ordinaria de jueces y magistrados, el respeto a la institución de la carrera judicial y el mecanismo para hacerla compatible con la ratificación popular, el rigor y los alcances de las resoluciones de un tribunal de disciplina judicial, el federalismo y la extensión de esta reforma a los estatutos de las entidades de la república. Si pudiéramos reunir lo apuntado diríamos que la cuestión está en lograr que las dos versiones de democracia, la representativa y la directa, concurran en un mismo objetivo.
Ahora bien, de las primeras consultas y diálogos sobre la reforma judicial, y de otras propuestas recibidas en 25 iniciativas en esta legislatura sobre el mismo tema, resulta ineludible abordar en la discusión cuestiones tan importantes, como los alcances de la interpretación judicial, la división de poderes y la discusión que surge entre positivismo jurídico y el llamado principialismo, la primacía entre el orden jurídico nacional y el derecho convencional, la ponderación necesaria del interés social y del interés público en el ejercicio de la función jurisdiccional, la corresponsabilidad del Poder Judicial con la Seguridad Pública del país, la efectividad de los sistemas procesales penales y la situación de las víctimas, el control sobre la ejecución de las penas y la institución constitucional rezagada de la reinserción social, el uso con fines políticos de los medios legales y constitucionales de control, la invasión del amparo administrativo a prácticamente todas las competencias, las consecuencias del incumplimiento al principio de la austeridad republicana y la violación al artículo 127, en suma todas las demás reglas que hagan posible y real el acceso a la justicia de los mexicanos.
Concluyo. Estos temas, y otros más relacionados, serán el contenido de esta ultima parte de los Diálogos Nacionales en las sedes y en el calendario propuestos, previo a la dictaminación de una siguiente reforma judicial.
Hoy escucharemos de ustedes un posicionamiento conciso, infaltable para nosotros sobre su visión del actual Poder Judicial y lo que podemos reformar para erradicar las fallas y hacer verdad la máxima constitucional de tener en México una justicia pronta y expedita; y hacer realidad el apotegma de Morelos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que los escuche, los ampare y los defienda del fuerte y del arbitraje. Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí, por escucharnos.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado, por su intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora viene una segunda etapa, que corresponde a la participación de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Tendrán tres minutos para esta intervención. Y, por lo tanto, iniciamos con el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de las diputadas y los diputados de Morena. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Gracias, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados. Como ya se ha dicho, también celebro y le damos la bienvenida a la Casa del Pueblo a los integrantes del Poder Judicial de nuestro país, a los representantes de los trabajadores, de las asociaciones de jueces y magistrados, así como a los representantes de los Tribunales de Justicia en las entidades federativas.
Compañeras y compañeros diputados, éste es sin lugar a duda uno de los ejercicios que dejan testimonio de la apertura, de la congruencia, consistencia de nuestro movimiento de impulsar el diálogo como un instrumento para fortalecer la democracia y la división entre Poderes. El pueblo de México se expresó en una de las elecciones más grandes que ha vivido el país. Se expresaron de manera clara, expresa, explícita dos visiones de país.
El pueblo de México, las y los mexicanos, el 2 de junio le expresaron su beneplácito, con su voto, a que nuestro movimiento construya el segundo piso de la cuarta transformación. Testimonio de ello es que de cada 10 mexicanas y mexicanos 6 nos dieron ese refrendo. Claudia Sheinbaum representa la voluntad mayoritaria de este país. Tenemos un mandato popular. Para nosotros siempre ha sido el soberano el pueblo de México y lo expresa a través de su voto.
Por eso mismo hemos impulsado desde el 5 de febrero, y antes, un profundo diálogo con todos los interesados, primero para cuestionarnos si era posible o no reformar el procedimiento de elección indirecta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derivada de las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador, en consistencia con el mandato que él recibió, una de ellas es la reforma al Poder Judicial.
Vamos a darle cumplimiento expreso al mandato popular, que no quepa la menor duda, porque es el mandato que nos dieron a los legisladores y legisladoras en el Senado de la República, en Cámara de Diputados y en más de los dos tercios de los Congresos locales el pueblo de México. Pero hay voluntad política de Claudia Sheinbaum, de nuestro movimiento, de ampliar el parlamento abierto.
Expresamente con relación a la reforma del Poder Judicial, pero también con toda honestidad y de manera enfática manifestar cuáles son para nosotros los irreductibles que nos planteamos, derivado de ese mandato popular al que no podemos ni mentir ni traicionar.
De tal manera que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben estar sujetos a la voluntad popular.
Como lo dijeron bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el senador Ricardo Monreal, estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente.
También manifestamos como irreductible que estamos nosotros dispuestos a mantener, preservar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial, porque son derechos adquiridos que nosotros no pretendemos ni vamos a vulnerar.
Toda la parte instrumental, técnica, estará sujeta a criterios de idoneidad, legitimidad y elegibilidad de quienes se postulen. Que nos permitan, como bien dijo la presidenta de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, garantizar el derecho que tiene el pueblo de México constitucionalmente a una justicia pronta, expedita y gratuita, y garantizar el disfrute y protección de los derechos de las y los mexicanos.
Concluyo. Los nueve diálogos nacionales están estructurados para que participen de manera específica todo aquel que esté interesado, especialmente en este encuentro de voluntades ya expresada por el pueblo de México, la voluntad de los juzgadores del país y la voluntad de quienes son intermediarios entre los impartidores de justicia y de quienes claman justicia.
Nuestra coalición refrenda la apertura al diálogo y el compromiso con el pueblo de México de que esta es piedra toral para lograr el segundo piso de la cuarta transformación. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al senador Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores de Acción Nacional. Adelante senador, buenas tardes.
El senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, me da mucho gusto saludarlos, saludar a la presidenta de esta Cámara, a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, a cada uno de los ministros y ministras.
Por supuesto, a todos los diputados, diputadas, a los senadores, a las senadoras y a cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y, por supuesto, a todos los que de alguna u otra forma participan desde el Poder Judicial en este foro que hoy inician en estas nueve jornadas y yo espero hayan de ser productivas, no solamente para encontrar un instrumento que permita mejorar la iniciativa, sino para el bien de la nación, el bien del país.
Yo celebro, pues, y desde Acción Nacional hacemos eso y que se pueda llevar a cabo este ejercicio de diálogo respetuoso, de intercambio de ideas y que sea esto, a partir de este intercambio de ideas, la posibilidad, como se ha dicho aquí por alguno de los coordinadores, de mejorar lo que está escrito, lo que está plasmado ya en una iniciativa y que podamos, por qué no, al final de todos estos foros encontrar un documento en el que lográramos coincidir y todos.
Aportar esto, porque de lo que se habla no es en ningún caso de una reforma menor, estamos hablando de una reforma, seguramente la más importante que se haya podido tener en muchísimos años, que puede cambiar para bien, por supuesto, así lo deseamos, así lo queremos, creo todos los que estamos en esta mesa, si lo hacemos bien para mejorar las cosas en el sistema judicial, si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy, muy lamentables.
Por eso es por lo que, de manera muy respetuosa, yo quisiera llamar, como se ha dicho aquí a una verdadera, pues, digamos que sesión en estos nueve foros que se van a realizar de análisis y de tomar en cuenta lo que ahí se diga para que podamos realmente avanzar en lo que hoy tenemos.
Yo creo que no hay discusión en cuanto a que necesitamos una reforma judicial que es necesaria en este país, yo creo que sí, yo creo que todos coincidimos en ello.
También quiero decir, porque vale la pena mencionar, por lo menos desde Acción Nacional y supongo que algunos más también así lo pueden hacer, el reconocer la labor de los ministros de la Corte, que ha sido una labor valiente, que ha sido una labor siempre en pro de aquello que tiene que ver con el profesionalismo y desde luego con el respeto irrestricto a la Constitución. Así que nuestro reconocimiento para todas y todos ustedes.
Lo mismo para magistrados y jueces, que los hay en todo el país, probos, honestos y que, por supuesto, dan la cara por las mejores soluciones que se plantean ante ellos en los distintos tribunales.
Sin embargo, a pesar de todo ello y de todo ese esfuerzo, hay cosas perfectibles, hay cosas que se pueden mejorar y que justo eso es lo que tenemos que hacer.
Nosotros, de entrada, vemos una propuesta que se hace a la mesa y a los foros desde el Poder Ejecutivo que nos hace generar algunas inquietudes; por supuesto, a nosotros en Acción Nacional, pero creo que es el sentir de mucha parte de la población cuando ya se habla desde una propuesta de estos son irreductibles: cosas como, por ejemplo, la elección de jueces, ministros y magistrados, porque se argumenta con esa propuesta que se pueden solucionar los problemas de corrupción, que se puede generar mayor independencia y autonomía al Poder Judicial, que se puede también acabar con la impunidad y que se pueden también lograr mejores condiciones para acelerar los procesos en las resoluciones.
Y la verdad es que, por más que leemos en la propuesta, no hay un elemento que permita asegurar que esto es... y entonces lo que habría que hacer es, bueno, sí permitir, como se ha dicho, que se revise todo, inclusive eso.
Porque, qué pasa si no podemos acreditar realmente con propuestas serias, digamos, con datos, que lo que se busca que es mejorar al Poder Judicial, que lo que se busca que es reducir la corrupción, que se busca... reducir, precisamente, la impunidad o eliminarla, y si no lo logramos pues francamente creo que estamos llamados a hacer una reflexión profunda, seria en donde tomamos en cuenta lo que se pueda decir en todos los foros.
Sinceramente, hay cosas que le faltan, por ejemplo, no se habla de la Fiscalía, no se habla de la policía, pero hay muchas dudas que para hablar de una reforma integral tendría que tomarse en cuenta muchas más cosas.
Así que –bueno– como parece que quien manda en la mesa son los de atrás, yo aquí termino. Les agradezco a todos el que estén aquí y ojalá en los demás foros haya esa laxitud, porque el tema es muy importante y deberíamos de podernos expresar con mayor amplitud. Muchas gracias, a pesar de todo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, senador.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar con nuestro diálogo. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
El diputado Rubén Moreira Valdés: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero aprovechar estos minutos para poner sobre la mesa tres puntos que representan un posicionamiento inicial de la bancada del PRI, sobre los temas que hoy nos ocupa.
Primero, la iniciativa que se presenta es de aquellas que requieren tiempos largos para la reflexión, la sana ponderación. Más aún, porque no tiene referente en la legislación internacional, a lo más dos prácticas que son de otras dimensiones que están altamente cuestionadas, que son de difícil comparación.
Creo que al final de un sexenio, no es el momento oportuno para la magnitud del debate que se requiere y para los cambios que se propone ni en las consecuencias de los mismos. Yo entiendo que la mayoría tiene los números para dictaminarla y llevarla al pleno a inicio de la próxima legislatura.
No obstante, lo anterior, reconozco a Ignacio Mier, líder de la mayoría, la apertura que hoy tenemos para dialogar y proponer. Asistimos con la confianza de que gracias a estos foros tendremos opiniones y razones para valorar, de buena fe, la iniciativa de ley del Ejecutivo. Por cierto, ojalá los ponentes nos dejen documentos que, de manera abundante, contenga a sus opiniones propuestas y reflexiones para que con ellos se subsane los pocos minutos que le son concedidos en estos foros.
De igual forma, Ignacio, creo que es importante abrir un sistema de audiencias para que algunos grupos que no pueden asistir a los foros nos entreguen sus opiniones, que nadie se quede sin ser escuchado.
Segundo, ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? México, se merece uno que cuente con todos los recursos necesarios para enfrentar la alta responsabilidad que se les ha asignado.
Hasta hoy los Poderes Ejecutivos y Legislativos federal y estatales no hemos estado a la altura de satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los Poderes Judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar.
Cómo exigimos justicia pronta si no hay juzgados suficientes y mucho menos cercanos al justiciable o si no se les remunera correctamente a los integrantes de estos poderes. Queremos un Poder Judicial al cual no se le pida ser parte y mucho menos se le trate de imponer un criterio alejado de la Constitución y de los Tratados Internacionales.
En el país por cada 100 mil habitantes hay 0.33 jueces federales y 3.49 locales. Estos juzgadores atienden más de 4 millones de asuntos nuevos al año. En Monterrey hay un juzgado mercantil que tiene 15 mil expedientes.
En México el proceso de formación y selección de juzgadores federales pasa por estándares de muy alta rigor y calidad. Por cierto, es muy relativo esto de la discrecionalidad del juez en el sentido de sus resoluciones, pues el mismo tendrá que atender protocolos, presidentes, criterios, tesis, jurisprudencias y tratados internacionales.
Queremos suficientes jueves y que sean de alta calidad, que se encuentren a la altura de la reforma constitucional del 2010-2011 en materia de derechos humanos y control de convencionalidad. No deseamos jueces con prejuicios y mucho menos improvisados; los queremos de carrera judicial, bien remunerados y con la certeza de que su trabajo puede ser una profesión de toda la vida y que al final de la misma gozarán de un justo retiro.
Tercero. Creo en la dialéctica como método exitoso del Legislativo y, por lo tanto, espero que en debate se impongan las razones y no las emociones. Que, en su caso, construyamos las normas desde los argumentos sólidos y no las falacias; que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces por regla general tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas y no solo el sentido común que ha sido responsable de muchas y aberrantes injusticias.
De nuevo reconozco a Ignacio Mier y con él a la mayoría, y me da mucho gusto ver por acá a las y los ministros. La bancada del PRI valora su ánimo republicano y su respeto a las instituciones.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar, adherido la participación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Iniciamos con el senador Raúl Bolaños Cacho Cué y posteriormente el diputado Carlos Alberto Puentes Salas. Adelante, senador, y muy buenas tardes.
El senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, señoras, señores ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces, abogadas, abogados, mexicanas y mexicanos interesados en estos diálogos históricos y republicanos en nuestro país.
Hoy mucho se habla de que la confianza que nos dio la ciudadanía el pasado 2 de junio no otorgó una mayoría que podría ponernos en ocasión de imponer una reforma, pero este ejercicio de diálogo histórico demuestra que el objetivo es construir, no imponer, construir un país de leyes que se respeten, con los poderes y mecanismos que las hagan respetar, con un sistema judicial que le brinde un verdadero funcionamiento a la república y un real equilibrio de poderes.
La mayoría nos brinda el poder de la gente para amplificar la voz y nos obliga al éxito en cada encomienda que se nos presente. Nuestra obligación es responderle a la mayoría, a las minorías y a todo México. En el Partido Verde estaremos muy atentos a todas las propuestas que se viertan en estos diálogos históricos para nuestra nación porque entendemos lo que decía aquel filósofo griego Aristóteles, que la más excelente de todas las virtudes es la justicia. Esa justicia que aún está pendiente de llegar a los rincones más profundos de los sentimientos de nuestra nación. Que sean por el bien de México. Muchas gracias a todas y a todos.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senador. Diputado Carlos Puente, adelante, por favor, con su intervención.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Sean todas y todos muy bienvenidos. Un gusto tenerlos, señores ministros de la Corte, integrantes y representantes del Consejo de la Judicatura y representantes del Poder Judicial.
Quiero celebrar la disposición de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República y en esta Cámara de los Diputados para poder construir estos diálogos, este gran diálogo nacional.
No puedo omitir el también hacer un reconocimiento puntual y especial a la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum en la que con gran apertura nos convocó a nuestra mayoría, a nuestro movimiento, a poder escuchar a todos, escucharlos con respeto, escucharlos con atención porque sin duda lo que queremos construir es lo mejor para México.
Yo, a nombre de las y los diputados del Partido Verde, vengo a decirles que estaremos atentos, asistiendo a cada uno de los foros, a escuchar cuáles son las opiniones que tienen para dar a ustedes como expertos, qué Poder Judicial tenemos y cuál queremos. Queremos el mejor Poder Judicial para todas y todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación del diputado José Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, yo quiero pedir su comprensión de todas las personas que nos acompañan, de no mencionar a todas, a todos, debido a la brevedad del tiempo de intervención, pero sí quiero particularmente darle la bienvenida a las ministras y ministros de la Corte y, en especial, a su ministra presidenta Norma Piña.
La verdad es que yo he sido muy crítico, mantengo mi posición crítica hacia la Corte, pero este ejercicio es muy importante y venimos a escucharlos. Como dice un refrán, nunca es tarde cuando el amor es bueno.
Y el planteamiento de poder hacer una, no es una reforma, es una revolución al Poder Judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo, la elección por voto universal secretario y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras, porque le estamos devolviendo al soberano, al pueblo de México, el control a través del voto de los tres Poderes de la república, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Se hace una serie de planteamientos de modificación que ustedes conocen, no me voy a detener en ellos, no da el tiempo, pero sí me parece que no es una arrogancia, no es una falta de disposición a escuchar, sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México, que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto.
Sí es un mandato de que se reduzca la Corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República.
Sí es un clamor que el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia a secas. En todos los rincones de la patria es un clamor el que pueda haber justicia expedita, pronta, justicia verdadera y se plantea desde el más modesto de los ciudadanos, de las ciudadanas, hasta el más encumbrado del mismo.
Aquí estamos demostrando que la división de Poderes no es el conflicto entre Poderes, que es su colaboración, que es su diálogo, que es su intercambio, que es su fortalecimiento, y yo quisiera plantear algo muy obvio. Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial, y me refiero a nuestro movimiento. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos un Poder Judicial independiente, nosotros queremos jueces, mujeres y hombres, probos, honestos, comprometidos con dar la razón a quién la razón tiene.
Así es que de verdad celebro a nombre del Partido del Trabajo que nos acompañen, celebro que vayamos a escucharlos, celebro que tengamos este intercambio y planteo con mucha claridad que si bien, y con ello termino, hay posiciones inamovibles en nuestra determinación, sí hay muchísimo, muchísimo por construir en torno a esta reforma o a esta revolución del Poder Judicial y quién mejor que los integrantes del Poder Judicial para aportarnos elementos valiosos en esa reforma necesaria. Muchas gracias de verdad por su asistencia.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al senador Dante Delgado, coordinador de los senadores y senadoras de Movimiento Ciudadano. Adelante, senador. Buenas tardes.
El senador Dante Alfonso Delgado Rannauro: Buenas tardes a todas y a todos. Señoras y señores ministros, señoras y señores consejeros de la judicatura, señoras y señores legisladores, una reforma constitucional debe venir acompañada de una profunda reflexión nacional y de un diálogo incluyente que reconozca la pluralidad y la complejidad del momento que vivimos siempre pensando en una justicia centrada en las personas.
Reformar la Constitución debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la política que construye en lugar de la que impone, de la política de consenso con las minorías y con la sociedad en lugar de la que se funda en la arrogancia del poder, de la política que se hace con datos y evidencias en lugar de ocurrencias y caprichos, de la política que tenga como fin supremo el respeto y la promoción del Estado de derecho.
Recordemos que, en noviembre de 2020, se aprobó una reforma constitucional al Poder Judicial que únicamente Movimiento Ciudadano confrontó y cuestionó, una reforma que impuso el entonces el presidente de la Corte a espaldas de los integrantes del Poder Judicial y en contubernio con el titular del Poder Ejecutivo que públicamente hizo suya y la presentó ante la Cámara de Senadores el 18 de febrero de 2020.
No hace falta recordar el albazo con el que quisieron ampliar el mandato del presidente de la Corte, los mismos que ahora pretenden echar por la borda esa reforma y construir otra para desmantelar el Poder Judicial. Tenemos una postura clara, ¿cambios dentro del Poder Judicial? Sí, pero no para dejar de ser un contrapeso, sino para ser el mejor contrapeso.
Una reforma que implica el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial significaría una irresponsabilidad histórica. No podemos permitir que el país caiga en un espiral de descomposición institucional y debilitamiento de los contrapesos y del Estado de derecho.
¿Queremos tener mecanismos de participación ciudadana para la integración del Poder Judicial? Sí, pero el planteamiento de la iniciativa es inoperante. Incorporemos la participación ciudadana con responsabilidad, no generando inestabilidad.
¿Queremos una reestructuración del Consejo de la Judicatura? Hagámoslo con ejercicios de comparación y análisis de buenas prácticas internacionales, para lograr el mejor diseño institucional.
¿Queremos revisar los efectos de las controversias y acciones de inconstitucionalidad? Hagámoslo para fortalecer la defensa de los derechos de la ciudadanía, no para mancillar estas figuras en un momento crucial de la vida nacional, por delicada.
¿Queremos tener los mejores jueces, magistrados y ministros? Hagámoslo fortaleciendo la carrera judicial, la profesionalización, la evaluación de aspirantes y la rendición de cuentas, no mediante procesos de la santa inquisición, que buscan doblegar a jueces y magistrados independientes.
Movimiento Ciudadano estará presente en todos los diálogos de esta reforma. Escuchemos a los especialistas, académicos de universidades públicas y privadas, a los colegios y barras de abogados y a la sociedad civil que tenga que aportar. Que se atiendan sus observaciones válidas.
De nada le servirá a México que estos diálogos sean una simulación. No seremos cómplices de una reforma construida de esa manera, sin rigor o que sea selectiva en sus intenciones políticas.
Hagamos una reforma al Poder Judicial con verdadera visión republicana. Cuando hablamos de justicia, tenemos que concebir toda la cadena de procuración e impartición de justicia. Creer que solo reformando algunos aspectos esto mejorará, es una ingenuidad.
Tenemos que incidir en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y en sus facultades, en el funcionamiento de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República y en la modernización de todos los niveles de las instituciones jurisdiccionales.
Esta reforma debe realizarse con suficiente análisis, sin prisas. El último mes de un presidente no es momento para hacer reformas sustantivas, menos aún si hace cuatro años ya presentó una. La nueva legislatura se integra con un nuevo ejercicio presidencial y debe darle margen de operación a la nueva administración.
El pueblo de México les dio en las urnas poder y la mayoría en el Congreso de la Unión, está en sus manos fortalecer la democracia y robustecer las instituciones, o retroceder. Es un momento de mostrar altura política, de pensar en México y en su futuro. Un gran poder exige una gran responsabilidad, espero que estén a la altura. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, senador.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a la senadora Sasil de León Villard, por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en el Senado. Adelante, por favor, senadora.
La senadora Sasil de León Villard: Gracias. Saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeras y compañeros legisladores y, por supuesto, con especial gratitud a las ministras, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los consejeros de la Judicatura y a todos los integrantes del Poder Judicial, asociaciones de jueces y magistrados y a todos los invitados especiales.
No nos queda duda que es urgente acercar la justicia al pueblo y, por eso, quiero celebrar el inicio de estos diálogos nacionales por la transformación del Poder Judicial, con la presencia de los tres Poderes de la Unión, los cuales estoy segura que darán de cara al pueblo de México, en un marco de pluralidad, diálogo y respeto.
Y es que México vive tiempos históricos de transformación. Tenemos la responsabilidad con el pueblo, así como la plena conciencia de que hoy México requiere que todos los aquí presentes trabajemos hacia un mismo objetivo, que es el bienestar social, de seguridad y de justicia para todas y todos, sin distinción alguna.
Coincidimos con la necesidad de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional y al Poder Judicial en un sistema más eficiente, certero y, sobre todo, cercano a la población.
Esta reforma promoverá también la participación ciudadana, al garantizarse que la elección de ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas sean mediante la elección popular. Por eso quiero celebrar el inicio de estos foros por la transformación del Poder Judicial, de estos nueve foros que se darán alrededor del país.
La encomienda que nos dio el pueblo de México este 2 de junio es clara, por lo que resulta priorizar y avanzar hacia un sistema de justicia que garantice los derechos de todos y todas.
Ese es el poder y la verdadera esencia de nuestra democracia, respetar y garantizar la voluntad del pueblo de México que ha forjado su propio destino y que nos ha dado este 2 de junio la garantía, el poder de construir esta reforma judicial con apertura con estos foros, para que todos y todas podamos participar y construir, edificar, una reforma al Poder Judicial por el bien de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senadora, por su mensaje.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y cerramos esta ronda con la participación del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, senador, buenas tardes.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a la presidenta de la Cámara, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a las ministras y ministros de la Suprema Corte, consejeras, consejeros de la Judicatura Federal, legisladoras y legisladores, a los medios de comunicación, señoras y señores.
Yo quiero iniciar con un reconocimiento a la Cámara de diputadas y diputados por llevar a cabo estos diálogos nacionales. Me parece que es muy importante que se pueda debatir, no solo escuchar, sino debatir y poder construir en este planteamiento del Poder Judicial que tenemos y Poder Judicial que queremos. Sinceramente espero que lo que aquí se plantee y tenga razón, se tome en cuenta y se incorpore en el texto de la reforma.
Desde hace tiempo he sostenido que se requiere reformar al Poder Judicial para mejorarlo y en el común denominador de nuestra insistencia siempre está presente garantizar su autonomía, aumentar su eficacia, eficiencia y mejorar el acceso a una justicia de calidad para todas y para todos.
Para hablar en concreto de la iniciativa que nos ocupa, solo me referiré a algunos trazos muy generales, porque el tiempo es muy breve en la intervención.
Quiero decirles que reitero, estoy a favor de que se pueda reformar el Poder Judicial, pero sin afectar principios de progresividad, de calidad en la impartición de justicia y, por supuesto, de seguridad jurídica. Sí coincido en la necesidad de separar la Suprema Corte, tanto en funciones como en personas del Consejo de Judicatura Federal, que como hoy señala la reforma en el artículo 94, se pudiera tener un órgano autónomo, administrativo y otro disciplinario para realizar estas tareas.
Estoy de acuerdo con el espíritu que propone que haya impartición pronta y expedita en las modificaciones al 17 y al 20 constitucional, pero creo que no debería de atender solo a esas materias, sino debería ser una declaración general de cualquier otra materia, no solo de la materia tributaria o de la materia penal, en la integración de la Corte con nueve ministros, me parece que puede funcionar si hay una separación de las tareas administrativas y disciplinarias, si solo hay una concentración.
No estoy tan convencido de que se eliminen las salas por las tareas jurisdiccionales especializadas que se llevan a cabo y que alejaran el trabajo del pleno, pero no coincido con la forma en que se está estructurando el tema de la elección popular. Puede haber razón en el planteamiento de fondo de la legitimación de la legitimidad.
Pero el mecanismo planteado, desde mi punto de vista, está rompiendo con la carrera judicial y eso rompe con el mérito de juzgadoras y juzgadoras, y con la igualdad real de oportunidades en el progreso de la misma carrera. No da pues garantía de autonomía, ni mucho menos puede estar de manera certero.
En el mejor de los casos diríamos que se debilita la certeza de la misma. La carrera judicial debe ser una garantía plena. Se ha dicho que la elección popular es para ciudadanizar, pero en el planteamiento que se hace aquí de propuestas, solo advierto poderes de nuestro país que pueden hacer las mismas, dos de ellos con una carga política natural para las propuestas y uno que es contrario a ello, que debe tener independencia y autonomía.
El tiempo se agota, no quiero extenderme, pero solo quiero dar muestra de algo, porque aquí se está diciendo y se ha sostenido que se está fortaleciendo, pero basta leer el artículo 96, que ahora dice que los Poderes de la Unión procurarán que las postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficacia, capacidad y con probidad y eliminan el deberán que antes se tenía. No entiendo por qué hacerlo más laxo en la exigencia del nombramiento de los ministros ministras de la Corte.
Me parece indispensable cuidar el tema de la garantía de los derechos humanos en materia laboral de las mil, casi mil 700 personas que cesaran en su función en cuanto tomen protesta los nuevos.
Hoy creo que estamos frente a una reforma que hasta ahora está el beneficio de la duda con estos diálogos, hasta ahora no está resolviendo de fondo los problemas de acceso a la justicia, que esa es la esencia, ni de rezago en la impartición de ella. Por eso espero que los diálogos y que este foro pueda contribuir para mejorar la certeza y la certidumbre del espíritu de la misma. Por su atención, muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senador.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a la tercera parte de nuestro diálogo, corresponde al mensaje y la postura general por parte de las personas invitadas, de las personas representantes y titulares, en general, del Poder Judicial. Aquí contarán con cinco minutos, justo porque se trata de escuchar a nuestras personas invitadas.
Iniciamos con la participación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura, de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ministra, muy buenas tardes. Adelante, por favor.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández: Gracias. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me dan para hablar al principio, pero, como lo solicité con anterioridad, yo hablaré cuando terminen de hablar mis compañeros y mis compañeras. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy buen, ministra. Si no hay inconveniente, daríamos paso entonces a la participación de Óscar Bernache Domínguez, quien es el titular de la Unidad de Vinculación de la Fiscalía General de la República. Por favor, Óscar, si puedes tomar la palabra en este momento hasta por cinco minutos para dar tu mensaje.
El director general Óscar Bernache Domínguez: Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad que nos brindan para participar brevemente en este importantísimo foro. Reciban un saludo especial del señor fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, envía sus saludos y su gratitud por la invitación, haciendo énfasis en que encargamos, le pedimos que sea para bien estos diálogos para que se logre construir una gran reforma al Poder Judicial. Hacemos frutos para que sea un trabajo político de consenso.
Un saludo a todas y todos los ministros de la Suprema Corte. Y agradecemos mucho la invitación. Es cuanto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Óscar.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que contará también con cinco minutos para dar su postura general. Adelante, ministro. Buenas tardes.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores, distinguidas invitadas e invitados, compañeras y compañeros. He recibido invitación y agradezco sinceramente esta oportunidad para expresar mi opinión personal en relación con la llamada reforma judicial, vinculada con dos enfoques específicos: qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos.
El Poder Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución, e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición, en donde sólo los que resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación.
En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal.
También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente.
Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción no la regla general. No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar, en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos y eso nos lleva al segundo eje de estos diálogos, es decir, cuál es el Poder Judicial que queremos.
Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto directo de la ciudadanía.
Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental, como se propone, es decir sustituir en un solo momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federal en los que, como todos conocemos, se encuentran procesos judiciales en trámite y corren cotidianamente plazos para definir en distintos supuestos la situación jurídica de las personas que acuden a ellos.
Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando. De manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos. Estimo que de esa manera se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del servicio de administración de justicia federal.
En otro orden de ideas, quisiera mencionar que las funciones que se asignan al tribunal de disciplina judicial, cuya creación se propone, implicaría que un solo cuerpo de juzgadores pudiera actuar a la vez como fiscal y, a la par, como instructor y juez. Además de que las causas que se prevén para sancionar a las personas juzgadoras en la iniciativa, por su amplitud y ambigüedad, podrían interferir con la independencia judicial, lo que estimo que debería reflexionarse.
Finalmente, me permito mencionar que la reforma que se propone debe poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores que podrían ser sustituidos con motivo de su entrada en vigor.
Las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de jubilación y retiro, considero que no deben ser eliminadas, a fin de proporcionar una culminación de la función digna a quienes vemos servido en el Poder Judicial de la federación.
Para concluir y hablando en nombre propio, pero con la certeza de que es un sentimiento compartido entre quienes integramos el Poder Judicial de la federación, estaremos, como no puede ser de otra manera, a lo que determine el poder reformador de la Constitución, pero reiteramos que seguiremos sirviendo, desde la Judicatura, defendiendo con honor y con dignidad a la Constitución, a las instituciones que derivan de ella y los derechos humanos que protege y que dan sustento al Estado de derecho, a la República y a nuestra democracia. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, señor ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Con la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra, buenas tardes, adelante con su mensaje.
La ministra Lenia Batres Guadarrama: Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación.
Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua.
En contraste, se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano.
¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no, cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia.
Hasta hoy ha fracasado en esa labor la reforma que se propone, plantea tres temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional.
La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general, crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras.
La reforma garantiza que, de una vez por todas, se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo.
A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía: propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte.
De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros Poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades.
Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias.
Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los Poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe en el pacto.
Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales, si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora, propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte, la facultad de plenitud de jurisdicción.
Es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contradicción con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha denominado cosa juzgada fraudulenta.
Permanentemente, llegan casos a la Corte en los que se defraudan la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales victimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales, son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados con los jueces mexicanos.
Para nuestra población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial.
En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público. Con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre con humildad y vocación de servicio.
Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial, su único propietario es el pueblo mexicano que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, ministra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara. Buenas tardes, ministro, adelante. Le pido a la sala que guardemos el orden, por favor. Adelante, ministro Juan Luis González Alcántara, con su participación.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: Muchísimas gracias. Agradezco la convocatoria de este órgano legislativo para expresar una postura para la iniciativa de reforma a título estrictamente personal, como fue solicitado.
Consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones. Hay un reclamo inefable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello, es latente la necesidad de las reformas a los Poderes Judiciales.
Considero que, de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos.
No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa. Se pretende modernizar a todos los Podadores Judiciales del país dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública. Esos son objetivos loables y son apremiantes. La pregunta que debiéramos formular es: ¿Cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos?
Para dar respuesta, me pronunciaré sobre dos puntos medulares: la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo. Por el tiempo conferido, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales porque considero que deben recibir un trato diferenciado y mucho más deferente y protector que el que tienen las ministras y los ministros.
Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo. Lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres Poderes de la Unión.
Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia. Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político.
El segundo problema: la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados, por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la función judicial, el voto popular. ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito?
Si ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes.
En otro aspecto, la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas. Ahora bien, para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la escuela de formación judicial.
Señores legisladores, salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de mil 600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas, sí, a la corrupción desde la formación de los integrantes de la carrera judicial.
Estas propuestas parten tanto de los objetivos como de los medios elegidos por la iniciativa. Busquemos entablar un diálogo constructivo, un diálogo abierto, un diálogo desinteresado, pero un diálogo realista en donde el punto de llegada sea la mejora y el perfeccionamiento de los Poderes Judiciales que demandan y esperan los mexicanos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar el diálogo vamos ahora a escuchar el mensaje de la consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate. Adelante, consejera. Muy buenas tardes.
La consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate: Buenas tardes a todas y todos. La propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy nos convoca es trascendental para la vida democrática de nuestro país.
En esencia, su objetivo consiste en modernizar el sistema de justicia mexicano, específicamente el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los estados y de la Ciudad de México, con la finalidad de que estén a la altura de los retos del país, atiendan las demandas de la sociedad, pero sobre todo cuenten con la legitimidad democrática indispensable para hacer valer sus determinaciones.
Dicha reforma pretende realizar un combate efectivo y real contra la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que durante años han invadido nuestro sistema de justicia. Esta propuesta de reforma de ninguna manera pretende debilitar a los Poderes Judiciales, por el contrario, su finalidad es reconfigurar una parte del sistema judicial incorporando a la Constitución Federal mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la selección de juzgadoras y juzgadores, quienes por mandato constitucional son los encargados de impartir justicia.
Además, se busca que el Poder Judicial recobre su alto prestigio y la confianza de la ciudadanía quien por medio del voto expresó su intención de lograr esta reforma para contar con una justicia confiable que proteja los derechos de todas y todos, pero sobre todo que sea cercana al pueblo de México.
La reforma judicial pretende eficientar el sistema de impartición de justicia sin duda alguna, hay muchas cosas que pueden rescatarse del sistema que hoy en día tenemos, pero el objetivo es maximizar el principio de acceso a la justicia para lograr un auténtico Estado de derecho donde las personas juzgadoras cumplan con sus responsabilidades en el marco de la ley e impartan justicia imparcial y expedita. En pocas palabras, se trata de una reforma en beneficio del pueblo mexicano.
Quiero hacer énfasis en dos aspectos que en lo particular considero son de suma relevancia. El primero está dirigido a poner especial atención en los filtros por medio de los cuales se seleccione ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, debe tratarse de procedimientos confiables, certeros, dotados de absoluta credibilidad y que incluya estándares de selección de alto nivel para estar en posibilidad de proponer a las y los ciudadanos los mejores perfiles.
El segundo aspecto está relacionado con el régimen transitorio, específicamente a la forma en cómo se va a llevar a cabo la sustitución de juezas y jueces de distritos, magistradas y magistrados federales.
Mi propuesta consiste en que la sustitución de las personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva, es decir, se vaya dando de forma gradual en los distintos estados de la República atendiendo las cargas de trabajo. Ello con la finalidad de que la impartición de justicia no se vea afectada, que los órganos jurisdiccionales continúen funcionando adecuadamente y permita que las personas secretarias, actuarios y actuarias, oficiales y judiciales y demás personal que en ellos laboran continúen con estabilidad en el empleo.
Son tiempos de serenidad y de confianza, debemos escuchar el mayor número de pareceres, de ver con mirada crítica y constructiva los ajustes a que haya lugar, de pulsar los tiempos políticos, pero sin descuidar los aspectos jurisdiccionales, es momento de observar con prudencia y conciencia los alcances a corto, mediano y largo plazo, a fin de que la transformación sea de gran alcance, para ello se deberá tener en consideración, en forma práctica y sensible, la realidad de quienes integran el actual Poder Judicial de la Federación, cediendo un poco para alcanzar metas más concretas y de mayor proyección.
El Poder Legislativo tiene una tarea de enorme magnitud. Reformar y reforzar uno de los tres Poderes de la Unión significa un cambio estructura de gran calado, sin embargo, en sus análisis deberán ponderar los tiempos y los cambios, así como el modo de realizarlos.
Considero que debe observarse minuciosamente y con sumo cuidado esta reforma constitucional y quizá sea el momento de valorar si es necesario ir paulatinamente en su instrumentación. Valorar si se requiere ajustar alguna de las ideas que se presenten en su contenido o quizá solo posibilitar la transición entre la actual integración con la nueva, que no sea drástica ni lesiva a quienes en el conjunto pudieran ser considerados.
Finalmente, quisiera hacer un llamado a las legisladoras y los legisladores, para que, en una actitud receptiva, dialogante y colaborativa, al momento de analizar la propuesta de reforma no olviden que detrás de cada uno de los integrantes de los Poderes Judiciales hay individuos con aspiraciones y metas, y busquemos soluciones y resultados concretos que faciliten su mejor implementación. Gracias, por su atención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a escuchar ahora la participación del ministro Javier Laynez Potisek, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, ministro, adelante, por favor.
El ministro Javier Laynez Potisek: Muchas gracias. Muchísimas gracias, por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre Poderes, de veras, se aprecia.
Coincido que, efectivamente, el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución, en dimensión enormes y de enorme complejidad, somos más de 50 mil servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas.
Hace casi 30 años México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados, para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la valuación de su desempeño, es decir, el mérito.
Discúlpenme y lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los nueve años que tengo como ministro cada uno de los circuitos.
La jueza de Chihuahua, que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida. Los jueces en Tijuana, que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año. El juez de Oaxaca, que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental. La jueza de Tlaxcala, que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras.
Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos están alejados de la sociedad, como no lo están también el Ejército ahora de jueces capacitados, especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral que, votada por esta soberanía y, por cierto, que se está convirtiendo en un modelo en América Latina.
Estamos hablando de mil 647 personas juzgadores que cesarán en su cargo, y su posible reingreso y posteriormente su prórroga o ascenso estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aún y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas.
Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y reconozco, la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero, por favor, no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que solo habla por sus sentencias.
Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que en la elección –pues mi punto de vista personal– por votación popular, no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial federal. Y, permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión, yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas.
Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego, únicamente a la ley. El método de elección popular por propia definición y naturaleza busca generar un compromiso con el elector, eso lo saben ustedes mejor que nadie, esa es la esencia.
El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contiene da electoral?
Permítanme hacer una comparación con la carrera magisterial, no se eligen a las maestras y a los maestros, estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción debida.
Ya no menciono a los demás puestos del Sistema de Carrera Judicial, más de 30 mil oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse y concursar para llegar a ser juez y, en un futuro, magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifique antes o se confirme la experiencia que pudieran tener.
Señoras y señores legisladores, entiendo que tendremos oportunidad en los foros –porque son foros temáticos– de analizar la experiencia en otros países. Entiendo, la minoría, que han optado –en casos muy específicos– por el sistema de elección, los discutiremos de manera puntual.
Pero yo les pido y estoy seguro que lo harán –así ha sido esta invitación amplia–, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago. Sí. Qué tanto daño hace. Cuál es la carga de trabajo. Cómo son las evaluaciones. Yo estoy seguro que tendremos mucho que aportar en esos puntos. Yo, por lo pronto, no tengo sino darles las gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación y mensaje de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Buenas tardes, ministra, adelante con su mensaje.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa: Señoras y señores legisladores, agradezco a ustedes la posibilidad de participar en este ejercicio democrático, que implica el análisis de reformar nuestro Poder Judicial.
Creo que nadie duda, que es un imperioso deber de nuestro tiempo, efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia, para recuperar la confianza ciudadana. El mandato de las urnas es claro, no podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social.
Hoy, nos tiene esa realidad social aquí sentados. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y, entre otros, no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida, entre varias, que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores.
La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano, ¿requerimos jueces por elección popular? Sí. Y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar.
La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas, para ir cubriendo en forma escalonada, aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos: renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa.
Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos, a partir de ahora, para lograr la renovación total y de manera paulatina. Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social.
En este contexto, siendo plausible democratizar el acceso a la titularidad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, todavía enfrentamos un reto mayor, consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos.
Ambos atributos, independencia y autonomía, son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres, son las cualidades que nos garantizan a todos, mujeres y hombres, a quienes viven en la pobreza, la riqueza o la clase media, así como extranjeros y mexicanos, que la legislación nacional que se aplicará libre de toda atadura ideológica o política y que quienes decidan emprender cualquier actividad productiva o comercial, así como se les exige respetar el marco legal aplicable, de ese mismo modo se les solicite también y se les proteja en un orden jurídico que brinde la protección suficiente a través de sus autoridades y jueces. Para evitar esto, que se dé a interpretaciones arbitrarias, lo que debemos es generar seguridad jurídica.
El Poder Judicial de la Federación ya cuenta con un amplio capital humano de personas juzgadoras, cuyo acceso al cargo pasó, como se ha dicho aquí, por cursos de especialización, evaluaciones, concursos de oposición y que resuelven casi más de 1 millón 500 mil asuntos anualmente en sus diversas materias.
Hoy el reto que tenemos es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo, entre la elección directa como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable.
Acorde al mandato expresado por la mayoría de los ciudadanos, me permito entregar a esta honorable soberanía mi propuesta que como elementos esenciales contiene siete: la elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial, la sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas, la garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que van a participar, el respeto a los derechos laborales de todas y todos, la observancia, la paridad de género, los jueces cercanos ala gente y la justicia para todas las personas por igual.
Señoras y señores legisladores, un Poder Judicial fuerte y con respaldo popular es indispensable para el Estado de derecho, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuación con la participación de la jueza Juana Fuentes Velázquez, a quien damos la bienvenida. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas, Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor, jueza.
La jueza Juana Fuentes Velázquez: Respetables legisladores, señoras ministras, ministros, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, distinguidos participantes, estoy aquí dando voz a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en estos diálogos para la discusión de una iniciativa de reforma constitucional que, por sus alcances, es de gran trascendencia para el sistema judicial de la república.
Como directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) es una gran responsabilidad estar en este foro, no sólo por la encomienda de más de mil 600 compañeros juzgadores, sino por el compromiso social que tengo como juzgadora federal, para dialogar sobre la propuesta de elección de jueces y magistrados por voto popular y la creación de un tribunal de disciplina encargado de vigilar y sancionar la actuación de la labor jurisdiccional. No desconocemos el claro mandato de las urnas, que llama a un cambio dentro de las instituciones, y creemos que el Poder Judicial federal no puede ser ajeno a tal demanda social.
La actividad judicial obedece a las demandas de la sociedad y, por ello, debe ser ajena a acciones de influyentismo y corrupción. Existen mecanismos para lograrlo, son los concursos e ingreso a la carrera judicial que se aplica a los cargos de oficiales, actuarios, secretarios, jueces y magistrados; criterios para su adscripción, procedimientos para de ratificación para la permanencia en el puesto; y mecanismos disciplinarios, como sanciones ejemplares a quienes incumplen el mandato de la Constitución.
Expreso mi compromiso por brindar a la sociedad un sistema de justicia fuerte, pilar fundamental de toda democracia. Por lo que debe garantizarse el principio de independencia judicial, para que los juzgadores tomen sus decisiones de manera imparcial, sin temor a represalias políticas o a presiones externas.
Lo cual, desde la lógica de la propuesta es posible lograr mediante un tribunal de disciplina que sancione el incumplimiento de los estándares éticos. Las preocupaciones surgen por su integración y por la garantía de respetar la autonomía en la decisión judicial. Si los jueces son elegidos por voto popular, cómo se le garantiza a la sociedad que su única lealtad sea la ley y la justicia y no a quienes lo promueven.
El mandato en las urnas no es una licencia para debilitar el equilibrio de poderes, por lo cual generaciones enteras dieron incluso sus vidas. La carrera judicial es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, porque se basa en la preparación y capacidad del juzgador.
Elegir a las personas juzgadoras por voto popular genera graves desventajas y riegos que la sociedad debe saber y que públicamente se han reconocido. La historia muestra que las reformas al Poder Judicial deben ser realizadas luego de un estudio profundo, analizando cada una de las repercusiones que pueden causarse a la paz social. Y sí, estos juzgadores que a través de mí hablan han garantizado la paz y la defensa de los mexicanos cuidando la constitucionalidad. Por ello, es importante que no se realice de forma apresurada y se tome en cuenta todo lo que implica la labor de impartir justicia.
¿Qué leyes y procedimientos existen en las diversas materias del derecho civil, penal, laboral, administrativo? ¿Quiénes son los interlocutores de las personas que se ven involucradas en un juicio? ¿Cuáles son los mecanismos de impartición de justicia? ¿Se cumplen nuestras sentencias? Y, por supuesto, ¿quiénes somos los encargados de impartir justicia?
La reconfiguración de un poder del Estado requiere de un debate amplio y serio, en el que se consideren todas las implicaciones y se escuchen las voces de los expertos y de los ciudadanos, pero también se debe escuchar con especial atención la opinión de los que hasta ahora hemos tenido la labor de impartir justicia.
La independencia judicial, la estabilidad democrática y la progresividad de los derechos son elementos fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia.
La propuesta de sustituir en masa a quienes actualmente integramos el Poder Judicial, sin causa justificada y sin derecho a un debido proceso, lesiona gravemente los derechos de las personas juzgadoras, viola convenciones internacionales que han sido signadas por nuestro país, socaba la confianza en nuestras instituciones y genera inseguridad jurídica.
Una reforma en estos términos, aun cuando se ha dicho que respetará los derechos de los trabajadores, afecta gravemente los derechos adquiridos de las personas juzgadoras, tanto los que estamos en activo como las que han dedicado su vida al servicio de la justicia.
La Jufed hace un llamado respetuoso, tanto a los legisladores electos como a las universidades, a los expertos, a las organizaciones civiles, a los defensores de derechos humanos y al pueblo mexicano a reflexionar con serenidad sobre los riesgos y las implicaciones que conlleva su propuesta.
Es imperativo que se promueva un diálogo constructivo, inclusivo y sensible para fortalecer el sistema de justicia y preservar la independencia judicial en beneficio de la democracia y del Estado de derecho. Las personas juzgadoras en activo y en retiro hacemos votos para que a través de estos diálogos se construya una reforma que fortalezca y no que destruya nuestro sistema de justicia.
Todos, la República entera podemos salir perdiendo, porque los ciudadanos demandan jueces independientes y esta ruta puede llevarnos a lo contrario. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, jueza por su participación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ministro, buenas tardes, adelante con su participación por favor.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los legisladores, compañeros, expositores y público en general presente en este Honorable Congreso de la Unión.
Agradezco y reconozco el esfuerzo de todas las bancadas de esta legislatura que han convocado a este parlamento abierto nacional para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial presentada por el presidente de la República. También agradezco de manera especial la invitación del diputado Juan Ramiro Robles Ruiz, presidente de esta Comisión de Puntos Condicionales, para expresar mi postura en este foro denominado: ¿Qué Poder Judicial tenemos? Y ¿Qué poder judicial queremos?
Hemos sido convocados para discutir los méritos de una reforma constitucional que pretende reformar a los 33 poderes judiciales del país, tanto el federal como los locales. En estos breves minutos me enfocaré en la independencia judicial y su importancia en la economía nacional.
La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones independientemente de su poder político o económico, la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia.
¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es, cualquier reforma al poder judicial debe partir de esa premisa, una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios.
Asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados.
La incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas. Si el contribuyente optara por el modelo de elección directa de jueces, deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios. Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar.
La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo. Los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible.
Personalmente, considero que, y esto es sugerencia, que lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos. El sistema meritocrático, bien implementado, es superior porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial.
Si la decisión del Constituyente es cambiar el modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional, a mi juicio, debe de incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma:
Primero, profesionalización de la función judicial. Se debe mantener la profesionalización de la función mediante capacitación permanente con una escuela judicial autónoma. Esto garantiza que la función judicial siga siendo técnica y jurídica.
Segundo, garantía de estabilidad en el cargo. La función judicial es una vocación de vida. Se deben revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes. La estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea predecible.
Además, solo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos, lo cual, hace usar criterios subjetivos o arbitrarios mata la independencia judicial.
Remuneración justa y un plan de retiro digno, una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual, asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial.
Profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas. Se debe de asegurar que los litigantes, privados y públicos, sean profesionales de estatura ética y profesionalismo mediante exámenes de conocimiento y sanciones por faltas a la administración de justicia aplicadas por el órgano de administración del Poder Judicial. En conjunto, deben fortalecerse las defensorías públicas para los más necesitados.
Revisión de los Poderes Judiciales locales, replicar las garantías de independencia a nivel local y establecer un porcentaje presupuestal fijo en las constituciones locales destinado a los Poderes Judiciales Locales.
Esta propuesta también debería de ser considerada para el Poder Judicial Federal y, por último, fortalecimiento del arbitraje. Dado que existe riesgo de que la reforma genere costos y barreras de entrada al mercado, se debe de plantear una alternativa a los tribunales, la alternativa es el arbitraje.
Cualquier reforma que pretenda fomentar el crecimiento económico con inversión extranjera a largo plazo, debe incluir garantizar la ejecutabilidad de los laudos arbitrales, así como, la eliminación de las reglas que obstaculizan el fácil acceso al arbitraje. Es cuanto. Muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, ministro por su participación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a continuar con este diálogo con la participación y mensaje del maestro Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Maestro, por favor, adelante.
El secretario Jesús Gilberto González Pimentel: Buenas tardes. Agradezco a la Comisión de Puntos Constitucionales por la invitación a estos diálogos nacionales para a reforma del Poder Judicial y saludo a las personas participantes.
Es muy importante para los trabajadores que tengo el honor de representar ser escuchados, lo que aquí se diga espero se tome en cuenta para contribuir en la posible reforma del Poder Judicial de la Federación a la altura de lo que la sociedad mexicana espera.
Mi participación será bajo las ópticas como representante de los trabajadores y como servidor público, ambas con el ánimo de fortalecer y mejorar el Poder Judicial de la Federación, pero ponderando, sobre todo, la división de poderes.
Tenemos un Poder Judicial de la Federación que salvaguarda el respeto al orden constitucional, vigente del cumplimiento de las normas de carácter general, los tratados internacionales y que los actos de autoridades administrativas se ajusten a la Constitución. Tenemos una institución que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y mantener el equilibrio entre los demás poderes, pero con recursos ilimitados para ello.
El Poder Judicial de la Federación es un importante generador de seguridad jurídica, de procedimientos legales jurídicamente apegados al Estado de derecho dentro del sistema político nacional. Sin embargo, también hay que decir que tenemos un Poder Judicial de la Federación o ve su normatividad sobre regulado debido a la facultad delegar al Consejo de la Judicatura Federal que deriven circulares y acuerdos que, incluso, van a contrapelo de las leyes aplicables, pero raquítico en infraestructura y plantillas suficientes de personal.
En el Poder Judicial de la Federación es juez y parte en los procedimientos de cese de personas trabajadoras, retrasan y omiten o retardan el trámite a las denuncias en contra de los titulares sobre acoso sexual y laboral que protege a jueces y magistrados que no respetan las jornadas laborales y que no establece piso parejo en las relaciones burocráticas, que salvaguardan la progresividad d ella derechos humanos de las personas servidoras públicas.
Contamos con un Poder Judicial de la Federación que paraliza la progresividad de los salarios de categoría de secretarios y actuarios. En ese contexto, celebramos que se los incluya y escuche a la base trabajadora en el proceso transformador cuyo objetivo es conseguir la mejor reforma judicial posible.
¿Qué Poder Judicial de la Federación queremos? Queremos un Poder Judicial de la Federación que cuente con el presupuesto necesario para impartir justicia de manera cumplida y pronta, manteniendo el equilibrio entre los demás poderes con visión humanista en favor de los que acuden en busca de justicia.
Requerimos un Poder Judicial en el que para ser nombrados o electos jueces y magistrados se respete el marco constitucional, que no se soslayen los años y años de experiencia, la alta especialización profesionalización y estudio y se respete efectivamente la carrera judicial.
En ese tenor, proponemos que para ocupar los cargos de jueces y magistrados deban ser considerados primordialmente el personal de carrera judicial, los secretarios de tribunal y de juzgado que cuenten por lo menos con cinco años de experiencia profesional. En eses contexto, parafraseo al señor consejero maestro Bernardo Bátiz Vázquez: No cualquiera puede ser juez.
Es importante que el Poder Judicial continúe comprometido con quienes tocan las puertas de los órganos jurisdiccionales, ávidos de ser escuchados ante una injusticia. Debemos de estar siempre ajenos a toda clase de influencias externas que pudieran afectar la autonomía en las decisiones jurisdiccionales.
Es de suma importancia que en el órgano de administración y el tribunal de disciplina judicial se escucha un representante del sindicato mayoritario a fin de que las decisiones que se tomen sean democráticas con perspectiva de género en las que se aplica el control de convencionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia.
Merecemos un Poder Judicial de la Federación sin dificultades técnicas, con incentivos al personal que colabora en los órganos jurisdiccionales, en el que se respete la paridad de género y se combata con efectividad el nepotismo.
El Poder Judicial que buscamos debe respetar el salario de los trabajadores, las prestaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, se trate con dignidad a las personas servidoras públicas dentro del marco de los derechos humanos para ser congruente con la justicia que se imparte al exterior y que garantiza los derechos humanos de los habitantes de nuestra gran nación.
Quiero finalizar diciendo que estoy orgulloso de formar parte de esta noble institución. Los invito a que enfrentemos juntos el reto de seguir construyendo una mejor justicia para los mexicanos. Tenemos la vocación de hacerlo y esto nos identifica. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Jesús, por tu participación. Recordarle a la audiencia que todo el material, videos, estenográficas, presentaciones de estos diálogos nacionales estará disponible en la página reformapoderjudicial.diputados.gob.mx.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al consejero Sergio Javier Molina Martínez, para su mensaje. Adelante, consejero.
El consejero Sergio Javier Molina Martínez: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hace seis años en este mismo foro, algunas y algunos de los presentes dialogábamos y construíamos acuerdos en torno a la gran reforma laboral que se dio en México, un tema específico y particular que con sus dimensiones y asimetrías mantiene rasgos similares a los que hoy nos convoca.
Hace seis años se fraguó una alianza institucional entre los Poderes de la Unión en torno a un mismo objetivo, acercar la justicia a las trabajadoras y los trabajadores de México, los más pobres de este país. El Poder Judicial de la Federación también resuelve la justicia de los más pobres y necesitados de este país. Las viudas, los trabajadores despedidos, los sindicatos no escuchados también son escuchados en el Poder Judicial de la Federación.
Esa alianza entre Poderes de la Unión para cumplir un mismo objetivo, compartía además con los Poderes Judiciales de los estados, hoy día se mantiene y da resultados positivos para la sociedad mexicana, para su industria y los principales socios comerciales en el exterior.
Como dijimos, ahora nos convoca un objetivo mayor, mayúsculo en sus dimensiones, la reforma al sistema judicial mexicano en su conjunto, incluyendo a todas las instituciones que lo representan y comprendiendo a todos los estados de la unión, constituye una refundación del Poder Judicial en México.
Esta refundación se da, por cierto, en el contexto de una histórica votación. Más de 36 millones de votos han llevado a la primera mujer presidenta de la República y jefa del Estado mexicano, toda una realidad por cierto que nos convierte en una sólida y profunda democracia, que nos coloca en la víspera de ser la novena economía del mundo, no enumeraré todos los profundos cambios que se proponen en esta reforma al Poder Judicial, son numerosos y sin temor a equivocarme considero que son los más importantes desde la consolidación del México moderno, desde hace más de 200 años no se presentaba una reforma al Poder Judicial como la estamos viendo hoy.
Quisiera solamente referirme, en obvio del tiempo, a solo un tema la determinación de las personas juzgadoras federales, al respecto en forma muy personal asumo con respeto la decisión que los representantes populares y depositarios del federalismo, aquí presentes, en los próximos días se sirvan decidir.
Las fuerzas vivas de este Congreso de la Unión finalmente mantienen, y ya lo han dicho, la profunda voluntad democrática para consolidar lo que les ha sido mandatado en las urnas.
En esta futura decisión, sin embargo, los invito a reflexionar en un aspecto bien definido, hoy tenemos un sistema de selección de jueces basados en los méritos y en concursos de oposición, en donde los exámenes segmentados por etapas y transparentes permiten encontrar los perfiles de excelencia para desempeñar la función de decir el derecho.
Si es que ustedes, señores y señoras legisladoras, decidieran por preservar y sobre todo mejorar este sistema, los ajustes podrían consistir y les propongo las siguientes propuestas: mayor autonomía para la entidad encargada de los procesos de selección, la designación de la dirección de la Escuela Judicial, por ejemplo, podría venir propuesta por ustedes, controles más estrictos que aseguren la visión y supervisión de los Poderes de la Unión en estos procesos, asegurar una mayor convocatoria con acciones afirmativas para asegurar los ascensos de más mujeres a los cargos de dirección, convocatorias abiertas y universales que permitieran a todas las personas, como se hizo y se propuso hace seis años, aspirar al cargo de juzgador federal, pero si ustedes, señoras y señores legisladores, opten por otro sistema, les propongo lo siguiente.
Primero. En los procesos de elección deberán asegurarse que existan mecanismos que aseguren la idoneidad, expertise y conciencia social en los aspirantes, para ello podríamos reflexionar en encontrar una entidad colegiada de instituciones provenientes de los propios Poderes de la Unión, entidades académicas o la combinación de ambos que hicieran las veces de revisor de los perfiles de las personas aspirantes a la elección.
Existen modelos, por cierto, en el derecho comparado, que dan cuenta de este proceso, diputados y senadores.
Segundo. Establecer una entrada en vigor que nos permita evaluar los avances, me refiero a varios procesos de elección, diferidos por etapas, por materias y por grados, esto permitirá poner orden a la transición y evaluar paulatinamente los aciertos y las áreas de oportunidades, a la vez nos permitiría la coexistencia de nuevos jueces con aquellos que siguen en funciones, derivados de la carrera judicial y esto permitirá entonar los esfuerzos ordenados en esta transición.
Tercero. La creación de una entidad que agrupe los esfuerzos en la transición, me refiero a la creación de una comisión o consejo para esta transición. Su actividad sería honorífica, integrado por miembros permanentes e invitados especiales, pueden provenir de los Poderes de la Unión y entidades federativas, y los segundos de la academia, los empresarios, las asociaciones de abogados y de jueces y magistrados.
Cuarto. Cláusulas transitorias expresas y claras ante los eventuales cambios que protejan a nuestra base trabajadora.
Si bien se indica en la propuesta que se respetarán los derechos conforme a sus condiciones generales de trabajo, debe asegurarse que en la eventual desaparición de las entidades no desaparezcan estas condiciones generales de trabajo y entonces se hagan nugatorios sus derechos.
Señoras y señores legisladores, estamos en el preámbulo de la transformación más importante al Poder Judicial en los últimos 200 años. Lo mejor para la república, la economía y, sobre todo, para la sociedad es una transición racional y conjunta entre los Poderes de la Unión con las entidades federativas, como lo hicimos juntos hace seis años.
Reconozco que en su legitimidad democrática encontraremos el diálogo y entendimiento mutuo para hacer realidad un sueño de los mexicanos, una justicia más cercana a la ciudadanía, ágil y con sentido social. Muchísimas gracias por su atención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejero.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar con este ejercicio de isegoría donde hay igualdad en el uso de la palabra, vamos con el ministro Alberto Pérez Dayán. Ministro, buenas tardes, adelante. Noches ya.
El ministro Alberto Pérez Dayán: Agradezco a esta soberanía la oportunidad de expresar en líneas generales algunas reflexiones en torno a la iniciativa constitucional en materia de justicia, presentada por el Ejecutivo federal.
Coincido con el eje fundamental que la motiva. Las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad. Precisamente por eso estamos aquí.
Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero. Su diseño y probada eficacia son absolutamente imprescindibles. No es aceptable ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno.
Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos.
Bajo esa premisa el Constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir, en la medida más precisa posible, con los resultados de una elección, tantos diputados –gracias–, tantos diputados como votos recibidos.
Los límites impuestos a la sobrerrepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos. Significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y el reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular, con esos precisos perímetros numéricos, 300 para ser exacto.
Se aseguró que ninguna fuerza política, por sí misma, pueda reformar el texto constitucional. Es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental.
Con ello presente, señoras y señores legisladores, destaco de entre muchos, tres temas principales:
Primero. Prohibir la suspensión de normas generales en acciones inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir, también, la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuérdenlo y ha sucedido, nada ni nadie lo repara.
Segundo. Suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga la colectividad a un daño injusto, pues solo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más.
Con esa óptica, el caso de las trabajadoras del hogar iniciado con una sentencia y concretado en la ley en este recinto, sería impensable siquiera.
Tercero. La carrera judicial implica un servicio civil de excelencia. La militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen, no lo digo yo, ya se ha dicho aquí y mucho.
Concluyo, la división de Poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos, México no deber ser la excepción, no debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa, sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo de modo que los tres Poderes, unidos como garantes, refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo, eso es lo que persigue una mejor justicia. Ceñido a los cinco minutos, que están por concluir, les agradezco la oportunidad.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias ministro, también.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos por a continuar ahora con el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, para escuchar su mensaje. Adelante, consejero. Buenas noches.
El consejero José Alfonso Montalvo Martínez: Buenas noches. Es muy importante para mí participar en este foro de diálogo, en mi calidad de ciudadano, como magistrado, y ahora como presidente, consejero presidente de la Comisión de Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura Federal.
Reconozco que en la función que desempeñamos hay deficiencias y definitivamente debemos encargarnos de ellas, pero realmente la solución a estos reclamos ¿justifica cesar y substituir de manera automática y masiva a los más de cinco mil juzgadores locales y mil 700 juzgadores federales y, todavía más, hacerlos sin un juicio previo, seguido por una falta grave, que de acuerdo a nuestro régimen constitucional es la única causa de separación del encargo, dejando de lado su proyecto de vida profesional y personal?
En mi opinión, la respuesta es: No. Además, debemos tener muy en cuenta que los juzgadores no desarrollamos nuestras tareas constitucionales solos. Gracias a la carrera judicial, los tribunales se conforman de equipos de trabajo especializados. En los Poderes Judiciales locales, aproximadamente 73 mil trabajadores, y a nivel federal más de 50 mil. Por consiguiente, miles y miles de familias dependen de nuestro trabajo.
No es verdad que los jueces federales se designen por dedazo. A nivel federal, desde 1996, es decir, hace casi 30 años, han sido designados 2 mil 595 juzgadores a través de 111 concursos de oposición internos y algunos abiertos a toda la ciudadanía.
La carrera judicial, es el sistema más eficaz para garantizar que las personas más capaces ejerzan el noble oficio de impartir justicia y permite a sus integrantes a visualizarla como un proyecto de vida. Para ingresar a ella, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial aprobada por este mismo órgano legislativo hace tres años, se tiene que ser vencedor en un concurso de oposición.
Un abogado titulado después de ser oficial judicial, actuario y secretario, participa en un concurso de oposición para 20 o 30 vacantes, donde competirá contra más de mil participantes. Después de aprobar múltiples etapas culmina con un examen oral, con un sínodo integrado por consejeros de carrera judicial, pero también por consejeros designados por el presidente de la República y por el Senado, y a nivel local por las legislaturas de los estados y por los gobernadores.
La carrera judicial en realidad termina con la ratificación en el cargo después de años de estar en funciones y de una profunda evaluación de su actuación y evolución patrimonial. La ratificación, por ende, la inamovilidad judicial constituye una de las garantías judiciales más valiosas de nuestra función, pues a través de esta institución constitucional la función jurisdiccional se desempeña libre de toda presión coyuntural. De tal forma que el tiempo mínimo que le lleva a una persona obtener las credenciales para ser juzgador es entre 15 y 20 años aproximadamente.
Un juzgador no se forma de la noche a la mañana, la carrera judicial es imperfecta, aun con todos los filtros es cierto que han llegado a titulares perfiles no idóneos para la responsabilidad, pero esos casos son excepcionales. Con todo lo que he mencionado no quiero decir que el Poder Judicial no esté abierto a otras vías para acceder a la función jurisdiccional como la contenida en la propuesta de reforma.
Lo que quiero dejar muy en claro es que la transición debe ser ordenada y gradual, que a la incorporación de nuevos perfiles genere certidumbre a todos los sectores de la sociedad, que se garanticen organismos autónomos de selección y designación para que quienes aspiren cuenten con los más altos estándares de calidad técnica y muy muy importante que se respete la estabilidad de los juzgadores federales y locales que están en servicio y de sus derechos constitucionales y laborales por los que fueron designados.
Sé que mucho se ha dicho que no se afectarán los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la sustitución de juzgadores en los términos y velocidad propuestos de manera natural conllevará una nueva conformación de equipos de trabajo en demérito de la estabilidad laboral.
A raíz de las deficiencias se encuentra en la estructura de todo el sistema nacional de administración de justicia que incluye tanto a las funciones de procuración, fiscalías, como de impartición de justicia, abarcando, claro, el ámbito federal, pero también el estatal.
En toda esta discusión poco se ha hablado del impacto que esta reforma también tendrá en los Poderes Judiciales locales, en donde se concentra el mayor índice de litigiosidad en el país. En la justicia local se ventilan las controversias más cotidianas de la ciudadanía. El cese automático de todos los juzgadores locales también tendrá un impacto negativo muy fuerte.
Por otra parte, mucho se dice que la solución es democratizar la justicia sustituyendo a todos los juzgadores del país de un día a otro. Hasta ahora no me es posible afirmar o negar si esto es lo correcto o no, pero de lo que sí estoy seguro es que mientras los procedimientos establecidos en la ley no se simplifiquen, las cuestiones formales prevalecerán sobre las sustantivas. Así se cambie una o 10 veces a los jueces no podrá materializarse una justicia pronta y cercana a la ciudadanía, porque los juicios seguirán basándose en las mismas leyes procedimentales.
Está demostrado que la oralidad es un camino seguro para garantizar una justicia cercana a la gente, pues es obligatoria la presencia del juez con las partes en una audiencia, en la que se expliquen las razones de su decisión. Por esta razón, los procedimientos de todas las materias han transitado o están transitando hacia la oralidad. Ahora toca cuestionarnos si esto podemos llevarlo a la justicia constitucional, especialmente al juicio de amparo.
Otra queja constante al Poder Judicial es la cantidad de desechamientos en los juicios de amparo. Podemos hacer un trabajo colaborativo interinstitucional para reflexionar sobre la conveniencia de facilitar la tramitación del juicio de amparo y evitar los famosos amparos para efectos que son otro punto de inconformidad.
Otro reclamo constante es que los jueces liberan delincuentes. Aquí sí quiero ser contundente. Los jueces penales tienen una tarea fundamental, que es velar por el debido proceso, concepto que, aunque es impopular es una manifestación de ideas republicanas de la función del Poder Judicial respecto del poder punitivo del Estado. El único compromiso que tiene un juez es con la vedad, con la Constitución, nada más. De ninguna manera puede considerársele un gestor de intereses, por legítimos que éstos sean. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejero.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar la participación de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Ministra, buenas noches. Adelante, por favor.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf: Buenas tardes. Saludo a las y los legisladores presentes, a mis compañeras y compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todas las personas asistentes y, en especial, a todo el público que sigue con particular interés el desarrollo de estos diálogos nacionales relativos a la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Me honra ser parte de este proceso de diálogo e intercambio, a la vez que reconozco ampliamente los esfuerzos institucionales que dan cauce a los aportes que viertan en estos espacios las personas legisladoras, los académicos, los servidores públicos, las juzgadoras, así como la sociedad en general.
La iniciativa con proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial, documento base para estos diálogos, incluye aspectos tan variados y relevantes como la modificación a la composición y funcionamiento de la Suprema Corte, la creación de un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial, así como la elección directa de las y los juzgadores de todos los niveles.
Sin embargo, dado el tiempo y la naturaleza de este espacio, me enfocaré en los mecanismos de selección de quienes integran los más altos órganos del Poder Judicial de la Federación, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia, dado su rol como tribunal constitucional.
Los tribunales constitucionales se han afianzado como actores decisivos para consolidar los esquemas de protección de los esquemas fundamentales contenidos en las normas supremas. Por ello, diversos aspectos asociados a estos y al propio constitucionalismo contemporáneo son objeto de numerosos debates y enfoques críticos a lo largo del mundo.
Por ejemplo, el papel que desempeñan dentro del sistema político, la naturaleza y alcance de sus mecanismos de control judicial, su diseño en facultades o los sistemas de selección de sus miembros.
Si un tribunal constitucional o corte suprema se erige como el órgano judicial de mayor jerarquía con la función de interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, es comprensible que una de las principales inquietudes de la sociedad se centre en la forma en que estos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones.
Es fundamental tomar como punto de partida que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal o deseable de selección de jueces, al ser una materia que corresponde al ejercicio soberano de cada Estado.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, que no le corresponde indicar cuáles son los órganos que deben intervenir en un procedimiento de selección de las y los operadores de justicia, ya que es una materia que escapa de su competencia.
Por el contrario, este órgano ha señalado que lo más relevante para cualquier procedimiento de selección, es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo de designación directa o indirecta, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político, afectando así la convicción de los justiciables.
De ahí la importancia de uno de los objetivos centrales de estos diálogos, reformar el Poder Judicial, a fin de que su conformación y actuación cuente con el respaldo y con la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones.
Dentro del Sistema Interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país estos siempre deberán contar con criterios objetivos de selección basados en: mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones.
Como señala en su informe la Comisión Interamericana que mencioné, es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia, sin embargo, los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional.
Lo más deseable a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión, es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministra por su participación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que es presidente del Poder Judicial de esta Ciudad de México y también de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Magistrado, adelante con su participación, por favor.
El magistrado Rafael Guerra Álvarez: Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes diputados. Agradecemos la invitación y reconocemos que el diálogo es la única forma de dirimir las diferencias que sabemos y conocemos de los demás. Pocos momentos para la vida de la Judicatura han resultado tan importantes como el actual. Con la llamada reforma judicial, el presidente de la República, así lo digo si me lo permiten, pone el dedo en la sien de los Poderes Judiciales del país.
Para mí, lo digo de esta forma, reconozco que desde la Judicatura no podemos mantenernos ajenos al impulso social y debemos ser sensibles y proactivos al cambio, a la nueva forma de comprender a los Poderes de la Unión. Para responder a las necesidades de la sociedad mexicana es indispensable reformar al Poder Judicial.
La sociedad de hoy no es la misma de antes. El pueblo de México ha resuelto la transformación de todas las esferas del país. México votó por la vía democrática por un cambio en el Poder Judicial. El pueblo votó por la primera mujer presidenta en un momento histórico para todas y todos. El Poder Judicial debe estar a la altura. Transformación que queremos, que soñamos y que, sabemos, es posible consolidar.
La justicia no es ajena. Debe responder en todo momento a las aspiraciones del pueblo, pues, como tercer poder, la aplicación de la ley es el reflejo de la voluntad soberana y el actuar de las personas juzgadoras debe ser democrático.
Así, acompañamos la reforma judicial del Ejecutivo federal al advertir que, más que una reforma, la propuesta es una revolución, ya lo dijeron aquí, en el mejor de los sentidos. Es una oportunidad para modernizar, depurar, consolidar la justicia en el país. Representa otro paradigma basado en el respeto de la voluntad popular y de las premisas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Precisada con claridad mi postura, el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, como ya se mencionó, todos lo han mencionado, son los siguientes ejes: reforma del Consejo de la Judicatura; justicia pronta y expedita; remuneraciones y haber por retiro; reducción del número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y duración en el cargo; elección de ministras y ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces por voto popular.
La sustitución del Consejo de la Judicatura como órgano encargado de la administración vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera por dos órganos técnicos especializados nombrados en el proyecto como órgano de administración judicial y tribunal de disciplina judicial, así garantiza la autonomía, dependencia e imparcialidad en su labor y mejora el ejercicio de las facultades disciplinaria y administrativa de cada Poder Judicial.
La justicia pronta y expedita ha sido históricamente un principio de preocupación de la nación, sin embargo, no se ha podido consolidar. Colocar a las personas juzgadoras como responsables de la rapidez en los juicios y en caso contrario, la obligación del propio juzgador de fundar y motivar la tardanza contribuye a materializar la aspiración de una justicia pronta y expedita, identificando la responsabilidad en las demoras.
El servicio público es un honor, de quienes hemos dedicado la vida a ello, sabemos que el mejor pago es servir a la gente. Sostengo que el servicio público nunca debe de ser visto como un medio de ascenso económico o de riqueza, por lo que, las remuneraciones y el haber de retiro deben de responder a la premisa de jamás un gobierno rico con un pueblo pobre. La austeridad llegó para quedarse, quién piense de otra forma no comprende el México de hoy.
Bajo los mismos argumentos en los casos en los que la función permita, se necesita reducir el número de servidores públicos para que se reduzca la carga presupuestaria. La elección de ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, por voto popular es uno de los tres modelos en el mundo para la asignación de personas juzgadoras.
Me refiero a lo siguiente: La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una naturaleza diferente a la del resto de las personas juzgadoras, la Corte, a diferencia de los magistrados y de los jueces tanto federales como locales, se vincula con la justicia y con la política.
En el México contemporáneo, el modelo de voto popular no lo hemos aplicado. Por ello, señoras y señores, señores diputados, sugiero –por no decir propongo– que tratándose de magistrados y jueces federales y locales la designación por voto sea gradual. Es decir, se aplique en respeto estricto al derecho adquirido de los juzgadores, que se aplique a las personas juzgadoras de nuevo ingreso, únicamente, para garantizar una transición basada en la carrera judicial y una justicia de calidad.
La propuesta respeta los derechos de magistrados y de los jueces que actualmente han adquirido por su carrera sabiduría, responsabilidad, compromiso, autonomía y amor al pueblo, traducidos en una estabilidad judicial y la permanencia en el cargo. La reforma por su novedad y por su envergadura produce naturales resistencias, no obstante, insistimos, vivimos en un país diferente en donde la prioridad es el pueblo y la actuación de los servidores públicos debe basarse en principios de no mentir, no robar y no defraudar. Siempre, desde luego, en los Poderes Judiciales respetando la legalidad, pues la ley es reflejo de la voluntad soberana y por eso el actuar de las personas juzgadoras es, en todos los casos, democrático.
Tengo el honor de presidir el Poder Judicial más grande del país, el de la Ciudad de México, y al mismo tiempo mis padres me honran con su confianza de presidir la Conatrib, comisión que agrupa a todos los tribunales locales de México. Ambos organismos son colegiados y en ellos preparamos la propuesta integral que respalda la justicia que la sociedad merece.
Apartémonos de los temores y asumamos con midas el momento histórico a nuestra generación corresponde la gran responsabilidad de la transformación y no hay que defraudarlos, no hay que defraudarnos a todos y cada uno, no hay que defraudar al pueblo de México. Gracias y muy amable.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrado, por su intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a continuar este diálogo con la participación de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, a quien le damos la bienvenida. Ministra, por favor, adelante.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat: Muchas gracias. Distinguidos integrantes del Poder Legislativo, poder reformador de la Constitución; compañeras ministras y compañeros ministros integrantes del Poder Judicial de la Federación, muy buenas tardes a todos.
Agradezco la amable invitación de la Cámara de Diputados a través de su distinguido presidente, el diputado Robledo, a este encuentro de personas que aspiramos a mejorar responsablemente el sistema de justicia para que siga brindando estabilidad y confianza en el porvenir.
¿Qué Poder Judicial tenemos? Para responder es indispensable explicar pacientemente a la sociedad que hay Poderes Judiciales locales y un Poder Judicial de la Federación. Y que son distintos entre sí, profesionales los dos.
Luego hay que recordar que existen tribunales en materia agraria, administrativa, laboral y que no están siendo integrados en la reforma. Además, debe reconocerse que México enfrenta una dura y añeja realidad, y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas como parte del sistema de justicia, donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma. Espero que lo sean.
¿Qué Poder Judicial queremos? Respetuosamente considero que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características. Primera: estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad. Segunda: no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera: ser económica. Cuarta: implementarse con sencillez.
Con ese pragmatismo, opto por compartir algunas ideas mínimas. Primer tema: fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados. Los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos.
Sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran jueces ascendidos con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local.
Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Las disponibilidades de recursos con las que cuentan los estados al cierre de los ejercicios integrados por recursos federales etiquetados regresan a la Tesofe, pero en lugar de justificar desequilibrios financieros para su retención por parte de los estados, los recursos pueden asignarse al fortalecimiento de los sistemas judiciales locales, según las reglas que deriven del artículo 116 constitucional. Ahí están los recursos, solamente se reorientan los incentivos.
Eso nos lleva al segundo tema: fortalecer a la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación para que pueda capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, de las comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de los menores, entre otros.
Los estados no gastarían en profesionalizar, lo haría la Escuela de Formación, de larga trayectoria y probados resultados. Esto elevaría la calidad de la burocracia e incluso podría certificar a la abogacía, cristalizando el añejo ideal de colegiación obligatoria y de paso certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas patito. La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión.
Tercer tema, este responde a una preocupación. Se opina que falta dimensión social en la Judicatura. Yo creo que no, pero siempre es posible mejorar, se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la escuela de formación facilite que futuros jueces incluyan un año de servicio social jurídico no gratuito, en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas donde hay infancia maltratada, donde tanta falta hace.
Pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México, y donde además existe movilidad social. De por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social, necesitamos preservarlos.
Esto se relaciona con el cuarto tema, clínicas de asesoría jurídica gratuita que la defensoría pública lleve a cabo con universidades, a fin de que jóvenes abogados de la mano de la abogacía profesional, brinden ayuda legal en zonas marginadas.
Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente. Si una mujer renta su vivienda, que lo formalice. No solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos. Esta, por cierto, es una idea que quedó en el tintero de las desarrolladas en el plan de nación del presidente López Obrador. Es lamentable que no se haya llevado a cabo.
Quinto tema. Que los Poderes Judiciales locales cuenten con jueces mediadores, que serían electos por voto popular de sus vecinos dada la proximidad, y que les ayudarían a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos, en fin, facilitara la vida municipal, porque serían mediadores y gestores.
Esto impulsaría la cultura de la mediación, del arbitraje, de la resolución de controversias de manera sencilla y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional y la agobiante estadística, y con el retraso de la justicia.
Finalmente, sexto tema. Mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial de forma pedagógica a fin de que la gente conozca ese quehacer y pueda verdaderamente participar en mecanismos de justicia abierta sobre cómo alcanzar el ideal de justicia.
Si pensamos con generosidad surgen ideas creativas, útiles y realistas, desde un enfoque desconfiado o egoísta no surge nada verdaderamente valioso ni transformador, procuramos servir a México con responsabilidad y lo mejor de nuestras capacidades en no perder esto de vista abona a una sociedad más serena y humanista.
Y, finalmente considero conveniente tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida, se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual, especialmente de quienes tienen menos.
Esta generación de mexicanas y mexicanos debe saber que cuenta con instituciones sólidas, republicanas y democráticas, resultado de nuestra historia y del esfuerzo de nuestros antepasados, tan es así que aquí estamos en un esfuerzo interinstitucional de diálogo, democrático y además en respetuosa colaboración entre Poderes, razón para estar contentos por estar haciendo lo correcto. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, señora ministra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a la consejera Lilia Mónica Benítez para dar su mensaje en este diálogo nacional. Adelante, consejera, por favor.
La consejera Lilia Mónica López Benítez: Buenas noches a todas y a todos. Comparezco a este ejercicio de escucha como consejera de la Judicatura Federal, electa en un proceso de designación, dirigido solo a juzgadoras federales, con el propósito de romper el techo de cristal y abatir la brecha de género.
En este diálogo pretendo dar respuesta a dos cuestionamientos, ¿qué Poder Judicial tenemos? Y, ¿qué Poder Judicial queremos? Respondo como consejera presidenta de la Comisión de Disciplina y anteriormente de la Comisión de Vigilancia, aportando datos públicos para conocer la realidad y especialmente para la toma de decisiones.
¿Qué Poder Judicial tenemos? Para garantizar el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la disciplina, el Consejo cuenta con la Comisión de Vigilancia y su Secretaría Ejecutiva y con dos órganos auxiliares, la Visitaduría Judicial y la Contraloría, que garantizan el adecuado funcionamiento de tribunales y juzgados, así como la actuación de las y los servidores públicos, apegada a los principios constitucionales de independencia, imparcialidad, profesionalismo, excelencia y objetividad.
La Visitaduría Judicial realiza visitas de inspección ordinarias y extraordinarias a los órganos jurisdiccionales.
Las ordinarias tienen como finalidad preventiva identificar deficiencias y áreas de oportunidad, las cuales se asientan en actas que son dictaminadas por la Comisión de Vigilancia y la calificación obtenida es considerada para la ratificación de las personas juzgadoras. Las extraordinarias se ordenan cuando existen probables irregularidades que puedan ser causa de responsabilidad.
En los dictámenes se toman diversas determinaciones, como las 9 mil 284 medidas adoptadas de 2018 a 2023, entre requerimientos, solicitudes, indicaciones preventivas, recomendaciones correctivas y observaciones, lo que también dio lugar a mil 577 quejas y denuncias, atendidas inicialmente por la Visitaduría Judicial.
El Consejo cuenta con la Comisión de Disciplina y su Secretaría Ejecutiva, así como de otro órgano auxiliar, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que respetando el debido proceso práctica las investigaciones.
A la Comisión de Disciplina le corresponde la imposición de sanciones y de 2018 a la fecha se han impuesto 475 entre destituciones, inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones y apercibimientos públicos y privados, así como 108 medidas cautelares.
¿Qué Poder Judicial queremos? Un Poder Judicial profesional, autónomo e independiente, que ponga al centro del debate la formación y la capacitación. Aspiramos a una Judicatura donde la corrupción y el nepotismo estén ausentes y prevalezca el uso racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos. Un Poder Judicial que escuche a las personas, que resuelva en los plazos legales y que haga uso de los avances tecnológicos para mejorar el acceso a la justicia y a la información para fortalecer la vinculación social.
Para lograrlo es indispensable partir de un diagnóstico apegado a la realidad y con una base metodológica que permita distinguir las problemáticas de la justicia local y de la federal, evaluar los avances de la reforma judicial de 2021 y reconocer, especialmente, el capital humano especializado en la delicada tarea de juzgar.
La reforma judicial citada apenas alcanza tres años de vigencia y trajo vientos de cambio en el andamiaje judicial, con aspectos relevantes vinculados con el desempeño y responsabilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Garantizó el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, al prohibir los nombramientos de parientes e incluir la paridad de género. Así lo muestran las 208 indagatorias realizadas de 2018 a la fecha por la UGIRA, en el marco del combate al nepotismo.
La evaluación del desempeño prevista en la ley permite valorar el ejercicio de la función jurisdiccional para la toma de decisiones de permanencia, ratificación y separación de la carrera judicial. Con esta ley también se blindaron los procesos de vigilancia, inspección y disciplina, para tomar distancia de dádivas, componendas y malas prácticas.
Reforma sí. Pero con base en mecanismos disciplinarios ágiles y efectivos y también disuasivos, con un sistema de justicia reforzado a partir del diálogo, unanimidad y respeto institucional y que fortalezca la independencia de los tres Poderes de la Unión. Una reforma integral que trascienda divisiones en beneficio de la persona justiciable y de México. Señoras y señores, cuando se ostenta un cargo público, surge la obligación de ejercerlo responsablemente. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora, para continuar con este ejercicio de deliberación en esta sede parlamentaria, con la participación del ministro Luis María Aguilar Morales. Ministro, buenas noches, adelante con su mensaje.
El ministro Luis María Aguilar Morales: Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a las diputadas y diputados que hicieron el favor de invitarnos a participar en este importante momento de una posible reforma a la Constitución y, desde luego, a todos los que participan en esta gran mesa de análisis.
En realidad, creo yo, que estamos en esta primera etapa, en la inauguración de estos foros. Los cuales, entiendo, que se verán ya con detalle en las mesas de trabajo según los temas específicos.
Yo coincido con muchas de las opiniones que se han expresado aquí, con propuestas que se han señalado, con participaciones de muchos de los evaluadores y analistas que han participado en esta ocasión, de tal manera que no quiero repetir cuestiones tan importantes como las que, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló como requisitos en la vida de los jueces o los juzgadores que, además, son parte de los principios de independencia de la Judicatura que se expidieron desde 1985 en Naciones Unidas y de las cuales México aprobó en la Asamblea General.
Muchos de estos principios, como la inamovilidad, las condiciones salariales, los nombramientos adecuados, son estos principios a los que México debería estar comprometido para poderlo seguir adelante, ya que fue partícipe de la aprobación de estos principios.
Yo creo, desde luego, en la carrera judicial. Me es inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Creo en la carrera judicial, creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando. Durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo, a partir de exámenes, de preparación, de requisitos específicos para la elección de los juzgadores, se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país.
Y no es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores, es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria. No es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México. El derecho a ser independiente, no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional.
Pero yo quiero insistir en algo que, como que se diluye un poco, ya el magistrado Guerra, ha señalado algo de los tribunales de los estados, y los que les llamamos los tribunales locales. Pero, aquí se habla de una reforma al Poder Judicial, como si solo hubiera un solo bloque en el país de Poder Judicial.
En realidad tenemos dos grandes bloques de justicia en el país y que están impartidos por dos grandes instituciones: el Poder Judicial de la Federación, es de lo que más hemos hablado aquí y que creo que es uno de los que ha tenido mayor evolución y perfeccionamiento en todos sus niveles, como ahora lo dijo la consejera Lilia Mónica, en vigilancia, en disciplina, en sanciones, pero también en capacitación, la Escuela Judicial, el antiguo instituto de la Judicatura Federal.
Todo esto ha perfeccionado la justicia federal. Pero no descuidemos a la justicia de los estados. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección, los juzgadores. Que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Que haya una verdadera carrera judicial. Porque, insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores.
Y hablo desde mi punto de vista, perdón que lo diga, pero yo empecé como mecanógrafo, como les decía, vengo de una familia, digamos, humilde, mi abuela era una indígena maya de un pueblo de Yucatán, Ticul, mi abuelo materno era un conductor de tranvías aquí en la Ciudad de México, nunca hemos sido gente rica ni mucho menos influyentes desde el punto de vista como lo conocemos en nuestro país.
Yo he ido avanzando gracias a la carrera judicial, a mi trabajo y a la disposición para ir haciendo de la justicia algo que me convence, que es parte ahora de mi propia vida personal. Y estoy convencido de que mi trabajo debe servir al pueblo de México todos los días con independencia, con honestidad y con trabajo constante.
Muchos de nosotros lo hemos dicho en otros foros del que pertenecemos a la carrera judicial, a veces sacrificamos el tiempo de nuestra familia, estamos muy empeñados en cumplir con nuestro deber a cualquier hora que se necesite y yo creo que esto es algo que debemos reconocer. No debemos destruir lo que se ha avanzado durante tantos años.
Aprovechemos la carrera judicial, perfeccionémosla, en efecto. La elección de jueces y magistrados y en especial de ministros ni siquiera es una novedad, en el Constituyente del 17 ya se había hecho la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante elección popular. Lo hizo el diputado Truchuelo, que después por cierto fue ministro de la Corte, y propuso que se eligieran uno por cada estado de la república, un ministro para que hubiera al menos 28 ministros en la Suprema Corte.
Personas tan inteligentes y cultas, como eran los diputados Hilario Medina y Manuel Lizardi, dieron razones muy amplias, que están ahí en el Diario de los Debates para hacer señalar las inconveniencias de hacer una elección de esa naturaleza.
No niego que toda institución humana puede mejorarse, puede desde luego perfeccionarse e irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es a quien está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la independencia de los jueces.
Yo creo que si tenemos en cuenta esto aprovechemos la carrera judicial. Si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga. Yo no me opongo. Mi única condición, y lo he dicho, mi única condición es que los jueces y los juzgadores sean independientes. Si se elige un sistema determinado, magnífico, qué bueno, a la mejor se avanza. Pero mientras no se pierda la independencia quiere decir que vamos por buen camino.
Yo creo que limitar mucho las facultades de la Suprema Corte, cuyo artículo primero constitucional ya le compromete a buscar la mejor interpretación, interpretación en favor de los derechos humanos, yo creo que es una labor fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va estableciendo criterios en general en todo el país.
Por qué hay unos criterios en unas materias más que en otros. Porque los tribunales recibimos las demandas, las demandas de los justiciables. Los ministros, los jueces no eligen los temas que han de conocer, los elige la propia ciudadanía, al presentar los...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ministro, si nos ayuda para ir concluyendo, por favor, le agradeceríamos mucho.
El ministro Luis María Aguilar Morales: ... –Por supuesto– ...los propios ciudadanos. En fin, yo creo que podemos perfeccionar siempre las instituciones. Y yo creo en la carrera judicial y que no se pierda la independencia de los jueces. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ministra, adelante, por favor.
El consejero Bernardo Bátiz Vázquez: Yo voy a hablar después... Voy a hablar después de la...
La ministra Norma Lucía Piña Hernández: Sí. ¿O gusta usted hablar primero, consejero?
El consejero Bernardo Bátiz Vázquez: No. Nada más pregunto, porque al inicio se dijo que al final.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández: Sí. Pero empezaron a mezclar, porque el magistrado Guerra no pertenece al Poder Judicial federal.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Perdón. El consejero Bátiz nos pidió la palabra... ¿Quiere hablar usted antes, consejero?
La diputada María Clemente García Moreno: Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane. Por culpa de jueces corruptos cada día crece la transfobia, que se ha incrementado este año en 50 %.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor...
La diputada María Clemente García Moreno: ... Por eso la población trans está a favor de esta reforma.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: ... Diputada Clemente.
La diputada María Clemente García Moreno: ... Queremos un sistema judicial que dé justicia a las mujeres trans.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Consejero Bátiz, ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿Podría ser, presidenta?
La ministra Norma Lucía Piña Hernández: Yo no tengo ningún problema. Como usted guste, consejero.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Por favor, consejero Bátiz.
El consejero Bernardo Bátiz Vázquez: Disculpen. Me invitaron y yo, como consejero, estoy aquí presente. Agradezco la invitación a los diputados, a los integrantes de la Directiva de la Cámara de Diputados, y aclaro que estoy en calidad de consejero. Pero también que en el Consejo acordamos que cada uno de los integrantes del Consejo daría su opinión y no una opinión de consenso, porque tenemos criterios y puntos de vista distintos.
Y –disculpe– yo entendí que usted iba a hablar al final y por eso interrumpí. Discúlpenme todos, pero quiero iniciar esta intervención, distinguidas y distinguidos integrantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, diciendo que en un Estado en el cual el pueblo es el soberano, democracia e impartición de justicia no son incompatibles.
Cuando el pueblo es soberano, los impartidores de justicia muy bien pueden ser electos por el voto popular. Opinar abiertamente en contra de esta afirmación implica –abiertamente o en forma disimulada o no directa–, opinar en contra de que el pueblo tiene capacidad de elegir y tiene perspicacia, inteligencia, juicio y libertad, que no se otorga o se niega, la libertad se tiene cada quien, pueblo sin cargos o funcionarios públicos, nadie les puede limitar su libertad a persona alguna, nadie puede limitar la libertad de ninguna persona.
Pero en una sociedad, en un Estado democrático, si podemos elegir legisladores, si podemos elegir titulares de los Poderes Ejecutivos federal y en los estados muy bien el pueblo puede también elegir impartidores de justicia en todos los niveles.
No digo que sea fácil, no digo que se pueda hacer atropelladamente, qué bueno que hubo la inteligencia y la serenidad para antes de quienes van a resolver, que son los que integran el poder reformador de la Constitución se abriera a una amplia consulta, a un debate en el que estamos, de alguna manera ya inmersos, como lo he podido constatar en este largo tiempo en el que hemos estado escuchando, interesantes y valiosas opiniones.
Dije que los conceptos de justicia y democracia, de impartición de justicia y democracia, no deben estar enfrentados. El Poder Judicial tiene, como los otros dos poderes, la representación de la soberanía popular, pero se distingue de los otros dos poderes en varias características o circunstancias.
En primer lugar, para ser presidente de la República, diputado o senador, no se exige más que ciudadanía, buena conducta y que sea el voto popular el que decida quién llega a los cargos.
En el Poder Judicial no ha sido esa la forma de elegir a los representantes del Poder Judicial. Se distingue también en que, para ser integrante del Poder Judicial, se requiere un título profesional, para ninguno de los otros dos poderes se requiere el título.
Se exige que tengan una carrera judicial, también. Y esos son los requisitos, quien los llene puede ser motivo, participar en la elección, tomar parte en la elección si es propuesto, pero hay otra diferencia.
Los servidores públicos que laboramos en las filas del Poder Judicial... yo estoy ahora integrando en el Consejo... soy parte del Poder Judicial... tenemos también otros datos que debemos considerar. Tenemos mayores ingresos, más elevados ingresos en términos generales que los otros servidores públicos.
También he percibido que jueces y magistrados integran un gremio que ciertamente tiene privilegios económicos y privilegios sociales, una especia de aristocracia; pero también la otra cara de la moneda es que quienes sirven al Poder Judicial, especialmente en los cargos de jueces y magistrados, tienen una vida personal difícil, más difícil que en otras áreas del servicio público, de constante estudio, capacitación, cambio de temas en sus asuntos que tienen a su alcance, así como cambios frecuentes en su lugar de trabajo.
Estas diferencias se tienen que tomar en cuenta. Esa es la realidad, eso es como estamos ahora: distintos en varias características y ciertamente, porque lo he percibido en el trato con magistrados, jueces, en menor grado con integrantes de la Suprema Corte, sí hay una sensación de superioridad respecto de otros integrantes del servicio público.
Ahora el pueblo tendrá la responsabilidad de elegir, de votar con acierto, con su sabiduría innata. Pero quienes hagan las propuestas deben ser muy cuidadosos y proponer muy bien quiénes serán los candidatos.
Se deben respetar los derechos adquiridos y los derechos humanos de quienes actualmente ocupan los cargos en el Poder Judicial.
Pero, también, se debe respetar la voluntad popular, no desconfiar de que el pueblo tiene capacidad, inteligencia, sabiduría, que sí efectivamente hay una meritocracia y un camino de los méritos eso no crea un sector social con derechos diferentes al resto de los mexicanos.
El pueblo tiene... ya lo demostró muchas veces a través de la historia, recientemente en 2018, hace unos cuantos días, el 2 de junio. Demuestra que tiene la capacidad y la inteligencia para medir, para saber quiénes tienen méritos y quienes no lo tienen. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejero Bernardo Bátiz.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos, ahora a escuchar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado, le pido por favor, que guardemos el orden. Ministra presidenta, por favor.
La presidenta ministra Norma Lucia Piña Hernández: Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco la invitación a esta sesión inaugural de los diálogos nacionales. Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los Poderes de la Unión, como lo es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al Federal, también al local.
Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos, en el umbral de una reforma al Estado Mexicano, desde sus cimientos, compartimos, con los que están aquí presentes, el objetivo de mejorar la justicia en México.
Precisamente, en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. A inicios del presente año el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia.
El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades.
Es por esto que llevamos más de cuatro meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país, compartimos las mesas de escucha no solo con autoridades difíciles, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.
Generamos y recopilamos información, tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad.
De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro, la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales; la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis.
Pensar en una reforma al Poder Judicial implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver, de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática.
Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta, las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado.
Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada.
Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron.
Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas.
Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministra presidenta.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Adelante, expresidente. Buenas noches.
El exministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea: Buenas noches. Agradezco a los diputados Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo su amable invitación.
Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia.
Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social. Esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo.
La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, seis meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social.
Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial federal, con el apoyo del presidente Andrés López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una auto reforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera.
Se combatió como nunca a la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual, generamos una justicia digital completa, tuvimos una escuela profesional, judicial profesional con una nueva carrera judicial, se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante se generó una política de igualdad y paridad de género.
Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros Poderes del Estado, y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la Escuela Judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México, la Suprema Corte se convirtió en la defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha.
La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia lo que habían perdido en las urnas y esto lo dije en el pleno de la Corte siendo ministro en funciones, pero lo peor decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros.
¿Cómo se hizo todo esto?, con la máscara de la supuesta independencia judicial, somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie, pero olvidaron que el pueblo no es tonto, y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente, casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras no más injusticia, ya basta, queremos un Poder Judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un Poder Judicial más democrático.
Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular.
La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad, la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Presidente Juan Ramiro, un mensaje final, por favor.
El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los 35 participantes de esta única jornada. Agradecemos mucho la presencia también de algunas personas representantes de organizaciones que tienen que ver con la justicia, que también invitamos, a María Emilia Molina de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, a Fany Lorena Jiménez de la Asociación, presidenta, Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa y a nuestra compañera senadora, legisladora, exministra Olga Sánchez Cordero.
Les estamos verdaderamente agradecidos y reconocidos por las aportaciones que nos han hecho, hemos tomado nota puntual y han sido grabadas todas las intervenciones en este foro.
Los invitamos a seguir participando en los siguientes ocho, desde el día primero siguiente de julio en Guadalajara, después en Toluca, en Tuxtla Gutiérrez, en Puebla, en Veracruz, en Saltillo y en Culiacán, nuevamente aquí, para discutir un tema central sobre el procedimiento electivo. Muy buenas noches a todos ustedes, a quienes han acompañado a través de los medios de comunicación.
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