Acuerdo con formato para la comparecencia
Intervención de la procuradora general de la República, Arely Gómez González
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Soralla Bañuelos de la Torre, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Cuitláhuac García Jiménez, Morena
Javier Antonio Neblina Vega, PAN
María Gloria Hernández Madrid, PRI
Primera ronda de preguntas y respuestas
Ana Guadalupe Perea Santos, PES, respuesta de la procuradora
Soralla Bañuelos de la Torre, PNA, respuesta de la procuradora
Jorge Álvarez Maynez, PMC, respuesta de la procuradora
Jesús Emiliano Álvarez López, Morena, respuesta de la procuradora
Sofía González Torres, PVEM, respuesta de la procuradora
Waldo Fernández González, PNA, respuesta de la procuradora
Patricia Sánchez Carrillo, PAN, respuesta de la procuradora
Ricardo Ramírez Nieto, PRI, respuesta de la procuradora
Segunda ronda de preguntas y respuestas
Melissa Torres Sandoval, PES, respuesta de la procuradora
Soralla Bañuelos de la Torre, PNA, respuesta de la procuradora
María Candelaria Ochoa Avalos, PMC, respuesta de la secretaria
Emiliano Álvarez López, Morena, respuesta de la procuradora
Sofía González Torres, PVEM, respuesta de la procuradora
Arturo Santana Alfaro, PRD, respuesta de la procuradora
Juan Pablo Piña Kurczyn, PAN, respuesta de la procuradora
Abel Murrieta Gutiérrez, PRI, respuesta de la procuradora
Tercera ronda de preguntas y respuestas
Ana Guadalupe Perea Santos, PES, respuesta de la procuradora, comentario
Soralla Bañuelos de la Torre, PNA, respuesta de la procuradora, comentario
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC, respuesta de la procuradora, comentario
Cuitláhuac García Jiménez, Morena, respuesta de la procuradora, comentario
Lia Limón García, PVEM, respuesta de la procuradora, comentarios
Waldo Fernández González, PRD, respuesta de la procuradora, comentario
J. Apolinar Casillas Gutiérrez, PAN, respuesta de la procuradora, comentario
Martha Sofía Tamayo Morales, PRI, respuesta de la procuradora, comentario
Comentario del presidente de la Comisión Álvaro Ibarra Hinojosa
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Solicito a la diputada Patricia Sánchez Carrillo funja como secretaria durante esta comparecencia y haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de las y los diputados de esta comisión.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Buenas noches. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 22 diputados y diputadas, por lo tanto hay quórum.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Se abre la reunión.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy, 27 de octubre de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7, numeral 4 y artículo 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece la procuradora Arely Gómez González, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en materia de justicia.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Pido a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones, de funcionarios de la administración pública federal, con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de funcionaros de la administración pública federal, con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República.
Acuerdo
Primero. Con el propósito de continuar el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Cámara de Diputados, aprueban citar a comparecer ante comisiones a los funcionarios de la administración pública federal que a continuación se señalan:
Dependencia, titular, fecha y hora.
Procuraduría General de la República, maestra Arely Gómez González
Comisión Justicia
Fecha y hora: 27 de octubre de 2015, 19:00 horas.
Segundo. Las comparecencias se desahogarán conforme el siguiente formato:
I. El funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad
II. Presentación a cargo del funcionario compareciente, hasta por 15 minutos.
III. Una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios y del diputado independiente, hasta por cinco minutos cada uno, en orden creciente.
a) Diputado independiente
b) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social
c) Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza
d) Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano
e) Grupo Parlamentario de Morena
f) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
g) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
h) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
i) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
IV. Dos rondas de sucesivas de preguntas y respuestas en orden creciente, con base a los siguientes lineamientos:
a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos
b) Respuesta del funcionario compareciente, hasta por tres minutos
V. Una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en orden creciente, de conformidad con las siguientes características:
a) Pregunta el grupo parlamentario, hasta por tres minutos
b) Respuesta del funcionario compareciente, hasta por tres minutos
c) Comentarios del grupo parlamentario, un minuto.
Tercero. Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a fin de que se les notifique a los funcionarios correspondientes.
Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Muchas gracias. En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno y conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 26 de octubre, del presente año, el que se ha dado lectura, con el propósito de continuar el análisis del estado general que guarda la administración pública del país y enriquecer el diálogo republicano entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, recibimos y damos la bienvenida el día de hoy, a la Procuradora de la República, la maestra Arely Gómez González, con el fin de despejar las dudas e inquietudes de los integrantes de este comisión, además de conocer las posiciones de ambos poderes de la Unión.
Sin más preámbulo, le damos la bienvenida señora procuradora general de la República, a este desahogo de esta comparecencia. Saludo también al señor coordinador del Partido Revolucionario Institucional, doctor César Camacho.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: En cumplimiento a la fracción I del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido a la procuradora ponerse de pie.
¿Ciudadana Arely Gómez González, procuradora general de la República, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo del análisis del tercer informe del estado que guarda la administración pública federal, representado por el ciudadano presidente de la república?
La procuradora general Arely Gómez González: Sí. Protesto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Enterada usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere que la nación se lo demande.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: También quiero hacer mención que nos acompañan a esta comparecencia funcionarios de la Procuraduría General de la República. Bienvenidos.
Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia se concede la palabra a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, hasta por 15 minutos.
La procuradora general Arely Gómez González: Buenas noches, presidente, secretarias y secretarios. Saludo al coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. También saludo a las diputadas y a los diputados que integran esta Comisión de Justicia y a quienes nos acompañan el día de hoy. Buenas noches tengan todos ustedes.
Es para mí una distinción acudir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en cumplimiento del párrafo segundo, del artículo 69 constitucional; y punto 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Atiendo la convocatoria de este cuerpo legislativo para dar cuenta de la situación que guarda la procuración de justicia en México, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Es interés de la Procuraduría que encabezo fortalecer una relación amplia con el Poder Legislativo, con el fin de construir una agenda común en los temas de responsabilidad a la institución.
Procuración de justicia eficaz, implementación del nuevo sistema de justicia penal, respeto y protección de los derechos humanos, además de transparencia y efectiva rendición de cuentas son los cuatro ejes que conforman el plan de trabajo que establecí al asumir la responsabilidad como procuradora general de la República.
Estos cuatro ejes son observados en todos los programas que lleva a cabo la institución. Me permito darles un panorama de lo que hemos venido trabajando en estas cuatro líneas.
Primer eje, procuración de justicia eficaz. El combate contra el delito requiere del fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, que el ejercicio de la acción penal y la participación del Ministerio Público de la Federación se sustenten en investigaciones sólidas, que los hechos delictivos sean acreditados mediante la prueba científica y circunstancial, y que ambas constituyan evidencia probatoria contundente para sostener la acusación ante el órgano jurisdiccional.
En años anteriores el arraigo se utilizaba en exceso, no siempre con los resultados deseados. En esta gestión no se arraiga para investigar, esta figura jurídica es la excepción, no la regla. Asimismo, la figura del testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para consignar. Hoy se utiliza como apoyo a otros medios de prueba. En mi administración no se procede penalmente en contra de personas con el dicho aislado de un testigo colaborador.
Así también, ante la acción de grupos delictivos que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera eficaz.
A la fecha se tienen vigentes 114 tratados internacionales con 43 países, y 23 acuerdos con 15 naciones para el intercambio de información y colaboración dentro del marco soberano que nos da la Constitución.
En materia de extradición, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto del presente año México ha entregado a 50 personas reclamadas por la justicia de diferentes países por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y trata de personas, entre otros.
Hemos fortalecido y perfeccionado los esquemas de colaboración con las instituciones de procuración de justicia del país, a través de las Conferencias Regionales y Nacional de Procuración de Justicia, de modo que hoy se cuenta con protocolos de actuación homologados entre Procuradurías y Fiscalías, para indagar diversos delitos.
La aplicación firme de la ley en contra de las actividades criminales requiere de un esfuerzo de coordinación y permanente intercambio de información que nos permita mejorar constantemente la actuación de la Procuraduría.
Aprovecho la ocasión para referirme a una de las investigaciones que ocupa la atención de la opinión pública desde hace meses, es la relacionada con la fuga registrada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.
Tal y como lo hemos dado a conocer, hasta el momento se han consignado y obtenido auto de formal prisión en contra de 29 personas. Estas acciones se encuentran respaldadas por 242 pruebas científicas y peritajes en 18 especialidades, como criminalística de campo, informática, telecomunicaciones y genética.
La lucha contra la delincuencia organizada requiere de estrategias que garanticen un combate integral.
Es necesario afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, su capacidad económica les da también capacidad operativa y les permite corromper e incluso penetrar las estructuras institucionales dedicadas a combatir el delito.
En el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera, se ha avanzado en el desmantelamiento de la estructura financiera y de operación, la cual comprende inmuebles, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje. Esta dinámica de trabajo es una directriz para atacar los apoyos logísticos que se dan a las organizaciones criminales, misma que se aplica en este y todos los casos en manos de la Procuraduría.
Con estas acciones se avanza en la ruta correcta, por convicción institucional y exigencia legal les arrebataremos todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan para llevar a cabo diligencias delictivas.
Segundo eje: derechos humanos. Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto asumió como una de sus principales estrategias la instrumentación de una política de Estado en materia de derechos humanos. Este tema es una prioridad en mi gestión.
Atenta a este propósito, además de las tareas propiamente ministeriales, en la Procuraduría General de la República, se han desarrollado 54 reuniones de trabajo con colectivos de víctimas de delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, con el objeto de avanzar en las investigaciones.
Procurar justicia implica de manera específica defender con firmeza los derechos humanos.
Esta línea de acción guía nuestra tarea, lo cual se traduce en seguir procedimientos que garanticen los derechos de víctimas, ofendidos e imputados. Es un compromiso institucional, como lo establece nuestra Constitución, garantizar una procuración de justicia con pleno respeto a los derechos humanos, alineando nuestra función con los estándares internacionales y con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, tal es el caso de la aprobación y entrada en vigor en agosto de este año, de los protocolos homologados para investigación de delitos de tortura y de desaparición forzada de personas de en todas las instancias de procuración de justicia del país.
La defensa de los derechos humanos implica contar con buenos instrumentos normativos, instituciones apropiadas y servidores públicos altamente capacitados para aplicar las normas penales de manera oportuna, sensible, eficiente y efectiva.
Para cumplir este propósito en el caso de la atención a la tortura, hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, les informo que estamos llevando a cabo un proceso de consulta con especialistas, organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de víctimas de tortura y de desaparición forzada de personas, para elaborar y presentar en las próximas semanas al Poder Legislativo dos proyectos de leyes generales en esas materias.
Hoy es una realidad la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desparecidas, que dará certeza a las víctimas directas e indirectas por estos delitos, al establecer diligencias homologadas y sustentadas científicamente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Debo referir que esta misma semana hemos iniciado formalmente la operación de la Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem. En una primera etapa se han ingresado los datos de 650 personas reportadas como desaparecidas o cuyo paradero se desconoce.
Como anuncié el pasado 8 de octubre durante mi comparecencia en el Senado de la República, la averiguación previa del caso Iguala fue puesta bajo la competencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en donde se ha expuesto que un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos atiendan esta indagatoria en una segunda fase.
Lo reitero. Las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas. Tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación.
De ahí, que se hayan incorporado al expediente del caso diversas observaciones y elementos que son necesarios para su desarrollo. Muchos de ellos han surgido de la relación de coadyuvancia técnica establecida con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es preciso informar que en el marco del 156 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 20 de octubre, se establecieron diversos acuerdos entre el grupo de expertos y el Estado mexicano. Este hecho representa un importante avance en la definición de las condiciones en las que ambas cooperaremos.
El aspecto más importante de este acuerdo es el relanzamiento de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, mediante una estrategia basada en el uso de la tecnología y la ciencia. Al mismo tiempo que se trabajará en la atención integral a las víctimas, lo cual incluye el acompañamiento en su búsqueda de justicia.
Reitero, que la Procuraduría General de la República continua trabajando de manera decidida para agotar todas las líneas de investigación y para dar certidumbre y confianza a las familias de los estudiantes. Esta voluntad implica el firme compromiso de que todos los responsables, sin duda, serán puestos a disposición de la autoridad competente.
Seguiremos trabajando en este y otros asuntos con responsabilidad y transparencia, privilegiando el respeto a los derechos humanos.
Tercer eje. Implementación del nuevo sistema de justicia penal. Avanzamos hacia la mayor transformación de nuestro sistema penal a nivel federal y lo hacemos en coordinación con autoridades del Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Gobernación y Congreso de la Unión.
La transición es histórica, constituye una alta responsabilidad y un alto compromiso con la sociedad mexicana. La Procuraduría General de la República desarrolló un plan maestro de implementación que ha permitido una transición ordenada al sistema de justicia penal acusatorio, tanto en la áreas centrales como en cada una de las delegaciones estatales que integran esta institución.
Cuarto eje. Transparencia y rendición de cuentas. Estoy convencida que la transparencia y la rendición de cuentas deben de ser un sello de todos los servidores públicos de la institución a mi cargo. Ambos elementos fortalecen la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Dar cuenta de nuestras acciones y resultados es un deber que tenemos ante la sociedad, por lo que trabajaremos de manera permanente en mejorar los mecanismos que cierren el paso a la impunidad en observancia de nuestra misión como representación social.
Desde el inicio de mi gestión ordené la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental, cuyas directrices que orienta su trabajo se fijan desde la oficina de la procuradora. Para hablar de transparencia hay que ser transparentes.
Es por ello y por constituir una exigencia ciudadana, que la Procuraduría determinó que la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala fuera puesto a disposición de toda la sociedad. Esto constituye un hecho inédito.
Este documento está totalmente abierto para su consulta en la sección de transparencia de la página electrónica de la Procuraduría, donde hasta ayer se habían registrado 36 mil 552 accesos.
Otro hecho relevante es la puesta en operación del sistema de consulta de detenidos. Ahora cualquier ciudadano puede localizar en Internet si algún familiar o conocido se encuentra a disposición del Ministerio Público de la federación, conociendo exactamente en qué agencia se encuentra.
Desde mi llegada hemos reducido considerablemente las declaraciones de inexistencia de la información solicitadas por el INAI, pasando de un promedio de 35 declaraciones de inexistencia a solo dos mensualmente.
La Procuraduría General de la República, quinta dependencia de la administración pública federal con más solicitudes de acceso a la información y en lo que lleva del año llevamos más de 3 mil 680 solicitudes que se atienden en tiempo y forma.
Los retos en procuración de justicia son grandes, pero las capacidades y esfuerzo institucional son mayores.
Los nobles principios constitucionales de justicia plena son contundentes. El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que al delincuente se le aplique la sanción que le corresponda, con pleno respeto a sus derechos procesales y que las víctimas del delito reciban verdadera reparación y sean resarcidas en sus derechos.
Mi comparecencia ante esta comisión habrá de permitir la interlocución para construir áreas de oportunidad en la formulación de leyes y aplicación de las mismas.
Reconozco la disposición y compromiso de ustedes para construir un mejor país donde la seguridad y justicia se sigan consolidando. El deber de garantía penal le corresponde a la Procuraduría General de la República y alcanzar mejores estándares en la procuración de justicia es tarea de todas y todos. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Conforme a la fracción III, del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, se han inscrito para fijar postura, hasta por cinco minutos, los siguientes diputados:
Del Partido Encuentro Social, diputada Melissa Torres Sandoval.
Del Partido Nueva Alianza, diputada Soralla Bañuelos de la Torre.
Del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.
Del Partido Morena, diputado Cuitláhuac García Jiménez.
Del Partido Verde Ecologista de México, diputada Lia Limón García.
Del Partido de la Revolución Democrática, diputado Arturo Santana Alfaro.
Del Partido Acción Nacional, diputado Javier Antonio Neblina Vega.
Del Partido Revolucionario Institucional, diputada Gloria Hernández Madrid.
Tiene el uso de la palabra, la diputada Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Compañeras y compañeros legisladores; señora procuradora General de la República, buenas noches. Es un honor para mí estar el día de hoy representando al Partido Encuentro Social en esta Comisión de Justicia, nuestra presencia aquí es el resultado de una lucha ciudadana de más de una década por brindarle voz a las mexicanas y los mexicanos que no habían encontrado espacios de acción en México.
Nosotros tenemos el firme propósito de velar por los más desprotegidos, por los más vulnerables que han sido en demasiadas ocasiones las víctimas de las peores injusticias. Nuestro compromiso es con México, con hacer que se escuche el clamor de justicia de sus ciudadanos, sabemos lo que significa no tener lugar en las decisiones colectivas, que no se nos tome en cuenta que nuestros intereses y los de miles y millones de ciudadanos no sean fielmente representados en las instituciones.
Por ello, venimos aquí con la firme intención de actuar como una oposición responsable, fieles a nuestros principios y valores, pero sobre todo siempre poniendo en primer lugar a las familias mexicanas.
Como posición responsable, no ofrecemos únicamente ideas, estas ideas las hemos plasmado en una agenda legislativa y coherente, sin embargo eso no es suficiente para mejorar activamente en la vida política de nuestro país, por eso llegamos a esta soberanía con la obligación de cuestionar fuertemente el actuar de nuestras instituciones. Esta es, precisamente la visión que tenemos al presentarnos aquí el día de hoy.
Señora procuradora, es nuestro deber, tanto de los representantes del pueblo como de usted, tomar parte de este ejercicio de rendición de cuentas. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hemos manifestado nuestra voluntad de fortalecer estos mecanismos a través de una legislación que dé máxima publicidad a la actuación del gobierno y las instituciones, y del fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos, entre otras medidas.
Estamos conscientes de que una democracia sin rendición de cuentas, es una democracia incompleta. Así, agradecemos que haya venido a esta comisión para responder a nuestras dudas y a dialogar con todas las fuerzas del Poder Legislativo. México cuenta con problemas graves que exigen un gobierno eficaz, éste no se alcanza –sobra decir– sin buenos gobernantes, y los buenos gobernantes son los que comprenden que el México de hoy no es el México de siempre.
El México de hoy es el México del pluripartidismo, el del diálogo y del consenso. Con esto en mente, venimos a cuestionar, pero también a dar reconocimiento a quienes se lo merecen.
Señora procuradora, en los meses que lleva usted al frente de la Procuraduría General de la República, se ha acercado a las mexicanas y los mexicanos, ha sostenido un intercambio constante con la sociedad civil, con organismos internacionales y con otros poderes. No ha minimizado las críticas y ha ofrecido soluciones, resultados y acciones efectivas.
Confiamos en que usted y la Procuraduría General de la República sabrán responder a las exigencias de los ciudadanos para enfrentar temas complejos que requieran de acciones conjuntas.
Un tema que en el Partido de Encuentro Social tenemos muy presente, es el de la trata de personas. La trata es un delito aberrante que atenta contra la dignidad humana. Esto no puede seguir de la misma manera. Por ello, hemos propuesto revisar de manera permanente la legislación nacional en la materia, fomentar la prevención y el combate a este delito, etiquetar recursos para las tareas de prevención, combate, asistencia y protección a las víctimas, apoyar la creación de redes de organizaciones ciudadanas que apoyen en esta lucha, y promover la sanción a funcionarios públicos y representantes populares por acción y omisión que se asocien con quienes promueven tan indignante delito.
Confiamos en que pronto se darán grandes avances en este tema, ya que sabemos que encontraremos en usted y en la institución que representa, un valioso colaborador para atacar los problemas que más lastiman a la ciudadanía.
Asimismo, como partícipe de llevar a cabo la implementación del nuevo sistema de justicia penal, confiamos en que este nuevo modelo alcanzará a toda la ciudadanía en tiempo y forma. Confiamos también en que éste tomará en cuenta que la justicia debe ser incluyente y mantener siempre el respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución, ello sin importar el origen étnico, grupo social o condición física.
Esto lo afirmamos, ya que hemos visto como al frente de la Procuraduría General de la república ha hecho hincapié en el respeto a los derechos humanos como eje rector de la institución.
En estos meses hemos visto el impulso que ha realizado para la construcción e implementación de la Base de datos ante mortem/post mortem no solo a nivel federal, sino también en los estados de nuestra república. Esta herramienta ha permitirá a las fiscalías y a las procuradurías del país a atender todos los frentes para la erradicación y prevención del delito de desaparición forzada.
Señora procuradora, como mencioné anteriormente, el Partido Encuentro Social será una oposición responsable en esta legislatura. Como tal venimos hoy a exigirle que rinda cuentas por las actuaciones de la Procuraduría, pero también a reconocer sus avances para ser un México más seguro en el que no tengamos miedo y en el que el respeto a los derechos humanos esté siempre presente.
Esté segura, señora procuradora, que hemos tomado nota de su disposición a colaborar con otros actores de la esfera pública, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Cuente con nuestro apoyo en este proceso que, sin duda, acercará a México a una justicia cada día más pronta, expedita y eficaz para todos sus ciudadanos. Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Compañeras y compañeros, buenas noches. Maestra Arely Gómez González, procuradora general de la República, sea usted bienvenida. Para Nueva Alianza es irrenunciable la certeza de que el buen gobierno debe estar fundado en el absoluto e irrestricto respeto al Estado de derecho. Sin este factor no podemos hablar de una verdadera rendición de cuentas, ni tampoco es posible confiar en una procuración de justicia eficaz que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado mexicano.
La responsabilidad que usted tiene es brindar respuestas claras, concretas y fundamentadas a las víctimas, sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Nuestra labor, como representantes, no solo radica en cuestionar si las acciones emprendidas por la Procuraduría que usted encabeza han cumplido con las demandas de la sociedad, sino en contribuir mediante el diálogo y los acuerdos a que se garanticen las necesidades de seguridad de los ciudadanos.
Tenemos la firme convicción de que todos debemos actuar con el objetivo de construir un país cada día más democrático y justo. Reconocemos que se han hecho esfuerzos en algunas materias, sin embargo resulta innegable que acontecimientos tales como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas en septiembre de 2014 no tienen cabida en ningún sistema democrático.
Dicha investigación ha constituido un enorme reto para el Estado mexicano, la magnitud del caso es tal que ha llegado a conmover no sólo a la sociedad mexicana, sino a la comunidad internacional, quienes exigen conocer la verdad sobre los lamentables hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Usted ha mencionado que la investigación del caso Iguala sigue en pie. Reconocemos la colaboración de la Procuraduría con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y esperamos que se llegue no sólo a saber la verdad de los hechos, sino que esta investigación conduzca a un castigo ejemplar para los culpables.
Los esfuerzos recientes tienen mérito propio como dar acceso a la versión pública del caso, remitir el expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos proveniente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y crear la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario no dejará de cuestionar cada acción emprendida en este esfuerzo porque nuestro compromiso fundamental es con las y los mexicanos.
La ciudadanía exige tener la certeza de que la actuación de la autoridad se basa en evidencias, pruebas científicas y el respeto irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso. Por eso estamos aquí reunidos, llevamos a cabo este ejercicio para demostrar con hechos a la ciudadanía, a las y los empresarios, inversionistas, indígenas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y todos los que conforman nuestro país, que queremos contribuir a fortalecer nuestras instituciones, que estamos aquí para consolidar un cambio democrático.
En Nueva Alianza buscamos garantizar la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos que viven cada día con miedo, a generar un ambiente de certidumbre y seguridad que propicie la apertura de negocios, el aumento de inversiones y a su vez la innovación y el crecimiento económico y mejores oportunidades para los ciudadanos.
Por ello participamos y seguiremos participando en el proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones mediante una agenda legislativa que responda a las necesidades del presente, pero también a los retos del futuro. Esto lo demostramos día con día con nuestro trabajo legislativo.
En nuestra agenda hay temas prioritarios, como combatir el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, la desaparición forzada, el tráfico de influencias y otros delitos que merman la confianza de la población.
Igualmente, señora procuradora, consideramos fundamental que existan mecanismos de rendición de cuentas. Esperamos el mismo compromiso por parte del gobierno federal.
Señora procuradora, en Nueva Alianza tenemos el propósito de que la Procuraduría General de la República sea una institución fuerte al servicio de los mexicanos. Debemos lograr una procuración de justicia eficaz, oportuna y que se desarrolle en el marco del Estado de derecho, respetando en todo momento los derechos humanos, el debido proceso y la legalidad.
La mejor manera de demostrar que hay avances es mediante una investigación eficaz, científica y certera.
Confiamos en que podrá alcanzar esta meta y que ello se hará en todo momento con base en el equilibrio de Poderes, la transparencia y, sobre todo, el respeto al Estado de derecho. Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Procuradora, en su informe poco objetivo, completamente alejado de la realidad cotidiana que viven los mexicanos, nos reporta cifras que contrastan con indicadores e informes de organizaciones locales e internacionales.
Lo que usted como titular de la PGR nos comunica como logros, nos llama a la decepción, porque los ciudadanos no perciben esos avances, por el contrario, desconfían de la dependencia a su cargo, la cual está reprobada en las encuestas por su pobre desempeño institucional.
Una perspectiva nacional amplia permite observar que la violencia y la criminalidad mantienen un preocupante ascenso, particularmente en delitos como el homicidio doloso, secuestro y otros de los llamados de alto impacto, entre ellos la desaparición forzada.
De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2014, el 58.1 por ciento de la población afirma que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más importantes que aquejan su lugar de residencia, además los ciudadanos cada vez denuncian menos los delitos de los cuales fueron víctimas, la cifra negra es de 93.8 por ciento.
A nivel nacional, el 56.6 por ciento de la población tiene poca o nada de confianza en el Ministerio Público y en las autoridades encargadas del combate a la inseguridad. Sin duda cifras nacionales preocupantes.
A nivel mundial, Transparencia Internacional nos clasifica de un total de 174 países evaluados en el lugar 103, más cercanos al país más corrupto y a nivel de países con alto índice de corrupción, como Sri Lanka y Gambia.
Si bien, la PGR no es la única institución corrupta en materia de seguridad pública, sí es una de las más señaladas por el sector público y privado por su ineficacia. Será por esa falta de estrategia que el secuestro se mantiene como el delito con mayor crecimiento y cada vez se comete con más violencia.
En promedio se denuncia cada dos horas una extorsión, según reporta el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, dato que de alguna manera se confirma con el hecho de que en enero de 2014 el gobierno federal haya decidido crear la Comisión Nacional Antisecuestro, pero seguimos esperando los resultados.
Pese a que las cifras oficiales puedan parecer alentadoras en el papel, ellas no modifican la sensación de inseguridad pública, no cambian en nada el miedo que diariamente sienten los ciudadanos tras ser víctimas o testigos de diversos delitos.
Un primer problema que enfrenta México y no han podido resolver, es la delincuencia organizada, que en las últimas décadas es y ha sido un problema grave que genera terror y violencia en las comunidades de esta nación, y que en mayor medida le corresponde combatir a la dependencia que usted ahora dirige, la que a pesar de considerables presupuestos para su funcionalidad tiene tristes resultados, los avances para contener a la delincuencia organizada son mínimos e irrelevantes, pues aun cuando se nos ha presumido la detención de algunos capos, sus organizaciones criminales siguen intactas, siguen operando al igual que sus estructuras financieras.
El fracaso en la lucha contra el crimen organizado por la PGR, que incluso ha tenido que recurrir en apoyo de las Fuerzas Armadas, que tampoco han dado buenos resultados por más que se nos quieran vender la fantasía de que se le está ganando la batalla a la delincuencia, sabemos que el crimen organizado sigue creciendo.
Procuradora, no le demos vueltas, el problema es de ustedes, en primera instancia, y han fracasado porque no han establecido las estrategias correctas. La ineficiencia de la PGR quedó demostrado en la investigación del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenció por completo negligencias y omisiones en la investigación, falta de acuciosidad en un crimen de alto impacto, al grado que el día de hoy no se sabe cuál fue el móvil de las agresiones a los 43 normalistas y tampoco sabemos dónde están.
Procuradora, la institución que dirige ha perdido toda credibilidad, hace tiempo que se rompió el lazo tan débil de confianza que existía entre su institución y los ciudadanos.
El problema de las desapariciones rebasa las 26 mil personas. Y según el secretario general de amnistía internacional en el informe que dio al conmemorar el pasado 27 de agosto, el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, señaló: este es un método que en los gobiernos como el de México, Gambia, Siria, Sri Lanka y Bosnia usan para silenciar a sus detractores e infundir miedo. Sin dejar de mencionar que casi las mitad de las desapariciones, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración.
Es por eso que le pregunto a usted, señora procuradora ¿Qué hará para que los mexicanos recobremos la confianza en la Procuraduría General de la República? Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Si, gracias presidente. Diputados, diputadas, procuradora Arely Gómez González, titular de la PGR.
Los mexicanos estamos cansados de que nos quieran ver la cara. Las autoridades encargadas de impartir justicia han querido mentirnos, la dependencia a su encargo ha estado muy empañada, empeñada también, en solapar, engañar, ser omisa y finalmente a nuestro parecer, cómplice de quienes deberían ser castigados por delitos diversos, que a la vista de la mayoría de quienes nos observan, del escrutinio público, deberían estar en la cárcel.
El señor que ya se cansó, y a quien usted sustituye, se le cayó la mentira de la gran fogata de Cocula, era su verdad histórica y recurrió a ella para encubrir ¿a quienes? ¿Por qué mentir? ¿Por qué tergiversar?
Dijo usted que uno de los ejes era utilizar pruebas científicas, y muy a tiempo investigadores, miembros de la comunidad académica, incluso personas reconocidas por la UNAM, advertían que esa versión era falsa, que no era posible lo que el exprocurador estaba afirmando como su verdad histórica.
En Tlatlaya, un comportamiento similar de quienes procuran la justicia otra vez. Fotos, videos, testigos contradicen la verdad oficial.
Me pregunto, ¿son más eficaces los ciudadanos que ustedes las autoridades, que tienen todo a su alcance para esclarecer los hechos?
Nuevamente esa intención de solapar, encubrir. ¿A quién se protege, a los delincuentes? ¿Por qué esa actitud inicial del órgano judicial? ¿Por qué hay acciones una y otra vez que son verdaderas pifias?
Ojalá ahí se quedaran, pero juegan ustedes con vidas, con clamores de madres, con el reclamo histórico de justicia. El 6 de enero de este año una más en Apatzingán. Fuerzas federales habrían matado a por lo menos 16 civiles desarmados. Ejecuciones, la tónica de este país.
Las intervenciones tardías caracterizan a las acciones de la justicia de esta Procuraduría y se convierten en actos de injusticia. Y así puedo seguir delatando hechos tras hechos. Pero debido a este formato tan cerrado y que no va a permitirme un debate sobre estas acciones la PGR, voy a ser concreto en algo que compete a usted y que usted misma dijo.
Siendo usted senadora de la República, cuando se formó la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía fue nombrada presidenta de dicha comisión, a la que usted tuvo a bien declinar el nombramiento esgrimiendo conflicto de intereses, lo cual se hizo del conocimiento público.
Ahora bien, considerando que este conflicto de interés persiste por su relación familiar con el señor Martín Díaz, al que afectaría por las acciones que como procuradora está obligada a realizar contra éste, pregunto, ¿por qué no declinó su nombramiento como procuradora de la República?
Es evidente que el conflicto de intereses la ha limitado en su toma de decisiones, ya que a todas luces ha incumplido su encomienda en este caso, al no haber realizado a la fecha la captura del citado delincuente que es, hay que decirlo, primo hermano de su esposo. Es cuanto, presidenta.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, la diputada Lia Limón García, del Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia. Muy buenas tardes, señora procuradora General de la República, maestra Arely Gómez. Compañeras y compañeros diputados, los saludo. Señora procuradora, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le doy la más cordial bienvenida a esta soberanía.
A usted, señora procuradora, le tocó asumir esta gran responsabilidad en un contexto complicado, pero lo ha hecho con entrega y profesionalismo, desde el día en que tomó protesta como procuradora se comprometió a fortalecer la credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, por medio de una justicia eficaz, el respeto a los derechos humanos, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la transparencia y la rendición de cuentas.
Después de poco más de siete meses al frente de la Procuraduría ha demostrado que cumple con su palabra, ya ahora nos ha expuesto importantes avances en cada uno de estos temas. Sin importar el color o las lealtades políticas, en su carácter de presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha consolidado a esta instancia como un instrumento eficaz para articular políticas y mecanismos de actuación para la efectiva investigación y persecución de los delitos.
Así, en su gestión ha reforzado la colaboración entre la PGR y las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas e incluso ha logrado la aprobación de protocolos homologados de actuación en materia de atención a periodistas, de búsqueda de personas desaparecidas, tortura, desaparición forzada e identificación forense.
Todos estos son avances importantes para mejorar la procuración de justicia en México, no solo a nivel federal sino también a nivel local, porque no podemos olvidar que la justicia es un asunto de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos, los pendientes y los retos en materia que aún son muchos son una de las grandes deudas de toda la clase política mexicana con la ciudadanía.
Decir que la Procuraduría General de la República está reprobada, como lo señalan aquí otros diputados, es no entender la composición de este país.
Las deficiencias en procuración de justicia suceden en todo el país, en particular y generalmente, en las procuradurías estatales que aún enfrentan importantes retos. De hecho los delitos cotidianos que impactan y afectan el día a día de la ciudadanía, generalmente con base en lo cual los ciudadanos contestan cuando se les pregunta en una encuesta, son delitos del fuero común, competencia de los estados.
La calificación que dan los ciudadanos a la procuración de justicia está generalmente vinculada con los resultados que perciben cuando van y levantan una denuncia en un ministerio público, en muchas ocasiones sin recibir la respuesta y la atención adecuada.
Por eso, insisto, los retos en materia de procuración de justicia son deuda de toda la clase política mexicana.
Por supuesto, señora procuradora, que en su comparecencia ante el Senado ya mencionó usted importantes avances el pasado 11 de julio, la Procuraduría a su cargo –hay que decir– hizo una de sus máximas prioridades, la investigación de las circunstancias por ejemplo, en que se dio a la fuga Joaquín Guzmán Loera. Señaló que hasta ese momento se habían obtenido órdenes de aprehensión en contra de 23 ex servidores públicos y que tenía bajo arraigo a 10 civiles que colaboraron en la evasión
del reo.
Esta rápida actuación en las investigaciones del caso, muestran su compromiso. En este mismo sentido creemos que las investigaciones sobre el caso Iguala llegarán a buen puerto bajo su conducción. Ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el caso Iguala aún no está cerrado, las investigaciones continúan.
Como prueba de ello creó recientemente la Fiscalía especializada de búsqueda de personas y remitió el expediente del caso Iguala a la subprocuraduría de Derechos Humanos tal y como lo recomendó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, como ellos mismos lo han reconocido, se les ha brindado todo el apoyo desde su llegada y se ha mantenido una interlocución permanente con ellos, con los familiares de las víctimas y con sus representantes, dándoles pleno acceso al expediente y permitiendo que coadyuven de manera inédita, con las investigaciones desde sus inicios.
De nuevo, ésta es una muestra del compromiso de usted y del presidente de la República con la búsqueda de la verdad. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, no hay otro camino más que esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Iguala.
Sobre este tema hay muchas voces críticas y sin propuesta; sin embargo, hay que destacar que como nunca se ha avanzado en el ejercicio de la justicia y hoy se han girado 130 órdenes de aprehensión, de las cuales se tiene a 111 personas consignadas y tras las rejas.
Y hay que decir que, ante la falta de actuación y la impericia e ineficacia de las autoridades estatales, por decir lo menos, fue la Procuraduría General de la República quien tuvo que hacer frente a estos hechos. De poco sirven las descalificaciones si no somos capaces de mirar con autocrítica la casa propia, y de poco sirven las críticas si no somos capaces de asumir cada quien su responsabilidad.
El fortalecimiento del Estado de derecho pasa por un trabajo intenso para mejorar las instituciones encargadas de procurar justicia en todos los órdenes de gobierno. Este caso específico es una muestra de ello.
Señora procuradora, el Partido Verde quiere hacer un amplio reconocimiento a su decisión del pasado 11 de octubre, de subir al portal de internet de la PGR la versión pública del expediente completo del caso Ayotzinapa, 85 tomos y 13 anexos están ahí, a los ojos de toda la ciudadanía, para que no haya duda de que la procuración de justicia es transparente como nunca antes lo había sido. Con acciones como esta se fortalece la convicción del presidente de gobernar de cara a la ciudadanía.
También reconocemos el trabajo que hoy realiza la Procuraduría a su cargo, para analizar las recomendaciones que hiciera en su reciente informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. Sin embargo, es menester destacar que esas recomendaciones no solo se dirigen al Ejecutivo federal, sino a todo el Estado mexicano, es decir, a todos los órdenes de gobierno y a todos los Poderes de la Unión. Eso, señores diputados, nos incluye a nosotros.
Y, para concluir, destaco el impulso que ha dado la PGR a la implementación del sistema penal acusatorio, basado en un plan maestro que –como usted ya dijo aquí– permite una transición ordenada.
Cambiar el sistema de justicia penal parece un reto sencillo, pero implica cambiar un sistema en todo el país que no solo quiere decir trabajar de manera coordinada haciendo un enorme ejercicio de capacitación, sino también mantener un diálogo permanente con sociedad, con expertos y, por supuesto, con los encargados de impartir justicia.
De nuevo es con apertura y disposición a trabajar en equipo como se logran los objetivos más grandes. Estaremos, por supuesto, pendientes de contribuir a la discusión de las leyes generales en las que hoy trabajan, la de desapariciones forzadas y la de tortura.
Y felicitamos el trabajo de consulta que está haciendo la Procuraduría para construir la Ley General de Tortura, la iniciativa que enviarán al Congreso. Un trabajo de consulta que incluye a organizaciones de la sociedad civil, un trabajo de consulta que incluye académicos, expertos y por supuesto a las distintas entidades federativas. Un trabajo de consulta como pocas veces se hace para construir una ley.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde está consciente de que aún existen importantes restos y muchos problemas por resolver, y creemos que avanzar es tarea de todos. A fin de cuentas todos los que estamos aquí somos, junto con las demás instituciones del Estado, responsables de construir una sociedad de derechos en la que impere la justicia y seguridad para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Señora procuradora general de la República, maestra Arely Gómez González, distinguidos invitados especiales que nos acompañan el día de hoy y medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos.
Para el pueblo de México resulta verdaderamente ofensivo e insatisfactorio el hecho de que hasta el día de hoy no se tengan resultados concretos en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría a su cargo, en los lamentables hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y seis personas más que perdieron la vida, porque pareciera que lejos de buscar la verdad histórica de los hechos, se trata de confundir más a los mexicanos.
Digo esto porque a 13 meses de ocurridos los hechos le resulta citatorio al director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández, para declarar ante el Ministerio Público. Y en este orden de ideas, señora procuradora, el pueblo de México desea saber el porqué de esta citación tan a destiempo, siendo que la declaración de José Luis Hernández pudiera resultar clave en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Ahora bien. Es importante también para toda la ciudadanía de este país saber si hay más funcionarios pendientes por citar, ya sea del ámbito académico como el caso de José Luis Hernández, o del ámbito municipal, estatal, federal o incluso del ámbito castrense.
Es penoso que para dar certidumbre a la debida integración de esta investigación se tenga que acudir a la firma de convenios internacionales, en este caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo que parecería que es el organismo internacional quien llevará las riendas desde Washington de esta investigación.
Es necesario aclarar el papel que jugará el Grupo de Expertos Independientes, en virtud de que sus diligencias parecieran ser la espina dorsal en la integración de la averiguación previa. Tal es el caso de la pericial a cargo del perito peruano José Luis Torero, quien prácticamente pulveriza las hipótesis oficiales planteadas hasta este momento.
Asimismo otro suceso que conmocionó y sacude al país es la fuga de Joaquín Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad del Altiplano. En efecto, cuando el presidente Peña Nieto celebraba la captura del capo el día 22 de febrero de 2014 y le encargaba expresamente al secretario de Gobernación el resguardo y todo lo relacionado con la seguridad de Guzmán Loera, decía que sería imperdonable que se volviera a repetir. Es decir, que se volviera a escapar. Esto lo sostuvo en entrevista con la cadena Univisión el 26 de febrero de 2014.
El escenario de impunidad y corrupción respecto de la fuga del Chapo Guzmán ha quedado de manifiesto por la tibieza con la que se ha integrado la investigación correspondiente, ya que solo se han consignado a mandos medios del gobierno federal, como es el caso del entonces director del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma y la licenciada Celina Oseguera Parra, coordinadora nacional de Centros Federales de Readaptación Social, así como algunos cómplices del capo, como es el caso de su propio abogado, pero eso entendemos que resulta de manera natural de la propia indagatoria.
La observación aquí, señora procuradora es, ¿qué pasa con el entonces comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido? ¿Qué pasa con el director general del Cisen? ¿Y qué pasa con el propio secretario de Gobernación? Que son los funcionarios que tenían a su cargo de manera directa la guarda y custodia de este peligroso delincuente.
En este mismo contexto, es importante saber desde la perspectiva de la Procuraduría General de la República, ¿qué fue lo que detuvo que el Estado mexicano no extraditara a Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos de Norteamérica, tal y como lo hizo en días recientes con algunos otros narcotraficantes de talla internacional, como Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie; Jorge Costilla Sánchez, alias El Coss; Aureliano Montoya Peña, entre otros?
Asimismo es de tomarse en consideración los datos de la investigación de la maestría en periodismo y asuntos públicos del CIDE, que señala que durante los tres años aproximadamente que lleva el sexenio de Enrique Peña Nieto, desaparecen 13 personas al día.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática esperamos que con la creación, en días pasados, de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas se logre erradicar la gran problemática que existe en nuestro México sobre los altos índices en la comisión de este delito.
De igual forma, se puedan desintegrar los grupos delincuenciales que se encargan de dañar la integridad y el bienestar de las familias mexicanas. Es momento de que se comiencen a ver resultados en la materia y que no sigan creciendo las cifras de desaparecidos.
Es momento, señora procuradora, que se hable claro sobre tales hechos, los mexicanos necesitamos que exista una verdadera justicia y que tengamos la seguridad de que la desaparición forzada será combatida y, sobre todo, que la Procuraduría a su cargo ayudará a reducir la incidencia delictiva en esta materia.
Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que la procuración de justicia no debe ser objeto de colores partidistas, sino más bien la conjugación de esfuerzos que nos permitan trabajar en contra de aquellos que les hacen daño a los habitantes de nuestro país.
Desde la Cámara de Diputados reiteramos nuestro total apoyo para esta complicada tarea que le fue encomendada, y estamos convencidos de que si trabajamos todos de la mano se logrará una mejor procuración de justicia. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Antonio Neblina Vega, de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Muy buenas noches, diputadas y diputados. Con su permiso, presidente de esta comisión. Señora procuradora Arely Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le doy la más cordial bienvenida a esta soberanía.
La seguridad y procuración de justicia constituyen funciones básicas de todo Estado moderno, deben ser los pilares que sostengan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, pero cuando estos pilares se quebrantan se derrumba la aspiración de una nación justa y democrática.
Un Estado que no es capaz de brindar justicia es un Estado débil, un Estado vulnerable a la acción del crimen, capaz de poner en vilo a toda la sociedad. Hoy, señora procuradora, México vive una situación sumamente compleja en materia de procuración e impartición de justicia.
En estos momentos de crisis en los que la incertidumbre permea sobre la sociedad, en que el crimen organizado asecha a las comunidades del país, en que el respeto a los derechos humanos parece ser la excepción antes que la regla, debemos pugnar por una nación en donde se viva a plenitud el Estado de derecho.
En Acción Nacional, estamos convencidos de que sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. Hoy, los derechos humanos se encuentran bajo amenaza permanente, resultado de la ausencia de un imperio de la ley efectivo, que permita la convivencia armónica entre los mexicanos.
Tortura, vejaciones, secuestros, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres, contra periodistas, homicidios, son unos lastres a los que el Estado mexicano debe hacer frente sin dilación alguna y con todos los instrumentos a su alcance.
Casos como los de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Villa Purificación y Ecuandureo, así como la fuga del Chapo Guzmán, han puesto en evidencia las deficiencias del sistema de procuración de justicia para conocer la verdad de hechos y de dar con los servidores públicos responsables de omisiones o delitos.
La tragedia de Iguala demuestra que ustedes no han aprendido la lección. El informe del Grupo de Especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, echo abajo la columna vertebral de la verdad histórica de su antecesor, y aun así, usted el 16 de septiembre, afirmó que las investigaciones de la PGR son científicas y objetivas.
La búsqueda de la verdad y la justicia para encontrar a los 43 normalistas y atender la demanda de justicia de sus familiares y de todos el país, se ha visto constantemente obstaculizada por una investigación que no toma forma y que se ha basado en constantes contradicciones.
La verdadera procuración de justicia en nuestro país implica necesariamente terminar con la impunidad y con el encubrimiento del que gozan los altos funcionarios coludidos con los capos del crimen organizado.
Estos, señoras y señores, son caso que han cobrado relevancia ante la opinión pública, pero cuantos más hay sin la atención de los medios, en donde ha privado la injusticia por una integración deficiente de expedientes, la información mal procesada o por negligencia de las autoridades.
Hablamos de la procuración de justicia cotidiana, aquella en que los ciudadanos desconfían, aquella que hace que los ciudadanos no se sientan protegidos por el Estado y por las autoridades, aquella que deja en la incertidumbre a las personas.
La desconfianza a las autoridades y en las instituciones de hoy, hace que miles de mexicanos no acudan a levantar denuncias, miles de ciudadanos que no se acercan al Ministerio Público por temor a que este no cumpla con sus atribuciones de fiscalía u órgano acusador, como representante de la sociedad y que lejos de ayudar a las víctimas del delito las re victimice.
De igual forma, la impunidad y la corrupción han avanzado por todas las ranuras del Estado mexicano y hoy el gobierno ha dado muestras constantes de su incapacidad para resolver estos problemas que aquejan a todos.
Hablamos de inacción de la Procuraduría en la persecución de los delitos de cuello blanco, de quienes han utilizado el ejercicio del poder para llevar a cabo actos de corrupción y que siguen libres y actuando en la impunidad.
Señora procuradora, en Acción Nacional la exhortamos a hacer de la Procuraduría una institución más cercana a los ciudadanos. A generar la confianza suficiente para acudir a levantar alguna denuncia para resolver los casos de manera imparcial y expedita, para lograr avanzar en la consolidación de un Estado de derecho democrático, plural e incluyente. Una Procuraduría cuya premisa sea la búsqueda de la verdad y que no ofrezca explicaciones a modo. Una Procuraduría que sea verdadera protectora de las garantías de los ciudadanos y no de los intereses del Ejecutivo.
México anhela una justicia sin distingos de ningún tipo, que la justicia y la verdad sean la regla y no la excepción. Esto es lo que esperamos los diputados de Acción Nacional, y por supuesto, todos los mexicanos. Y deseamos, señora procuradora, que usted no se canse. Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Hernández Madrid, del Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia saludo a las diputadas y diputados, así como al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado César Camacho Quiroz.
Muy buenas tardes señora procuradora general de la República, maestra Arely Gómez González. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional le da la más cordial bienvenida.
La procuración de justicia requiere el mayor compromiso con la ciudadanía y con la protección de la dignidad humana. Esto solo puede alcanzarse con la actuación integral y transparente, apegada a derechos humanos, de quienes dedican su trabajo a procurar justicia. Así se traza un camino franco hacia el fortalecimiento de la confianza de las y los mexicanos.
Usted, señora procuradora, como mujer de leyes y de Estado es sensible a que solo con la confianza ciudadana se puede brindar verdadera justicia. Por ello, desde su nombramiento se ha orientado tenazmente a conseguir una justicia eficaz mediante la implementación del nuevo sistema de modelo de justicia penal, que potencializa el respeto y defensa de los derechos humanos, así como la máxima transparencia y publicidad de las investigaciones.
Sabemos que la implementación de este nuevo modelo es apremiante y en pocos meses, el 18 de junio del año 2016, este deberá operar en el orden federal y en las 32 entidades federativas. Los datos públicos permiten corroborar que la Procuraduría se dirige con paso firme al cumplimiento de dicha obligación constitucional.
Basta observar, que durante los últimos meses se ha generado un respaldo financiero sin precedentes al plan de implementación, además de intensas campañas de capacitación y asesoría que supera casi el 90 por ciento de lo efectuado por la administración anterior.
El nuevo sistema procesal penal acusatorio va por buen camino hacia una adecuada implementación. Gracias al liderazgo y compromiso de la procuradora en su función como presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y sin duda a la total disposición y trabajo de los fiscales y procuradores de los estados, hoy la población de ocho entidades federativas tiene acceso al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Resultado de ese mismo esfuerzo institucional, la Procuraduría General de la República ha dado pasos firmes para abatir el rezago relacionado con la implementación del nuevo modelo. Al día de hoy la institución reporta un avance del 45 por ciento de la implementación en lo que respecta a su esfera de competencia, aunque lo que debemos de resaltar de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, es que se proyecta a cerrar en el año 2015, con un avance del 62 por ciento y cumplir con el cien por ciento al 18 de junio del año de 2016.
Cifras que permiten asegurar que se conseguirá otro de los objetivos trazados por la Procuraduría, esto es garantizar investigaciones menos invasivas, más eficaces y enfocadas en la atención a las víctimas.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, compartimos con usted, señora procuradora, la preocupación por acabar con los espacios de opacidad y corrupción, nada es más dañino para la democracia. Por ende, dentro de nuestra agenda legislativa es también prioritario concretar las reformas secundarias en materia de transparencia, así como las atinentes al Sistema Nacional Anticorrupción.
También, en concordancia con los lineamientos dados por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, dirigiremos nuestra labor legislativa a construir estrategias de seguridad para afianzar la justicia y la paz en un entorno que fomente la efectiva rendición de cuentas. Insistiremos sin descanso porque el centro de la deliberación democrática en sede legislativa, regrese a su origen y razón de ser, la ciudadanía.
Entendemos que el camino de diálogo cultivado por la procuradora abre nuevos horizontes para la justicia mexicana. Ante lo obstáculos institucionales evidentes, usted ha mostrado capacidad, sensibilidad y apertura.
Señoras y señores diputados, no nos confundamos. La Procuraduría General de la República no requiere ocultar información ni engañar a los mexicanos. Ahí están más de 53 mil fojas del expediente de Iguala, disponibles para que quien quiera conocer la verdad la consulte en línea. Es importante aclarar que la investigación de la Procuraduría en el caso de Iguala ha coadyuvado el desarrollo de trabajos científicos en más de 18 especialidades, arrojando 714 dictámenes periciales, esto ha permitido la detención de 111 personas.
Dejémoslo claro, la investigación sigue abierta. También es importante precisar algo más, desaparición de persona no es lo mismo que desaparición forzada, es una distinción legal, sutil, pero importante.
Ha demostrado usted, señora procuradora, con el ejemplo, que la vía idónea para construir las mejores decisiones es la inclusión de todas las perspectivas y puntos de vista, por lo que no dudó en adherir al expediente las observaciones del grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La nación no se construye sobre crítica infundada y el desacuerdo permanente, busquemos en cambio un punto de encuentro, un piso mínimo de entendimiento en el cual podamos transitar en la diversidad hacia una solución que sane las profundas heridas en nuestro país. Siempre habrá posturas encontradas, ahí radica la esencia misma del estado democrático.
Sin embargo, es nuestra decisión responder con responsabilidad a la gran oportunidad que nos brinda la ciudadanía de generar mejores condiciones de vida mediante las funciones legislativas. No reduzcamos los grandes problemas de México a unos cuantos posicionamientos políticos sin fundamento.
Sumar al proyecto de nación propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, en modo alguno significa coincidir plenamente; al contrario, significa procesar los desacuerdos mediante las vías institucionales y en definitiva, concretar acciones que generen un México en paz, un México incluyente y un México próspero.
Señora procuradora, quienes integramos la bancada del Partido Revolucionario Institucional guardamos el fiel convencimiento de que su presencia ante este órgano legislativo es una muestra clara de su compromiso por las mejores causas de nuestro país.
Agradecemos el tiempo dedicado a la búsqueda de un acercamiento indispensable entre las dos esferas de poder en beneficio de la ciudadanía. Estamos tranquilos porque la Procuraduría General de la República cuenta con un gran liderazgo basado en la consistencia ética y los mejores ideales humanos para México. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Para dar cumplimiento a la fracción IV del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados:
Del Partido Encuentro Social, la diputada Ana Guadalupe Pera.
Del Partido Nueva Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre.
Del Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Álvarez Maynez.
Del Partido Morena, el diputado Emiliano Álvarez López.
Del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Sofía González Torres.
Del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Waldo Fernández González.
Del Partido Acción Nacional, la diputada Patricia Sánchez Carrillo.
Del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ricardo Ramírez Nieto.
Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Guadalupe Pera, de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Muy buenas noches. Procuradora, bienvenida. Compañeras diputadas y compañeros diputados, mucho se ha hablado del combate a la desaparición forzada y de la tortura que hemos visto en los últimos meses. La PGR ha buscado combatir estos delitos de manera constante, sin embargo quisiera referirme a un tema que causa grandes daños tanto en México como en el mundo, quizás igual o más que los delitos antes referidos, este es el fenómeno delictivo de la trata de personas.
Todo estaremos de acuerdo en que hay pocas actividades criminales que perjudican tanto a la sociedad, ya que se anula la humanidad a sus víctimas. La trata de personas priva de dignidad a millones de individuos en todo el mundo, particularmente aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.
A las víctimas de este flagelo se les somete a todo tipo de explotación, tanto sexual como con fines de trabajo forzoso y de servidumbre doméstica, a ello se añade el maltrato psicológico que sufren las víctimas de ser manipuladas, amenazadas, separadas de sus familias y sujetas a violencia física y económica, entre otras.
Activistas en la materia han señalado que si bien se han hecho esfuerzos considerables tanto a nivel local como a nivel federal por combatir la trata de personas, aún faltan víctimas por rescatar y se cuenta con pocos recursos para hacerlo.
Nosotros como legisladores estamos trabajando para que en nuestro marco nacional se incluyan medidas para garantizar la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, sin embargo cabe recordar que la trata también cuenta con un aspecto trasnacional y no encuentra un límite en las fronteras entre países.
Ahora bien. Le pregunto procuradora. En el ámbito internacional, ¿qué está haciendo la Procuraduría General de la República en el combate a este doloroso delito? ¿Qué medidas específicas se están tomando para proteger a los grupos vulnerables, tales como los migrantes? ¿Qué resultados se han alcanzado? Por su respuesta, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, gracias por su pregunta, señora legisladora. Reconozco su sensibilidad en este tema. Es difícil como ser humano aceptar que este tipo de delitos suceda en nuestra realidad. Estoy consciente de los esfuerzos del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la cual conozco más de cerca, donde se ha trabajado intensamente para contribuir a un marco legal que brinde el apoyo que requieren las víctimas de este delito y las sanciones necesarias para castigar a los culpables. Es la oportunidad de todos y todas ustedes de impulsar este tema que se encuentra aún sin resolver.
Este tema de la trata de personas no es un tema que se haya tomado a la ligera ni es un tema que el presidente, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ni la procuradora general de la República, la Procuraduría bajo mi mando lo haya puesto en acción. Es un delito de carácter tanto regional como un delito internacional.
Las víctimas son objeto de trata dentro de su propio país hacia países vecinos, e incluso de un continente a otro. Su combate por lo tanto debe de darse desde el punto de vista internacional, en cooperación con todas las naciones del mundo independientemente de lo que se haga a nivel nacional.
El Ministerio Público de la Federación tiene un compromiso con la comunidad internacional de brindar protección y atención a las víctimas de trata. Actualmente contamos con la convicción de brindar una justicia pronta y expedita a quienes sufran cualquier tipo de delito en estas actividades. Ello en particular, por ejemplo, atención a grupos vulnerables, tales como los migrantes, dejan su país y se van a otros países a buscar mejor oportunidad de vida y esto se agrava cuando se trata de migrantes no mencionados, que señalar en épocas anteriores el tema de San Fernando Uno, San Fernando Dos y Cadereyta.
Actualmente nosotros estamos trabajando en una Unidad Especializada de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad en la Procuración de Justicia. Este es un compromiso que asumí en el plan de trabajo institucional entregado en el Senado de la República para el año 2015.
–Ya me queda poco tiempo–. También se está trabajando en la Unidad de Personas Migrantes y Mecanismos Transnacional de Búsqueda e Investigación, un compromiso adquirido también ante el Senado de la República y un compromiso a nivel internacional que estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores; maestra Arely Gómez González, procuradora general de la República. La delincuencia organizada se ha globalizado y se encuentra ramificada en diversos países, que recienten sus efectos de muy diversas maneras.
La lucha contra el crimen organizado hoy plantea nuevos retos. Esta delincuencia trasnacional implica también que se realizan esfuerzos trasnacionales para su combate, ya que representa una de las más graves amenazas para la seguridad pública y nacional de los estados.
Ahora, combatir el delito y la impunidad es una labor que con frecuencia va más allá de las fronteras, por lo que debe hacerse desde la cooperación internacional.
En ese sentido, entendemos que la extradición es uno de los mecanismos más utilizados para castigar a quienes han delinquido y son buscados en varios países. Sabemos que el gobierno mexicano ha trabajado estrechamente con Estados Unidos para capturar a delincuentes del más alto nivel para que puedan ser juzgados en la Unión Americana.
En su reciente comparecencia ante el Senado de la República, usted indicó que México ha extraditado a 50 personas a diferentes países, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto del presente año. Sin embargo, hay circunstancias que hacen cuestionable la reciente extradición de 13 reos a Estados Unidos, incluidos narcotraficantes de los cárteles más sonados.
En primer lugar, el alto número de extraditados en un solo día y, sobre todo, que se diera en medio de la desconfianza y falta de credibilidad que generó la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado y de quien Estados Unidos solicitaba su extradición.
Mi pregunta en este sentido, señora procuradora, es, ¿fue la extradición de 13 delincuentes una manera de compensar a Estados Unidos por no haber extraditado en su momento al Chapo? ¿Por qué hasta después de fugado se acepta la solicitud de extradición de Joaquín Guzmán Loera, claro, una vez que sea recapturado? Y, ¿por qué a tan poco tiempo de la fuga del altiplano se incrementaron significativamente las extradiciones? Por sus respuestas, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Soralla Bañuelos de la Torre, agradezco esta pregunta que usted me hace para poder precisar algunos temas que fueron tratados en las exposiciones que han hecho nuestros compañeros.
Quisiera dejar claro en esta reunión, que al momento de la fuga de Joaquín Guzmán Loera no existía ningún acuerdo firme de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obligara al gobierno mexicano a entregar al extraditable.
Por ello, desde que asumí el cargo establecí como política institucional estrechar la coordinación con mi homóloga de Estados Unidos, Loretta Lynch, para agilizar peticiones de extradición.
Por lo mismo, el 25 de junio de 2015 llega la primera solicitud provisional de extradición para Joaquín Guzmán Loera. Esta se formaliza el 21 de julio del año en curso, debido a los trámites que deben de pasar antes de tener posible ya a la persona lista para extraditar.
Guzmán Loera se extradita antes de tener esto terminado, dicho que no hubiera ocurrido la fuga, tampoco se podía haber extraditado, ya que en la extradición pasiva una vez que se recibe la solicitud por parte del gobierno extranjero se tiene que cumplir con una serie de trámites que por lo general tardan de seis meses a un año.
Entonces, por lo mismo, ¿por qué se extraditan a los 13 grandes capos? porque desde mi llegada, en esa reunión y en esa primera platica que tengo con la procuradora Loretta Lynch, empezamos a preparar la extradición de estos 13 capos.
Esa es la causa, por la cual, haciendo todo el recorrido de marzo al mes pasado que los extraditamos, se pueden extraditar. Pero no fue ningún pago de nada, fue un compromiso de ambos gobiernos. Y aprovechó también para hacer otra respuesta cuando se mencionan delincuentes de cuello blanco. En esa ocasión se trató también las extradiciones activas, que es el caso, sobre todo, de delincuentes de cuello blanco que han evadido la justicia en México para estar en otros países, en particular, en Estados Unidos.
Y ahí empezamos a trabajar para poder, ya que estos elementos son muy... complicadas estas extradiciones y son porque hay que, a diferencia de otros sistemas judiciales, con Estado Unidos hay que tener las pruebas para acreditar la causa probable en delitos de cuello blanco.
La diferencia del idioma y la especialización en la traducción de los términos jurídicos, eso es en lo que estamos ahorita trabajando para que no tengamos delincuentes de cuello blanco evadiendo la justicia en México.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Es muy penoso un debate en el que ni siquiera se simula que le sorprenden las preguntas, procuradora. Las lee, pareciera que el mismo que formula la pregunta, que escribió la pregunta le escribe la respuesta.
Usted y los diputados que se han comportado aquí como aplaudidores del régimen, hablan de un país que no existe, que no existe en los ojos de la gente que está viendo a través del Canal del Congreso esta comparecencia.
Le doy un tema nada más como botón de muestra. El tema de derechos humanos y en donde usted dice que utiliza el arraigo como excepción. Este es un país en el que alrededor de 100 mil personas están en la cárcel sin una sentencia. Ese es el nivel de impunidad que tiene México y esa es la realidad de este país.
Van 13 meses, ayer se cumplieron, de una tragedia que va a marcar a nuestra generación, que marca al gobierno del que usted forma parte, y 13 meses de verdades a medias, de contradicciones y de mentiras.
A que me refiero con contradicciones. El gobierno un día dice, como usted lo dice hoy, que va a ver un relanzamiento en el caso de Ayotzinapa, pero el secretario de gobernación hace un par de días dice, que quienes están poniendo el dedo en la llaga, con cuestionamientos específicos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, estarían obligados a probar, entonces, si no fue en un incendio, en un basurero, cómo es que esos 43 estudiantes terminaron.
Que quien acusa o quien duda del gobierno estaría obligado a probar cómo sucedieron los hechos de la desaparición de estos 43 estudiantes.
No, la única obligación de dar respuestas y de darles certeza a los mexicanos es la que tienen ustedes, es la que tiene el gobierno y es la que tiene el Estado mexicano.
Por eso, de una forma muy concreta y solo respecto al caso de Ayotzinapa le queremos preguntar. Ustedes lanzaron una verdad histórica y luego hablan de relanzamiento. ¿Eso quiere decir que ustedes también descartan esa verdad histórica que anunció el procurador Jesús Murillo Karam? ¿Ustedes se retractan de esa verdad histórica? ¿O qué verdad le ofrecen a los mexicanos después de 13 meses? ¿Son capaces de sostener que los estudiantes fueron asesinados como lo sostuvieron en su momento?
Porque no es un asunto de acumulación de papel y decir ahí están 53 mil fojas. Es un asunto de una respuesta concreta. ¿Qué certeza le dan a los mexicanos? ¿Los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula sí o no?
Y permítame preguntárselo desde otro enfoque, desde un enfoque empático. Suponiendo que usted fuera una madre de familia de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿usted le creería al gobierno? ¿Usted dejaría de buscar a su hijo? Ésa es la pregunta, procuradora.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Jorge Álvarez Maynez, brevemente, la primera pregunta relacionada con el arraigo. Efectivamente, las cárceles en México, las prisiones están saturadas.
En el proceso que se lleva en México tenemos dos elementos: el sistema de procuración e impartición de justicia. Hay dos partes que juegan en esto. Nosotros, Procuraduría General de la República presentamos a consignación, se lleva el proceso penal en el juzgado y de ahí el órgano judicial es quien emite la asistencia. Y como usted mejor que nadie lo sabe, hay amparos, hay revisiones, hay muchas apelaciones, qué le puedo decir de la cantidad de recursos que hacen que las personas estén en la cárcel.
Esto lo llevo a lo benéfico que será ahora el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que tendremos en un año. Y la otra pregunta, sin ni un solo día de retraso, porque ésa es la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto. Y cuando llegamos hace tres años al gobierno teníamos un gran retraso en el mismo.
Le puedo decir que la Procuraduría General de la República en marzo llevaba 17 por ciento de avances y lo mismo el Poder Judicial y así en otra áreas. Estamos trabajando a marchas muy forzadas, pero lo lograremos y bien.
Ahora, el tema del arraigo precisamente es diferente estar arraigado a estar en prisión. El tema del arraigo yo lo he definido, que en mi posición de respeto a los derechos humanos, única y exclusivamente se investigará para arraigar. Se investigará pero no se arraigará para investigar.
Nosotros, le puedo decir que en el año 2012, únicamente 2012, 861 personas arraigadas. Del 26 de enero al 26 de octubre únicamente 79. La diferencia es amplia. Estamos haciendo respeto a los derechos humanos y los arraigos que hemos hecho han sido para grandes temas como es el tema de El Chapo Guzmán que todos hemos obtenido auto de formal prisión.
Y en el tema de Ayotzinapa, que en alguna pregunta lo haga lo adelantaré. Le diré, el tema que usted me pregunta, en particular sobre el incendio, porque no podemos decir cremación, es incendio. Si fue hecho en Cocula y ahí fallecieron todos los muchachos, estamos actualmente en la investigación.
El Grupo de Expertos merece mi reconocimiento, porque desde el día que llegue a la Procuraduría, el mismo día llegaron ellos. Llevo seis meses trabajando de la mano con ellos y en el momento que ellos señalan que ellos presentan, no un dictamen pericial, ellos presentan un análisis. Un análisis que es tomado no con la técnica de los dictámenes periciales que teníamos 14 en esta misma materia en la Procuraduría.
Pero, ¿qué es lo que debe de hacer alguien que procura justicia? Pedir un tercer dictamen, y donde se le está dando la oportunidad tanto a ellos como a nosotros de traer a los expertos en técnica forense, en investigación forense a que participen, invitando también al propio experto torero. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, el diputado Emiliano Álvarez López, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Buenas noches, diputadas, diputados; señora procuradora. Como se mencionó hace un momento, usted como senadora de la República, fue nombrada integrante de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, unas horas después de su creación usted declinó esgrimiendo conflicto de interés debido a que el primo hermano de su esposo se encontraba dentro de los involucrados en dicho caso.
Ahora bien, este conflicto de interés persiste por su relación con el señor Martín Díaz, lo que quizá le ha limitado a tomar decisiones al respecto, ¿será que ha incumplido su encomienda, en este caso al no haber realizado a la fecha su captura?
Incluso, resulta todavía más alarmante que debido a diversas fallas, por demás sospechosas de la PGR, no ha sido extraditado a territorio mexicano, aun cuando fue atrapado desde agosto en Estados Unidos.
El caso de Oceanografía ha generado inquietud y desconfianza entre la población y en organizaciones dedicadas al combate a la corrupción. El tema, como se ha podido constatar por opinión pública es delicado, y no se ve avance en la investigación para aplicar el castigo correspondiente a los inculpados.
Señora procuradora yo le pregunto lo siguiente: ¿no considera usted que su nombramiento como procuradora de la República ha generado suspicacia por un claro conflicto de interés familiar en el caso Oceanografía, tal como usted lo constató al declinar su participación en la comisión investigadora del caso?
¿Por qué ha incumplido con sus obligaciones y facultades legales para extraditar a su familiar, Martín Díaz para que sea juzgado por nuestras leyes y responda a los delitos que se le imputan?
Si acaso hubo fallas administrativas, ¿por qué no se ha sancionado a ningún responsable por tan grave omisión?
Finalmente, la opinión pública se cuestiona ¿por qué la Procuraduría a su cargo no ha realizado las investigaciones pertinentes de todos los implicados en el caso Oceanografía desde ex funcionarios públicos, funcionarios públicos, así como particulares, quienes se ha demostrado que incurrieron en el tráfico de influencias y conflicto de intereses, como el caso del embajador de México de la OCDE, Dionisio Pérez-Jácome? Por sus respuestas, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, llegué a la Procuraduría General de la República en virtud de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, gracias a la ratificación de la mayoría de los senadores de distintos partidos político.
Llevo más de 20 años de ejercicio profesional en los tres Poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Durante este tiempo nunca se me ha vinculado, ni siquiera de manera indiciaria a un conflicto de interés, a un tráfico de influencias.
Entonces, ¿qué es lo que acontece con el señor Martín Díaz? Primero que nada que cuando se me nombra como presidenta para la Comisión Especial del caso Oceanografía, lo aceptó. Al recapacitar la aceptación, al analizar, me doy cuenta y analizo, y mi marido no es primo-hermano de Martín Díaz Álvarez, es primo en cuarto grado, es primo colateral en cuarto grado. Entonces, se hace el análisis viendo si alcanzaba hasta allá, y sí venía en el Código Civil esta prohibición.
Es por lo cual, hablo con el presidente de la Mesa Directiva y con los coordinadores –del presidente del Senado– parlamentarios en aquel momento para decir que no puedo continuar porque podría quedar manchada la investigación, porque iba a ser la presidenta y yo iba a tener la responsabilidad en ese caso, y además iba a tener información privilegiada, porque –como usted lo sabe– las Comisiones Especiales tienen información privilegiada, y no quería tener información privilegiada.
Ahora, ¿por qué no se ha extraditado? Precisamente porque teníamos paradas las extradiciones, y lo señalé con anterioridad. El caso de las extradiciones tanto de Martín Díaz, el de Ficrea, de Gastón Azcárraga son extradiciones que debido a que no se acreditado la causa probable en el gobierno de Estados Unidos por eso no nos los pueden extraditar.
Y, si bien usted señala que el señor Martín Díaz desde agosto fue detenido, fue detenido por un problema migratorio. Un problema migratorio que nada tiene que ver con el tema penal, y un problema migratorio que por sus abogados de allá ellos lograron por un recurso que él tiene de que esté allá en calidad de detenido y que tiene que presentarse cada semana a declarar.
Ahora bien, el trámite continua, seguimos trabajando en la investigación, pero también –no sé si usted lo sepa– eta investigación ya está ante el juez, ahora le corresponde al juez emitir su fallo. Y tengo datos de que al señor Martín Díaz le fue negado un amparo hace 15 días ante un juzgado federal.
Por otro lado, es diferente mi actuación como titular del Ministerio Público, procuradora general de la República, ya que la actuación del Ministerio Público se rige por los principios de unidad e indivisibilidad. Eso es que si bien cada Ministerio Público es titular de su propio actuar y ellos son autónomos, entonces ellos serán quienes ejercerán la acción penal, que en este caso ya se ejercitó. Es cuanto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Sofía González Torres, del Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias. Señora procuradora, sea bienvenida usted a este recinto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución mexicana establece en el artículo 4o. la igualdad de mujeres y hombres ante la ley. Nuestro país ha expresado ante el mundo su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En 1981 y en 1998 ratificó distintos instrumentos internacionales para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia en contra de éstas.
Asimismo, nuestra legislación federal se ha fortalecido con la promulgación de leyes que buscan impactar de forma favorable la vida de las mujeres. Me refiero con esto a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, un desafió vigente del Estado mexicano es garantizar una protección más amplia de los derechos de las mujeres con el fin de lograr una construcción de una sociedad inclusiva. Es por esto que el Partido Verde celebra y le aplaudo, señora procuradora, que haya sido usted, una mujer, la que en fechas recientes haya impulsado la creación de una Unidad de Igualdad de Género dentro de la Procuraduría.
La felicitamos y felicitamos también a esta institución por su decisión de especializar al personal ministerial, policial y pericial y sensibilizarlo respecto a las víctimas de los delitos que atiende.
En este sentido, nos gustaría saber si podría proporcionar más detalles sobre los objetivos que se busca alcanzar con esta nueva unidad. Por su respuesta muchas gracias y si me permite tengo un minuto y medio todavía. Aclarar porque creo que hay muchos diputados que no han estado escuchado su intervención y no han estado escuchando sus respuestas.
Lo ha dicho ya muchas veces, señoras procuradora, hasta el momento se han consignado 34 personas con respecto a la fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán. Dentro de estas personas ha habido funcionarios federales, ha habido pilotos y además a estas personas se les atribuye el delito de evasión de presos.
Hasta el día de hoy, por si no escucharon a la señora procuradora, todos por favor pongan mucha atención, 29 autos de formal prisión, 29, compañeros, por favor. Hay que poner atención, insisto. Las actuaciones de la PGR han sido contundentes, por esto la Procuraduría ha logrado atacar las estructuras financieras como lo dijo también la procuradora, del crimen organizado.
Hoy en los medios de comunicación también, hay que estar viendo los medios de comunicación, es importante, somos legisladores, dan cuenta de seis cateos y del decomiso de 11 avionetas, que llevaron a cabo las autoridades federales.
En el Partido Verde felicitamos su excelente actuar no sólo en este caso, también en Ayotzinapa, también en Tlatlaya. Muchas felicidades, procuradora. Y compañeros, pongan atención por favor. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Sofía González Torres, efectivamente, uno de mis propósitos, de mis ejes trasversales es el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Al analizar la estructura de la Procuraduría General de la República, nos dimos cuenta que no contábamos con la Unidad de Género, razón por la cual se ha instruido, ya se publicó el acuerdo de la creación de la Unidad de Género, que depende directamente de la Oficialía Mayor y el objetivo principal que se ha instruido como eje trasversal es combatir la discriminación contra las mujeres.
Debo señalar que también la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, debido al gran incremento de la violencia política contra las mujeres, nosotros como Procuraduría General de la República condenamos todo acto de violencia contra las mujeres y por lo mismo también la violencia política.
Entonces, la Fiscalía, la Fepade ha mejorado su sistema de atención Fepadenet y Fepadetel, para denuncias de género. Por lo mismo la OEA le ha solicitado a la Fepade un protocolo para atender todo este sistema en América Latina.
Entonces, estamos atendiendo nosotros, en la Procuraduría General de la República todos los temas de género y se busca fortalecer esta unidad para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Desarrollo 2013-2018. Es un eje medular.
Y efectivamente, para responder brevemente a otra de las muchas preguntas que usted señaló, la investigación de Joaquín Guzmán Loera es una investigación que desde el primer día fue atendida y desde el primer día, llevamos 100 días, se han logrado tener 29 autos de formal prisión, pero hemos desarticulado toda la parte externa, que fueron quienes construyeron el túnel.
Por lo mismo, ya están ellos ante el juez y, por otro lado, los servidores públicos que fueron consignados y también tuvimos auto de formal prisión, ahí iremos llegando hasta donde tendremos que llegar y eso se va logrando a través de las declaraciones que nos van realizando y a través de más pruebas e indicios que tenemos.
Ahorita ya llevamos en este tema cuatro procesos que hemos estado señalando y todavía vienen más por continuar la investigación. La investigación no está cerrada, como también Ayotzinapa no está cerrado.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
El diputado Waldo Fernández González: Gracias, señor presidente. Señora procuradora, buenas noches, sea usted bienvenida a esta Comisión de Justicia. Por lo que he visto hay temas que se han estado discutiendo y que a mi parecer están debidamente agotados.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario al que pertenezco estamos al inicio de nuestro primer periodo en esta Cámara de Diputados. Aquí queremos avanzar políticas y nuevas legislaciones que impulsen el crecimiento de nuestro país y el bienestar de sus familias.
Queremos mirar al futuro en temas que promuevan las y los mexicanos a que tengan acceso a mejores oportunidades, que su trabajo se les reditúe dignamente y, sobre todo, que su seguridad esté garantizada en dondequiera que ellos se encuentren. Nosotros legislamos y legislaremos con esto en mente y la justicia nunca puede tener tintes partidistas.
En los últimos años el sistema educativo del país ha dado un giro radical. La educación es el pilar sobre el que descansa una mejor y mayor oferta de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres y para toda la población en general.
Así es, fundamental que la justicia castigue a quienes por tantos años persiguieron intereses de grupos particulares, en lugar de velar por el crecimiento intelectual, personal y profesional de la juventud mexicana.
Niñas y niños que al recibir una educación debilitada se enfrentaron a puertas cerradas y en algunos casos vivieron en la informalidad, y la delincuencia una puerta de salida.
Como mencioné, señora procuradora, nosotros miramos hacia el futuro porque México no puede permitirse que sus legisladores retrasen la aprobación de las leyes que necesitan nuestras generaciones del mañana.
Sabemos procuradora que en este esfuerzo, la procuración de justicia es imprescindible, ya que sin ella no se marcaría un límite a quienes violan las garantías y el acceso a la educación de nuestros jóvenes.
Ante esto, las preguntas que tengo para usted, procuradora, serían, ¿qué ha pasado con el expediente de la profesora Elba Esther Gordillo? ¿Por qué la PGR ha estado estática o en apariencia ha estado estática en este asunto? ¿Existe la posibilidad de que se le otorgue su libertad? ¿Es correcto pensar que no se pueden sustentar las acusaciones? Por sus respuestas, muchas gracias, señora procuradora.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Waldo Fernández González. Gracias por su pregunta. El tema de la maestra Elba Esther Gordillo no es solamente un proceso el que esta ella siguiendo, tenemos cuatro procesos penales federales por varios tipos de delitos, uno de ellos, el delito de defraudación fiscal, otro es delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el proceso penal relacionado con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquí este también se encuentra ya, es una causa penal que esta ante el juez, y aquí es donde se ha solicitado la prisión domiciliaria por causas de edad. Aquí su abogado ha solicitado dos vías: Primero lo hizo por la vía de la edad, posteriormente al no habérsele otorgado lo hizo por la vía de la enfermedad, ya que ella padece varios males, los cuales tiene desde antes de su ingreso.
Desafortunadamente, no se lograron tener las periciales para que ella, para que se pudiera resolver esto, por lo cual, su abogado se desistió de esta acción, se fue por la vía de la edad, y tampoco se lo dieron.
Este es un tema que se resuelve ante el juez ¿Qué es lo que ha hecho la Procuraduría? Apelar cuando ha venido alguna decisión que no consideramos favorable, o que de acuerdo con los protocolos de actuación que se tienen en la Procuraduría, se deben agotar todas las instancias.
Entonces, aquí acaban de solicitar ahorita, hace unas dos semanas, la posibilidad para que pueda ser intervenida quirúrgicamente por dos males que el doctor recomienda que podrían ser tratados, aunque no son de urgencia relativa. Esto ya lo tendrá que analizar la prisión en donde se encuentra, que es una prisión que pertenece al gobierno del Distrito Federal, y son trámites ajenos a la Procuraduría General de la República.
En caso de que se les de la autorización para ser operada, nosotros aceptaremos y se cuidará su traslado. Pero, se están trabajando, y me gustaría comentarle que si se sigue trabajando en su tema porque se le acaba de hacer efectiva una nueva orden de aprensión el día 7 de octubre, donde también ya se le dictó auto de formal prisión.
Ella tiene estos procesos por haber declarado menos ingresos en 2009, 2010 y por lo que le señalé con anterioridad, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los otros son por defraudación fiscal.
Pero aquí le tocará al juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal dictar el acuerdo y resolver este tema.
Pero en este tema como en todos los temas, la Procuraduría General de la República tiene obligación de actuar con apego a derecho.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Sánchez Carrillo, de Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Buenas noches, compañeros diputados y diputadas, bienvenida señora procuradora, ésta es su casa.
Afirma el gobierno federal que a través de la Procuraduría General de la República instrumentó diversas estrategias y líneas de acción para abatir la impunidad, lograr una procuración de justicia efectiva. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia, esto para recuperar la confianza ciudadana.
A propósito, señora procuradora, cómo encontró su despacho. Qué fue lo que más le sorprendió al asumir su cargo.
En nuestra opinión la impunidad, la ineficacia, la corrupción y la opacidad son aun el rostro de la Procuraduría. La seguridad y la justicia continúan siendo los anhelos más apremiantes de los ciudadanos mexicanos.
Estudios recientes hablan que la corrupción nos cuesta anualmente más de 740 mil millones de pesos.
El gobierno de la República afirma que ha logrado una procuración de justicia efectiva, pero es sabido que en México por cada 100 mil delitos que se denuncian solo de seis casos se tiene sentencia y condena a los responsables. Es decir que en México la mayoría de los delitos denunciados no son investigados y cuando son investigados los resultados son exiguos. Es por ello que la tentación de delinquir es cada vez más atractiva, pues la probabilidad de quedar impune es altísima.
Hace más de dos años dijo la PGR que implantaría un nuevo modelo de operación institucional en procuración de justicia, mediante la creación de la Agencia de Investigación Criminal. Pero a pesar de que la Agencia fue creada con la pretensión de investigar, probar y perseguir el delito con mayor eficacia, los resultados reportados por la PGR no reflejan que las funciones estratégicas hayan mejorado.
En efecto, durante la presente administración federal no mejoraron las cifras de cumplimiento, de mandamientos judiciales relacionados con aprehensiones y con reaprehensiones. Por ejemplo, ya nadie habla de la fuga legaloide de Rafael Caro Quintero. Se habla de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, pero no de la gravedad de la manipulación de los hechos y peritajes denunciados por medios extranjeros del Caso Tlatlaya.
Es un hecho que la PGR ha incumplido con el compromiso de generar mayor capacidad, de probar los delitos con altos estándares de eficacia a través de la calidad en las investigaciones de hechos delictivos. La integración de expedientes sigue siendo un área, qué digo un área, una hectárea de oportunidad para mejorar.
Si fuera cierto que la PGR ha logrado mayor efectividad en el combate de la criminalidad, los más de 60 acuerdos específicos que se han suscrito y publicado en el último año para la entrega de recompensas, no serían necesarios.
En este contexto, solicitamos respetuosamente nos diga, ¿cuántas de las recompensas ofrecidas por la PGR en el último año han tenido resultados concretos? ¿Qué ha sucedido con la localización de Rafael Caro Quintero y sobre el Caso Tlatlaya? ¿Qué criterios maneja la institución a su digno cargo, en la integración de expedientes sobre los de carácter político? ¿Qué otras políticas públicas ha diseñado e implementado la PGR para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia y concretamente para atender los delitos de alto impacto?
Derivado de la Ley Antilavado, ¿cuántas averiguaciones previas se han iniciado a más de un año de su entrada en vigor? Por su respuestas, muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Patricia Sánchez Carrillo. Me hiciste muchísimas preguntas, voy a ver cuántas te puedo contestar. En relación al tema de las recompensas, pues sí, lo ideal sería no ofrecer recompensa, no tener criminales y que viviéramos en el mundo ideal.
El tema de las recompensas es una práctica a nivel internacional que sí te lo puedo comentar, no nos ha dado el resultado que quisiéramos. ¿Por qué? Porque también somos muy estrictos en cuanto a dar las recompensas y existe un Comité Evaluador de Recompensas, ahorita, desde mi llegada ha sesionado en dos ocasiones, la última que sesionó fue el 3 de julio para poder dar, poner la recompensa de 60 millones de pesos a Joaquín, a quien diera datos sobre Joaquín Guzmán Loera, hemos recibido alrededor de 70, 80 llamadas dando datos, que muchas veces no tienen la seriedad necesaria.
Y en la numeralia, te voy a decir, tenemos 170 acuerdos de recompensa emitidos por el Comité Evaluador, y en el año 2015 no se ha realizado ningún pago por recompensas.
En cuanto a la corrupción. La corrupción es un tema que para mí es muy importante. Como senadora de la República impulsé mucho el tema de transparencia y corrupción. Tenemos aquí una deuda pendiente que tiene el Senado con la Procuraduría General de la República que es la designación del fiscal anticorrupción, que esperemos que en este período nos llegue, ya que eso permitirá trabajar de una manera más contundente y ya con todo el sistema nacional anticorrupción poder tener toda esta estrategia vinculante.
Mientras tanto, en la Procuraduría General de la República tenemos varias áreas que ven los temas corrupción. Una de ellas es la visitaduría. La visitaduría que atiende la corrupción de servidores públicos de la institución.
Nada menos el día de hoy nos acaban de dar 10 órdenes de aprehensión por algunos hechos irregulares que cometieron servidores públicos de la institución. Claro, que la visitaduría no solamente se encarga de procesos penales, la visitaduría también atiende responsabilidades administrativas, que son dos vías, no todo tiene que ser penal.
Efectivamente me están señalando ahorita que ya se libraron las órdenes de aprehensión solicitadas por falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, así como el delito contra la administración de justicia.
Lo que te puedo decir es que no toleraré ningún acto de corrupción y aplicaré la ley con toda firmeza no importando el partido, el color del partido que sea. La Procuraduría General de la República trabaja de una manera imparcial y apegada a derecho.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene le uso de la palabra el diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Muchas gracias. Bienvenida, señora procuradora. Queda claro que, no habiendo estado usted en la génesis del problema relativo a la fuga de la que nos acaba de dar cuenta en su mensaje inicial, no obstante ello en representación del gobierno de la república y en uso de las facultades que le otorga la Constitución general de la república ha realizado una investigación eficaz, que solamente quien critica sin fundamento no lo quiere reconocer, pues deliberadamente se han engañado en no querer ver que en la fuga nos encontramos en presencia de personas que traicionaron la confianza otorgada, que el poder económico corruptor del crimen organizado doblegó la ética de funcionarios de diversos niveles.
Y les recuerdo que no estamos en presencia de asuntos cerrados, siguen abiertas todas las líneas de investigación en todos los casos que se han manejado en esta sesión, con lo que con mayor razón no se justifican las temerarias descalificaciones que se han realizado, además de que quien determina la culpabilidad o no de los reos es el Poder Judicial y no la Procuraduría, como se ha confundido aquí al señalar en alguna expresión que más de 100 mil gentes aún no tienen sentencia, por lo que no es competencia de la Procuraduría o cuando se habla de personas en particular.
Otro punto que merece precisar es el dictamen de Torero, el documento de José Luis Torero, que fue presentado por el grupo de expertos. Esto no es más que un análisis técnico, que además de haber sido cuestionado por un número considerable de expertos en incendios solo constituye una opinión. En estricto sentido no es un dictamen pericial.
Si aceptáramos la mera opinión de cualquier experto como una verdad jurídica para resolver y encontrar responsables, y estaríamos pidiendo que los jueces y agente del Ministerio Público estén actuando al margen de la ley.
La Procuraduría ya nos ha demostrado su compromiso con atender e incluso ampliar las investigaciones hasta donde sea necesario. También ha mostrado toda la apertura para colaborar con otras autoridades y sectores de la sociedad.
Me llama la atención que en algunas intervenciones ha prevalecido el protagonismo, por cierto muy alejado de un espíritu republicano. La búsqueda afanosa de reflectores nos da un brillo momentáneo. Les recuerdo, nuestra labor como legisladores es coadyuvar con las instituciones para resolver los asuntos para los que la ciudadanía espera una respuesta que esté a la altura de las circunstancias. Los cuestionamientos sólo pueden desprenderse de argumentos, la ausencia de razones nunca ha podido cubrirse con rosario de descalificaciones.
Señora procuradora, hemos sido testigos de una serie de audios que circularon en algunos medios de comunicación. Mi pregunta en concreto es, ¿qué medidas se están tomando para identificar a los responsables de la probable filtración? Es cuanto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora, Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Ricardo Ramírez Nieto, en relación con el tema de los audios que es bien conocido por todos. En el momento de que esto sale a medios y algunos otros medios lo van retomando, iniciamos nosotros un acta circunstanciada, un acta circunstanciada que se inicia en dos áreas de la Procuraduría.
La primera, la Visitaduría, que como lo señalé con anterioridad es el área de la Procuraduría que se encarga de revisar toda la actuación del Ministerio Público, de los servidores públicos de la Policía Ministerial.
Por otro lado, también se inicia un acta circunstanciada en la Subprocuraduría Especializada de Delitos Federales, esto debido a que no se tiene certeza de dónde sale esta filtración. Entonces por lo mismo esta Subprocuraduría es quien ve cualquier tema relacionado con otras personas.
Ahorita esto ya se elevó a averiguación previa y se han realizado varias diligencias. Primero se le envía un oficio a la Policía Federal Ministerial para que haga una exhaustiva investigación de los hechos. Se solicita al titular de la SEIDO que informe respecto de quienes han tenido a su mano el dato de identificación de la AT, en la cual obra agregado este video de referencia y también el nombre y agentes de ministerios públicos de la federación encargados de la integración de la misma.
Ahora, como ustedes saben, esta averiguación previa ya no estaba, teníamos un triplicado, pero ya no estaba en poder de la Procuraduría General de la República, ya había sido presentada ante el juez, donde ante el juez ya tenían la posibilidad de acceder tanto al pliego de consignación como a los videos que se han presentado varias personas, entre ellos de los primeros que fueron consignados, de los 23 primeros, todos sus abogados, sus familiares o quienes ellos hubieran puesto como representantes ante esta causa.
También se solicitó a otra área de la administración pública, como es el titular del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Segob, que nos enviara quienes habían tenido este audio. Esto debido a que ellos eran los primeros que tienen el audio bajo su custodia, nos los entregan a nosotros, nosotros los entregamos ante el juez.
Entonces, ya que tengamos todas estas respuestas estaremos continuando en el avance de esta averiguación previa, que como lo digo, de dos actas circunstanciadas contamos ahorita, actualmente, ya una en manos de la Subprocuraduría de Delitos Federales. Es cuanto.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Para la segunda ronda de preguntas, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados: del Partido Encuentro Social, diputada Melissa Torres Sandoval; del Partido Nueva Alianza, diputada Soralla Bañuelos de la Torre; del Partido Movimiento Ciudadano, diputada María Candelaria Ochoa Ávalos; del Partido Morena, diputado Emiliano Álvarez López; del Partido Verde Ecologista de México, diputada Sofía González Torres; del Partido de la Revolución Democrática, diputado Arturo Santana Alfaro; del Partido Acción Nacional, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn; del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Gracias. Señora procuradora, el pasado 7 de septiembre se hizo del conocimiento público el operativo que llevaron a cabo elementos de la policía federal ministerial, con el pretexto de localizar y presentar como testigo al abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari.
El contenido del video sugiere que los agentes tenían una intención adicional, sembrar una arma en el vehículo del abogado para incriminarlo y llevarlo detenido. Además, Díez Gargari ha declarado ante medios que los agentes federales le quitaron su teléfono celular e ilegalmente extrajeron información del mismo.
También nos enteramos a través de los medios de que unos días después varios de los agentes que participaron en la detención de Díez Gargari, llevaron a cabo un cateo en las oficinas de la empresa Infraiber.
La opinión pública ha especulado que la finalidad de este operativo fue sembrar evidencias de supuestos aparatos para la realización de espionajes telefónicos en las oficinas de esa empresa.
Todas estas especulaciones mediáticas generan muchas preguntas y cuestionamientos sobre los motivos que originaron estos operativos y sobre la probidad de los agentes que participaron en ellos.
Si en efecto los elementos de la policía federal ministerial actuaron de la forma en que describen los medios, creemos que es imperativo suspenderlos de sus funciones y llevarlos a juicio.
Asimismo, consideramos indispensable que la opinión pública conozca las verdaderas razones por las que se llevaron a cabo estos operativos. Por ello, le pregunto, ¿por qué motivos la PGR llevó a cabo la detención del abogado y el cateo que he mencionado? ¿Qué medidas se han adoptado para investigar y, en su caso, sancionar a los agentes que participaron en estos operativos? Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Muchas gracias, diputada Melissa Torres Sandoval. En relación a este tema que toma, que me preguntas, me gustaría dividirlo en varios temas.
En primer lugar, ¿por qué se le detiene a Paulo Díez Gargari? Se le detiene debido a que estaba relacionado con una averiguación previa, se le había citado en varias ocasiones y había rehusado a asistir a presentarse, por lo cual, se le giro orden de presentación y localización, como es muy común en la Procuraduría General de la República y en cualquier Procuraduría.
En el momento de hacerle efectiva esta orden de presentación, de localización y presentación, se le encontró por uno de los elementos que estaba deteniéndole, que traía en su vehículo un arma de fuego. Esta arma de fuego se lleva con él, y se ve que es un calibre menor, por lo cual, permitía la libertad bajo fianza, entonces el sale bajo caución.
En el momento que nos enteramos del video que sale en los medios de comunicación, en ese momento, como lo señale en mis ejes transversales, haremos efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, así como una procuración de justicia eficaz. Ahí se le inicia por parte de la Visitaduría una averiguación previa contra estos 10 agentes que habían participado en estos hechos.
Estos agentes son suspendidos provisionalmente y se presenta ante el juez cuando se tiene ya terminada la integración de esta averiguación previa. Y fueron las personas que les acabo de señalar, que me acaban de reportar, a quienes se les dio el día de hoy ya la orden de aprensión por los delitos que les señale.
Por otro lado, en el tema que se me pregunta. Entonces, aquí se hizo cumplir la ley, ellos tendrán que llevar su proceso y aclarar o señalar cuales son estas causas, ellos tendrán todos los elementos para poder defenderse. Pero la Procuraduría actuó en su momento.
Por otro lado, el tema de Diez Gargari, ahí también se sigue con su proceso, pero, por lo cual, se entra a un departamento con fines de realizar, es un cateo, es porque el juez nos otorgó la orden de cateo, y es una orden de cateo que se ejecutó, una orden de cateo que esta totalmente grabada, donde acompañaron personas, como es siempre usual, elementos de derechos humanos y donde se tiene todo grabado y donde no se le sembró absolutamente nada. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Muchas gracias. Compañeras y compañeros, México está de luto desde hace más de un año. El asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, derivado de ataques a tiros por parte de la policía es una herida que sangra.
Y sangra porque hasta el momento las instituciones del Estado no han podido esclarecer con certeza lo que sucedió esa noche trágica del 26 y 27 de septiembre.
Porque a pesar de reconocer el trabajo de la Procuraduría a su cargo, señora procuradora, al detener a 110 personas involucradas, de las cuales 70 están formalmente presas, y obtener 10 órdenes de aprehensión más, las cuales están en vías de cumplimentación, aun no contamos con una verdad incuestionable.
Aún hay 43 padres que esperan saber dónde están sus hijos. Y hay todo un país que espera conocer la verdad de lo sucedido para poder seguir adelante. No para olvidar pero sí para continuar la vida.
Debemos saber con certeza absoluta qué fue de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala. Se debe encontrar a todos los responsables y someterlos a la justicia con estricto apego a la ley.
El Estado mexicano, a través de la Procuraduría que usted encabeza, está obligado a responder ante los padres que perdieron a sus hijos. Ante los mexicanos que perdieron su confianza y demostrar que existe para todos y protege a sus ciudadanos.
Por ello es importante saber, señora procuradora, ¿cómo piensa asumir la responsabilidad histórica de mostrarnos la verdad de lo sucedido de la tragedia Ayotzinapa?
¿Qué sucederá con José Luis Abarca Velázquez, del cual en esta tribuna se ha dicho que no se encuentra consignado por los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero y que solo está sujeto a un proceso al secuestro y homicidio de un líder social?
Y permitiéndome realizar una ampliación a este cuestionamiento, ¿qué sucede con Gildardo López Astudillo, recientemente detenido?
Señora procuradora, en Nueva Alianza estamos convencidos que habrá un México antes y un México después de que se resuelva este caso, cualquiera que sea ese desenlace. Por ello, es urgente el esclarecimiento de estos hechos. Muchas gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Soralla Bañuelos de la Torre. Primero, se me preguntó hace unos momentos, qué pasaría si yo fuera madre de uno de los 43 muchachos que tuvieron este trágico acontecimiento. Bueno, primero que nada quiero decir que no podría estar aquí. Creo que la peor pérdida que puede tener el ser humano es perder a un hijo. Creo que nadie está condicionado a perder un hijo, quizás estamos condicionados a ver la muerte de un padre o de un familiar.
Y hago una experiencia mía, por lo cual me siento tan comprometida con este caso y con todos los casos similares de desapariciones de jóvenes, en fin. Mi abuela perdió un hijo a los 13 años en un accidente, él era boy scout. Mi abuela murió a los 92 años y nunca olvidó la muerte de este hijo y en toda la familia siempre le recordó, ella tenía un altar en su casa.
Creo que perder un hijo y en estas condiciones, y más aún no tener el cuerpo para poderle dar debida sepultura, es algo que me obliga a actuar en esta investigación con todo lo que está de mí, de mí parte profesional para poder encontrar qué es lo que aconteció.
Tenga la certeza, diputada, que estamos trabajando en la Procuraduría General de la República, con todo el apego de lega ley y con toda la dedicación para poder presentar ante el juez y que él tome ya la decisión en su momento, con todos los elementos que nosotros le alleguemos para ver cuál es el paradero de estos muchachos.
En relación, me preguntas, con José Luis Abarca. Aquí te voy a decir que enfrenta dos procesos por cuatro delitos consignados por la autoridad federal, delincuencia organizada, secuestro en agravio de estudiantes normalistas. Se ha manejado mucho en medios que no está, él está, tiene una orden de aprehensión y está con auto de formal prisión por secuestro en agravio de los estudiantes normalistas, por secuestro y por homicidio calificado, así como también enfrenta dos procesos en el fuero común.
La que sí no está actualmente por el secuestro en agravio de los estudiantes es María de los Ángeles Pineda Villa, ella está por delincuencia organizada y cohecho. Pero José Luis Abarca, sí lo tenemos. Y de El Cabo Gil, pues te puedo decir que su declaración ha sido, nos ha dado grandes indicios para poder ampliar las líneas de investigación y en eso estamos trabajando.
Quisiera comentarles a todos los diputados y diputadas que están el día de hoy aquí, que las preguntas que no pueda contestar se las haré llegar por escrito para que no nos quedemos con ningún tema pendiente, y también me pongo a disposición de ustedes el día que quieran platicar o profundizar en algún tema. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Muchas gracias procuradora Arely Gómez. Esta comparecencia es muy importante para tratar de hacer un debate parlamentario, el cual yo realmente extraño.
Me parece que, aquí nos regañan porque no ponemos atención, pero luego están en el teléfono permanentemente. Entonces, creo que el debate parlamentario no solamente es cuando yo hablo, sino escuchar también cuando los otros hablan.
Tenemos varias gotas derramadas en varios vasos demasiado llenos que se han totalmente derramado: la desaparición forzada, el caso Ayotzinapa y la corrupción en la Procuraduría.
Y ya no quiero profundizar en un tema que muy específicamente nos hemos comprometido con la desaparición forzada por ser un estado signatario de las Naciones Unidas, en donde hay compromisos muy claros de qué tenemos qué hacer y a qué estamos obligados.
Yo se los dejo, porque supongo que ya todos los conocen. Pero sí creo que en esta materia de desaparición forzada requerimos un banco de datos de evidencias genéticas de ADN, un registro único cruzado entre dependencias y, sobre todo, un protocolo de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas.
La base de datos con la que cuenta la Procuraduría que se llama CODIS, no tenemos información de si todas las procuradurías lo alimentan, y esa es una pregunta que le hago muy concreta, que es muy importante que sí esté alimentado esa base de datos.
Pero también, creo que, como legisladores tenemos una obligación muy importante porque con la reforma al artículo 73, pues tenemos el reto de generar la normatividad apegada a los estándares internacionales para legislar sobre desaparición forzada.
Y mi pregunta en esta materia es: ¿cuáles son las acciones que está impulsando la PGR para enfrentar el fenómeno de la desaparición forzada?
Por otro lado, conforme al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación pues se supone que la procuradora –o la Procuraduría– debería promover el liderazgo y participación de las mujeres en cargos y puestos de la propia procuraduría, sin embargo no hemos visto a ninguna mujer en cargos de alta dirección como subprocuradoras, visitadoras, oficialías mayores, etcétera, lo que no abona a la iniciativa de participar las mujeres en la toma de decisiones de la Procuraduría y, por tanto, entonces tenemos ese tema todavía pendiente.
Y, en ese mismo sentido, el año pasado se le etiquetó a la Unidad de Género 4 millones de pesos, a lo mejor no es mucho, pero no había Unidad de Género el año pasado, entonces en qué se gastó ese dinero.
Y finalmente solo quisiera decirle que me parece que es muy importante que la Procuraduría tiene que mejorar la credibilidad, porque según el Inegi el 39 por ciento opina que no tiene confianza en la Procuraduría, el 29 por ciento tiene alguna confianza y el 11 por ciento manifiesta tener confianza.
Ante estos datos le quisiera preguntar cómo supervisa eficientemente a sus subalternos para que no ocurran actos de corrupción en la PGR, como el caso –que ya se mencionó– de la siembra de la pistola al abogado de la empresa Infraiber.
Y finalmente nos alarma profundamente que un servidor público pueda alterar los hechos y fincar responsabilidades donde no las hay; porque así cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras está a expensas de eso. Por lo tanto, entonces le pregunto por último cuántos Ministerios Públicos y policías ministeriales han sido sancionados por delitos de tortura, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia y la desaparición forzada. Muchas gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, bueno, también son varias preguntas, una de ellas: ¿Pocas mujeres ocupan cargos o puestos de alto nivel en la Procuraduría General de la República? Tienes razón, mi equipo de primer nivel está en este momento integrado por hombres. En las delegaciones tratamos de lograr meter más mujeres, y en los segundos niveles. Cuando llegué a la Procuraduría –y es una pregunta– tuve que formar un equipo de alto nivel especializado, conocedor de los temas y fueron las personas con quienes pude integrarlo de una manera emergente, pero tienes razón, veremos y estoy en deuda con la sociedad.
La Unidad de Género, tú bien sabes que cuando los recursos no son astados se reintegran. Entonces si los recursos que no logremos ejercer en este año, que se etiquetaron el año pasado, serán devueltos. De eso no habrá problema, todo estará conforme a lo que marcan la legislación y las normas en relación a la ejecución del presupuesto.
En relación a la siembra del arma. Primero tenemos que ver porque no está decidido que fue sembrada, sino que hay indicios que tendrán que ser en el proceso analizados y ahí el juez emitirá su fallo, pero la acción por parte de la Procuraduría, de los indicios que nos llevaban, nos llevaron a tomar esta actuación.
En los últimos siete meses han sido consignadas 209 personas, de las cuales 198 son servidores públicos, por temas de corrupción. Entonces la Visitaduría tiene un gran trabajo. Hemos tenido casos donde algún subprocurador le llega alguien a denunciar que le están pidiendo dinero, en ese momento se da vista a la Visitaduría General de la República para que ejerza la investigación y la acción penal.
Tenemos 200 consignados, 80 ya tienen autos de formal prisión y hay 110 servidores públicos que en los últimos siete meses han sido removidos Estas son las estadísticas que tiene la Visitaduría General.
Este será otro tema. Otro tema era cómo superviso. Tengo acuerdos muy constantes con mis subprocuradores, el visitador, el oficial mayor, los cuales me van entregando un reporte detallado de cómo están funcionando sus áreas, y donde cuando tenemos el mínimo indicio de corrupción se da vista a la Visitaduría.
Sí tenemos un control. Es imposible erradicar toda una serie de costumbres en pocos meses, pero estamos trabajando y siento que con el ejemplo es una manera que debe permear de arriba hacia abajo.
Tenemos todo el tema que te contestaré posteriormente en alguna otra pregunta sobre el artículo 73, para la Ley General de Desaparición Forzada y de Tortura.
Efectivamente, estamos trabajando, la Procuraduría lidera la de tortura y la Secretaría de Gobernación la de desaparición forzada, ya las tenemos terminadas y hemos contado con expertos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, pronto se estarán presentando. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra el diputado Emiliano Álvarez López, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Buenas noches, nuevamente. Aún continúan las suspicacias en torno a saber quién determinó que los contratos de Pemex pendientes de realizar por Oceanografía fueran reasignados a la empresa española OHL, aun conociendo que esa empresa se encuentra bajo investigación por diversos delitos en su país de origen.
Inclusive resulta todavía más sospechoso que el poder y las concesiones de dicha empresa hayan crecido durante los gobiernos encabezados por el PRI en el Estado de México, incluyendo el de Enrique Peña Nieto.
Basta recordar que OHL es dueña del 49 por ciento del Aeropuerto de Toluca, que el 70 por ciento de sus ingresos en México provienen de concesiones de obra construida en el Estado de México y que el 15 por ciento de sus ganancias reportadas a nivel mundial resultan de las concesiones obtenidas por la realización de ocho megaproyectos carreteros en el país.
Agregando también que Manuel Ortiz, quien fuera responsable de dirigir el sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y quien otorgó la mayor parte de las concesiones a OHL, ahora sea el secretario de Comunicaciones del gobierno de Eruviel.
En este sentido, resalta la filtración de los audios donde directivos de OHL se ponen de acuerdo sobre cómo poder hacerle para inflar las cifras sobre el tráfico que pasa por las vialidades que tienen concesionadas, con la finalidad de recuperar la inversión hecha en la obra del viaducto bicentenario del Estado de México, construida durante la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
Le pregunto, señora procuradora, ¿por qué se ha negado la PGR a citar al señor Oteyza y otros personajes a declarar como testigos y actores en los hechos de OHL? ¿La PGR ha proporcionado algún tipo de información a la Fiscalía Anticorrupción Española en relación a este tema? ¿Se le ha hecho alguna solicitud? ¿Qué avances existen en la averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia presentada por OHL, por supuesta intervención de comunicaciones privadas? Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Como tú sabes, estos temas en relación con la averiguación previa del asunto OHL por intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial, tanto esta como cualquier otra denuncia que se presente de este tipo es atendida por la Procuraduría y en particular por la Subprocuraduría de Delitos Federales.
Aquí esto se inicia en relación, sabemos por notas difundidas en medios de comunicación, desde mayo. Entendemos que tanto este como muchos otros asuntos que revisten gran importancia, y es por ello que se han desahogado todas las diligencias necesarias y se han analizado actuaciones en el expediente.
Es obligación de la Procuraduría General analizar todas las denuncias que se presenten o las actas circunstanciadas que iniciemos con motivos de alguna nota o una denuncia anónima.
Nosotros en la Procuraduría siempre estaremos apegados a la constitucionalidad y a la legalidad. Estos son asuntos que se están integrando, que se están empezando, que llevan pocos meses.
Ahora, en relación con las asistencias jurídicas que nos comentas, si hemos solicitado asistencias jurídicas al exterior, en particular a España, o si España nos ha solicitado a nosotros asistencias jurídicas. Todas las asistencias jurídicas que son necesarias en la integración de una averiguación previa son tramitadas.
También las asistencias jurídicas toman tiempo el poder desahogarlas, por los trámites que tenemos que llevar a nivel internacional, pero estamos trabajando en estos temas que tú comentas. Se ha dado el debido seguimiento y es por lo que hemos realizado cateos.
En fin, todo lo que sea correspondiente para poder determinar si se ejercitará o no se ejercitará la acción penal, pero ten la certeza que se hará lo que se tenga que hacer. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde, hasta por tres minutos.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias. Procuradora, la felicito por su sensibilidad. El imperio de la ley es lo más importante, pero el saber que hay alguien con esa sensibilidad humana garantiza que se va a velar por tutelar los máximos principios de derecho. De verdad, muchas felicidades.
Procedo a mi pregunta. La implementación del sistema penal acusatorio es uno de los compromisos más importantes de este gobierno. Los mexicanos y la mexicana merecen una justica pronta y expedita.
La Reforma Constitucional recientemente aprobada favoreció esta transformación histórica en el país. Hoy se puede decir con certeza que a partir de julio del próximo año el mismo sistema se hace realidad en toda la República Mexicana.
El sistema se instauró en Durango y Puebla, en noviembre de 2014. En marzo y agosto de 2015, se sumaron Yucatán y Zacatecas. Y antes del término de este año se van a implementar en siete estados más.
Así, con resultados concretos, usted ha demostrado que usted y su equipo son las personas indicadas para que la procuración de justicia den el siguiente paso. Desde luego, es en esta etapa de proceso de implementación es cuando habrá que garantizar que el nuevo sistema brinde justicia efectiva a todos los mexicanos. Especialmente a aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables.
Seremos nosotros quienes tendremos la tarea de detectar las áreas en las que la legislación se pueda perfeccionar. Todo esfuerzo deberá sustentarse con acciones sólidas. Por esto le pregunto procuradora ¿Cuáles son las medidas que la Procuraduría está adoptando para fortalecer la operación del sistema de justicia penal acusatorio?
No lo tomen como regaños, compañeros, es una llamada de atención. También existen redes sociales, hay que informar ahí. Muchas gracias, procuradora.
La presidente diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Sofía González Torres. Diputada, reitero, uno de mis ejes transversales es el eje de la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Esta implementación se está haciendo a través de la unidad para la implementación del sistema penal acusatorio que pasó a formar parte bajo mi mando directamente desde mi llegada.
Para mí es un tema de especial relevancia porque, precisamente, para poder tener una justicia efectiva, una justicia eficiente, es importante que tengamos implementado y ya en marcha el sistema penal acusatorio en junio de 2016.
Tuvimos ochos años para poder implementarlo. Se creó el organismo de la Setec para poder llevar a cabo toda la implementación del sistema penal acusatorio.
Bueno, ahora nos toca a nosotros y lo estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando en estrecha coordinación con el Poder Judicial de la Federación y también con la Setec, para poder ver la gradualidad, conforme iba a ir entrando el sistema, eso es lo que ya tengamos tantos estados en lo que va de marzo a lo que lograremos a final de año.
Y por parte de la Procuraduría General de la República tenemos, como lo señalé antes, un plan maestro de implementación que contempla y define los roles de funciones del personal sustantivo, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Determina las etapas, los alcances, los procesos claves propios de la implementación, y permite la transición sistemática y ordenada.
Aquí me gustaría hacerles una invitación a todos los que están aquí, en esta comparecencia. Tenemos legislación que aún no está aprobada y que es muy necesaria para poder llevar a buen puerto el sistema penal acusatorio.
Alguna está en el Senado de la República, ahí dejamos pendiente el sistema de ejecución de sanciones, que espero que se apruebe y les llegue a ustedes, para también, ojalá puedan después de analizarla darnos su aprobación.
Y también tenemos aquí pendiente la miscelánea fiscal, ésa se quedó en Cámara de Diputados, en donde se hacen modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, modificaciones que nos fuimos dando cuenta que eran deficientes y que podríamos revisar. Ojalá que la puedan analizar, es la miscelánea penal que fue aprobada en el Senado el 9 de diciembre de 2014 y fue remitida a Cámara de Diputados antes de que ustedes llegaran. Ojalá nos puedan favorecer con la aprobación en el sentido que ustedes consideren, de estos instrumentos legales. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD, hasta por tres minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Muchas gracias, diputada secretaria. La semana pasada nos encontramos con una noticia de carácter internacional, fue la firma de un convenio ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Suscriben este acuerdo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
La interpretación de muchos juristas y de un servidor es que el tema de los derechos humanos se quedó muy por abajo en la integración de la averiguación previa de El Caso Ayotzinapa, es decir, se reconoce la violación grave en materia de derechos humanos y por eso se tiene que ir a firmar a los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, para ser más específico, este convenio.
Una de las preguntas que tiene la sociedad mexicana y que todavía no han quedado bien precisadas es, ¿con qué carácter funcionará este Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la integración de la averiguación previa relacionada con los hechos de Ayotzinapa?
¿Y cuál es, señora procuradora, o hasta dónde va a llegar la opinión de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ellos ya han avalado una serie de diligencias, aunque algunos de los compañeros legisladores no lo quieran aceptar, ha sido determinante lo que han venido planteando en materia de peritajes, por ejemplo en el caso del perito torero, eso ha originado que se lleve a cabo un peritaje tercero, que se llame a un perito tercero en discordia. Entonces quiere decir que sí están llevando o influyendo de manera determinante en la integración, en la persecución y el perfeccionamiento legal en esta averiguación, no podemos desdeñar este papel.
Otra pregunta, y también tenemos muy poco tiempo, acogiendo a lo que usted misma acaba de decir, que lo que no se pueda contestar se nos mandará por escrito. ¿Cuál es el estatus jurídico que tiene dentro de la averiguación previa de El Caso Ayotzinapa, el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza? Porque también los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalan ya y han sido muy claros en ese sentido, en señalar a los policías municipales de Cocula. Entonces, si los policías municipales de Cocula son responsables y tienen participación directa, ¿cuál es el estatus del superior jerárquico inmediato en este caso? Y si se va a volver a llamar a declarar ¿en qué carácter volvería a declarar Cesar Miguel Peñaloza?
Otro tema similar es, se ha hablado también, derivado de este mismo convenio, de la posibilidad de que miembros del fuero castrense, es decir, militares, vuelvan a comparecer ante el ministerio público y es necesario también saber, en qué calidad van a comparecer.
Sabemos de la secrecía, sabemos del sigilo en la integración de las averiguaciones previas, pero el subsecretario Campa dijo ayer que en la primera ocasión que se les llama a comparecer es como testigos, en la segunda, una ampliación de declaración, cuál sería el motivo de llamarlos a comparecer, y si es posible, ante el ministerio público, de nueva cuenta.
Otra pregunta, ¿por qué hasta ahora se cita a comparecer al director de la Normal Rural de Ayotzinapa José Luis Hernández?
Y nada más, por último, una aclaración, no es que no se entienda que se nos ha informado que en el caso de El Chapo Guzmán hay 29 consignados, pueden haber 50. El tema aquí es la calidad de los que han sido consignados y a los cuales se la ha determinado auto de formal prisión. El tema es, ¿qué no hay responsabilidad de otros altos funcionarios de más alto nivel? Por omisión, por comisión o por corrupción, señora procuradora. Esos son los temas. Ahí la pregunta que vamos notros encaminando y enfocando, estamos viendo la calidad de quienes han sido consignados, y al parecer, en el Grupo Parlamentario del PRD, creemos y celebramos y saludamos lo que acaba de comentar la señora procuradora, en el sentido de que la averiguación, la investigación sigue abierta, y eso nos alivia, porque seguramente van a salir consignados o consignadas de una mayor jerarquía y con mayor responsabilidad en estos casos.
Léase el entonces Comisionado Nacional de Seguridad; léase el director general del Cisen, y léase –como lo dije– en primera intervención, el propio secretario de Gobernación, qué responsabilidad podrían tener en estos hechos lamentables de la fuga de El Chapo Guzmán. Es cuanto, diputada secretaria, diputado presidente.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Arturo Santana Alfaro, le respondo sus preguntas. En primer lugar, ¿por qué se suscribe el acuerdo en Washington? Se suscribe en Washington porque ahí es la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este organismo ofrece una coadyuvancia técnica a la investigación con el grupo de expertos.
Ahora bien, ¿por qué están aquí el grupo de expertos? Bueno, el grupo de expertos fue una decisión que se tomó el año pasado, es un acuerdo que también es firmado por el gobierno mexicano donde se solicita a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un grupo de expertos vengan a revisar y a apoyar en la investigación, y para lo cual existe un mandato que ahí marca claramente cuáles son los alcances que tiene su participación.
Entonces, cumpliendo totalmente con el mandato a partir de marzo de este año estuvieron seis meses trabajando en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde hicieron cerca de 200 preguntas o solicitudes, de las cuales se les han entregado cerca de 90 por ciento.
¿Por qué no hemos concluido con todas las solicitudes que nos han hecho? Porque algunas son pedir información a la NASA, pedir información a algún satélite europeo, en fin, temas o mandar alguna ropa a Innsbruck, temas que aún no tenemos la respuesta y no los podemos dar por acreditados.
Pero ellos están ahí; aquí no porque México no pueda, sino por la relevancia del caso se consideró que sería importante que vinieran estas personas. No estaba en ese momento, no puedo saber exactamente cuál es la causa, pero continuarán con nosotros trabajando.
Ahora bien, me preguntaba sobre Miguel Peñaloza González, él sí fue consignado en diciembre de 2014, inclusive con detenido, pero no obstante que fuera consignado con detenido el juez consideró en su momento que no existían elementos para proceder en su contra. Nosotros, como Procuraduría General de la República, interpusimos una apelación; apelación que está pendiente de resolverse ante el juez, pero sí se le citó.
Ahora, también, me pregunta usted en relación a por qué no se ha consignado a elementos mayores de nivel. Bueno, en esta averiguación previa y en esta consignación que se presenta ante el juez, si usted analiza y se remonta al pasado a qué fue lo que se consignó y a qué nivel llegó la anterior fuga, ahí usted podrá ver alguna comparación.
Aquí llegamos a niveles altos, Monte Alejandro Rubido no se le consigna, pero él rindió su declaración y el marco normativo establece el nivel de responsabilidad de acuerdo a las obligaciones que señala la ley.
Nosotros para poder hacer esta consignación se revisaron todos los protocolos de actuación que existían dentro del penal y todas las bitácoras, y conforme fuimos viendo si las personas habían cumplido con lo que tenían que hacer, de ahí fuimos subiendo el nivel hasta ver hasta dónde teníamos que llegar.
Entonces se han hecho diversidad de diligencias y todas estas son tendientes a acreditar la responsabilidad penal de cada una de las personas, pero recibimos siempre la colaboración de Monte Alejandro Rubido y tiene que haber un nivel donde se termine la responsabilidad, si no la responsabilidad llegaría hasta el infinito.
Se ha consignado a quien se ha tenido que consignar, a quien ha acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Como Ministerio Público se debe de atender a las pruebas, pero no a conjeturas. No podemos consignar si no tenemos los elementos suficientes porque entonces el juez no nos estaría liberando las órdenes de aprehensión. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Piña, de Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Gracias. Con su venia, señor presidente. Señora procuradora, hay diputados que celebramos y reconocemos que venga usted con documentos, con todo su equipo de trabajo y bien preparada para responder las preguntas que hace el pueblo de México a través de nosotros, que somos sus representantes.
Para los diputados de Acción Nacional las diferencias parlamentarias deben de ser de fondo y nunca de forma. En ese sentido, me veo obligado a comentarle que la impunidad es causa de mayor incidencia delictiva, lo que forzosamente se traduce en menor confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Existe actualmente una percepción pública de que en México no existen resultados concretos para castigar a quienes cometen delitos. Con motivo de la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas, se inició una investigación para dar con su paradero y traer a justicia a los responsables.
Hoy, a más de un año de los hechos, los ciudadanos mexicanos no están conformes con ambos propósitos, no hay justicia ni con las víctimas ni con sus familiares.
El asunto sigue abierto y el ojo del escrutinio público mira con dudas la actuación de la autoridad, sobre todo cuando la versión dada a conocer a la opinión pública discrepa de las conclusiones de un organismo internacional responsable de promover y defender los derechos humanos.
Hasta febrero de este año se han encontrado 38 fosas clandestinas en Iguala, con un total de 87 cuerpos humanos. Una duda quedó en el aire desde entonces, ¿son o no son los cuerpos de los normalistas? Y si no son, entonces, ¿a quién pertenecen?
Dadas las capacidades de la Procuraduría General de la República, en el PAN consideramos que todos y cada uno de estos casos deben ser investigados por la Procuraduría, incluso si esto implica hacer uso de la facultad de atracción de la cual goza esa representación social. Es lo mínimo que se merecen los familiares de las personas desaparecidas que buscan entre los cerros y las laderas de Guerrero.
Además de Iguala y las fosas clandestinas, hay diversos casos en los que están involucrados servidores públicos en los que no se han concluido las investigaciones exitosamente o que la PGR no ha ejercido su facultad de atracción.
Son muchos los casos en la memoria del pueblo de México que no han sido investigados con eficacia, transparencia, profesionalismo y objetividad, ha llegado el momento de que la Procuraduría General de la República actúe con responsabilidad y con independencia, de manera tal que investigue de manera efectiva los delitos, que se apegue a su obligación constitucional de ser la representación de la sociedad mexicana, que controle las averiguaciones con pulcritud, que investigue la comisión de delitos y que además preste servicios a la comunidad, que fortalezca sus capacidades de investigación y, en fin, que cumpla con la alta encomienda que tiene conferida.
Necesitamos en México instituciones sólidas que tengan las herramientas y capacidades necesarias para dar cumplimiento a sus responsabilidades y hasta este momento la opinión pública imperante es que la PGR no las ha tenido.
Por otra parte, la sociedad mexicana demanda cada vez mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Y en este contexto le pregunto, señora procuradora, ¿cómo recuperará la PGR la confianza ciudadana y qué aportaciones hará para abatir la impunidad y transparentar su actuación de cara a la opinión pública, ¿qué hará la PGR para que nunca más haya casos sin resolver por deficiencias en las causas penales? Le agradezco de antemano sus respuestas. Es cuanto, señor presidente.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, en relación a la pregunta de, ¿cómo recuperará la Procuraduría General de la República la confianza ciudadana? Y, ¿qué aportaciones hará la PGR para abatir la impunidad? Como se ha comentado aquí, no es un reto fácil. Es un tema complejo a resolver, pero que estamos trabajando para poder cambiar el rostro de la Procuraduría General de la República y poder dar confianza a los ciudadanos.
Desde el inicio de la gestión –reitero– anuncié cuatro ejes, que todas las personas que están trabajando en la procuraduría deben de utilizar para darle rumbo a la institución, procuración de justicia eficaz. Esto se refiere a que las averiguaciones previas se deben de integrar de una manera correcta y adecuada.
A veces la averiguación previa se integra, se presenta el pliego ante el juez y nos lo rechaza. ¿Por qué? Hay varias opciones, puede ser, o porque iba flojo o porque fue un flojo el que lo hizo y no puso los sellos o porque hubo corrupción. Entonces, tenemos que ir perfeccionando todos los sistemas y esto se logrará a base de capacitación a los miembros, a los integrantes de la Procuraduría General de la República.
Tenemos también que trabajar –y es otro de mis ejes– respeto de los derechos humanos. Hemos dado pasos firmes para que una de las actuaciones porque de la Procuraduría sea con un absoluto respeto de derechos humanos y solamente con esto se podrá abatir la impunidad.
En el tema que se comentaba de Ayotzinapa, donde se ha mencionado tanto de que casos de tortura, de algunos temas de violaciones a derechos humanos entre los propios detenidos, lo que se solicitó y en la mañana revisaba ese documento y como no estaba terminado por eso no lo pude traer en mis tarjetas donde vengo preparada para cualquier pregunta, porque, personalmente, reviso los temas de la Procuraduría con mis sub procuradores.
Dimos vista a la Visitaduría, tan solo de 38 servidores públicos donde se ha mencionado que pudieron haber ocurrido actos de tortura. Y a todas las personas, los 110 detenidos, se les consultó quien se quería practicar el protocolo de Estambul.
El tercer tema es la implementación del sistema penal acusatorio. En esta implementación ya no queda más que decir que estamos trabajando y comprometidos totalmente con el tema y que no hay marcha atrás. El 18 de junio de 2016, estaremos trabajando con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, si es que el Poder Legislativo nos saca nuestra iniciativas que tenemos pendientes.
Y en el tema de transparencia y rendición de cuentas, creo que esto es fundamental para la confianza ciudadana. El hecho de haber subido el expediente de Ayotzinapa, que el día de ayer a media noche ya llevaba 36 mil visitas, eso le da a la ciudadanía la posibilidad de poder acceder al expediente y de ahí darse cuenta de cuáles son los elementos por los cuales se ha trabajado. Claro, que siempre seremos transparentes, pero también, tenemos el otro lado, seremos respetuosos de los datos personales porque también es una obligación constitucional, no solamente el dar la transparencia.
Entonces, estamos dando pasos firmes con el propósito de recuperar la confianza ciudadana. Creo que el esfuerzo no ha sido estéril, estamos en eso y estamos comprometidos con este tema. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez del PRI, hasta por tres minutos.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Muchas gracias, con el permiso del señor presidente y de todo el presídium, agradeciendo a los compañeros el tiempo que nos dedicamos a algo muy importante.
Y agradezco la presencia de la procuradora, porque nos permite instalar este diálogo de cosas bien importantes para toda la república. En primer lugar, creo que todos los partidos hemos coincidido en algo, hay un problema de confianza en la procuración de justicia. Lo que pasa es que yo no coincido solamente que sea responsabilidad de la PGR, ni mucho menos, exclusivo de este momento.
Recuerdo muy bien, por cierto, el caso de un secuestro en donde se hizo un montaje mediático. Muy lamentable porque no solamente creó desconfianza en México sino internacional. Entonces, este problema de confianza no viene nada más de ahorita. Creo que usted ha actuado con mucha responsabilidad, por lo menos no ha hecho montajes. Podremos tener errores pero creo que es algo bastante importante de tener sobre la mesa. Tampoco es exclusiva de usted y es responsabilidad de nosotros tratar de ser objetivos.
Sabemos que la desconfianza y la percepción se forman no solo de la actuación de una procuraduría, hay que asumir la responsabilidad y tampoco creo que usted va a solucionar el problema de confianza.
Si usted actúa como lo está haciendo, con responsabilidad, con líneas de acción, con programas, no va a poder remontar la desconfianza si las 32 procuradurías siguen teniendo desconfianza de la sociedad.
Esto es un sistema de seguridad más amplio. Tampoco es una percepción creada a través de un caso ni de una autoridad. El caso de Iguala es un ejemplo, la sociedad tiene desconfianza cuando ve policías municipales metidos en esos problemas.
Tenemos que resolver la confianza, procuradora, en PGR pero también en todos los demás. Y no hay que olvidarlo, somos un sistema y hay que resolver también, para ganar esa confianza de la sociedad, las policías municipales.
También quiero aclarar algo, yo voy a hacerle una pregunta sobre la contradicción de los peritajes. Y no porque yo tenga algo qué ver con usted ni facilitarle su comparecencia ni porque nadie me haya dictado la pregunta, es porque yo sé que existen miles de casos donde hay contradicción de peritajes y nos centramos en uno.
Es más, todos los códigos penales de la República prevén la contradicción de peritajes. Y porque sé, procuradora, que usted está en la etapa procesal oportuna para seguir averiguando. Está usted procesalmente en la etapa de averiguación, aunque haya consignado. Y es precisamente para aportar las pruebas.
La riqueza de ese expediente viene precisamente en esas contradicciones. Y seguramente, como ya lo informó tendrá que asumir. Están previstas las juntas de peritos y están previstos los peritajes terceros. Ésa es la riqueza de ese expediente y la felicito por la apertura. Porque no solamente estamos, fíjese qué contradicción, pedimos confianza, traemos peritos o traemos personas a que coadyuven y de repente preguntamos por qué están coadyuvando. Y nos fundamos en ello para criticar a la Procuraduría. Bueno, eso tendrá algunas razones que no son precisamente las mejores para nuestro país. Yo en lo personal, en la historia no había visto que alguien se abriera en esas circunstancias, como lo está haciendo el presidente y lo está haciendo usted en este momento.
También, no voy a preguntar sobre la posición de la PGR, porque legalmente la Procuraduría nunca ha fijado esa posición. Esa posición procuradora, a través del Ministerio Público, la va a fijar en la etapa de conclusiones. Quienes hablan de fijar la posición, desconocen el procedimiento penal, digo no lo creo que haya sido de mala fe, pero la posición se fija en la etapa de conclusiones cuando usted procuradora tenga todas las pruebas para fijar la posición más cercana o la cercana o la que queremos todos los mexicanos a la realidad de los hechos.
Yo sí voy por la confianza y voy por los programas, y por eso le pregunto de transparencia. Sé de antemano que es una posición muy difícil y que ya le está ocasionando problemas. ¿Por qué usted se atreve a publicar o cómo le va a hacer para poner sobre la balanza lo que puede publicar sin poner en riesgo la investigación o la secrecía de esa investigación, la eficiencia de esa investigación? Ese es el kid del asunto a veces en la transparencia.
Sé que usted participó activamente en la promulgación de las reformas constitucionales en materia de transparencia y por eso, y para todos los casos, no para uno, para todos los casos del país yo le preguntaría, ¿cuáles son las acciones que usted está haciendo dentro de la Procuraduría? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son los resultados?
Y por cierto, qué increíble, pero hace tres años quién se hubiera atrevido a decir que se publican un expediente como el de Iguala, es increíble, y a pesar de eso cuestionamos esa situación. No me parece extraño en el contexto de lo que estamos viviendo.
Pero mi pregunta es muy concreta, ¿qué está haciendo usted para que ese y todos los casos dentro de la Procuraduría? ¿Cuáles son sus acciones en materia de transparencia que nos permitan garantizarle a los 43 y a todos los mexicanos –porque a mí no se me olvida ninguno– la transparencia que merecemos?
Usted tiene miles de cuestionamientos en cada expediente, porque hay muchos interesados, y por eso es mi pregunta en términos generales, no porque yo venga a favorecerla. Muchas gracias por su atención y su respuesta. Gracias.
La secretaria diputada Patricia Sánchez Carrillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Abel Murrieta, gracias por su pregunta. El tema de la contradicción de peritajes. Efectivamente, todos los códigos procesales, la Ley de Amparo, el Poder Judicial, existe la contradicción en los peritajes para lo cual se llama siempre al perito tercero en discordia. Aquí efectivamente, el gobierno mexicano le hace una invitación al Grupo de Expertos a que venga a revisar el expediente Ayotzinapa, el presidente que ya había sido consignado ante el juez, que eran tres expedientes, que actualmente ya están en un solo, porque una petición del Grupo de Expertos fue la acumulación de los tres en uno.
Estamos esperando nada más que el Poder Judicial lo acuerde, pero la Procuraduría ya hizo la petición. Entonces si los invitamos, si hemos trabajado con ellos de la mano, si los hemos acompañado, si los acompañamos cuando fueron a hacer el análisis porque no fue peritaje, qué más podemos hacer nosotros, diputado, que tomar en cuenta este análisis, pero tomar en cuenta el análisis no significa que ése es el análisis válido, porque nosotros tenemos 10 o 12 análisis, no sólo por los peritos de la Procuraduría General de la República, sino por peritos de la UNAM, peritajes de la UNAM y peritajes del Instituto Mexicano del Petróleo.
Entonces, lo que se decide es crear un cuerpo colegiado de peritos donde nosotros propusimos a siete, ya se les invitó, han aceptado, donde los expertos han propuesto a otros, a ellos les han aceptado únicamente cuatro, creo que ya el plazo está por fenecer, porque tampoco podemos pues nunca cerrar la lista, y donde estará también el perito Torero, si acepta nuestra invitación, donde se hará un análisis, un peritaje, según las causas, lo que permita en ese momento la situación.
Ahora bien, y ya con eso, eso se presentará también ante el juez, quien será quien tomará ya la decisión judicial. Entonces el tema de los peritajes es un tema cotidiano que todos preguntan. Entonces no teníamos acordada la pregunta, ya se ha hecho.
Ahora, en el tema de la unidad de apertura gubernamental, diputado, pues también, efectivamente. Yo participé en la reforma constitucional en materia de transparencia y posteriormente en un grupo de cuatro senadores de distintos partidos, hicimos con la sociedad civil, la primera vez que se trabajaba de esa manera, la Ley General de Transparencia que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República.
Estoy familiarizada con los temas de transparencia, y estoy comprometida, pero como digo, no solamente hay que impulsar la transparencia, para que esto sea efectivo hay que ser uno transparente. Por eso cuando me han preguntado algo y no lo he hecho, como en el tema de mis colaboradores, pues hay que reconocerlo.
Creé al inicio de mi gestión en la Procuraduría, se inició con la Unidad de Apertura Gubernamental, y desde ahí se ha trabajado en varios temas, que en otra pregunta se los responderé porque ya me llamó el tiempo. Me gusta ser muy respetuosa del tiempo para que sean respetuosos conmigo.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Para la ronda final de preguntas los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados.
Del Partido Encuentro Social, diputada Ana Guadalupe Pera.
Del Partido Nueva Alianza, diputada Soralla Bañuelos de la Torre.
Del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.
Del Partido Morena, diputado Cuitláhuac García Jiménez.
Del Partido Verde Ecologista de México, diputada Lía Limón García.
Del Partido de la Revolución Democrática, diputado Waldo Fernández González.
Del Partido Acción Nacional, diputado Apolinar Casillas Gutiérrez.
Del Partido Revolucionario Institucional, diputada Martha Tamayo Morales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Guadalupe Pera, de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Señora procuradora, un obstáculo constante al que se ha enfrentado la lucha contra el crimen en México ante la falta de oportunidades, muchos son quienes están dispuestos a formar parte del crimen organizado.
Recientemente diversos medios de comunicación reportaron que se consignó a miembros del grupo que orquestó la fuga de Joaquín Guzmán Loera, ante ello quisiera preguntarle cómo podemos decir realmente que se está desarticulando dicho grupo y que se ha debilitado la capacidad operativa de Guzmán Loera. Por su respuesta, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Ana Guadalupe Perea, ¿por qué decimos que se ha debilitado el grupo de Guzmán Loera? Porque a las personas que les acaban de dar el auto de formal prisión, que fue el día de ayer o antier, no recuerdo en este momento exactamente, eran personas que participaron con él pero no solamente en este momento preciso, sino que ya tenían una relación muy estrecha con él.
Por ejemplo, su piloto y su mecánico, ya esté ahorita ingresado en el penal, en un penal de alta seguridad, pues le baja... son personas que operaban directamente con él. El hecho de que su cuñado, quien es el que le ayuda en la fuga, de hecho tenemos indicios periciales, como una colilla, en fin, donde él estuvo en el túnel, lo acompaña a salir, vuela en la avioneta con él, era su operador; o la persona que le financiaba el dinero y le compraba los inmuebles; o también la persona que fue, por ejemplo, el abogado, todos estos eran sus operadores.
Ahora, qué nos falta saber. Nos falta saber realmente el nexo entre los de adentro y los de afuera, por eso la investigación continúa.
Es una investigación que va muy avanzada y con muy buenos resultados para tener nada más 100 días, pero es una investigación que desde el primer momento a las 11 de la noche que nos avisan, yo estoy en la Procuraduría con todo el equipo de trabajo a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana estoy en el penal para hacer una inspección ocular de todos los hechos.
Yo como titular del Ministerio Público y los subprocuradores teníamos acceso, porque se ha criticado que por qué entramos o no entramos, porque si yo iba a conducir la investigación tenía que saber cómo estaban todos los indicios que en ese momento estaban desde la celda hasta el túnel. Esa es la causa y desde ahí empezamos a llevar la investigación todos los días de 8 de la noche a 12, 1, 2, 3 de la mañana un grupo de 10 personas que me acompañan, revisando las actuaciones del día, revisando lo que había declarado cada persona para de ahí poder, o ir ampliando o ir tomando más indicios.
Todo esto nos lleva desde la extracción que hacemos de los teléfonos para saber, los teléfonos de los abogados a dónde nos llevaban. ¿Por qué hicimos la figura del arraigo, que no soy partidaria de esa?, porque si los consignábamos abríamos la investigación a los que nos faltaban. Entonces fuimos deteniendo lo más que se podía y para continuar siguiendo líneas de investigación.
Por otro lado, se ha trabajado de una manera intensa que creo que es lo que faltaba antes en la lucha contra estos delincuentes, que es atacar su situación patrimonial, su estructura financiera. Ya nos lo habían dicho varias personas, pero ahorita lo estamos haciendo.
Hasta el momento tenemos identificados 206 domicilios, de los cuales 137 ya se han verificado. A los homicidios verificados fueron agentes del Ministerio Público de la Federación a visitar y tener la información catastral, de luz para ver exactamente del círculo cercano si estaban a su nombre, porque estas personas al sacar cuentas bancarias o al comprar un coche, en fin, daban estos domicilios y tampoco queríamos cometer una injusticia de que fueran domicilios que no fueran de ellos, sino que estaban usando datos falsos.
Entonces ahí hemos hecho, al día de hoy llevamos 23 cateos ya con estos domicilios que están relacionados con la fuga. Tenemos asegurado ya ni les digo, una cantidad de elementos, coches, computadoras, motocicletas, armas cortas, armas largas, entonces estamos conscientes en la Procuraduría que se tiene que atacar la estructura financiera con el objetivo de poder debilitar su poder económico.
Y la Unidad Especializada de Análisis Financiero también estamos integrando otra averiguación contra varias empresas de esta persona. Gracias, es cuanto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por un minuto, la diputada Ana Guadalupe Perea, de Encuentro Social.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El encargo que tiene usted entre sus manos no es sencillo, los delitos que aquejan a la población quedan en la impunidad demasiado seguido y las mexicanas y los mexicanos nos quedamos con muchas dudas, pero hoy usted nos ha ayudado a resolver alguna de ellas.
En Encuentro Social hemos construido una organización con base en el contacto con la ciudadanía, demostramos en cada ocasión que no somos ni acarreados ni corruptos, estamos abiertos al debate buscando lo mejor que funcione para las mexicanas y los mexicanos.
Podemos ver que usted sabe precisamente que funciona en el sistema de la Procuraduría del país y actúa con la firme intención de reforzarlo y va más allá y detecta y reconoce las fallas y trabaja con dedicación para subsanarlas.
Hoy ha respondido preguntas duras, concretas y sinceras. Estas fueron tanto con respecto a casos particulares, como estrategias amplias de la institución a su cargo.
No dudó en dilucidar nuestras dudas sobre el caso de Iguala; fue franca al momento de contestar cuestionamientos sobre su nombramiento, ha respondido claramente las preguntas sobre el estado que guarda la investigación sobre la fuga sucedida en el Altiplano. Esto sin duda es extensión del firme compromiso que usted ha establecido en favor de garantizar la transparencia y rendición de cuentas para todas y todos los mexicanos, sin importar el tema que esté sobre la mesa.
Los resultados de su trayectoria como procuradora general de la República son tangibles.
En esta materia y en los últimos seis meses se ha mejorado sustantivamente el trámite de la solicitud de acceso a la información. Datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales indican que se ha registrado un aumento en la calificación que mide calidad y oportunidad, tanto en las resoluciones en las que la Procuraduría pasó de una calificación del 58.22 a 79.96, y en las solicitudes del 76.5 a 86.62
Adicionalmente se han reducido sustancialmente las declaratorias de inexistencia, basado de un promedio de 30 mensuales a tan solo 3 al mes. Esto se ha logrado realizando una verdadera búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas de la Procuraduría, estableciendo mecanismos idóneos de comunicación entre las áreas.
Es con profundo respeto que afirmo que en nosotros encontrará un aliado crítico. México cuenta con muchos problemas, con propuestas ciudadanas y gente valiosa, dirigiendo sus instituciones vamos de frente.
Necesitamos a individuos que reconozcan la importancia de la eficacia, el respeto a los derechos humanos y que se impulsen los proyectos que cambiarán para bien la vida de un sinnúmero de familias mexicanas, tales como la implementación de un nuevo modelo de justicia. En otras palabras, señora procuradora, necesitamos a gente como usted. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con su venia, presidente. Uno de los pendientes en la agenda nacional es sin duda la protección de derechos humanos. En los últimos años hemos tenido la visita de distintos representantes de organismos internacionales en materia de derechos humanos.
En cada una de estas visitas los informes entregados señalan la grave situación de los derechos humanos en el país. Sabemos, como lo ha reconocido el propio gobierno, que esto no es generalizado en todo el país, sin embargo hay datos que nos preocupan como bancada parlamentaria y como país, particularmente lo que se refiere a las denuncias de tortura y personas desaparecidas.
En el periodo de 2013 a 2014, el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal en este periodo, pasó de mil 165 a 2 mil 43, según datos de la propia Procuraduría. Asimismo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, señaló que la desaparición de personas es un problema generalizado en gran parte del territorio nacional.
Ante esas circunstancias, señora procuradora, quiero preguntarle, ¿cuáles son los avances y el estado que guarda la implementación de protocolos sobre investigaciones en caso de tortura y la búsqueda de personas desaparecidas? Por sus respuestas, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Soralla Bañuelos de la Torre, temas de especial relevancia, tortura y desaparición forzada de personas. Ahora bien, la Procuraduría General de la República ha puesto un gran empeño en atender estos dos temas.
¿Cómo lo hemos hecho? Primero que nada, atendiendo a los protocolos de desaparición forzada de personas y tortura. Estos protocolos empiezan a trabajar en este año, en marzo, y se analizan con todas las procuradurías de los.
Y en la última reunión, en la conferencia nacional de procuradores, la cual presido, son sometidos a votación y son aprobados, por lo cual, ya estos protocolos son obligatorios. Estos protocolos nos permiten, permitirán en todos los estados de la república, que cuando exista algún dato de una persona, se tenga ya que cumplir con determinados elementos a seguir. Esto hará que más fácil, en el caso de que sea accesible, localizar a las personas. Quisiera aclara que no todos los casos de personas desaparecidas son de la categoría de desaparición forzada, hay varios casos de desaparición como ustedes lo saben.
Ahora bien, a raíz de la reforma del artículo 73 de la Constitución, se está trabajando en la Procuraduría General de la República la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Tortura. Estas dos leyes generales tendrán que ser, ojala que puedan ser aprobadas en este periodo legislativo, eso sería el mundo ideal, porque así ya también todos tendrán como es la Ley General o el piso mínimo y el piso máximo donde los estado tendrán que... el piso mínimo que podrán tener para poder atender a estos hechos.
Entonces, tenga la certeza que en la Procuraduría se están trabajando estos temas, tan se están trabajando que ya tenemos la creación de dos unidades: la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que ya es una fiscalía especializada, y actualmente, la unidad de búsqueda de tortura.
Efectivamente, se nos han incrementado muchísimo las denuncias de tortura. Recién llegada vimos cuantas denuncias de tortura teníamos, se hicieron 20, se distribuyeron en 20 meses de investigación. Ahorita ya no nos estamos dando abasto, pero lo que estamos haciendo es también ver cuáles son verdaderamente casos de tortura. Porque unos pueden ser casos de uso excesivo de la fuerza, de maltrato, entonces, tenemos que tener realmente la separación para ver cuales realmente son a tortura.
Por lo cual, el manejo ahorita de cifras sería muy riesgoso, tendríamos que decir las cifras hasta que ya tengamos catalogados cuantos casos son efectivamente o corresponden a la tipificación, al delito tipificado como tortura. Gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por un minuto, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Procuradora general de la República. Compañeras y compañeros legisladores, el diálogo entre poderes fortalece la república y revitaliza nuestra democracia. Debemos reconocer que para superar los desafíos que tenemos como país en materia de procuración de justicia necesitamos hacerlo en colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Es una exigencia ciudadana encontrar soluciones a los problemas que le afectan en su vida cotidiana. En Nueva Alianza hacemos nuestro reclamo y por eso estamos seguros de que de esta reunión saldremos fortalecidos y con una visión clara sobre los retos que tiene la Procuraduría General de la República.
Tenga la seguridad, señora procuradora, que en Nueva Alianza trabajaremos para fortalecer y consolidar las capacidades jurídicas e institucionales de la Procuraduría General de la República para que sus funciones se realicen apegadas al Estado de derecho y se garantice la protección de los derechos humanos.
Más aun cuando enfrenta el desafío de convertirse en la Fiscalía General de la República y que en ella recae, junto con el Poder Judicial de la Federación la gran responsabilidad de implementar el nuevo sistema de justicia penal.
Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que podamos reunirnos con usted para conocer a fondo el trabajo que usted y su equipo llevan a cabo. Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Muchas gracias, presidente. En primer término quisiera no dejar pasar la oportunidad de contestar a aquellas diputadas y diputados que hoy vinieron a hacerla de defensor de oficio. Decirles con toda claridad que los diputados de Movimiento Ciudadano no vamos a renunciar a la responsabilidad legal que tenemos de trabajar desde este Congreso no en un tema, como se dijo aquí, acto republicano, este asunto es de rendición de cuentas.
Por otro lado, habría que decirles a algunos que piensan que también este Congreso es un salón de clases y se vienen a robar el derecho de ser maestros y nos quieren regañar, pues yo les diría a ellos y a ellas, primero, el tema del Chapo es un tema indefendible, ustedes son los que han fallado. Es la segunda vez que el Chapo se burla de las instituciones.
Y no nada más eso, mientras aquí se llenan algunos la boca diciéndonos que se están agotando todas las líneas de investigación y que se detuvieron a algunos cómplices. Yo les diría con toda claridad: El Chapo Guzmán tiene intacta su fortuna, estuvo considerado por la revista Forbes como el hombre más rico, con una fortuna de más de mil millones de dólares. ¿Y qué pasó con esa estructura financiera? ¿La PGR cuándo actuó?
Y yo les diría con toda claridad, ¿dónde está El Chapo? No es detener unos servidores públicos de bajo nivel. La respuesta es, la PGR tiene responsabilidad, procuradora, en detener a El Chapo, porque es el criminal más buscado del mundo y el criminal más poderoso de este país y es una responsabilidad cumplimentar las órdenes de aprehensión que tiene, pero una facultad y responsabilidad de usted que es el crimen organizado, lo demás es politiquería barata.
Ahora bien, yo le preguntaría una cosa, en ese tema del tema financiero. De acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita o de antilavado, ¿cuánto, una cantidad aproximada, se ha asegurado al crimen organizado en este año 2014-2015?
Y por otra parte le preguntaría, en la investigación en el caso de los normalistas de Ayotzinapa de este asunto, que se ha dicho aquí que el tema del perito, que la pericial. No es la pericial, es el montón de errores, el cúmulo de errores que hubo desde la coordinación que hubo de todas las autoridades, de todos los niveles y en la investigación penal, que ha dejado con toda claridad el Grupo de Expertos.
Entonces yo le diría, no ha encontrado ninguna responsabilidad administrativa o penal por las omisiones graves desde el ex gobernador, desde el ex fiscal, desde el ex secretario de seguridad pública, los miembros del Ejército de todos los niveles, los miembros de la Policía Federal Preventiva, los policías estatales y de su Ministerio Público federal que a las 9:45 de la noche del día de los hechos abriera una averiguación previa. No hay ninguna responsabilidad. ¿No ha encontrado ninguna responsabilidad, procuradora? Hasta ahí para también ser respetuoso del tiempo.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco. En el tema de Joaquín Guzmán Loera, en el tema de la recaptura, le quisiera comentar que las acciones para lograr la captura de esta persona están siendo realizadas principalmente por las fuerzas federales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, se ha entendido, ha estado atenta para dar todo el apoyo necesario en el ámbito de su competencia.
¿Cuál es el ámbito de su competencia? Que a través del trabajo ministerial de todas las investigaciones, de todas las declaraciones que vamos obteniendo, esto es trabajo ministerial, se le va pasando esto en una mesa de trabajo que tenemos, para que con esto se pueda lograr su ubicación y en algún momento dado recapturar al evadir, el interés no sólo es recapturar al evadido, esto es el tema prioritario y el tema que le interesa al Estado mexicano, pero también es castigar a quienes facilitaron su evasión.
Al final de la investigación, señor diputado, veremos hasta dónde se llegó en esta investigación y quienes fueron las personas que facilitaron su evasión. Ahora, en cuanto al tema de toda la estructura financiera, ahí le comento que se está integrando en la Unidad Especializada de Análisis Financiero una averiguación previa, la cual aún no está concluida, está próxima a concluirse, por lo cual tengo los datos, más no le puedo dar todos los elementos necesarios, pero pronto estaremos presentándola ante el juez, ya que son varias personas y son delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita sancionado en el artículo 400 Bis en su modalidad de depositar, transferir y adquirir.
Se han hecho muchas peticiones a distintas instituciones, pero de las cuentas bancarias que tenemos ahorita relación, son cantidades importantes de dinero.
Estamos trabajando en esto, son muchos los temas que se están analizando y cuando esté la integración debidamente, la averiguación debidamente integrada, se presentará hasta el juez, ¿por qué? Porque no tiene caso hacerlo si no está totalmente integrada para que entonces el juez no nos libre la orden de aprehensión.
Estamos tomando las cosas de trabajarlas con rapidez, pero también con la debida seriedad para poder tener resultados favorables como los hemos tenido últimamente. Gracias por su pregunta.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra, para formular comentarios, hasta por un minuto, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: No quedaron completamente respondidas, pero sí quisiera ver la magnitud del problema. Nos han dicho que no tenemos argumentos. Claro que los tenemos: el crimen organizado en México, el narcotráfico, lava alrededor de 10 mil millones de dólares, según un estudio que hizo esta misma Cámara de Diputados.
La DEA habla de entre 9 mil 200 y 10 mil 200 millones, el Congreso norteamericano entre 19 mil y 21 mil millones de dólares, el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos habla de casi 39 mil millones.
Son cifras muy concretas que nos dice dónde está el problema y no se está atacando con ninguna claridad, con ninguna estrategia. No me quedó claro cuánto fue la cantidad que se aseguró, porque precisamente quería evidenciar toda la magnitud del problema con lo poquito que se está haciendo.
Pero, por otro lado, los que dicen que no tenemos argumentos, me parece muy inadecuado que a estas alturas después de un año todavía estemos hablando de que se están haciendo diligencias. Se supone que el caso de Ayotzinapa es el caso más importante que tenemos, que toda la fuerza del Estado está focalizado a resolverlo y no lo hemos resuelto, y es preocupante eso, pero además que a un año no encontremos responsabilidades por las omisiones que tuvieron todos estos servidores públicos:
Un Ministerio Público Federal que abrió una averiguación previa a las 9:45, los hechos se suscitaron entre 9 y 1 de la mañana; el Ejército, que tuvo conocimiento prácticamente de todas las agresiones y que solamente se dedicó a observar; la policía estatal que no se coordinó con nadie, que no hizo frente a los delincuentes; la policía federal, que se tiene cuenta de cinco unidades y que no se sabe dónde estuvieron, pero nunca intervinieron para resguardar a los agredidos; y los errores de la investigación, muchísimos errores de la investigación de la autoridad ministerial local, pero también de la federal.
Pudiera llevarme dos o tres horas hablando de eso, pero quiero dejar muy claro que la PGR ha fallado en la lucha contra el crimen organizado; y ha fallado en el gran tema, que es el debate nacional, en el tema de Ayotzinapa. Pedimos respuestas, no todos los diputados somos a modo.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias. Haremos lo que tengamos que hacer, fue su respuesta a las preguntas de mi compañero, el diputado Emiliano. Tengo que ser reiterativo, no creo que hayan hecho lo que tengan que hacer.
Procuradora, mire. Desde el pasado 7 de mayo, cuando se divulgó la primera grabación telefónica sobre la comisión de tráfico de influencias e intercambio de favores entre la oficina mexicana de la trasnacional OHL e integrantes del gobierno mexiquense, el nivel de funcionarios involucrados ha ido en ascenso. Primero Apolinar Mena, ahora ex secretario de Comunicaciones de Eruviel Ávila. Después la consejera jurídica del mandatario estatal, Luz María Zarza, que mantiene el cargo. Luego podríamos hasta preguntarle al gobernador, así sea por delitos de omisión.
Ahora el nombre que alumbra esta trama interminable de negocios y corrupción entre amigos y compadres es el del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien en ejercicio de funciones firmó los generosos contratos con OHL por órdenes de quien tarde o temprano aparecerá en este escándalo, es decir el mismo presidente Enrique Peña Nieto, en su momento gobernador del estado de México y amigo, ahora sabemos muy amigo de los capitales ibéricos.
Esto va de mal en peor, por eso señora procuradora, voy a ser un poquito más puntual. Dice usted; haremos lo que tengamos que hacer ¿Por qué no existe una sola investigación en curso de la PGR en relación con los presuntos actos de corrupción de OHL? ¿Por qué no está investigando la PGR los actos de manipulación contable de OHL y del OIT, que pueden constituir delitos en términos de la Ley del Mercado de Valores?
¿Por qué no está investigando la PGR la emisión de una garantía institucional por parte de Banobras para garantizar el crédito subordinado del accionista mayoritario de OHL, cuyos recursos fueron utilizados para prepagar deuda a Golman Sachs?
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Cuitláhuac García Jiménez, en relación con el tema al que usted hace mención de OHL, usted señala que no existe ninguna investigación al respecto por parte de la Procuraduría General de la República.
No sé si a usted alguien ya le dio estos elementos o no tiene conocimiento. Como usted sabe, la integración de las averiguaciones previas no se hacen públicas, pero esto no quiere decir que no tengamos iniciada una investigación.
Las investigaciones, las averiguaciones previas se pueden iniciar, ya sea porque uno mismo como institución, como Procuraduría en relación con noticias difundidas en medios, de comunicación como los periódicos, como las redes sociales, como la televisión, hagan referencia a un supuesto. En este caso estaríamos hablando de un supuesto fraude. O bien, porque se presenten denuncias formales ante la misma.
Cuando se inician por parte de la Procuraduría tienen mayor difusión, porque la persona que la presenta, pues por lo general y en casos como este la difunde. En ocasiones hasta van y se toman la foto y en los temas mediáticos esto es muy atractivo.
Ahora bien, por otro lado, cuando se inicia únicamente en base a noticias, nosotros iniciamos un acta circunstanciada y que en el momento que se presenta una denuncia la elevamos a averiguación previa.
Hasta el momento, le quiero decir que actualmente, efectivamente no tenemos averiguación previa, porque nadie ha presentado una denuncia, tenemos un acta circunstanciada donde se está agotando la investigación y donde se deben realizar todas las diligencias que resulten, así como una violación a la norma.
Si esta investigación orienta a solicitar informes, documentos o datos a personas, instituciones públicas y privadas, así lo haremos, por el órgano ministerial.
Tenga la certeza, señor diputado, que la institución a mi cargo deberá actuar con transparencia y el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por un minuto, el diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Yo insistía en que este formato no nos va a permitir llegar a fondo sobre algunos casos. Nosotros tenemos fundadas dudas sobre el actuar, porque está a la vista cómo se está entramando una red de corrupción y la PGR ha sido omisa.
Fíjese, no creo que esto no lo sepa usted, un grupo de funcionarios de primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto están relacionados con la empresa española OHL, en la que han sido ejecutivos, algunos ahora están en Pemex y le han otorgado contratos millonarios.
Fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien presentó a los ejecutivos de OHL a Peña Nieto cuando este era gobernador, y ayudó a que la empresa obtuviera los contratos de las principales obras, que ya se mencionó hace un momento.
Emilio Lozoya Austin, actual director de Pemex era miembro del Consejo de Administración de OHL, y Mario Beauregard, director actual, director de Finanzas de Pemex, fue director de finanzas de OHL, ambos pasaron directamente de la firma española a Pemex.
Otros ex funcionarios involucrados con OHL son, Jesús Reyes Heroles ex director de Pemex, y Carlos Ruiz Sacristán ex secretario de Comunicaciones y Transportes, con Zedillo. ¿No levanta suspicacias esto en la PGR? Sería realmente absurdo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra la diputada Lia Limón García, del Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Lia Limón García: Muchas gracias, diputado presidente. Lo que comenta el diputado sobre la revista Forbes ocurrió en 2013, desde entonces los golpes a la estructura criminal de Joaquín Guzmán Loera han sido considerables.
Para empezar, fue capturado en febrero de 2014, y durante este año la Procuraduría General de la República ha asestado severos golpes a la estructura financiera de ese delincuente. Es falso que la fortuna del Chapo siga intacta.
Además, evaluar la procuración de justicia a la luz de lo que publica la revista Forbes, sería como evaluar la actividad legislativa según notas sociales de la revista Quien. Me parece que hay que ser serios. Y no diputado, no somos defensores de oficio, sustentamos nuestros dichos. El papel de inquisidores si pareciera que lo toman muy apecho, aquí hay que venir si, por supuesto, con critica, pero también, con ganas de constituir.
Quiero hacer un par de cometarios sobre el tema de desaparición forzada y tortura abundando a lo que sea dicho aquí por la procuradora. Por supuesto que hay recomendaciones muy importantes de organismos internacionales, sin embargo, diputados, yo no sé si han leído esas recomendaciones, pero insisto, esas recomendaciones van dirigidas al Estado mexicano, quienes creen que son recomendaciones que van dirigidas solo al Ejecutivo, están muy equivocados, por favor léanlas, por favor estúdienlas.
Las recomendaciones de Naciones Unidas, derivadas del examen periódico universal en 2013, las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas, del Comité de Tortura y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan en general al Estado mexicano, y eso nos compete a todos los Poderes de la Unión y a todos los órdenes de gobierno.
Y esto lo repito, porque pareciera que aquí hablar de las recomendaciones quiere decir que son al Ejecutivo Federal, nunca vamos a mejor en los temas pendientes del Estado mexicano si no reconocemos y hacemos nuestras, en nuestros distintos ámbitos, esas recomendaciones.
Hago un llamado aquí a los legisladores que somos parte de esta comisión y a los que estamos presentes a que analicemos las recomendaciones y trabajemos en su cumplimiento impulsándolo desde todos los ámbitos.
También quisiera hablar de muchos otros temas, pero como me queda muy poco tiempo me enfocaré a hacer un par de preguntas. Primero, me parece muy importante el impulso que se ha dado al principio de ética que es congruente con el principio de honestidad por el que siempre se ha regido en su ejercicio público. Y al del respeto y restricto a los derechos humanos.
Entiendo que la PGR creó recientemente la unidad de ética y derechos humanos, me gustaría saber cuáles son sin funciones, sus facultades, lo que se espera de ella y los avances.
También la figura del testigo protegido se dio de manera indiscriminada en administraciones anteriores y usted ha dicho que este tema es un tema que ha buscado acotar. Me gustaría conocer un poco más qué ha hecho la PGR para combatir esta tendencia en concreto.
Y sobre el tema de la Unidad de Apertura Gubernamental y la puesta en operación del sistema de consulta de detenidos me parecen temas inéditos en buscar una procuración de justicia transparente, me parece que sería muy importante conocer un poco más aquí. Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Lía Limón García, en relación con el tema de los testigos colaboradores, como lo señalé en mi participación inicial, se ha tratado en esta administración de no utilizarlos como única prueba para ejercer la acción penal.
Debemos reconocer que en nuestro país llegó un momento en que se convirtió en una práctica recurrente basar las investigaciones en los dichos de testigos colaboradores o protegidos sin algún otro sustento. Entonces, teníamos que un testigo protegido o colaborador, como se le quiera llamar, lo mismo que inculpaba a alguien que estaba cenando en el restaurante Vips de Palmas y otro aquí en Polanco y otro decía que estaba en el estado de Nayarit.
Entonces, eso es lo que ya no estamos haciendo, porque estas personas habían encontrado una actividad, una manera de percibir ingresos, tener vigilancia, acceder a muchos beneficios.
Tuvimos el caso, muy lamentable, de un testigo protegido que se murió yendo a comprar su café en Starbucks, yendo con sus cuates y financiado por la Procuraduría General de la República.
Entonces, yo instruí que no se ejercite ninguna acción penal que se encuentre solamente en base al dicho de un testigo protegido. Todo esto tiene que estar adminiculado con otros medios de prueba. Actualmente tenemos únicamente 14 testigos colaboradores. Se redujo en 80 por ciento a lo que se tenía con anterioridad.
Ahora bien, en el tema de la Unidad de Apertura Gubernamental que fue creada también y que depende directamente de mi oficina, uno de los avances es el que usted pregunta que es el Sistema de Consulta de Detenidos llamado comúnmente SCD. Este sistema es muy importante, también lo mencioné en mi participación, ya que le permite a la ciudadanía o a los interesados realizar una consulta por medios electrónicos, telefónicos o presenciales y conocen en ese momento en tiempo real si una persona está detenida y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público sin perjuicio a lo que señala la legislación.
Ahora bien, a la fecha tenemos un promedio, lo acabamos de implementar y tenemos un promedio de 132 consultas diarias. Esto quiere decir que es algo que nos acercamos a la ciudadanía y que sí le sirve a la ciudadanía el saber si algún familiar o persona conocida está. Y esto fue para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García contra México y por eso lo instrumentamos de inmediato.
Y efectivamente, también creamos la Unidad de Ética y tenemos un nuevo Código de Conducta en la Procuraduría General de la República. Es cuanto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra para formular comentarios, hasta por un minuto, la diputada Lia Limón, del Verde Ecologista de México.
La diputada Lia Limón García: Muchas gracias, señora procuradora por su respuesta. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le agradecemos que nos haya acompañado en este ejercicio de rendición de cuentas. Hemos escuchado logros y avances en materia de procuración de justicia, también hemos escuchado retos importantes. Estamos convencidos de que las acciones de la PGR con usted a cargo van encaminadas a construir un México más seguro y un México más fuerte.
Una de las prioridades que usted estableció cuando asumió el cargo, fue la de promover y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos en todas las acciones de la Procuraduría. Hoy nos queda claro que ha cumplido y ha impulsado ese compromiso, prueba de ello no solo es la disminución del uso de la figura de arraigo en un 90 por ciento, es un dato duro.
También destaca, la disminución que ha habido en las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por violaciones de derechos humanos de la institución a su cargo desde el 2012 a la fecha. El Partido Verde reconoce este esfuerzo.
Pero los derechos humanos no han sido su única prioridad, también se ha comprometido a construir una procuración de justicia más cercana a las y los ciudadanos, una justicia transparente. También han hecho un muy importante esfuerzo en el tema de Atención a Víctimas, particularmente en el caso de Iguala.
La manera en la que la PGR ha atendido a las víctimas y a sus representantes en ese tema, es inédita. Por primera vez se les ha acreditado para coadyuvar en un caso, y también, por primera vez se ha abierto el expediente desde el principio a cara de ellos y han tenido acceso pleno siempre al mismo.
También felicitamos su intención y su compromiso siempre con el diálogo, su compromiso siempre con escuchar y su compromiso, también, con trabajar en equipo. En el Partido Verde estamos convencidos de que la crítica es, por supuesto, importante, pero la crítica sin propuesta, también estamos convencidos de que no construye, y la crítica sin asumir responsabilidades tampoco.
En nuestro grupo parlamentario nos declaramos lejanos a quienes hacen de la confrontación una profesión política. México no está para ello. México necesita políticos dispuestos a construir.
La crítica, por supuesto que siempre que sea propositiva hay que escucharla, hay que atenderla, y a partir de ahí, hay que construir. La justicia es una responsabilidad de todos, quienes creen que construir un México próspero y en paz esté en manos de un solo partido político, se equivoca. México es una democracia constitucional, y en el Partido Verde la asumimos como tal. Por eso estamos siempre en disposición de escuchar. Por eso también ofrecemos nuestro apoyo en todo lo que abone a la construcción de un mejor país.
Insisto en lo que dije en mi primera intervención, México será una sociedad de derechos sí y sólo sí, todos asumimos nuestra responsabilidad en el quehacer público.
Señora procuradora, el Partido Verde la felicita por los esfuerzos que ha hecho, por su entrega y profesionalismo. Estoy muy clara en que el único motivo que la llevó a aceptar el cargo que hoy ocupa, son sus ganas y su convicción de contribuir a construir un México mejor, un México justo y una sociedad de derechos. Estoy convencida de que ello siempre es lo que la ha aliado en su ejercicio público. Muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
El diputado Waldo Fernández González: Gracias, presidente. Señora procuradora, en la agenda del PRD siempre ha estado el tema de los derechos humanos. Manifestaba usted, poniéndole atención a lo que usted mencionaba, sobre sus cuatro ejes y hablaba sobre el tema del respeto a los derechos humanos. Todos estamos de acuerdo en que se trata de un eje de suma importancia que debe respetarse y protegerse en todo momento no solo en la Procuraduría General de la República.
El respeto a las libertades y las garantías individuales debe ser tarea de actores tanto públicos como privados, sin embargo México ha sido objeto de cuestionamientos con respecto a las prácticas que dañan a la dignidad humana, por ejemplo los delitos de desaparición forzada o de tortura son inadmisibles en un régimen democrático y en el México que todos queremos.
Por ello quisiera hacerle dos preguntas: ¿Cuáles han sido los avances en materia de derechos humanos durante su administración, toda vez que éste es un eje temático? ¿Y qué estrategias están siguiendo en la materia? Gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Muchas gracias, diputado Waldo Fernández González.
Los avances que le puedo mencionar en el tema de derechos humanos es que cuando una persona es puesta a disposición del Ministerio Público, particularmente en SEIDO, esta persona hay instrucción precisa para que pueda, que se le respeten absolutamente todos sus derechos humanos, y particularmente voy a profundizar en el caso Ayotzinapa.
Todas las personas que han sido puestas a disposición han podido estar presente en el interrogatorio, ya sea el grupo de expertos o los representantes o algún familiar. Esto es porque se les pregunta con toda la prudencia y cortesía que merecen, es un trato digno como seres humanos.
Tenemos en particular el caso último de Gildardo, El Cabo Gil, que cuando llegó venía enfermo porque él padece de una enfermedad, y se tuvo la preocupación de que se le atendiera y que inclusive es una enfermedad crónica, pero inclusive pidió que su esposa fuera la que le llevara la medicina, lo atendiera y se le dieron todas las facilidades.
En qué hemos avanzado. Hemos avanzado primero, en que el trato dentro de la Procuraduría por instrucciones precisas, debe de ser un trato digno. Por otro lado tenemos, ya como un gran avance, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Protocolo Homologado para Investigación del Delito de Tortura, el Código de Conducta, la creación de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Estos son logros porque ya con todos estos elementos que están dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, hay posibilidades para que los Ministerios Públicos puedan realizar mejor su trabajo ya atendiendo a protocolos establecidos que son obligatorios, así como también en la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, también es impulsar la política de igualdad entre mujeres y hombres.
Ahora, sí tenemos fracasos, no todo ha sido, llevamos siete meses apenas, ¿cuál es un fracaso? El Registro Nacional de Fosas Clandestinas, es una meta que tenemos programada; la identificación de personas desaparecidas y debo reconocer que la Fiscalía de Protección a Periodistas también estamos en una restructura, porque no hemos dado los resultados necesarios.
Entonces, hay logros, pero también hay algunos temas en que estamos pendientes y estamos trabajando. Gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra para formular comentarios, hasta por un minuto, el diputado Waldo Fernández González.
El diputado Waldo Fernández González: Gracias por la franqueza de los logros y de los fracasos que se han tenido. Es evidente que el formato nos deja con muchas preguntas todavía que no se pueden desahogar. Le agradecería, procuradora, si le pudiera mandar un correo con algunas preguntas y evidentemente, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, agradecerle su presencia. Es todo, señor presidente.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, de Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez: Muchas gracias. Con su venia, presidente. Maestra Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República; diputadas, diputados; amigos de los medios. Mexicanas y mexicanos que nos hacen el favor de seguir a través de los propios medios y a través del Canal del Congreso, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 2008, impulsada y apoyada por Acción Nacional, ha sido catalogada por expertos como la mayor transformación institucional de nuestro sistema jurídico desde la Constitución de 1917.
Nuestro sistema de justicia penal era recurrentemente criticado, principalmente por la incapacidad del Ministerio Público, para investigar los delitos y llevar ante la justicia a los responsables. Es decir, los imperativos de dicha reforma eran abatir los niveles de impunidad, de inseguridad pública y de desconfianza en las instituciones, la cual estuvo pensada para que entrara en pleno vigor en un plazo máximo de ocho años, considerando que haya el tiempo adecuado para que los operadores del sistema transformaran sus instituciones y prácticas cotidianas, a efecto de hacer frente a los retos que demandaban un sistema penal con un estándar de calidad acorde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI.
Sin embargo, la falta de capacidad de la institución a su cargo cada vez es más evidente, a consecuencia de la creciente impunidad que padecemos los mexicanos, incluso servidores públicos de la propia PGR han dado cuenta de la inoperancia de la institución y de la falta de capacidad técnica operativa para realizar tareas propias de su encomienda, la mayor de las veces por falta de capacitación o por ausencia o precariedad en usos tecnológicos o de infraestructura, aduciendo una supuesta falta de disponibilidad presupuestal.
El reto de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, por parte de la PGR, es y debe ser un elemento principal para la operación y futuro de la institución. Sabemos que el sistema acusatorio a nivel federal se ha implementado ya en ocho estados, pero no sabemos si la PGR está plenamente preparada para enfrentarlo y si cuenta con elementos técnicos, científicos y de infraestructura, plenos y suficientes para cumplir la encomienda constitucional señalada.
En relación a los recursos humanos, sabemos que ha sido difícil para los ministerios públicos de la federación, transitar de un sistema a otro, dejar de lado los vicios y prácticas de un sistema opaco y sin resultados.
El sistema de justicia penal acusatorio se planteó como la posibilidad de generar mayor seguridad, menor impunidad, despresurizar el sistema carcelario, reinsertar en la sociedad a los infractores de la ley, revalorizar a las víctimas y recomponer el tejido social.
Sin embargo, no vemos que la PGR pueda hacer frente a la tarea que le compete dentro del sistema de justicia, que no es pronta y expedita, no es justicia. Ante esta grave situación le preguntamos, ¿los esfuerzos para implementar el sistema de justicia penal acusatorio, por parte de la Procuraduría General de la República, están a la altura de los estándares internacionales en la materia, particularmente en lo relativo a la atención de las víctimas y ofendidos del delito y para la guardia y custodia de todo tipo de evidencia criminal? Es cuanto.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, muy interesante su participación. Coincido en la mayoría de lo que usted ha señalado en la misma. Y efectivamente, el transitar hacia el sistema de justicia penal acusatorio será un gran logro para despresurizar las cárceles, para, en fin, mucho de los temas que usted ha mencionado.
Ahora bien, como usted también lo señaló, esto se dio un plazo de ocho años, yo me pregunto también ¿Por qué no se avanzó con anterioridad en este tema, porque así el trabajo que ahorita estamos realizando podría estar menos despresurizado?
La Procuraduría, como lo comenté en mi participación, tiene una unidad encargada para la implementación, esta unidad dependía de una subprocuraduría. A mí llegada, la pase para que dependiera directamente de mí y poderle dar yo seguimiento absoluto.
Estamos trabajando en tiempo y forma. Le reitero, estoy trabajando de la mano con el Poder Judicial. Hemos hecho cursos, capacitaciones con ellos, para Ministerios Públicos, para jueces. La policía también, la Agencia de Investigación Criminal está trabajando, y también, vamos, las tres instituciones, porque no solo es la Procuraduría, es el Poder Judicial, la Procuraduría y la Setec, quien es la encargada de que todo esto acontezca en todas las entidades federativas.
Porque son 32 procuradurías, también habrá que checar en las procuradurías estatales cual esta siendo su avance. Nosotros estamos trabajando con un cronograma, atendiendo día a día lo que nos toca hacer. Tenemos la fase de preimplementación, de marzo de 2014 a la fecha, hemos instalado el modelo delegacional de transición piloto en 27 delegaciones, nos faltan 4, pero esto ha sido hecho de marzo a la fecha.
También, de manera paralela, estamos atendiendo la fase de implementación y trabajamos en generar las condiciones para que opere ya en estas 27 delegaciones, así como que estamos trabajando en las subprocuradurías con unidades especializadas y Visitaduría. Y por eso se está instalando el modelo de gestión y el sistema informático, capacitando a los funcionarios de cada delegación. También, se han hecho protocolos de actuación correspondiente. Después viene la fase de operación e implementación y así estamos trabajando nosotros.
El porcentaje de avance en la implementación, de acuerdo al indicador, número de entidades federativas, que ahí es un dato engañoso, porque esto no depende únicamente de la Procuraduría, es el número de entidades federativas, al 31 de agosto era de 8 entidades bajo el modelo acusatorio, respecto de 32 entidades, lo que representaba un 25 por ciento. Pero esto no quiere decir que toda la implementación vaya en un 25 por ciento. Conforme van avanzando más las entidades federativas vamos a ir avanzando más en este porcentaje.
Entonces, tenemos implementadores, éste es un implementador pero es un implementador engañoso. También se ha implementado el programa integral de capacitación sobre el mismo sistema, ya en 8 delegaciones y está en ejecución en 11 delegaciones más.
También ahorita que hubo cambios de delegados, uno de los requisitos dentro de varios parámetros que tuvimos para ver quién era la persona idónea para ocupar el cargo de delegado, era que tuviera pleno conocimiento y estuviera totalmente capacitado en el sistema penal acusatorio.
Yo también me pregunto, ¿por qué nos tardamos tanto en empezar? ¿Por qué se perdieron los primeros años? Es una pregunta.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra, para formular comentarios, hasta por un minuto, el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, de Acción Nacional.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez: Sí, muchas gracias. Y justamente el tema último que mencionaba, procuradora, es el tema preocupante de la capacitación. Y quisiera compartirle un par de preocupaciones de algunos señalamientos u observaciones que le ha hecho, a la propia Procuraduría, la Auditoría Superior de la Federación.
Uno que tiene qué ver, precisamente con el tema de la capacitación, donde recurrentemente, en los últimos tres años les ha requerido y recomendado, hecho pues recomendaciones de desempeño en el tema de la capacitación, donde si no me equivoco los números actuales están a un 62 por ciento de la capacitación, lo que representa poco más de 12 mil empleados. Y les resta cerca del 40 por ciento, que representa poco más de 8 mil empleados.
Y un segundo tema que también se lo señala la propia Auditoría Superior en esta sexta reunión que fue, me parece el día de ayer, del sistema de fiscalización, no tiene nada que ver con el sistema pero es un tema de preocupación y quisiera compartírselo, que hay 500 denuncias por mal uso de recursos públicos sin que se les haya dado resolución alguna a las mismas. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, la diputada Martha Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias, presidente, muy buenas noches a todas y todos. Veintinueve personas con formal prisión en la fuga de Joaquín Guzmán es altamente positivo. Quien señale que hay funcionarios que están coludidos o que en otros delitos aquí mencionados hay personas físicas o funcionarios que también tienen participación y no presentan las pruebas, están hablando a la ligera o están siendo coparticipes del delito.
Señora procuradora, los hechos. El Protocolo para la Investigación, Desaparición Forzada, el Acuerdo para Combate a la Tortura, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem, la adscripción de la averiguación previa de El Caso Iguala a la subprocuraduría de Derechos Humanos, la aceptación y colaboración para que coadyuvantes técnicos expertos independientes estén colaborando con esta causa. El Relanzamiento de la búsqueda de los desaparecidos, el acompañamiento a las víctimas en este doloroso proceso, el impulso al nuevo sistema de justicia penal. Esa transición histórica hacia el sistema penal acusatorio, la transparencia y rendición de cuentas a través de la Unidad de Apertura Gubernamental, la versión pública de la averiguación previa del expediente Iguala con hasta ahora cerca de 37 mil accesos, el Sistema de Consulta de Detenidos al alcance de la ciudadanía por medios de Internet. Todo esto son hechos, son datos duros, verificables y no requieren de defensa oficial alguna.
He escuchado aquí, toda esta noche, algunas referencias como que el problema es de ustedes, deslindes de diputados que no se sienten parte de la solución, y muchos otros que no se ven ni en el espejo como parte del problema, aun cuando los delitos y el caso concreto de la desaparición de jóvenes de Iguala fueron propiciados por acción u omisión de sus correligionarios partidistas.
Aquí hasta se afirmó, seguramente por desconocimiento, que más de 100 mil detenidos en el país no tienen sentencia. Al margen de si son detenidos del fuero común y fuero federal, llama la atención el reclamo, porque es un planteamiento ante una ventanilla equivocada, ya que las sentencias corresponden al Poder Judicial y no a la instancia de procuración que hoy comparece.
Ahora bien, también la memoria corta que se niega o no quiere recordar la época de los montajes que trajeron como consecuencias, que se eximían a inculpados por la gravedad de las violaciones cometidas, se dan la mano con el uso, o más bien el abuso, en esa misma época, de la figura del arraigo.
Por eso, aunque ya está tocado y vuelto a tocar el tema, y sólo para evidenciar esto último, le quiero pedir a la señora procuradora, si tiene datos que nos ilustren de cómo la Procuraduría General de la República ha ido evolucionando en el respeto a la ley con relación a la figura del arraigo.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la procuradora Arely Gómez González, para dar respuesta.
La procuradora general Arely Gómez González: Diputada Martha Sofía Tamayo, me permitiría, antes de contestar su pregunta, hacer mención a lo señalado por el diputado del PAN en su anterior intervención, el diputado Apolinar Casillas.
Diputado, efectivamente le señalé que teníamos tres ejes para la medición, le mencioné que íbamos en el 25 por ciento en la medición de la implementación por las entidades federativas que teníamos, y en el otro vamos, en el tema que usted se refiere, que es otro eje, porque son tres, el tercero de ellos es el tema de la capacitación.
Y yo tengo reportado que vamos en 47 por ciento, y lo señalé ya al inicio de mi intervención. Entonces aquí no estamos ocultando nada. También señalé que había un gran retraso en esto con anterioridad, entonces es el tema.
Y otro tema que usted señala, y que considero que es de relevancia para que lo conozcan, es el tema de la Auditoría Superior de la Federación. No sé si usted ha platicado con el auditor Superior de la Federación, pero estamos trabajando, con él tenemos una mesa de coordinación, a efecto de dar atención puntual y oportuna a dichas investigaciones.
Actualmente tenemos en la Subprocuraduría de Delitos Federales 209 asuntos en trámite, de los cuales 24 están a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y 185 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Tenemos asuntos de gran relevancia, Conaculta, Parque Bicentenario, Provida, Estela de Luz, Plataforma, para qué decir más. Dichas averiguaciones previas le puedo señalar que revisten una gran complejidad técnica encontrándose en perfeccionamiento a efecto de poder proponer las consignaciones con solidez jurídica ante el órgano jurisdiccional, que ese es mi actuar.
Entonces, podemos decir que a partir del 2012 y hasta el presente año se han iniciado 250 averiguaciones previas, determinándose de ellas ya 41 indagatorias. De estas 41 determinaciones 6 fueron consignación, 2 reserva, 2 acumulación y 24 consignaciones. Pero tenga usted por seguro que estamos trabajando de mano de la Auditoría Superior de la Federación para atender estos temas.
Ahora bien, diputada, disculpe, pero quería dejar este tema aclarado. Pues en el tema del arraigo, ya queda pocos minutos, pero le comento que realmente estamos utilizándolo únicamente en casos excepcionales y que por otro lado también tenemos pendiente pues una reforma a la figura del arraigo que está en manos del Poder Legislativo en este momento. Siento que es una figura que aunque en el sistema periódico universal de derechos humanos consideran que debe desaparecer, creo que actualmente se debe conservar única y exclusivamente para casos excepcionales, pero ustedes son los legisladores en este momento. Gracias, señora diputada.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por un minuto, la diputada Martha Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Señora procuradora, muchas gracias por sus respuestas. A lo largo de este ejercicio republicano de rendición de cuentas le reconocemos el esfuerzo que está haciendo como procuradora general de la República para abrirse a la sociedad y garantizar una procuración de justicia cercana al ciudadano.
No podíamos esperar menos de alguien que se formó en la sociedad civil y que como senadora dio grandes muestras de su interés para apoyar las modificaciones que como integrante de los grupos ciudadanos propuso, y luego llevó a efecto. El ejemplo está en la Miscelánea Penal.
Cuando usted tomó posesión de su encargo se comprometió a implementar un modelo de procuración de justicia basado en procuración de justicia eficaz y eficiente; respeto irrestricto a los derechos humanos; implementación del nuevo sistema de justicia penal y transparencia y rendición de cuentas.
Quiero decirle, señora procuradora, que en el PRI estamos dispuestos a ser parte de la solución. En el PRI en esta misma Comisión las legisladoras y los legisladores de mi partido nos comprometemos a cumplir en tiempo y forma con la aprobación del marco jurídico que requiere el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Cuente también con que los priistas no eludimos nuestra responsabilidad y atenderemos las iniciativas que ofrece hoy mandarnos. Estas iniciativas que consisten en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de la Tortura.
Concluyo diciéndole que con usted al frente de la Procuraduría General de la República se demuestra en términos absolutos el valor de la mujer. Enhorabuena, señora procuradora.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: De conformidad como lo establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al presidente de la República para su conocimiento.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Por último, como presidente de la Comisión de Justicia reconozco y agradezco la presencia de la señora procuradora general de la República, maestra Arely Gómez González, en esta comparecencia y su disposición de seguir colaborando en los trabajos de este órgano legislativo.
De igual manera, agradezco a todos los integrantes por su participación y asistencia. Cierto estoy que con la participación de todos se fortalecen los trabajos de la Comisión y de la Cámara de Diputados. Agradezco, asimismo, la presencia del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias a todos.
El presidente diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (23:43 horas): Se levanta la sesión.
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