Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Buenos días. Vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia. Y le pediría a la secretaria de la comisión se sirva informar a la Presidencia sobre el quórum de la reunión.

La secretaria diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Sí, presidenta. Buenos días a todas y todos ustedes. Se informa que efectivamente hay quórum para iniciar esta sesión.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, secretaria. De conformidad con la proposición de urgente u obvia resolución aprobada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2018, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del 23 de octubre de 2018 y el acuerdo aprobado por la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del 24 de octubre relativos a la invitación, formato y fecha para realizar una reunión de trabajo con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, se informa a la asamblea que se encuentra en esta sesión el licenciado Alberto Elías Beltrán, titular de esa dependencia. Bienvenido, señor titular encargado de la Procuraduría General de la República.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Y bueno, primero que nada, el objetivo de esta reunión está en el contexto que ya se mencionó sobre un acuerdo, emitido por la Cámara de los Diputados y que está referenciado en el propio acuerdo de la junta de coordinación política, que tuvo a bien acordar que el formato de presentación de reunión de trabajo con esta dependencia, se trasladara a la Comisión de Justicia, por ser materia de los asuntos que esta comisión trata.

Primero que nada, señalar pues que es muy importante tener este intercambio de ideas, tener este ejercicio de rendición de cuentas, tener este ejercicio de intercambio también de preguntas que han quedado pendientes de respuesta ante el escenario en que hoy vive nuestro país, ante una creciente violencia y en donde hay preocupación por cifras, cuyo saldo ha sido reportado por los medios de comunicación, y están también plasmadas en las estadísticas oficiales a las que podemos accesar.

Por ejemplo, hoy se habla de la mayor cifra de homicidios dolosos en la historia reciente, estamos cerrando la administración que se va con 2 mil 600 homicidios dolosos por mes, lo cual supera todos los registros en la materia y nos ubica como un país en el promedio de 27 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

En todo el país se registraron un total de 35 mil 943 casos de homicidio en 2014, mientras que en 2017 esta cifra creció a 46 mil 681 casos, es decir hubo un incremento del 30 por ciento.

De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el homicidio doloso constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia.

Durante este sexenio los delitos del fuero común aumentaron de manera significativa. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en 2014, del periodo de este año 2014 a 2017, el número de víctimas anuales se elevó de 43 mil 937 a 53 mil 857, respectivamente. Es decir, se registró un incremento del 23 por ciento.

Por otro lado, en materia de violencia contra las mujeres los datos no son muy distintos. A pesar de que en la presente administración se han destinado más de 253 millones de pesos para fortalecer la red de centros de justicia para las mujeres, el número de incidentes de violencia contra las mujeres se ha incrementado en un 170.2 por ciento de 2016 a 2018.

Asimismo, el número de casos contabilizados de forma oficial por el Gobierno Federal de víctimas de feminicidios aumentaron en 106.5 por ciento de 2015 a 2017.

En 2015 se registraron un total de 389 feminicidios, 578 en 2016, 678 en 2017, y a julio de 2018 se contabilizan 484 casos.

El saldo que deja la presente administración incluye también un crecimiento exponencial en robo de hidrocarburos. En los últimos diez años el robo ilegal de combustible creció en 868 por ciento, según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos.

El aumento en la ordeña clandestina de ductos de Pemex, parece imparable. Hace 10 años se detectaba una toma por día y a la fecha son 20. Entre 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 736 tomas clandestinas en todo el país, en contraste de las encontradas entre 2017 y 2011, cuando Pemex registró 3 mil 230. Por ello también la inquietud de formular esta reunión de trabajo.

Y no se diga en materia de asalto y de robo al autotransporte de carga en carreteras, las tendencias están igualmente al alta. El robo de autotransporte, que incluye camiones, autobuses y ferrocarriles, generó pérdidas de 92 mil 500 millones de pesos en 2017. Sólo el número de robos a camiones de carga pasó de 5 mil 400 en 2015 a 10 mil 230 en 2017.

Es por ello que esperamos que en esta reunión de trabajo podamos saber, podamos conocer el estado de la procuración de justicia, los resultados, pero sobre todo cuáles son las razones por las que estas cifras nos están dando estos resultados, que son tan desastrosos.

Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo. Y para ello hacemos del conocimiento del licenciado Alberto Elías Beltrán que, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, usted está en esta reunión pues también bajo protesta de decir verdad.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Y solicitó a la Secretaría dar lectura a los resolutivos primero, segundo y tercero del acuerdo que rige la fecha y el formato de la presente reunión de trabajo aprobado por la Junta Directiva en esta comisión de justicia el 24 de octubre del presente.

La secretaria diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con gusto, presidenta. El resolutivo primero. La reunión de trabajo con el encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), licenciado Alberto Elías Beltrán, se llevará a cabo el 31 de octubre de 2018 a las 10:30 horas.

Segundo. La reunión de trabajo se desahogará conforme al siguiente formato:

Bienvenida de la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez.

Presentación a cargo del funcionario hasta por cinco minutos.

Tres rondas sucesivas de preguntas y respuestas en orden creciente de grupo parlamentario.

Primero la pregunta del grupo parlamentario hasta por tres minutos, respuesta del funcionario hasta por tres minutos y comentario del diputado hasta por dos minutos.

Los integrantes de la Comisión de Justicia que así lo consideren podrán hacer manifestaciones de hechos hasta por un minuto al término de la tercera ronda de preguntas.

Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique a los funcionarios correspondientes.

Es cuanto diputada presidenta.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, secretaria. Procedemos a continuación. En el formato al que acaba de dar lectura la secretaria, y en cumplimiento a este acuerdo, se otorga el uso de la palabra al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República hasta por cinco minutos. Adelante.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Distinguidos miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, señoras y señores legisladores, muy buenos días.

En mi calidad de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, acepté con gusto la invitación a esta reunión de trabajo para dialogar sobre la situación que atraviesa la institución y algunos asuntos de la mayor relevancia que están en esta institución.

A todos quiero agradecerles este espacio y compartirles que la Procuraduría General de la República, no sólo está obligada, sino también plenamente comprometida con los principios democráticos y republicanos para rendir cuentas, tanto frente a la ciudadanía como frente a otros poderes.

Fui nombrado por el Presidente de la República al cargo de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales con fecha 15 de noviembre de 2016. Ante la renuncia que presentó el procurador general de la República el 16 de octubre de 2017, por disposición legal me correspondía hacerme cargo de la Procuraduría General de la República, institución que como bien saben ustedes es de una importancia esencial en el sistema de justicia del país, y que por lo mismo enfrenta constante retos y muchos de ellos de enorme dificultad.

La PGR de suyo es compleja. Ha tenido que desarrollar un profundo proceso de transformación, ante la reciente entrada en vigor de una de las reformas de mayor envergadura que se han visto en México, al establecerse el Constituyente Permanente el proceso penal acusatorio y oral, que sustituyó al muy enrarecido y añejo sistema penal de naturaleza inquisitoria y predominantemente escrito.

Sin duda este proceso oral y acusatorio es un avance en la dirección correcta, tiene grandes ventajas, es más expedito, el juez está en contacto directo con las partes en el proceso penal, pero por lo mismo implica una mayor capacidad del Ministerio Público y de sus auxiliares.

Además, se ha establecido un novedoso sistema de resolución alternativa de conflictos penales, en tratándose de algunos delitos en su mayoría de contenido patrimonial, mediante la negociación y aceptación de acuerdos reparatorios que satisfagan los intereses y derechos de las víctimas.

Este nuevo sistema permite resolver asuntos en forma mucho más expedita y desahogar el desarrollo de los tradicionales procedimientos penales, reservados para delitos considerados de mayor gravedad.

La institución ha tenido que migrar a este nuevo sistema, adoptando su organización interna y los métodos de trabajo, alternando con la estructura y métodos originales, que aún son aplicables para los casos iniciados con anterioridad a la vigencia de la reforma ante mencionada.

Por otro lado, México ha avanzado considerablemente en la protección constitucional de los derechos humanos. Sin duda celebramos y reconocemos esos logros que van en consonancia con la democracia, legalidad y pluralidad que caracteriza a la sociedad actual. Pero por lo mismo, tanto la investigación de los delitos como el proceso penal deben ajustarse escrupulosamente al respeto de los derechos humanos, no solamente del inculpado sino también de la víctima de algún delito, e incluso de los servidores públicos involucrados.

Reiteramos que la persecución de los delitos no está peleada con el respeto de los derechos y de la dignidad de las personas. Al contrario, los métodos actuales de investigación criminal, el uso de la tecnología y el aprovechamiento de la ciencia nos permiten ser más eficientes en nuestro trabajo. Durante el desarrollo de esta reunión de trabajo iré señalando las fortalezas, debilidades y retos de la institución; la profesionalización del personal, su capacitación, las condiciones en las que se desempeña en esta delicada función de procurar justicia que, dicho sea de paso, muchas veces es incomprendida y casi siempre criticada.

Los agentes del Ministerio Público, los policías ministeriales y los peritos forman la columna vertebral de la Procuraduría General de la República. Somos una institución de servicio y por ello el capital humano es el más importante. Por ello el pasado 22 de octubre se celebró por primera vez el Día Nacional del Ministerio Público, establecido por disposición unánime de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de reconocer la ardua labor que prestan dichos servidores públicos a nivel nacional, tanto en el ámbito del fuero federal como del fuero común.

Finalmente no escapará a su atención que, si bien para mí es un privilegio el poder dialogar con ustedes como legisladores y representantes populares en un ejercicio de apertura, también es cierto que habrá nombres de personas, elementos, líneas de investigación y perspectiva de los casos en que legalmente no podré compartir con ustedes información, so pena de violar la ley, poner en riesgo a las víctimas y testigos, violar sus derechos a la privacidad o presunción de inocencia, o incluso alertar a posibles culpables y comprometer el éxito de una investigación criminal. Apelo a su comprensión en este sentido. Y muchas gracias. Y es un honor estar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Vamos a dar inicio a la intervención de las señoras y señores diputados integrantes de esta comisión, conforme al formato y al acuerdo que fue emitido por la Junta de Coordinación Política y por esta Comisión de Justicia. Para ello vamos a iniciar con la participación, como pregunta, de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos. Diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Buen día a todas mis compañeras y compañeros legisladores. Algunas personalidades que vemos que están por aquí. Agustín Basave, bienvenido. Y por supuesto agradecer la presencia de los distintos funcionarios de la PGR, de manera muy particular del licenciado Alberto Elías Beltrán.

Me parece que este ejercicio que estamos iniciando en la Comisión de Justicia es trascendente, en virtud de que a partir de lo que ha establecido nuestra presidenta en su discurso, una serie de cifras que tienen que ver sin lugar a dudas con la corrupción y con la impunidad, que desgraciadamente son el cáncer y el pan de día a día en nuestro país.

Particularmente, a nombre de mi partido, el de la Revolución Democrática, me permito hacer la siguiente pregunta, convencida de que la función pública es sin duda el ejercicio... sin duda el desempeño de... respecto al desempeño de la función pública es sin duda el ejercicio del gasto. En los diversos ejercicios de las revisiones de las Cuentas Públicas de cada año, la Auditoría Superior de la Federación incluye las observaciones que se realizaron, los pliegos y los procedimientos que se iniciaron ante el órgano que usted provisionalmente tiene el honor de dirigir.

Sin embargo, a la hora que nosotros solicitamos a los titulares de las dependencias la información respecto a estos procedimientos, se nos indica que debido a la secrecía de los mismos ellos no tienen la información. Es por ello que le pregunto en su carácter de encargado del despacho. En el año que abarca el informe que revisamos ¿Cuántos procedimientos inicio la Auditoría Superior de la Federación ante ustedes? ¿Cuántos procedieron y se iniciaron las carpetas de investigación? ¿Cuándo siguen proceso? ¿Cuántos funcionarios públicos han sido presentados ante las autoridades judiciales? ¿Cuántos han sido vinculados a proceso?

En el mismo sentido, le pregunto ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la Procuraduría General de la República para el procesamiento de estos? Y en su caso, ¿si es falta de capacitación de los Ministerios Públicos o una deficiente información de parte de la Auditoría Superior de la Federación, los elementos que impiden que estos procedimientos concluyan, por desgracias, en la imposición de sanciones penales para los malos funcionarios públicos? Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias diputada. También le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, hasta por tres minutos para que dé respuesta.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputada Verónica. No traigo exactamente la cifra de cuantas en este periodo que estamos comentando se ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Pero si me gustaría platicar algunas cifras que si traigo relacionadas con denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en lo que va de 2017 a 2018 en casos relevantes y que son de interés tanto de los medios de comunicación –que también saludo y agradezco su presencia.

Por ejemplo, la Auditoría Superior en este periodo 2017, lo que va del 2018 por temas vinculados a Veracruz ha presentado 22 denuncias que equivalen apropiadamente a 27 mil millones de pesos. De estas 22 denuncias se han judicializado 2 por parte de la Procuraduría General de la República.

Respecto de la Estafa Maestra ha presentado 11 denuncias por 2 mil 738 millones de pesos aproximadamente, de las cuales se ha judicializado una, 9 corresponden a la dependencia de Sedesol, una a Sedatu y una a Sagarpa.

Otro de los asuntos relevantes que ha presentado y que tenemos interacción directa con la Auditoría Superior de la Federación son 4 denuncias, una se ha judicializado, por las cuatro un corte de 500 millones de pesos aproximadamente; 2 que corresponden a Sedesol por 247 millones, 2 a Sagarpa por 254 millones.

En total en este periodo son alrededor de 37 denuncias, que en su conjunto son aproximadamente 30 mil millones, de las cuales 4 se han judicializado. Es importante también señalar, nosotros cuando llegamos a la Procuraduría General de la República revisamos todos estos procesos, denuncias que ha promovido la Auditoría Superior de la Federación.

Nosotros –se platicó con el anterior auditor superior–, lo que establecimos es que la denuncias que se estaban presentado por parte de la Auditoría no venían con toda la solidez que nosotros pensábamos, con toda la reforma que se hizo a nivel legal para dotarlo de mayores elementos a la Auditoría Superior de la Federación. Platicamos con ellos y llegamos a la conclusión de que teníamos que suscribir –y así lo realizamos en 2017– un acuerdo, un convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República ¿para que razón? Para que toda la información que presentara a través de las denuncias la Auditoría a través de su jurídico con el que existe una excelente coordinación con la subprocuraduría que dirige el subprocurador Felipe Muñoz, pudiéramos tener una mayor interacción y con mayores datos y elementos desde la denuncia de inicio por parte de la Procuraduría General de la República.

Posteriormente, se trabajaron las áreas técnicas en unos anexos técnicos propiamente para poder mejorar esa información que recibe la Procuraduría por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En el caso específico de Veracruz, llegamos a esta necesidad por como venían planteándose, como estaban anteriormente estas denuncias o la integración de estas denuncias, que un grupo de trabajo desde un director general por parte de la Procuraduría General de la República fue a las instalaciones en la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz, en acompañamiento también con la Auditoría Superior de la Federación, para poder recabar toda la información y empezar a integrar de manera correcta y poder dar los mejores resultados con carpetas, con una investigación robusta y seria que permita judicializar los casos sin ningún riesgo.

Así lo hemos hecho en diversas ocasiones, en el caso de Veracruz de la Auditoría Superior de la Federación, ya llevamos 4 carpetas judicializadas, no les podría dar los nombres de las personas por obvias razones de quienes se han judicializado, ya hemos citado audiencia, se han librado también ordenes de aprensión. Y lo importante, que hoy en día ya existe una mejor y una más eficiente coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.

Otro tema de los que se han estado retrasando por la pregunta de por qué no ha avanzado. Es importante señalar que, a principios de este año, la Suprema Corte de Justicia, a partir de una resolución de la Primera Sala se estableció que, para poder recabar la información de carácter financiero, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, en su momento era el artículo 117, hoy actual 142, derivado de la Reforma Financiera de 2014, determinó esta Primera Sala, que tendría que tener control judicial, cualquier requerimiento de información...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Licenciado, si pudiéramos pedirle que nos pudiera concluir.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Entonces, esto básicamente, esto nos ha venido retrasando, porque todas las investigaciones se habían hecho con las facultades legales, y nos modifica la interpretación de la Corte. Muchas gracias.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Sin duda, que siempre hará falta información, usted mismo reconocía al principio de su intervención, que no se conoce con exactitud, y hablamos de algunos de los casos.

Para esta comisión, y su servidora, me parece importante, el que se pueda contar con esa información de manera puntual, y también poder coadyuvar el mejorar los procedimientos, y decía ya, que solicitamos mayor información detallada, también para conocer cómo mejorar los procesos del ejercicio de gasto, sobre todo, en aquellos casos paradigmáticos.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Nada más pedirle a la gente del apoyo técnico, conforme al formato, el tiempo que tienen los señores y señoras diputadas para su réplica; es de dos minutos, para que lo ajusten en el reloj, que está en la parte frontal.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: A continuación, pasaríamos a la participación del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano. Ahí está, gracias. Solo la réplica, gracias diputado, adelante.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado del Despacho de la PGR, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y de muchas familias que no encuentran tranquilidad por sus seres queridos desaparecidos, le pregunto.

Desde 2007, en México se han encontrado mil 306 fosas clandestinas, de las cuales, se han exhumado cerca de tres mil 760 cuerpos, o sus restos alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos; también en los servicios médicos forenses, y fosas comunes existen al menos, 35 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, según lo informó en abril de 2018, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos encargada de la protección y protección de los derechos humanos en el Continente Americano, desde 2015 ha señalado que México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, en un comunicado del 2 de octubre de 2015, que a la letra refiere: “... La Comisión Interamericana constató en terreno, la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

“Niveles críticos de impunidad, y una atención inadecuada e ineficiente de las víctimas y familiares. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, perpetuar la impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos...”. El desempeño institucional de las fiscalías o procuradurías, como la que usted encabeza, no puede quedar en mero trámite, registro y estadísticas, sino que debe agotar un procedimiento tendiente al esclarecimiento de los hechos, y la identificación de los responsables.

La existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de procuración de justicia pronta y expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas, y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agravios y a sus familiares, en estado de abandono.

Ante este contexto, licenciado Elías Beltrán, le pregunto ¿podemos hablar de procuración de justicia, cuando en nuestro país no se investiga, no se identifica ni a homicidas ni a fallecidos? ¿Podemos hablar de atención a víctimas en un país en el que las madres, padres, hermanos, hijos, cónyuges y parejas buscan el paradero de más de 35 mil desparecidos? Le pregunto cómo es el avance en este tema de la procuraduría.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le damos la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán, para que formule sus respuestas, hasta por tres minutos. Adelante.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, diputado Juan Carlos Villarreal. Le comento, la Procuraduría General de la República en 2018, 16 de febrero 2018, estableció mediante un acuerdo la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. Esto, además de que trae las investigaciones, y que ahorita les voy a señalar, ha trabajado en los lineamientos de capacitación y certificación del personal sustantivo para esta materia.

Se ha trabajado en un protocolo homologado de investigación de os delitos de desaparición forzada, mismo que también ha sido aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Se han establecido los lineamientos tecnológicos para el desarrollo de sistemas, que están señalados en la propia Ley General. Capacitación y certificación del personal de la fiscalía, que ha terminado en este mes.

También estamos trabajando en los lineamientos del mecanismo de apoyo al exterior, Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, –así como– No Reclamadas. También estamos trabajando en el registro forense federal y el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.

En acciones de búsquedas desde el 2013 a la fecha la Procuraduría, en coordinación con la Coordinación General de Servicios Periciales de la propia institución, ha intervenido en el procesamiento de fosas clandestinas en 15 entidades federativas. Hemos implementado operativos de inspección de búsqueda en 79 puntos. En 2018 la fiscalía ha explorado 15 puntos de búsqueda en el estado de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca.

Se han procesado 186 fosas, de las cuales se han exhumado 353 cuerpos y se han identificado 144. En la gran mayoría corresponde a Guerrero, que acumula 89 fosas con 222 cuerpos y se han identificado 68. Jalisco está en segundo lugar, con 38 fosas clandestinas, 75 cuerpos recuperados y se han identificado 34 personas.

También se ha trabajado con una jornada de muestras genéticas con la policía federal, a través de tres jornadas de tomas de muestras, recabando 8 mil 300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas. Los estados con mayor registro son: Jalisco con mil 515, Tamaulipas con mil 163, Nayarit con mil 70, Sinaloa con 738, Nuevo León con 655, Guerrero con 397, Michoacán con 297.

La fiscalía desde su creación, desde antes de que era una unidad, no con esta transformación en términos de la Ley General, tiene abiertas 829 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales únicamente se han podido iniciar 114 por el delito de desaparición forzada. Se ha realizado la búsqueda de más de mil 884 personas, se han localizado de estas 315 personas, 140 con vida y 175 personas sin vida.

Se está trabajando en el establecimiento de unos panteones forenses, que es lo que se expuso y se aprobó en la última asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Y hemos también trabajado en la parte de lo que fue el tráiler de Jalisco y la parte de desaparición forzada de Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Y, por el tiempo, con mucho gusto le podemos hacer llegar un informe más pormenorizado a toda la comisión en tema de desaparición forzada por el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputado Juan Carlos Villarreal, adelante.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Gracias. Solo insistir en la grave crisis de derechos humanos que vive México desde hace varios años, que ha dejado muchísimas víctimas. Pero además tiene una doble tragedia que ha señalado el Grupo Verdad y Memoria de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción. Esta doble tragedia es por un lado la negación y por otro lado la impunidad. Más de 240 mil ejecutadas, personas ejecutadas, más de 35 mil personas desaparecidas, más de 300 mil desplazados, más de 15 mil feminicidios, casi 80 periodistas ejecutados es el saldo de esta década.

Por ello, Movimiento Ciudadano ha dicho que ni la continuidad de una estrategia fallida en materia de seguridad ni las apuestas al olvido son soluciones aceptables para dignificar a las víctimas y alcanzar la paz porque no son solo estadísticas, son personas, señor encargado del despacho. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le doy la palabra a continuación al diputado Alfredo Porras Domínguez, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos para que formule sus preguntas.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Señor licenciado Alberto Elías, bienvenido al Congreso de la Unión.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: No ha sido fácil su arribo y menos sustituir pues a tres, a Murillo Karam, a Arely Gómez, al licenciado Cervantes, y ahora usted como encargado del despacho. Y eso ha generado una depuración muy intensa, muy interna, porque a veces es más importante sentirse que verse y sin protagonismos la PGR está haciendo un trabajo en ese sentido. Déjenme decirles que en mí estado había, el año antepasado, 500 muertos, el pasado 800 y desde la incorporación del nuevo delegado solo van 15 muertos en Baja California Sur.

¿Por qué? Porque se coordinó con el estado, porque no tiene compromisos con la delincuencia, porque ha cumplido el mandato que le asignó y eso lo estamos viendo a un estado que estaba en una violencia incrementándose, a grado tal que teníamos alerta roja por Estados Unidos en Baja California Sur, concretamente Los Cabos, que es el distrito que represento.

Imagínese usted, usted cuando somos el beneficiario número uno al turismo de California, lo que significaba para nosotros. Poco a poco las cosas fueron cambiando y, por eso, dije que sin protagonismos, pero la presencia de PGR ahí está.

Quiero decirle que habrá muchos cuestionamientos a nivel nacional como lo hacen los compañeros desaparecidos, como lo hacen los compañeros de saber más a fondo situaciones de no corrupción o de la aplicación real de la justicia que le corresponde. Pero a excepción, sí quiero en esta ocasión, como estado de Baja California Sur, sí decir que estamos conformes, contentos con el delegado que tienen porque es una persona que atiende y entiende el actuar con trasparencia, con puertas abiertas, muy difícil a veces en la PGR, pero se está dando. Ese sería mí comentario, señor procurador.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Diputado Alfredo, muchísimas gracias por sus palabras. Hemos trabajado mucho en la parte de control regional, como ustedes saben la Procuraduría General de la República tenemos dos esquemas, uno de especialización y uno de control regional a través de los delegados que se tiene en cada una de las entidades federativas de la República.

Sí hemos estado cambiando los delegados, hemos estado buscando el mejor perfil en términos de la problemática de inseguridad y la Comisión de los Delitos, en cada una de las entidades federativas y hemos buscado ese mejor perfil, lo que nos ha venido funcionando.

En los casos en donde no nos ha venido funcionando volvemos a hacer el cambio, porque lo más importante para nosotros es que hay una excelente coordinación con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, con la Procuraduría General de la República y con otras autoridades de las entidades.

Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando hasta el último día para mejorar la coordinación que tiene que haber para abatir y tener mejores delegados en cada una de las entidades. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias por su participación.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasaríamos a la siguiente intervención que es de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina. Diputada, Tiene tres minutos para formular su pregunta. Ahorita le llega el micrófono, diputada, por favor.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Bienvenido, licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Me complace estar ante su honrosa presencia, pero sabedor de su gran responsabilidad y compromiso con la ciudadanía le cuestiono lo siguiente.

Primero, ¿Cuál fue la clasificación legal en la audiencia inicial del señor Javier Duarte?

Segundo, ¿Cuál fue la clasificación legal al momento de que resolvió la situación jurídica el juez del control? , y ¿con qué datos de prueba fue vinculado a proceso?

Tercero, ¿Quién realizó el cambio de clasificación legal de un delito grave de delincuencia organizada, por uno de pena alternativa como lo es la asociación delictuosa?, y ¿con qué datos de prueba la gente del Ministerio Público de la Federación sustentó el cambio de clasificación legal?

Por otra parte le cuestiono, Por qué la Procuraduría General de la República, considera que los datos correspondientes a la investigación y juicio del Caso Duarte deben quedar en reserva, cuando el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su parte infile, precisa, que ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, siendo que en este caso incluso ya se dictó a una sentencia condenatoria. Se lo pregunto porque es sobre el particular caso Javier Duarte, no respecto a otras posibles investigaciones, que quede claro.

Lo anterior se lo cuestiono porque es una situación que genera incertidumbre a todos y cada uno de los mexicanos a los cuales me digno representar en este momento. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán, para formule su respuesta.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Efectivamente, le comento que la denuncia que se presenta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra del señor Javier Duarte fue por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida como lavado de dinero. Esta denuncia correspondía a una operación de un posible desvío de aproximadamente cuatrocientos ochenta y tantos millones de pesos del erario público de Veracruz, para la compara de 21 parcelas ejidales en el estado de Campeche. Ésos fueron los hechos.

Se libran las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Con base en eso la Procuraduría, a través de Interpol México, genera la notificación roja. Nos informa Interpol Guatemala que está en ese país. El 15 de abril, si no mal recuerdo, de 2017 se presenta la solicitud de detención provisional para fines de extradición. Ese mismo se logra detener. Se libra la orden de aprehensión por parte de las autoridades guatemaltecas. En julio ya estaba de regreso a México enfrentándose a la acción de la justicia. Se presenta a la audiencia inicial y se vincula por ambos delitos. Empieza a correr la investigación complementaria. Se realiza una serie de diligencias antes de su detención. Y en la investigación complementaria se generan diversos datos de prueba.

Concluida la etapa de investigación complementaria, en agosto es cuando se determina que se tiene tiempo para presentar la acusación. Y de todos los datos de prueba que se habían recabado por la Procuraduría General de la República se determinó que no existían los elementos para soportar la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un abuso. Se ha abusado de la delincuencia organizada para tener y pretender que se quede la gente en prisión preventiva, cuando el nuevo sistema, que así fue aprobado, como lo señalé, por el Congreso Permanente, donde la visión de que no puede ser la prisión preventiva como una metodología natural como estaba en el sistema anterior.

Por qué. Porque finalmente no se cumplían con los extremos del artículo segundo, delincuencia organizada, que dice más o menos que cuando dos, tres o más personas de manera permanente o reiterada permitan cometer la comisión de los delitos enlistados en ese artículo, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita. No se acredita la permanencia. No existe una permanencia por todos los datos de prueba de esa organización. Era para generar... quitarle al gobierno de Veracruz 486 millones para efectos de comprar esas 21 parcelas. Eso fue lo que sucedió. Y por eso no soportaba una acusación... que es lo que nos permite este nuevo sistema.

En casos anteriores podemos ver, como en casos de otros ex gobernadores, donde por resoluciones de amparo se tira la delincuencia organizada, y ha habido varios casos de estos. Y es lo que se hizo para esta acusación. Como se viene bien soportada, se recibe por parte del propio inculpado el 17 de septiembre, si no mal recuerdo, una solicitud de juicio abreviado. Que se promueve el juicio, esa diligencia se promueve ante el juez de control y se fija la audiencia para el 26 de septiembre. En donde se sentencia, con todos los datos de prueba que se habían presentado en la acusación original de asociación y lavado de dinero.

Son los mismos datos de prueba por lo que se genera la sentencia en procedimiento abreviado por 9 años y 999 días multa, que es lo que está fijado en la propia pena de ambos delitos, y el decomiso de casi 40 inmuebles por un valor aproximado de casi 900 millones, con independencia de que se habían entregado 460 millones en cheques de caja al gobierno de Veracruz y las 2 terceras partes de un inmueble en Valle de Bravo.

Perdón, quisiera comentarle más, pero el tiempo se consumió. Gracias.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Agradezco sobremanera sus respuestas dadas. Sin embargo, se considera oportuna que, dada la trascendencia política y social, tenga mayor interés sobre el particular, dada la titularidad que representa. Puesto que al ser conocedor de la investigación está facultado para dar respuestas concretas sobre este asunto tan relevante. Y no dar una información escasa.

Además, debe recordar que la situación jurídica de Javier Duarte fue una noticia de impacto nacional e internacional. Y ahora resulta vergonzoso que la Corte Penal de La Haya busque que se apliquen las leyes para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad, al haber proporcionado también medicamentos apócrifos, y que desde luego se tipifique el hecho delictuoso de delincuencia organizada que señala el propio Código Penal Federal. Resultando ahora falaz que la autoridad investigadora haya variado la clasificación legal sin que haya sido necesario recurrir a la corte de talla internacional. Basta ya de no aplicar el rigor de la ley a Javier Duarte. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le voy a dar la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán para que formule sus preguntas hasta por tres minutos.

La secretaria diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Buenos días. Sea usted bienvenido, el licenciado Elías, a esta comisión.

Como bien comenta la diputada, el caso del exgobernador de Veracruz nos ha dado una lección que todavía estamos aprendiendo. Para quienes tenemos la responsabilidad de legislar y sentar las bases para prevenir, investigar y sancionar este tipo de actos, así como para las diversas instituciones involucradas en la materialización del anhelo de justicia, puesto que se ha vuelto un caso emblemático de corrupción.

Conocer los detalles de este tipo de operaciones resulta sumamente valioso para tomar acciones que permitan al estado accionar la maquinaria de forma oportuna y agilizar los procesos y procedimientos necesarios para poder sancionarlos. Sabemos que hay diferentes personas involucradas en este caso que están siendo investigadas tanto por la Fiscalía de Veracruz como de la PGR, entre ellas una de las que mayor descontento social ha generado en razón de las imágenes que se han difundido, es su esposa Karime Macías, a quien los medios de comunicación han captado en diversas ocasiones. ¿Existe alguna investigación abierta en contra de Karime Macias? ¿Y por qué no se ha extraditado todavía si se encuentra plenamente ubicada? Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias diputada. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán para que formule su respuesta.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputada Mariana Rodríguez. Con mucho gusto se les informo. Para el caso de la esposa del señor Javier Duarte, tenemos una investigación abierta en donde se están investigando diversas personas relacionadas al grupo más cercano de esta persona.

Por la secrecía no pudiera darle la información de los nombres de estas personas, pero si existe todavía una carpeta abierta. Y en el caso concreto, porque ya es un tema de orden mediático, el gobierno, la fiscalía más que el gobierno, la fiscalía del estado de Veracruz no solicitó la presentación de un procedimiento de extradición en contra de esta persona. Nosotros hicimos la revisión de dicho documento, nos llegó la información ya completa, si no mal recuerdo en junio de este año, el 27 de junio nos llegó la información completa conforme al tratado internacional que se tiene con el país donde se hizo el requerimiento de la extradición. Es un tratado muy añejo de 1890 si no mal recuerdo.

Posteriormente el 18 de julio nosotros solicitamos a través del sistema de agregadurías de la Procuraduría General de la República, si cumplía esta posible solicitud con las condiciones del tratado, una consulta semiformal –por decirlos de alguna forma– en base a la doble incriminación y la pena mínima para el delito porque es un fraude especifico por el que el cual se está solicitando su extradición. Y el 9 de julio se presentó esta solicitud de detención provisional con fines de extradición a la cancillería de México, y tenemos entendido por un comunicado que nos hizo llegar la cancillería de México, que se presentó ya en el mes de octubre la solicitud de detención provisional con fines de extradición al departamento o la cancillería de dicho país.

Estamos en espera de que ellos inicien el trámite. Posteriormente como cualquier otro tipo de extradición, pasa de la cancillería al departamento de justicia o la homologa según corresponda, en este país es una situación parecida al departamento de justicia, para que inicie, y en su caso se valore, si se cumplen con las condiciones y requisitos del tratado bilateral y las normas internas para que se pudiera librar en su caso una orden de detención provisional con fines de extradición.

Como podrán ver, se recibió la información completa el 27 de junio y el 9 de julio ya se estaba haciendo la solicitud por parte de la Procuraduría General de la República ante la cancillería de México conforme a los tratados o al tratado especifico con ese país y a Ley de Extradición Internacional que también nos rige en estos procedimientos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Adelante diputada.

La secretaria diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Agradezco su puntual respuesta licenciado Alberto Elías en este tema. Y aprovecho mi réplica para hacer un reconocimiento a los esfuerzos que se han estado realizando para la atención de las víctimas de delito. Particularmente en mi estado, Tamaulipas, hemos tenido reuniones de trabajo con ellas en las que han sido, nos reportan que han sido atendidos por personal a su cargo, que se ha trasladado hasta el estado de Tamaulipas para llevar a cabo esas atenciones.

Por otro lado, comentarle, vamos a presentar una iniciativa en la cual pretendemos que se homologue el servicio o el ente que brinde la asesoría técnica jurídica a las víctimas a lo que viene siendo la defensoría pública que nosotros consideramos que ha sido una deuda histórica que tenemos la sociedad con las víctimas del delito. Y una vez más, le agradezco su puntual respuesta.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Es el turno ahora, del diputado José Elías Lixa Abimerhi. Adelante, diputado.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muchas gracias. Bienvenido licenciado Alberto Elías Beltrán, saludo por supuesto a todo su equipo, a los subprocuradores, a la subprocuradora, y doy también la bienvenida, de manera especial, al licenciado Agustín Basave, representante del gobierno de Chihuahua. Diputados y diputadas.

La rendición de cuentas, y el control parlamentario son dos aspectos fundamentales en un Estado democrático. Por esa razón es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso originalmente, la realización de esta reunión de trabajo.

Sabemos que la ley mide la comparecencia formal de quien no ostente el cardo de Procurador General de la República, sin embargo, lo que la ley es excepcional, para este gobierno ha sido algo normal; México no tiene ni ha tenido procurador general por un año. Lo anterior es muestra de la dimensión del interés que tiene el titular del Ejecutivo en la realización de la vital función que desempeña el Ministerio Público Federal.

Los diputados panistas estamos obligados a expresar nuestra inconformidad ante esta circunstancia, porque la falta de un procurador, que de por sí es grave, se amplifica ante la existencia de casos de alto perfil que no se resuelven o que tienen una resolución no satisfactoria para el interés público. Esta circunstancia de no contar con un responsable de categoría constitucional del Ministerio Público Federal no puede ni debe ser obstáculo para que los diputados cumplamos nuestro deber.

Por eso, estamos en esta comparecencia de manera consensuada, entre los miembros de esta comisión. En ese orden de ideas, expresamos de la misma manera, nuestro respeto por el encargado, hacia su persona y su equipo. Y en ese orden de ideas queremos preguntarle, con todo comedimiento, en relación al caso de los desvíos del grupo criminal encabezado por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y agradeceríamos respuestas puntuales.

Partiendo de que me parece inadmisible el acuerdo reparatorio en un caso tan notorio de corrupción, esta soberanía requiere conocer los términos del acuerdo de Procedimiento Abreviado, y atendiendo al principio constitucional de publicidad, las actas mínimas y las transcripciones de las audiencias públicas de dicho caso.

Pregunto concretamente, ¿qué ganó el Estado mexicano con esta condena mínima a Javier Duarte, que le permitirá gozar de cuantiosos recursos, cuando recupere su libertad, que por cierto será en breve, lamentablemente? En cuanto a las cantidades recuperadas por la PGR, y el estado de Veracruz, teniendo en cuenta que la Auditoría Superior informó sobre desvíos de alrededor de 61 millones de pesos, ya ha dado cuenta de las denuncias por aproximadamente 27 mil, sin embargo, sumando las cifras que ha dicho, entre el acuerdo reparatorio y lo recuperado, no ascienden ni siquiera al 5 por ciento de la cantidad denunciada.

Poniéndolo en perspectiva, simplemente con el aumento del dólar en los últimos días, si consideráramos que es probable que el gobernador tenga sus inversiones en otra moneda, pues ya lo recuperó. Le está dando una comisión al Estado mexicano, o este desfalco es verdaderamente vergonzoso, los montos que no llegan ni al 5 por ciento, del monto denunciado, ¿por qué los aceptó la procuraduría, por qué aceptó estos términos que no satisfacen en nada la perspectiva de justicia que debe de tener el Estado mexicano? ¿Cuál es el estatus que guarda la investigación y procesos a otros cómplices, y los recursos patrimoniales que se podrían recuperar en estos procesos?

Ya han dado cuenta del asunto relacionado a Karime Macías, pregunto ¿cuál es la perspectiva de la extradición, y la factibilidad de recuperar activos de la nación, en dicho proceso de sus familiares? Pregunto también, ¿es intención llegar a otro acuerdo similar al que llegaron con el principal delincuente de este grupo? Y por último, ¿recibió el encargado de despacho alguna comunicación, opinión directriz, instrucción o sugerencia, de manera directa o indirecta, respecto al caso Javier Duarte, de parte del titular del Ejecutivo federal? En caso de ser afirmativo, ¿en qué sentido? Por sus respuestas puntuales, muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Licenciado Alberto Elías Beltrán, adelante, por favor.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Si quieres empiezo con la primera, la última de sus preguntas, diputado Elías. Y muchas gracias por las preguntas. No. No recibí ninguna instrucción, sugerencia, comentario, nada al respecto por parte del titular del Ejecutivo federal.

Primero, no fue un acuerdo reparatorio. Sí se celebraron acuerdos reparatorios, ninguno con el señor Javier Duarte, fueron con diversas personas, con lo que se logró –como les comentaba– la entrega en cheques de caja por casi 460 millones de pesos al gobierno de Veracruz y las dos terceras partes de un inmueble en el estado de México.

Básicamente la investigación no está cerrada, en el caso de lo que tú comentas, de lo que comenta, diputado. Lo que hemos estado haciendo son investigaciones, seguimos trabajando. Existen órdenes de aprehensión en contra de otros relacionados de esta asociación delictuosa. Nosotros no consideramos que sea, bueno, no puedo dar los datos de las personas que están. Hay procesos de extradición también respecto de relacionados con esas personas.

Y, sí quisiera aclarar, esta investigación –donde se obtuvo esa sentencia de 9 años, 990 días multa, como está plasmado también en términos del tipo penal– y este decomiso de casi 900 millones en inmuebles es uno de los casos. Nos han presentado, la Auditoría Superior de la Federación, más de 60 denuncias relacionadas con Veracruz desde 2016 a 2018, en la que ninguno ha denunciado de manera directa al señor Javier Duarte. Hemos estado trabajando, en todas, en la integración de estas carpetas que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, insisto, ninguna en la que se denuncia al extitular del gobierno ejecutivo del estado de Veracruz.

Y hemos estado ofreciendo criterios de oportunidad conforme al nuevo sistema para poder buscar un más alto nivel dentro de una posible organización que desfalcaron. Los montos que tenemos dentro de la Auditoría Superior de la Federación denunciados más o menos son de 95 mil millones y, como lo hemos señalado, se han judicializado ya 4 casos. Y tenemos, insisto la problemática en todos estos casos de orden financiero la resolución de la Primera Sala, en donde todo tenemos que ir con control judicial.

Tenemos de estos casos de la Auditoría Superior de la Federación 27 averiguaciones previas, en donde con términos de la propia resolución de la Primera Sala dice que tenemos que ir a un juez de control. En el sistema anterior no existen los jueces de control, no tenemos a quien ir.

¿Qué trató de solventar este tema? El Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo fijando competencias a los jueces de medidas cautelares. No puede fijar, y lo sabemos todos nosotros, en un acuerdo de orden administrativo fijar competencia. La competencia tiene que estar en ley. Si nosotros vamos a ese tipo de autoridades a solicitar el control judicial o la autorización previa judicial para recabar o regularizar la información que se había recibido y recabado en términos legales, Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente para estas averiguaciones previas, Ley de Instituciones de Crédito, en su momento 115, 142, actualmente van a ser ilegales y nos van a clasificar de ilegales las pruebas, y en ese momento salen como han salido en temas de defraudación fiscal. El lord Rolls Royce, así, en lugar de dictar una sentencia condenatoria, por esa determinación salió libre, le dieron una sentencia absolutoria.

En casos de enriquecimiento ilícito de un Ministerio Público, que nos presenta la denuncia a la Función Pública, lo mismo determinará un juez, un magistrado, que eran pruebas ilícitas. En temas de lavado de dinero para temas de la Auditoría Superior de la Federación, también nos las han declarado ilícitas las pruebas por una ausencia de control judicial cuando en su momento era legal.

¿Qué es lo que ha hecho la Procuraduría General de la República? Subir ese tipo otra vez a través de diversas acciones, subir, y llegó a la Primera Sala. Hablamos con los magistrados, ministros, perdón, y la ministra Piña afortunadamente solicitó que se subiera y se elevara el pleno esta resolución. Y estamos al pendiente de que se revise ahora por el pleno de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa determinación que hizo la Primera Sala, que nos ha venido afectando en muchísimos de los juicios.

Y uno de los temas que podría haber afectado el caso de Javier Duarte es que todas las pruebas financieras se habían hecho conforme a la norma legal, que era vigente, y que podrían haber sido declaradas como ilícitas, como el caso de la señora Elba Esther, que es otro de los casos que también por esa razón sale libre. No por un tema de la Procuraduría, es por un cambio de interpretación de la Suprema Corte de Justicia, que deriva de un caso de extorción telefónica de hace nueve años. Muchas gracias. Y una disculpa por tomar más tiempo del que me habían señalado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Le doy la palabra, diputado Elías Lixa.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muchas gracias. Le agradezco sus respuestas. Sin embargo, también esperaría en la medida de las posibilidades, por supuesto respetando el debido proceso, nos haga llegar los detalles solicitados en cuanto al acuerdo. Será sin duda de gran interés de esta soberanía, porque esta comisión está obligada también a reflexionar sobre lo que no ha funcionado en nuestro sistema y permítame insistir, el Caso Duarte, es un caso de trascendencia nacional, es un caso notorio de corrupción que decía la diputada acertadamente, la diputada María Rodríguez Mier Terán, que ésta es una lección que todavía estamos aprendiendo.

Lamentablemente, mientras nosotros todavía estamos aprendiendo lo que sucedió los corruptos ya lo aprendieron bien y este es un caso que sirve de ejemplo para los que todavía están sueltos y que la falta de oficio del Estado Mexicano, a través de la procuraduría revela una posibilidad, una invitación a continuar en la impunidad, repito, ni siguiera en 5 por ciento de los montos denunciados, habrán, seguramente, todavía muchos más, han sido recuperados por el Estado mexicano.

A nosotros no nos parece que la sentencia o que el acuerdo de 9 años en prisión que si le sumamos en tres años probablemente antes de que nosotros salgamos de esta soberanía, pues Javier Duarte, es probable que ya este gozando de plena libertad y con muchos millones, para disfrutarlo tiene que ser un caso lamentable, un caso para el Estado Mexicano.

Así lo tenemos que asumir nosotros, no compartimos de ninguna manera ningún tipo de triunfalismo en el asunto que se trate y lamentablemente quedará en la biblioteca de la impunidad y en la memoria de México como un asunto más de deficiencia en la impartición de justicia, que después de la corrupción sigue invitando a la impunidad. Por su atención muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Corresponde ahora el turno del diputado Rubén Cayetano García, hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, diputada presidenta. Licenciado Alberto Díaz Beltrán, la bienvenida ya se la dieron. Igual a los muchachones que le acompañan.

Mire usted, nos negó a través un de un funcionario de la Procuraduría información para poder hacer nuestro trabajo, preguntarle sobre el caso de Javier Duarte, amparados o pretendiendo hacerse justificar en un pretexto que no funda esa negativa, hubiésemos podido hacer un mejor trabajo, de interrogar si se nos hubieran facilitado los elementos. Reprobamos esa negativa como soberanía popular.

Es parte de la impunidad que vive nuestro país, del no tener titular en esta dependencia, en esta institución, que deberás era una institución noble para solicitar justicia. En Guerrero cuando asesinaron al presidente del Congreso, tuvimos 9 meses sin procurador, así ocurre generalmente, cuando hay demasiada corrupción, para que no se investigue cuando hay estafa maestra, cuando hay Odebrecht, cuando está Ayotzinapa, y ustedes, o usted en este caso como encargado, de solapa al admitir desempeñar un encargo que, por ética profesional, como abogados, pues simple y llanamente no debiera, por ética, por moral, por principios.

Y por principios, por convicción, me gustaría a mí saber, luego de lo que pregunto la diputada cuál es su convicción respecto a la acusación contra Javier Duarte, su firme convicción, porque dice que denunciaron a Secretaría de Hacienda por delincuencia organizada y luego vino la cuestión de asociación delictuosa, pero cuál es su convicción de usted como abogado, como encargado de la dependencia que representa a los mexicanos agraviados por tanta injusticia.

Porque, qué mal sería que usted investigó, consignó, solicitó orden de aprensión y de pronto digan: Es que nos lo reclasificaron, es que los magistrados, los ministros, la corte tuvo otra convicción. Se supone que, como abogados, expertos peritos en derecho, debemos consignar con certeza. Porque si no imagínese en qué fragilidad se encuentra la procuración de justicia en México.

Ya agoté el tiempo. Me gustaría... Pero me reservo para la réplica. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Licenciado Alberto Elías Beltrán, hasta por tres minutos.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputado Rubén Cayetano, por los cuestionamientos que me hace. Le comento. La denuncia fue presentada el 6 de octubre de 2016. Y se... las órdenes de aprehensión el 13 de octubre de 2016. Llega a ser la parte de la extradición el 15 de abril, cuando se presenta, de 2017, cuando se hace la extradición con fines de extradición, con base en la solicitud presentada por la Procuraduría a la Cancillería. Y lo que habíamos platicado del esquema de extradiciones, que llegó a la Cancillería guatemalteca y a la Procuraduría o a la Fiscalía de Guatemala. Y la autoridad judicial nos obsequia la orden de detención con fines de extradición.

Ahí ya estaba la parte de la delincuencia organizada. Mi convicción y de revisar los datos de prueba, junto con el equipo de Ministerios Públicos que tenían a su cargo la investigación, es que no se cumplía con los elementos de permanencia que exige el tipo penal de delincuencia organizada en términos del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Porque lo único que se había denunciado era un acto de 486 millones, aproximadamente, de desfalco al erario de Veracruz para la compra de las 21 parcelas.

Reparación del daño, que en términos de los acuerdos preparatorios y lo que se le había entregado, como lo señalé, en cheques de caja por 460 millones, aproximadamente, y las dos terceras partes del rancho en el estado de México por un valor aproximado de 122 millones estaría cubierto. Más el decomiso de aproximadamente 40 inmuebles con un valor aproximado de casi 900 millones de pesos. Lo que no significa que no se siga investigando. Tenemos, como se ha señalado, diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con el desfalco al erario de Veracruz, por parte tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de otras autoridades, como son la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ayuntamientos, etcétera. Son alrededor de 109 carpetas de investigación y averiguaciones previas que se siguen investigando en la Procuraduría General de la República. Esa sentencia de nueve años es respecto de un hecho de 468 millones aproximadamente de desfalco al estado de Veracruz.

Seguimos haciendo la investigación. Y no hay que perder de vista que también el gobierno, o la Fiscalía propiamente hablando del Estado de Veracruz tiene diversas carpetas de investigación por el desfalco. Entonces nosotros seguimos trabajando en la investigación. Y no es nada más “se cierra” con esa investigación, con esa sentencia de juicio abreviado por nueve años y el decomiso por más de... casi 900 millones de pesos... las investigaciones vinculadas a los posibles desfalcos al gobierno de Veracruz, a los veracruzanos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputado Rubén Cayetano García, adelante.

El diputado Rubén Cayetano García: Gracias, diputada presidenta. Es obvio que hay incapacidad, impericia y desde luego la falta de procuración de justicia. Y bueno, si no nos da elementos para hablar al menos en esta visita, que es prácticamente un paseo de ustedes, porque no tenemos el instrumento legal para actuar en un momento dado con al menos un extrañamiento... Porque nosotros no somos un tribunal. Pero sí analizamos y tenemos una responsabilidad pública. Que en este caso reprobamos.

Pero hablemos de justicia. Y le pediría que me haga llegar los datos por escrito. ¿No ha detectado usted casos de corrupción en el Poder Judicial, en los Poderes Judiciales? Que pudieran... No. Por escrito... Que pudiera investigar. Hay corrupción, hay nepotismo, influyentismo en los tribunales federales. ¿Qué hace la PGR? Porque hablamos de la justicia. Porque ustedes procuran o intentan llevar a tribunales la petición de gente agraviada. Pero donde van a pedir esa reparación del daño, esas sanciones, ese castigo esta corrupto. No detectan ustedes ningún caso de corrupción desde las más altas de los Poderes Judiciales en México. No han denunciado un solo caso ante los consejos de la judicatura. No procuran, precisamente, que la impartición de justicia sea calificada, sea eficiente, porque no se trata de un caso en particular, es una Procuraduría General, procura justicia, no solamente casos particulares, en todo caso se llamaría Procuraduría General de Justicia de Casos Personales. No, son representantes de la sociedad, y como tal, considero que debieran poner su granito de arena para acabar con este lastre que es la corrupción en nuestro país, y principalmente, en los Poderes Judiciales.

Término, presidenta. Doscientos veintidós cuerpos se refería usted identificados en Guerrero. Tenemos un panteón forense con más de 700 cuerpos en Guerrero sin identificar, no se sabe a quienes pertenecieron. Lo llaman panteón, digo, nosotros estamos a punto...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le pedimos que termine.

El diputado Rubén Cayetano García: Ya término, presidenta. A punto de entrar mañana en un asunto de nuestros santos difuntos, tradición, no tiene nada que ver con lo eclesiástico. Pero los santos difuntos hasta los veneramos. A quien cree que le rezan en esos que ustedes llaman panteones forenses, es una vergüenza para nuestro país. Ahí en Guerrero, le digo, mi estado, y lo hemos denunciado...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le pedimos que concluya...

El diputado Rubén Cayetano García: Setecientos cuerpos sin identificar. Yo le pido que ustedes hagan su parte, señor encargado de la procuración de justicia en nuestro país. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le doy la palabra a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, hasta por tres minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Para hablar de corrupción e impunidad, sin lugar a dudas, que podríamos pasarnos todo el día y muchos más, para hablar de un sinnúmero de circunstancias, actos y demás que tienen que ver con esto.

Ya se ha exteriorizado aquí el asunto particular de Duarte el de Veracruz, que tiene que ver, sin lugar a dudas, muy ligado a la corrupción y la impunidad. Pero ahora quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con otro exgobernador que está acusado por actos de corrupción, y es el asunto que tiene que ver con César Duarte.

De manera particular preguntarle ¿Por qué la dependencia a su cargo resolvió no ejercer acción penal contra este exgobernador por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal que eran indagados desde el 2014? Preguntarle porque aquí se nos ha dicho que hay algunas carpetas de investigación, que algunos expedientes no son integrados como se debe.

Es decir ¿ha habido casos de sanción a funcionarios de la PGR que por no haber cumplido con su responsabilidad debidamente hayan sido sancionados? Y voy a aprovechar mi intervención, lo que me resta, para hacer algunas otras preguntas que tienen que ver también con corrupción y con otros temas.

Uno. Su antecesor Raúl Cervantes Andrade al presentar su renuncia anunció que la PGR había concluido las investigaciones sobre los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios de Petróleos Mexicanos, entre los que se encuentra su exdirector Emilio Lozoya ¿Por qué si se trata de uno de los esquemas de corrupción internacionales más grandes de América Latina no se consignaron estas investigaciones ante los jueces competentes?

En otro tema preguntarle. En diciembre de 2015 la PGR creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, para investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes en México, así como el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación para facilitar el acceso de la justicia a las personas migrantes y sus familias. ¿Qué medidas se tomaron en cualquier sentido por esta unidad a propósito de la caravana migrante que cruza por nuestro territorio nacional?

Una última. Ha sido pública y notoria la negativa de dar cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas, para crear una Comisión Investigadora de la Verdad, del caso Iguala; ya la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado tres recursos de reclamación que interpuso la PGR, en este caso. La pregunta es si la PGR seguirá incumpliendo la sentencia del Colegiado. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Licenciado Alberto Elías Beltrán, hasta por tres minutos.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputada. Diputado Rubén Cayetano, rapidísimamente, si me permite, diputada Verónica, respecto a su último punto, que, si tenemos investigaciones en contra del Poder Judicial de la Federación, por posibles actos de corrupción. Sí tenemos varias investigaciones en contra de magistrados y jueces federales, por posibles actos de corrupción, en términos de sus resoluciones. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Les pediría que no hubiera intercambio de diálogo...

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Y las preguntas de César Duarte...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Sí. A ver, perdón. Tenemos un formato, y también hay que... no, pero también hay que darle el respeto a los compañeros que están haciendo sus preguntas. Creo que sí..., perdón diputado, la diputada Verónica formuló su pregunta, entonces, el señor procurador tiene tres minutos para darle respuesta; el usó parte de su tiempo, en darle una respuesta a usted, pero estamos en un formato que aprobó la propia comisión, y creo que ese formato tiene que respetarse. Para hechos. Al final de la ronda, se lo puedo conceder, con mucho gusto. Adelante, licenciado.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Respecto del caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, efectivamente, la Procuraduría General de la República, en una investigación que estaba vinculada con la posible adquisición de una institución de orden financiero, se hizo una investigación en 2014, y se determinó el no ejercicio, porque no se encontraron elementos para que así se pudieran establecer.

Sin embargo, existen otras investigaciones en contra de esta persona, en la Procuraduría General de la República; una de ellas por delito electoral, que se ejerció una acción penal, se libró la orden de aprehensión, y es una de las 15 solicitudes de extradición que se están trabajando con el gobierno de otro estado-nación.

Respecto de estas órdenes de aprehensión, si quieren de una vez se los comento, que también es de interés generalizado, son 15 solicitudes de detención. No es el caso de detención provisional, son solicitudes de detención formal, de formal extradición lo que se ha solicitado al otro país, donde se encuentra. Básicamente es una de orden electoral federal, 14 de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Al día de hoy, de esas 14 que se han formulado por parte de la Fiscalía de Chihuahua, se han presentado a la cancillería 13, más la del orden federal, queda una pendiente; solicitud de extradición que nos presentó de manera completa hace tres meses –si no mal recuerdo– por parte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, corresponden a 14 tomos. Están en traducción, para efecto de podérselas solicitar a la cancillería.

Tengo entendido que la cancillería, de estas 14 que se han presentado a la cancillería, ha presentado 12 de ellas al gobierno americano, y tengo entendido, que ya acudió a las autoridades del gobierno de Chihuahua, y el fiscal ante autoridades americanas, para poder revisar si existe o no, todo este trámite, hasta donde tengo entendido. Y existen también otras investigaciones, como lo señalé en la parte del señor César Duarte.

En el tema de Odebrecht, que –si puedo, en los pocos segundos que me quedan– sí, efectivamente es una investigación muy ardua la que se está llevando. Son muchas las fojas de investigación, llevamos 13 solicitudes de asistencia internacional a diversos países; nos han entregado solamente, nueve de manera completa.

Por ejemplo, a Brasil se han solicitado 11 asistencias, de las cuales, cuatro nos han contestado de manera parcial, por ahí en algún medio se dijo que no habíamos cumplido con los requerimientos de firma de algunos documentos por parte de Brasil. No es correcto, hemos firmado, yo las firmo en personal, por ser subprocurador jurídico de Asuntos Jurídicos Internacionales, se han firmado cuatro requerimientos que nos ha hecho el gobierno de Brasil para entregar la información.

Hemos recibido información que está en traducción, son alrededor de las últimas entregas de información, de alrededor de tres mil fojas, en diversos idiomas. Entonces, están en proceso de traducción; no podemos judicializar porque no tenemos toda la información para poder tener una vinculación robusta.

En lo que se está trabajando, no se llegó a un acuerdo reparatorio, nosotros lo que le estábamos pidiendo a la empresa para poder firmar el acuerdo reparatorio de entrega de tres veces el tanto del hecho de corrupción, la inhabilitación, que ya determinó la Secretaría de Función Pública. No hemos podido llegar a este acuerdo reparatorio, como lo está estableciendo. Otros países han podido tener grandes avances porque firmaron este acuerdo reparatorio, en donde no los habilitaron, en ninguno los habilitaron. Es lo que está en el acuerdo de lenidad con Brasil y el Departamento de Justicia, que la empresa busca en los demás países que no se le inhabilite para poder pagar la sanción económica que acordaron con estos países.

Nosotros sí necesitamos que asuman la inhabilitación. Y, por ende, no hemos recibido toda la información que podría acreditar el hecho de corrupción, por eso no se ha podido judicializar. Nosotros, como Procuraduría, quisiéramos tener ya todos los elementos para poder judicializar. Y ya se me acabó el tiempo, más adelante comento los temas de migrantes y de la Comisión de la Verdad. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputada Verónica Juárez, hasta por dos minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: ¿No gusta utilizar mí tiempo para que me conteste?

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Adelante, si usted así lo desea...

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Por favor, para mí es importante tener las respuestas.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputada Verónica. Entonces, en la parte de Odebrecht es lo que nos está faltando. Nosotros quisiéramos ya poder judicializar. No tenemos toda la información de carácter financiero.

Como no firmamos el acuerdo reparatorio, la empresa no nos ha entregado la información como lo ha hecho en otros países. Y nosotros no vamos a aceptar el acuerdo, como lo han hecho en otros países, en donde pagan el hecho de corrupción, no los inhabilitan y, es más, hasta les dan obra en otros países para que puedan pagar el hecho de corrupción.

Eso no lo vamos a permitir en la Procuraduría General de la República, por eso no hemos firmado un acuerdo reparatorio, por eso no hemos podido concluir con la investigación, no nos entregan toda la información por parte de las autoridades brasileñas.

Y, en ese sentido, vamos a seguir investigando aunque nos cueste más tiempo, más trabajo, para poder determinar los hechos de corrupción que son materia de la investigación. Es más, en Brasil y en Estados Unidos ya les dieron obra. Nosotros, está y se mantienen inhabilitados si mal no recuerdo por Función Pública por cuatro años.

En la parte de los migrantes existe una gran coordinación entre esta unidad de migrantes, de investigación de migrantes, con todas las autoridades encargadas: primeramente con la parte de migración, se ha establecido comunicación permanente con el Inami. También a partir del 16 de octubre de 2018 se entabló comunicación con las diversas organizaciones. Se ha tenido comunicación con la fiscalía del estado de Chiapas para dar seguimiento en esta caravana.

Se han realizado entrevistas a diversos migrantes, en donde corroboran el hecho de que no han sido maltratados o no han sido víctimas de ningún delito, lo cual también ha sido corroborado con elementos de la policía federal. En la información que nos han dado sigue siendo compatible y se comparte toda esa información de manera permanente con la Unidad de Investigación de Delitos para Migrantes.

Tenemos comunicación, sabemos que ya están en Oaxaca, en la capital, van hacia Puebla, posteriormente vienen a la Ciudad de México. Y no tenemos precisado la fecha en la que llegarán a la Ciudad de México. Y posteriormente, ya en la ciudad, tenemos entendido que determinarán cuál va a ser la ruta para el norte del país.

También a nivel, como les comentaba hace rato que tenemos un tema de especialización, como puede ser esta unidad de investigación en temas de migrantes, también está el tema de control regional a través de las delegaciones. Todos los delegados por donde viene atravesando la caravana están en permanente comunicación tanto con esa unidad de migrantes como un una unidad especializada como también por lo que se refiere a todas las autoridades, migración, policía federal, y estamos al pendiente de esta situación en caso de que se llegara a cometer algún ilícito que fuera competencia de la Procuraduría General de la República. Creo que ya también...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Ya.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Agoté el tiempo. Y muchas gracias por su tiempo. Adelante la contestaremos. Muchas gracias, diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Es el turno ahora del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar. Adelante, diputado.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Sí. Muchas gracias. Insistiría y abundaría en el tema que puso en la mesa mi compañera Verónica. Más allá del acuerdo reparatorio que pudiera darse con la empresa Odebrecht, el tema es el sentimiento de impunidad. Digo, creo que en la mesa es el sentimiento de todos. Y, más allá de las cifras y del estado de la investigación, creo que el sentimiento de todos los diputados y de los ciudadanos, los habitantes de nuestro país, es el sentimiento de indignación por la impunidad que hay en los procesos que se siguen contra los implicados, ¿no?

Curiosamente México, junto con Venezuela, son los únicos dos países donde habiendo implicados no ha habido funcionarios detenidos, así es el mensaje que manda nuestro país de impunidad. Ese es el trasfondo del tema. La empresa destinó millones de dólares para comprar voluntad de altos funcionarios y de políticos de primer nivel. Y en el caso de México se destaca por sobornos que tuvieron su origen desde el año 2009, continuándose durante esta administración.

A pesar de los testimonios de los directivos de Odebrecht, que señalan directamente a funcionarios mexicanos, de recibir sobornos hasta de 10.5 millones de dólares para favorecer las licitaciones y recibir contratos millonarios de Pemex, que hasta la fecha no existe ningún funcionario penalmente sancionado.

Mi pregunta concreta sería en base a un compromiso que ya subió usted como encargado del despacho de la PGR, que en julio asumió, que en este año antes de... perdón... que antes de terminar la administración se judicializaría la investigación de este caso, a este respecto le pregunto, a un mes de concluir su función como encargado del despacho de la PGR, ya cuenta con elementos sólidos para consignar, pero nos pueda ampliar lo que nos decía ahorita para encontrar a los responsables y hacer justicia en estos delitos de corrupción.

Puede afirmar usted que el caso de esta empresa no quedará impune en el tema de la responsabilidad penal y asume, señor procurador la responsabilidad en el caso de que la investigación sea deficiente y que con ello abra la puerta a la impunidad. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Le doy la palabra al licenciado Alberto Díaz Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputado Juan Carlos Villareal. Estoy convencido que este caso no va a quedar impune. Se ha hecho una investigación robusta, se tienen básicamente 25 entrevistas, 3 altos funcionarios en Brasil, funcionarios en Estados Unidos, funcionarios de Pemex, se encuentra con información, los tomos principales de la carpeta corresponden a 9 tomos de 7 mil fojas, aproximadamente, 54 anexos de 43 mil 600 con información financiera que ha llegado y de otro tipo de información que ha llegado del extranjero que corresponden a casi a más de 3 mil 200 fojas que tenemos que tener en traducción. Hemos estado haciendo una investigación robusta.

Efectivamente, como usted bien comenta en Venezuela, pero no nada más es Venezuela en México, también Argentina no ha tenido ningún responsable. Donde ha habido responsables que son en los demás países como el caso de Guatemala, República Dominicana con el que estuve con el procurador general el día de ayer — y platicamos un poco—, y otros países, es donde han firmado un acuerdo preparatorio con la empresa y la empresa entrega toda la información y estos acuerdos preparatorios es el pago del daño del cohecho a nivel económico y no quieren ninguna inhabilitación y en muchas ocasiones hasta le están dando obra para que pueda pagar.

Nosotros no estamos aceptando este tipo de acuerdos. He estado en comunicación con las empresas y decirles, si quieres llegar a un acuerdo reparatorio como están otros países tiene que ser pagar más de lo que hemos estado ayudando que es tres veces el monto de lo que ha sido el monto del cohecho, tienen que tener la habitación, tienen que comprometerse y asumir parte o si no son todos los procedimientos de carácter administrativo que les ha determinado la Secretaria de la Función Pública y la inhabilitación.

¿Por qué? Porque nosotros no estamos en las mismas condiciones que otros países para seguirles dando obra para que paguen lo que corresponde a nuestra sociedad. Como no hemos dado eso, no nos entregan la información, Brasil, nos retrasa la entrega de la información y no tenemos todo el flujo del recurso para poder determinar y tener en una etapa inicial elementos sólidos para presentar o solicitar una audiencia inicial y en la audiencia de vinculación soportarla.

Hacer eso, estaríamos en un error. Preferimos llevar más tiempo para tener una investigación robusta en ausencia de un acuerdo reparatorio que nos hubiera entregado de manera mucho más expedita la información financiera que todavía no nos entregan y como lo he mencionado, se hicieron tres asistencias internacionales, 9 están concluidas y el resto están pendientes de contestar.

También por la secrecía de la información no puedo decir qué países son los que hacen falta, lo que es claro y notorio son de Brasil, en donde ya lo señalé que se hicieron 11 asistencias hacía Brasil, de las cuales solamente nos han entregado 4 y estas 4 de manera parcial por parte de la Procuraduría, insisto, salió en medios que no habíamos cumplido con las condiciones que nos pedía para la entrega de información, es erróneo, su servidor y el subprocurador Felipe Muñoz, que aquí me acompaña, las hemos suscrito todas y cada una de ellas para no estar en falta con ningún estado de nación en términos de los tratados de asistencia jurídica mutua. No hay ni va a haber impunidad en este caso.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Ah perdón.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Sí, yo solo utilizaría el tiempo para hacer la reflexión sobre que en todos los casos usted ve algún común denominador de decepción por parte de los ciudadanos al... Digo, independientemente de las dificultades que encuentra la investigación y la posición de usted en el tema de que no habrá impunidad, el sentimiento generalizado es que seguimos viviendo el retardo de sancionar a los culpables en algún caso, o de penas que son ridículas como en el caso de Duarte.

Entonces sí dejar claro que han sido compromisos inclusive que usted ya enfrente del despacho asumió, de que antes de finalizar la administración estaría judicializado este caso. Y solamente dejar latente que es el látigo de la sociedad mexicana el tema de no encontrar los responsables, o que no encuentren el debido castigo. Y ése es el flagelo principal que tiene nuestro país de la impunidad. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Adelante... Perdón.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasamos a la siguiente intervención, por parte del Partido del Trabajo el diputado Alfredo Femat Bañuelos, hasta por tres minutos.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos: Muchas gracias. Señor Alberto Elías, responsable encargado del despacho de la PGR, una de las dependencias más desacreditadas y con una percepción terrible, y no se diga después del caso de Javier Duarte. Yo quisiera exponerle un caso, y para exponérselo voy a usar un ejemplo hipotético, que es hipotético para que usted entienda. Porque entiendo que hoy está del lado de la PGR, defendiendo a la PGR.

Usted va a dejar el despacho el día 30 de noviembre; 20 días después el personal de la PGR llega a su casa, acompañados del Ejército, con una orden de cateo. Entran a su casa. Lo acusan de lavado de dinero. Se llevan todo lo que tiene usted de valor, todo. Usted contrata a un abogado y pasan 6 años. Y después de 6 años le dicen “disculpe, nos equivocamos”. Ya lo amolaron con sus cosas, con su patrimonio. Ahí le regresan a cuentagotas las cosas y ya le hicieron un daño moral que jamás se va a recuperar. Porque para los vecinos usted fue un delincuente. Usted se apersona a la PGR, en este caso con el director de Lavado de Dinero. Y después de que le dicen que no es culpable usted pide que le den un documento donde lo absuelvan.

Esto que le he dicho, señor, le pasó a una familia en Zacatecas hace seis años. No fue hipotético, fue real. Llegaron... una familia que yo conozco de toda la vida, pues el padre de familia fue mi compañero en la secundaria. Con mucho sacrificio pusieron una casa de cambio, una joyería. Llegó la gente de la PGR. Los vaciaron. Fueron a la casa con el Ejército. Los esculcaron. Y después de seis años les dicen “disculpe, nos equivocamos”. Les han regresado... yo creo que ni la mitad del daño material que les hicieron. Del daño moral olvídese. Del rumor algo queda y para mucha gente ellos son delincuentes. Y desde febrero quedaron de darles el documento donde los absuelven. Y vean en qué fecha estamos, señor.

La familia me busca, es de mi distrito. Yo me he apersonado tres veces con el director de Lavado de Dinero, con Mauro Fernández. Nunca me ha querido recibir. Siempre está muy ocupado. Y todavía el día de ayer lo busqué a usted, porque efectivamente esto que cometieron con esta familia... Y que me imagino que lo han hecho con muchas familias en México... de veras no tiene comentario.

Yo lo que le quiero decir, señor, es qué más tenemos que hacer los mexicanos cuando pasa una situación de éstas. No solamente le hicieron un daño a su patrimonio, a su moral, a su honorabilidad, sino que hoy no les quieren entregar un documento donde ustedes mismos le reconocen que no hicieron nada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Adelante, licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Diputado Alfredo Femat, muchas gracias por la pregunta. Sí. Con mucho gusto veo inmediatamente para que ese documento que se comprometieron a entregárselo en febrero se lo entreguen a la brevedad. Si realmente no tuvo ninguna responsabilidad tendríamos que darle ese documento como usted lo señala. Lo reviso con la persona, con el titular de la Unidad Antilavado de Seido para efecto de que se entregue.

Y seguramente debe haber muchos otros casos, como usted lo comenta. Lo que si estamos haciendo en la Procuraduría General de la República es transformar y lo que desafortunadamente ya no nos va a dar tiempo por el cambio que usted bien señala, es transformar los procesos a la institución.

Como lo han señalado varios, es una institución con muchas deficiencias, con aciertos. Hubo un informe en febrero del año pasado, de 2017, que se presentó al Senado de la República, un diagnostico donde señalamos las deficiencias. Como primer caso único por la Procuraduría donde se señalas las deficiencias, y la deficiencia más importante es que no tenemos procesos adecuados que tenemos que transformar.

Tenemos que potencializar nuestras capacidades de investigación, tenemos que tener modelos procesos acordes al nuevo sistema. Que muchas procuradurías y fiscalías –ya lo que hemos trabajado en la.

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia–. Es que lo único que se hizo fue un cambio de denominación de Procuraduría a Fiscalía, ya no es procurador es fiscal, y a nosotros subprocuradores somos vicefiscales.

Pero lo que debimos haber cambiado es por dentro los procesos de las procuradurías a nivel tanto federal como de las distintas entidades, para atender a partir de un nuevo modelo que es el que fija nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Una nueva visión de procurar justicia con la independencia de que sea fiscalía o procuraduría, la exigencia la tenemos hoy en día por nuestra sociedad, no debemos esperar a que se convierta la PGR en un proceso de transformación a fiscalía, tenemos que empezar el proceso de transformación de los procesos, potencializar nuestras capacidades de investigación, que no las tenemos, para ser certeros en nuestra actuación. Ser eficientes, transparentes, rendir cuentas.

Y eso es lo que estuvimos trabajando durante varios meses en la Procuraduría General de la República, y vamos a buscar el acompañamiento de un internacional a través del BID, que son expertos en transformaciones de empresas, de sectores de gobierno. Tienen una especialización en materia de procuración de justicia, han apoyado a la transformación de la Fiscalía de Guatemala, de Chile, entre otras.

Desafortunadamente ya no se pudo dar ese concepto o esa fórmula de transformación de los procesos, del cambio cultural –también requieren procesos, un cambio cultural de los operadores de la Procuraduría General de la República del nuevo sistema–, cambiar toda esa visión que nos va a permitir no generar esos actos que lastiman la honorabilidad y el patrimonio de la sociedad.

Es lo que estábamos haciendo a través de un esquema probado en México, como fue –y ustedes saben– la transformación que sufrió el SAT en positivo. Perdía el SAT el 95 por ciento de los casos, afuera del SAT estaba lleno de coyotes cobrando para hacer cualquier trámite. Hoy en día la gente quiere pertenecer al SAT porque hay un verdadero servicio de carrera.

Nosotros tenemos una gran deuda con el personal sustantivo, ministerial, policial y pericial; nuestro servicio de carrera data, o el reglamento, es anterior a la nueva ley de 2012, que se modifica y se emite una nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República en 2012, es anterior al reglamento del servicio de carrera. Tenemos que hacer un cambio absoluto de procesos y cultura para poderlo hacer. Muchas gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputado, adelante, por favor, Alfredo.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos: Entiendo que hay buenas intenciones, pero mientras llega eso, señor Alberto, me queda claro que ustedes fueron formados en la escuela de primero detengo luego torturo y después investigo. Si no eres culpable me disculpas.

Yo no soy integrante de esta comisión, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; he tenido que venir el día de hoy aquí, y le he pedido permiso a mi grupo parlamentario para poderlo ver, para poder hacer público esta situación. Yo que soy diputado tengo un mes detrás de su funcionario, un mes. He ido, me pidieron el número de teléfono, me pidieron la credencial, nos vamos a reportar con usted. Al día de hoy ni una sola llamada.

Ya les dijeron que no son culpables, ya les dijeron usted disculpe, ya les regresaron una parte de todo el daño material que les hicieron. Yo simplemente le digo señor Alberto, les queda un mes, van a patear el bote para como esta situación dejar otras o realmente por lo menos nos van a dar el derecho de audiencia para que nos escuchen, porque es su obligación son funcionarios, y para que puedan resolver.

Yo le pido que ojalá esto no se quede en una plática. Lo bueno es que yo tengo muchos testigos, para que esperemos que, a esta familia, como a muchas, se le haga justicia. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasamos ahora a la intervención de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Partido Encuentro Social. ¿No está, verdad? Pasaríamos entonces, a la participación, si así lo consideran, del siguiente Grupo Parlamentario, para ver si en el transcurso de estos minutos, se incorpora la diputada. Y el turno del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, hasta por tres minutos.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, gracias, gracias presidenta, además por la oportunidad de hablar al pleno. Bienvenido de nueva cuenta, señor subprocurador. Yo hago las preguntas directas.

La primera. ¿Nos puede hablar algo sobre la Conferencia de Procuradores Fiscales? Creo que es un tema de colaboración y de participación, sobre todo, cuando a veces no se trata de delitos del orden federal, sino del orden común, y hay algún tipo de comunicación entre estos.

¿Qué recomendaría usted para fortalecer el esquema de coordinación entre las procuradurías, y la PGR? ¿Cuál es su opinión, así muy breve, como procurador, obviamente, sobre el nuevo Sistema de Justicia, y sobre la frase de la puesta ésta, giratoria que luego empuja como en contra de los derechos humanos, esa frase, cuál sería su opinión?

Que nos diga algo sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos que están en el nuevo Sistema Penal, y que muchas veces, el ciudadano no entiende, pero que son la alternativa legal que hay. La otra, ¿qué beneficios ha visto usted, como procurador, de todo este tipo de sistemas?

Ahí termino yo, y haría un comentario rápido. Uno de nuestros diputados del Grupo Parlamentario del, Brasil Acosta ha sido amenazado recientemente, entonces, me gustaría que tomara usted nota; él ya presentó su denuncia, ahora le doy los datos. Ésas eran mis preguntas, subprocurador.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Adelante, licenciado Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, diputado Rubén Moreira, muchas gracias por la serie de preguntas.

Creo que es muy importante, creo que se pierde dentro de todo el trabajo y las facultades que tiene la Procuraduría General de la República, en términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública hay una conferencia, en términos de ley, que es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y que preside por términos de ley, la Procuraduría General de la República, y dentro del Plan Programático, en Materia de Procuración de Justicia, también están los temas relacionados con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Esta conferencia agrupa a las 33 instituciones del país, en materia de procuración de justicia; a las 32 de las entidades federativas, la Procuraduría General de la República, y también se invita a la Fiscalía de Justicia Militar, en los eventos que se hacen. Tenemos principalmente dos reuniones-asambleas plenarias; dos al año, en términos de ley, y tenemos que está dividida en cinco zonas propiamente la conferencia, y se hacen dos conferencias al año, de cada zona.

Ahí lo que nosotros estamos buscando es transformarla; como venía trabajando desde hace muchos años era una reunión de procuradores, para conocerse, para verse, disfrutar, hacer una exposición, salir a medios, decir que presentaron algo, y sin que hubiera un avance o se tomaran acuerdos reales, respecto a lo que tenemos que atender a nivel nacional, en temas de procuración de justicia.

¿Qué es lo que hemos estado haciendo últimamente en esta conferencia, para poder empezar a producir casos bien, y atender la problemática de inseguridad y violencia que vive nuestro país? Primeramente, se aceptó un nuevo modelo de procuración de justicia por parte de todos los procuradores, una consulta nacional que se realizó, a solicitud de la procuraduría, que realizaron tanto el INACIPE, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el CIDE.

A partir de ahí, se formuló un nuevo modelo de procuración de justicia atendiendo este sistema acusatorio; así se adoptó. Hemos emitido diversos acuerdos o protocolos homologados de actuación, para poder mejorar la actuación de cada uno de los Ministerios Públicos. Algo, y que va ligado con unas de las preguntas del Sistema Nacional o el Sistema Acusatorio, parte de lo que nosotros veíamos de esa complejidad del sistema, de su etapa de consolidación, es el tema de capacitación.

La capacitación se daba de distintos ángulos, con distintos enfoques, y cada quien se capacitaba como podía. Las autoridades municipales a sus policías, los capacita con sus propias capacidades distintas a la policía estatal, que también fungen como primeros respondientes, las fiscalías o procuradurías de los estados con sus propios medios, su capacitación tanto a los peritos, a policías de investigación estatal y ministerios públicos. Y lo mismo sucede a nivel federal, policía federal con su propia capacitación, la Procuraduría con su propia capacitación y evidentemente el Poder Judicial con su propia capacitación.

Lo que empezamos a hacer es capacitación homogénea porque tenemos que entender los mismos conceptos. Tenemos un mismo código nacional y tendríamos que tener los mismos conceptos. A partir de estas resoluciones, como la que platicamos de la Primera Sala, necesitamos instaurar un grupo de litigio conjunto de la conferencia para poder hacer litigio constitucional adecuado, por qué, porque lo que pueda suceder de un caso menor en el sur del país o en el norte o en la zona centro de un caso menor se puede complicar y tener afectaciones a nivel constitucional de una interpretación de la Corte. Eso es lo que hemos estado haciendo, y un grupo especializado de litigación en el nievo sistema acusatorio. Muchas gracias. Se acabó el tiempo.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Diputado Moreira.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Nada más un comentario. Hago votos y dejo a la reflexión de todos que en la siguiente administración se pueda fortalecer el Inacipe. Creo que es una gran institución del Estado mexicano. Y espero que se siga invirtiendo en él y que se fortalezca el trabajo de esta institución. Y le agradezco mucho, subprocurador, a usted y a os funcionarios. Gracias.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasaríamos ahora a la intervención del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Y le doy la palabra al diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: La realidad es que los tres minutos no me ajustarían para preguntar y, por supuesto, no le van a gustar para contestarla, por lo tanto, se agradecería que nos mandara alguna información por escrito. Y lo digo por lo siguiente: generalmente la información que llega a la Cámara de Diputados es información que llega a través de los periódicos o del Twitter o del Facebook, pero no llega información real u oficial o concreta.

Entonces, sí pediría que si nos puede hacer llegar algo de información sustantiva. Entiendo que los temas de corrupción son los temas que más permean, porque políticamente son los más rentables para quien los expone como para quien lo contesta. Pero hay temas de fondo, que creo que hay un segundo tema que le impacta al pueblo de México, que es el tema de la inseguridad. La inseguridad en muchos casos generados por los cárteles de la droga.

Entonces, sí valdría la pena que nos enviara una radiografía de cómo están funcionando los cárteles, como se han reagrupado, a dónde están las zonas de mayor impacto en materia de inseguridad, homicidios, secuestro, extorsión. Sí valdría la pena tener esa radiografía. Vengo de uno de los estados más violentos al día de hoy, que es Colima, y pues sí nos ayudaría mucho tener esa información para temas legislativos.

Segundo tema. De la misma forma, el tema de robo de granos que ha impactado durísimo en algunas zonas, como El Bajío. Tercero. El tema de robo a trenes, que también se ha incrementado de manera muy importante en los últimos años. Tener algo de información, sobre todo para poder trabajar en materia de legislación. ¿Qué vamos a hacer con el robo al tren? Que pareciera que regresamos 100 años, donde van los caballos a un lado del tren tratándolo de detener, pues al día de hoy los están descarrilando para robarlos. Tener la información, si hay detenidos, si no hay, si hay algunas bandas, etcétera.

El tema de huachicol, que también es uno de los temas que se han estado señalando. ¿Dónde está el impacto sobre el huachicol? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Qué medidas debemos tomar sobre el tema del robo de combustibles? Si hay complicidad por parte de algunos funcionarios de la petrolera o de algunas subsidiarias. Nos gustaría tener esa información.

Por supuesto valdría la pena también tener el tema de feminicidios o el número de homicidios en el país, cantidad de droga decomisada, cuánta gente está en la cárcel por el tema de siembra de amapola, siembra de marihuana, el tema de laboratorios desarticulados en materia de metanfetamina. Creo que vale la pena pues tener toda esta información para poder legislar porque, si vamos a estar aquí pasándonos con temas que sí nos interesan, pero para no ser reiterativos, creo que con esa información ya pudiera comenzar a trabajar algunos nuevos modelos en materia de tipo penal, que nos ayudarían como legisladores.

Pero, sobre todo, dos cosas que sí nos ayudarían bastante: la primera, que nos manden un análisis sobre la resolución de la Segunda Sala. Creo que es un tema muy delicado el que se esté aplicando de manera retroactiva el hecho de que un juez de control tenga que autorizar el levar a cabo una prueba o solicitar una prueba cuando en los juicios anteriores no existía el juez de control. Entonces, creo que sí vale la pena legislar a futuro para que no vuelva a ver casos como el de Elba Esther o el caso de Duarte...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputado, le solicitamos concluya, por favor.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Y, por último, su opinión –creo que nos servirá mucho– que nosotros aprobamos el nuevo sistema de justicia penal, valdría la pena tener un análisis desde la PGR, desde la implementación, qué cosas debemos de revisar, reformar, derogar, abrogar o cambiar de un nuevo sistema.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Diputado Preciado, muchísimas gracias por su intervención, por sus preguntas, cuente con ello, haremos todo el análisis por parte de las áreas competentes de la procuraduría para entregarle un informe, progresar una radiografía, como bien lo dice, relacionado con la delincuencia organizada, dónde operan, cuáles son los delitos.

Evidentemente el robo a trenes que ha sido algo importante que también se señaló hace un momento el robo a trasporte, donde ya hubo una reforma que federaliza ese delito. También el tema de huachicole, es un tema que se ha venido trabajando, con mucho gusto le hacemos una tarjeta. Le podría decir que estamos trabajando con una visión de tres formas, en la Procuraduría General de la República en el tema de huachicol uno, cuando es la intervención directa, cuando existe algún transporte que lleva hidrocarburo robado, cuando en las propias tomas clandestinas a través de las propias delegaciones, el despliegue regional que tiene la procuraduría en tema de delincuencia organizada.

Pero, nosotros creemos que tenemos que ver toda la cadena de valor, también los actos que hay de posible corrupción dentro de la propia empresa, Pemex, pero también a los compradores del producto robado. Se han dado ejercicio a través de la propia subprocuraduría de delincuencia organizada, en temas de lavado de dinero y de las empresas que compran el producto robado de los hidrocarburos.

No podemos dejar de ver estos tres elementos para poder abatir este fenómeno delictivo y con mucho gusto los temas de amapola, de los plantíos, de los laboratorios. Tenemos en acompañamiento a la Procuraduría General de la República dos proyectos que ya tiene tiempo con Naciones Unidas, el caso W34 y el MK54 y el W34W34, que uno es para ver las zonas y las hectáreas de plantíos de amapola y el otro corresponde a ver la capacidad de esos bulbos de amapola para producir heroína.

Con mucho gusto esos datos, los que sean de manera pública y, precisamente, en la procuraduría en este fortalecimiento de la agencia de investigación criminal por primera vez en México se tienen una oficina de política de control de drogas que es la que concentra toda la parte de la información de materia de narcomenudeo, recaba la información por parte de las fiscalías y procuradurías de los estados y ese tipo de proyectos que se tienen con Naciones Unidas para poder mejorar la información y poder tomar como usted bien lo señala que sin esta información difícilmente podrán legislar como ustedes quisieran hacerlo en este Congreso.

Con mucho gusto cuente con toda esta información. Le pediría al subprocurador Felipe que pudiera ser el enlace con usted para entregarle toda esta información que nos ha requerido y poderla proporcionar a esta Comisión de Justicia, también. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Diputado Jorge Luis Preciado.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Nada más quería agregar tres temitas más, creo que vale la pena. El tema delicadísimo, el tema de hackeo para los bancos, es un tema reciente, parece que... más con una computadora que yendo a asaltar un banco, realmente creo que el último impacto fue durísimo.

Tener la información sobre el tema de hackeo y que nuevas modalidades en materia del tipo penal debemos implementar sobre todo para el tema de los delitos cibernéticos. Por supuesto, el tema del perdón y olvido que ha anunciado el presidente electo, creo que vale la pena revisar los temas de amnistía en otros países, también me gustaría la opinión de la PGR, ¿cómo han funcionado en aquellos casos donde se ha planteado en la ley la posibilidad de llevar a cabo una amnistía para ciertos delitos que permitiría revisar cuál es el impacto en materia de inseguridad.

Por supuesto, hay otro par de temas. El tema de espionaje que ha sido un tema que ha estado ahí en el ambiente o acusaciones durísimas de compra de equipos para espiar desde las dependencias federales, creo que vale la pena tener esa información, cómo quedó ese tema al final del día.

Finalmente, sí creo que si nos dan toda esta información nos permitiría un poco revisar el tema de la lucha contra el narcotráfico. Es decir, con resultados tangibles con este tipo de política criminal, o de ataque a la criminalidad, cuántas cabezas de primer nivel del narcotráfico han sido detenidas, segundos mandos, cuáles son los nuevos líderes del narcotráfico en el país. Creo que vale la pena tener toda esta información para poder llevar a cabo hacia el nuevo gobierno que va a iniciar en un mes. Pues poderle plantear nuevas líneas atender esta situación tan grave y tan emergente en el país.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario de Morena, a cargo del diputado David Orihuela Nava.

El diputado David Orihuela Nava: Buenas tardes, encargado del despacho de la PGR. Hablar de la Procuraduría General de la República es hablar de una institución que agoniza, de cara a su próxima desaparición. Es hablar de una entidad omisa, torpe, negligente, corrupta y encubridora. Resulta difícil, si no es que imposible, recordar un solo caso a lo largo de este sexenio que la PGR haya resuelto de manera ejemplar, o que siquiera haya sido tratado con el profesionalismo pertinente. Sumado a esto, es una vergüenza conocer los datos técnicos que el actual gobierno presenta en los documentos técnicos en su Sexto Informe de Gobierno correspondientes al Programa Nacional de Justicia 2013-2018.

Por otra parte, seguiremos siendo repetitivos e incisivos hasta que se aclaren estos temas, que son de carácter público y que la sociedad quiere justicia. Debemos comenzar mencionando el penoso caso de la verdad histórica con la que Murillo Karam quiso vernos la cara y dar carpetazo al caso Ayotzinapa, aun cuando investigadores y peritos nacionales e internacionales mostraron las inconsistencias de los argumentos del entonces procurador. ¿Cuál es la postura actual de la PGR ante este caso? ¿Hacia dónde han avanzado las investigaciones? ¿Por qué tuvimos que exigir una Comisión de la Verdad, dada la negligencia, incompetencia y omisión de la Procuraduría?

Respecto al caso de Javier Duarte, ¿por qué la PGR fincó responsabilidades contra Duarte por un monto menor, lejano a la cifra multimillonaria que se aducía fue el desfalco al erario federal y a la hacienda estatal? ¿Por qué se reclasificó el tipo penal de delincuencia organizada por el delito de asociación delictuosa? ¿Qué le motivó renunciar al derecho de impugnar la sentencia? ¿Qué opina de la burla que simbolizan los 58 mil pesos de fianza? Regalo de su Procuraduría para uno de los más grandes delincuentes de nuestro país.

El último tema que abordaré, por cuestiones de tiempo y porque ha quedado más que demostrada la ineptitud, corrupción e incompetencia de la PGR, es el de Odebrecht, donde están implicados funcionarios o ex funcionarios de alto nivel de Pemex; delincuentes de cuello blanco, como es el ex director general Emilio Lozoya Austin. Un dato. La Fiscalía Brasileña obtuvo las declaraciones de los directivos de Odebrecht. Entre ellas señalan que Emilio Lozoya Austin recibió la escandalosa cantidad de 10.5 millones de dólares en sobornos. Y las testimoniales, como los documentales, se obtuvieron por reducciones de penas a cambio de evidencias por las autoridades brasileñas.

Al respecto, las autoridades cariocas ofrecieron a la PGR los testimonios y documentos que muestran las operaciones de corrupción de Odebrecht en México, incluyendo las declaraciones que señalaban cómo Lozoya recibió los sobornos. Primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente como director general de Pemex. Mi pregunta es: ¿Seguimos igual?

Finalizo. Asegurando que en Morena no descansaremos hasta que tengamos una institución que garantice que la justicia estará al alcance de toda la población mexicana y que habrá castigo para todos los responsables y cómplices de un delito. Lo bueno a todo esto, es que ya queda poco para que ustedes se retiren de estos cargos, donde no han hecho nada por nuestra población. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Adelante, licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Para continuar un poco con el tema de Odebrecht, que había sido de las últimas preguntas. Tenemos las declaraciones. Como lo señalé, existen tres declaraciones de altos funcionarios de la empresa en Brasil. Tenemos las declaraciones. Efectivamente se comprometió el gobierno, la Procuraduría General de la República de Brasil. Si no mal recuerdo, en febrero de 2017 se firmó la declaración de Brasilia, en donde todos los invitados por la PGR de Brasil suscribimos un acuerdo donde se comprometía a entregar la información, como usted bien lo comenta, diputado, de todos los datos, elementos para poder acreditar ese acto de posible cohecho.

Seguimos en espera de las autoridades brasileñas de que nos los entreguen a pesar de las 11 asistencias jurídicas que se las hemos venido requiriendo. Si nos permitieron realizar diligencias para las declaraciones de estos tres funcionarios en Brasil. Tenemos esas declaraciones, sin embargo, el resto de la información ellos se han comprometido, tanto en un documento, como la declaración de Brasil ha suscrito en la capital de Brasil en febrero de 2017, no nos ha llegado y hemos estado insistiendo para que nos llegue.

Sin esa información difícilmente vamos a tener elementos para sostener una audiencia de vinculación y vamos a seguir insistiendo para que nos los entreguen. Y tenemos, como se los señalé, las declaraciones que se han comentado. En el tema de Duarte –ya para irnos de la última hacia la primera–, el monto de los 990 días multa no es, por supuesto, un regalo de la Procuraduría General de la República, es lo que está establecido como multa en el tipo penal. Los tipos penales por asociación delictuosa y lavado de dinero establecen la pena privativa de libertad, en el caso de asociación, de cinco a diez años, y de, si no mal recuerdo, de 300 a mil días multa.

El tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita en términos relativos al 400bis, la pena privativa de la libertad es de 5 a 15 años y una multa de mil a 5 mil días multa. El juez fue el que lo determinó, nosotros no propusimos en términos de la propia, del Código Nacional, en términos de un juicio abreviado sin una reducción hasta de un tercio de la pena mínima.

Nosotros, en términos del acuerdo, de un acuerdo de la Procuraduría General de la República, no aceptamos ese mínimo que establece el propio precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra normatividad interna dice que si es muy próximo a la audiencia intermedia o al juicio oral, no podemos llegar a ese nivel, y lo único que se hizo aquí en términos de nuestra normatividad interna, para reducírselo una décima parte, y en base a eso fue que se fijó tanto la pena de los 9 años, como los 990 días multa en términos del tipo penal.

El hecho delictivo que, insisto, fue denunciado por la Secretaría de Hacienda, era por un desfalco de 486 millones de pesos aproximadamente, nosotros esos recursos y más se lo entregamos al gobierno de Veracruz, y adicionalmente se pidió el decomiso de, y así se sentenció, de inmuebles por casi 900 millones de pesos. El monto de lo denunciado 486, casi mil 400 millones que se le han quitado a la red de esta asociación delictuosa del señor Javier Duarte. Perdón por el tiempo, más adelante le contesto las otras preguntas. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Para formular la réplica por parte del Grupo Parlamentario de Morena, le doy la palabra al diputado Marco Antonio Median Pérez. Dos minutos.

El diputado Marco Antonio Median Pérez: Muchas gracias, diputada presidente. Estamos hablando de una red delictuosa, así lo acaba de decir el licenciado Alberto Elías –lo acaba de decir usted–, red delictuosa del señor Duarte. Entonces estamos hablando de un asunto que no es solo menor, es un asunto muy grave.

Hay una convicción en el estado de Veracruz, de que esta situación es un acuerdo entre el gobierno federal y el actual gobierno de Veracruz. Es un acuerdo de impunidad que se estableció desde que se integró por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una situación de delito por 486 millones de pesos, cuando la Auditoría Superior de la Federación había acreditado desvíos por 611 mil, millones de pesos.

Y la propia Procuraduría había ido a la Secretaría de Finanzas, usted lo digo ahora en la comparecencia durante varias semanas, para investigar estos desvíos, y son, dice usted, en estos desvíos no haya involucramiento de parte del señor Duarte. Entonces estamos hablando de algo muy vergonzante por parte de las autoridades federales y también por parte de las autoridades locales que tampoco coadyuvan a que se integre los delitos de manera suficiente para que se castigue ejemplarmente a una persona, que ahora resulta que va a estar en una situación muy cómoda dentro de tres años, disfrutando de bienes mal habidos.

Ése es el tipo de Estado fallido, aquí en la PGR es el prototipo de la dependencia que significa el Estado fallido y la justicia fallida, y la procuración de justicia fallida. Por eso, en efecto, creo que no hacen falta reformas, hace falta sustituir prácticamente todo...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le pedimos concluya, diputado.

El diputado Marco Antonio Median Pérez: ...enredo institucional que se ha venido desarrollando en esta materia, por parte del Estado, y que significa impunidad tras impunidad, y agravio tras agravio. Y el último agravio es la respuesta que nos da usted, de reserva a los actos de investigación ministerial basados en un artículo que no corresponda...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le pedimos concluya, diputado, porque ya transcurrió su tiempo.

El diputado Marco Antonio Median Pérez: ...este agravio también es parte del acuerdo de impunidad que se tiene con Javier Duarte. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Vamos a pasar a la última ronda, y solamente recordarles, que en el formato que aprobamos los integrantes de esta comisión, se quedó también, que al final de las tres rondas, los diputados y diputadas pertenecientes a esa comisión pudieran hacer manifestaciones para hechos, hasta por un minuto, y tengo ya registrada a la diputada María Elizabeth Díaz García, y al diputado Rubén Cayetano García. Para que también lo tengamos en cuenta, por si hay algún diputado o diputada que quiera incorporarse a esta lista, lo hagan saber en el transcurso de la última ronda. Le voy a dar la palabra a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para que formule sus preguntas.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Sin lugar a dudas, que el caso de Ayotzinapa, y el de Tlatlaya son de los más paradigmáticos en torno a los derechos humanos, de los cuales, pediría el que me pudiera dar respuesta en torno a la pregunta que le formulé con antelación, que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, en el caso de Iguala.

Y en el caso de Tlatlaya, el Juez 14o. Distrito de Amparo en Materia Penal emitió una sentencia en la cual determina que la PGR no realizó la investigación del caso, con exhaustividad y eficiencia, ordenando la realización de diversas diligencias –entre comillas– “para esclarecer de inmediato el caso, y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad” –se cierran las comillas–.

Esta decisión del juez tiene fundamento en que no fueron llevadas a cabo las diligencias ordenadas previamente –entre comillas– “que algunas de las que sí se realizaron, no son pertinentes ni idóneas. Que no se analizaron pruebas provenientes, tanto del expediente, como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las propias declaraciones de los militares involucrados, y que no se ordenó recabar unas pruebas ni fortalecer la acción penal.

“Por estas circunstancias, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia, al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente. Que no se ha establecido con precisión, el número de víctimas de ejecución, y que no se ha castigado a nadie, por la alteración de la escena...”

En estas circunstancias, me permito preguntarles, ¿cuáles han sido las diligencias que ha sido realizadas de la fecha de la sentencia, hasta ahora, y cuál es el estatus de la investigación? ¿O es que la PGR decidió recurrir la sentencia perpetuando con ello la impunidad, en uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos que se hayan producido en nuestro país?

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Adelante, licenciado.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias, nuevamente, diputada Verónica. Y como me lo permitió y me lo señaló, voy a empezar con la primera respuesta, a la anterior pregunta que me dio tiempo poderle contestar.

Nosotros no estamos en contra de una Comisión de la Verdad, nosotros siempre vamos a estar en pro de una justicia, en pro de la verdad y de la transparencia, como Procuraduría General de la República. Lamentamos profundamente los hechos sucedidos, lamentamos todo lo que están viviendo las víctimas indirectas, los padres de familia.

En lo que no estamos de acuerdo es en la forma en que la constituye este tribunal colegiado de Tamaulipas, en donde violenta diversos preceptos constitucionales, como el artículo 21 constitucional, donde le establece la propia Constitución el ejercicio exclusivo al Ministerio Público de la investigación y persecución de los delitos, violenta el artículo 40 de división de poderes.

Y, en ese sentido, nosotros lo que queremos –y hemos estado aceptando parte de la resolución. Hay que entender, la resolución que emite este tercer tribunal deriva de un auto de formal prisión por delincuencia organizada que no tenía que ver esa formal prisión con los hechos de los estudiantes. Venía derivada esa investigación de un desglose de la carpeta principal para poder seguir investigando delincuencia organizada. Y por eso se consigna y por eso se libra la orden de aprehensión.

Evidentemente, del expediente que llega al colegiado, vienen algunos de los elementos iniciales de la investigación relacionada con los lamentables hechos. Y en base a eso hay un desbordamiento por parte del tribunal de la litis planteada, porque era en base a la formal prisión de delincuencia organizada y va más allá. Y, en se sentido, es en lo que no estamos de acuerdo y por eso hicimos toda una estrategia de orden jurídico para efecto de que llegue a la Corte, y la Corte sea quien lo resuelve. Y la Corte ya asumió competencia al establecer que es un posible incumplimiento.

Y en esa base, y en términos de una resolución del propio pleno de la Corte, en un caso similar de la Procuraduría General de la República, similar en el tema de desbordamiento de un colegiado, que va más allá de la litis, para que establezca si se puede cumplir o no. Si la autoridad suprema, la Suprema Corte, en pleno determina que se tiene que cumplir, cumpliremos. Pero, por lo pronto, consideramos que se violenta y estamos a favor de cualquier comisión que establezca la verdad y la justicia. Eso respecto a primer tema.

Respecto al segundo tema, respecto a Tlatlaya, efectivamente nosotros estamos trabajando en la investigación, no está concluida, en base a lo que determinó una sentencia de amparo. Hemos practicado varias diligencias. No podría decirles cuáles son estas y cuáles están pendientes, pero lo que sí le puedo decir es que van a estar relacionadas con declaraciones de los militares.

Nosotros en su momento, en 2014, se ejerció acción penal en contra de siete elementos militares acusados por cometer abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, homicidio clasificado, encubrimiento y alteración ilícita del lugar. Dictaron el auto de formal prisión en contra de estos siete elementos militares. Ellos se inconformaron, en la apelación lo ganan.

Afortunadamente las víctimas, ¿sí?, porque nosotros estamos impedidos en muchas ocasiones a promover un juicio de amparo, ellos promueven un juicio de amparo y está todavía por resolverse el tema. Pero seguimos trabajando en todas las líneas que nos sujetó en términos una sentencia al amparo. Y gracias, y perdón por excederme en el tiempo. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Adelante, diputada Verónica.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Sí. Gracias. Entiendo las respuestas y el rigor con que se atiende, por lo que usted nos comenta, pero con todo y eso la ciudadanía espera más de sus instituciones. Es decir, la Procuraduría debería ser garante en la medida de todos sus alcances para desdibujar esta idea que hay entre las ciudadanas y los ciudadanos de que de repente las instituciones pueden ser omisas o pueden ser cómplices o inclusive utilizarse políticamente.

Los índices de impunidad en nuestro país ascienden al 90 por ciento. Esa es nuestra realidad. Y concluiré diciendo que resulta imprescindible la acción conjunta del Estado mexicano. Esta administración está de salida, pero hacemos votos para que en lo que le reste de tiempo haga lo conducente para cumplir con su responsabilidad. Y también hacemos votos para que, en consonancia con lo que ha venido solicitando las distintas organizaciones de la sociedad civil, podamos tener una fiscalía en el futuro autónoma y muy fortalecida. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le doy la palara al diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Gracias, presidenta. Voy a aprovechar esta tercera intervención del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hacer énfasis en otro tema muy importante. A mediados del año pasado un importante grupo de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas de anticorrupción de México fueron afectados por un programa de espionaje que se supone fue adquirido por el gobierno mexicano para investigar a grupos criminales y cárteles de drogas.

Sin embargo, el indebidamente Programa Pegasus, se dirigió a espiar a personas comprometidas con las mejores causas de nuestro país. Esta situación generó un escándalo a nivel nacional e internacional, por lo que autoridades mexicanas, incluso llegaron a pedir cooperación en la investigación a los Estados Unidos, pero según el New York Times, oficiales estadounidenses de alto rango dijeron que después de analizar la solicitud decidieron no involucrarse al estar dudosos de que el gobierno federal realmente quisiera resolver el caso, ya que indagarlo a fondo podría comprometer a algunos de sus funcionarios más importantes.

Un estudio publicado a finales de septiembre del presente año, por parte del laboratorio interdisciplinario canadiense Citizen Lab, que se especializa en política estratégica y en el compromiso legal de las tecnologías de la información señala que tres operadores del Sistema Pegasus, aún mantienen actividad en México, esto a pesar de la extensa evidencia sobre el abuso de dicho sistema por parte del gobierno para espiar a la sociedad civil mexicana.

Según el análisis posterior al escándalo, dos cuentas del sistema fueron canceladas, dos se mantuvieron activas y una más se creó en septiembre del año pasado. Estas tres cuentas, presuntamente, sirvieron para infectar dispositivos electrónicos en México, por medio de direcciones de IP, registradas en compañías mexicanas como Telmex, Megacable, Total Play, Comunicaciones Axtel o Televisión Internacional, Cablevisión y Aleta, entre otros.

Para junio 2017, tres dependencias federales mexicanas habían llegado a gastar 80 millones de dólares en programas de espionaje, que lejos de monitorear actividades criminales, se utilizaron para espiar a periodistas incomodos del gobierno, abogados que investigaban el caso de Ayotzinapa, representantes de víctimas y representantes de víctimas de abusos sexuales, cometidos por la política, entre otros.

Es decir que, en este gobierno, el estar al lado de la justicia y de los demás desfavorecidos, puede llegar a convertirse en una pesadilla que le cuesta al erario público cientos de millones de pesos. Por tanto, señor subprocurador le pregunto: ¿Existe un compromiso de la Procuraduría General de la República para investigar a fondo el espionaje de que fueron víctimas periodistas defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil de nuestro país?

¿Existe algún avance que permita presumir que el delito de intervención ilegal de comunicaciones de que fueron objetos ciudadanos no quedará impune y por último, considera usted que antes de concluir su gestión, como encargado del despacho la PGR, habrá consignado ante la justicia por este delito? Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Adelante, licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Gracias, diputada presidente. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Villareal.

Nosotros tenemos evidentemente una investigación relacionada con esta investigación de supuestos caso de espionaje por el sistema o el software Pegasus, que generaba ciertos mowers para espionaje. La denuncia la iniciamos el 21 de junio del año pasado derivado de o que salió en diversos medios de comunicación, al día siguiente 9 personas presentaron su denuncia.

Estas personas no entregaron su telefonía, no entregaron el teléfono supuestamente infectado, lo que sí dieron fue una autorización para poder obtener las sábanas de las llamadas, donde se puede identificar que existía determinados mensajes en el tiempo que ellos señalaban, sin que pudiéramos determinar en la ausencia del teléfono, practicar una forencia al propio aparato y poder determinar en qué tipo de mensaje se había enviado o habían recibido por parte de estos 9 denunciantes.

Efectivamente, se realizaron diversas por parte de la Procuraduría general de la República, diversas asistencias internacionales, es correcto se hizo en Estados Unidos, a Canadá para poder hacer entrevistas con la propia organización que comenta el diputado Citizen Lab, y también se hizo a la organización internacional de telecomunicaciones que forma parte de las Naciones Unidas y también a Israel.

De estas asistencias jurídicas, de una no hemos tenido información que es de Israel, de las otras sí hemos tenido información, se pudo realizar y practicas las diligencias, las entrevistas con la gente de Citizen Lab, en donde ellos nos determinaron y fue en acompañamiento de la policía montada con fuente de investigación por parte de las autoridades competentes de Canadá y en presencia de ellos se hizo la diligencia, en donde a grandes rasgos nos señalan:

1. Que no hicieron ninguna forencia a los equipos de telefonía que ellos recibieron por parte de sus propietarios.

2. Que no era posible identificar si ese mensaje traía consigo los denominados “mauer”, que es al sistema virus que permitiría esa extracción de información o el tema de espionaje. Y que en esa consideración estarían. Y así fue a grandes rasgos, entre otros elementos, que si no mal recuerdo, de esa declaración con...

La Organización Internacional de Telecomunicaciones también ya nos dio respuesta. Más o menos en el sentido, si no mal recuerdo, de que se requiere de los aparatos para poder determinar esos elementos. Eso no quiere decir que no sigamos investigando en la Procuraduría General de la República. Hemos estado haciendo los análisis, sobre todo y en un tema... que ya no está el diputado Preciado... Pero nosotros en la potencialización de la Agencia de Investigación Criminal creamos una Unidad de Ciberseguridad. Y a partir de ahí hemos podido detectar esos mensajes que fueron señalados y determinados dentro de las sábanas de llamadas... a qué antena de comunicación llegó ese mensaje. Para poder empezar a ubicar en dónde posiblemente... quién era el usuario.

Hemos seguido avanzando. Y hemos avanzado con varias diligencias de los usuarios del software dentro de la Procuraduría General de la República. Hemos investigado las auditorías... también en la adquisición de ese software, y estamos trabajando. No le podría dar, diputado, desafortunadamente un plazo para poder determinar. Tenemos una asistencia pendiente y seguimos investigando. Ante la ausencia de la telefonía, nos va a requerir un mayor trabajo de investigación. No podría decirle en qué momento podríamos tener integrada la carpeta... para poder decírselo en este momento. Muchas gracias y otra vez disculpa por el tiempo.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Diputado Villarreal.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: En contexto en México, un juez federal puede autorizar la intervención de comunicaciones privadas cuando la autoridad correspondiente demuestre un caso sólido. Autorización que no fue ni solicitada ni mucho menos considerada en los casos de espionaje que estamos aludiendo.

Para el investigador y experto de ciberseguridad Adolfo Arreola, las prácticas de ciberespionaje, más aún cuando son cometidas por el Estado, son un tema de preocupación, puesto que violenta los derechos y libertades individuales, diluyendo la separación entre las esferas de lo público, lo privado y lo íntimo. Utilizar la información privada o íntima como arma para desprestigiar, chantajear y limitar el ejercicio de la libre expresión es un acto que no podemos tolerar en ningún gobierno democrático y abierto.

Es lamentable que la autoridad siga utilizando medios electrónicos de espionaje con fines distintos al combate a la delincuencia. Reprobamos todos los hechos que aquí hemos puesto en la mesa, de impunidad. Y sobre todo recalcamos el reto que tiene esta nueva conformación política, tanto en el Congreso como en el gobierno federal. Y queda claro que debemos ir por un fiscal autónomo, un fiscal que sirva para hacer la justicia tan anhelada de los mexicanos. Por sus respuestas, señor procurador, muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasamos ahora a la intervención del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Le doy la palabra a la diputada Ana Ruth García Grande.

La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes. Apreciar en lo que vale la visita de don Alberto Elías. Un gusto conocerlo. Creo que, si algo hay que destacar es lo robusto de sus respuestas en términos de su capacidad retentiva, cosa que en forma personal quiero admirarle.

Hice una lista de diferentes temas que me hubiera gustado plantear. Definitivamente el formato... lo dije y lo reitero... no da para mucho. Pero quiero decirle que estuve atenta a la parte de su intervención inicial, donde expresó en un ejercicio de honestidad obligada, la complejidad que vive la PGR y los retos que viene enfrentando.

Sobre todo, rescató también respecto a la inercia de mayor incidencia de delitos de alto impacto, como en el caso de los homicidios dolosos en el país, que según cifras que aportó la propia presidenta de la comisión, ha presentado el último año un incremento de 30 por ciento, sin duda vinculado con el ambiente de violencia que se vive en la mayor parte del país.

En ese sentido me gustaría conocer, don Alberto, cuantitativamente la eficiencia terminal de la función de la Procuraduría en estos casos. Cuántos casos se registran y cuántos terminan con una sentencia que castiga este tipo de actos antijurídicos. Y quiero referirme al tema cuantitativo porque finalmente los temas de los delitos de homicidio doloso tienen un apéndice que es, sin duda, muy lastimoso para nuestro México, que es el caso de las víctimas colaterales, ciudadanos que han estado en un momento y una hora inadecuada y que han sido privados de la vida.

Muchos de los casos en mi estado, se lo quiero decir en contra sentido a lo que expresó antes mi compañero Alfredo. Yo no quiero hacer un reconocimiento a la delegación de PGR en Baja California Sur, la verdad desde mi perspectiva, y se lo digo, he sido litigante ante que diputada, deja mucho que desear la tarea, el trabajo del Ministerio Público, porque muchos casos de víctimas colaterales cuando los deudos acuden a la darle formalidad a la investigación, se han encontrado con expresiones del Ministerio Público donde les dicen que ni le busquen tres pies al gato, que cuando son homicidios derivados de actos de la delincuencia organizada, que ni se expongan a también perder la vida, sino que lo dejen así y que le den sepultura a su familiar. Lo que a mí me parece reprobable.

Y le quiero omitir el resto de preguntas que tengo, para darle voz a un caso especial que me ha pedido mi compañera diputada de Chiapas, el caso de la señora Elodia Alfaro Vázquez. Una madre de familia que ha sido privada de la presencia de su hijo, un joven de 21 años, estudiante del Tecnológico de Comitán, de primer semestre de ingeniería industrial, que está desaparecido y que ha esta pobre ciudadana no había merecido que el Ministerio Público de la Federación de su jurisdicción le tome siquiera la denuncia.

La verdad me parece muy deleznable, señor encargado del despacho PGR, que haya abogados que asuman el cargo de Ministerio Público de la Federación cuando no tienen la capacidad mínima para hacerlo, porque ese es un primer acto de corrupción. Se lo digo porque Odebrecht...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputada.

La diputada Ana Ruth García Grande: Término presidenta. Odebrecht, Ayotzinapa, Duarte, todo esto le duele a los mexicanos, pero se imagina usted la desgracia que es para una madre perder a su hijo, más cuando su hijo no está involucrado en estos temas. Le apreciaría sus opiniones.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias diputada. Licenciado Alberto Elías Beltrán, tiene la palabra.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. No me queda más que pedirle dos disculpas. Uno por lo que ha sucedido en la delegación de Baja California Sur, por esa falta de respeto. Como lo señalé, somos una institución de servicio y estamos para servirle a todos los mexicanos y a todos los ciudadanos y también a los extranjeros que estén en nuestro territorio nacional y también a los mexicanos en el exterior a través del sistema de agregadurías, y una disculpa.

Y también una disculpa a su compañera de Chiapas, porque no le hemos podido tomar una denuncia. Voy a hablar con el delegado en Chiapas para que le tome, y también en el caso de desaparición, como lo señalé con la nueva creación y en términos de la Ley General, con el titular de la Fiscalía se desaparición forzada para que tome atención –aquí está el subprocurador de control regional, está la subprocuradora de derechos humanos que está dentro de su línea esa unidad de desapariciones, esa fiscalía–, para que a la brevedad atiendan esto.

Y precisamente toda esta problemática de atención es parte de lo que hemos trabajado con el nuevo modelo de procuración de justicia. Donde estamos potencializando de manera muy importante, es un modelo de tres pisos, en donde estamos atendiendo en las unidades de atención inmediata eso, que es lo que estamos potencializando. Donde este el acompañamiento también de la Subprocuraduría de Derechos Humanos a través del área de atención a víctimas para poderlos atender de manera inmediata.

Porque el nuevo sistema hay que entenderlo y es el cambio cultural. Hoy nuestro sistema acusatorio el centro es la víctima y parecería que no lo estamos cumpliendo, y es parte de lo que tenemos que hacer y trabajar mucho en la procuración de justicia.

No nada más en la Procuraduría General de la República, y ahora parte también de lo que se ha venido trabajando en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde tenemos que tener la mejor cara, al mejor servidor público en la barandilla para poder atender de manera rápida y eficiente el dolor que tienen los mexicanos y extranjeros, como también pudiera suceder en Chiapas.

Nuevamente una disculpa por parte de la Procuraduría por esos dos casos. Y de manera inmediata vemos, y si nos pudiera dar los datos de esta persona que señala, Elodia Alfaro Vázquez o de su compañera diputada en Chiapas, para podernos contactar. Y no se preocupe, vamos a atender también el tema de su estado del delegado en Baja California Sur, para que tengan mejor servicio de procuración de justicia. Lo que tenemos que hacer en la procuración es mejorar los servicios de procuración de justicia, es lo que tenemos que hacer, es lo que nos mandata la Constitución. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Diputada, por favor.

La diputada Ana Ruth García Grande: Si, muchas gracias. Con absoluto respeto, decirle don Alberto, que no estoy preocupada, estoy enojada. Y quiero ocuparme, no le voy a aceptar la disculpa, porque no es a mí a la que se la tiene que dar, sino es a la propia gente.

Escuché también que usted dijo que hay una autoevaluación de PGR, donde ya tienen una radiografía de lo que están fallando; lástima que no haya continuidad institucional, porque la mitad de la resolución del problema es, efectivamente, detectar dónde estamos fallando.

El asunto de fondo aquí es que es evidente que el Sistema de Justicia Penal no ha sido lo eficaz que México hubiera querido; no solo un cambio de paradigma, sino de cultura. Y entre ello, el análisis de atención a víctimas, que es letra muerta en nuestro país, que por lo menos, en mi estado se utilizó con fines electoreros, y que verdaderamente, no le da una garantía de justicia en lo que es suyo, es lamentable.

Me gustaría que en esa autoevaluación se hicieran precisiones para los protocolos de actuación, en el caso de las desapariciones forzadas, porque no se puede tener un término de 72 horas, para poder emitir alertas, cuando estos asuntos tienen que resolverse, de suyo, de inmediato, porque en cuanto a la inmediatez hay más efecto positivo en el resultado de la investigación.

Me quedo con muchos temas, vuelvo a insistir, este formato anacrónico, no nos lleva a nada. Muchas gracias por estar acá.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasamos a continuación a la participación de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Bienvenido, licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de PGR.

Compañeras y compañeros diputados, el robo de hidrocarburos, o el también llamado huachicol, en los últimos cinco años se ha incrementado exponencialmente. Al respecto, Pemex ha presentado más de 20 mil denuncias ante PGR, dentro de 2013 a 2017, lo que dio un promedio de una perforación, cada 90 minutos.

Esto ha marcado el sexenio de Enrique Peño Nieto, ya que este delito grave ha tenido su mayor crecimiento durante su mandato, destacando que este fenómeno delictivo ha repuntado hasta un 790 por ciento, de acuerdo con lo que manifiesta Pemex.

Sin duda, se han realizado estrategias para combatir este delito, y también en el ámbito legislativo se han presentado diversas iniciativas para tipificar como delito grave, el robo de hidrocarburos. Al respecto, nuestro coordinador, Fernando Manzanilla, con el respaldo de Encuentro Social, presentará una reforma constitucional sobre este tema, ya que estamos a favor del Estado de derecho, y en contra de todo aquello que busque alterarlo.

Con esto buscamos que el robo de hidrocarburos quede dentro del catálogo de los delitos graves, así damos respuesta concreta para contrarrestar esta conducta que ha dejado pérdidas millonarias al país, ha ocasionado accidentes, ha contaminado, y sobre todo, ha ocasionado pérdidas humanas.

Es por ello, que al ser un delito que abarca y daña a diversas áreas de la sociedad, tenemos que combatirlo desde éste ámbito de nuestra competencia. En este sentido, le pido muy respetuosamente nos diga, ¿cuál es el acuerdo de colaboración que ha tenido la PGR con Pemex, con la Policía Federal, y con el Ejército? ¿Y qué avances han tenido para combatir el robo de hidrocarburos? Por sus respuestas, muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, diputada. Adelante, licenciado Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Gracias, diputada Nancy Reséndiz, muchas gracias por la pregunta.

Sí, efectivamente es un tema, la realidad es que los resultados, me gustaría que fueran mucho mayores. Es un tema que se ha incrementado, es un tema que sí existen varias propuestas de reforma al artículo 19 constitucional, para que sea considerado de prisión preventiva oficiosa. Muchas de las autoridades nos han costado mucho trabajo en la Procuraduría General de la República, cuando no se puede acreditar la delincuencia organizada, que pueda ser como medida cautelar, la prisión preventiva justificada.

Las autoridades judiciales dicen: es que tiene arraigo. Entonces, ¿en la zona? Sí, precisamente, sí tiene arraigo y es donde están las tomas clandestinas. No está yéndose una persona de Hidalgo a Jalisco a hacer el robo de hidrocarburos, lo están haciendo en su propio estado y con un fenómeno complejo, porque –cuando queremos hacer operativos o realizan las Fuerzas Armadas, la policía federal algún operativo en una zona donde tienen identificada alguna toma clandestina– la propia comunidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes son los que los defienden. Es un tema también en la que se ha involucrado la sociedad. Y cuando llegamos a detener a alguien nos cuesta mucho trabajo el que se pueda conceder por ese concepto de arraigo una prisión preventiva justificada, aunque lo hemos venido logrando.

Efectivamente nosotros tenemos una coordinación no nada más con Pemex, la tenemos –como usted lo señaló– con la policía federal, con el propio Cisen, porque es un tema de alta responsabilidad –son áreas estratégicas de seguridad nacional estas tomas–, con la Semar y evidentemente con Sedena, Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional.

Y quisiera darle unos datos de los que tenemos. Insisto, deberíamos tener –y reconocemos– un mayor resultado. Pero se han consignado seis averiguaciones previas en lo que va de este año a septiembre de 2018. Se ha ejercido acción penal, sin detenido, a 30 personas. En el sistema acusatorio se han iniciado 102 carpetas, 28 con detenidos, 71 sin detenido. Se han detenido a 144 personas, estamos hablando de ese periodo. Se han judicializado 42 carpetas de investigación 35 con detenido, 7 sin detenido, 137 personas judicializadas, realizando la imputación de 123.

Se han llevado 107 procesos. Se han emitido 19 sentencias condenatorias, 7 en juicio oral, 2 en procedimiento abreviado, en contra de 35 personas. Se han ejecutado 36 órdenes de cateo para 89 domicilios. Se han asegurado más de 1 millón 390 mil litros de hidrocarburo, 1 millón y medio de pesos, casi 1 millón de dólares, 272 vehículos terrestres, 49 inmuebles, 27 armas de fuego, mil 500 o casi mil 500 cartuchos, 16 cargadores.

Se ha tenido también una gran cooperación y colaboración con los servicios periciales, atendiendo casi 19 mil solicitudes en materia de análisis químico para determinar que la sustancia es un hidrocarburo. Tenemos grandes acumulaciones de hidrocarburo en diversas delegaciones, la principal es Puebla con 5 mil intervenciones, seguido de Hidalgo con 2 mil 975, Guanajuato con mil 858, Veracruz con mil 500 y Tlaxcala con mil.

Esas son las principales acciones, pero también –como comentaba hace rato– nuestra estrategia no nada más es ir y atacar el punto de extracción, esas tomas clandestinas. Sí es un punto, es una estrategia también vigilar las rutas con transporte de robo de hidrocarburos o que transportan hidrocarburo robado.

Hay que atacar la cadena de valor. La cadena de valor está desde que está la extracción o esa toma clandestina hasta quien lo consume. ¿Quiénes pueden ser? Ene número de empresas, no cualquiera. Y hemos estado y hemos tenido casos de éxito para involucrarlos en temas de robo de hidrocarburo, vinculados con delincuencia organizada, pero también con lavado de dinero.

Y en la Procuraduría General de la República emitimos hace pocos meses un protocolo de investigación paralela de investigaciones financieras. Esto también se tiene que atacar desde el lado financiero. Y así lo hemos empezado a lograr dentro de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, en específico la unidad que ve robo de hidrocarburos, y la Unidad Especializada de Análisis Financiero. Por el tiempo, una disculpa por no darle mayor dato. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Diputada Nancy Claudia Reséndiz.

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Gracias por sus respuestas, procurador en funciones. Queda claro que el robo de hidrocarburos en los últimos años, junto con el narcotráfico y la trata de personas, es uno de los delitos con más impacto en el Estado mexicano. También queda claro que es una conducta que daña el medio ambiente, la economía y pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos.

Por ello, en Encuentro Social estamos convencidos que la estrategia para atacar de raíz este delito debe ser de una manera conjunta. Nuestro grupo parlamentario, queremos un país donde nuestro combustible sea de calidad y competitivo en el mercado extranjero. Por ello, estamos de acuerdo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para erradicarlo, ya que es un delito que demerita la competencia leal entre distribuidores, así como, la comercialización en el mercado, lo que pone en riesgo las inversiones y el mismo proceso de flexibilización y apertura del sector, además, el robo de hidrocarburos produce delitos fiscales que afectan directamente en los ingresos de la hacienda pública ocasionando que se desestabilicen los ingresos de la nación.

Queremos un país con Estado de Derecho que tenga desarrollo y crecimiento económico, por ello debemos conjuntamente combatir este delito. Es cuanto.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, diputada Nancy Claudia Reséndiz.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Tiene ahora el uso de la voz hasta por tres minutos, la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI, por favor.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, con su venía. Bienvenido, nuevamente, licenciado Alberto Elías Beltrán, bienvenido a esta Cámara, a esta comparecencia, también con su equipo de trabajo agradecemos la presencia de la subprocuradora y los subprocuradores y también la atención de los medios de comunicación para esta reunión.

La entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en el 2016, se significó un cambio trascendental en la operación de la procuración de justicia mexicana. Con ello el sistema inquisitivo quedó atrás para integrar uno garantista que parte de la defensa y protección de los derechos humanos, la igualdad entre las partes y para hacerse más eficacia y eficiente.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció una nueva dinámica que modificó el enfoque punitivo y represor del sistema penal para transitar a uno centrado de la búsqueda de una justicia reparatoria.

A pesar de estos avances, esta transformación aún tiene importantes desafíos y para que este sistema funcione de manera eficaz y eficiente es imperante que los operadores jurídicos entiendan el naciente paradigma de la justicia.

Para ello, me parece indispensable que para recuperar esta confianza en las instituciones definitivamente tiene que ver con la actuación de cada una y cada uno de los integrantes de una institución espacialmente de un ente tan complejo como la Procuraduría General de la República donde en muy contadas ocasiones se ha tenido un solo titular para una administración.

En este sentido, me refiero a la importancia y trascendencia del Servicio Civil de Carrera, ya había mencionado procurador, esta necesidad de potencializar las capacidades de investigación, esta necesidad de una nueva visión y de cambiar los procesos. Pero ¿dónde está también la capacitación y este nivel de concurso para lograr una verdadera transparencia y una verdadera eficacia de cara a la sociedad de cada integrante de la procuraduría?, me gustaría que nos ahondara un poco en este respecto, en dónde van en este Servicio Civil de Carrera, ¿cuáles son los retos que ven?, sobre todo para hacer seguimiento como Comisión de Justicia en esta Cámara.

Muy brevemente, también, mi segunda pregunta en días recientes el caso de abuso sexual de menores en el kínder Marcelino de Champagnat, aquí en la Ciudad de México despertó un gran interés y la preocupación de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

Es completamente comprensible que casos como estos nos quiten el sueño a padres y madres de familia en toda la República que cada mañana dejamos a nuestros hijos en instituciones educativas. ¿Cuál es la intervención de la PGR, en este caso?, si es que la tiene, ¿Cuál sería su competencia en este caso?, y ¿Cómo podemos asegurarle a la Ciudadanía que su institución está preparada para enfrentar casos de este tipo muy sensibles para la sociedad?

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias. Le cedemos el uso de la voz, licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Si me lo permite, diputada Ximena Puente. El tema del abuso sexual en el kínder de la Ciudad de México. Sí, evidentemente, nosotros tenemos toda la responsabilidad de la investigación, es un kínder de la escuela de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública Federal.

Primeramente, se inició la investigación por parte de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, esto fue el 16 de octubre de este año, con motivo de la denuncia formulada por algunos padres y madres de familia de niños y niñas de este kínder en contra de una persona.

El 17 de febrero al día siguiente iniciamos en la Procuraduría General de la República dentro de la subprocuraduría de Derechos Humanos, una carpeta de investigación en contra de esta persona, también hay una incompetencia por parte de la Procuraría General de Justicia de la Ciudad de México, se empiezan a hacer las investigaciones, cumpliendo los protocolos para el caso de la atención y toma de declaraciones, entrevistas de los menores que sean debidamente videograbadas, estuvimos en permanente contacto con las autoridades de Educación Pública Federal, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el propio DIF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evidentemente con la Procuraduría de la Ciudad de México.

A partir de eso y de las entrevistas pudimos obtener una orden de aprehensión. Se judicializa. Y obtuvimos una denuncia. Y ésta fue solicitada el 18, estamos hablando del día siguiente, el 18 de octubre. Se hace la solicitud de la orden de aprehensión y el día 19 nos las obsequian. Y compañía... y se ejecuta esta orden por parte de la Procuraduría, en compañía de la Policía Federal. Y se presenta ante el juez correspondiente y es vinculado a proceso.

Seguimos tomando las diversas declaraciones. Tenemos más de 25 denuncias formuladas correspondientes a, lamentablemente, 26 víctimas menores. Cada vez que se les enseñaba la fotografía de esta persona les sudaban las manos a las niñas. Ha habido un acompañamiento muy importante. La realidad es que dentro de las... nomás se ha hablado de defectos de la Procuraduría. Una de las grandes virtudes que tiene la Procuraduría es el equipo de psicólogos que tiene. Y con ese gran acompañamiento pudimos obtener de manera muy clara las declaraciones de estos menores abusados por esta persona. Y seguimos investigando para ver si existen mayores personas que hayan afectado a estos menores en el kínder.

Creo que sí. Decían que a lo mejor no había casos de éxito. Creo que éste es un caso de éxito, en donde de manera muy expedita pudimos actuar. Creo que tenemos en esta Fiscalía Especializada, Fevimtra, y el personal de psicólogos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos un área muy robusta. Y a la pregunta, diputada, creo que sí estamos preparados. Y es una muestra este caso de que sí estamos preparados en la Procuraduría General de la República para estos casos.

Respecto a los temas que también señalaba, pues sí, traemos una capacitación... Tenemos un problema muy fuerte en el Servicio Profesional de Carrera tanto en Ministerio Público, policías y peritos, potencializando a la Agencia de Investigación Criminal. Se le dotó de una academia para su formación. Antes se capacitaba de la misma forma a los Ministerios Públicos que a los policías. No lo entiendo por qué. Tendría que ser una capacitación diferenciada. Sí, con un gran componente en ambas carreras, o en las tres carreras, de respeto irrestricto a los derechos humanos, del Sistema Penal Acusatorio. Pero si en ciertas especialidades... no tendrían por qué tener los Ministerios Públicos clases de rapel. Ellos no son ese tipo de elemento... y desgastar capacitaciones.

Entonces hemos potencializado. Estamos cambiando la visión de la capacitación a través del servicio de carrera del Instituto de Formación Policial, Ministerial y Pericial. Y se me acabó el tiempo. Una disculpa. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Diputada Ximena Puente.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Gracias. Dos breves comentarios. Muchas gracias por los puntuales hechos que nos relata en atención del caso Marcelino de Champagnat. Y bueno, recordarle a la sociedad la importancia de la cultura de denuncia. El silencio es el principal aliado de la impunidad. Que nuestras instituciones están preparadas, que sabemos que es un camino que recorrer. Y también que una parte trascendental de la confianza en las instituciones es la actuación, insistimos, de cada una y cada uno de sus integrantes.

En este caso no solamente es responsabilidad del propio titular de la Procuraduría General de la República o del próximo fiscal general y de las próximas fiscalías especializadas, sino responsabilidad también de cada una y cada uno de los integrantes. Creo que tenemos un gran reto como Estado mexicano, un gran reto que seguramente la Comisión de Justicia dará puntual seguimiento. Y bueno, agradecer las intervenciones. Y también solicitar que la información que se ha pedido aquí también por escrito nos las hagan llegar a todos los integrantes, para tener estos datos compartidos y poder ser más precisos y asertivos en nuestras propuestas legislativas. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Doy el uso de la palabra a la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Lizbeth Mata Lozano: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. La actuación de la Procuraduría General de la República ha dejado mucho que desear en diversos casos, que repercuten profundamente no sólo al país sino en las entidades federativas. En lo que ha sido un contexto de corrupción y violencia asentadas en los estados, el PAN ha denunciado tanto por las vías formales como en medios de comunicación que se han solapado graves actos de corrupción en diversos estados. Entre ellos destacan Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nayarit.

Casualmente son entidades donde existe la alternancia política en las que se han dado a conocer actos de corrupción. En otros estados la presencia de la autoridad federal ha sido insuficiente en términos proporcionales a la gravedad de los hechos criminales suscitados. Tal es el caso de los estados de Guanajuato y Puebla, en los que la actividad del robo y tráfico ilícito de hidrocarburos ha perseverado afectando a la población, siendo un fenómeno criminal que tiene una tipología especial y formas de operación que llegan a ser de una violencia desbordada.

Por lo anterior, es indispensable y urgente que la ciudadanía conozca cuales el diagnóstico y la explicación que tiene que brindar el Ministerio Público Federal ante los fenómenos señalados. Específicamente me referiré a tres preguntas. ¿Cuál fue el motivo principal de la intervención de la PGR en el caso de la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, respecto a la triangulación de los recursos federales en los que se vieron involucrados servidores públicos federales y líderes partidistas cuando los bienes jurídicos tutelados por los delitos objeto de la investigación son del orden común?

La segunda pregunta ¿Cuál fue la razón de la intervención de la PGR para exonerar a Alejandro Gutiérrez, extesorero del PRI? Y tercera pregunta ¿Cuál es el estatus que guarda la tramitación de la extradición del exgobernador César Duarte?

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias diputada. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Diputada, muchas gracias por las preguntas. Le comento. Empezamos con el tema del señor Alejandro Gutiérrez, que fue la primera pregunta, las dos primeras se refieren al mismo caso. Nosotros no intervenimos directamente para poder atraer la investigación de esa persona Alejandro Gutiérrez. La Procuraduría no hace una facultad de atracción de la investigación, lo que sucede es, la Fiscalía del estado judicializa, vincula a proceso a esta persona junto con otros dos servidores públicos del estado, Tarín García y Villegas Madriles, están en dos etapas. Primero judicializa, si no mal recuerdo, a Tarín y a este señor Villegas, posteriormente judicializa a esta otra persona Alejandro Gutiérrez. Aunque es la misma investigación traen, están separadas por los momentos en que se vinculan.

Y el señor Alejandro Gutiérrez a través de su defensa, no la Procuraduría, la defensa de este señor, promueve un incidente de incompetencia por inhibitoria en un tribunal, ante el Poder Judicial de la Federación. Después de que se lleva este incidente, la autoridad judicial y llega hasta el amparo, y determina que la competencia es de la Procuraduría General de la República. Por eso y contestando a la primera pregunta, nosotros no tenemos ninguna injerencia, nosotros no hicimos una atracción como lo hemos hecho en otros casos donde sí se atrae o tampoco es un tema de incompetencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es una determinación judicial que nos manda el expediente en una etapa complementaria. Posteriormente, también sucede lo mismo con la otra investigación complementaria del señor Tarín y del señor Villegas.

Con la información que nos llega en base a la investigación complementaria por parte de las autoridades de Chihuahua, nosotros lo que empezamos a analizar es determinar el grado de participación, porque el señor Aguirre estaba por un peculado agregado en participación con estos dos personajes Tarín y el señor Villegas que están vinculados.

Y nosotros lo primero que hacemos es, primero, determinar si existe un daño o no, existe un daño. Dentro de las diversas declaraciones que se toman, diversos requerimientos de información que se generan ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también si no mal recuerdo a la Secretaría de Hacienda o de Finanzas del estado de Chihuahua. Nos dicen que por ese monto que había sido vinculado en un primer momento, no existía ninguna afectación y ningún daño, y tampoco se puedo acreditar que esta persona recibiera los recursos.

Motivo por el cual se determinó, y se hizo la determinación de la Procuraduría General del República. Sin embargo, en la determinación de la incompetencia por inhibitoria que nos llega de los casos de los dos servidores públicos o ex servidores públicos más bien del estado de Chihuahua, y ya ante las autoridades federales, hay una determinación que dice que se tiene que reponer el procedimiento a la audiencia de vinculación. Y que es lo que hace la Procuraduría, con todos los elementos y datos de prueba que había generado y que nos había llegado en base a la parte de la investigación complementaria, tanto de la Fiscalía en su momento de Chihuahua y de la Procuraduría General de la República, se les vinculó por peculado, ya no el peculado en términos del Código Penal del estado de Chihuahua, sino con el Código Penal Federal, en términos legales por ser la autoridad correspondiente, y por así determinarlo el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República.

Y en el caso de César, del exgobernador, creo que ya comenté rapidísima la parte de la extradición. Son 15 solicitudes, una orden federal, 14 locales; la procuraduría solamente tiene pendiente una de presentar, que nos la presentó la fiscalía hace dos, tres meses; 14 tomos que hay que traducir, estamos en el proceso de traducción, solamente nos queda uno por presentar, que nos acaban de presentar dos o tres meses, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, y están ya varias de ellas, en su mayoría.

Creo que la que falta, dos de nosotros, son tres las que le hacen falta –si no mal recuerdo–, cuatro, a la cancillería para presentarlas a las autoridades del otro país donde se encuentra. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputada Lizbeth Mata.

La diputada Lizbeth Mata Lozano: Gracias. En relación a esta última respuesta sobre la extradición del exgobernador César Duarte, es importante señalar que, en el caso del otro Duarte, y en el caso de Borges, la extradición ha sido relativamente rápida. En el caso específico de César Duarte de Chihuahua, como usted bien lo señala, tiene 15 órdenes de aprehensión, no se ha podido judicializar.

Su excompañero o exjefe, Cervantes, manifestó que había concluido la investigación. Hoy día nos manifiesta aquí, que la investigación no ha concluido, y a pesar de estas 15 órdenes de aprehensión, manifiestas por el estado de Chihuahua.

Es lamentable la falta, lo mucho que ha dejado a desear esta procuraduría, y la falta de resultados en este tema en específico. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Pasaríamos a la última intervención de esta ronda, de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada, hasta por tres minutos.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Un saludo al licenciado Alberto Elías, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República.

Yo diría que el principal aliado de la impunidad es una mala integración de un expediente, y la falta de responsabilidad, por hacerlo mal. La Auditoría Superior de la Federación, interpuso diversas denuncias derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2011-2015, en las que se detectó un sobreendeudamiento, y un daño patrimonial al estado de Veracruz, considerable.

Estamos hablando de un endeudamiento de casi 100 mil millones de pesos. Con fecha 15 de abril de 2017, Javier Duarte fue detenido y extraditado por el Gobierno de la República de Guatemala, derivado de diversas órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Existen diversas irregularidades en el proceso penal en contra de Javier Duarte, por parte de la PGR, por qué... en atender las denuncias que el Departamento Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación presentó en su contra, por presuntos desvíos de diversas dependencias, durante su primer año de gobierno.

Dichas omisiones provocaron que no se pudiera comprobar el delito de delincuencia organizada. Esta reclasificación de delitos permitió que se habilitara la figura de determinación anticipada del procedimiento penal previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal de la República.

Esta vía permitió que el juez condenara a Duarte a nueve años de prisión y decretó el decomiso de alrededor de 41 inmuebles relacionados con las operaciones ilícitas y al pago de una multa de 60 mil pesos, lo que nos parece una burla a las víctimas silenciosas del estado de Veracruz, al quebrantar el espíritu de la ley, al manejarse un proceso endeble. Aquí las dudas surgen respecto de por qué la procuraduría aceptó su procedimiento abreviado, pareciendo con ello, el defensor de oficio de Duarte.

Asimismo, se debe cuestionar a la procuraduría, de por qué no lograron articular una acusación sólida, cuando no contaba con los medios de prueba suficiente del delito de delincuencia organizada, y omitió denuncias de la Auditoría Superior de la Federación que otorgaban medios de convicción para este delito.

Es negligente el actuar de la procuraduría, y lesiona gravemente el Estado de derecho, al omitir su obligación constitucional de procurar justicia a los ciudadanos del estado de Veracruz dejando impunes los graves delitos cometidos por Javier Duarte.

La procuraduría no pudo haber recuperado la reparación del daño total, al acusar por el delito de peculado, por tratarse de un ilícito –ya termino–, por tratarse de un ilícito donde se debe reintegrar los mismos montos de la afectación.

Y terminaría preguntándole directamente al encargado de despacho por qué se atrevió a solicitar la extradición por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, y después no logró acreditarlos. ¿Y no le parece que hay una responsabilidad de parte de usted justamente por no haber acreditado plenamente estos delitos?

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Muchas gracias. Le contesto la última pregunta. Sí, efectivamente llevé el procedimiento de extradición del señor Javier Duarte en base a una orden de aprehensión que se había obtenido en 2016, antes de que estuviera como subprocurador y menos como encargado del despacho. No se podría hacer nada para poderlo ajustar el tipo penal para una correcta acusación. El momento procesal oportuno es precisamente en la acusación en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue lo que correspondió y fue lo que se realizó.

Y a mí sí me gustaría aclarar, pensaría todo mundo que los nueve años, los 990 días multa que le fijó la autoridad judicial, en términos del tipo penal que está en el Código Penal Federal, más el decomiso, ya se acabó la investigación del señor Javier Duarte. Ese es solo un hecho que se investigó respecto al señor Duarte y que la investigación continúa porque –siguen teniendo– existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y diversos procedimientos de extradición.

Pero eso no quiere decir que se haya eliminado con esta sentencia, en un procedimiento abreviado, de todas las demás denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Son cosas y casos distintos. ¿Sí?

Si en las diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, que –como les comentaba– básicamente son alrededor de unas 68 denuncias, perdón, son más denuncias, si 68 denuncias relacionadas con el tema de Veracruz de la Auditoría Superior de la Federación, y de ellas han ya judicializado 4 y seguimos investigando, en donde les había comentado que alrededor de 27 si no mal recuerdo son –sí, 27– averiguaciones previas y el resto son carpetas de investigación, no por esa sentencia significa que ya no se está investigando las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con diversos ejercicios o diversas cuentas públicas del gobierno de Veracruz. Son cosas distintas.

Se sigue haciendo la investigación. Se han judicializado, de las 68, 4 carpetas de investigación. Adicionalmente se han investigado otros temas que se tienen, son alrededor de 109 carpetas relacionadas con Veracruz, no nada más sumando a otras dependencias que han presentado denuncias vinculados con el tema de Veracruz.

Entonces, sí son cuestiones totalmente distintas. Entonces, no. Precisamente, ¿sí hay más desfalco al gobierno de Veracruz, a los veracruzanos? Es correcto, por eso se han judicializado cuatro carpetas más. Seguimos tratando de recuperar todo lo que se le ha quitado a los veracruzanos, pero por supuesto que seguimos haciendo la investigación.

No es que todos, esas cantidades que denuncia la Auditoría Superior de la Federación, se han concluido. Todas esas investigaciones se concluyeron con esta sentencia de un procedimiento abreviado. Es de un tema, de un solo tema que correspondía al desfalco por cuatrocientos ochenta y tantos millones por la compra de 21 parcelas en Campeche.

Eso es una investigación, como hay 68 más investigaciones respecto de diversos posibles desfalcos o desvío de recursos en Veracruz. Son cuestiones distintas. Por eso en un momento no se determinó una reparación del daño, porque ya estaba reparado por esas 21 parcelas. El resto se sigue investigando y se siguen integrando con las dificultades que, como ya se señaló, muchas de ellas en la parte de las 27 averiguaciones previas tenemos una dificultad de con quién vamos a ir a solicitar de manera legal con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte a qué autoridad vamos, si no hay una autoridad que se haya determinado.

En la pate del resto, pues –como lo hemos señalado– a partir del convenio que se celebró de cooperación con la Auditoría Superior de la Federación y lo que hemos venido trabajando, y –como se señaló– que fuimos a Veracruz con la Secretaría de Hacienda de Veracruz, la de Finanzas, la Auditoría, hemos podido regularizar mucho de estas carpetas que son las que se han venido judicializando y seguimos trabajando de la mano con la Auditoría Superior de la Federación. Y hemos ofrecido criterios de oportunidad para buscar el nivel más alto en todo esto denunciado por la Auditoría. Muchas gracias. Y una disculpa por el tiempo.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Para formular la réplica por parte del Grupo Parlamentario de Morena, hará uso de la palabra Rubén Terán Águila.

El diputado Rubén Terán Águila: Licenciado Alberto Elías, la verdad es que ha sido muy noble esta comparecencia por falta de información que tenemos los diputados. Está reunión de trabajo, así denominada.

Entiendo que no todo es su responsabilidad, porque como bien dijo, llegó y mucha de la investigación ya estaba conformada y obviamente, como bien lo comentó, y como abogado entiendo, que hay términos importantes y que definen a final de cuentas una investigación.

Pero yo le preguntaría, señor encargado, dígame usted a quién corrió al darse cuenta de la ineficacia de muchos de los colaboradores de las porquerías que armaron porque es el término. Realmente está en la cárcel la gente que no tiene dinero, están en la cárcel quienes no tienen padrino político. Esa es la realidad de este país y usted, en verdad lo lamento, porque estuve estudiando su carrera profesional, lamento que haya llegado a PGR y lamento que pase a la historia como un encajado que no llegó a resolver prácticamente nada. Usted y su equipo, porque esa es la realidad.

Imagínese lo que dirán los padres de los niños que murieron de cáncer con estas argumentaciones suyas, comprendo que no es una sola cuestión, licenciado; pero quiero decirle algo, no tememos a las investigaciones de la Auditoría, a las denuncias, tememos a la capacidad de la integración de las mismas de ustedes. De manera afortunada cambia este gobierno, de manera afortunada para todos.

En verdad quiero decirle que pasamos a la historia no resolviendo lo de Tlatlaya, no resolviendo lo de Atenco, no resolviendo lo de Ayotzinapa, no resolviendo lo de los gobernadores corruptos. Así es como pasamos a la historia con este sexenio. Esa es la realidad.

Lo lamento por usted, porque tomó un cargo que desde mi punto de vista, no debió haber tomado o por ética profesional, tuvo que haber desistido de ese encargo, señor licenciado.

Lamento mucho, en verdad, esta reunión de trabajo que hubiera sido más fructífera en otros momentos con mayor información. Lo único que alabo es que estamos a pocos días de que hagamos una nueva forma de gobierno. No descartamos también que en esa comisión especial pidamos...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Tiempo.

El diputado Rubén Terán Águila: Concluyo presidenta, pidamos también se juzgue a los funcionarios que no hicieron bien su trabajo, porque también son responsables, son servidores públicos, son funcionarios públicos y, por supuesto, que tiene responsabilidades. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Ha concluido las fases de las rondas conforme al acuerdo y conforme al mismo han solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos los siguientes diputados:

La diputada María Elizabeth García García, del Grupo Parlamentario de Morena; El diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI. El diputado Rubén Terán Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena y la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia, tiene la palabra para rectificación de hechos la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena. El formato, diputados que nos dimos y que acordamos en la comisión fue que estás rectificaciones de hechos se dieron justamente para privilegiar la participación de las diputadas y los diputados en este ejercicio. Sin embargo, también acordamos que por el número permisible de diputados pues ésta fuera por un minuto.

Entonces rogándoles que pudieran ser puntuales con sus intervenciones para respetar lo que nosotros mismos acordamos en el formato que hicimos público. Le doy la palabra a la diputada María Elizabeth Díaz García.

La diputada María Elizabeth Díaz García: Buenas tardes a todas y a todos. Queda claro y demostrado que en este país no existe la justicia, ha existido la impunidad y la simulación.

Licenciado Alberto Díaz, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de enero a julio de 2018, se cometieron 469 feminicidios en el país. Y, por lo tanto, le pido que informe a esta comisión cuántos de esos 469 casos están siendo investigados por la Procuraduría que usted dirige. También en cuántos casos de niñas y mujeres desaparecidas o con reporte de extravío, en cuya búsqueda se haya aplicado el Protocolo Alba o haya intervenido la Procuraduría que usted dirige, se ha logrado su localización de octubre de 2017 a octubre de 2018.

Termino. Cuántos casos de desaparición están ligados a la trata, al tráfico de órganos o a la... ilegal. Porque si no hay justicia, mucho menos hay justicia para las mujeres y para las niñas violadas, víctimas de feminicidio y de trata. Gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rubén Cayetano García: Gracias, presidenta. Encargado de la Procuraduría, ya me habían dicho que además de fantoche era usted prepotente. Yo le hice una puntual petición... No me interpelen, por favor, porque me restan mi tiempo...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Adelante. Nada más pedirles que con respeto.

El diputado Rubén Cayetano García: Con respeto. Yo le hice una puntual petición. Usted sabe muy bien, de acuerdo con nuestra programación, que tiene el derecho de rendirme un informe por escrito. Sin embargo, me interpela. Nada más le aclaro que con todo respeto para los Ministerios Públicos, nosotros no somos Ministerio Público, nosotros somos parte, como Comisión de Justicia, de una soberanía. Entonces le pido respeto, porque nosotros tenemos la última palabra en este tipo de ejercicio republicano.

Resumo en cuantas. El caso Duarte, con que acusó la Secretaría de Hacienda, el gobierno de Veracruz, y ustedes investigaron, y juzgó el Poder Judicial. Todos corruptos. Y por eso es que este caso fracasó, se les cayó, se les fue. Por eso es, por la corrupción. Y solicitamos nosotros obviamente que se actúe en consecuencia contra los malos servidores públicos...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputado.

El diputado Rubén Cayetano García: Nada más para terminar, diputada presidenta. Le voy a recomendar un libro. Se llama El jurista y el simulador del derecho, porque se la llevó usted en pura justificación y en puras disculpas...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Concluya, por favor.

El diputado Rubén Cayetano García: Es de Burgoa Orihuela, de Editorial Porrúa. Porque es usted un extraordinario simulador del derecho. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Diputado. Pasamos ahora al turno para hechos de la diputada María Teresa... Perdón, del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidenta. Gracias a todos. Primero agradezco sus respuestas, subprocurador. Sé que algunas de las preguntas no estaban relacionadas con el área de la competencia de ustedes, pero agradezco. Reconozco la disminución de delitos en mi entidad, 85 por ciento menos homicidios. Creo que ahí la PGR fue... sus distintos delegados que tuvimos ahí fueron muy importantes.

También fue importante conocer algunos datos que la opinión pública no rescata sobre temas. El caso de Odebrecht, pues uno ve lo que hacen otras entidades, otros países, pero no saben el costo de los arreglos a los cuales están llegando allá. Creo que fue muy importante.

Y la última cosa es que creo que queda para todos nosotros que la ley pone limitantes a la actuación en los tipos delictivos, en los procedimientos. Creo que va a ser sano para nosotros revisar esos tipos delictivos si es que queremos corresponder a la exigencia que hoy nos hace la autoridad. Pero entiendo obviamente la limitante que le ponen al Ministerio Público. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Les informo también que ha declinado su participación el diputado Rubén Terán Aguilar. Y, en consecuencia, le doy la palabra a la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Teresa López Pérez: Muy buenas tardes a todos. Yo nada más quiero comentar en este momento que tengo que realmente me siento avergonzada de ver cómo está nuestro país en cuanto a justicia. Aquí más parece que estamos de luto, en un dolor. Si nos vemos, casi todos estamos de negro, no sé por qué será. Pero, la verdad, duele que nuestro país esté tan deteriorado en cuanto a justicia.

No solamente en este nivel de justicia que estamos aquí abordando sino en general. Nuestro país está realmente descompuesto, deteriorado, violado en cuanto a la justicia. Yo solamente quiero señalar que entre todo lo que se tocó aquí de injusticia que estamos viviendo, quizá faltó tomar una más: todas las agonías, todas. Inclusive tengo un cuñado desaparecido desde hace cinco años, en Jalisco, y a mi hermana realmente le dijo el jefe de policía de Guadalajara: “Señora, ya no siga buscando, porque tiene dos hijos más. Aquí no tenemos más que tantas patrullas, 20, y no nos alcanzan para todo el estado y para ir a recorrer a ver dónde quedó su esposo”.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Le pedimos que concluya, diputada.

La diputada María Teresa López Pérez: Con esto quiero concluir y quiero decirles solamente que en cuanto a justicia de este gobierno de Peña Nieto están reprobados. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Le doy la palabra al diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Edgar Guzmán Valdez: Muy buenas tardes, licenciado Alberto Elías Beltrán. De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2018, de enero a diciembre de 2012 el estado de Puebla, de donde soy representante, se cometieron 234 delitos contra la salud, y además, mil 167 delitos tipificados en el Código Penal Federal, lo que da un total de mil 401 delitos reportados.

Sin embargo, para 2018, que aún no concluye, la estadística arrojada por el gobierno es de enero a septiembre. Además de delitos a la salud, los delitos federales arrojaron un total de 3 mil 822, lo que implica un crecimiento de 172 por ciento en delitos federales.

Mi pregunta es: el tiempo que le queda al frente de esta institución, que afortunadamente ya es poco, ¿cuáles serán las medidas que usted tomará para reducir el delito y su reincidencia en materia federal? ¿Cuáles tomó y por qué estos son los resultados?

Ya no queremos más Duartes, nunca más otro caso como Ayotzinapa. No más feminicidios, no más impunidad. Exigimos justicia. En sus manos estuvo la gran oportunidad de devolvernos la confianza respecto a la impartición de justicia, pero mientras eso pasa, todos los casos no resueltos o mal resueltos quedarán inscritos en el muro de la ignominia y la impunidad. Y este gobierno...

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Concluya, diputado.

El diputado Edgar Guzmán Valdez: ... pasará a la historia, la cual será la encargada de juzgar su actuar. Concluyo. En Morena tenemos confianza en que la nueva administración federal permita una auténtica autonomía a la Fiscalía General de la República y contrarreste los índices delictivos señalados por el propio gobierno federal en turno. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Le doy la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Sí. Licenciado Alberto Elías, agradecerle la apertura y la disposición que ha mostrado usted para responder todos los cuestionamientos que hemos estado realizando durante esta reunión de trabajo.

Asimismo, rogarle, como lo hizo la diputada Jimena, que la información que se ha solicitado nos la puedan enviar a todos y cada uno de nosotros, de los miembros, puesto que nos va a servir mucho para desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, impulsar la Fiscalía, por supuesto autónoma, y tratar de fortalecer aún más todo el tema del nuevo sistema de justicia.

Particularmente, de las reformas que ustedes ya tengan detectadas que requiere el Código Nacional de Procedimientos Penales y las diversas leyes por las cuales ustedes se rigen. Le agradecemos muchísimo su apertura y muchas gracias por estar aquí.

El funcionario Alberto Elías Beltrán: Al contrario, muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputada. Le doy la palabra al diputado David Orihuela, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado David Orihuela Nava: Muy buenas tardes, de nueva cuenta. Encargado del despacho, nada más hacer un comentario específico sobre un tema de la tala clandestina. Yo vengo de un municipio del estado de México, que se llama Ocuilan. Están acabando con nuestros bosques, y esto afecta ecológicamente todo nuestro ecosistema.

Yo estoy trabajando en una iniciativa de ley de reforma al artículo o 419 del Código Penal Federal, y sí quisiera que me dijera por escrito, qué se ha hecho hasta el momento, para combatir este delito de la tala clandestina, para trabajar más en forma sobre esta iniciativa que estoy trabajando ya, en estos momentos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Agotadas las intervenciones de los señores y señoras diputadas, solamente me resta señalar, que efectivamente, nos faltó información. Vamos a reiterar, porque fue un acuerdo de la Comisión de Justicia, la petición de que se nos dé información en el caso específico del exgobernador de Veracruz, Duarte.

Y también, aquí han quedado algunas preguntas sobre la mesa, que por el tiempo y el formato no ha sido posible de contestar y por lo que también le encargamos al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, se las haga llegar a los diputados que las formularon, y a esta comisión.

Creo que es algo muy importante en el momento justo en el que está iniciando esta legislatura, y que no solamente tiene que ver con un ejercicio válido de rendición de cuentas, sino también tener un panorama de cómo termina este sexenio en procuración de justicia, y cuáles son los retos que tenemos por delante, en materia legislativa.

La presidenta diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Agotada la lista de intervenciones, esta Presidencia da por concluida la reunión de trabajo con el ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República ante esta soberanía, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradecemos, a todos, su asistencia, y se levanta esta reunión. Muchas gracias, muchas gracias.

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