Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Declaratoria de publicidad y dispensa de trámites
Pedro Vázquez González, fundamentación
Marcelino Castañeda Navarrete, PRD
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, PMC
Laura Lorena Haro Ramírez, PRI
Gina Gerardina Campuzano González, PAN
Ismael Brito Mazariegos, Morena
Votación en lo general y lo particular
Flor Ivone Morales Miranda, fundamentación
Laura Lynn Fernández Piña, PRD
Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, PVEM
Votación en lo general y lo particular
Karla María Rabelo Estrada, fundamentación
Marcelino Castañeda Navarrete, PRD
Mario Xavier Peraza Ramírez, PVEM
Julieta Andrea Ramírez Padilla, Morena
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Sarai Núñez Cerón: Señora presidenta, existen registrados previamente 361 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (12:05 horas): Muchas gracias, secretaria. Se abre la sesión ordinaria correspondiente al jueves 29 de septiembre de 2022, en modalidad semipresencial... en modalidad presencial.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se informa a asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules y contiene los asuntos a tratar en la sesión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Sarai Núñez Cerón: Comunicaciones oficiales. Retiro de iniciativas. Se recibieron de las diputadas Araceli Celestino Rosas, Esteban Bautista Hernández y Bruno Blancas Mercado, solicitudes para retirar iniciativas con proyecto de decreto que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Sarai Núñez Cerón: Del diputado Hugo Alday Nieto. Se recibió oficio del diputado Hugo Alday Nieto, con el que comunica que el 3 de septiembre del año en curso optó por el cargo de diputado local por el estado de Quintana Roo.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: De enterado. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Sarai Núñez Cerón: Se recibió oficio del diputado Gerardo Peña Flores, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 1 de octubre del año en curso.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Sarai Núñez Cerón: Se recibió del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el informe previo de resultados de gestión 2022.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Universidad Autónoma Indígena de México, el informe de resultados de la auditoría externa en su matrícula correspondiente al primer semestre del 2022.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibieron del Congreso de la Ciudad de México las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Honorable asamblea, se encuentran a las puertas de este salón de sesiones las ciudadanas María José Sánchez Escobedo, diputada federal electa en la primera circunscripción plurinominal, y la ciudadana Elva Agustina Vigil Hernández, diputada federal electa en el distrito electoral 4 del estado de Tamaulipas. Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: la diputada Judith Celina Tánori Córdova, la diputada Paulina Rubio Fernández, el diputado Mario Javier Peraza Ramírez y la diputada María de Jesús Páez Güereka.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se pide a las diputadas y diputados puedan pasar a las curules para que podamos llevar esta sesión en orden y con respeto ante esta toma de protesta que estamos presenciando, por favor. Pedimos a las diputadas y diputados puedan desalojar el pasillo y puedan pasar a las curules para que podamos llevar a cabo esta sesión presencial de la manera más ordenada y con el debido respeto que se merece.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciudadana María José Sánchez Escobedo y Elva Agustina Vigil Hernández, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Las ciudadanas María José Escobedo y Elva Agustina Vigil Hernández: Si, protesto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.
La secretaria diputada Maria Macarena Chávez Flores: Pueden tomar asiento.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Pido a las y los diputados que puedan pasar a las curules para que pueda comenzar esta sesión, va a ser una sesión presencial, donde van a estar los 500 diputados, por lo cual les pedimos orden y silencio para que se pueda llevar a cabo de manera ordenada.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III del Apartado A y VII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad y no discriminación en materia laboral de personas mayores.
2. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda adecuada.
3. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales.
4. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia digital.
5. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad en el orden de los apellidos y del nombre de las personas registradas civilmente.
Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad. Una vez cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se sometan a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: En votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se autoriza.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En tal virtud, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda adecuada.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen.
El diputado Pedro Vázquez González: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado.
El diputado Pedro Vázquez González: Gracias. Honorable asamblea, el día de hoy se trae al pleno de esta Cámara de los Diputados y las Diputadas, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en el que a su nombre hago esta presentación por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna en materia de vivienda adecuada.
Antes que nada, quiero agradecer al presidente de dicha comisión, mi compañero diputado Juan Ramiro Robledo, el darme la oportunidad de presentar este dictamen de consenso de diversas iniciativas de diputados y diputadas, sobre la vivienda adecuada.
En la legislatura pasada, compañeras y compañeros legisladores presentaron diversas iniciativas en materia de vivienda digna, decorosa, sostenible y adecuada, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Trabajo, de Morena y de Movimiento Ciudadano. Todas ellas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación.
En la actual legislatura, las diputadas Gina Campuzano, del Partido Acción Nacional y nuestra compañera diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, presentaron sendas iniciativas para elevar a rango constitucional para que toda persona tenga derecho a disfrutar de una vivienda adecuada.
Cabe señalar que en el texto constitucional vigente establece que es la familia la que tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pero esta concepción constitucional plantea dos problemas básicos y de fondo sobre el derecho humano de las y los mexicanos. Primero es que, para el disfrute y goce de este derecho el individuo debe de pertenecer a una familia para tener acceso a esta prerrogativa inalienable y constitucional.
Toda vez que la palabra familia plantea desde su definición gramatical un grupo o conjunto de personas y que en el caso de los individuos o personas no aplicaría o estaría en desventaja jurídica para lograr su cumplimiento.
El propósito de esta iniciativa es darle un sustento jurídico constitucional a la persona y aun cuando ya existen definiciones ampliadas de familia en las que se engloban a las familias monoparentales o unipersonales, otro eje problemático que plantea el derecho constitucional es que dicha vivienda debe de ser digna y decorosa, esto es un problema de subjetividad relativa.
Debemos recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa no solamente se refiere a una infraestructura básica adecuada, sino además un acceso a los servicios públicos básicos, por lo que una definición corta y altamente subjetiva conllevaría a derechos truncos y limitados en perjuicio de las personas.
Otra variable es que desde la óptica de los diversos legisladores y legisladoras promoventes es que la actual definición de vivienda digna y decorosa no conlleva necesariamente a una conciencia de responsabilidad ambiental, lo que la aleja de un desarrollo sustentable generador y regulador de recursos naturales.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi en el país hay más de 35 millones de viviendas particulares habitadas. A nivel nacional el 53 % de los pisos de vivienda particulares habitados son cemento, el 43 son madera o mosaico y solo el 4 % son de tierra. A nivel nacional las viviendas particulares habitadas son el 99 % y cuentan con energía eléctrica. El 96 % tiene drenaje conectado a una red pública y solo un 78 % disponen de agua entubada dentro de la vivienda, lo que nos indica que ese punto es un pendiente por cubrir a las y los mexicanos.
La vivienda bajo este modelo no necesariamente se materializó con un mayor bienestar para las personas, ni una prosperidad para las ciudades, tenemos el caso más reciente para citar solo uno el área metropolitana de Monterrey que casi paralizó la vida económica y social del estado de Nuevo León y aún está latente dicho problema.
Termino, diputada presidenta. Por ello, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, de manera unánime votamos a favor de dicho sentido positivo de este dictamen y por ello solicitamos refrendar el mismo al pleno de esta soberanía. Por su atención, gracias y es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Pedro Vázquez González. Honorable asamblea, el día de hoy será una sesión larga de modalidad presencial, por tanto, les pedimos a las diputadas y diputados para que se mantengan en el salón de sesiones solo la presencia de legisladoras y legisladores, el personal técnico estrictamente necesario y las personas que no tengan alguna otra función que realizar en este salón de sesiones, les solicito puedan salir del mismo y nos permitan no causar aglomeraciones en este salón.
A todos, a su vez, les pido respeto y silencio para que podamos escuchar de manera adecuada a cada uno de los oradores. Muchas gracias. Se informa a la asamblea que en virtud de que el proyecto de decreto consta de un solo artículo, la discusión y votación se realizará en lo general y en lo particular, en un solo acto.
En tal virtud y de conformidad con el artículo 230, numeral segundo del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Gracias, compañeras diputadas y diputados. Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: El dictamen que estamos discutiendo es necesario, puesto que reconoce que la vivienda es una necesidad básica para el ser humano y su pleno desarrollo. Nuestra Constitución es reconocida a nivel internacional por reconocer y garantizar derechos sociales. Según datos de la ONU casi 2 millones de personas en el mundo habitan en viviendas inadecuadas, desafortunadamente esta cifra no va en decremento, por el contrario, día a día aumenta mucho más y más.
De acuerdo con el Coneval, en México 14 millones de mexicanas y de mexicanos no gozan de vivienda digna, de vivienda digna y vivienda decorosa, siendo quienes más carecen de la oportunidad de crear un patrimonio las personas que se encuentran en pobreza extrema. Ocho de cada diez hogares en zonas rurales se encuentran en condiciones lamentables en términos de espacio y materiales, es decir, viven en cuartos de cuatro por cuatro con techos de lámina y piso de tierra.
En nuestro país existen regiones rurales con un altísimo grado de marginación, caso como Chiapas, en que el 96.5 por ciento de los casos presenta rezagos físicos. En México la accesibilidad a una vivienda adecuada sigue siendo un reto y esto se convierte en una limitante para el pleno desarrollo de la población. Para la protección económica de las y los mexicanos, la carencia de vivienda adquiere relevancia en el momento que estamos viviendo.
En este país, durante los últimos cuatro años la pobreza ha crecido bastante. La CEPAL calcula que para finales del 2022 en México habrá 58.1 millones de mexicanos en la pobreza, 6.1 millones más que los existentes a la toma de posición de este gobierno. En este país ha crecido la pobreza, por lo que es indispensable eliminar los rezagos y las diferencias que se han incrementado en este sexenio.
Conozco de forma directa el problema de la vivienda, toda vez que en mi alcaldía Iztapalapa la vivienda digna es una demanda histórica de todas y todos sus habitantes. Este dictamen hace justicia y abona a resolver una demanda tan sentida, como es el de tener una vivienda decorosa. Por eso los invito a que seamos empáticos con esta propuesta.
El Grupo Parlamentario del PRD, en el grupo parlamentario siempre nos hemos pronunciado por defender las garantías y los derechos de las poblaciones más vulnerables. Los principios de nuestro partido siempre han abonado para, mediante las leyes, garantizar a las y a los mexicanos una vivienda digna. Por eso nos congratula siempre que existan propuestas en beneficio de la población. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de esta propuesta, porque es una propuesta a favor de las y los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Castañeda Navarrete.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: La importancia que tiene lo que hoy vamos a aprobar es sumamente relevante, porque ustedes tienen información seguramente en sus municipios de sus estados cómo la dificultad que tiene la vivienda, en sus diferentes modalidades, ya sea en la regularidad, en los fraccionamientos, en la entrega de recepción de los ayuntamientos y en la calidad que se da cuando se adquiere un bien a las constructoras o a las empresas vivienderas. Son cantidad de anomalías que uno podría encontrar. Esto me parece viene a delimitar bien las características que, en la Constitución, en el artículo 4o., marca la Constitución.
Lo decía muy bien aquí quien expuso este documento, va a darle mayor claridad a lo que se refiere el concepto de digno y decoroso y, en se sentido, nos ayuda mucho a alinearlo al precepto de Naciones Unidas. Ellos tienen sus propuestas, en general, a nivel planetario, de definir el ONU-Hábitat de cómo deben de ser las condiciones o las garantías.
Hay siete elementos que me parece que son sumamente importantes y que podrán ayudarnos a ir materializando en nuestras leyes, en los estados, en los municipios, para que podamos darle reversa a esta perversión que hay de la venta de vivienda y de la, digamos, manutención de las mismas en el proceso, porque hay que decir: número 1, no solamente es comprar la vivienda, sino que la vivienda garantice condiciones de vida adecuadas, es decir, que esté en condiciones de enfrentar lluvia, calor, frío, humedad y que la vivienda no tenga desperfectos. Ese es un primer principio.
Segundo, que pueda tener accesibilidad a lo que llaman en los ayuntamientos el equipamiento, que es, en el ordenamiento territorial queda bastante especificado que debe de haber cercanía con guarderías, centros de salud, parques, escuelas, que luego a veces no hay, bueno, ni siquiera hay rutas de camiones o de transporte que puedan llevar a la gente que va a habitar esos fraccionamientos.
Entonces, ahí tenemos dos elementos que se van a alinear perfectamente bien. Pero también tiene que ver con la asequibilidad. ¿Qué es esto? Que la mayor parte de las personas no inviertan por encima del 30 por ciento de sus ingresos para que su vivienda esté en perfectas condiciones. Es decir, hay gente que compra una vivienda y le sale más caro la reparación que la adquisición de la misma. Esto debe de estar protegido, debe de estar regulado.
Otra parte importante es que tenga una ubicación importante en el contexto de su municipio y que pueda, de alguna manera, tener elementos que le permitan incorporarse en lo cultural, es decir, en la identidad que ya tiene su colonia, su comunidad y que no haya un contraste, digamos, en las construcciones en la forma de habitar, en la relación que tiene con cada uno de sus vecinos. Este es un elemento que garantiza cierta identidad, permanencia cultural, si decimos de esa manera.
Hay una parte importantísima, la seguridad de tenencia, que este es un elemento que tiene que ver con la certeza jurídica que tiene uno con la vivienda. Luego a veces uno adquiere una vivienda y por retrasos de pagos hay amenazas de desalojo, hay intentos de quitarle la propiedad a las personas que con muchos sacrificios han adquirido un crédito de interés social o un interés privado.
Entonces, protección para que puedan tener esa seguridad es importante, revisar cada uno de los aspectos con los que se vende la vivienda en México, me parece que va a ser una tarea fundamental, sobre todo en todas aquellas viviendas que son de características de interés social.
Es decir, ya estaríamos haciendo una mesa de trabajo para revisar los créditos, la forma en que se regulan los intereses, si no estamos generando también como en la Banca, interés sobre interés, que vaya en detrimento del acceso a la vivienda que nos hemos comprometido a dar como país a la ciudadanía y estemos generando un deterioro en la calidad de vida y en la calidad de vida económica que pueden tener las familias de nuestro país.
Entonces, me parece importante. Yo saludo a esta propuesta de alinear, de diferentes grupos parlamentarios, las características para tener habitabilidad, no solamente adquisición de vivienda, sino incorporación de la misma en sus comunidades, que garanticen las condiciones de desarrollo de vivienda en el mediano y largo plazo, que le dé la garantía y certeza de tener un lugar seguro para ellos y sus familias que ahí habitan y han adquirido un bien patrimonial para, no solamente el presente sino para el futuro. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchísimas gracias, presidenta, y con la venia de la asamblea.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Yo nací y crecí en una colonia fundada por grupos sociales, el Comité de Defensa Popular. La colonia Francisco Villa, en Chihuahua, la más grande en Latinoamérica hasta 1994 y que albergaba cerca de 5 mil familias en una invasión a los terratenientes de Chihuahua que tenían, no solamente cooptada la riqueza sino también el suelo que nos pertenecía a todos.
La lucha por la vivienda ha cobrado literalmente vidas en este país, vidas silenciosas. Por años, la lucha por el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano ha tenido movimientos sociales importantísimos como el Comité de Defensa Popular en Chihuahua, encabezado por Rubén Aguilar Jiménez y el movimiento Tierra y Libertad en Nuevo León, encabezado por Alberto Anaya, nuestro coordinador parlamentario, diputado que posicionó este dictamen y muchos otros que tenían un movimiento muy dinámico, para que lo que hoy estamos votando, que parecería solamente un cambio gramatical, se vuelva una realidad.
La vivienda es un derecho personalísimo, no es un derecho de familia. Y la vivienda es un generador de derechos, pero sobre todo la vivienda ya no es más una mercancía, la vivienda es reconocida como un derecho para las personas, un derecho natural para los mexicanos que el Estado mexicano debe de garantizar.
Qué significa esta reforma. Insisto, para aquellos que desconocen de la misma, he escuchado tristemente comentarios de algunos diputados que dicen: solamente cambiaron un término. Siento decirles que eso no es así.
En México 38.4 por ciento de la población habita en viviendas no adecuadas, 9 millones de viviendas en este país son inadecuadas, 48 millones de personas viven en hacinamiento, 14 millones de viviendas tienen rezago asociado con el nivel de ingresos, 8 de cada 10 viviendas se construyeron en polígonos que no debieron haberse construido y que fueron permitidas por las autoridades, y 30 millones de personas viven en estado de irregularidad: tienen piso de tierra, no tienen energía eléctrica, no tienen agua entubada, no disponen de drenaje y no disponen de servicios sanitarios.
Qué es lo que estamos modificando en la Constitución, que no es pequeña cosa... Y quiero agradecer profundamente a Juan Ramiro Robledo y a la diputada Aleida Alavez por haber luchado porque hoy este dictamen llegar al pleno. Mi reconocimiento a la lucha constante de ellos por el reconocimiento de los derechos, una lucha callada y que hoy se corona en esta tribuna.
Qué significa la vivienda adecuada. Significa seguridad en la tenencia. Hay gente en Ciudad Juárez, en mi distrito, en todo el país que todavía, a años, 20, 30 años de tener su vivienda no pueden tener su título de propiedad. Disponibilidad de los servicios materiales e instalaciones de infraestructura.
Quién de ustedes no conoce gente, ustedes mismos tienen su vivienda fuera de la mancha urbana, donde no hay servicios. Asequibilidad. Y esta es una de las peticiones más sentidas por la gente. Hoy día un pie de casa de 30, 40 metros cuadrados, tan ridículo como suena, cuesta de 300 a 500 mil pesos. Eso es un robo para la gente.
No solamente se otorgan créditos, sino que además se genera un agiotismo sobre lo mismo. La asequibilidad garantizará que esto no vuelva a suceder. Habitabilidad, no más casas que tienen la recámara enseguida del baño, enseguida de la cocina. Accesibilidad, que haya transporte, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a las escuelas, ubicación y adecuación cultural.
Finalmente, el reconocimiento personal, acabar con este mito de la familia que es el papá, la mamá, los hijos, el perro y la deuda de la casa. Hoy día el derecho es para todos los mexicanos.
Con esto acabamos. Este es el fin de la era de las constructoras, la vivienda no es más una mercancía, es un derecho. Larga vida a los derechos de los mexicanos. Y felicidades, porque esta es administración de los derechos. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Aguilar Gil.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez: Muy buenos días, compañeras y compañeros. Sin duda, es de celebrarse este importante dictamen. Yo estoy convencida de que contará con el respaldo, con el aval de todas las fracciones parlamentarias, así como sucedió en la Comisión de Puntos Constitucionales.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Estamos a favor poque estamos a favor de millones de familias mexicanas, para que puedan tener una vivienda adecuada. Para el PRI no basta que las familias solo tengan una vivienda digna o decorosa. Las casas de las familias mexicanas deben ser adecuadas para ellos y por eso estamos a favor de este dictamen.
Y no es correcto, todo lo contrario, que el 41 por ciento de las casas en localidades rurales se construyan con paredes endebles. No es justo que el 33 por ciento tengan techos frágiles, como tampoco es humano que casi el 7% tengan piso de tierra.
Este dictamen no solamente es legal, sino que es 1000% humano y responsable. Solo imaginemos los datos que, además de que son claros, hay que decirlo y es una realidad, el 50% de los hogares de las zonas rurales son inseguros.
Esa inseguridad afecta a los padres de familia, daña a los hijos y genera un ambiente de preocupación para las familias. No es justo que le demos la espalda a las familias mexicanas.
Si bien la Constitución en el artículo 4o. establece ya que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, este derecho no puede limitarse solamente al concepto de familia. Acaso una persona que no tenga familia, ¿no tiene derecho a tener una vivienda adecuada?
Nuestra Constitución siempre debe adaptarse a la realidad de nuestra sociedad. La realidad es que esas casas dignas y decorosas no precisamente las hace adecuadas para habitarse. Una casa adecuada tiene cimientos firmes, una casa adecuada tiene paredes sólidas, una casa adecuada tiene acceso a la luz y al agua potable y, por último, una casa adecuada no tiene porque ser inaccesible o impagable.
Por eso presentamos hace algún tiempo una iniciativa para reducir los intereses que cobra el Infonavit, para regular estos excesos y si vamos a hacer las cosas bien hay que hacerlas de a deveras y no a medias. Esa iniciativa se votó en contra, pero estaremos en todo nuestro derecho para poderla replantear, reformar y reconstruir para poder avanzar en este tema.
También es momento que el Infonavit sea un Instituto acorde a la realidad y no otra institución bancaria con fines de lucro más allá que los fines para los cuales fue creado a favor de la clase trabajadora.
Una casa adecuada aparte de ser segura, como lo hemos dicho, sí o sí tiene que ser pagable. Ya estuvo bueno de esos créditos impagables, de esos créditos donde jamás las personas pueden hacerse de un patrimonio.
Para el PRI no hay nada más importante que la seguridad personal y económica de las y los mexicanos. No se le puede denominar casa a un lugar inseguro y menos a un lugar que sea excesivamente caro. Nuestra sociedad cambia y ahora nos demanda un marco constitucional y legal para tener casas adecuadas y con ello que sean pagables. Este es el primer paso de una reforma que sí dará beneficios a muchas familias mexicanas.
En el Grupo Parlamentario del PRI estaremos atentos para aportar, para colaborar en el marco legal que determine lo que debe de tener una vivienda adecuada, que ese sin duda será el siguiente paso y que ese sin duda será lo que nos deberá encontrar en el análisis, en la reflexión y en el consenso.
Demos un sí a este derecho, demos un sí en favor de toda persona. Demos un sí a casas adecuadas y a casas que sean viviendas que sean pagables. Que sea por bien de las familias mexicanas y que sea por bien de México. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Haro Ramírez.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Gina Gerardina Campuzano González: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada.
La diputada Gina Gerardina Campuzano González: Compañeras y compañeros diputados, a nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional pongo a consideración del pleno el dictamen de la iniciativa por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución, a fin de establecer el derecho que toda persona tiene de disfrutar de una vivienda adecuada. Pero no solo eso, sino que además ordena que se establezcan los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar el objetivo.
Esto quiere decir que no solo busca que el derecho a la vivienda quede solo como una figura decorativa, sino que va más allá, que se mandate el cumplimiento.
¿Qué implica una vivienda adecuada? ONU Hábitat refiere que se debe de satisfacer condiciones y criterios muy importantes, tales como seguridad de la tenencia, disponibilidad de los servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad para todo tipo de personas, buena ubicación, adecuación cultural.
En México, más de 14 millones de familias, es decir más de la mitad de la población mexicana, no tiene medios para comprar o construir una vivienda, situación que desgraciadamente ha empeorado en las últimas décadas por la pérdida del poder adquisitivo.
Las carencias en vivienda no solo se ven en la falta de acceso a ella, sino en las condiciones en las que muchas familias están viviendo. Por ejemplo, más de 15 millones de personas habitan un hogar con piso de tierra, techos de lámina o cartón o incluso de palma y por si fuera poco más de 24 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, entre otros.
Además, que de acuerdo a estudios recientes los matrimonios jóvenes no tienen forma más que de vivir en casa de sus padres, de familiares o de rentar por años, mientras que otras están en la informalidad habitacional, es decir por medio de invasión de predios o para estar cerca ya sea de su trabajo o para hacerse de un primer hogar.
En las zonas rurales, peor aún, la situación se profundiza, ocho de cada diez hogares se encuentran en condiciones lamentables de espacio y con daños materiales y en su estructura.
En México, la accesibilidad a una vivienda adecuada es altamente desigual y representa un riesgo importante para el desarrollo pleno de la población. Los más pobres tienen mucho menos posibilidades de habitar un hogar adecuado. Como legisladores estamos escuchando a nuestra gente, sus principales demandas y necesidades.
Esta reforma es un trabajo en conjunto. Una servidora presentó esta iniciativa y se discutió con las propuestas presentadas por las compañeras de otros grupos parlamentarios. Agradezco infinitamente el apoyo a esta iniciativa y la sensibilidad de todas ellas.
Cada mujer, hombre, persona con discapacidad, los campesinos, las comunidades indígenas, nuestras niñas y niños. Es decir, que cada mexicana y mexicano pueda tener acceso a una vivienda en un hogar seguro estaríamos cumpliendo con las recomendaciones que han realizado organismos internacionales y expertos constitucionalistas.
Esta reforma es una respuesta a las demandas que nos hacen llegar los mexicanos y claro es una respuesta a los duranguenses, al estado que orgullosamente represento. Por lo que en Acción Nacional seguiremos trabajando, estamos escuchando a cada uno de los mexicanos.
Hoy votaremos esta reforma que cambiará muchas vidas. Un derecho que será una realidad, un derecho elemental de justicia para que las familias mexicanas puedan tener una mejor calidad de vida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Campuzano González.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Ismael Brito Mazariegos: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias. Me da mucho gusto escuchar que existe un amplio consenso en esta iniciativa que hoy se discute. Y la verdad que es muy importante tomar en cuenta este trabajo que se viene haciendo y que la compañera Ana Lilia Aguilar, compañera del Partido del Trabajo, de Chihuahua, la viniera empujando, que es una iniciativa de la legislatura pasada, pero hoy, gracias a la tenacidad y el acuerpamiento de todos nosotros va a ser posible.
Quiero comentarles que esto que vamos a aprobar hoy es de suma importancia, porque cuando se hablaba de vivienda digna era un término que ya se ocupaba de manera común, que cualquier servidor público, llámese presidente municipal o encargado de ejercer recursos para tal fin, lo ocupaba de manera ordinaria. Es más, lo ordinario también lo hacía el propio necesitado, y decía, vengo buscando vivienda digna, aunque esto se resumiera, como ya se ha dicho acá, a un espacio de 4x 4, donde ahí se concentraran todas sus necesidades.
Y es que hay que decirlo también, la mal llamada vivienda digna también tenía que ver con que fuera para la gente pobre, pero que no tan pobre, de tal suerte que la pudiera pagar.
En los diferentes espacios como servidor público pude darme cuenta de esta necesidad en mi estado natal, Chiapas, en donde hay una concentración indígena muy importante y donde no había un trato completamente digno para ellos, mucho menos que se hablara de una vivienda completamente adaptada a sus necesidades.
Hay que decirlo, la Conavi, en el Plan Nacional de Vivienda, en este gobierno de la cuarta transformación pudo incorporar estos puntos tan importantes, estos siete elementos de la vivienda adecuada que aquí ya se han dicho de más. Pero sí creo que es importante, a pesar de que alguna compañera o compañero lo tocó, hablar de la asequibilidad, que era lo que comentaba hace momentos, y el que el poderlo incorporar hoy a este nuevo término de vivienda adecuada va a ser posible que la gente que realmente lo necesite pueda tener acceso a ella.
La ubicación también es un importante elemento que hay que resaltar, porque normalmente no había un estudio claro que dijera en dónde asentar las viviendas y en un momento dado se esta ya adecuándose en los márgenes de los ríos y al rato teniendo problemas con ellos.
Por eso es que es importante resaltar estos siete elementos que la Conavi lo hace vigente en el Plan Nacional de la Vivienda. También hay que decir, el hecho de poder adecuar esto como vivienda adecuada en lugar de vivienda digna, va a ser posible que podamos también armonizar las normas, no solo de nuestro país, sino también de normas internacionales.
Hay que resaltar y reconocer la existencia de más de mil millones de personas en el mundo que no cuentan con una vivienda adecuada. De mil millones de personas que viven en condiciones insalubres, inseguras, de hacinamiento o de asentamientos improvisados. De mil millones de personas que habitan en espacios deplorables, que atentan contra su dignidad humana y sus derechos fundamentales.
La primera legislación que incorporaba el tema de la vivienda y que fue reconocido por el mundo y que fuimos visibilizados como país, fue desde 1917, pero hay que decirlo, fue en 1983 cuando ya se incorpora el término de vivienda digna y decorosa a través del artículo 4o. constitucional.
Hoy estamos reformando esto para darle paso a la vivienda adecuada. Enhorabuena por esta tarea de todos nosotros. Enhorabuena porque estamos de acuerdo y ojalá que así sigamos. Juntos por el bien de México y por el bien de los mexicanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Le agradecemos mucho su intervención al señor diputado Brito Mazariegos. Ahora consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: De conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: A la compañeras diputadas y diputados que tienen problemas con su tablet, estará pasando personal técnico a auxiliarlos, se dará el tiempo necesario para que los auxilien y pueda emitir su voto. Muchas gracias.
El secretario diputado Magdalena del Socorro Núñez Monreal: A las compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que tienen problemas, está acudiendo asistencia técnica.
A todos se les apoyará para que puedan emitir su voto. Si alguno tiene algún problema, por favor manifestarlo. Acá vemos compañeros de Morena. Emmanuel. Por favor, levanten la mano para que el personal técnico pueda acudir a su curul a auxiliarlos, quienes tengan problema para emitir su voto. Si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto, favor de manifestarlo. La parte posterior.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Honorable asamblea, antes de cerrar el sistema de votación quiero aprovechar esta oportunidad, a nombre de la Mesa Directiva, y saludar la presencia en este salón de sesiones de una delegación de parlamentarios de Ucrania, el presidente del Grupo de Relaciones Interparlamentarias con México, el diputado Iván Shynkarenko, así como quien viene acompañado de la excelentísima señora Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania, y que han sido invitados por el presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania, el diputado Riult Rivera Gutiérrez. Igualmente, por los integrantes del del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de manera muy particular por el coordinador, Jorge Álvarez Máynez, la diputada Mirza Flores, la diputada Amalia García, la diputada Julieta Mejía y el diputado Salomon Chertorivski. Sean ustedes bienvenidos a esta soberanía y que su viaje al país sea fructífero. Bienvenidos todos ustedes.
Igualmente, queremos saludar desde esta Mesa Directiva la presencia en el salón de sesiones del señor embajador para América latina y el Caribe, el señor Mohamed Zrug, enviado especial del canciller de Saharaui, quien ha sido invitado por el diputado Rubén Moreira Valdez. Le deseamos al señor embajador que su estancia en México sea igualmente fructífera y que pueda fortalecer las relaciones con nuestro país. bienvenido y muchas gracias. Ordene la Secretaría el cierre del sistema de votación, por favor.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refieren... Perdón. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 456 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 456 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda adecuada. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Las y los integrantes de esta LXV Legislatura de esta Cámara de Diputados expresamos nuestra solidaridad y apoyo al gobierno y pueblo hermano de Cuba, por la difícil situación que están sufriendo por el catastrófico desastre que dejó el huracán Ian, trayendo como consecuencia daños materiales y humanos, por lo que las y los legisladores les deseamos una pronta recuperación para el retorno a la normalidad.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada Flor Ivone Morales Miranda, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen.
Esta Presidencia saluda al padre Francisco Martínez, del municipio de Nahuatzen, Michoacán, luchador social y defensor de los derechos de los pueblos y comunidades originarias, invitado por el diputado Hirepan Maya Martínez. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada Flor Ivone Morales, para su posicionamiento.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Con su venia, diputada presidente. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros legisladores, y a las y los mexicanos. El artículo 1o. de la Constitución nos dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Nuestra tarea como legisladores no solo se trata de reconocer derechos, sino también de buscar las fórmulas para garantizarlos.
Recordemos que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Carta Magna que actualmente nos rige, con ella se dio el origen al constitucionalismo social, el cual establece que la máxima ley de un pueblo no solo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales de las clases populares.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo ante esta tribuna a presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo decimoséptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger los apoyos económicos de programas sociales.
Es un dictamen que complementa las reformas que hemos aprobado para elevar a rango constitucional los derechos de las personas más vulnerables de recibir apoyos de programas sociales, para garantizar que dichos recursos lleguen a ellas y solo a ellas.
Pero, ¿cuál es el problema que se ha detectado y por qué es necesaria esta reforma? Existen numerosas quejas por parte de usuarios de sistemas financieros mexicanos, en el sentido de que algunas instituciones bancarias les han descontado sin ningún aviso previo diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas.
Lamentablemente, es una práctica común de las instituciones financieras incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando que el origen de los recursos, incluso, provengan de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la Ley Contra los Embargos.
Las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión.
La Condusef ha detectado que en los contratos que los usuarios firman con los bancos para el uso de productos o servicios financieros se incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente, e incluso en riesgo de su patrimonio. ¿Qué sucede con los apoyos de programas sociales? Ya hemos logrado que tanto a nivel federal como a nivel local se consoliden los apoyos de diversa naturaleza a personas con alguna discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a madres solteras entre otros grupos sociales vulnerables.
Para este efecto las administraciones de los órdenes de gobierno realizan la transferencia de este tipo de apoyo a través de instituciones financieras, sin embargo, a esta mecánica de entrega de apoyo fueron aparejadas las prácticas y usos financieros para los cuales la población vulnerable no está preparada para enfrentarlos. Entonces, ¿cuál es la solución?
La presente iniciativa de reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea establecer que los apoyos económicos que con el objeto de combatir la pobreza y la desigualdad que otorgue algún nivel de gobierno no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargo por parte de particulares, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicables.
Llegamos a este dictamen después de celebrar audiencias públicas de parlamento abierto para debatir y enriquecer la propuesta para establecer a las instituciones financieras a respetar los recursos provenientes de los programas sociales.
En el parlamento abierto se escucharon a expertos académicos y servidores públicos, legisladores, cuyas opiniones se insertaron en una relatoría consensuada al cuerpo de este dictamen. Entre ellas está que la reforma propuesta es un medio para proteger los derechos de las y los mexicanos, así como reducir al máximo el estado de desigualdad en que nos encontramos.
Se coincide en que por su naturaleza los recursos de programas sociales deben ser blindados y para el caso que deban ser utilizados para el pago de deudas, para ello deberá respetarse el artículo 14 constitucional que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales.
Se puntualizó que existen principios constitucionales como la seguridad jurídica, la certeza y el debido proceso que protege a los ciudadanos por igual. Nadie puede hacer justicia por su propia mano.
Desde esta tribuna queremos decirles a las y los mexicanos que sus apoyos están protegidos y que estará estrictamente prohibido su embargo. Recuerden que la entrega de pensiones, programas de bienestar se lleva a cabo en todo el país de forma directa y sin intermediarios.
Quiero externar un gran reconocimiento, finalmente, en mi discurso, al diputado Juan Ramiro Robles, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la conducción de los trabajos de consenso en el seno de la comisión.
Y, de igual manera, quiero hacer un reconocimiento especial a la diputada Aleida Alavez, quien tuvo la iniciativa de presentar e impulsar esta importante propuesta. Compañeras y compañeros diputados, les exhorto a que voten a favor del presente dictamen. Ya basta de los abusos de las instituciones bancarias. El pueblo de México...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda: ... espera nuestro voto a favor. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Gracias, diputada Morales Miranda.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, para fijar postura, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Laura Lynn Fernández Piña: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Laura Lynn Fernández Piña: Compañeras y compañeros, el dictamen que estamos discutiendo es necesario para la protección de la economía de las y los mexicanos. Los programas sociales adquieren relevancia en el momento que vivimos los daños que ha dejado la pandemia.
En nuestra economía ya han sido medianamente compensados con la disponibilidad de recursos mediante programa que desde los diferentes órdenes de gobierno se han implementado para incentivar el consumo y tratar de reactivar las actividades económicas de las distintas regiones del país. El dictamen protege, desde la Constitución, los recursos económicos que se transfieren a las familias mexicanas a través de apoyos, pensiones no contributivas, becas y, en general, programas sociales. Lo anterior mediante la inembargabilidad de los mismos.
Debemos de decirlo claro, en México ha sido un reto colosal lograr la inclusión financiera. Desde 2013 se han hecho un sinfín de adecuaciones normativas para que cada día más mexicanas y mexicanos tengan accesos a los servicios financieros, con cuentas de nómina sin comisiones, tarjetas de débito con costo cero, la portabilidad de nómina y la protección de los ahorros de los usuarios de servicios financieros.
Existen asignaturas pendientes y hoy lograremos un avance, porque se está eliminando la posibilidad de cláusulas abusivas en los créditos que permitan comprometer los ingresos de las y los mexicanos por concepto de programas sociales y pensiones no contributivas.
Muchas instituciones financieras abusan de la necesidad de los usuarios, ven en las tarjetas de pago de los programas sociales una oportunidad para embaucar al cliente, dándole a firmar contratos que incluyen cláusulas a toda luz abusivas, donde se permite disponer de los recursos de estas cuentas a través de retenciones, descuentos o embargos sin juicio previo, así un adulto mayor podría haber firmado un contrato leonino como este y mes con mes no recibir la totalidad de su pensión, afectando considerablemente su calidad de vida, no teniendo disposición económica para comprar medicinas, alimentos y demás productos y servicios necesarios para su vida digna.
El descuento directo sobre programas sociales va a en contra de toda lógica de protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Además, de que facilita la prolongación del tiempo de pago y con ello le puede elevar el costo de los créditos hasta superar en más de cinco veces el monto real de su préstamo.
Los programas sociales no son nómina, no pueden sujetarse a las reglas de este tipo de créditos a pesar de ser una renta constante, ya que estos tienen como finalidad apoyar a las personas para superar la pobreza y desigualdad que la sociedad por siglos ha perpetuado.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD acompañará esta iniciativa que reforma el artículo 4o. constitucional, para establecer la inembargabilidad de los recursos provenientes de programas sociales y las pensiones no contributivas por una vida digna para todas y todos los mexicanos.
Es nuestra convicción que la protección de las personas beneficiarias de programas sociales sea una realidad y no se permita más la disposición de los recursos que se les depositan a cuentas bancarias abiertas expresamente para el pago de los mismos.
Compañeras y compañeros, es de suma importancia recordarles que estos programas tienen carácter constitucional y fueron votados por unanimidad de los integrantes de esta Cámara de Diputados, derivado de su importancia para nuestra sociedad que, como lo he señalado, dadas las circunstancias socioeconómicas que vivimos ahora y más que nunca resulta fundamental blindarlos, proporcionarles el carácter de obligatoriedad para el Estado y ahora el carácter de inembargabilidad. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Fernández Piña.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra para la fundamentación de este dictamen la diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro: En los últimos años, la política social en nuestro país ha centrado su atención, no solo en el reconocimiento de los derechos que por décadas estuvieron en el olvido, sino además garantizar su desarrollo a través del diseño e implementación de políticas públicas mediante la entrega directa de apoyos gubernamentales para superar la pobreza y desigualdad social que enfrenta.
Los beneficiarios de estos programas pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social y frecuentemente son víctimas de malas prácticas y cláusulas abusivas contenidas en los contratos que ofrecen las instituciones financieras, las cuales primero les ofrecen beneficios y después los dejan en estado de indefensión, ya que no se les proporcionan las explicaciones necesarias para conocer los alcances a los que se suscriben.
Una práctica común de las instituciones financieras es incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando que el origen de los recursos incluso provenga de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha detectado que en los contratos que los usuarios firman en las entidades financieras para el uso de productos o servicios financieros, se incluyen cláusulas que derivan en desventaja para el cliente e, incluso, dejan en riesgo su patrimonio.
A estas cláusulas se les denomina cláusulas abusivas, ya que disponen de los recursos de los clientes a través de retenciones, descuentos o embargos sin juicio previo. La posibilidad de perder los bienes resulta el mayor temor para muchas familias mexicanas, por lo cual, nuestro deber como legisladores es establecer mecanismos que protejan aquellas cosas que dan sustento a la vida de las personas.
En este sentido, el presente dictamen busca proteger a las y los mexicanos prohibiendo que sean embargados, sin juicio previo, aquellos beneficios que obtuvieron a través de algún programa social.
Debemos recordar que la mayoría de los programas sociales, y en especial los impulsados por la administración actual, se han vuelto el sustento de vida y a la oportunidad de un mejor futuro para quienes más lo necesitan.
Al estar establecidos en los programas sociales en la Carta Magna, están condicionando como garantía de derechos de los grupos vulnerables, por lo que no se debe permitir que los privados cometan prácticas contrarias a este objetivo, por su razón de ser, combatir la pobreza y desigualdad social.
De ahí la importancia de establecer a nivel constitucional que estos no podrán servir para otra cosa que no sea con el fin del cual se crearon, al hacerlo estaremos garantizando que los beneficios alcanzados en términos de programas sociales estén brindando, ante cualquier posible abuso. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, luchemos con este fin y con el fin de ayudar a la gente que más lo necesita, que menos tiene. Es cuanto, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias diputada Navarrete Navarro.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Ruiz Sandoval, para fijar postura, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Cristina Ruíz Sandoval: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante diputada.
La diputada Cristina Ruíz Sandoval: Compañeras y compañeros legisladores, en el PRI siempre estaremos en contra de que se lucre con la pobreza. La pobreza es, lo sabemos, un problema que rebasa el ámbito de la política social. Además de programas sociales, se requiere un crecimiento económico y buenos empleos.
Estamos todos convencidos que la política social tiene un papel central como herramienta igualadora y como instrumento para garantizar derechos. No se trata, sin embargo, de solo tener más programas sociales, con más recursos y más beneficiarios, sino de contar con una política pública social que transforme las condiciones de vida de las personas.
También estamos seguros, que no basta la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que requerimos la suma de todo el Estado mexicano. Cada Poder tiene la responsabilidad y la posibilidad de operar de forma articulada y complementaria. Los datos sobre pobreza y movilidad social muestran el tamaño del problema y del reto. En su última medición de la pobreza, el Coneval nos recuerda que, en este país, 52.4 millones de personas viven en pobreza.
Por su parte, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha mostrado que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social, no logran superar su condición de pobreza.
Estos datos muestran la pertinencia del presente dictamen, que busca establecer en el artículo 4o. de la Constitución, que los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas que tengan por objeto combatir la pobreza y desigualdad social, no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares. Los programas sociales prioritarios benefician alrededor de 20 millones de personas, según las últimas cifras.
Por su parte, cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, nos indican que alrededor del 30 por ciento de hogares en este país cuentan con algún programa de apoyo social. Como legisladores debemos proteger los apoyos económicos, pues estos representan un conjunto de instrumentos que tienen por objeto contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable. Razón por la cual entendemos como prioridad que estos recursos serán susceptibles de retenciones, descuentos, reducciones, embargos por parte de particulares, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes bajo las normas y procedimientos aplicables. Blindar los recursos de los programas sociales de embargos bancarios sin previo juicio nos permite evitar la vulneración de los derechos de los beneficiarios.
El Grupo Parlamentario del PRI apoyará el presente dictamen porque estamos comprometidos con la lucha contra la pobreza en este país. Porque sabemos que esta lucha requiere de la suma de esfuerzos y entendemos la importancia de que estas medidas sean plasmadas en nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros legisladores, los ingresos de la población más vulnerable deben ser tenidos en cuenta por la política social, en vista de que se trata de las condiciones de subsistencia de los beneficiarios. La lucha contra la pobreza es una responsabilidad común. Por ello debemos hacer valer la representación en esta soberanía y dar realidades que beneficien a las y los mexicanos. Para decirlo más claro, los apoyos económicos son un derecho que está en nuestra Constitución, y que nada ni nadie se los puede quitar, negar o condicionar.
Desde el 8 de mayo de 2020 los apoyos económicos ya son un derecho. Es un decreto que tienen las personas que tengan alguna discapacidad permanente. Es un derecho que tienen las personas mayores de 78 años y aquellas personas indígenas y afromexicanas de 75 años. Es un derecho que tienen nuestros estudiantes de todos los niveles de educación pública. En fin, reitero, este apoyo económico que hoy reciben de parte del gobierno federal, estatal o municipal es dinero que nada ni nadie se los puede quitar.
No se vale que exista un abuso de estas prácticas. No es correcto otorgar créditos y asegurar su pago con los apoyos económicos. No es correcto, porque de esa forma acaban siendo recursos que se destinan a fines distintos de los que están dirigidos. Por ello...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Concluyo, presidenta. El PRI está a favor de hacer inembargables los apoyos económicos de los gobiernos. Para decirlo como es, los apoyos económicos del Estado no pueden ser garantía de pago. Recordemos que con este dinero viven y comen nuestros adultos mayores, se transportan miles de estudiantes o una persona con discapacidad que puede ayudar a su familia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputada.
La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Concluyo. En el PRI estamos a favor de que nada ni nadie te quite tu dinero. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Ruiz Sandoval.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para fijar postura, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Los programas sociales no deben ser medidos por sus intenciones, deben ser medidos por sus resultados, si no, pierden completamente el sentido de su existencia. Creo que es el problema al que nos estamos enfrentando en este momento.
Estos programas sociales ya han sido elevados a rango constitucional desde el año 2020 para favorecer a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad a través de transferencias directas, pero se están evaluando de manera incorrecta por la intención que se tiene, porque los resultados no han sido los adecuados.
Me explico. Tuvimos en el año 2020 también un año para el olvido, donde la pandemia nos obligaba a tomar medidas diferentes a las que estábamos tomando y no conformarnos con estos programas sociales. Nos obligaba a tomar lo que se llama medidas contracíclicas, incentivos fiscales a las micro y pequeñas empresas, a las empresas de barrio, a las empresas de carácter rural, a las pequeñas empresas que emplean entre 7 y 2 personas. Exentarles impuestos, prorrogarles el pago de sus deudas, exentarles el pago de luz, de predial, etcétera, y no lo hicimos.
De hecho, México fue el país que en el año 2020 otorgó menos incentivos para que no se perdieran empleos en el planeta Tierra. Somos, vergonzosamente, el segundo lugar en la tabla, de abajo para arriba, el país que menos medidas contracíclicas tomó con respecto a nuestro producto interno bruto, solamente debajo de Uganda.
Apenas destinamos el 0.3% del producto interno bruto a paliar los efectos de la pandemia, mientras otros países, no hablemos de Europa o de Norteamérica, sino de Latinoamérica, obsequiaron más del 16 por ciento. Por eso, 1.6 millones de empresas quebraron en nuestro país, arrojando al desempleo a otro tanto de manera injusta, por eso 15 millones de personas en este momento están en la informalidad y no tienen un ingreso fijo, por eso hay 4 millones de nuevos pobres en este país.
Si a esto le sumamos el retiro de programas que realmente funcionaban como, por ejemplo, el seguro de desempleo, bueno, pues tenemos a 15 millones de familias en nuestro país que no tienen seguridad social a partir de este año 2020. 55.7 millones de pobres que su único medio de subsistencia son estos programas sociales que obsequia el gobierno, pero no de manera casual, porque devienen de los impuestos de los ciudadanos y nos parece que es un tema de bien común que hay que atender.
Por eso estamos a favor de esta reforma al artículo 4o. constitucional para que no puedan ser sujetos de embargo, no puedan ser sujetos de que se retiren estos recursos por parte de instituciones financieras sin que medie primero un juicio justo y adecuado a las condiciones económicas de cada una de las familias.
Que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingresos de las familias más pobres de nuestro país a consecuencia de que no hubo estas medidas contracíclicas, no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno.
Estamos convencidos de que el mejor programa social que puede haber, es un empleo bien pagado, bien remunerado, pero no hay las condiciones para que esto se lleve a cabo a consecuencia de la omisión gubernamental de no tomar estas medidas. Mientras tanto, seguiremos apoyando que este coletazo de consecuencias de la pandemia se siga atendiendo de manera correcta sin injusticias, por eso votaremos a favor esta reforma que lo que pretende de manera muy noble es evitar que se embarguen estos recursos emanados, insisto, de los impuestos de todos los mexicanos. Muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputado Jorge Triana Tena.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Y tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena.
Esta Mesa Directiva da la bienvenida al grupo de adultos mayores de diversas colonias de la alcaldía de Iztapalapa y a estudiantes de la Facultad de Derecho de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompañan esta mañana, invitados por la diputada Aleida Alavez Ruiz. Bienvenidos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total envilecimiento. Así sentencia el Plan Nacional de Desarrollo que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a este Congreso y aquí aprobamos.
Damos la más cordial bienvenida al Grupo de Adultos Mayores de diversas colonias de Iztapalapa, estudiantes de la Facultad de Derecho de Aragón, que nos acompañan esta mañana. Esta reforma es para y por ustedes.
El dictamen que estamos por aprobar es un dictamen de justicia, que cierra el círculo virtuoso de protección a los más necesitados y el que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo. Los programas sociales son ya un derecho constitucional y con eso debería bastarnos para saber que esa protección es suficiente.
Sin embargo, la realidad nos mostró que intereses ajenos al bienestar de la población vulnerable pueden servirse de ellos para lucrar de manera indebida. Lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional la total protección de los recursos provenientes de programas sociales que garanticen a los beneficiarios la salvaguarda de este recurso.
Esta reforma acabará con los cobros a lo chino, que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso. Esta reforma no pretende evitar el cobro de deudas, lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos de que como sociedad aportamos a personas vulnerables, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes.
El derecho al mínimo vital, previsto en nuestra Constitución, es para los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo son: las personas con discapacidad permanente, adultos mayores, los que pertenecen a comunidades indígenas y estudiantes que no cuentan con medios económicos suficientes para hacer frente a necesidades más básicas.
Y es precisamente por eso que los recursos provenientes de los apoyos económicos a estas personas deben contar con una protección especial, incluso en la Constitución. De manera que es indispensable generar las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a esos recursos e incluso evitar que sean empleados para el cobro sin el debido proceso legal previo, insisto, sin el debido proceso legal previo de cualquier tipo de deuda. Permitir que se haga, como está ocurriendo a la fecha, equivale a permitir el embargo de bienes por un particular sin la intervención de las autoridades judiciales a las que legalmente se les ha conferido la labor de autorizar esa clase de acciones.
El cobro de deudas sin juicio previo utilizando como garantía de cobro los recursos provenientes de programas sociales coloca a la persona vulnerable en un estado adicional de vulnerabilidad, pues se genera un daño económico que afecta a su subsistencia y de su núcleo familiar. Los recursos que se emplean para garantizar estos derechos fundamentales deben contar con la protección constitucional particularmente de las garantías procesales que en ellas se consignan.
El Poder Judicial federal mexicano se ha pronunciado en relación con casos en los que se han visto involucradas personas en condiciones de vulnerabilidad y por consiguiente de desventaja social que han afirmado que las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. El presente dictamen se relaciona con esta protección y partió de las varias realidades incontrovertibles como las siguientes:
1. Que las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son víctimas por prácticas o cláusulas abusivas contenidas en los contratos que ofrecen instituciones financieras para sus servicios, las cuales por una parte dejan a sus clientes en estado de indefensión y a la par generan fenómenos sociales como la cartera vencida de créditos al consumo.
2. Que es práctica común de instituciones financieras incluir en sus contratos la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo sin importar el origen de estos recursos ya sea que provengan de salarios los cuáles están protegidos por la Constitución y por la Ley contra los Embargos o de Programas Sociales.
En esa razón, a todo lo antes expuesto se propone establecer a nivel constitucional un esquema de protección de los recursos que el Estado transfiere a los sectores más vulnerables para evitar que esos recursos sean embargados sin juicio previo. Ese es el fondo del asunto.
Agradezco a todos los grupos parlamentarios su sensibilidad para acompañar esta reforma constitucional que, como ya dije, complementa de manera integral la política social de apoyo a los más vulnerables a través del blindaje contra embargos indebidos. Un gran logro de esta legislatura el proteger así los apoyos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los estudiantes. Enhorabuena diputadas y diputados.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Alavez. Consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Se consulta a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: De conformidad con el artículo 231, numeral 4 del Reglamento, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputado Manuel Torres, ¿tiene usted problemas en su tablero? Sí, con mucho gusto, diputados y diputadas. Pedimos al área de tecnologías, favor de agilizar el tema de la votación en los tableros de las diputadas y los diputados.
Mientras tanto, saludamos a los ciudadanos Gabriela Navarro Macías, Fernando Pantoja Amaro, Enrique Macedo Ortiz, Francisco Javier Romero Mena y Jaime Carmona Huerta, integrantes de la Asociación de Ex directores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del país, invitados por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Algún diputado o diputada que tenga problemas con la Tablet, favor de levantar su mano para que Servicio Técnico se acerquen a apoyarlos.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ciérrese el sistema de votación electrónico. A ver, continuemos, entonces, porque hay diputadas y diputados que están presentes y no han podido emitir su voto.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 459 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por mayoría calificada.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 459 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales. Para al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III del apartado A y VII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad y no discriminación en materia laboral de personas mayores.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene para ello la palabra, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, la diputada Karla María Rabelo Estrada, hasta por cinco minutos.
La diputada Karla María Rabelo Estrada: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, es de dominio público que las personas adultas mayores enfrentan discriminación laboral. De ahí el dictamen que hoy presento a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual propone actualizar la Ley Suprema con la finalidad de salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales bajo una perspectiva de progresividad.
El proyecto de decreto que pongo a su consideración propone dos modificaciones sustanciales en el artículo 123 en su Apartado A y B, ambas con el objetivo de garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleado, disposición que permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva de nuestro país, lo cual salvaguarda sus derechos y libertades, pero sobre todo dignifica la vida, ya que podrán acceder a un empleo formal, a una fuente de ingresos, a las prestaciones de ley, a la seguridad social que tienen derecho.
La propuesta de la dictaminadora es congruente con los instrumentos internacionales en los que México es parte, y también es consistente con la realidad demográfica de nuestro país, pues no podemos soslayar que somos un país envejeciente.
Actualmente, de acuerdo a las cifras del Inegi, las personas mayores de 60 años representan 15 millones del total de la población mexicana, y de acuerdo a las proyecciones de la Conapo, se estima que para el 2050 habrán 33.4 millones de mujeres y hombres adultos mayores, quienes requieren desde ahora de toda la fuerza de la ley del Estado para participar en condiciones de igualdad laboral.
La reforma que hoy discutimos es pertinente y necesaria, ya que responde a una problemática nacional a la que debemos dar respuesta desde el Poder Legislativo, una respuesta a las demandas de las personas adultas de hoy y de las próximas décadas, es decir, estamos legislando para los jóvenes que en unos años estarán en la vejez y para quienes en la actualidad ya han alcanzado esa etapa en la vida. Esta reforma constitucional es para el bienestar de todas y todos los mexicanos.
Diputadas y diputados, no basta con prohibir en las normas la discriminación, sino que es necesario abrirle paso a la inclusión, porque incluir es eliminar las desventajas existentes y ponerle piso parejo a las desigualdades. Más allá de establecer conceptos, es fundamental establecer criterios claros y mandatos contundentes que protejan los derechos de los trabajadores, que impongan obligaciones a los empleadores.
Esta reforma constituye un paso más en la vida laboral, ya que pone bases sólidas a la justicia etaria, sin la cual no podríamos entender la justicia social. Finalmente, reconozco a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales haber privilegiado el consenso y la solidaridad para darle bienestar a quienes más lo necesitan. En tal virtud, de manera respetuosa, solicito al pleno de esta soberanía, que su voto sea a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a los jóvenes provenientes de Acción Juvenil del PAN, del municipio de Irapuato, Guanajuato, invitados por la diputada Itzel Balderas y el diputado Salvador Tovar. Sean bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Se informa a la asamblea, que el proyecto de decreto contiene un solo artículo, por lo que su discusión y votación se realizará en lo general y en lo particular, en un solo acto. En tal virtud y de conformidad con el artículo 230, numeral 2 del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios, el uso de la palabra para fijar postura hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Gracias, diputado. Diputado, buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: No siempre tenemos diferencias, habrá espacios donde tengamos coincidencias, independiente del partido político. Por eso hago un reconocimiento a las diputadas Yessenia Leticia Olua y a la diputada Julieta Ramírez Padilla, promotoras de esta iniciativa. Son del Grupo Parlamentario de Morena.
Nuestra Constitución y los diversos tratados internacionales de los que somos parte garantizan todos los derechos y libertades sin distinción alguna. La no discriminación como principio se garantizó en el pacto constitucional a través de la reforma de 2001, volviendo obligatoria su observancia.
Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es incompatible con esta. Por lo que resulta contraria toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine.
De acuerdo con la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género, el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas dejan afuera a los mayores de 35 años, reduciendo la oferta laboral en un 10 por ciento para este sector de la población. Así como con la subsecuente reducción de salario sin darle una importancia a la experiencia laboral adquirida.
Lo que además del impacto social, llevará un efecto económico, ya que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en el 2050 tendremos 32.4 millones de personas de 60 años o más, lo que significará de que continuar con la tendencia que actualmente se tiene, dicha población no será laboralmente activa, implicando un costo presupuestal mayor, reduciendo la calidad de vida de estas personas.
Es por ello que la aprobación de esta reforma resulta fundamental, pues debemos garantizar los derechos laborales de todas y de todos, así como erradicar los prejuicios que por edad generen discriminación, enfocados en la experiencia y habilidades que se adquieren al paso de los años.
Entendiendo que quienes han avanzado en los años de vida también lo han hecho en su profesionalismo, experiencia y compromiso, aportando dinamismo hacia las y los más jóvenes. En el sector público, pero también en el sector privado, se deben erradicar las prácticas discriminatorias que repercuten en la vida de las personas por la edad.
Es hora de entender que podemos crear economías sólidas aprovechando nuestras diferencias, que redundan en habilidades construidas. Es así que del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de este dictamen, porque es indispensable reconocer la valía de todas las personas.
Creemos firmemente que no debe ser discriminado por la edad nadie, por lo que es irrenunciable el derecho a la igualdad en las oportunidades para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. Por lo que las y los diputados de nuestra fracción nos sumamos en la construcción de una economía más comprometida, más productiva y sólida, equitativa, en función de las diferencias que se construyen en las similitudes.
Esta legislatura tiene un pendiente aún con las personas adultas mayores que otorgan el servicio de empacadores en las tiendas de autoservicio. Por más empleo sin discriminación, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Noemi Berenice Luna Ayala: Gracias, señor diputado.
La presidenta diputada Noemi Berenice Luna Ayala: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Salvador Caro Cabrera: Bien fácil, presidenta, Caro Cabrera.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Salvador Caro Cabrera: Con su permiso. Hoy esta Cámara está haciendo el bien, está haciendo el bien, está reconociendo la dignidad y está haciendo justicia a muchos mexicanos.
Es el onceavo motivo más recurrente por discriminación el tener edad avanzada y hoy con esta reforma al artículo 123 constitucional se está dando un paso al frente, un paso muy en positivo a favor de las y los trabajadores mexicanos, que además de que se enfrentan a pocas oportunidades laborales, a sueldos precarios y a condiciones de altísima competencia en términos productivos, padecen además este tipo de discriminación.
Aunque nuestra propia Constitución ya reconoce en su artículo 1o. que está prohibida toda forma de discriminación en nuestro país, lo cierto es que la discriminación sigue siendo una constante en nuestra convivencia y en el entorno laboral de manera específica hoy se viven prácticas de discriminación que tienen que ver, como ya lo dije, con la edad de las y los trabajadores en México.
Hoy vamos con aquellos que tienen dificultad para tener trabajo porque tienen más de 40 años, con los pensionados que le batallan para cumplir con sus metas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y poder pensionarse.
Hoy vamos contra el desplazamiento de personas experimentadas en el campo laboral para que se ofrezcan puestos de trabajo de bajo ingreso abusando de las distorsiones de mercado que tiene el mercado laboral en nuestro país.
Según el Inegi, en 2000 había 7% de la población mayor de 60 años. En 2030 será el 15% de la población. Por eso, esta reforma tiene una prospectiva muy importante para que haya dignidad, para que haya justicia y para que se respete a quienes tienen más de 40 años y están buscando una oportunidad laboral.
Este es un cambio muy significativo que exige una gran instrumentalidad, exige que, como en otros países, la Secretaría del Trabajo tenga los instrumentos para vigilar que esto se cumpla, que la Secretaría del Trabajo tenga dientes para sancionar, como sucede en otros lugares del mundo, a las empresas o a las dependencias que impidan, que discriminen a quienes buscan una oportunidad laboral.
Tiene que ver también esta reforma y esas medidas que tendrán que ser complementarias con dar la posibilidad de que la economía de nuestro país genere más empleos, que estos empleos sean mejor remunerados, a efecto, a efecto de que un sector en particular, del que he venido comentando en esta tribuna, el de los jóvenes, 15.2, perdón 18.2 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 25 años no tienen oportunidad laboral, pero las mujeres jóvenes de esa misma edad son el 26.78 por ciento, sumado a las personas que actualmente está discriminando el mercado laboral nos da la ruta del trabajo en materia de política económica, presupuestal que se tiene que hacer en esta Cámara, porque los derechos cuestan, los derechos tienen que estar respaldados en una serie de medidas y de compromisos claros.
Y ahí va estar la bancada naranja, con quienes tienen dificultad para tener trabajo por su edad, con quienes están buscando pensionarse y con quienes están siendo desplazados de puestos de trabajo para ofrecerlos a quien tienen mucha necesidad, a quienes tienen mucha necesidad y les urge tener cualquier tipo de empleo con cualquier remuneración. Felicidades a todos los que están impulsando este esfuerzo. Y vamos a favor.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Xavier Peraza Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Mario Xavier Peraza Ramírez: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado Peraza.
El diputado Mario Xavier Peraza Ramírez: Compañeras y compañeros legisladores, honorable Cámara de Diputados me honra estar en este recinto de la democracia representando a mi estado natal de Yucatán. En el Partido Verde, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población ha ocupado un lugar preponderante especialmente en los grupos de situación de vulnerabilidad.
Al respecto siempre hemos legislado a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de la sociedad con el propósito de generar las condiciones adecuadas para que sin importar el género, la edad, el color de piel, el estado civil o la situación social se puedan ejercer plenamente los derechos que consagran nuestra Carta Magna y a partir de ello acceder al bienestar y a una vida digna. En este orden de ideas, nuestro país experimenta un intenso y acelerado cambio.
De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población para el año 2050, 2 de cada 10 mexicanos tendrán menos de 15 años y la población de adultos mayores representará más del 22 % de la población total del país. Lo anterior, refleja un indicador de las condiciones sociales que deberán enfrentar en las próximas décadas los adultos mayores, una de las preocupaciones que surgen en torno a dicha jurisdicción, que es la relacionada con la situación laboral.
Las dificultades para acceder a un puesto de trabajo formal son un problema que se presenta en buena parte de nuestro grupo poblacional. Pero se ha observado desde el inicio de la década de los ochenta, que las tasas van descendiendo en la participación económica de ese sector, las cuales no corresponden necesariamente a un retiro voluntario, es decir, la dificultad para encontrar un empleo se incrementa considerablemente a mayor edad.
Si bien en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo ya se estipula que las condiciones de trabajo deben estar basadas en el principio de igualdad sustantiva, sin que puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de origen étnico o de su nacionalidad, el sexo, la edad, discapacidad o condición social, es un hecho que en nuestro país, apróximadamente el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral suprimen a la población que rebasa los 35 años de edad.
Durante el 2021, el Inegi publicó estadísticas sobre el desempleo en personas adultas mayores, y este resultó afectar más a las mujeres mayores de 65 años.
Asimismo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, al segundo trimestre en 2022 tenemos 397 mil 740 personas desocupadas, de entre 45 y 64 años de edad. Esto corresponde al 20.7 del total de la población.
La oferta para este segmento de población se reduce a empleos de menor salario, nula participación y oportunidad de crecimiento dentro de las empresas. Lo anterior, de acuerdo con el informe que presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, denominado Ofertas laborales en México, en algunas ocasiones, de forma muy abierta se especifica el límite de edad para las contrataciones, de ahí que no podemos obtener un empleo estable a partir de los 35 años.
En ese sentido, en el dictamen que hoy discutimos se busca prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y el trato.
Por ello, las y los legisladores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Hoy, como nunca, los diputados estamos obligados a cumplir con los preceptos que la nación nos demanda. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia saluda al doctor Joel Contreras Lima, director tecnológico de Space JLTZ, empresa mexicana creadora del Nanosatélite D2/AtlaCom-1, el cual fue lanzado exitosamente el 30 de junio de 2021 por Space X, él es invitado por el diputado Jesús Roberto Briano Borunda. Sea usted bienvenido.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Lorena Piñón Rivera: En la fantasía, la invisibilidad es un súper poder muy atractivo por todas las posibilidades heroicas que ofrece a su poseedor, pero en la realidad descarnada, la mayor injusticia que enfrentan las personas mayores es ser invisibles en el mercado laboral.
De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana en la materia, el concepto de una persona auténticamente libre es la que se encuentra amparada por las leyes para contar con las condiciones que le permitan ejercer a plenitud sus derechos sociales, culturales, civiles, políticos y, desde luego, los económicos.
Por su parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el artículo 18 señala, que el adulto mayor tiene derecho a trabajo digno y a la igualdad de oportunidades y de trato al respecto de los otros trabajadores, sin importar la edad.
Que los países signatarios adoptaremos las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, para que sean necesarias para promover el empleo formal de la persona mayor, con el propósito de prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social.
El dictamen propuesto para reformar el artículo 123 constitucional se encuentra en esta lógica de progresividad de los derechos de las personas mayores, pues refiere que podrán establecerse un límite máximo de edad para ocupación de un empleo y tampoco podrán restringir el ejercicio de un cargo en la administración pública con motivo de los años en vida.
Este dictamen también implica la progresividad de los derechos de los niños de hoy, porque para la actual generación de infantes, la normalidad de su futuro será que haya mucho más hombres y mujeres supercentenarios, en donde los avances de la ciencia médica les permita tener una longevidad con una disminución en los índices de enfermedades crónicas y, por ende, mayores posibilidades de ampliar su etapa productiva.
Sin catastrofismo ni exageraciones, también hay que decirlo, el escenario económico de 2022 hace prever que, a futuro, si no se toman las medidas necesarias, la proyección de que exista una quiebra inminente en el sistema público de pensiones contributivas y no contributivas. Por lo que es necesario que nosotros, las personas de juventud acumulada y los supercentenarios del futuro tengamos la certeza de que no seremos discriminados por nuestra edad en el campo laboral.
Desde 2020, la ONU estimó que el mundo ya estaba habitado por más personas de 65 años o más, que niños menores de 5 años. Imagínense en el 2050.
Para la bancada del PRI esta reforma no es solo para los mexicanos que se encuentran en la tercera edad, sino también para los niños de ahora, los bebés que han nacido el día de hoy y los que están por concebirse. Porque merecen que las leyes los amparen en su derecho humano del trabajo remunerado, sin posibilidad de ser segregados del campo laboral con motivo de su edad.
La exigencia de esta adición al artículo 123 constitucional será que cumplamos con otras reformas, que no se encuentran incluidas en el presente dictamen, pero que respetuosamente anticipo algunas a esta soberanía legislativa.
Primero. El artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, para adicionar el derecho a jornadas laborales. Y se abren los signos.
Segundo. Reforma al numeral 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para indicar que no se puede restringir las oportunidades de acceso al empleo con motivo de la edad;
Tercero. Adición al artículo 149, tercera fracción del segundo del Código Penal Federal, alusivo al delito de discriminación para señalar que no se pueden negar o restringir derechos laborales con motivos de la edad.
Por los adultos mayores de hoy, los de mañana, por los próximos supercentenarios y los nuevos matusalén del México que vendrá, voto a favor. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Genoveva Huerta Villegas: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Genoveva Huerta Villegas: Las y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, votaremos a favor del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores.
Es un deber de quienes integramos esta legislatura, continuar en la adecuación de diversos ordenamientos legales en materia de derechos humanos dentro de los límites establecidos en nuestra Constitución Política.
En su artículo 1o. se reconoce que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
Por otra parte, obliga a las autoridades para que en el ámbito de su competencia se promueva, se respete, se proteja y garantice los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Estos principios garantizan que los derechos humanos correspondan a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Asimismo, que los derechos humanos estén vinculados entre ellos y sean indivisibles y que para su pleno cumplimiento es necesario que las autoridades correspondientes realicen acciones para su reconocimiento y protección lo más expedita y eficazmente posible.
Por otra parte, la misma disposición constitucional señala que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La ley federal en la materia, se refiere a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, y para ello señala diversos motivos, como el de la edad.
En ese sentido el dictamen tiene por objeto establecer tanto en el apartado A, como en el apartado B del artículo 123 constitucional, que no podrá establecerse un límite de edad máximo para la contratación u ocupación de un empleo.
Es observable que esta reforma se encuentra dirigida a quienes se encuentran en el sector de personas mayores, definido por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, como aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
Cabe señalar, que esa ley establece como derecho de las personas mayores, a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
Por otra parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores señala, que la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Asimismo, establece que los estados deberán adoptar medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor, entre aquellas, de carácter legislativa.
En el contexto de una severa crisis económica y la falta de empleo, es necesario garantizar el acceso y permanencia de las personas mayores al empleo para obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo. Sin duda alguna con el presente dictamen, se da un paso firme para los efectos señalados en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, advertimos que no será suficiente, en tanto la parte contratante no sea concientizada de los efectos de esta reforma constitucional.
Finalmente, esperamos que la discusión y votación del presente dictamen sirva para demostrar que con diálogo y apertura de ideas, la Cámara de Diputados puede encauzar a buen término las propuestas legislativas que son presentadas, incluso desde la discusión en la respectiva comisión dictaminadora.
Es por ello, que reiteramos el voto a favor del dictamen e invitamos a las y los legisladores integrantes de esta legislatura para que su voto sea en el mismo sentido. Asimismo, exhortamos para que se continúe con el trabajo legislativo pendiente, máxime cuando se trate del reconocimiento y respeto de derechos humanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Muchas gracias, diputada Huerta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Sigue la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, quien además de ser proponente fijará postura a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla: Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, de sexo, origen étnico, color, religión, lengua, edad o cualquier otra condición. Y todas y todos debemos gozar de ellos sin discriminación alguna.
El presente dictamen busca eliminar una discriminación silenciosa y permanente que violenta nuestros derechos, la discriminación laboral. Me refiero a los tradicionales anuncios en donde se ofrecen vacantes por parte, por lo general, de empleadores particulares, en los que se lee por ejemplo: te estamos buscando, se oferta una vacante para persona de 30 a 35 años.
Según la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral, 90 por ciento de este tipo de ofertas excluyen a personas mayores de 35 años. Es decir que solo un 10 por ciento de las plazas está disponible para personas entre los 35 a los 50 años de edad. Quienes, además, en su mayoría son padres de familia. Su exclusión laboral es motivada simplemente por estigmas y prejuicios que terminan provocando pobreza e inseguridad económica. Esto cierra las puertas a miles de mexicanas y mexicanos en plenitud de salud física y mental, que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo profesional y económico por un requisito muchas veces absurdo.
Lamentablemente esto no es exclusivo del sector privado. También las instituciones públicas, como la academia, discriminan por razones de edad. Leyes orgánicas de universidades establecen que para ser parte de juntas directivas de esas instituciones se debe tener más de 30 años y menos de 70. Esto afecta al sector poblacional de los adultos mayores, que sin importar su experiencia, conocimiento y entrega se ven limitados a continuar preparándose, a continuar participando en la vida social y económica del país debido a leyes restrictivas.
No obstante, en un ejercicio de revisión de 194 líderes mundiales, se observó que casi el 43 por ciento de éstos son personas mayores de 65 años. Está claro que la edad adulta no es un impedimento para un buen desempeño laboral y tampoco debería existir un tope máximo para dejar de contribuir a la vida económica, académica o social de nuestro país. Al contrario, es necesario que la sociedad pueda seguir aprovechando la sabiduría y la experiencia de este sector poblacional.
Esta reforma pretende justamente romper esas barreras, las barreras que impiden aprovechar lo mejor de México, la experiencia de los adultos mayores, a fuerza de la generación adulta y la energía de las juventudes. Esta reforma busca garantizar en nuestra Constitución la no discriminación por edad.
En la cuarta transformación los obreros y las obreras son un pilar fundamental para nuestro país, son los que sueñan, son los que trabajan por un México mejor para sus familias y para eso no hay edad.
Jóvenes o adultos o adultos mayores, todas y todos tenemos mucho por aportarle a este país. Todas y todos debemos tener las mismas oportunidades para salir adelante con nuestro trabajo honrado. Por ello, creo en la nobleza de este dictamen y estoy convencida de que tendrá el respaldo de todas las fracciones parlamentarias. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Noemi Berenice Luna Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se consulta, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Noemi Berenice Luna Ayala: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Noemi Berenice Luna Ayala: De conformidad con el artículo 231, numeral 4 del Reglamento, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Esta Presidencia saluda a las y los alumnos de las carreras de economía, derecho y ciencias políticas provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del ITAM, invitados por la diputada Karla Ayala Villalobos, presidenta de la Comisión de Juventud. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: ¿Alguna diputada o diputado tiene algún problema para emitir su voto? Por favor, levante su mano. Esta Presidencia saluda a las y los alumnos, así como a los directivos, del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, invitados por la diputada Irma Yordana Garay Loredo. Sean bienvenidas y bienvenidos.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: ¿Falta alguien de emitir su voto?
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Solicito a la Secretaría se ordene el cierre del sistema de votación.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 460 votos en pro, 461, 0 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 461 votos el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III del apartado A y VII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad y no discriminación, en materia laboral de personas mayores. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala (15:05 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 4 de octubre del año en curso, a las 11 horas, en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados.
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