Dictamen a discusión
Julio César Moreno Rivera, fundamentación
Posicionamientos
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y Laura Hernández García, PMC
César Alejandro Domínguez Domínguez, PRI
Mary Carmen Bernal Martínez y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, PT
María Luisa Mendoza Mondragón y Carlos Madrazo Silva, PVEM
César Israel Damián Retes y José Guillermo Anaya Llamas, PAN
Jessica Saiden Quiroz y Julieta Kristal Vences Valencia, Morena
Minuto de silencio en memoria de José Eduardo Ramírez Dávalos, joven aficionado al fútbol
Continúa la discusión en lo general
Continúa la discusión en lo general
Presentación de reserva a ocho artículos
Clausura de la sesión y cita para la próxima
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de legisladoras y legisladores.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Señora presidenta se tiene registrados 396 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (11:52 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina del martes 28 de octubre de 2025, en modalidad presencial.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en sus curules para tener conocimiento de los asuntos a tratar el día de hoy.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos del artículo 104, numeral 1 del Reglamento se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión que preside, al diputado Julio César Moreno Rivera, hasta por diez minutos. Adelante, presidente.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a fundamentar a nombre de la Comisión de Justicia el dictamen que hoy discutimos, el cual tiene como base la iniciativa enviada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, derivada de la reforma constitucional en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión.
Esta ley es una herramienta nueva, moderna y coordinada que busca darle al Estado mexicano la fuerza jurídica para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país. ¿Por qué una ley general? Porque la extorsión no conoce fronteras, porque hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, porque generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad.
En algunos estados se castigaba con fuerza este delito. En otros eran criterios diversos. Y, mientras tanto, los delincuentes se aprovechaban de estas diferencias para poder delinquir libremente. Por eso, esta ley nacer como ley general para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Es decir, que el Estado mexicano actúe como un solo frente. Que la policía municipal, la fiscalía estatal, la autoridad federal trabajen juntas con la misma información y las mismas reglas. Porque cuando la ley se aplica de forma distinta el crimen se aprovecha, pero cuando el país se coordina, el crimen retrocede.
Esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente. A partir de ahora la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el ministerio público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias. Y con esta ley el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga.
Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades, además, se protege la integridad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar.
Y esto es fundamenta, porque el miedo ya no puede ser un escudo para los delincuentes. La extorsión ya no es solo el lamentable cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto, o incluso, desde dentro de las cárceles, como los llamados, o también como los llamados monta choques y hasta con los préstamos que se denominan o mal conocidos como gota a gota.
Todos conocemos a alguien que ha recibido una llamada falsa, de amenaza, o una exigencia absurda a nombre de un grupo criminal, con el objeto de extorsionar. A veces son verdaderos delincuentes o simples oportunistas que juegan con el miedo de la gente.
Esta ley reconoce esas nuevas modalidades y les da tratamiento penal específico. Se ordena a las autoridades bloquear de inmediato los números telefónicos donde se cometan estas llamadas, y a las empresas de telecomunicaciones colaborar activamente en esta tarea, así se ataca el corazón del problema de la impunidad digital y además se combate a la extorsión desde el interior de los penales, esa que se ha convertido en negocio dentro de los centros penitenciarios.
Ahora, cualquier teléfono detectado dentro de una prisión podrá ser rastreado y bloqueado, ya que se tendrá la facultad de solicitar el bloqueo inmediato a las compañías telefónicas, porque no puede ser de que desde un penal se siga dañando a la sociedad, esto ya no se va a permitir, ya que esta reforma también fortalece la confianza en la justicia por primera vez.
El Estado mexicano contará con un tipo penal uniforme y con penas más severas, no habrá beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión, ya que ahora ese delito se perseguirá mediante prisión preventiva oficiosa.
Y los funcionarios públicos que se atrevan a participar en este delito recibirán sanciones más altas, porque quienes traicionan al pueblo desde el poder merecen el castigo más firme.
Y quiero decirlo claramente, esta no es una ley punitiva, es una ley de justicia, de justicia para la señora que tiene una tienda de abarrotes, por poner un ejemplo, o un establecimiento mercantil y los malandros extorsionadores le obligan a pagar el lamentable llamado derecho de piso. O para el transportista que reciba amenazas si no entrega una dádiva o un dinero. Para la familia que sufre llamadas de extorsión, sin saber que son verdaderas o falsas. Y para los empresarios pequeños o grandes comerciantes que se han visto obligados a cerrar sus establecimientos mercantiles por miedo.
Pensamos en aquel señor o señora que tiene un taller mecánico, cada semana recibe una llamada de extorsión donde le exigen cierta cantidad por su seguridad. Hasta hoy su única opción era pagar o arriesgarse, pero con esta ley podrá denunciar sin miedo, su identidad estará protegida y las autoridades estarán obligadas a actuar de inmediato.
O si una señora, por poner otro ejemplo, dueña de algún establecimiento, como una estética u otra, que vive aterrorizada por los mensajes que recibe por redes sociales, también con esta ley permitirá contar con protección, con asesoría y justicia, porque se considerará extorsión digital.
Y pensamos también en una empresa extranjera que quiere invertir en México, pero teme hacerlo porque escucha que hay cobros ilegales o amenazas, con esta ley nacional, homogénea y firme México manda un mensaje muy claro al mundo, en este país, quien trabaje en paz tiene el respaldo del Estado.
Esta reforma no solo protege vidas, también protege la economía, porque es la extorsión es un impuesto criminal que se cobra en las calles, en los mercados, en los negocios, en los hogares, y cada peso que se va a ese cobro de piso o mal llamado así, es un peso menos en inversión y en salarios y en bienestar.
Cuando el gobierno combate la extorsión, no solo da seguridad, genera desarrollo, porque la seguridad no es un gasto, es la mejor inversión social. Y esta ley, al combatir la extorsión, mejora el ambiente para invertir, trabajar y producir. Eso es seguridad con justicia social.
Llamo la atención que esta ley no se quede en el papel, su fuerza está en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, toda vez que existe un mandato para que las entidades federativas homologuen su legislación a través de sus Congresos, así los gobiernos federal, estatal y municipal deberán trabajar juntos y compartiendo la información, estrategias y resultados.
Ya no habrá excusas, ya no habrá pretextos, cada autoridad sabrá lo que le toca hacer y eso es la que la gente espera de nosotros, que el Estado funcione como un solo cuerpo, no como piezas sueltas, se crean protocolos nacionales, unidades especializadas y medidas de protección a las víctimas en las etapas del proceso, así aseguramos que esta ley no solo se apruebe, sino que se cumpla.
Compañeras y compañeros diputados, con esta ley, el Estado mexicano retoma el control. Retoma el control en sus cárceles, en sus calles, y su justicia y, sobre todo, devuelve a la gente la confianza en sus instituciones.
Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Congreso no solo discute leyes, sino que responde a los problemas reales de la sociedad, a los comerciantes, a los productores, a las familias y a los jóvenes que quieren vivir sin miedo, porque quien vive con miedo no puede ser libre y quien vive amenazado, no puede prosperar, porque somos más y los mexicanos que queremos vivir en paz y sin temor a los extorsionadores y a los delincuentes y malandros que se la pasan delinquiendo.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen. Hagámoslo con la conciencia de que hoy estamos a lado de la gente, de esa gente trabajadora, de esa gente buena y las y los mexicanos. Viva México. Muchas gracias, compañeros diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ahora, para fijar su postura, se otorga el uso de la palabra a los grupos parlamentarios, hasta por diez minutos. Tiene el uso de la palabra el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quienes han bifurcado su intervención, inicia con cinco minutos el diputado Juan Ignacio Zavala. Adelante, diputado.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez: Gracias, presidenta. Con su permiso. Durante décadas ya la estrategia en materia de seguridad fundamentalmente ha sido combatir la violencia con más violencia, partir de diagnósticos equivocados, si es que los hay, aumentar penas gobierno tras gobierno tras gobierno tras gobierno y llenar las cárceles, y llenar las cárceles de personas inocentes.
En todos esos momentos en cada uno de esos gobiernos Movimiento Ciudadano ha alzado la voz, exigiendo repensar la estrategia en materia de seguridad y exigiendo un cambio profundo. Y ahora, hay que decirlo, hemos visto un atisbo, un esfuerzo de tratar de tener una estrategia distinta en materia de seguridad.
Por eso mismo, en diciembre pasado, aprobamos la reforma constitucional en materia de seguridad para darle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana facultades en materia de inteligencia y de investigación.
Y, por eso mismo, en el periodo extraordinario de junio pasado aprobamos las reformas en materia de inteligencia, investigación y seguridad pública, porque creemos, porque hemos sostenido de manera consistente a diferencia de las demás fuerzas políticas que tenemos que atender el fenómeno delictivo con inteligencia, con investigación y con prevención. Y por eso hemos votado en ese sentido.
Ahora es la Secretaría de Seguridad Ciudadana el órgano conductor de la estrategia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es la que tiene las facultades para coordinarse con otras instancias de seguridad, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o el Centro Nacional de Inteligencia. Hoy la Ley General de Extorción que estamos votando es una más de ese bloque de leyes para cambiar el rumbo en la Estrategia Nacional de Seguridad.
Porque en materia de extorsión, y ayer lo reconoció en su comparecencia el secretario de Seguridad Ciudadana, es el único delito que no ha parado de crecer, sexenio tras sexenio. Y que incluso en el gobierno anterior, en los 6 años previos, aumentó de una tasa de 4.6 extorsiones por cada 100 mil habitantes a 6.9. Y por qué siguió aumentando. Precisamente porque no había diagnóstico, precisamente porque no había estrategia. Porque aquí se viene mucho a criticar el abrazos no balazos, pero lo más grave de esa falta de estrategia es la auténtica y la profunda frivolidad con la que se veía y se concebía el fenómeno delictivo.
Nosotros reconocemos en lo general los avances en la materia de esta Ley General de Extorsión. Creemos que es fundamental, aunque le estamos dando facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, desde lo federal, combatir el tema cuando se trata del crimen organizado, para no dejar de combatirlo desde lo local. Fenómenos como el de Ciudad Juárez, Tijuana u otros casos en América Central, como El Salvador, nos muestran que cuando se atiende inteligentemente el fenómeno delictivo desde lo local se puede combatir de mejor manera.
Que haya un centro específico para combatir el tema de extorsión es un tema que también celebramos, puesto que hoy 97 de cada 100 denuncias no... 97 de cada 100 extorsiones no se denuncian por temor a ser descubiertos. Así es que desde la bancada naranja celebramos que estas acciones, que han servido para la disminución de la extorsión en México, en América y en el mundo formen parte de este dictamen.
Y es que este dictamen entiende que el problema del crimen organizado es ése, cuando horroriza a la población, cuando le meten miedo a la población. Y que el problema del crimen organizado no tiene que ver con los videojuegos, no tiene que ver con los vapeadores o con estrategias equivocadas en materia de militarización. Éste es un paso correcto en el sentido correcto, que tenemos que atender el fenómeno delictivo desde las consecuencias.
Pero así como reconocemos lo que es positivo de este dictamen, esperamos que el oficialismo, que hoy está presente, que por fin se han decidido venir a presentar, que se han decidido venir aquí a lo que debemos venir, que es a trabajar, escuchen las propuestas de reserva que hemos hecho. Porque este dictamen, en su régimen sustantivo, pero también en el régimen transitorio, tiene aún cuestiones muy delicadas que tenemos que revisar.
En Movimiento Ciudadano vamos a seguir trabajando sesión tras sesión presencialmente, como lo hacen millones de mexicanas y de mexicanos, para regresarles a las familias mexicanas lo que más nos reclaman a sus representantes: la paz. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Laura Hernández García: La extorsión es un delito que se convertido en uno de los problemas públicos más graves de nuestro país, afectando el desarrollo económico, el patrimonio de las familias, las actividades de pequeños comerciantes, empresarios y, principalmente, les ha quitado a las personas su tranquilidad, la paz y el derecho a vivir en libertad y seguridad.
Aunque la extorsión es un delito de alta frecuencia, es de muy baja denuncia, debido a la impunidad que prevalece en el sistema de justicia. Su comisión ha rebasado a los tres órdenes de gobierno, debido a los rasgos de complejidad y a las herramientas que utilizan los delincuentes para llevar a cabo este delito.
De ahí que la reforma constitucional en la materia es la expedición de esta Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión resulta necesaria e impostergable para abordar de forma contundente esta problemática. Aunque no debe ser el único esfuerzo del Estado mexicano para concretar la erradicación y controlar a este delito y a quienes lo cometen.
En la bancada naranja, si bien en lo general estamos a favor de esta ley, consideramos que es una respuesta para las miles de víctimas de la extorsión, pero que no es suficiente. Es por ello que hacemos un llamado para que se proteja la integridad, la tranquilidad, el patrimonio de las y los ciudadanos. Pero, sobre todo, a que este delito de extorsión ya no quede impune.
Si bien nuestra postura, ya lo comenté, es a favor en lo general, no quiero dejar de mencionar que en el análisis y redacción de esta ley carece de un enfoque directamente para las víctimas, que son quienes pierden su patrimonio, ven afectada no solamente su integridad física, sino mental y reducida su calidad de vida, pero, sobre todo, ven violentados sus derechos fundamentales.
El delito de extorsión produce y sostiene una cultura de inseguridad, la naturaleza y complejidad de la práctica a menudo afecta a los más vulnerables, incluidos los niños y las juventudes. La extorsión afecta a los medios de subsistencia de las personas, limita la movilidad, socava el tejido social, la confianza dentro de las comunidades y también en creer en sus autoridades.
Cuando la extorsión se dirige a personas que viven en comunidades empobrecidas el daño es mayúsculo, porque se entrelazan factores como el género, la edad, si es afrodescendiente, si es indígena, si es mujer, si es una persona LGBT, entre otros. Que envuelve potencialmente a las víctimas más vulnerables en este delito y los deja en un estado de indefensión.
Para combatir la extorsión, es necesario que el Estado fortalezca sus capacidades para proteger a la ciudadanía, puesto que los individuos y las comunidades se tienen que enfrentar, no solamente ellos, sino también sus autoridades municipales, que no cuentan con todas las herramientas para poder resistirse y enfrentar la extorsión. Lo cual genera un entorno de miedo, impotencia para salvaguardar su vida y la de sus familias, así como sus bienes.
Y se entra en un círculo que se perpetúa por parte de los delincuentes y organizaciones criminales, mermando el desarrollo, su libertad y el ejercicio de sus derechos al trabajo, al libre tránsito, a la educación, a la salud, a la cultura, por mencionar algunos.
Y los criminales de a pie, bajo ese paraguas de impunidad, extorsionan haciéndose pasar por integrantes de cárteles del crimen organizado. Por otro lado, hay una cuestión muy preocupante en esta reforma, y se refiere al artículo 27 de esta Ley General, respecto a la prueba.
En los términos en los que se presenta la iniciativa, marca un retroceso en la materia, debido al proceso y de exclusión de pruebas obtenidas mediante violación a sus derechos humanos, que incluso contravienen los estándares internacionales y retoman un precedente que por décadas quedaría fuera.
Esta redacción presenta un retroceso al debido proceso, pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a derechos humanos, retomando un precedente de hace una década de 2015, en donde la Primera Sala Superior de Justicia de nuestra nación emitió una tesis aislada, la 2010354.
El actual articulado retoma este precedente de la Sala, el cual nunca fue reiterado por el máximo tribunal. Por el contrario, esta tesis buscaba retomar criterios judiciales norteamericanos para determinar cuando no existe un nexo causal entre un acto ilícito y una prueba y cómo desahogar pruebas derivadas de violaciones a derechos humanos.
Adicionalmente, este marco, en este marco que estamos revisando, también está y se debe de prohibir que pruebas ilícitas estén siendo retomadas. ¿Y por qué? Porque rompe con el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en casos mexicanos muy concretos como son el caso de los campesinos ecologistas presos en Guerrero.
Y en esta sentencia la Corte comenta lo siguiente en su punto 167: asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que debe de excluir toda prueba que haya sido encontrada o derivada de información obtenida mediante coacción y garantizar de esa manera el debido proceso.
De ahí que esta reforma constitucional en la... perdón, de ahí que esta reforma debe de verificar en ese sentido este artículo, entre otros, porque no vamos a dejar de mencionarlo, se tienen que respetar los derechos humanos en todo momento y de todas las personas. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los profesores del Centro de Actualización del Magisterio, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Gerardo Venegas, Inés Gómez, Salvador Vargas, Fausto Solano, todos ellos de La Montaña alta de Guerrero. Invitados por el diputado federal Gerardo Olivares Mejía. Muchísimas gracias por estar aquí, en esta Cámara de Diputados.
Esta Presidencia da la bienvenida a Karla Perea, regidora del municipio de Cortazar, Guanajuato. Invitada por el diputado Alan Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como compañeras y compañeros de su municipio. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Esta Presidencia saluda a Francisco Esquivel Garza, presidente municipal de Pesquería, del estado de Nuevo León y a Baldomero Javier Elizondo Suárez, contralor municipal. Invitados por el diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Esta Presidencia saluda a las y los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 88 del Valle de Chalco. Invitados por el diputado Luis Enrique Martínez Ventura. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos con el Grupo Parlamentario del PRI. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, hasta por diez minutos. Adelante, diputado.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el dictamen que vamos a ver el día de hoy obedece a la obligación Constitucional de la reforma que hicimos en el pasado para poder establecer la Ley General en Materia de Extorsión. El delito de extorsión es un delito que ha crecido de manera fuerte en el país, lo dijo ayer en su reunión en la Junta de Coordinación Política, el secretario de Seguridad, García Harfuch, donde reconoce que es uno de los delitos de mayor impacto y es uno de los delitos que más está lacerando a la comunidad en este gran país.
En ese orden de ideas al crear una ley de carácter general, como lo es esta, se pretende ubicar este hecho delictivo como una prioridad de atención donde las políticas públicas en materia de seguridad puedan brindar una atención precisa, que se prevenga el delito y se disminuya la comisión de esta conducta ilícita. Sin embargo, es importante hacer precisiones a lo que se está sometiendo a votación el día de hoy. Y varias de las precisiones son, y vamos a traer a colación algunos temas locales.
Una legislación de esta naturaleza requiere tiempo, requiere mesura, requiere análisis, requiere revisión detallada y requiere también el diálogo con las entidades federativas, en razón de que son los primeros respondientes en la investigación de estos delitos.
Es decir, hacer una reforma sin prisas, hacer una reforma rápida no garantiza que vamos a tener una buena ley. Y esta legislación tiene algunas imprecisiones, algunos errores, algunas fallas que por las prisas en las cuales se está viendo, porque la comisión sesionó el día de ayer, pues es difícil que se pueda tener mayor claridad en cómo se pretende disminuir este delito.
Y, me explico de alguna manera sobre el particular. Primero, no se visualiza en el contenido del dictamen un análisis detallado de las legislaciones locales. ¿A qué me refiero con un análisis detallado de las legislaciones locales? Si bien es cierto, plantea la revisión de las penalidades en algunos estados de la República, pero al menos hay cinco estados de la República que tienen penalidades más altas que la que actualmente se propone en el delito básico de extorsión: Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo tienen una penalidad superior a los 16 años, que es la que prevé esta legislación.
Al ser así y al aprobarla como está la legislación, pues vamos a generar que muchos delincuentes salgan en libertad y el dictamen no prevé el dato estadístico de cómo están estas y otras entidades federativas en cuanto a sus penas.
Yo me di a la tarea de revisar mi estado, que es el estado de Chihuahua, y en el estado de Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar, con la penalidad en la que la vamos a aprobar.
De tal suerte que si hacemos una suposición porque la estadística no viene en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas, estaremos hablando más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de la extorsión. Y esto es muy grave, y esto obedece a la falta de análisis profundo de esta legislación. Sí, 500 personas pueden salir, delincuentes de alto impacto, a delinquir en el tema de la extorsión.
También, esta ley establece medidas de protección para quienes son víctimas de este delito, en el artículo 30. Sin embargo, es un copiar y pegar de la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, porque esto ya se establece en el artículo 18 de esa citada ley, por lo tanto, no se está innovando nada ni se está incluyendo algo que obligue aún más a perfeccionar el cuidado de las víctimas.
No omito mencionar que es necesario poder trabajar en mayores facultades, medidas de recursos financieros y humanos para la protección de las víctimas, pero esta disposición tampoco abona.
En la estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión, se señala que hay que tener una estrategia, que hay que definir una estrategia, pero no se establece el cómo va a ser esta estrategia. No se establece en los transitorios cuándo se debe presentar esta estrategia en materia de extorsión y qué mecanismos va a evaluar esta estrategia en materia de extorsión. Por lo tanto, cómo luego se dice en los dichos y refranes populares, orden dada, no supervisada, se la lleva la fregada, por no decir otra palabra.
Y en ese orden de ideas, pues, no hay mecanismos de medición claros para poder garantizar una evaluación muy puntual de lo que está sucediendo con el delito de extorsión y con la prevención de este delito que está flagelando a las y a los mexicanos.
Por otra parte, hacen una adecuación en el Código Nacional de Procedimientos Penales al hablar del juez o la juez de control y hablan, en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de la persona juzgadora. Entonces, no hay una armonización completa en esta legislación y, por lo tanto, resulta innecesaria esa reforma que se está planteando en la materia.
Por otra parte, se establece como obligación que serán las unidades antisecuestro quienes tengan la obligación de llevar a cabo la investigación de este tipo de delitos, sin embargo, en la ley de la materia, en la ley del combate al secuestro no se otorga esta facultad a nadie, es decir, no se armoniza esta legislación y tuvieron que haber armonizado la ley general de combate al secuestro para otorgarle esa facultad.
Porque también lo que pudieron haber hecho es crear una unidad, como existe la Unidad Antisecuestro, existe la Unidad de Trata de Personas, y este que es un delito de alto impacto pudieron haber creado esta unidad. Por lo tanto, se requiere presupuesto y no prevén más presupuesto para la Fiscalía y para la Fiscalía General de la República para atender este delito.
Por otra parte, algo que resulta muy complejo, es que en el artículo 25 de esta ley, en su fracción V, señala que cuando el delito se comete con teléfonos, mediante redes sociales, videojuegos, correos electrónicos, entre otros, el Ministerio Público procurará, procurará descartar que estos hayan sido empleados, sin el conocimiento voluntario de su titular. No debe procurar, el Ministerio Público debe definir con claridad hasta dónde fue la intervención de alguien en la utilización de un instrumento de esta naturaleza. No basta, pues, con la buena intención, porque lo que va a pasar es que no va investigar, va a dejar suelta la investigación y aquél que tal vez no intervino, va a pasar días en la cárcel.
Por último, les diría también que –para ir concluyendo–, les diría que hay una serie de agravantes que se propone en este tipo penal y, a manera de ejemplo pondría una, un sindicato al cerrar una calle y exigir mejores condiciones de su salario, exigir mejores condiciones en el lugar de trabajo, puede ser acusado de extorsión, porque la legislación también así lo prevé en una de las agravantes que establece.
Es decir, la generalidad de la norma hace que no esté tan clara y va a quedarse a una interpretación. Pudieran decir, no van a salir de la cárcel aquellos que tienen una penalidad superior por las legislaciones locales, porque en las agravantes ahí podemos ubicarlas, nada más déjenme les digo una cosa, las personas que ya están compurgando una sentencia –valga la redundancia– ya fueron sentenciadas. No puedes aplicarles esta norma en su perjuicio, no puedes interpretar la norma en su perjuicio y modificar la penalidad de acuerdo a lo que establece esta disposición.
Por eso, es riesgoso que 500 personas vayan a salir en libertad, delincuentes de alto impacto para poder estar delinquiendo en este gran, gran país.
Por lo tanto, amigas y amigos, nosotros tenemos claro que este es un delito que ha crecido, que este es un delito que ha avanzado. Tenemos claro, también que no se modifican ni se ajustan las penalidades y puede generar problemas.
Tenemos claro que hay agravantes sí, pero agravantes que son genéricas, que no están muy claras y que pueden prestarse a errores en la aplicación de la norma. Tenemos claro que las medidas de protección que establecen y que señalan ya están previstas en una ley diferente.
Tenemos claro que en la estrategia de prevención que están proponiendo, no hay una definición de ello, no hay tiempos, no hay criterios para la evaluación y para hacer una revisión puntual de esta estrategia, tenemos claro que la Unidad Antisecuestros será la que investigue, pero también tenemos claro que no se le dieron facultades en la legislación de la materia para poder atender este delito.
Por lo tanto, las prisas hacen que se cometan estas fallas. Esta no es una mejor ley, tiene errores. Y yo le diría al oficialismo, hay que dejarse ayudar, hay que atender las experiencias locales.
Nosotros en Chihuahua, hace algún tiempo, tuvimos el flagelo del secuestro, la extorsión, cobro de derecho de piso, fuimos referente mundial de la violencia de manera lamentable, y en un tiempo cercano a seis meses se hicieron reformas, se construyeron acuerdos con todas las fuerzas políticas para sacar adelante este tema y fuera Chihuahua un estado más seguro.
Quienes somos de Chihuahua lo sabemos, porque se aprobaron por todas las fuerzas políticas estas reformas, incluidas reformas para el combate a la extorsión. Y hoy han dejado de lado las opiniones que tenemos nosotros.
Habremos de presentar reservas. Sí creemos que debemos legislar en esta materia, pero habremos de presentar las reservas prudentes y convenientes para hacer una mejor legislación en este gran país. Y les digo, y con esto concluyo, presidenta, al oficialismo, amigas y amigos, hay que ponerle mucha cabeza y mucho corazón a este país y a este gran México. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El Grupo Parlamentario del PT ha decidido dividir su participación. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez hasta por cinco minutos para fijar su postura.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Gracias. Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Querido pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, me permito realizar los siguientes comentarios:
Primero que ésta es una iniciativa, que viene por parte de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es parte de la estrategia de seguridad que ella ha venido implementando desde que tomó protesta. Y está convencida que uno de los mayores flagelos que ha vivido nuestra población mexicana es precisamente el tema de la inseguridad, y que el delito de extorsión durante los últimos meses pues ha tenido un crecimiento importante.
Imagínense que del 100 % del delito solamente el 98 % no denuncia, solamente cerca del 2 % se atreve a denunciar, por qué, por miedo o porque hay muy poca confianza a las instituciones encargadas de la persecución del delito.
Comentarles que el delito de extorsión no es un delito nuevo, es un delito que ha venido avanzando desafortunadamente y que en otros sexenios no se le había dado la atención que el día de hoy se le está dando. Ésta es una ley general que se desprende de una reforma constitucional, la reforma al artículo 73, en donde nos faculta como Congreso de la Unión para poder legislar en materia de este delito.
De entrada, eso ya representa un avance importante, de entrada, nos demuestra la valentía de nuestra presidenta de la República por atender este delito y los temas de inseguridad. No omito mencionar que hoy el secretario de Seguridad Pública a nivel federal se encuentra en Michoacán, uno de los cuatro estados que ha sido más afectados por este delito de extorsión.
Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por supuesto que le vamos a dar acompañamiento a esta iniciativa presentada por nuestra presidenta de la República. Y entendemos que puede tener algunas situaciones que tengamos que perfeccionar.
Pero, recuerden, compañeras legisladoras y legisladores, que toda ley es perfectible y que, conforme vayan surgiendo algunas necesidades propias del desarrollo de la aplicación de este cuerpo normativo, que hoy nace y que hoy surge para atacar y combatir el delito de extorsión, pues seguramente tendremos que ir perfeccionando, tendremos que ir presentando algunas iniciativas de ley, con la finalidad de que este instrumento jurídico realmente sirva a la población y terminemos con este delito, que lo combatamos de manera frontal.
Es importante que le demos instrumentos y herramientas legislativas suficientes y necesarias a la Secretaría de Seguridad Pública, para que pueda atender este tema, porque es una queja que tenemos por parte del pueblo de México. Y me permitiré realizar algunas precisiones, porque el PT por supuesto que vamos a dar acompañamiento a esta ley, que surge el día de hoy. Pero también traemos algunas observaciones.
Es importante que también se atienda el tema de la tentativa en este delito. Lo cual nosotros estamos proponiendo una adición al artículo 15, para que quien pretenda extorsionar y que no lo logre por algún motivo, pues también pueda tener alguna sanción.
Qué más nosotros estamos proponiendo. También proponemos un agravante más al artículo 18 y una adición más, también, al artículo 30, que tiene que ver con una modalidad de extorsión que ha surgido durante los últimos meses, que es con las extorsiones digitales, de las cuales más de un ciudadano o ciudadana mexicana han sido víctimas de este tipo de delitos.
Y también quiero comentar algunas bondades que tiene esta nueva ley y que es importante también resaltarlas. Esta ley permitirá tipificar de manera clara las distintas formas de extorsión, incluyendo el cobro de piso y las extorsiones digitales. Castigar severamente a quien lucra con el miedo ajeno. Proteger a las víctimas con acompañamiento legal, psicológico e, incluso, económico. Crear una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para prevenir y sancionar este delito.
Desde el Partido del Trabajo nosotros refrendamos nuestro compromiso de legislar para el pueblo y con el pueblo, porque la seguridad no es un privilegio, es un derecho humano. Sigamos caminando juntas y juntos en la ruta de la justicia, de la paz y de la transformación. En el PT estamos convencidos de que la seguridad de las y los mexicanos es fundamental para regresar la paz a nuestros paisanos, para regresar a nuestro gran pueblo. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar su postura.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidente. Venimos a levantar la voz por los comerciantes, los transportistas, productores, restauranteros, por los tianguistas, por los aguacateros, por los comerciantes, por los limoneros, por cada mexicano que abre su negocio con miedo porque sabe que hay un delincuente que le amenaza bajo la sombra de la impunidad.
Esta ley va contra toda una industria de la extorsión, contra miles de criminales que se han basado en la impunidad, en la no denuncia y en el miedo de la gente, porque no ven eficacia en la persecución del delito.
Creemos que con esta ley se va a poder ir contra estos miles de extorsionadores cobra-cuotas, cobra-piso. Y, si bien pudiera haber algún beneficio retroactivo, es muy menor frente a los miles que se les van a sancionar y castigar por andar extorsionando a la gente.
En el PT estamos proponiendo que la penalidad sea de 8 a 18 años y estamos proponiendo, como lo dijo la diputada Bernal, castigar también la tentativa de extorsión. El que llama, el que manda un mensaje, el que deja un recado con una bala, ya por ese hecho amerita una sanción de carácter penal.
Ya no habrá quien se esconda por la falta de una legislación eficaz. Y aquí varios grupos criminales que han hecho un enorme daño, como la Familia Michoacana, en Guerrero, en Michoacán y en el estado de México, que han hecho un emporio, un impuesto criminal donde cobran el huevo, la leche, el pollo, a los ferreteros. Extorsionan incluso a alcaldes, a políticos. Contra ellos va esta ley, contra la Unión Tepito.
Esperamos que pase también una propuesta del presidente de la Comisión de Justicia, para que se vaya contra el grupo del Gota a Gota, que han hecho un daño terrible, que fijan supuestos préstamos y luego van a extorsionar a la gente, la golpean y la amenazan. No debe de haber ningún resquicio.
También contra los malos policías que extorsionan en diferentes niveles a nuestros paisanos migrantes o que se ponen en retenes para ver a quien extorsionan o le quitan sus bienes, sobre todo, a la gente que viene de Estados Unidos.
Esta ley tiene muchas bondades, si bien esperamos que pasen algunas reservas, nos parece que es la legislación más avanzada en materia de extorsión. Se establece un tipo penal homogéneo y agravantes que cubren explícitamente el cobro de piso, la extorsión carcelaria y digital, el llamado secuestro virtual.
Establece reglas claras para la atracción federal en casos de impacto interestatal, o cuando sean grupos criminales que abarquen varios lugares. Hay protección a las víctimas, que es algo muy importante. Medidas cautelares, ventanilla única e incluso resarcimiento al daño patrimonial a través de lo que se recupere con la extinción del dominio a estos criminales.
Este delito se perseguirá ahora de oficio y no habrá algo muy importante, la necesidad de ratificar la denuncia, y tampoco habrá careos con el criminal y la víctima, que esto se prestaba a que nadie quisiera denunciar.
Habrá técnicas especiales de control judicial apegadas a derechos humanos. Habrá una extinción de dominio ágil, y los bancos y las financieras y todas las aplicaciones digitales tendrán que actuar de manera ágil, tendrán que rendir una cooperación obligatoria y tiempos de respuesta perentorios para datos y congelamiento de cuentas. –Concluyo, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Habrá reparación integral de acceso a fondos de apoyo y habrá blindaje de derechos con cláusulas antiabusos, defensa pública fortalecida y exclusión probatoria ante irregularidades.
Es la legislación más completa en materia antiextorsión. Esperemos que algunas reservas prosperen, pero nuestro voto será a favor y pedimos el voto a favor de todos los diputados y diputadas de esta soberanía. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El Grupo Parlamentario del Partido Verde también ha decidido dividir su participación. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia da la bienvenida a estudiantes de las Escuelas Preparatorias Odense Cathedral School y la Preparatoria Unidad Santa Teresa de la Universidad La Salle, invitados por el diputado Héctor Saúl Téllez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sean todas y todos bienvenidos a esta casa legislativa.
Así también, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a personal de la Dirección General de Administración del honorable Ayuntamiento de Huixquilucan, invitados por la diputada Teresa Ginez Serrano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón: Con la venia, presidente diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón: Con el permiso de las compañeras y los compañeros que se encuentran en pleno y las personas que hoy nos visitan aquí en la casa del pueblo y, por supuesto, también quienes nos siguen a través de plataformas digitales.
La Comisión de Justicia presenta el día de hoy ante este pleno un dictamen histórico y fundamental para el futuro de la seguridad en México. El decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, representa una respuesta integral y contundente de la administración actual por parte de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dando frente sin justificación a un delito que incrementa y flagela a sectores que aportan al país como comerciantes, transportistas, campesinos, ganaderos, personas, familias y comunidades enteras.
Esta ley da cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política, publicada el pasado 9 de octubre. Su propósito es adecuar a la realidad del tipo penal que incrementa en un 20.8 % y el cual afecta a casi 7 millones de personas al año, así como la homologación de legislaciones locales en el Código Penal Federal, con el objeto de eliminar la impunidad y que sea efectiva la investigación y persecución del delito.
Este tipo penal básico contempla algunos de los siguientes aspectos: número 1, son 34 agravantes divididas en 3 categorías, organizadas por la gravedad de la afectación del tipo del bien jurídico tutelado. Por supuesto, las que aumenta una tercera parte que son: el famoso cobro de piso, la imposición del precio, productos, bienes y servicios, como bien se estableció con desfortuna en el estado de México, un operativo, esté muy exitoso, pero con desfortuna por los delitos de cobro de piso que se realizaban en la zona sur del estado.
Como el kilo de varilla que costaba 45 pesos en el sur, cuando en la capital costaba 18 o el muslo de pollo que costaba 120 pesos en las zonas de extorsión y en la capital 50 pesos. El kilo de alambrón que llegó a tener un sobreprecio de 144 por ciento, la tonelada de mortero que llegó a tener un aumento del 20 %, por supuesto, acaparaban animales de granja, esto muy conocido en la zona del sur, pues en el pasado mes de julio gracias a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión pudieron detener a quienes delinquen en esta zona.
Hoy con esta aprobación se refuerza el actuar de las autoridades y de acuerdo a las palabras emitidas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch señaló que combatir este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias.
También se da respuesta a los transportistas, comerciantes, campesinos que bloquean la autopista México-Querétaro para exigir el alto a las extorsiones, las que aumentan en una tercera parte, la mitad son en contra de personas migrantes menores de 18 años en estado de embarazo y mayor de 60 años de edad, las que aumentan la mitad hasta dos terceras partes más, son uso de violencia física, moral, psicológica, la simulación de un hecho de tránsito para los famosos montachoques y cuando se cometa por una persona servidora o exservidora pública.
Sabemos que la extorsión genera miedo e inhibe la denuncia, por ello el delito de extorsión se perseguirá de oficio reduciendo la exposición de las víctimas, también se implementarán tecnologías que impidan se origine el delito desde centros penitenciarios, es la mayor escuela de extorsión. Por eso, es necesario seguir blindando las prisiones, no solo es un acto de disciplina institucional, sino de un deber jurídico, ético para recuperar la confianza ciudadana.
Se establece el auxilio mutuo de los tres niveles de gobierno para combatir el delito, basado en diagnósticos claros para persuadir, identificar y reducir los factores de riesgo. También se crea el Centro de Atención de Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, que garantice la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento y denuncias a través del 089.
Esta ley no solo visualiza el daño patrimonial, ahora integra los años psicológicos, físicos de las personas. Es decir, una reparación integral del daño.
Sin duda alguna, esto también atiende al fortalecimiento de establecer la estrategia nacional y, por supuesto, que no nos sigan pasando pérdidas de vidas, como el del empresario y productor de limones, Bernardo Bravo, en Michoacán. O la maestra jubilada y taxista de Veracruz que dejó el mensaje a sus compañeros taxistas, donde les decía que pagaran su cuota para que no terminaran como ella.
Ya no más el impuesto informal que identifica a Juana Reyes, a los productores de 20 o 30 hectáreas, tenemos que seguir estableciendo medidas. Hoy, el Partido Verde Ecologista, por supuesto, habla de votar a favor de esta propuesta.
Esta responsabilidad como legisladores se encuentra plasmada en esta ley, pero es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero también, también de la ciudadanía. Muchas gracias, es cuanto, presidente diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Madrazo Silva, hasta por cinco minutos, para fijar su postura. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al licenciado Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, estado de México, invitado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Sea bienvenido, señor presidente.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Compañeras y compañeros diputados, hablar hoy del delito de extorsión es hablar de uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad pública, de justicia y de protección a las víctimas.
Es hablar de un fenómeno que lamentablemente se ha extendido a todos los rincones de la República, afectando por igual a comerciantes, transportistas, empresarios, profesionistas, agricultores, mujeres, adultos mayores y jóvenes.
Hace dos décadas, en el año 2002, las denuncias por extorsión apenas superaban las 60 en todo el país. Sin embargo, para 2008 ya se habían registrado más de 50 mil casos. Ese crecimiento exponencial fue la señal de alarma que debió activar medidas contundentes desde hace años.
La extorsión se ha diversificado y, por consiguiente, ha evolucionado desde la tradicional llamada telefónica, hasta el cobro de piso, la digital, las amenazas por redes sociales y los esquemas dentro de los penales, donde los delincuentes operan con total impunidad.
Todos sabemos que este delito se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos delictivos. La extorsión no solo es un delito que afecta el patrimonio, es un crimen que ataca directamente la confianza, la libertad y la tranquilidad de las personas.
Para los pequeños comerciantes pagar una cuota POS puede significar la diferencia entre mantener abierto su negocio o cerrarlo para siempre. Para un transportista negarse a pagar puede costarle la vida. Y para miles de familias vivir bajo amenaza es sinónimo de perder la paz en su propio hogar.
La extorsión también afecta a quienes menos tienen, pequeños locatarios, vendedores ambulantes, trabajadores del campo o del transporte público. El cobro de piso se ha convertido en un impuesto criminal que lastima la economía local y destruye el esfuerzo de miles de familias en nuestro país.
Por eso, desde esta alta tribuna, reconocemos la determinación y el liderazgo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha asumido con firmeza la tarea de devolver la paz y la seguridad del país.
Asimismo, reconocemos el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch, por la decisión de enfrentar de manera frontal y coordinada a las estructuras criminales que utilizan la extorsión como fuente de ingresos y control territorial.
El trabajo conjunto entre la federación, los estados y los municipios deben ser la piedra angular de esta nueva ley. La coordinación institucional no puede ser optativa, debe ser transparente, pero sobre todo, eficaz.
Como todos sabemos, durante años la falta de una legislación homogénea ha permitido la dispersión de esfuerzos, cada entidad federativa tipifica la extorsión de manera distinta, con penas diferentes y procedimientos variables, esto ha provocado impunidad, falta de coordinación y zonas de refugio para los delincuentes.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión busca justamente unificar criterios, homologar definiciones y establecer mecanismos claros de colaboración entre autoridades.
Esta ley no solo dota de herramientas jurídicas a las instituciones, sino que coloca en el centro a las víctimas, estableciendo medidas de protección, reparación integral y acompañamiento.
Además, incorpora la figura de extorsión digital, reconociendo las nuevas modalidades mediante las cuales los delincuentes utilizan redes, plataformas y medios electrónicos para amenazar o coaccionar. También endurece las sanciones para quienes participen desde los centros penitenciarios, que durante años ha sido tolerado y hoy exige una respuesta contundente. La extorsión debe combatirse con inteligencia, combinando prevención, investigación, protección, pero, sobre todo, desarrollo social.
Por eso, el Partido Verde reitera su compromiso con una política de seguridad humana que atienda las causas y no solo a las consecuencias del delito, porque mientras existan comunidades sin oportunidades, jóvenes sin empleo, familias sin apoyo y territorio sin Estado, la extorsión seguirá encontrando terreno fértil. Este dictamen no debe verse como un fin, sino como el inicio de una nueva etapa en la lucha contra uno de los delitos más destructivos para el tejido social.
Compañeras y compañeros legisladores, la responsabilidad que hoy tenemos es histórica. Con la aprobación de esta ley, el mensaje es claro a la sociedad, el Estado mexicano no tolerará más la impunidad, que quienes extorsionen serán perseguidos y sancionados y las víctimas contarán con el respaldo y la protección de las autoridades correspondientes.
Concluyo, presidente, México no puede seguir viviendo bajo el miedo. Ningún comerciante debe cerrar su negocio por negarse a pagar una cuota, ninguna familia debe dormir con el temor de una llamada de amenaza, ningún joven debe crecer creyendo que extorsionar es una forma de ganarse la vida.
Es por estas razones que el Grupo Parlamentario del Partido Verde seguirá siendo parte de la solución y votaremos a favor del dictamen propuesto por la Comisión de Justicia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El Grupo Parlamentario del PAN ha decidido también dividir su participación. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado César Israel Damián Retes, hasta por cinco minutos. Esta Presidencia saluda a alumnos del Corporativo Universitario México, campus Coacalco, invitados por la diputada Julieta Villalpando, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean todas y todos bienvenidos.
El diputado César Israel Damián Retes: Gracias, presidente. Menudo problema en el que nos metió el cártel de Morena. Después de siete años de gobiernos corruptos, se dan cuenta que fracasaron. Las familias sufren de extorsión, se les truncan sus sueños cuando quieren abrir un negocio, cuando quieren sacar adelante a sus familias y todo por miedo a denunciar, porque el gobierno se metió a la cama con la delincuencia organizada.
Nosotros, en Acción Nacional, pusimos siempre y pondremos siempre en el centro a las familias, a los que quieren salir adelante, a los que quien trabajar de manera honesta. Presentamos ante esta Cámara de Diputados la primera iniciativa para facultarnos y poder emitir una ley general para prevenir y sancionar la extorsión.
Y me da mucho gusto, porque el 17 de septiembre presentamos el proyecto de ley. Ley a la que la Consejería Jurídica del Ejecutivo le puso mucha atención, de hecho, se inspiró en nuestra iniciativa.
Y me da mucho gusto que el Ejecutivo tome en cuenta las propuestas del PAN, porque no venimos aquí nosotros a buscar crédito, venimos aquí a que las cosas sucedan por el bien de las familias, venimos a defender a México.
Y llegó la propuesta del Ejecutivo inspirada en la de Acción Nacional. Pero hasta para copiarse se necesita talento, porque cometieron errores al copiar nuestra iniciativa, compañeras y compañeros de Morena.
Bajaron la sanción de extorsión. Nosotros la traemos con un mínimo de 10 años a cualquier persona que cometa el delito de extorsión, porque nos parece un delito grave y que con agravantes tiene que ir creciendo varias decenas de años. ¿Qué hizo el gobierno? Bajarlo a 6 años.
Pero no se dieron cuenta o mañosamente lo hacen, porque en estados como Baja California, mi estado, la sanción mínima ya es de siete años. Entonces, ¿la presidenta lo que quiere es bajar la pena de siete a seis años en Baja California? Porque, fácil y sencillo, hay que decirlo, eso se traduce en que hay delincuentes sentenciados por extorsión que van a salir libres en Tijuana, en Mexicali por culpa de la iniciativa de la presidenta.
En la comisión hablamos sobre esa modificación que es necesaria, porque éste es un reclamo que viene de las Cámaras, de los comerciantes, de los que atienden en las carretas de tacos, porque la extorsión es tan grave que no solo es el cobro de piso, no solo son las llamadas que se reciben desde los penales, en donde no debiera haber teléfonos celulares.
Es la extorsión que cometen los ayuntamientos, que se comete en Tijuana, porque los servidores públicos del ayuntamiento de Tijuana van a las carretas de tacos a cobrarles para pedirles permiso o para dejarlos operar en la legalidad, semana a semana van a cobrarles. ¿Qué tienen que hacer las familias? ¿Pagarle a la delincuencia organizada y pagarle al gobierno ilegalmente por la extorsión que cometen? Eso se vive en el ayuntamiento de Tijuana, y se vive también en muchas ciudades de nuestro país.
Y poco nos va a servir tener la ley perfecta si no se ejecuta. Necesitamos realmente una voluntad de que se erradique la extorsión, problema en el que ustedes nos metieron, y que en Acción Nacional nos hemos encargado de proponer las soluciones. Por eso hemos presentado esta iniciativa. Y claro que me da mucho gusto que podamos coincidir. Que se haga política de la buena, que pongamos en el centro a las familias.
Pero que no se les olvide que hay que incrementar la sanción, porque es un delito grave, un delito que anula los sueños y las esperanzas de las familias, un delito que cometen sus servidores públicos. No quiero pensar incluso que ustedes han incurrido en estas prácticas, no lo quiero pensar. Pero, si no entonces, de dónde salió el huachicol fiscal, ese que ustedes inventaron, ese que ustedes crearon y que tantas campañas ha financiado.
De nada va a servir si no ponemos realmente atención a los detalles e incrementamos esta sanción, como lo están pidiendo las familias, como lo están pidiendo los comerciantes. Y de nada va a servir si no tenemos la voluntad y si no la encontramos en el gobierno, dándole los recursos que se necesitan para que esta ley sea realidad en todo el país.
Ya no hay pretexto, no habrá pretexto. Acción Nacional puso la propuesta. Está a consideración. Hagan los ajustes correspondientes, apruébese y ejecútese. Porque ya no hay pretexto para que el siguiente año la extorsión siga incrementándose e, incluso, se duplique, como es el caso de Tijuana y de Baja California. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guillermo Anaya Llamas.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Presidente, con su permiso. Amigas y amigos, como ya se dijo anteriormente, esta ley es una respuesta para combatir uno de los delitos más sensibles que hoy afectan a las familias mexicanas. Porque con la extorsión no solamente perjudican el patrimonio, les roban el dinero, sino les roban la paz, la tranquilidad, la libertad e incluso hasta la vida a las personas que son a los que perjudica finalmente este lacerante delito.
Aquí la extorsión les pega, como ya también se dijo, al taquero, al transportista, al productor del campo, al pequeño empresario. Esta ley, como su nombre lo indica, es una ley general, para que obligue y faculte a los tres órdenes de gobierno a actuar coordinadamente.
¿Y qué quiere decir que los faculta y obliga a actuar coordinadamente a los tres órdenes de gobierno? Pues miren, por citar solo a alguno de los artículos: para coordinarse y para actuar en consecuencia. El artículo 12 habla sobre implementar medios tecnológicos y de inteligencia. El artículo 30 habla sobre las medidas de protección, traslado y resguardo de las víctimas de los delitos.
O, por ejemplo, el artículo 39, que habla también de que los órdenes de gobierno tendrán que hacer campañas de difusión para la prevención de este delito. O también para que, en los centros penitenciarios, tanto federales como estatales, tendrán que adquirir e implementar aparatos para bloquear la señal de los teléfonos celulares que, como bien saben, muchos de los delitos que se cometen en la extorsión, en la modalidad de la extorsión, se cometen desde dentro de los penales.
¿Qué quiero decir con estos artículos que menciono? Que la coordinación requiere presupuesto, que la coordinación requiere inteligencia, capacitación y preparación de los municipios, de los estados y de la federación. Y que, cuando estamos hablando de que no habrá presupuesto para implementar estas medidas, pues estamos mandando a los policías y a todo el sistema judicial a una guerra sin fusil. Por eso decimos aquí, todos los grupos parlamentarios, que estamos dando un paso al frente para combatir la extorsión.
Pero un tema sin presupuesto, pues estamos dando un paso en falso, estamos simulando que vamos a combatir la extorsión. Porque amigas y amigos, el artículo noveno transitorio de esta ley, dice textualmente: que no habrá recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal del 2026 para la extorsión,
Luego, entonces, cómo vamos a pedirle a los estados que implementen estas acciones que acabo de enumerar sin ningún recurso adicional. Porque, miren, en materia de seguridad hay dos, son 2 específicos, el 33 y el 36, y hay un fondo que es el Fasp, que quiere decir, que va directamente a los estados y a los municipios para brindar seguridad.
Bueno, en términos generales, en estos fondos para la seguridad que van directamente a los estados y a los municipios, no solo no se les está aumentando, como lo acabo de mencionar en el artículo noveno transitorio de esta ley, sino por el contrario, se les va a disminuir, aunque ustedes no lo crean, 10 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos para los estados y para los municipios. Y aquí al rato vendrán a decir que esos 10 mil millones de pesos no se van a eliminar, se van a trasladar al Ejército y a la Marina.
Pero lo cierto es que, a los estados y a los municipios, –término, presidente–, a los estados y a los municipios en lugar de dotarlos con mayores recursos para su preparación, capacitación y para la coordinación para el combate a la extorsión, no solo no les dan un centavo más en el presupuesto del 2026, sino van a quitarles 10 mil millones de pesos.
Vamos a votar a favor de esta ley por la importancia y la sensibilidad para combatir la extorsión, pero tendremos reservas que vamos a puntualizar en el momento oportuno....
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado...
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: –Concluyo– ...en el momento oportuno de presentarlas. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El Grupo Parlamentario de Morena decidió también dividir su participación, por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Jessica Saiden Quiroz, hasta por cinco minutos. Esta Presidencia saluda al maestro Marco Antonio Solís y alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Josefa Ortiz, invitados por el diputado Germán Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN. Sean todas y todos bienvenidos.
Queremos también agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones de su señoría Hayder Falhi Hussein Al-Battat, encargado de Negocios de la Embajada de la República de Irak en México, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-República de Irak, que preside la diputada Celia Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Sea usted bienvenido.
La diputada Jessica Saiden Quiroz: Compañeros y compañeras legisladoras, ciudadanos y ciudadanas de México, comparecemos hoy para discutir y para respaldar una nueva reforma más relevante, sobre todo en este período legislativo y es esta iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una medida que responde al clamor ciudadano frente a uno de los delitos que más lastima el tejido social, la economía social y la tranquilidad de las familias mexicanas.
De acuerdo con las encuestas de victimización, más del 96 % de los casos no se denuncian, lo que nos habla de una cifra realmente negra y alarmante. Miles de personas callan por miedo o por represalias.
Frente a esta triste realidad, el Estado mexicano no podía permanecer inmóvil. Por ello, nuestra presidenta de la República, bajo el liderazgo del maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, diseñaron una estrategia nacional contra la extorsión.
Esta es una herramienta de protección y de justicia, donde la principal virtud, sobre todo para este dictamen, es fortalecer a los estados, dotándolos de un marco homogéneo y coordinado. Hasta ahora, cada entidad de la república tenía su propia definición de extorsión, sus propias penas, sus propios procedimientos, lo cual dificultaba la cooperación, sobre todo, entre las Fiscalías.
Con esta nueva ley, las diferencias desaparecerán. La extorsión se va a castigar de la misma manera en todo el territorio mexicano y se convertirá en un delito de persecución oficiosa. Este cambio es meramente trascendental, pues ahora la sola noticia del hecho bastará para que las instituciones de seguridad investiguen. Además, esta ley crea una red nacional de coordinación entre la federación, los estados y los municipios.
Durante su comparecencia ante esta Cámara de Diputados, nuestro secretario de Seguridad fue puntual al explicar cómo la ley va a permitir fortalecer las capacidades locales y cerrar filas contra la extorsión. Primero, señaló que se pondrá fin a la fragmentación normativa que por años obstaculizó la justicia.
Segundo, el fortalecimiento de las policías estatales y de las fiscalías locales mediante la debida capacitación tecnológica y coordinación directa con la federación, por lo que el nuevo esquema prioriza una comunicación ágil, efectiva entre todos los niveles de gobierno.
Y, tercero, que ya se han registrado más de 400 detenciones de presuntos extorsionadores en coordinación, precisamente con los gobiernos estatales. Este dato demuestra que la estrategia no es solo normativa, sino que ya está en marcha.
Cuando el secretario detalló que desde julio de 2025 se implementó la Estrategia Nacional Contra la Extorsión que ha permitido frustrar el 74 % de los intentos de extorsión y detener así a 386 personas en 19 estados de la República. Asimismo, el uso del número 089 como línea de denuncia anónima aumentó ya el 85 % en llamadas reflejando mayor confianza ciudadana.
Y, quinto, se establecen medidas tecnológicas como el bloqueo de las líneas telefónicas, la colaboración directa con las empresas de telecomunicaciones y el bloqueo obligatorio de señal en los centros penitenciarios que es de dónde más se reciben estas llamadas de extorsión. La ley no solo endurece las penas o amplía las facultades de las autoridades, también coloca a las víctimas en el centro de la política criminal, con ello las víctimas dejarán de sentirse solas y desprotegidas.
Permítanme referirme ahora al tema Yucatán, un estado donde históricamente se ha mantenido la seguridad en los más altos niveles del país, pero que hoy enfrenta también nuevos desafíos, el 43 % de los casos registrados en la entidad corresponde a extorsiones también simulando secuestros virtuales.
Ante este fenómeno, el gobernador del estado de Yucatán, de mano de su secretario de Seguridad Pública ha fortalecido la línea de atención y ha lanzado también campañas de prevención para mitigar estos hechos. Aquí venimos a legislar, compañeros y compañeras, para proteger a todo el pueblo de México, a devolverle la paz a todas las familias mexicanas bajo el mando y liderazgo de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Jessica Saiden Quiroz: Se compromete a materializar también, con esta eficaz estrategia de seguridad, el combate a la extorsión. Muchísimas gracias, es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos radica su importancia no solo en dotar a las víctimas de un marco normativo que los proteja, que proteja sus derechos, su integridad y hasta su vida.
La importancia de expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, el Código Penal Federal o el Código de Procedimientos Nacionales no solamente radica en la importancia de las diferentes legislaciones que cambiamos, sino radica en realidad en hacer caso al llamado urgente de las y los mexicanos.
Esta iniciativa que envía nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lleva los sentimientos de las y los mexicanos. En él están expresados los sentimientos de doña Lupita, quien es dueña de la tienda de la esquina. Lleva grabado el sentimiento de don Jesús, el taquero de la colonia. Lleva impregnada la urgente necesidad de tener un marco normativo de doña Soraya, quien es dueña de una pollería dentro del mercado.
Esta iniciativa de mayor protección a todas ellas y a ellos, pero también da mayor protección a nuestros emprendedores, a nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios que dan trabajo a una gran parte de la población y quienes quiero señalar, que el Inegi dice que 3 de cada 10 han sido extorsionados.
Hoy, compañeras y compañeros, con esta ley general armonizamos marcos legales, unificamos tipos penales, combatimos la impunidad que ha sido uno de los mayores cánceres de este país. Con esta reforma creamos una política uniforme de investigación y sanción, se establecen medidas operativas, establecemos que la extorsión se investigará por oficio, porque a diferencia de ustedes, los del Prian, a nosotros en Morena nos preocupan las víctimas, cuidamos su integridad, porque sí, las víctimas durante años han temido por su vida al momento de denunciar, por eso ahora será por oficio.
Tendremos protocolos de protección a las víctimas, procedimientos claros para la intervención legal de comunicaciones cuando sea totalmente necesario. Y aquí quiero subrayar, porque la oposición siempre distorsiona el contenido de los dictámenes, cuando sea totalmente necesario, para terminar con las células de crímenes que hay.
También se blindarán los centros penitenciarios, porque de ahí salen las llamadas, de ahí salen los mensajes, de ahí salen las transmisiones que hacen que la gente esté siendo extorsionada todos los días. Y quiero decirles que con esto se va a lograr y la coordinación entre las autoridades federales y locales, terminando así con el eterno conflicto de competencias que siempre han tenido las fiscalías.
Y también, quiero concluir mi participación, desmintiendo lo que hace uno momento diputados de la oposición subieron a decir aquí. Así quieran decir que la extorsión ha ido en aumento por los malos gobiernos de nuestro movimiento, quiero decirles que mienten y mienten con todos los dientes, porque la extorsión no creció ayer, la extorsión no se dio de un día para otro, la extorsión se dio en sus tiempos, en sus malos gobiernos y heredamos una maldita lista de deberes, de bienes heredados de ustedes, como el tema de la extorsión, gracias a su falsa guerra contra el narco, esa falsa guerra que no tenía estrategia, que no tenía rumbo, que no tenía inteligencia, pero que ustedes mantuvieron y es porque mantenía a los delincuentes dentro de la impunidad.
Pero hoy Morena con esta iniciativa va a recuperar el liderazgo del Estado, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum recuperamos la fuerza, la inteligencia, lo básico y necesario para poder castigar este tipo de delitos, porque en Morena estamos a favor de la paz, de la tranquilidad del pueblo, del bienestar de las y los mexicanos, y que se oiga fuerte y que se oiga claro, estamos a favor de todas las personas que día con día salen a ganarse el sustento de sus familias.
Vamos a luchar siempre por proteger a las y los mexicanos, porque en Morena no somos iguales, en Morena somos distintos y velaremos por los intereses del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Está a discusión en lo general. Se otorgará el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados, hasta por cinco minutos, para hablar a favor. Tiene el uso de la palabra la diputada Carina Piceno, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Sonido en la curul del diputado Cuanalo.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (desde la curul): Gracias, presidente. Es para pedir un minuto de silencio.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (desde la curul): Es para pedir un minuto de silencio, señor presidente, por el asesinato de un jovencito aficionado al fútbol, por pronunciarse. Y para para pronunciarme en contra de la violencia entre aficionados al fútbol en México.
Pido un minuto de silencio por la memoria de José Eduardo Ramírez Dávalos, un jovencito de apenas 16 años, que el pasado 24 de octubre fue asesinado a golpes por el simple hecho de ser aficionado a un equipo de fútbol, las Chivas, presuntamente por aficionados de otro equipo de fútbol, Atlas, en Zapopan, Jalisco.
Lalito no pertenecía a ninguna barra, era un adolescente aficionado que soñaba con ser portero profesional y que salió esa noche a llevar serenata a su equipo favorito junto con otros jóvenes, cuando fueron interceptados presuntamente por la porra del otro equipo y murió por el nivel de agresividad del ataque recibido a golpes.
Desde esta honorable Cámara de Diputados hago un llamado a la ciudadanía, en particular a los aficionados a los deportes, para que respetemos la libertad de las demás personas de pensar diferente y su derecho de manifestarse públicamente. Debemos, la ciudadanía, comprender que el deporte lo que busca es fomentar justamente lo contrario a la violencia y debe ser un ejemplo de libre convivencia y de sana competencia.
Es absurdo y ridículo pelear por un club deportivo que muy probablemente ni siquiera está enterado de la existencia de esas personas que tan equivocadamente ven como enemigos mortales a otros que simplemente piensan diferente o manifiesta su apoyo por otro equipo.
Aprovecho esta ocasión para pronunciarme en contra de la violencia en todos los ámbitos e invitar a las personas a sumarse por un México mejor, a dejar de atacarse entre hermanos, no olvidar que no tiene mucho todavía en que nos veíamos como hermanos, como un pueblo de hermanos los mexicanos. Y podemos seguirlo siendo, estamos a tiempo y –debemos de estar mexicanos– debemos dejar de estar mexicanos contra mexicanos.
Seamos los legisladores y los gobernantes ejemplo contra la violencia y ejemplo del respeto a quienes piensan diferente. Jóvenes, no se dejen engañar por los discursos de odio. México es un país hermoso y es una nación de oportunidades. Tomen las oportunidades que les brinda esta nación.
Por último, hago un llamado a los dueños de estos dos equipos, de Atlas y de Chivas, instituciones además millonarias, para que socorran a la madre y a los hermanitos de este joven y para que, junto con los demás clubs deportivos, a quienes también hago este llamado, promuevan una cultura de respeto y fraternidad entre aficionados. Pido a las autoridades que no quede impune este crimen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se concede el minuto de silencio solicitado.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputada Piceno.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo a quienes nos siguen por redes sociales.
Hoy nos trae a este pleno la discusión de las propuestas a diversos ordenamientos en materia de extorsión, mismas que fueron presentadas tanto por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como por distintas diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, además de la de la voz, acompañada de legisladoras y legisladores federales de la Ciudad de México. Esto, con la finalidad de endurecer las sanciones para quienes tienen a mal cometer este tipo de conductas perniciosas para nuestra sociedad.
Se pretende cumplir el mandato constitucional para que nazca la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 Constitucional, a fin de establecer un tipo penal único, que por un lado homologue sanciones en todo el territorio nacional, especifique sus modalidades de comisión, recordando que los delitos pueden ser por comisión directa o por comisión por omisión, y especifique las áreas de atribución y competencia de todas y cada una de las autoridades que participen o conozcan de los hechos.
También se pretende consignar en ley las agravantes y la tipificación del delito de extorsión. Lo anterior, con el objetivo de realizar un combate eficiente, eficaz y contundente a este cáncer que sacude no sólo al Estado mexicano, sino principalmente a las personas que a diario son víctimas de este cruel y vil delito.
Esta ley en materia de extorsión no nace sola, sino que viene acompañada de reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
¿Es necesario hacer estas reformas e incluso crear una nueva ley general? Por supuesto que sí. Se necesita que el delito de extorsión sea sancionado con severidad para mandar un mensaje contundente a aquellas personas que pretendan cometer dicho delito.
En este sentido, se necesita dar un mensaje claro, contundente y decisivo sobre esta plaga. El repartir competencia entre los tres órdenes de gobierno hace que todas y todos estemos llamados a actuar en conjunto en el marco de la posible entrada en vigor de estas nuevas reformas que devienen, como ya lo mencioné, de un mandato constitucional, para dar resultados a quienes nos debemos: a las y los ciudadanos que confiaron en nosotros y nos dieron su voz.
Es nuestro deber no solo constitucional o legal, sino cívico el trabajar para combatir uno de los delitos que actualmente daña nuestra sociedad, que en muchas de las ocasiones no hace más que sentirse indefensa ante los abusos de quienes pretenden lesionar su patrimonio.
Recordemos que en los últimos 10 años ha incrementado la incidencia de este delito, ya que tan solo en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, la cifra más alta en una década, representando un aumento del 83 %, sumado a que, tan solo en 2023, de acuerdo con el Inegi, hubieron más de 4 millones de esos posiblemente constitutivos del delito de extorsión. Todo esto, sin contar la cifra negra de los miles de delitos que a diario no se denuncian.
¿Esto es lo que queremos para nuestro país? Por supuesto que no. Celebro que se obligue a las fiscalías de cualquier nivel, tanto de la federación como de los estados, expidan los correspondientes programas y medidas necesarias para la protección de personas, sin pretextos ni dilaciones, con el ánimo de restituir a las víctimas de las conductas previstas en la ley, en el goce de sus derechos en cuanto sea posible y solicitando, además, la reparación del daño.
De ninguna manera podemos dejar de atender a quienes hoy, con sus denuncias, nos hacen saber de una situación social tan alarmante como lo es ser víctima de extorsión.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados, este producto legislativo resulta en otra promesa cumplida por parte de las y los diputados de Morena. Pero, principalmente, por todas y todos quienes integramos este segundo piso de la cuarta transformación, encabezada atinadamente por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. En México cero tolerancia a la extorsión. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura de derecho, acompañados por el profesor Oscar Morales Mendoza, invitados por el diputado Jaime López Vela. Sean todas y todos bienvenidos. Sonido en la curul de la diputada Barrera. Sonido en la curul 176, por favor.
La diputada Leticia Barrera Maldonado (desde la curul): Gracias, presidente. Solicitarle, por favor, sean tan amables de integrar una comisión por parte de todos los grupos parlamentarios, para atender la demanda de los compañeros productores de todo el país. Hoy están pidiendo más presupuesto para atender el precio de los granos, una justa demanda, pero también les solicito, que en esta comisión los atendamos con puntualidad las demandas que ellos nos están solicitando. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia toma nota de su solicitud y acordará lo conducente con la presidenta de la Mesa Directiva. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Sonido en la curul del diputado Francisco Velázquez.
El diputado Francisco Javier Velázquez Vallejo (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Es simplemente para solicitar se autorice otorgar un minuto de silencio por las víctimas de las terribles inundaciones que sufrimos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Si me permite, diputado, otorgaremos el minuto de silencio cuando termine el orador de hacer su posicionamiento, toda vez que ya está en tribuna.
El diputado Fernando Torres Graciano: Bien. Con permiso, presidente. Ya hace tiempo desde el Grupo Parlamentario del PAN, habíamos advertido el crecimiento de este fenómeno, de este delito de la extorsión.
Y fue así como presentamos como grupo parlamentario una propuesta, una iniciativa para atender el tema, iniciativa que nos da gusto que hoy podamos estar discutiendo junto con propuestas de otros diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, pero también con las que llegaron de otros grupos parlamentarios y, por supuesto, la del Ejecutivo.
Qué bueno que coincidimos en un tema, en el problema y que, sobre todo, en las soluciones y en los mecanismos que puedan permitir que podamos avanzar en el combate a este delito. Qué bueno que hoy esta coincidencia nos permita que podamos distinguir entre aquellos temas que son de carácter político o incluso ideológico, entre estos temas que son estrictamente técnicos, de política pública, donde podemos llegar realmente a un acuerdo y un consenso no por otra cosa, sino por el bien de las personas, por el bien de la gente.
Y es que este delito era un delito que venía creciendo, escuchaba yo hace rato en una intervención, decían que era un delito que venía de anteriores administraciones, yo diría que viene de la administración anterior, que es diferente, es un delito que empezó a crecer en el 2018 y que todavía en lo que va de este año ha tenido un incremento importante.
Y decíamos, bueno, qué bien que estemos coincidiendo. Esta reforma que viene hoy a discutirse a través de este dictamen, que además no es una reforma en concreto una ley, sino una serie de leyes, que permitirán que posiblemente sea más eficaz la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, la propia Procuraduría, la Fiscalía General, en echar a andar esta estrategia que anunciaron en la estrategia nacional contra la extorsión.
Y de eso se trata, porque sin duda en estas modalidades de extorsión, yo escuchaba y veía en una de las intervenciones que presentó en los foros Coparmex y hablaban de un número donde parece ser que hay 20 modalidades diferentes de extorsión y seguramente van a aparecer más.
Y entonces nuestro problema era que en cada una de las legislaciones de los estados tenían una consideración diferente, una un agravante diferente, incluso una penalidad diferente. Hoy, con esta ley general, lo que estamos haciendo es tener una misma visión respecto de las penas, las sanciones y lo más importante, respecto de la estrategia, atender el problema.
Sin duda, ya se ha dicho aquí, un problema creciente que sufre por igual una persona en lo individual que una colectividad. Lo puede sufrir una persona que es extorsionada en su negocio de mera, insisto, individual, a toda una colectividad de un mercado, todos los comerciantes de quizá un mercado en el que llega el crimen organizado y les quiere controlar la vida de ese mercado, la vida de su centro de trabajo.
Y esta extorsión se ha venido incrementando, porque ahora resulta y tenemos el ejemplo de lo que sucedió hace unos días con un líder, un joven valiente, líder de los limoneros en Michoacán, que se decía que iba a tener un encuentro con líder criminal de la banda principal de extorsionadores en Michoacán y entonces la reflexión es, ahora el ciudadano todavía tiene que arriesgarse a ir a buscar, a rogarle al delincuente tiempos, plazos, que si le bajan poquito a la extorsión, que si le da chance de seguir trabajando para no tener que cerrar el negocio, es infame.
Por eso, creemos que este fenómeno lo tenemos que parar de ya y va a corresponder ahora, nosotros vamos a hacer hoy nuestra tarea desde el punto de vista Legislativo, pero va a corresponder al Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad y a las Fiscalías, insisto la General de la República y la de los estados, de que esto que estemos aprobando hoy tenga resultados en el campo de acción, el que sea eficaz, eficiente. Aquí estarán ya las herramientas desde el punto de vista local.
Y, es importante decir otro tema que me parece a mí sustancial, se viene un incremento no solamente al unificar todas las disposiciones y las penalidades en el tema de la extorsión, viene algo importante, en la Ley General de Extorsión en el artículo 16 viene una disposición que incrementa hasta una tercera parte más las penalidades cuando la extorsión venga desde el mismo poder, desde el mismo gobierno o de funcionarios.
Eso es una agravante y pongo ejemplos, cuando te extorsiona un tránsito aquí, que es muy conocido y todos lo hemos sufrido seguramente, en el estado de México, y que empiezan a quererte extorsionar por el tema de cualquier pretexto que se les ocurra. Esa es una extorsión que viene de un funcionario público.
Pero, todavía es más delicado cuando te extorsionan para darte un permiso o cuándo te extorsionan para que votes a favor de una ley o de otra, ejemplo, los Yunes, le extorsionan con la orden de aprehensión versus con qué votes. Entonces, es, te cambio el voto por el perdón y eso es una extorsión.
No podemos permitir que la extorsión continúe en este país, tenemos que detener a todas las barredoras del país que seguramente no es solamente una y que era precisamente desde el poder dónde generaban la extorsión y la manera de delinquir. Las barredoras de este país las tenemos que erradicar si no queremos terminar como Tabasco. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Se otorga el minuto de silencio solicitado por el diputado Francisco Velázquez. Se les suplica a todas las diputadas y diputados ponerse de pie.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Fatima Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos.
La diputada Fatima Almendra Cruz Peláez: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos frente a un dictamen trascendental para la seguridad y el bienestar de todas y todos los mexicanos. La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más extendidos y devastadores del México actual. Su crecimiento no solo obedece al poder de los grupos criminales, sino también a la falta de un marco normativo eficaz, donde otros al margen de la ley han impuesto sus propias reglas.
Este delito amenaza la cohesión de nuestras comunidades y frena el desarrollo económico del país. Comerciantes, transportistas, emprendedores y familias enteras viven bajo amenazas constantes. En los primeros nueve meses del 2025 el número de víctimas de extorsión alcanzó su máximo histórico, pero detrás de cada cifra hay una historia. Una mujer que cerró su negocio para proteger a sus hijos, el transportista que paga una cuota para poder trabajar, el joven que abandonó sus sueños por miedo. Es la realidad de esta nueva ley que busca transformar.
En muchas regiones denunciar se ha vuelto una sentencia de muerte. Ciudadanas y ciudadanos que confían en las instituciones terminan siendo blanco de quienes deberían ser perseguidos por la ley. El miedo ha silenciado a miles y ese silencio ha sido el mejor aliado del crimen organizado. Reconocemos que la estrategia nacional contra la extorsión ha sido un paso importante, pero su eficacia depende de fortalecer nuestras instituciones y consolidar una política integran de prevención, coordinación e inteligencia. Solo así podremos cerrar la puerta de entrada del crimen organizado a territorios de nuestro país.
La iniciativa presentada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, parte de una convicción clara, la construcción de la paz es prioridad del Estado mexicano. Para lograrla debemos actuar con inteligencia, coordinación y pleno respeto a los derechos humanos.
Por ello, este dictamen dota al Estado herramientas jurídicas sólidas para prevenir, investigar y sancionar la extorsión de manera efectiva, con un enfoque integral y coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Con su aprobación contaremos con una ley general que unifique el tipo penal en todo el país, homologue sanciones y reconozca las distintas modalidades del delito. No más vacíos legales ni diferencias entre entidades. Una sola ley para un solo problema nacional.
Esta ley no es solo un instrumento jurídico, es un acto de justicia. Uno de los avances más importantes es la persecución oficiosa del delito, ya no será necesaria la ratificación de la víctima para iniciar una investigación, así el miedo dejará de ser un obstáculo para la justicia y el silencio dejará de proteger al delincuente. Además, se fortalecen las medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos, garantizando su seguridad física, psicológica y patrimonial, su anonimato y su participación segura en los procesos judiciales.
Otro punto clave en la nueva ley es el control de centros penitenciarios, desde todavía se cometen extorsiones mediante el uso indebido de dispositivos electrónicos. Esta ley establece medidas obligatorias para impedirlo, cerrando una brecha que por muchos años alimentó la impunidad y la desconfianza.
El dictamen también refuerza la coordinación entre autoridades de todos los niveles y promueve la colaboración con el sector privado y la sociedad civil. La inteligencia, la investigación y la persecución penal dejarán de ser esfuerzos aislados, para convertirse en un frente común contra la red criminal.
Además, la ley establece penas de 6 a 15 años de prisión, con agravantes cuando exista cobro de piso, cuando las víctimas sean menores, migrantes, o cuando el delito sea cometido por servidores públicos o desde prisión. Asimismo, consolida el número 089 como Canal Nacional de Denuncia Anónima, herramienta clave para detectar y contener este delito.
Compañeras y compañeros, aprobar este dictamen es reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la justicia, con las víctimas y con la seguridad de nuestras comunidades. Es enviar un mensaje claro y contundente, en México no habrá impunidad para quienes amenacen, intimiden y lucren con el miedo.
Por todas estas razones, en el Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor de este dictamen, porque significa proteger a las víctimas, fortalecer nuestras instituciones y avanzar con decisión hacia un México más seguro, más justo y en paz. Es cuanto, presidente. Gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
Esta Mesa Directiva saluda a alumnas y alumnos de la licenciatura en Derecho, del Instituto Universitario Anáhuac, plantel Los Reyes, del municipio de La Paz, estado de México, todos invitados por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo.
Así también queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones, del excelentísimo señor Zaza Gabunia, embajador de Georgia en México, quien asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-Georgia, que preside el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera. Sea usted bienvenido. Esta Cámara de Diputados hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Adelante, diputada Flores.
La diputada Patricia Flores Elizondo: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero que escuchen con atención porque lo que hoy discutimos no son artículos fríos ni tecnicismos legales, es la realidad que viven miles de familias en Durango y en todo México. La extorsión no es una estadística, es una condena diaria para quien trabaja honradamente. Es un delito pluriofensivo, no solo roba dinero, roba tranquilidad, paz comunitaria, sueños y proyectos de vida y cuando el Estado no responde, deja a su pueblo solo frente a miedo.
En el municipio de Gómez Palacio, en Durango, cientos de pequeños empresarios, comerciantes, taxistas, transportistas, tienderos, están pagando un derecho de piso que no aparece en ninguna ley, pero que les está robando la vida. Lo han denunciado con valor, lo hicieron público y, sin embargo, no cede. Les llaman, les amenazan, los tablean, les queman sus lugares.
Otras denuncias en mi estado indican que grupos delictivos exigen cuotas para permitir el transporte, la venta o la operación de cabezas de ganado, lo que implica una pérdida económica significativa para los productores, nuestros pequeños y medianos ganaderos duranguenses.
Y mientras ellos viven con miedo, la justicia, la paz y el orden no llega. Lo que realmente despojan los delincuentes que extorsionan no es solo el dinero o las pertenencias materiales, sino algo mucho más valioso, la tranquilidad y la paz mental de las ciudadanas y ciudadanos que solo quieren vivir y trabajar en santa paz.
En México no queremos vivir con la constante amenaza de la violencia. La inseguridad se ha instalado tristemente en la vida cotidiana, corriendo como una sombra que afecta cada aspecto de la existencia. Este dictamen es un buen esfuerzo que busca unificar el tipo penal de extorsión, darle dientes a la ley y quitarles excusas a las autoridades que hoy se pasan la bolita entre lo local y lo federal, mientras las víctimas quedan solas.
Ojalá se tomen en cuenta las reservas de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas que solo buscan mejorar esta ley. Finalmente, este delito se va a perseguir de oficio, sin obligar a nadie a arriesgar su vida para ratificar una denuncia. Por fin se contempla que no se puede permitir que desde las cárceles sigan extorsionando, como si las rejas fueran líneas telefónicas del crimen organizado. Y por fin se reconoce que las víctimas deben estar protegidas, que no tiene por qué vivir escondidas mientras los delincuentes andan en libertad.
Por eso esta ley no puede ser una simulación, tiene que ser un parteaguas real para que el Estado se haga responsable de enfrentar la delincuencia organizada y deje de una vez esconderse tras los abrazos que solo les dio apapacho a los delincuentes y no a las víctimas.
Esta ley, y se lo digo al secretario Harfuch, por sí sola no basta si no hay voluntad política. Hoy el crimen extorsiona desde la calle y también desde dentro de los penales, lo dice el propio dictamen, miles, miles de llamadas de extorsión salen de Centro Penitenciarios que en teoría deberían estar controlados por el Estado.
¿Cómo le explicamos eso a las víctimas? ¿Cómo les decimos a los miles de víctimas, despojadas de sus ahorros, de sus negocios, de su paz, que esta vez sí habrá justicia?
Desde Movimiento Ciudadano respaldamos que haya un marco legal nacional para combatir la extorsión, pero también exigimos que se coordinen verdaderamente los tres órdenes de gobierno, se persiga a las redes que la permiten, no solo al que hace la llamada, se proteja integralmente a las víctimas y se blinden las cárceles para que no sigan operando como cuarteles del crimen organizado.
Que no quede duda, Movimiento Ciudadano quiere dejarle el mejor país a las niñas y los niños mexicanos. Queremos una ley que funcione, no un marco que se quede en el papel. Queremos justicia que se sienta en la calle, en el mercado, en las colonias. La paz no se decreta, señoras y señores, se construye con justicia, con coordinación y con valentía institucional.
Por los miles de familias extorsionadas, por quienes hoy tienen miedo de hablar, que esta ley no sea una promesa más, sino un compromiso real del Estado mexicano para construir la paz que tanto todos anhelamos. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia agradece y saluda la presencia en este salón de sesiones de Haik Hakobian, encargado de Negocios Interino de la Embajada de la República de Armenia en México, quien asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-República de Armenia, que preside la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados, que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación de nuestras naciones.
La diputada María Teresa Ealy Díaz: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada María Teresa Ealy Díaz: Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna para hablar de una de las heridas más profundas que padece nuestro país, la extorsión. Un delito que no solamente roba dinero, roba tranquilidad, dignidad y esperanza. Por eso esta Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión presentada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no es solamente una reforma penal, es una apuesta por la justicia, por la confianza y por la paz.
Durante años la extorsión se percibió de manera desigual. Cada estado la definió diferente, algunos lo reducían a la amenaza directa, ignorando la violencia psicológica o económica, que también destruye vidas enteras. Esa falta de uniformidad generó impunidad. Y la impunidad, compañeras y compañeros, también mata.
Con esta nueva ley, México por fin tendrá un marco jurídico unificado, con tipos penales, agravantes y sanciones claras, aplicables en todo el país. Una ley que no sólo castiga, sino que previene, protege y coordina. Se crea el Centro Nacional de Atención a Denuncias de Extorsión, a través del número 089, para que las personas puedan denunciar de forma anónima y segura. Y esto es clave, porque según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, el 97 % de los casos no se denuncia, por miedo o por desconfianza. Este silencio ya no puede seguir siendo la norma.
La ley también garantiza protección integral para víctimas y sus familias, asegurando su identidad, su seguridad y su reparación del daño. Y algo fundamental, se establece el control real en los centros penitenciarios. Durante años, las cárceles se convirtieron en oficinas del crimen. Con esta ley se bloquearán las comunicaciones y se sancionará a las autoridades que lo permitan, porque la cárcel debe ser un lugar de cumplimiento y no de operación criminal.
Otro avance crucial es la persecución oficiosa de este delito. La víctima ya no tendrá que ratificar su denuncia, por lo contrario, será el Estado quien asuma la investigación desde el primer momento, protegiendo así a la víctima, su integridad y su vida.
Además, se fortalece la base nacional de números de extorsión telefónica y se promueve la cooperación entre autoridades y sociedad civil, para prevenir y detectar las redes criminales. Compañeras y compañeros, legislar contra la extorsión es legislar por la paz, es legislar por las familias que trabajan con esfuerzos, por quienes viven con miedo de contestar el teléfono o abrir su negocio.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara: no hay seguridad sin justicia, ni justicia sin Estado de derecho. Hoy, con esta ley, damos un paso firme hacia ese México que queremos. un México sin miedo, un México con justicia y con Estado de derecho, porque la justicia, compañeros y compañeras, no se promete, se cumple. Y este Congreso está del lado de la gente, no del crimen. Legislar por México también es transformar sin miedo. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: Con la venia de la presidenta. Primero, quiero agradecer y felicitar a mis diputadas Anita González y Mónica Sandoval, por proponer parte de esta iniciativa.
Hoy subimos a esta tribuna para hablar de una de las tragedias más graves y silenciosas de nuestro país, la extorsión. Un delito que ha dejado de ser un problema local para convertirse en el símbolo del fracaso de la política de seguridad de abrazos y no balazos, de Andrés Manuel López Obrador. Durante seis años el presidente, expresidente López Obrador, nos prometió paz con el lema de abrazos, no balazos, pero los resultados son otros: más miedo, más impunidad y más extorsión.
Los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, así lo confirman, porque desde el 2019 el aumento, en comparación al sexenio anterior, es de más de un 30 %, teniendo el pico más alto en el año 2022. Datos que no son sacados por nosotros, sino publicados por el mismo gobierno federal.
El punto más alto, como se los décimos, fue en el año 2022. De 5 mil carpetas de investigación pasamos a 11 mil carpetas de investigación, solamente la gente que denuncia el tema de extorsión. Eso es abrazar a los delincuentes y abandonar a las víctimas. Cada punto de esta gráfica representa familias extorsionadas, negocios cerrados y autoridades amenazadas. Este es el reflejo del abandono, esta no es percepción, es estadística oficial.
Hoy la extorsión en nuestro país afecta a comerciantes, transportistas, a muchos empresarios, pero también afecta a alcaldes, tesoreros, políticas municipales y servidores públicos, que ante la ausencia del Estado han tenido que huir o pagar para poder gobernar.
Y quiero ahí platicarles el caso de este servidor. Cuando fui alcalde de mi municipio en San Luis de la Paz, también fui extorsionado, también recibí llamadas del crimen organizado para solicitarme la obra pública. Y tenía que defenderme con una policía, la cual, necesitaba y carecía de recursos, mientras los abrazos y no balazos les quitaban los recursos a las policías locales. Desaparecían los programas y dejaban que los alcaldes y gobernadores lidiáramos con el crimen organizado solos.
Y no solamente este servidor, también en Michoacán, allá en Cotija con la presidenta Yolanda Sánchez; con Alejandro Arcos, en Chilpancingo, Guerrero; con Jorge Toledo Bustamante, en Morelos; con Francisco Tenorio, en el estado de México, muchos de ellos, incluso, perdieron la vida.
Hoy, en esta otra gráfica quiero mostrarles qué tanto fue que aumentó la cantidad de funcionarios que fueron extorsionados. Pasamos de 32 agresiones registradas en el 2018 a 80 en el 2023, en pleno auge de la supuesta estrategia humanista. Cada punto de esta gráfica es una vida amenazada por querer cumplir la ley, es una Presidencia municipal sitiada por el crimen.
En estados como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, la violencia económica del crimen se ha vuelto estructural. Los municipios hoy se encuentran solos, sin respaldo federal. Solo en enero a septiembre, lamentablemente de este año, se abrieron más de mil 300 carpetas por extorsión en el estado de México, más de mil en la Ciudad de México y casi 800 en Guanajuato. Más de 6 mil víctimas directas y miles que no denunciaron.
Hoy la extorsión se ha expandido a todo el territorio, hoy ya no hay zonas seguras, hoy los municipios están siendo rebasados. Los datos son del propio Secretariado Ejecutivo, no de nosotros en este septiembre 2025. No son percepciones, son cifras oficiales.
Y si bajamos a nivel municipal, la realidad aún es peor y es más cruda en ciudades como Celaya, Ecatepec, León, Irapuato, Querétaro, que encabezan la lista nacional de extorsión. Estos municipios son el rostro real de un Estado ausente y de una estrategia federal que fracasó.
Vamos a favor de lo general en esta iniciativa, pero creemos que es importante que contenga la coordinación efectiva entre federación, estados, municipios sin simulación, la protección real para los servidores públicos amenazados por el crimen, la extinción de dominio de los bienes de los extorsionadores para que sean recursos que se destinen a fortalecer la seguridad local y a apoyar a las víctimas.
Compañeras y compañeros, cuando un alcalde tiene que pagar para poder gobernar, pierde la democracia. Cuando un tesorero huye por miedo, pierde la comunidad y cuando el Estado se rinde ante la extorsión, pierde la nación.
Por eso desde esta tribuna el PRI alza la voz, alzamos la voz para pedir no más abrazos a la delincuencia, abrazos a las víctimas, abrazos a las familias que viven con miedo. Queremos una política de seguridad que defienda la ley, no la impunidad, que proteja a los municipios, no los abandone y que restablezca el Estado de derecho en todo el territorio nacional.
Esta ley no resolverá del todo, pero es un paso firme para recuperar el control del país, para devolver la voz a los municipios, la fuerza de Estado y la confianza a la gente, porque sin municipios seguros no hay país seguro, sin Estado de derecho no hay futuro posible. En el PRI no queremos más abrazos, en el PRI queremos resultados. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Óscar Iván Brito Zapata, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado Óscar Iván Brito Zapata: Con su permiso, presidenta. Debo destacar que pareciera ser interés de todos los grupos parlamentarios el apoyar esta ley para combatir un delito tan sensible como lo es la extorsión, pero también mi pecho no es bodega y se me hace muy lamentable los argumentos que ha venido aquí la oposición a señalar.
Se atrevieron a decir, iba a decir solo el PAN, pero la verdad es que ya se le sumó el PRI, que la 4T metió al país en este clima de inseguridad. Qué poca memoria histórica. Es de verdad lamentable que quienes dieron un golpe absurdo al avispero en el sexenio, un sexenio ilegítimo derivado del fraude el que encabezó Felipe Calderón, que puso las bases para que el crimen organizado se haga de la conducción de este país, que tenían un secretario de Seguridad Pública, hoy condenado como uno más de los grandes capos del crimen organizado y que continuó esta política de desmembramiento del tejido social con los gobiernos del PRI.
Es de verdad lamentable que no reconozcan que cuando llegó nuestro movimiento, en 2018, esa tendencia al alza en los delitos y en la violencia se paró y sí, incipientemente, pero ha ido a la baja.
Hoy, ese país que hicieron añicos y nosotros estamos reconstruyendo con una política integral que atiende las causas que generan la violencia, dando acceso a oportunidades, garantizando el bienestar en el seno familiar para recomponer el tejido social, hoy da un paso más adelante en un delito tan sensible como es la extorsión, ahí en mi tierra, en Yucatán, muy lamentable mencionar el caso, el gota a gota, que no solo se vale de la extorsión, sino también que abusa de la necesidad de la gente más pobre.
Esta ley representa un paso firme hacia un modelo de seguridad basado en la inteligencia, la prevención y la coordinación institucional, como desde el primer día de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha demostrado.
Hay que atender y comprender que sí se ha reconocido un alza en las denuncias de los delitos de extorsión, pero yo vería el lado positivo, hoy hay más confianza en la ciudadanía, hoy hay más confianza de la gente gracias a la estrategia nacional contra la extorsión para denunciar este delito tan lamentable. Pero veamos las bondades de esta ley que propone la presidenta de la República y que muchas compañeras y compañeros de la cuarta transformación han ido enriqueciendo.
Hoy contaremos con un tipo penal básico que aplicará gracias a esta ley general en todo el territorio nacional. Ahora, la extorsión se perseguirá de oficio, que es un avance importantísimo porque además de que ahora se establecen medidas de protección que salvaguardan la integridad de las víctimas, el que hoy sea la autoridad quien debe investigar sin exponer la seguridad de la víctima es algo digno de reconocimiento.
Hay que señalar lo que se está haciendo en positivo, y seguramente habrá medidas y propuestas que enriquezcan lo que hoy se está discutiendo, pero este es un primer gran paso para continuar lo que la cuarta transformación se dispuso, desde que se hizo con la conducción de este país, que es pacificar a nuestro pueblo. Gracias a esto, esta propuesta confío que va a contar con la inmensa mayoría de los votos para su aprobación.
Tolerancia cero a la extorsión. Paz, justicia y bienestar para el pueblo de México. Muchísimas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: A ver, empecemos por partes. Acción Nacional va a votar a favor esta iniciativa, en primer lugar, porque nunca hemos regateado cuando se trata de intentos por regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas.
En segundo lugar, vamos a votar a favor, porque fuimos el grupo parlamentario que primero presentó esta iniciativa, que por fortuna la presidenta retomó y digo por fortuna, porque lamentablemente en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que lo retome, como en este caso.
Hoy hablamos de uno de los temas más dolorosos para México, la extorsión, ese miedo cotidiano que se instaló en prácticamente todas las familias del país. Esa llamada telefónica que paraliza, la cortina de un negocio que no vuelve a abrirse, el camión que sale y no sabe si regresará.
Pero hablemos con claridad, no se autoengañen oficialistas, solo en el primer semestre de este año se registraron 5 mil 880 víctimas de extorsión en México, la cifra con registros más altos, registros oficiales, es decir, un aumento del 83 % en 10 años. Y recuérdenlo, el PAN dejó de gobernar hace 13 años, háganse responsables del presente, dejen de dar pretextos de lo que ustedes han dejado de hacer.
Pero como ya dije, fuimos los primeros que presentamos esta iniciativa y propusimos, con mucha claridad, que sea perseguido de oficio este delito, porque no podemos olvidar casos tan dolorosos como el que pasó el pasado 20 de octubre, donde fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que encabezó denuncias contra la extorsión en su región y que perdió la vida por una sola cosa, por confiar en la autoridad, por atreverse a pedir protección y justicia, ese crimen confirma lo que está pasando en el país, que denunciar te puede costar la vida.
Y no es el único caso, hoy mismo, los agricultores y campesinos que se han manifestado en todo el país, nos gritan una verdad que duele, hay hectáreas enteras de campo abandonado por miedo a pago de piso. El campo está detenido, no por falta de manos, sino por falta de apoyos y excesos de amenazas, y estas tragedias, no son mala suerte, son la prueba viva de que el Estado ha fallado, porque donde manda la amenaza, es porque la autoridad se ausentó.
Cuando una familia paga para vivir, el Estado ha fallado. Cuando un comercio paga para abrir, el Estado ha claudicado y cuando un agricultor es asesinado por denunciar, el crimen ya gobierna ahí.
La extorsión aparece justo en el hueco que deja la autoridad, pero tampoco nos autoengañemos, una ley no se mide por el número de hojas que tiene ni por el consenso que logra, como es el caso de esta ley, una ley se mide por cuántas vidas logra salvar, y de nada va a servir esta nueva ley si no se aplica, y es prácticamente imposible que se aplique si no tiene impacto presupuestal.
Por eso, nosotros exigimos que se reforme el articulo Noveno transitorio que establece que no habrá recursos adicionales, que todo será con cargo al presupuesto aprobado. La seguridad no se puede condicionar a los ahorros, sin dinero no hay resultados. El crimen lo sabe, la víctima lo sufre, el gobierno debe entenderlo también.
Y claro, sí lo vamos a votar a favor, porque así la presidenta de la República no va a tener pretextos para acabar con la extorsión, y lo vamos a votar a favor para que gobernadores como el mío, de Zacatecas, dejen de tener pretextos para poner atención en lo que está sucediendo en el mercado de abastos.
Lo vamos a votar a favor para que nunca más alguien tenga que callar por miedo. Lo vamos a votar a favor por que esta ley es para que cada familia vuelva a vivir con tranquilidad y con paz que nos robó justamente el cártel de Morena. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Yañez Cuellar, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: Compañeras y compañeros. Con permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: Hoy discutimos una ley que en el papel suena bien, una ley que dice venir a combatir la extorsión, pero que en la práctica llega tarde, sin recursos y con muchas dudas e inconsistencias jurídicas. Pero la intención es buena, nadie puede estar en contra de poner un alto a quienes amenazan, a quienes cobran piso y a hacer sufrir a las familias mexicanas.
Pero, también hay que decirlo con claridad, las buenas intenciones no se alcanzan para enfrentar a un país tomado por el miedo y por la impunidad. Y es importante, compañeras y compañeros del oficialismo, que hagan un reconocimiento público de que este delito creció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con su política errónea y fallida de abrazos y no balazos. Aquí están las consecuencias de ese mal presidente.
Y no lo decimos nosotros, también lo dicen las estadísticas. Según el Inegi, en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública en el 2024, más de 23 millones de personas adultas, mayores de 18 años, fueron víctimas del delito de extorsión, de asalto en la calle o en transporte público, pero más la extorsión.
Entonces, compañeras y compañeros, esta ley no es una victoria, es una confesión del fracaso del sexenio anterior. Esta ley en general sí busca utilizar criterios, endurecer sanciones y coordinar esfuerzos de estados y la federación. Eso es positivo. Pero lo preocupante es que hay que hablar con claridad a las mexicanas y a los mexicanos. Morena legisla al vapor, sin presupuesto, sin un diagnóstico y sin una estrategia de prevención.
Por eso, compañeras y compañeros, es buen momento, ahorita que tenemos próximo el análisis presupuestario del año 2026, para la asignación de recursos al fortalecimiento de la seguridad pública. Pero hay que decirle a las mexicanas y a los mexicanos, ustedes, en su propuesta traen una reducción de más de 13 mil millones de pesos en materia de seguridad.
Y bueno, habrá que preguntarse por qué hasta ahora esta ley, por qué esperaron a que este delito se convirtiera en el monstruo nacional. Porque la extorsión más dolorosa es la que comete también un uniformado que debería de protegernos. Miren ustedes, una inconsistencia de esta ley es eliminar la agravante cuando la extorsión la cometen policías, militares y exmilitares. Eso es inaceptable.
Y también preocupa que en el artículo 22 le permite reducir la pena a la mitad si el extorsionador se arrepiente dentro de los tres días, tres días. Como si bastara decir que el extorsionador se arrepienta de sus pecados para borrar el daño que le hizo a una familia o a un comerciante o a un empresario. Eso no es justicia.
Y ya sabemos que en todo México las filtraciones también matan. Y no es exageración. Muchas de estas víctimas dejan de denunciar a los Ministerios Públicos porque son ellos mismos los que filtran la información a los criminales. Otro punto grave, que lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, y lo reconocen, no hay presupuesto suficiente para ello.
Por ello, les decimos a ustedes: el Grupo Parlamentario del PRI, lo vamos a decir con claridad, vamos a votar a favor, porque está primero la protección de las familias mexicanas. Pero también...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame el orador, si es tan amable.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: ... vamos a denunciar lo que está mal, –concluyo–...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Diputado, si es tan amable, discúlpeme. La diputada Vianey está solicitando el uso de la palabra, entiendo que es para una pregunta. Solamente, si me lo verifica para preguntarle al orador. Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?
El diputado Arturo Yañez Cuellar: ¿Dónde? No la veo.
La diputada Rafaela Vianey García Romero (desde la curul): Era para solicitarle, a través de su intervención, una pregunta al orador. Pero entiendo que hay un acuerdo de la Junta de gobierno en donde no hay preguntas. Así que solicitaré mi intervención en ratificación de hechos, rectificación de hechos. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputado.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: Gracias. Nada más que si me repone mi tiempo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: Compañeras y compañeros, diputados del oficialismo, lo vuelvo a reiterar: las consecuencias las tenemos lamentablemente por la política fallida y errónea de balazos y abrazos de su presidente López Obrador.
Lo volvemos a decir con claridad: sí vamos a votar a favor porque están primero las familias, pero tenemos que denunciar lo que está mal. Y no somos una oposición solo por capricho, no somos una oposición por conciencia, somos una oposición responsable y aquí se los vamos a demostrar.
Porque la extorsión se combate con un verdadero Estado de derecho, con policías que sirvan, con jueces que no se vendan. Mientras esto suceda, cada extorsión, cada llamada, cada amenaza seguirá siendo nuestra triste realidad y una llamada de auxilio.
Por ello, compañeras y compañeros, decimos con claridad: hay un responsable de este crecimiento de este delito y es, lo vuelvo a reiterar, el sexenio de López Obrador. Pero por la tranquilidad de las familias mexicanas y porque primero está México, nuestro voto del Partido Revolucionario Institucional será a favor. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta, y con la venia de la asamblea. Creo que hemos coincidido, al menos todos los grupos parlamentarios, en que la extorsión no solamente es el delito que tiene hoy más incidencia en nuestro país, sino el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años. Es el delito de mayor crecimiento en los últimos años.
Esta propuesta de iniciativa no es menor, no es solamente el reconocimiento de que estamos enfrentando un flagelo difícil de atacar por las formas diversas en las que se presenta. Porque las extorsiones no solamente son el cobro de piso, como bien se ha dicho en esta tribuna, sino también son estas extorsiones telefónicas, por WhatsApp, de cualquier naturaleza que se hacen, inclusive hoy sabemos de manera pirata.
Porque muchos utilizan el miedo y el desconocimiento de la gente para extorsionarlos a nombre de grupos delincuenciales, que no es que los grupos delincuenciales no extorsionen, sino que lo hacen personajes individuales abusando de esta psicosis que a veces se da en relación a estos grupos criminales. Dicho eso, es entonces uno de los delitos, además, más silenciosos, porque hoy día el 97 % de los delitos de extorsión no se denuncian. Hay grandes temas en esta iniciativa.
Primero, el reconocimiento y la creación de una estrategia en materia de extorsión. Temas que son, creo yo, muy relevantes, como es la persecución oficiosa, ya no se tiene que denunciar, sino de manera oficiosa el Estado mexicano tendrá que perseguir a los extorsionadores.
El uso de la inteligencia y la tecnología, conocido también como la seguridad digital. Hay el caso de una antena de telefonía que servía por muchos años solamente a un penal. Era la antena que servía para la extorsión. Hoy con estas acciones en contra de la extorsión se ha logrado, no solamente que esto se le pueda solicitar a las empresas de telefonía que puedan no solamente desactivar números telefónicos, sino también bajar este tipo de torres que sirven a los extorsionadores.
Además, el tema de la prisión preventiva oficiosa que durante el proceso penal hoy ya se puede dar en este delito, la reparación del daño que se hará con recursos obtenidos por el procedimiento de extinción de dominio, pero, sobre todo, la homologación del delito, que era uno de los problemas más graves que teníamos porque no había una estrategia cierta que hacer en materia de extorsión.
Y otro de los puntos muy importantes, es que hoy se puedan hacer públicas las formas en las que se extorsiona para que la gente tenga también educación en esta materia y no caigan con estos fraudes que hoy existen a través de redes sociales, de WhatsApp y de muchos otros ganchos que hay en el aire en México.
¿Qué otra cosa es de destacar? El reconocimiento del Estado mexicano y el encabezar una estrategia, pero, sobre todo, el fortalecimiento a través de los estados con las unidades antisecuestros que ya existen en los estados y que atienden específicamente el secuestro, que sea a través de estas unidades que se atienda la extorsión.
Hay algo en lo que consideramos nosotros que en general esta iniciativa es positiva, sin embargo, aquí con mucha razón ha dicho el diputado Alejandro Domínguez, de Chihuahua, que hay excepciones de leyes locales que en su media son mucho más elevadas que la propuesta que se está haciendo de la penalidad que se propone en esta ley.
Es decir, en estados como el nuestro, como Chihuahua, que tenemos penalidades muy altas junto con Guerrero, hay la posibilidad de que delincuentes que hoy se encuentran detenidos puedan solicitar cobijarse con esta nueva ley. Es por eso que en eso nosotros en el Partido del Trabajo presentaremos una reserva para evitar que las penalidades sean menores que en estados como Chihuahua, Guerrero y Morelos, que tienen una media de 17.5 años en su penalidad.
Me parece que esto es atendible, pero, además, porque estamos tratando de combatir el delito de la extorsión, no liberar extorsionadores. Me parece que coincidimos todos en el flagelo que es este delito y por eso en el Partido del Trabajo votaremos a favor en lo general y presentaremos estas reservas que hemos dialogado también ya en la comisión y que son necesarias para ser de este un dictamen no solamente de avanzada, sino que cubra todas las necesidades de los estados del país. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo. Adelante, diputada, del Partido Acción Nacional.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: La extorsión es una plaga ya extendida en todo el país, en gran parte tiene su causa por una política de abrazos y no balazos, es la falta de Estado de derecho. Diputada, por allá me quieren preguntar algo... no sé, la 074, ¿no? Muy bien.
La extorsión es una plaga que se extendió por el país por la política de abrazos y no balazos y si no se dispara con AMLO el 50 % el cobro de piso. La extorsión desarticula el tejido social, restringe las libertades, impone un impuesto como el que se conoce del impuesto del crimen, impacta en la vida social y económica de los pueblos, son también aquellos nuevos desplazados de nuestra migración interna.
Quiero referirme a dos puntos en especial, perdón tres, Presupuesto, agravantes y algunas precisiones. El artículo noveno transitorio dice que no hay impacto presupuestal, la Comisión de Presupuesto mandó a decir lo mismo y, sin embargo, señores, señoras es un delito que es fácil de hacer y más cuando no hay Estado de derecho y muy difícil de combatir, tan es así que necesitamos esta ley. Y lo que pasó, lo que pasa es que no le dan ningún recurso y requiere el Estado recurso para combatirlo.
Hay un centro de atención a denuncias por el delito de extorsión, lo crea esta ley, lo establece en el artículo 41, necesita presupuesto para el centro, para capacitar, para los investigadores, para subir el sueldo.
Qué bueno que ya no se necesita la ratificación de una denuncia y que no se necesita la denuncia. Se abrirán miles y miles de carpetas para las que no habrá recurso alguno. La atención de las víctimas, yo creo que hay que fortalecerla, pero, en suma, el artículo 30 establece medidas que deberían de sostenerse con más presupuesto.
Hay también 16, 17 y 18, esos artículos se refieren a las agravantes. Qué bueno que hay una agravante en las penas en caso de mujeres embarazadas, de niños y de niñas, de comerciantes, de adultos mayores, de muchísimos.
Yo le agregaría también, además de lo que ya pusieron, que proteja candidatos y candidatas, a servidores públicos, a líderes sociales. Fue el caso de Bernardo Bravo. A líderes sociales como la maestra de Veracruz. A líderes religiosos, todos ellos cuando se hace la extorsión impacta directamente en la comunidad.
Por eso hay varias reservas en relación al presupuesto, a las agravantes y también a los sujetos activos, como lo señalaron. Hay algunas precisiones que quiero hacer. La reforma del artículo 73 que aprobamos aquí, con ustedes, establecieron 180 días para la discusión. Y lo que quieren hacer es sacarla antes de que llegue noviembre. Esas prisas hicieron que la definición del delito, que está en el artículo 15, tenga muchas preocupaciones.
O bien, también quiero precisarles que esas prisas hicieron no revisar bien las agravantes ni las penas ni el sujeto activo ni el sujeto pasivo. Quiero precisar, además, que no es como muchos de ustedes lo han dicho, muchos diputados, que ya es una ley nada más y que ya está todo homologado. No, se mantienen las leyes de los estados, por eso es tan importante el presupuesto a los estados, claro que sí, y no viene así en el próximo presupuesto. No es única ley, tan es así que en el artículo 8 hablar de la facultad de atracción, cada vez que se quiera se va a atraer.
Y, también creo que es importante que nos sentemos a pensar una cosa, ¿y si se equivoca la autoridad? ¿Si se equivoca la autoridad? Hay prisión preventiva oficiosa, en la que te meterán a la cárcel sin preguntarte. ¿Y si se equivoca la autoridad? No hay amparo que te proteja. ¿Si se equivoca la autoridad? No hay suspensión que te proteja. ¿Si se equivoca la autoridad? No habrá beneficios. Un poco de justicia restaurativa la deberíamos de haber... Deberíamos de haber pensado. ¿Si se equivoca la autoridad? Estamos desprotegidos.
De cualquier modo votaremos a favor, porque se necesita la ley, porque es uno de los delitos más sensibles que corroe a nuestras comunidades, pero estaremos pidiendo presupuesto, no basta la ley, necesitamos que el Estado tenga recursos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Compañeras y compañeros, hoy México, lo sabemos, enfrenta uno de los retos más dolorosos y profundos en su tiempo, la extorsión. Un delito que no solo roba dinero, sino que arrebata la tranquilidad, la libertad y la dignidad de miles de familias mexicanas. Una amenaza que ha dejado de ser invisible, para convertirse, sí, en una tragedia cotidiana, una herida abierta en el alma de nuestra nación.
La extorsión es esa llamada que paraliza a un comerciante, la cuota impuesta al transportista, al campesino, al pequeño empresario o empresaria. La amenaza que impide a una madre abrir su negocio o a un joven iniciar un sueño. Es el miedo que se instala en las calles, en los mercados, en los corazones de quienes solo quieren trabajar y vivir en paz. Y eso no lo podemos permitir más.
Según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 10 mil 200 carpetas de investigación por extorsión, una cifra sumamente alta, pero también consideremos en que lo alarmante es lo que no se ve. Más del 95 % de los casos no se denuncian. Por eso, compañeras y compañeros, no hablamos de estadísticas, estamos hablando de personas, de familias que cierran sus tiendas, de jóvenes que migran por el miedo que les arrebató su futuro.
La extorsión no solo daña a la economía, destruye el tejido social, hiere el corazón moral de la República. Donde impera el miedo no hay libertad, donde gobierna la extorsión, el Estado de Derecho se va desvaneciendo. Por eso, vamos a votar con total convicción, vamos a votar a favor de esta ley con compromiso, con total empatía y responsabilidad con el pueblo de México, a favor de esta Ley General contra la Extorsión propuesta por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
Con esta ley, el Congreso de la Unión tiene la oportunidad y la obligación de darle herramientas y condiciones al Estado mexicano para perseguir este delito, abatir la impunidad que existe y, al mismo, tiempo, devolverles la tranquilidad a las familias mexicanas y a las y los comerciantes y empresarios y empresarias.
Con esta iniciativa, la extorsión será investigada de oficio sin exponer a las víctimas. Las fiscalías contarán con unidades especializadas y tecnología para rastrear redes criminales, habrá coordinación entre federación, estados y municipios, para impedir que los grupos delictivos sigan desplazándose impunemente de una entidad a otra. Y, sobre todo, se garantizará que las víctimas reciban acompañamiento, protección y reparación.
Es a ellos y a ellas a quienes debemos mirar cuando votemos esta ley, porque este no debe ser un tema partidista, es una causa de país. Y lamento profundamente, y así se los digo, una vez más la mezquindad política de algunos, la sistemática negación del cambio a favor de la transformación y a favor de las causas más sentidas de la población. Yo esperaría que este tema quede totalmente fuera de un uso político, faccioso, para sacar beneficios con tal de desconocer los avances que se están registrando en esta ley.
El combate al a extorsión no distingue o no debe distinguir colores, nos debe unir como mexicanas y mexicanos que queremos vivir sin miedo, que queremos que la ley sea la más fuerte que el crimen, que queremos devolverle a México su derecho a la esperanza.
Y, a la ciudadanía que nos escucha, quiero decirles algo desde el corazón, el Congreso no puede resolverlo todo, pero sí puede marcar un antes y un después. Con esta ley el Estado mexicano se compromete a no ser espectador del miedo, sino protector de la libertad.
El gobierno de nuestra presidenta no será nunca un gobierno que contabiliza víctimas, sino que las defiende. ¿La extorsión es el síntoma de un país herido? Sí, pero también puede ser el punto de inflexión que nos lleve a sanar.
Si esta ley se aplica con seriedad, se dota de voluntad, existe coordinación, entonces, estaremos honrando a las víctimas y recuperando la confianza de nuestras instituciones. Compañeras y compañeros legisladores, la historia nos está observando. Este Congreso puede dejar constancia de su altura moral y política o puede volver a mirar hacia otro lado.
Yo estoy convencida de que México espera lo primero, de que aún tenemos la grandeza necesaria para decir con hechos que el miedo no gobernará más que la ley, porque cada extorsión tolerada es una rendición silenciosa y México no está hecho para rendirse.
Hagamos de esta ley un compromiso con la verdad, con la justicia y con la esperanza. Hagamos de esta ley el símbolo de un país que no se resigna, que vuelve a creer en sí mismo y que se pone de pie. Por la dignidad de las víctimas, por la paz de nuestras comunidades y por México, en Morena, votaremos a favor. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Ha solicitado, para rectificación de hechos... La diputada Vianey me informa que su solicitud ya no está vigente en este momento. Pregunto al Partido Acción Nacional... La diputada Eva María Vásquez Hernández, adelante, con qué objeto. Para hechos. Adelante, por favor.
La diputada Eva María Vásquez Hernández (desde la curul): Sí, presidenta. Básicamente es una rectificación de hechos. Porque se dijo en su momento que en Baja California hoy los gobiernos, bajo el cártel de Morena, la extorsión había bajado en todo el país. Y nada más falso que ello...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si son tan amables, por favor, de subir el audio a la diputada. Informo al pleno que ha solicitado para hechos, está registrada la diputada. Si hay algún otro solicitante, evidentemente a sus órdenes. Adelante diputada. Si son tan amables de subirle el audio. Muchas gracias.
La diputada Eva María Vásquez Hernández (desde la curul): Sí, presidenta. Básicamente por un tema de rectificación de hechos. Se dijo que con las administraciones bajo el cártel de Morena la extorsión había bajado en todo el país. Y quiero decirles que no hay nada más falso que esa falaz aseveración. Y para muestra un botón. En Baja California la extorsión aumentó en un 49 % en 2025, es decir en el ejercicio actual, comparado con el año anterior.
Y más grave aún, la extorsión no solamente se vive o se maneja desde los centros de rehabilitación, sino que ha quedado documentado que las autoridades no tienen ningún tipo de control ni cuidado en los Ceferesos, en los Ceresos. Y, algo muy delicado, la propia autoridad que forma parte del cártel de Morena, extorsiona ciudadanos de bien que se dedican a generar ingresos.
En Baja California, en Mexicali esa es una realidad. Tengo gente del sector comercial, gente que se dedica al sector restaurantero en Ensenada, que ha dejado atrás sus sueños porque es objeto de extorsiones por los propios entes criminales y por el gobierno. Parques, jardines de fiestas que son objeto de extorsión y justamente eso es lo que quiero posicionar, que en Baja California la extorsión por supuesto que es falaz, no va a la baja, va a la alta y eso se lo debemos agradecer al cartel de Morena. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la Fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 43.
Así como del Código Penal, a los artículos 11 y 390. Y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los artículos 167 y 273. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 3. Y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al artículo 49. Así como a los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto, sexto, octavo y noveno del proyecto de decreto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En consecuencia, se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Por favor, secretaria.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 456 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado en lo general por 456 votos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se han registrado los siguientes diputados para intervenir en sus propuestas de modificación. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Universidad de Los Ángeles, plantel Tulancingo, invitados por la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El diputado Juan Ángel Flores Bustamante: Hace unas horas una diputada querida de Coahuila me preguntaba cómo había sido ser alcalde y le contesté, ha sido la mayor experiencia grata de mi vida, pero también una de las más difíciles en mi existencia. ¿Por qué? Porque cuando iba a casa a dormir le daba gracias a Dios de que no me habían matado y cuando despertaba le daba gracias a Dios porque tampoco habían ido a mi casa a asesinarme.
¿Pero saben por qué fue esto? Porque sí combatimos la seguridad, la inseguridad que vivíamos en nuestro municipio, porque sí vivíamos extorsión y dimos la lucha para erradicarla y no estábamos de falsos, no estábamos de hipócritas, como hoy vienen los panistas a hablar y a decir y a echar culpa, cuando ustedes son los responsables, los principales responsables de la crisis que estamos viviendo en México.
Así como se escucha y vergüenza les debería de dar cuando la BBC de Londres el 21de febrero de 2023 señaló a quién tenía que haber generado la lucha contra el narcotráfico y estaba siendo culpable, sentenciado porque era un aliado de ellos.
Por eso hoy, me extraña que vengan a decir o a relamerse las heridas porque efectivamente como lo dijeron hace un rato llevan 13 años sin gobernar y así se van a quedar sin gobernar, ¿por qué? Porque no queremos que lleguen esos gobiernos hipócritas y falsos que protegen a delincuentes, no tan solo los delincuentes de cuello blanco, sino también a los que extorsionan y crean el miedo hacia la gente.
Por eso, hoy nos presentamos con esta ley que es bastante importante para combatir y erradicar la extorsión. Es una ley que promueve el Sistema de Inteligencia Criminal Integrado que permitirá compartir información, detectar patrones y prevenir de manera más efectiva este delito. También ya no se va a ocupar la ratificación, ya será un delito que se persiga de oficio.
Otra cosa importante, en esta ley es precisamente lo que tiene que ver con la agravante que son 34, como es el cobro de piso, los montadeudas, los montachoques y el uso de redes digitales con suplantación de servidores públicos. Nosotros sí estamos trabajando, estamos dándole la cara a la gente, no estamos aventando la bolita a ningún lado, estamos siendo responsables y por eso esta ley hoy ya será vigente para que precisamente se dupliquen los esfuerzos para erradicar este terrible delito.
Es un mensaje contundente, en México dejará de ser rentable y quedará impune quién calle ante este delito, pero no tan solo esto, también habla de pluriofensividad, para que entiendan los panistas no es tan solo un delito que causa una cuestión pecuniaria, sino que también afecta la mente, afecta la salud y las consecuencias de la extorsión, por supuesto que hoy serán punibles.
Y les digo también, a los priistas, que ya no se van a poder quedar con los ranchos que antes se quedaban de los delincuentes, para quedárselos a su modo, sino que hoy será la extinción de dominio la que permita legalmente que ese patrimonio que ellos han construido de forma ilegal, de forma abrupta en contra de las y los mexicanos, ahora será patrimonio del Estado para que pueda, en su momento, regresarse a la ciudadanía.
Por eso, nos ponemos a la vanguardia y Morena es responsable para poder presentar soluciones que permitan a nuestro país vivir en paz. Porque esa es la meta, ese es el objetivo, que en tu casa tengas tranquilidad, que los delitos realmente se persigan, que la paz se viva en nuestras calles, que como hace un rato les decía a los alumnos que nos visitaron de la Facultad de Derecho de la UAEM y de Ciencias Políticas, no normalicen la violencia, porque este país debe de ser un país libre, este país debe de ser un país en paz, este país merece vivir con tranquilidad.
Y, por eso, nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum está cumpliendo, y las diputadas estamos aquí para fortalecer este proyecto de nación. Es cuanto, presidenta y retiro la reserva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Toda vez que ha retirado su reserva y no hay materia, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Con su permiso, presidenta. El día de hoy estamos dando un paso importante para luchar contra un flagelo que lastima a la sociedad mexicana.
A mí me saca de onda, la verdad, es que se suban mucho aquí los diputados de Morena a hablar mal del PAN y a tratar de echarnos la culpa de algo que ha sucedido de forma puntual durante el gobierno del expresidente López Obrador y que actualmente sigue creciendo el delito de extorsión.
Y yo creo que más de echar culpas el día de hoy, lo que debemos de resaltar es que nos podemos poner de acuerdo en dar una lucha conjunta contra el delito de extorsión, para darles esa tranquilidad que merecen todos los mexicanos. Lo que se debe de reconocer en este momento es que este delito como tal creció de manera exponencial durante los últimos años y ha sido uno de los delitos que más lastima a la tranquilidad de las personas.
Fíjense nada más, este delito creció en los últimos años hasta el 75 % y lo más grave de todo es que hay un 97 % de personas que no denuncian el delito de extorsión por miedo o porque pues están siendo completamente amenazados.
Las pérdidas económicas de este delito ascienden, según la Coparmex, hasta 21 mil millones de pesos al año y está afectando a 1.3 millones de pequeños negocios. Creo que es momento de celebrar que se va a hacer esta ley para homologar el tipo penal, para tener elementos de persecución de este delito, la figura de la denuncia anónima que sin duda nos va a ayudar a mitigar este delito y la coordinación que debe de existir entre todos los órdenes de gobierno.
Sin embargo, hay algunas cosas que todavía son perfectibles y estamos a tiempo de corregirlas, una de ellas es precisamente el tipo penal de la propia ley y esta iniciativa, esta reserva que hemos trabajado en conjunto con el diputado Elías Lixa, mi coordinador del grupo parlamentario, queremos someter a la soberanía de esta Cámara, que se pueda corregir el principio de taxatividad que debe de existir a la hora de plasmar un tipo penal en la ley y es importante, porque no deben existir ambigüedades en la interpretación de este delito.
Si nosotros tan solo pudiéramos, en el artículo 15 de la ley, agregar la palabra de beneficio ilícito, podríamos darle mucha tranquilidad a la función que realizan muchas personas, en específico, pues tal vez la labor que realizan los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa, en ejercicio de la libertad de expresión, en el ejercicio de la investigación, de los reportajes y del trabajo periodístico y que no sean criminalizados por realizar su trabajo.
Si ponemos la palabra de beneficio ilícito, podemos asegurar que, en medios de comunicación, periodistas, reporteros, puedan hacer su trabajo sin la zozobra de que el gobierno quiera perseguirlos porque se ocurra investigara a algún servidor público corrupto.
En ese sentido, creo que podríamos avanzar para darle tranquilidad a los medios de comunicación, periodistas y reporteros, pero también encontramos que esta iniciativa, sin el adecuado, sin que le diéramos los recursos correspondientes, pues no queremos que sea una iniciativa únicamente simbólica.
Miren, el artículo 41 dice que se tiene que crear el Centro de Atención de Denuncias y, en eso, los estados deben de prever recursos. También se hace la obligación de instalar sistemas de inhibición de señales en los centros penitenciarios, y ahí también hay concurrencia presupuestal en estados y federación, así como acciones de prevención y muchas cuestiones que el artículo noveno transitorio no prevé.
Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos esta reserva para agregar la palabra de beneficio ilícito en el artículo 15 de la ley, y un noveno transitorio que pueda asegurarnos los recursos correspondientes en la implementación de esta importante reforma que ponemos a su consideración el diputado Elías Lixa y su servidor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: No se admite. Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. El diputado Alan Sahir. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? Si son tana ambles de ponerle audio, por favor, al diputado secretario de esta Mesa, que está ahora en su curul.
El diputado Alan Sahir Márquez Becerra (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Una moción de orden. Estamos discutiendo un tema muy relevante y que afecta a todo nuestro país, como lo es la extorsión. Y creo que vale la pena que todas y todos los legisladores le demos la atención debida.
Y además puntualizar un caso en particular con una crisis que vive hoy nuestro país en el gremio de las y los agricultores de todo el país, de nuestras y nuestros campesinos que hoy tienen tomadas distintas carreteras con justo derecho. Y que hoy a nombre de ellas y ellos levantamos la voz.
Los estaremos atendiendo las y los diputados, en el caso particular del estado de Guanajuato. Hemos presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Sader, a la Secretaría de Gobernación a que se atienda de inmediato y se resuelva esta crisis para nuestras y nuestros campesinos, a las y los trabajadores, a los agricultores, que se merecen el respaldo de los legisladores y de este gobierno federal. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Muchas gracias. Diputado Delgado, adelante, si es tan amable.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Con su venia, presidenta. México vive un momento histórico en su estrategia de seguridad y la coordinación con los estados, corporaciones y el gabinete mismo de seguridad al dar resultados precisos y avances sustantivos en los diferentes frentes más apremiantes que vive nuestro país.
En el despliegue de la estrategia del gobierno federal en materia de extorsión, fenómeno indiscriminado que sufren millones de mexicanos, este requiere abordarlo al nivel de sofisticación en que este delito despliega sus tentáculos en tan diversos frentes.
Por ello, la propuesta de dictamen responde a la altura de la exigencia del pueblo en esta materia. Este dictamen dota al país de un marco jurídico claro, robusto y uniforme para combatir uno de los fenómenos criminales más lacerantes en nuestra época.
Por primera vez se unifica la definición del delito de extorsión y, con ello, se elimina la dispersión legislativa que existía entre estados y federación, y se incorpora una política nacional de seguridad jurídica homogénea, que permitirá cerrar la puerta a la impunidad. Delitos como la extorsión son un ejemplo claro de cómo la delincuencia se reinventa y se adapta.
Este crimen, que alguna vez se consideró aislado, hoy se ha convertido en una práctica sistemática que afecta por igual a comerciantes, transportistas, empresarios y familias enteras. Ya no se trata únicamente de un crimen patrimonial, se ha convertido en una forma de violencia que destruye la confianza en la autoridad y erosiona el tejido social. Los grupos criminales han hecho de este delito un negocio que se nutre del silencio, de la impunidad y de la desesperación de las víctimas.
Es por ello que los cambios que hoy estamos discutiendo son de gran importancia. Expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión es un acto legislativo urgente. Porque la realidad nos exige un marco jurídico moderno, uniforme y eficaz para hacer frente a un delito que ha crecido y se ha diversificado por todos los rincones del país.
Con esta nueva ley general se homologará el tipo penal del delito de extorsión a nivel nacional, con sanciones y agravantes claramente definidas, 34 agravantes. Esto permitirá que las conductas sean castigadas de manera homogénea, sin importar el estado en el que se comentan, evitando vacíos legales y cerrando espacios de impunidad.
Además, se define una distribución clara de competencias y mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, para garantizar una actuación conjunta y efectiva en la prevención, investigación y persecución del delito. La extorsión no reconoce fronteras. Por lo tanto, el Estado mexicano debe de actuar como un solo frente en su combate.
Esta ley también establece reglas y procedimientos específicos para fortalecer la investigación y sanción penal, dotando a las autoridades de herramientas modernas, como la intervención de comunicaciones, el uso de inteligencia y el seguimiento de operaciones digitales bajo control judicial.
Desde el Partido Verde estamos convencidos de que con la expedición de esta ley se da un paso firme hacia un sistema de procuración de justicia más eficiente, moderno y con mayor capacidad de respuesta ante nuevas modalidades delictivas. Esta reforma permitirá combatir de manera más efectiva el delito de extorsión, protegiendo así la seguridad, la tranquilidad y el patrimonio de las y los ciudadanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Toda vez que ha sido retirada y no hay materia, tenemos el uso de la palabra para la diputada Diana Karina Barrera Samaniego, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego: Hoy este Congreso de la Unión vuelve a demostrar que cuando se legisla pensando en el pueblo no hay colores que nos dividan. Estamos ante una ley que no solo combate un delito, combate el miedo. Una ley que rompe con años de abandono, de indiferencia y de complicidad frente a uno de los crímenes más cobardes: la extorsión.
Durante mucho tiempo la extorsión fue el negocio más rentable del crimen y símbolo más visible de la impunidad. Miles de familias fueron víctimas de llamadas amenazantes, de cobro de piso, de grupos criminales ejercidos en mercados, en carreteras y hasta dentro de los centros penitenciarios.
Y, mientras todo eso pasaba, en los gobiernos anteriores se hacía lo más cómodo, absolutamente nada. El miedo se normalizó, las víctimas quedaron solas y las instituciones miraron hacia otro lado, pero esto terminó. Hoy bajo el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado mexicano recupera el control, la dignidad, la autoridad moral para enfrentar el crimen con una sola voz y un solo marco legal.
La Ley General de Extorsión que hoy discutimos es el resultado de la reforma constitucional que este Congreso aprobó por unanimidad y es la respuesta estructural a un problema que durante décadas se atendió con parches. Ya no habrá un Código Penal por cada estado, con castigos distintos. Ya no habrá delincuentes que crucen una frontera estatal para aprovechar vacíos legales. Hoy por fin la extorsión será perseguida y castigada con el mismo rigor en todo el territorio nacional.
Y esto no se trata de palabras, esta ley impone penas severas de 8 a 15 años de prisión y hasta 2 tercios más en caso de violencia, complicidad o crimen organizado. El mensaje es claro, quien viva de la extorsión terminará bajo las rejas. Por años la extorsión telefónica y carcelaria fue el reflejo de un Estado débil y corrupto, hoy esta ley obliga a bloquear señales, confiscar teléfonos y sancionar a cualquier servidor público que lo tolere. Y quiero decirlo con toda claridad, en este gobierno no habrá cómplices en los penales, ni socios en impunidad.
También hay que decirlo, esta no es una ley de castigo, es una ley de protección, protege a las víctimas, a los testigos y a las familias. Les garantiza identidad, acompañamiento psicológico, jurídico y protección real. Porque mientras antes el Estado llegaba tarde, hoy el Estado llega a tiempo. Y detrás de esta ley hay un cambio profundo y una visión, la cuarta transformación no combate la violencia con discursos vacíos, sino con inteligencia, con tecnología, con coordinación y con justicia social.
Mientras antes se usaban las instituciones para simular seguridad, hoy se usan para proteger a la gente de verdad. Esta ley también golpea donde más les duele, al crimen organizado, a sus finanzas, extingue sus bienes, les quita su dinero y desmantela sus redes. Ya no habrá fortunas construidas sobre el miedo del pueblo.
Cuando hablamos de la extorsión no solo hablamos de estadísticas, hablamos de la mujer que cada mañana teme para abrir su negocio, del agricultor que vende su cosecha sabiendo que alguien más se la llevará, del transportista que paga por circular, del joven que recibe una llamada amenazante. Esa gente no pide discursos, pide justicia, pide Estado, pide resultados. Y eso es precisamente lo que esta ley entrega.
Con esta ley, el Congreso y el gobierno de México mandan un mensaje inequívoco, que la extorsión no solo se condena inevitable, sino que el crimen será castigado sin tregua. Que nadie dentro ni fuera de la cárcel podrá volver a intimidar a las familias mexicanas con total impunidad y que la paz no se negocia, se construye con leyes firmes, instituciones fuertes y voluntad política.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego: Porque este Congreso no legisla para el miedo, legisla para la justicia, para la seguridad y para la esperanza del pueblo de México. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego: Retiro la reserva.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: No hay materia de consulta. Esta Mesa Directiva le da la más cordial bienvenida a estudiantes de la carrera de derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Campus Santa Fe y Campus Toluca, invitados por el diputado Adrián González Naveda. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Esperamos que tengan una muy placentera visita. Cedemos ahora la palabra a la diputada Ana González González, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Isabel González González: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Ana Isabel González González: Le agradezco. Compañeras y compañeros, el día de hoy me da mucho gusto poder subir a esta tribuna y decir que hoy somos parte de la solución y, ¿por qué digo que somos parte de la solución? Porque el día de hoy lo que estamos votando en esta honorable Cámara de Diputados incluye la propuesta que fue presentada no solo por su servidora, sino también por mi compañera Mónica Sandoval del Grupo Parlamentario del PRI, donde preocupadas por la extorsión hicimos propuestas para que el día de hoy fueran votadas, las cuales desde el día de ayer en la Comisión de Justicia fueron aprobadas por unanimidad, y se los valoro y se los agradezco a cada una de ustedes y cada uno de ustedes.
Sin embargo, sabemos que era necesario homologar nuestra ley federal para que estuvieran esas penas no solamente en algunos estados, sino que estuviera a nivel nacional, este tema que ha venido perjudicando desde el nacimiento del crimen organizado con el cobro de piso, con el hostigamiento, con la forma de molestar no solamente en la cuestión económica a los comerciantes, a los empresarios, a los mismos servidores públicos, sino también lastimar a todos esos ciudadanos en cuestión de salud mental. ¿Por qué? No creo que se pueda vivir tranquilo con este tipo de extorsiones y con este tipo de solicitudes monetarias, pero que a la vez perjudican también en lo psicológico.
Lo que también hay que mencionar es que el día de hoy se hace una propuesta porque toda ley es perfectible. Claro, avanzamos el día de hoy y en el PRI somos parte de la solución, pero hay muchas cosas que todavía podemos hacer, sí se beneficia obviamente a las víctimas, se va a estar beneficiando y apoyando también a aquellos testigos, por supuesto, a los menores que puedan formar parte también de este gran delito que a nivel nacional ya podremos decir que los tres órdenes de gobierno ya van a estar en sintonía para poder darle respuesta a la ciudadanía y poder atacar esto que se ha permitido que crezca en nuestro país.
Hay que reconocer que en los últimos años la materia de la extorsión ha crecido de una manera como si fuera agua en un vaso que se está llenando y se está derramando por todos lados. La extorsión perjudica no solamente al que es extorsionado, al que es víctima, la extorsión perjudica a cada uno de nosotros.
Por ejemplo, pongamos un ejemplo el día de hoy aquí en esta Cámara de Diputados, una persona que va al mercado, que va a algún puesto a comprar limones, a comprar carne, pero si ese lugar que brinda este servicio a la ciudadanía está ahorita sometido, por ejemplo, al cobro de piso, obviamente el producto es más caro para nosotras, para los ciudadanos, para las y los mexicanos que van y consumen. Entonces, por eso digo lo fuerte que es el tema de la extorsión que no solamente perjudica a la víctima, que también perjudica al consumidor y que ha acabado hasta con vidas y eso es lamentable.
Hoy celebramos que podemos ponernos de acuerdo en esta Cámara de Diputados por el bien de las y los mexicanos, pero ojo, hay mucho todavía qué aprobar. El día de hoy estamos aprobando apenas de 6 a 15 años, sin embargo, las propuestas también de su servidora en reservas son de hasta 25 años para poder tener el sistema penal del lado del consumidor, del lado de los ciudadanos y de quienes tienen también esta oportunidad de vender y de tener un servicio al alcance de la comunidad.
Hoy necesitamos estar unidos, y en materia de seguridad es lo que más nos exigen las mexicanas y los mexicanos, que podamos darles respuesta. Hoy se avanza en este tema de extorsión. Por supuesto que estamos en contra de la extorsión, pero exigimos que todas esas lagunas legales que continúan en esta ley y en lo que se está proponiendo, pueda salir adelante en beneficio de las y los mexicanos.
De nueva cuenta, diputadas y diputados, les agradezco el que se haya votado a favor la iniciativa de su servidora en esta propuesta tan importante que es el tema de la extorsión. Pero les pido que sigamos trabajando en equipo por el bien de las y los mexicanos.
Con eso comprobamos que en el PRI no es que estemos en contra de lo que se propone aquí, estamos en contra de lo que no les beneficia a las y los mexicanos, y hoy que es extorsión y que hemos sido tomados en cuenta en esta gran, gran iniciativa que presentó su servidora y, por supuesto, que tiene mucho por mejorarse estamos a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada María de Fátima García León, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar su propuesta de modificación.
La diputada María de Fátima García León: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada María de Fátima García León: Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es un delito que roba la tranquilidad, la confianza y en muchos casos el sustento de las familias mexicanas.
Cada llamada amenazante, cada cobro de piso, cada mensaje intimidatorio es una acción en contra de la paz y la tranquilidad social. La extorsión no solo destruye economías locales, somete a comunidades enteras al miedo, frena la inversión, empobrece al país y debilita al Estado.
Por eso, la Ley General contra la Extorsión representa una respuesta necesaria, una herramienta que permitirá unificar criterios, cerrar vacíos legales y fortalecer la coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Hasta hoy hemos vivido con un marco fragmentado, 32 códigos generales diferentes, con sanciones y definiciones que varían de un estado a otro, esa dispersión ha favorecido la impunidad, sin embargo, al aprobar esta ley no debemos dejar de lado los riesgo y omisiones que puede implicar.
El primer riesgo es que se convierta en una promesa vacía si no se acompaña de recursos y capacidades reales. Una ley sin presupuesto, sin capacitación policial ni ministerial puede terminar siendo letra muerta, por eso esta ley debe ir de la mano con un compromiso financiero y operativo del Estado mexicano.
El segundo riesgo es el posible abuso o mal uso del tipo penal. Si el delito de extorsión no se define con precisión corremos el peligro de que se use de manera discrecional contra personas inocentes. El combate al crimen no puede traducirse en persecución injusta, la ley debe ser firme, pero también garantista. Y el tercer riesgo es la falta de confianza ciudadana. Ninguna ley funcionará si las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias o por desconfianza hacia las autoridades.
Por eso, junto con la aprobación de esta ley necesitamos fortalecer los mecanismos de denuncia anónima, la protección de víctimas y la vigilancia ciudadana sobre las instituciones encargadas de aplicarla.
Además de estos riesgos, quisiera llamar la atención sobre un delito que está vinculado con la extorsión y en general con las actividades delictivas del crimen organizado, me refiero al reclutamiento infantil.
El reclutamiento infantil ha sido utilizado para darle un espacio de impunidad al crimen organizado, por eso debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir y combatir este delito. Sabemos que la mayoría de los menores que son reclutados actúan bajo coerción, amenazas o manipulación. Por eso, sancionar a los reclutadores y rehabilitar a las víctimas, es una cuestión de justicia.
Para las y los diputados de Movimiento Ciudadano la niñez debe jugar, aprender y crecer, no guerrear ni delinquir. Por eso, he presentado una reserva para modificar el artículo 19, fracción XIII, para que se incremente la pena por el delito de extorsión cuando se empleen, coaccionen o recluten a personas menores de edad para participar en la práctica de la extorsión, penalizar con severidad a quienes recluten o utilicen a menores en actividades de extorsión. Es enviar un mensaje claro, la niñez es intocable y es de todos conocidos que la impunidad fomenta el reclutamiento, la sanción firme lo inhibe.
Compañeras y compañeros, quiero hacerles un atento llamado para que, de manera responsable, dejando de lado las diferencias partidarias, legislemos para prevenir y sancionar el reclutamiento infantil.
Revisemos las diferentes iniciativas que han sido presentadas y construyamos un marco jurídico que ayude a acabar este delito. Recordemos que prevenir y sancionar el reclutamiento infantil no es un solo tema penal, sino civilizatorio, ya que cada niño reclutado es una vida truncada, una familia desgarrada y una comunidad debilitada.
Sancionar el reclutamiento infantil es proteger el futuro del país, es rescatar a quienes hoy están atrapados por el crimen y evitar que la violencia se herede como destino. La niñez debe estar en las escuelas, no en las trincheras...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada María de Fátima García León: ...debe ser esperanza, no herramienta para infundir miedo. Por el bien de todas y todos, primero las niñas y los niños. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Flor de María Esponda Torres, del Partido Morena, hasta por cinco minutos, para presentar su propuesta de modificación.
La diputada Flor de María Esponda Torres: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Flor de María Esponda Torres: Saludar, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de la Cámara de Diputados y, por supuesto, al pueblo de México, en especial al pueblo de Chiapas que me honro en representar. El Código Penal Federal, en su artículo 390, define a la extorsión al que sin derecho obligue al otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un prejuicio patrimonial.
Con esta Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada, por supuesto, por nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, considera a este delito como pluriofensivo, como siempre ha sido, ya que no solamente se ha limitado a daños patrimoniales, sino que también atenta contra la paz, la seguridad y el bienestar psicológico, social y emocional de miles de mexicanas y mexicanos.
Si algo define a quienes hoy se han rasgado las vestiduras y que son los principales causantes de la descomposición del tejido social que esta transformación encontró en 2018 es la hipocresía como doctrina que manejan los compañeros de la derecha, lo que hoy se conoce como el PRI y como el PAN.
Durante el sexenio de Vicente Fox, hay que recordar, se fortaleció el crimen organizado, pactando con autoridades para obtener impunidad. Durante el sexenio del narco-gobierno de Felipe Calderón, hay que decirlo, la extorsión alcanzó un techo máximo del 140 %.
En sus sexenios, compañeros de oposición, en tan solo 18 años este delito se incrementó en un 918 %. Háganse responsables del presente, carroñaban aquí hace unos instantes. Ustedes háganse responsables de las atrocidades que le hicieron al pueblo de México. No sean hipócritas.
Y sí, y sí nos estamos haciendo responsables, nosotros, los que hemos acompañado esta transformación del pueblo, de esa maldita herencia que nos dejaron. Le hemos respondido al pueblo con esta ley, que previene, investiga y sanciona los delitos en materia de extorsión.
Es importante mencionar que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, dentro de sus principales objetivos, contempla la disminución de delitos de alto impacto, como lo es la extorsión. En este sentido, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que encabeza nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, mediante investigación e inteligencia fomenta también la creación de unidades antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a los operadores del 089 en manejo de crisis y negociación e implementar una campaña de prevención nacional, sobre todo en los estados con mayor impacto en este delito.
Les pedimos que sean coherentes con sus acciones. No pueden venir aquí a intentar dar lecciones, cuando sus gobernadores, muchos de la oposición, se niegan a asistir a las mesas de seguridad convocadas por el gobierno federal.
Compañeras y compañeros, la reserva que hoy presento es a la fracción II del artículo 11 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, estableciendo que los acuerdos impulsados de coordinación de las dependencias también deben considerarse de carácter municipal.
Nosotros no compartimos esa estrategia fallida del garrotazo al avispero, de la mano dura, como lo llaman ustedes, porque están demostrando que nunca dio resultados. Lo que sí permitió fue la violencia de la soberanía, armar a los carteles y ensangrentar a nuestro país.
Hoy el Estado mexicano, el de la cuarta transformación, acompaña y protege a la víctima. Coincido con lo antes expresado, esta ley representa un paso firme hacia un modelo de seguridad basado en inteligencia, prevención y coordinación interinstitucional, tal como lo ha impulsado desde su primer día de gobierno nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Flor de María Esponda Torres: ... Y coincido que esta ley es un paso hacia un México donde la extorsión deje de ser un negocio rentable para los delincuentes y se convierta en un delito de alto riesgo y castigo severo. Es cuanto. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. No hay materia de consulta. Cedemos el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para presentar su propuesta de modificación.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Compañeras y compañeros diputados, hoy votamos a favor de una causa que no admite titubeos: la defensa de las y los ciudadanos frente a la extorsión, delito que lamentablemente se ha convertido en uno de los más comunes y lacerantes. Hoy es prácticamente un impuesto criminal que asfixia a transportistas, locatarios, ganaderos, comerciantes, taxistas y a cualquier persona que emprenda un negocio. Un acto que no solo roba dinero, sino también la tranquilidad y la libertad.
El Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de este año, señala que la extorsión es el tercer delito más frecuente entre los mexicanos, solo por detrás del fraude y del robo en la calle o el transporte público. En el primer semestre de este año se registraron 5 mil 887 víctimas, la cifra más alta en registros oficiales, lo que representa un aumento del 83 % en los últimos 10 años. Ejemplo de ello es mi estado, Veracruz, donde la situación se ha tornado verdaderamente crítica.
No solo se ha posicionado como la única entidad de la República donde este ilícito no ha disminuido desde 2019, sino todo lo contrario, ha crecido en poco más del 60 %, tomando igualmente como punto de referencia el primer semestre del año. Y esto no lo digo yo ni lo dice la oposición, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Como olvidar el lamentable caso de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández, quien fue asesinada por negarse a pagar derecho de piso a los grupos delincuenciales. Pues el jueves pasado un empresario naranjero, también del municipio de Álamo, fue atacado a balazos tras haber sido amenazado para que pagara cuotas de cobro de piso y lamentablemente falleció.
Ayer mismo en un asilo de ancianos, en el centro de Veracruz, hubo una amenaza por supuestos integrantes de un grupo criminal, quienes exigieron un monto de 30 mil pesos a cambio de protección. Imagínense, ni siquiera las personas de la tercera edad están a salvo de estos delincuentes.
Con este dictamen se busca mandar un mensaje contundente: en México quien vive del miedo, quien amenaza, quien cobra piso, quien intimida, debe pagar las consecuencias. Pero también hay que decirlo, ninguna reforma por sí sola logrará resolver el problema, hay que exigir resultados, y para ello se debe incrementar el presupuesto a los Ministerios Públicos y a las policías estatales.
En Acción Nacional votamos a favor de este dictamen porque creemos en un país donde la ley se respete y se aplique. Uno donde los ciudadanos vivamos sin miedo y donde el gobierno cumpla con su deber de protegernos. Porque, además, de cada cifra, detrás de cada cifra hay una familia aterrorizada, un negocio que cierra, una víctima que deja de confiar en el Estado y sus instituciones.
También es importante subrayar que en septiembre impulsamos ya una iniciativa integral en materia de extorsión, presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto, celebramos que esta ley retome varios de los planteamientos que hemos defendido.
Sin embargo, también reconocemos que hay aspectos que pueden fortalecerse, sobre todo, en materia de protección a víctimas. Por ello, es que presentamos diversas reservas para integrar principios de legalidad, proporcionalidad, eficiencia, progresividad, interés superior de la niñez y enfoque en las víctimas, entre otros. Finalmente, lo quiero decir de manera contundente, las mexicanas y mexicanos quieren trabajar...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: ... con paz y libertad, con la tranquilidad de que ningún delincuente los va a despojar de su patrimonio. En Acción Nacional tenemos la esperanza de que con esta ley podremos iniciar el camino para acabar definitivamente con este delito. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar su propuesta de modificación.
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández: Lamentamos los temas de la seguridad pública, siguen siendo temas que aquejan de manera importante a la ciudadanía. La seguridad pública es una de las demandas más sentidas de los ciudadanos y debe de ser tratada con el gobierno de manera eficaz y oportuna. Con mucha preocupación observamos que una de las cuestiones que más preocupa a nuestra población es la extorsión, es la que se realiza en redes o por vía telefónica o aquella que implementan grupos delincuenciales a través del cobro de piso.
Más allá de los reclamos y las culpas al pasado, la seguridad requiere propuestas y acciones con la finalidad de recuperar la paz en nuestro país. Las cifras de inseguridad en el país nos ponen en condiciones innegables de reflexión. El incremento en la percepción e inseguridad a nivel nacional se acompaña de diversas cifras y preocupaciones ciudadanas y de organizaciones que expresan las diversas problemáticas derivadas de la inseguridad, particularmente en los problemas de extorsión, para esta representación como para el Grupo Parlamentario del PRI la seguridad de las familias mexicanas es una de las tareas más indispensables por la seguridad y las preocupaciones de la población es que hemos buscado proponer y trabajar en favor de propuestas legislativas que sean una herramienta para garantizar el libre y pleno desarrollo de las familias. Con base en estos principios presentados, una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.
Gracias, amiga y compañera, Anita González. Con base en estos principios hoy estamos discutiendo un dictamen de toda al Estado de México en un marco de actuación que si bien reconocemos permitirá tener acciones para enfrentar dicha problemática.
Lamentamos que dentro de este dictamen no se hayan incluido propuestas que pudieran enriquecer el mismo. De aprobarse sin realizarse aportaciones existirán riesgos como, ahora aunque se informe a la población sobre el delito, las autoridades podrán responsabilizar a las víctimas de extorsión por no prevenirse adecuadamente.
Se otorga la facultad a la Policía Federal Ministerial y al Ministerio Público de consultar la información generada. El Sistema de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública sin existir reglas claras para la protección de datos personales. No se presentan mecanismos de supervisión que garanticen que no existan vínculos entre autoridades ministeriales y el crimen organizado.
Por diversos medios de comunicación han sido denunciados casos en los que autoridades como Ministerios Públicos y elementos de seguridad pública informan a las bandas delincuenciales sobre las personas que interponen denuncias con el objeto de que sean objeto de presiones y amenazas para retirarlas. Es así lo que vivimos hoy tristemente y se los digo.
Hoy en día México vive el peor momento de seguridad y lo sabemos. Nos da miedo salir a la calle, ya nos da miedo contestar una llamada, nos da miedo hacer una denuncia. Es muy triste, pero se los digo, hoy en día el crimen organizado es quien gobierna nuestro país, de esa manera se los digo.
Despierta México y levanta la voz junto con nosotros, porque somos más los buenos que los malos. Acabemos con este gobierno de cuarta que está llevando a la destrucción a nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Esta soberanía quiere saludar y agradecer la presencia, en este salón de sesiones, de la excelentísima señora Julia Elizabet Hayat, embajadora de Jamaica en México, quien nos acompaña con motivo de la instalación del Grupo de Amista México-Jamaica, presidido por la diputada Claudia García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Embajadora, sea usted bienvenida, esta Cámara de Diputados hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones.
Además, expresamos nuestra solidaridad y deseos de que el huracán Melissa no haga estragos en su querida nación. Bienvenida a esta soberanía. Gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar propuesta de modificación.
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón: Compañeras y compañeros legisladores y pueblo de México. Hoy, en el Congreso de la Unión da un paso firme, necesario y profundamente justo. El dictamen que hoy discutimos para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión representa una respuesta del Estado mexicano a la solicitud de miles de familias trabajadoras, comerciantes, transportistas y empresarios que día con día viven bajo la amenaza de la extorsión.
Desde el Partido del Trabajo respaldamos plenamente esta iniciativa impulsada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque nace de una visión integral de seguridad, justicia y bienestar. No se trata solo de castigar, se trata de reconstruir la confianza del pueblo en sus instituciones y, sobre todo, de garantizar que nadie vuelva a ser víctima del miedo o de la impunidad.
Durante años la extorsión ha sido una herida abierta al pueblo de México, un delito que se nutre de la desigualdad, del abandono institucional y de la corrupción, pero hoy estamos cambiando esta historia. Con esta ley México contará por primera vez con un marco legal unificado, que homologa el tipo penal de extorsión y fortalece la coordinación entre federación, estados y municipios, porque la delincuencia no tiene fronteras y la ley tampoco debería de tenerlas.
Esta norma protege a quien más lo necesita, las víctimas. Establece medidas de protección para las familias y personas cercanas al denunciante, así como también resguarda la identidad y los datos personales, garantizando la confidencialidad de quienes denuncian, y crea mecanismos para que la justicia llegue sin miedo y sin represalias, otorgando la vigilancia de custodia, alejamiento temporal, alimentos y posibilidad de cambio de domicilio o de trabajo para estas víctimas. Además de que se perseguirá de oficio el delito de extorsión, porque el Estado tiene la obligación de actuar sin esperar a que el pueblo enfrente solo al crimen.
Compañeras y compañeros, en el Partido del Trabajo defiende que la justicia no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Por eso, hoy celebramos que esta ley incluya sanciones severas, tanto para quienes extorsionan directamente o para quienes facilitan o encubren el delito. También celebramos que se impidan beneficios a los penitenciarios, quienes sean sentenciados por este delito, porque no puede haber tolerancia con quienes lastiman al pueblo.
Asimismo, se atiende uno de los mayores problemas del sistema penitenciario, la extorsión que ocurre dentro de las cárceles. Esta ley establece controles tecnológicos y responsabilidades claras para evitar que desde los centros de reclusión se siga delinquiendo, el mensaje es contundente, la cárcel no será refugio del crimen, sino límite de su impunidad. Esta ley también impulsa la prevención y la cooperación institucional del Centro de Atención a Denuncias por el delito de extorsión, que estará al servicio de la ciudadanía no de la burocracia.
Este Centro de Atención estará vinculado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fortalecerá el vínculo con la ciudadanía, porque la seguridad del pueblo se construye con el pueblo. Por eso, desde el Partido del Trabajo votamos a favor con plena convicción, con el corazón del lado del pueblo y con la firmeza de quienes creemos que la justicia no se negocia, se garantiza. Hoy, el Congreso le está devolviendo al pueblo la esperanza. Que viva la justicia, que viva el pueblo de México. Muchas gracias y retiro mi reserva.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. No hay materia a discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia saluda al Comité Ejecutivo 2025-2028 del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, invitados por los diputados de Oaxaca, Naty Jiménez, Miriam Vázquez y Aciel Sibaja Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me presento ante ustedes para hablar de un sufrimiento que viven en el silencio miles de hogares y negocios mexicanos. En Movimiento Ciudadano no venimos a debatir cifras frías, sino a encarar la cruda realidad de la extorsión que se vive en todo México, el delito de extorsión es un cáncer social que arranca la paz, destruye patrimonios y somete a familias enteras al terror psicológico.
Cada llamada, cada amenaza de cobro de piso es una violación directa a la libertad y a la dignidad humana. Las víctimas de extorsión no solo pierden sus ahorros, pierden su tranquilidad, su capacidad de soñar y la fe en el Estado para que este los pueda proteger. Este delito no solo sustrae dinero, sustrae la calidad de vida y la esperanza. Por ello, debemos comprender que nuestra inacción es complicidad con el victimario, es hora de dejar de lado la tibieza legal y actuar con firmeza.
Debemos de entender que la delincuencia organizada ha conformado en varias regiones del país gobiernos paralelos que realizan funciones estatales claves, recaudando cobros de piso que proporcionan seguridad y aplican justicia mediante tablazos, latigazos y, en el mayor de los casos, la muerte, circunstancias que afectan la dignidad de miles de mexicanos y mexicanas que se ven obligados a obedecer a personas que no son gobierno, que no son policías y ni siquiera servidores públicos, son delincuentes y opresores del pueblo.
Por todo ello, la expedición de una ley de extorsión con carácter general no es una mera opción legislativa, es una necesidad impostergable para que así se garantice la seguridad jurídica y personal de todos los habitantes de la república mexicana. Para lograr este objetivo fundamental y dotar al sistema de justicia de las herramientas que actualmente le han sido negadas proponemos la adición estratégica de los artículos 14 Bis y 14 Ter al cuerpo normativo de esta nueva legislación.
El artículo 14 Bis aborda una realidad dolorosa, la extorsión se ha vuelto primordialmente un crimen telefónico y digital. Este artículo establece una obligación de colaboración urgente para las concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios digitales.
Actualmente la lentitud de la respuesta permite que el extorsionador complete su cometido antes de que la autoridad pueda actuar. El 14 Bis exige que ante una extorción en curso o eminente flagrancia las empresas colaboren con la Fiscalía y el Centro Nacional de Atención a Denuncias. Su disposición clave es el plazo, deben dar respuesta a los requerimientos de información, bloqueo de líneas o suministro de metadatos en un lapso máximo o improrrogable de cuatro horas.
Este plazo de cuatro horas no es una mera formalidad, es el tiempo vital que separa el pánico de la víctima de la acción efectiva del estado. Su incumplimiento debe ser sancionado conforme a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta disposición transforma a los particulares en aliados obligados en la primera línea de defensa, permitiendo a la autoridad neutralizar las herramientas del delito, la línea telefónica con la velocidad que la emergencia demanda.
El segundo gran frente de batalla es la extorsión que se gesta desde el interior de nuestros Centros Penitenciarios. En el artículo 14 Ter que se propone en la reserva se concentran las responsabilidades y el control tecnológico. Este precepto establece que los sistemas de inhibición de señales de comunicación en las cárceles deberán ser sometidos a auditorías tecnológicas bimestrales por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esto garantizaría que la tecnología funcione de manera constante, lo más contundente. Y, sin embargo, es la atribución de responsabilidad del director del centro penitenciario, y será el responsable directo de garantizar la operatividad y el mantenimiento constante de dichos sistemas.
Con esto pasaríamos de la justificación a la rendición de cuentas. No basta con instalar inhibidores, se exige que funcionen. Se obliga a las autoridades penitenciarias a la máxima coordinación interna, para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operación criminal.
Señoras y señores legisladores, estas adiciones transforman una ley necesaria, para que sea una herramienta contundente de justicia penal. Y es el momento de la reflexión, insisto. Ha concluido, y hoy es imperativo, es la acción legislativa para que aprobemos esta ley. Demostremos a la ciudadanía y a los criminales que el Estado mexicano es firme e inquebrantable en su compromiso con la seguridad, la libertad y el respeto al patrimonio de cada mexicano. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos para presentar propuesta de modificación.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con la venia de la Presidencia. Hoy estamos votando una ley muy importante. Pero, seamos claros, lo que este gobierno presenta como un gran logro legislativo en realidad es un plagio político de las ideas del PNA. Sí, así de claro. Copiaron nuestra iniciativa, maquillaron los párrafos y ahora quieren colgarse la medalla. Pero está bien, primero es México.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión no nació en Palacio Nacional. No, nos equivoquemos. Ni en la Secretaría de Seguridad. Nació aquí, en esta Cámara, el 17 de septiembre, cuando Acción Nacional presentó primero una propuesta seria, técnica y completa para enfrentar de raíz uno de los crímenes más extendidos y crueles del país: la extorsión.
Fuimos nosotros, no ustedes, quienes propusimos que el delito de extorsión fuera imprescriptible, que no pudiera archivarse temporalmente una investigación mientras la víctima espera justicia. Que existiera una estrategia nacional contra la extorsión con participación real de los estados, municipios y del sector privado. Y que hubiera una verdadera protección integral de las víctimas.
No discursos huecos ni simulaciones. Hoy el gobierno llega tarde, sin humildad y sin vergüenza, pretendiendo vender como iniciativa presidencial lo que ya estaba escrito, trabajado y registrado por Acción Nacional. Y está bien, está bien que tomen las buenas ideas, pero ya no tienen excusas porque, cuando algo salga mal, y saldrá mal si lo dejan en manos de la burocracia de siempre, ya no podrán culpar al pasado ni a Calderón ni a nadie.
Ahora tienen la ley, tienen el poder y tienen la obligación. Si fracasan, será por incompetencia, no por falta de herramientas. Mientras tanto, afuera la extorsión sigue desangrando al país. En la Laguna de Durango, productores, ganaderos y hasta comerciantes. En Michoacán los productores de aguacate siguen pagando cuotas al crimen para poder trabajar. Algunos han sido asesinados por negarse a hacerlo.
En el norte los transportistas de Nuevo León viven bajo amenazas diarias. Si no pagan, les queman los camiones. Aquí en la Ciudad de México los comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México llevan años denunciando cobros de piso, mientras las autoridades simplemente miran hacia otro lado.
Y así me podría ir estado por estado donde gobierna Morena. Esa es la realidad que un gobierno no quiere ver, la extorsión se ha convertido en una epidemia nacional, una industria criminal que factura miles de millones de pesos al año y que ha encontrado en la impunidad su mejor aliado.
Y durante seis o siete años, mientras la gente era amenazada, el gobierno se cruzó de brazos, que en la práctica ha significado abrazos para los delincuentes y abandono para las víctimas. Votamos a favor, pero que quede claro, no le estamos dando un cheque en blanco al gobierno, le estamos dando una herramienta y vamos a exigirle resultados, vamos a estar vigilantes, fiscalizando cada peso del presupuesto, porque una ley sin recursos es papel mojado. Y vamos a exigir que esta ley no se use como propaganda para simular que hacen justicia, mientras el país se cae a pedazos.
Porque seamos honestos, el gobierno federal no actúa por convicción, actúa por presión. Reaccionan cuando el problema ya se volvió crisis, cuando la violencia ya rebasó al discurso, cuando la sociedad ya no aguanta más. Y hoy están aquí intentando corregir tarde lo que debieron atender desde el primer día.
Desde Acción Nacional les decimos con firmeza, ya no hay pretexto, ya no hay excusa, y ya no hay tiempo. Nosotros hicimos el trabajo legislativo, les dejamos el camino trazado. Y si de verdad quieren honrar a las víctimas, que empiecen por aplicar la ley con rigor, sin simulaciones, sin pactos, sin miedos. Porque el día que un extorsionador vuelva a salir libre por omisión del Estado, la responsabilidad no será del Congreso, será de ustedes, será del gobierno.
Hoy votamos a favor porque es la ley que México necesita, pero, precisamente, la necesita por las graves omisiones, negligencias y complicidades del narcogobierno de Morena en sus tres niveles. Porque mientras este país se llena de miedo, ustedes, ustedes miraban hacia otro lado, tolerando la extorsión en los mercados, en el transporte, en el campo y en las calles. Votamos a favor porque alguien...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ...tiene que poner orden donde el gobierno dejó de creer y de crear el caos. Concluyo, presidente. Y desde aquí les decimos con toda claridad, no más excusas, no más abrazos y no más simulaciones, México no necesita más discursos, necesita autoridad, justicia y resultados. Es hora de que gobiernen de verdad o de que se hagan a un lado. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo, ánimo, desde Navolato vengo. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso del pueblo de México. El delito de extorsión le ha robado la paz al pueblo de México, las amenazas contra la población que trabaja y vive bien son el pan de cada día, lo mismo contra el pequeño y grande comerciante, pequeño y grande transportistas, contra también productores, en general y en ellos nuestros amigos del campo, sea del tamaño que sea, ya no se diga contra la buena voluntad de personas que creen que caen en los engaños de bandas bien organizadas.
El dictamen que hemos aprobado, que deriva de una reforma constitucional atiende ese sentir de molestia de una población cansada de tanta transa. Atiende el dictamen una iniciativa sensible enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca construir la paz en el territorio nacional, que forma parte de la nueva estrategia contra la inseguridad pública.
La reforma que hoy aprobaremos es una medida que con inteligencia e investigación servirá para enfrentar el delito de extorsión, que garantizará al mismo tiempo la necesaria coordinación interinstitucional en apoyo a la población. Una población ofendida y harta de la impunidad.
Es la extorsión un delito que por sus características y dimensiones le ha causado un grave daño a la sociedad mexicana, lo mismo a nuestros abuelos, los padres, los hermanos, la familia, los tíos, parientes en general todo mundo está a merced de sufrir este delito. Un delito que ha escalado a niveles que hacen difícil o no permiten la recuperación material y anímica de los afectados, que ha desintegrado a familias completas.
Los criminales aislados y organizados han venido burlando el castigo que merecen gracias a lagunas legales, gracias a artimañas y recursos tecnológicos. Léase pues a aquellas personas que encubran, faciliten, sostengan, cooperen o auxilien en la comisión de este oprobioso delito. La sociedad de bien espera esta reforma. La gente ya no está dispuesta a tolerar amenazas, daños a su patrimonio y sana estabilidad física y emocional. Es por eso las motivaciones de esta reforma.
No más afectaciones a la convivencia social en paz. No más amenazas que generan miedo entre las gentes. No más a la incertidumbre, desconfianza de las personas. No más a la paralización del sano desarrollo productivo. Vayamos a que ocurra la anhelada persecución de un delito que lacera y lastima la armonía social.
Y, quiero aprovechar, hablando de armonía social, hoy un reclamo de los trabajadores, de los campesinos, de los ejidatarios que han tomado las casetas en una lucha justa en cada uno de los estados de nuestro país.
Y, desde este recinto va mi respaldo a las justas demandas a los productores agrícolas de todo el país. Un sector que ha retomado su lucha por el rescate del campo mexicano. Un país debe ser capaz y velar por el bienestar de su población. El campo mexicano no ha podido recuperarse de la precariedad y el abandono.
Las políticas neoliberales del antiguo régimen le siguen cobrando facturas. Los campesinos han elevado, por eso, sus protestas. Se están movilizando por toda la geografía nacional. Una lucha legítima que ahora los lleva a tomar casetas de peaje y bloqueo de carreteras porque no les queda de otra.
Lo hacen ante el desespero, en lucha contra la crisis por la cual atraviesan. Una crisis que pone en riesgo la soberanía alimentaria. Lo hacen bajo el argumento sólido de que los precios de sus cosechas no les cubren siquiera los costos de producción. Los mismos productores de maíz, trigo, frijol, sorgo, cártamo, etcétera y otros productos básicos anexados. Esta es, pues, quieren estos precios de garantía.
En el caso del maíz, la válida exigencia de los productores es obtener un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de grano. Los trigueros demandan un precio de tonelada de 7 mil 480. Han puesto en la mesa de negociación otras demandas puntuales: exclusión de granos básicos del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Prohibir la excesiva importación de granos que genera competencia desleal y bajos precios a la cosecha.
Implementación de las políticas de apoyo a créditos, subsidios a los insumos agrícolas, creación de una banca de desarrollo rural, reducción y exención de impuestos del costo del combustible. Y una situación muy crítica...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Concluyo, concluyo. Corresponde un precio que no les han pagado a los productores de trigo del norte de Sinaloa y también del ciclo 23-24 en la compra de las coberturas de 200 pesos que aún restan por liquidar a los del maíz, así como los 750 pesos por tonelada que corresponde. Unidad nacional, todo el poder al pueblo y apoyo al campo. Ánimo y a sacarnos un 10. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: ¿Retira su reserva, diputado?
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Retiro mi reserva.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No hay materia de discusión. La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez ha solicitado insertar su propuesta de modificación en el Diario de los Debates. Tiene ahora, asimismo, el diputado Emilio Lara Calderón ha solicitado insertar su propuesta de modificación en el Diario de los Debates.
Por lo tanto, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar propuesta de modificación. No se encuentra presente. Pasamos con la siguiente propuesta de modificación, la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos. Tampoco se encuentra en el pleno.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, también ha solicitado insertar su propuesta de modificación en el Diario de los Debates. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Roberto Sosa Pichardo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar propuesta de modificación. Tampoco se encuentra en el pleno. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
La diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, a los que estamos presentes, porque, aunque digan que los de Morena nos vamos a bailar, aquí estamos cuando nos toca participar. Ni modos, aunque nos duela.
Hoy nuestro país da un paso firme hacia el fortalecimiento de un verdadero Estado de derecho. Prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión nos permitirá construir un marco integral para enfrentar uno de los crímenes más destructivos para la vida económica, comunitaria y emocional de las familias mexicanas.
Ese mal que se expandió durante los gobiernos de que hoy son oposición, ha lacerado profundamente a nuestro pueblo. Con la extorsión no solo se roba dinero, sino se arrebata la paz, el sueño y la esperanza, desde el pequeño comerciante en los barrios populares hasta las microempresas, desde las mujeres que reciben llamadas de amenaza hasta los productores del campo que son forzados a pagar cuotas, todos han sido víctimas de un delito que corroe la confianza en la autoridad.
Durante años este crimen creció al amparo de vacíos legales e institucionales. Los gobiernos del pasado no tuvieron la voluntad de combatirlo. Ni en los estados ni en la federación generaron protocolos o capacidades para investigarlo, esta omisión trajo impunidad, miedo y revictimización. Hoy tenemos un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ejemplar, con una trayectoria que es sinónimo de disciplina, valentía y resultado, no de corrupción ni de juicios en el extranjero.
El compromiso de quienes integramos este movimiento es claro, la seguridad es prioridad nacional. Lo vimos en la Ciudad de México bajo el liderazgo de nuestra presidenta y ahora ese modelo se proyecta a todo el país. Con esta iniciativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consolidará un nuevo modelo que integra la tecnología, la profesionalización y atención directa a las víctimas. Iniciamos así un nuevo paradigma de seguridad humana donde la ley no solo castiga, sino también protege y previene.
En esta tribuna puedo decirlo con firmeza a todos los diputados y diputadas que estamos de su lado. Sin embargo, como comentó hace un rato un diputado que me antecedió, no se trata de quién propone, sino de quién lo pone en práctica. Tuvieron su tiempo, y en verdad que no hicieron nada. Todo les molesta, liberen sus frustraciones sean felices, de verdad, aquí está, felices.
No tengan que vigilarnos, no somos iguales. No tenemos Garcías Luna, tampoco somos narcogobierno y estoy cansada de escuchar, que cada que se suben a la tribuna, se llenan la boca de decir que somos un narco-gobierno. Cepíllense bien la lengua y no repitan, porque la gente no les cree. De este lado de la historia sabemos lo que somos. Somos gente honrada, que no mentimos, no robamos y tampoco traicionamos a nuestro pueblo.
Y si quieren pruebas de lo que se suben a decir, pues, ahí está la fiscalía, compañeros, vayan y pongan su denuncia, porque si no es verdad a ustedes es a los que los vamos a meter presos, porque hay muchos que están aquí en la Cámara y no tienen vergüenza de todo lo que le robaron a nuestro pueblo. La paz será la herencia más grande que dejamos a nuestras hijas ya nuestros hijos, legislamos todos los días para devolver la tranquilidad a quienes salen a trabajar, producir y construir un mejor país.
Reconocemos y agradecemos el liderazgo de nuestras fuerzas de seguridad, que hoy con estrategia y planeación no son improvisaciones. Con una nueva visión basada en la prevención, la inteligencia, la coordinación de los tres órganos de gobierno demostraremos que se puede construir una seguridad sin autoritarismo y con respeto pleno a los derechos humanos.
Hoy México da un paso firme para erradicar el miedo y garantizar que nadie vuelva a pagar por vivir en paz. Por la seguridad, por la justicia y por la esperanza del pueblo, México está despierto. Y juntos seguimos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Es cuanto, presidenta. Retiro mi reserva. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No hay materia a discusión. el diputado Andrés Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, ha solicitado insertar su reserva en el Diario de los Debates. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar propuesta de modificación hasta por cinco minutos.
El Grupo Parlamentario del PT ha solicitado el cambio de orador. Tiene el uso de la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación hasta por cinco minutos.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchas gracias, diputado presidente. Y, bien, pues, queridas compañeras y compañeros, y por supuesto al pueblo de México, en el posicionamiento que dimos como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo comentábamos sobre la importancia de modificar el artículo 15, que quedara debidamente establecida la tentativa, porque no está contemplado.
Y también, más tarde presentaremos una reserva que tiene que ver con elevar la pena. Nosotros consideramos que de los estados que tienen una pena mayor tenemos que sacar una media, para que no en la práctica y en la aplicación de la norma no cometamos errores, y no permitamos que personas que han cometido este delito, y que ya están en prisión, pues vayan a querer someterse al artículo 14 constitucional, que tiene que ver con la retroactividad de la ley, en beneficio propio.
Y bueno, dicho lo anterior, quiero comentarles, yo soy del estado de Michoacán, uno de los estados más hermosos de nuestro país, pero también uno de los estados que ha sido desafortunadamente víctima de la inseguridad durante los últimos años. Y, bueno, el delito de extorsión ya ha sido una nueva forma de operar de muchos grupos delincuenciales.
Y esto nos lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que reportó que Michoacán se encuentra entre los cuatro estados con mayor número de carpetas de investigación por extorsión, lo que consideramos que es grave. Y no lo decimos por estadística, lo sabemos por experiencia, lo vivimos en nuestras comunidades, lo escuchamos en las calles, lo vemos reflejado en los rostros de nuestra gente trabajadora.
En mi municipio ya pequeños empresarios han denunciado llamadas intimidatorias, amenazas disfrazadas de cobro de cuotas que afectan su tranquilidad. En otros municipios de mi distrito, productores agrícolas y transportistas han sido víctimas de engaños telefónicos y fraudes digitales, que buscan arrebatarles su esfuerzo, esfuerzo de muchos años de trabajo.
En algunos municipios que son turísticos, emblemáticos, por ejemplo, como el santuario de la mariposa monarca, algunos prestadores de servicio viven con el temor de que una llamada falsa o una amenaza afecte su trabajo y, por supuesto, su patrimonio. Y en otros municipios más, empresarios, comerciantes, jóvenes, jóvenes emprendedores nos han expresado la necesidad urgente de fortalecer la seguridad para seguir invirtiendo y generando empleo.
Esta realidad exige una respuesta firme, coordinada y humana con el Estado mexicano. Por eso hoy nosotros, independientemente de que tengamos algunas reservas, estamos convencidas y convencidos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que esta Ley General contra la Extorsión, que es una iniciativa impulsada por nuestra presidenta de la República. Y por supuesto que va a ser avalada por esta Cámara de Diputadas y Diputados, y que busca homologar el tipo penal de extorsión en todo el país y dotar de las herramientas legales y operativas a las autoridades federales, estatales y municipales.
Necesitamos la coordinación de los tres niveles de gobierno. Necesitamos unificar criterios para que juntas y juntos podamos combatir este delito de extorsión, que ya ha sido un cambio de modalidad de muchos grupos delincuenciales. Esta ley nos permitirá tipificar de manera clara las distintas formas de extorsión, incluyendo el cobro de piso y las extorsiones digitales, de las que, más de una ocasión, varios de nosotros seguramente hemos sido víctimas.
Castigar severamente a quienes lucran con el miedo ajeno. Proteger a las víctimas con un acompañamiento legal, psicológico y económico. Es importante que también volteemos a ver a las víctimas de este delito, a los familiares de las víctimas, que también tienen a veces conflictos o que no la pasan bien cuando han sido víctimas de algún familiar de este tipo de delitos.
Tenemos que crear una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, para prevenir y sancionar este delito. Porque la extorsión no es solo un programa penal, es un problema social que afecta el tejido comunitario, la economía local y la confianza ciudadana.
Con esta ley reafirmamos el compromiso de la cuarta transformación de construir un país donde la justicia sea una realidad y no un privilegio. Donde los campesinos puedan vender sus cosechas sin ser amenazados. Donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin terror. Donde los prestadores de servicios turísticos reciban al turismo con seguridad y esperanza. Y donde las familias de todo Michoacán y de todo México vivan con la tranquilidad que merecen.
Compañeras y compañeros, es importante que, independientemente de las diferencias en particular que tengamos sobre esta propuesta de dictamen, por primera vez en un tema tan complicado unifiquemos criterios y todas y todos demos acompañamiento a este dictamen para fortalecerlo. En la marcha seguramente tendremos que perfeccionar este marco legal, pero, por lo pronto demos y generemos...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: ...el instrumento necesario a la autoridad, para que pueda ejercerse. Ejercerse y aplicarse en la sociedad como tiene que ser. Yo sé que juntas y juntos podemos lograrlo. Y que viva la cuarta transformación. Y que viva nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. No hay materia de discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Armando Ruiz Hernández, de Movimiento Ciudadano. Me informa el diputado Pablo Vázquez, que viene camino al pleno. Compañeras y compañeros, diputados, les solicito respeto a nuestro compañero diputado que viene camino al pleno, tiene una discapacidad y por eso está tardando en llegar al pleno.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar propuesta de modificación. No se encuentra. La diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI, ha solicitado insertar su propuesta de modificación en el Diario de los Debates. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por cinco minutos, para presentar propuesta de modificación.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Ya estamos aquí, compañeras y compañeros. Bueno, primero, resaltar –con su permiso, presidente–, que en esta ley prácticamente hay una unanimidad en lo general y, desde luego, que hay reservas que consideramos válidas, que tienen que ver con incrementar la pena, con prever recursos, con algunos aspectos procedimentales.
Pero creo que la ley con sus reenvíos también a leyes como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio, de Extinción de Dominio, el Código Penal, pues es un andamiaje con el que no contaba el Estado mexicano, y que nos va a permitir darle unidad de propósito a la lucha contra la extorsión. Sin duda, este delito, como lo hemos señalado, es el delito hoy por hoy que más afecta a los mexicanos, es un impuesto criminal, nocivo, depredador, un cáncer que se apodera de comunidades completas.
Pienso en la tierra caliente de Guerrero, por ejemplo, Altamirano, Coyuca de Catalán, porque vi ahí familias sometidas por este grupo de la Familia Michoacana, que cobraba piso para todo, hasta predial casi, a los ferreteros, la Coca Cola, la carne, el pollo y además tal nivel de sometimiento que al jefe de plaza prácticamente hasta le rendían pleitesía. Y eso es lo más grave, cuando el miedo secuestra a sociedades completas y se vuelven tributarios de grupos criminales.
Pues bien, con esta ley estamos quebrando ese andamiaje para ir contra esos grupos delictivos, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, contra el Cártel de Sinaloa, contra Los Ardillos, Los Rojos, La Familia Michoacana, el Cártel del Noreste y diferentes grupúsculos y células que están regadas por el territorio nacional. También hay grupos que se camuflajean, se hacen pasar como otros grupos delictivos, aprovechando la psicosis, el miedo para pescar a río revuelto.
La extorsión tiene diferentes ramificaciones y modalidades, desde el cobro de piso diario, semanal, a negocios registrados por criminales, la extorsión carcelaria, donde, por cierto, ya no tendrán pretexto también las telefónicas para no hacer ese bloqueo de señales, la extorsión digital, el control de rutas de transporte, en fin, un sinnúmero de actividades delictivas que con esta ley podemos cerrarle el paso.
Algo muy importante para las víctimas, que ya no tendrán que ratificar la denuncia, al denunciar los hechos, el Ministerio Público deberá perseguir de oficio y también ya no se dará esa circunstancia donde la víctima tenía que carearse con el extorsionador y frente al miedo y la falta de seguridad acababa doblando las manos la víctima. Eso se va a acabar.
Por eso tendremos una ley general, no parches estatales. Habrá una extinción de dominio inmediata y penas más altas. Sé que hay un debate porque en algunos estados la actual penalidad es mayor de arranque, pero hay agravantes, hasta una tercera parte, de una tercera parte a la mitad y de la mitad hasta dos terceras partes adicionales de la pena. Pero, lo más importante en mi opinión es evitar los beneficios preliberacionales, las condenas anticipadas que hacen de una sentencia en principio alta que acabe siendo una sentencia menor.
Y, esto es muy importante, porque, concluyo presidente, porque el secuestro bajó y es hoy un delito que se ha perseguido exitosamente en gran parte, porque quien es sentenciado por secuestro no tiene ni un día de reducción de pena, si son 40 o 50 años al secuestrador, los mismos 50 años que tiene que estar tras las rejas y esto va a operar para la extorsión y van a ver cuántos extorsionadores ya no van a andar haciendo daño a la gente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Por esas razones refrendamos nuestro apoyo, ya no más pueblos completos, comerciantes, rehenes de los delincuentes, de los extorsionadores y creemos que con esta ley y con sus reformas complementarias tendremos una gran, gran ley contra la extorsión. Es cuanto, presidente y retiro mi reserva.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No hay materia a discusión. Por lo tanto, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Armando Ruiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a María Elva Loza Gama, presidenta municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, y a los regidores Luis Daniel Mercado González, José María Márquez Muñoz, Lilia Martín Neri, María de los Ángeles Quiroz, José Antonio Becerra, María Estela López, Daniel Guadalupe Aguilar, Piero Alessandro Moreno Cortes. Todos ellos y ellas invitados por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, diputados y diputadas, en esta ocasión deseo presentar una reserva para modificar lo que establece el artículo 17 de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presente reserva tiene como finalidad modificar el artículo 17 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, a fin de ampliar los supuestos considerados como agravantes del delito.
Sabemos que este delito no solamente afecta el bolsillo, sino que destruye la tranquilidad, la libertad y la dignidad de todas las personas. Por eso, proponemos modificar el artículo 17 de esta ley para que se agraven las penas, no solo cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor o mujer embarazada, sino también cuando se trate de alguna persona con discapacidad.
La propuesta consiste en dos ajustes muy sustantivos: primero, incluir como sujeto de protección a las personas con discapacidad, en congruencia con el principio de igualdad y no discriminación, previsto en nuestro artículo 1 constitucional y con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México no solamente fue promovente, sino que firmó y ratificó este Convenio y en esos términos se comprometió a brindar la protección más amplia a las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad son, en muchos casos, aún más víctimas del aprovechamiento, de la intimidación y de la manipulación. Muchos de ellos ni siquiera alcanzan a entender el alcance de sus actos, ni siquiera se llegan a ubicar como víctimas de este tipo de delitos, por lo que resulta indispensable que el marco penal contemple esta agravante como una forma de protección reforzada y, de todas luces, más justa.
Segundo. Sustituir la expresión en estado de embarazo, que ese es un término que no está muy de acuerdo con los términos utilizados en otros ordenamientos, y suplir este término por en estado de gestación, con el fin de armonizar este lenguaje con los otros instrumentos, como lo he mencionado, ya que tanto instrumentos nacionales como internacionales usan este término y así podríamos evitar algunas interpretaciones.
Quienes enfrentan una discapacidad muchas veces viven barreras físicas, económicas, sociales y culturales, que los colocan en una situación realmente de vulnerabilidad. Los avances tecnológicos los hacen principalmente víctimas. La inocencia de algunos o la falta de experiencia de otros, igualmente les da un carácter más amplio para ser víctimas de los abusadores. Y esta responsabilidad debe ser asumida por el Estado, para brindarles una protección real a este grupo de la sociedad.
Además, esta modificación fortalece la coherencia del sistema jurídico y cumple con la obligación del Estado mexicano de adoptar medidas legislativas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar los delitos que atenten contra los sectores más vulnerables.
Esta modificación no solo fortalece la ley, sino que envía un mensaje claro, en México no hay ciudadanos de segunda y quien se aproveche de la vulnerabilidad de otro para extorsionarlo, para lastimarlo o lesionarlo, deberá de enfrentar una sanción más severa.
Este no es el único ordenamiento donde las personas con discapacidad deberían de ser consideradas en los casos de las agravantes. A lo largo del Código Penal se establecen tipos penales que realmente vulneran a aquellos que menos conciencia tienen de las consecuencias de sus actos.
La protección hacia las personas con discapacidad y la agravante debe extenderse no solamente al delito de extorsión, sino a muchos otros delitos, porque si comparamos los delitos sexuales cometidos en contra de personas con discapacidad, definitivamente estaríamos hablando de un agravante al valorar las condiciones que tienen estas personas por no poder defenderse y mantenerse en un estado de vulnerabilidad.
Compañeras y compañeros, los invito a reflexionar en este y en otros ordenamientos y en otras iniciativas de ley donde incluir a las personas con discapacidad sería una causa de justicia social. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: No se admite. Por tanto, el dictamen continúa en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos frente a un avance en materia de seguridad, de los pocos que hemos visto en los últimos días. Cualquier reforma que venga a devolver un poco de paz y tranquilidad a las y los mexicanos será bien vista, apoyada e impulsada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Por eso, reitero con claridad nuestra posición firme y categórica en contra del delito de extorsión, que roba y lastima la tranquilidad de las familias mexicanas, que vulnera la seguridad de los comercios, oprime el campo y frena el desarrollo económico de las comunidades.
La extorsión es un delito que ha cobrado dimensiones alarmantes, afectando a quienes todos los días se esfuerzan por salir adelante, los agricultores, el pequeño empresario, el comerciante, el transportista, nuestros médicos, nuestros medios de comunicación y a cada ciudadano que vive con miedo por la amenaza de ser víctima.
Por ello, en Acción Nacional hemos impulsado de manera constante reformas que combaten frontalmente este delito desde una visión integral, con un marco jurídico sólido, coherente y con garantías de respeto a los derechos humanos. El 17 de septiembre del año en curso Acción Nacional presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que se distingue por su claridad jurídica, coherencia técnica y colocar a la víctima en el centro de la ley.
Nuestro planteamiento busca la protección integral, asistencia a las víctimas y reparación del daño, fortalecer la coordinación entre federación, Estado y municipios, asegurando que cada autoridad actúe dentro de su ámbito de competencia, evitando duplicaciones y vacíos legales con instrumentos eficaces y suficientes recursos.
La propuesta de Acción Nacional establece la obligación para que en el Congreso de la Unión y los Congresos locales garanticen la asignación de recursos etiquetados y progresivos para garantizar la operatividad, prevención, investigación, persecución y sanción del delito.
Reconocemos que el Ejecutivo federal también ha presentado una iniciativa con el mismo propósito. Y en Acción Nacional coincidimos plenamente en la urgente necesidad de erradicar la extorsión y proteger a las víctimas, pero es primordial que esto sea con pleno respeto a los derechos humanos y sus principios.
Por ello, apoyaremos el espíritu de esta reforma. Sin embargo, también seremos firmes al señalar que una buena intención no basta si la norma no garantiza claridad, proporcionalidad y respeto al debido proceso, tanto como los recursos debidamente asignados.
En esta reforma observamos una redacción genérica que deja espacios de interpretación que pueden derivar en abusos de autoridad o persecuciones sin fundamento, lo cual atenta contra los principios del debido proceso. Para Acción Nacional es preocupante, porque abre la puerta a la discrecionalidad y puede confundir justicia con venganza.
Nuestro compromiso es con las víctimas, con la justicia y con el fortalecimiento del Estado de derecho. Por eso participaremos activamente en este proceso legislativo, presentando las modificaciones y posteriores reformas que perfeccionen el texto final de la ley, buscando que sea eficaz, justa y humana. Porque sólo así podremos decir con orgullo que desde esta tribuna, Congreso y todos los ciudadanos legislamos por un México más justo, más seguro y libre de extorsión. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Por tanto, se desecha. Y continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Farias Bailon, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Farias Bailon: Con tu venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Francisco Javier Farias Bailon: Imagina despertar cada día con miedo, sabiendo que el dinero que tanto te cuesta ganar trabajando termina en manos de criminales. Esto es la realidad que viven algunos estados del país, como Sinaloa, como Michoacán, por mencionar algunos.
No es justo que se tenga que vivir de esta forma, no es justo que el miedo se meta en los hogares de miles de mexicanos y que la esperanza se apague por la inseguridad imperante en este país. La extorsión no solo vacía nuestros bolsillos, también quita la tranquilidad y obliga a abandonar los hogares de muchas familias en el país. Cada amenaza, cada cobro injusto, cada extorsión es una herida más para nuestra sociedad.
Aunque nos digan que las cosas están mejorando, la realidad es que la extorsión sigue creciendo en México. No podemos quedarnos callados, necesitamos una ley más fuerte, autoridades que realmente protejan a la ciudadanía. No dejemos que la extorsión nos robe la vida, levantemos la voz, cuidemos a los nuestros y trabajemos juntos por un México sin miedo.
La extorsión es un problema que lastima a miles de familias en México. Cada vez es más común y está llegando a más rincones del país. Los criminales aprovechan para cobrar piso en zonas en donde se producen productos de la canasta básica, como el pollo, la carne, el maíz, entre otros.
Esto provoca, sin duda, la inflación y aumenta los precios, y que los productores, como los consumidores, también paguen el precio aún más caro. Además, la extorsión pone en peligro la seguridad de las comunidades y dificulta que se pueda vivir en paz.
En los últimos años hemos visto cómo el crimen organizado controla la producción de alimentos, como el aguacate, el limón en el estado de Michoacán, haciendo que los precios se disparen y los ciudadanos vivan con miedo. Pero no solo los productores sufren, sino también los pequeños comerciantes, los transportistas y cámaras del comercio, que han denunciado las amenazas, los secuestros, los robos y hasta asesinatos.
La extorsión es un impuesto informal que se encarece y que encarece la canasta básica y afecta a toda la sociedad. Por ello, necesitamos que las penas sean más fuertes para estos extorsionadores. Las víctimas muchas veces tienen que pagar para protegerse y a veces se ven obligadas a abandonar sus hogares, sufriendo desplazamientos forzados.
Para resolver este problema no basta solo con reformar las leyes, también hay que combatir la pobreza. La mayoría de los casos ni siquiera se denuncian, así que los datos oficiales solo muestran una parte del problema, no la realidad que vive este país.
En México la violencia y la inseguridad son parte de la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, pues la extorsión mediante las llamadas, los mensajes, las amenazas, que se realiza el cobro de piso y la intimidación para los ciudadanos. Quién en una familia mexicana no ha sufrido este tipo de extorsiones mediante mensajes o llamadas telefónicas, poniendo en pavor a los ciudadanos que reciben las llamadas.
Este tipo de extorsiones cada vez son más comunes y recurrentes, y son realizadas muchas por el crimen organizado, pero también desde las cárceles. Esta reforma a la ley busca que las reglas sean iguales en todo el país, homologar los tipos de condenas y de penas, busca que las reglas sean de castigar y que sean aplicadas y que las autoridades trabajen en conjunto para atender los casos rápido y proteger a nuestra gente.
También necesitamos usar la tecnología, capacitar mejor a las policías y cuidar los derechos de las víctimas. La sociedad debe participar, vigilando que las autoridades hagan su trabajo y exigiendo la transparencia.
El reto es grande, pero si luchamos juntos por una justicia moderna y eficaz, podemos proteger la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos. Tener una ley fuerte contra la extorsión no solo es necesario, es nuestra obligación, para asegurar un futuro mejor y más seguro para los ciudadanos en nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Por favor, secretaria.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Continúa el dictamen en sus términos. Adelante, diputada Rosete. Muchas gracias.
La diputada María Rosete: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada María Rosete: Diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna, para expresar que quienes formamos parte de la cuarta transformación, estamos contentos, porque estamos atendiendo problemas tangibles, reales, de carne y hueso, problemas que los gobiernos anteriores decidieron ignorar.
Esta iniciativa marcará un antes y un después en la atención de los problemas desde la raíz. La extorsión se ha convertido en una de las prácticas más dolorosas y cotidianas para quienes trabajan y producen en este país. Es un problema que se detonó hace casi 20 años, durante un gobierno que además de espurio, lejos de atacar el problema de fondo, intentó cortar cabezas a la Hidra de Lerna, generando más brazos. Ya no solo era el narcotráfico, también se sumaron la extorsión, el control de plazas y el sicariato.
Soy diputada federal de Tepito y como tepiteña, si alguien sabe del dolor que ocasiona la extorsión, esos somos los comerciantes del Barrio Bravo. Durante años alzamos la voz ante las autoridades, particularmente durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y aquel señor decidió hacer oídos sordos, porque ellos institucionalizaron la extorsión.
Por eso hoy me siento orgullosa de estar aquí, representando a quienes resistieron, a quienes no se rindieron y a quienes siguen luchando día a día por vivir de su trabajo honrado.
Como diputada de la zona comercial, reconozco los avances que se lograrán con la aprobación de esta iniciativa. El cobro de derecho de piso que durante años laceró la economía del Barrio Bravo, sigue presente en distintas regiones del país. No podemos olvidar que ese derecho de piso fue alentado por la corrupción gubernamental de hace dos décadas.
Hoy la cuarta transformación combate esa corrupción desde la raíz y con esta ley cerraremos los espacios de impunidad que aún permiten que la extorsión se disfrace de costumbre.
Se estima que actualmente 5 de cada 10 negocios son víctimas de extorsión, siendo la más común el cobro de derecho de piso. Las pérdidas derivadas de esta práctica superan los 21 mil millones de pesos, pero el daño más grande no solo es económico, es social y moral.
Miles de familias han tenido que cerrar sus negocios, abandonar sus tierras o vivir con miedo. Los asesinatos de comerciantes, limoneros, aguacateros y transportistas que se negaron a pagar el derecho de piso nos muestran la urgencia de actuar. No podemos permitir que la injusticia se vuelva costumbre.
Hay quienes con todo el cinismo posible han subido a esta tribuna a tratar de descalificar las acciones que se han realizado en este segundo piso de la cuarta transformación, a decir que hay colusión y otras barbaridades que han inventado. La realidad es otra, muy diferente. Una realidad que la gran mayoría de la población reconoce y que la oposición no ha sido capaz de reconocer, de entender para sumar.
Hoy estamos atendiendo un problema gestado en gobiernos neoliberales. Se decide no voltear al otro lado, no ignorar el problema, se decide afrontarlo, atenderlo desde la raíz. Hoy hemos decidido hacer la diferencia y desde la oposición cómodamente podrán criticar una acción, el tomar medidas ante la violencia que sus gobiernos generaron, porque el compromiso es con las y los mexicanos, porque necesitamos resultados y solo serán posibles con acciones como la aprobación de esta iniciativa que hoy estamos discutiendo.
Por eso, votaré a favor de esta iniciativa cumpliendo con mi compromiso con Tepito, con la Alcaldía Cuauhtémoc y con la ciudadanía que represento. Lo hago en nombre de todos los comerciantes, productores y trabajadores que han sido víctimas de este delito y que hoy tienen, hoy tienen esperanza en un cambio verdadero. Es cuanto, presidenta. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Toda vez que no hay materia, continúa en el uso de la palabra la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa. Hablar de extorsión en nuestro país es hablar de uno de los problemas más graves y dolorosos que enfrentan las familias todos los días. La extorsión se ha convertido en una práctica que afecta por igual a comerciantes, transportistas, productores del campo, empresarios, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Es un delito que ha dejado de ser excepcional para transformarse en una forma cotidiana de violencia, que además de robarles sus pertenencias les roba su tranquilidad, su libertad y confianza en las instituciones. En nuestro país la extorsión adopta muchas caras, una de ellas se realiza a través de los teléfonos celulares, donde una llamada amenaza con hacer daño a un familiar o finge un secuestro para obligar algún depósito.
Miles de mexicanas y mexicanos han recibió una de estas llamadas. Muchos han vivido el terror de escuchar gritos falsos que simulan la voz de un familiar o ser querido. También está la extorsión digital que se comete a través de las redes sociales o aplicaciones, cuando delincuentes suplantan identidades, difunden información falsa o exigen dinero a cambio de no publicar información personal.
A esto se suma el cobro de piso, una de las formas más crueles de extorsión, donde se obliga a comerciantes, empresarios y productores a pagar cuotas semanales o mensuales para dejarlos trabajar.
Un ejemplo muy común que yo recuerdo, en municipios muy cercanos a esta Ciudad de México, son doblemente extorsionados tanto los comerciantes como los propietarios. Hay casos en que algún propietario desea efectuar una reparación, por más sencilla en su casa, por decir, arreglar una banqueta, manda comprar el material de construcción, el dueño o empleado de esta ferretería o tlapalería o área de materiales de construcción está obligado a informarles, a la delincuencia, en dónde se efectuará algún tipo de trabajo, y ahí ya va la primera extorsión.
La segunda, en el momento que descargan el material en el domicilio que van a efectuar alguna reparación, llegan los delincuentes y si está el dueño lo extorsionan o al trabajador le exigen que le informe a su patrón o le quitan la herramienta y lo obligan a que al día siguiente les haga el depósito correspondiente para poder hacer la reparación en el domicilio que fue contratado.
Esta práctica lamentablemente se ha normalizado en muchas regiones de nuestro país, ha llevado al cierre de miles de negocios, a la pérdida de empleos y a la quiebra de familias enteras. El transporte público también es víctima constante, muchos operadores aseguran que deben entregar una parte de su ganancia diaria a grupos criminales que controlan sus rutas, quienes se niegan pierden la unidad o su vida.
En el campo los productores agrícolas enfrentan extorsiones, se les exige parte de su cosecha o del dinero de la venta, así como del transporte de sus productos. En algunas regiones, incluso, los criminales deciden qué cultivos dejan sembrar y quién. Pero no todas las extorsiones provienen del crimen organizado, existen también las extorsiones institucionales, cometidas por funcionarios que abusan de su autoridad para obtener dinero a cambio de favores, permisos o evitar sanciones.
La extorsión se ha extendido al grado de condicionar la vida diaria de los ciudadanos. Muchos mexicanos piensan dos veces antes de abrir un negocio, responder una llamada desconocida o publicar información personal. El miedo se ha vuelto parte de la rutina y ese miedo es lo que debemos erradicar.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión busca precisamente eso, crear un marco legal que unifica los criterios en todo el país, para fortalecer la coordinación entre fiscalías, establece mecanismos de denuncia segura y confidencial, protegiendo a las víctimas desde el primer momento.
Además, este nuevo marco debe ir acompañado de políticas preventivas, no basta con castigar, hay que evitar que el delito ocurra. Se requieren campañas de información digital para prevenir fraudes, vigilancia en los centros penitenciarios para frenar las extorsiones desde dentro, y acciones contundentes contra la corrupción, que permite que este delito prospere. La prevención y la coordinación deben ser los pilares de una política pública efectiva contra la extorsión.
Compañeras y compañeros, la extorsión ha provocado el cierre de negocios, la migración de familias enteras y la desconfianza hacia la autoridad. Por lo que propongo la modificación al artículo 25, en su fracción V, únicamente sustituir la palabra procurará, por deberá.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votamos a favor, porque creemos firmemente que combatir la extorsión es devolverles a los mexicanos la tranquilidad de vivir sin miedo, siendo el primer paso para recuperar la paz y la justicia que nuestro país merece. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Presidenta, la mayoría es por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: No se admite. Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
La diputada Paola Michell Longoria López: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, la extorsión es uno de los delitos que más lastima tanto en lo económico como en lo emocional. Desatender este delito tuvo consecuencias muy graves, dejaron que ese monstruo creciera, lo alimentaron con indiferencia, con inacción* y hasta en algunos casos, las mismas autoridades estaban coludidas.
En Movimiento Ciudadano, claro que celebramos una reforma que pueda ayudar a que los mexicanos tengan paz, porque esta modalidad de delito consume a las familias en la incertidumbre, en la duda, en la desesperación y si el Estado no es capaz de dar a sus ciudadanos el primer derecho básico con el que nos conformamos como sociedad, que es la seguridad, entonces el Estado ha fallado por completo.
Compañeras y compañeros, la extorsión se basa de técnicas que pueden generar miedo, duda o incertidumbre, por lo que no sabemos cómo reaccionar, pero tampoco a qué autoridad dirigirnos. Saber actuar en ese momento puede ayudar a tomar las decisiones correctas que no pongan en riesgo a nuestra familia, por lo que tener ventaja conociendo protocolos de actuación, ayudaría a la ciudadana a combatir este delito.
Crear campañas permanentes de información y prevención daría esta reforma una mayor fortaleza, daría a las mexicanas y mexicanos herramientas para enfrentar una situación que en este momento afecta nuestra estabilidad emocional. En Movimiento Ciudadano sabemos de igual manera que es importante definir metas de acción y plazos cuantificables para el seguimiento y evaluación de la estrategia que permita medir la eficacia y resultados, además de la rendición de cuentas.
Incorporar etas propuestas darían una mayor fortaleza al combate contra la extorsión. Deseo recordar al partido en el gobierno que esta es una reforma en la que estamos de acuerdo y, si nos comportamos unidos tomando en cuenta las buenas propuestas, los beneficiados somos las mexicanas y mexicanos.
No es momento de desechar propuestas solo porque vienen de un partido de oposición, la única oposición que debe existir hoy es la de todos los partidos políticos unidos poniendo un alto a la extorsión. Para dejarlo claro, el castigo contra este delito debe ser ejemplar y, para ello, nuestra ley también debe ser ejemplar.
La extorsión no solo roba dinero, roba tranquilidad, confianza y futuro. Por eso es urgente impulsar estas campañas que la combatan desde la raíz, con información, denuncia, pero sobre todo acción.
Pero también necesitamos gobiernos y ciudadanos con metas claras y rendición de cuentas, porque solo con transparencia se construye la seguridad. Cuando todos sabemos a dónde vamos y exigimos resultados, la extorsión pierde y quien gana es México. Demos a la ciudadanía un nuevo futuro. Un futuro con justicia, con paz y sin extorsión.
Por lo anterior, presento una reserva al artículo 43 para modificar la fracción I y añadir una fracción VI a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta. Gracias. La voluntad política estaba dada, de eso no hay duda. Hace poco más de un mes, para ser exactos el 9 de septiembre, aquí en este pleno, de mutuo acuerdo, todas las fuerzas políticas convenimos en la necesidad de emitir una ley nacional para combatir una problemática sumamente ofensiva, que es la extorsión.
Aprobamos por unanimidad ese 9 de septiembre la reforma constitucional para que este Congreso asumiera esa noble labor, y atendiera de una vez por todas este lamentable delito, que sigue incrementando. Un flagelo que lastima sensiblemente la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Un cáncer cuya evolución se ha permitido bajo el cobijo de la impunidad y principalmente de la indiferencia.
La invitación a trabajar en un proyecto en común, serio y profesional para crear una ley nacional siempre estuvo sobre la mesa. No obstante, fiel a su estilo y aprovechando su mayoría artificial legislativa, vuelven a traicionar los ideales democráticos y pretenden imponer un proyecto enviado desde Palacio Nacional, una ley tramitada al vapor, que en una semana se le dio trámite preferente e inmediato a la iniciativa de la Presidencia. Y así, de un plumazo, idéntica, tal cual, punto y coma, es aprobada por la Comisión de Justicia y subida a este pleno.
Y yo me pregunto dónde quedaron las opiniones y análisis de los expertos. También nos preguntamos dónde están las aportaciones de las universidades, colegios de abogados, asociaciones civiles, especialistas, catedráticos. Dónde o cómo se atendieron las inquietudes de los gobiernos locales, quienes lo sufren, pero también han sufrido fuertemente esa falta de apoyo, principalmente en materia de seguridad. Dónde quedó la opinión de la gente.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, tan sólo en este año van más de 8 mil víctimas de extorsión. Imagínense qué porcentaje no denuncia por miedo. Éste, 8 mil personas, son las que han denunciado formalmente. ¿A esas 8 mil personas les responden así? Con una ley hecha al vapor, hecha sobre las rodillas y desde un escritorio, con una visión principalmente burocrática, alejada de la realidad, no solo es lamentable, también es vergonzoso.
Siento decirlo, pero esta ley no tiene nada de novedoso, su contenido se reduce básicamente a un catálogo de buenas intenciones y directrices generales. En sus apenas 143 artículos tiende a repetir cosas evidentes que no tendríamos que mencionar, ya que están en la Constitución o en algunos otros ordenamientos superiores.
Temas como la coordinación que debe existir entre las instituciones de seguridad, el respeto irrestricto de los derechos humanos o la aplicación de principios básicos del derecho penal son, perdón que lo diga de esta manera, pero redundantes.
Y sí, es cierto que se tienen que atender, pero la realidad, compañeras y compañeros, es que el problema de la extorsión va más allá que estos postulados y estas palabras. La extorsión no es solo un problema de leyes, es un problema de corrupción, de impunidad y también de colusión con el crimen organizado.
Porque los grupos delincuenciales han rebasado a toda institución y a todo gobierno local. La manera en como opera la delincuencia se ha vuelto muy sofisticada, pero también hay que reconocer que ello no sería posible sin la complacencia o indiferencia del gobierno. Sin la pereza del Ministerio Público, que no actúa ante una denuncia. Sin la indiferencia del oficial de la policía frente al reclamo de la víctima. Sin la normalización del Estado frente a un fenómeno que ha escalado a números dramáticos todos los días.
La realidad, mexicana y mexicano, es que esta ley no resolverá del fondo o de fondo el problema de la extorsión. Y ¿saben por qué? Y me duele decirlo. Porque el núcleo del problema está en el contubernio que existe entre las autoridades con los líderes criminales. Contubernio que existe en los gobiernos de Morena y que, por supuesto, allana el camino de la impunidad. Y para muestra un dato exacto: las entidades que tienen los peores promedios de extorsión y mayores incrementos son Baja California Sur, el estado de México, Zacatecas y Colima, todos gobernados por Morena.
Sí, aunque muchas veces eso resulta incómodo, esa es la verdad. La delincuencia y el narco se han apoderado del territorio nacional. Por lo pronto, hoy nosotros lamentamos que fueron los fines partidistas los que se pusieron encima o por encima de esta ley. Se pudo haber legislado, ya si se iba a legislar, como una manera o de una forma mucho más compleja y coordinada. Una ley que sí diera respuesta a las necesidades de la gente. Una ley que también rompa con los acuerdos de impunidad. Una ley que por fin diera justicia a los desprotegidos.
Una ley que hubiera salvado la vida que hemos visto en los últimos días ha cobrado el crimen organizado, principalmente, en líderes del campo, en líderes en diferentes estados de la República, que por levantar la voz fueron silenciados por el crimen organizado y por la gran impunidad que vivimos en este país. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Margarita García García: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Margarita García García: Solo pediría, presidenta, que me diera el mismo tiempo que les dio a mis antecesores. Gracias. Diputadas y diputados, pueblo de México que nos ve por las diferentes redes que hacemos sus diputados. Decirles que no podemos siempre estar en contra de todo, algo tenemos que hacer siempre, y las mentes optimistas siempre somos los que amamos y queremos a México.
Con esta reforma estamos abriendo camino en contra de la delincuencia, vamos por combatir el delito de la extorsión, algo que ha incrementado de manera alarmante en nuestro país. Y lo tenemos que aceptar, porque eso no solamente es responsabilidad de unos, sino de todos, porque, efectivamente, la gente se quedó con la idea del pasado, de que si denunciaba pues ya sabíamos cómo le iba.
Se normalizaron esas llamadas amenazantes y engañosas que buscan obtener beneficios económicos. Vamos a buscar que durante los gobiernos de la oposición este delito se vio beneficiado ante la incapacidad del Estado de poder combatirlo y no tengo la duda que incluso hayan sido parte operativa de estas actividades delictivas.
Fue durante los gobiernos encabezados de Peña Nieto cuando se dieron de manera recurrente las famosas llamadas telefónicas que se hacían desde los centros de readaptación que engañaban a los ciudadanos y ciudadanas y los hacían realizar depósitos. Aquí mismo en la Cámara en esos gobiernos se realizaron ese tipo de extorsiones a algunas diputadas y diputados.
Y por qué no decirlo y aceptar que también hace unos años aquí hemos sido víctimas y víctimas de esta extorsión, pero qué podemos preguntarles a los campesinos, a los empresarios, a todos los comerciantes de que han sido víctimas de este terror y de este miedo, donde ya no saben si abrir sus pequeños comercios, donde ya no saben si seguir vendiendo, si cambiarse de ciudad y se encuentran en otra ciudad que efectivamente no hay tranquilidad y paz.
Por eso por algo tenemos que empezar. Quienes nuevamente siguen aquí con sus discursos rancios, llenos de odio, que esta iniciativa no dice nada y que no sé qué, bueno, ¿pues para qué se toman el tiempo de venir aquí a seguir diciendo mentiras?
El pueblo ya no les cree, el pueblo hoy quiere que sus diputados legislemos a favor de ellos y que ellos recuperen la paz y la tranquilidad, pero esto no lo va a poder hacer un solo gobierno y hoy, aunque les duela, la presidenta de la República está poniendo en este centro esta iniciativa para que se acabe con eso. Dependerá de cada uno de nosotros que efectivamente seamos vigilantes de todas las instancias para que quienes vayan a denunciar esto se haga efectivo.
Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer y bueno, recuerdo solamente. Durante el sexenio de Peña Nieto, es decir, entre el 2012 y 2018, se registraron 30 mil 131 denuncias relacionadas con extorsión. Y un sexenio anterior, bajo la gobernanza del PAN, la extorsión alcanzó un máximo histórico de 32 mil 318 casos, lo que representó el aumento de 140 % en las denuncias.
En la cuarta transformación buscamos con esta reforma dar certeza de seguridad al pueblo de México, estamos en contra de normalizar las acciones delictivas que bajo el amparo de los gobiernos liberales dieron luz y normalizaron estas acciones.
Para atacar este delito se requieren acciones de prevención, fortalecimiento institucional, capacidad de investigación y protección de víctimas, por lo que con esta iniciativa precisamente se busca emprender este camino que llevará a penalizar de manera específica y puntual el delito de extorsión.
Como legisladoras y legisladores, estamos realizando nuestra labor y cumplimos el compromiso que hicimos con el pueblo de México donde las víctimas de este delito podrán realizar de manera libre y eficaz sus denuncias que permita atacar este delito y de ahí partir para iniciar las acciones de prevención. De ninguna manera, nosotros, los de la bancada del Partido del Trabajo, permitiremos que se normalicen estas actividades delictivas.
Es por eso, que votaremos a favor porque estamos en el mismo sentido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que por supuesto que la vamos a acompañar porque una presidenta de la República no puede hacer todo. Ojalá y eso entendamos y más allá de sus fobias, de sus discursos hipócritas hoy legislemos esta iniciativa a favor del pueblo de México que nos está pidiendo a gritos que hagamos algo y que se acabe esa bola de sinvergüenzas que se han dedicado a hacer dinero fácil y que no han visto cuánto le cuesta a tener un negocio, tener una empresa y lo único que hacen es extorsionar.
Decirles que aquí nosotros hemos vivido en carne propia donde nos han hackeado los celulares para extorsionar. Por eso, no podemos seguir en esto. Desde esta tribuna también quiero hacer un reconocimiento al secretario, a Harfuch por ese trabajo que está haciendo, porque está poniendo todo su empeño para que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos seguridad y que cuenta con todas y todos los diputados del Partido del Trabajo, porque tenemos mucha claridad que nosotros legislamos a favor del pueblo de México. Es cuanto, diputada presidenta y retiro mi reserva. Muchas gracias. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Toda vez que no hay materia tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther: Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas, diputados, la iniciativa que hoy estamos votando, como su propia enunciación refiere, no solamente tiene qué ver con las penas, sino que pretende ampliar su marco de cobertura a la prevención, a la investigación y, desde luego, a la sanción de lo delitos en materia de extorsión.
En ese sentido, quisiera llamar su atención sobre cinco de las dimensiones que me parecen fundamentales de esta iniciativa. En primer término, se señala con claridad en el articulado que la investigación y no solamente la persecución de los delitos en materia de extorsión, tiene que seguirse de oficio.
Me detengo en esto que parecería una obviedad, pero dada la naturaleza de los delitos en materia de extorsión, probablemente la acción preventiva o para decirlo con mayor claridad, la investigación es la acción primordial que debería resultar, justamente de la aprobación de esta ley.
Todos y todas sabemos que esta tarea de investigación, por muchos años ha sido prácticamente nula, en el mejor de los casos insuficiente y solamente, para mala fortuna de miles de mexicanas y de mexicanos, nos enteramos de la existencia de las amenazas, de las extorsiones cuando se han materializado, a veces de manera definitiva, incluso, con la privación de la vida de quienes fueron en su momento extorsionados. Así es que, primera dimensión que habrá que exigirles a las autoridades es que se cumpla con esta materia de oficio desde la investigación.
En segundo lugar, me parece de la mayor relevancia la definición y, sobre todo, el cumplimiento de las competencias que se definen en la iniciativa. Claramente se señala que serán de competencia, serán y lo digo de manera resumida, las conductas que se vinculan a la delincuencia organizada, sin embargo, es fundamental que esta definición que coloca en el ámbito competencial de los estados el resto de las conductas derivadas de la extorsión, no genere un vacío, de tal manera que entre unas y otras autoridades, por una falta de claridad normativa o porque a veces no está claramente definido en el proceso de acusación del delito si es o no delincuencia organizada, nadie se haga cargo y de esta manera se consumen de manera continuada los delitos.
En tercer lugar, me parece que es afortunado que en la iniciativa se prevea la creación del Centro de Atención de Denuncias por Delitos en Materia de Extorsión, aquí habrá que dar seguimiento puntual de que verdaderamente haya una capacidad de respuesta inmediata. Los minutos, las horas y los días hacen la diferencia.
Infortunadamente en este y en gobiernos anteriores hemos sido testigos de cómo las instancias, no este centro, pero las instancias responsables de recibir las quejas han actuado de manera tardía, a veces prácticamente imperceptible y esto ha ocasionado la creencia, en la mayor parte de la población, de que denunciar no sirve de nada y que probablemente los primeros que se enteran de la denuncia son justamente las organizaciones criminales.
Me da mucha pena que incluso personas que ejercen el comercio, en el caso de mi estado de Baja California, que han publicado videos señalando que van a tener que cerrar sus negocios por estas amenazas, por negarse a ser víctimas del delito, de acceder a las pretensiones criminales, no hayan encontrado la presencia de la República, sino solamente que hablen al número 1, 800 tal, lo que ocupamos son, sí un número 800, pero, sobre todo, acción inmediata, contundente y oportuna.
En cuarto lugar, y creo que aquí está algo que duele y lastima a la población, que las medidas de protección que se están previendo en la iniciativa realmente sean aplicadas de manera suficiente y continuada por parte de las autoridades federales y las locales.
Es desafortunado que no uno, sino decenas de casos han tenido protecciones limitadas, a veces tardías y de qué le sirve a un comerciante que a lo mejor se le proteja, si la acción delictiva, la venganza va a recaer sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre sus socios. Requerimos que realmente las medidas de protección cubran a todo el conjunto de sujetos que se ven amenazados, sobre todo, cuando toman la decisión de denunciar.
Finalmente, me parece fundamental en esta materia, que la investigación sea eficaz, sea pronta y sea oportuna. Cuando la investigación no se lleva a cabo de manera profesional, cuando es insuficiente, cuando no se realiza con sigilo, normalmente las consecuencias son absolutamente fatales.
Y, desde luego, para esto es valiosísimo que toda la fuerza del Estado esté aplicada a la prevención y al combate de este delito. Hoy hay que decirlo, la fuerza de tarea que se tienen en varias corporaciones, especialmente la Guardia Nacional, la vemos claramente desaprovechada en alguna caseta por ahí, en algún aeropuerto, molestando a quienes se estacionan, y tenemos cientos o miles de elementos capacitados, pagados por todos sus impuestos y que no necesariamente están haciendo la tarea que les corresponde.
Así es que, con el voto a favor de esta iniciativa, con las reservas que se han planteado, me parece que no habrá excusa alguna para que el Estado mexicano no cumpla con esta tarea que le ha quedado a deber, ya por muchas décadas, a millones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Toda vez que no se admite, el dictamen continúa en sus términos. El diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del PRI ha instruido que su reserva se ingrese al Diario de los Debates y así se hará. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Laura Hernández García. Adelante, diputada.
La diputada Laura Hernández García: Con la venia, de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Laura Hernández García: Como lo dije en mi primera intervención, expedir esta Ley General era necesario para contar con un tipo penal básico de extorsión aplicable para todas las entidades y para delinear una estrategia muy puntual de política pública para la prevención de este delito.
Sin embargo, esta iniciativa debe fortalecerse en varios aspectos relacionados con la garantía de respeto a los derechos humanos, el enfoque centrado en las víctimas, en la justicia restaurativa y garantizar el debido proceso.
La extorsión es un delito que puede implicar violaciones a derechos humanos en el contexto actual del país, por esta razón la iniciativa debe de poner en el centro a las personas víctimas del mismo y debe buscar que haya una efectiva protección de su derecho a la justicia y estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso. Al poner al centro a las víctimas ineludiblemente se debe hacer referencia a la justicia restaurativa como una forma para atender a quienes han sufrido daños a su integridad física, a su salud mental, a su economía por esta conducta ilícita. Y conlleva también medidas de no repetición y reparación.
Al hablar de justicia restaurativa me estoy refiriendo a lo siguiente: se centra principalmente en la reparación del daño causado por una acción ilícita y restaurar en la media de lo posible el bienestar de todos los involucrados, víctimas directas e indirectas. La restitución a estas afectaciones tiene que hacerse para recuperar la dignidad, la tranquilidad y la igualdad por la extorsión.
Es por eso que presento estas propuestas de modificación al dictamen. La primera tiene que ver con el hecho de hacer explícito en la fracción VIII del artículo 3o. que las autoridades encargadas de aplicar esta ley deben ejecutar las acciones que correspondan para la reparación integral del daño a las víctimas, garantizando su acceso efectivo a la justicia en apego establecido ya en la Ley General de Víctimas. Se tiene que hacer match, no puede ir uno por un lado y otro por el otro.
Por otra parte, propongo modificar el artículo 27, ya que en los términos actuales se da pauta a que una prueba obtenida mediante una violación a derechos humanos, como es tortura o coacción, pueda considerarse válida de acuerdo al criterio de la autoridad competente.
Es necesario que en este artículo se mencione que la autoridad judicial resolverá la nulidad o la exclusión de la prueba que se haga valer por la persona imputada o por su defensa durante el procedimiento seguido por algún delito previsto en esta ley; y que haya sido obtenida mediante tortura o coerción, que implica una violación a sus derechos fundamentales, ya sea que haya sido obtenida de manera directa o indirecta.
Lo anterior en el entendimiento de proteger la garantía del debido proceso, tal como se ha especificado en el estándar internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al caso mexicano de los campesinos ecologistas presos en Guerrero.
Reitero, me parece muy importante destacar que la estrategia para prevenir, defender y combatir que se haga este delito, y defender a las víctimas de la extorsión, debe de mantenerse en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la promoción y la capacitación a los autores de... que son los que se encargan de la justicia en México. Y estoy hablando de Ministerios Públicos, de policías y, obviamente, de operadores de justicia. Y sin desconocer tampoco la perspectiva de género. Es esencial para que se puedan proteger los derechos de todas las personas, incluyendo los sectores de las poblaciones más vulnerables, excluidos históricamente en nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, secretaria. Toda que no ha sido aprobada, el dictamen continúa en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado... corrijo, la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Eva María Vásquez Hernández: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Eva María Vásquez Hernández: Hay llamadas que definitivamente no se olvidan. La de una madre cuando escucha a su hijo gritar del otro lado de la línea telefónica, la de una comerciante que es amenazada de que o copera o se tiene que atener a las consecuencias, la del transportista que cada semana tiene que pagar por pasar su mercancía. Esas son llamadas que jamás se van a olvidar. Que suenan en los teléfonos, pero también suenan en el alma.
Hay otras llamadas que no llegan nunca, la de la policía que nunca responde, la de la fiscalía, que dice: vuelva mañana, la del Estado, que simplemente no atiende sus obligaciones, no contesta. Y cuando el gobierno no contesta quién creen que gana. Por supuesto que los extorsionadores. Y para muestra, un botón. En Baja California, reitero, ha ido en aumento la extorsión. En 40 % este año en relación con el 2024, y las propias autoridades declaran que al día de hoy solamente hay 55 detenidos por este tema de extorsión, cuando a diario se reciben esas llamadas, cuando a diario es la extorsión la que prevalece en Baja California.
Durante años la extorsión se volvió el delito que más ha sido manejado aquí en México. No necesita armas ni violencia física, solo el miedo, sí, el miedo en este país ya no se mide en pesos ni en llamadas, se mide en silencio. En los negocios cerrados, en las rutas abandonadas, en la gente que dejó de confiar en los sueños rotos de los emprendedores.
Hoy aprobamos una ley que por fin pone nombre, forma y castigo a este miedo, pero quiero decir algo con absoluta claridad. Esta ley no es el final de un problema, es el comienzo, es toda una responsabilidad. Porque de nada sirve escribir 200 artículos o más si no trae aparejado recurso para atender. Hasta hoy México tenía 32 versiones distintas de lo que era la extorsión, 32 idiomas legales que solo entendían abogados y, por supuesto, los criminales.
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Con esta ley, por fin tendremos un lenguaje único para llamar a las cosas por su verdadero nombre y eso ya es un paso, pero no basta con nombrar, hay que actuar. Por eso en Acción Nacional votamos a favor, sí, pero no nos conformamos con el ya está. Propusimos un tipo penal sin huecos, que contribuya al apoyo integral a las víctimas. Investigación sin impunidad y una estrategia nacional con metas y con verdadera rendición de cuentas.
No queremos una ley que se quede en el en el Diario Oficial, queremos una ley que verdaderamente sea útil. Y también hay que decirlo, esta ley también enfrenta una verdad muy dura, una verdad muy incómoda. Más del 77 %, perdón, más del 70, 70 % de las extorsiones que hacen desde prisión, sí, con el contubernio del gobierno, desde se supone que el Estado tendría que tener el control.
Las cárceles dejaron de ser lugares de rehabilitación social para convertirse en oficinas del delito. Y, mientras un delincuente puede coordinar toda una estrategia de extorsión desde su celda, cualquier ley se convierte en letra muerta. Por eso, verdaderamente impulsamos que esta ley incluya tecnología, bloqueadores, control judicial verdadero. Porque si no se corta la señal del crimen el miedo va a seguir transmitiéndose.
Y, ojo, el miedo no solo se transmite por teléfono, también se transmite cuando la gente siente que no le importa al gobierno. Cuando ve que los delitos se comenten, se acumulan y los culpables libres como si nada. Cuando las víctimas se cansan de ser pacientes eternos de una justicia que jamás les llega.
Por eso este voto no solamente es un sí, es un recordatorio de que el Estado no puede seguir siendo un buzón sin respuestas, que el miedo no se combate con discursos, sino con verdaderos resultados. Yo quiero imaginar un México donde las llamadas no den miedo, donde una madre reciba noticias de su hijo, no amenazas. Donde el miedo no sea la moneda ni del crimen, ni tampoco de la política.
Y sé que muchos aquí lo piensan igual, aunque no todos se atrevan a decirlo. No hay extorsión más grave que la que se comete desde el gobierno, ese gobierno como el de Baja California, insensible, que permite la extorsión, pero que, además, la propicia desde sus propias filas.
Sí, el cártel de Morena gobernando en Baja California y propiciando la extorsión, acabando con los sueños de los emprendedores del sector restaurantero en Ensenada, acabando con los sueños de los empresarios en Mexicali, extorsionando desde las filas de la policía.
Por eso hay que decirlo, votamos a favor esta ley para que se endurezcan las penas, que se fortalezca la justicia, no basta con prohibir, hay que proteger, y no basta con aprobar, por supuesto que hay que cumplir.
Y vamos a estar muy vigilantes, porque la gente ya no soporta más promesas sin cumplimiento. México no puede seguir pagando el impuesto del miedo, no puede seguir viviendo con la tarifa del silencio y no puede seguir esperando que la justicia llegue por llamada pérdida.
Hoy decimos basta, basta de extorsión criminal y basta de extorsión política. Basta de gobiernos como el de Baja California, donde la fiscal califica su actuar con un 100 y presumen leyes mientras la gente sigue viviendo con miedo. Y basta de silencio, porque el silencio en este país ya cobró demasiadas vidas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. Esta presidencia da la bienvenida a la organización de mexicanos en retorno Retache y a sus directores Mariano Ávila y Jesús Vega Arzola, invitados por la diputada Maribel Solache, diputada migrante. Muchas gracias por estar aquí.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo de México. Es impresionante el cinismo y la hipocresía con la que viene aquí el PRIAN a decir que está en contra de la impunidad.
¿Con qué cara, señores y señoras, si tienen a Alito Moreno de presidente del PRI, un delincuente con fuero? ¿Con qué cara si tienen a Romero de presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario? Y que conste que no lo digo yo, lo dice su expresidente fraudulento Felipe Calderón, que en su libro menciona que extorsionaban a comerciantes cobrándoles piso. Qué barbaridad y qué desfachatez.
La cuarta transformación pone fin al miedo y cerrojo a la impunidad heredada del PRIAN. Vengo a favor del dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
¿Por qué es indispensable? Porque esta ley pone en el centro a la gente que trabaja, emprende, conduce un taxi, atiende un local o sale a ganarse el pan de cada día y evitar y terminar con que tengan que pagar cuotas a nadie.
Es una ley con beneficios concretos. Uno, homologa el tipo penal y sus agravantes en todo el país. Dos, distribuye competencias con reglas claras entre la federación, estados y municipios. Tres, fortalece la investigación con control judicial, y cuarto, protege integralmente a las víctimas y mejora la coordinación para que el delito deje de cometerse.
Esa transformación jurídica deriva de la iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha trazado una estrategia integral contra la extorsión, alineada a la visión de seguridad de la cuarta transformación: atender las causas, prevenir y, cuando sea necesario, sancionar con eficacia y proporcionalidad.
A diferencia del PRIAN, los principales extorsionadores y saqueadores de México que convirtieron el miedo en negocio y el Estado en botín, que ahora se están peleando entre ellos, pero siguen siendo, y seguirán siempre siendo, lo mismo.
Nosotros, compañeras y compañeros, planteamos que esta ley no nace en el vacío, sino responde a las necesidades de un país que durante décadas padeció una estrategia de seguridad fallida. El PRIAN convirtió el dolor en negocio y el miedo en espectáculo.
Hoy vemos a uno de sus emblemas de seguridad Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por corrupción y protección al narcotráfico, quién fue subordinado de Felipe Calderón quién hoy tiene el cinismo de querer regresar a la vida pública de México. Desde acá le digo, Felipe Calderón y te lo digo de frente, nunca vamos a olvidar que eres un fraudulento, corrupto y asesino. Eso nunca lo va a olvidar México. Todavía tienes una cuenta pendiente con la justicia y con el pueblo de México.
Y, aquí con qué cara vienen los del PAN a ofender este gobierno emanado del pueblo, cuando ustedes llevan gobernando Guanajuato durante más de 20 años y, ¿qué creen? Guanajuato tuvo un pico de 1.28 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, es decir, el doble de la media nacional.
El Observatorio Nacional Ciudadano reporta en otro estado en Coahuila, de los pocos estados, de los únicos estados gobernados por el PRI, un incremento del 66 % de víctimas de 2023 para 2024, ¿con qué cara? Hipócritas y cínicos, es lo que son. Esta fotografía revela que las entidades del PRIAN concentran algunas de las tasas más altas respecto a este delito.
¿Qué beneficios nos trae esta ley? Establece el tipo penal básico, en el cual establece que la conducta consiste en obligar a alguien sin derecho a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o causar un perjuicio no solo a patrimonial, sino también moral, físico o psicológico.
Segundo, las agravantes se contemplan 34, incluyendo el denominado cobro de piso, la imposición de precios, secuestro virtual, suplantación de servidor público y los llamados montachoques. Esto permite responder a la diversidad real y a las modalidades con las que opera el crimen.
Tercero, con esta Ley General de Extorsión y Delitos Vinculados se perseguirán de oficio, se habilita la denuncia anónima vía 089 y con agravantes procede a prisión preventiva oficiosa. La policía actuará bajo el mando del Ministerio Público y con técnicas bajo control judicial.
Y, cuarto, el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión adscrito a la Secretaría de Seguridad que recibirá y que analizará y fortalecerá la base nacional de presuntos números de extorsión telefónica. Es decir, Estado presente, tecnología útil y ciudadanía protegida. Compañeros y compañeras, esta ley es una respuesta seria a un delito que por culpa del mal manejo del Prian golpea comunidades, frena la economía y quiebra el ánimo social.
Cierra grietas procesales, ataca la operación criminal dentro y fuera de los penales y fortalece la denuncia anónima para reducir la cifra negra. Esta es la diferencia entre simular y transformar. Concluyo. Morena y la cuarta transformación abrazamos una estrategia efectiva para la paz causas, prevención, inteligencia y justicia con verdad.
El Prian dejó montajes, guerra mediática y funcionarios hoy sentenciados. Nosotros dejamos instituciones que sirven, leyes que protegen y un Estado que no se rinde. Votemos a favor, porque la paz no se hace a base de decretos, se construye con justicia y con el pueblo, como lo hacemos la cuarta transformación. Y, porque a los extorsionadores de la calle, del escritorio y de la política se les acabó la fiesta. Este país tiene derecho a vivir en paz. Este país es del pueblo y el pueblo ya despertó. Es cuanto, presidenta. La retiro.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Gracias. Toda vez que no hay materia, continúa la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, todos sabemos lo que el delito de extorsión significa en la vida real: el miedo cotidiano, el negocio que cierra, la familia que huye, la dignidad que se derrumba ante la amenaza, el asesinato artero. La extorsión se ha convertido en un cáncer social que hace años devora la convivencia, la inversión y la confianza del Estado.
Hay regiones enteras del país donde no solo los comercios sino los propios habitantes viven bajo el yugo de quien los intimida para permitirles trabajar, circular o simplemente existir. El PRI comparte la urgencia humana y social de combatir a este delito con toda la fuerza del Estado, pero al mismo tiempo no podemos permitir que bajo el pretexto de combatir la extorsión se institucionalice una maquinaria de represión y control político, porque eso pretende Morena con esta ley.
El dictamen prevé sanciones de hasta 15 años de prisión por el delito de extorsión, nadie discute la gravedad de esa pena, el verdadero problema está en la prisión preventiva oficiosa, que sigue amparada en el artículo 19 de la Constitución, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó que esa figura viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Morena se niega a obedecer ese compromiso internacional, su voracidad es tal que prefiere mantener en el texto supremo una figura que permita encarcelar a personas sin sentencia, con base únicamente a la imputación sin necesidad de que el Ministerio Público pruebe el riesgo procesal. Y aquí es donde la extorsión se vuelve el pretexto perfecto para perseguir opositores, silenciar activistas y neutralizar a todo aquel que cuestione el poder.
La Corte Interamericana fue clara, la prisión preventiva solo puede ser justificada, es decir, debe sustentarse en razones específicas, ponderadas y demostrables ante un juez. La prisión preventiva oficiosa en cambio es automática, ciega y contraria a la presunción de inocencia.
En los hechos ha significado que miles de personas permanezcan años privadas de su libertad sin sentencia, algunas hasta por más de una década y en condiciones infrahumanas. ¿Queremos combatir la extorsión o queremos multiplicar los abusos? ¿Queremos proteger a las víctimas o fabricar nuevas víctimas desde el Estado?
El texto del dictamen abre un campo fértil para la arbitrariedad, bastará la palabra de alguien que se diga víctima de extorsión, para que una persona sea privada de su libertad en automático.
Imaginemos a un ciudadano de un municipio cualquiera, de Veracruz, que exige transparencia al presidente municipal, que presenta denuncias o solicitudes de información, el alcalde molesto convence a un colaborador de declarar que ese ciudadano le pidió dinero a cambio de no manifestarse de nuevo. Con ese simple dicho, con ese simple dicho sin pruebas sólidas, el opositor puede ser detenido, encarcelado y pasar años en prisión preventiva oficiosa, mientras el poder local celebra su silencio. ¿Eso es justicia? ¿Eso es proteger al pueblo? ¿En serio? Eso es usar una ley como arma política. Eso es convertir el miedo legítimo a la delincuencia en una excusa para consolidar el autoritarismo.
Desde el PRI nacional, con el liderazgo de Alejandro Moreno y coordinados en esta Cámara por Rubén Moreira, afirmamos con claridad, somos un partido de libertades, no persecuciones. Nos duele la extorsión porque hiere al México productivo, al México que sí trabaja, al México que emprende, pero también nos indigna que Morena use ese dolor para seguir construyendo un Estado que sospecha de todos, que encarcela antes de investigar, que castiga antes de escuchar.
La prisión preventiva oficiosa es el rostro jurídico de un gobierno que no confía en su propio sistema de justicia, es la confesión de que prefieren encarcelar inocentes antes de corregir fiscales ineficaces y es, sobre todo, la muestra de que Morena no entiende la diferente entre autoridad y poder absoluto.
Hoy se nos pide votar una ley que en apariencia protege al pueblo, pero en su fondo es un instrumento para mantener el control y el miedo, porque el verdadero proyecto de Morena no es castigar a los extorsionadores, es mantener a la ciudadanía extorsionada por el poder.
Por eso, desde esta tribuna, lo digo con firmeza: sí a una ley que castigue la extorsión, no a una ley que la reproduzca desde del gobierno. Sí a la justicia, no al abuso de poder disfrazado de legalidad, porque México no necesita más cárceles, México necesita más verdad, más justicia y más libertad. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vengo a expresar nuestro respaldo al dictamen que se está discutiendo y que iremos a votar en lo particular.
La sociedad mexicana se ha visto afectada por la comisión del delito de extorsión. Un delito que se da en múltiples modalidades y que afecta a diversos aspectos de la vida de las y de los ciudadanos. En la comisión de este delito, las organizaciones criminales han encontrado un campo fértil para su realización y en los hechos han gozado de total impunidad en perjuicio de la tranquilidad personal y del patrimonio y los bienes de las y los mexicanos.
Debemos tener presente que hace muy poco aprobamos la reforma constitucional en la que se dotó al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una ley general de combate a la extorsión. Y éste es el instrumento jurídico que estamos aprobando. Se establece el tipo penal básico con dos agravantes y además la denuncia podrá ser presentada de manera anónima para que no haya contacto alguno entre el extorsionador y la víctima, y evitar la revictimización del sujeto afectado.
Además, se establece la obligación de las empresas concesionarias de telefonía de coadyuvar con la autoridad bloqueando señales, ya que un gran número de estos delitos se cometen utilizando estos instrumentos tecnológicos. Un gran mérito del dictamen es establecer un solo tipo penal que aplicará en todo el país y desde luego dejarán de tener aplicación las disposiciones que en materia de extorsión prevean las leyes locales en las entidades federativas y en la Ciudad de México.
También se prevé la reparación del daño causado por el delincuente y será con cargo a los bienes de los que se ostente como dueño. Estos son solo algunos de los múltiples aspectos positivos que contiene este dictamen, que sin lugar a dudas se traducirá en fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones perseguidoras del delito y en su gobierno.
Todas y todos los mexicanos tenemos derecho a dedicarnos a la actividad productiva que más nos guste. Y no es válido que un grupo de delincuentes y sinvergüenzas pretendan privarnos de nuestros recursos y de la tranquilidad mediante la comisión de este delito.
La votación en lo general que obtuvo una amplia mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas nos demuestra que debemos seguir privilegiando el dialogo en el acercamiento de posiciones políticas que pudieran parecer antagónicas, pero en las que nos une buscar el beneficio de todas y de todos los mexicanos. Por las consideraciones aquí expuestas, votaremos a favor en lo particular del presente dictamen. Unidad Nacional. Todo el poder al pueblo. Retiro mi reserva, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha instruido se inscriba su reserva en el Diario de los Debates, y así se hará. El diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal: Con permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputado.
El diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal: Compañeras y compañeros legisladores, la extorsión constituye uno de los delitos con mayor impacto en la vida cotidiana de miles de mexicanas y mexicanos. Su gravedad no se limita a la pérdida económica que genera, sino se manifiesta también en la alteración de la convivencia social.
El proyecto de ley que envió la presidenta Claudia Sheinbaum busca dotar al Estado mexicano de una herramienta jurídica moderna e integral para combatir uno de los delitos que más lastima el tejido social. La extorsión ha adquirido nuevas dimensiones. Hoy se lleva a cabo mediante amenazas, cobros ilegales, manipulación digital y redes que controlan espacios locales con violencia. En muchos casos, además opera como una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.
Esta evolución del fenómeno delictivo nos obliga a dotar al Estado de herramientas jurídicas adecuadas, que fortalezcan la respuesta institucional ante un delito que, por su naturaleza, atenta contra el derecho a la seguridad, la libertad económica y la integridad de las personas.
La situación no es menor, las cifras son alarmantes. Tan sólo en los últimos años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado un incremento sostenido en estas denuncias en diversos estados del país. Y también sabemos que muchas de las víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o por la percepción de que no serán atendidos.
Cabe destacar que en el periodo del 2009 al 2024, las denuncias por el delito de extorsión incrementaron aproximadamente un 17 %, al pasar de 8 mil 734 investigaciones, a 10 mil 227. Además, durante los primeros 7 meses de 2025 se registraron 6 mil 880 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento del 8 % respecto al mismo periodo de 2024.
Ante esta realidad, uno de los aspectos centrales de la reforma consiste en establecer sanciones proporcionales y preventivas. Se contemplan penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 6 a 15 veces el valor de la UMA, con agravantes cuando la víctima sea menor de edad, persona migrante, servidora pública o integrante del sector productivo.
Por si fuera poco, esta ley busca homologar a nivel nacional los criterios y sanciones aplicables al delito de extorsión. Su objetivo es unificar definiciones y castigos para las modalidades como la extorsión telefónica, digital o presencial, evitando así la impunidad derivada de la diferencia y de los códigos de los estados.
Del mismo modo, la iniciativa armoniza diversas disposiciones con la reforma probada a finales de 2024, que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional. Entre los ilícitos incorporados a dicho catálogo, se encuentra precisamente la extorsión, el contrabando y los delitos relacionados con drogas sintéticas, como el fentanilo.
En coherencia con este enfoque, resulta indispensable considerar la dimensión social de la extorsión, que exige que la red reconozca el daño que provoca más allá del ámbito económico, que es víctima de este delito y pierde todos los recursos. Pierde la tranquilidad, pierde la autonomía y la confianza en la autoridad.
Por ello, la protección a las víctimas debe acompañarse de mecanismos eficaces que garanticen las investigaciones sólidas, atención integral y una cooperación institucional permanente. En el fondo, esta reforma busca recuperar el principio de autoridad del Estado y la confianza de la ciudadanía en la justicia. Porque la extorsión no solo afecta económicamente, sino que roba la libertad de las personas para decidir, para trabajar y para vivir en paz.
Y cuando la intimidación se vuelve parte del entorno, el Estado tiene la obligación de responder con firmeza, pero también con legalidad y respeto a los derechos humanos. Por lo anterior, en el Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Toda vez que no hay materia, tiene el uso de la palabra la diputada Ariana del Rocio Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Ariana del Rocio Rejón Lara: Con el permiso de la Mesa Directiva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Ariana del Rocio Rejón Lara: Compañeras y compañeros diputados, parece que en Morena encontraron la fórmula mágica de la impunidad, no les bastó con desaparecer los contrapesos, ahora quieren legalizar el: me arrepiento y ya no cuenta. Este artículo 22 no es una norma jurídica, es un seguro de corrupción con descuentos del 50 %, ya lo saben, para los amigos del régimen. Porque lo que dice en pocas palabras es esto: si te cachan robando, devuelve tantito, di que te arrepientes en tres días y aquí no pasó nada.
Que coincidencia con estos cínicos, justo cuando la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado desvíos y anomalías en estados gobernados por Morena, como en mi estado Campeche, de la nada aparece una ley que perdona al que extorsiona, al que roba o presiona, si finge un arrepentimiento exprés.
Este artículo no combate la extorsión, la institucionaliza. Por eso vengo a presentar una reserva para eliminar este artículo vergonzoso, porque el Estado mexicano no puede ofrecer descuentos a los delincuentes, y menos cuando se trata de un delito que hoy destruye vidas, comercios y patrimonios.
Compañeras y compañeros, de enero a septiembre del 2025, hubo más de 8 mil 500 víctimas de extorsión, según sus propios datos, y más del 97 % de las víctimas no denuncian ¿saben por qué? porque, obviamente, no confían. Y ahora con este artículo se manda un mensaje: si te cachan te arrepientes y te perdonamos la mitad del castigo ¿Cómo ven? Esto no es justicia, es complicidad.
Por eso yo pregunto, ¿quién repara el daño moral, el miedo, la pérdida del patrimonio de víctimas? ¿Quién les devuelve el sueño a las familias que tuvieron que pagar para seguir vivas? Este artículo no piensa en ellas, piensa en los que están del otro lado del escritorio, en los que se amparan con el poder, en los que cobran piso con cargo al presupuesto público. Este artículo es para que los corruptos de Morena no toquen cárcel.
Porque así de claro, los que roban, desvían y extorsionan desde el poder ahora tendrán un camino limpio para negociar su pena. Si les perdonan la mitad, si devuelven algo, pero los intereses, los usufructos, los daños patrimoniales, esos no los tocan. ¿Y saben qué es peor? Que se va a presentar como una medida humanitaria o de justicia alternativa. No, diputadas y diputados, no hay justificación legal ni ética que lo respalde. En el PRI creemos en la justicia, no en los actos de impunidad.
Y esto, compañeras y compañeras, huele a pacto, a un pacto entre quienes hoy gobiernan y quienes mañana necesitarán una salida jurídica. Y no lo digo yo, ahí están los informes de la Auditoría Superior de la Federación y los desvíos que se detectaron en obras, en programas sociales en mi estado de Campeche. ¿Casualidad, corrupción o extorsión? Seguro sí. Esta cláusula es un salvavidas para cuando las auditorías empiecen a cerrar círculos.
Por eso les digo, compañeras y compañeros, no a la impunidad con sello legislativo. Que quede claro, no estamos en contra de castigar la extorsión, estamos en contra de premiarla. La ley no puede ser refugio para los corruptos, debe ser una espada para los delincuentes. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite y se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Compañeras y compañeros diputados, una de las mayores preocupaciones para las y los mexicanos desde hace varios años es sin duda el tema de inseguridad, lamentablemente no falta nunca quienes lucran, quienes pretenden sacar raja política de los problemas.
Valdría la pena recordarle a Acción Nacional que por lo visto tienen memoria corta o más bien memoria selectiva que el periodo en que los cárteles diversificaron sus actividades e incursionaron en otros delitos, entre ellos la extorsión, fue precisamente en el sexenio de Calderón, que decía combatirlos, pero tenía un secretario de Seguridad Pública que trabajaba para ellos. Si hubo un sexenio en el que aumentó la extorsión fue en el de Calderón en un 56.8 % y no lo digo yo, lo dijo el Sistema Nacional de Seguridad Pública que fue creación de Calderón y García Luna.
Pero, aún así les digo con toda claridad que los altos niveles de delincuencia no son producto de generación espontánea ni surgen y crecen de un día para otro. Son el resultado de años y años de abandono por parte del Estado, de años y años de impunidad, de ausencia del Estado de derecho que fueron los sellos del periodo neoliberal y propiciaron el auge del fenómeno delincuencial.
Hoy, el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum los está atendiendo de manera frontal y decidida. No cabe duda de que hoy por hoy dentro del fenómeno delincuencial la extorsión es uno de los delitos que más directamente lastima a la sociedad y lamentablemente ha crecido a la par del desarrollo tecnológico. Los delincuentes, las organizaciones delincuenciales se han servido de esos avances para crear nuevas modalidades de extorsión.
Como bien sabemos y aquí ya se ha bien dicho, actualmente la extorsión se comete a través de teléfonos celulares, de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, de las redes sociales, pero también se siguen realizando de manera directa como es el caso de los cobros de derecho de piso o enviando sicarios a amenazar, amedrentar, a golpear.
Incluso, ha proliferado esta nueva modalidad de extorsión que son los monta coches. La delincuencia ha venido diversificando y sofisticando sus métodos, sus modus operandi, por eso la extorsión se ha convertido en un problema tan grave.
Ante esta lastimosa realidad el Estado tiene que actuar. Es urgente que las autoridades también se adapten a las nuevas tecnologías para perseguir e incluso prevenir este delito. Y es nuestro deber dotarlas de un marco jurídico adecuado y suficiente para combatir este flagelo de manera eficaz.
No podemos quedarnos atrás, no debemos ir un paso atrás de la delincuencia, respaldamos esta ley porque establece, no solamente una distribución de competencias, sino la coordinación entre los órdenes de gobierno para que una autoridad no le eche la bolita a la otra o pretenda evadir sus responsabilidades en materia de combate a la extorsión, pero también para que desde la federación y desde los gobiernos locales se respalden y se apoyen municipios que no tienen capacidad institucional ni herramientas para combatir la extorsión.
Respaldamos esta ley porque se debe poner a la víctima en el centro de la atención por parte del Estado. Y no se equivoquen, esta no es una estrategia aislada ni una ley aislada, apenas en julio pasado se publicó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Así que hay una estrategia y una visión clara para combatir los delitos de manera integral, con el uso de inteligencia y herramientas tecnológicas.
Compañeras, compañeros, al igual que muchas mexicanas y mexicanos, también he sido víctima de intento de extorsión. Tal vez algunas y algunos de ustedes también lo han sido. Por eso, coincido con quienes consideran que esta ley no va a resolver el problema por sí sola, pero tengamos claro que esto es lo que nos toca hacer, lo que nos toca aportar desde el ámbito del Poder Legislativo.
La exigencia más grande es a las y los encargados de aplicarla, a las policías para que investiguen con eficiencia y al Ministerio Público para que integre las investigaciones con profesionalismo y exhaustividad. A los Poderes Judiciales para que impongan sentencias ejemplares, desde luego, respetando el debido proceso.
Por eso, en el PT respaldamos la estrategia decidida del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyamos la aprobación de esta ley. Tengan por seguro que, ante las constantes diversificaciones de la delincuencia, en el PT estaremos atentas y listas para seguir actualizando la ley y dotarla de herramientas legales a las autoridades encargadas de combatirla. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. El diputado Sergio Gil, de MC, ha solicitado que su reserva se inscriba en el Diario de los Debates, así se instruye. Y tiene ahora el uso de la palabra el diputado Roberto Sosa Pichardo, del PAN, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Sosa Pichardo: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Roberto Sosa Pichardo: Esta participación va dedicada a todas las personas que han sufrido algún tipo de extorsión en nuestro país y que hoy sufren porque han perdido su tranquilidad, su paz, su libertad y a veces hasta la vida, como el líder agrícola del Valle de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo.
Les presento esta gráfica en donde se muestra el crecimiento que ha tenido la extorsión en nuestro país desde el año 2015. En la parte de abajo se puede mostrar también quiénes han denunciado, solamente el 2 % –de todas las denuncias y de todas las extorsiones– son denunciadas en nuestro país.
Es bien importante entender que el delito de extorsión, como sabemos, no respeta ni estatus social ni sectores de la sociedad. Nos pega a todas y a todos, a los comerciantes, a los transportistas, a los empresarios, a los jóvenes, a los adultos mayores y ahora, estos mendigos infelices que se dedican a la extorsión en nuestro país, han evolucionado a otras maneras de llevar a cabo este delito, más de 20 modalidades de extorsión son las que tenemos hoy en México.
Ahora, ya no son solamente llamadas telefónicas las que tiene para delinquir, sino ahora también a través de los medios digitales es como lo hacen y siguen teniendo impunidad digital. Por ello, era importantísimo entender que primero teníamos que elevar a rango constitucional esta ley, y ahora en la presentación de este dictamen tenemos que decir que las y los mexicanos exigían a todos nosotros, legisladores, poder presentar este dictamen.
Sin embargo, tenemos que decir, de esta ley, que tiene cosas buenas como es que a partir de ahora se perseguirá delito de extorsión por oficio. Otra cosa buena, es que tendrá que haber coordinación y capacitación en los tres órdenes de gobierno para investigar, perseguir y castigar este delito.
Por supuesto, que a través de esta ley habrá más denuncias, la que ahora ayudará a que regrese la paz y la tranquilidad a nuestras familias, pero también hay que decir lo malo. Lo malo de esta ley es que no se le asignará más presupuesto a los estados y municipios, más de 10 mil millones de pesos se les retirarán y se les darán a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina.
También un tema que no es bueno, que es, al contrario, malo es que no se va a crear ninguna fiscalía especializada en materia de extorsión, como sí existen en otros delitos, como el secuestro, la delincuencia organizada y la trata de personas.
Tampoco se está tomando en cuenta la propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que es por lo menos tener 10 años de castigo como mínimo a todos los delincuentes.
A propósito de la extorsión, hace un rato subió a tribuna un diputado del oficialismo y yo quisiera preguntarles si ustedes saben qué militante de Morena está actualmente en la cárcel por asociación delictiva, por secuestro y que además publicaba y presumía las fotos con su dirigente nacional Luisa María Alcalde. Pues, sí, Hernán Bermúdez hoy está en la cárcel, quien era militante de Morena, el de La Barredora.
Es decir, sus funcionarios de la 4T están ahora en la cárcel y desde el gobierno ellos extorsionaban. Por eso, ahora que nosotros hemos propuesto esta ley, les ponemos en la mesa y veremos si realmente la llevan a cabo para seguir cuidando a sus funcionarios de Morena o tienen la aplicación de la ley.
Por cierto, deberían, diputadas y diputados del oficialismo, escuchar lo que vino a decir el día de ayer el secretario de Seguridad Pública del país, Omar García Harfuch, ayer en esta Cámara él reconoció el trabajo del gobierno estatal de Guanajuato en el tema del combate a la delincuencia.
Mexicanas y mexicanos, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo hemos dicho con claridad, fuimos, somos y seremos una oposición responsable, que siempre pondremos en el centro de las decisiones a las y a los mexicanos. Por eso, ahora que hemos presentado esta ley, vamos a votar a favor. Nosotros seguiremos viendo siempre por el beneficio de las y de los mexicanos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite y se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, de Morena.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es una forma de violencia económica, emocional, psicológica y social. Al mismo tiempo es un fenómeno de despojar a las personas de sus bienes, del dinero ganado con su trabajo y con su esfuerzo. Pero, sobre todo, las despoja de su tranquilidad y de su paz.
Desafortunadamente este delito ha crecido en los últimos años. En este 2025, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio se habían registrado más de 6 mil 800 víctimas de este delito. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización en Empresas de 2024, en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente, con mil 562 extorsiones por cada mil unidades económicas, correspondientes al 25. 5 % del total de delitos cometidos.
En esa misma encuesta, en términos de grandes sectores para el comercio, la extorsión fue el segundo delito más frecuente para la industria. Y la extorsión ocupó el primer lugar. La extorsión es esta herramienta, el modus operandi del crimen organizado para incrementar sus ingresos, sembrando el terror en la población, entre las personas trabajadoras, desde las más humildes hasta las que están en una mejor posición económica. Y ya, ya no lo vamos a permitir.
Hoy, ante los datos alarmantes que vemos días a día en las noticias sobre este delito, estamos en la antesala de lograr algo sumamente trascendental para su combate y sanción. Hoy haremos historia con la aprobación de este dictamen, por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y por el que se reforman otros ordenamientos en materia penal y contra la delincuencia organizada.
Haremos historia al robustecer el marco jurídico mexicano, al cual también enmascara buena parte de la estrategia natural contra la extorsión, que presentó nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el pasado 6 de julio de este año.
Pero regresamos al contenido de este dictamen. Por ejemplo, el reconocimiento de que el delito de extorsión se trata de la presión individual sobre una persona o negocio, pero también se trata de redes criminales que meditan entre el cobro de derecho de piso, la modalidad telefónica, las amenazas para obtener ventajas patrimoniales y la vinculación con el crimen organizado.
Es por ello que las reformas previstas contemplan sanción agravada cuando concurren tales sujetos, cuando se utiliza violencia o cuando haya participación de una organización criminal, reforzando la persecución de conductas completas. En el dictamen se reconoce también que el delito de extorsión es un delito pluriofensivo, que afecta la integridad física como psíquica de las personas en lo individual y en lo colectivo.
Con este dictamen daremos paso a la protección de las familias y comunidades, a la defensa de la economía local y, desde luego, reforzaremos el Estado de derecho. Esta reforma al marco jurídico no es un fin en sí misma, es un gran paso en la transformación institucional que permitirá proteger mejor a la ciudadanía, a sus familias, a sus negocios y a su tranquilidad.
Por eso hoy votamos a favor, porque estamos del lado del pueblo, que exige justicia y seguridad. Es cuanto, diputado presidente. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del PRI, para presentar reserva hasta por cinco minutos.
La diputada Xitlalic Ceja García: Con la venia del presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Xitlalic Ceja García: Bueno, aquí venimos a comprobar que el PRI si propone. Seguramente en la clase de adoctrinamiento que les dan cada semana les han dicho legisladoras y legisladores del oficialismo que repitan una y otra vez que la oposición no vota a favor ninguna de las propuestas que se presentan en este pleno.
Lo han dicho en entrevistas, lo han dicho aquí en tribuna, en comisiones, pero aquí está la prueba de que no solamente el PRI apoya aquellas iniciativas que están a favor del pueblo de México, sino también hoy tengo el gusto de felicitar y reconocer a dos de mis compañeras, a Mónica y Anita, quienes hicieron la presentación de esta iniciativa, un aplauso, por favor para mi compañera Anita, para mi compañera Mónica.
Muchísimas felicidades por esta iniciativa en coordinación con algunos otros compañeros diputados de diferentes grupos parlamentarios. Bueno, aquí demostramos que no tenemos fobias políticas, que cuando se trata del bien de México siempre estaremos a favor.
Y por fin algo que le molesta muchísimo a las mexicanas y mexicanos, es que después de vivir un delito tan lamentable, que les genera terror, que les genera muchísima inestabilidad emocional, económica, psicológica, pues qué bueno que ya las autoridades no van a poder echarse la bolita: es que aquí hay otra legislación, es que aquí no corresponde.
La armonización de esta Ley General lo que va a permitir es que en todos los Congresos locales podamos tener una legislación que atienda de manera igualitaria, de manera oportuna los casos de extorsión en este país.
Con esto es una acción punitiva, y yo diría que bueno, que bueno que se están ya imponiendo sanciones, que bueno que se están tomando estas acciones. Pero también hay que apostarle a la prevención y es algo que tenemos que seguir trabajando desde las primeras infancias, desde la educación en casa, desde la aportación que cada ciudadano podamos hacer en nuestras familias para poder acabar con este terrible mal.
Y como en toda ley que es perfectible, se requiere un sistema integral en el que todas las instancias estén coordinadas, que tengan la capacidad administrativa, que tengan la capacidad económica para poder enfrentar cada una de estas denuncias. Porque no hay nada más triste que acudir a presentar una denuncia, pero que, al momento de poder hacer justicia las autoridades no tengan la capacidad financiera para poder hacer justicia a la víctima. Y, bueno, esto da paso a otro tipo de acciones y de otro tipo de problemas.
Por lo cual, compañeras y compañeros legisladores, yo los invitaría a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación podamos otorgar estos recursos que son necesarios para que las Fiscalías de todo el país puedan contar con recursos y esto no solamente sea letra muerta, una legislación más con la que se cuente muy linda en el Congreso, pero que simplemente al momento de que las víctimas busquen justicia, no la encuentren.
Quiero dar un dato. Al día hay 647 llamadas en las que personas acusan haber sido víctimas de extorsión. Esto representa solo una de cada 10 personas que se atreven tan solo a hacer la llamada. Por eso es que yo estoy presentando esta reserva, donde el artículo 3 busca llenar ese vacío en el que el gobierno salvaguarde los datos y la identidad de las víctimas, de los testigos que deciden colaborar con la justicia.
Y es que el problema no es el qué, sino en manos de quién. Y hoy las mexicanas y mexicanos no tienen la confianza de que este gobierno tenga esta información, pues ya hemos visto que hay no solamente muchos hackeos, muchas personas en las que se dan cuenta que sus datos personales ya están siendo parte y uso de personas que no deberían tener esta información y que desafortunadamente esto desalienta la participación y esto desalienta a que las víctimas puedan presentar su queja.
Y bueno, pues esto es porque no hay una confianza y porque saben que sus nombres pueden filtrarse y que sus datos pueden venderse y que sus denuncias no se volverán una sentencia. Como en todo, necesitamos que haya un equilibrio, que haya una armonización, que el sistema de justicia participe, que los tres niveles de gobierno, los tres órdenes de gobierno estén sumamente coordinados y que cualquier persona que infunda terror hoy tenga un merecido y que hoy se haga justicia.
Reconozco la participación de mi compañera Ari, quien también hace mención de su reserva. Ojalá la hubieran apoyado a favor, porque lo que ella presenta simplemente es un riesgo a todo lo que aquí estamos abonando y que estoy segura en unos minutos más habremos de votar a favor. Despierta México y que viva México, pero que viva México libre de violencia y libre de extorsión. Es cuanto y es por México. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión y se desecha. El diputado Juan Ignacio Zavala, de MC, ha solicitado que su reserva se incluya en el Diario de los Debates, lo cual se le agradece. Es ahora el turno del diputado Asael Hernández Cerón, del PAN, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
El diputado Asael Hernández Cerón: Con el permiso de la Presidencia. Hoy estamos votando una ley que permitirá tener tranquilidad a la mayoría, por supuesto, a todo el pueblo mexicano, vivir sin el riesgo y el peligro constante de vivir una extorsión, por supuesto que generaría mucha tranquilidad a todos los mexicanos.
Por eso el PAN ha votado a favor esta ley en lo general, pero ojalá que, así como hoy ya votamos a favor esta ley, ahora que se discuta el Presupuesto de Egresos en materia de seguridad se pueda considerar por parte de los diputados del gobierno actual, del oficialismo, recursos para que no quede solamente en demagogia, para que pueda dar el resultado que se espera desde su planteamiento.
Necesitamos ser congruentes y demostrar con hechos al pueblo mexicano que lo que queremos es realmente que México esté mejor, pero también quiero hacer mención porque en unos momentos más veremos cómo los diputados de la mayoría presentarán una reforma, ¿para qué creen? Para que la pena por este delito cuando sea cometida por algún servidor público sea menor, qué incongruencia.
Imagínense esta reforma en manos de personas como Hernán Bermúdez, quien está preso por el delito de extorsión, esta reforma sería letra muerta. ¿Sí lo recuerdan bien?, el líder precisamente de la barredora afiliado a Morena, sí, un servidor público de Morena, sí. No, García Luna nunca fue panista, sí, tienen mal el dato, sí, pero Hernán Bermúdez afiliado a Morena, sí.
Y, hoy lo que les puedo decir es que, en el PAN, sí, estamos conscientes de lo que requiere México para salir del rezago en materia de seguridad. Por eso, no hemos escatimado, no hemos regateado cuando han presentado leyes que vayan en beneficio de la seguridad de los mexicanos. Jamás, jamás lo hemos hecho.
Se les ha dotado de las herramientas para que el Poder Ejecutivo no tenga excusa, no tenga pretexto para no actuar. Ojalá que verdaderamente hagan algo por la seguridad de este país. Y más allá de lo que haya sucedido en el pasado, ustedes tienen siete años gobernando este país, en donde los índices que tienen qué ver con la inseguridad, se han disparado exponencialmente.
Y cómo no, pues si abrazaron a los delincuentes. Cómo no, si formaron parte precisamente de todas esas bandas delictivas. Cómo no, si les dieron arropo, los afiliaron a su partido. Ahí está la prueba clara y tangible.
Hoy, hay cobro de derecho de piso a los comerciantes, ojalá que con esta ley podamos erradicar ese delito, nos lo van a agradecer. A los transportistas que son extorsionados, pero que también muchos de ellos han sido desaparecidos. Muchos de ellos tienen que, precisamente, pagar derecho también por realizar su actividad a los delincuentes.
¿Y qué decir de los productores? Con hechos tan lamentables como los que vimos recientemente en Michoacán. Que, por cierto, al campo, a los productores agropecuarios este gobierno los ha ignorado, no les ha dado apoyo, ha disminuido los recursos para el campo, por eso hoy el campo está convulsionando, por eso hoy están tomadas las carreteras, las autopistas, porque no han tenido tantita sensibilidad para atender las demandas que requiere este sector que mantiene a este país. Miles, más bien millones de familias dependen de lo que produce el campo y les quitaron los recursos.
Por eso, desde aquí les decimos a los productores del campo en México, cuentan con el PAN, aquí vamos a defender los derechos de los productores. Aquí tienen aliados y vamos a seguir alzando la voz, hasta que seamos escuchados todos. Y hoy les digo, sigamos resistiendo, este gobierno no nos puede doblar. Vamos todos, también por la defensa del campo. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión y se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Javier Taja Ramírez, de Morena, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Taja Ramírez: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Javier Taja Ramírez: Compañeras y compañeros, me encuentro en este pleno para hablar en nombre de millones de guerrerenses, hablo en nombre de quienes cada día trabajan con esfuerzo para sostener a sus familias, de quienes viven con la esperanza de un futuro en paz, también de quienes han sido víctimas del miedo, la intimidación y la violencia.
En el estado de Guerrero, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, del Inegi, conforman que la extorsión fue el delito más frecuente registrado durante el 2024, la tasa de incidencia reporta, fue de mil 617 delitos por cada 100 mil habitantes, un aumento significativo respecto a los 6 mil 438 por cada 100 mil, contabilizados en el 2023. Además, mi estado concentra aproximadamente el 5.9 % de los casos de extorsión a nivel nacional, lo que lo sitúa entre los ocho estados con mayor incidencia en este delito.
En Acapulco, municipio al que tengo el honor de representar, esa realidad se siente con toda su fuerza. Existen reportes que lo ubican entre los municipios más afectados por esta modalidad delictiva. Nuestra economía local, históricamente basada en el turismo, lo está pagando y lo está pagando caro.
Cuando un negocio cierra obligando por el cobro ilegal, cuando una familia se ve desplazada de su hogar por el temor a la intimidación, estamos perdiendo no solo empleos e ingresos, estamos perdiendo tranquilidad, dignidad y el derecho a vivir en paz. La extorsión no solo roba dinero, roba confianza, seguridad, oportunidades en el desarrollo, frente a esta realidad tenemos la obligación de actuar.
La iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, representa un parteaguas esta reforma trascendental, porque coloca a las víctimas en el centro, porque dice con claridad que el segundo piso de la cuarta transformación está de lado de la gente. Está del lado de quienes han sido agraviados por la criminalidad. Un mensaje claro del gobierno de la República a través del secretario Omar García Harfuch, que no se tolerará la comisión de este delito. Es tanto el interés por erradicarlo, que hoy aprobaremos una ley reglamentaria que combata la extorsión en particular.
Esta ley es la muestra de que se ha escuchado al pueblo de México, que confirma el compromiso con el combate a la impunidad en nuestro país. Hoy podemos aprobar un ordenamiento que marcará un antes y un después en la lucha contra inseguridad.
El primero, establece un marco jurídico claro y homogéneo para todo el país sobre el delito de extorsión, ya no más vacíos legales que los delincuentes exploten.
En segundo lugar, amplía el concepto de extorsión reconociendo que no se trata únicamente de un delito contra el patrimonio, sino que conlleva a un ataque a la integridad y a la dignidad de las personas.
Tercero, aumenta las penas para quienes comentan este delito. Con esta ley el mensaje es claro, no habrá impunidad para los que extorsionen.
Cuarto, establece mecanismos de protección, reparación integral para las víctimas y ya no dejaremos a nadie solo frente al miedo.
Adicionalmente adopta medidas para impedir que los delincuentes operen desde las cárceles y sitúa la prevención como eje central, porque la mejor forma de combatir la extorsión se evita que no ocurra.
A mis paisanas y paisanos les digo, con esta ley tendremos la mejor capacidad para investigar, perseguir, detener y sancionar a quienes se dedican a la extorsión. No permitiremos que lo sigan haciendo.
Votar a favor de esta ley es cumplir con nuestro deber de proteger a quienes confiaron en nosotros, es defender su derecho, su bienestar, su futuro, es una apuesta por construir un Acapulco más seguro, un Guerrero en paz y un México para todos.
Por un México libre de extorsión, por un Guerrero fuerte y justo, por un Acapulco donde el turismo florezca y nuestras familias se sientan seguras. Es hora de actuar, es hora de demostrar que estamos del lado de la gente. Muchas gracias. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
Y en un turno anterior estaba anotada la diputada Paloma Domínguez, del PRI, que solicitó se inscriba en el Diario de los Debates su reserva. Adelante, diputada Rojo Pimentel.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con su venia, diputado presidente. Agradezco al diputado Naveda por darme la participación en este horario. Compañeras y compañeros diputados, la impotencia y la desolación que se siente cuando somos víctimas de extorsión no tiene nombre, por eso insisto que es el tiempo de legislar.
Aquí han subido varias diputadas y diputados, obviamente de la oposición, a decir que nosotros aprobamos leyes en fast track, ¿no?, rapidito. Pues, solo somos tres años legisladores y tenemos que cumplir con la encomienda que nos dieron nuestros votantes. Hay que estar trabajando noche y día para hacer leyes que beneficien al pueblo de México. Venimos a trabajar para ellos y para ellas.
Por eso celebramos esta importante iniciativa de la presidenta de la República, que obviamente está preocupada por el pueblo de México y en materia de extorsión sin duda alguna. ¿Qué hay que hacer? Pues, ponerle los medios al Poder Judicial para que cumpla a cabalidad y responder al pueblo de México.
Hoy en esta Cámara se discute una ley que marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad. Impunidad a la que se acostumbró al pueblo de México por los gobiernos neoliberales. Y por eso cambiamos al Poder Judicial y por eso estamos en un constituyente para hacer estas leyes para que beneficien al pueblo de México. No solo para unos cuantos, no solo para que los que protegían ahora a los que deben, pues, ya saben este empresario que lo protegían para que no le pague al pueblo lo que le debe.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extensión no nace del discurso fácil ni la demagogia punitiva, nace del mando constitucional establecido en la fracción XXI del artículo 73, reforma este mismo año, a propuesta de la presidenta de la república, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para dotar al Estado mexicano de un instrumento jurídico sólido, moderno y justo, porque enfrentar la extorsión no es solo un asunto de leyes, es un asunto de Estado, de justicia social y de dignidad humana.
La extorsión no sólo vacía los bolsillos, vacía la tranquilidad de las familias, rompe el tejido social y alimenta el miedo colectivo. Es un delito pluriofensivo, que atenta contra la paz, la seguridad, la integridad emocional de miles de mexicanas y mexicanos.
Hoy, según en la Envipe 2024, el 97 % de las víctimas de extorsión no denuncian. No porque no quieran justicia, sino porque no confiaban en el Estado, que los debería de proteger. Y esa desconfianza, compañeras y compañeros, es también una forma de violencia. Por eso esta ley es tan necesaria, porque devuelve al Estado su papel protector y garante de la seguridad pública. No es un simple observador burocrático. Por primera vez, México tendrá un tipo penal único, con penas proporcionales de 6 a 15 años de prisión y hasta 500 UMA de multa y 34 agravantes, que reflejan la realidad criminal de nuestro tiempo.
Hablamos de castigar el llamado cobro de piso, la suplantación de servidores públicos, el uso de información privada, los llamados montachoques, las extorsiones contra migrantes y, sobre todo, las que se cometen desde prisión, sí, desde prisión, aunque no lo creamos. Porque esta ley cierra una de las puertas más vergonzosas de la impunidad: la posibilidad de delinquir desde los centros penitenciarios. A partir de ahora, los directores de los reclusorios estarán obligados a impedir que quienes estén sentenciados por extorsión usen teléfonos, redes o dispositivos electrónicos.
Se acabó el negocio de la impunidad disfrazada de omisión institucional. Y también se acabó el miedo de denunciar. Esta ley establece que la extorsión se persigue de oficio, y que cualquier persona podrá hacerlo de forma anónima, a través del número 089. Ya no será necesario ratificar una denuncia ni exponer a la víctima. Esa simple decisión cambia la vida de miles y millones de personas.
El Ministerio Público contará con herramientas reales, intervención de comunidades, cateos, revisión de información bancaria y peritajes digitales, siempre bajo el control judicial. Se acabaron los pretextos de no tener medios para investigar, ahora habrá investigación con inteligencia, no persecución por consigna. Además, esta ley incluye el delito de extorsión en la Ley Federal contra Delincuentes, con la Delincuencia Organizada y en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Eso significa que el Estado podrá desmantelar las redes económicas que sostiene este delito, confiscar los bienes del crimen y romper los círculos de poder que lo alimentan. Por eso celebramos y, obviamente, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vamos a aprobar...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: ...esta importante ley y seguir dándole todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente, y retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. La diputada Patricia Flores, de MC, se inscriba en el Diario de los Debates. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez, del PAN, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras, diputados, compañeros hidrocálidos y mexicanos que nos escuchan. Hoy discutimos un dictamen que toca una de las heridas más profundas que sufre nuestro país actualmente, que es la extorsión, un delito que no distingue clases sociales, regiones o sectores.
Un crimen que destruye a familias, negocios, empresas y comunidades enteras. Por eso, desde el PAN reconocemos la buena intención del dictamen presentado, sin embargo, es importante mencionar que ya el PAN había propuesto una iniciativa mucho más robusta, humanista, técnica y garantista en rubros como la asistencia a víctimas del delito, reparación del daño, así como un enfoque más descentralizado y con mayor certeza jurídica, con penas más altas y con la imprescriptibilidad de la acción penal. Y, ojo, esta reforma parecería que apoya a Hernán Bermúdez, de Morena, sí el de la Barredora, acusado de extorsión, porque reduce las penas.
Definitivamente nadie nos oponemos a esta iniciativa, pero también es cierto que las buenas intenciones no bastan. Porque Morena se ha especializado en proponer iniciativas que requieren de presupuesto para hacerla realidad, sin que exista una asignación real del recurso para su perfeccionamiento, y eso en materia de seguridad y justicia no solamente es irresponsable, sino peligroso.
En un panorama nacional actual donde la extorsión se disparó al 56.6 % durante el gobierno de Morena, porque andan culpando a todo mundo, incluso a los antiguos espíritus del mal, pero la realidad es que actualmente existen comunidades enteras que están secuestradas por el crimen organizado, cobrando derecho de piso, donde la delincuencia organizada se apropia de negocios completos familiares a la mala. Incluso, de posiciones estratégicas políticas.
Por ejemplo, los grupos criminales de la tierra caliente de Michoacán, se embolsan al año alrededor de 3 mil 600 millones de pesos por la extorsión a productores y empacadores de limón del Valle de Apatzingán, según estimaciones de citricultores y autoridades estatales.
Lo anterior, sin contar, obviamente, la cuota que le cobran a carniceros, polleros, abarroteros, gasolineros, tortilleros, papayeros, panaderos o cualquier persona que se dedique a un negocio lícito.
Por estos casos y muchos otros que vivimos los mexicanos diariamente, esta reforma debe garantizar que su implementación sea una realidad y no solo se convierta en letra muerta. Se determinó que la iniciativa presidencial no genera impacto presupuestal, entonces yo me pregunto, ¿con qué recurso van a hacer que las adecuaciones que proponen sean reales?
Como, por ejemplo, la adecuación de infraestructura y soporte técnico, instalación de sistemas de inhibición en los Ceresos, modernizar laboratorios forenses de las Fiscalías locales, profesionalización de las instituciones policiales, ministeriales y de inteligencia en materia de extorsión. La creación de unidades de extorsión especializadas, la promoción del uso del 089 y el acompañamiento para las víctimas.
No hay ese recurso, peor aún, no solamente hubo este aumento, sino que en el Presupuesto de 2025 contempla un recorte del 36.2 % en los programas de seguridad. Y hay que recordar que Morena rechazó una reforma que prohibía hacer recortes al Presupuesto de seguridad.
De nada sirve crear nuevas leyes, nuevas estrategias nacionales, si no se garantiza el recurso humano, técnico y financiero para que se puedan implementar, de nada sirve que se va a proteger a las víctimas si no hay personal capacitado, atención psicológica ni programas reales de reparación del daño. Y de nada sirve establecer estas fiscalías especializadas si no se destinan recursos para formarlas, equiparlas y supervisarlas.
Por eso, desde Acción Nacional votaremos a favor, pero con reservas. Reconocemos el avance normativo, pero exigimos seriedad presupuestal. La seguridad no se decreta, se construye con recursos, con instituciones y con resultados. Y si el gobierno federal realmente quiere erradicar la extorsión, que lo demuestre asignando recursos etiquetados progresivos suficientes, tal como lo propusimos en nuestra iniciativa.
Porque sí, la ley puede ser general, pero la seguridad es local y mientras los municipios sigan abandonados, mientras los policías no tengan herramientas ni capacitación, cualquier ley será de papel. Hoy más que nunca debemos legislar con responsabilidad. No se trata de quién firma la iniciativa más emotiva, sino quién garantiza que las víctimas reciban una justicia real y no discurso vacío.
El PAN defiende a México, a tu familia y la libertad. Vamos a votar a favor, pero dejando claro: sin presupuesto no hay justicia, sin operación no hay seguridad y sin resultados no hay transformación. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión y se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Sandra Anaya, de Morena, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
La diputada Sandra Anaya Villegas: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Sandra Anaya Villegas: Muy buenas noches a todo el pueblo de México. Hoy estamos discutiendo un dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Para entender la urgencia de este dictamen no hablaré de estadísticas, lo haré desde el dolor, desde la tragedia, desde lo vivido, porque es muy fácil ponerse en esta tribuna cuando no se ha vivido este tipo de situaciones, como madre, como comerciante, como empresaria por más de 30 años que hemos luchado por un patrimonio es difícil cuando escuchas una llamada y que te amenazan con golpearte con lo que más amas, pedirte piso o que te queman tu negocio, y esa misma situación que viví yo, hoy la viven los transportistas, mis amigos comerciantes, la gente del campo.
Por eso, en Morena y en los partidos aliados decimos ya basta. De verdad que he estado aquí escuchando a la oposición cómo se rasgan las vestiduras, sí estamos de acuerdo, pero, sí estamos de acuerdo, pero. Entonces, no están de acuerdo porque nunca han escuchado al pueblo, porque no saben lo que se siente. Por eso, hoy no pueden venir a quererse hacer las víctimas y decir que estamos haciendo las cosas mal.
Nosotros hemos sido congruentes y lo hemos hecho por pasos, ¿qué hicimos primero? Reformamos el artículo 19 Constitucional en donde establecimos que era necesario para la realidad social, hoy una prisión preventiva de manera oficiosa.
¿Qué hicimos después? Reformar el artículo 73 para que hoy pudiéramos estar en las condiciones de expedir una nueva ley que sancione a todas aquellas personas que de manera injusta abusan del patrimonio de la gente trabajadora.
Esta nueva ley pone al centro a las víctimas, porque sí, sí se cuida que sean cuidadas, que haya centros, por eso es de manera anónima, por eso existe un número dónde puedan denunciar. Hoy no más silencio, no más miedo. Hoy pueden levantar la voz y sentirse seguros que las autoridades tendrán todos los elementos para poder defenderlos, por eso estamos aquí, por ustedes.
Hoy los diputados que están aquí sentados son la voz del pueblo y nosotros sabemos lo que se siente y también déjenme decirles, no se les olvide que legislamos para todos mexicanos y mexicanas y dentro de esos todavía existen algunos, algunos municipios que son gobernados por el Prian que, por cierto, en mi estado son los municipios que tienen más alto índice de extorsión.
Así es que hoy la ley que aquí vamos a aprobar también les va a servir a ellos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no tienen la culpa de quien hoy los representa y que no han podido hacer nada para que sus negocios, su patrimonio esté seguro. Por eso hoy, aquí el partido de Morena y los aliados votaremos a favor de esta ley, porque forma parte de toda una integración, de un proyecto de nación, de un sistema de seguridad que estamos seguros va a combatir este tema de la extorsión.
No quiero poner ejemplos, pero también el pedir departamentos para poder realizar la construcción, cartel de la inmobiliaria o algo así les dicen, ¿verdad? Eso también es extorsión. Y hoy vamos contra los extorsionadores y les vamos a pegar donde más les duele, en el dinero, pero en el dinero que no es de ellos, que es del pueblo, de la gente trabajadora que todos los días se levanta para hacer un patrimonio honesto. Por eso hoy estamos con ustedes y vamos a seguir adelante combatiendo la extorsión. Es cuanto, presidente. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. El diputado César Alejandro Domínguez, del PRI, ha solicitado que se inscriba en el Diario de los Debates su solicitud o propuesta de modificación. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Adrián González Naveda, del PT, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
El diputado Adrián González Naveda: Con el permiso de la Mesa y con el permiso de mi paisano. Hacer algunas puntualizaciones con el permiso de todas y todos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Yo creo, la primera reflexión que queremos compartir con ustedes, y es importante que lo sepan nuestras hermanas y hermanos del pueblo de México que nos escuchan, es la increíble valía que significa tener una mayoría popular, producto del mandato popular, producto de la participación ciudadana plasmada aquí en esta aritmética legislativa.
Esta mayoría del pueblo tiene la capacidad, porque le es leal al pueblo y está bien arraigada en territorio y en comunidad, tenemos la capacidad de poder responder en tiempo real y de manera inmediata a los problemas que se van generando. Es bien importante pues que esta mayoría se fortalezca, se mantenga firme y sólida en sus principios de reivindicar siempre las exigencias del pueblo y de atacar las dolencias inmediatas, como es en este caso el tema de la extorsión.
Quienes hemos trabajado desde hace muchos años con víctimas, sabemos de la frustración que significa que cuando se detenía en flagrancia a uno de estos delincuentes que extorsionaba, los ministerios públicos se declaraban incompetentes para poderlo consignar inmediatamente a un penal.
Ese pretexto que escuchábamos una y otra vez no hacía más que generar un profundo enojo y desilusión social, estamos atacando esa frustración, estamos respondiendo a un anhelo y a una exigencia del pueblo y lo hacemos con mucho orgullo, que lo sepan todas y todos, estamos cumpliendo.
Hemos construido un sistema normativo, hemos deliberado, consensuado diferentes instrumentos jurídicos que fortalecen la capacidad coercitiva del Estado mexicano. Sí, porque como Poder Legislativo avanzamos de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y lo que buscamos es que el ente colectivo tenga la capacidad, activando sus potestades de responder inmediatamente ante cualquier tipo de actividad antisocial, esta siendo ahorita la que más urge, la extorsión.
Este delito, como ya lo han mencionado muchas y muchos, compañeras, compañeros, se manifiesta de distinta manera, dependiendo de la geografía del país. Yo quiero platicar de cómo se manifiesta este delito en mi distrito, para mis paisanas, paisanos de la región de Coatepec. Allá en nuestro distrito la extorsión es un delito muy grave, sobre todo, porque es la puerta de entrada para primodelincuentes, para delincuentes de ocasión, de empezar a generar un comportamiento francamente antisocial.
La extorsión que tenemos allá es pues vía tecnologías de la información, vía fotos, vía mensajes por WhatsApp, por Facebook, generando miedo, exigiendo que se vaya a hacer un depósito a alguna tienda de autoservicio y cuando se detenía a uno en flagrancia, repito, y finalmente se le podía llevar al Ministerio Público, el Ministerio Público con una mano en la cintura lo dejaba ir, porque argumentaba que no existía el sustento legal, para poderlo consignar con prisión preventiva oficiosa.
No más y que lo sepan los ministerios públicos, que estaremos observándolos muy de cerca, sabemos de la indolencia de los ministerios públicos, sabemos de la incapacidad de los ministerios públicos y desde el Partido del Trabajo les decimos, que se están quedando sin pretextos para rendirle cuentas al pueblo de México.
Estamos construyendo leyes para llenar esos vacíos legales y garantizar que los delincuentes sean detenidos en flagrancia, sean consignados y que lleven su juicio desde prisión. Necesitamos rápido, que se pongan esos ejemplos para inhibir la actuación de estos primodelincuentes.
En el Partido del Trabajo nosotros entendemos al trabajo como la acción humana por antonomasia, el inicio, el principio básico de la convivencia social y de la autorrealización de la persona y no podremos tolerar que haya regiones del país donde exista una doble tributación, donde las potestades del Estado sean rivalizadas por grupos delincuenciales que les exijan a los ciudadanos una cuota en función de ese trabajo.
Es pues, para nosotros, la mayor prioridad acabar con estos delincuentes y le decimos al secretario de Seguridad Pública, confiamos en usted y le estamos dando los instrumentos y las herramientas para acabar con estos delincuentes. Esperamos pronto ver los resultados.
Por lo demás, que sepa el pueblo de México que esta mayoría articulada trabaja permanentemente para darles las leyes que necesitan. Finalmente, habrá un andamiaje jurídico acorde a las necesidades del pueblo. Muchas gracias y retiramos la reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. El diputado Jorge Alfredo Lozoya, de MC, ha solicitado que su reserva se inscriba en el Diario de los Debates. Asimismo, el diputado Luis Gerardo Sánchez, del PRI; la diputada Ivonne Ortega, de MC y el diputado Erubiel Alonso, del PRI. Por lo tanto, es el turno de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del PAN, para presentar reserva, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: El día de hoy estamos analizando un dictamen muy importante, el dictamen que contiene una ley general que pretende prevenir, erradicar y sancionar y delito gravísimo altamente lesivo para la sociedad, para las familias de México y esta es la extorsión.
Nos encontramos, entonces, ante un dictamen que contiene normas penales, y es un principio esencial del derecho penal ser técnicamente cuidadosos, sumamente profesionales, quienes hacemos las normas, porque no estamos hablando de cualquier cosa y no podemos darnos el lujo ante una circunstancia como la que vive México hoy de caer en el populismo penal y decir que con solo emitir la Ley General se acabó el problema. Créanme que no quisiéramos que fuera así, pero no lo es.
Tenemos en Acción Nacional toda la disposición de abonar y proponer lo necesario y acompañar lo que se considere necesario para profundizar la construcción de la paz, para recuperar una sociedad armoniosa. Y, si a través de una ley como ésta que ya habíamos presentado también nosotros, podemos homologar el criterio para la percusión, para la investigación, para la sanción del delito de extorsión que ha aquejado a todo nuestro país, qué mejor. Por eso lo votamos a favor y no es la primera vez, ustedes lo saben.
Pero es esencial la técnica en temas penales, debemos ser sumamente cuidadosos., hay criterios incluso que la Suprema Corte de Justicia ha establecido como, y ya ha habido una reforma que no quisieron atender, evitar los tipos penales abiertos, ambiguos, porque el derecho penal no permite que haya analogía, no permite que haya una interpretación o que se aplique por mayoría de razón, tiene que ser tan claro que no quepa duda de que la conducta encuadra ahí y entonces se puede sancionar.
Y quiero poner de ejemplo también Guanajuato. En Guanajuato hace cinco años, y éste es un paso que debe darse y reconozco, y qué bueno que se esté dando el paso también por parte del gobierno federal, reconocimos una problemática que estaba atacando a nuestro estado. Y lo que hicimos, en vez de negarnos y decir que todo estaba bien, fue reconfigurar el tipo penal en nuestro Código.
En esa reconfiguración establecimos que se tenía que perseguir de oficio precisamente. Guanajuato fue el primer estado en atenderlo. Y además consideramos y movimos que no era patrimonial, se trata efectivamente de un delito plurilesivo. Y, entonces, se fue a donde más duele para que pudiera tener todo el rigor técnico y legal posible para que no hubiera impunidad.
Y, entonces, se encuentra en este momento en el Código Penal, en los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, porque afecta completamente. Y esto tiene que ir a la par de la ayuda y el acompañamiento de las víctimas.
Sin recurso, ¿cómo le vamos a hacer? Insistimos desde Acción Nacional que no podemos contar con un cuerpo normativo que tenga ambigüedades, que no considere los suficientes elementos para poder hacer efectiva la ley y que no cuente con los recursos suficientes para poderlo implementar.
Claro que necesitamos inteligencia, claro que necesitamos que haya capacitación para ministerios y policías, claro que necesitamos que los municipios y los estados se vean fortalecidos, claro que necesitamos que las fiscalías crezcan y sean cada vez más profesionales, necesitamos, por supuesto, abatir y acabar con aquellos funcionarios que están coludidos en estos tan terribles hechos y casos de extorsión, como ustedes conocen, el de Hernán Bermúdez.
No podemos permitir que la ley que hoy están ofreciendo los de la mayoría como la solución mágica a un problema dolorosísimo, diga que la pena va a ser menor para los funcionarios públicos. Caramba, la lógica indica que siempre que se trate de un funcionario público la pena se agrava. Entonces dónde está la congruencia, dónde está su preocupación. La ley, la ley no puede estar en manos de personas así.
Y además se tienen que incluir reglas claras de distribución de competencias. Y debemos ser muy cuidadosos en una ley especial, técnicamente hablando. Las leyes especiales no admiten muchas normas procesales, para eso tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero tenemos también un montón de cuestiones procesales que se incluyeron en esta ley que el día de hoy se está discutiendo, y que deberíamos ser sumamente responsables, para no generar huecos, ambigüedades y controversias.
Necesitamos homologar. Y por eso existe el Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso... pero no podemos estar haciendo reglas especiales para que, si de por sí no pueden los Ministerios Públicos y los policías aplicar lo uno, tengan que ver cómo van a aplicar lo otro, y entonces hacerlo armónico. Eso no se puede hacer.
Por otro lado. Sí. Sí aceptamos que hubo una subida en el índice de extorsiones en Guanajuato, pero fue precisamente a raíz de que le dimos el instrumento específico a la ciudadanía para que pudiera denunciar. Y le dimos la seguridad de que podía estar cuidado, atendido y protegido. Áreas de oportunidad las hay. Y hoy estamos aquí, de frente a las familias mexicanas, para decirles que estamos asumiendo con toda responsabilidad el trabajo de acompañar esta ley, esperando que sea lo que necesita el gobierno federal para resolver el problema. Pero también estamos aquí para señalar lo que se puede perfeccionar y proponer lo que puede funcionar.
Y, por supuesto, seguiremos exigiendo, de cara al próximo presupuesto, que se le destine todo el dinero necesario, porque se trata de prevención, no nada más de castigar. Se trata de que no prescriba un delito que tanto lastima, se trata de que no se archive temporalmente porque no lo vale. Tiene que ser sancionado y atendido, investigado hasta el final. Que haya mecanismos de seguimiento y una estrategia nacional, por supuesto. Y que haya presupuesto para poder hacer realidad todo lo que contiene la ley.
Finalmente queda otro reto. Y no podemos olvidarlo, porque forma parte esencial y sustancial del dictamen que el día de hoy estamos analizando, y es el fortalecimiento del sistema penitenciario y de ejecución de sanciones. Si no se retoma y se corrige el rumbo en la atención de la ejecución de sanciones, buscando que haya una reinserción y que todas las medidas que estamos implicando aquí en la ley se hagan realidad con presupuesto y con tecnicismo, con técnica, con profesionalismo, pues entonces vamos a seguir teniendo algunos problemas.
Y, por otro lado, pido amablemente, diputado presidente, que quiten la palabra testiga, que no existen las personas testigas. Que quede una ley bien hecha, a la altura de lo que México necesita.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Roselia Suárez Montes de Oca: Gracias. Con la venia de la presidenta. Con el permiso de la presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Roselia Suárez Montes de Oca: Gracias. Bueno, pues mi nombre es Roselia Suárez, soy diputada federal migrante, y, en mi calidad de diputada federal migrante, quiero transmitirles que para mí el hecho de que nosotros podamos dictaminar para combatir la extorsión es un día que les llena de felicidad a cada uno de los migrantes. Porque nosotros estamos viviendo la extorsión día a día, viviendo, aún así, en otro país.
Es importante que cada uno de los grupos parlamentarios sepan que nosotros, como migrantes, transformamos aquí y transformamos allá, pero al mismo tiempo somos víctimas aquí y somos víctimas allá. Me gustaría que los compañeros diputados del PAN nos escucharán un poquito.
Porque hemos pasado toda esta violencia y toda esta extorsión a consecuencia de este tipo de gobiernos neoliberales que se aprovecharon de la vulnerabilidad y de la necesidad de cada uno de los ciudadanos que tomamos la decisión de ir a buscar un mejor futuro para nuestras familias. Y no porque queramos, sino porque hemos sido desplazados de nuestras comunidades.
La reserva que planteo el día de hoy tiene un texto muy muy breve, pero significativo. Que se implementen los mecanismos y las medidas necesarias para que los mexicanos residentes en el exterior puedan denunciar por extorsiones sufridas en México desde el país donde residan.
Nosotros, desafortunadamente, si el día de hoy nosotros hacemos una llamada al 089, nosotros no podemos denunciar, y es muy importante que seamos las y los mexicanos residentes en el exterior considerados para poder denunciar, porque muchas veces por nuestro estatus migratorio no podemos ya regresar y hacer la denuncia.
La mayoría de las personas que se han acercado a mí, por cuestiones de inseguridad, han sido personas que han tenido ese desplazamiento desde sus comunidades y que no tienen la posibilidad hoy de estarlo diciendo. Y esa es la relevancia de una diputación federal migrante por acción afirmativa. El día de hoy, en Cámara de Diputados, yo estoy dándole voz a todas esas familias que todos los días recibimos información de que no pueden regresar a sus comunidades por la extorsión.
En 2021, yo puedo decir que el cobro de piso llegó a Chicago, y es muy lamentable no tener la posibilidad de denunciarlo, y el día de hoy eso es lo que solicita esta reserva, que se implementen los mecanismos y las medidas necesarias para que los mexicanos residentes en el exterior puedan denunciar por extorsiones sufridas en México desde el país donde residan.
La reserva propone que exista una línea telefónica o mecanismos idóneos para denunciar el delito de extorsión fuera del territorio mexicano. La extorsión también es una causa de migración, compañeros. Los mexicanos residentes en el exterior debemos tener un canal para denunciar la extorsión. Para que el 089 sea una estrategia integral de denuncia de extorsión, se debe poder denunciar también desde el exterior.
Ahora, cada uno de aquellos mexicanos que en este momento me está escuchando y que aplicó por CBP One, que son mexicanos que fueron desplazados de sus comunidades, el día de hoy no tenemos la posibilidad de llamar al 089 desde el lugar donde residimos fuera de México y donde nosotros no tenemos la posibilidad por un estatus migratorio de venir a poner una denuncia a México o de denunciar ante el Consulado.
Si bien decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que los Consulados se van a dar protección a los migrantes, que van a ser procuradurías del migrante, hoy en día aplaudo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mande esta ley, esta ley con la cual vamos a poder combatir la extorsión.
Sin embargo, hago énfasis de que nosotros como mexicanos residentes en el exterior aún no podemos hacer esa denuncia y la invitación va a ser para trabajar en conjunto con nuestra senadora migrante Karina Ruiz, a la cual le hago una cordial invitación, para que cuando este dictamen llegue al Senado, sea nuestra senadora Karina Ruiz quien nos pueda apoyar desde el Senado a que podamos tener esa posibilidad, esa línea telefónica, esos mecanismos. Muchísimas gracias. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Toda vez que no hay materia, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.
El diputado Emilio Suárez Licona: Compañeras, compañeros, la extorsión es un delito que destruye la tranquilidad, el patrimonio y los sueños de millones de mexicanas y mexicanos que solo buscan trabajar, emprender y vivir con seguridad. Este fenómeno ha alcanzado niveles alarmantes, afecta a quien vende en la vía pública, a taxistas, a locatarios de mercados, a restauranteros, a las iglesias y hoy hay datos que incluso a personas beneficiarias de programas sociales.
Todos hemos sido testigos de lo que ocurre con los agricultores de este país, productores de limón, aguacate o naranja que arriesgan su vida por comercializar cosechas. La extorsión en los hechos se ha convertido en un sistema de impuestos paralelos que socava la economía familiar, inhibe la inversión y paraliza regiones enteras.
El problema es grave y creciente, de 2018 a la fecha la extorsión ha aumentado más del 77 % y casi 97 % de los casos no se denuncian. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 800 víctimas, la cifra más alta desde que se tienen registros. Las entidades más afectadas son: el estado de México, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz que concentran el 66 % de los casos a nivel nacional.
Lo que es un hecho es que la política de seguridad del sexenio pasado fracasó. La estrategia de omisión frente al crimen organizado permitió que la extorsión se infiltrara en la vida económica y social del país, minando la confianza ciudadana y debilitando el Estado de derecho.
Por ello, en el PRI votamos a favor de este dictamen en lo general, lo hicimos con la absoluta convicción de que México necesita una respuesta integral ante un fenómeno que no puede seguir normalizándose. Sin embargo, también lo hacemos con plena conciencia de que la propuesta es insuficiente. El proyecto condiciona la reparación del daño a la extinción del dominio de los bienes obtenidos por la extorsión, pero no establece un fondo presupuestal que garantice la restitución efectiva a las víctimas.
Ese es el motivo de esta reserva al artículo 26 de la nueva ley para que se establezca la previsión de una partida presupuestal para que el Estado responda. Es preciso señalar que el dictamen tampoco prevé los recursos necesarios para que los estados y municipios implementen políticas preventivas y estrategias de atención para cumplir con las disposiciones y no sea letra muerta.
Además, si bien se cumple con la reforma constitucional que incorporó la extorsión como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, sostenemos y lo hemos hecho consistentemente, que esta figura no ha demostrado ser eficaz. Llenar a las cárceles no significa impartir justicia, mucho menos resolver las causas estructurales de la violencia.
La nueva ley impone un marco penal más rigurosa y es entendible y necesario dada la magnitud del problema, pero debe acompañarse de una política pública de seguridad, de procuración de justicia profesional, no de un modelo que reproduzca los vicios de un sistema inquisitorio que va en contra de la salvaguarda de los derechos humanos.
Por ello, la aprobación de este dictamen no escapa a un llamado a la reflexión, si la aplicación de esta ley se lleva a cabo bajo un enfoque policial, centrado exclusivamente en criterios punitivos, se corren riesgos de profundizar una lógica de persecución indiscriminada debilitando las garantías procesales y afectando el debido proceso.
Ya lo hemos venido advirtiendo y demandando, el Estado no puede combatir la criminalidad replicando esquemas de abuso y arbitrariedad. En esa misma línea preocupa que el dictamen establezca que las personas sentenciadas por extorsión no podrán acceder a ningún beneficio de libertad anticipada, sustitución o conmutación de pena ni a los beneficios de preliberación.
Ello elimina cualquier margen de ponderación entre los casos y las personas, reflejando incluso el equiparar a miembros del crimen organizado con delincuentes eventuales o con personas en situación de vulnerabilidad.
El principio de proporcionalidad no puede sacrificarse en aras de un populismo punitivo que castiga sin distinguir. En tales circunstancias el PRI acompaña en términos generales el sentido del dictamen porque entendemos la urgencia de atener este fenómeno delictivo, pero lo hacemos con la responsabilidad de advertir que este nuevo marco legal no sustituye a una política de Estado integral, con visión de derechos humanos, profesionalización institucional y reconstrucción del tejido social. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la discusión.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, continúa el dictamen en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Olivares Mejía: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Gerardo Olivares Mejía: Compañeras y compañeros legisladores, hablar de la extorsión es hablar de una herida abierta en nuestra sociedad. Es un delito que se ha extendido y transformado, afectando a familias, comerciantes, transportistas y productores, que con esfuerzo honesto sostienen la economía local.
De acuerdo con los datos del Inegi, cada año cometen más de 830 mil delitos de extorsión en el país, pero solo el 1.3 % se denuncia, esto significa que más del 98 % de las víctimas callan, ya sea por miedo, por falta de confianza o de desprotección institucional. Estas cifras no son números fríos, detrás de cada uno hay un rostro, una familia y una historia de esfuerzo.
En nuestro distrito 5 de la montaña, que abarca comunidades, trabajadoras agrícolas, turísticas y urbanas, la ciudadanía ha expresado su preocupación por las llamadas de amenaza, los intentos de cobro indebido y los fraudes que buscan aprovecharse del miedo de la gente.
Mujeres comerciantes, jóvenes emprendedores, productores del campo y prestadores de servicio nos comparten que este delito les roba la tranquilidad y debilidad en la confianza en las autoridades. Por eso, hoy más que nunca debemos de responder con decisión y con justicia, la Ley General contra la Extorsión representa una herramienta para devolverle al pueblo su derecho a vivir sin miedo.
Esta ley busca homologar el tipo penal en todo el país para que ningún delincuente se refugie en vacíos legales. Sancionar con severidad todas las modalidades de extorsión, desde el cobro de piso hasta las amenazas digitales. Proteger a las víctimas con atención jurídica, psicológica y económica. Fortalecer la coordinación entre la federación, estado y municipios para prevenir y sancionar con eficacia este delito.
Con esta legislación damos un paso firme hacia un país más seguro, donde las personas puedan trabajar, comerciar y producir sin temor.
Desde el Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con la cuarta transformación y con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, de poner al centro la justicia social, la seguridad, la dignidad de las personas, porque la seguridad no se impone con miedo, se construye con justicia, porque la paz no se decreta, se gana con trabajo, con educación y con oportunidades.
A las familias del distrito 5 les digo con toda convicción: seguiremos legislando para que su voz se escuche, para que su trabajo sea respetado y para que nunca más vivan con miedo. La Ley General contra la Extorsión es una respuesta a su clamor, un compromiso con su bienestar y una muestra de que el Congreso de la Unión sí escucha y actúa con el pueblo.
Por Guerrero, por un distrito 5, por La Montaña, por la seguridad de nuestra gente, seguiremos transformando con justicia, con valor y con esperanza. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, retiro mi reserva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Toda vez que no hay materia. Informamos que el diputado Gildardo Pérez Gabino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha instruido que su reserva se ingrese al Diario de los Debates y así se hará. Así como el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI. Coordinador, así como lo ha instruido, se ingresará su reserva al Diario de los Debates.
La diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por tanto, tiene el uso de la palabra. Adelante, diputada. Me informan que habrá una sustitución de oradores. La diputada Mary Carmen Bernal tiene el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada. Gracias.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchísimas gracias, diputada presidenta. Y, bueno, una vez más hago uso de esta tribuna, porque en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como bien lo expresé en el posicionamiento del grupo y como lo volví a comentar en una reserva que propusimos y que desafortunadamente no pasó, nosotros consideramos que es importante que se eleve la pena.
Creemos que el avance que estamos realizando el día de hoy con aprobar esta Ley General, que regula el artículo 73 de nuestra Constitución, representa un avance importantísimo para poder combatir el delito de la extorsión.
Pero consideramos que podemos perfeccionar en este momento ese lineamiento que hoy nace como una nueva ley, como una Ley General. El artículo 15 es claro, nos habla en qué momentos procede el delito de extorsión o quién comete el delito de extorsión, pero también nos plantea una penalidad. Este artículo 15 plantea que de 6 a 15 años a quien cometa. Y va a depender de las agravantes, es decir, de las acciones que se cometan para que el delito pueda ser considerado grave.
Nosotros planteamos hace un momento que era importante tomar en cuenta la legislación de los demás estados en lo que ve a este delito, porque es cierto que en algunos estados este delito está perfectamente tipificado y que incluso ya se ha aplicado, como es el estado de Chihuahua, como es el estado de Guerrero. Por ejemplo, en Guerrero la pena mínima es de 15 años para quien cometa el delito de extorsión, de 15 a 30 años máximo. Y nosotros estamos planteando que sea de 6 a 15 años.
Entiendo a las personas que dicen que no es importante la pena. No. Pero nosotros consideramos que cuando elevamos las penas es con la única finalidad de inhibir la conducta ilícita, de inhibir la comisión del delito.
Y también consideramos importante que tenemos que modificar ese artículo 15... Bueno, ahorita, apelo a la buena voluntad del pleno, para que podemos elevar la pena, de 10 a 20 años. Por qué. Porque si no, cuando estemos ejecutando la norma, cuando se esté aplicando, nos vamos a encontrar con aquellas personas que incluso ya se encuentran cumpliendo una sentencia, o aquellas personas que incluso estén en un procedimiento por el delito de extorsión, que pues quieran acogerse a esta nueva ley general. Porque recuerden que nuestra Constitución, en el artículo 14 constitucional está el tema de la retroactividad de la ley, en beneficio propio o en beneficio personal.
Si nosotros no corregimos en este momento ese artículo 15, con qué nos vamos a enfrentar en la práctica, en la vía de los hechos. Pues muchas personas que incluso ya están cumpliendo una sentencia por este delito, pues van a poder salir libres. O aquellos que lleven un procedimiento penal por este delito, pues van a solicitar acogerse a este beneficio que otorga la máxima ley en nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces apelamos a la buena voluntad del pleno, de que por favor nos ayuden para poder corregir.
Independientemente de que otros estados tengan una pena más elevada, como ya di el ejemplo del estado de Guerrero, que va de 15 a 30 años, nosotros estamos planteando una media, y la media es de 10 años a 20. Es muy importante que pues hagamos conciencia sobre lo que estamos aprobando el día de hoy. Ésa es la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Queremos que sea una ley funcional, una ley que, pues realmente sirva a la secretaría y a la Fiscalía General de la República, para poder combatir este delito de extorsión que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Es cuanto, diputada presidenta. Y retiro mi reserva. Gracias... Ah, no. Perdón. No retiro mi reserva. Solicitamos que se someta a consideración. Una disculpa. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Solicite la Secretaría a la asamblea la consulta de si se admite a discusión.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: No se admite a discusión, por tanto, el dictamen continúa en sus términos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, hoy alzamos la voz para recordar que la seguridad pública no puede ser una aspiración sin respaldo económico. La extorsión se ha expandido gracias a las nuevas tecnologías y, sobre todo, desde el interior de los penales donde se gestan miles de llamadas de amenaza.
La extorsión no distingue clase social, región o sector económico, afecta a todos, desde el pequeño comerciante, hasta la gran empresa. Desde la familia en su hogar, hasta las instituciones del Estado. Y quiero ser contundente, este delito no solo roba dinero, roba la tranquilidad, los sueños y hasta la vida de miles de mexicanas y mexicanos.
Las cifras son alarmantes, en el año 2018 se registró un promedio diario de 18 extorsiones, mientras que, para el mes de enero del 2025, se registró un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 % en solo 6 años. Y ya sabemos quien gobernó este sexenio anterior, los abrazos fueron una estrategia fallida.
Hoy la ley que nos convoca evidencia una necesidad urgente, por eso la reserva que propongo es que se amplíen los recursos presupuestarios para el Ramo 36 de Seguridad y Protección Ciudadana, así como para el Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Estos recursos no son un lujo, ni una petición política, son una condición indispensable para enfrentar uno de los delitos que más daño y miedo generan en nuestra sociedad, como lo es la extorsión.
Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, los estados deberán interconectarse al sistema nacional y adaptar sus plataformas locales al 089, lo que implicará costos en infraestructura y soporte técnico.
Asimismo, se establece la obligación de instalar sistemas de inhibición de señales de telefonía y radiocomunicación en todos los centros penitenciarios, lo que requiere inversión inmediata en tecnología especializada.
Los gobiernos estatales estarán obligados a generar estrategias locales para la prevención y combate de la extorsión alineadas al Plan Nacional, sin apoyo presupuestal federal. Y las Fiscalías estatales tendrán que proteger y trasladar víctimas, modernizar laboratorios forenses y adquirir licencias informáticas, todo sin recursos adicionales.
Compañeras y compañeros, ¿cómo esperamos que los estados cumplan con nuevas responsabilidades si no se les dota de los medios necesarios? ¿De qué sirve legislar si el Presupuesto no acompaña la ley?
Sin previsión financiera los centros penitenciarios estatales deberán absorber nuevos internos, lo que impactará los presupuestos locales de seguridad y de justicia. Los sistemas de procuración deberán modernizar sus plataformas de información y si los fondos federales resultan insuficientes, las Fiscalías estatales tendrán que cubrir incluso las indemnizaciones de las víctimas.
Por eso hoy hacemos un llamado firme y responsable. Aumentar el presupuesto destinado a la seguridad no es un gasto, es una inversión en la paz, la justicia y la confianza ciudadana. México no puede seguir combatiendo la extorsión con discursos, sino con acciones respaldadas por recursos reales. Dignifiquemos el trabajo de quienes enfrentan el crimen todos los días. Aprobemos una ampliación presupuestal justa, coherente y suficiente.
Desde Acción Nacional reiteramos que sin seguridad no hay justicia y sin justicia no hay nación. No sigan engañando a la gente. Sin dinero esta ley no servirá de nada. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, el dictamen continúa en sus términos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Presidenta, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, hago uso de la palabra para presentar reservas a esta importante Ley de Extorsión, son ocho artículos los que propongo modificar, esta reserva o estas reservas las firmamos varios diputados, el diputado Carlos Puente, el diputado Reginaldo Sandoval, la diputada Ivonne Ortega y diputados de Morena, porque coincidimos en la propuesta que me voy a permitir comentarles.
La extorsión, aquí lo hemos escuchado en múltiples discursos, es un flagelo social, es un cáncer social que nadie puede negar que en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante y preocupante, solo en este primer semestre de 2025 casi 6 mil víctimas de extorsión, que denunciaron, está la cifra negra que puede incorporar un número mayor.
Este delito afecta a comerciantes, a transportistas, a agricultores, a ganaderos, a muchas personas que tienen un pequeño comercio, una pequeña tienda, una pequeña fábrica, por eso es importante que intentemos todos comprender el grado que esto implica y yo decía ayer que ser legislador es un privilegio, algunos no lo creen o algunas no lo creen, pero sí es un privilegio, porque atendiendo a la real academia de la lengua un privilegio es una condición, es un beneficio que no todos los ciudadanos tienen y en el país solo 500 hombres y mujeres podemos tener este privilegio.
Y, por eso tenemos que honrar esta confianza que nos dieron los ciudadanos para intentar construir leyes justas o leyes que le permitan a la sociedad confiar en que la estructura social y que la sociedad pueda desarrollarse en armonía y con tranquilidad social. Esta ley, como todos lo saben, proviene, por haber modificado el artículo 73 constitucional hace unos meses en esta Cámara, en ese artículo 73 otorgamos facultades a la Cámara, al Congreso para que legislen sobre esta ley de extorsión.
¿Qué es lo que tiene esta ley nueva? Primero, que establece un tipo penal único. Que establece sanciones proporcionales y que construye un sistema de cooperación eficaz entre los tres órdenes de gobierno con una visión centrada en la víctima y orientada a restablecer la seguridad y la confianza ciudadana en la institución.
En este mismo sentido es como presento la modificación de estos ocho artículos. En el artículo 2 estoy planteando que no se limite la disposición general, sino que se clarifique el sistema de competencia de distribución o la distribución de competencia. Es decir, que cada nivel de gobierno, municipio, estado y federación tengan la posibilidad de prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito.
No importa dónde estés, si estás en un municipio, en una comunidad alejada, en un estado cosmopolita o metropolitano, ahí, en ese lugar tiene que aplicarse esta ley con todo el aparato de persecución de delitos. Y, por eso este artículo 2 tiene ese propósito de diseñar una arquitectura competencional que sea funcional.
También en el artículo 3 se plantean los principios de interculturalidad e interseccionalidad, que esto implica obligar a las autoridades a reconocer la cultura, la diversidad, la estructura social y económica de las víctimas y atender los factores estructurales que están en torno a las víctimas.
La modificación al artículo 8 es fortalecer la certeza jurídica de la definición de competencia federal y la facultad de atracción, es decir, reducir márgenes de discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Escuché una intervención, siempre les pongo mucha atención y, en efecto, una diputada preopinante comentó una cosa cierta como principio general en materia penal. No se puede aplicar la ley penal si no es estrictamente aplicable a los elementos del delito, es decir, no se puede aplicar sanción si no es exactamente el tipo penal que la ley y el código establece.
Si falta un elemento, un solo elemento del delito, no puede ser delito. No se puede aplicar por analogía, por mayoría de razón o por simple comparación, pena alguna. Nullum crimen sine poena sine lege, es decir, no hay delito si no está perfectamente establecido en el código, con todos los elementos del delito, esto es en materia estrictamente penal.
Y lo que estamos intentando hacer es cerrar la posibilidad de la discrecionalidad del juez o del juzgador cuando esté conociendo de estos delitos de extorsión.
El artículo 21 propone un ajuste en el rango de sanción, déjenme explicarles por qué. Hace, en la mañana hablé con un coordinador sobre este tema y me dice: no pueden ustedes plantear la reducción de penas cuando se trata de funcionarios públicos, porque actualmente la ley –esta que estamos por votar– dice que se castigará al delito de extorsión de 6 a 15 años, en general, el delito de extorsiones. No, decía, o sea, es buena la aclaración.
Pero a ver, aclaro, el delito de extorsión dice: de 6 a 15 años, más la posibilidad de una tercera parte, en el caso de algunas de las 34 agravantes que, por cierto, en materia de técnica legislativa no es tan ortodoxo poner 34 agravantes, pero así está planteado. No quiera decir que deba de ser así.
Pero bueno, por qué lo reducimos, o porque propongo que se reduzca de 6 a 12 años y no de 10 a 20 años para los servidores públicos. Este es el debate, de verdad, o sea es técnico y a lo mejor puedo estar equivocado. Pero déjenme decirles por qué me motivó ponerle en lugar 10 a 20, que dice el dictamen –el dictamen que aprobamos en lo general–, con la reserva esta dice, que a todo aquel funcionario público que no dé informes sobre alguna conducta ilícita relacionada con la extorsión, se le castigará de 10 a 20 años. O sea, estoy hablando del funcionario que puede ser un Ministerio Público, un policía o cualquier servidor público, que no informe a la autoridad de una extorsión que él conozca, se le aplicará de 10 a 20 años.
Y yo lo que planteo es que sea de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una pena mayor –de 10 a 20 años– al funcionario que omite o al funcionario que no informa, frente al que es extorsionador.
Estamos planteando que al extorsionador le demos de 6 a 15 años y al funcionario que no informa, de 10 a 20 años. Esa es la razón lógica proporcional que planteo, que al servidor público que no informe, el cómplice o aquel que omite la información no sea de 10 a 20 años, sino de –6– 5 a 12 años y queda el extorsionador de hasta los 15 años. Esa es la razón por la que planteo que debe reducirse.
Ahora, en el artículo 21. Déjenme decirles que no es solo mía esta reserva. Ayer la diputada Ivonne me hizo una serie de propuestas que recojo en esta parte, y que la recojo fiel. También hay otros diputados que me plantearon y que no se pudo lograr al final un consenso.
Entonces, ¿qué es esto? No es una indulgencia para el servidor público, sino es un ejercicio de racionalidad punitiva. Eso lo conocemos en materia penal como principios invariables, racionalidad punitiva y proporcionalidad entre la gravedad de la omisión y la sanción prevista. No puede ser más la omisión que la ejecución de un acto ilícito, que es la extorsión.
También hay otro artículo, el 26, que fortalece el carácter resolutivo y restaurativo de la Ley General para la reparación del daño a las víctimas. Fíjense ustedes, esta ley previene que de los bienes producto de este delito de extorsión se destinen prioritariamente a la reparación del daño de la víctima. No que se vayan a un fondo, como actualmente establece el Código Penal Federal y el de Procedimientos, en el caso de aseguramiento de bienes, que son utilizados para fines ilícitos, sino que éste será exclusivamente para la víctima y reparar el daño causado por la extorsión cometida.
Es un buen proyecto el carácter restitutivo y restaurativo de la Ley General para que la reparación del daño a las víctimas se realice, como lo digo, con los recursos provenientes del procedimiento de extinción de dominio.
El propósito es establecer la relación directa entre el decomiso de bienes ilícitos y la justicia material. De manera que los activos recuperados del delito de extorsión no se diluyan en el erario público, sino que se destinen específicamente a reparar el daño causado a las víctimas. Y el otro tema es el de la política de recuperación de activos para estas víctimas y para también que la acción de extinción de dominio no procede respecto de bienes ya abandonados y asegurados.
También hay toda una estrategia nacional para prevenir y combatir el delito. De esto se trata el 43, la propuesta de modificación al artículo 43, que se propone una redacción más robusta, que deje de concebir la estrategia como un mandato genérico para transformarlo en un marco programático con obligaciones concretas de ejecución, evaluación y rendición de cuentas.
Es decir, tiene por objeto fortalecer y ampliar los alcances de la estrategia nacional para prevenir y combatir el delito de extorsión, a fin de convertirlo en un verdadero instrumento de política pública operativa verificable y orientada a resultados. Es decir, se plantea diseñar, implementar campañas permanentes de información, prevención, orientadas a visibilizar las distintas modalidades de extorsión y a fomentar la denuncia ciudadana.
Esta no es mía, la propuso Ivonne Ortega, debo de ser honesto. Y me parece pertinente, me parece correcta, ésta y otra de los mecanismos y seguimientos de evaluación periódica surgen del intercambio de opiniones entre otras... Pido disculpas porque otras no se incluyeron, de otros compañeros legisladores, que con Justicia también planteaban se modificaran. No pude, en el consenso, aceptar algunas otras. Y les pido de anticipado disculpas.
No hay ley perfectible, pero es un instrumento que actuará con eficacia en un flagelo que creo que todos, sin excepción, condenamos, y que todos, sin excepción, estamos preocupados y estamos verdaderamente intentando otorgarle al Estado, a la autoridad, un instrumento jurídico que le garantice paz y tranquilidad a los ciudadanos de este país. Por su atención y tolerancia, muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, coordinador. Ha solicitado el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado Lixa.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Gracias, presidenta. Voy a pedir, si me lo permite la Presidencia, en un acto inmediato, una moción de ilustración al pleno. Sin embargo, la exposición tan amplia que hace el coordinador Monreal creo que nos permite llegar a un gran acuerdo en este momento, pero en sentido inverso.
Es decir, que en vez de que les bajen las penas a los cómplices de los extorsionadores que están en el gobierno, porque el artículo 21 no habla de informes, habla de la obligación de denuncia de un funcionario público o, en un caso de emergencia, de un llamado a la policía, pues claro que no lo haces cómplice y actúas en perjuicio de la sociedad.
Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con él en una cosa, en que los cómplices del gobierno tengan la misma pena que los extorsionadores en términos generales. Pero no es bajando la pena de los cómplices del gobierno, es subiendo la pena de los extorsionadores en general. Porque hay estados de la República que hoy tienen mayores penas que las que les están poniendo en este código. Pues ¿no que querían endurecer la ley?
Por eso nosotros hemos propuesto desde el principio en nuestra iniciativa que el genérico sea sancionado de 10 a 20 años de prisión. Y, entonces, ahí ya no sería necesario reducirlo a los cómplices del gobierno, sino, por el contrario, aumentarlo a las lacras que están extorsionando a la gente.
Y para prueba de que lo que digo es cierto y que se trata de denuncias y de llamadas a la policía y no de simples informes, solicito, por ilustración al pleno, que se dé lectura al dice y debe decir, particularmente el artículo 21. Si lo modificamos, jalamos. Pero, si no lo modifican, no nos quieran hacer cómplices de este mamotreto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Así será, coordinador. Si es tan amable la Secretaría dar lectura a la solicitud hecha.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Dice:
Artículo 21. Se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 600 a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley.
Debe decir:
Artículo 21. Se aplicará pena de 5 a 12 años de prisión y multa de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización, a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, secretario. Como lo ha solicitado el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, ha sido leída la reserva. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy. Adelante, diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Presidenta, es sobre el mismo tema. Yo entiendo la preocupación y la buena fe del diputado que me antecedió en la palabra, pero creo que hay una confusión técnica. Una cosa es cometer el delito de extorsión, que en ese caso si es agravante para cualquier servidor público, igual que para cualquier persona común y corriente. Y otra cosa es la omisión, que no puede ser nunca, técnicamente, mayor a la acción.
Por eso me parece que la propuesta del diputado Monreal acude a estos términos de la proporcionalidad y la racionalidad de esta modificación que él propone. Con todo respeto. Creo, por lo tanto, que una propuesta como la del diputado Lixa sería anticonstitucional.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado Godoy. Ha solicitado el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, por alusiones. Tiene usted, diputado, el uso de la tribuna.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Gracias, presidenta. En primer término, quiero decir que lo que yo hice fue solicitar de manera clara una moción de ilustración al pleno y fue la razón por la que me fue concedida la palabra. No cabe debate cuando un legislador solicita la palabra por ilustración, más cuando existe una lista de oradores, pero qué buen balón me acaban de pasar y este no lo voy a desperdiciar.
Dice el diputado que me alude que es inconstitucional ponerle la misma pena a quien comete el delito que el funcionario cómplice. ¿Oigan, pues no queremos castigar de manera severa a los funcionarios que se coluden? La respuesta del PAN es sí, pero, por favor, diputado Godoy, con el respeto que le tengo, téngase usted el mismo respeto y lea el dictamen. Exactamente lo que hace esta reserva es ponerle exactamente la misma pena a los funcionarios que a los delincuentes.
Por supuesto que sí. El artículo 15 dice que es la mínima de seis años. Léalo, diputado Godoy. Es exactamente la misma porquería que están haciendo con esta reserva. Diputado Godoy, yo lo que estoy proponiendo es que partiendo de que estoy de acuerdo con el diputado Monreal en que deben de tener una sanción equivalente, no nos vayamos por la baja. Lo que yo propongo es que nos vayamos por la alta como estaba en el dictamen.
El dictamen que tuvo a bien emitir la Comisión de Justicia es que es de 10 a 20 años. Y yo lo que estoy pidiendo es que en vez de bajarle la sanción a los funcionarios que se coluden con los extorsionadores, se la subamos a los extorsionadores.
Oiga, diputado Godoy, es que este no es un tema de disputa personal, este es el debate que tenemos que dar y tenemos el derecho en pedir más pena para los extorsionadores, pero además parto de un fundamento, diputado Godoy, parto del fundamento de que nosotros, el Grupo Parlamentario del PAN propuso esto desde el mes de septiembre.
Entonces, ahorita tenemos un debate central que es si le debemos de poner penas bajas a los extorsionadores y a los delincuentes del gobierno que no denuncian, que yo creo que incluso como existen muchos tipos penales, cuando un funcionario se corrompe porque tiene una obligación pública, incluso es aceptable en materia penal que tengan penas superiores, existe en nuestro Código Penal, existe en materia administrativa, pues es lo que hemos dicho una y otra vez que hay que sancionar con severidad a los narco-gobernantes a los que traicionan la confianza de la ciudadanía y desde el gobierno hacen otra cosa.
Y, mire, diputado Godoy que yo lo he hecho sin mencionar a un solo funcionario de ningún gobierno porque este mal no aqueja a un solo partido político, es un mal enquistado en las estructuras gubernamentales y creo que es un mal mensaje que después de que esta soberanía ha reformado el 73 Constitucional para garantizarle a la patria que desde la severidad del Congreso de la Unión se va a garantizar que se combata este delito, entonces, el resultado es que le damos a México una legislación más leve que la que ya tenían las entidades federativas.
Pues, es que hagan una revisión de, por ejemplo, ¿cómo está Baja California? En donde hoy hay sanciones mucho más severas. No dejen, legisladores, lugar a la especulación, no lo dejen porque esto solo hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos aquellos que siendo parte del gobierno de Tabasco no quisieron denunciar a Bermúdez.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, coordinador. El diputado Godoy, si me permite vamos a desahogar la alusión al diputado Monreal que ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, coordinador.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, es interesante el planteamiento del preopinante. Lo que en el dictamen contenía es que al presunto delincuente por el delito de extorsión el artículo 15 señala que se le aplicará o se le aplicaría una pena de 6 a 15 años. Y decía el artículo 21 que para lo que se dice, el funcionario cómplice, se le aplique de 10 a 20 años.
Eso es lo que en materia penal se llama proporcionalidad afectada, no es proporcional la pena al presunto delincuente. Porque al delincuente se le aplica de 6 a 15 años, y al funcionario cómplice, dejémoslo en esta expresión, que me parece correcta, de 10 a 20 año. Es decir, la desproporción es evidente.
Y por eso el planteamiento es en el artículo 21, que al funcionario cómplice quede de 5 a 12 años, porque al presunto delincuente se le aplicará de 6 a 15 años.
Ahora bien, sí es un tema, y lo digo, he tratado siempre de ser honesto, es un tema que a mí me surgen en los estados, en efecto. Conozco, hoy lo debatimos con Lilia, Lilia del PT y de verdad les puedo decir que el debate es muy interesante. Y el debate a veces en nuestro grupo es más fuerte, más fuerte porque hay, como en todos los grupos, buenos abogados, buenos juristas que tenemos que debatir al interior estos temas.
Y miren ustedes, de lo que yo recuerdo, cuatro estados del país: Chihuahua, que tiene hasta 30 años, si mal no recuerdo, Chihuahua. Guerrero, tiene una punibilidad mayor que la que estamos planteando en esta ley, lo acepto, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, creo que sí.
Y les voy a decir un tema que nosotros creemos que se va a salvar, es la aplicación retroactiva de la norma. Es muy sencillo, porque si un Código Penal, en Chihuahua, tiene de 10 a 30 años la pena para un extorsionador y uno de ellos está purgando una condena y lleva 20 de los 30 años, esta ley sí puede generar un conflicto de retroactividad, lo afirmo con toda honestidad.
Entonces, son cuatro estados, ya lo estudiamos y lo debatimos con Lidia, muy profundo este debate, pero lo que estamos haciendo en este momento es precisamente en razón de la proporcionalidad, me reduzco a la propuesta, quizá si alguien de los diputados hubiese propuesto en las reservas algo más, como lo hizo Lidia, Lilia, estaríamos debatiendo esta condición, pero el proceso formal, en este momento, el proceso formal legislativo son las reservas que estoy presentando y sobre esas tenemos que debatir, deliberar y, en su caso, votar.
Y yo lo que planteo en el 21 es que no se apliquen de 10 a 20 años al cómplice funcionario, porque no se le puede aplicar más sanción que al extorsionador que estamos planteando de 6 a 15 años. Es muy lógico, es muy sencillo.
Dice el preopinante, ¿por qué no subimos la pena del presunto delincuente extorsionador a más años y dejamos en 10, 20 al funcionario cómplice? Es una posibilidad. Pero lo que yo estoy planteando es que voten una propuesta que en el proceso legislativo formal está en su momento de discusión.
Yo lo que estoy planteando es que se elimine la sanción probable al funcionario cómplice, que se establece, en el 21 de la ley, de 10 a 20 años. Y digo, no, es desproporcionada, porque así lo atienden los principios de derecho penal en el mundo y México no es la excepción y por eso yo planteo que sea de 5 a 12 años.
Ahora bien, si quiero insistir, el tema sí es de fondo, sí es un tema que vale la pena precisar. No descalifico ninguna argumentación, pero el momento procesal en el que estamos, son los ocho artículos que estamos proponiendo como reserva.
Si hubiese otra reserva, yo estoy dispuesto a deliberar y a debatir, pero en este momento sí se puede enmendar y corregir esta propuesta. Claro, eso lo admite el proceso, lo admite diciendo, le propongo a los autores que acepten que, en lugar de reducir, quede de 10 a 20 y que en el articulo 16 se aumente de 25 a 50 años a los presuntos responsables del delito de extorsión, se puede. Es parte de debate.
Nosotros consideramos que ahora que estamos planteando por vez primera una ley general, un tipo penal único, hemos avanzado de manera definitiva. Y yo estoy seguro que estamos dotando al Ministerio Público y a la autoridad persecutora de delitos, de un instrumento eficaz nacional que pronto vamos a ver resultados favorables para la ciudadanía. Yo sí confío.
Es más, es una innovación, una novedad, el 089 como denuncia anónima, en la que no tiene que haber ni temor ni miedo ni preocupación a denunciar. Yo sí confío en el Ministerio Público mexicano y confío en el nuevo Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, coordinador. Tenemos tres solicitudes en esta Mesa, y si me permiten, con estas tres solicitudes voy a dar por –sí, coordinador, sí, permítame– por concluida esta etapa, porque viene el debate de la reserva.
Ha solicitado por alusiones y por ilustración el diputado Godoy, por alusiones el diputado Lixa y por alusiones la diputada Lilia. Si me permiten, tiene el uso de la palabra el diputado Godoy. Adelante, diputado, por un minuto; posteriormente el coordinador Lixa y la diputada Lilia. Adelante, diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Sí, presidenta. Efectivamente, estamos discutiendo dos capítulos diferentes. El capítulo uno es el que se refiere al autor, a un extorsionador, que por cierto puede ser un servidor público. Y, el capítulo dos se refiere a delitos diversos, relacionados con la extorsión, entre ellos la complicidad.
Por lo tanto, me parece que por técnica jurídica está bien propuesto lo que dice nuestro coordinador. Sin embargo, él también dio ya una salida en este tema, solamente de la penalidad, que lo que dice el artículo 15 tenga una penalidad superior. Y esa podría ser una propuesta que resolviera el tema.
Aunque yo quiero decir que yo no estoy nunca, soy penalista, y nuca he estado a favor de agravar las penas. Pero en este caso para este debate concreto pudiera ser primero que se debata esta propuesta, de acuerdo al procedimiento parlamentario del diputado Monreal y después el diputado Lixa podría presentar otra reserva que pudiera ayudar en este tema. En lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, presidenta y compañeras y compañeros, es que el delito de extorsión y sus cómplices tiene que ser castigados severamente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, coordinador.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Miren, diputadas y diputados, lo bueno que tiene el debate respetuoso, que muchas veces escaso en esta asamblea, es que podemos entender a partir de los argumentos, buenas razones. Hago algunas aclaraciones:
1. El diputado coordinador, don Ricardo Monreal, ha dicho que no hay ninguna reserva que proponga subir la pena en el artículo 15. Diputado Monreal, aquí tengo en mis manos la propuesta que hace el diputado Víctor Manuel Pérez para pasar en el artículo 15 la penalidad exactamente en la proporcionalidad de 10 a 20 años. Y mire cómo estamos de suerte, coordinador Monreal, que esta reserva no se ha discutido y podemos transformarlo en este momento.
2. Qué bueno que el diputado Godoy ya en esta participación, pues, aclara que me refería precisamente a esto.
3. Es falso, diputadas y diputados, en técnica jurídica que los funcionarios públicos no puedan recibir una proporcionalidad mayor, pues, es que precisamente las agravantes, por ser funcionarios públicos, es porque son funcionarios públicos y porque a partir de su cargo pueden traicionar la confianza.
Miren, es por esto que en el delito de extorsión reformado por esta asamblea le da mucho más pena a los funcionarios que a los que comenten el delito. Está en muchos, en muchísimos delitos. Lean el Código Penal, es una constante en nuestro Código Penal.
Diputadas y diputados, la retroactividad no sólo puede aplicar en favor de los delincuentes que hoy están en la cárcel, va a aplicar en favor de los delincuentes que están en la cárcel. Qué le van a decir a los ciudadanos de Guerrero, a quienes no les preguntaron, y con esta reforma estarían liberando al 100 % de los extorsionadores que hoy tengan en la cárcel. Q qué le van a decir a Chihuahua, o qué le van a decir a Baja California.
Pues es que darnos la facultad de legislar en el 73 constitucional con el aval de las entidades federativas parte de la buena fe de las entidades federativas de que vamos a homologar un delito para sancionarlo más, no para sacar a los delincuentes de la cárcel, que ellos ya metieron.
Diputado Monreal, yo le digo con mucho respeto, en mi primera participación, exactamente le hice esa propuesta, que mantuviéramos el 21 intocado, para poder reformar el 15 y sí homologar las penas, pero hacia arriba y no hacia abajo. Pero si a usted le parece bien, para que medie el diálogo y la posibilidad de construcción, le hago una propuesta mejor.
La reserva que ahora presenta tiene muchos artículos, es decir, son varios. Separe el artículo 21 en este momento, y dialoguemos cómo podemos construir en torno al 15. Y en lo que esta reserva se debate y se discute... qué, por cierto, no tendría del PAN mayor inconveniente si separamos el artículo 21, entonces podemos construir en torno a razonar jurídicamente y que no sea una prisa, cuando hemos aceptado todos que hay argumentos ciertos y que podríamos perjudicar a las comunidades. Yo le propongo, con respeto, separemos el 21 para poder construir en torno al 15, para que no exista especulación de que esta reserva es la reserva Bermúdez.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, coordinador. Por alusiones y, evidentemente para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el diputado Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, coordinador.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, honorable asamblea: yo debo confesar que me formé en la escuela clásica del derecho en la UNAM, donde la teoría del derecho penal moderna no era draconiana. Yo no soy draconiano. Y no es en la medida de la severidad de la pena como se podría resolver la delincuencia.
Diez. Es muy sencillo entender. En razón del ejercicio de la racionalidad punitiva, que es una elemental norma del derecho penal, junto con la proporcionalidad. No puedes, de ninguna manera, confundir la gravedad de un delito por el que lo comete, que por el que omite información.
No es lo mismo, por ser el funcionario que sea, el no informar no es más grave que el que delinque. No es más grave que el extorsionador. Es una pena que, en razón de la teoría moderna del derecho penal, tiene que ver con la proporcionalidad y con la punitividad.
Por eso les comento: la gravedad de la omisión no es igual que la gravedad de la comisión del delito. No es lo mismo la omisión, que cometas el delito. Por qué tendría que establecer una sanción mayor al que omite, de 10 a 20 años; y al que comete, de 6 a 15 años. ¿Cuál es la explicación?
Ahora bien, este es el momento, si hay una reserva del 15 pendiente, debatámosla. Pero en este momento estamos debatiendo una propuesta de 8 artículos que no contienen el 15. Entonces, ciñámonos al proceso formal legislativo, si hay una propuesta posterior y lo permite el proceso legislativo formal, discutamos la del 15 o cualquier otra que se haya reservado en el momento oportuno del proceso legislativo.
Yo estoy ateniéndome a un proceso formal, en donde dije y aclaré, propongo la modificación de 8 artículos. Nos hemos centrado en uno, el 21, centrémonos en ello, en el debate del 21. Si hay propuestas de modificación a los 8 artículos que yo estoy planteando, hagámoslo.
Pero este es el momento procesal de mi planteamiento como autor de la reserva a ocho artículos de la ley en comento, y eso es a lo que tenemos que ceñirnos en este debate y en esta discusión. No le temo a cualquier debate, pero es desproporcionado, es desproporcionado y es irracional punitivamente, contrario a las teorías modernas del derecho penal.
Sí, tendremos, probablemente, dificultades de interpretación en la retroactividad, yo lo afirmé, y lo traje aquí a colación. Pero habrá también alternativas, que las hemos debatido ampliamente en los grupos de la coalición. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. El diputado Elías Lixa, coordinador del PAN, desde su curul. Adelante.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): He de precisar, presidenta, que hice una propuesta concreta, me parece que esta no ha de ser aceptada. Y que quede claro, no es en función de mantener que los funcionarios tengan penas más altas, lo que yo digo es que eso puede ser una posibilidad y que el Código Penal está lleno de eso.
Lo que estoy diciendo, es que, en vez de bajarles las penas a los funcionarios, modificáramos el 15 para elevar la pena de los extorsionadores. Y es importante que no se discuta o no se vote bajarle primero la de los funcionarios, porque entonces sí habría un régimen especial para funcionarios corruptos que no denuncien a los extorsionadores o sean cómplices.
Lo que nosotros proponemos es que el cómplice que está dentro del gobierno tenga la misma sanción que el extorsionador, y si a eso le llaman irracionalidad, que le pregunten a los 120 millones de irracionales que, como yo, estamos hartos de un régimen que solapa a los extorsionadores desde el gobierno.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, coordinador. La diputada Lilia Aguilar, si es tan amable, desde su curul. Desde su curul. Gracias, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchísimas gracias, presidenta. Yo quiero hacer énfasis en algo que ha comentado el doctor Monreal. Este debate del aumento de las penas ha sido un debate interno dentro de la coalición, lo hemos dado desde el Grupo Parlamentario del PT hace ya un par de días.
Nosotros estamos convencidos que es necesario subir la penalidad, hemos presentado una reserva en voz de la diputada María del Carmen Bernal e insistimos en que eso es necesario, porque miren, los cuatro estados de los que hablaba el doctor Monreal, que es Chihuahua, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, se asume que habrá la liberación aproximadamente de 600 personas que hoy están detenidas y que se pueden arrogar de esta nueva ley, no es menor. Estamos hablando de 600 delincuentes, pero, fíjense, si se individualiza la pena para los que son abogados, es decir, aquellos que el juez ha determinado que se aplique la pena mínima, en estados donde la pena mínima es diferente a 6 años, se va a bajar la pena.
Vamos a tomar otros estados como Oaxaca, vamos a tomar otros estados como Zacatecas, donde el juez dictó que se aplique la pena mínima al extorsionador y hoy en lugar de 8 años va a ser de 6. No es un tema menor como ha dicho el diputado Monreal y yo en esto coincido con el diputado Lixa, lo que deberíamos de estar hoy planteando también es subir las penas de 10 a 20 años, que parece una salida sensata, lo hemos tratado con el doctor Monreal. Él ha sido abierto a esta petición, pero no hemos logrado transitar en un acuerdo.
Pero dentro de la cuarta transformación nosotros hemos alzado la voz porque no podemos permitir, miren, inclusive si subiéramos la pena de 10 a 20 años en mi estado, en Chihuahua, habría liberación de 97 condenados que hoy están en un penal por extorsión. No estamos hablando de una cosa menor. Hay retroactividad para que estos delincuentes puedan salir desgraciadamente sí, pero hoy estamos debatiendo otra cosa que es poner en concordancia el que cometan la omisión desde el servicio público, que es otro debate, pero si hay la voluntad que hoy otra vez debatamos el tema de la penalidad para que cambie de 10 a 20 años en el PT lo estamos impulsando. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Solicito a la Secretaría, si es tan amable, consultar en votación económica al pleno, si se admite a discusión la reserva.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se admite a discusión. Por tanto, iniciamos con este debate, quienes harán uso de la voz para hablar en pro de la reserva son quienes inician. Por tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, tiene el uso de la palabra. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidenta. Reiterar que en el PT estamos a favor de aumentar el 15, de 10 a 20 años y, esperamos que después de esta discusión se abra esa reserva.
Pero ahorita estamos hablando del planteamiento del diputado Monreal, del diputado Reginaldo, entre otros aspectos, y me voy a centrar en lo que se refiere al artículo 15, porque me parece que hay una mala apreciación de este delito conexo a la extorsión, que como lúcidamente ha dicho el diputado Leonel Godoy, es otro capítulo, es el capítulo dos, y se refiere a delitos relacionados con la extorsión, es diferente al artículo 15, que está específicamente en el delito de extorsión.
El tipo penal de extorsión, que deriva de la reforma al artículo 73, que faculta a este Congreso legislar para homologar un tipo penal en todo el país, está en el artículo 15. Ahí se describen las características del tipo penal y se establece una penalidad de 6 a 15 años, con la que nosotros quisiéramos que fuera de 10 a 20, esa es otra discusión, ese es el delito de extorsión.
Y en el artículo 18 se establecen agravantes, en general entre el artículo 16, 17 y 18 hay 35 agravantes, pero yo me quiero referir a la fracción VIII del artículo 18, que es el agravante cuando el sujeto activo del delito de extorsión sea empleado de una institución de gobierno, ahí se le dan hasta dos terceras partes adicionales de la sanción que prevé el artículo 15.
Pongamos un ejemplo, un servidor público fue sentenciado a la pena máxima, 15 años. Al ser servidor público, según el artículo 18, fracción VIII, se le puede establecer hasta dos terceras partes de la pena, que serían 10 años adicionales.
Es decir, ese servidor público sería sentenciado a 25 años de cárcel, pero además, si leemos el artículo 35 del proyecto, que se refiere a la ejecución penal, este sujeto no tendría beneficios preliberacionales, tendría que cumplir ese mal servidor público, fiscal, policía, director de seguridad o cualquier otro cargo, que ya fue sentenciado por el delito de extorsión, tendría que cumplir con una penalidad de 25 años sin ningún beneficio preliberacional ni sanciones anticipadas ni cambio de la penalidad domiciliaria ni de ningún tipo, 25 años completitos. Esa es la penalidad para un servidor público, según el artículo 15 y 18 que establece el delito de extorsión del proyecto.
A lo que se refiere el artículo 21, solo delitos vinculados a la extorsión, de ahí se define el delito de omisión de denunciar. Es un delito diferente a la extorsión, la omisión de denunciar, quien tenga tareas en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
Si algún funcionario relacionado con estas actividades no denuncia comete un tipo penal que no es la extorsión, es un delito vinculado al delito de extorsión por no denunciar, es la omisión de denunciar, no es la extorsión.
Puede haber una diferencia sutil, ahí dependerá de la carpeta de investigación y las habilidades del fiscal para determinar si el grado de participación no fue ser omiso, sino ser cómplice y sujeto activo del delito. Por eso ahí los fiscales tendrán que actuar con mucha diligencia y ahí yo sí creo que tenemos que presionar desde esta soberanía para que hagan su trabajo.
Pero insisto, es la omisión de la denuncia de un funcionario que se dedique a la prevención, investigación y persecución de los delitos. No es dejar impunes a los servidores públicos, como aquí se ha querido decir.
El funcionario público puede ser sancionado hasta 25 años de cárcel sin beneficios preliberacionales, eso subsiste en el artículo 15 y 18 del proyecto. ¿Qué queremos? Que sean 10 a 20 años en el 15, pero esa es otra discusión.
Por esa razón, nosotros estamos a favor de la propuesta del artículo 21, porque es el delito de omisión. Lo que se dice hacerse de la vista gorda o no tener los pantalones o el valor por amenazas, por temor, por comodidad de denunciar, pero no significa que necesariamente ese servidor público sea el sujeto activo del delito de extorsión. Ese es el punto aquí y nosotros sí creemos que en el 15 se debe aumentar la pena —concluyo, presidenta—, pero esa es otra discusión.
Lo que estamos discutiendo en el 21 es la omisión de denunciar, no el delito de extorsión, que está en el artículo 15, con agravante en el 18, y al que un servidor público puede llegar hasta 25 años de cárcel sin beneficios preliberacionales. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado David Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado David Azuara Zúñiga: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado David Azuara Zúñiga: Hoy en esta Cámara estamos ante una situación que refleja de qué lado estamos, si del lado de los delincuentes o del lado de los ciudadanos.
De un lado queremos proteger a las víctimas, del otro lado están quienes quieren proteger a los extorsionadores. Sí, así de absurdo, pasar de castigar con severidad a quien usa el miedo, la violencia, la amenaza, para lucrar con el dolor de otros, a premiarlo con una rebaja de hasta la mitad de su condena.
Y no nos engañen, no engañen a los ciudadanos allá afuera. Esta no es una reforma técnica, esta es una reforma política, que tiene nombre, tiene apellido y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada, ¿para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez. O ¿no?, –le pregunto a Erubiel Alonso, compañero de Tabasco–, que está vinculado hoy por extorsión y que hoy lo quieren beneficiar.
¿Coincidencia? No, esto es una muestra de cómo el gobierno legisla para sus militantes y no para los mexicanos. Y claro, si de barredora se trata, parece que quieren barrer con la legalidad, parece que quieren acabar con este delito de la extorsión.
Yo pregunto, ¿a quién se le ocurre bajar las penas? A quienes viven de intimidar, de corromper, de sembrar el miedo. Quién se atreve llamar justicia a lo que en realidad es impunidad partidista. Mientras en San Luis Potosí y en todo el país hay familias extorsionadas, negocios quebrados y vidas destruidas, aquí se pretende enviar un mensaje a los que extorsionan, que eso ya no es tan grave.
Pero desde Acción Nacional les decimos con claridad y sin miedo, la extorsión no se negocia, se castiga; el miedo no se legisla, se enfrenta y, la justicia no se acomoda, se aplica. Y si este gobierno no puede o no quiere, que lo digan con todas sus letras, porque lo que hoy vemos en este pleno no es un error jurídico, es una confesional moral. Prefieren defender a sus cómplices que proteger a las víctimas. Díganlo con todas sus letras.
México no necesita más leyes blandas, necesita justicia firme; necesita Estado, no complicidad; necesita dignidad, no sumisión al crimen. Por eso, hoy votaremos en contra, porque esta reserva, la suya, es una ofensa a las víctimas, es una ofensa a la justicia, porque ningún delincuente, incluido Hernán Bermúdez, por poderoso que sea, debe dormir tranquilo sabiendo que aquí, en la Cámara de Diputados, legislan a su favor.
Desde Acción Nacional lo decimos fuerte: La extorsión no se combate con abrazos ni con favores. Se combate con leyes firmes, con castigos ejemplares y con valor político. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. El diputado Alonso, por alusiones. Adelante, diputado.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Fuera máscaras. Es increíble que se estén haciendo leyes a modo, que la finalidad sea proteger a los extorsionadores, a los delincuentes de este narco-gobierno, que no protege a las familias, protege a los delincuentes.
Ahora será mejor ser servidor público y extorsionar desde el poder para gozar de impunidad. La presente, la presentación de esta reserva muestra además de que el gobierno de Morena es incapaz de construir una política integral que fortalezca las capacidades institucionales y poner los indicadores de efectividad para el combate y castigo de este delito.
El PRI ha votado a favor de esta iniciativa en lo general, porque somos sensibles del dolor y la impotencia que todos los días viven agricultores, empresarios, familias y emprendedores de este país, pero eso no quita que señalemos las deficiencias que se tienen en el contexto de esta ley que a través de esta reserva a los servidores públicos gozarán de privilegios. Nosotros estamos en contra de esta reserva, porque consideramos que se debe de mantener la pena para los servidores públicos que cometan estos delitos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Con su permiso, presidenta. Yo creo que las ciencias en general, y la ciencia jurídico-penal en particular, merecen respeto. No es posible que aquí se estén confundiendo el delito de extorsión con los que son cómplices u otro tipo de delitos que se cometan en relación con la extorsión.
Me parece que politizar esto siempre le va a salir mal a la oposición. Porque, fíjense, ellos decían que es una modificación hecha para Hernán Bermúdez, y resulta que no leen, no leen. Él está sujeto a proceso por asociación delictuosa, por extorsión, por secuestro agravado, por secuestro agravado, que es un delito mayor al de la extorsión. Fíjense bien lo que están confundiendo.
No sólo se atenta contra la teoría del delito. No podemos... así como en otras cosas o en otros temas hemos buscado ser más precisos en el lenguaje legislativo, también en este caso es lo mismo. El tipo penal previsto en el artículo 15 es diferente al tipo penal previsto en el artículo 21. Y tan sólo miren, si leyeran, si leyeran, el artículo 18, el artículo 18 dice... es el 19, que está en el capítulo segundo.
Dice en el artículo 19: ...a quien dolosamente preste auxilio, será una pena de 4 a 12 años, menor a la del tipo penal, a la del tipo penal de extorsión. El artículo 20 dice: “Se aplicará una pena de 4 a 16 años menor a la prevista en el artículo 15”.
En esa misma lógica jurídico-penal es el artículo 21, que es el siguiente, que dice la propuesta del diputado Monreal es que sea de 15 a 12 años, pero esa pena para el cómplice no significa que es la misma pena para el que comete el delito de extorsión. Yo supongo que a estas alturas ya estamos entendiendo el tema porque, afortunadamente se está dando este debate, para diferenciar, porque eso es en cualquier tema del delito, de la teoría del delito.
Nunca, nunca el autor del delito tendrá una pena menor al cómplice del delito. Este es un asunto que ni siquiera requiere técnica jurídico-penal, es un asunto de sentido común. Por eso, por esto también se hizo una propuesta que no quieren escuchar. Que se revise en otro momento, en otro momento procesal, que este procedimiento legislativo se revise, no se puede. Y van a perder la votación, van a perder la votación, desgraciadamente.
Por eso, porque son, porque son necios. No entienden y hay que también poner en juego no solo los conocimientos técnicos que todos debemos tener, sino también el razonamiento político. En este momento el propio coordinador de nuestro grupo parlamentario está aceptando una posibilidad, una posibilidad que se revisaría en el momento procesal legislativo oportuno. En este momento se va a debatir la propuesta presentada por el diputado Monreal, que es la reserva a ocho artículos de esta ley contra la extorsión. Muchas gracias por eso.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Estamos en un debate que pudimos haberlo dado con más tiempo, con más profesionalismo, con más técnica, con más decoro, si le hubieran puesto cabeza y corazón a las decisiones que están mal tomando el día de hoy.
Eso es lo que debió de haber pasado, porque aquí en las prisas, que caracteriza al oficialismo, estamos debatiendo ocho reservas, y luego vienen y dicen que no hay reservas en relación a la modificación de las penalidades. Ayer en la comisión, y no me va a dejar mentir nuestro compañero César Damián, de Baja California, cuando habló de que en Tijuana y de que allá iban a salir varios presos.
No me van a dejar mentir también, acá en el oficialismo, acá sus aliados, que presentamos una propuesta de una reserva para que se modificaran las penas, y yo la firmé con el PT, yo la firmé con el PT porque estoy convencido de que era lo correcto.
Pero, además, aquí hay tres reservas que yo presenté, precisamente, para modificar las penas, pero como no saben y no leen, votaron en contra de que se discutieran esas reservas. Ese es el problema que tenemos hoy, que las prisas están haciendo que las cosas salgan mal.
Yo le pregunto al oficialismo, qué les van a decir ustedes, amigas y amigos, ¿qué les van a decir a los habitantes del estado de Nayarit, de Morelos, de Quintana Roo, de Michoacán, de Baja California Norte, ¿qué les van a decir cuando 600 delincuentes salgan a la calle y estén secuestrando a los mexicanos y estén extorsionando a empresarios, en tienditas, a la sociedad en general? ¿Qué les van a decir? ¿Con qué cara los van a ver?
Yo voy a ir a Chihuahua a decir que fue Morena, que fue el oficialismo quien está permitiendo que 150 delincuentes salgan a la calle y sigan extorsionando. Porque nosotros en Chihuahua ya vivimos este, y perdón por la expresión, ya vivimos este desmadre de la extorsión, ya lo vivimos en carne propia y nos dolió mucho porque fue mucha gente la que se vio afectada.
Pero hicimos un trabajo para trabajar en las penas, en la prevención, en contra del secuestro, la extorsión, del homicidio, y logramos que Juárez dejara de ser el referente mundial de la violencia. Y sí, lo logramos en un gobierno del PRI.
Por eso, estoy convencido de que debemos de discutir todo con tiempo y a tiempo, porque no lo están haciendo y no lo están haciendo bien, no lo están haciendo de la mejor manera. ¿Qué le van a decir, pues, al pueblo de México en estas prisas? Estas prisas que ahorita están viendo.
Decían hace un rato, no hay ley perfecta, no hay ley perfectible. No, no hay leyes perfectas, sí hay leyes perfectibles y este dictamen puede perfeccionarse todavía si escucharan, si escucharan la voz de todas y de todos los mexicanos que no queremos vivir en el secuestro.
Más fácil hubiera sido crear un tipo penal agravado, específico, claro, con la penalidad alta, una agravante clara para los servidores públicos y un tipo penal atenuado para aquellos que son omisos y no son cómplices, porque el ser cómplice ya tiene una acción dolosa y hay una acción dolosa cuando se es cómplice. Por lo tanto, entonces debieron de haber creado uno atenuado para aquel que es omiso, perdón por el francés, para aquel funcionario que se apendeja y da una información inadecuada y bueno, pues no lo puedes pasar igual.
Eso debieron de haber hecho, pero no nos escuchan, no oyen a la sociedad, no oyen al pueblo de México, no oyen a quienes vivimos esta experiencia desastrosa en materia de secuestro. Hoy les quiero decir, amigas y amigos, el pueblo de México va a tener claro que Morena es el responsable de que 500 personas, 600 aproximadamente para ser preciso, salgan a la calle y estén extorsionando o migren a otro delito, a ser delincuentes de otro tipo de acciones delictivas. Estas reservas no solucionan el problema del dictamen, al contrario, generan más desorden.
Honrar el privilegio que tenemos los mexicanos, que los 500 mexicanos que estamos aquí honrar el privilegio de estar aquí es escuchar a todos. Honrar el privilegio de estar aquí es atender a las minorías también y es atender a la experiencia que se ha vivido en otras partes del país.
Reitero, amigas y amigos, esta ley Hernán, esta ley Hernán y esta disminución de la penalidad a servidores públicos la van a llevar en su conciencia si es que la tienen, porque van a salir a la calle muchos extorsionadores. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. El diputado César Damián, por alusiones. Adelante, diputado.
El diputado César Israel Damián Retes (desde la curul): Gracias, presidenta. Qué manera, de nuevo, qué manera de los diputados de Morena de echar a perder la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba en mucha consonancia con la que presentamos en Acción Nacional. Qué manera de echar a perder una ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión.
Están dispuestos a dejar en libertad a extorsionadores sentenciados, confesos, con tal de proteger a uno de los suyos, a Hernán Bermúdez Requena. Porque esta ya es la ley Hernán, pero Hernán es la punta del iceberg, ¿qué me dicen del señor de los ranchos, del hermano de López Obrador? Que también trabajó en el gobierno de Adán Augusto.
¿Qué me dicen de los políticos a los que les quitan visa? Y eso me hace recordar a mi terruño, a Baja California, y evidentemente a Tijuana, en donde los servidores públicos son los que están haciendo cobro de derecho de piso, sumados a la delincuencia organizada.
¿Y qué les dicen los diputados de Morena? Ah, menos sanción, bajémosle la sanción. Si tú eres servidor público y extorsionas a la gente, no te preocupes, te rebajamos la cárcel. ¿Y qué dicen los servidores públicos? Lo pago. Y mientras, las familias sufriendo y sufriendo. Qué manera de echar a perder una muy buena ley. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, adelante, diputado.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Con su venia, señora presidenta. Hacer caravana con sombrero ajeno es una expresión que todos conocemos. Aquí traigo la iniciativa que presentó Acción Nacional, que en nada se parece, en nada se parece al dictamen que el día de hoy estamos votando, bautizado por ellos como la ley quién sabe quién, que además votaron a favor, porque lo votaron a favor en lo general.
Y, por cierto, les hice un cuadrito para que lo estudien, para que vean las diferencias entre la iniciativa de ley de Acción Nacional con la que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Absolutamente falso que se parezcan en algo. La iniciativa que tanto presume Acción Nacional no se puede dejar de reconocer que es un documento de buenas intenciones, siempre han gobernado con buenas intenciones, pero sin aplicar la ley.
Tiene más un carácter administrativo, es de naturaleza administrativa y no de índole penal, como la que aquí ya aprobamos en lo general. Además, adolece de estándares internacionales, tantos que lo presumen en materia de derechos humanos, por lo que resulta regresivo al modelo que se está proponiendo en esta nueva ley.
Se contrapone, desde luego, con el dictamen que estamos aprobando, el cual es completo y cubre cada uno de los aspectos que las y los mexicanos han pedido al Poder Legislativo, y que por cierto fue aprobado en esa histórica reforma constitucional del 2011 al artículo 1 constitucional.
Me gustaría escuchar aquí un debate constitucional que esta ley general que hoy se está aprobando contraviene el artículo 1 constitucional, o contraviene la Convención de los Derechos Humanos en nuestro continente de la OEA, no lo he escuchado aquí.
Y sí he escuchado argumentos para desviar la atención, ¿qué argumentos hemos escuchado esta noche? Están duro y duro con las penas que se están reduciendo, nada más se saltaron 34 agravantes. ¿Qué es una agravante? Hay que decirlo fuerte y claro y de manera muy sencilla, una agravante aumenta la gravedad de un acto delictivo y, por lo tanto, la pena es más severa. ¿No las leyeron? Son 34 agravantes, lo que van a permitir aumentar las penas y hacerlas más severas en el caso de extorsión. Y ya van una por una, una por una.
No entiendo, no entiendo por qué sostener que estamos disminuyendo, cuando hay 34 agravantes que no existían en ninguna ley. Por cierto, esta ley es absolutamente novedosa, no tiene parangón en la historia legal de nuestro sistema jurídico y esta ley la propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y si le vamos a poner un nombre, no le pongamos ese nombre, pongámosle la ley Sheinbaum-Harfuch, porque esta ley está proponiendo 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, al contrario de lo que aquí se ha venido manifestando. Otra vez a confundir a la opinión pública.
Me queda casi nada de tiempo, no voy a poder abundar mucho sobre los importantes puntos que están complementando, que están complementando a esta gran ley general, propuestas en las reservas del coordinador parlamentario, a la que se sumaron varios coordinadores.
Solamente quiero mencionar una cosa, nos parece de la mayor importancia el artículo 43, porque la política pública, es decir, la estrategia en materia de seguridad se está elevando a ley y cuando una política pública se eleva a ley, se convierte en obligatoria. Qué bueno, qué bueno por los diputados de MC, qué bueno que hubo conjunción, porque vale la pena este artículo 43, política pública convertida a ley, para que se vuelva obligatoria.
Sobra decir lo que aquí se ha dicho, este delito ha lacerado a la sociedad mexicana, la sigue lacerando y hoy estamos en un marco de buena voluntad. Aprobar estas reservas aquí presentadas, son fundamentales para la técnica jurídica.
Miren, ya lo decía Carrara, que la extorsión es el abuso de la voluntad ajena mediante el terror. Este, este cobarde delito es el más cobarde de todos los...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Concluya, diputado.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: ... delitos patrimoniales. Y sí, ahora quisiera yo decirles a las diputadas y a los diputados de mi grupo parlamentario, de la coalición gobernante del Partido Verde y del Partido del Trabajo, no temamos en votar a favor de estas reservas, porque la ley Sheinbaum-Harfuch va a hacer historia y va a ser un legado en nuestro país, porque no tiene antecedente. No podemos seguir...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: ... institucionalizando la extorsión, porque la extorsión ha dependido del silencio social y eso del silencio social, nosotros sí lo sabemos hacer en las calles. No temamos a votarlo a favor, irle a decir a la gente del pueblo que estamos votando una ley correcta que va a cambiar la realidad de miles y miles de mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la palabra para hablar en contra, hasta por cinco minutos, al diputado Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Emilio Suárez Licona: La presente reforma, la reserva, es una reserva contra la voluntad del Ejecutivo federal, que es distinta a lo que fue presentada en la iniciativa. El Grupo Parlamentario del PRI no acompañará la reserva presentada por Morena, lo hacemos con la convicción de que esencialmente lo que se presenta es cosmético, modifica la redacción del dictamen en aspectos secundarios sin atender los vicios sustantivos ni las deficiencias estructurales que siguen presentes en el proyecto.
Se agravan y se agregan referencias genéricas a la perspectiva de género, a la interculturalidad y a la interseccionalidad, sin un desarrollo normativo que vincula estas categorías a políticas públicas reales. Se incorporan ajustes menores en la descripción del tipo penal y se incluyen objetivos de seguimiento y evaluación que, aunque suenen bien, no cambian en nada la lógica punitiva e ineficaz del modelo que se pretende aplicar.
En pocas palabras, se trata de modificaciones de forma y no de fondo, pero lo más grave que ya se ha dicho aquí, la reserva reduce las penas de prisión aplicables a servidores con atribuciones en materia ministerial, de procuración e impartición de justicia, así como en el ámbito penitenciario.
Se propone disminuir el umbral de pena de 10 a 20 años que establece el dictamen original a un rango de 5 a 12 años. Esa reducción no solo debilita a la respuesta institucional frente a la corrupción y a la colusión, sino que parece tener destinatarios específicos beneficiando actores vinculados con el régimen, que han sido señalados por sus nexos con estructuras criminales. Es una concesión que favorece la impunidad y la complicidad dentro de las instituciones.
Y déjenme decirlo con absoluta claridad: no es la omisión de dar información, es la omisión de denunciar, es una especie de delito contra la obstrucción de justicia. Si leen de manera detenida la propuesta, se refiere específicamente a quien se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público, de activar los mecanismos jurídicos de defensa. Esto se vuelve mucho más grave si consideramos que el 97 % de los delitos de extorsión no son denunciados.
No se trata, como aquí se ha dicho, de un agravante. Los agravantes están en el artículo 16, 17 y 18. Se trata de un delito vinculado al delito de extorsión, el que refiere el artículo 21.
En materia penal y administrativa hay múltiples ejemplos en donde las penas son mayores para funcionarios que para ciudadanos, enriquecimiento ilícito, secuestro, falsificación de documentos. Y la razón, la razón de fondo que hay para castigar a los funcionarios que están obstruyendo la justicia es que los funcionarios a diferencia del ciudadano tienen la protección del Estado, tienen información privilegiada, tienen la obligación de cuidado de la ley, por eso las penas en muchos casos son mayores a los funcionarios.
Lo que se requiere no es una ley con maquillaje político, sino una política de Estado integral que ataque las causas del delito, que garantice la reparación efectiva del daño y que fortalezca las capacidades de investigación, prevención y justicia. Esta reserva lejos de mejorar el dictamen lo trivializa y lo debilita. Preocupa que en el fondo se mantenga la apuesta por un modelo policiaco sustentado en la prisión preventiva oficiosa y en la negación de preliberaciones, incluso para quienes no están vinculados al crimen organizado.
En consecuencia, por esas razones y porque pensamos que los funcionarios que tienen el deber de cuidado de la ley vamos a votar en contra de una reserva que es contrario al espíritu de lo que la gente quiere y que se combata el delito de extorsión, sobre todo cuando son los funcionarios los que tienen la información para combatir este delito. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Consulte la Secretaria, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, está suficientemente discutida. Tengo enlistados, para rectificar hechos, a la diputada Lilia Aguilar Gil, al diputado Federico Döring Casar y a la diputada Vianey García, de Morena. Adelante, diputada Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Hemos dado constancia que el Partido del Trabajo insiste en que es necesario elevar las penas. Será de impacto social importante el no hacerlo. Porque para nosotros no es solamente una media aritmética el tema de las penalidades incluidas en el artículo 15, sino significa la liberación de delincuentes que ya han sido sentenciados. Que tendrá que ser valorado por un juez, sí, pero que tienen la posibilidad de la liberación, que nos parece de la mayor gravedad.
Queremos dejar constancia de que ése ha sido en el debate la posición de este grupo parlamentario, contrario a lo que se ha dicho en la tribuna, que generaliza los votos más allá de lo particular. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico Döring, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí, presidenta. Nosotros acompañamos la reforma constitucional para hacer esta legislación posible. Presentamos la iniciativa antes que ningún otro grupo parlamentario. Colaboramos de buena fe cuando lo que se buscaba era legislar a favor de las víctimas. Presentamos la reserva para que se votara el presupuesto que hiciera posible esta reforma, pero vemos con profunda consternación la traición de Morena a las víctimas, al dolor y al sufrimiento de todas aquellas familias, a las que los delincuentes que quieren preliberar reduciendo las penas, van a salir beneficiados.
Lo que era una iniciativa a favor del dolor de las víctimas, la reparación del daño y el acceso efectivo a la justicia, lo está volviendo Morena para salvar a Hernán Bermúdez, a Pepín López Obrador y a Adán Augusto. Una iniciativa a favor de los delincuentes que sean cárteles y que extorsionan, asaltan y secuestran a mexicanos y en el gobierno. Y esto va a quedar claro en nuestro voto en un instante.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. La diputada Vianey García. Adelante, diputadas.
La diputada Rafaela Vianey García Romero (desde la curul): Buscan de cualquier manera deslegitimar una lucha que encabeza la presidenta de la República para poder disminuir la violencia y la crisis de inseguridad que ustedes tuvieron que arraigar para poder consolidar un fraude en 2006.
Buscan, a través de esa lucha poder querer llegar a renovarse y lavarse la cara, cuando lo único que han hecho es renovar su tipografía. Ojalá que hubieran buscado cuando ustedes gobernaron disminuir las desigualdades, disminuir la violencia, atender a las víctimas y tener buena fe. Perdón, pero la buena fe ni los padres católicos a los que tanto les rezan y de manera hipócrita se hincan, se las creen. Porque su doctrina siempre será la hipocresía.
Hoy nosotros estamos reformando estas leyes para poderles garantizar a las víctimas que tengan justicia, que vivan en paz y que logremos que nuestro país se acerque a esa paz de la que ustedes nos arrebataron.
No sean hipócritas, ya mejor váyanse a dormir para poder descansar sus cerebros y a ver si en una de esas el día de mañana vienen acá a proponer de manera real y no suspicacias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto. Se informa a la asamblea que las propuestas de modificación al proyecto de decreto que no fueron presentadas en esta tribuna, serán incorporadas de manera íntegra al Diario de los Debates.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: ¿Alguna diputada o diputado falta de votar?
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene, por tanto, la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobados por 339 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por esta asamblea,
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (22:26 horas): Compañeras, compañeros, se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 29 de octubre del año en curso, a las 11 horas en modalidad presencial. El registro de asistencia se encuentra disponible a partir de las 9 horas del día de mañana a través de las tabletas instaladas en las curules de las y los legisladores.
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