Intervención de la ciudadana Maggie Heygie Peralta Aragón, en chatino
Comunicaciones
Iniciativas
Elena Edith Segura Trejo, Morena
Silvia Patricia Jiménez Delgado, PAN
Juan Carlos Valladares Eichelmann, PVEM
Christian Mishel Castro Bello, PRI
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, PMC
Giselle Yunueen Arellano Ávila, Morena
Karla Patricia Sánchez Rodelo, Morena
Víctor Adrián Martínez Terrazas, PAN
Juan Luis Carrillo Soberanis, PVEM
Jesús Fernando García Hernández, PT
Jesús Martín Cuanalo Araujo, PVEM
Venustiano Caamal Cocom, Morena
Lucero Higareda Segura, Morena
Mayra Dolores Palomar González, Morena
Sandra Beatriz González Pérez, Morena
Acuerdo de la Junta, para celebrar sesión solemne por el centenario del periódico Ovaciones
Intervenciones para diversos asuntos
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
Clausura de la sesión y cita para la próxima
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Agradecemos la presencia del rector de la universidad y de las autoridades presentes. Pido a la Secretaría dar cuenta con el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Claro que sí, presidenta, se encuentran registrados 441 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (12:50 horas): Se abre la sesión ordinaria del martes 29 de septiembre de 2026, en modalidad presencial.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules de las y los diputados, y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Honorable asamblea, en el marco de Las lenguas toman la tribuna la Cámara de Diputados da la bienvenida a la ciudadana Maggie Heygie Peralta Aragón, hablante de chatino, originaria de Santiago Yaitepec, Oaxaca. Maggie es estudiante del noveno semestre de la licenciatura en derecho y ciencias sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y forma parte de la Unidad de atención académica a estudiantes indígenas y comunidad afromexicana. Su formación universitaria académica ha consolidado en ella un firme sentido de la justicia y el compromiso social.
Maggie destaca por su activa participación en el servicio comunitario colaborando en las organizaciones de asambleas, eventos y reuniones locales. Es una defensora de su patrimonio cultural, el cual preserva a través del baile regional y el bordado tradicional de las blusas chatinas de su comunidad. Esta labor artesanal que consta de siete partes con un profundo significado histórico refleja su dedicación por salvaguardar la identidad de su pueblo.
Se define como una mujer alegre, perseverante y trabajadora, su visión articula la práctica del derecho con la preservación cultural orientando sus conocimientos hacia la defensa y el orgullo de sus raíces. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
La ciudadana Maggie Heygie Peralta Aragón: “Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”. Martin Luther King.
Mi nombre es Maggie Heygie Peralta Aragón, soy originaria de una comunidad de Oaxaca, de Santiago Yaitepec, Oaxaca. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho, carrera que me ha permitido desarrollar un claro sentido a la justicia. Soy orgullosamente hablante de mi lengua materna que es el chatino, proveniente de la región, la costa del estado de Oaxaca.
Herencia viva que me conecta con mis ancestros y me recuerda la riqueza cultural de nuestro país. Esta identidad es mi mayor orgullo y la llevo con ella todo aquello, mi mayor orgullo la llevo conmigo en cada espacio donde me desenvuelvo.
Actualmente estudio el noveno semestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y perteneciente a la unidad de atención a estudiantes indígenas y perteneciente a la comunidad afromexicana, carrera que me ha permitido desarrollar un claro sentido a la justicia.
Además de estudiar, me gusta servirle a mi comunidad en eventos, en reuniones y en asambleas comunitarias. También me apasiona bailar y bordar las blusas típicas de mi comunidad, una labor artesanal que requiere dedicación y mucho amor. Cada blusa está conformada por siete partes, cada una con un significado y una historia que representa quienes somos.
A través del baile regional y el bordado celebro y preservo mi cultura, mientras que a través del derecho busco defenderla. Me defino como una mujer alegre, perseverante, trabajadora y profundamente orgullosa de mis raíces. Mi sueño es concluir mis estudios y ejercer mi profesión para ayudar a mi familia que me han brindado todo el apoyo.
En mi comunidad defiendo los derechos de las personas y preservo el valor de nuestras lenguas y costumbres originarias.
(Habla en chatino) Señoras y señores legisladores: hoy tengo el honor de estar aquí, pero también tengo la responsabilidad de hablar en nombre de muchos jóvenes indígenas que, como yo, tenemos un sueño: estudiar una licenciatura, terminar una carrera profesional y regresar a nuestras comunidades para poner nuestros conocimientos al servicio de nuestros pueblos. Para algunos, llegar a la universidad puede parecer un camino sencillo; para nosotras y nosotros, muchas veces llegar a ella significa vencer obstáculos todos los días.
Muchos jóvenes indígenas provenimos de comunidades donde nuestras familias viven con recursos económicos limitados. Nuestros padres hacen grandes esfuerzos para que podamos estudiar. Algunos trabajan en el campo, otros realizan actividades comerciales, artesanales o empleos donde los ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia.
Cuando logramos ingresar a una universidad, comienza una nueva lucha. Tenemos que salir de nuestras comunidades y trasladarnos a la ciudad de Oaxaca; y entonces nos preguntamos: ¿Dónde vamos a vivir? Tenemos que pagar una renta. ¿Qué vamos a comer? Tenemos que pagar nuestra alimentación. ¿Cómo vamos a trasladarnos a la universidad? Tenemos que pagar transporte.
También necesitamos ropa, zapatos, materiales escolares, libros, internet, copias y todos aquellos gastos que implica estudiar una carrera profesional. Y mientras nuestros compañeros pueden concentrarse principalmente en sus estudios, muchos jóvenes indígenas tenemos que preguntarnos cada día si tendremos los recursos suficientes para poder permanecer en la universidad. Porque para nosotros entrar a la universidad no siempre es lo más difícil; lo verdaderamente difícil es permanecer en ella hasta concluir nuestra carrera.
Hay jóvenes que abandonan sus estudios porque ya no pueden pagar una habitación; otros, porque no tienen dinero para alimentarse; otros porque deben regresar a sus comunidades para trabajar y ayudar económicamente a sus familias o, en su caso, abandonar sus estudios por tener que irse de mojado al norte para apoyar a la familia. Y algunos, aun teniendo capacidad, talento y deseos de superarse, terminan renunciando a sus sueños por una razón muy sencilla: No tienen los recursos económicos para continuar estudiando.
Señoras y señores legisladores: no vengo solamente a hablar de nuestras dificultades. Vengo a decirles que los jóvenes indígenas queremos estudiar, queremos prepararnos y queremos contribuir al desarrollo de México. Queremos ser abogados, no como aquel sujeto llamado abogado del diablo –por cierto, bien conocidos por ustedes–; queremos ser abogados del bien, queremos ser maestros, arquitectos, investigadores y profesionistas.
Queremos que nuestras lenguas y nuestras culturas tengan un lugar digno dentro de las instituciones educativas. Queremos estudiar sin tener que elegir entre comer o pagar la renta; entre comprar nuestros materiales escolares o pagar el transporte; entre continuar nuestra carrera o regresar a nuestra comunidad por falta de recursos.
Por eso, desde esta tribuna hago un llamado respetuoso al Estado mexicano, al Congreso de la Unión y a las instituciones de educación superior para fortalecer las políticas públicas dirigidas a los estudiantes indígenas.
Necesitamos casas de estudiantes indígenas, becas suficientes –no becas para unos cuantos con influencias–, comedores universitarios, apoyos para transporte, acceso a internet, materiales educativos y programas que permitan que un joven indígena no solamente pueda ingresar a la universidad, sino que pueda permanecer, concluir su carrera y titularse. Porque una beca puede ayudar a un estudiante; pero una política integral de permanencia universitaria puede cambiarle la vida a una generación completa.
Nosotros no queremos que nuestras comunidades sean recordadas únicamente por sus carencias; queremos que sean recordadas por sus jóvenes, por nuestros conocimientos, por nuestras lenguas, por nuestra cultura, por nuestra capacidad y, sobre todo, por nuestras ganas de salir adelante.
Hoy que tengo esta oportunidad de estar en esta tribuna quiero decir algo desde mi corazón. Detrás de cada joven indígena que llega a una universidad existe una familia que hizo sacrificios para que ese sueño fuera posible.
Detrás de cada título universitario de un joven indígena hay muchas veces una madre que trabajó más horas, un padre que dejó de comprar algo para pagar nuestros estudios, unos abuelos que nos alentaron a no abandonar la escuela y una comunidad que depositó en nosotros la esperanza de un futuro mejor.
Por eso, cuando un joven indígena abandona la universidad por falta de recursos, no solamente pierde un estudiante, pierde una familia, pierde una comunidad y pierde México la oportunidad de contar con un profesionista que puedo haber contribuido a transformar su pueblo.
Señoras y señores: Hoy que tengo la oportunidad de estar aquí, en esta tribuna, quiero pedir que la educación superior en donde estemos los indígenas sea entendida como una inversión en el futuro de México y no solamente como un gasto. Invertir en educación significa construir un México con mayores oportunidades y con mayor justicia social.
Yo quiero terminar mi carrera, quiero obtener mi título, quiero regresar algún día a mi comunidad y decirles a los jóvenes que vienen detrás de mí: Si se puede.
Pero, para que podamos decirlo, necesitamos que las instituciones estén de nuestro lado, necesitamos oportunidades, necesitamos apoyo, necesitamos espacios dignos para estudiar y vivir, necesitamos que nuestras voces sean escuchadas.
Hoy no vengo a pedir que nos regalen un futuro, vengo a pedir que nos den las condiciones para construirlo con nuestro propio esfuerzo, porque los jóvenes indígenas tenemos sueños, tenemos capacidad, tenemos talento, tenemos identidad, y tenemos algo que nadie puede quitarnos: las ganas de salir adelante.
Desde Oaxaca, desde nuestras comunidades indígenas, desde nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, levantamos nuestra voz para decir: Queremos estudiar, queremos permanecer en la Universidad, queremos terminar nuestras carreras, queremos regresar a nuestras comunidades.
Y queremos contribuir a construir un México donde ningún joven tenga que abandonar sus sueños por no poder pagar una renta, o un plato de comida o el transporte para llegar a su universidad. Muchas gracias. Orgullosamente UABJO.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Agradecemos la presencia de la ciudadana Maggie Heygie Peralta Aragón.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de estar publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias secretaria. Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En votación económica consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, secretaria. Aprobada el acta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Continúe la secretaría.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Se recibieron solicitudes de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra y los diputados Arturo Hernández Tapia, Luis Enrique Miranda Barrera y Joaquín Zebadúa Alva, para retirar iniciativas que se encuentra publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: La Secretaría de Gobernación remite el segundo informe de labores que rinden las personas titulares de las Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Anticorrupción y Buen Gobierno, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Distribúyanse a las diputadas y a los diputados para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: La Secretaría de Gobernación remite el Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México correspondiente al segundo trimestre de 2026.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: La Cámara de Senadores comunica que la senadora Claudia Tello Espinosa ha sido designada como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: De enterado.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Se recibió del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el Informe semestral de actividades y resultados, correspondiente al periodo de enero a junio de 2026.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XVI del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome Treacher Collins.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Se recibieron del Congreso del Estado de Chihuahua las siguientes iniciativas: con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 61 Bis de la Ley General de Salud.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación Superior.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de exenciones o subsidios de los bienes de los municipios.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: La Cámara de Senadores remitió cuatro iniciativas con proyecto de decreto suscritas por senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: El siguiente punto en el orden del día es el capítulo de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Elena Edith Segura Trejo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Elena Edith Segura Trejo: Buena tarde, compañeras y compañeros. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante.
La diputada Elena Edith Segura Trejo: Hablar de la muerte voluntaria asistida es, ante todo, hablar de la dignidad humana. La vida humana constituye uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia y su protección es una obligación fundamental del Estado, así lo reconoce nuestro marco constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, proteger la vida también implica reconocer que las personas tienen dignidad, autonomía y capacidad para participar en las decisiones que afecten profundamente su existencia.
Por ello, esta discusión no debe plantearse únicamente desde la perspectiva de prolongar la vida, sino también desde la necesidad de garantizar que las personas que enfrentan enfermedades graves, incurables o condiciones médicas que les provoquen sufrimiento, puedan contar con alternativas legales, médicas y humanas, para decidir sobre el final de su vida, siempre bajo condiciones estrictas, con consentimiento libre e informado y sin ningún tipo de coerción.
La muerte voluntaria asistida debe entenderse como decisión personal, que requiere reglas claras, supervisión médica, salvaguardas y respeto absoluto a la voluntad de las personas.
No se trata de promover la muerte ni de sustituir los cuidados paliativos. Por el contrario, cualquier marco jurídico debe garantizar el acceso a tratamientos médicos, atención integral, acompañamiento y cuidados paliativos, para que ninguna persona solicite esa alternativa por falta de atención, abandono o ausencia de opciones médicas.
El centro de esta discusión debe ser la dignidad humana, porque la dignidad no se pierde cuando una persona enfrenta una enfermedad terminal o incurable. Por el contrario, es precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando el Estado debe garantizar que sus derechos sean respetados, que sus decisiones sean escuchadas y que nadie sea obligado a soportar el sufrimiento que pueda ser evitado dentro de un marco legal y médico adecuado.
En el ámbito internacional distintos países han desarrollado modelos con requisitos y salvaguardas diferentes, por ejemplo, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Austria, Suiza y Alemania, cada país establece requisitos diferentes respecto de la enfermedad, el sufrimiento, la capacidad de decisión, la, la resiliencia, la intervención médica, los plazos y los mecanismos de supervisión.
Por ello, la experiencia internacional no debe copiarse de manera automática, sino estudiarse, debe identificarse que permitan construir un modelo propio acorde a nuestro marco legal y a nuestras necesidades reales. En México la discusión debe permitir de nuestros principios constitucionales el artículo primero, reconoce la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Mientras que el artículo cuarto constitucional reconoce diversos derechos vinculados con la protección de la salud y el bienestar de las personas. La Suprema Corte de Justicia también ya se pronunció al respecto y emitió criterios relacionados con la dignidad humana, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. Principios que resultan fundamentales para analizar las decisiones de una persona que toma sobre aspectos de su propia existencia.
Por ello, hablar de muerte voluntaria asistida también significa hablar de libertad, de autonomía y responsabilidad. Una persona que enfrenta una enfermedad grave o terminal no debe ser reducida únicamente a un diagnóstico, se debe garantizar su voluntad sus derechos y, sobre todo, su dignidad.
El Estado debe garantizar que la decisión sea verdaderamente libre e informada, que exista capacidad para decidir, que no haya presión familiar, económica o social, que conozcan las alternativas disponibles, que exista acceso a cuidados paliativos y que haya mecanismos de revisión y supervisión que protejan especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
También debemos reconocer que esta discusión ya existe en nuestra sociedad. Existen movimientos ciudadanos que han planteado la necesidad de tener una muerte voluntaria asistida, sin embargo, no ha pasado nada.
Nuestra responsabilidad como legisladores es escuchar estas voces, estudiar la experiencia internacional y construir regulación seria, responsable y humana. Esta discusión nos obliga a mirar a la persona en su totalidad, su salud, su libertad, su voluntad, y sobre todo, su dignidad.
Por ello, considero necesario continuar construyendo un marco jurídico que permita reconocer la muerte voluntaria asistida bajo principios de dignidad humana, autonomía personal, consentimiento libre e informado, protección de las personas en situación de vulnerabilidad y acceso universal a los cuidados, porque, como decía el filósofo romano Zeneca, morir más pronto o más tarde no es la cuestión, morir bien o mal, esa, esa sí es la cuestión. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335 y 340, y adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, en materia de abandono de personas adultas mayores y personas con discapacidad, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Hay abandonos que no significan solamente dejar sola a una persona, significan dejarla sin alimento, sin medicamentos, sin asistencia, sin posibilidad de pedir ayuda y en algunos casos expuesta a perder la salud, la integridad e incluso la vida.
Por eso presento esta iniciativa para reformar los artículos 335, 340 y adiciona un artículo 335 Bis del Código Penal Federal, en materia de abandono de personas adultas mayores y personas con discapacidad. La propuesta parte de una realidad que merece nuestra atención. En México el envejecimiento de la población plantea nuevos retos para las familias, las instituciones y para el propio Estado.
De acuerdo con el Inegi, en el segundo semestre de 2022 residían en nuestro país aproximadamente 17.96 millones de personas de 60 años y más, equivalente al 14 % de la población nacional.
Pero hablar de personas adultas mayores y de personas con discapacidad no significa hablar automáticamente de dependencia o incapacidad, significa hablar de personas titulares de derechos, reconocer su autonomía y al mismo tiempo establecer mecanismos claros de protección cuando una persona se encuentra en una situación concreta de dependencia, cuidado o resguardo y es abandonada de manera injustificada.
México ratificó en 2023 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que define el abandono como la falta de acción para atender integralmente las necesidades de una persona mayor cuando ello pone en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.
La propia Convención compromete a los Estados parte a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas como el abandono. Y aquí encontramos el punto central de esta iniciativa, el texto vigente del artículo 335 del Código Penal Federal sanciona el abandono de un niño incapaz de cuidarse por sí mismo o de una persona enferma cuando existe obligación de cuidado. Sin embargo, no menciona expresamente en ese artículo a las personas adultas mayores ni a las personas con discapacidad.
El artículo 340, por su parte, tampoco las identifica expresamente bajo esas denominaciones. Por ello, la iniciativa plantea tres modificaciones concretas: primero, reformar el artículo 335 para incorporar expresamente a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad que sean incapaces de cuidarse a sí mismas, aun cuando quien la abandone tenga la obligación de cuidarla.
Segundo, adicionar un artículo 335 Bis para contemplar aquellos casos en los que una persona no tenga formalmente la obligación jurídica de cuidado, pero tenga bajo su resguardo a un niño, a una persona adulta mayor, a una persona con discapacidad incapaz de cuidarse por sí misma o a una persona enferma y la abandone sin dar aviso a la autoridad para que pueda intervenir quien deba hacerse cargo. Además, la propuesta establece, cuando no resulte daño, una sanción de 15 días o 2 años de prisión.
Y tercero, reformar el artículo 340 para incorporar expresamente a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad entre los supuestos en los que existe el deber de dar aviso inmediato a la autoridad o prestar auxilio cuando esto pueda realizarse sin riesgo personal.
Es importante precisar qué pretende y qué no pretende esta reforma. La propia iniciativa establece que no busca criminalizar la pobreza, las dificultades familiares ni una imposibilidad material justificada de proporcionar determinados cuidados. Tampoco busca limitar la autonomía de las personas adultas mayores o de las personas con discapacidad. La conducta que se propone sancionar se centra en una circunstancia específica: que exista una obligación de cuidado o una situación de resguardo, que exista la posibilidad de cumplir con ese deber o de solicitar asistencia y aun así se produzca un abandono injustificado que coloque a la persona en situación de peligro o desprotección.
Esta precisión es relevante porque permite distinguir entre una situación de vulnerabilidad económica o familiar y una conducta de abandono con consecuencias jurídicas.
El objetivo de la iniciativa es, por tanto, dar mayor claridad al capítulo del Código Penal Federal relativo al abandono de personas y establecer expresamente los supuestos que involucran a personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Compañeras y compañeros, el paso del tiempo no extingue los derechos de una persona, la discapacidad tampoco disminuye su dignidad ni su condición de sujeto pleno de derechos, nuestro marco jurídico debe reconocer ambas realidades: autonomía cuando ésta exista y protección efectiva cuando una persona se encuentra bajo cuidado de resguardo y es colocada injustificadamente en una situación de peligro.
Esta iniciativa busca dar mayor certeza a la ley, precisar responsabilidades y colocar en el centro tres bienes fundamentales: la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Desde Acción Nacional ponemos en el centro a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad para que ninguna persona en el momento en que más lo necesite se quede desprotegida porque merecen cuidado, respeto y dignidad hasta el último día. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de integración de contenido nacional en cadenas de valor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann: México está ante una ventana histórica, la reconfiguración de las cadenas globales de valor no volverán a abrirse en una generación. El mundo dejó de comprar solo eficiencia y empezó a comprar seguridad, proximidad y origen. Esta iniciativa responde a una pregunta de fondo, ¿México quiere ser proveedor o solo ensamblador?
La discusión en Washington apunta a elevar el umbral de contenido regional en el sector automotriz muy por encima del nivel actual. La señal es inequívoca, el origen del insumo se volvió variable estratégica.
Desde marzo del 2025, Estados Unidos aplica un arancel del 25 % a vehículos importados desde México al amparo de la sección 232, bajo ese esquema, las armadoras solo pueden descontar el contenido de origen estadounidense. El contenido mexicano aun cumpliendo plenamente las reglas del origen del T-MEC, queda agravado. Esto significa que la arquitectura arancelaria vigente premia a quien sustituya insumo mexicano por insumo estadounidense. La consecuencia es directa, el contenido nacional de nuestras exportaciones tenderá a disminuir, con pérdida de empleo calificado y de encadenamiento productivo.
No proponemos confrontación, no proponemos represalia, proponemos un contrapeso doméstico. México exportó 839 mil millones de dólares a Estados Unidos en el 2024, pero el valor de toda esa manufactura, sólo el 33.3 % corresponde a insumos de origen nacional. El resto, componentes importados, ensamblados aquí, etiquetados como made in Mexico. Eso no es exportar, eso es prestar nuestra mano de obra y nuestra geografía.
Hoy presento ante esta soberanía la iniciativa Procon-TMEC, el Programa Nacional de Integración de Contenido Nacional en Cadenas de Valor del T-MEC. No es una propuesta nueva en el vacío.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan México el 13 de enero de este año, con una meta clara: incrementar 15 % el contenido nacional en sectores estratégicos. Esta iniciativa es la respuesta del Congreso a este llamado. Le estamos dando a su gobierno el instrumento legal que necesita para cumplirlo, porque sin ley hay intención, con esta ley hay derecho.
Reformar tres leyes para crear este instrumento. La Ley de Inversión Extranjera, para que las empresas con inversión extranjera directa puedan adherirse voluntariamente a metas de compra a proveedores nacionales y recibir a cambio un incentivo fiscal. La Ley Mipyme, para que las pequeñas y medianas empresas de todo el país tengan acceso a certificación y financiamiento de desarrollo para entrar a esas cadenas.
Y la Ley Federal del Trabajo, para que el talento mexicano esté formado en los perfiles que la manufactura avanzada del T-MEC demanda. Tres artículos: adhesión voluntaria, incentivo fiscal para quien compre nacional, reporte público obligatorio. Mayor contenido nacional significa mayor valor agregado retenido, mayor encadenamiento productivo y más empleo calificado.
Las regiones con vocación manufacturera son las primeras llamadas a capturarlo. San Luis Potosí con su base automotriz y de autopartes, con BMW, General Motors y muchas más, con una cadena de Mipymes que ya existe y que hoy espera una puerta de entrada es ejemplo de lo que está en juego y de lo que puede ganarse.
En el transitorio quinto establece algo muy simple, que el Ejecutivo informe al Congreso sobre los avances de México en cada ronda de negociación del T-MEC. Coordinación entre Poderes, transparencia institucional, exactamente lo que la República necesita cuando están en juego 839 mil millones de dólares en exportaciones.
Esta iniciativa no propone cerrar fronteras, propone abrir oportunidades, no propone ideología, propone instrumentos. Por su materia no es de izquierda ni de derecha, es de interés nacional.
La iniciativa es compatible con el T-MEC, la adhesión es voluntaria, no una imposición. Y su impacto presupuestal es neutro. El transitorio tercero sujeta la operación a la disponibilidad que apruebe esta misma Cámara.
La pregunta no es si México debe elevar su contenido nacional, la pregunta es si vamos a tener un instrumento para hacerlo o si vamos a llegar a la próxima ronda de revisión del Tratado con discurso pero sin ley.
Que la próxima generación herede una economía que no solo exporte más, sino que exporte más México. Pido a los grupos parlamentarios su respaldo para que esta iniciativa sea dictaminada a la brevedad en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Trabajo y Previsión Social para dictamen. Esta Presidencia saluda a Humberto Rodríguez González, asesor y consultor en temas de gobernabilidad y deportes y de trabajo comunitario, así como a Mirella Luisa Hernández, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Mundial Norceca y Federación Cubana de Voleibol, invitados por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Partido Verde Ecologista de México. Sean bienvenidos a este salón de sesiones.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Galindo Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de fomento, regulación y protección de la actividad artesanal tradicional en zonas turísticas arqueológicas.
La diputada Patricia Galindo Alarcón: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros...
La diputada Patricia Galindo Alarcón: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Patricia Galindo Alarcón: La diputada compañeras y compañeros diputados, México vive en las manos de quien trabaja, en las manos que moldean el barro, que tejen una historia, que transforman la madera, que dan forma al metal y que de generación tras generación conservan saberes que forman parte de nuestra identidad, porque una artesanía auténtica no es solamente un objeto, es memoria, es cultura, es identidad y es conocimiento.
Y es por eso que, ante esta soberanía, presento hoy esta iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, con el propósito de fomentar, regular y proteger la actividad artesanal tradicional de nuestras zonas turísticas y arqueológicas.
El objetivo no es convertir a las zonas arqueológicas en mercados, es encontrar un equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio y la posibilidad de que nuestras comunidades, que mantienen viva nuestra cultura, también participen de los beneficios económicos que genera el turismo.
Por ello, esta iniciativa propone reformar la Ley General de Turismo. Se adiciona la fracción XVI al segundo artículo, para establecer como objetivo de la ley que promueve, el desarrollo sustentable de la actividad artesanal tradicional vinculada al turismo cultural, garantizando su autenticidad, preservación y aprovechamiento económico.
Se adiciona también la fracción XXII del tercer artículo, para reconocer jurídicamente la figura del artesano tradicional. La UNESCO lo menciona de la siguiente manera: Es aquella persona o integrante de una comunidad indígena o local, que produce bienes mediante técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación.
Asimismo, se adiciona la fracción XIX al artículo 7o., para que la Secretaría de Turismo formule y coordine una póliza, política, perdón, nacional de fomento a la actividad artesanal turística en zonas de valor cultural y arqueológico.
Y se incorpora el artículo 7o. Bis, que contempla programas de registro voluntario, capacitación, acceso a financiamiento, promoción de productos artesanales, certificados y prevención de prácticas comerciales engañosas.
Compañeras y compañeros, los datos oficiales nos muestran porque esta es una discusión tan importante. Según el Inegi, durante el 2024, el sector de la cultura generó 365 mil 682 millones de pesos, equivalente al 2% de la economía nacional, y generó más de un millón y medio de trabajos en este sector, destacando que las artesanías representan el 18.4 % del PIB del sector cultural, así como el 30.2 % de los puestos de trabajo generados en actividades completamente culturales. Estamos hablando aproximadamente de más de 432 mil puestos de trabajo vinculados con los artesanos.
Cuando hablamos de la artesanía no hablamos únicamente de tradición. Hablamos de empleo, hablamos de familia, hablamos de economía local, hablamos de comunidades enteras.
México es una potencia turística y el Inegi lo sostiene. Es por ello que proponemos lo siguiente:
Mientras que muchos turistas llegan a nuestra patria y buscan una artesanía y se topan con artesanías que son hechas en serie, artesanías falsas, quitándole el trabajo a nuestros artesanos mexicanos. Eso es precisamente lo que queremos corregir, y las cifras del INAH lo dicen, muestran la enorme dimensión del problema y la oportunidad también.
Durante el equinoccio de primavera de este año, las zonas arqueológicas del país recibieron más de 179 mil visitantes en solamente unos días. De ellos, más de 39 mil acudieron a la zona arqueológica de Teotihuacán. Esto demuestra que nuestras zonas arqueológicas no solamente son espacios donde conservamos el pasado.
Por ello, compañeras y compañeros, esta iniciativa busca algo muy sencillo, pero profundamente importante: que el turismo que visita nuestro pasado también contribuya al presente de nuestras comunidades, porque el patrimonio no se protege aislando a la gente, se protege haciendo de las comunidades sus aliadas, se protege cuando una persona artesana puede vivir dignamente de este trabajo.
Por ello, yo propongo lo siguiente: que hagamos que nuestros artesanos vivan de sus propias manos, que vivan de su artesanía. Por nuestros artesanos, por nuestras comunidades y por nuestro patrimonio, nosotros, el Partido del Trabajo, siempre proponemos: todo el poder al pueblo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra el diputado Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de garantía del principio de neutralidad en la imagen institucional.
El diputado Christian Mishel Castro Bello: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento una iniciativa que parte de un principio sencillo, pero fundamental, para cualquier democracia: el gobierno es de todas y de todos, los recursos públicos son de todas y de todos los México y las instituciones públicas deben servir por igual a toda la ciudadanía.
Nuestra Constitución ya establece principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en materia de comunicación institucional. Sin embargo, consideramos que todavía existe un espacio que debemos regular con mayor claridad: la imagen institucional.
Porque una institución pública no solamente comunica mediante discursos, informes o mensajes: también comunica mediante colores, símbolos, imágenes, diseños y elementos visuales. Y estos elementos pueden generar una identidad asociada a una administración determinada, provocando confusión sobre el verdadero carácter de las instituciones, de los programas y de las obras públicas.
Eso es precisamente lo que esta reforma busca evitar. No se trata de eliminar la identidad de las instituciones. No se trata de impedir que un gobierno comunique sus acciones y mucho menos se trata de limitar el derecho de la ciudadanía a recibir información. Se trata de garantizar que la comunicación institucional sea verdaderamente eso: institucional. Que una obra pública sea identificada como una obra del Estado. Que un programa social sea reconocido como un programa y un derecho público y que los servicios que reciben las familias mexicanas sean entendidos como parte de las obligaciones permanentes de las instituciones públicas.
Porque los recursos con los que se construye una carretera, se entrega un programa social, se realiza una obra o se presta un servicio no pertenecen a una administración en particular: son recursos públicos, son recursos de todas y todos los mexicanos.
Por ello, esta iniciativa propone reformar el párrafo décimo del artículo 134 constitucional para establecer que la imagen y propaganda institucional de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno excluya colores, imágenes, símbolos y cualquier otro elemento que pueda generar una identificación ajena al carácter institucional del Estado.
Esta disposición se extendería también a la identificación de programas, obras y acciones de gobierno, existe, desde luego, una excepción lógica y necesaria, aquellos colores y elementos contemplados en lineamientos y directrices internacionales en materia de seguridad, higiene, protección civil, transporte y vialidad. Porque una regla de neutralidad nunca debe poner en riesgo la seguridad de las personas ni impedir el uso de códigos internacionalmente reconocidos.
Compañeras y compañeros, la neutralidad no debe existir solamente durante los procesos electorales, debe existir todos los días, porque la ciudadanía no deja de ser ciudadanía cuando termina una elección y porque las instituciones no dejan de tener la obligación de actuar con imparcialidad cuando concluye un proceso electoral.
El planteamiento que hacemos es sencillo, si el gobierno es de todos, que la imagen sea de todos. Las instituciones deben tener una identidad propia, permanente y reconocible. Los programas públicos no deben tener dueño. Las obras públicas no deben convertirse en instrumentos de promociones personales y los recursos públicos no deben utilizarse para construir identidades populares desde las instituciones.
La democracia necesita reglas, pero también necesita señales claras y una de esas señales debe ser que cuando una ciudadana recibe un servicio público, cuando una familia recibe un programa o cuando una comunidad recibe una obra, tenga absolutamente claro que no está recibiendo un favor, está ejerciendo un derecho y recibiendo un servicio financiado con recursos públicos.
Esta reforma lleva al principio de neutralidad hasta las últimas consecuencias en imagen institucional, porque la imparcialidad no puede ser solamente una obligación escrita, debe ser visible, debe ser reconocible, debe formar parte de la manera en que el Estado se presenta ante la sociedad.
Compañeras y compañeros, los gobiernos pasan, las administraciones cambian, los funcionarios terminan sus encargos, pero las instituciones permanecen y precisamente por eso debemos protegerlas de cualquier apropiación personal o circunstancial, que sean las políticas públicas las que hablen, que sean los resultados los que sean evaluados y que la imagen del Estado pertenezca a todos los mexicanos. Ese es el sentido de esta propuesta de reforma constitucional.
Una reforma que busca fortalecer la imparcialidad, la institucionalidad y la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presupuesto para las universidades e instituciones de educación superior, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Compañeras y compañeros legisladores. ¿Cuántas veces hemos dicho en esta tribuna que las y los jóvenes son el futuro y el presente de México? Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que estas palabras van acompañadas de una decisión concreta. Asegurar que nuestras universidades públicas cuenten con los recursos necesarios para poder cumplir su tarea puede ser una realidad.
Una universidad necesita docentes, aulas, laboratorios, bibliotecas e investigación. Necesita abrir lugares para quienes quieren estudiar y necesita saber con qué recursos contará para planear más allá de solo un año.
Sin embargo, estamos pidiendo a las instituciones públicas de educación superior que reciban a más estudiantes que hagan más por el país mientras su presupuesto se ve reducido y pierde capacidad.
Por eso, las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa para reformar el artículo tercero de nuestra Constitución. El propósito es claro, proteger el presupuesto a las universidades e instituciones públicas de educación superior para que no retroceda en términos reales.
Hoy, la Ley General de Educación Superior establece que el monto anual destinado a nivel educativo no puede ser inferior al aprobado al año anterior. Es una protección importante, pero insuficiente. Porque si una universidad recibe este año la misma cantidad de pesos que recibió el año pasado y los precios subieron, en los hechos, tiene menos recursos. Tiene menos capacidad para mantener sus instalaciones, equipar un laboratorio o atender a sus estudiantes.
Nuestra iniciativa corrige este problema. Propone que el presupuesto asignado no pueda ser inferior en términos reales al aprobar para el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto significa tomar en cuenta la inflación para que el financiamiento conserve su valor.
También propone elevar esa protección a rango constitucional en congruencia con los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Si la educación superior es un derecho reconocido por nuestra Constitución, debemos proteger las condiciones que permitan hacerlo efectivo.
Y hay un tercer componente fundamental, establecer que al menos el 2 % del producto interno bruto se destine a educación superior, la investigación científica y humanística, el derecho, el desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior.
¿Por qué planteamos esta reforma? Porque el rezago ya tiene consecuencias, de acuerdo con las estimaciones del IMCO, reconocidas en la iniciativa, perdón, recogidas en esta iniciativa, el presupuesto destinado a educación superior acumula una reducción real del 40 % desde el 2015, para 2026 la asignación fue equivalente al 0.6 % del producto interno bruto y registró una reducción real del 4 % frente al 2025.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señala además que el gasto por estudiante de educación superior disminuyó el 3.4 en términos reales para el 2026. Detengámonos un momento en lo que esto significa, menos recurso para estudiantes justo cuando queremos que más jóvenes lleguen a la universidad.
Podemos fijar metas de cobertura, podemos anunciar que queremos abrir más espacios, pero para recibir a más estudiantes hacen falta más aulas, docentes, equipo y servicio. Una meta sin presupuesto suficiente corre el riesgo de quedarse en solo una promesa.
Como diputada de Nayarit pienso en las familias que hacen un enorme esfuerzo para que sus hijas y sus hijos continúen estudiando, pienso en quienes salen de sus comunidades, pagan transporte, buscan dónde vivir y trabajan mientras cursan su carrera. Cuando por fin logran llegar a una institución pública, el Estado debe responder por una educación de calidad y no por decir que no hay espacios suficientes para estudiar.
También pienso en las y los docentes e investigadores que aún con recursos limitados forman profesionistas y generan conocimiento útil para nuestro país. Dar estabilidad presupuestaria a sus instituciones es darles mejores condiciones para cumplir esas responsabilidades.
Compañeras y compañeros, esta iniciativa no propone un cheque en blanco, los recursos públicos deben ejercerse con transparencia y rendición de cuentas, lo que proponemos es una regla constitucional que impida que el financiamiento universitario se reduzca silenciosamente por efectos de una inflación y que establezca un compromiso de inversión acorde a los retos que enfrenta México.
No basta con reconocer un derecho en el papel. Debemos crear las condiciones para que una joven o un joven encuentre un lugar donde estudiar, para que una universidad pueda ampliar su capacidad para que la investigación y la innovación tenga continuidad.
Hoy podemos dar un paso para que el presupuesto de la educación superior deje de depender de decisiones que debiliten año tras año a nuestras instituciones públicas. Les invito a respaldar esta reforma al artículo 3o. constitucional, protejamos a nuestras universidades, demos certeza a quienes enseñan, investigan y estudian en ellas, y cumplamos con recursos y con hechos nuestro compromiso con las juventudes de México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de protección del mínimo vital frente a la violencia económica y patrimonial.
La diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila: Con tu permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hay algo que ninguna mujer debería tener que negociar para poder ser libre: las condiciones óptimas para sostener su propia vida.
Hoy existen todavía mujeres que cuando deciden poner un límite a la violencia encuentran que el acceso a sus recursos, su vivienda, sus documentos o sus ingresos están sujetos al control de otra persona.
Cuando el control impide a una mujer cubrir sus necesidades básicas y deciden de manera autónoma sobre su propia vida, la violencia económica deja de afectar únicamente su patrimonio y se convierte en un mecanismo de sometimiento que limita su autonomía y su libertad.
Ese es el punto de partida de esta iniciativa, por lo que presento ante esta tribuna mi iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de protección del mínimo vital frente a la violencia económica y patrimonial.
El mínimo vital sí importa. Nuestra legislación ya reconoce la violencia económica y patrimonial. Lo que ponemos es que cuando esa violencia comprometa gravemente las condiciones materiales indispensables para la subsistencia de una mujer, esa circunstancia puede ser considerada expresamente al momento de dictar medidas de protección.
Proteger también significa generar las condiciones para que una mujer pueda salir de la violencia y recuperar su autonomía. Quiero ser clara, hablar del mínimo vital es hablar de condiciones materiales que hacen posible una vida autónoma y digna.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el mínimo vital se relaciona con las condiciones materiales indispensables para desarrollar una existencia libre y digna, atendiendo a las circunstancias concretas de cada persona. Esta iniciativa toma ese principio y lo convierte en una herramienta concreta de protección.
Los datos oficiales también nos muestran la dimensión de esta realidad, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos permite conocer cómo viven las mujeres distintas formas de violencia. Estamos a punto de conocer una nueva fotografía de esta realidad con los resultados que vienen en este año, el 2026, y sus resultados están próximos a publicarse.
En el 21 se reportó el 27 % de las mujeres de 15 años habían experimentado violencia económica o patrimonial o discriminación a lo largo de su vida. Aquí se encuentra el corazón de esta propuesta, cuando la violencia económica pone en riesgo la subsistencia, inclusive la propia vida, la ley debe tener ojos para verlo y manos para protegerlo, porque también significa actuar a tiempo antes de que la pérdida de los recursos se convierta en la pérdida de la vivienda, antes de que la dependencia económica se convierta en imposibilidad de pedir ayuda, antes de que el yugo te lleve a la muerte.
Para las mujeres que hemos sufrido violencia económica, psicológica, patrimonial, física esta ley es para verte porque es lo que está en este lugar. Vengo a presentar esta iniciativa que nos abre la puerta para poder decidir y ejercer nuestra libertad. La libertad necesita condiciones, la autonomía necesita posibilidades y las mujeres necesitamos justicia.
Compañeras y compañeros, las mujeres que sufren violencia económica no sólo pierden su dinero, pierden su voz, su camino, la noción de quiénes son. No solo es el hambre en la mesa, es el hambre de ser escuchadas y vistas.
Esta reforma no es un artículo más en la ley, es un grito de auxilio, es decirles a cada una de estas mujeres tú no estás sola, el Estado te ve y te va a proteger para que puedas por fin respirar y abandonar esa situación. Proteger el mínimo vital es proteger la posibilidad real de decidir. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Karla Patricia Sánchez Rodelo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable en materia de recuperación del paisaje.
La diputada Karla Patricia Sánchez Rodelo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, antes de iniciar quiero mandar un afectuoso saludo desde esta tribuna al pueblo de Baja California.
Como bien sabemos, recientemente hemos recibido de parte de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aquí en la Cámara una iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, un marco jurídico que busca sustituir la legislación vigente desde 1988 y que coloca la justicia ambiental al centro de la política pública.
Esta iniciativa reconoce que no puede haber justicia social sin justicia ambiental y que la protección de nuestros ecosistemas exige nuevas herramientas, nuevas categorías y una visión integral del territorio.
Y. en congruencia con este esfuerzo, vengo a presentar una iniciativa que contempla y profundiza esta visión desde un ámbito forestal. Se trata de incorporar un concepto que aunque parece técnico es profundamente humano, la recuperación del paisaje, porque el paisaje no solamente es un conjunto de árboles, es el resultado de una relación histórica entre las comunidades y su entorno natural.
Es el bosque el que da agua, el que da sombra, el que da identidad. Es el cerro que resguarda la memoria de un pueblo y es el río que atraviesa la sierra y que cuando fluye hace florecer la vida de quienes dependen de él.
La recuperación del paisaje o restauración del paisaje, como se conoce de manera internacional, es un proceso planificado que busca recuperar la integridad ecológica de un territorio y mejorar el bienestar de las comunidades que lo habitan.
No se trata simplemente de reforestar un terreno, se trata de restaurar las funciones que los bosques cumplen, la captación de agua, la protección del suelo, la biodiversidad, la regulación del clima y también las oportunidades de vida para las personas que viven en esos territorios.
México enfrenta una pérdida promedio de más de 200 mil hectáreas de bosque al año. No podemos seguir viendo nuestros paisajes degradarse sin hacer algo, sin una respuesta legislativa que esté a la altura de este problema.
Por eso, esta iniciativa de reforma de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se traduce en cuatro puntos concretos: Primero. Incorporar la recuperación del paisaje como parte de las atribuciones de la Secretaría en materia de previsión y manejo de los agentes disruptivos.
Segundo. Ampliar la definición de restauración forestal para que incluya explícitamente el paisaje, reconociendo que los ecosistemas no son islas, sino territorios interconectados.
Tercero. Establece como criterio obligatorio de política forestal la recuperación del paisaje, junto a la protección de los suelos, la prevención de incendios y de heladas.
Cuatro. Orienta a la silvicultura y el manejo forestal comunitario a la gestión de riesgos, erosión, incendios, inundaciones que amenazan tanto a los ecosistemas como a las comunidades.
Compañeras y compañeros, el Programa Nacional Forestal 2026-2030 reconoce que abordar la deforestación y la degradación desde un enfoque de paisaje permite construir soluciones más eficaces, inclusivas y sostenibles.
Esta iniciativa camina a esa dirección y no estamos inventando nada nuevo, Alemania y Costa Rica ya lo incorporan, la protección del paisaje a sus legislaciones forestales. Lo que estamos haciendo es poner a México a la altura internacional y sobre todo, dar certeza jurídica a las comunidades que han cuidado nuestros bosques durante generaciones.
Porque cuando cuidamos el paisaje cuidamos el agua, cuidamos el aire, la vida, la memoria, el patrimonio que nos es común a todas y todos. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de prevenir y sancionar la autorización indebida de asentamientos humanos y desarrollos urbanos en zonas de alto o muy alto riesgo.
La diputada Bertha Osorio Ferral: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Bertha Osorio Ferral: Con su venia. Cada temporada de lluvias nos deja imágenes que parecen repetirse cada cierto tiempo: viviendas inundadas, caminos destruidos, comunidades incomunicadas, familias que en cuestión de horas pierden lo que construyeron durante toda una vida.
Con frecuencia escuchamos que estos hechos son consecuencia de fenómenos naturales, sin embargo, debemos prevenir y estar atentos de que estas tragedias no sean a consecuencia de decisiones humanas y administrativas por parte de la autoridad, que pudieron evitarse y aun así sucedieron.
Pues en estos casos algunos ciudadanos se preguntan ¿Quién debe de responder cuando una familia pierde su casa, su patrimonio o incluso a un ser querido? ¿Por qué se permitió construir o asentarse en una zona donde el riesgo ya estaba plenamente identificado?
Tan solo en el 2024 los fenómenos hidrometeorológicos concentraron más del 80% de las pérdidas económicas derivadas de desastres en nuestro país. Y apenas en 2025 diversos estados de la República, entre ellos Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, fueron testigos de comunidades enteras afectadas, de pérdidas patrimoniales incalculables y, lamentablemente, de pérdidas humanas que jamás podrán recuperarse.
Por eso esta iniciativa propone fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas, para establecer con claridad que la persona servidora pública que autorice, otorgue, emita o valide actos administrativos que permitan asentamientos humanos o construcciones en zonas clasificadas como de riesgo alto o muy alto, conforme al Atlas Nacional de Riesgos o a los atlas estatales y municipales.
Incurrirán en abuso de funciones específicamente cuando contravenga las disposiciones aplicables en materia de protección civil, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, catalogándose esta conducta como falta grave.
La responsabilidad de un gobierno no comienza cuando llega la emergencia, comienza cuando tiene la oportunidad de prevenirla. Por eso no debemos esperar a que una colonia quede bajo el agua para actuar. No debemos esperar a que un cerro colapse sobre viviendas para exigir responsabilidades.
Hagamos que la ley esté del lado de la prevención, de la seguridad y de las familias mexicanas.
Proteger a nuestra gente no es una opción, es nuestra obligación. Prevenir es proteger, prevenir es salvar vidas, y salvar vidas debe estar siempre por encima de cualquier interés. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas: La primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de fortalecimiento de la justificación, trazabilidad y transparencia en los procedimientos de excepción a la licitación pública.
Y la segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de responsabilidad administrativa en las contrataciones públicas, suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas: Compañeras y compañeros diputados, hoy presento dos iniciativas que están relacionadas porque tocan un tema que considero de suma importancia. Un tema que puede parecer técnico, pero que en realidad está presente en la vida diaria de millones de mexicanas y mexicanos. Y me refiero a cómo se gasta el dinero público y qué hacemos para protegerlo.
Cuando el gobierno compra medicamentos, construye una carretera, equipa un hospital, contrata un servicio o realiza una obra pública, está utilizando recursos que pertenecen a los ciudadanos. Y si una contratación pública se manipula para beneficiar indebidamente a alguien, el daño no termina en un expediente administrativo, ya que ese dinero puede servir para comprar medicamentos, mejorar una escuela, fortalecer la seguridad o llevar servicios a una comunidad.
Con esa convicción presento ante esta soberanía estas iniciativas que comparten un mismo propósito: la primera reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Nuestra Constitución establece que la licitación pública debe ser la regla general. Esto permite que diferentes empresas puedan participar, competir y presentar sus propuestas para que el Estado compare precios, calidad y condiciones antes de tomar una decisión, aunque debemos reconocer que existen situaciones en las que una licitación no es el procedimiento adecuado.
Por eso, nuestra legislación permite las adjudicaciones directas y la invitación es, cuando menos, a tres personas. Son mecanismos legales y cuando estas, debidamente están justificadas, son necesarios para que el gobierno pueda responder ante determinadas circunstancias. Pero si una autoridad decide no realizar una licitación pública debe explicar claramente por qué.
No queremos justificaciones hechas solamente para cumplir con un trámite: proponemos que la autoridad señale cuál es la causa legal que permite utilizar una excepción, cuáles son los hechos que la justifican y por qué, en este caso concreto, resulta adecuado utilizar un procedimiento diferente a la licitación pública.
También proponemos que esta información quede registrada en la plataforma digital de contrataciones públicas, porque la transparencia no consiste solamente en conocer cuánto costó un contrato y quién lo recibió: la sociedad debe poder conocer por qué se tomó esa decisión, por qué no hubo una licitación y cuáles fueron los elementos que llevaron a seleccionar a un determinado proveedor, porque eso es rendir cuentas.
Pero fortalecer la transparencia es solamente una parte de lo que necesitamos hacer. Debemos preguntarnos qué ocurre cuando alguien utiliza deliberadamente las reglas de contratación pública para beneficiar indebidamente a una persona o a una empresa.
Por esto, presentamos esta segunda iniciativa, que reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quienes conocen el servicio público saben que pueden existir errores humanos, omisiones, deficiencias técnicas e incluso decisiones equivocadas. La ley debe saber distinguir entre una equivocación y una conducta realizada deliberadamente para beneficiar a alguien.
Por eso, proponemos establecer con mayor claridad la responsabilidad de la persona servidora pública que deliberadamente manipule un procedimiento de contratación para favorecer a una empresa. Que utilice de manera simulada una excepción a la licitación. Que altere, oculte o utilice información falsa. Que intervenga bajo un conflicto de interés o la intención de favorecer indebidamente a alguien o que se ponga de acuerdo con particulares para alterar la competencia.
Porque si una persona utiliza deliberadamente las facultades que le dio el Estado para generar un beneficio indebido, ya no estamos hablando simplemente de un error administrativo. Estamos hablando de un abuso de la responsabilidad pública y debe haber consecuencias.
Por eso, también proponemos que al momento de determinar una sanción, se valore la gravedad de la conducta, porque las sanciones deben ser proporcionales, pero también deben ser efectivas. Violar la ley no puede resultar más conveniente que cumplirla.
Por otra parte, en las contrataciones públicas no participan solamente servidores públicos, también participan empresas, proveedores y contratistas y debemos proteger a quienes hacen las cosas bien, a las empresas que cumplen con la ley, que generan empleos, que presentan propuestas serias y que quieren competir en igual de condiciones.
Porque cuando una contratación está arreglada desde antes, no solamente pierde el gobierno, también pierde la empresa que cumplió las reglas y que nunca tuvo una oportunidad real de competir y al final pierde México.
Compañeras y compañeros, estas iniciativas no crean nuevas instituciones, no crean más burocracia, buscan que las reglas que ya existen funcionen mejor, que cuando una autoridad decida no realizar una licitación explique por qué, que cuando entregue directamente un contrato justifique su decisión, que cuando seleccione a una empresa existan elementos que permitan revisar esa elección y que cuando alguien manipule deliberadamente una contratación para producir un beneficio indebido responda por sus actos.
Porque en Acción Nacional sabemos que gobernar significa tomar decisiones, pero también rendir cuentas. Por ello, sabemos que ejercer el poder implica aceptar límites y que administrar recursos públicos exige una responsabilidad todavía mayor.
Pero este principio debe ir más allá de cualquier partido porque el dinero público no tiene partido, es dinero de las mexicanas y de los mexicanos. México necesita gobiernos capaces de tomar decisiones y resolver problemas, pero también gobiernos capaces de explicar esas decisiones.
Porque cada peso que se pierde por corrupción es un peso que deja de utilizarse para atender una necesidad de las y los mexicanos. Por eso tenemos la obligación de cuidar cada contrato, cada decisión y cada peso. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Infraestructura para dictamen. La segunda iniciativa túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Se entiende por gestación subrogada como aquel contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre o madre del bebé nacido de dicho embarazo.
Para llevar a cabo el procedimiento se recurre a diversas técnicas de reproducción asistida, las cuales constituyen herramientas de la medicina reproductiva que han permitido a numerosas personas y parejas ejercer su derecho a formar una familia y tener una descendencia biológica.
Estos procedimientos adquieren especial relevancia para quienes, por circunstancias médicas o reproductivas, como la infertilidad, la imposibilidad de llevar a término un embarazo, determinadas condiciones de salud o la ausencia de capacidad gestacional, enfrentan dificultades para concebir o gestar un hijo de manera natural. El desarrollo de estas técnicas ha generado nuevas posibilidades para la reproducción humana y al mismo tiempo ha planteado importantes retos jurídicos, médicos, éticos y sociales.
La posibilidad de que una mujer lleve a cabo la gestación de una niña o niño para otra persona o pareja hace necesario establecer reglas claras que otorguen certeza jurídica a todas las personas que intervienen en el procedimiento, particularmente a la mujer gestante y a la niña o niño que nazca como resultado de esto.
En el caso de nuestro país, de acuerdo con datos del informe –Gestión– Gestación subrogada en México: resultados de una mala regulación, esta práctica únicamente ha sido regulada para ser permitida en dos entidades federativas, lo que deja en evidencia la ausencia de un marco jurídico homogéneo en la materia.
En este orden de ideas, el pasado 3 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio obligatorio en el que determinó que ante la falta de regulación específica entorno a la maternidad subrogada no debiera impedir que las autoridades resuelvan los asuntos que se les presenten, al contrario, será necesario que se adopte una solución, la cual garantice los derechos de las personas involucradas en un acuerdo de gestación sustituta.
El tribunal pleno reconoció la necesidad de establecer salvaguardas que permitan proteger los derechos de todas las personas que intervienen en un procedimiento de gestación subrogada, particularmente ante la ausencia de una regulación suficiente y uniforme.
La Corte precisó que la función de la autoridad jurisdiccional, cuando no exista controversia ante las partes, consiste en supervisar la legalidad del acuerdo, acompañar su cumplimiento y procurar una atención integral a la mujer o persona gestante. Esta intervención debe servir además para prevenir posibles actos de violencia de género o reproductiva y garantizar que, una vez ocurrido el nacimiento, pueda reconocerse debidamente el vínculo jurídico entre el recién nacido y quienes manifestaron su voluntad de ser sus padres.
Uno de los aspectos centrales de este criterio es la protección del consentimiento, la Suprema Corte ha establecido que la autoridad debe cerciorarse de que todas las partes involucradas hayan expresado su voluntad de manera libre, previa e informada, sin engaño, presión o cualquier otra forma de coerción.
Los criterios desarrollados por la Suprema Corte evidencian por tanto que la regulación de la gestación subrogada no puede reducirse al reconocimiento de un acuerdo entre particulares, se requiere de un marco jurídico que establezca condiciones mínimas para su realización, mecanismos efectivos de supervisión y garantías que permitan conciliar la voluntad procreacional de quienes buscan formar una familia con la protección de la dignidad, la autonomía y la salud de la persona gestante, así como el interés superior de las niñas y niños nacidos mediante estas técnicas.
En este orden de ideas, la iniciativa que hoy presento propone reformar la Ley General de Salud, con el propósito de modernizar el marco jurídico actual, pero, sobre todo, reconocer una realidad que actualmente se presenta en nuestro país y que requiere una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Es claro que la ausencia de reglas claras no impide que estos procedimientos se lleven a cabo. Por el contrario, puede propiciar condiciones de incertidumbre jurídica y prácticas que pongan en riesgo los derechos de las personas involucradas.
Por ello, la reforma busca establecer bases mínimas que brinden mayor certeza jurídica, prevengan posibles abusos y garanticen la protección de la dignidad, la autonomía y la salud de la persona gestante, los derechos de quienes manifiestan su voluntad de asumir la maternidad o paternidad y de manera primordial el interés superior de las niñas y niños nacidos mediante estas técnicas de reproducción asistida. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de generar condiciones para garantizar la cobertura del seguro y primas de reaseguro para la gestión de riesgos en el sector rural. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso de la Presidencia, con el permiso del pueblo de México. Que coman primero los que nos dan de comer. Qué bonita frase, qué chulada fuera, pero los campesinos, los ejidatarios, los productores principalmente en Sinaloa dicen que ni para comer les queda y es cierto, es cierto.
El año pasado, el año pasado el clima a más de 40 grados, los productores de maíz, entre ellos un servidor, ejidatario del ejido de la Cofradía Navolato, padecimos en cuestión del tonelaje en la producción bajó a algunos hasta más del 50 y el 60 % por la cuestión del clima. Una pérdida total que nadie volteó a verlos, y hoy agradecer públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira por todo el país, en Sinaloa dejó algo bueno que es el pago entre ellos, pagos atrasados principalmente el del maíz.
Yo vengo del surco, soy hijo de ejidatario, soy producto de la parcela y hoy queremos no nada más a los que tienen el agua rodada, sino los temporaleros también que los afecta el clima y los afecta totalmente porque ellos sí, si se aloca el clima, si se aloca completamente y se enloquece el surco se seca o se inunda y la cosecha se vuelve incierta para quien trabaja la tierra y esta es la voz del campo.
Y ahí los temporaleros que son los ejidatarios, los comuneros, ellos sí, porque en una ocasión y lo dije aquí en la tribuna, le pregunté a uno de ellos, en Mocorito que si cuánto había ganado, que sí cómo le había ido, y me dijo, a mí ahora me fue muy bien, sí, ¿qué sembraste? ¿Cuánto te la pagaron? No, dice por eso, porque no sembré, por eso me fue bien. Que, si hubiera sembrado me hubiera ido mal.
Entonces, la petición, compañeros, diputados, diputadas, es que este cambio climático, cambiante en una realidad, y ahí está, ahorita en la Comisión de Agricultura acabamos de aprobar un punto de acuerdo por la problemática que hay en Guerrero, no nada más en Guerrero, todo el país y ahorita la cuestión de los ciclones también está afectando. Por una o por otra cosa, ese cambio climático está dando al traste la cuestión de las cosechas. Por eso les pedimos que hay que sembrar con fe, pero también hay que ayudar.
El seguro catastrófico desde el 20 se retiró, y hoy quien pierde, pierde todo, y exclusivamente nada más es hacia su bolsa la que sale perdiendo en ese ciclo productivo que ya no es normal, está alterado totalmente, y no nada más la siembra, no nada más las cosechas, no nada más la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, etcétera, están siendo afectadas por el clima. Por eso todas estas actividades del sector rural requieren de alternativas que garanticen la sustentabilidad y sostenibilidad de ellas mismas. Así también, la rentabilidad para los productores. De lo contrario, la infraestructura productiva y la seguridad alimentaria estarían en riesgo.
Estas actividades rurales, compañeros, registran anualmente pérdidas millonarias que han descapitalizado totalmente a miles y miles de productores. Hoy, más que nunca, hacen falta todas estas medidas preventivas. Les pedimos pues que de suerte tal, que estos subsidios a la prima de aseguramiento para productores surjan de nueva cuenta.
Es muy necesaria la instrumentación de seguros como una de otras tantas medidas de protección para los sistemas productivos en el campo. Sean los seguros para la gestión de riesgos un instrumento efectivo para ellos, cuya aplicación sea oportuna y brinde a las actividades productivas rurales mecanismos de respuesta y pronta incorporación.
Esta iniciativa tiene ese propósito, crear el seguro para la gestión de riesgos en el sector rural. Generar así condiciones para garantizar la cobertura del seguro y primas de reaseguro, para garantizar así coberturas de protección a las actividades productivas del campo.
La tierra está sufriendo, los calendarios de siembra ya no son los que antes y el campo brama por un clima que perdimos. Es una reflexión popular y decirles compañeros que uno de los poemas que dice sembrando, dice que hay que luchar por los que no luchan, pero también hay que gritarles a los que no escuchan y hay que seguir sembrando y siempre sembrando. Ánimo, unidad nacional, todo el poder al pueblo y a sacarnos un 10 por el campo de México.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en materia de aumentar el aprovechamiento del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Esta Presidencia de la Mesa Directiva le da la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador de los Emiratos Árabes Unidos en México, el señor Salem Rashed Alowais. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados y que esta visita sea el inicio de una buena relación diplomática de nuestras dos hermanas naciones. Adelante, diputado.
El diputado Emilio Lara Calderón: Con el permiso de la Mesa Directiva. Quizás el tema más sensible para las familias campechanas en la actualidad sea la difícil situación económica que atraviesa el estado de Campeche, debido al alza de los productos básicos, adeudos a proveedores de Pemex, una combinación de circunstancias que hoy tienen inmerso a nuestro estado en una severa crisis económica.
Por eso, la presente propuesta lo que busca es contribuir a mejorar esa realidad que atraviesan actualmente las familias campechanas. Por compartirles un dato, este año la economía de Campeche se redujo aproximadamente un 5.2 %, siendo el sector de las actividades terciarias y secundarias los más vulnerables.
Actualmente, más del 35 % de las familias campechanas no alcanza a cubrir la canasta básica con sus ingresos. Esto nos motiva y urge a tomar medidas que contribuyan en esa situación.
Por eso, reformar esta ley va a permitir que aproximadamente, de los 700 millones de pesos que recibe actualmente el estado de Campeche por el fondo de hidrocarburos, flexibilizar las reglas de operación para que contribuyan a diversificar las actividades económica y también incrementar el monto que de este fondo se destina a los municipios.
Esta es una de tres iniciativas que estamos presentando para mejorar la realidad económica que vive nuestro estado. Hay mucho por hacer, es un momento complicado. Hay que decir que este año se redujo la economía aproximadamente un 5.3 %. Pero en el anterior fue más del 13 % y llevamos muchos años con una inercia negativa. Las familias lo están sufriendo, demandan programas, proyectos y tenemos que contribuir. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de la Guardia Nacional, en materia de robo al autotransporte federal en caminos, puentes y autopistas de jurisdicción federal.
Esta Presidencia saluda a integrantes de la sociedad de alumnos, Centro Águila de Estudios Mexicanos, invitados por el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos. Sean todas y todos bienvenidos a este salón de sesiones. Adelante diputado Cuanalo.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo: Buenas tardes compañeras y compañeros. Ante esta Honorable Cámara de Diputados vengo a presentar una iniciativa relacionada con el robo de autotransporte federal en caminos y puentes y autopistas federales de México.
Es del conocimiento público que este grave delito afecta a nuestro país, no solamente en muchas ciudades, en muchísimas vías, sobre todo federales, con el robo de autotransporte, afectando a personas, a familias, a transportistas, a choferes, acompañantes, no solamente de transporte público y de carga, también vehículos particulares en nuestro país.
Se afecta con esto la economía y el patrimonio de las familias de México, y también el sector económico nacional, porque se cortan cadenas de suministro, el flujo de mercancías, materiales y de productos. No solamente por el robo directo de estas cosas, sino también porque se inhibe la inversión, la permanencia y la interacción entre mercados y la creación de industrias o la permanencia y desarrollo de industrias.
También se afecta el turismo, por supuesto. Con esto, sin duda, se afecta también los empleos y, por lo tanto, la economía de las familias de México. Pero, sobre todo, la seguridad y la vida de seres humanos.
La iniciativa parte de que no se trata únicamente de un delito patrimonial, porque con frecuencia se cometen estos delitos con violencia mediante grupos organizados y en rutas donde existe una incidencia reiterada.
De acuerdo con cifras oficiales, si bien se han reducido considerablemente las denuncias de este delito, que pasaron en el 2018 de más de 13 mil, a poco más de 6 mil 200 en el 2025, aun así, estas cifras siguen siendo preocupantes, sumadas a las denuncias que no se hacen.
Esta reducción no significa que el problema esté resuelto, sino que se debe fortalecer la respuesta institucional y normativa.
Según el sector asegurador y de asociaciones de transportes, se estima que para el 2025 hubo más de 16 mil eventos de robos, de los cuales el 68 % se cometió con violencia, con pérdidas superiores a más de 7 mil millones de pesos y 9 mil 242 unidades robadas, además de asalto y robo a vehículos particulares, de los cuales muchísimos no se denuncian. Hay corredores en el país donde la incidencia de estos delitos es mayor.
¿Qué problema jurídico busco corregir con esta iniciativa, compañeras y compañeros? Actualmente, el artículo 376 Ter del Código Penal Federal sanciona el robo de mercancía de autotransporte con una pena menor que otros delitos relacionados con este tema.
Hay una asimetría entre el robo de la carga, el robo del vehículo automotor y el asalto en vías generales de comunicación. Este artículo prevé de 6 a 12 años de prisión por robo de mercancía y de 7 a 15 años por robo de vehículo, y el artículo 286 donde se pueden alcanzar de 10 a 30 años cuando hay violencia contra los ocupantes en vías generales de comunicación.
Respetuosamente hago esta propuesta ante esta honorable Cámara de Diputados para hacer frente a este flagelo, para prevenir la incidencia de este delito en el país.
Primera propuesta: aumentar las penas. Aumentarlas de 12 a 20 años de prisión y mil a 2 mil días de multa cuando se trate únicamente de equipaje o de valores a turistas o pasajeros. Y se propone que pase de 2 a 7 años a 5 a 10 años de prisión, además de las multas correspondientes cuando se trate en estos casos.
También propongo incorporar agravantes específicas: que las penas aumenten en mitad cuando el delito se cometa con circunstancias que incrementen su gravedad, como la violencia física o moral, el uso de arma de fuego, la participación de dos o más personas, la privación de la libertad de los operadores, acompañantes o pasajeros, el uso indebido de inhibidores o dispositivos para bloquear señales de geolocalización.
También con respecto a las mercancías, propongo penas especialmente sensibles. Y cuando haya participación de servidores públicos o de personal relacionado con la víctima, se establece una agravante, por ejemplo, cuando participe una persona servidora pública que preste o haya prestado servicios de seguridad privada, custodia, transporte o logística en favor de la víctima. En el caso de servidores públicos, también se prevé destitución e inhabilitación, además de las penas que se proponen.
También que se castigue el uso de información privilegiada durante... además de muchas otras sanciones que buscan que sea mucho más severo el castigo para las personas que afectan la integridad, la seguridad, de quienes circulan en carreteras, ya sea en vehículos particulares, en vehículos de autotransportes, en vehículos turísticos o de pasajeros o de transporte de carga. Es cuanto, compañeras y compañeros. Trabajemos juntos y juntas por la seguridad de México. Muchas gracias. Dios les bendiga.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Ciudadana, para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra el diputado Venustiano Caamal Cocom, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, en materia de regulación del uso de dispositivos electrónicos personales en educación básica.
El diputado Venustiano Caamal Cocom: Con el permiso de la Presidencia. Voy a empezar hablando en maya, en mi lengua natal, por el enorme aprecio a las comunidades indígenas que me vieron nacer. (Habla en maya).
Saludo con mucho aprecio al pueblo de México y a todos mis compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que toca el corazón del futuro de nuestra nación: la protección del entorno de aprendizaje, el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes con la convicción profunda de que el presente y el futuro de nuestra patria se decide en las aulas.
Hoy presentamos una iniciativa fundamental para la educación básica en México, la adición del artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, con el propósito de regular el uso de dispositivos electrónicos personales en los planteles escolares.
La urgencia de proteger a la niñez es con la creciente presencia de teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos, han generado desafíos sin precedentes para los sistemas educativos de todo México y de todo el mundo.
La educación básica constituye una etapa fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez. Sin embargo, diversos estudios confirman que el uso constante de dispositivos móviles dentro del aula se asocia directamente con la disminución de la atención, afectaciones al rendimiento académico, incremento de conductas de distracción, dependencia tecnológica, alteraciones del sueño, problemas de la convivencia escolar, así como fenómenos como el ciberacoso y violencia digital.
En consecuencia, resulta necesario establecer condiciones que favorezcan ambientes escolares seguros, libres de distracciones y orientados prioritariamente al aprendizaje y convivencia y el desarrollo integral del alumnado.
Organismos internacionales como la UNESCO han advertido que la sola presencia de teléfonos inteligentes en el salón, de las clases, afecta los procesos de concentración y aprendizaje, incluso, sin ser utilizados activamente.
Recomendado en Estados regular su utilización. Ante esta realidad, naciones como Francia, Italia, Países Bajos y diversas provincias de Canadá y Australia, ya han implementado restricciones con resultados extraordinarios, en disciplina e interacción social, México no puede ni debe quedarse atrás.
Esta iniciativa no pretende limitar el acceso a las tecnologías de la información ni obstaculizar la innovación educativa, por el contrario, busca trazar una línea muy clara entre el uso pedagógico de herramientas tecnológicas debidamente autorizadas e instrumentadas por las instituciones educativas y el uso irrestricto de dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar ordinaria.
La evidencia científica respalda esa definición, esa distinción. Investigaciones de la OCDE demuestran que los estudiantes que se distraen con dispositivos registran menor rendimiento en lectura, matemáticas, ciencia y que los ambientes distractores benefician especialmente a las y a los alumnos con mayores rezagos.
La neurociencia y la Asociación Americana de Psicología advierte que la multitarea digital fragmenta la atención sostenida, deteriora la memoria de trabajo y obstaculiza la toma de decisiones en cerebros infantiles y adolescentes en pleno desarrollo.
La Organización Mundial de la Educación, la Salud y la Unicef, han alertado sobre graves vínculos entre el uso prolongado de pantallas, los problemas de sueño, la ansiedad, la depresión y la exposición a contenidos nocivos y discursos de odio.
La permanencia de dispositivos en las escuelas facilita la difusión no autorizada de imágenes, el hostigamiento, la grabación sin consentimiento y la exclusión sistemática. Limita su uso en una medida preventiva indispensable para garantizar entornos escolares seguros.
Esta propuesta se encuentra firmemente en nuestra Carta Magna, en el artículo tres constitucional, que consagra el derecho a la educación y facultad del Estado para organizar el sistema educativo nacional. En el artículo cuatro, que tutela el interés superior a la niñez.
El artículo sexto, cuyo derecho al acceso a las tecnologías no es absoluto y debe armonizarse con la protección integral de los menores. Y el artículo 73, fracción XV, que faculta este Congreso de la Unión para legislar en materia educativa.
Compañeras y compañeros legisladores, proteger la atención, la salud mental, la convivencia y la seguridad de nuestras hijas e hijos es una responsabilidad del Estado. Confiamos en el talento de nuestras maestras y maestros, devolvamos a las aulas la magia de concentración profunda y compañerismo humano. Por el presente y el futuro, la niñez de México. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Liliana Ortiz Pérez, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas. La primera con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en materia de ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes.
Y la segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia digital y acceso a menores de 16 años, suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Liliana Ortiz Pérez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Liliana Ortiz Pérez: El gobierno federal anunció que a partir del 3 de noviembre se restringirá el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias del país. Es una medida que puede contribuir a mejorar la atención y la convivencia dentro de las aulas, pero, no confundamos, restringir un dispositivo con resolver el problema de fondo.
Guardar el celular durante seis horas no hace desaparecer los riesgos que nuestras niñas, niños y adolescentes están expuestos durante el resto del día, porque la violencia digital no empieza ni termina en la escuela y sus derechos tampoco. Su derecho a la intimidad, a la seguridad, a la dignidad y a una vida libre de violencia debe estar protegido dentro y fuera de internet, porque queremos que la tecnología sea una herramienta para abrirles el mundo y nunca una puerta que la violencia llegue hasta ellos.
Hoy una parte importante de la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes ocurre detrás de una pantalla, ahí estudian, juegan, conversan, hacen amigos y descubren el mundo, pero detrás de esa misma pantalla también pueden encontrarse a alguien que los acose, los engañe, les pida una fotografía íntima, suplante su identidad, los extorsione o incluso intente reclutarlos para cometer un delito.
En México, 74 % de las niñas, niños utilizan alguna red social y estos espacios en los que conviven todos los días también son espacios de riesgo. Las redes sociales representan el principal entorno de riesgo para los jóvenes usuarios con 64 % y los videojuegos en línea alcanzan ya el 50 %.
Más preocupante aún, entre las familias que reportaron experiencias negativas de sus hijos con terceros en internet, 57 % señaló que habían sufrido acoso por parte de otros menores y también se registró un incremento en las solicitudes de fotografías íntimas. Detrás de estos porcentajes hay niños, hay niñas, hay adolescentes reales. No estamos hablando de riesgos imaginarios.
En enero de este año 2 hermanas de apenas 10 y 16 años fueron engañadas por un adulto a través del videojuego Roblox, las convenció de salir de su casa en el estado de México y trasladarse a la Ciudad de México, afortunadamente fueron localizadas. Sin embargo, no todas nuestras niñas, niños y adolescentes corren con la misma suerte, pero pensemos lo que esto significa: una persona adulta pudo entrar a su espacio de juego, ganar su confianza y llevar el riesgo del mundo digital al mundo real. Eso es justamente lo que debemos entender. La violencia digital no se queda en una pantalla.
Por eso, desde el PAN presentamos ante esta soberanía dos iniciativas complementarias para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La primera iniciativa busca prevenir y proteger. En ella se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente para fortalecer la protección de las personas menores de 16 años frente a los riesgos de Internet, redes sociales y otras tecnologías.
Para ello se plantean cuatro acciones concretas. Primero, reconocer la violencia digital como una forma de violencia que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender y sancionar. Segundo, establecer regulaciones para actuar frente a contenidos que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, con especial atención a menores de 16 años. Tercero, garantizar condiciones para un uso seguro de Internet. Y, cuarto, establecer para menores de 16 años la autorización y supervisión de madres, padres o tutores respecto del acceso y uso de estas tecnologías.
La segunda iniciativa busca darle herramientas al Estado para actuar reformando la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.
Aquí el objetivo es muy concreto: fortalecer la capacidad institucional del Estado para detectar, prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los riesgos y delitos digitales contra nuestra infancia y adolescencia.
Proponemos que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones no solamente promueva el uso seguro del Internet, priorizando la dignidad, la seguridad y la privacidad de niñas, niños y adolescentes, que los concesionarios puedan bloquear contenidos, aplicaciones o servicios cuando lo solicite una autoridad competente, bajo reglas que impidan bloqueos arbitrarios y que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia incorpore expresamente el interés superior de la niñez y utilice sus capacidades tecnológicas y de inteligencia para prevenir e investigar las diferentes formas de violencia digital que amenazan a nuestras niñas, niños y adolescentes.
Así, ambas iniciativas construyen una misma ruta: familias que acompañan, autoridades que previenen, instituciones que investigan y un Estado que protege. Mi reconocimiento a la sociedad civil y muy especial a Mercedes y Maite Llamas de Restart, por aportar conocimiento y experiencia; así como al Movimiento no es Momento, por permitir que su servidora sea portavoz de esta urgencia nacional.
Compañeras y compañeros, no podemos regresar a nuestras niñas, niños y adolescentes a un mundo sin Internet ni queremos hacerlo, lo que sí podemos hacer es construir juntos y juntas un entorno en el que puedan aprender a comunicarse y crecer sin riesgos digitales.
Asimismo, me permito presentar ante ustedes una tercera iniciativa. La salud es uno de los ejes que el gobierno federal ha descuidado, hoy las y los mexicanos ya no solo demandamos un derecho, por el contrario, exigimos un trato digno. Ya no basta con que un paciente tenga acceso a una consulta o reciba un medicamento.
Ahora, el verdadero reto es lograr que el tratamiento continúe y produzca resultados, por ejemplo, en 2024, ocho de cada diez, si escucharon bien, ocho de cada diez defunciones correspondieron a enfermedades no transmisibles, entre ellas las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer.
Por eso presento esta iniciativa para crear el Programa Nacional de Adherencia al Tratamiento como una política permanente del Sistema Nacional de Salud. ¿En qué consiste? En que las instituciones públicas no solamente prescriban un tratamiento, sino que acompañen al paciente para que puedan cumplirlo y darle continuidad con seguimiento médico y farmacoterapéutico, educación al paciente y su familia, recordatorios, identificación temprana del abandono y herramientas digitales de monitoreo.
Esta propuesta beneficia especialmente a quienes viven con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad renal, VIH, trastornos mentales y otros padecimientos que requieren atención continua. México necesita un sistema de salud que no solamente atienda a la enfermedad cuando se agrava, sino que acompaña al paciente para evitar complicaciones y hospitalizaciones prevenibles.
Adherencia al tratamiento significa más continuidad, mejores resultados y un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a la salud, porque cuidar la salud también significa no dejar solo al paciente después de una consulta. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. La diputada también presentó con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del Programa Nacional de Adherencia al Tratamiento en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Ciudadana para dictamen. La segunda iniciativa, túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen. Y la tercera iniciativa, túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XV del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural, en materia de fomento a plantaciones sustentables de cultivos estratégicos con especial atención al agave.
La diputada Lucero Higareda Segura: Buenas tardes. Con la venia de la presidenta y del pueblo de México.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Lucero Higareda Segura: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, hoy vengo a esta tribuna a hablar de algo que no puede esperar: el futuro del campo mexicano. Detrás de cada plantación de agave hay años de esfuerzo, una inversión y la esperanza de salir adelante.
En Guanajuato conocemos esta realidad. En el distrito que represento, en municipios como Pénjamo, el agave forma parte de nuestra identidad, de nuestra economía y del patrimonio de muchas familias. Esta actividad lleva el nombre de México al mundo, su crecimiento exige responsabilidad y una política pública que acompañe a quienes lo producen, que proteja nuestros recursos naturales y permite que sus beneficios lleguen a las comunidades.
Por ello, presento la iniciativa que reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XV del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Sustentable, en materia de fomento a plantaciones sustentables de cultivo estratégicos, con especial atención al agave. Su propósito es incorporar expresamente en las acciones de fomento rural la planeación de las plantaciones, la sanidad vegetal y la trazabilidad agroambiental. Es decir, conocer el origen del cultivo y las condiciones en que se produce.
¿Qué buscamos con esta reforma? Dar una base legal más clara para orientar programas, asistencia técnica y capacitación hacia una producción ordenada y sustentable. Contribuir a prevenir pérdidas por plagas y enfermedades, cuidar los suelos y fortalecer la certeza de las personas productoras.
Queremos que los pequeños y medianos productores, los ejidos y las comunidades cuenten con acompañamiento para enfrentar estos desafíos. Quien dedica años a una cosecha merece una política pública que también piense a largo plazo.
Esta propuesta forma parte de una agenda de 11 iniciativas que he elaborado en torno al agave. En conjunto, atienden el desarrollo rural, la sanidad vegetal, el ordenamiento del territorio, la protección de los bosques y la certeza sobre el origen de la materia prima.
Porque una actividad de esta importancia requiere coordinación entre autoridades y una visión que atienda sus distintas necesidades. El objetivo es actuar a tiempo, prevenir los problemas y dar herramientas a las familias productoras antes de que su patrimonio esté en riesgo. Desde Morena tenemos una convicción; el bienestar debe llegar a todas las comunidades rurales.
El desarrollo del sector debe traducirse en oportunidades para quienes trabajan la tierra y sostienen esta actividad con sus propias manos. Por eso, hoy refrendo mi compromiso con las familias agaveras de Guanajuato y de México.
Les invito a acompañar esta iniciativa y a construir un campo con mayor respaldo, certeza y futuro. Defender el campo es defender a nuestras familias. Respaldar a sus productores es fortalecer nuestra economía. Y, proteger nuestra tierra es cuidar el futuro de México. Qué viva el campo mexicano. Qué vivan sus productoras y productores y que desde esta legislatura sigamos legislando con hechos para que el campo tenga presente pero que también tenga un futuro. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Mayra Dolores Palomar González, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas: la primera con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de discapacidad psicosocial.
Y la segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 6o. Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de consulta y participación.
La diputada Mayra Dolores Palomar González: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Mayra Dolores Palomar González: Compañeras y compañeros legisladores, hay iniciativas que nacen de una necesidad jurídica y hay otras que además nos recuerdan profundamente para quién legislamos y por qué estamos aquí.
Las dos iniciativas que hoy presento tienen ese sentido. Como Integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para mí es un honor presentar estas propuestas, lo hago con responsabilidad, pero también con mucho cariño y con una convicción profunda.
La inclusión no puede quedarse solamente en el discurso, tiene que convertirse en derechos que puedan ejercerse todos los días. Durante muchos años las personas con discapacidad fueron vistas desde una perspectiva en la que otros decidían por ellas: las instituciones, los especialistas, incluso sus propias familias.
Hoy, en el paradigma de los derechos humanos nos exige algo distinto, reconocer su autonomía, escuchar su voz y garantizar su participación. Por eso presento dos iniciativas que se complementan.
La primera propone incorporar expresamente en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el concepto de discapacidad psicosocial. ¿Por qué es importante? Porque no todas las discapacidades son visibles. Existen personas que enfrentan barreras sociales, culturales, comunitarias, actitudinales o institucionales relacionadas con una condición psicosocial, y que muchas veces, además de enfrentar esas barreras, tienen que enfrentar prejuicios y estigma.
Y quiero decirlo con mucha claridad, una persona no puede ser definida por un diagnóstico. un diagnóstico no puede convertirse automáticamente en una razón para eliminar derechos, sustituir decisiones o ignorar la voluntad de una persona.
Lo que proponemos es reconocer en nuestra legislación que la discapacidad psicosocial surge de la interacción entre una condición psicosocial y las barreras del entorno, garantizando siempre el respeto a la dignidad, autonomía, la voluntad y las preferencias de cada persona.
La segunda iniciativa parte de una frase sencilla pero profundamente poderosa: Nada sobre nosotros sin nosotros. Si una ley, una política pública o una decisión gubernamental va a afectar directamente la vida y los derechos de las personas con discapacidad, entonces ellas deben estar presentes desde un principio, no después, no cuando la decisión ya está tomada, no solamente para cumplir un requisito, desde el principio.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece precisamente la obligación de celebrar consultas estrechas, colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidas niñas y niños, a través de las organizaciones que las representen.
Por ello proponemos adicionar un artículo 6 Bis a nuestra ley general para establecer que estas consultas sean accesibles, de buena fe, en condiciones de igualdad y no discriminación, transparentes y respetuosas de la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad.
Y hay algo que para mí es fundamental: escuchar no es decidir por alguien; acompañar no es sustituir su voluntad; incluir no es hablar en nombre de las personas, es garantizar que puedan hablar por sí mismas y ser escuchadas.
Compañeras y compañeros, estas iniciativas no buscan conceder privilegios, buscan algo más elemental: igualdad, dignidad y participación. Porque una sociedad verdaderamente incluyente no es aquella que solamente abre espacios para las personas con discapacidad, es aquella que construye esos espacios junto con ellas.
Hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia una legislación que reconozca también aquellas discapacidades que muchas veces no se ven, y dejar establecido con claridad que ninguna decisión que afecte directamente los derechos de las personas con discapacidad deba construirse sin su voz. Presento estas iniciativas con profundo respeto y con mucho cariño a las personas de este sector de la sociedad y para sus familias.
Y también con la responsabilidad que significa para mí formar parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, porque cuando legislamos para eliminar barreras, cuando reconocemos una realidad que durante años permaneció invisible y cuando hacemos que una voz pueda ser escuchada, también estamos haciendo que los derechos lleguen donde verdaderamente tienen que llegar: a la vida de todas las personas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnense ambas iniciativas a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22, párrafos segundo y tercero, y adiciona un párrafo al artículo 72 de la Ley General de Educación.
La diputada Sandra Beatriz González Pérez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Sandra Beatriz González Pérez: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hablar de educación es hablar del presente donde estamos construyendo el futuro de nuestro país.
Hoy subo a la tribuna no solamente como diputada federal: subo como maestra de primaria regular y de educación especial; como una mujer que durante 24 años ha conocido desde las aulas la responsabilidad, la vocación y también los desafíos que implica enseñar.
Y precisamente por eso hoy vengo a hablar de algo que quizás parezca administrativo, pero en realidad tiene profundas consecuencias educativas: el tiempo que nuestras maestras y nuestro maestros dejan de dedicar a sus estudiantes para atender una carga administrativa que se ha convertido en una carga excesiva: informes, reportes, formatos, actas, registros, capturas, comisiones y una interminable documentación que suma el trabajo cotidiano de preparar clases, evaluar, acompañar, escuchar y atender a nuestras niñas, niños y adolescentes.
Cada hora que una maestra o un maestro dedica a la burocracia es una hora que deja de estar frente a sus estudiantes. La educación sucede en el encuentro cotidiano entre una maestra, un maestro y sus estudiantes; sucede cuando un docente detecta que una niña tiene dificultades para aprender y decide acompañarla de manera diferente; sucede cuando un docente logra despertar en el niño el gusto por leer; sucede cuando una maestra escucha a un adolescente que necesita ser orientado; sucede cuando frente a un grupo se construyen conocimientos, confianza y esperanza por alcanzar algún sueño.
Por lo anterior, deben llevarse a cabo acciones firmes y contundentes que fortalezcan desde el marco normativo esos ejercicios que pretenden mejorar la pertinencia de la educación. La educación que reciben nuestras niñas, niños y adolescentes.
La presente iniciativa propone reformar el artículo 22 y adicionar un párrafo al 72 de la Ley General de Educación para establecer con mayor claridad que la actividad docente frente a grupo debe ser prioritaria frente a las labores administrativas.
No estamos planteando eliminar aquello que sea necesario para el funcionamiento de las escuelas. Estamos planteando algo mucho más sencillo y al mismo tiempo profundo e importante, que la administración esté al servicio de la educación y no que la educación termine al servicio de la administración.
Reconozco que la Secretaría de Educación Pública ha anunciado acciones para reducir la carga administrativa a partir del presente ciclo escolar 2026-2027, pero considero que una transformación de esta naturaleza no puede depender únicamente de decisiones administrativas. Debe también tener un respaldo firme en la ley, porque las maestras y los maestros necesitan certeza, necesitan saber que el Estado reconoce que su función principal es enseñar, necesitan recuperar algo que es invaluable, el tiempo para hacer que las cosas sucedan, es decir, que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta iniciativa también tiene un propósito fundamental, poner en el centro a nuestras niñas, niños y adolescentes, porque cuando un docente tiene más tiempo para preparar su clase, enseñar, evaluar y acompañar fortalece el aprendizaje. Cuando un docente puede concentrarse en sus estudiantes, fortalecemos la escuela. Y cuando fortalecemos a nuestras maestras y a nuestros maestros, fortalecemos la educación pública.
La propuesta contempla, además, que la Secretaría de Educación Pública ajuste progresivamente las cargas administrativas durante los dos ciclos escolares posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Hoy quiero decirlo con toda claridad, esta iniciativa no es en contra de la administración, es a favor de la educación. No es contra las instituciones, es a favor de quienes todos los días hacen posible que las instituciones educativas funcionen. Es una iniciativa por las maestras y los maestros y, sobre todo, por nuestras niñas, niños y adolescentes.
Como maestra, sé que detrás de cada documento hay una responsabilidad, pero también sé que detrás de cada niña o cada niño hay una historia, una familia, un talento, un futuro.
Por eso, desde esta Cámara quiero que hagamos una apuesta clara, menos burocracia y más pedagogía, menos formatos y más acompañamiento, menos tiempo frente a pantallas administrativas y más tiempo frente a nuestros estudiantes. Porque si queremos mejorar la educación, tenemos que empezar por confiar en quienes todos los días están frente a un grupo.
Hoy hablo como diputada, sobre todo, hablo como maestra. Y desde esa convicción seguiré trabajando para que la política educativa vuelva a su punto de partida, el aula, las maestras, los maestros y el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a recibir una educación pertinente e inclusiva. Por eso, que cada voz cuente. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen. Tiene la palabra la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan... sonido a la curul de la diputada, por favor. De la diputada Leticia, si son tan amables.
La diputada Leticia Farfán Vázquez (desde la curul): Con tu venia, presidenta, gracias. Nada más pedirle a la diputada Sandra González, suscribirme a su iniciativa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: ¿Lo acepta, diputada? Adelante. Gracias, diputada.
La diputada Leticia Farfán Vázquez (desde la curul): Gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Y todos los demás diputados y diputadas que desean integrarse a la iniciativa de la diputada, se encuentra en la mesa a disposición para firma.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada en materia de seguridad digital, resiliencia cibernética y protección en eventos masivos.
La diputada Marcela Michel López: Muchas gracias. Buenas tardes, saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, así como a los invitados en este recinto y al pueblo que nos observa a través del Canal del Congreso. Gracias a todas y a todos por acompañarnos.
¿Cuántas veces a través de los medios de comunicación nos hemos enterado de lamentables casos de abusos de la fuerza por parte de elementos de seguridad privada? Cuántas veces nos hemos enterado de eventos masivos de entretenimiento en los que la seguridad privada brinda un mal servicio o no está capacitada para sobrellevar el evento o que por falta de protocolos efectivos aquello termina en graves incidentes de riesgo para las y los asistentes, llegando, incluso, a presentarse lamentables tragedias.
Son muchos los casos que se han dado en este contexto y el común denominador en todos ellos es el mismo, la falta de capacitación, de protocolos de actualización estandarizados para atender situaciones de riesgo o emergencia que se suelen presentar en esta actividad tan compleja.
La seguridad pública es hoy por hoy uno de los retos centrales que atiende arduamente el segundo piso de la cuarta transformación, mediante la Estrategia Nacional de Seguridad, que está dando resultados históricos gracias a sus cuatro ejes: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación interinstitucional.
Nunca antes, como en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se habían obtenido resultados tan alentadores en seguridad pública, disminución histórica de homicidios dolosos, baja récord en delitos de alto impacto, captura de objetivos delincuenciales prioritarios e incautaciones de armas y drogas prácticamente todos los días. Sin duda, la seguridad es la prioridad de la cuarta transformación.
Pero la seguridad pública es complementada por la seguridad auxiliar, que brinda el sector privado y es trascendental que ambas avancen a la par mediante lineamientos y protocolos claros, que garanticen un servicio de calidad a la ciudadanía que es beneficiaria directa o indirectamente.
¿Por qué es tan importante la seguridad auxiliar que brinda el sector privado? Según estimaciones existen más de 8 mil empresas registradas a nivel nacional con 600 mil elementos activos. Sin embargo, reportes oficiales señalan que un alto porcentaje de estos servicios opera en condiciones de informalidad o con niveles insuficientes de profesionalización, lo que incrementa los riesgos para los usuarios y para la propia seguridad pública.
En este contexto, uno de los vacíos más relevantes en la ley es la insuficiente regulación en capacitación y estandarización de estas empresas de seguridad. Datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian que una proporción considerable de elementos de seguridad privada no cuenta con información o con formación homologada en derechos humanos ni en protocolos del uso de fuerza, lo que se traduce en incidentes de abuso, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.
A esto se suma la ausencia de protocolos adecuados para eventos masivos, que son atendidos por la seguridad privada, así como en el manejo de datos e información sensible que llegan a recabar este tipo de empresas. La seguridad pública avanza, pero en seguridad privada aún hay muchas áreas de oportunidad que debemos atender.
Por ello, presento ante ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto, en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, en materia de seguridad digital, resiliencia cibernética y protección en eventos masivos. ¿Específicamente qué buscamos? Atender cinco aspectos: homologar planes de capacitación que incluyan contenidos actualizados en materia de derechos humanos y protocolos de actuación previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza.
Garantizar protocolos de protección física para asistentes en eventos recreativos, culturales, deportivos o comerciales de afluencia masiva. Implementar protocolos de resiliencia cibernética para prevenir ciberataques y proteger los datos que gestionen los centros de monitoreo.
Regular de forma estricta la identidad visual y uniformes de las empresas de seguridad privada, quedando prohibido el uso de insignias o grados jerárquicos, militares y policiales para evitar confusiones. Y, cinco, garantizar sanciones efectivas y transparentes, buscando que las empresas incumplidas se incluyan en el registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada.
La seguridad no es un juego. Cada caso de abuso de la fuerza por entes privados de seguridad, cada incidente que se presenta en un concierto o evento masivo, cada violación a la ciberseguridad de una empresa que se encarga de brindar seguridad debilita la confianza del pueblo y brinda la apariencia de que no se avanza. Por eso es tan importante atender a este sector prioritario.
Confío en su respaldo para esta iniciativa, diputadas y diputados. ¿Hay algo más importante que la seguridad de nuestro pueblo? Yo considero que no. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana para dictamen.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 Ter al Código Penal Federal y reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de abandono de animales de compañía.
La diputada Petra Romero Gómez: Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Petra Romero Gómez: La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Mahatma Gandhi. Compañeras y compañeros diputados, hoy subo a esta tribuna para hablar de quienes no tienen voz para defenderse, pero sienten, padecen y dependen de nosotros. Me refiero a nuestros animales de compañía.
En México, millones de familias conviven con caninos, felinos y otros animales que forman parte de sus hogares. Nos brindan compañía, afecto y en muchos casos asistencia y apoyo emocional, pero tener un animal de compañía también implica una responsabilidad, no se trata simplemente de adquirir una mascota, se trata de asumir un compromiso durante toda su vida, garantizarles alimento, agua, atención veterinaria, protección, seguridad, alojamiento adecuado y sobre todo un trato digno.
Sin embargo, todos los días somos testigos de una realidad que no podemos seguir ignorando: el abandono de los animales de compañía. Se estima que millones de perros y gatos viven en situación de calle y que una parte importante de ellos llegó a esa condición como consecuencia del abandono de sus dueños.
Y quiero decirlo con toda claridad desde esta tribuna, abandonar a un animal no es deshacerse de una responsabilidad, es poner una vida en situación de desprotección. Un animal abandonado queda expuesto al hambre, a las enfermedades, a los accidentes, al maltrato y en muchos casos a la muerte.
Pero, además el abandono genera consecuencias que alcanzan a toda la sociedad, puede representar riesgos para la población, el estrés y la falta de alimento aumentan el riesgo de mordeduras y ataques de animales en situación de calle, producir riesgo a la salud pública y accidentes de tránsito.
Por eso, compañeras y compañeros, no podemos seguir tratando el abandono como si fuera un asunto menor, actualmente nuestro marco jurídico presenta un vacío importante, el Código Penal Federal no contempla de manera expresa el abandono de animales de compañía como delito, mientras que la regulación existente se encuentra dispersa entre las entidades federativas con diferentes definiciones, sanciones y mecanismos de protección.
Esta situación genera desigualdad normativa dependiendo de dónde ocurre el abandono las consecuencias jurídicas pueden ser distintas y frente a una problemática que afecta a todo el país necesitamos una respuesta que también tenga alcance nacional.
Por eso, presento a esta honorable asamblea iniciativa que propone adicionar el artículo 419, tercero del Código Federal y reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se plantea establecer una pena de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 50 Unidades de Medida y Actualización para quien siendo propietario, poseedor o responsable de un animal de compañía lo abandone deliberadamente y con ello lo coloque en situación de desprotección o ponga en riesgo su vida, integridad o bienestar y así como consecuencia del abandono el animal pierda la vida, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad.
Asimismo, proponemos que la Ley Federal de Sanidad Animal pueda expresamente prohibir el abandono de animales de compañía porque no estamos hablando solamente de mascotas, estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando de empatía, estamos hablando de construir un país donde la protección de la vida y el bienestar animal no dependan únicamente de la voluntad de una persona. Estamos hablando de cerrar un vacío legal y establecer una responsabilidad clara frente al abandono.
Por eso, desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a mis compañeras y compañeros legisladores para que acompañen esta propuesta. Vecinos de Olinalá, en San Pedro, municipio de Nuevo León, retiraron las tablas con clavos para evitar que los osos -que están en peligro de extinción- ingresen a sus viviendas. Felicito esta decisión humana en la toma de respeto a los osos de Olinalá.
Aprovecho esta tribuna también para felicitar a la presidenta Claudia Sheinman Pardo por la gira nacional de Honestidad y Resultados, motivo de su segundo informe de gobierno. Cuente siempre con nuestra lealtad de las diputadas y los diputados de Morena. Como obrera, empleada doméstica y campesina le digo a mi presidenta, yo llegué con usted. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen. Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política para celebrar sesión solemne en conmemoración del centenario del periódico Ovaciones. En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse de manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, secretario. Aprobado, comuníquese.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Pidieron intervención desde su curul, el diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Gracias. Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, la noche de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, no ha concluido. La oscuridad persiste. En estos 12 años hemos pasado de la aberrante verdad histórica de la etapa neoliberal a los significativos avances en el esclarecimiento de los hechos logrados por los gobiernos de la 4T. Pese a ello no hemos arribado a la claridad de un nuevo día. El paradero de los 43 es desconocido.
Rescatemos de la congeladora la iniciativa sobre el establecimiento, en nuestra Constitución, del derecho a la verdad.
Confiemos en la fuerza de la ley, así nuestro aporte será tangible y daremos un nuevo impulso a las investigaciones. La verdad es nuestro derecho. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. También solicitó la intervención, desde su curul, el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas (desde la curul): Gracias, presidenta. Hoy vengo a hablar de los jóvenes de Morelos. De jóvenes que salieron de su casa para estudiar, para convivir, para construir su futuro y que lamentablemente ya no regresaron.
En Morelos hemos visto una sucesión de hechos que no podemos normalizar. Ailyn Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Kimberly Joselyn Ramos, de 18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática; Carol Toledo, también de 18 años, estudiante de la UAEM, del municipio de Mazatepec; Michel Itzayana Fuentes, de apenas 15 años, estudiante de bachillerato; Claudia Tacoronte, de 21 años, estudiante de intercambio en nuestra universidad; y apenas este fin de semana Christian y Gael, dos jóvenes de 17 años, estudiantes de Preparatoria número 2 de la UAEM, fueron asesinados a balazos en Cuernavaca.
Siete jóvenes, siete familias, siete historias que no debieron terminar así. Y aunque cada caso tiene circunstancias distintas y corresponde a la Fiscalía determinar responsabilidades y móviles, hay algo que sí podemos afirmar: los jóvenes en Morelos no se sienten seguros. Y eso nos tiene que importar a todas y todos. Por eso quiero dirigirme respetuosamente, pero con absoluta firmeza a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. Gobernadora, hay que poner un alto, la estrategia de seguridad tiene que ser evaluada, y donde no esté dando resultados tiene que cambiar.
Porque la seguridad pública no es responsabilidad de un solo municipio o de un solo nivel de gobierno. La Constitución establece la coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, y en Morelos se han establecido mecanismos de coordinación en materia de seguridad.
Por eso hoy no se trata de repartir culpas, se trata de asumir responsabilidades. Si existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno, entonces también tiene que haber evaluación, tiene que haber resultados y consecuencias cuando las cosas no estén funcionando.
No podemos acostumbrarnos a que cada nuevo asesinato venga acompañado únicamente de un comunicado, una condolencia y la promesa de una investigación. Las familias necesitan algo mucho más importante: que sus hijos regresen seguros a casa.
Por eso presento este exhorto para que el gobierno del estado convoque a una revisión inmediata de la estrategia de seguridad y de los mecanismos de coordinación con la federación y los municipios.
Que se evalúe lo que está funcionando y que se cambie de inmediato lo que no. Que se fortalezca la prevención, la inteligencia, la vigilancia y la capacidad de reacción, y que se establezca una estrategia específica para proteger a nuestros estudiantes, particularmente en los corredores universitarios, preparatorias, rutas de transporte y en zonas de mayor riesgo.
No esperemos otro nombre, no esperemos otra fotografía, no esperemos otra familia destrozada para volver a reunirnos y decir que ahora sí vamos a hacer algo. Aylin, Kimberly, Karol, Michelle, Claudia...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas (desde la curul): Christian, Gael, sus nombres tienen que significar algo más que una estadística, tienen que obligarnos a actuar. Gobernadora, usted encabeza el gobierno del estado y forma parte fundamental de la coordinación de seguridad en el estado...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Por favor, concluya, diputado.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas (desde la curul): ...es momento de revisar, concluyo, es momento de revisar, corregir y fortalecer la estrategia. Desde aquí también hago un llamado a la federación y a los municipios. Hagamos nuestra parte sin colores, sin pretextos, sin echarnos culpa unos a otros, porque mientras los gobiernos discuten a quién le corresponde, hay familias que están enterrando a sus hijos. Y eso no lo podemos permitir. Ni un joven más. Que nuestros jóvenes puedan salir a estudiar, que puedan convivir, que puedan caminar por nuestras calles...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas (desde la curul): ... y, sobre todo, puedan regresar sanos a casa. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Les recuerdo a los diputados que, si solicitan la participación desde su curul, tienen, por favor, hasta un minuto. Por favor, respetemos el tiempo que se le asigna a cada uno. Gracias. También solicitó el diputado Juan Carlos González Bareño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, intervención desde su curul. Por favor, hasta un minuto. Muchas gracias.
El diputado Juan Carlos González Bareño (desde la curul): Gracias, presidenta. Con su permiso. Aprovecho este espacio para enviar mi solidaridad a mi estado, Baja California Sur, tras haber enfrentado el paso del huracán Polo.
Reconocer el gran trabajo de nuestras instituciones de Protección Civil, Seguridad, Comisión Federal de Electricidad, Fuerzas Armadas y de todas las mujeres y hombres que estuvieron en la primera línea protegiendo a nuestra población.
Afortunadamente, hasta este momento, se ha informado de un saldo blanco. Sin embargo, todavía debemos mantenernos atentos porque después de una emergencia viene una etapa importante: evaluar los daños, restablecer servicios y apoyar a los afectados.
Recordemos que en Baja California Sur tenemos algo que ningún huracán puede derribar: la solidaridad de nuestra gente y el profundo amor que sentimos por nuestra tierra. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputado. También solicitó intervención desde su curul el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por un minuto, por favor, diputado.
El diputado Juan Ángel Flores Bustamante (desde la curul): Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante.
El diputado Juan Ángel Flores Bustamante (desde la curul): Efectivamente es doloroso lo que ha pasado en Morelos con los jóvenes que han perdido la vida. Y aquí la responsabilidad debe ser asumida por todos los niveles de gobierno, porque le recuerdo al diputado Terrazas que cinco de estos siete homicidios han sucedido en gobiernos encabezados por panistas.
Que el artículo 115 constitucional en su fracción III establece que la policía preventiva es responsabilidad de las y los alcaldes. Que cuando yo fui alcalde asumí mi responsabilidad para darle protección a la sociedad que yo encabezaba. Y ahora, claro que sí, hay que exigir al gobierno federal, hay que exigir al gobierno estatal, pero también hay que asumir nuestra responsabilidad ante nuestra gente, ante la sociedad que nos dio el voto para gobernarnos.
Y la prevención de los delitos corresponde también a los alcaldes y a las alcaldesas. En el caso específico de Cuernavaca donde sucedieron estos hechos lamentables, el alcalde no quiso firmar el mando coordinado con la gobernadora y hoy se están asumiendo consecuencias de falta de acción coordinada como el diputado Terrazas lo está pidiendo. Llamo al diálogo, a que el presidente municipal panista de Cuernavaca se siente con la gobernadora para que firmen ese acuerdo de coordinación y salvaguarden los derechos de las y los ciudadanos de nuestra capital y de todo el estado. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. En términos de los artículos 100 y 102... A ver, un segundo.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Claro que sí. Pidió también intervención desde su curul la diputada Xóchitl Nashielly. ¿Sí nos ayudan a darle sonido?
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Quisiera informar al pleno que en días pasados tuvimos un desafortunado accidente en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el pueblo de San Francisco Tepojaco, y hubo 24 víctimas de quemaduras graves y lesiones; y en particular falleció un adolescente de 15 años, futbolista y monaguillo de la comunidad, Alejandro González Trejo, por quien pido un minuto de silencio y lamento la pérdida a los familiares y a los amigos. Gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada. Se concede un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En términos de los artículos 100 y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (15:38 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 30 de septiembre del año en curso, en modalidad presencial, a las 11 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Édgar Amador Zamora. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas, a través de las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados.
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