Bienvenida del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Intervenciones
Presidenta del INE Guadalupe Taddei Zavala
Ponencias
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Raúl Juan Contreras Bustamante
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Ronda de preguntas
Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel
Diputado Braulio López Ochoa Mijares
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Diputado Carlos Alberto Puente Salas
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
Ronda de respuestas
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Raúl Juan Contreras Bustamante
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Ronda de preguntas
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carillo
Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán
Diputado Reginaldo Sandoval Flores
Ronda de respuestas
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muy buenas tardes, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al séptimo Diálogo nacional para las reformas constitucionales al Poder Judicial, denominado Elección popular de integrantes del Poder Judicial, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
En el marco de este séptimo Diálogo nacional se abordará la legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros. La elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación. El proceso electoral, la elección e impugnación de candidaturas y los mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios.
En el presídium de este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado coordinador. El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos acompaña el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de dicha fracción parlamentaria. El diputado Braulio López Ochoa Mijares, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
También agradecemos la presencia del vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel. Muchas gracias, diputado. Agradecemos también la participación del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo colegiado.
Agradecemos particularmente la presencia de nuestras y nuestros invitados especiales. La licenciada Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejera presidenta.
De ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Agradecemos también la asistencia de un grupo de ponentes que participarán en este diálogo nacional, Jaime Moreno Garavilla, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Agradecemos también la presencia del diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. De Eduardo José Torres Maldonado, profesor investigador de la UNAM e investigador del Conahcyt. Muchas gracias.
De la abogada Mayerlín Rueda Olivares, abogada con experiencia en el ámbito público y privado, especialista en derecho penal, civil y fiscal. Muchas gracias. De Luis Enrique Pereda, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados. De Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por la UNAM. Muchas gracias, doctor Cárdenas. De Raúl Juan Contreras Bustamante, ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
De Eduardo Andrade Sánchez, político y catedrático. De Adriana García, consultora y experta en independencia judicial y derechos humanos. Y del maestro José Omar Sánchez, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política, muchas gracias, maestro.
Agradecemos también la presencia de diputadas, diputados, senadoras, senadores del H. Congreso de la Unión, vicecoordinadores y vicecoordinadoras de los grupos parlamentarios, presidentas y presidentes de comisiones ordinarias. También agradecemos a legisladoras u legisladores electos federales, magistrados, jueces y representantes del Poder Judicial y de los tribunales federales y locales.
También agradecemos la presencia de los representantes de colegios y barras de abogados y corredores públicos, de abogados litigantes, consultores y representantes de las facultades de derecho de universidades públicas y privadas del país, así como de servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República.
Agradecemos también la presencia de la doctora Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal y de los consejeros del INE, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña y el doctor Uuc-kib Espadas Ancona. Muchísimas gracias. Y, la magistrada Estela Fuentes.
También agradecemos la presencia de Jorge Montaño Ventura, consejero del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos, también, la presencia del magistrado Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
Agradecemos la presencia de magistradas y magistrados presidentes de los Poderes Judiciales de las entidades del país, integrantes de la Conatrib. Asimismo, destacamos la presencia en este acto de la magistrada María Elena Molina de la Puente, del Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito.
Para moderar este séptimo diálogo nacional, dejamos en el uso de la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina, por favor.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la confianza de los coordinadores para moderar este séptimo diálogo nacional, que como saben ustedes se ha desarrollado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con la organización de la Comisión de Puntos Constitucionales.
En un esfuerzo, en primer lugar, de descentralización de la Cámara de Diputados para ir a distintas regiones del país, para discutir diversos temas que tienen que ver con las propuestas para reformar al Poder Judicial y que en esta ocasión tienen que ver con la confluencia de dos temas importantes, como es democracia y justicia.
En ese sentido, le pediría, en primer lugar, al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados y quien se encargará probablemente de elaborar los dictámenes a que se refieren las iniciativas, de que nos dé un mensaje inicial. Por favor, diputado, buenas tardes.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso de quienes están en esta mesa, con el permiso de todos ustedes.
En este foro se discute la cuestión central de la propuesta de reforma al Poder Judicial. Hemos abordado diferentes temas recibiendo propuestas de académicos, como ustedes que nos acompañan hoy, de investigadores, de abogados postulantes, de miembros de la Judicatura federal y local que mucho han ilustrado la discusión y que servirán como puntos a considerar en un dictamen cuyo decreto propondrá reformas constitucionales en la materia.
Este séptimo foro es el día de hoy, pero nos restan dos. Vamos a ir a Coahuila, donde tocaremos un tema importantísimo relativo a los dos impulsores del proceso de justicia que son los defensores, los que paga el Estado y los defensores particulares, y vamos a ir después a Sinaloa, a ver un tema por demás sensible, ese vínculo indisoluble entre procuración y administración de justicia y la consecuencia que tienen ambos en un bien mayor para el país que es la seguridad pública de México.
Puede decirse que hay ya una primera conclusión. En todos los que han participado hay una exposición anuente a que vayamos a una reforma judicial en México. En lo que no hay coincidencia es en el contenido de la cuestión principal de esa reforma judicial, y en eso estamos.
Pudiéramos decir que el día de hoy se cifra el tema toral de la propuesta de reforma judicial. Si quisiéramos resumir qué se ha dicho en un sentido y en otro, yo diría lo siguiente.
Por una parte, de quienes consideran inconveniente la propuesta, hemos escuchado afirmar lo siguiente. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la reforma afectará la independencia de los jueces, que se dañará en esencia el proceso de la carrera judicial, que se violarán derechos adquiridos de los actuales jueces y magistrados, que no corregirán los problemas de la justicia y que, al contrario, su aplicación traerá riesgos, posiblemente graves, y que será impracticable en los términos propuestos que, en todo caso, o más bien en tal caso, debiera ser gradual su implementación, que nunca se votó por esta reforma y que el sufragio popular no agrega sabiduría, ni da capacidades.
Por otra parte, para quienes ven la pertinencia de esta reforma, hemos escuchado decir con énfasis: Que un modelo democrático dará independencia total y legitimidad de origen a los jueces y a los ministros les dará una visión de Estado para desempeñarse más allá de las bondades de la abogacía y de la jurisprudencia. Que, del nuevo esquema, el Ejecutivo se desprovee de su propuesta de la facultad que hoy tiene histórica, tradicional, exclusiva para imponer, para proponer, para imponer a sus ministros.
Que desde el año 2018 se elige a una persona para que ejerza una presidencia vinculada a un programa de gobierno. Que la carrera judicial no riñe con un último requisito consistente en una ratificación por el sufragio ciudadano.
Que la justicia en México necesita en suma cambiar pronto sus criterios judiciales. Que de una vez se busque erradicar la tentación de un golpe técnico de Estado por parte del Poder Judicial. Que nunca haya un juez moro en México.
Las exposiciones de nuestros ponentes seguramente encontraran entre estos asertos un campo abierto para que puedan coincidir o rebatir con franqueza y con libertad. Enhorabuena por este ejercicio de escucha y de consulta. Ustedes estarán enriqueciendo con sus sabias opiniones nuestros trabajos.
Mucho agradecemos su presencia en San Lázaro y su valiosa participación, que estamos seguros con honestidad, que lo hacen todos pensando en el bien de la república. Bienvenidos. Señor moderador, adelante con los trabajos, por favor.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a dar inicio en primer lugar con la intervención de la consejera presidente del INE para referirse al tema relativo a la iniciativa en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación y el sistema electoral mexicano, análisis y reflexiones iniciales desde una perspectiva técnico operativa.
Consejera presidenta, comentarle, tendrá un cronómetro ahí adelante donde se especificará el transcurso del tiempo, contará con un máximo de 15 minutos para que pueda también auxiliarse con la presentación que entendemos nos podrá dejar para consulta de las diputadas y los diputados. Y agradecerle otra vez su presencia aquí en la Cámara de Diputados. Adelante, por favor, consejera.
La ponente Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, señor secretario de esta Junta. Agradezco en principio la invitación que al Instituto Nacional Electoral se le hace por parte de la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Agradezco, por supuesto, compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades de todos los rubros ya mencionados por quien presentó este presídium.
Y para aprovechar el tiempo al máximo debo de decir que empezaré por decirles que el agradecimiento a la invitación no es nada más un agradecimiento de discurso, es un agradecimiento real, porque creo que estamos en oportunidad en el Instituto Nacional Electoral de aportar, en la medida de las posibilidades que aquí se definan, todas las experiencias acumuladas a lo largo de 33 años de existencia del instituto, y en donde probadamente, proceso tras proceso electoral damos cuenta de las mejoras que en materia de organización logística y operatividad de un proceso electoral se van teniendo en la institución. Muchas de ellas, por supuesto, acompañadas y siempre les anteceden de reformas electorales, motivo de las condiciones y el cambio de los contextos político-electorales que nuestro país sufre y vive, y bueno, y refleja y palpita, refleja esta vida que todos los días... cotidiana que todos los días en términos de política tiene nuestra República Mexicana.
Así que inicio por, más allá del agradecimiento, declarar ante ustedes que efectivamente el Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado para llevar a cabo los procesos electorales hasta este momento de los dos poderes, que así ha sido la historia marcada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Y, para ello, damos cuenta del desarrollo en la historia de las diferentes versiones jurídicas que tenemos para llevar a cabo estos procesos electivos en materia de derechos político-electorales desde 1946, con el establecimiento de la primera comisión electoral en nuestro país, pasando por la autorización del voto o el decreto para que las mujeres pudiéramos votar. Pasando también por la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, el propio Tribunal Electoral.
Pasando también por la creación, ya como organismo autónomo, del Instituto Federal Electoral y de la propia Sala Superior y todo lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, hasta llegar a las últimas reformas que han ido actualizando esta manera de llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país.
Y me detengo en la del 2014, porque la del 2014 une y crea al Sistema Nacional Electoral en México y une las responsabilidades federales con las locales, cuando les denominamos organismos públicos locales, para poder coordinadamente llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país y que todo mundo, todo ciudadano mexicano que cuenta con una credencial para votar con fotografía y que está en la lista nominal, por tanto, tenga la misma posibilidad de emitir su voto desde Baja California Sur hasta Yucatán de la misma manera y en las mismas condiciones.
Me detengo en la de 2014 porque refleja fielmente cómo atribuciones dadas desde el Poder Ejecutivo al Instituto Nacional Electoral lo obligan a modificarse al interior, a generar nuevas reglamentaciones, a generar nuevas circunstancias, capacitaciones y demás, a autoprotegerse y a autofortalecerse para poder darle salida a las atribuciones desde aquí, desde este Poder Legislativo, entregadas al Instituto Nacional Electoral. Y así, en esta misma historia, rapidísima, porque además estoy en la casa donde se hacen las leyes, qué les vamos a contar, ustedes son los hacedores de estas reformas.
Y paso, entonces, dentro de lo que le denominamos historia de la autoridad administrativa electoral, a decir cómo el Registro Federal de Electores, en la vertiente de la conformación del padrón electoral y la lista nominal, ha sido el eje rector de todas las actividades electorales en nuestro país, a partir del nacimiento del Instituto Federal Electoral. Y ha transitado por diferentes etapas en donde en la primera de ellas partimos de un censo base cero para poder hacer un padrón electoral que resistiera todo tipo de auditorías.
Después, de 2003 a 2015 introdujimos algunos cambios en la materia de atención a la ciudadanía, hasta llegar hasta lo que hoy entendemos 2016-2024 con esta atención que realizamos en los módulos de atención ciudadana.
En ese sentido, una vez ubicado qué es el padrón electoral y la lista nominal, el centro y la base de todo lo que en materia electoral se debe organizar para un proceso electoral correcto, decimos entonces que los principios y valores de los procesos electorales, al menos hasta este momento conocidos y establecidos en la Constitución y en sus leyes secundarias, pues es el de la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos a través de los procesos que todos nosotros conocemos y que muchos de los que estamos aquí somos producto justamente de estos procesos electorales.
Y ahora, con esta iniciativa de reforma nos estaríamos enfrentando a una adición al sistema nacional electoral, que tendría que ver con el principio de acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad en posibilidad de elegir, de acuerdo a lo presentado por la iniciativa.
Con estos dos grandes valores también tenemos que transitar y empezar a revisar, de acuerdo a la iniciativa que conocemos de manera pública y al estudio que de ella hemos hecho, podemos ir avanzando en este análisis. No tenemos más información, seguramente estará sustanciándose de manera adicional esta iniciativa para darle salida a todo lo que, en estos diálogos, que también hemos dado seguimiento a los mismos, se han ido presentando en cada uno de ellos.
–Pasamos a la siguiente–. Algo no está funcionando, pero bueno, yo le continúo. De tal manera que estamos hablando que el padrón electoral y la lista nominal se constituyen así en la base fundamental para poder nosotros elaborar cualquier tipo de pronóstico de un proceso electoral que está enfrente de nosotros.
Toda reforma electoral que hasta este momento se ha efectuado en este país pasa por la revisión básica de este sistema, el sistema de la sección electoral, el sistema de acercar el derecho político-electoral al ciudadano, el sistema de ofrecer su servicio de credencialización y, por tanto, de obtención de la credencial para votar y ejercicio de su derecho, pasa por la revisión de esto para poder hacer cualquier pronóstico o cualquier escenario posible hacia el futuro.
Tenemos entonces que la parte fundamental del instituto tiene que ver con tres grandes etapas o cuatro vamos a decir: la preparación de la elección, que pasa por una serie de mecanismos entre los que está la verificación del padrón y la lista nominal, el calendario de actividades, los temas de fiscalización, los tiempos en radio y televisión, dictámenes en materia de monitoreo y ejercicios de campañas, definición de periodos de campañas, instalación de consejos ciudadanos en lo largo y ancho del país a nivel local y a nivel distrital, mesas, instalación de mesas directivas de casilla, definición de los estilos de capacitación y conformación de las mesas directivas de casilla. Esa es la preparación de la jornada.
Luego viene la jornada electoral que tiene que ver con la recepción del voto, el cuidado del material electoral, las boletas transformadas en votos y sus cadenas de custodias, tiene que ver con el ejercicio de los resultados electorales preliminares del cómputo oficial y de los ejercicios de conteos rápidos que permiten a nuestro país contar con información el mismo día de la jornada electoral.
Luego vienen los resultados, que tienen que ver ya con el cómputo oficial y viene el dictamen de validez emitido por la Sala Superior de la Federación en lo que tiene que ver con la Presidencia de la República.
Esos son los grandes temas de los que sí el INE se hace cargo, sabe hacer, es su atribución, lo hace con una estructura que podemos ver en esta gráfica: los órganos centrales, los órganos delegacionales, las juntas ejecutivas locales, las juntas distritales, los consejos ciudadanos que se instalan en cada uno de las juntas locales y también de la mano con los organismos públicos locales.
Toda esta estructura con la que cuenta el instituto y los organismos públicos locales se pone a disposición de los procesos electorales, en donde a partir del 2014 el Instituto Nacional Electoral es el rector de todo principio y tema de organización.
Aquí en esta gráfica solamente les damos a conocer los procesos que desde el 2014 se han realizado de manera especial por el Instituto Nacional y en coordinación con los Oples y los niveles de participación ciudadana que hemos tenido en cada uno de los años.
Y algo que es común en estos ejercicios que hemos tenido es la coincidencia entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el conteo rápido y los cómputos oficiales. Y ese es un elemento que estoy poniendo sobre la mesa porque ahorita al final vamos a decir lo que nos hace falta saber para poder emitir una opinión más allá de lo que les estoy compartiendo, que es lo que actualmente considera el sistema electoral mexicano.
En esta gráfica nosotros podemos ver los requerimientos por cargo. Esto es de acuerdo a la iniciativa de la cual tenemos conocimiento, que todos los que estamos aquí le hemos dado seguimiento. Los requerimientos por cargo, los tipos de cargo y las características que cada uno de ellos debe de reunir.
De igual manera, en la propia iniciativa se marca como parte fundamental que esta reforma incluye la elección de personas juzgadoras en el país, incluye el acceso a radio y televisión, financiamiento y foros de debate.
Estamos hablando de actividades, de estas que les vengo hablando de lo que sí hace el INE hasta este momento y tiene perfectamente estructurado y reglamentado y lo que en esta iniciativa se está proponiendo que suceda.
De igual manera la iniciativa presenta la cadena, cómo se va dando en este tema de autoridad electoral, Senado de la República, Sala Superior y Suprema Corte de la Justicia y las funciones que le tocan.
Aquí entramos un poquito a decirles a ustedes, a todos, cómo debemos de buscar una consonancia entre el proceso electivo del Poder Judicial y las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo del país. Es decir, no podemos hacer un proceso electoral con menor requisito y menor rigor que el que ya el país está acostumbrado a tener en el término de los otros dos poderes de la unión.
Si esta iniciativa corre con la aprobación de este Congreso, deberá de ser una tarea en la cual no nos lleva una semana definir todos los procedimientos operativos que se tendrían que hacer y los requerimientos que tendríamos para hacer un cálculo inicial de lo que se busca, pero siempre empatando el tema de los derechos político-electorales, que ya protege el Instituto Nacional Electoral con el tema del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos desde su cercanía domiciliaria, en un ejercicio electivo.
Y eso, creo que en esta gráfica que estamos viendo, que quedará aquí en la mesa, con el presidente podemos ver la diferencia que existe entre lo que ya tiene perfectamente organizado el Instituto Nacional Electoral y lo que nos faltaría por empata, por eso hablamos de consonancia entre un proceso electoral y el otro.
Y ahí partimos de la base de algo que es fundamental, la definición del marco geográfico sobre el cual se tendría que trabajar en un posible proceso electivo del Poder Judicial de la federación, porque hablar del marco geográfico es hablar del marco en términos del Poder Judicial, de jurisdicción, en términos del Poder Ejecutivo y Legislativo de representatividad política en el país.
Es decir, cómo tendríamos que ir buscando qué estos ejercicios pudieran tener el mismo nivel, rigor, efectividad y confianza ciudadana en campo cuando se lleve a su implementación, en caso de ser aprobada esta iniciativa.
Sí todavía, en este momento entiendo que estos ejercicios de participación, en este caso del Instituto Nacional Electoral, abonarán a todas las posibles situaciones que se tienen que contemplar en la validación o aceptación o aprobación de esta iniciativa.
Los tiempos son importantes y hay que decirlo: hay que definir desde cuándo inicia el proceso electivo, cuándo el instituto se tendría que declarar en proceso electivo, cómo se manifiesta, en dónde va a quedar asentado, en qué parte de la iniciativa y de toda la reforma en su conjunto está contemplado.
Porque vale la pena decir, sí, el instituto nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso.
Por ejemplo, nos vamos a las... por último, para cerrar, por cuestión de tiempo, aunque tengo otros temas aquí que tratar, temas tan sencillos como: estamos hablando en la iniciativa que está presentada hoy en esta Cámara de procesos electivos concurrentes con los ordinarios del Instituto Nacional Electoral, pero en este momento estaríamos iniciando con una fecha que no es concurrente por lo que habla la iniciativa.
Todo lo que estamos hablando viene en la propia iniciativa. Lo único que nosotros estamos agregando son las condiciones técnico-operativas que tendría que tener conocimiento y certeza el instituto para garantizar un proceso electivo tal cual nuestro país ya está educado para llevar a cabo.
Y hablo, por ejemplo, de los ciclos electorales. Los ciclos electorales, si los hacemos totalmente concurrentes con el proceso electoral en términos de representación política, pues, habla de una circunstancia distinta. Cuando alguien dice proceso electoral junto con lo que ya hacemos, inmediatamente en el INE empezamos a pensar en el tamaño del paquete, en el tamaño de las bodegas, en de qué tamaño es la boleta que vamos a tener, cuáles son las características que vamos a tener.
Pesa más para un responsable de presidir una mesa directiva de casilla. ¿Vamos a tener funcionarios electorales? ¿Cuántos funcionarios vamos a tener por casillas? ¿Vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir? ¿En qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio? ¿Vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro tipo de mecanismos? ¿Vamos por el uso de las nuevas tecnologías para reducir tiempos en el tema de la votación o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos?
Es decir, queridos diputados, respetables todos los ministros y ministras y todos los que hoy enviaran una ponencia, hay muchísimas cosas por recibir aún en la iniciativa, e insisto, debo de ser muy clara en esto, solo trabajamos lo que conocemos y que se ha sido público, que ha sido la iniciativa que todo mundo tenemos.
Y, esas son las situaciones que nosotros encontramos que serían las adecuadas hasta este momento para llevar a cabo un proceso electivo de manera correcta. Será en su totalidad, será gradual, todo eso no es una pregunta ni siquiera de carácter político de parte del Instituto Nacional Electoral, es una pregunta de carácter operativo.
Porque eso define en principio el número de casillas –insisto– el número de funcionarios por casillas en los lugares en los que estaremos instalando las casillas. Pero, además, define el tema presupuestal, porque el presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud.
Por otro lado, esta iniciativa, siendo la primera en presentar una reforma de este calado, entiendo que el compromiso para el instituto nacional, porque se menciona en la iniciativa y, es por eso, que estamos sentados el día de hoy aquí, que es el INE, el responsable de llevar a cabo este proceso electoral.
En esta iniciativa, es la primera ocasión que se implementaría en nuestro país, la responsabilidad es mayúscula, no podemos fallarle a ningún ciudadano que ya a aprendido a votar el diseño de la boleta electora ¿cuál va a hacer? ¿Cuántos candidatos vienen en una boleta? Cómo vamos a llevar a cabo una campaña tan didáctica, tan pedagógica que no permita que un ciudadano diga: Yo no supe cómo votar en el proceso electivo del Poder Judicial si es que esto avanza.
Insisto, estoy partiendo del supuesto que plantea la iniciativa. Y, eso, hay que dejarlo muy claro porque una vez conocida la iniciativa final también tendríamos que hacer otro análisis de acuerdo con lo que ahí se planteará si la actual sufriera modificaciones.
Y, más todavía, si la iniciativa es aprobada, por supuesto, que el INE, está en la mejor disposición de participar en las mesas de trabajo que así se requiera para garantizar que la operatividad de la implementación de esta reforma, de este nivel y magnitud y responsabilidad sea correspondiente con lo que ya, el instituto nacional ofrece a México.
Dos cosas que resaltó:
Una. El presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requieren nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Y la segunda. El instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto esto si pasara la aprobación del Congreso. Vamos ahorita a decir que el análisis nos lleva hasta este momento a estas conclusiones.
Tendremos campañas, ¿cómo serán las campañas?, ¿cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión?, ¿tendrán prerrogativas?, ¿quién podrá hacer uso?, ¿tendremos un modelo de fiscalización?, ¿habrá sujetos obligados?, ¿habrá acciones, actitudes y características sancionables?, ¿cuáles son estas?
Este tipo de cosas, ¿cuál es la cadena impugnativa que debe de seguir este proceso?, ¿quiénes serán los responsables?, ¿quién entrega la constancia de mayoría?, ¿quién hace el cómputo?, ¿cómo hace el cómputo?, ¿habrá representantes en las casillas?, ¿la cadena de custodia se cuida o no se cuida?, ¿tendremos representantes en los consejos distritales y locales?
Tantas cosas que tenemos por resolver aquí y tantas preguntas que dejamos hoy en el aire con todos ustedes, porque es importante que sepan que el instituto sabe hacer procesos electorales, pero también sabe que requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo. Y un proceso de presupuesto acción acorde con las necesidades del tamaño del ejercicio qué habremos de hacer.
Creo que esas son las preguntas que tenemos en el aire. Otra que se me viene es: ¿tendremos capacitadores electorales?, ¿habrá un proceso de insaculación para los funcionarios de casilla? Si el ejercicio es concurrente 100 % con el que lleva actualmente el Instituto Nacional, necesariamente se tienen que agregar espacios en nuestras bodegas, necesariamente se tienen que contemplar paquetes electorales más grandes. El papel que va a utilizarse para emisión de boletas en este proceso si se aprueba la iniciativa de seguridad es un papel diferente, tendremos que manejar las mismas urnas.
Con todos esos interrogantes nos quedamos y decimos: una vez que tengamos claridad en todos estos procesos, el instituto, por supuesto, como siempre, podrá garantizar un proceso electoral transparente, altamente efectivo, con una campaña adecuada que se ajuste a las necesidades y a lo que está planteando; y seguramente en un futuro estaremos recibiendo los impactos correspondientes en el sistema nacional de elecciones de nuestro país, y esa es la parte más importante para el instituto porque el instituto no forma parte de una fuerza o de otra fuerza política.
Solamente nos dedicamos a organizar elecciones, y en la parte técnica y operativa es donde estamos en este momento situados haciendo todos estos, que espero que sean aportaciones que nos permitan profundizar en el análisis de alguna parte de esta iniciativa y que nos considere los tiempos suficientes: ¿Cuánto tiempo dura una campaña?, ¿por qué dura eso?, ¿cómo nosotros vamos a iniciar el proceso?, ¿cuándo se cierra?, ese tipo, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el cómputo?
El cómputo se hace en la casilla y después en la oficina distrital; estas cosas que sí hacemos en el proceso electoral para el Poder Ejecutivo y Legislativo, como entonces las trasladamos el proceso electivo del Poder Judicial; y vuelvo a poner por encima los dos grandes derechos: el derecho político-electoral de todo ciudadano mexicano y el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, y por eso es que estas reflexiones dejamos hoy en la mesa de ustedes para su análisis. Por ello, muchísimas gracias.
El Moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, presidenta. Agradecemos esta información que ha brindado a los diputados en este contexto, como decía, de análisis de los efectos que tiene la iniciativa, el conjunto de iniciativas en las funciones y responsabilidades del INE.
Diputadas, diputados, solicitarles autorización, si nos permiten un receso para poder despedir a la presidenta consejera y luego pasar con las ponencias que tenemos ya listas, diputadas, diputados, si no hay inconveniente. Hacemos un breve receso de tres minutos.
La presidenta consejera Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias.
(Receso)
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy bien, vamos a dar inicio a la presentación y primera ponencia de Jaime Miguel Moreno Garavilla, a quien le damos la bienvenida. Doctor, un gusto tenerlo otra vez por acá.
Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, como se había ya mencionado. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Es también profesor de carrera, de tiempo completo en cátedras relativas al Derecho Constitucional, Garantías Constitucionales y Teoría de la Constitución en el nivel de licenciatura y de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Administración Pública en la División de estudios de posgrado en la propia Facultad de Derecho.
Así que, recordarles a los ponentes, hay una pantalla enfrente, contarán con cinco minutos iniciales para su intervención, cuando falte un minuto la pantalla se pone en amarillo, indicándoles que ya está por concluirse su tiempo, y posteriormente, espero no llegar, se pone en rojo una vez que han sobrepasado el tiempo.
Para la igualdad y consideración que merecen los ponentes, les pediría que podamos respetar el tiempo, de tal manera que evitemos pasarles una pequeña indicación de que se ha superado el tiempo establecido. Sabemos que es un tiempo limitado, pero por la cantidad de ponentes y poder agotar el programa que tenemos previsto, les pediríamos que puedan ceñirse al tiempo establecido.
Recordarles que estamos también en vivo por la señal del Canal del Congreso, redes digitales de la Cámara de Diputados para conocimiento de la audiencia. Así que iniciamos, por favor, doctor Miguel Moreno Garavilla, con su exposición inicial. Adelante y muy buenas tardes.
El ponente Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muy buenas tardes, muchas gracias señor secretario. Compañeras y compañeros, señoras y señores diputados, señoras y señores ministros, señoras y señores funcionarias y funcionarios de los distintos órganos primarios de gobierno, del Estado.
El tiempo transcurrido desde el inicio de la guerra de independencia ha sido empleado para almacenar armas propias, para hacer volver a las tinieblas de donde salieron los gobiernos góticos y también para buscar las bases para construir asociaciones humanas en las inmortales obras de aquellos genios sublimes que supieron encontrar los derechos perdidos del género humano. Newton en la ciencia, Rousseau en la voluntad general, Montesquieu en su división de poderes, Colón en el ensanchamiento de América, Franklin en la redirección del rayo.
Ha llegado el momento de aplicar esos y otros principios y al abrir los mexicanos los ojos y mirar los torrentes de luz que despiden se podrá colocar a nuestra nación en el nivel de la República feliz, a que todos sus habitantes aspiramos.
Para ello, es preciso elevarse al alto grado de las virtudes cívicas y privadas que distinguen un pueblo singular. Esta es la base de la verdadera libertad, la mejor garantía de nuestros derechos y la permanencia de nuestra Constitución, la fe en las promesas, el amor al trabajo, la educación de la juventud, el respeto a sus semejantes. He aquí, mexicanas y mexicanos, la fuente de donde emanará nuestra felicidad y la de nuestros nietos.
Sin olvidar que, en medio de los progresos de la civilización, la patria exige de nosotros otros grandes sacrificios y un escrupuloso respeto a la moral. Moral y patriotismo, más que ilustración es lo que se requiere para establecer y consolidar nuestras nacientes instituciones.
Las que, si en lugar de ceñirse a la órbita de sus facultades hacen esfuerzos para traspasarla, si en vez de dar ejemplo de una justa observancia de la Constitución y de las leyes generales, procuran eludir su cumplimiento con interpretaciones y subterfugios, hijos del escolasticismo de nuestra educación, en ese caso renunciemos ya al derecho de ser libres y sucumbiremos fácilmente al capricho de un tirano nacional o extranjero que nos pondrá en la paz de los sepulcros, o en la quietud de los calabozos.
La eficacia de lo establecido en nuestra Ley Fundamental exige la práctica de virtudes públicas y prácticas, porque sin justicia, señoras y señores, no hay libertad. Y la base de la justicia no puede ser otra que el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros. He aquí resuelto el problema de la ciencia social.
Podría pensarse que tales advertencias hubieran sido formuladas por las luces de quienes nos han antecedido en estos foros de diálogo nacional. No, fueron proclamadas por quienes integraron el Congreso que nos dio al Estado mexicano.
Fueron proclamadas por quienes han signado sus nombres y sus firmas en letras de oro de las paredes nacionales, por Miguel Ramos Arizpe, por Carlos María de Bustamante, por José María Izazaga, Ignacio Rayón, Fray Servando Teresa de Mier, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, entre otros muy ilustres redactores de la primer Constitución que tuvimos nosotros en el país de 1824.
Las razones técnico-operativas, si tenemos oportunidad de una segunda intervención las daré en la segunda intervención. Muchas gracias por su atención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, doctor. Se sobrepasó un poquito el tiempo, vamos a llevar el registro para darles la misma oportunidad a los ponentes.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara que, recordarle a la audiencia, en el primer diálogo donde estuvieron presentes los 11 ministros tuvo una importante presencia aquí. Y, solo recordar que ya se conoce su trayectoria, pero recordar que en términos académicos él ha sido profesor titular de la UNAM, de la Ibero, del CIDE, del ITAM y otros centros de estudio, y que también fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, importante recordar esto del currículum del señor ministro. Ministro, por favor, adelante con su intervención.
El ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá: Muchísimas gracias. Agradezco la convocatoria para expresar una postura centrada en la votación directa y en la elegibilidad de las personas ministras, magistradas y jueces. Como he expresado ya, abiertamente, considero que la iniciativa que hoy discutimos no supone un cambio estructural e integral susceptible de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, partiendo de que en este y en otros foros se ha presentado al voto popular como un planteamiento irreductible me centraré en proponer algunos ajustes a esa figura.
Hablemos con responsabilidad. ¿El método de elección por votación directa de personas nominadas por los Poderes de la Unión resolverán la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial? ¿La votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia cercana, sustantiva e imparcial? La respuesta para mí es negativa. La reforma apunta a un objetivo loable, reconozcámoslo todas y todos, que acceder a la justica es, hoy en día, costoso, tardado y en algunos casos imposible.
Ahora bien, no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que como está planteada politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas.
Y que no se malentienda mi postura, comparto con el señor presidente de la República, cuando afirma que el pueblo es sabio y que el pueblo sabe elegir. Sin embargo, las y los mexicanos elegiremos entre listas políticas, entre personas cuya virtud principal fue saberse acercarse al poder. Y en ese punto, es que convendría preguntarnos, ¿cómo y a qué costo se empatarían las cartografías electorales con las judiciales? ¿Cómo y a qué costo se empatarían las lógicas partidistas con las judiciales?
Tanto hemos repudiado el enorme costo de las elecciones para ahora multiplicarlo. Tanto hemos criticado el nombramiento politizado de las y los ministros, para ahora generalizarlo. Tanto hemos repudiado el amiguismo, para ahora trasladarlo al Poder Judicial.
Invirtamos más en personas juzgadoras, en más capacitación, en más contrapeso, no en politizar la vida judicial. No convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo.
Este problema, problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación. No deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos.
Ahora, partiendo de que el voto popular se ha planteado como un irreductible hecho. Yo tendría una propuesta concreta: que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban permanecer en el cargo o bien deban de ser removidos.
El voto popular no debe de ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados. Al contrario, el voto popular sí puede servir para premiar o incluso para castigar a jueces hormados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad.
He escuchado, he escuchado decir que cualquiera puede redactar una sentencia. Hemos luchado durante décadas para que no sea cualquiera quien pueda hacerlo, para que solamente sean personas imparciales, sin intereses personales, sin padrinos políticos quienes puedan hacerlo.
No entendamos a la carrea judicial como un cunero elitista y obscuro de expertos. Entendámosla como un esfuerzo colectivo para que las personas que dirimen las controversias sociales alcancen, a través de la formación y experiencia, la imparcialidad. Espero, espero fervientemente que esta reforma pueda reencausarse a esa finalidad y no representar un paso definitivo para atrás. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, señor ministro, también por ajustarse al tiempo y por las propuestas que deja en este diálogo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar con el mismo, vamos a escuchar ahora a Adriana García. Adriana es consultora experta del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Cuenta con el grado de doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y se considera experta en independencia judicial y derechos humanos. Adriana, buenas tardes, adelante con tu presentación.
La ponente Adriana García García: Muchísimas gracias. Agradezco a la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Robledo, agradezco a todos. Aclaro que vengo en representación del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford y también como parte de un colectivo de organización, de organizaciones que se llama la Justicia que Queremos.
En mayo de este año publicamos en el Laboratorio, junto con la Barra Mexicana de Abogados y el Diálogo Interamericano de Washington, un reporte en el que analizamos las propuestas en materia judicial, no, a la luz de los estándares internacionales y de la experiencia comparada. Por cuestiones de tiempo me voy a centrar únicamente en la experiencia comparada que me parece que puede ser lo que más aportaría a este diálogo.
En Estados Unidos podemos contar con una gran gama que cuentan con voto popular por sus jueces. Aquí cabría aclarar que nada más se trata del voto popular de los jueces de altas cortes. En ninguno de los estados se está hablando de votar por todos y cada uno de los jueces. Y esto tiene una lógica, que si hay algún problema abajo se va a resolver por la Corte máxima, ¿no? Entonces si tenemos votación ahí entonces no nos tenemos que preocupar de votaciones en los jueces que están supeditados a estas Cortes supremas.
Aun cuando tenemos 38 estados en los Estados Unidos de América que cuentan con votación popular, hay un amplio debate al respecto. La gente no está de acuerdo. Nada más entre 2008 y 2014 se presentaron casi mil 300 propuestas legislativas proponiendo reformar el sistema, tanto la American Bar Association como el Brennan Center han advertido de problemas graves que se dan con este voto popular por los jueces. Voy a mencionar algunos de ellos, a manera de ejemplo.
Primero. Hay serios problemas con la influencia del dinero en las elecciones. Aun cuando unos estados... en algunos observamos que no se puede hacer financiamiento privado, este financiamiento privado siempre existe y hay un mercado negro de financiamiento privado. Entonces grupos de interés, partidos políticos gastan grandes sumas de dinero para influir en quién será su juez, ¿no?, lo que ha comprometido. Y existen casos documentados de que se ha comprometido la imparcialidad de los juzgadores. No se ha observado que los juzgadores tienden a dar la razón a aquellas personas que les financiaron las campañas.
La segunda. La necesidad de recaudar fondos y tomar posiciones públicas sobre asuntos judiciales desalienta a muchos candidatos que sí son calificados pero que no son políticos, no son populares, no quieren salir a recaudar votos.
Se ha observado falta de imparcialidad. Estudios empíricos confirman que las contribuciones a campañas predisponen a los jueces a fallar a favor de sus donantes. Los jueces son menos propensos a fallar a favor de acusados cerca de las elecciones. Entonces observamos estados en los que la población quiere mano dura. Y entonces el juez, sabiendo que quieren mano dura, cuando se acercan las elecciones empieza a condenar a las personas con penas más severas. Incluso hay muchísimo más uso de la pena de muerte cuando se acercan las elecciones.
Otro de los peligros es que es que los jueces son sancionados en las elecciones por proteger a minorías. Existe un caso muy famoso en los Estados Unidos, en el caso de la Suprema Corte de Iowa, en donde tres juzgadores de la Suprema Corte de Justicia de Iowa invalidaron una ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como la mayoría, ¿no?, que es la que vota y la que gana cuando se vota, no quería que hubiera matrimonios homosexuales, entonces hubo una campaña en contra de estos jueces y no fueron reelegidos para el siguiente periodo. Entonces aquí ojo, porque estamos poniendo en peligro los derechos de las minorías. Existe evidencia empírica que demuestra que no hay diferencia en la legitimidad dentro de los Poderes Judiciales elegidos por voto popular y los nombrados.
Entonces, no ganaríamos legitimidad, porque se han hecho muchos estudios comparando qué legitimidad tiene este que nombró el presidente y confirmó el Senado y este por el que votaron, no existe diferencia.
Otro punto es la diversidad. Tampoco se observa que haya mayor diversidad en aquellos tribunales en los que se elige por voto popular a las personas, a los juzgadores, y en aquellos en los que se nombra. Esto también es muy diciente, porque ese sería otro argumento para defender que votemos por los jueces.
Otros problemas que se refieren al voto popular, y esto se observa también muchísimo en Bolivia, es que la gente no vota. Los índices de votos son menos de 40 % de los ciudadanos va y vota. ¿Por qué? Porque no tiene información, porque no tiene tiempo, porque no es su trabajo, porque ellos ya eligieron a las personas que quieren que elijan a sus jueces. Porque ya participaron en un ejercicio electoral en el que saben y confían en que sus gobernantes van a tener las capacidades suficientes de elegir al mejor juez, que sea imparcial, que tenga los ojos tapados y no destapados buscando votos.
La otra. Es extremadamente difícil para los votantes establecer criterios para evaluar a los candidatos. Con esto ya culmino porque ya me pasé de tiempo. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Adriana.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar este ejercicio vamos a ahora a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que ya el público la conoce, pero sí quisiera insistir en algo importante de su currícula, que con la experiencia de diplomados y cursos en materia de derecho urbanístico, derecho electoral, derecho parlamentario en la casa en la que estamos, y ciencia política y seguridad pública, complementa la formación académica también que ha tenido, ministra en...
La ponente Lenia Batres Guadarrama: ... (Inaudible).
El moderador José Omar Sánchez Molina: Así es. Más de...
La ponente Lenia Batres Guadarrama: Y un doctorado...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Así es, mucha formación... Sí, puedo mencionar justo la maestría en derecho penal con que cuenta y también la maestría en gestión pública para la buena administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, también en el contexto de la Constitución que incorporó el derecho a la buena administración.
Este currículum lo van a poder encontrar también en el micrositio de la Cámara de Diputados, en el que se establece la semblanza de los ponentes, para que también la ciudadanía conozca también de nuestros ponentes. Así que, ministra, si no tiene inconveniente, le damos el uso de la voz hasta por cinco minutos para su intervención inicial. Adelante y buenas tardes.
La ponente Lenia Batres Guadarrama: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, distinguidos integrantes de esta mesa, distinguidos legisladores, legisladoras. Es un gusto estar aquí nuevamente. Uno de los principales temas que ocuparon los debates de los constituyentes mexicanos, fue fundamental, que es el tema de la democracia en nuestro país.
Desde la misma Constitución de 1824 se asumió el método de elección popular como la mejor forma para designar a funcionarios públicos, no obstante que se regateó –como hasta la fecha sucede– la capacidad de nuestro pueblo para elegir a sus funcionarios.
En los debates del Constituyente del 57, Francisco Zarco argumentaba en favor de la elección: no hay que temer que, aprobado el artículo —decía él— que la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y que queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras y, si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser movibles.
La Constitución de 1857 previó al final que los 11 integrantes de la Suprema Corte fueran elegidos indirectamente cada seis años, y ello se practicó al menos durante tres décadas. Benito Juárez García, Manuel Lafragua, Ignacio Ramírez, Ignacio Luis Vallarta, Sebastián Lerdo de Tejada, Vicente Riva Palacio y José María Iglesias, entre otros de los renombrados juristas que han destacado en nuestro país, fueron electos por el voto popular.
Ya en la Constitución de Apatzingán se había considerado la posibilidad de la elección de los jueces nacionales por el voto popular y nuevamente en el Constituyente de 1916-17 ocurrió un intenso debate sobre la elección de ministros de la Corte.
Alberto M. González, diputado constituyente, señalaba en aquel debate: la justicia, institución en que está depositado el honor, el crédito, los intereses de la sociedad y hasta la vida del ciudadano, es una cosa tan sagrada que solo la nación y el pueblo pueden delegar a sus funcionarios para poderla ejercer.
La redacción final de nuestra Constitución del 17 incluyó la votación popular de ministros en forma escalonada entre 1919 y 1923. En 1928, sin embargo, por iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles, la Constitución fue reformada para que se designara a los ministros en el Senado de la República a propuesta del propio presidente de la República.
Tanto en la Constitución de 1857 como en la de 1917 se dispuso entre tanto que jueces y magistrados del Poder Judicial fueran nombrados por los ministros de la Suprema Corte. Esta disposición generó lo que algunos académicos llamaron designación mediante pacto de caballeros, que implicó hasta la reforma de 1994 que los ministros se distribuyeran en cuotas la designación de las personas juzgadoras.
A partir de 1995, jueces y magistrados han sido designados mediante concurso cerrado en el que sólo pueden participar personas que ya laboran en el Poder Judicial. Estos concursos, más que un mecanismo de selección de los mejores profesionales del derecho, han funcionado como escalafón para quienes ya forman parte del Poder Judicial, que en un 49 %, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, son familiares actualmente.
Según esta instancia, en 2022, en el 67 % de los juzgados y tribunales había personas servidoras públicas con alguna relación familiar en el Poder Judicial. El 23.8 % del personal tenía más de cuatro familiares trabajando en la institución. Tan solo magistradas y magistrados tienen en promedio cuatro familiares en los órganos jurisdiccionales.
La organización de concursos en los que sólo pueden participar quienes ya forman parte del Poder Judicial ha sido una forma para premiar y perpetuar el nepotismo que, por cierto, se encuentra prohibido en la Ley General de Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas.
A pesar de que en la historia han abundado las descalificaciones hacia la democracia, hasta la fecha nunca ha representado un problema, sino más bien la mejor manera de resolver nuestros problemas.
En el mundo se tiende a buscar cada vez más formas para democratizar a sus poderes judiciales. En Japón los ministros están sujetos a revocación popular. En Suiza los jueces de los cantones son electos por la ciudadanía. En Estados Unidos 43 de los 50 estados de la Unión eligen a sus jueces de sus supremas cortes.
En Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Croacia, Grecia y Portugal; además de la República Popular China, en Asia, se han establecido tribunales mixtos en los que incluso se integran jueces que ni siquiera requieren ser abogados. En algunos casos son elegidos popularmente y en otros son insaculados de los listados generales electorales.
Amigas, amigos, yo creo que solo los tiranos deben temer a la democracia. En una República soberana, democrática, popular como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para dar continuidad vamos ahora a escuchar a Eduardo José Torres Maldonado, que es nuestro siguiente ponente. Él es abogado y sociólogo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco y maestro en Derecho Económico por la misma casa de estudios, solo que en el plantel Xochimilco.
Doctor en filosofía con especialización en sociología por la Universidad de Texas en Austin y también especialista en Derecho Constitucional y el Amparo por la Universidad Panamericana.
Damos la bienvenida al doctor Eduardo José para su intervención inicial, hasta por cinco minutos. Adelante, por favor, buenas tardes.
El ponente Eduardo José Torres Maldonado: Buenas tardes a todos, juzgadores, legisladores, servidores públicos, colegas, conferencistas, conciudadanos. Es un honor venir con una voz académica, profesional, ciudadana a compartir algunas reflexiones con ustedes.
Procedo, respetando los derechos de los juzgadores federales a dar respuesta puntual a un manifiesto de Aguascalientes, un manifiesto nacional de Aguascalientes en el cual 25 juzgadores federales se manifestaron en contra de la reforma judicial que hoy nos ocupa, que hoy nos convoca. Entonces, daré respuesta puntual y tomaré algunos segundos finales para algunos señalamientos.
O tempora, o mores, decía Cicerón. Difíciles y complejos tiempos que vivimos, pero en estos tiempos en que se vive la crisis judicial mayor de nuestra historia, tenemos que abrazar los tiempos porque abrazando la crisis generamos la oportunidad del cambio y este cambio debe conducirnos a una República feliz, como decía mi ex-maestro Jaime... Garavito, ¿sí?
Primer punto... son ocho puntos... primer punto: Rechazan... bueno, y yo respeto el derecho de ellos a manifestarse, pero esto abre un debate ciudadano y digno... Primer punto: Rechazo a acusaciones infundadas. Niegan ser corruptos y subrayan la falta de pruebas. Yo diría lo siguiente: hay dos tipos de juzgadores que todos conocemos: los buenos jueces, buenos y probos jueces, y los juzgadores que han caído en la corrupción, han caído en la perversión de la profesión judicial.
Y hay millones de pruebas cotidianamente... tengo más de 40 años litigando y defendiendo casos de derechos humanos y casos de vulnerables de la población civil y todos ellos coinciden en que hay una gran crisis por la gran corrupción y la gran impunidad en el Poder Judicial.
Hablan de sus orígenes y formación. No lo discuto. Dicen ser de clase media, que no son conservadores, pero yo diría que sí lo son por sus orígenes precisamente. Entonces, pues, a confesión de parte, ¿verdad?, pues no tenemos nada más que decir. ¿Verdad?
Pero generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales. Tenemos publicaciones al respecto. Me referiré a ellas al final.
Hablan de su oposición a reformas injerencistas en el punto cuatro de su manifestó nacional y también de su meritocracia y transparencia. Al respecto, yo les diría lo siguiente con todo respeto también: La meritocracia, bueno, se puede controvertir la transparencia también. Sabemos que los exámenes de oposición en algunas ocasiones, muchas de ellas, se han vendido a 50 mil pesos.
Un cargo de juez de distrito se puede comprar a partir de 250 mil pesos y una magistratura se puede comprar de medio millón en adelante a varios millones. ¿Sí? También, por nepotismo, el Consejo de la Judicatura nombra a sus favoritos con independencia de las circunstancias.
Punto número cinco: Compromiso con la independencia judicial. Yo creo que la reforma precisamente va a fortalecer la independencia judicial. La historia así lo demuestra. La ministra Lenia Batres habló de cómo también tenemos una historia en ese sentido y además es una cuestión mundial. Fortalecerá la independencia judicial la votación.
Hablan de que ellos defienden el Estado de derecho y que, si liberan a sujetos que no se comprueba su culpabilidad, pues, protegen las garantías. Yo diría lo siguiente: son demasiados los casos, son el pan cotidiano de cada día en que los pobres son revictimizados por los jueces y en que los criminales son liberados porque pueden pagar su libertad.
Y luego hacen un llamado a la movilización ciudadana y tomamos este llamado y decimos lo siguiente con voces ciudadanas: Aceptamos este llamado a la sociedad civil para unirnos solidariamente en la defensa del Estado de Derecho y nosotros el verdadero pueblo, los justiciables, los vulnerables de la sociedad civil al acudir ante juzgadores a pedir justicia seguiremos organizándonos y luchando contra la corrupción judicial.
A los juzgadores que pervierten la justicia, les pedimos pacíficamente, dejen de ubicarse en el lado incorrecto de la historia y el cambio social, si persisten tercamente en sus posiciones de poder y privilegios, entonces, acepten las consecuencias sociales de su posición política en contra del pueblo bueno, digno y sabio de México. Si no hay reforma judicial, habrá revolución social desde las entrañas heridas e indignadas del México profundo.
Soy autor de dos tomos: Juzgar a la Suprema Corte, cerca de mil páginas, publicados en 2008 y que fueron bloqueados para su publicación desde la Corte, desde el Conacyt y también en la Universidad Metropolitana. Pero, salieron publicados en la Universidad Metropolitana.
Y, hay otro artículo donde hablo, hago un Diagnóstico Nacional Preliminar de la Justicia en México, esto en esta revista del año 2021. Ahí podrán encontrar propuestas también, he sido candidato, ciudadano tres veces a ministro de la Corte y estoy considerando la posibilidad de participar en una cuarta vez, si es que existe el camino adecuado para ello. muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Eduardo, por tú intervención inicial. Vamos ahora para...
El ponente Eduardo José Torres Maldonado: Gracias, gracias, compañeros. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a dar continuidad a este diálogo que tiene bastante ponentes con visiones plurales. Vamos ahora a escuchar a Mayerline Rueda Olivares, nos da gusta tenerla aquí. Una mujer abogada egresada en 2021 con experiencia en el ámbito público privado y especialista en derecho penal, civil y fiscal, y con una mirada renovada sobre el derecho también. Así que, Mayerline, recordarle que está el cronometro, tiene cinco minutos iniciales en esa primera intervención. Por favor.
La ponente Mayerline Rueda Olivares: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero destacar que estoy muy contenta de estar aquí y muy nerviosa, por supuesto, porque nunca me había tocado estar en un foro tan grande y tan importante como lo es éste. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio.
Preparé unas palabras para acotarme al tiempo y gracias. Gracias por este espacio, principalmente, por darnos un micrófono a las y los jóvenes profesionales del derecho, que somos quienes todos los días vivimos los estragos del Poder Judicial y, sobre quienes recae mucho de esta reforma tan importante para nuestro país y, sobre todo, para la impartición de justicia. Pues nosotros estamos todos los días trabajando de la mano del Poder Judicial o al menos eso sería lo ideal, porque muchas veces nos encontramos con que hay que decirle de qué manera trabajar, en qué tiempo y en qué forma.
Hay que perseguir a la autoridad para que acuerden el tiempo que ya marca la ley. Y con todo eso nos podemos dar cuenta que hay jueces y magistrados que ejercen la corrupción, que no están a la altura del cargo que desempeñan, quienes se sienten amparados por la toga y con la protección del poder de la judicatura para ejercer actos corruptos, incluso se ha sabido que desde la escuela de formación se han filtrado exámenes para obtener estos puestos; entre muchos otros actos de este tipo.
No se diga la corrupción en juzgados, cuántos de los abogados aquí presentes saben de algún caso en el que detuvieron a alguien sin pruebas, sin acusación, sin nada y es fecha en la que siguen un proceso penal que va más que lento, aun cuando el juez tiene en sus manos una carpeta vacía.
Tenemos los reclusorios con un porcentaje alto de internos sin sentencia y lo que es aún peor, de inocentes. Mientras que los verdaderos delincuentes están en nuestras calles riéndose de quienes supuestamente son nuestra autoridad juzgadora e impartidora de justicia, por eso y por mucho más es necesaria una reforma al Poder Judicial.
Hay que cambiar lo que no está funcionando, lo que no está dando resultados. Esta reforma busca mejorar la independencia, la transparencia de jueces y magistrados para que tomen decisiones imparciales basadas en la ley. De esta manera obtenemos uno de los beneficios más importantes de la reforma, como el incremento de la transparencia que tengan una mayor rendición de cuentas y, por supuesto, mejorar la calidad y, sobre todo, la eficacia en la impartición de justicia.
Nuestro país está tan cansado y tan desconfiado, desde sus juzgados, pero iniciando también desde sus policías. Por otro lado, es una dicha que como joven el poder aspirar a un cargo de esta magnitud, tanto en las judicaturas locales como federales. Desde luego, con la preparación necesaria para el cargo.
Qué gusto saber que con esta reforma vamos a erradicar el famoso dedazo, el influyentísimo o las palancas porque se va a decidir por democracia. Por fin el pueblo será quien elija los juzgadores a través del voto secreto popular. Por fin los y las jóvenes podremos aspirar a ocupar un cargo de tal magnitud, reitero que, con la preparación necesaria, con la legitimidad democrática que otorga la decisión del pueblo. Hagamos de esta reforma el cambio justo para aquellos que anhelan en este país algún día tener justicia. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Mayerline, por tu intervención inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar con este diálogo, ahora con la participación de Luis Enrique Pereda, que tiene como principal estudio la posibilidad de haber obtenido el doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también una maestría en Derecho por la Universidad de California y también una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
Actualmente es miembro del consejo directivo de la Barra Mexicana de Abogados y coordinador de la materia de Derecho Público en el ITAM. Así que, Luis Enrique, adelante con tu participación hasta por cinco minutos iniciales, por favor.
El ponente Luis Enrique Pereda Trejo: Correcto. Muchísimas gracias. A nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, personas legisladoras, federales, muchísimas gracias por la invitación. Diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, muchas gracias.
Mejorar y degradar no son sinónimos, aunque ambos procesos puedan comenzar con una reforma. Si el resultado de esta reforma presentada el 5 de febrero es poner en mayor peligro a la independencia judicial, entendida como la capacidad de emitir fallos imparciales, basados exclusivamente en el derecho y en los hechos, sin estar sujeto a influencias externas, si esta iniciativa se transforma en una reforma que pone en mayor peligro, entonces no se habrá mejorado nada, pero sí se habrá destruido varios elementos valiosos que tardaron más de 30 años en construirse.
Tres puntos específicos: Primero, selección de candidatos. Si es verdad que yo soy yo y mi circunstancia, y hoy en día la iniciativa propone que solo los Poderes políticos pueden proponer candidatos a jueces, ¿cómo esperar que los nuevos jueces no tengan una visión y un interés político?
¿Por qué no ampliar la posibilidad de proponer precandidatos a otras organizaciones también importantes?, por ejemplo, universidades, barras, colegios de abogados, cámaras empresariales, sindicatos, colectivos, organizaciones de la sociedad civil; que estas agrupaciones puedan proponer precandidatos y luego evaluarlos.
¿Qué debe de saber un juez? No es una pregunta retórica o filosófica, es una pregunta importantísima. Debe de saber todos los artículos de la constitución de memoria, debe de conocer todos los códigos del país de principio a fin, debe de saber argumentar. Estas preguntas ya fueron contestadas. Hay esfuerzos muy serios en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura que hoy en día evalúan a los futuros jueces y magistrados y que son importantes conservarlos.
Todos queremos que un juez sea, por supuesto, honesto, pero, también un experto técnico en su materia. La propuesta es que haya precandidatos propuestos por alguien más que solo los partidos políticos, que sean examinados y ahora sí, esas personas que han pasado ese filtro técnico puedan aparecer en la boleta.
Dos. Decisión del elector. No es un tema de absolutos, no es o hay votación o no hay votación. Ya lo mencionaba hace rato una colega, en Estados Unidos hay distintas combinaciones, hay jueces que son designados, ejecutan el cargo y después son validados por la votación.
También puede suceder que para que haya jueces haya una votación, ejerzan el cargo y luego regresan a las urnas. No se trata de solo absolutos, hay muchas más combinaciones que pueden resultar más valiosas.
Tres. Quitarle la espada de los jueces, quitar la espada de la cabeza de los jueces. Con un tribunal disciplinario como el que se propone, quién puede pensar que va a haber jueces que se van a atrever a decir que el SAT se equivocó. ¿O acaso el SAT es infalible?
¿Quién le va a poder ganar un juicio al Estado si el juez tiene miedo de perder su trabajo? Es contra natura pretender que alguien va a tomar una decisión que ponga en peligro la fuente de alimento, comida y vestido para su familia.
Necesitamos jueces libres, independientes y si esta reforma no abona a eso, entonces, esta reforma no mejoró sino destruyó. Por supuesto que estamos a favor de la reforma judicial, claro. Una reforma judicial que mejore, no que empeore la situación.
Y creemos que ir a prisa, a galope, donde ya hay fecha para dictaminar en agosto y agosto empieza al final de esta semana, no muestra y no refleja las importantes cuestiones que se han tocado en este y en los otros foros que se están realizando, organizados desde el poder político y también desde la sociedad civil.
¿Qué prisa hay? La nueva presidenta no se ha sentado en la silla, el nuevo Congreso no ha tomado posesión y ya se habla de dictaminar, cuando basta escuchar cualquier foro de estos con personas brillantes, como las que aquí están, que han puesto sobre la mesa importantes problemas.
La titular del INE, hace unos minutos puso cuestiones fundamentales. Por favor, legisladores federales, no convirtamos al Poder Judicial en otro Insabi, es decir, un experimento que fracasó. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Luis Enrique, por tu intervención inicial. Es reflejo de la pluralidad de opiniones que caracterizan a los diálogos que organiza la Cámara de Diputados.
El secretario técnico José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Ustedes ya la conocen, ella fue en 2021 también nombrada presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el período 2021-2022. Y quiero destacar un tema de paridad importante que ha impulsado la ministra, en el ámbito internacional fue electa como integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para la edición XXI de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organismo al que representa dentro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento. Así que, ministra, un gusto tenerla por acá, buenas tardes, adelante con su participación.
La ponente ministra Yasmín Esquivel Mossa: Muchas gracias. Estimados legisladores, legisladoras, distinguido auditorio, reconozco el trabajo con el cuidado y dedicación, prudencia, responsabilidad y compromiso con el que se aborda este tema de la reforma al Poder Judicial Federal. Se han escuchado infinidad de posturas que, sin duda, enriquecen y enriquecerán el dictamen final que ustedes analizan y discuten, en donde las coincidencias habrán de verse y, sin duda, se dialogarán las diferencias.
Esta sesión, me permito someter a su reflexión tres propuestas adicionales a las que ya hice en la sesión anterior. La primera de las tres, advierto en las ponencias un gran número de personas jugadoras en funciones federales y locales, con una acreditada solvencia profesional, debido a que su acceso al cargo fue calificado conforme a los parámetros de aptitud establecidos por el propio Congreso de la Unión en la legislación orgánica respectiva y las legislaturas de las entidades federativas y sus leyes correspondientes. Su estabilidad en el cargo está protegida por el artículo 97 constitucional.
Tratándose de estos juzgadores, considero que, si bien todos ellos deben someterse al escrutinio público a través del voto popular, con rigor técnico, no podemos hablar propiamente de una elección, pues ya se encuentran desempeñando sus puestos. Por lo que, siguiendo la lógica de la Constitución plasmada en la fracción IX del artículo 35 constitucional, me parece que debemos pensar en todo caso en un procedimiento transitorio único de revocación del cargo, conforme a un sistema análogo y proporción guardada con el previsto para el titular del Poder Ejecutivo Federal, que también es un sistema de participación ciudadana respecto del cual inclusive ya tuvimos un ejercicio exitoso orquestado en todo el país por el Instituto Nacional Electoral en el año 2022.
Me parece importante recordar que en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aquel 14 de marzo de 2019, se explicó que la revocación del mandato reconoce a los ciudadanos como una fuente de la soberanía popular y, entre muchas otras bondades de esta figura jurídica, se expresaron dos razones para incorporarla en la Constitución, las cuales por su conexión con el tema que nos ocupa me permito citar textualmente:
–Abro comillas– “Ante las dificultades para que los mecanismos de destitución de las autoridades en manos de otros órganos del Estado operen, la revocación del mandato apela directamente a la ciudanía y disipa cualquier ápice de duda en torno a la legitimidad de la destitución. La revocación es una vía constitucional democrática, institucional, reglada, pacífica para expresar el descontento” –cierro comillas–. Hasta aquí el dictamen de la legislatura 2019 de aquí del Congreso de la Unión.
Consecuentemente con pleno respeto a lo que determina el poder revisor de la Constitución, me permito adicionar a mi propuesta original con un artículo transitorio, para que se establezca que tanto magistradas, magistrados de circuito, juezas, jueces de distrito actualmente en funciones, participen en una jornada electoral de revocación del cargo dentro de la circunscripción electoral en donde se desempeñan, a fin de que se les revoque su nombramiento si así lo determina la mayoría de la ciudadanía dentro de una participación de al menos del 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores que corresponda, que es el porcentaje previsto constitucionalmente tratándose de la revocación del mandato de presidente de la República, o bien el porcentaje que esta soberanía considere conveniente.
Esta es una primera propuesta, ya que si a las personas juzgadoras no se les revoca el cargo y si además ya se encontraban ratificadas conservarán sus nombramientos por todo el tiempo por el que fuero designadas y, en cambio, las no ratificadas continuarán ejerciendo el cargo en los términos de la iniciativa por un lapso de nueve años quedando en aptitud de participar en la subsecuente elección. Esto con relación a los magistrados ratificados y no ratificados.
Quienes han servido a la justicia merecen también ser tratados con justicia, porque ello es una garantía de respeto a los derechos de la ciudadanía.
Como segunda propuesta y con el objeto de no interrumpir la carrera judicial de los secretarios, actuarios y demás trabajadores, instituida en el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución, propongo que a quienes ya se encuentran laborando en los diferentes órganos jurisdiccionales, se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa constitucional.
Y, finalmente, para una transformación de fondo en el Poder Judicial Federal, me permito presentar la tercera propuesta como acción afirmativa, que la primera elección popular de quienes habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y juzgados de distrito, se postulen exclusivamente a mujeres, para lograr su mayor presencia en los órganos de impartición de justicia. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministra, por hacer una incorporación y por tanto en el tema de género, como usted mencionó.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien nos da gusto saludar. Recordarle a la audiencia que él tiene una antigüedad de docente de ya de 28 años, es director de la Facultad de Derecho, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Colaborador editorial en el periódico Excélsior, donde publica su columna Corolario y, obviamente también imparte diversas asignaturas en nuestra Facultad relativas a teoría de la Constitución, derecho constitucional, derecho notarial registral, así como Poder Legislativo, regímenes constitucionales comparados y federalismo y también relaciones interinstitucionales. Doctor, como siempre, un gusto verlo. Adelante con su intervención.
El ponente Raúl Juan Contreras Bustamante: Muchas gracias, José Omar. Agradezco de manera sincera la amable invitación que me hizo el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para participar en mi carácter de académico y exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, en estos diálogos nacionales para la próxima reforma constitucional al Poder Judicial.
El tema a opinar al que se nos convoca, es el relativo a la elección popular de los integrantes del Poder Judicial. En atención al tiempo que nos ha sido asignado trataré de ser muy esquemático en mi participación.
Dentro de la teoría de la Constitución existen dos posturas opuestas respecto a los alcances que puede tener el poder constituyente permanente o poder revisor de la Constitución. Quienes están a favor de una reformabilidad ilimitada, en síntesis, sostienen argumentos como que el poder revisor no puede tener barreras infranqueables, ya que las decisiones de una generación anterior no pueden impedir al actual a determinar con libertad su destino.
El resultado de las elecciones del pasado mes de junio y el mapa político del país conforman un escenario democrático que determina la posibilidad de procesar una reforma radical a la forma de integral el Poder Judicial de la Federación, así como también al de las 32 entidades federativas.
En el otro lado existen voces que señalan que el poder revisor de la Constitución sí tiene límites a su accionar, debido a que no pueden modificar lo que el jurista alemán Carl Schmitt llamaba decisiones políticas fundamentales, que son aquellas que delimitan la esencia de nuestra ley fundamental, así como del Estado mismo.
La convocatoria a estas sesiones de parlamento abierto es muestra de una voluntad política de escuchar antes de llevar a cabo una serie de reformas que se antojan trascedentes. Este es un buen momento de llamar a la reflexión para procurar delinear un mejor sistema judicial, que las encuestas señalan que las y los mexicanos lo perciben como un poder lejano, quizá por su labor técnica, y su función es muchas veces incomprensible para la mayoría de la población.
Habrá que aprovechar esta oportunidad para procurar abrir al Poder Judicial a la ciudadanía, me refiero a volverlo cercano para conformar un sistema cuya implementación se estructure con el uso del lenguaje comprensible para el ciudadano en las sentencias y que explique de manera sencilla la motivación y fundamentación de las mismas.
Configurar una judicatura más transparente, que rinda cuentas, inmune a injerencias externas, que puedan garantizar, que puedan impedir el acceso a la justicia a todas las personas sin distingos de su nivel social, que han sido víctimas de violaciones a sus derechos, que garantice un efectivo y eficaz acceso a la justicia y que combata la impunidad y la corrupción.
El sentir de buena parte de la academia, respecto de la función y alcances futuros del poder constituyente, cuando se instaure para analizar, discutir y aprobar las reformas al sistema judicial del país, coincide en recomendar se consideren, entre otras cosas importantes, lo siguiente:
Que la reforma preserve una auténtica división de poderes, que configure un Poder Judicial que se coordine y coopere, pero que no se subordine a los otros dos poderes.
Que de manera clara cuide y se preserve el derecho humano que nosotros los ciudadanos tenemos de contar con jueces independientes.
El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial.
La reforma debe establecer las modalidades para que exista un adecuado proceso de nombramiento, la inmovilidad en el cargo y las garantías contra presiones extranjeras en contra de los juzgadores.
El derecho internacional y las convenciones establecen que no puede haber juicio justo sin un juez o una jueza independiente. En este contexto se tiene que cuidar dos dimensiones de la independencia judicial: la independencia institucional y la individual.
3. Las enmiendas constitucionales deberán establecer normas que garanticen una mayor dotación de recursos presupuestarios. Tenemos, de acuerdo a los parámetros internacionales, muy pocos jueces por habitante.
La modificación de la manera de cómo elegir a los ministros, magistrados y jueces no resuelve por sí sola un mejor acceso a la justicia. Si deseamos en verdad alcanzar la legítima aspiración de que exista justicia pronta y expedita se requiere de mayores presupuestos y políticas públicas bien diseñadas.
La auténtica división de poderes está íntimamente relacionada con la autonomía financiera del Poder Judicial.
4. El poder revisor deberá establecer una reforma ejemplar, para que sea modelo para la transformación de los Poderes Judiciales de orden local. Desde la academia se piensa que en los problemas de impartición de justicia están, antes que en el ámbito de la Judicatura Federal, más graves y urgente problemas en las procuradurías, policías y juzgadores de índole local.
5. Las enmiendas constitucionales deberán establecer procesos que garanticen la correcta selección de personas que demuestren reunir las aptitudes y conocimientos necesarios. En caso de que el Poder Constituyente determine ir por la elección directa, será conveniente la participación de las facultades de derecho y la academia en los procesos para seleccionar la idoneidad de los candidatos, así como para la posterior capacitación y actualización académica de los integrantes de la judicatura.
6. Es de considerarse que no debe desaparecer la carrera judicial. En su caso, preferir la ratificación en lugar de reelección. Se tiene además que establecer normas que garanticen la inamovilidad de los funcionarios seleccionados durante sus encargos. La reforma debe aspirar a construir carreras judiciales que cumplan con los estándares internacionales, lo que podrá permitir la depuración del sistema judicial y, repito, garantizar el ingreso y permanencia de las personas idóneas desde el punto de vista intelectual, ética y moral, para ejercer la judicatura.
7. En caso de que se decidiera optar por funcionarios judiciales electos de manera directa, la reforma debe determinar, de manera clara, que los ministros, magistrados y jueces, aunque sean electos por principios mayoritarios, deberán estar obligados a defender también los derechos humanos y garantías de las minorías. Es decir, en caso necesario deberán ser contramayoritarios, cuando se trate de la defensa de los derechos humanos y garantías de las minorías o de cualquier persona, sin discriminación alguna.
Y, por último, octavo. El Constituyente Permanente deberá construir un sistema judicial que esté a la altura y conforme a nuestros compromisos convencionales y tratados internacionales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los países miembros tenemos la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en esa convención. El poder revisor de la Constitución debe considerar y respetar el control de la convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Doctor, si podemos ir concluyendo, por favor.
El ponente Raúl Juan Contreras Bustamante: La legitimidad democrática de las futuras reformas debe estar limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la siguiente participación, que corresponde al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Ya lo conocen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido ya durante varios años investigador PRIDE y también en el Conacyt, con diversos niveles.
Recordarles también que estuvo como visiting fellow en la Universidad de Yale, en donde trabajó con el recordado profesor Juan Linz, para realizar investigación sobre los regímenes no democráticos y las transiciones a la democracia ya en 1992. Y que también estuvo con el profesor John Balley sobre el análisis de las instituciones que en México estaban participando en el cambio de régimen. Entonces, doctor, adelante con la actualización sobre estos importantes temas, por favor.
El ponente Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Puntos Constitucionales, al líder mayoritario de la Cámara, al diputado Juan Ramiro Robledo. En fin, a todos los diputados que están presentes y diputadas presentes en este espacio parlamentario.
Quiero comenzar diciendo que el tema que nos ocupa está no solamente en el debate nacional, está desde luego en el debate mundial. En los Estados Unidos en este momento se discute no la elección de los jueces supremos, pero sí una modificación muy importante a su permanencia e inamovilidad.
El presidente Biden propone, como saben, como ha trascendido en los medios, una permanencia máxima de 18 años, de 18 años. Actualmente, los jueces supremos en Estados Unidos son vitalicios. Y propone, además, un código de ética importante establecer las responsabilidades en las que puedan incurrir los jueces de la Corte Suprema. Entonces, estamos en el contexto mundial de la discusión. No es un asunto doméstico ni nacional.
Creo que para entenderlo varios de los ponentes ya se han referido a ello. Hay elementos de contexto, que no voy a abundar en ellos. Todo el agravio social que existe respecto al Poder Judicial, tanto federal como local, a las fiscalías, a las policías, etcétera, el nepotismo, el gremialismo fuerte, los concursos cerrados, las retribuciones en contra del artículo 127 de la Constitución, las decisiones contra legem cuando se han otorgado suspensiones con efectos generales en materia de amparo, de acciones, de controversias constitucionales.
La oposición al actual gobierno, como nunca se había opuesto el Poder Judicial a algún gobierno, que ha hecho de nuestra Suprema Corte una tercera Cámara legislativa, invalidando importantes leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, y una percepción muy negativa de que es una Corte, de que es un Poder Judicial que resuelve a favor de los grandes intereses económicos para que con conglomerados, empresas como Televisión Azteca, no paguen los impuestos o para favorecer a grupos económicos del extranjero, a la empresa Iberdrola respecto a las impugnaciones que hubo en materia o respecto a la Ley de la Industria Eléctrica.
Hay también un contexto histórico-político que nos ayuda a resolver la pregunta: ¿por qué esta reforma? Ese contexto histórico-político tiene que ver con los métodos que hemos tenido durante el siglo XX y parte del XXI para elegir a integrantes del Poder Judicial.
En los primeros años del siglo XX, como saben, después del 17 al 28, ya lo explicaron aquí, el método era un método federal, sin intervención del Ejecutivo. En las épocas del autoritarismo en México, del autoritarismo extremo del año 28 al 94, la propuesta dependía de lo que decidía el señor presidente. El presidente proponía a una persona y el Senado por mayoría calificada, controlado por el presidente, aprobaba a esa persona.
Después el modelo que ha existido hasta la fecha, le podemos llamar el modelo de la transición democrática, que es un modelo de poder compartido principalmente entre los partidos políticos PRI y PAN, hasta el actual gobierno, en donde esos dos partidos definían quién era o no ministro de la Corte.
Hay un tercer contexto que también aquí se ha aludido, brevemente lo menciono, es el contexto de cuándo está justificado que existan mecanismos contramayoritarios, porque aquí se ha dicho que hay que defender a los débiles, los derechos humanos —en lo que coincido— el problema es que a veces es difícil identificar según el punto de vista de quién, quiénes son los débiles. En este país los débiles no son los dueños de las empresas transnacionales, los débiles no son los dueños, no son los grandes empresarios, los débiles no son los políticos, no son los altos funcionarios públicos, los débiles paradójicamente son las grandes mayorías de la población a quienes debe atender el Poder Judicial de la Federación.
Entonces, creo que hay muchas razones para que esta reforma sea aprobada, voy terminando. Creo que sí hay asuntos muy interesantes que deben ser atendidos. Hace unas semanas oía un amigo que está aquí presente, el periodista Gómez Bruera, muy preocupado con el tema electoral. Creo que es un tema que la iniciativa debe atender si se van a elegir a estos jueces, magistrados y ministros con un sistema de mayoría, de representación proporcional, mixta, si los poderes cuando propongan candidatos van a aceptar propuestas de la sociedad o no, como proponía uno de los expositores del día de hoy en la tarde.
En fin, muchas preguntas. ¿Cuáles son las competencias que tendría el INE para organizar el proceso electoral en el Poder Judicial? ¿Y cuáles serían las competencias del Tribunal de Disciplina Judicial para evitar financiamientos ilegales en los procesos electorales para elegir a jueces, magistrados y ministros? Muchas gracias por la invitación, muy amables.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarles que él también, en el ámbito profesional, es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.
Cuenta también con un máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesina, El síndrome de alienación parental. Y también es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con la tesis de grado Propuesta para una real y efectiva garantía del derecho a la defensa. Así que, ministro, un gusto recibirlo otra vez aquí en la Casa del Pueblo. Adelante con su exposición.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores, compañeras y compañeros juzgadores, distinguidos invitados. Agradezco la oportunidad de expresar una vez más mi opinión en relación con el tema concreto que nos ocupa el día de hoy, que es la propuesta de elección popular para la designación de personas juzgadoras.
No comparto que este sea el método adecuado para este tipo de designaciones, básicamente por tres razones. La primera porque el diagnóstico que sustenta la iniciativa no es suficiente para demostrar que el mecanismo que ahora se propone es el adecuado para lograr los fines que se persiguen, ya que la corrupción y la impunidad no están directamente vinculados con la estructura de la Judicatura o con el nombramiento o la forma de nombramiento de sus integrantes, por lo que me parece que no es justificado la destitución integral, desconociendo derechos laborales y de retiro de la totalidad de titulares de la Judicatura Federal a manera de represalia.
La segunda, porque se ha denostado a la Judicatura Federal, afirmándose que somos corruptos y que servimos solo a determinados grupos privilegiados. Quienes hemos sido formados en la Carrera Judicial estamos conscientes que nuestras resoluciones siempre se generan en medio de un conflicto y que finalmente, la parte que no obtiene lo que pretendía queda insatisfecha y molesta con quien juzga, atribuyendo a esa decisión desfavorable no a la falta de elementos probatorios o argumentativos para obtener su objetivo, sino frecuentemente se recurre a la descalificación del o la juzgadora, atribuyéndole deshonestidad o ineptitud.
Así que, en esa narrativa que se ha generado contra el trabajo de las y los juzgadores, en muy pocas ocasiones se exponen y analizan los argumentos jurídicos, la interpretación constitucional o legal y los precedentes obligatorios sobre el tema específico que están precisamente obligados a aplicar en sus determinaciones.
La tercera, porque se ha dicho que la elección popular de jueces es un modelo que legitimará las decisiones de los juzgadores, pero esta legitimación tiene que derivar del cumplimiento de los jueces a su juramento por defender la Constitución, así como de su preparación, imparcialidad y profesionalismo, no de su popularidad o de la simpatía que puedan generar en los electores. Las personas juzgadoras deben estar más comprometidas con su autonomía, capacitación y estudio que con la necesidad de tener que enfrentar procesos electorales.
El modelo que ahora se propone, generará tensiones entre las obligaciones de independencia e imparcialidad judiciales y la necesidad de tener que emitir fallos que resulten populares para atraer el voto y hacer propaganda de alguna manera para ganarse al electorado.
Los problemas del sistema de administración de justicia no son exclusivamente atribuibles a quienes juzgan, porque su labor está determinada con base en normas constitucionales y en las leyes y la jurisprudencia que de ellas derivan. Es decir, existe un entramado normativo que acota la actuación judicial. No se trata de la aplicación en abstracto del concepto de justicia.
Por otra parte, se ha escuchado en los foros anteriores que la reforma va porque el poder reformador se otorgó a las mayorías electas en el Congreso y que existe un mandato popular expreso para transformar al Poder Judicial.
Bienvenida sea una reforma basada en evidencia científica, en la idea de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, en consolidar la excelencia en la impartición de justicia en los tribunales superiores de los estados, en mejorar los procesos judiciales, en fortalecer y ampliar al servicio de la defensoría pública, en propiciar la capacitación y prestaciones dignas a quienes integran la carrera ministerial en las fiscalías, en la profesionalización y dignificación del trabajo policial, en la importancia que se debe dar a los medios alternos de solución de conflictos, en la certificación de la capacidad y experiencia de los abogados que intervienen en los procesos en defensa de los intereses de sus clientes, entre muchos otros aspectos más.
Pero una reforma que no va en ese sentido y que, más bien, busca eliminar de golpe la estructura actual de un poder federal del Estado no me parece idónea. Como reflexión final, la carrera judicial no es un trabajo más dentro del servicio público: se trata propiamente de un compromiso de vida que exige, en primer término, vocación y, derivado de ello, entrega absoluta, constante preparación y actualización, sujetarse a un régimen estricto de vigilancia y disciplina en el ejercicio de las funciones.
Asumir riesgos de amenazas a la persona o a los seres cercanos con motivo de sus decisiones implica, asimismo, sacrificio de otros aspectos de la vida normal de las personas como puede ser dedicar tiempo suficiente a la familia, limitaciones de la convivencia social y evitar el protagonismo o la exhibición personal en el ejercicio de la función.
Para finalizar, diría yo que solo juezas y jueces ajenos a cualquier poder político, económico o, incluso, al favoritismo ciudadano podrán defender con autoridad los derechos y libertades de todos los individuos, amparar a quien se acerque a los tribunales y garantizar la libertad de expresión y el derecho a disentir. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar esta primera ronda de participaciones con la del doctor Eduardo Andrade Sánchez, recordarle a nuestra audiencia que estamos en vivo y que en la página reformapoderjudicial.diputados.gob.mx pueden encontrar todo el material, versión estenográfica, videos, resúmenes, semblanzas y todo el material que nos dejan los ponentes para que pueda ser consultado por la ciudadanía.
Don Eduardo, fíjense que, es muy interesante que en sus más recientes ediciones de libros ha escrito sobre derecho constitucional y teoría de la Constitución, introducción a la ciencia política, teoría general del Estado y derecho municipal, y un manual, también, de derecho electoral.
Recordar, también, que sus artículos aparecen cada semana en El Universal y, pues bueno, su amplia experiencia también le permitió ser abogado general de nuestra máxima casa de estudios. Así que, sin más preámbulos, don Eduardo, muchas gracias y tiene el uso del micrófono.
El ciudadano Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias. agradezco al diputado Juan Ramiro Robledo la invitación y saludo respetuoso para todas y todos. Empiezo por considerar algo que ya se definió ya aquí en un foro, aunque entiendo que hay dos posiciones frente a la viabilidad de reformar todo en la Constitución. Pero, yo me inscribo en la línea de que el Poder Constituyente permanente, realmente, puede hacer la modificación que le ordene el pueblo, lo dice el artículo 39.
En eso, creo que, además, hubo consenso aquí en el foro. Otro punto del consenso es el hecho de que se requiere una reforma que ya se dijo al Poder Judicial. Otra cuestión que habría que analizar es la conveniencia de aplicar este método de elección popular.
Pero, esa conveniencia ya fue decidida, porque lo puede decidir. Ya fue votada y fue un tema que se sacó todo el tiempo en la campaña para insistir en que la gente votara uniformemente, con sus tres votos para conseguir la mayoría calificada y poder hacer la reforma constitucional. Así que, no podemos decir que no hay apoyo, hay un apoyo claro, que fue explicito respecto de lo que se planteó.
Por otro lado, no hay una posición académica mayoritariamente contraria. Ahí, siento que la academia tiene razón, es para un pensamiento conservador, lo que ya aprendió, etcétera. Por una parte, en que la academia parece haberse cerrado al análisis crítico, crítico no opositor, de lo que se está metiendo en la iniciativa y que ahí la academia debe estar abierta para valorar ¿qué es lo que conviene?, ¿cómo hacerlo?, etcétera.
Además, no podemos dejar de reconocer que la academia y la práctica política tienen una relación de doble vía, la práctica política muchas veces toma temas que ha resuelto a la academia, pero la academia tiene que hacer trabajo teórico sobre lo que resuelve el poder político e incluso se ha dicho que no es cierto, digo yo, que no haya elección en otros lados al que ha habido ya las referencias. Por ejemplo, el número de estados en los Estados Unidos que van a la elección popular, puede haber problemas, pero el método no es algo inusual, insólito, que no pasa en ningún lado.
Incluso, si lo fuera, pues el poder constituyente puede tomar la decisión que quiera en representación del pueblo. Si no se tuviera esa consideración, nunca hubieran entrado los derechos sociales a la Constitución mexicana, entraron a pese a que se se decía: oiga, no, esto no se ha hecho en ningún lado, etcétera.
Entonces, yo creo que ese análisis debe realizarse con toda apertura y preguntarse también por qué hay esta situación. Y la verdad es que el Poder Judicial se ha excedido en su función, la verdad es que ha penetrado a la elaboración de políticas públicas, ha decidido desconocer incluso el contenido de la propia Constitución federal.
Hubo un pleno regional que dejó sin efecto en la mitad del país a la Constitución, eso es absolutamente inadmisible de modo que como existe este fenómeno y lo podemos documentar, tengo escrito sobre eso también varias cosas, pero la propuesta parece ser una respuesta a esa politización.
Si existe ya ese activismo político, entonces, pues procede o es lógico pensar que un método político, como la elección, que no necesariamente serán políticos favorecidos: esa es otra parte importante, porque es un proceso acotado por el número de propuestas que pueden hacer, por cierto, los tres poderes y no solamente uno como ahora.
Creo se ha simplificado también la propuesta para descalificarla, no es una elección totalmente abierta en la que cualquiera se puede meter, no es algo que no se pueda analizar como lo ha hecho la ministra Esquivel, gradualidad que no significa dilación perpetua, sino graduar la opinión o mejor dicho, graduar el ingreso de la elección popular como método para estas finalidades.
Hay un agrupamiento a través de filtros, no creo que necesariamente vayan a hacer amistades políticas, habrá que justificar por los tres poderes a quienes se pone en esta lista. No habrá ofertas públicas, no es una campaña del tipo de los partidos. Está previsto que no habrá financiamiento y que tendrá que usarse los medios de comunicación del Estado para dar a conocer lo que piensan los jueces.
También los jueces, yo he sido juez, tenemos siempre una visión del mundo y de la vida. Siempre hay quien se inclina más hacia a una posición, a otra, lo cual no quiere decir que se sea parcial, pero si la gente puede revisar los jueces, cómo han fallado; los académicos, cómo han escrito; los abogados del foro, a quién han servido; eso puede servir para delimitar la toma de decisiones. Me parece que será algo útil. Habría mucho más que decir, pero el tiempo nos gana. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, don Eduardo Andrade por su intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar con la siguiente etapa de este diálogo, iniciamos la ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios. Les pedimos que se puedan ajustar al tiempo de tres minutos para hacer la pregunta a la ponente o al ponente que señalen ustedes.
Y recordarles ya que en el inicio de estos Diálogos Nacionales se hizo un primer diálogo en el cual los grupos parlamentario, los partidos políticos, fijaron su postura respecto a esta iniciativa; y ahora pasamos a una etapa donde podrán hacer preguntas respecto al tema que se está planteando el día de hoy, que es la elección democrática de jueces, magistrados y ministros. iniciamos con el diputado Francisco Huacus Esquivel. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Muchas gracias. Compañeras, compañeros legisladores, legisladoras, invitados especiales a este foro de diálogo. Agradezco también la contigua con este trabajo de diálogo, compartir diferentes visiones al respecto, que sin duda permite escuchar todas las voces y los sectores involucrados en el tema.
Hemos escuchado, con mucha claridad, los planeamientos y sin duda hay muchos aspectos que debemos de considerar para esta reforma, específicamente en esta parte que tiene que ver con la elección de los integrantes del Poder Judicial; y también debemos dejar muy en claro que siempre hay manera de mejorar y aportar en la vida política de nuestro país. Sin embargo, deben presentarse los cambios correctos que no vulneren su independencia.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros puede comprometer la independencia judicial, donde el servicio de carrera quedaría en segundo término con candidatos, candidatas que pueden ser sometidos a presiones políticas, electorales o, incluso, me atrevería a decir, criminales, ante las propias elecciones que hemos vivido en este país, donde se han determinado, se han decidido elecciones a voluntad o a merced de quienes hoy delinquen en México.
Y es claro, y es evidente y nosotros desde esta visión decimos que es necesaria, sí, una reforma al Poder Judicial. Y sabemos también que esta reforma al poder no va a resolver como varita mágica los problemas de justicia ante la situación que estamos viviendo hoy como país. Esto tiene que ser gradual y tenemos que abonar al respecto.
Bolivia, el único país latinoamericano en implementar la elección de jueces por voto popular, en sus elecciones judiciales del 2011 y 2017, generaron más desconfianza entre los ciudadanos, ya que los candidatos eran influenciados por consideraciones políticas y las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades con votos nulos y, en algunos casos, generaron impugnaciones que los llevó a que algunos elegidos no asumieran los cargos.
Desde este planteamiento debemos considerar que la elección de jueces y magistrados debe realizarse desde una democracia dirigida, ya que son cargos que deben de ser establecidos con un servicio de carrera y responsabilidad por parte de los servidores, garantizando su independencia sin presiones políticas ni mediáticas, con las correctas garantías institucionales.
Y aquí me permitiría preguntarle a cualquiera de los miembros del Poder Judicial, ¿qué nos garantizaría en esta reforma que los jueces o magistrados puedan tener esta certeza de lo antes mencionado? Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado, por la pregunta formulada. Ahorita vamos con los ponentes.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado Braulio López. Adelante, por favor, diputado.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares: Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos los ponentes. Gracias por sus ideas, por sus comentarios, por sus críticas. Decirles que, desde Movimiento Ciudadano, lo dijimos desde la propuesta de reforma al Poder Judicial, que la reforma al Poder Judicial es una reforma necesaria. Pero, siempre y cuando, la reforma fortalezca y no debilite.
Y creemos que la reforma parte de un diagnóstico puntual, en el sentido de que sí hay actos de corrupción, que sí hay un nivel muy alto de impunidad en el país, pero creemos que no logra combatir esos objetivos, al menos como está planteado, del diagnóstico que menciona.
Creemos y me refiero esto de la exposición de motivos, dice que es para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos. No se logra, por una parte, porque no es una reforma integral. Es decir, no modifica el sistema de justicia, solo va dedicada al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales estatales, no pasa por policías, no pasa por ministerios públicos, no pasa por los centros penitenciarios, no pasa por la Defensoría Pública, por el mismo ejercicio de la abogacía, que creemos que una reforma realmente a la justicia en México requiere.
Y también porque se ha centrado la discusión en un punto específico, que es la elección popular, y la elección popular creo que como está, porque lo mencionó bien el doctor Jaime Cárdenas, puede haber distintas modalidades de la elección popular, pero al menos como está planteada la iniciativa es muy similar a la elección de diputados, de presidentes municipales, de gobernadores en este país.
Y mi pregunta sería, para hacer un poco variado el intercambio, a la doctora Adriana García, al ministro Juan Luis González Alcantar y al doctor Contreras Bustamante, si ustedes como está regulada hoy la carrera judicial y como está regulado el ejercicio para elegir diputados, presidentes municipales, gobernadores y presidentes en este país, ¿cuál creen que este sistema privilegia que haya mejores representantes, o mejores funcionarios públicos? Cuál de estos garantiza, porque pareciera que quitando la carrera judicial, pero haciendo la elección popular pues ya no habría corruptos, como si no hubiera diputados y senadores y presidentes municipales corruptos, como si la elección popular fuera a quitar el nepotismo, como si la elección... no hubiera diputados, hijos dé, sobrinos dé, nietos dé.
Dicen que la elección popular va a quitar los padrinazgos. Pues tampoco se resuelve realmente en la elección de diputados y de senadores de la República.
Tiene tampoco, digamos, realmente hay una responsabilidad más ética, por parte de quienes somos elegidos popularmente. Y hay muchas cuestiones, inclusive el tema de abusos, abusos sexuales que dicen que, bueno, que se han señalado mucho en el Poder Judicial, tampoco se resuelve, digamos, con la elección directa.
Entonces, realmente no es la panacea, no es la modificación y sí hay otras cosas que se requieren para estos cambios. Entonces, preguntarles ¿qué sistema nos daría mejores jueces en estos sentidos, uno de carrera judicial o uno de elección democrática?
Y para el doctor Jaime Cárdenas, si podría ahondar en esta idea de la elección, doctor. ¿Qué cree usted que podría ser mejor, un esquema, tal vez más de ratificación que de nombramiento de inicio? ¿Cree que debiera ser la postulación abierta o sí sujetarla justo a los Poderes del Estado? Es decir, que proponga nada más el presidente, las Cámaras y el Poder Judicial o debiera ser algo mucho abierto. Por sus respuestas, muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Braulio.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Fernández Noroña, para formular su pregunta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Bienvenidos todas, todos. Yo soy sociólogo. Aquí tenemos una mesa de juristas destacadísimos, con grados académicos muy altos, con enormes trayectorias en el Poder Judicial y yo les preguntaría si se atreverían a cuestionar el artículo 39 constitucional, de que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene que todos poderes dimanan de este y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno y las instituciones, hasta el derecho a la rebelión incluido.
Yo creo que no se atreverían, pero con sus intervenciones se atreven a más, ven al pueblo por encima del hombro, lo ven sin el criterio, sin la capacidad, sin el conocimiento, solo les falta decir que cómo se atreve el pueblo a querer resolver sobre las personas juzgadoras, su talento y su desarrollo. Que fuerte.
Todas las críticas que dicen que va a pasar, si se eligen a los jueces, es lo que hoy pasa en el Poder Judicial. Son los jueces, les pregunto, ¿libres e independientes? Sostengo que no. ¿Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes? Sí hay. Pero el Poder Judicial como tal no es libre e independiente. Dice que si se elige van a financiar los poderes económicos y van a servir a ellos. Pues si a ellos sirven, a los poderes económicos, lo dijo mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia, muy bien, de manera muy elegante, yo soy más brusco. A eso sirven, a esos intereses sirven.
Hoy, aquí y ahora, y por eso el 2 de junio lo he dicho, me repito, el pueblo de México juzgó al Poder Judicial y lo sentenció y dijo, este sistema hay que cambiarlo y hay que ir a una elección. Yo no me imagino al presidente de la República diciendo: no me revoquen el mandato porque están violando mis derechos humanos, porque tengo una larga carrera política, porque tengo un servicio al pueblo de toda mi existencia. No, no. La revocación es revocación.
Se plantea que se ratifique. Pues no lo hubieran propuesto antes de la elección, cuando se presentó la iniciativa, cuando se abrieron aquí los espacios y no quisieron venir, cuando actuaron con muchísima arrogancia y pensaron que el pueblo nunca nos iba a dar los dos tercios para hacer la reforma al Poder Judicial que el país necesite.
Sí, es una revolución. Sí es una revolución. Cuando yo digo que es una revolución piensan que estoy hablando de manera eufemística ¿no? Sí. Pero todos van a poder participar, todas las personas juzgadoras pueden ir al proceso electoral y pueden ser ratificados o revocados, y después podrán ir otra vez a la elección y pueden ser ratificados o revocados. Lo que ustedes plantean está en la iniciativa. Yo, se terminaría con la pregunta. Por qué no propusieron antes todas estas cosas que nos están proponiendo hoy.
Dice aquí alguien, pregunta, ¿qué nos garantizaría que no siga corrompiéndose? Pues la observancia del pueblo, los principios, la honestidad, el compromiso. Eso existe en política, ni siquiera se dan cuenta lo fuertemente injuriosos que son para quienes nos dedicamos a la política. Le llaman politizar, partidarizar. Le llaman que la elección es un procedimiento pues casi quieren decir que plebeyo, pero este pueblo plebeyo ha tomado el destino en sus manos y ha decidido que el Poder Judicial se erigirá por el voto universal, secreto y directo.
Hay cosas en los que les vamos a hacer caso, que no sea todo de una sola idea, de que haya requisitos, de que haya comités, que revisen, que los perfiles sean los adecuados. Respetamos mucho la idea de que haya un Poder Judicial independiente, sólido, serio, consecuente, honesto, probo entregado, pero les exigimos que brinden justicia al pueblo. Y el Poder Judicial sabe que no la ha brindado, y que por eso es esta reforma con este calado y con esta profundidad. Muchas gracias por su atención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Fernández Noroña.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado Carlos Puente. Adelante, diputado. Buenas tardes, noches ya.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Omar. Muy buenas noches. Darles la más cordial bienvenida a todos los ponentes. Destaco y aprovecho el reconocer la asistencia y participación de las señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sean ustedes muy bienvenidos a esta Cámara de los diputados.
Si bien aquí se ha mencionado que cuál es la prisa, yo sí quisiera poner en contexto que la prisa es el mandato popular. Esa es la prisa. Nos ordenaron, nos instruyeron en cada evento que tuvimos en el proceso electoral de la campaña nuestra abanderada y hoy virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, lo consultaba en cada una de esas asambleas, mítines, eventos y a mano alzada la gente votaba y sí lo pedía.
Creo que todos lo decimos: es necesario una reforma al sistema judicial. El tema es cuál. Y estamos aquí por el tema de la elección popular de los integrantes. De qué forma. Yo les preguntaría a ustedes, señoras y señores ministros, de qué forma le decimos a las mexicanas y a los mexicanos tú sí tienes la capacidad para nombrar presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, ah, no, pero espérame, un ministro, un magistrado, un juez ahí no, ahí tú no sabes, ahí tú no puedes, ahí tú no vas a participar. Primera.
Segunda. Cómo verían ustedes que pudiéramos nosotros considerar un comité técnico asesor. A qué me refiero. En el cual la decisión no se queda eminentemente política por parte del Poder Legislativo, sino como lo hicimos para la designación de las autoridades electorales del Instituto Nacional Electoral, en el cual podrían participar, no sé, se me viene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, El Colegio de México, la Barra de Abogados, los que vean ustedes.
Y después de una calificación, que nos digan: éstos son los seis idóneos, que cualquiera de ellos pude desempeñar el cargo. Y en un proceso de una elección popular, qué pasaría. ¿Ahí sí pude ir? Porque eso es algo que se puede considerar. Ahora bien, que esos ya irían con la idoneidad. Que queda claro que tienen capacidad probada, que no es de que pusimos... porque están espantando con el petate del muerto al pueblo. Que vamos a poner a nuestro amigo de la carnicería, al de la frutería, al que no tiene ni idea. No. Yo lo he dicho fuerte y quedito, asumimos con responsabilidad el mandato del pueblo, altísima responsabilidad. Es lo que debemos nosotros de poderlo llevar.
Qué pasaría si nosotros pudiéramos incluir en el momento de la dictaminación que todos los juzgadores tuvieran un pase directo, que vayan a la elección. Porque, además, también les recuerdo que, si la finalidad de esta coalición, que logramos esa mayoría, sería poner a nuestros cuates, los votos nos dan. Queremos utilizar esa mayoría que nos dio el pueblo de México para poder acercar un poco más la justicia a las mexicanas y a los mexicanos, porque hoy la mayoría de ellos sienten y perciben una justicia muy alejada. Tenemos que trabajar mucho, coincido, en las policías, en los sistemas de readaptación total y todo. Pero yo creo que es un paso que tenemos que dar.
Yo los llamaría a la reflexión y les preguntaría: ¿En el caso de poder contar con este comité técnico asesor, poder contar con ese pase directo, y en ese modelo de selección de candidatos, si ustedes pudieran acompañar y respaldar, para que verdaderamente entre todos, todos los que hoy participamos aquí, podamos brindar un mejor modelo de justicia para todas y todos los mexicanos? Por su atención, es cuanto. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Carlos Puente.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar los planteamientos y pregunta que formule el diputado Rubén Moreira Valdez. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Qué tal. Buenas noches a todas, a todos. Reconozco el trabajo del señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y también del líder de la mayoría, que hace posible este tipo de encuentros que se están desarrollando en todo el país. Saludo con afecto a quienes vienen este día aquí a la Cámara de las y los Diputados a mostrarnos sus opiniones. Estamos tomando nota de las mismas y, además, como ya dijo el señor secretario técnico, quedan ahí en los registros de la Cámara para su consulta.
Coincido en que es un buen momento, y siempre lo va a ser, para hablar de la justicia y que no solamente nosotros sino muchas otras naciones lo están haciendo en el mundo, y que no es ocioso hablar de justicia. Sin embargo, creo que habría que poner sobre la mesa algunos otros temas.
México tiene un 0.33, más o menos, jueces federales por cada 100 mil habitantes y, si sumamos a los locales, tiene más o menos como 3. Un país como Grecia tiene 40 por cada 100 mil habitantes y nos quedamos mucho más abajo que la media de los países que integran organizaciones internacionales.
Creo que sería bueno poner sobre la mesa el tema del presupuesto, de un presupuesto garantizado, de una parte, que se traslade a los estados para que mejoren sus Poderes Judiciales locales y que podamos tener más y mejores jueces. Ese es un tema.
Discutir sobre cómo se elige a un integrante del Poder Judicial, obviamente nos va a llevar todavía muchas horas más y yo espero que encontremos la mejor manera.
Reconozco que la mayoría tiene los votos para sacar adelante la propuesta en Cámara de Diputados y, sobre todo ahora en las comisiones. Pero le recuerdo a la mayoría que tuvieron solamente el 54 % de los votos en este país y que el 54 está muy cerca del 49 y, por lo tanto, yo pediría mesura para discutir... 55, se lo otorgo, está muy cerca del 49. Y, por lo tanto, yo les pediría mesura para contar con el apoyo popular, porque lo que vamos a hacer trasciende mucho más allá de nuestro momento legislativo.
En el país ha habido formas distintas de seleccionar a los ministros de la Corte. Por cierto, la Constitución de 57, si mal no recuerdo, en su artículo 94 no daba el voto directo a la gente, era indirecto y en primer grado. Quiere decir que es como ahora, se selecciona a unos que seleccionan a los otros, y esos grandes liberales discutieron esto.
Siguiente cosa que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Creo que hay que hablar, para hablar de justicia, de otros temas: de la procuración, hay que hablar de los peritos y hay que hablar de la seguridad, porque –y con esto voy cerrando, señor secretario– estas personas que fueron desplazadas de México a Guatemala en nada les va a beneficiar que haya un cambio en la Corte.
Entonces, tenemos que arreglar uno de los problemas más profundos que hay en este país, que es el tema de la seguridad. Y acá no critico a un gobernante, sino a los tres órganos de gobierno que tienen que trabajar y colaborar en eso, y a muchas otras instancias, porque para ellos no va a haber justicia así cambiemos toda la Corte cinco o seis veces. Ellos ya están fuera del territorio nacional.
Al ministro González Alcántara le quiero hacer una petición, si de manera sucinta nos puede decir cómo se selecciona un juez de distrito. Yo de muchos de ellos tengo una admiración y reconocimiento por la forma en la cual estudian, trabajan y son evaluados. Entonces, yo le pediría, esa es mi única pregunta o petición, que se haga una síntesis de cómo se selecciona a un juez de distrito o a un magistrado de circuito.
Me preocupa no poder seleccionar, por ejemplo, a los jueces concursales, a los jueces que están en la materia de competencia o aquellos que tienen la enorme responsabilidad de dictar instrucciones para capturar a los grandes capos o para intervenir teléfonos. Yo le pediría eso y les agradezco a todos. Y muchas gracias por su atención y felicito de nuevo a nuestro amigo Juan Ramiro. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Rubén Moreira.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar la pregunta que formula la senadora Kenia López Rabadán. Adelante, senadora, por favor. Buenas noches.
La senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias a la mesa por el uso de la palabra. Primero que nada, quiero reconocer al Poder Judicial su trabajo, a los ministros, a las ministras presentes. Sin lugar a dudas, es gracias a la Corte que se han podido detener los excesos del Poder Ejecutivo el día de hoy.
Las minorías hemos presentado 39 acciones de inconstitucionalidad, una cifra histórica que demuestra que se necesita un Poder Judicial autónomo para delimitar los excesos de un poder, y no tiene que ver con este régimen o con este presidente o con la que viene, tiene que ver con un contrapeso necesario no solamente en México, sino en el mundo.
Es claro que los ministros, las ministras aquí presentes materializan la pluralidad, vamos, los hemos escuchado. Esa pluralidad que da certeza democrática y que, por supuesto, refrenda que la Constitución hoy no está equivocada. A mí me encantaría, por supuesto, escuchando algunas intervenciones, pensar que un buen abogado de cualquier universidad, cualquier despacho, cualquier colegio, podría ser ministro de la Corte, pero eso no es lo que dice la iniciativa. La verdad es que lo que dice la iniciativa y quieren aprobar es que sea el poder mismo el que lo defina. No es un buen abogado talentoso, honesto, inteligente, probo, honorable.
No es cierto, no se equivoquen. Va a ser el propio gobierno, los diputados, los senadores, el poder, la partidocracia, los partidos políticos. Eso es lo que dice esta reforma. Sin lugar a dudas, no están buscando experiencia, no están buscando inteligencia. Lo que busca esta reforma son jueces, magistrados y ministros subordinados al régimen actual. Esa es la realidad.
Por cierto, algo muy parecido a lo que sucedió hace varios años en Venezuela y vean cómo se está viviendo. No apoyaré. Gracias. No apoyaré una reforma que quiera lastimar a la justicia. Una reforma, sí, por supuesto. Quienes hemos litigado, quienes, por supuesto, imparten justicia, también necesitan una reforma. Pero una reforma que fortalezca al Poder Judicial, no que fortalezca al oficialismo, no que fortalezca al régimen en turno.
No se necesita, compañeras, compañeros, una reforma que empodere más a los poderosos y lastime a los que menos tienen. Porque la realidad es que el pueblo de México, ese pueblo de México que confió en este régimen, va a ser el más lastimado. Por supuesto, a quien desee contestarla, pero específicamente, si fuera posible, a los ministros Juan Luis González Alcántara y al ministro Jorge Pardo. Acaban de decir aquí... A quien desee contestarla, por supuesto. Igual a alguien del auditorio con todo gusto estoy aquí para escucharles.
Acaban de decir que tienen los votos; no tienen los votos. El pueblo no les dio, ni en esta legislatura ni en las siguientes dos terceras partes. Estamos justamente en ese litigio de la sobrerrepresentación, no tienen los votos. Pero en el hipotético de que en algún momento los tuviesen, en cualquier parte de la historia. Aquí se acaba de decir algo que me preocupa muchísimo, por qué dicen: porque tienen los votos, pueden hacer lo que quieran, me parece que hay doctrinas...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Senadora, sí podemos ir concluyendo, por favor.
La senadora Kenia López Rabadán: Gracias, secretario. Me parece que hay doctrina nacional e internacional, que eso, evidentemente no es cierto, porque si no entonces, pues si tienen los votos mañana establecen el esclavismo o generan un emperador o eliminan la libertad de expresión y evidentemente eso no se podría hacer.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Senadora, sí podemos concluir, por favor.
La senadora Kenia López Rabadán: Si es posible esperar su respuesta y agradecer, por supuesto, a la mesa el uso de la palabra. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senadora.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar esta ronda con la pregunta que formula el diputado Leonel Godoy Rangel. Adelante diputado, buenas noches.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Gracias. Bienvenidas a todas y todos los ponentes, bienvenidos todos los presentes. Gracias, a los que están organizando este diálogo nacional. Primero, quiero decirlo con mucha firmeza. Los poderes no son contrapeso, se coordinan y colaboran entre sí, eso es lo que dice la Constitución.
Segundo. De 1982 al 2018, el modelo neoliberal le hizo más de 400 reformas a la Constitución. Entre ellos, por cierto, las de Felipe Calderón, que ganó entre comillas con 250 mil votos, le hizo más de 120 reformas. El presidente Andrés Manuel, que ganó con más de 18 millones de votos al segundo lugar, le ha hecho 61 reformas a la Constitución. Entonces, es falso.
Tercera cuestión. Esta no es una elección abierta, es una mentira, es una reelección sui géneris que tiene que reunir requisitos los que van a ser electos, porque sin mal no recuerdan los requisitos de legibilidad se mantienen, pero sí hay mucho campo en el que se pueden expresar como los ponentes que hoy vinieron muy creativos y presentaron muchas propuestas.
Estuve en el de Jalapa, hubo 12 ponentes y nueve de ellos, estuvieron en contra y no hicieron ninguna propuesta, sólo criticaron la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se le van a mover comas a la iniciativa y eso tiene que ver con algunos temas en los que hemos insistido, aquí ya se habló la gradualidad, por ejemplo. La idoneidad, por ejemplo. Los mismos requisitos de elegibilidad. Entonces, yo les pido que seamos más prudentes en nuestras afirmaciones.
Finalmente, quisiera preguntar a los que me quieran contestar si en alguna parte de la iniciativa se señala que con la elección de juzgadores se va a eliminar la corrupción y la impunidad. Si hay alguien que me lo pueda afirmar que dice la iniciativa.
Segunda cuestión que me gustaría también preguntar abiertamente: ¿El Poder Judicial actual de nuestro país es independiente de los partidos políticos? ¿Alguien recuerda cómo se eligen en el Senado? Yo fui senador y me tocó. Entonces, ¿es realmente independiente o ha respondido, ha tenido una línea conservadora, una línea liberal? ¿Cómo ha sido? Como, por cierto, la Corte Suprema de Estados Unidos, ha sido a veces liberal y a veces conservadora, de acuerdo a la línea política de los presidentes que han electo a esos jueces supremos.
Y, finalmente, esta sí se la quiero preguntar a la ministra Lenia Batres... ella nos dio unos números en un foro que hubo en Cuernavaca sobre cuántos... y creo que aquí también lo dio la primera vez que vinieron los ministros... porque aquí se dice que se juzga parejo. Es más, que se debe pensar en defender a las minorías. Usted dio unos números de los casos que ha resuelto la Corte, cuántos han sido para las mayorías, para la gente más pobre de este país, y cuántas han sido para los grupos privilegiados de México. Sería todo. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Leonel Godoy.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Con base en las menciones que han hecho los diputados y la senadora, iniciaríamos con Adriana García, hasta por tres minutos, para que pueda brindar la respuesta a los planteamientos que se le formularon de manera específica y a la vez ya pueda dar respuesta también a algún otro planteamiento de los que se mencionaron en general, por favor. Adelante, Adriana.
La ponente Adriana García García: Muchas gracias. Gracias por la pregunta porque también me da tiempo de abordar la otra parte del reporte que nosotros hicimos, que es el análisis de la propuesta a la luz de los estándares internacionales. Las normas internacionales, que reconocen la selección de jueces, establecen en su mayoría que los nombramientos de los jueces deben ser ajenos a las presiones políticas y fundamentarse en los méritos y las competencias.
Esto quiere decir que la legitimidad de los Poderes Judiciales deviene de su capacidad de garantizar derechos y no de su cercanía ideológica con las personas. Lo que se ha observado en el mundo, es que los países están tendiendo a crear comisiones de postulación.
Estas comisiones de postulación garantizan que haya transparencia, que se conozcan los requisitos para ser jueces y estas comisiones de postulación que están integradas por varios sectores, tenemos, por ejemplo, Guatemala, que tiene los directores de las universidades de derecho, sociedad civil. Esto es lo que estamos observando y esas son las reformas también que se están proponiendo en los Estados Unidos de América.
Es muy distinto hablar de independencia judicial y de rendición de cuentas. Por definición, por lo que hacen los jueces, nosotros no podemos tener una rendición de cuentas ex post, porque entonces, se vuelve un látigo contra el juzgador porque entonces le va a estar dando miedo decir algo porque la gente lo va a abuchear ¿no?
Entonces, lo que se ha diseñado son mecanismos de rendición de cuentas exante. Yo me voy a asegurar de que esta persona es honorable, que no haya hecho mal y así es como se ha hecho en la práctica y se ha observado en la práctica internacional.
Es muy interesante cómo se ha observado y esto llama la atención, en Asia hubo muchos regímenes autoritarios y lleva un momento en el que se empieza a observar que estos regímenes autoritarios empiezan a crear cortes constitucionales independientes.
Cuando hablamos de independencia de la academia, estamos hablando de un nombramiento que no sea político, que tenga un término, una permanencia adecuada que sea, por lo menos, mayor a la del Poder Ejecutivo y que tenga una protección de sus salarios.
Se empieza a observar que empiezan a crear cortes constitucionales y llaman la atención, porque si es un régimen autoritario tienen como la mayoría, porque van a querer un sistema judicial independiente y se observa que lo empiezan a catar como seguros porque empiezan a ver su declive en el futuro.
Entonces, lo que se dice desde la teoría, es que incluso regímenes que tiene la mayoría tienen que tener un Poder Judicial independiente porque a futuro, ese Poder Judicial independiente también nos va a defender a ellos.
¿Qué garantiza la eliminación de la corrupción? Y me encantó lo que mencionó el diputado Braulio López. Cabría, deberíamos de hacer el ejercicio si, efectivamente, se elimina la corrupción a través de la votación. La votación en los regímenes democráticos se prevé como un mecanismo de rendición de cuentas porque yo no te vuelvo a elegir si no me gusto lo que hiciste.
¿Esto sucede con los jueces? No porque yo quiero jueces imparciales, por definición el legislador tiene que ser parcial hacia sus constituyentes, le tiene que ofrecer propuestas, le tiene que ofrecer ideología. Un juez no puede ofrecer ideología, un juez tiene que garantizar imparcialidad.
Entonces, estamos exponiéndonos a un sistema en el que a lo mejor los jueces por vender votos, por tener miedo a decidir una cosa y que la gente cuando salga le diga: no, no, no, lo hiciste muy mal; no lo haga no. Y ese es un peligro para todos, no solamente para la mayoría, sino para las minorías, para todos los que tenemos el derecho de acceso a la justicia imparcial e independiente.
Y lo último y quisiera nada más tomarme dos segundos para esto, es verdad, el diputado Noroña hace mucho hincapié después, ya está pasando en lo que están diciendo, ya están recibiendo dineros ilícitos, ya está el crimen organizado. Es verdad, pero la pregunta sería: queremos institucionalizar eso que ya está pasando a través del voto popular. Y es una pregunta nada más que dejó, muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Adriana.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ministro González Alcántara fue mencionado varias ocasiones, por lo tanto, le pediría que tome el uso de la voz para dar respuesta a los planteamientos que se han formulado, ministro.
El ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá: Con muchísimo gusto. Yo estudié en el Instituto de la Judicatura Federal, yo aspiré a ser en su momento juez de distrito, afortunadamente fui nombrado y designado magistrado.
El procedimiento de selección de un juez de distrito es un procedimiento largo, desde luego cualquiera puede aspirar a ello si trabaja en el Poder Judicial. La mayoría de los concursos se hacen concursos cerrados, yo he propuesto en reiteradas ocasiones y en distintos foros que estos concursos deben ser abiertos para todo.
Yo soy producto de un estudio en el Instituto de la Judicatura Federal y creo que es una buena escuela, magnífica escuela y la posibilidad de formar a las gentes que el día de mañana van a ser los juzgadores. Yo siento que la participación de la sociedad en la selección y en los procesos de selección debe ser muy importante, las facultades de derecho, tenemos que escuchar a la academia desde luego, no solamente quienes están escribiendo, la sociedad tiene que pronunciarse.
Esta oportunidad que tenemos de reforma al Poder Judicial es una oportunidad extraordinaria, podemos cambiar todas las cosas. Cualquiera de nosotros que estudie el procedimiento que ha sido empleado para seleccionar a los funcionarios judiciales, encontrará que no es el procedimiento de votación directa por parte del electorado, eso crea muchísimos problemas.
La confusión, la preocupación que nos manifestó la presidenta del INE refleja que hay muchas cosas por resolver, que tendrán ustedes como legisladores que resolver en cuanto a los procedimientos de elección de los funcionarios. Jueces, jueces locales, jueces federales y la reforma no está abierta, por ejemplo, para la materia agraria. Yo no veo que hubiéramos tocado en estas propuestas lo que necesitamos para la materia de los tribunales administrativos.
Todo eso también lo tenemos que incluir, y yo siento que una institución que debemos de fortalecer y nos queda como tarea a todos los mexicanos es que tuviéramos una verdadera escuela judicial en donde se prepara igual a los jueces del fuero común que a los jueces federales, y que ese fuera el tamiz por el cual pudieran acceder a los jueces.
Yo he propuesto que el voto sirva para calificar y ratificar el nombramiento de los jueces a la mitad del periodo para el cual fueron nombrados, que pudiéramos nosotros escuchar a la población cuando está molesta por el tipo de resoluciones que nosotros dictamos. Yo creo que la transparencia en la difusión de nuestras resoluciones pues va a ser objeto de una revisión de la sociedad y va a decir si resolvimos mal o resolvimos bien.
Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la corte, y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional.
Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo porque se dictó una resolución apegada a la Constitución. No hay de otra.
Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la corte es muy conservadora. Bueno, lo entendemos perfectamente y que, si estamos sujetos a una revocación, lo aceptaremos con gusto porque es lo que manda el pueblo; y, el diputado Noroña, senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo. Creo que no. Somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias y disculpe.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a la respuesta que pueda brindar el doctor Raúl Contreras a la pregunta que formuló el diputado Braulio López; adelante, doctor; y a las demás que pueda dar respuesta, por favor.
El ponente Raúl Juan Contreras Bustamante: Muchas gracias por la pregunta, don Braulio. La propuesta que nosotros hemos presentado es que la academia estará atenta a tratar de enriquecer el trabajo de la posible instauración del poder constituyente permanente o poder revisor, que es muy loable que se abra el diálogo y que se escuchen las propuestas, precisamente, de la academia.
Lo que yo comentaba es que la elección de los ministros, de los magistrados o de los jueces, sea, por un procedimiento de elección directo, sea por un procedimiento indirecto, como es ahora, no va a modificar por sí solo el problema que tiene la ciudadanía de impartición de justicia.
La impartición de justicia no está limitada al trabajo de los jueces, depende de la participación de las fiscalías, de las policías, de los servicios periciales, de los jueces y del sistema penitenciario. Es toda una...
Y nosotros desde la academia podemos decir que si metiéramos en un solo saco, en una sola bolsa todos los juicios que están confeccionados en la impartición de justicia de todos los tribunales, de todas las especialidades, federales y locales, todo en una gran bolsa, y aquí está el magistrado Guerra que no me va a poder desmentir, el 40 % de todos esos miles de juicios son juicios de origen familiar y 30 % controversias civiles.
Quiere decir que la justicia del país está congestionada en conflictos entre familiares, ex socios, vecinos y ex amigos. El otro 30 % es todo lo demás.
Entonces, el problema de acercar la justicia a la ciudadanía tiene qué ver con todo este esquema y la ciudadanía, el pueblo, la gente de escasos recursos siente en carne propia lo que pasa en un juicio familiar, en un juicio civil, en un juicio mercantil. Casi nunca recurren al Poder Judicial Federal la gente de escasos recursos, porque sus conflictos, además, no tienen qué ver con estas complicaciones de la constitucionalidad.
Entonces, nosotros estaremos atentos al diagnóstico que se vaya a hacer por esta comisión a lo que el poder constituyente permanente tenga que determinar. Pero sí quisiera dejar claro, en esta administración se llevó a cabo una reforma al Poder Judicial que no tenía nada qué ver con lo que estamos discutiendo, se aprobó, entró en vigor el 11 de marzo de 2021.
Quiere decir que en esta misma administración se ha revisado al Poder Judicial y lo que nosotros decimos es que el diagnóstico que se tenga que hacer para una reforma constitucional de hondo calado, realmente tiene que atender a que la población, a que los ciudadanos tengan un mejor servicio de impartición de justicia y de un acceso real a la justicia. Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor. Para dar respuesta al planteamiento hecho...
El ponente : Perdón, pido la palabra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Es en el orden en que han sido mencionados y justamente hay un segundo bloque donde están los ministros que fueron solicitados también para dar respuesta a los planteamientos del diputado Fernández Noroña, del diputado Carlos Puente, también del senador Leonel Godoy... Perdón, del diputado Leonel Godoy, de la senadora Kenia López. Y posteriormente iría con aquellos que, al ser mencionados y quisieran responder, iríamos con los que faltaren, si no tienen inconveniente. Vamos con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, para dar respuesta al planteamiento que se le ha formulado y a los demás que considere. Por favor, doctor.
El ponente Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Hay un comentario, una pregunta, una reflexión del diputado Braulio López, sobre permitir que las propuestas que harán los tres Poderes provengan de la sociedad. A mí me parece una propuesta interesante que debe ser considerada, abre desde luego el sentido democrático de la propuesta del presidente y estoy de acuerdo con ella.
Hay otras cosas que me gustaría comentar brevemente sobre este carácter no político del derecho. Ese es un tema de filosofía del derecho. Pero, desde luego, el derecho no es neutro, el derecho tiene ideología. Cuando ustedes lo crean, los legisladores, hay concepciones ideológicas en la creación del derecho. Cuando los jueces lo interpretan y lo aplican, hay concepciones culturales, ideológicas, históricas. Entonces, el derecho no es neutro, eso es una mentira, eso es tratar de engañar. Creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta.
Y, desde luego, el análisis que hacemos los académicos del derecho positivo pues tampoco es neutro. Aquí se ha visto en la mesa, hay distintas posturas, teóricas, ideológicas, sobre la iniciativa del presidente de la República.
Lo de la sobrerrepresentación, que preguntó la diputada, senadora, perdón, Kenia López Rabadán, pues lo dejamos para otro momento. Yo creo que nuestro sistema electoral está sesgado, es un sistema electoral constitucionalmente que sobrerrepresenta.
Pensemos simplemente en tres cosas, cómo se integra la Cámara, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Ahí ya hay un sesgo de sobrerrepresentación. Luego pensemos en el 54, lo del 8 %, hay otro sesgo de sobrerrepresentación. Cómo se distribuye el financiamiento público en los tiempos del Estado, 70-30. Son puros sesgos de sobrerrepresentación.
Nuestro sistema constitucional desgraciadamente está, tiende a la sobrerrepresentación de las fuerzas mayoritarias. Luego está este debate, que tanteó la diputada Kenia... perdón, la senadora Kenia, sobre las cláusulas pétreas, que se van a poder hacer todo. No, desde luego que no, que no podrían hacer todo.
Aunque la Corte hasta el momento no se ha pronunciado, si se puede revisar todo, ahí yo creo que habría dos límites en este momento formales, gramaticales, que son el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos que no se puede restringir, suspender ni aun en estado de sitio o suspensión de derechos.
Y el propio artículo 29, párrafo dos de nuestra Constitución. Desde luego no se podría transformar la República en una monarquía o el Estado federal en un Estado central. En fin, hay muchas cosas.
Y bueno, lo de la línea conservadora ya no lo contesto. Yo sí pienso que ha sido, en general, en la historia de México, no esta Corte, no esta integración solamente, en la historia de México las líneas han sido bastante moderadas y conservadoras por razones políticas porque había en el pasado un partido hegemónico que tenía el control de la Corte, había una postura conservadora.
Después, con el cambio de 94, pues hay un cierto arreglo institucional entre dos fuerzas políticas como lo comenté –el PRI y el PAN–, y ahora la Corte se asumió, es lo que yo creo, ¿no?, lo que pienso que puede ser discutible, pues como una tercera cámara legislativa, invalidando leyes aprobadas por el Congreso.
En algunos casos sí estaba justificado tal vez invalidarlas, pero no en la proporción que se ha hecho, sobre todo cuando interpretaban con contra legem durante el actual gobierno. Esas son mis consideraciones. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, doctor.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a la respuesta que pueda brindar el ministro Jorge Pardo Rebolledo. Adelante, ministro, por favor, para dar respuesta a los planteamientos.
El ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo: Muchas gracias. Rápidamente quisiera referirme a algunos aspectos. El primero, desde luego que nosotros somos los primeros en reconocer la soberanía que radica en el pueblo de México.
Nunca se ha puesto en duda la posibilidad de que pueda hacerse una designación de un juzgador por voluntad popular. Lo que hemos insistido es en analizar las características propias del trabajo jurisdiccional.
Me parece que el tema de la independencia, el tema de la autonomía es un factor sine qua non para poder establecer un sistema de impartición de justicia que coadyuve al Estado de derecho, al Estado constitucional de derecho.
Y, en esa medida, cuando se dice, es que los tribunales nunca resuelven a favor del pueblo. Bueno, los tribunales para empezar resuelven los asuntos que les presentan los particulares, no actuamos de oficio, no estamos buscando temas en el aire para poder pronunciarnos y poder contradecir o poder invalidar una norma general o una decisión política.
Nosotros estamos a expensas del ejercicio de la acción, de los particulares, de las personas que, asumo, pues todas integran el concepto pueblo de la nación mexicana y tenemos que resolver con base en el estudio, en el análisis y en la interpretación constitucional y legal de los temas que nos son planteados.
Entiendo que la preocupación esencial es, el acceso igualitario a la justicia. Ahí sí me parece que tenemos grandes retos y por eso decía yo, que bienvenida una reforma en donde se fortalezca la defensoría pública, en donde se amplíe el ámbito protector de la suplencia de la queja, de la perspectiva de género, en fin, pero siento que son temas distintos.
No creo tampoco que, en este caso, coincido con la visión que expresaba mi compañero, el ministro González Alcántara. Me parece que toda esta discusión nace de que se han emitido determinaciones que han generado inconformidad porque no van acordes con una idea o con un sentido, o con una política pública específica.
El juzgador no puede resolver con base en esos parámetros. El juzgador constitucional tiene que hacer un análisis objetivo, imparcial respecto de lo que establece la Constitución, en contraste con lo que es el acto que se le está impugnando. Insisto, no los escogemos, no vamos por los asuntos para pronunciarnos. Recibimos las inconformidades que se presenten.
Y por lo que hacía a la pregunta también de la senadora Kenia López. Ha sido un debate de teoría constitucional el tema de si existen cláusulas pétreas en la misma o si hay temas que no se pueden tocar, ni aún por un poder reformador de la Constitución.
A mí me parece que hay elementos que son esenciales para definir el estado y la decisión de Estado que se tomó para nuestro país. Los artículos 135 y 136 hablan incluso de norma... perdón, de principios constitucionales, no de normas.
A mí me parece que hay principios que sí son inmutables, tan es así que la propia Constitución establece que cuando llega a haber un régimen que desconoce esos principios deberá reinstalarse en el momento en que sea posible. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, ministro, por sus respuestas.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a la ministra Lenia Batres Guadarrama, también para brindar respuesta a los planteamientos y después iríamos con la ministra Jasmin Esquivel.
La ponente Lenia Batres Guadarrama: Muchas gracias. Yo quisiera comentar en primer lugar sobre esta pregunta directa que se me hace. Creo que tenían ahí, por ahí vi la imagen, si se puede poner. Ah, muchas gracias.
Exactamente, éste es un análisis que hicimos de las 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia, para responder la pregunta del diputado Leonel Godoy, vigentes a la fecha. Y encontramos 258 mil, bueno, este número. Y de este análisis buscamos algunas categorías específicas y encontramos que sobre el derecho a la salud teníamos 195 tesis, sobre el derecho a la educación 70, sobre el derecho a la vivienda 30 y 13 sobre el derecho al agua.
–Adelante, si nos pudieran mostrar la otra–. En contraposición o en contraste pues encontramos, con relación fundamentalmente a lo que se resuelve en las demandas fundamentalmente corporativas, criterios fiscales que obviamente se emiten justo cuando se busca no pagar impuestos, encontramos 12 mil 845 tesis sobre el derecho a la propiedad privada, que obviamente no tiene nada de malo, simplemente por contrastar el número encontramos mil 387 tesis, y sobre competencia económica 891. Por cierto, varías de ellas, que incluso la consideran derecho humano, que es creo yo aberrante, porque ni la Declaración Universal ni nuestra Constitución la consideran así.
Ahí obviamente que se nota pues una inclinación, que, por supuesto, sí tiene que ver con el tipo de temas que se someten justamente a definición o a resolución de los órganos jurisdiccionales de nuestro país, en este caso, fundamentalmente la Suprema Corte.
Sin embargo, pues es notorio que –o por lo menos se hace notorio–, que los temas que son de mayor aflicción de nuestra población, que se refieren al derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, pues simplemente pareciera que sí es un problema y muy grande, creo yo, de nuestra justicia mexicana, pareciera que no son temas de los jueces ni de los tribunales. Y peor aun cuando –y sí lo sostengo, me consta– que permanentemente se desdeñan para ser resueltos desde las salas del pleno, llega muy poco, pero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo afirmo y tengo muchos ejemplos al respecto.
Y, en segundo lugar, respondo a la pregunta general que se hizo sobre si esta reforma resuelve los problemas que se han planteado sobre el Poder Judicial. Y hago una rapidísima síntesis. La nómina carísima, porque se tienen las remuneraciones inconstitucionales. Es el único de los tres poderes que tiene remuneraciones inconstitucionales, y no solamente de jueces, magistrados y ministros, sino de más de 700 altos funcionarios del Poder Judicial, que actualmente perciben remuneraciones por encima del límite establecido en el artículo 197.
Exorbitante nepotismo, ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, demora en los procedimientos, incapacidad para resolver derechos sociales, elevada impunidad. Deja impunes más del 95 % de las carpetas de investigación que se someten a su consideración, porque simplemente se ponen muchísimos requisitos para la vinculación a proceso.
La ausencia de sanciones para las personas juzgadoras, 14 procedimientos inició el año pasado el Consejo de la Judicatura Federal, o finalmente resolvió o quedaron en estado de resolución, e invasión cotidiana de las facultades de los otros poderes. Nombra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el Poder Judicial. Por amparo llevamos más de 50 magistrados nombrados, cuando es una facultad del presidente de la República y del Senado de la República, no de los jueces de amparo. Además, hay colusión con el crimen organizado. Ya no doy más datos sobre esto. Y suele haber una ligereza extrema cuando se resuelve la afectación del erario público en casos particulares...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ministra, si podemos ir concluyendo, por favor.
La ponente Lenia Batres Guadarrama: ... Me ha tocado ver, y termino, voy terminando. Eh, acabamos de, hace algunas semanas, de dejarle al gobierno de Puebla un adeudo de más de 2 mil millones de pesos, cuando teníamos un caso de obvia defraudación de una empresa que no terminó una obra de un libramiento, que por cierto costaba 800 millones de pesos, en el estado de Puebla. También le dejamos a la CFE un adeudo de 6 mil millones de pesos por concepto de pago de predial, cuando los organismos públicos no están obligados a pagar el predial.
Y bueno, termino simplemente diciendo que pareciera que hay mucha preocupación sobre los derechos laborales de los jueces, pero no se asume que ha sido un criterio del Poder Judicial que los trabajadores de confianza, como somos jueces, magistrados y ministros pues no tenemos derechos adquiridos. Está en decenas...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ministra, si puede concluir, por favor.
La ponente Lenia Batres Guadarrama: ...de jurisprudencia. Perdón, y termino nada más con esto. En 1997 se reformó la Ley del IMSS, el Poder Judicial dio la razón al retiro de derechos laborales. Año 2007, se reformó la Ley del ISSSTE, el Poder Judicial de la Federación dio la razón al retiro de derechos adquiridos. En 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo, se estableció el outsourcing, no se les dieron derechos ni a trabajadores de confianza ni de base.
Y finalmente menciono que se retiró constitucionalmente el derecho de policías, primero, y años después de los maestros para ser reinstalados. Poder Judicial tampoco les dio derechos laborales. Y no es que queramos nadie, supongo, ningún tipo de revanchas, pero yo creo que, efectivamente, esta reforma no va a resolver los problemas de corrupción, no va a resolver los grandes problemas del Poder Judicial, pero sí estoy segura de una cosa: si no se democratiza el Poder Judicial, no va a haber transformación alguna ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que sí tenemos derecho a obtener justicia de este Poder, que es un poder público del pueblo mexicano. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, ministra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar las respuestas que pueda brindar también la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Ministra, por favor, adelante.
La ponente Yasmín Esquivel Mossa: Muy amable. Agradezco los comentarios de los diputados, de la senadora, que se han planteado en este momento. Antes de hacer un par de observaciones a los comentarios que se han hecho, sí quiero hacer una aclaración. Esta reforma judicial es un clamor del pueblo de México. Pensar que obedece a una resolución de la Corte, como es la Guardia Nacional, es ignorar la voz del pueblo, es estar ausente de la demanda de justicia que existe el día de hoy.
Más allá, nada más alejado de ello, porque esta reforma obedece exclusivamente a lo emitido por las urnas. Es una reforma que se viene presentando desde anterior al día 2 de junio y se viene presentando y señalando en qué términos se está presentando hoy.
Dos de las observaciones que hago con relación a lo comentado y que me llama la atención es del diputado Rubén Moreira. Efectivamente, en los Presupuestos de Egresos no se establece un porcentaje para los Poderes Judiciales locales ni para el Poder Judicial federal, y ese es un pendiente que se tiene. Pero el caso de Morelos, por ejemplo, sí se tiene un presupuesto de 4.7 % del Presupuesto de Egresos del estado para el Poder Judicial federal. Esto permite que el Poder Judicial federal pueda tener una programación e incluso independencia de quien le toca asignar estos presupuestos, que es al Ejecutivo y al Legislativo.
Es importante que se plantee aquí también el tema de los presupuestos locales y federales y los porcentajes que se deben dar a cada una de estas dependencias que así lo exigen y lo necesitan, y es el único estado que se tiene asignado un presupuesto.
Por otro lado, el diputado Fernández Noroña señalaba algo que coincido en cuanto a que la reforma al Poder Judicial ya es una realidad. Hoy les toca a ustedes decidir las formas de participar de la población en estas determinaciones, si debe ser una votación popular de vacantes, si debe ser progresiva, si debe ser escalonada, si debe ser mediante una revocación de mandato, mediante un referéndum, mediante una consulta popular. Esta es una definición que se va a dar seguramente en las discusiones de esta comisión que está haciendo un magnífico trabajo.
Y, finalmente, comentar con relación a lo que señalaba el diputado Braulio López, en cuanto a que sí se tienen muchos retos todavía por avanzar, sin embargo, esta reforma al Poder Judicial federal es el primer saque, es una primera apertura para que se pueda ir advirtiendo todos los retos y las deficiencias que hay, que se han señalado en estos foros.
Por ejemplo, el tema de las investigaciones, los Ministerios Públicos, las policías, el sistema penitenciario, las leyes anacrónicas, la revisión del amparo en materia administrativa. En fin, podríamos enumerar muchos de los aspectos que están pendientes en estos retos y este es un primer avance para ir advirtiendo todo lo que resta en la próxima legislatura, en la LXVI Legislatura. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministra, por sus respuestas.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y en el orden en que también participaron, dado que no fueron solicitados expresamente, pero se entiende que algunas preguntas de diputadas y la senadora fueron formuladas también a los ponentes en lo general, iniciaríamos con Jaime Miguel Moreno Garavilla para que pueda tener una segunda intervención, también obviamente a don Eduardo, está también Eduardo José Torres Maldonado, Mayerline y también cerraríamos con estas participaciones. Por lo tanto, adelante, doctor, por favor, por tres minutos.
El ponente Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias. Quiero felicitar el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales de nuestro Congreso en la Cámara de Diputados, porque recoger todas estas expresiones en distintos foros, vaya que van a tener un buen trabajo para dictaminar la iniciativa que se propone.
La corrupción solamente se puede evadir con valores, quitando problemas. No hay otra forma. Los mexicanos y las mexicanas tenemos las luces suficientes como para construir las instituciones modernas que la realidad va exigiendo a los y a las integrantes de los tres órganos primarios de gobierno de la nación.
El artículo 39, diputado Noroña, en mi concepto está por encima de todo. Es una declaración política fundamental. La Constitución del 24, en su artículo 170, decía: -Hay determinados elementos que no se pueden reformar-. Sí, perdón, en el 170 decía que la Constitución se puede reformar y en el 171 señalaba cuáles eran los rubros que eran intocables. Necesitamos una reforma en ese sentido.
Con todo respeto al maestro Tena Ramírez, querido maestro, yo no estoy de acuerdo con su tesis del poder constituyente permanente. Para mí el 135 implica un poder revisor y reformador, jamás transformador, entendiendo por transformación todo aquel elemento que altere la esencialidad de un ente para convertirlo en otro.
El poder del 135 es reformador y no transformador. Para ser transformador se necesita vincularlo al 39 y por lo tanto recurrir a la muy acertada incorporación que hizo en esta administración de López Obrador en el 35 constitucional a consulta popular para consultar al pueblo sobre la procedencia.
Y perdónenme, pero el 2 de junio tuvimos una maravillosa muestra de la consulta y de la respuesta popular. No nos jalemos las vestiduras. Todo gobierno incluye una carga ideológica a su gobierno, a su expresión práctica de gobernar. No podemos estar al margen de eso.
Por otro lado, no vamos a hacer campañas políticas. No son campañas políticas. Yo estoy pensando en que la propuesta que hace la iniciativa, en el sentido de que sean los tres poderes los que establezcan las propuestas, mejor debiéramos cambiarlo por una convocatoria abierta a todos los profesionales del derecho que sientan la posibilidad de presentar un examen público y abierto ante la escuela federal de preparación en el Judicial.
Y, desde luego, que necesitamos para instrumentar un sistema electoral de este calado, pues la participación y la experiencia de luces como las que nos hemos encontrado hoy aquí, la del ministro Juan Luis Alcántara González Carrancá.
Tenemos que tomar, quitarnos los egoísmos enfrente, no seamos mezquinos, todo mundo tiene que aportar en esta gran, gran obra de la nación y pensando para servir al pueblo. Tenemos la posibilidad de construir un sistema electoral para este desafío que se nos está presentando, cuando cada tres años elegimos a mil 133 diputados locales, cada tres años elegimos a 2 mil 477 presidentes municipales, cada tres años elegimos a 500 diputados federales, por qué no vamos a elegir a mil 136 integrantes del Poder Judicial de manera gradual y parcial.
Gradual –ya me voy– gradual, para precisamente, ser prudentes y parcial para no perder la memoria y la experiencia de los órganos de gobierno. Claro, por supuesto, y contemos con las luces de hombres como el ministro González Carrancá aquí presente y llevemos a la senadora, a la ministra Lenia Batres y a los diputados y senadores, los de enfrente, los de acá. Oigan, esto es un reto que tenemos para poderle dar a nuestros nietos un mejor país con instituciones de gobierno modernas. No podemos quedarnos en una simple discusión, sea una guerra verdadera...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ir concluyendo, doctor, por favor, gracias.
El ponente Jaime Miguel Moreno Garavilla: Ya, ya, ahora sí me voy, Ahora sí ya. Nada más quiero decirles, oigan, le hemos dado muestras al mundo de la capacidad que tenemos los mexicanos y las mexicanas para construir instituciones. Recuérdese a Rejón en la Constitución de 1840. Recuérdese ese Otero en la federalización de nuestro amparo, que se le entregó a México y al mundo generosamente, por si algunos otros les servían y a nosotros, vaya, que le damos homenaje a nuestro glorioso juicio de amparo.
Por estas razones invoqué en el principio de mi intervención las expresiones de nuestros constituyentes, las que nos dieron el Estado mexicano y ahora les digo, no le tengamos miedo a este desafío, tenemos para esto y para más. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, doctor.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la respuesta que pueda brindar Eduardo José Torres Maldonado. Adelante, por favor.
El ponente Eduardo José Torres Maldonado: Muchas gracias. En primer lugar, una felicitación al diputado Juan Ramiro Robledo por la organización de esta sesión por la Comisión de Puntos Constitucionales. Creo que estamos teniendo una excelente sesión. Y gracias a todos los participantes.
Yo quiero hablar... quiero hablar, también, del lado de la gente, del lado de los ciudadanos, del lado del pueblo. Quiero alejarme un poco de la formalidad excesiva porque yo quiero decirles una cosa: ¿Qué utilidad tiene que un señor magistrado o un señor juez, ya sea federal o local, tenga 20 especializaciones en derechos humanos, tres doctorados en diferentes escuelas, algunas buenas, otras no? Como decía el diputado Leonel Godoy, ¿verdad? Habría que checar esos currículums también porque yo puedo ostentar muchas cosas y qué tal si son falsas, ¿sí?, o qué tal si no tienen mérito realmente, si hablamos de meritocracia.
¿De qué nos serviría un juez o un magistrado local o federal que tuviera 20 especializaciones pagadas por el Poder Judicial, pagadas por el pueblo, en derechos humanos, si se dedica a violar derechos humanos y a corromperse? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sí?
Esta no debe ser solamente una discusión formaloide, tecnocrática. Aquí lo que tenemos también es una confrontación del anciano régimen con el nuevo régimen que implica la cuarta transformación. La cuarta transformación implica un cambio, también, revolucionario, pero por la vía pacífica y esto quiere decir, entonces, que, al elegir a los jueces, se está usando una vía político-democrática para atacar y para intentar resolver una parte de la cúpula decisoria del Poder Judicial federal y local. ¿Sí?
Hay que tener en cuenta eso. En ningún momento... y aquí quiero responder a lo que planteaba acertadamente el diputado Leonel Godoy... en ningún momento en la iniciativa se señala que se va a solucionar la corrupción o a eliminar la corrupción.
Ahora, ¿el poder actual es independiente de los partidos? El Poder Judicial actual y los ministros del pasado y del presente también hasta esta reforma, ¿verdad?, obedecen también a un criterio decisorio previo de los presidentes y también a un criterio cupular del Senado. Entonces, están vinculados directamente a partidos y al sistema político vigente, con independencia del partido político de que se trate.
Entonces, yo diría lo siguiente: Pensemos en que efectivamente necesitamos acercar el Poder Judicial a la gente y necesitamos el humanismo para entender también lo que pasa con los justiciables.
Quiero aquí, y voy a hacer una propuesta en esta mesa, quiero aquí recordar una frase que aparece en todos los tribunales federales. Es una frase que se le atribuye al siervo de la nación José María Morelos y Pavón, y dice lo siguiente: “Todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
Lo que sí es cierto, es que, yo he encontrado que realmente hay muchas injusticias en el Poder Judicial Federal, y paso a la propuesta para concluir. Estimados legisladores, estimados colegas, estimados conciudadanos, deberíamos pensar en poder crear e instrumentar adecuadamente un Ombudsman judicial.
Este ombudsman judicial podría ser una institución que atendiera la violación de los derechos humanos y constitucionales de los justiciables. Sería vital establecer un puente que amplie a los justiciables vulnerables, el acceso a la justicia y la defensa de sus derechos constitucionales y humanos, para todos aquellos que padecen el abuso del Poder Judicial y Fiscal.
Es muy importante pensar en la posibilidad de crear un ombudsman judicial y, también, es importante que este ombudsman judicial pudiera tener decisiones vinculantes, no solamente recomendaciones, sino que, sus decisiones fueran también vinculantes. Y, el ombudsman podría articularse...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Eduardo, si podemos ir concluyendo, por favor.
El ciudadano Eduardo José Torres Maldonado: Y, el ombudsman judicial podría articularse muy bien, también, con el tribunal de política judicial. Esa es la propuesta, muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Eduardo, por esta propuesta.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Luis Enrique Pereda también para participar en esta respuesta hasta por tres minutos. Adelante, Luis Enrique, por favor.
El ponente Luis Enrique Pereda Trejo: Muchísimas gracias. Soy breve. Si esta reforma busca mejorar la impartición de la justicia, a mí me preocupa mucho que deliberadamente se quiera ver segmentada y pongo tres ejemplos muy breves y muy sencillos.
1. Ministerios Públicos y sistema carcelario, que son los eslabones del principio y el fin de la cadena de sistemas de impartición de justicia, no están siendo tocados y probablemente nunca lo sean.
2. Hoy, en día, el país está viviendo tres reformas judiciales importantísimas:
Uno, el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares.
Dos. La Ley General de Medios alternativos de Solución de controversias y,
Tres, La reforma laboral.
¿Cómo juega esta reforma al Poder Judicial en estas tres reformas que están corriendo, que están siendo vigentes en este momento?
Y tres y último ejemplo, el federalismo. La justicia local no está siendo abordada, no está siendo tocada, de una manera para integrarla, decía el ministro Juan Luis González Alcántara, una escuela judicial verdadera para todos los jueces, no solo para algunos jueces de algunos ámbitos. Y, por supuesto, hay un montón de jueces que no están siendo tocados, justicia federal, justicia administrativa, justicia agraria, esos no están en esta reforma, eso en qué sirve, en qué ayuda eso.
Finalmente, yo creo que, si esta reforma sale mal, el costo no lo van a pagar ni los jueces ni la abogacía, el costo lo van a pagar las personas, el pueblo y por ello conviene que salga bien. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Luis, por tu participación
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y vamos ahora con esta respuesta que pueda brindar el doctor Eduardo Andrade Sánchez, hasta por tres minutos. Adelante, doctor, por favor.
El ponente Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias. Yo voy a aprovechar la pregunta general que hizo mi amigo Leonel Godoy. Dice: ¿en qué parte de la iniciativa se dice que esto va a terminar con la corrupción? Tiene razón, no es el propósito inmediato, como puede pensarse que eso va a ocurrir, pero sí terminar con la desviación, con la ideologización porque no hay derecho neutro. Tiene razón Jaime Cárdenas.
Un ejemplo, la reforma eléctrica, los jueces ahora tienen también por la penetración de lo que yo denomino hibridismo, ir metiendo principios y normas distintas a lo que originalmente significó la Constitución. Un juez tiene una visión del mundo y de la vida, en el caso en que resolvieron eso, pusieron por encima de todo el principio de la competencia que no es un derecho humano y consideraron que la competencia es superior incluso al principio de la rectoría del Estado.
Había dos posibilidades de resolver, incluso tomando como base la Constitución, una era acogerse como lo hicieron a la competencia con un principio supremo; la otra era atender a la rectoría del Estado. Y, por ejemplo, si a mí hubiera tocado resolver sobre la suspensión, hay una disposición en la Ley de Amparo que dice que esta no se considera cuando se afecta el interés social, y esa es una interpretación que hace el juez.
Y el ... que no se atentaba contra el interés social, a mí me parece que sí al momento en que el despacho o coordinado por la empresa pública debe tener vigencia. Y lo mismo haber otorgado la suspensión, y lo mismo cuando llegó a la corte. En el pleno de la corte, se decidió que la ley no era inconstitucional porque hubo solo siete votos y se necesitan ocho para echarla abajo, pero dejan absurdamente, a mi juicio, porque viola la idea de que lo que no es una cosa es otra, ¿no?
Si no es inconstitucional una ley, pues es constitucional, y tiene que ponerse claramente en la ley o en la propia Constitución esta circunstancia, pero ¿qué pasó? Se fue abajo, los jueces de amparo acogieron una visión neoliberal de las competencias y volvió a llegar a la Suprema Corte, a una sala de la Suprema Corte, y en esa sala resulta que dos ministros pudieron resolver contra lo que resolvió el pleno.
Entonces, yo pienso que sí hay algunos excesos del Poder Judicial. Desde el lado del Poder Judicial se dice que hay excesos del Poder Ejecutivo, pero si uno objetivamente analiza cómo ha ido evolucionando el Poder Judicial a invadir áreas de políticas públicas, creo que se sostiene la idea de que ha ido más lejos de lo que le toca a su poder.
Es más, aquí los señores ministros han hecho muy comedidamente algunas propuestas. Hasta ahí creo que está bien, pero qué mayor politización de la justicia que las manifestaciones públicas de magistrados, venía yo leyendo ahora que llegábamos, en contra de una decisión que no pueden cuestionar porque es la que va a condicionar su funcionamiento y su estructura. Hay más cosas que decir, pero tenemos que concluir. Gracias. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, don Eduardo, por su participación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para cerrar, tenemos tres participaciones en segunda ronda. Iniciamos con el diputado Mario Rodríguez, después el senador Israel Zamora y cerramos con el diputado Reginaldo Sandoval. Les pediríamos que puedan hacer su pregunta, igualmente hasta por tres minutos, y a la asistencia de protocolo que les pase el micrófono correspondiente. Si nos auxilian... Ahí está. Adelante. Gracias.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carillo: Muy buenas noches. Recapitulando un poco lo que habíamos venido escuchando, me queda claro que nadie está en contra de una reforma al Poder Judicial y creo que eso hay que superarlo. No es motivo ya, después de tantos diálogos seguir centrado la discusión ahí.
La elección popular de integrantes es el foro de hoy, y es uno de los puntos que el grupo mayoritario no está dispuesto a mover, del tema. Entonces, centrémonos en lo que podemos mejorar, criticar, cuestionar. Alguien decía hace un momento, y voy a hacer las preguntas para tres personas: Adriana García, el doctor Jaime Cárdenas y Luis Enrique.
Alguien decía que estamos atascados en el método. No, estamos en la metodología y el marco teórico, el método no está terminado. Y creo yo, y la pregunta es, no hay en esta propuesta de dictamen una propuesta de método. Y te alarma, y de hecho la pregunta que hago es en el sentido de que quien sabe del mecanismo de elección, que fue la licenciada Taddei, que se fue, que me hubiera gustado preguntarle, nos deja más interrogantes que respuestas.
Le faltó tiempo para seguir haciendo interrogantes acerca de los cómo podríamos sacar adelante la elección popular. Si eso nos dice la autoridad, que poder tener la instancia y digamos, el marco para llevar a cabo una elección, pues eso me preocupa, porque no está y ella se refería y subrayo, estrictamente a lo que dice el dictamen, no está. Digo, no le quiero echar la culpa, el dictamen tampoco lo dice.
Y aquí hay algunas cosas que hay, digamos de forma, y que se han mencionado. Sí, en términos generales, repito, la metodología está, pero el método, en términos de lo que habrá que afinarse, ella decía, geografía no está, presupuesto no está.
Entonces, no digamos que está todo, el método no está. Centrémonos a esa parte, yo diría, en el tiempo que nos queda, que es este mes en el que se quiere aprobar el dictamen y a partir de las experiencias de la investigación comparativa que hay con países, porque tampoco está a discusión que esto sea un asunto novedoso. No hay que remontarse a siglos para decir que esto se puede hacer.
No, el presente nos lo dice. Me preocupa el método y si el método nos alcanza, porque entrará una segunda legislación y traerán también matices de método.
Entonces, habría que centrarnos en algunas propuestas elementales, en esto que repito, no tiene reversa para términos de que lo que hagamos tenga un sentido, no de prisa, como decían aquí, sino de responsabilidad. Es cuanto. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la pregunta que pueda formular el senador Israel Zamora. Adelante, senador. Buenas noches.
El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Muchas gracias. Buenas noches, saludo con mucho afecto a todos los participantes, a todas las personas asistentes.
Decía el ministro Pablo Mario, acerca de que tal vez esta propuesta que se hace a través de la iniciativa de un nuevo método de selección de los ministros, no es suficiente, o al menos los argumentos que se vierten en la iniciativa no son suficientes para cambiar el método actual de selección, que es de una cúpula. No basta, mi pregunta es hacia usted, ¿no basta la legitimidad del pueblo en la elección para que sea suficiente para decir que es un mejor método?
Muchos han interpretado esta reforma como que le estamos dando un derecho al pueblo para que vote. No, en términos jurídicos yo diría que es una acción reivindicatoria de algo que les fue despojado en algún momento, un derecho, que el artículo 39 considera originaria y esencial. Y, al decir esencial, al calificarla, no fue ocioso desde mi punto de vista el Constituyente al establecer esa palabra, porque quiere decir que no es secundario, es directo. Y originario, pues por supuesto que nace en el pueblo.
Y como decía nuestro diputado Noroña, es para, nace del pueblo todo poder público, incluyendo al Poder Judicial y se instituye para beneficio de este. Actualmente el Poder Judicial ni nace del pueblo ni se instituye para beneficio de esto.
Muchos han cuestionado el mandato y dicen no es cierto. Hombre, salieron a votar por ustedes, pero no hubo mandato, y recientemente un ministro también de ustedes, de manera muy oportuna, porque permite traer a relieve la legitimidad real, propuso y dijo, si ahora los ministros se van a elegir, pues también los secretarios. Y en un régimen democrático, cualquier persona puede hacer ese tipo de propuestas.
Seguramente, a mí me dio mucho gusto. No comparto esa iniciativa, pero me dio mucho gusto y le voy a decir por qué. Porque seguramente la hizo como una propuesta seria, no creo que haya sido producto de una improvisación y mucho menos de un capricho.
Segundo, porque ahora, al abanderar esta causa, se va a dar cuenta de que una reforma como esa que él propone o como esta que defendemos nosotros es imposible sin el pueblo de México. Por eso nosotros sostenemos con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y nada se puede hacer sin el pueblo. Tal vez él lo va a descubrir cuando comience a empujar esta iniciativa que tiene.
Y, por último, si tiene el respaldo popular, no tendrá problema de que esto se vuelva constitucional. Si no lo tiene, lo invitamos a que imite el proceso de este movimiento que nosotros, al que pertenecemos orgullosamente, y vaya a las calles a buscar el apoyo popular, a convencer que es necesario elegir a los secretarios de Estado también. Y tal vez así, al recorrer estos pasos que este movimiento recorrió, se va a dar cuenta de la importancia del valor que tiene la legitimidad popular.
Mi pregunta es, si el sistema actual es tan perfecto, ¿por qué entonces en 200 años solo hubo 15 mujeres ministras, 4 de ellas en este sexenio, por supuesto?
Segundo, ¿por qué hay solo, de las personas juzgadoras, de dos a tres mujeres? El sistema de esta cúpula de selección que usted ahorita comentó que no podía dejarse para cuestiones jurisdiccionales al pueblo, ha decidido que solo, de cada diez, tres sean mujeres. ¿Es por un tema de que no tienen capacidad o es –como yo creo– un sistema machista que impide el acceso paritario a las mujeres a juzgar?
Y, por último, si estaría usted de acuerdo, ministro González Alcántara Carrancá, de modificar los días laborales del Poder Judicial, porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel nos compartió unos datos de que el fin de semana 150 personas fueron liberadas, el 70 % de ellas el sábado. Entonces, tal vez convenga agregar a la reforma que se trabaje los sábados y dejar lunes y martes de descanso. Muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, senador.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, cerramos con la pregunta que formule el diputado Reginaldo Sandoval. Adelante, por favor.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Muy buenas noches a todas y a todos. Primero unos datos de contexto para poder ubicar las preguntas. Hay personas que dicen que no tenemos la legitimidad del pueblo de México, la suficiente, porque tenemos un sistema mixto para integrar este Congreso, pero miren nada más los datos.
De 300 distritos, el movimiento, la 4T ganó 256, o sea, el 85 % del territorio. De 32 entidades se ganaron 31 de fórmula de mayoría del senado. La presidenta de la República, nuestra presidenta Claudia, ganó 31 de 32 entidades. Más bien, los que están sobrerrepresentados es la oposición. Así de clarito. Estamos 85/15, más o menos.
Luego, yo sí creo y, bueno, nosotros somos de la lógica de unidad nacional, todo el poder al pueblo. ¿Por qué le tenemos miedo al pueblo si estamos haciendo una revolución profunda del Estado mexicano?
Nada más en el tema de presupuestos, solo el Poder Legislativo y el Ejecutivo entramos en el tema de austeridad. Esta Cámara, nos dejaron un presupuesto de más 9 mil millones, llevamos seis presupuestos y no llegamos a los 9 mil. Arrancamos con 6 mil, entramos en el tema de austeridad.
El Ejecutivo que salió, Enrique Peña Nieto, 8 mil millones. Saben ¿cuánto está ejerciendo el presidente? Setecientos. Y el Poder Judicial tiene una aprobación, solo para este año, de 78 mil millones y ahí va incluido lo de la Suprema Corte, 5 mil 700 millones. Si dividen 5 mil 700 millones entre 11, tienen para ejercer 526 millones cada ministro. Si lo divides entre 365 días del año tienen capacidad, incluyendo sábados y domingos de ejercer un millón 441 mil. ¿A quién le rinden cuentas? ¿En qué se gasta?
Porque yo vengo de realizar o estar presente en 22 foros del Edomex y una de las cosas que dicen la gente es, ¿por qué tanto rezago en la justicia, en la impartición de justicia? Porque el centro es cómo hacemos el tema de la justicia que es una demanda del movimiento y en este tema de la justicia venimos desde hace muchos años en este país.
Cómo logramos hacer justicia al pueblo de México que no tenga que ver con una mercancía, que no tenga que ver con dinero, porque no hay duda que esta Suprema Corte se elitisó y tampoco hay duda de que ejerce ideológicamente. Por eso escuchaba lo de la ministra, 12 mil 845 tesis sobre el tema de fiscales, el tema de impuestos.
Miren nada más lo que hicieron la Suprema Corte para decir con quien está. En la reforma a la ley eléctrica que aprobó esta Cámara se fue a la Suprema Corte y nos la declaró inconstitucional. ¿Por qué razón? ¿Saben cuánto perdemos por ese hecho y por esa resolución de la Suprema Corte?
Pues para que ingrese a la Comisión Federal de Electricidad, solo por un concepto que es el de autogenerar el mercado paralelo, 370 mil millones deja de recibir la Comisión Federal de Electricidad al año, por esa decisión de la Suprema Corte. ¿A favor de quién está? No hay duda que no está a favor del pueblo, que en sus decisiones y sus resoluciones son en contra de la gente, de la mayoría. Además, debemos de entender con claridad que el soberano es del pueblo y ahora queremos que el Poder Judicial se someta al soberano, que el pueblo elija como elije al Ejecutivo y al Legislativo, qué problema...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, si podemos concluir, por favor.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Yo diría, estamos de acuerdo en este momento, porque también dicen, es una venganza. Es una venganza ¿de qué? El presidente ha nombrado a cinco, con Claudia llegáramos sin problema a tomar la Corte. No.
Estamos en una revolución verdaderamente profunda, lo que queremos es que el pueblo elija. ¿Estamos de acuerdo en eso o no, que el pueblo es el soberano? Entonces, porque le tenemos miedo al pueblo. Bueno pues yo digo que algunos le tendrán miedo. Yo preguntaría aquí a los que quieran contestar: ¿Estamos de acuerdo en que apliquemos el artículo 39 de nuestra Constitución o no? Que ése es el tema profundo. Y yo diría que, los que quieran contestar, si están de acuerdo en eso. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a ajustar el cronómetro, si no tienen inconveniente, ya casi tenemos cuatro horas de trabajo, a un minuto y medio, a los ponentes creo que también sería un tiempo razonable para poder redondear alguna respuesta. Iniciamos con Adriana García, por favor, para brindar su respuesta y ahorita anotamos a los demás.
La ponente Adriana García: Muchas gracias. En cuanto a la metodología, y aquí me da oportunidad de decir: la crítica o los comentarios que se hacen a la propuesta no suponen, ¿no?, decir que el estado actual de las cosas es perfecto o es bueno. Desde la sociedad civil y muchas organizaciones lo hemos estado litigando por años y años.
Hemos visto que la nominación siempre ha sido un monopolio, ¿no?, del Ejecutivo. Y así como le pedimos al Ejecutivo que justifique todas sus decisiones en esa no, en esa no hay fundamentación, motivación, no sabemos de dónde salen, cómo son.
Entonces, y ha habido muchísimos litigios, los litigios los hemos perdido en su mayoría, Fundación para la Justicia es un ejemplo perfecto de cómo han litigado para lograr esta nominación, que esta nominación sea conforme a los estándares internacionales, que haya acceso, ¿no?
Entonces, si tenemos que darle contenido a este método, primero tendríamos que centrarnos en la nominación y después en la aprobación. Creo que todos aquí estamos hablando de la aprobación, ¿no?, y creemos que por la aprobación vamos a democratizar la justicia. En realidad, tendríamos que democratizar la justicia a través de la nominación. Acceso, acceso a todos. Acceso ahorita no hay.
Transparencia. Nos hemos quejado y nos hemos quejado. El Senado ha empezado a emitir circulares en las que ya se definen los criterios, pero hasta el Senado en la aprobación. Antes no existe ningún criterio, no existe ningún parámetro. Participación de la sociedad civil al momento también de decidir los candidatos, establecer cuáles van a ser los criterios de selección, la objetividad, ¿no?, la definición de estos criterios. Y ahí sí vamos a democratizar la justicia.
El tema de la aprobación es un tema ya secundario, ¿no? Y hay otras formas de democratizar, la forma más evidente, por ejemplo, son los jurados populares, si quieres participar, participa así, si queremos que nuestra gente, que nuestro pueblo participe, entonces que tengan acceso a la nominación, ¿no?, y ya.
El problema en la aprobación, como bien se mencionó, es un problema muy técnico, complejo y me parece también caro, ¿no?, que va a tener que solventar el INE, que es la institución encargada de las elecciones. Gracias, con esto concluyo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Adriana.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar la respuesta, también por minuto y medio, del doctor Jaime Cárdenas. Adelante, doctor, por favor.
El ponente Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias. Sobre el tema del método coincido, ¿no? Hay algunas... algunos principios en la iniciativa del presidente sobre cómo debe organizarse el proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros, pero no está ahí todo. Seguramente eso tendrá que resolverse en la legislación secundaria, cuando sea aprobado.
Pero yo convengo con ustedes. Sería conveniente, ¿no?, esto es algo que hemos discutido en los foros, que se precisaran algunas cosas. Por ejemplo, el día de la elección cuál debe ser concurrente, como decía la presidenta del INE, o en una fecha posterior. Si es concurrente, pues puede tener eso ventajas y desventajas. Ventajas, yo creo que reduciría el costo y habría más participación ciudadana. Esas son cosas que se podrían definir en el dictamen.
Ya en mi intervención anterior manifesté mi inconformidad con lo que me comentó el diputado, sobre que las propuestas que harán los tres poderes, sería conveniente que provinieran de la sociedad, para que no fuera un sistema cerrado de propuesta, sino abierto.
Y después, creo que no hemos comentado, cómo serían los circuitos electorales. Puede haber, como dije, de mayoría, proporcionales o mixtos. Si fuera, por ejemplo, de mayoría, habría que pensar en distritos judiciales, en circunscripciones judiciales estatales. Tal vez una circunscripción judicial nacional o federal para los ministros. Y, en fin, es algo que está pendiente.
Podríamos también pensar en la representación proporcional, pero no se... Bueno, puedo decir cosas aquí... que no quiero parecer poco serio. Pero bueno, lo voy a decir. Podríamos pensar, por ejemplo, en que hubiera listas por poderes. O podríamos pensar también que las listas se conformaran a voluntad de los interesados, de los que van a ser propuestos, o por tendencias ideológico-jurídicas. Es decir, los positivistas formalistas, los neopositivistas, los partidarios de teorías críticas, los del constitucionalismo popular; en fin, habría distintas posibilidades. Desde luego, habría que pensar en un tribunal... en un sistema mixto también. En fin, son cosas que se tendrán que ir resolviendo.
Y lo que sí me parece muy importante, y yo he escuchado puntos de vista de los señores ministros, de las ministras, sobre el tema del Tribunal de Disciplina Judicial. A mí me parece que este Tribunal de Disciplina Judicial debiera tener competencias no solamente en el ejercicio de los integrantes del Poder Judicial, sino durante los procesos para ser electos.
Es decir, que fuera el tribunal, es el tribunal el que revisara financiamientos ilícitos, que tuviese capacidad para inhabilitar a un candidato, de sancionar a un aportante de financiamiento privado, etcétera. Hay muchas cosas que se deben resolver que no están desde luego en la iniciativa porque corresponderán a la legislación secundaria.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a Luis Enrique Pereda para brindar también por minuto y medio sus respuestas. Muchas gracias.
El ponente Luis Enrique Pereda Trejo: Muchas gracias. La pregunta en realidad es muy interesante. La presidenta del INE dijo muchas cosas muy atendibles y por supuesto las dos personas que me antecedieron en el uso de la palabra también han puesto sobre la mesa cosas muy interesantes.
Yo trataría de complementar con tres aspectos importantes. El primero, cuando el diputado hace la pregunta, si le entendí bien, si le escuché bien, me parece que ya va poniendo un gran tema del método y la frase que dijo el diputado es: en el tiempo que nos queda.
Pues en realidad ese es, en mi opinión, el primer gran error. ¿Cuál tiempo que nos queda? Esta es una decisión soberana del propio Congreso y pudiera tardarse más en hacerlo, ¿por qué trabajarlo en contra reloj? Uno.
Dos. No hay, hasta donde entiendo –en la iniciativa no viene–, perfil de evaluación y de permanencia. Es decir, si estos criterios va a utilizar el tribunal disciplinario para –y leo la iniciativa– tomar decisiones por actos u omisiones contrarias al interés público y qué es el interés público. Es decir, ¿no darle la razón al Estado en un impuesto y dársela a un particular es ir en contra del interés público?
Si esos criterios no existen, no hay manera de tener un método bien calibrado y, finalmente, para contestar la pregunta yo diría irrealidades. ¿Qué quiero decir con irrealidades? Cosas que en la vida real nadie puede creer que van a pasar. Dos ejemplos específicos: no hay ni financiamiento público ni privado para hacer campañas, pero cuando los legisladores, diputados y senadores, van a pedir el voto reciben financiamiento, tanto público y privado, con una predominancia del público.
Y dos. Resolver juicios en seis meses. Hay un montón de juicios que, por su propia naturaleza, ni siquiera por pereza o por burocracia, por su propia naturaleza tardan más de seis meses. Piensen en cualquier juicio familiar que involucra a decenas de personas, algunas en el país, otras no. Entonces, me parece que estas dos irrealidades sumadas al perfil y sumadas al tiempo, dan que el método no exista.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a la respuesta que pueda brindar el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Adelante, ministro, por favor.
El ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo: Gracias. Reitero lo que ya he señalado: nunca se ha cuestionado la facultad del pueblo para designar a los integrantes de cualquiera de los Poderes del país.
Lo que yo señalaba es que como está estructurado el sistema de impartición y administración de justicia en nuestro marco constitucional y legal, parecería desde el aspecto de la independencia y la libertad de compromisos o de prejuicios, que las designaciones fueran con base en los méritos que acrediten las personas que aspiran a ocupar esos cargos.
Yo no cuestiono el voto popular, nosotros todos los días tenemos como vocación servir al pueblo. Sin embargo, desde esta perspectiva y como está estructurado el sistema, me parece que la carrera judicial es una garantía, para quien acude al tribunal, de objetividad, de imparcialidad y de capacitación.
Se dice: es que nunca resuelven a favor del pueblo. Es que el juez no puede ir con una visión predeterminada, tiene que analizar el caso concreto, tiene que hacer el estudio correspondiente y tiene que emitir una decisión fundada y motivada. Si lo que se quiere es que haya una serie de resoluciones en un sentido determinado, habría que modificar el marco legal para decir: los jueces resolverán a favor de tales y cuales causas, independientemente de la naturaleza del conflicto o de la litis planteada.
Entonces, yo reitero, absoluto respeto a la soberanía del pueblo y, desde luego, también la circunstancia de que, si se decide por un sistema de democracia directa para la designación de jueces, habrá que hacer modificaciones a todo el entramado constitucional y legal del sistema de impartición de justicia en nuestro país. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la respuesta que brinda el ministro González Alcántara. Por favor, ministro.
El ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá: Muchísimas gracias. Esto es más que formativo, yo creo que todos aprendemos y todos venimos aquí a escuchar con atención y con respeto. Se nos preguntan algunas cuestiones con relación a los horarios de trabajo de los jueces.
En materia penal el juez recibe la solicitud del Ministerio Público y tiene un término para resolver. Si lo hace el viernes, si lo hace el sábado, si lo hace el domingo, si libera, pues es porque los términos que ustedes como legisladores han aprobado y tiene que resolver dentro de las 72 horas si es inocente y tiene que dejarlo afuera. Nosotros, nosotros como juzgadores tenemos términos y tenemos guardias y tenemos que estar presentes para resolver los asuntos.
Entonces, la ley, si está bien hecha, pues podríamos nosotros mejorarla. Siento que todas esas inquietudes que tienen y esos anuncios que liberan a tantas personas los fines de semana, habría que ver si son jueces federales, si son jueces del fuero común, en qué circunstancias y qué casos concretos son los que se presentan.
Hace algún tiempo nos visitó el presidente de un tribunal de provincia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, porque hubo una resolución de la Corte que lo obligaba a publicar la sentencia. Yo creo que la publicación de la sentencia es una forma de transparentar las resoluciones judiciales.
Nosotros en la primera sala normalmente cuando vemos que se trata de personas que necesitan conocer o saber por qué resolvimos los asuntos, utilizamos un lenguaje incluyente. Se alega y se dice que por qué tan pocas ministras ha habido, pues yo también preguntaría por qué tan pocas presidentas hemos tenido. Porque hay un movimiento de respeto y de equidad en donde tratamos y pretendemos la igualdad para hombres y para mujeres. Eso avanza.
Yo no tengo un ábaco para saber cuánto dinero es que asignan ustedes como legisladores al Poder Judicial y a cuánto tiene derecho a usar cada ministro. No, no. Lo que ustedes tienen en sus manos es la oportunidad de hacer las leyes mejores. El compañero Noroña se queja de que no es abogado. Yo creo que tiene más preparación jurídica porque tiene una carrera legislativa y le ha permitido aprender y conocer hasta dónde las leyes sirven o no sirven. Y tenemos la oportunidad de hacer mejores normas.
Que si en el proceso de elección de los jueces, magistrados y ministros deben de estar involucrados en la prueba, yo creo que sí. Podemos ver los diferentes sistemas de elección a los ministros. En 1830 y tantos se decide correr a todos los ministros de la primera sala por el hecho que habían resuelto en contra de un gran hacendado del Estado de México cuando todavía el Estado de México comprendía el estado de Morelos.
¿Cómo se resuelve el nombramiento en los años 40, 1840 y tantos? A través del procedimiento de insaculación. Se ponen a los concursantes, a ministros que cumplían con los requisitos y se saca y se elige en el caso de la presidencia de Manuel Bola Peña y Peña, que recordarán que es uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país porque le toca como presidente de la Corte firmar la cesión de la mitad de nuestro territorio.
Yo creo que hay muchas formas; imaginación es lo que debemos de buscar y debemos también pensar que la transparencia en las resoluciones, la difusión de las resoluciones, permita justificar por qué sí o por qué no. Y eso a través de los medios electrónicos que tenemos actualmente presente podemos ir calificando. Cuando yo proponía que a la mitad de un periodo se revisará la actuación del juez y se sometiera a una elección o una ratificación o un despido, pues es parte de ese ejercicio del que soy, yo, totalmente de acuerdo en que se realice.
Y por relación a lo del Ombudsman Judicial, eso existe en los países escandinavos, que cualquiera que conozca la legislación de Finlandia, lo hay el Ombudsman Judicial, cuando trajimos la figura del Ombudsman a México a través...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ministro, si podemos ir concluyendo, por favor.
El ministro Juan Luis González Carrancá: ...de la de la Defensoría de los Derechos Universitarios y después de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se estableció para que vigilara que realmente las sentencias se pronunciarán en forma adecuada.
Y este ejercicio, que agradezco mucho que se nos invite, pues nos permite entender cuál es la inquietud que existe en el país de buscar y demandar una mejor justicia. Muchas gracias y perdón por haberme extendido.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, ministro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Tenemos tres últimas participaciones, la de Eduardo José Torres, después la ministra Lenia Batres Guadarrama y cerramos con Jaime Moreno Garavilla. Adelante Eduardo, por favor, hasta por minuto y medio.
El ponente José Eduardo Torres Maldonado: Sí, muchas gracias. Tenemos un minuto y medio, ¿verdad? Gracias. Brevemente, quiero señalar lo siguiente y respondo, respondo a la pregunta ¿temerle al pueblo? No. Tenemos que respetar y dignificar al pueblo y tenemos que confiar que el pueblo es bueno, sabio y digno para elegir a sus juzgadores, a todos los juzgadores.
La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, es un principio constitucional básico, es una decisión política fundamental a la cual deben precisamente su existencia y su presencia y su esencia los otros poderes. Entonces, tenemos que retomar la dignidad constitucional originaria del pueblo.
Ahora, yo preguntaría lo siguiente, Soy breve, ¿fue Juárez un buen juez y un buen ministro de la Suprema Corte? De ahí llegó a la Presidencia, piense en ese caso, por favor.
Ahora, ¿por qué necesitamos a ministros y juzgadores cercanos a la gente? Porque la injusticia es el pan de cada día. A mí me ha tocado ver a una persona que recibió una sentencia en un tribunal civil donde había perdido su casa, ahí le dio un infarto y ahí murió y había sido despojado, no solo por los astutos litigantes que permitieron el proceso, sino por el juez que dictó una sentencia corrupta.
Una propuesta muy breve y aquí se acaba, tenemos que pensar en corregir la educación y la instrucción y la formación de los juzgadores. Están mal educados, están mal formados, no se pone la suficiente, el suficiente énfasis en cuestiones éticas, morales y también en un compromiso constitucional. Tenemos que reformar la escuela de la judicatura. Ese es un punto pendiente. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias por tu participación, Eduardo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos con la ministra Lenia Batres Guadarrama, hasta por minuto y medio.
La ponente Lenia Batres Guadarrama: Muchas gracias. Yo... un comentario final ya respecto de las preguntas que se hacen y las intervenciones. Yo sostendría, me parece, que la mayor fuerza y legitimidad que puede tener cualquier servidor público o servidora pública, pues, proviene justamente de la voluntad popular.
Creo que es la voluntad popular la que les puede dar a los propios jueces en su carácter de servidores públicos una independencia que los libere de presiones particulares y una independencia, también, pues, que les permita justamente saberse observados por el propio pueblo, por la propia población.
Porque, efectivamente, pues, la democracia en sí misma no corrige la corrupción, pero sí permite observarla y la democracia también va a permitir, pues, observar a jueces y juezas de que cuiden criterios, objetividad, imparcialidad y su propia competencia.
Y eso es muy importante porque hasta ahora, pues, tenemos múltiples invasiones a los otros poderes, argumentadas con base en estos principios, pero que no se sustentan. Tenemos suspensiones que se otorgan, que están prohibidas por la ley, incluso, desde la Corte, acciones de inconstitucionalidad.
Tenemos que se invalidan de manera oficiosa leyes o artículos de leyes sin haber sido solicitadas en las demandas de acción de inconstitucionalidad. Tenemos, pues, criterios nuevos que no se ejercían antes, que se acreditan ahora como vicios en procesos legislativos y no se refieren a violaciones, a reglamentos o leyes de carácter parlamentario.
Es decir, la posibilidad de que los jueces y juezas de nuestro país impriman subjetividad en sus propias resoluciones, creo que se puede limitar cuando las personas juzgadoras se sepan observadas. El escrutinio público nos puede ayudar mucho más que la secrecía que actualmente existe e impera en el Poder Judicial.
Y una última consideración que tiene que ver simplemente con el resultado de la propia paridad de género: le decía ahora a la ministra Yasmín que se acaba de retirar que yo estoy de acuerdo con que se ratifique o se revoque el mandato de quienes están actualmente como jueces o juezas como personas juzgadoras.
Sin embargo, pues, creo que el 100 % de las candidaturas mujeres en los cargos vacantes no nos va a resolver la paridad, necesitaríamos que, en la propia revocación y votación misma, la propia legislación o la forma en la que se legisle debe garantizar la paridad absoluta que no está cumpliendo en este momento el Poder Judicial...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Si podemos ir concluyendo, ministra. Por favor.
La ministra Lenia Batres Guadarrama: ... si lo cumplen los otros Poderes, si nos falta al Poder Judicial. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, ministra.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y cerramos con la intervención de Jaime Moreno Garavilla. Adelante, doctor, por favor.
El ponente Jaime Miguel Moreno Garavilla: Señor presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales, diputado y maestro Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Quedará inscrito en la memoria indeleble de la comisión la serie de puntos en los que estamos convergiendo. Primero, supremacía del artículo 39 constitucional. Celebro mucho la presencia del Ministro Pablo Rebolledo y la del Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, expresando esto, sobre el 39 nada ni nadie, como decía Ferdinand Lassalle, después, hay otra convergencia en puntos sobre la procedencia de la elección, qué les parece una elección convocada para que cualquier profesional del derecho, el que sea, pueda levantar la mano. Yo, aspiro a hacerlo. Esa es democracia.
Ahora, cómo garantizamos precisamente la idoneidad, que la escuela federal práctique un examen riguroso, público y abierto. Alguien dirá: Se va a querer inscribir todo mundo. Sí, quiero ver quién es el guapo que se inscribe sabiendo que lo van a examinar pública y abiertamente. No, no va a hacer tan sencillo.
Después que la elección se haga gradual, que hagamos en tres tiempos la elección, un 35% en el primer momento o un segundo 35% y el 30% en un tercer momento para, decía, garantizar la memoria y la experiencia de los órganos jurisdiccionales.
Y, después, que hay temor de la partidización, pues, eso se elimina, no va a haber ni campaña. Los electores van a hacer votantes, entonces... ahora sí ya me voy... ahora los votantes van a ir a sufragar en función de quien les haya convencido en ese examen público y abierto, no más, no hay campaña, no hay partidos, no hay lana de los de enfrente, de los de lado ni los de atrás, no hay.
Solamente van a votar por lo que hayan visto y de la fama pública que tenga. Entonces, no hay posibilidad de evitar esos, digo, podemos evitar esos riesgos. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente nuestro reconocimiento por la ardua labor que han realizado los integrantes de esta comisión.
Señor coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado y maestro también, Ignacio Mier. Muchas felicidades a todas ustedes, diputadas; a ustedes, señoras y señores ministros, también nuestro respeto y reconocimiento; colegas y colegas, muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, doctor.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Tiene el uso de la voz el diputado Fernández Noroña para hacer un comentario a la referencia del ministro. Por favor, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. Hubo múltiples alusiones, pero solo haré dos comentarios puntuales. Aquí se dijeron dos temeridades: una temeridad grande y una temeridad chiquita.
La temeridad grande que yo esperaba que alguien respondiera es que esta reforma es por la decisión de la Corte sobre la Guardia Nacional, es un argumento ligero y responsable y que rechazo categóricamente. La reforma al Poder Judicial es porque queremos una cosa, que el Poder Judicial federal no otorga, justicia, ese es todo el tema.
Ministro González Alcántara, usted fue propuesto por el compañero presidente y ahí no le pareció mal la politización, ahí no le pareció mal que una decisión política le beneficiará. Y su libertad de criterio está absolutamente asegurada porque nos vota en contra todo, eso está acreditado.
Y termino con la temeridad chiquita, yo nunca dije que lamentaba no haber estudiado derecho, si hubiese querido estudiar derecho lo hubiese hecho. Estudié sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, de lo cual me siento muy honrado. Larga vida a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la carrera de sociología, que en realidad era marxismo; de cada cuatro materias, cinco eran de marxismo. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y bien, cerramos este diálogo. Agradecer a la audiencia en medios de comunicación y nos vemos en Saltillo, Coahuila, el 6 de agosto. Muchas gracias.
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