Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:22 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 18 de diciembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite veintiséis Proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con el que remite solicitud para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de noviembre de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2011.

Minuta

Con proyecto de decreto que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.   (Turno a Comisión)

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 31, fracción III y 42, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el noveno párrafo del artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los Senadores Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128, y adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Dispensa de trámites, discusión y votación)

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.(Dispensa de trámites, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De ley o decreto

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas a favor de los usuarios de créditos con adeudos.

De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo federal, proponer un programa especial para el desarrollo de la región Sur-Sureste.

De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Social para que implementen un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

De las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, instruir a los funcionarios que tienen dignamente a su cargo a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita y publique a la brevedad el Reglamento de Ley General de Turismo.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minuta

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. (Se desecha)

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. (Se desecha)

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de salud. (Se desecha)

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo. (Se devuelve al senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 Constitucional)

Agenda política

Comentarios relativos al 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Ma. del Rosario de Fátima Pariente Gavito y suscrita por la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 60 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, suscrita por los diputados Alejandra López Noriega, Isaías Cortés Berumen y José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 4o. y 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado y suscrita por la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 368 Quáter del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una Comisión Organizadora de dicha conmemoración, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o., 14 y 20 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Rita Pérez de Moreno”, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., y 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la SE y de la Sagarpa, para solucionar la crisis que padecen los productores de maíz, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SSA, se intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sectur, para que apoye el proyecto de recuperación del Barrio de Tacubaya, en la Delegación Miguel Hidalgo, del Distrito Federal, a fin de convertirlo en un Centro Turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes, a cargo del diputado Agustín Barrios Gómez Segués, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a respetar el derecho al usufructo de los habitantes de la Colonia Cardenales, en Papantla de Olarte, Veracruz, en relación a la explotación del Pozo Miguel Alemán y no permitir que personas ajenas al municipio se adueñen de un terreno comunitario, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que declare la última semana de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, y para que México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, en materia de Seguridad Social, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instancias correspondientes del Gobierno Federal, para que conjuntamente con las autoridades del Gobierno del estado de Puebla y de diversos municipios, evalúen los resultados de las estrategias de atención a la Cuenca Hidrológica del Río Necaxa, a cargo de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Profepa, de la Semarnat, y del Gobierno del estado de Quintana Roo, para negar la autorización del proyecto “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas”, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

MARIA DEL CARMEN RUIZ CARAZA

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (desde la curul): Gracias, señor presidente. En representación del diputado Arturo Escobar, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde, y en nombre de mis compañeros diputados de la misma fracción, quisiéramos solicitarle un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la señora María del Carmen Ruiz Caraza, esposa de nuestro compañero diputado Federico González Luna Bueno, a quien le reiteramos nuestro más cordial y sincero, sensible pésame, y el apoyo de todo el grupo parlamentario por este sensible fallecimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No estando normado el carácter de los minutos de silencio, esta Presidencia lo concede y le envía a nuestro muy querido y buen amigo, Federico González Luna Bueno, deseos por su pronta resignación, en virtud del lamentabilísimo fallecimiento de doña María del Carmen Ruiz Caraza.

(Minuto de silencio)

Continúe la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves trece de diciembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con tres minutos del jueves trece de diciembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Salvador Ortiz García, por la que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona el artículo treinta y nueve, numeral dos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veinticinco de septiembre de dos mil doce, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) Del Congreso del estado de Guerrero, con la que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos para la generación de empleo a través del Servicio Nacional del Empleo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

c) De la Cámara de Senadores:

• Con el que remite un acuerdo y catorce proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por los senadores Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada, y Dolores Padierna Luna. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma las fracciones primera, tercera, y cuarta del artículo octavo. de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con la que remite Minutas con proyecto de decreto:

– Que reforma el quinto párrafo del artículo diez de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, reforma los artículos Primero y Tercero Transitorios del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil nueve. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía, para dictamen.

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que la Minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, con fundamento en el artículo ochenta y dos, numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución, y se le dispensan todos los trámites, y se somete a discusión de inmediato. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus grupos parlamentarios a los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; y Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto, e intervienen en contra los diputados Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, quien presenta propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima segunda;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, quien presenta propuesta de modificación al artículo veintisiete, último párrafo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien presenta propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima segunda, quien acepta interpelación del diputado José Rangel Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.

A las once horas con treinta y un minutos por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y dos diputadas y diputados.

Intervienen en pro los diputados Amalia Dolores García, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, y Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. Agotada la lista de oradores, en votaciones económicas no se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por los diputados Juan Luis Martínez Martínez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, ambos del Movimiento Ciudadano; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quedando en los términos del dictamen. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular, excepto el artículo veintisiete, fracción décima sexta, y el último párrafo del mismo artículo, por cuatrocientos veintitrés votos a favor; treinta y ocho en contra; y cuatro abstenciones. Separados para su votación nominal, se aprueban la fracción décima sexta, y el último párrafo del artículo veintisiete, por doscientos veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra; y ciento noventa y cinco abstenciones.

Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Puntos Constitucionales, que reforma los párrafos primero y último del artículo veinticinco, primero y tercero del apartado A del artículo veintiséis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus grupos parlamentarios a los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Antonio Cuéllar Sttefan, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional; y Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo veinticinco, primero y tercero del apartado A del artículo veintiséis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuatrocientos treinta y dos votos a favor; y seis abstenciones. Pasa a las Legislaturas de los Estados, para los efectos del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Derechos Humanos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Miriam Cárdenas Cantú. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; y Rodimiro Barrera Estrada, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace propuesta de modificación al artículo tercero, la cual en votación económica no se admite a discusión. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y tres votos a favor. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos y se someten a discusión los dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de:

a) Derechos Humanos, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, a publicar el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizar su legislación con base en este ordenamiento jurídico. Intervienen en pro los diputados Gabriel Gómez Michel, del Partido Revolucionario Institucional; y Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

b) Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integrada el maltrato infantil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Alberto Anaya Gutiérrez. Intervienen en pro los diputados: Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional; y Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, garantice la aplicación del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio del interés superior de la niñez. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Intervienen en pro los diputados Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; y Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

c) Energía, por los que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que en los procesos de licitación de construcción de su flota, privilegie a la Industria Naval Mexicana. Intervienen en pro los diputados Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; y Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

d) Relaciones Exteriores, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar las acciones necesarias para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con los Estados Unidos de América. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Adriana González Carrillo. Intervienen en pro los diputados: Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Segués Agustín Barrios Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional; y Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, por el que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo catorce Bis de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Ramo del Petróleo. Interviene en pro la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica, se aprueba el punto de acuerdo. Archívense el expediente como asunto totalmente concluido.

Se da cuenta con Comunicación de la Mesa Directiva, con relación a modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, el veintisiete de noviembre de dos mil doce. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

• Por la que informa de cambios en Comisiones. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por la se propone que la Cámara de Diputados exprese su anuencia para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, trabaje en conferencia con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Senadores. Sin oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, relativo al probable desvío de recursos públicos llevado a cabo por el vigésimo Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados. En votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones de los siguientes diputados, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas, con proyecto de decreto de los diputados:

• Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma los artículos sesenta y uno, ciento diez, y ciento once, y deroga el artículo ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo cincuenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y uno, y ochenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que fortalezca la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, para facilitar trámites a favor de los mexicanos residentes en el extranjero, que visitan nuestro país durante la época decembrina. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján y suscrita por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, emitan el dictamen favorable del Convenio ciento ochenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo, así como para hacer pública la información del estado que guarda su procesamiento. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se atienda debidamente su nueva competencia, en materia de Derechos Humanos Laborales. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, para que en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, aplique las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

La Presidencia anunció que se recibirá el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, mismo que será publicado y difundido de inmediato, para efectos de declaratoria de publicidad, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de tal manera que en la sesión del próximo martes, el Pleno esté en condiciones de discutirlo.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes dieciocho de diciembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con un minuto.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe.

DICTAMENES NEGATIVOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Derechos Humanos

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la instalación de un grupo de trabajo que dé seguimiento a los derechos violentos suscitados el l0 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar, así como el incremento de la violencia en el istmo de Tehuantepec generada por la instalación y operación de parques eólicos.

Turismo

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que elabore una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, Guanajuato, Pueblo Mágico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la instalación de un grupo de trabajo que dé seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar, así como al incremento de la violencia en el istmo de Tehuantepec generada por la instalación y operación de parques eólicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 16 de octubre de 2012, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, numeral 4, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita la instalación de un grupo de trabajo que de seguimiento a los hecho violentos suscitados el 10 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar, así como del incremento de la violencia en el Istmo de Tehuantepec, generada por la instalación y operación de parques eólicos,

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo propuesto consta de cuatro objetos. El primero es la instalación de un grupo de trabajo plural, designado por el pleno de la Cámara de Diputados, que dé seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar. El segundo es fijar la competencia de dicho grupo indicándose que tendrá por objeto la aplicación de acciones efectivas que se materialicen en la disminución de la violencia en el istmo de Tehuantepec, generados por la instalación y operación de parques eólicos en la región. El tercero, pretende que el grupo de trabajo colabore en las acciones llevadas a cabo por la comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en el istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, en caso de ser aprobada la creación de ésta, o de cualquier otra que tenga un objetivo similar. Finalmente, como cuarto eje se exhorta a las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca a investigar en el ámbito de sus respectivas competencias si ha habido violación de derechos humanos fundamentales en el istmo de Tehuantepec como consecuencia de los hechos violentos generados por la instalación y operación de parques eólicos.

Consideraciones

Esta Comisión de Derechos Humano cree conveniente señalar los siguientes aspectos:

El 15 de abril de 2011 el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca realizó una reforma a su Constitución. Dicha reforma constituye una de las más avanzadas no sólo en el país sino a nivel regional pues toca temas vinculados inherentemente con los derechos humanos que colocan a la legislación estatal en un muy adelantado nivel. Cabe señalar que dicha reforma se llevó acabo incluso antes que la reforma federal en materia de derechos humanos (reforma de 10 de junio de 2011).

Dentro de las figuras que incluyó la reforma a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se encuentran: la iniciativa preferente, el principio de reconducción presupuestal, el principio de austeridad y gasto eficiente, el control de confianza, el fortalecimiento a los órganos autónomos, el Cabildo en Sesión Abierta, la revocación del mandato a nivel gobernador (por violaciones granes a los derechos humanos), la creación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y, la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Es de reconocer los avances que se han realizado en el Estado de Oaxaca en este sentido y su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, tal cual lo demuestra la reforma en cuestión al crearse la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esta Defensoría no sólo fue una figura creada en la Constitución local sino que hoy en día se encuentra plenamente en funciones y se reglamenta por la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Dentro de las múltiples facultades concedidas a este organismo público autónomo se encuentra la de investigar la presunta violación a los derechos humanos cometidos en el territorio del Estado (artículo 5 y 13). Además, se dispone de un procedimiento interno para los trámites correspondientes (artículo 44 y 58).

En lo que respecta a la proposición con punto de acuerdo bajo estudio, debe de señalarse que en la misma no se señala procedimiento alguno que se haya seguido ante este órgano constitucional (localmente) autónomo ni ante ninguna otra autoridad con competencia en la materia, tal como pudieran ser los órganos dependientes del poder judicial del Estado de Oaxaca o, incluso la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por verse involucrados en este conflictos pueblos indígenas.

Debe de señalarse, además, que los hechos a los que se refiere la proposición con punto de acuerdo, tuvieron ocasión el día 10 de octubre de 2012, es decir, relativamente hace poco tiempo. En un espíritu de colaboración con los diferentes niveles y órganos del Estado mexicano, se considera conveniente que estos temas sean resueltos en el ámbito interno de la entidad federativa. Evidentemente se considera que los derechos humanos son una cuestión que competen a todos, no sólo autoridades municipales, locales o federales, sino inclusive a la comunidad internacional de Estados. Sin embargo, es también reconocido que el ámbito de protección, por excelencia, de los derechos humanos debiera de ser el interno y, en el caso del estado de Oaxaca el local. En este breve tiempo que ha transcurrido desde los hechos en comento no pude llegarse a concluir la existencia de denegación de justicia, parálisis estatal, negligencia de parte de las autoridades u otra situación semejante. Es por esta razón que consideramos conveniente que se acuda a los órganos internos de protección de los derechos humanos y se desarrollen los procedimientos que al efecto se tienen previstos.

Debe de señalarse, además, que los hechos a los que se refiere la proposición con punto de acuerdo ocurrieron el día 10 de octubre de 2012, es decir, relativamente hace poco tiempo. En un espíritu de colaboración con los diferentes niveles y órganos del Estado mexicano, se considera conveniente que estos temas sean resueltos en el ámbito interno de la entidad federativa. Evidentemente se considera que los derechos humanos son una cuestión que competen a todos, no sólo autoridades municipales, locales o federales, sino inclusive a la comunidad internacional de Estados. Sin embargo, es también reconocido que el ámbito de protección, por excelencia, de los derechos humanos debiera de ser el interno y, en el caso del estado de Oaxaca el local. En este breve tiempo que ha transcurrido desde los hechos en comento no puede llegarse a concluir la existencia de denegación de justicia, parálisis estatal, negligencia de parte de las autoridades u otra situación semejante. Es por esta razón que consideramos conveniente que se acuda a los órganos internos de protección de los derechos humanos y se agoten los procedimientos que al efecto se tienen previstos.

De la misma manera, de lo expuesto en las consideraciones presentes en el punto de acuerdo bajo estudio, no se constata que el incremento de la violencia tenga por causa inmanente la instalación de parques eólicos en la región y esta Comisión de Derechos Humanos carece de facultades jurisdiccionales para pronunciarse al respecto. Por esta razón no puede aprobar una resolución en la que se prejuzgue al respecto señalando que “el grupo de trabajo propuesto tendrá por objeto la aplicación de acciones efectivas que se materialicen en la disminución de la violencia en el istmo de Tehuantepec, generada por la instalación y operación de parque eólicos en dicha región”.

Por otro lado, en el tercer punto de los resolutivos propuestos en el punto de acuerdo se busca que el grupo de trabajo que se constituya, coadyuve con la “comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en la región del istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona”. La propia diputada proponente reconoce que dicha comisión no ha sido creada y advierte la posibilidad de que no lo sea, aún y cuando se pueda trabajar con cualquier otra que tenga un objetivo similar. Al respecto, esta Comisión de Derechos Humanos tampoco puede pronunciarse sobre este punto pues desconoce sí se creará o no la referida comisión especial y si existirá otra que tenga objetivos similares a los señalados.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se considera inviable y se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la instalación de un grupo de trabajo que de seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar, así como del incremento de la violencia en el Istmo de Tehuantepec, generada por la instalación y operación de parques eólicos, en virtud de no haberse acreditado denegación de justicia alguna por parte de los órganos locales con competencia para conocer de estos asuntos.

Segundo.Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica en contra), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Turismo, por el que se dese-cha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a elaborar una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, Guanajuato, Pueblo Mágico

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis, proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que elabore una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, declarado pueblo mágico, ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el presente dictamen a partir de los siguientes

Antecedentes

A la Comisión de Turismo le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que contiene proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo elabore una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, declarado pueblo mágico, ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato, a cargo de la diputada Bea-triz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con fecha 15 de noviembre de 2012.

La proposición fue recibida en esta Comisión de Turismo y socializada con todos y cada uno de los integrantes de la misma, así como para la realización del presente documento, se tomaron en consideración las opiniones de las diferentes instancias involucradas.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora emite el presente documento con la finalidad de presentar a esta honorable soberanía, una resolución clara y con posibilidades de ser deliberada y votada, habiéndose realizado el adecuado estudio debido y en razón, funda su resolución.

Consideraciones

El sector turístico en México está considerado como la tercera fuente generadora de divisas, sólo después del petróleo y las remesas, y está llamado a ser la segunda fuerza, ya que a diferencia del petróleo este es sustentable y tiene la característica de dar empleo sin distinción de género, situación geográfica o condición social.

Cabe mencionar que actualmente, de cada dólar que entra a México por divisas de turismo, 44 centavos son generados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo el cual se encuentra hasta ahora bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y por cada millón que invierte el órgano, genera 981 empleos directos y 314 empleos indirectos. Para ello no sólo se debe consolidar la oferta turística existente, sino que se requiere ofrecer más y mejores servicios de turismo tales como transporte, telecomunicaciones, comercio, entretenimiento y alimentación, entre otros, por lo que es necesario que la política pública mantenga a este sector como una actividad prioritaria del estado.

Las principales demandas del país van encaminadas a que al turismo se le siga dando la importancia que hasta hoy ha tenido, y que se posicione al país como uno de los líderes en el mercado regional y mundial, explotando de forma adecuada y sustentable sus recursos naturales y culturales para el desarrollo regional sustentable.

Mineral de Pozos es un poblado ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato. Pozos fue un asentamiento sumamente importante en la antigüedad, famoso por los yacimientos de oro, plata, mercurio, cobre y otros metales.

El desarrollo minero de la zona tuvo un crecimiento paralelo en actividades comerciales. Sin embargo, la bonanza desapareció con el estallido de la Revolución Mexicana y la falta de dinero, lo que provocó el éxodo masivo a otros centros de trabajo, y motivó el abandono total del pueblo. No hace mucho tiempo Mineral de Pozos era considerado un pueblo fantasma, pues las oportunidades de empleo en la zona eran escasas.

En los meses recientes, San Luis de la Paz fue una de las regiones más afectadas por la sequía que azotó al campo mexicano, lo que provocó una crisis en el municipio, ya que las personas residentes del lugar basan su economía en el cultivo del temporal.

En febrero pasado la Secretaría de Turismo, con el apoyo del gobierno estatal declaró pueblo mágico a Mineral de Pozos, con la extraordinaria oportunidad de dar a conocer su historia y costumbres.

Materia de la proposición

Para que el nombramiento de pueblo mágico sea una esperanza para los pobladores de este hermoso lugar, para que se fortalezca su economía a través de la generación de empleos, se contribuya a preservar sus tradiciones y a su vez se incremente los flujos de turismo nacional e internacional es que se requiere que la Secretaría de Turismo (Sectur) elabore una campaña de difusión de la entidad y en especifico para la localidad de Mineral de Pozos.

Consideraciones de la comisión

El turismo, hoy en día constituye una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico local, regional y nacional. Esta actividad contribuye a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y culturales.

Existen localidades que aun en un nivel prematuro de desarrollo turístico, por sus atributos históricos, naturales, culturales, tradicionales, gastronómicos, arquitectónicos, por mencionar algunos, cuentan con una gran oportunidad y potencialidad para convertirse en un importante receptor de visitantes nacionales y extranjeros. Lo anterior, es el caso de Mineral de Pozos, localidad del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, que el pasado 16 de febrero del presente año recibió su nombramiento formal como integrante del programa Pueblos Mágico de México.

El Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, en su capítulo 3, Objetivos, Indicadores y Metas establece que “Las políticas públicas para el desarrollo del turismo crean las condiciones para que los turistas consuman la oferta existente o que sea pertinente desarrollar, en virtud de que tiene un valor para los mercados y las diferentes prácticas turísticas”. Asimismo, en su capítulo 4, Estrategias y Líneas de Acción, se estipula que se debe de “Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales”.

En el artículo 4, fracción II, del título II, capítulo I de la Ley General de Turismo se estipula que el promover, a través del Consejo de Promoción Turística de México, la actividad turística a nivel nacional como internacional es una atribución de la Secretaría de Turismo. Asimismo, esta ley, dentro del título cuarto, capítulo i, artículo 38 estipula que la secretaría, determinará las políticas que aplicará a través del Consejo de Promoción Turística de México.

Bajo estas premisas, la Secretaría de Turismo tiene la tarea de orientar la política turística hacia el desarrollo y consolidación de destinos turísticos como los son las localidades integrantes del Programa Pueblos Mágicos de México. Aun más especifico, la Sectur, tienen la responsabilidad de apoyar y orientar a los destinos para que vayan perfilando su desarrollo y personalidad dentro del producto turístico mexicano.

No obstante lo anterior, vale la pena señalar que la actual titular de la Secretaría de Turismo, licenciada Claudia Ruiz Massieu, asumió plenamente sus facultades el pasado 1 de diciembre de 2012, por lo que la Comisión de Turismo de la LXII considera de especial relevancia el conocer el plan de trabajo de la actual administración antes de pronunciarse a favor de la elaboración de una campaña de publicidad relativa a los Pueblos Mágicos de México. Asimismo, cabe destacar que los pueblos mágicos de México es uno de los programas más exitosos de la Secretaría de Turismo, por lo que se anticipa que el plan de trabajo incluirá una campaña publicitaria extensiva sobre este programa.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Resolutivo

Único. Se desecha la propuesta de que se realice una campaña promocional para el pueblo mágico de Mineral de Pozos, Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Roman Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco de Aquino (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios al proyecto Restauración del Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios al proyecto Restauración del Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Valle de Guadalupe es un municipio clave en el desarrollo de Jalisco. Sus primeros pobladores fueron tribus tecuexes, que fueron subyugadas por los toltecas, quienes les impusieron sus costumbres, religión y gobierno.

En 1529 se dio la conquista del lugar, debida a Pedro Almíndez Chirinos. Originalmente, la población se asentó en un lugar conocido ahora como “La Estancia” (a unos dos kilómetros de la cabecera municipal), donde construyó las primeras casas Francisco Casillas Cabrera y Escobar, nieto del notable alarife Martín Casillas, a quien la Real Audiencia de Guadalajara otorgó merced de tierras en 1595 como recompensa, entre otras cosas, por la construcción de la catedral de Guadalajara.

Las tierras de referencia se denominaron originalmente “Hacienda de San Nicolás”. El incipiente poblado fundado por Francisco Casillas sería conocido como “Estancia de Casillas”. Luego se asentaron en la zona los hermanos Nicolás y José González, quienes fundaron la hacienda Venta de Pegueros.

Sus hijos, Cenobio y Genaro, establecieron una pista de diligencias que, procedentes de Guadalajara, pasaban a Lagos y Aguascalientes.

En 1850, a raíz de la posta para diligencias, se inició la construcción de la hoy cabecera municipal. Alrededor de 1879 se agregaron al poblado nuevos colonos, entre ellos José Pérez, quien construyó casas para él y sus peones, y una capilla.

Por decreto del 1 de octubre de 1903, la comisaría de Valle de Guadalupe pasó a formar parte de la municipalidad de Cañadas, creada en el mismo decreto. En febrero de 1904 (según lo dictado en el decreto número 1027), la comisaría de Valle de Guadalupe comprendía las localidades de: Sinagua, Callejones, Providencias, Pocitos, La Soledad, Mezón y Arroyo Prieto, Mesa de Carranza, Mezcala, Buenavista y Hacienda de la Llave, San Rafael, Grupera, Los Gatos, Las Calabazas, El Tepozán, Cerro de Ramblás, El Refugio, La Estancia, Las Joyas, El Guajolote, Palo Alto, Londres, Casas Viejas y Huizache. Por decreto número 2157, aprobado el 31 de mayo de 1922.

El municipio ha ido creciendo poblacionalmente y se ha vuelto clave en el desarrollo económico del estado. Valle de Juárez es reconocido por sus edificios de belleza invalorable, que muestran un desgaste natural debido al paso del tiempo.

Por ello se requiere apoyar al municipio para restaurar sus edificios a fin de alcanzar un desarrollo integral y elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos turísticos.

Sin embargo, estos proyectos se han quedado en el rezago por razones como la falta de un plan de desarrollo urbano vigente y decretado, de un programa de ordenamiento ecológico de nivel local y de un reglamento de imagen urbana.

Valle de Guadalupe se encuentra en el primer cuadro del centro histórico del palacio municipal, considerada zona con potencial turístico y económico por la tradición y belleza de sus recintos.

Por ello es primordial convertir el palacio municipal en un edificio sustentable con el consumo de energía renovable y aprovechamiento del agua con fines sustentables. Además, la obra beneficiará y será fuente de empleo para cientos de personas.

El municipio necesita un lugar adecuado para exhibir piezas arqueológicas encontradas en los alrededores que se hallan actualmente en el patio central del palacio municipal, donde pueda acudir con toda su familia y pasar un momento de convivencia agradable, en un espacio adecuado para incrementar la cultura general y conocer la historia del municipio.

Con la restauración del palacio municipal se beneficiará de forma directa a 6 mil habitantes e indirecta a 18 mil. El palacio municipal es considerado un recinto histórico de belleza arquitectónica, convertido en icono de Valle de Guadalupe.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos por 3 millones 24 pesos para el proyecto Restauración del Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “construcción de alberca semiolímpica en unidad deportiva de la cabecera municipal de Tenamaxtlan, Jalisco”.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “construcción de alberca semiolimpica en unidad deportiva de la cabecera municipal de Tenamaxtlan, Jalisco” en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La construcción de alberca semiolimpica en unidad deportiva de la cabecera municipal de Tenamaxtlan, brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Ser un municipio modelo, en la realización de programas encaminados al desarrollo de los niños, jóvenes y la comunidad en general, es indispensable; para la concreción de las metas del plan municipal. Por ello se deberá buscar en un corto plazo una amplia cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva, logrando excelentes resultados deportivos y formativos.

Es una prioridad contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan los temaxcaltenses; la atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio; tener mejor y mayor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada; formar el carácter en los niños y jóvenes y fortalecer los valores que promueve el municipio; que los niños y jóvenes logren sus metas y aspiraciones en base al deporte; evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

Los principales resultados esperados con el programa o proyecto son: incrementar la participación ciudadana, realizar las actividades que involucren a la sociedad; y fomentar la integración familiar.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional, el seguimiento de nuestros atletas en estas instalaciones con la finalidad de lleguen a formar parte de las selecciones estatales y participar en la olimpiada regional y en la nacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Es indispensable, apoyar a los municipios que buscan crear una mejor calidad de vida, para ser un modelo en la práctica deportiva, y con ello dar atención deportiva a las personas con discapacidad; y trascender en el ámbito social.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos para la construcción de la alberca semiolimpica en Tenamaxtlan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos por 6 millones 355 mil 288 pesos al proyecto denominado “construcción de alberca semiolimpica en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Tenamaxtlan, Jalisco,” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar los recursos necesarios para el proyecto denominado “Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María de Tenamaxtlán, Jalisco”.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinar los recursos necesarios para el proyecto denominado “Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María de Tenamaxtlán, Jalisco” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Tenamaxtlán se ubica en la región de Autlán, colindando con los siguientes municipios, con las claves: al norte con Atengo; al este con Tecolotlán y Juchitlán; al sur con Unión de Tula y al oeste con Ayutla.

El municipio tiene una superficie de 267 mil 826 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal, también denominada Tenamaxtlán, se sitúa en las coordenadas 20° 13’ 05” de latitud norte y 104° 09’ 55” de longitud oeste, y a una altura de mil 450 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie urbana aproximada a las 106 hectáreas, lo que arroja una densidad bruta de población de 36 habitantes por hectárea.

El porcentaje de la población económicamente activa (PEA) de la localidad, con respecto a la municipal, es de 56.79 por ciento, lo que refleja una proporción similar a la observada para la población total (58.09 por ciento).

La mayor parte de la población económicamente activa se emplea en labores de tipo primario, 40.59 por ciento, sin alcanzar a ser mayor por si misma que el porcentaje de quienes se dedican a las actividades de tipo secundario y terciario, lo que indica cierta diversificación en la economía local; la segunda actividad en importancia es la del sector terciario, 30.74 por ciento, y después las del sector secundario con un 22.32 por ciento.

La distribución de la PEA por tipo de empleo demuestra que la población que se dedica al trabajo por cuenta propia o como empleado u obrero representa a más de las tres cuartas partes de la población ocupada, con un 76.15 por ciento.

La mayor parte de la zona urbana de Tenamaxtlán está ocupada por vivienda de baja densidad, ya que, conservando ese modelo funcional concéntrico, la mayor parte de las actividades comerciales y de servicios se alojan en el área central, observando cierto dinamismo la calle de ingreso, Hidalgo-Morelos, y la calle paralela a ésta, Allende-López Cotilla.

La población cuenta con una sola fuente de aprovisionamiento de agua potable, que es un pozo profundo perforado hasta 250 metros. Este pozo originalmente tenía un aforo de 35 litros por segundo, hace 30 años que fue perforado, pero en la actualidad, debido al azolve y a la falta de mantenimiento, sólo proporciona 25 litros por segundo.

Del pozo el líquido es bombeado, por una sola bomba de 60 caballos de fuerza y una salida de 6 pulgadas, a una serie de tres tanques. Cuando la bomba se descompone la localidad se queda sin agua.

Al llegar el agua a los tanques el llenado se controla por medio de válvulas, ya que los tres están interconectados. Los tanques 1 y 3 son de apoyo al principal. Se carece de sistema automático de bombeo, por lo que el control es manual, funcionando de 11 a 18 horas diarias, según la demanda.

Aunque por medio de la red se tiene una cobertura de casi el (95 por ciento) la mayor parte de ésta es obsoleta, ya que cuenta con una antigüedad de entre 20 y 30 años, con diversos tramos de tubería de fierro, asbesto y PVC. Si a esto se añade que en época de estiaje se abate el nivel freático del pozo, la cobertura del servicio se reduce a unas horas. Las aéreas sin servicio corresponden principalmente al barrio conocido como “El Cerrito”.

Aunque existe cobertura en un (80 por ciento) de la localidad a través de un sistema de drenaje sanitario, un 30 por ciento de la población no lo utiliza, ya que tienen fosas o pozos negros.

Por tal razón, es muy importante apoyar la construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María con los recursos necesarios para que pueda beneficiar a esta comunidad.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos al municipio de Tenamaxtlán, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos por 228 mil 540 pesos para el proyecto denominado: “Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María de Tenamaxtlan, Jalisco”.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública e hidráulica en Tequila, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Tequila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales. Además, su importancia y beneficio es mayor en aquellas economías con un elevado porcentaje de participación en el comercio exterior.

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

Tequila, es un municipio internacionalmente reconocido por su denominación de origen y tradiciones, de acuerdo con cifras oficiales recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), es una población creciendo con una población total aproximada de 40 mil 697 personas, quienes viven en 9 mil 221 hogares de los cuales solo 8 mil 608 que disponen de agua de la red pública, así como 8 mil 787 disponen de drenaje.

Por ello, es importante tomar acciones ante la gran escasez de agua en el municipio, a través de la implantación de un sistema integral de drenaje en la cabecera municipal, y sus comunidades, es necesario implementar las medidas sanitarias para el depósito de desechos orgánicos en los hogares del municipio.

Con el desarrollo e impacto de estos proyectos se realizara cambios en el entorno económico de este municipio, por tal motivo es importante el apoyar proyectos con este objetivo entre los que destacan los siguientes: 1) Puente peatonal boulevard y calle Morelos; 2) Puente peatonal boulevard y calle 15 de abril; 3) Puente peatonal en boulevard y calle General Arteaga; 4) Plazoleta en la colonia Lomas de Paraíso; 5) Puente vehicular camino al rastro; 6) Puente vehicular en la calle Leonardo Sandoval; 7) Red de drenaje en la comunidad San Pedro de los Landeros; 8) Motivo de ingreso por autopista.

Cabe señalar, que la inversión pública en infraestructura es la mejor inversión en el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tequila, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder implementar tales obras publicas.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos suficientes para la realización de obras de infraestructura pública e hidráulica del municipio Tequila, Jalisco.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Guachinango, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Guachinango se localiza al noroeste de Jalisco forma parte de la Sierra Occidental y tiene una extensión territorial de 483.19 kilómetros cuadrados, lo cual representa 1.14 por ciento de la superficie del estado.

Sus colindancias son por el oriente con de Atengo; al sur, con Mixtlán y Atenguillo; y al oeste, con Mascota y San Sebastián del Oeste, todos pertenecientes a Jalisco.

Las coordenadas geográficas se sitúan entre de 20 grados 56 minutos a 20 grados 26 minutos de latitud norte y 104 grados 10 minutos a 104 grados 37 minutos de longitud oeste.

Otro factor relevante para el desarrollo de la población y las actividades económicas es la disposición de agua potable para los servicios básicos. Por el lado de demanda de agua por la ciudadanía es demasiada en los meses críticos, de febrero a junio, cuando escasea considerablemente de tal manera que no es suficiente el abastecimiento de las tres fuentes existentes: Los Naranjos, ojo de agua situado en la comunidad de La Laja, en Mixtlán; el Chepe Ponce, al lado noreste de la cabecera municipal (de estos dos el líquido se obtiene por bombeo); y el manantial del cerro de San Francisco, que llega a la zona urbana por su pie. En las comunidades tienen abastecimiento de agua que falta potabilizar mediante cloro.

Las aguas residuales en la cabecera municipal y en algunas comunidades se controlan por medio de drenaje. Algunas pequeñas comunidades ya cuentan con tanques de tratamiento por medio de bacterias y varias no están atendidas. En este renglón falta mucho por hacer y se pretende lograr casi 100 por ciento en este periodo de gobierno.

Guachinango es de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía una población pequeña, de 4 mil 323 personas, quienes viven en mil 217 hogares, de los cuales sólo mil 41 cuentan con viviendas con disposición de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010.

El municipio forma parte de la región hidrológica Ameca. Ésta se caracteriza por su forma muy irregular, tiene una extensión en dirección este oeste de 180 kilómetros y un eje transverso de 13c5 kilómetros, en la parte más ancha. Guachinango está comprendido en la subcuenca del río Ameca-Atenguillo. Esta cuenca drena aproximadamente 3 mil 574.03 kilómetros cuadrados, el río Atenguillo es la corriente principal de esta cuenca y es afluente del río Ameca, este río es el límite entre el municipio con el mismo nombre y Guachinango.

El municipio está rodeado en dos terceras partes por los ríos Atenguillo y Ameca. Los principales arroyos son Peñaranda, El Tecolote, Los Timbres y El Guachinango. Las condiciones de los recursos hídricos en el municipio se consideran abundantes.

Otro factor relevante para el desarrollo de la población y las actividades económicas es la disposición de agua potable para los servicios básicos. Por el lado de demanda de agua por la ciudadanía es demasiada en los meses críticos, de febrero a junio, cuando escasea considerablemente, de tal manera que no es suficiente el abastecimiento de las tres fuentes existentes: Los Naranjos, ojo de agua situado en la comunidad de La Laja, en Mixtlán; el Chepe Ponce, al lado noreste de la cabecera municipal (de estos dos el líquido se obtiene por bombeo); y el manantial del cerro de San Francisco, que llega a la zona urbana por su pie. En las comunidades tienen abastecimiento de agua que falta potabilizar mediante cloro.

Las aguas residuales en la cabecera municipal y en algunas comunidades se controlan por medio de drenaje. Algunas pequeñas comunidades ya cuentan con tanques de tratamiento por medio de bacterias y varias no están atendidas. En este renglón falta mucho por hacer, es una población que requiere todo el apoyo posible para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida.

Se necesita apoyar proyectivos productivos de alcance. Se requiere realizar acciones como la construcción de represas o el mejoramiento del sistema de drenaje, y así poner en marcha la planta de tratamiento de aguas. Se necesita realizar acciones con la mayor brevedad a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Guachinango.

Por tal motivo es importante realizar obras de impacto social que permitan al municipio potenciarse en los ámbitos económico, político y social. Guachinango se está convirtiendo en un municipio estratégico debido a la belleza de sus sitios arquitectónicos históricos y culturales, como el templo parroquial, donde se plasman varios estilos arquitectónicos: barroco, románico y gótico, construido a principios del siglo XVIII, entre los que destacan la cruz de cantera roja, situada en el atrio, construida en 1653. También la escultura de la Señora de la Purificación, que data de finales del siglo XIX, además de 14 óleos del vía crucis del siglo XVIII.

Con la construcción del tramo carretero Amajaquillo-Guachinango se avanzará notablemente en la comunicación de la zona. El proyecto tendrá un costo aproximado de 140 millones de pesos.

La infraestructura carretera nacional representa uno de los motores del desarrollo económico y social. Contar con una red de caminos eficientes, seguros y propicia, entre muchas otras cosas, es una necesidad para el impulso del desarrollo regional y del comercio, facilita la comunicación entre las comunidades que integran cada estado, y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las regiones rurales.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para que la autoridad competente cuente con recursos suficientes a fin de atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos por 140 millones de pesos al proyecto Tramo Carretero Amajaquilo-Guachinango de Guachinango, Jalisco.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos por 50 millones de pesos para el proyecto Construcción de 5 represas de Guachinango, Jalisco.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos por 10 millones de pesos para el proyecto Construcción de 2 km de drenaje de Guachinango, Jalisco.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos por 5 millones de pesos para el proyecto Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Guachinango, Jalisco.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la segunda etapa de la explanada del santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en Mexticacán, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la segunda etapa de la explanada del santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debido a la asistencia de gran cantidad de personas tanto al regreso de la imagen del Corazón de Jesús en octubre, así como en las festividades de febrero y junio, este santuario se ha convertido en un espacio de reunión para los feligreses.

Por ello, el grupo Colonia de Mexticacán en Guadalajara desde la década de 1980 se dio a la tarea de recolectar recursos humanos y económicos para restaurar el templo de dicha comunidad, el atrio y espacios aledaños, considerando la construcción de una explanada al sur de la puerta principal, donde los peregrinos puedan asistir con comodidad; asimismo, disponer de un estacionamiento adecuado.

En un estudio realizado por el ingeniero José Torres Plascencia sobre urbanismo de la comunidad, además de considerar dicha explanada parte central del proyecto. Por ello se dispuso definir los ingresos de peatones y de vehículos, por lo que hubo ciertos trabajos guiados por dicho proyecto.

Desde 1800 aproximadamente se tienen datos de la gran afluencia de visitantes motivados por los presuntos milagros de la reliquia, influyendo en el crecimiento de la comunidad (Labor de Santa Gertrudis), incluso hasta el cambio de nombre por El Santuario, ya que la construcción del templo y su recurrente peregrinaje en la vida de las personas denota el nombre definitivo.

Si bien en la actualidad el número de habitantes ha disminuido, los visitantes aumentan considerablemente los fines de semana y, por ende, en la celebración de las habituales fiestas en honor del Corazón de Jesús. Esto, sumado el actual camino peatonal o de la salud desde la cabecera municipal hasta El Santuario, invita por diferentes motivos a visitar la zona.

La explanada se ha convertido en una obra para contribuir a que las manifestaciones artísticas, religiosas y culturales, además del atractivo turístico, refuercen la identidad de este lugar, lo cual lleva al aumento de oportunidades de empleo por el creciente número de turistas (aproximadamente 50 mil por año) que buscan servicios como alimentos, posada o artesanías, para satisfacción de su estancia.

Por ello, la explanada se convierte por su grandeza en un espacio valioso por la majestuosidad del complejo arquitectónico y natural del entorno, lo que da lugar a la ejecución de diferentes actos culturales, tan importantes en el devenir de un centro turístico-religioso como lo es El Santuario primero con la devoción del Corazón de Jesús en América, construido por el obispo Cabañas de Guadalajara en 1798.

El ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco, mediante el departamento de obras públicas, hace constar del dictamen técnico que se da después de haber recorrido el lugar donde se realizará la Segunda Etapa de la Explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Mexticacán, Jalisco.

El proyecto pretende restaurar la explanada mayor en el sistema de iluminación, el sistema de pararrayos, los ductos y el registro de sistema de sonido, cableado del sistema de pararrayos y sistema de control automático de alumbrado.

En la instalación hidráulica con la tubería y conexiones del sistema de riego, así como boquillas y en albañilería la terminación del muro de contención, afine y compactación de la explanada mayor, y el firme de concreto para piso y el piso en dicha explanada, además del el forjado de los escalones de la explanada mayor.

El proyecto generara fuentes de ingreso y podrá seguirse manteniendo estos recintos religiosos en optimas condiciones para seguir recibiendo a los feligreses.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Mexticacán, a fin de que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 5 millones 148 mil 51 pesos para el proyecto Segunda Etapa Explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Mexticacán, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación y banquetas en el centro de la localidad de El Santuario en el municipio de Mexticacán, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La localidad de El Santuario se localiza en el marco de uno de los destinos religiosos más importantes del Estado de Jalisco El Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado a 5 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, es uno más de los atractivos donde se vive la devoción al santo patrono.

Actualmente se llevan a cabo trabajos en el exterior del templo, el amplio atrio será la cabecera de una explanada que se construye el pie del santuario del Corazón de Jesús. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la conservación y desarrollo de la localidad, con el fin de diversificar la oferta turística para captar diferentes nichos de mercado, y el turismo carretero.

En otro contexto, la mejora de espacios religiosos culturales, genera alternativas para la derrama económica en la zona, además de de usos recreativos y de esparcimiento a la población local y regional.

Con una inversión total de 4 millones 719 mil 330 pesos para aplicarse en la intervención de las calles alrededor del Santuario y, la construcción de -un estacionamiento para la zona además de representar un beneficio en la mejora de un destino cultural, representará una obra de gran importancia para los habitantes de esta comunidad con acciones que dignifican a miles de familias.

El desarrollo de un plan de obras en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad de El Santuario, es con fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante la los ciudadanos de gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio más totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

El impacto socioeconómico de la inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro del Municipio.

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Mexticacán.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se .exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar 4 millones 719 mil 330 pesos para el desarrollo de la pavimentación y banquetas en el centro de la localidad de El Santuario en el municipio de Mexticacán, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de proyectos de infraestructura del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Unión de San Antonio se encuentra ubicado al noreste del estado, en las coordenadas 21º 02’ 30” a los 21º 17’ 00” de latitud norte y 101º 27’ 50” a los 101º 51’ 50” de longitud oeste a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la región Altos Norte colindando al norte con los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, al sur con San Diego de Alejandría y San Julián, al este con el estado de Guanajuato y al oeste San Juan de los Lagos y San Julián.

El medio físico, orográficamente, se caracteriza por estar conformado por zonas semiplanos (68%), se localizan al norte, noroeste y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas de 1,900 a 2,00 metros sobre el nivel del mar, casi una tercera parte está conformada por zonas planas (29%) que se encuentran en casi todo el Municipio, con alturas de los 1,990 metros y solo una porción muy pequeña (4%) son zonas accidentadas, que se localizan al norte, este y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas que van de 1,800 a 2,200 metros sobre el nivel del mar.

En su demarcación política-territorial Unión de San Antonio pertenece al Distrito electoral federal 2 y local número 2, con cabecera distrital en el municipio de Lagos de Moreno, participando además los siguientes municipios Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villa Hidalgo.

Los terrenos del Municipio pertenecen al período terciario, y están compuestos por rocas sedimentarias, caliza, rocas ígneas extrusivas, riolita, andesita, basalto, toba y brecha volcánica, orográficamente, se caracteriza por estar conformado por zonas semiplanas (68%), se localizan al norte, noroeste y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas de 1,900 a 2,00 metros sobre el nivel del mar, casi una tercera parte está conformada por zonas planas (29%) que se encuentran en casi todo el Municipio, con alturas de los 1,990 metros y solo una porción muy pequeña (4%) son zonas accidentadas, que se localizan al norte, este y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas que van de 1,800 a 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Predomina en el paisaje, la hermosa silueta de dos cerros de cono trunco llamados Las Mesitas a 21º 08’ de latitud norte y 102ª00’ de longitud oeste, a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar.

El municipio se caracteriza por el bajo nivel en el bienestar socioeconómico, que se registra principalmente en algunas comunidades que conforman al municipio, consideradas de alta marginación. El crecimiento demográfico está por debajo de la media estatal debido a la dispersión de la población rural en pequeñas localidades lo que dificulta la dotación de servicios, además de la falta de oportunidades lo cual incrementa la migración.

La industria, es fuertemente impulsada y desarrollada en los últimos años por empresas dedicadas a la producción de lácteos, forrajes, calzado y muebles éste último sector a través de sus maquiladoras que han venido a ofertar un número considerable de empleos, brindando así la oportunidad de nuestra gente de participar en un actividad económicamente activa.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos; es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Por tal motivo, es muy importante apoyarlo con la conformación de proyectos de enfoque como lo son: 1) La construcción de empedrado ahogado en cemento y rehabilitación de tomas hidráulicas y sanitarias en la Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Lázaro Cárdenas, Cabecera Municipal con una inversión total de 3 millones 787 mil pesos; 2) La construcción de empedrado ahogado en la calle barrosa de Tlacuitapa con una aportación de 4 millones 336 mil 294 pesos; 3) Sustitución de Drenaje Calle Principal San José de Caliche con una inversión por el proyecto de 835 mil pesos; 4) Ampliación de la pavimentación con concreto ahogada en cemento en la calle principal de la comunidad de San José, Las Palmas.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos, del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por 11 millones 95 mil 174 pesos para la realización de obras de infraestructura pública para el municipio Unión de San Antonio, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de proyectos de obras de pavimentación del municipio Unión de San Antonio, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Unión de San Antonio se encuentra ubicado al noreste del estado, en las coordenadas 21º 02’ 30” a los 21º 17’ 00” de latitud norte y 101º 27’ 50” a los 101º 51’ 50” de longitud oeste a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la región Altos Norte colindando al norte con los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, al sur con San Diego de Alejandría y San Julián, al este con el estado de Guanajuato y al oeste San Juan de los Lagos y San Julián.

Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el progreso, pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. Por su ubicación geográfica, Jalisco se encuentra en una situación privilegiada, pues se comunica con el centro, sur, este y norte de la República, así como con los puertos del Pacífico. Las vías de comunicación son indispensables para generar una estrategia de desarrollo que esté encaminada a apoyar a comunidades marginadas.

El municipio cuenta con una red de caminos de terracería muy importante, ya que todas las comunidades de la zona rural se encuentran bien comunicadas, siendo muy importante tenerlos en optimas condiciones debido al aumento vehicular en esta zona, para poder sacar y comercializar sus productos primarios los habitantes de las comunidades rurales, siendo una extensión aproximada de 250 kilómetros en todo el Entorno Municipal.

La industria, es fuertemente impulsada y desarrollada en los últimos años por empresas dedicadas a la producción de lácteos, forrajes, calzado y muebles éste último sector a través de sus maquiladoras que han venido a ofertar un número considerable de empleos, brindando así la oportunidad de nuestra gente de participar en un actividad económicamente activa.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio más totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Por tal motivo, es muy importante apoyarlo con la conformación de proyecto de enfoque como lo son:

1) La construcción de carpeta asfáltica en carretera San Antonio de la Garza con una inversión total de 10 millones 644 mil pesos;

2) La rehabilitación de pavimento en carretera San Antonio de la Garza-Tlacuitapa, tramo 0+000 al 3+800con una aportación de 10 millones de pesos;

3) Rehabilitación de Pavimento en carretera Estación Pedrito, 7.5 kilómetros, en con una inversión por el proyecto de 18 millones 676 mil pesos;

4) La Construcción de la segunda etapa de la Carretera Unión-León, Guanajuato con una distancia de 15.7 km, con una inversión de 37 millones 500 mil pesos;

5) Construcción de acotamiento asfaltico en ambos sentidos unión- lagos, en 17 kilómetros. El impacto socioeconómico de la inversión en infraestructura permitirá  rediseñar el futuro del municipio.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos, del municipio de Unión de San Antonio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la realización de obras para la pavimentación del municipio Unión de San Antonio, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de salud del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de salud del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, cuenta con una población total de 15.484 habitantes, sólo el 15.53 % de ésta un total de 2,405, tiene derecho la atención en la Unidad de Medicina familiar de la localidad. Perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta atiende un promedio de 1,190 afiliados el 7.68 % del total de habitantes, y aproximadamente 1215 familiares afiliados.

La atención de los derechohabientes, se lleva a cabo con 6 plazas de medicina familiar servicio de atención a urgencias que cubren atención medica las 24 horas del día y una plaza del turno vespertino para la atención de enfermería, se realizan un promedio de 550 consultas cada mes y las principales problemas de salud atendidos son la diabetes e hipertensión Arterial. Se ha detectado una disminución de casos de problemas bronco respiratorios gracias a la aplicación de las vacunas para su prevención. La unidad de medicina familiar carece de equipo vital de urgencias, equipo de sutura y equipo de parto, tampoco cuenta con ambulancia para traslado de urgencias, siendo apoyados con una ambulancia que pertenece al gobierno municipal la cual carece del equipo necesario.

Algunas de las carencias de infraestructura y equipo con repercusiones en la tranquilidad de las personas por la falta de infraestructura de salud como por ejemplo, la necesidad de contar con un hospital de primer contacto en la cabecera municipal, así como la ampliación del centro de salud existente, ya que actualmente no es funcional.

Aunque existe un gran avance en salud por el importante de papel en la construcción de casas de salud por parte del municipio motivada por la demanda de la población que necesitaba un espacio digno para ser atendidos. Aun se requiere equipamiento y la construcción de algunas otras, aunque de momento se tiene el préstamo de algún espacio de un habitante de la comunidad.

El 11% de la población de Unión de San Antonio, corresponde a menores de cinco años, este sector poblacional demanda prioritariamente esquemas de atención de orden integral, el 3% de ellos sufren permanentemente la amenaza de la desnutrición, que se traduce en deficiente Terminal, y lo más importante, en la generación de inadecuadas condiciones de salud a futuro.

El 2% de la población de 6 a 9 años tiene un déficit de talla, lo que indica que más de 50 niños de esta edad, padecen las secuelas de la desnutrición crónica. El total de la población entre 6 y 14 años, en el municipio es del 2,000 personas, el 16% del total, es decir 3,585 habitantes, demandan atención educativa, recreacional y de formación en valores, principalmente.

Más del 1% de la población entre 6 y 14 años, viven en una situación extraordinaria, son niños de la calle que a corta edad deben trabajar para el sustento de su casa, ellos deben de recibir atención, protección y asistencia especial. A fin de que logren crecer y desarrollarse sanamente.

Por tal motivo, es muy importante apoyarlos con infraestructura en materia de salud con la conformación de proyecto de enfoque que permitirá la terminación y equipamiento del Hospital Regional, con una inversión de 38 millones de pesos.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades en materia de salud de los ciudadanos, del municipio de San Antonio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 38 millones de pesos para la realización del proyecto “Terminación y equipamiento del hospital regional del municipio Unión de San Antonio, Jalisco”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de deporte para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de deporte para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pueblo que llegó a conocerse como “La Unión”, surgió a lado de una presa y otro en el punto en el que “se unían” dos caminos reales, de ahí su nombre, uno que iba de oriente a poniente- de la Villa de León al pueblo de Nuestra Señora de San Juan -, y otro de norte a sur- de Santa María de los Lagos a la Hacienda de Xalpa. La denominación de “Adobes”, obedeció a una población en España con el mismo nombre y uno de los fundadores le puso por que recordaba a una mujer que vivía en la misma; posteriormente, al edificarse la primera capilla administrada por Franciscanos, se asignó a la advocación de San Antonio de Padua; lo que ha dado lugar a todo el cambio y variedad histórica de sus nombres.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos benéficos en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas, y a la convivencia.

En México, según la Encuesta Nacional de la Juventud, casi 40% de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1%) de los hombres de esas edades afirma que sí realiza alguna actividad física, sólo una de cada tres mujeres (29.8%) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6%), realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7%) la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6%) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8%) que de mujeres (21.6%) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7%) que de mujeres (44.5%) que la llevan a cabo tres veces por semana.

El deporte es una actividad que ayuda a mejorar la salud de los individuos, practicando sistemáticamente, ofrece un beneficio extra que permite mejorar el nivel general de vida de la ciudadanía y promueve verdaderos valores que consolidan el desarrollo social y la integración familiar.

Jalisco es un estado líder en la promoción y desarrollo de deportistas; que son la base de las selecciones nacionales así como de la formación de los profesionales de la cultura física y el deporte.

Es importante, el desarrollo del deporte de cada uno los municipios, por ello es importante apoyarlos en la rehabilitación de sus espacios deportivos.

El municipio de Unión de San Antonio, requiere rehabilitar diversos espacios deportivos para la realización de torneos de carácter regional, y con esto crear un lugar de sano esparcimiento. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Por lo que se propone apoyar la construcción del parque deportivo lineal Las Moras- Laturicata - Zoológico Municipal por 6 millones de pesos y la construcción de 11 canchas de usos múltiples de 950 mil pesos se mejorara notablemente la infraestructura deportiva en este municipio.

Es una prioridad contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y lograr contar con una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y con ello evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Unión de San Antonio, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por 16 millones 450 mil pesos para infraestructura deportiva para el municipio de la Unión de San Antonio, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de cultura para el municipio Unión de San Antonio, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de deporte para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pueblo que llegó a conocerse como “La Unión”, surgió a lado de una presa y otro en el punto en el que “se unían” dos caminos reales, de ahí su nombre, uno que iba de oriente a poniente de la Villa de León al pueblo de Nuestra Señora de San Juan, y otro de norte a sur de Santa María de los Lagos a la Hacienda de Xalpa. La denominación de “Adobes”, obedeció a una población en España con el mismo nombre y uno de los fundadores le puso por que recordaba a una mujer que vivía en aquella; posteriormente, al edificarse la primera capilla administrada por franciscanos, se asignó a la advocación de San Antonio de Padua; lo que ha dado lugar a todo el cambio y variedad histórica de sus nombres.

El templo de San Antonio se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, fue reconstruido en 1905. Otras construcciones de carácter religioso que destacan son: el templo de El Señor de la Misericordia, El Tepeyac, Sagrado Corazón de Jesús, Santo Tomás y El Espíritu Santo, todos en la cabecera municipal y en el área rural esta la Capilla de Santa Teresa, El Vizcaíno, El Lobo, Tlacuitapan, La primavera, El Saltillo, San Judas Tadeo, San José del Caliche y San Pedro de Estación Pedrito, entre otros. Destaca la cúpula y torre de la parroquia de El Señor de la Misericordia, por su majestuosidad.

En cuanto a obras de tipo civil son muy apreciadas en el municipio: una columna construida en la esquina suroeste de la plaza principal y que data de 1886; la plaza Independencia y la Hacienda de Vallado. En otro contexto, la mejora de espacios religiosos culturales, genera alternativas para la derrama económica en la zona, además de de usos recreativos y de esparcimiento a la población local y regional.

Con una inversión total de 10 millones 500 mil pesos para aplicarse en la ampliación y equipamiento de la Casa de Cultura; y lograr la restauración e iluminación del Centro Histórico a San Antonio de Padua, representará una obra de gran importancia para los habitantes de esta comunidad con acciones que dignifican a miles de familias.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Unión de San Antonio para los proyectos de ampliación y equipamiento de Casa de la Cultura e iluminación de monumento histórico a San Antonio de Padua.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar 10 millones 500 mil pesos, en materia de cultura dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para el municipio Unión de San Antonio, Jalisco.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico y sus obras complementarias en la comunidad de Tapias de Arriba en el municipio de Mexticacán, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico y sus obras complementarias en la comunidad de Tapias de Arriba en el municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La localidad de Tapias de Arriba se localiza en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, es una de las comunidades integradas  por el grupo de lecheros importantes.

Actualmente la comunidad se encuentra carente de una calle que facilite el transito, por ello es necesario que se generen las condiciones para impulsar la creación y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo e incidir de mejor manera, en la conservación y desarrollo de la localidad.

Con la construcción del empedrado ecológico y sus obras complementarias se beneficiarán de manera directa los habitantes de la comunidad, ya que contarán con una calle que facilite el tránsito de personas y vehículos, se crearán fuentes de empleo temporales, se mejorará la imagen urbana, se terminarán los encharcamientos en temporada de lluvias, así como la proliferación de tierra en el ambiente, todo lo cual mejorará la calidad de vida de los habitantes de esta calle.

Luego entonces, la mejora de espacios públicos aumentará y mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio; reduciendo niveles de marginación, buscando formar ciudadanos comprometidos con su entorno ambiental, y social.

Dicha inversión, representará, además un eje para rescatar y preservar el ecosistema del  municipio, logrando armonizar los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades básicas, estableciendo los cimientos del desarrollo sustentable.

Mexticacán es un municipio competitivo, con buenos niveles de bienestar, en los últimos años han sus vías de comunicación lo que ha favorecido al turismo y la inversión económica.

Por ello, la obra que comunique a la comunidad con una de las carreteras principales es con el fin de una adecuada articulación de la sociedad, los productores y el gobierno, logrando el aprovechamiento sustentable del sector agrícola, ganadero y productivo de la zona a fin de generar arraigo, permanencia y oportunidades de acceso a una mejor calidad de vida de todos los habitantes.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Mexticacán.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico y sus obras complementarias en la comunidad de Tapias de Arriba en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversas obras de infraestructura pública y carretera de El Grullo, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversos proyectos de El Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es una necesidad equilibrar el desarrollo de las regiones del país a fin de lograr mayor integración de los mexicanos y de las comunidades e impulsar el crecimiento del comercio interno y externo, además de permitir mayor articulación de las cadenas productivas nacionales. Para ello se requiere continuidad en las obras de construcción pendientes, conferir prioridad a los enlaces transversales faltantes de la red troncal del país, y modernizar y ampliar la red carretera en las regiones con capacidad de conexión limitada.

La asignación de mayores recursos permitirá desarrollar el sistema carretero nacional, a fin de lograr la construcción y modernización de las vías de comunicación con base en parámetros internacionales de calidad.

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, pues eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía de actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula la industria de la construcción, actividad que incorpora un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

La red carretera nacional presenta varias deficiencias. Por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno de esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país.

Es indispensable asignar mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr mayor conexión del país que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía.

El Grullo se ha vuelto estratégico, con una población de 5 mil 499 habitantes, ha tenido un crecimiento sostenido en la última década.

Por ello es importante apoyar los proyectos como la construcción de la carretera Hacienda de Nueva-Cucuciapa, por la cantidad de 7 millones 575 mil pesos, con el objetivo de mejorar la comunicación en El Grullo. También es importante apoyar la rehabilitación del canal principal margen izquierdo del kilómetro 12+760 al 14+203 que cruza la cabecera municipal por la cantidad de 9 millones 250 mil pesos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Se requiere además la construcción de la Central de Bomberos en El Grullo, considerado una necesidad el potenciar la protección de los ciudadanos con los recursos para operar esta central con la cantidad 7 millones 500 mil pesos.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para que la autoridad competente atienda las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos por 24 millones 325 mil pesos para la realización de obras de infraestructura pública y carretera del municipio de El Grullo, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación de la unidad deportiva Aragón de Valle de Guadalupe, Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación de la unidad deportiva Aragón de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos benéficos en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje. En México, según la Encuesta Nacional de la Juventud, casi 40 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1 por ciento) de los hombres de esas edades afirma que sí realiza alguna actividad física, sólo 1 de cada 3 mujeres (29.8 por ciento) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, 1 de cada 3 (36.6 por ciento) realiza actividad física 3 veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7) la lleva a cabo 1 vez a la semana y 1 de cada 4 (23.6 por ciento) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8 por ciento) que de mujeres (21.6) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7) que de mujeres (44.5) que la llevan a cabo 3 veces por semana.

El deporte es una actividad que ayuda a mejorar la salud de los individuos. Practicado sistemáticamente, ofrece un beneficio extra que permite mejorar el nivel general de vida de la ciudadanía y promueve verdaderos valores que consolidan el desarrollo social y la integración familiar.

Jalisco es un estado líder en la promoción y desarrollo de deportistas; que son la base de las selecciones nacionales y de la formación de los profesionales de la cultura física y el deporte.

Es importante el desarrollo de infraestructura deportiva de cada uno los municipios, con la finalidad de crear espacios que permitan establecer una cultura física y de deporte.

Tal es el caso de Valle de Guadalupe, donde se requiere rehabilitar la unidad deportiva Aragón para acondicionarla óptimamente y se puedan realizar torneos de carácter regional, además de crear un lugar de sano esparcimiento. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio adecuado para la práctica de diversos deportes y actividades de esparcimiento.

Se necesita realizar acciones con la mayor brevedad que permitan desarrollar una cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva, logrando excelentes resultados deportivos y formativos.

El efecto o los resultados esperados en el ámbito económico, social y ambiental son disminuir la problemática social existente en la comunidad (por ejemplo, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar), fomentar la integración familiar creando un espacio de esparcimiento y desarrollo para todos, e incrementar el interés de los jóvenes por el deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar con instalaciones de alto nivel para organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional.

Es indispensable apoyar a los municipios que buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ser un modelo en la práctica deportiva y, con ello, dar atención deportiva a las personas con discapacidad; y trascender en el ámbito social.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos por 4 millones 530 mil 74 pesos para Valle de Guadalupe a fin de rehabilitar la unidad deportiva Aragón en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Se requiere fomentar la práctica de deporte a fin de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos por 4 millones 530 mil 74 pesos al proyecto Rehabilitar la Unidad Deportiva Aragón de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se considere brindar mayores recursos económicos al Instituto Politécnico Nacional y se brinde certeza y seguridad jurídica en su cabal asignación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se considere brindar mayores recursos económicos al Instituto Politécnico Nacional y se brinde certeza y seguridad jurídica en su cabal asignación.

La suscrita Ninfa Salinas Sada, senadora de la República en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las obligaciones fundamentales del Estado, es la educación. Con fundamento en la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, deberá promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo entre éstas, la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación, asimismo tiene la obligación de apoyar a la investigación científica y tecnológica.

Sin lugar a duda, la educación es un elemento con efectos múltiples, clave para el desarrollo y progreso de un país. Es crucial apoyar este rubro. Su avance o rezago se refleja en el desarrollo social, cultural, económico y productivo de una nación.

Actualmente, uno de cada dos mexicanos padece algún nivel de pobreza y la preparación impacta directamente en la calidad de vida:

• La mitad de la población vive con mil 904 pesos al mes, y 19 millones lo hacen con 904 pesos mensuales, lo que dificulta la inversión en los hogares mexicanos, en el tema de educación.

• Por cada año adicional de educación en el país, el ingreso crece entre 11 y 12.4 Demostrando que la escolaridad tiene un efecto positivo y de impacto múltiple en el desarrollo personal y social.

• Entre más años de estudio se cursen y se acumule experiencia, aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral.

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) indica que:

“El Presupuesto plurianual, (...) es un instrumento al servicio, sobre todo, de la conducción estratégica del Estado. Salvo para algunas situaciones excepcionales, no sirve para ser utilizado en la gestión administrativa, como sí lo hace el presupuesto público anual, aprobado por ley, el cual es necesario para que funcionen las instituciones públicas. El Presupuesto plurianual es como la luz larga de un automóvil, que le sirve al conductor para ver más allá de lo que le permite la luz corta (el Presupuesto anual), informándole con suficiente anticipación cuáles son los obstáculos que se le presentan y cómo reaccionar para evitarlos. Cuando la perspectiva de mediano plazo va ganando más espacios en la agenda política, se puede dar lugar a un círculo virtuoso, en el que paulatinamente mejora la calidad de las respuestas del gobierno a los problemas enfrentados.

Una respuesta pública que previamente ha sido suficientemente estudiada y evaluada, está en mejores condiciones de remover las causas generadoras, que la surgida de actitudes reactivas, cortoplacistas y excesivamente focalizada en eliminar los síntomas.”

Desde mayo de 2008 se incorporó a la Constitución la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, para autorizar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura. Con dicha inclusión se pretendió garantizar la disponibilidad de recursos que trasciendan un ejercicio fiscal sin poner en riesgo su autorización anual, lo que se ha traducido en una mayor certidumbre del ejercicio de la inversión pública.

No obstante, y muy lamentablemente, hoy en día la educación no está considerada en el texto constitucional para que se le destinen partidas de este tipo. Pese a que existen reformas en discusión en la Cámara de Diputados para reformar el texto constitucional.

Sin embargo, esta situación no resta importancia a la educación en el progreso de un país y es preciso liberar a las instituciones educativas de la parálisis que provoca la incertidumbre anual de los presupuestos y que les permita, estar en posibilidad de realizar labores y estrategias de diseño de planes congruentes a mediano y largo plazos.

Es necesario otorgar la importancia que merece la educación media y superior para el desarrollo económico del país por su aporte tecnológico, científico y de innovación. Importancia que si bien es recurrida en el discurso político, pocas veces se ve materializada. Pasemos de las declaraciones a las acciones.

Los presupuestos anuales asignados a las instituciones educativas constantemente son objeto de recortes, mermando los proyectos planeados y obligando a dejar inconclusos proyectos, y cancelar tareas básicas como el mantenimiento de instalaciones.

Es manifiesta la vulnerabilidad de la educación y sus actuales presupuestos.

El Instituto Politécnico Nacional quien se ha posicionado, en sus cortos, pero exitosas 75 años, como una de las instituciones de educación superior más sólidas del país, generador de una gama importante de investigación en diversas áreas pero, sobre todo, como formador de recursos humanos de alta calidad.

Instituto que cuenta, como una de sus mayores aportaciones, la formación de más de 800 mil egresados de carrera profesional, que han cumplido un papel fundamental en el proceso del desarrollo e industrialización del país. Egresados que han estado presentes en todos los ámbitos de la vida nacional, y sin su participación sería impensable la fortaleza de industrias como la petrolera, la eléctrica, las telecomunicaciones, la computación o la construcción de infraestructura, por citar sólo algunos sectores fundamentales en el progreso del país.

Esta institución de la cual debemos sentirnos orgullosos todos los mexicanos, actualmente tiene complicaciones para cubrir cuotas de servicios tan básicos, como el pago del servicio de luz.

En el proyecto de Egresos de la Federación para 2012, el monto original para el Politécnico fue de 2 mil 119 millones, 932 mil 350 pesos, pero las autoridades educativas decretaron una reducción de 7.3 por ciento. Es así que el IPN está en peligro de suspender actividades y tareas sustantivas a causa del recorte de 156 millones 475 mil pesos 45 centavos que le anunció la Secretaría de Hacienda a través de la Secretaría de Educación Pública en septiembre de este año.

Por la reducción presupuestal, se estarán dejando de pagar en este mes de diciembre:

• 7.5 millones de pesos por concepto de 8 mil 900 becas a alumnos de nivel medio superior;

• 2.4 millones de pesos por 320 becas de nivel posgrado;

• Se afectará la provisión de mil 407 laboratorios y 132 talleres y habrá dificultades para cubrir el pago de servicios básicos de energía eléctrica, software, vigilancia, limpieza, agua y telefonía.

Situaciones similares son constantes desde hace tiempo, el mismo Instituto Politécnico Nacional desde el ejercicio fiscal de 2010 ha pagado la deuda de años anteriores con presupuesto del ejercicio siguiente.

Cómo pedir más a las instituciones que han dado tanto al desarrollo y progreso del país, cuando son las primeras sacrificadas en los ajustes y proyectos de austeridad; cuando actúan y hacen todo lo posible para cumplir su labor con vocación pero se enfrentan a la incertidumbre y zozobra.

El contenido de este exhorto, se relaciona con el compromiso número 46 del recientemente firmado Pacto por México, en el que se contempla inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología. Y es coincidente con el compromiso número 47 que contempla definir prioridades, objetivos nacionales y regionales concretos, para estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país.

En efecto, la educación como objetivo prioritario del Estado, se debe ver claramente en el presupuesto asignado y en el diseño de éste. Es por ello que exhortamos a: brindar certeza y seguridad jurídica en la asignación de presupuestos al Instituto Politécnico Nacional y en general a todas las instituciones de educación media y superior.

De igual forma, el contenido de este punto de acuerdo, es congruente con el documento recientemente presentado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, denominado:“Transformar el sistema educativo nacional, diez propuestas para diez años”, documento elaborado por 76 académicos de 29 dependencias universitarias, cuyo objetivo es transformar el sistema educativo nacional.

Efectivamente, para poder impulsar el desarrollo de la democracia, la consolidación de la libertad, el impulso al progreso y desarrollo humano, la solidaridad y la tolerancia, la educación es instrumento fundamental.

Como legisladores, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de nuestras facultades, para fortalecer a las instituciones encargadas de la formación de los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se considere brindar mayores recursos económicos al Instituto Politécnico Nacional y se brinde certeza y seguridad jurídica en su cabal asignación.

Notas:

1 Miguel Cervantes Jiménez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, ponencia en la trigésima octava reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la UNAM. http://www.economia.unam.mx/cempe/

2 Ibídem.

3 Martirene, Roberto A., “Manual de presupuesto plurianual”, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Series Manuales, número 57, Santiago de Chile, noviembre de 2007, página 5.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2012.— Senadora Ninfa Salinas Sada (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se destinen mayores recursos al programa de rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego en el país; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que con dichos recursos realice las acciones necesarias para concluir la construcción hidroagrícola en el distrito de riego 057 (Amuco-Cutzamala de Pinzón), en el estado de Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, René Juárez Cisneros, senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La superficie de los Distritos de Riego del país alcanza alrededor de 3.4 millones de hectáreas, cuya importancia desde el punto de vista económico y social se sustenta en el volumen de producción que en esas áreas se obtiene, generando de esta manera recursos alimenticios, así como insumos para la industria y la exportación de productos agropecuarios.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se estima que aproximadamente el 90% de la superficie de los Distritos de Riego del país dependen del agua procedente de presas de almacenamiento y derivadoras, asociadas con sistemas, generalmente complejos de canales de distribución principales, secundarios y terciarios, sistemas de drenaje principales, caminos y otras obras de infraestructura complementaria.

La Conagua define a la agricultura de riego en nuestro país como de bajo nivel tecnológico y descapitalizada, calificando a los productores carentes de una cultura de riego. Refiere también, que no hay conciencia para el uso eficiente de los recursos productivos de agua, suelos, infraestructura hidráulica, maquinaria y agroquímicos. Es decir, no se modernizan. Pero más que culpar a los campesinos y pequeños productores agrícolas, este diagnóstico en nuestra consideración es el resultado de las políticas truncas en materia de desarrollo rural; asociadas a las estrategias neoliberales de retiro estatal de los apoyos a la agricultura, de abandono de los productores ante la apertura de mercados, la presencia del coyotaje en los procesos de comercialización, entre otros factores.

Por lo anterior, la modernización y la conservación de estas áreas de riego con ayuda del equipamiento resultan de fundamental importancia, pues en estas condiciones los sistemas de riego no pueden garantizar la adecuada operación y por tanto el suministro de agua para riego no puede obtenerse con la oportunidad ni la cantidad que los cultivos requieren, afectando de esta manera la capacidad productiva de las áreas de riego.

Cabe mencionar que existen programas federales destinados a mejorar la infraestructura hidráulica de los distritos de riego, tal es el caso del Programa Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego, a cargo de la propia Conagua, cuyo objetivo es utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura concesionada en los distritos de riego y tecnificación del riego y contribuir a incrementar la productividad agrícola y mejorar la economía de la población rural. Sin embargo, los recursos que se aplican son insuficientes para cumplir con sus objetivos, de ahí nuestro exhorto para que se le incrementen los montos presupuestales.

Por otra parte, mencionaré el caso de mi estado, Guerrero. Ahí, el consumo mayor de agua se realiza en el sector agropecuario con el 94% del agua controlada, principalmente en el riego agrícola. El aprovechamiento en este uso se estima que es de un 45% de eficiencia, lo que significa que más de la mitad del agua destinada al riego no se aprovecha para tal fin y retorna a los cauces naturales, después de haber pasado por una infraestructura deficiente en presas de almacenamiento y canales.

En el estado se localiza el distrito de riego 057 “Amuco-Cutzamala”. Se ubica en la zona centro sur de la República Mexicana; y se encuentra en la cuenca media y baja del Río Balsas. Pertenece a la Región Hidrológica No. 18, conocida como “Tierra Caliente”; su extensión comprende los Municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Ajuchitlán, Cutzamala, Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Tlapehuala y Zirándaro, en el estado de Guerrero.

De acuerdo a las Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego. Año Agrícola 2008/2009, en el distrito de riego 057, existen 4 mil 655 usuarios que riegan 10 mil 507 hectáreas; de éstos, 3 mil 786 son ejidatarios y 869 privados. Cabe mencionar que de la superficie regada, 7 mil 605 hectáreas son por gravedad de las presas y 354 por gravedad de derivación.

El distrito de riego 057, se caracteriza porque en él se cultivan diversos productos, destacando el Maíz Grano, que en el ciclo otoño-invierno de dicho año agrícola se sembró en 3 mil 603 hectáreas y en el primavera-verano en 1 mil 458; Sorgo Forrajero Verde, en 582 hectáreas y 353 respectivamente; melón, en 354 y 310 en los mismos ciclos; arroz, en 268 hectáreas en el ciclo otoño-invierno, entre otros. Por su parte, los cultivos perennes se siembran en 3 mil 667 hectáreas, destacando el mango, que se siembra en 1 mil 944 hectáreas.

Es de señalar que el distrito de riego 057 es el más grande del estado y presenta la mayor infraestructura; sin embargo, tiene problemas y deficiencias. Una de ellas es que la construcción de esta obra se inició a partir de la década de los sesenta y quedaron inconclusas y subutilizadas; de ahí la necesidad del apoyo financiero para terminar la infraestructura en tan relevante distrito de riego.

Por otra parte, en el distrito de riego 057 se requiere elaborar un diagnóstico para elevar la producción agrícola y mejorar las tierras con cobertura de riego de la región, máxime en aquellas que se encuentran ociosas o sub-aprovechadas, a efecto de resolver las carencias con apoyos técnicos, crediticios, organizacionales, de conservación y rehabilitación de la infraestructura, con la finalidad de mejorar su aprovechamiento y dotar de mejores alternativas de producción en sus cultivos.

La justa demanda de los productores de la región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero beneficiaría a 10 mil hectáreas de tierras de primera calidad; así como a una importante superficie de terrenos de primera y segunda clase agrológicamente; de lo que se beneficiarán a 2 mil familias campesinas, ganaderos y pequeños propietarios que habitan en 40 ejidos.

No obsta señalar que el concluir con la infraestructura de tan importante distrito de riego, tiene además su justificación en que existen tres presas de almacenamiento en la región: la Vicente Guerrero, la Andrés Figueroa y la de El Gallo; así como las presas derivadoras de Amuco y Hermenegildo Galeana, con lo cual consideramos se cuenta con la disponibilidad suficiente para hacer frente a su ampliación y aprovechamiento.

Además, existe otra agricultura que no se beneficia de la infraestructura hidroagrícola, aquella que se realiza en pequeñas unidades de riego. Son producciones de campesinos que aprovechan escurrimientos de agua y espacios en torno a ríos y barrancas, donde producen una gran variedad de frutas y hortalizas que abastecen a los mercados locales y regionales. Aquí la inversión pública ha sido nula o mínima en comparación con las grandes obras.

Como sabemos, la Conagua cuenta con la Gerencia de Distritos de Riego, que es la instancia responsable de emitir directrices para la administración, operación, conservación, rehabilitación, modernización y tecnificación de los distritos de riego; de ahí nuestra solicitud para que la dependencia federal concluya la obra que, sin duda, beneficiará a un sector importante de campesinos guerrerenses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos al Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego en el país.

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que con los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, realice las acciones necesarias para concluir la construcción hidroagrícola en el distrito de riego 057 (Amuco-Cutzamala de Pinzón), en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los recursos requeridos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la infraestructura del Instituto de Ecología, AC.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Héctor Yunes Landa Senador de la República en la LXII Legislatura, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamento  del Senado de la República, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

Debido al interés y a la necesidad por desarrollar la investigación sobre el uso de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad de México, se crea el Instituto de Ecología (Inecol), con el fin contar con los estudios básicos y las respuestas científicamente instituidas para resolver los problemas ecológicos derivados del uso de las riquezas ecológicas.

Con el establecimiento del instituto se han permitido reunir un importante cúmulo de experiencias e ideas, que buscan apoyar con bases firmes la implementación de estrategias y mecanismos adecuados para impulsar el desarrollo del país, evitando al máximo la afectación del medio ambiente y de la riqueza biológica de los ecosistemas que influyen de manera directa en la calidad de vida y el bienestar de la población.

Es importante señalar que el Inecol, es un organismo público que se encarga de producir conocimiento científico, desarrollar tecnologías, así como generar y preparar profesionistas en materia de ecología y biodiversidad, de forma responsable, sobre el aprovechamiento de recursos naturales, procurando la conservación del patrimonio natural, induciendo el desarrollo social y económico del país.

En este sentido, el proyecto de ampliación y modernización se centra principalmente en la Infraestructura Científica y Tecnológica del Inecol en la ciudad de Xalapa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual le permitirá al instituto posicionarse entre los principales centros científicos a nivel nacional y mundial.

Con ello, se pretende desarrollar las capacidades para establecer soluciones y  hacer frente a las necesidades de los diferentes sectores de la región, especialmente las vinculadas a los temas ambientales y agropecuarios, invirtiendo en la generación de infraestructura para la investigación científica y tecnológica, para la formación de nuevos equipos científicos y para la productividad vinculada a la investigación

En este orden de ideas, es necesario generar el proceso de modernización integral del instituto, ya que debido a su importancia, requiere tener acceso a altos niveles de investigación científica, por lo cual debe contar con una infraestructura altamente especializada que le permita la incorporación de personal académico altamente calificado a fin de desarrollar eficientemente su actividad sustantiva y promover mejores mecanismo de vinculación con la sociedad a través de la generación de soluciones de vanguardia a los problemas ambientales y agropecuarios.

Dicho proceso de ampliación proporcionará a la Institución la capacidad de generar mejores y más eficientes soluciones sobre el mal aprovechamiento y contaminación de los recursos hídricos y encaminará el uso de este recurso de forma sostenible, además de procurar la conservación y restauración de los bosques; así como el fortalecimiento de los vínculos de participación en la educación ambiental.

Con todo lo anterior, podemos concluir que el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, AC (campus III) obtendrá un impacto positivo en los indicadores de generación de conocimiento en la zona, fortaleciendo los niveles de competitividad con innovaciones tecnológicas que impacten de manera directa en el desarrollo regional.

Por lo anteriormente expuesto, y por el desarrollo científico y tecnológico del país, me permito presentar ante esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se le asignen $170,000,000.00 (ciento setenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la infraestructura científica y tecnológica del Instituto de Ecología, AC (Campus III).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 13 de diciembre de 2012.— Senador Héctor Yunes Landa (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 asigne nuevamente 11 millones de pesos a la Academia de Cine y 80 millones de pesos a la distribución cinematográfica.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 164, numeral 2, y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición de punto de acuerdo con carácter de urgente resolución a través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, asigne nuevamente 11 millones a la Academia de Cine, y 80 millones a la distribución cinematográfica, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es evidente el apoyo a la producción nacional que se ha dado desde el Congreso de la Unión con una serie de reformas tanto a la Ley Federal de Cinematografía como a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Su objetivo ha sido incrementar la incipiente producción nacional que se vivió en la década de los noventa.

El Imcine señala, en su informe de actividades 2010, que el estímulo fiscal contenido en el 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ha permitido que 340 empresas contribuyentes se involucraran en la producción cinematográfica mexicana.

El estímulo fiscal contenido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ha sido, indudablemente, un parte aguas en la producción de cine Nacional, pasamos  de producir 14 películas al año en 2002, a producir 72 en el año 2011.

Este nuevo aliento de vida al cine mexicano ha fortalecido a una de las industrias con mayor potencial para generar un sentimiento de identidad con nuestros compatriotas y con los valores nacionales, esta industria es también capaz de producir abundantes divisas y crear empleos, así como de difundir una imagen de nosotros mismos tanto al interior, como al exterior de nuestro país.

El fortalecimiento de la producción de cine nacional planteó nuevos retos, producir no es suficiente, ya que por más calidad que tenga una película, sí no se promociona eficaz y suficientemente no llegará a la audiencia, por tal motivo se debe también fortalecer los otros eslabones de la cadena de la industria cinematográfica. Lo anterior debido a que los distribuidores optan por invertir sus recursos en películas que han resultado ser un éxito internacional o que, siendo películas nacionales, puedan tener un alto éxito en taquilla. Pocos distribuidores cuentan con incentivos para invertir en películas mexicanas de las que no tienen certeza de su éxito, sobre todo pensando en productores jóvenes, independientes o creadores de cine de arte.

Por lo tanto, películas nacionales de calidad o artísticas que pudieran ser rentables económicamente por los ingresos generados en taquilla, dejan de promoverse por falta de recursos. Esto genera una pérdida no sólo para la sociedad, que deja de conocer el trabajo artístico y cultural de productores mexicanos, sino que también es una gran pérdida para el gobierno federal y los contribuyentes reales de impuestos, pues los recursos destinados a la producción de películas nacionales no se traducen en la exhibición de estas. Los recursos públicos empleados para apoyar la producción de películas nacionales, pierden efectividad, si estas no llegan a las salas de exhibición y generan los ingresos suficientes para recuperar los costos de producción, distribución y exhibición.

A pesar de la gran utilidad del estímulo fiscal contenido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las películas nacionales como producto final no están llegando al espectador, lo anterior debido a que ya en el terreno de juego enfrentan una completa desventaja frente a las películas extranjeras. La competencia en el mercado de exhibición resulta poco equitativa si consideramos que la publicidad y el número de copias de las películas extranjeras es avasallador frente a la publicidad y el número de copias de las películas nacionales.

Con conciencia de esta situación, los Diputados de la pasada LXI Legislatura, etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, una bolsa de 11 millones para la Academia de Cine y 80 millones de pesos, para  la distribución cinematográfica de películas nacionales.

Dicho recurso se entregó a través de la creación de un Comité Interinstitucional que estuvo formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

En el caso de la distribución de películas cinematográficas nacionales, el Comité Interinstitucional encomendó al Imcine la asesoría en la formulación de reglas y lineamientos de operación, publicación de convocatoria, análisis y evaluación de los proyectos presentados, y operación del mecanismo hasta la entrega del apoyo.

El pasado 27 de junio del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales para aplicar los proyectos de inversión para la distribución de películas cinematográficas nacionales. Con lo anterior, dieron inicio las convocatorias de las diferentes disciplinas artísticas y el de la distribución cinematográfica.

Para la convocatoria del Eprocine, se inscribieron un total de 84 proyectos (9 proyectos en la categoría de Circuito no comercial y 75 proyectos en la categoría de Circuito comercial).

De los 84 proyectos inscritos al Estímulo a la Promoción Cinematográfica (Eprocine), 10 proyectos fueron rechazados por no cumplir con las omisiones detectadas a la hora de la recepción del proyecto, o bien, contaban con irregularidades administrativas con el Imcine y/o alguno de los fondos de producción cinematográficos.

Para darle mayor transparencia al proceso de evaluación, se solicitó a las diferentes asociaciones del sector cinematográfico que propusieran candidatos a conformar el Consejo de Evaluación para la Distribución Cinematográfica (CEDC). A través de un proceso de insaculación ante notario público y algunos invitados de la comunidad cinematográfica, se eligió a los 5 miembros del CEDC.

Durante 4 semanas, el CEDC evaluó 75 proyectos susceptibles de ser recomendados al Comité Interinstitucional para su aprobación. El Comité Interinstitucional aprobó 60 proyectos para la distribución de películas cinematográficas nacionales. La lista de los proyectos beneficiados fue publicada en las páginas web del Conaculta y el Imcine el día viernes 19 de octubre del año en curso.

Finalmente, en diciembre de este año, el Imcine asignó los recursos a un total de 60 proyectos que serán apoyados en estos rubros.

Etiquetar estos recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, permitirá que nuestras películas mexicanas cuenten, nuevamente, con difusión y promoción no sólo para llegar a más salas de exhibición, sino para que también puedan competir con las producciones internacionales de mejor manera, al menos en lo que se refiere al nivel de recursos destinados a la promoción y publicidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se asignen nuevamente 11 millones a la Academia de Cine, y 80 millones a la distribución cinematográfica nacional.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senadores: María Alejandra Barrales Magdaleno (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo a la solicitud del monto de endeudamiento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013 realizada por el jefe de Gobierno de dicha entidad.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito senador, integrante de la Comisión de Distrito Federal en el Senado, de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

De conformidad con artículo 122 constitucional, corresponde al presidente de los Estados Unidos Mexicanos enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley.

De conformidad con el artículo 73 constitucional, al Congreso de la Unión le corresponde la facultad de aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito  Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.

El proyecto de Ley de Ingresos 2013, incluye la propuesta del Gobierno del Distrito Federal de un techo de endeudamiento neto para 2013 para esa entidad federativa, de 5,000 mdp, a efecto de financiar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de ese ejercicio fiscal.

El día 12 de diciembre de 2012, en el salón Heberto Castillo del Senado de la República, diputados a la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, y Senadores integrantes de la Comisión de Distrito Federal en el Senado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, tuvieron un primer encuentro hacia la reforma política del Distrito Federal.

En dicha reunión, como parte de las ideas y aportaciones, se pusieron en la agenda los temas vinculados al financiamiento de la Ciudad y se manifestó la voluntad de realizar un respaldo al Distrito Federal a fin de apoyar la aprobación de la deuda pública para el siguiente ejercicio fiscal.

Al respecto, es de mencionarse que en comparación con su Producto Interno Bruto (PIB), la deuda del Distrito Federal representa sólo 2.2% del PIB local, situándose por debajo de la media nacional, que es de 2.7%. Eso lo coloca en el lugar 18 de las 32 entidades federativas.

La estimación para el crecimiento real al cierre de la administración 2006-2012, es de 7.3%, es decir, una tasa promedio anual de crecimiento de 1.1%.

Con los recursos obtenidos, el Gobierno del Distrito Federal realiza importantes inversiones en proyectos socialmente productivos para la ciudad, de manera particular, para transporte público, infraestructura y servicios públicos.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República manifiesta su respaldo a la solicitud de monto de endeudamiento que el jefe de Gobierno del Distrito Federal sometió a la consideración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, su incorporación dentro de la Ley de Ingresos, y en consecuencia, a analizar y discutir, y en su caso aprobar, como parte del paquete económico del ejercicio fiscal 2013 ese monto de financiamiento que corresponde al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día miércoles 12 de diciembre de 2012.— Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se etiqueten recursos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que permitan fomentar políticas públicas para el rescate de las lenguas indígenas de nuestro país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 etiqueten recursos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que permita fomentar políticas públicas para el rescate de las lenguas indígenas de nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de los Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de marzo de 2003, por lo que es a partir de esa fecha que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Inali, opera a raíz de su creación de la Ley antes citada, con la finalidad de fomentar el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos reconoce como una nación pluricultural y multiétnica por ello el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe contribuye a una consolidación de una sociedad equitativa, incluyente y plural, favorecedora del dialogo intercultural a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas, con las que se promueve el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, así como el derecho de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida social económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas.

Uno de los logros que ha tenido el instituto es el ejercer la aplicación en el ámbito público, social y de desarrollo de los pueblos indígenas, el establecimiento de una política pública en materia de lenguas indígenas que se ha modificado la tendencia a la desaparición de dichas lenguas permitiendo su rehabilitación, fortalecimiento y desarrollo.

De acuerdo al Inali tan solo en este año como parte de la estrategia de difusión del Gobierno Federal, la Secretaria de Educación Pública produjo mensajes regionalizados sobre servicios educativos como mejoramiento de escuelas o programas de becas. Por lo que Aproximadamente de febrero a marzo de 2012 se difundieron 23,925 mensajes.

De igual manera, el instituto tradujo y produjo 4 versiones de la campaña a lenguas indígenas (mixteco del oeste a la costa, mayo de Sinaloa, Náhuatl de guerrero, maya para Yucatán y Quintana Roo. Dichas versiones se difundieron en radio comercial aproximadamente 2,345 impactos en la última semana de marzo de 2012.

Por lo que respecta a campañas coemitidas tan solo en lo que va del año se realizaron:

• Comisión Nacional del Deporte: “Encuentro Nacional Deportivo Indígena Campeche 2012”, se tradujo y produjo el spot de radio en 6 variantes lingüísticas.

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: “Cambio Climático”, se produjo un mensaje traducido a 5 variantes lingüísticas.

• Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie): el Inali y el Cepropie produjeron la serie “Entre lenguas”, en tres variantes lingüísticas.

• Foro Femenino, Mujeres escritoras indígenas: convocatoria que se tradujo a 6 lenguas indígenas.

• Grupo Radiofónico ACIR: a través de Fundación ACIR (con 160 emisoras en todo el país), en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), se difundió una cápsula sobre Diversidad Lingüística.

• ONU Mujeres-Suma-IMER: “Derechos Políticos de las Mujeres”, se llevó a cabo la traducción en 7 lenguas de las 15 cápsulas realizadas en coemisión con Suma y el Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con ONU Mujeres de México.

• Instituto Nacional del Derecho de Autor: se tradujeron dos versiones sobre “Derechos de autor” a 7 lenguas indígenas.

• Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos: realizaron de forma conjunta la traducción a 8 lenguas indígenas de información diversa que se encuentra en su sitio de internet, y se realizó la traducción y producción de 4 versiones de testimoniales a 8 lenguas indígenas cada uno.

• Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres: “Contra la Violencia hacia las Mujeres”, se tradujeron y produjeron dos versiones de “violencia doméstica” y “violencia laboral” en 7 variantes lingüísticas.

Ahora bien el Instituto realizo un documento “Catalogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodeterminaciones y referencias geoestadísticas” en el que se encuentran mapas con respecto al territorio histórico de cada pueblo indígena del país, las localidades donde se habla la respectiva lengua nacional originaria.

Ante la complejidad catalogaron la diversidad lingüística de los pueblos indígenas en tres categorías. 11 familias lingüísticas indoamericanas: Algica, Yuto-Nahua, Cochimi-yumana, seri, oto, mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chonta de Oaxaca y huave.

De ahí se derivan la agrupación lingüística que tienen catalogadas 68 que son:

Akateko, amuzgo, Awakateko, ayapaneco, cora, cucapá, cuicateco, chatino, chichimeco jonaz, chinanteco, chocholteco, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, Chuj, ch’ol, guarijío, huasteco, huave, huichol, ixcateco, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, Kickapoo, kiliwa, kumiai, ku’ahl, K’iche’, lacandón, Mam, matlatzinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, oluteco, otomí, paipai, pame, pápago, pima, popoloca, popoluca de la Sierra, qato’k, Q’anjob’al, Q’eqchí, sayulteco, seri, tarahumara, tarasco, Teko, tepehua, tepehuano del norte, tepehuano del sur, texistepequeño, tlahuica, tlapaneco, tojolabal, totonaco, triqui, tseltal, tsotsil, yaqui, zapoteco, zoque

Estimados compañeros, datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estiman que varias lenguas están en peligro de extinción entre ellas: Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Papai.

No podemos dejar pasar de largo esta situación, las lenguas indígenas son parte de nuestra identidad, para ello es primordial que el Instituto cuente con un presupuesto adecuado para su correcto funcionamiento, el fomento del trabajo interinstitucional es trascendental, pero también el fortalecimiento de las políticas públicas que generen el rescate de las lenguas indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten recursos suficientes para el correcto funcionamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el fomento al rescate de las lenguas indígenas de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil doce.— Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2013, se asignen 13 millones de pesos para que a través de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, se realicen estudios de infraestructura hidráulica en dicho estado.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, se asignen 13 millones de pesos para que a través de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, se realicen estudios de infraestructura hidráulica en el estado de Colima., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La riqueza de un país como el nuestro, depende en gran medida de su actividad agrícola y más cuando la superficie total con la que cuenta México para la realización de esta actividad es de 112.39 millones de hectáreas, de las cuales sólo están siendo utilizadas 29.9 millones. De tal forma resulta necesario impulsar y fortalecer su aprovechamiento, con el fin de beneficiar en primer momento a quienes trabajan la tierra, creando mayores empleos, pero sobre todo para prevenir y solucionar problemas de autosuficiencia alimentaria, que en últimas fechas ha ido en aumento.

Por lo anterior, resulta preponderante realizar obras para crear infraestructuras adecuadas que permitan la correcta administración del agua para el fomento en la producción de alimentos, ya que está comprobado que un área efectivamente bien regada aumenta su productividad agrícola hasta más del 34 por ciento. Por otro lado, también es importante impulsar obras de protección a centros de población, que cada año se afectan en temporadas de lluvias y huracanes.

Colima es el cuarto estado más pequeño y su superficie queda comprendida dentro de una derivación de la Sierra Madre del Sur por un lado y el Océano Pacífico por el otro; la agricultura aporta el 8.5% del PIB estatal, sin embargo cabe destacar que el Estado es un gran productor de limón y copra, además se identifica como uno de los 10 productores nacionales que participa en el mercado extranjero con una gama de cultivos frutícolas y hortícolas.

Los pobladores del estado de Colima son pues productores de frutales, como caña de azúcar, limón mexicano, limón persa, papayo, palma de coco, plátano, mango y piña ; de las hortalizas entre los que destacan principalmente el melón y la sandía; y de granos como el maíz y el frijol, por lo que también requieren un elemento esencial como es el agua para la producción agrícola que bien vale la pena detonar con el almacenamiento y administración de este vital líquido, siendo necesario impulsar proyectos para su abastecimiento en poblaciones y distritos que permitan fortalecer al campo y al ingreso de sus familias, evitando su desperdicio así como su desbordamiento con el que se ponga en riesgo a la ciudadanía en tiempos de lluvias.

Ahora bien, el exceso de precipitaciones pluviales de los últimos años, por un lado y la recurrencia del paso de huracanes por el otro, han generado problemas de inundación, convirtiéndose en una de las principales, preocupaciones no sólo de las autoridades sino de la misma población colimense, pues los fenómenos naturales que se presentan año con año, así como su condición geográfica aunada a la falta de la infraestructura necesaria para poder evitar dichas afectaciones, ha propiciado que los habitantes de algunos municipios como Manzanillo, se vean frecuentemente afectados ocasionando severos daños y pérdidas económicas durante los meses de agosto a octubre principalmente, como sucedió el año pasado con el Huracán Jova, en el que muchos habitantes perdieron su patrimonio.

Sumando esfuerzo es de mencionar que la diputada Martha Leticia Sosa Govea, ha apoyado etiquetar recursos en el PEF 2013, en el que garanticen la seguridad a la población Colimenses pues como ya se mencionó los diversos fenómenos naturales han mermado la estabilidad de seguridad económica y patrimonial de la población.

Es así que es necesario la realización de tres estudios y un proyecto para determinar los siguientes proyectos de inversión de obras en materia hidráulica como son:

1. Estudio de factibilidad técnica y económica para la construcción de infraestructura de protección a centros de población y áreas productivas sobre el río Armería, en la comunidad Cofradía de Juárez de Armería, Colima. El costo del estudio es de $3,000, 000.00.

2. Estudio de factibilidad técnica y económica y el análisis costo beneficio de la presa de almacenamiento La Fundición, sobre el arroyo El Chino, con la finalidad de justificar y sustentar las inversiones requeridas para la construcción de obras de Infraestructura Hidroagrícola, con el fin de resolver la carencia de agua potable en las poblaciones de Coalatilla y Rincón de López, en el Municipio de Armería Col, lo que beneficiaría a 1.20 y 2.950 habitantes, así como incorporar al riego 252 hectáreas y rehabilitar 843 hectáreas, que a la fecha riegan con agua de pozo profundo, con altos costos y grandes deficiencias por la disminución del acuífero. El Costo del estudio es de $3,000, 000.00.

3. Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la presa derivadora sobre el río Armería, en Armería, Colima, este proyecto ejecutivo beneficiaría a comunidades ejidales de la propia cabecera municipal, así como de la comunidad de Cuyutlán e Independencia, por las mismas razones de aprovechar el temporal en la producción agrícola. El Costo para elabora el Proyecto es de $3,000,000.00.

4. Estudio de factibilidad técnica y económica para la construcción de infraestructura de protección a centros de población y manejo integral de escurrimientos de las aguas pluviales en las zonas de influencia del arroyo La Tigra, en Jalipa y la cuenca de Olas Altas, en Santiago, en el municipio de Manzanillo, Colima. El Costo del estudio es de $4,000, 000.00

No podemos dejar de mencionar la urgencia de registrar avances en la realización de los proyectos mencionados, cuando estamos viviendo los efectos del cambio climático y la mayor incidencia de fenómenos meteorológicos que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de miles de familias en las zonas costeras de los estados de Colima y Jalisco.

Por ello solicito a la Honorable Cámara se sirva considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 los recursos para realizar los estudios y el proyecto relacionado, a fin de favorecer tanto el rendimiento de cultivos como la seguridad de lo colimenses, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2013, se asignen 13 millones de pesos para que a través de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, se realicen los estudios de infraestructura hidráulica en el estado de Colima, que a continuación se detallan:

1.-Estudio de factibilidad técnica y económica para la construcción de infraestructura de protección a centros de población y áreas productivas sobre el río Armería, en la comunidad Cofradía de Juárez de Armería, Colima. El costo del estudio es de $3,000, 000.00.

2. Estudio de factibilidad técnica y económica y el análisis costo beneficio de la presa de almacenamiento La Fundición, sobre el arroyo El Chino con la finalidad de justificar y sustentar las inversiones requeridas para la construcción de obras de Infraestructura Hidroagrícola, con el fin de resolver la carencia de agua potable en las poblaciones de Coalatilla y Rincón de López, en el municipio de Armería, Colima, lo que beneficiaría a 1.20 y 2.950 habitantes, así como incorporar al riego 252 hectáreas y rehabilitar 843 hectáreas, que a la fecha riegan con agua de pozo profundo, con altos costos y grandes deficiencias por la disminución del acuífero. El Costo del estudio es de $3,000, 000.00 pesos moneda nacional.

3. Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la presa derivadora sobre el río Armería, en Armería Colima; este proyecto ejecutivo beneficiaría a comunidades ejidales de la propia cabecera municipal, así como de las comunidades de Cuyutlán e Independencia, por las mismas razones de aprovechar el temporal en la producción agrícola. El Costo para elabora el Proyecto es de $3,000, 000.00 pesos moneda nacional.

4. Estudio de factibilidad técnica y económica para la construcción de infraestructura de protección a centros de población y manejo integral de escurrimientos de las aguas pluviales en las zonas de influencia del arroyo La Tigra, en Jalipa y la cuenca de Olas Altas, en Santiago, en el municipio de Manzanillo, Colima. El Costo del estudio es de $4,000, 000.00 pesos moneda nacional.

Dado en la Cámara de Senadores, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil doce.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar y mejorar su sistema de guarderías.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se destinen mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar y mejorar su Sistema de Guarderías, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La incorporación de las mujeres mexicanas al mercado laboral en los últimos años ha aumentado considerablemente, se estima que la tasa de participación económica femenina aumentó en poco más de 11 puntos porcentuales de 1991 a 2009, de conformidad con datos de la Encuesta Nacional de Empleo 1991-2004 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2009 del Inegi.

La participación económica de las mujeres ha incrementado principalmente por un aumento del nivel de escolaridad. Una comparación del nivel de escolaridad de mujeres mayores de 15 años en los últimos dos Censos arroja que se ha incrementado este segmento de la población con secundaria terminada, estudios medio superior, y superior.

El rango de edad de las mujeres económicamente activas oscila entre los 25 a 54 años, esto supone que las mujeres trabajadores podrían ser madres, e implica que se encuentran realizando una actividad laboral y se dedican al cuidado de los hijos.

La inclusión laboral de las mujeres trae aparejado que ocupen un espacio mayormente ocupado por los hombres. Sin embargo, las mujeres trabajadoras son las que generalmente se encargan del cuidado de los menores.

Es menester hacer hincapié sobre el derecho de los niños y las niñas a acceder a un servicio de  guarderías seguras, eficientes, y eficaces. Actualmente por  los argumentos ya vertidos, el incremento de las mujeres trabajadoras ha traído consigo la demanda de guarderías.

En 1973 se expidió una nueva Ley del Seguro Social, la cual estableció entre otros puntos relevantes, la obligación a los patrones del financiamiento del servicio de guarderías. Se estipula que para financiar el Sistema de Guarderías y Prestaciones Sociales, los patrones cubrirán al Instituto una cuota del 1 por ciento salario de los trabajadores, de la cual al menos el 80 por ciento se destinará al ramo de las guarderías.

El seguro de guardería se otorga tanto a las mujeres trabajadoras derechohabientes, como los hombres trabajadores asegurados viudos o divorciados que mantienen la custodia de sus hijos.

El Programa Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social 2009-2012, menciona que de 1990 al 2006 el Instituto logró consolidar la prestación de servicios, sujeta a las restricciones financieras que ha venido enfrentado. Entre los principales logros se encuentra la ampliación de la infraestructura del sistema de guarderías, gracias a la adopción de nuevos esquemas de prestación de servicios.

Este mismo programa contempla que “Se prevé que durante la próxima década, el aumento en el número de mujeres en el mercado laboral genere un aumento importante en la demanda del servicio de guarderías, aun cuando la tasa de fecundidad siga disminuyendo, lo que quizá repercuta más sobre las finanzas del Instituto”.

Esto se puede observar ya que datos del Instituto reflejan que en el año 2000 se registró una demanda de aproximadamente 148 mil lugares, en tanto que para el 2011 esta cifra aumentó a 245 mil, lo que representó un incremento de 65.4 por ciento.

Ahora bien, el Instituto otorga la prestación de guarderías bajo dos modalidades; en sus propias instalaciones (guarderías para madres IMSS), y las guarderías del esquema ordinario (guarderías de los Esquemas Vecinal Comunitario, del Campo e Integrador). En ese tenor se reportan los siguientes datos:

I) Guarderías propias ó de prestación directa,  representan alrededor de 12.6 por ciento de los lugares disponibles y cuentan con una capacidad instalada de casi 30 mil lugares al 2011.

II) Guarderías de prestación indirecta, 87.4 por ciento del total de lugares disponibles y cuentan con una capacidad instalada de casi 206 mil lugares al 2011.

Por otro lado, además de la demanda del servicio, no hay que dejar de observar la eficiencia del mismo. Después de la tragedia ocurrida en el 2009, en la guardería ABC, el IMSS lleva a cabo verificaciones más rigurosas de sus guarderías para revisar el cumplimiento de los estándares de seguridad y protección civil.

En materia de transparencia, en el 2009 el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) solicitó al Instituto el listado de guarderías contratadas, la vigencia y esquemas de sus contratos, así como el monto que se paga por este servicio. Asimismo, el IFAI recomendó publicar el contrato de cada guardería. En ese sentido ahora es posible consultar en el portal de internet del IMSS la información pormenorizada al respecto.

Asimismo, la organización Transparencia Mexicana, se encuentra participando en la supervisión de los procesos de licitación de más guarderías para atender la amplia demanda del multicitado servicio.

No obstante de estas medidas, se hace necesario continuar con acciones para mejorar las guarderías del país. Si bien es cierto que la demanda es amplia y se requiere de un mayor número de guarderías, no se debe dejar de lado que éstas deben de cumplir con los requerimientos de seguridad y protección para los menores.

Sería de gran apoyo para los trabajadores derechohabientes, en especial para las madres trabajadoras, el aumento del Sistema de Guarderías con la finalidad de que el Instituto cumpla con las expectativas de cobertura.

En atención a las demandas ciudadanas de más y mejores guarderías para los niños y niñas, realizo un exhorto, para que se destinen mayores recursos para este fin.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II,  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se destinen mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar y mejorar su Sistema de Guarderías.

Dado en el salón de desiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2013 los recursos necesarios para la pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, en Nayarit.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios para la pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, en Nayarit

Consideraciones

El municipio de Amatlán de Cañas, en Nayarit, se ha distinguido por mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar, a través de la suma de voluntades en los distintos órdenes de gobierno y la participación activa de la comunidad que lo comprende.

La actual administración ha refrendado su compromiso con las y los amatlenses a partir de un Plan de Desarrollo Municipal, para mejorar la atención ciudadana a partir de la transparencia ética e imparcial con una amplia comunicación con la ciudadanía y la rendición de cuentas a partir de la optimización de los recursos humanos y materiales de manera continua y apegado a lo que el marco jurídico establece, con la finalidad de atender problemas originados a las necesidades de la comunidad amatlense.

No obstante, este municipio, se localiza al sureste del estado de Nayarit, colinda al norte con los municipios de Ahuacatlán e Ixtán del Río, tanto al oriente como al poniente y al sur colinda con Jalisco. Tiene una extensión territorial total de aproximadamente 765 kilómetros cuadrados y 740 metros sobre el nivel del mar en relación con su altitud. En la parte alta, se encuentra rodeado de cerros con laderas pronunciadas accidentadas y de forma convexa y relieve montañoso, en su parte media presenta pendientes de un 15 a 20 por ciento de pendiente de relieve ondulado y en su parte baja que es el valle, pendientes que no sobrepasa el 5 por ciento.

La situación topográfica del municipio hace complicado su acceso, y en particular, existen diversas calles que carecen de mantenimiento, son de terracería o actualmente tienen numerosos baches. Es por ello, que las acciones que se realicen para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial, de pavimentación y de vías generales de comunicación son de gran importancia para la seguridad y bienestar para los habitantes de un municipio.

No podemos olvidar que el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las localidades, están relacionadas con el grado de desarrollo y modernización que no puede, ni debe dejarse atrás.

El mejoramiento de las vías generales de comunicación del municipio traerá consigo una mayor promoción y fomento del turismo de la región. Una mejor imagen urbana atraerá a nuevos perfiles de visitantes, además de que se generarán oportunidades de explotar nichos turísticos como detonador local de la economía.

En este sentido, es menester que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se contemplen recursos para las siguientes obras de pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, ya que la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano.

En este sentido, la población de la localidad de Amatlan de Cañas cuenta con 3157 habitantes que serían beneficiados, con la pavimentación de calles y avenidas con una superficie firme para la rapidez en su traslado, menor desgaste de vehículos y ahorro de combustible.  Asimismo, se generarían vías generales de comunicación con un impacto alto en el turismo de la localidad y el desarrollo económico y social de las y los habitantes.

Por lo expuesto, presento ante está honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios para la pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.— Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2013 considere una partida adicional que permita modernizar los diversos sistemas de alerta sísmica.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108  y  276 del Reglamento del Senado de la República, somete, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto correspondiente al año fiscal dos mil trece considere una partida adicional que permita modernizar los diversos sistemas de alerta sísmica, así como a distintos entes de la administración pública para ampliar la cobertura de los mismos e implementar un mecanismo de aviso mediante mensajes de texto, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El territorio nacional está ubicado en una de las zonas geográficas de mayor riesgo sísmico a nivel mundial.

2. En el año de 1904 México junto con otros 18 países creó la Asociación Sismológica Internacional, dando como resultado la instauración en nuestro país del Servicio Sismológico Nacional (SNN), operado actualmente por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que cuenta con 36 estaciones que conforman la Red Sismológica de Banda Ancha.

3. En 1992 se crea en nuestro país la Red de Observatorios Sismológicos de Banda Ancha, cuyo objetivo era realizar una instrumentación sísmica que permitiera la detección, captura, registro y posible prevención de dichos fenómenos naturales, a raíz del lamentable sismo ocurrido en septiembre de 1985.

3. Veinte años después del lamentable acontecimiento y gracias a la colaboración institucional de los gobiernos del estado de Oaxaca, del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación, se sentaron las bases para la unificación de los sistemas denominados “Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México” (el cual operaba en sus inicios con 12 estaciones sismo sensoras proporcionando avisos con un tiempo de 60 segundos, transmitidos a través de radiodifusoras integrantes de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México); así como del “Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca” (con 37 estaciones sismo sensoras y cuya transmisión de alerta era similar al del sistema del valle de México, con la diferencia de emitir una alerta de hasta 30 segundos de oportunidad), fusión que dio origen al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex).

4. Sasmex considera dos tipos de rangos en las alertas que emite alerta pública, cuando se espera un sismo de efectos fuertes; y la alerta preventiva que funciona en casos de sismos moderados.

Considerandos

Primero. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es la encargada de analizar y aprobar los recursos públicos.

Segundo.Que México cuenta con importantes instituciones dedicadas al estudio y prevención de sismos tal es el caso del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC (CIRES) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred); sin embargo, dichos centros aún cuentan con carencias tecnológicas y presupuestales que se deben abatir a fin de prevenir a la ciudadanía en caso de un sismo.

Tercero.Que resulta insuficiente la cobertura de la alarma sísmica en los estados de la República, especialmente en el Distrito Federal donde el subsuelo y la zona es mucho mas susceptible a estos fenómenos  y a pesar de los esfuerzos implementados por el gobierno del Distrito Federal, no se ha brindado a la ciudadanía una herramienta eficiente para alertar a la población en caso de sismos, ya que los medios de difusión ante una eventualidad de esta naturaleza son ineficaces, por ejemplo la alarma sonora solo funciona cuando el epicentro del sismo es en las costas de Guerrero, pero cuando  es originado en otras zonas, no  es detectable y las aplicaciones que se distribuyeron para los teléfonos móviles con acceso a internet jamás funcionaron.

En la mayoría de los estados no hay ni tan siquiera planes o programas de protección civil para atender este tipo de eventos naturales, de tal modo que es dable poner atención a la prevención e información oportuna a la población.

En consecuencia, se someten a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se considere una partida especial destinada a modernizar los diversos sistemas de alerta sísmica y ampliar el número de observatorios con los que actualmente cuentan.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal a fin de que proporcionen los servicios de mantenimiento correspondiente en los sistemas que ya han sido instalados en diversos inmuebles gubernamentales, así como en el sistema de transporte colectivo Metro para que funcionen de manera óptima. Asimismo, incrementen el número  de dispositivos en edificios de gobierno y espacios públicos en la Ciudad de México con el sistema de alerta sísmica, de acuerdo a su esfera de competencia.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal a implementar los mecanismos necesarios a fin de informar oportunamente a la población de la ocurrencia de un sismo, particularmente, mediante mensajes de texto masivos a través de la telefonía celular y/o redes sociales de internet en los que adicionalmente se difundan los números telefónicos de los servicios de emergencia.

 Dado en el salón de sesiones, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil doce.— Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Pesca y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren mayores recursos para el sector pesquero y acuícola nacional.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Francisco Salvador López Brito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Pesca y Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren mayores recursos para el sector pesquero y acuícola nacional. Lo anterior a partir de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México la actividad pesquera y acuícola se desarrolla en la línea costera de aproximadamente 11 mil 500 kilómetros de litoral, en un área exclusiva de 3 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental, en las que se incluyen 1,6 millones de hectáreas de lagunas litorales, así como en aproximadamente 49 mil 512 kilómetros cuadrados de aguas interiores.

Desde hace mucho tiempo tanto la pesca como la acuacultura han sido actividades productivas tradicionales de gran valor económico, social y alimentario para nuestro país. En la actualidad ambas actividades permiten la generación de empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y forman parte elemental de la seguridad alimentaria de la población nacional.

En diferentes regiones del territorio nacional la pesca ribereña o de pequeña escala se ha consolidado como una de las alternativas de subsistencia a favor de las poblaciones de escasos recursos, así como de sustento por no existir o carecer de otras actividades productivas. En el interior de territorio nacional y en sus extensos litorales la pesca y la acuacultura han contribuido sustancialmente al desarrollo de sus comunidades, así como de sus estados y por ende del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), en la actividad ribereña trabaja 85 por ciento de los pescadores del país y más de 90 por ciento de las embarcaciones registradas trabajan en este tipo de captura. En términos estadísticos la participación de la pesca ribereña en México es responsable de 65 por ciento de la producción destinada al consumo humano directo.

Asimismo la pesca industrial es de gran importancia para las regiones pesqueras, aproximadamente 2 mil 500 barcos se dedican a la pesca industrial generando aproximadamente unos 25 mil empleos directos y otros 72 mil indirectos. Este tipo de pesca es una actividad importante para el país ya que permite la ocupación física de una parte de la Zona Económica Exclusiva, y de igual forma genera empleo y alimento para la exportación y generación de divisas.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos años, la producción pesquera nacional se ha estabilizado en alrededor de 1.4 millones de toneladas anuales, aportando cerca de 1.1 por ciento de la producción pesquera y acuícola mundial, esto le ha permitido situarse entre los veinte países con mayor producción pesquera y tercero en América Latina. La aportación al producto interno bruto (PIB) nacional de este sector es de alrededor del uno por ciento, con la contribución de más de un millón de empleos u ocupaciones directos e indirectos.

Los datos y cifras anteriores pueden ser alentadores para la actividad pesquera que se presenta en nuestros litorales, sin embargo, la pesca a nivel nacional, en general continúa enfrentando graves problemas ambientales, ecológicos y socioeconómicos tales como: la sobreexplotación y deterioro de especies; afectación de ecosistemas; deterioro de pesquerías; sobre capitalización y subutilización; flota excedente y caduca; sobreesfuerzo pesquero, así como la falta de financiamiento y apoyos para su desarrollo e investigación científica y tecno1ógica.

A esto hay que adicionar que existe un gran problema de pesca ilegal y de captura incidental que ha ido en incremento en los últimos años, lo que ha generado grandes conflictos entre los sectores de pesca comercial y deportiva. Asimismo de acuerdo con los estudios realizados de investigación 75 por ciento de las pesquerías se encuentran al máximo desarrollo sostenido y 15 por ciento se encuentran sobreexplotados.

Otro aspecto importante por considerar es que en las últimas décadas la actividad pesquera ha sido relegada ubicándola en los últimos lugares de las actividades productivas primarias de importancia para el país, de igual forma ha sufrido cambios significativos transfiriéndola de una secretaría de estado a una Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tal como actualmente subsiste.

Dichos aspectos han provocado considerables afectaciones en la atención que estas actividades requieren, el servicio público ejercido hacia estos sectores no ha sido tal que permitan un mejor desarrollo y aprovechamiento del potencial con que cuenta el país en los extensos litorales.

Se considera que no obstante a la importancia que para la nación representan el sector pesquero y acuícola, cada vez es menos significativo e insuficiente el presupuesto otorgado y autorizado por la colegisladora para brindar respuesta a la gran demanda que estos sectores presentan, a esto hay que considerar los subejercicios que se aplican en el transcurso de los años corrientes que se realizan por la entidades responsables de ejercer las políticas públicas a este respecto.

La importancia de la pesca en México no debe ser valorada únicamente por su contribución al producto interno bruto que es menor a 1 por ciento, ya que las actividades pesqueras y acuícolas son en realidad relevantes por la aportación de alimentos de elevado contenido de proteína, así como su participación positiva en la balanza comercial al generar un saldo neto positivo de divisas y el papel estratégico en el ejercicio de la soberanía nacional tanto promoviendo el desarrollo económico y el asentamiento de poblaciones en zonas costeras a lo largo de los litorales.

Es decepcionante observar que después de que levantó altas expectativas en el sector pesquero durante su campaña electoral y se habló de la posibilidad de hasta crear una secretaría de pesca, el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envío a la Cámara de Diputados federal un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 muy bajo tanto para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), como para el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), lo que pone en riesgo proyectos institucionales que ya están en marcha, como resulta la adquisición de dos buques de investigación para el océano Pacífico y otro para el Golfo de México, así como la publicación de la Carta Nacional Pesquera.

La adquisición de las embarcaciones adaptadas a la investigación pesquera y oceanográfica para aguas profundas, operarán en el Pacífico y en el Golfo de México, se podrán hacer estudios para la extracción de especies que habitan a más de 500 millas del litoral y que no son aprovechadas actualmente.

Por otro lado, la importancia de que se publique periódicamente la Carta Nacional Pesquera, es que permite la explotación responsable y sustentable de los recursos marinos e impulsa la conservación de la riqueza pesquera.

Cabe mencionar que en la pasada administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se hizo un esfuerzo para apoyar la investigación y la innovación tecnológica del Inapesca por lo que en el 2011 recibió 234 millones de pesos, en 2012, ya como organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se le destinaron 500 millones.

El nuevo titular del Ejecutivo federal envió un presupuesto para el Inapesca de tan sólo 663.1 millones de pesos, mientras que para la Conapesca se destinaron mil 787.9 millones.

A manera de desglose del presupuesto de la Conapesca, se tiene que en forma directa se le transferirán para el manejo administrativo 417.9 millones de pesos; 100 millones para la disminución del esfuerzo pesquero, e igual cantidad para inspección y vigilancia pesquera, mientras que para el programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, fueron asignados 30 millones de pesos.

Para los programas Diesel Marino y Gasolina Ribereña, se tienen etiquetados 600 y 150 millones respectivamente; Infraestructura Pesquera y Acuícola (incluye infraestructura para la siembra) se asignaron 390 millones de pesos.

Sin embargo, para darle continuidad a los programas que se encuentran institucionalizados, tales como: Pesca, Electrificación para Granjas Acuícolas, Infraestructura Pesquera y Acuícola, Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, Modernización de la Flota Mayor, Diesel Marino, Gasolina Ribereña, Inspección y Vigilancia Pesquera, Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Investigación y Transferencia Tecnológica, así como de Fortalecimiento de Cadenas Productivas, el recurso destinado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 es insuficiente.

Según proyecciones de la propia Conapesca, para el fortalecimiento del sector se necesitaría se aprobara un presupuesto por el orden de los 4 mil 741 millones 700 mil pesos, de los cuales 288.7 millones se deberían asignar al Capítulo 1000 correspondientes a Servicios Personales (6 por ciento); 34.7 millones para el Capítulo 2000 de Materiales y Suministros (1 por ciento); 399.1 millones para el Capítulo 3000 de Servicios Generales(9 por ciento); 3 mil 385 millones 900 mil pesos del Capítulo 4000 correspondientes a Subsidios(71 por ciento); 66 mil 100 millones del Capítulo 5000 (1 por ciento) de Bienes Muebles e Inmuebles; 567.2 correspondientes al Capítulo 6000 de Obra Pública (12 por ciento).

De esta manera, en 2013 el sector requiere, entre otros, de implementar programas de apoyo a la inversión de infraestructura pesquera y acuícola por 950 millones de pesos, pesca por 400 millones de pesos y modernización de la flota mayor pesquera por 700 millones.

Mientras que el apoyo de diesel marino requiere de 850 millones de pesos y gasolina ribereña 200 millones de pesos; apoyos para la integración de proyectos por 7 millones 900 mil pesos; 25 millones para ordenamiento pesquero y 100 millones de inspección y vigilancia.

Las fortalezas del sector pesquero y acuícola es que es considerado estratégico y prioritario para el desarrollo del país, tiene un presupuesto creciente, mano de obra capacitada, así como alto valor nutricional a precios accesibles. Sin embargo, entre las debilidades destaca la dificultad para obtener financiamientos, alta dependencia del subsidio energético (diesel marino y gasolina ribereña), falta de productos con valor agregado, productos altamente perecederos, desconocimiento del consumidor de sus propiedades nutricionales, así como de variedades y precios, muchos intermediarios para algunas especies y presupuesto insuficiente.

Las oportunidades que se encuentran en la actividad pesquera es que se requiere fortalecer a la Conapesca como ente regulador, pieza clave para la seguridad alimentaria del país, la existencia de un mercado potencial nacional e internacional, acuacultura y maricultura como alternativas de producción y con potencial de crecimiento, mercado potencial para productos con valor agregado, reducción de costos a través de compras consolidadas, así como el desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías.

Las amenazas que se enfrentan son la biomasa afectada por los cambios climáticos, alta producción de algunas especies en otros países, incremento en los precios de insumo, incremento en las importaciones y la pesca ilegal.

Por lo ya antes expuesto, es apremiante que se incremente el presupuesto al sector pesquero y acuícola del país, otorgando mayores recursos a todos los programas esenciales que están orientados para a brindar a tención a las comunidades pesqueras ribereñas y de altamar, así como de todos aquellos que son necesarios para el fortalecimiento de tales sectores, incluyendo la investigación pesquera que es esencial para la administración y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros y acuícolas.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a la consideración de esta honorable soberanía como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren mayores recursos para el sector pesquero y acuícola nacional.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se informa a la asamblea que las proposiciones mencionadas se recibieron el 13 de diciembre y fueron turnadas de inmediato a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención,teniendo en cuenta la fecha de vencimiento —ya se venció— del plazo para recibirlas.

Continúe la Secretaría.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente:

“Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados que prevenga a la Comisión de Puntos Constitucionales, como lo dispone el artículo 88 de su Reglamento, a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de cumplir lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a noviembre de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes de 2011.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 14 de diciembre de 2012.— Luis Videgaray Caso (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS - LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. *

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31, fracción III, y 42, fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Martín Orozco Sandoval, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31, fracción III, y 42, fracción II primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Se presenta a esta soberanía tan importante reforma, la cual pretende adecuar los mecanismos de deducción de algunas partidas específicas para que respondan a las situaciones reales que se presentan cotidianamente, de conformidad con los argumentos vertidos en la presente:

Deducción de combustibles

El 1 de diciembre de 2005 entró en vigor la disposición mencionada en el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que indica que para poder deducir combustibles se tendrán que utilizar los medios de pago como cheques nominativos, tarjetas de crédito, débito y de servicios, además de los monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aun cuando dichos consumos no excedan de 2 mil pesos.

Esa modificación sirvió inicialmente como un mecanismo de control fiscal para el consumo de combustibles. No obstante, con las modificaciones de los últimos años en las leyes fiscales, que dieron origen a la implantación de los comprobantes fiscales digitales, la autoridad fiscalizadora puede conocer con detalle las operaciones que realizan los expendedores de combustibles, por lo que se facilitan las acciones de fiscalización respecto a las operaciones realizadas por dichos contribuyentes.

Actualmente, y sobre todo en las poblaciones de menor tamaño e incluso en algunas carreteras en México, los expendedores de combustibles no cuentan con mecanismos administrativos y técnicos suficientes para recibir los pagos a través de cheques nominativos, tarjetas de crédito, débito y de servicios, además de los monederos electrónicos autorizados por el SAT.

En esas circunstancias, es importante liberar los requisitos para pagos de combustibles menores de 2 mil pesos, de manera que se elimine el requisito de que su adquisición sea pagada a través de cheques nominativos, tarjetas de crédito, débito y de servicios, además de los monederos electrónicos autorizados por el SAT y, en consecuencia, sean igualmente deducibles cuando se paguen en efectivo.

Pagos por cuenta de un tercero

Respecto a otro tipo de pagos, si éstos son superiores a 2 mil pesos, en ciertas situaciones el contribuyente se ve imposibilitado para realizar el pago mediante cualquier instrumento bancario y, por tanto, éstos deberían ser no deducibles. Sin embargo, para que estos gastos puedan ser deducibles se dio origen al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que prevé que puedan realizarse gastos por cuenta de un tercero en ciertas características, como son que los pagos se hagan con instrumentos bancarios y que se obtenga la documentación que reúna los requisitos del artículo 31, fracción III, de la ley de la materia.

No hay duda de que, para otorgar certeza jurídica a los contribuyentes en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a ello, se propone que dicho artículo 35 se eleve a jerarquía de ley, por considerarse de suma importancia para la determinación de uno de los elementos sustantivos del impuesto, como lo es la base. Adicionalmente, que tenga una modificación que establezca claramente que la documentación comprobatoria a que se refiere dicho artículo cumpla los requisitos fiscales previstos en las disposiciones fiscales conducentes.

Por ser el mencionado reglamento una norma que conforme a la Constitución faculta al presidente de la República para su expedición, la propuesta que se hace brinda una mejor composición jurídica del ordenamiento relativo a dicha deducción al elevarlo a jerarquía de ley.

Deducción de automóviles

La industria automotriz se ha convertido en un sector estratégico para la economía mexicana: es hoy la segunda más importante, sólo detrás del petróleo, constituyéndose como una relevante fuente de empleos en el país.

Ha sido y continuará siendo un impulsor clave para la economía mexicana, y el límite máximo para deducir automóviles está limitando la compra por los contribuyentes para realizar sus actividades económicas, repercutiendo directamente en la industria respectiva.

A efecto de ser congruentes con los cambios económicos presentados de 2006 a la fecha, es conducente proponer a esta legislatura la actualización del monto máximo para deducir las inversiones en automóviles cuyo monto en la actualidad es de 175 mil pesos, que se estableció así desde el decreto publicado el 6 de diciembre de 2006.

La inflación desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2012, medida a través del índice nacional de precios al consumidor, ha sido de 27.35 por ciento y el monto de 175 mil pesos se ha mantenido en la misma cifra desde que fue publicado. Dado esto, es necesario actualizar el monto máximo para deducir automóviles, el cual debería ser hasta por la cantidad de 223 mil pesos.

Lo anterior no predispone a los contribuyentes a adquirir vehículos de gamas media o alta y con mayor consumo de combustible, o vehículos que no estén acordes con su actividad, sino simplemente es un reconocimiento natural del monto máximo para su deducción y un incentivo para la industria automotriz en el país.

De esa forma, con las modificaciones de los artículos que se proponen se establecen mejores mecanismos para deducción de combustibles, mayor certeza jurídica con relación a la deducción de erogaciones a través de un tercero, así como también se otorga mayor dinamismo a una de las más importantes industrias en el país, reconociendo el efecto de la inflación en la deducción de automóviles para los contribuyentes, según lo comentado en los párrafos anteriores.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 42, fracción II; se adiciona el artículo 31, fracción III, con un último párrafo; y se deroga el artículo 31, fracción III, segundo párrafo, pasando los actuales tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos a ser segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 42

La deducción de inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. ...

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 223 mil pesos.

...

III. a VII. ...

Artículo 31

Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. y II. ....

III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de 2 mil pesos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.

Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios bancarios.

Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como, en el anverso, la expresión “para abono en cuenta del beneficiario”.

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este título los originales de los estados de cuenta en los que se consigne el pago mediante cheques; traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa; tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o monedero electrónico, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán estar amparados con documentación que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

IV. a XXII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 6 de diciembre de 2012.— Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, en su fracción II, y el 15, en su fracción II, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 8, noveno párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Martín Orozco Sandoval, senador de la república para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 en su fracción II y el 15, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 8, noveno párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se presenta ante esta soberanía esta importante reforma que pretende adecuar la causación del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única en los pagos provisionales, de conformidad con los argumentos vertidos en la presente.

Es sabido que la falta de recursos y de flujos de efectivo en los negocios, trae múltiples consecuencias en la economía de un país, como lo son despidos de trabajadores, falta de pago de impuestos, adquisición de nuevas inversiones, etc., por lo que queda de manifiesto que el hecho de que las empresas cuenten con adecuados flujos de efectivo es el punto fundamental para los procesos de desarrollo de las economías de América Latina y otras regiones, debido a que la innovación, especialmente en las Pyme se ha convertido en un factor importante para la competitividad.

Esta problemática obliga a una administración pública responsable a establecer los mecanismos que fomenten la inversión de las empresas en una economía monetaria y en condiciones de incertidumbre.

Se destaca que, en las condiciones actuales, el desarrollo de la competitividad de las empresas y economías, requiere procesos de innovación, lo cual introduce cambios significativos en la organización del financiamiento para la inversión en el se destaca que, en las condiciones actuales, el desarrollo de la competitividad de las empresas y economías, requiere procesos de innovación, lo cual introduce cambios significativos en la organización del financiamiento para la inversión en el conjunto de la economía nacional, y exige de los actores, la implantación de mecanismos no financieros para potenciar dicha capacidad innovativa.

Es importante mencionar para los efectos de esta iniciativa que el 14 de junio de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio del acuerdo para el fomento de la inversión (AFI), celebrado entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América (EUA), suscrito en San Francisco, California, el 9 de junio de 2003, y aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 27 de abril de 2004. El AFI entró en vigor el mismo día de su publicación, fecha en la que, asimismo, el gobierno de México notificó al gobierno de EUA respecto de la conclusión de todas las formalidades jurídicas para su entrada en vigor.

Dadas sus características particulares, el AFI es sumamente novedoso en México; es por esto que es conveniente exponer un breve análisis que permita comprender la esencia, finalidad e importancia del citado instrumento.

En la parte “considerativa” del AFI, ambos gobiernos afirman su deseo de fomentar las actividades económicas en los Estados Unidos Mexicanos, “que promuevan el desarrollo de sus recursos económicos y capacidades productivas”, estableciendo algunos mecanismos de apoyo a la inversión específicos.

Adicionalmente, fuentes de información confiables han establecido que, durante los últimos años, ha disminuido la inversión extranjera directa en un 5.1 por ciento respecto al 2006 y suma 134.5 millones de dólares. En un escenario de crisis financiera internacional y, por ende, de incertidumbre en la mayoría de las economías del mundo, México atenuó en este sexenio la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en comparación con años previos.

De lograrse inversiones foráneas de 19 mil 500 millones de dólares para el presente año, como lo prevén los especialistas, la IED total en el sexenio llegaría a 134 mil 545 millones de dólares, nivel 5.1 por ciento todavía menor que el monto captado en la administración pasada.

Esto, en parte, es resultado de la crisis económica mundial de 2009, cuando los flujos de inversiones hacia México bajaron 40 por ciento, principalmente por la reducción de 35 por ciento en la inversión de Estados Unidos en ese año, y de 23 por ciento en 2010.

Según estudios de la UNAM, el entorno en el que se encuentran inmersas las empresas, hace que éstas presenten cambios y las prepara para la competencia, para ello necesitan tener además de otros factores, la liquidez, para poder hacer frente a sus obligaciones, teniendo en cuenta que ninguna empresa es igual a otra aún cuando ambas sean del mismo giro.

En este tenor, la necesidad de efectivo surge por la falta de sincronización entre las entradas y salidas de efectivo y la problemática de un adecuado pronóstico y control de estos flujos a fin de evitar problemas que causen el cierre de las compañías. Varias organizaciones a través de sendos estudios económicos, como la UNAM, la Secretaría de Economía, entre otras, han llegado a la conclusión acertada de que la mayoría de las pequeñas empresas cierran antes de cumplir dos años de vida, siendo su principal problema la falta de liquidez.

La solvencia de la empresa se mantiene mediante la planeación de los flujos de efectivo requeridos para hacer frente a sus obligaciones.

Con la intención de implementar mecanismos que coadyuven a los contribuyentes a mantener flujos de efectivo y que esta circunstancia sea un motor de desarrollo económico atrayente de inversiones, pero lo más importante, sin que por ello se reduzca la recaudación en un ejercicio; se propone que en el mecanismo de determinación de pagos provisionales en el impuesto sobre la renta se establezca que los ingresos que sirven de base para su cálculo sean solamente los que hayan sido efectivamente cobrados.

De esta forma se favorecen dos conceptos sumamente importantes para ambos actores: en un primer momento, el contribuyente tiene oportunidad de gravar el ingreso para pagos provisionales hasta que efectivamente haya percibido los ingresos que dan origen al pago, sin que se descapitalice; y por otro lado, la recaudación anual por el pago del impuesto, no se verá afectada en vista de que el pago provisional seguirá siendo un pago a cuenta del impuesto del ejercicio, siendo éste último, el monto principal que el Estado tiene y tendrá derecho a percibir con motivo de este impuesto.

Adicionalmente a lo anterior, debido a la misma mecánica establecida en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el pago provisional no guarda relación con el impuesto del ejercicio al establecerse un mecanismo totalmente diferente para ambos tipos de pago, siendo que el pago provisional al ser calculado con un coeficiente de utilidad de utilidad del ejercicio anterior, conduce en algunas ocasiones, a que un contribuyente tenga que enterar un pago que será mayor al impuesto del ejercicio. En este tenor, el artículo 15 fracción II de la propia ley establece la posibilidad de reducir el monto de los pagos provisionales, restringiéndolo a que esto pueda ser solamente a partir del segundo semestre del ejercicio, y estableciendo una especie de castigo para cuando se reduzcan de más estos pagos, obligando al contribuyente a pagar los recargos por el monto que dejó de enterarse por esta circunstancia.

En este sentido, el mismo artículo establece la “pena” para cuando el contribuyente disminuya sus pagos en cantidad mayor que lo que resultaría de su utilidad al cierre del ejercicio, y si ya está esta disposición cargando el monto de estos recargos al contribuyente, pues debería ser igualmente posible hacer esta disminución a partir de cualquier mes durante el ejercicio, con el objeto de favorecer los niveles de flujos de efectivo en manos de los contribuyentes y con ello, el crecimiento económico a través de su reinversión durante el ejercicio fiscal.

Finalmente y como un punto especial que tiene que ver con la causación del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, se propone a esta soberanía que los créditos por sueldos, salarios y conceptos asimilables, así como las cuotas de seguridad social que les son inherentes, y que por disposición de los artículos 8 segundo y noveno párrafos, y 10 tercero y sexto párrafos, son conceptos por los cuales se genera un crédito que puede ser aplicado contra pagos provisionales y el impuesto del ejercicio determinado, por lo que se pretende se mantenga el derecho a que dichos créditos se conserven por los dos ejercicios siguientes a su generación y no se pierdan en el mismo ejercicio debido a que no pudieron ser aplicados en su totalidad por no tener base de impuesto suficiente. Con esto se estaría dando una mayor certeza jurídica al reconocer estas erogaciones.

En esta forma, con las modificaciones a los artículos que se proponen, se evidencia una línea de acción concreta del Estado, que fomenta el crecimiento económico de los particulares a través de favorecer su flujos de efectivo, con la convicción de que esto genera crecimiento económico a través de la reinversión de los mismos, según lo mencionado en la presente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reformanel primer párrafo de la fracción II del artículo 14 y la fracción II del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 14.Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan:

I. ...

II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los ingresos nominales efectivamente percibidoscorrespondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aún cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

......

III. ..................

Artículo 15. Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 14 de esta ley, estarán a lo siguiente:

I. ...

II. Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, en cualquier mes del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos del artículo 14 de esta Ley de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que les hubieran correspondido.

Artículo Segundo. Se reforma el noveno párrafo del artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 8. ..

..

..

..

..

..

..

...

Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos a que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como por las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en México, los contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar el monto de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el ejercicio fiscal de que se trate y los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que paguen ingresos por los conceptos a que se refiere el citado capítulo I en el mismo ejercicio, por el factor de 0.175. El acreditamiento a que se refiere este párrafo deberá efectuarse en los términos del segundo párrafo de este artículo. Las cantidades que no puedan acreditarse en un ejercicio fiscal en los términos del presente párrafo, podrán ser acreditadas durante los dos ejercicios siguientes.

...

Transitorios

Primero. Tratándose de los ingresos nominales a que se refiere el artículo 14, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que no se hubieren percibido en el ejercicio 2012, y que hayan sido considerados para los pagos provisionales de dicho ejercicio de conformidad con las disposiciones existentes hasta el 31 de diciembre de 2012, estos no se deberán considerar como ingresos nominales de los pagos provisionales posteriores, aún y cuando se vayan percibiendo en meses posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. México, DF, a 6 de diciembre de 2012.— Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscribimos Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela Bárcenas senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y adiciona los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a sus nacionales una serie de obligaciones, entre las que se encuentra la de contribuir para los gastos públicos de la federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, según lo previsto en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna.

El Diccionario Jurídico Mexicano define la contribución como un ingreso fiscal ordinario del estado que tiene por objeto cubrir sus gastos públicos. A su vez, el Código Fiscal de la Federación establece:

Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.

Tradicionalmente se distingue entre los impuestos directos, que se aplican en función directa a la capacidad contributiva, esto es, gravan el ingreso o la riqueza; y los impuestos indirectos, que se aplican al intercambio de determinados bienes y gravan el consumo.

En nuestro país el ingreso es gravado principalmente por conducto del impuesto sobre la renta, en tanto que el consumo es gravado mediante el impuesto al valor agregado (IVA), estando obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenación de bienes.

II. Prestación de servicios independientes.

III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

IV. Importación bienes o servicios.

No obstante, en diversas ocasiones se han impuesto cargas tributarias o implementado estímulos fiscales con la finalidad de orientar los sectores de la actividad económica o desalentar actividades o conductas que se consideran nocivas, en ejercicio de la rectoría del estado en materia económica que dispone el artículo 25 constitucional:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

La materia ambiental en años reciente ha cobrado una gran relevancia en la implementación de medidas que promuevan el desarrollo sustentable a favor del medio ambiente. En este sentido, la fracción I del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) dispone:

Artículo 21. La federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará:

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;

II. a V. ...

A su vez, el artículo 22 de ese mismo ordenamiento establece:

Artículo 22. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

De conformidad con lo anterior, resulta de suma importancia favorecer el desarrollo de actividades económicas que a la vez de promover el desarrollo en esta materia resulten amigables con el ambiente, tal como lo es el reciclaje y reutilización de desperdicios, desechos, residuos entre, otros.

En el territorio nacional se han desarrollado campañas de gran envergadura para fomentar la separación de residuos que permitan una mayor capacidad de reciclaje y reutilización de los mismos. No obstante, estos programas únicamente han tenido como destinatario al consumidor final, sin otorgar las facilidades necesarias para que la compra, industrialización y reutilización de estos materiales resulte viable económicamente para aquellos empresarios interesados en invertir en este sector.

Cabe señalar que por su propia naturaleza, el acopio y compra de estos materiales de reuso se realiza en la mayoría de los casos con quienes de manera directa llevan a cabo la tarea de separar los desechos para identificar aquellos susceptibles de reciclaje, por lo que resulta materialmente imposible obligar a estos pequeños “proveedores” a cumplir con las obligaciones fiscales.

Ante esta dificultad, anteriormente el industrializador o comercializador que adquiría los productos del sector primario emitía una “autofactura” para deducir sus adquisiciones. Para hacerla válida tenía que presentar un aviso y unos meses más tarde, capturar toda la información de estos documentos en un programa

No obstante, la SHCP eliminó este esquema de autofacturación para imponer uno en el que el industrializador es el encargado de realizar el registro de su proveedor de bienes producto de actividades primarias, en el que el industrializador, aprovechando que ya tiene contacto con el productor, captura los datos de éste en un programa de cómputo proporcionado por el SAT y solicita la inscripción del productor al RFC.

El mismo industrializador contrata los servicios de un proveedor autorizado de comprobantes fiscales digitales o facturación electrónica y con el RFC del productor, al momento de adquirir sus productos solicita la emisión de una factura electrónica.

Sin embargo, en el caso de los desechos reciclados, se trata de proveedores que muy difícilmente podrían aportar los requisitos que la ley señala para ese efecto, por muy flexibles que parezcan. En este sentido, implementar nuevamente un esquema de autofactura para esta actividad, que permita estimular esta actividad con el doble beneficio que aporta:

• La protección al ambiente resultado del retiro de materiales reutilizables que a falta de esta actividad terminarían contaminando el medio o saturando los rellenos sanitarios;

• El estimulo de una actividad económica que incluye a la cadena de acopiadores de materiales reutilizables-industrialización-reutilización

Para tales efectos se propone que todas las personas físicas y morales que adquieran desperdicios y productos de reciclaje puedan adquirir sin comprobación de origen o bien por autofactura, hasta 340 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (que equivalen actualmente a 20 millones 338 mil 300 pesos) en compras de primera mano al año.

Se trata de incrementar el reciclaje y por ende la captación de impuestos y la generación de empleos lícitos, así como el aumento de la fiscalización, ya que la implementación de una carga tributaria elevada conlleva un alto riesgo de evasión, por la facilidad con que se realiza la enajenación de estos productos y la dificultad para detectar este tipo de operaciones.

Asimismo, se facilitaría este tipo de operaciones ya que las personas que compran de primera mano los materiales de reuso no tienen la posibilidad de tener una estructura administrativa para sobrellevar sus obligaciones fiscales.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se adicionan los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero. Se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. ...

II. Sean personas morales que

a)...

b) Se deroga.

c) y d)...

III. y IV. ...

V. Sean personas físicas o morales que adquieran:

a) Desperdicios, desechos, residuos, materiales para reutilizar, reciclar o reusar, relaminar o trefilar, productos procedentes del reciclaje como metálicos usados, chatarra ferrosa, no ferrosa y los materiales usados cartón, papel, plástico, vidrio, baterías automotrices y de cualquier otro uso, unidades de poder, sebo y hueso;

b) Los materiales usados anteriores que sean procesados para ser comercializados como materia prima alterna y todos los materiales producto del reciclaje y lo que la Ley Aduanera considere como desperdicio;

c) Metales usados cuando exista un contrato de maquila y se compre lingote;

d) Materiales que sean exportados conforme a fracciones arancelarias que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación considere como desperdicios o desechos.

...

...

...

...

Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 29 y una fracción VIII al artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a XI. ...

XII. La adquisición de desperdicios y sus productos como compra de primera mano por autofactura hasta por un monto equivalente a 340 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al año.

...

Artículo 123. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. La adquisición de desperdicios y sus productos como compra de primera mano por autofactura hasta por un monto equivalente a 340 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al año.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2012.— Senadores: Arturo Zamora Jiménez, José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.Declaratorias de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128; adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de casa de empeño

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

“Minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128; y adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2,65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor”, devuelta por la Colegisladora a esta Cámara de Diputados el 27 de marzo de 2012.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158 numeral 1 fracción IV el Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 27 de marzo de 2012, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. Los antecedentes de la minuta de referencia son los siguientes:

1. La Comisión de Economía de la LXI Legislatura, dictaminó en conjunto dos iniciativas para generar una sola reforma que implicó modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las iniciativas que se dictaminaron son las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 Bis y 128, y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 28 de abril de 2011.

 • Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 29 de abril de 2011.

2. En fecha 18 de octubre de 2011, el Pleno de la Cámara de diputados aprobó el dictamen referido por 328 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención.

3. En fecha 20 de octubre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores resolvió enviar a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictaminación correspondiente, la Minuta de referencia.

4. Seguido su trámite legislativo, en fecha 27 de marzo de 2012, el dictamen correspondiente que modificaba la minuta enviada por la Cámara de Diputados, fue aprobado por 86 votos por el Pleno de la Cámara de Senadores y en consecuencia, enviada de regreso a la Cámara de Diputados.

5. En fecha 28 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolvió turnar la minuta que nos ocupa a la Comisión de Economía, para análisis y dictaminación.

6. En fecha 18 de abril de 2012, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó el dictamen a la minuta en comento, remitiéndolo a la Presidencia de la Mesa Directiva para su discusión y en su caso aprobación en el Pleno de esta soberanía.

7. El 20 de noviembre de 2012, del presente año, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, en el cual se resuelve la devolución a la Comisión de Economía del dictamen con proyecto de decreto que hoy se estudia, para ser resuelto por la misma.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la minuta referida en el exordio del presente escrito.

Segunda. Que la materia de la minuta de referencia trata de lo siguiente:

• Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para establecer un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

• Prever los requisitos que deberán cumplir las casas de empeño para obtener su inscripción en el registro público.

• Incluir a las casas de cambio como sujetas de las sanciones establecidas por la ley, así como aumentar el monto de las mismas.

Tercera.Que el dictamen favorable a la minuta en referencia realizado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos; establece como fundamento de su posición las siguientes:

“Consideraciones:

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en que es necesario ampliar la regulación de las casas de empeño a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las mismas, otorgándoles mayor seguridad jurídica.

Al respecto, se realiza un análisis de las modificaciones y adiciones propuestas en el dictamen remitido por la Colegisladora, bajo las siguientes consideraciones:

Primera. Reforma al artículo 65 Bis.

Mediante una modificación al artículo 65 Bis, la minuta contempla ampliar la definición de “casa de empeño” de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario, incluyendo a las Instituciones de Asistencia Privada (en adelante IAP).

La redacción actual del artículo referido, contempla lo siguiente:

Artículo 65 Bis. Los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, deberán registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

Los proveedores deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos. Además deberán informar, el monto de la tasa de interés anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos; dicha información deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable.

Los proveedores deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, la cual incluirá aspectos operativos tales como las características de la información que se debe proporcionar al consumidor, y los elementos de información que debe contener el contrato de adhesión que se utilice para formalizar las operaciones. Asimismo, deberá contener o permitir obtener para los principales servicios ofrecidos, la suma de todos los costos asociados a la operación.

Al respecto, el artículo 65 Bis en la minuta que nos ocupa se encuentra redactado como sigue (los cambios destacados en negritas):

Artículo 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores personas físicas, morales e instituciones no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, independientemente de la forma en que estén constituidas y el destino que le den a sus recursos.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el registro de casas de empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos derivados de la inscripción son intransmisibles.

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el registro de casas de empeño, se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

Al respecto, estas comisiones desean destacar, en primer término, que el Código de Comercio en su artículo 75, fracción X, considera como acto de comercio a las actividades realizadas por las casas de empeño.

Por otro lado, como es del conocimiento público, algunas Instituciones de Asistencia Privada (IAP) realizan servicios de mutuo con interés y garantía prendaria cómo actividad fundamental para allegarse recursos. Estas instituciones se rigen de acuerdo a leyes locales que les otorgan personalidad jurídica y patrimonios propios, para realizar actividades sin propósito de lucro. Conforme a la definición propuesta para reputar casas de empeño en el primer párrafo del artículo 65 Bis, se puede interpretar que estás instituciones quedarían comprendidas dentro de las comprendidas por dicho párrafo.

Ahora bien, estas comisiones desean destacar que lo anterior podría resultar improcedente con nuestro sistema legislativo, toda vez que conforme a su normatividad, estas instituciones, regidas por el derecho civil, no tienen fines de lucro, tal es el caso de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, a saber.

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto regular las instituciones de asistencia privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios. Las instituciones de asistencia privada serán fundaciones o asociaciones.

En consecuencia, los contratos de préstamo con garantía prendaria que estas instituciones realizan, se rigen por lo establecido en el Código Civil en virtud de no tener fines de lucro.

Tal es el sentido que han tomado las resoluciones jurisdiccionales donde estos términos se han dirimido, para lo que se cita la más reciente, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito:

Al respecto, se cita enseguida el criterio sostenido por el Poder Judicial Federal:

Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. La Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para sancionarlas por el incumplimiento de un contrato prendario celebrado en términos del artículo 2892 del Código Civil para dicha entidad.

Los artículos 1 y 3 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal disponen que éstas son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, cuyos actos y servicios deberán someterse a lo dispuesto por sus estatutos, las leyes aplicables de acuerdo al marco de su actuación, sus reglamentos y demás disposiciones obligatorias en la materia. De lo anterior se sigue que la Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para sancionar a dichas instituciones por el incumplimiento de un contrato prendario celebrado en términos del artículo 2892 del Código Civil para el Distrito Federal, fundamentalmente porque ese pacto de voluntades no surgió con motivo de una relación comercial entre proveedor y consumidor con el propósito de realizar actos de comercio con ánimo de lucro o especulación mercantil, sino por la suscripción de un contrato de naturaleza civil, por una institución que no tiene la calidad de sociedad mercantil ni el carácter de casa de empeño, ya que esos actos o servicios son asistencia les o humanitarios, sin especulación con fines de lucro o ganancia económica, tan es así que sus actividades o servicios no están gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme lo prevé su artículo 95, fracción VI.

Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 258/2011. Montepío Luz Saviñón, Institución de Asistencia Privada. 29 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez.

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIV, Agosto de 2011. Página: 1368. Tesis: 1.7o.A.804 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa

De lo anterior, se desprende que de mantenerse la inclusión de las IAP en el artículo 65 Bis de la LFPC como lo propone la minuta, se presentarían cuestionamientos jurídicos respecto de la validez y constitucionalidad de la reforma, así como respecto de las atribuciones de la Profeco, por lo que, estas comisiones consideran que, de aprobarse la propuesta, se iniciarían medios de impugnación de la norma, que podrían derivar en su inaplicabilidad.

Al respecto, conviene también citar la parte alusiva de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Acción de Inconstitucionalidad 1/99, a saber:

“...

b) “Aún cuando el Distrito Federal es una entidad única con características muy peculiares que la distinguen de los Estados de la Federación y que su ámbito competencial a diferencia de dichos Estados es expreso, para los efectos del presente estudio es necesario asentar que no existe disposición constitucional alguna que faculte al Congreso Federal para legislar en materia de instituciones de asistencia privada y que, por el contrario, las leyes federales (Ley General de Salud y Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social), que reglamentan y regulan el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4°, tercer párrafo de la Constitución Federal, atribuyen dicha facultad a los gobiernos de las entidades federativas como servicio de salud en materia de asistencia social, razón por la cual dicha materia ha quedado reservada a los Estados.”

Por ello, estas comisiones estiman que para dar plena solidez jurídica y coherencia con el sistema federal de la defensa del consumidor, es pertinente no considerar a las IAP en la reforma al artículo 65 Bis en comento.

Por lo anterior, se realizan los ajustes correspondientes en el proyecto de decreto del presente dictamen.

Segunda. Adición de un artículo 65 Bis 1.

La minuta propone adicionar un nuevo artículo 65 Bis 1 para establecer la obligación de Profeco de expedir las disposiciones de carácter general para la operación del registro público de casas de empeño, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como casa de empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño y, en su caso, del representante legal;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración de la casa de empeño;

d) En su caso, domicilio de las sucursales en las que se prestará el servicio de casa de empeño;

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

f) Fecha y lugar de la solicitud;

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del promovente. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su representante;

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se encuentren establecidos por alguna Norma Oficial Mexicana;

IV. Presentar a favor de la Federación una de las garantías establecidas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a los pignorantes.

Dicha caución será para garantizar una cantidad equivalente a la diferencia entre el valor del inventario de los bienes empeñados que tenga la casa de empeño durante el año fiscal anterior y el monto de los préstamos efectivamente entregados durante el mismo período. El monto de la garantía deberá actualizarse durante los primeros dos meses del año.

La garantía no podrá ser menor a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Las casas de empeño de nueva creación deberán presentar una garantía por esta cantidad, sin perjuicio de que al año siguiente sea actualizada en los términos del párrafo anterior.

La garantía se hará efectiva a solicitud de la Procuraduría conforme al Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, para los casos en que la casa de empeño sea declarada en concurso o quiebra mercantil.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las casas de empeño, quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

Al respecto, estas comisiones estiman procedente el artículo transcrito, para establecer los requisitos mínimos que las casas de empeño deberán presentar para su registro, así como dotar a la Procuraduría de la facultad de precisar la información y documentación adicional que se requiera mediante disposiciones de carácter general.

Al respecto, las comisiones desean establecer los siguientes comentarios al presente artículo:

Se considera que debe facultarse a la Profeco para que mediante las correspondientes disposiciones generales expida las bases de operación del registro que se propone y permitir así que mediante disposiciones reglamentarias se permita ajustar la operación de dicho registro, como que el mismo pueda realizarse mediante medios electrónicos y otras medidas de facilitación y control que deben precisarse al operario.

Con relación a la propuesta de incluir fianza a favor de la Federación como medio para garantizar el pago de daños y perjuicios, las comisiones consideran que la operación de este mecanismo resultaría problemática, dado que el régimen que se plantea aplicar para tal efecto, previsto en el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, no tiene afinidad con el régimen regulatorio de las casas de empeño.

Lo anterior es así, en virtud de que dicha fianza se exigiría como un requisito a cumplir para autorizar la operación de una casa de empeño y no para asegurar el cumplimiento de alguna obligación fiscal o no fiscal frente al Estado. Por esta razón, las disposiciones reglamentarias aludidas no tienen aplicación para el caso.

Es importante resaltar que el hecho de que la fianza sirva como medio para garantizar daños y perjuicios implica la previa declaración de que efectivamente dichos daños y perjuicios se generaron a los consumidores, lo que podría solo lograrse mediante sentencia dictada por autoridad jurisdiccional. Esta situación implicaría que el pago, de proceder, se realizaría después del desahogo de un proceso judicial que conllevaría falta de oportunidad para resarcir a los consumidores por las afectaciones a su patrimonio.

En consecuencia, debido a la naturaleza del contrato de fianza, la propuesta deviene inviable, toda vez que Profeco únicamente podría ejercer acción legal cuando el proveedor se declare en concurso o quiebra mercantil, lo cual es poco probable ya que es común que las casas de empeño cierren o desaparezcan antes de iniciar un concurso mercantil. Esta situación, además de los aspectos señalados en párrafos precedentes, anula cualquier posibilidad real de que esta fianza resulte realmente eficaz como garantía.

Por otra parte, cabe mencionar que tanto el artículo 65 Bis 6, previsto en esta minuta, como la vigente NOM-179-SCFI-2007, numerales 6.11.3 y 6.11.4, prevén las formas en las que responderá la casa de empeño por la pérdida o deterioro de los bienes dados en prenda y el procedimiento para resarcir los daños; así como las garantías que se ofrezcan, cobertura y mecanismos mediante los cuales el consumidores puede hacerlas efectivas.

Por lo anterior, estas comisiones consideran que el mecanismo previsto en el propuesto artículo 65 Bis 6 es una protección suficiente para los consumidores, ya que no requiere de la intervención de un tercero (juez, autoridad administrativa o ambos) o de una resolución judicial para la reposición del daño o menoscabo que hubiere sufrido el bien depositado en prenda.

Por lo anterior, estas comisiones consideran que es innecesaria y excesiva la reforma prevista en este artículo que, como hemos revisado, puede ocasionar una dilación en la reparación del daño al consumidor.

En consecuencia, se elimina la fracción IV del artículo 65 Bis 1 y se realizan las modificaciones pertinentes en el decreto de este dictamen.

Respecto de la limitante que este artículo plantea para la participación de personas que hayan sido condenadas por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada en la dirección, administración y control de las casas de empeño, es importante destacar que Profeco no cuenta con facultades para vigilar la constitución de sociedades, ni le resultaría viable acreditar en todos los casos las hipótesis relacionadas con la condena por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada de los participantes en tales empresas, por lo que se sugiere que este tipo de requisitos se cubra con una carta bajo protesta de decir verdad, cuya falsedad demostrada pueda ser sancionada con la cancelación del registro, lo que implicaría la clausura definitiva del establecimiento.

De esta manera, las disposiciones que se modificarían de este artículo propuesto en la minuta se señalan a continuación, subrayando los cambios que estas comisiones consideran realizar para perfeccionarla:

Artículo 65 Bis 1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como casa de empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I a III. ...

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las casas de empeño, quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta disposición se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del registro.

La Procuraduría expedirá el resto de las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, procurando su agilidad y economía, y considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo.

Tercera. Adición de un artículo 65 Bis 2.

La iniciativa propone adicionar un artículo 65 Bis 2 para contemplar lo siguiente:

Artículo 65 Bis 2. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación.

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el registro y emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la resolución es en sentido negativo al solicitante.

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación y de forma permanente en su sitio de Internet, la lista de los proveedores inscritos en el registro.

En referencia a este artículo, estas comisiones lo consideran procedente, por lo que es integrado con su redacción actual en el decreto del presente dictamen.

Cuarta. Adición de un artículo 65 Bis 3.

Por otra parte, la adición del artículo 65 Bis 3 está planteada de la siguiente manera:

Artículo 65 Bis 3. Las casas de empeño deberán informar a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la información solicitada en el artículo 65 Bis 1 de la presente ley mediante la presentación de un aviso dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

En relación a este artículo, estas comisiones lo consideran procedente, por lo que también es integrado con su redacción actual en el decreto del presente dictamen.

Quinta. Adición de un artículo 65 Bis 4.

Asimismo, la iniciativa propone la adición de un artículo 64 Bis 4, cuya redacción se propone como sigue:

Artículo 65 Bis 4. Las casas de empeño deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos.

Además, deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, incorporarán la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante ese periodo.

La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores.

En referencia a este artículo, estas comisiones consideran procedente establecer los elementos informativos que permitan a los usuarios de servicios de casas de empeño conocer los montos de interés y la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato, los que resultará una acción efectiva en la protección de sus derechos y en su consumo informado, por lo anterior, es integrado con su redacción actual en el decreto del presente dictamen.

Sexta. Adición de un artículo 65 Bis 5.

La iniciativa propone la adición de un artículo 65 Bis 5, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 5. Las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la Norma Oficial Mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma que determinará, entre otros, los elementos de información que se incluirán en el contrato de adhesión que se utilizará para formalizar las operaciones; las características de la información que $e proporcionará al consumidor, y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la presente ley.

Al respecto, estas comisiones consideran acertada la actualización y adaptación de la NOM ahora vigente a este nuevo conjunto de disposiciones, por lo que el texto de este artículo es transcrito íntegramente en el decreto de este dictamen.

Séptima. Adición de un artículo 65 Bis 6.

Se propone la adición de un nuevo artículo 65 BIS 6 que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 65 Bis 6.- Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

La infracción a este artículo se considerará particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta ley.

Las comisiones coinciden con la adecuada protección de los derechos de los usuarios de casas de empeño que este nuevo artículo supone, por lo que lo tienen de aprobarse en sus términos.

Octava. Adición de un artículo 65 Bis 7.

La minuta propone adicionar un artículo 65 Bis 7 para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 7. La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos de representación de las casas de empeño, con el objeto de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Las casas de empeño deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría Estatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo con lo que se establece a continuación:

I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño.

II. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atípico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Para efectos de los supuestos contemplados en este artículo, las casas de empeño deberán proporcionar a la Procuraduría Estatal que corresponda los siguientes datos del cliente involucrado:

I. Nombre;

II. Domicilio;

III. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejo la firma del contrato respectivo, y

IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados.

En los casos en que se presuma la comisión de un delito a solicitud del Ministerio Público, las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de depósito en la casa de empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma alguna, hasta en tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida ésta, el Ministerio Público determina que existen elementos para ejercer la acción penal, la custodia de las prendas quedará sujeta a lo que en su oportunidad dicte la autoridad competente. En caso de determinar que no existen elementos para ejercer la acción penal, el Ministerio Público competente notificará a la casa de empeño, para liberar el mencionado depósito.

Al respecto, estas comisiones consideran adecuada las previsiones establecidas en este nuevo artículo, tendientes a disminuir la práctica de realizar este tipo de contratos mediante la prenda de artículos procedentes de hechos delictivos, particularmente el robo, y se considera que este mecanismos permitirá a los ministerios públicos un mejor despacho e integración de las denuncias y querellas existentes y, en consecuencia, reducir la incidencia de este proceder, desincentivando la comisión de los delitos respectivos.

Novena. Reforma al artículo 128.

Finalmente, la minuta propone una reforma al artículo 128, para quedar como sigue:

Al respecto, estas comisiones realizan la actualización correspondiente al cambio de monto de las sanciones realizado al concluir el año 2011, para ser congruente con los montos establecidos durante 2012 en dicho artículo, para quedar como sigue:

Artículo 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7o., 8o., 10, 12,44,63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6,65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $617.41 a $2’414,759.14”.

Cuarta. De lo anterior, se desprende que básicamente el Senado de la República realizó seis cambios a la minuta consistentes en:

• Exceptuar a las sociedades que no sean mercantiles de la aplicación de esta nueva regulación;

 • Eliminar la garantía que se había establecido para garantizar los daños y perjuicios que pudieran causar las casas de empeño a los pignorantes,

 • Establecer la posibilidad de cancelar el registro de la casas de empeño cuando tengan socios, accionistas, administradores, directivos o representantes que hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

• Establecer la facultad expresa para la Profeco de expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, así como las causales de suspensión y cancelación.

 • Se actualizó el monto de la multa.

 • Se elimina la disposición transitoria que establece una partida de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la instrumentación de los programas de verificación.

Quinta. Que los Diputados que integran la Comisión de Economía, consideran que los términos en los que fue regresada la minuta a esta Cámara, aún con los cambios apuntados, implica un avance en la materia de regulación de casas de empeño y una ampliación de la protección de los derechos del consumidor, por lo que estiman debe de aprobarse en sus términos.

Sexta.En virtud de lo anterior, la Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la Minuta que nos ocupa en los términos precisados en el presente Dictamen, y remitir en su momento al Ejecutivo para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 Bis y 128; y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Único.Se reforman los artículos 65 Bis y 128; y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el Registro de casas de empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos derivados de la inscripción son intransmisibles.

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de casas de empeño se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará cohforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

Artículo 65 Bis 1.Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como casa de empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño y, en su caso, del representante legal;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración de la casa de empeño;

d) En su caso, domicilio de las sucursales en las que se prestará el servicio de casa de empeño;

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

f) Fecha y lugar de la solicitud;

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del promovente. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su representante; y

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se encuentren establecidos por alguna norma oficial mexicana.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las casas de empeño quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta disposición se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del registro.

La Procuraduría expedirá el resto de las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, procurando su agilidad y economía, y considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo.

Artículo 65 Bis 2.Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación.

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el registro y emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la resolución es en sentido negativo al solicitante.

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación y de forma permanente en su sitio de Internet la lista de los proveedores inscritos en el registro.

Artículo 65 Bis 3. Las casas de empeño deberán informar a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la información solicitada en el artículo 65 Bis 1 de la presente ley mediante la presentación de un aviso dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

Artículo 65 Bis 4. Las casas de empeño deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos.

Además, deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, incorporaran la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante ese periodo.

La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores.

Artículo 65 Bis 5.Las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma que determinará, entre otros, los elementos de información que se incluirán en el contrato de adhesión que se utilizará para formalizar las operaciones, las características de la información que se proporcionará al consumidor, y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la presente ley.

Artículo 65 Bis 6. Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

La infracción a este artículo se considerará particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta ley.

Artículo 65 Bis 7. La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos de representación de las casas de empeño, con el objeto de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Las casas de empeño deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría estatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo con lo que se establece a continuación:

I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño.

II. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atípico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Para efectos de los supuestos contemplados en este artículo, las casas de empeño deberán proporcionar a la procuraduría estatal que corresponda los siguientes datos del cliente involucrado:

I. Nombre;

II. Domicilio;

III. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejó la firma del contrato respectivo; y

IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados.

En los casos en que se presuma la comisión de un delito, a solicitud del Ministerio Público las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de depósito en la casa de empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma alguna, hasta en tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida ésta el Ministerio Público determina que existen elementos para ejercer la acción penal, la custodia de las prendas quedará sujeta a lo que en su oportunidad dicte la autoridad competente. En caso de determinar que no existen elementos para ejercer la acción penal, el Ministerio Público competente notificará a la casa de empeño para liberar el mencionado depósito.

Artículo 128.Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12,44,63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1,65 Bis 2, 65 Bis 3,65 Bis 4,65 Bis 5,65 Bis 6,65 Bis 7,73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $617.41 a $2’414,759.14.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las casas de empeño contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Tercero.La Procuraduría Federal del Consumidor deberá ejecutar un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruíz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricela Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvía María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión del 11 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) y determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3600-II, el martes 11 de septiembre de 2012.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena propone modificar la denominación de la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión de Igualdad de Género, con el objeto de armonizar la legislación que norma el comportamiento del Congreso de la Unión con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues es un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano.

2. En la exposición de motivos la iniciativa destaca que “el tema de la igualdad de género en el país ha ganado terreno en gran medida gracias al escrutinio sistemático de los mecanismos internacionales que observan de manera cercana el cumplimiento de los compromisos que el gobierno mexicano ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres”.

3. Asimismo, argumenta que es necesario armonizar la legislación que norma el comportamiento del Congreso de la Unión con los Tratados Internacionales signados por el Estado mexicano; “a fin de reconocer la equivalencia entre mujeres y hombres en derechos, oportunidades, beneficios y participación con la misma representación en la vida pública y política”.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Esta dictaminadora reconoce la creación y el trabajo de la Comisión de Equidad y Género como parte de un esfuerzo que durante trece años ha sido toral para lograr incorporar y reconocer la perspectiva de género en el trabajo legislativo. En estos años, desde 1999, año en que la entonces comisión especial pasó a ser una comisión ordinaria ha obtenido, gracias al empeño de sus integrantes, un importante número de reformas orientadas a otorgar un mayor reconocimiento a la labor de las mujeres, así como a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

3. Los integrantes de esta comisión reconocemos la labor que la Comisión de Equidad y Género ha desempeñado desde su aparición, poniendo el tema que es motivo de su creación en la agenda nacional, logrando acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero entendemos también que como toda institución pública tiene que evolucionar, ajustándose tanto al dinamismo social como al normativo.

4. Como bien lo menciona la diputada Martha Lucía Mícher Camarena en su iniciativa, el fortalecimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres es la razón de ser de la Comisión de Equidad y Género; sin embargo, su denominación no atiende los conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres, instrumentos que han sido suscritos por el Estado mexicano.

5. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

6. En síntesis, apoyamos el criterio expuesto en la iniciativa, que para atender puntualmente el concepto de igualdad de género que diversos instrumentos internacionales han establecido, es preciso modificar la denominación de la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión de Igualdad de Género; con el objeto de armonizar el nombre de la instancia que en la Cámara de Diputados promueve una la legislación que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres, con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por ser un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano, así como con la legislación mexicana que reconoce el concepto de igualdad, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la actual fracción XXV, pasando a ser la fracción XXX; y se recorren en su orden las subsecuentes del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán:

I. a XXIV. ...

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVI. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVII. Ganadería;

XXVIII. Gobernación;

XXIX. Hacienda y Crédito Público;

XXX. Igualdad de Género;

XXXI. a LII. ...

3. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se entenderán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión extraordinaria del jueves 13 de diciembre de 2012.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), secretarios; Rubén Camarillo Ortega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra y Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada, para su análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto para reformar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, numeral 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,así como por los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:

Antecedentes

1. En reunión ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2012, las Comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, acordaron presentar el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las comisiones unidas con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 27 de noviembre de 2012, fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y estudio, la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Contenido de la minuta

1. La minuta referida contiene como principal propuesta, cambiar el actual nombre de la Comisión de Equidad y Género por el de “Para la Igualdad de Género”.

2. Las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores manifiestan en el dictamen aprobado que coinciden plenamente con los propósitos que animan la iniciativa y comparten los planteamientos y razonamientos en ella vertidos. Señalan que “para quienes integramos estas comisiones unidas resulta claro que es impostergable actualizar, definir y fortalecer de forma adecuada sustituir el uso de los términos de Equidad por el de Igualdad empleados en las Comisiones ordinarias constituidas dentro de este H. Senado de la República”.

3. Asimismo consideran que con la aprobación de tal reforma, será posible dar cumplimiento a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Por último, estiman que secundar la propuesta de modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género, permitirá a la Cámara de Senadores hacer valer los artículos 1 y 4 de la Constitución, los cuales reconocen la prohibición de toda discriminación por motivos de género y la igualdad entre hombres y mujeres, respectivamente.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la minuta enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Es digno reconocer por esta dictaminadora que la existencia de la Comisión de Equidad y Género ha sido punta de lanza para impulsar reformas en temas como violencia, salud y participación política, así como para que los Gobiernos en turno, adopten políticas públicas con perspectiva de género que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

3. Los integrantes de esta Comisión reconocemos que la actual Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Senadores debe adecuar su nombre, a fin de que sea acorde con los diversos convenios y compromisos internacionales que nuestro país ha adoptado, así como con la legislación nacional vigente, cuyo contenido refiere a la igualdad que debe existir en la sociedad entre hombres y mujeres, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación y la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres.

4. Por otro lado, es preciso abundar respecto a la conveniencia de adoptar el término igualdad y sustituirlo por el de equidad. Al respecto, de acuerdo con la ONU, la “igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política.”

5. Cabe señalar, que desde el surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, se describieron aquellos derechos básicos, inalienables y universales, lo que ha dado origen durante las últimas décadas a que en diversos países, entre ellos el nuestro, surjan cuerpos normativos destinados a la protección de los derechos humanos, en el entendido de que el Estado debe ser el principal garante de los derechos de la sociedad (John Locke). Sin embargo, hoy en día, es preciso avanzar no sólo en garantizar la protección de estos derechos, sino también en asegurar que entre los individuos exista igualdad de condiciones en todos los ámbitos, con el fin de que mujeres y hombres participen del progreso social, pero también aseguren su desarrollo personal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman las fracciones XIII y XXII; y se recorren en su orden las actuales fracciones XIV a la XXII, para pasar a ser de la fracción XIII a la XXI, respectivamente, todo ello al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. a XII. ...

XIII. Estudios Legislativos;

XIV. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XV. Gobernación;

XVI. Hacienda y Crédito Público;

XVII. Jurisdiccional;

XVIII. Justicia;

XIX. Marina;

XX. Medalla Belisario Domínguez;

XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXII. Para la Igualdad de Género

XXIII. a XXX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://enlamira.inmujeres.gob.mx/index.php?option=com_myblog&show=A-Equidad -o-Igualdad-de-GA-nero-.html&Itemid=57

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión extraordinaria del día 13 del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE AEROPUERTOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto por el por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

Esta comisión que suscribe con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 84, 85, 157, 158 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. El 28 de octubre de 2010, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, a cargo del senador Fernando Castro Tentri, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

2. El 13 de diciembre de 2011, se presentó el dictamen correspondiente al pleno de la Cámara de Senadores, mismo que fue aprobado el 14 de diciembre de 2011 en votación nominal, remitiéndose a esta Cámara de Diputados efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del 1 de febrero de 2012, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Transportes la minuta en comento para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-4-2304.

4. Con fecha 24 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, hizo la declaratoria de publicidad al presente dictamen

5. Con fecha 25 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, lo enlista como dictamen a discusión ante el pleno de esta soberanía, sin que haya sido desahogado por el mismo.

6. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva emitió un acuerdo relativo a los dictámenes que el pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver; el cual establece que se turnan nuevamente a las Comisiones correspondientes para su revisión y, en su caso, dictaminación.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta del Senado de la República considera necesario que el sector aeronáutico en México cuente con la posibilidad de expandir su calidad de infraestructura para incidir en el desarrollo económico de nuestro país, basado en su papel estratégico para el impulso de la actividad económica que genera la integración de distintas regiones nacionales e internacionales y genera múltiples empleos.

La colegisladora plantea que la legislación vigente presenta aspectos incorrectamente regulados o no previstos, que dan pauta a que exista gran discrecionalidad por parte de la autoridad, situación que inhibe la inversión en dicho sector. Ante esa situación, la minuta propone la creación de medios que estimulen la competencia, la oferta aeroportuaria, el impulso del desarrollo de los prestadores de servicios en igualdad de condiciones, la aplicación de alternativas para solucionar problemas relacionados con dicho sector y para que las tarifas por la prestación de dicho servicio, sean más accesibles para los usuarios.

En ese sentido, pretende adecuar el comportamiento humano a imperativos sociales vigentes en nuestro estado de derecho, por lo que se introducen atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vigilar que los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público y a los de servicio general, presten los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, además de que dicha Secretaría, realizaría verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por dichas disposiciones.

Por otro lado, se propone establecer en el artículo 11 de la Ley, la obligación para los interesados en participar en la licitación pública para concesión, de prestar los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha límite para la recepción de proposiciones, esté facultada para solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita la opinión a la que se refiere el artículo 33 Bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica.

La minuta plantea también que dentro del artículo 15 de la Ley, se establezca que el otorgamiento de concesiones se sujetará al cumplimiento de dos requisitos, siendo el primero, que el concesionario cumpla con las condiciones del título y el segundo, que cuente con opinión favorable de la Comisión Intersecretarial conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, dentro de los elementos que deben contener los títulos de concesión o permiso a que se refiere el artículo 25, se incluye que los servicios que podrán prestar el concesionario o permisionario, deberán cumplir con lo previsto en la Ley de aeropuertos, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Por otro lado, se propone que cuando los concesionarios o permisionarios sean sancionados por lo menos en tres ocasiones por limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación mediante actos de simulación, la concesión o permiso sea revocado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como por limitar el número de prestadores de servicios complementarios o la negación de su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de la Ley de Aeropuertos.

También se incluyen dentro de las obligaciones de los concesionarios o permisionarios a que se refiere el artículo 46, establecidas en los respectivos títulos de concesión, que aseguren que los aeródromos civiles contarán con infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia, calidad y que los mismos cumplan con lo previsto en la citada ley así como en la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

De igual manera, se reforma el artículo 57 de la Ley de Aeropuertos, para que el concesionario provea lo necesario a fin de que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, cuyo número no podrá ser limitado, salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto. En este caso, se propone que el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, pueda adjudicar los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

En ese sentido, se plantean reformas a los artículos 63 y 81 de la Ley de Aeropuertos, para que en los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determine los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios, señalando en la última parte del enunciado normativo la remisión al Reglamento de la ley de la materia, ya que los criterios y procedimiento para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a dicha disposición adjetiva.

Por lo que corresponde al artículo 81, se propone que en caso de que durante dos ocasiones consecutivas se incurra alguna de las infracciones señaladas en las fracciones que contiene el citado precepto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.

Consideraciones de la comisión

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aviación Civil, reporta que en 2010 se atendieron cerca de 78 millones de pasajeros, lo que representó un incremento en la demanda de apenas 2.3 por ciento respecto a 2009; sin embargo, en el mismo periodo se observa una disminución en el número de aeropuertos del sistema nacional, por un total de 9. Lo anterior considerando que se dieron de baja dos aeropuertos nacionales en Jalisco y Nuevo León y que las estadísticas dejaron de reportar los aeropuertos y aeródromos a cargo de la Sedena y Semar en los cuales ya no se realizan operaciones aéreas civiles. Asimismo, se dejan de reportar como aeropuertos el de Guerrero Negro (Baja California) y Ciudad Constitución (Baja California Sur) que son de servicio particular; por su parte, se incorporaron dos aeropuertos nacionales en Guanajuato y Quintana Roo y cambiaron su categoría de nacional a internacional los de Morelos, Tepic y Uruapan. En consecuencia, para 2010, se reportan mil 389 aeródromos y 76 aeropuertos.

Asimismo, la inversión anual en infraestructura aeroportuaria para 2010 reporta un incremento de 193 millones de pesos, los cuales provienen en su totalidad del sector público, ya que la inversión del sector privado se contrajo un 6 por ciento en ese año, mientras la primera se expandió más de 17 por ciento.

Existe actualmente un gran rezago en la oferta de infraestructura aeroportuaria en nuestro país, ya que por cada 10 mil kilómetros cuadrados existen 1.2 aeropuertos, mientras que en los 10 países con mayor infraestructura aeroportuaria, la media es de 37 por cada 10 mil kilómetros cuadrados, es decir que nuestro país cuenta con 80 por ciento menos y se registran 3.3 vuelos por cada mil habitantes, mientras que en los 10 países con mayor tráfico aéreo es de 33 por cada mil habitantes.

Lo anterior refleja la necesidad de mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, garantizando un mejor funcionamiento y elevando la competitividad del sector aeronáutico, lo que a su vez propicia la integración regional y el incremento de oferta de servicios aéreos, lo que se ve reflejado finalmente en mejores tarifas y servicios más eficientes para los usuarios de este medio de transporte.

En ese sentido, la comisión que dictamina estima convenientes las propuestas de la colegisladora con las que se busca establecer medidas que garanticen equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre los participantes del transporte aéreo, como resultado de la evaluación respecto al uso y aprovechamiento de los mismos.

Por ello, la comisión que dictamina considera oportuno incluir en el artículo 6 de la ley, el establecimiento de reglas y bases generales respecto al uso y aprovechamiento de los horarios de aterrizaje y despegue, toda vez que bajo el texto vigente se genera un margen de discrecionalidad por parte de la autoridad, y poca certeza jurídica para los destinatarios de la norma, además de que con la modificación que plantea el Senado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá realizar verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Sin embargo, la Comisión de Transportes considera que la redacción de la colegisladora debe complementarse para acotar los conceptos a que se refiere tal disposición, pues resultan amplios y generan incertidumbre respecto al uso de los horarios de despegue y aterrizaje con que los usuarios contarían para las temporadas siguientes, lo que afecta además, la certeza de las inversiones a futuro de las empresas dedicadas a la aviación comercial.

En tal sentido, la comisión que suscribe considera necesario complementar la continuidad del servicio como criterio para asignar slots, con el fin de evitar que se utilice un criterio incorrecto para asignar los mismos, independientemente del cumplimiento de uso y puntualidad, lo cual afectaría a todos los operadores. Por tal motivo, la redacción del artículo 6 que se propone, quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, procurando la competencia y continuidad del desarrollo de todos los prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II. a III. ...

IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, que procuren la continuidad en la prestación del servicio de cada uno de los transportistas aéreos, equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre todos los participantes del transporte aéreo;

V. a VIII. ...

IX. Vigilar que los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público y los de servicio general, presten los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con esta ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables. La Secretaría realizará verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por esta ley, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables;

X. Llevar el Registro Aeronáutica Mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles;

XI. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta ley;

XII. Interpretar la presente ley y sus reglamentos para efectos administrativos; y

XIII. Las demás que le otorguen esta ley y otros ordenamientos.”

Por lo que corresponde a las modificaciones planteadas al artículo 11 de la Ley de Aeropuertos, se reconoce adecuado dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la atribución para otorgar o negar la concesión tomando en consideración la soberanía, la seguridad nacional, o cuando el interesado no cumpla con las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto. Asimismo, se introduce la obligación a la Secretaría para que solicite a la Comisión Federal de Competencia su opinión sobre las propuestas, la cual deberá de ser tomada en cuenta al momento del fallo.

Cabe mencionar que el artículo 33 Bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica, ya establece un procedimiento y plazos determinados para los casos en los que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) deba emitir opinión en el otorgamiento de concesiones, por lo que las la que dictamina coincide con la modificación planteada, en el entendido de que será una disposición complementaria que fortalezca la competencia económica en los aeropuertos y que obligue a prestar los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, pero siempre buscando mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.

En lo correspondiente a las reformas al artículo 15 de la Ley de Aeropuertos, para el caso del otorgamiento de concesiones, la comisión que dictamina coincide con la propuesta del Senado de la República para condicionar la prórroga de las mismas al cumplimiento de las condiciones del título respectivo y a que la opinión de la Comisión Intersecretarial conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sea favorable, con lo que se enriquece la ley y se robustece la revisión y control del otorgamiento de los títulos de concesión velando por la competitividad de los aeropuertos.

No debe perderse de vista que el desarrollo y aumento de la capacidad aeroportuaria, así como una mejor calidad en el trasporte aéreo de pasajeros y de carga, son posibles en la medida que se modernice y amplíe la infraestructura con libertad y eficiencia económicas, derivando en el fomento de la competencia entre aeropuertos dentro del mercado regional para atraer un tipo de tráfico específico, así como atraer a prestadores de servicios para que establezcan su base operacional o eje de conexiones logísticas.

La competencia entre aeropuertos en áreas metropolitanas adyacentes es una gran oportunidad para modificar variables de servicio y localización que favorezcan a los usuarios y propicien el desarrollo de infraestructura, ya que el potencial de competencia ha sido demostrado en la experiencia internacional, en la cual los aeropuertos disputan la presencia de líneas aéreas regulares y de aviación general diferenciándose por calidad, costo y diversidad de servicios disponibles en cada uno, lo cual a su vez incentiva mayor inversión en infraestructura aeroportuaria y mejora las capacidades económicas de la región.

Por lo que corresponde al artículo 23, la colegisladora propone adicionar medidas para evitar supuestas simulaciones por parte de las personas o grupos de personas que adquieran sociedades concesionarias o permisionarias que contravengan la libre competencia o en las que la inversión extranjera, se realice en proporciones contrarias a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera, por lo cual se requerirá notificar a la Secretaría a fin de que ésta emita la autorización correspondiente.

Lo anterior se considera acertado por parte de esta comisión que dictamina, pues a reserva de que ya existen medidas en la ley respecto a la inversión extranjera, como el artículo 19 donde se establece que la inversión extranjera podrá participar hasta el cuarenta y nueve por ciento en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público y que se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que el cuarenta y nueve por ciento de la mencionada inversión participe en un porcentaje mayor, la propuesta de la Colegisladora aclara los términos del procedimiento por el cual se notificará a la Secretaría y sobre la respuesta de ésta a los solicitantes.

Por otra parte, la Comisión de Transportes que suscribe considera adecuado incluir en el artículo 25 de la Ley de Aeropuertos, dentro de los elementos que deben contener los títulos de concesión o permiso, que los servicios que preste el concesionario o permisionario, deberán cumplir con lo previsto en la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, con lo cual se estará procurando certeza para el concesionario, pero además, que tales servicios se presten en términos competitivos y de calidad internacional.

En relación con las adiciones al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos que plantea la minuta en análisis, se introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.

Esta es una adición que se considera procedente por parte de la que dictamina, en razón de que los servicios complementarios son una parte muy importante para la operación de los aeropuertos y que inciden directamente en el nivel de calidad percibido por los usuarios, por lo que la comisión que dictamina coincide plenamente en la adición.

Derivado de lo anterior, la minuta en análisis plantea trasladar la modificación del artículo 27 al artículo 57, a efecto de generar congruencia en el cuerpo normativo de que se trata, con lo que el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

Dentro de las obligaciones de los concesionarios o permisionarios, el artículo 46 de la ley de la materia establece que de acuerdo a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso, corresponde a los titulares de la concesión asegurar que los aeródromos civiles contarán con infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia, calidad.

La propuesta del Senado consiste en agregar que los mismos cumplan con lo previsto en la citada ley, así como en la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, lo cual en consideración de la que dictamina, es adecuado para mantener los niveles de atención y seguridad de los aeropuertos nacionales en rangos internacionales.

Por otro lado, esta comisión que dictamina estima conveniente que en los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determine los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios, señalando en la última parte del enunciado normativo la remisión al reglamento de la ley de la materia, ya que los criterios y procedimientos para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a dicha disposición adjetiva. Lo anterior se establecería en el artículo 63 y aportaría un marco de eficiencia y transparencia en la asignación de los horarios referidos, así como una mayor consistencia en la aplicación del reglamento y la profesionalización de la labor de asignación.

Se observa que la reforma propuesta responde convenientemente a que la tendencia mundial apunta hacia el uso de coordinadores de slots independientes, ya que países como Australia y Canadá, así como la Comunidad Europea ya lo han implementado con resultados favorables, apegados al reglamento de cada país.

No obstante, es necesario generar certidumbre sobre el ente que sea designado para determinar los llamados slots, pues la propuesta de la colegisladora no garantiza la independencia entre dicho administrador de horarios y el concesionario, como sucede en los principales aeropuertos del mundo; además, se observa en la propuesta del Senado de la República, que se elimina el requisito de contar con la opinión del Comité de Operación y Horarios, que es la única instancia en la que el administrador del aeropuerto debe transparentar sus decisiones.

Sobre esto último, la ley de la materia establece en su artículo 61 la obligación de cada aeropuerto de constituir un Comité de Operación y Horarios y determina a los funcionarios que lo integran; asimismo, el artículo 62 establece que el Comité tendrá la atribución de emitir recomendaciones relacionadas, entre otros, con la asignación de horarios de operación, áreas, posiciones de contacto y remotas, itinerarios y de espacios dentro del aeropuerto, de acuerdo a los criterios establecidos; así como con las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria.

En esas condiciones, la comisión que dictamina considera que la única figura que considera la Ley de Aeropuertos donde los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y prestadores de servicios se encuentran representados, es el Comité de Operación y Horarios, por lo que eliminar del artículo 63 la única posibilidad que tienen estos grupos de influir en las determinaciones que se tomen para la operación eficiente del aeropuerto donde operan, desvirtúa el objeto contemplado en los artículos 61 y 62 de la Ley de Aeropuertos.

Derivado de lo anterior, esta Dictaminadora considera conveniente que el primer párrafo del artículo 63 se mantenga conforme al ordenamiento vigente y adicionar como un segundo párrafo que la designación del tercero para la determinación de horarios se sujete a lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disponga en el Reglamento de la materia, en el entendido de que las modificaciones al mismo que se deriven del proyecto de decreto que contiene este dictamen, se circunscriban a los objetivos de profesionalización e independencia que se persiguen.

Considerando lo anterior, se propone que la redacción del artículo 63 de la Ley de Aeropuertos, quede de la siguiente manera:

“Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y, oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta ley.

Los criterios y procedimiento para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a lo dispuesto por el reglamento.”

Por lo que corresponde a la propuesta de reformar el artículo 81 de la ley, las comisiones dictaminadoras consideran procedente establecer que en caso de que durante dos ocasiones consecutivas se incurra en alguna de las infracciones consignadas en la disposición, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada, por lo que, con el objetivo de fomentar la eficiencia y la certeza jurídica y económica de todos los involucrados en la operación de los servicios aeroportuarios y de los usuarios, esta comisión que suscribe coincide con la propuesta.

En virtud de lo descrito, la Comisión de Transportes que dictamina considera adecuado aprobar con las modificaciones propuestas en las fracciones I y IV del artículo 6, y la adición de un segundo párrafo al artículo 63, en los términos aprobados por la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, con el objetivo claro de incrementar la eficiencia operativa de las terminales aéreas de todo el país y fomentar su modernización para acercarlas a los niveles de competitividad que en la actualidad demanda el mercado mundial.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Transportes someten a la consideración de la honorable asamblea y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos

Artículo Único.Se reforman las fracciones I y IV del artículo 6; el artículo 15; el primer párrafo del artículo 23; la fracción VIII del artículo 25; la fracción XIV y el último párrafo del artículo 27; el artículo 46; el artículo 57; el artículo 63 y el penúltimo párrafo del artículo 81 y se adicionan una nueva fracción IX y la actual IX pasa a ser la X y se recorren las subsecuentes del artículo 6; un inciso e) a la fracción V, una nueva fracción VI y la actual fracción VI para a ser la VII y se recorren las subsecuentes del artículo 11; una nueva fracción XV y la actual fracción XV pasa a ser la XVI del artículo 27; de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, procurando la competencia y continuidad del desarrollo de todos los prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II. y III. ...

IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, que procuren la continuidad en la prestación del servicio de cada uno de los transportistas aéreos, equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre todos los participantes del transporte aéreo;

V. a VIII. ...

IX. Vigilar que los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público y los de servicio general, presten los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables. La Secretaría realizará verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables;

X. Llevar el Registro Aeronáutico Mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles;

XI. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta Ley;

XII. Interpretar la presente Ley y sus reglamentos para efectos administrativos, y

XIII. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos.

Artículo 11. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) y b) ...

c) Que cumple con los requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental;

d) Que cuenta con el personal técnico y administrativo capacitado, y

e) Que se obliga a prestar los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables;

VI. La Secretaría dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha límite para la recepción de proposiciones, podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita la opinión a la que se refiere el artículo 33 Bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica;

VII. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes;

VIII. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes, y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario, y

IX. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto, o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional; o bien las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría. En estos casos, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 15. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de cincuenta años, y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de cincuenta años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial a que se refiere el artículo 21, y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.

Artículo 23. Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría, quien, en su caso, emitirá la autorización correspondiente en un plazo que no exceda de treinta días hábiles. Una vez transcurrido el plazo antes mencionado sin que la Secretaría hubiera emitido una resolución, ésta se entenderá en sentido afirmativo.

...

Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:

I. a VII. ...

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario, mismos que deberán cumplir con esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables;

IX. a XIII. ...

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil;

XV. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de esta Ley, y

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.

...

En los casos de las fracciones VII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia, calidad y cumplan con lo previsto en esta ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, el número de estos no podrá ser limitado, salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y, oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Los criterios y procedimientos para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a lo dispuesto por el Reglamento.

Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. a XVII. ...

Cualquier otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de hasta cincuenta mil días de salario.

En caso de que durante dos ocasiones consecutivas, se incurra en la misma infracción, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.

Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar en ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal y la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán e implementarán los mecanismos y las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar cabal cumplimiento al mismo.

Tercero.La Secretaría y las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizar las adecuaciones necesarias a efecto de que sean incluidas en las nuevas bases de las licitaciones y en los contenidos de los títulos de concesión o permiso que se vayan a conceder por primera ocasión o para los que vayan a prorrogarse.

Los títulos de concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, tendrán que ser adecuados en los términos y condiciones de las presentes reformas y adiciones, en un plazo que no podrá exceder de un año calendario, mismo que será contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Cuarto.La sanción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de la presente Ley, comenzará a ser aplicada por las autoridades facultadas para tal efecto por la Secretaría, a los dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 2012.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes, Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la minuta de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, 82, 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen, con base en la siguiente:

I. METODOLOGÍA

Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición Minuta en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio.

En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:

II. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 11 de octubre de 2007, la Diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 22 de agosto de 2007, el Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2008, la Diputada Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de diversos Diputados de los grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

4. En sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2008, el Diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

5. En sesión ordinaria del 24 de noviembre de 2009, el Diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

6. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del 27 de enero de 2010, los Diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

7. En sesión ordinaria del 4 de febrero de 2010, el Diputado Eric Rubio Barthel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisiones de Comunicaciones y Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

8. En sesión celebrada el 16 de febrero de 2010, el Diputado Enrique Castillo Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

9. En sesión ordinaria del 09 de marzo de 2010, la Diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

10. En sesión celebrada en fecha 08 de abril de 2010, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Vías Generales de Comunicación, y de Federal del Derecho de Autor, suscrita por el Diputado Javier Corral, del Grupo Parlamentario del PAN.

11. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 06 de octubre de 2011, se sometió a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mismo que fue aprobado por 325 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

12. En Sesión Ordinaria de fecha 11 de octubre de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la recepción de una Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la misma fecha la turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

13. En Sesión Ordinaria de fecha 19 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, siendo turnado a la Cámara de Diputados ese mismo día.

14. Con fecha 4 de septiembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, siendo turnada a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen el 31 de octubre de 2012.

15.Los miembros de esta Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

III. CONTENIDO DE LA MINUTA:

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la Minuta que se dictamina, los cuales a la letra señalan:

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

- Los operadores de redes públicas de Telecomunicaciones realizaran las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura y elaborarán los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, de igual forma, registrarán la tarifa de cobro por segundo, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64, fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

IV. CONSIDERACIONES

1. La Minuta con proyecto de decreto a estudio se basa en varias iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las que los proponentes coinciden en que el sector de las telecomunicaciones ha registrado en los últimos años un importante crecimiento, colocándose por encima de otros sectores económicos.

a) El Senador Alejandro González Yáñez y el Diputado Abundio Peregrino García, resaltan que las compañías concesionarias, al tener libertad para el establecimiento de las tarifas, tienen gran margen de discrecionalidad ya que dichas empresas determinan los montos y las condiciones sobre las cuales se fijan sus precios y se presta el servicio.

Señalan que la COFETEL avala las tarifas establecidas por las compañías. Dichas tarifas establecen que el tiempo de llamada será facturado por minuto, sin importar que el usuario no hable la totalidad del mismo, es decir, el tiempo de llamada se redondea al minuto superior siguiente.

b) Por otro lado, la Diputada Piñeyro Arias señala que el 48% de los ingresos de telecomunicaciones fueron por el mercado de telefonía móvil, de acuerdo por datos emitidos por la COFETEL, añadiendo que el redondeo es un sistema de cobro del que se obtienen ganancias extraordinarias por un tiempo de servicio que no se presta.

De igual forma, la Diputada Piñeyro Arias expone que en el 2007, los 61 millones de usuarios pagaron 30 segundos de tiempo no utilizado, pagando en promedio 2.85 peso más, por lo que las compañías de telefonía celular ingresaron 869 millones de pesos diarios y 317 mil millones de pesos mensuales, de ganancias extraordinarias, durante ese año.

La diputada Piñeyro menciona, en la exposición de motivos de su iniciativa, que el redondeo es un sistema de cobro injusto, porque basta que el usuario haga la llamada para que la empresa cobre el minuto completo, lo cual resulta un atentado económico para los consumidores.

c) Por su parte, la Diputada Adriana Dávila Fernández señala que, no se trata de cambiar las tarifas sino el sistema de medición de la operación de los servicios de telefonía, indicando que el sector de la telefonía móvil es el sector más dinámico de las telecomunicaciones, por el crecimiento de usuarios, la cobertura que proporciona a éstos y por el tráfico de minutos registrados anualmente.

Argumenta la Diputada Adriana Dávila Fernández que el redondeo afecta directamente el bolsillo de los usuarios al cobrarles segundos que no están utilizando, por lo que propone, eliminar el mecanismo de redondeo y utilizar el segundo como medida de tiempo para calcular la contraprestación económica por la prestación efectiva de los servicios de interconexión.

d) Por otro lado, el Diputado José Edmundo Ramírez Martínez propone que las compañías de telefonía celular no fijen sus tarifas libremente, sino que sea el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien establezca una tarifa que vaya de acuerdo con la economía de la población, garantizando la competitividad, la seguridad y permanencia así como servicios de calidad.

e) De acuerdo a la iniciativa presentada por el Diputado Oscar González Yáñez, los usuarios de telefonía en México gastaban un promedio mensual de 491.7 pesos, de acuerdo a cifras publicadas por el INEGI, lo que significa un incremento del 58% en comparación de 2004, por lo que propone en su iniciativa, fijar la tarifa de facturación por el tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el redondeo de llamada.

f) Por su parte, los Diputados Jorge H. López Portillo- Basave y Arturo Zamora Jiménez, proponen que la oferta comercial a los usuarios de telecomunicaciones, debe ser por planes tarifarios, donde la medición, tasación y cobros de los servicios local y de larga distancia, estén basados en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, generando que los usuarios tengan la capacidad de elegir el plan o tarifa que mejor se acomode a sus necesidades.

g) El Diputado Eric Rubio Barthell, expone que, en México se mantiene entre los primeros lugares del país con las tarifas más altas de los servicios de banda ancha y telefonía móvil, de acuerdo a datos de la OCDE, durante 2009, por lo que propone que se fijen tarifas de acuerdo al tiempo utilizado y no pagar tarifas excesivas, contando con un cobro más equitativo en el servicio de telefonía móvil.

h) Por su parte, el Diputado Enrique Castillo Ruiz, comenta que los 79 millones de usuarios de telefonía celular realizan durante el día un promedio de cinco llamadas con 1.5 minutos de duración, cada una, representando más de 592 millones de minutos de trafico de llamadas por día, de éstos, más de 197 millones de minutos corresponden a las fracciones de segundos que son redondeados a minuto y que se facturan de esa forma, por lo que se estima una ganancia de 987 millones de pesos por día, ingresos facturados u obtenidos por un tiempo que no consumió el usuario, por parte de las compañías de telefonía celular.

i) Finalmente, la Diputada Ana Estele Durán Rico, propone que las compañías de telefonía móvil, deberán de tener la obligación de cobrar únicamente el tiempo efectivo de uso del servicio, con objeto de proteger la económica de la población que menos tiene.

2. Por lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI legislatura, coincidió en un primer momento con las propuestas de los autores de dichas iniciativas, para beneficiar a los usuarios de telefonía móvil y fija, resaltando que la telefonía celular se mantiene como el sector más dinámico de la industria de las telecomunicaciones, por el número de usuarios que va creciendo con año, por la cobertura que proporciona a éstos y por el tráfico de minutos registrados anualmente.

Sin embargo, consideró improcedente el texto normativo que se plantearon en las iniciativas presentadas por: el Diputado Abundio Peregrino García y el Senador Alejandro González Yáñez; la Diputada Irma Piñeyro Arias; la Diputada Adriana Dávila Fernández; el Diputado José E. Ramírez Martínez; el Diputado Oscar González Yáñez; el Diputado Eric Rubio Barthell; el Diputado Enrique Castillo Ruz; y, la Diputada Ana Estela Duran Rico, debido a que el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone, que los concesionarios y permisionarios fijaran libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia, por lo que estaría en contra de la libertad tarifaria que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Por lo que se coincidió con la propuesta de los Diputados Jorge H. López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez, considerando que la oferta comercial, debe verse complementada por planes tarifarios, donde la medición, tasación y cobro de los servicios local y de larga distancia se encuentren basadas en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, fomentando la capacidad de elección de los usuarios, quienes podrán decidir además de otros criterios de calidad y precio, por aquel criterio de medición y cobro, que mejor se acomode a sus necesidades.

Por eso, se emitió un Dictamen mediante el cual se agregaba un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el que se transcribe a continuación:

“ En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial de planes tarifarios, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.”

3. Respecto de la Minuta que fue enviada al Senado de la República, las Comisiones dictaminadoras de la Colegisladora elaboraron un Dictamen modificando el texto emitido en un primer momento por esta Comisión, basado en las siguientes consideraciones:

a) El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones actualmente consta de un sólo párrafo que contiene la disposición normativa atributiva para los concesionarios y permisionarios, para que ellos sean los que fijen libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, brindando las condiciones que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

b) Se apreció que la modificación propuesta tiene la buena intención de que se continúe con el respeto a la libertad tarifaria de los concesionarios y permisionarios de las redes de telecomunicaciones, lo que es consistente con un entorno de competencia y de continua innovación en la oferta de servicios y en la modalidad de cobro asociada a los mismos.

c) También se aprecia que se pretende incrementar la variedad de modalidades de facturación, para que los usuarios tengan una mayor gama de elección que se ajuste a su perfil de uso de los servicios de telecomunicaciones ,haciendo notar, que es fundamental preservar la libre elección de los consumidores para que opten por la modalidad de medición y de cobro que minimice su gasto.

d) El Capítulo V de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que comprende los numerales 60, 61, 62 y 63, establece, entre otras cosas, la libertad tarifaria o de precios, excepto cuando exista una regulación justificada por el ejercicio de poder sustancial en el mercado relevante conforme a la Ley Federal de Competencia. Lo anterior es consistente con la práctica internacional donde en principio existe libertad para competir en precios, a menos de que exista un procedimiento específico por el cual tal libertad se restrinja.

e) El espíritu del artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en particular, responde a que en un entorno de varios operadores en un servicio de telecomunicaciones determinado, puedan fijar libremente sus tarifas y las configuraciones de cantidad y de precio que les permita competir entre ellos, lo anterior justificado en que, dado el acelerado cambio tecnológico del sector, y por ende la aparición constante de nuevos servicios y conjuntos de servicios, estos puedan ser tarificados con absoluta libertad con el objeto de que exista una dinámica en la oferta disponible a los usuarios en forma ágil, pronta y que la interacción entre los competidores tenga la mayor rivalidad posible al tener la capacidad de modificar cantidades y precios ante la respuesta competitiva existente entre todos los competidores actuales y futuros.

f) Las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República estimaron que en el futuro inmediato, las unidades de facturación no serán unidades de tiempo, ya que las mismas serán sustituidas por unidades de capacidad en Mbps o Gbps, debido a esta dinámica, la libertad tarifaria existente en el Capítulo V denominado de “De las Tarifas” de la Ley Federal de Telecomunicaciones debe de respetarse al máximo y que las nuevas opciones de oferta obligatoria, debiera ubicarse en el artículo 44 de dicha Ley, como lo propuso el Pleno del Senado de la República, al aprobar el día 6 de octubre del 2011, el proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

g) Pero no se pasa por alto, el hecho de que el proyecto de decreto que ha quedado mencionado en el párrafo que antecede fue devuelto a esta Soberanía para efectos de lo dispuesto por el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que a efecto de que los usuarios de telefonía móvil no se queden sin la oportunidad de contar con una opción de cobro por el servicio de telefonía móvil donde la unidad de medida sea el segundo, estás Comisiones Dictaminadoras dimiten en la posición de que a dicha disposición le correspondería estar incluida en el catálogo de obligaciones previsto en el artículo 44 de la Ley que se pretende reformar.

4. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la Minuta en comento y coinciden plenamente con la posición de la Colegisladora, en especial si se toman en cuenta los siguientes argumentos:

Es importante recalcar que el mercado de las telecomunicaciones es lo suficientemente extenso y sofisticado como para ofertar a los consumidores, distintos tipos de combinaciones en tarifas y cantidades a sus usuarios, permitiendo que estos opten por la que consideren que resulta más conveniente para ellos.

Lo anterior, es el fundamento de la soberanía del consumidor y fundamento de un proceso competitivo, por lo que la libertad tarifaria establecida en la ley que se pretende reformar, obedece a la condición indispensable en todo mercado en la que existe cada vez mayor rivalidad o competencia entre operadores. Pero de manera fundamental, el mayor beneficiario de la libertad tarifaria son los propios usuarios de los servicios, pues conservan intocada su libertad de elección. Ello no impide que el legislador introduzca en el propio marco legal elementos que sin menoscabar la libertad tarifaria, propicien que la gama de elección que enfrentan los consumidores justamente se amplíe, en este caso, mediante la obligación expresa para que los concesionarios y permisionarios ofrezcan a los usuarios, entre otras, tarifas que se basen en la facturación por segundo.

Por ello, se hace énfasis en que los servicios de telecomunicaciones no son un bien homogéneo, sino un bien diferenciado y diferenciable en el que concurren un conjunto de bienes (equipo terminal) como de servicios (voz, mensajes de texto, Internet, etc.) que conforman la oferta de los operadores.

Además, es importante hacer notar, que la libertad tarifaria es el elemento indispensable “sine qua non” que permite que exista una competencia y rivalidad permanente en precios entre los diversos operadores de los servicios de telecomunicaciones, la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones permite que las unidades de medida puedan ser varias, por tiempo, por evento, por medida de datos, etc., lo cual hace de la competencia, un proceso diverso en cantidades y precios.

Adicional a lo anterior, esta comisión dictaminadora toma en consideración que de una revisión del marco legal a nivel internacional, no puede concluirse de manera categórica que introducir una obligación para que los operadores de servicios móviles facturen y cobren por segundo las llamadas originadas en sus respectivas redes es lo que se considera una “mejor práctica internacional”, así como tampoco existen elementos para afirmar que obligar a los operadores de servicios móviles a únicamente facturar y cobrar por segundo, en el caso de los servicios que se cobran por unidad de tiempo, mejora el bienestar de los consumidores. De hecho, en línea con lo que esta dictaminadora coincide en proponer, apenas en abril de 2012, las autoridades de la India1 establecieron que los operadores de ese país están obligados, a partir de esa fecha, a ofrecer tarifas basadas en el cobro por segundo, entre las distintas tarifas que se pueden ofrecer en el mercado hindú, tanto en el segmento de pre-pago como en el de post-pago2; lo que las autoridades de la India determinaron es la obligación de ofrecer la facturación por segundo como una opción más para los consumidores, pero no la única.

En Canadá, por ejemplo, si bien no era una obligación prevista en el marco legal, apenas en julio de 2012, el único operador que aún ofrecía tarifas basadas en la facturación por segundo, Fido3, anunció su decisión de dejar de ofrecer esta opción en ese mercado, dada la predilección de los usuarios por otros esquemas de facturación.

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora estima conveniente dejar precisado que esta modalidad de cobro por segundo se incluirá en la oferta comercial de Planes y Tarifas de concesionarios y permisionarios, sin perjuicio de que también ofrezcan indistintamente, para sus usuarios de pre-pago y post-pago, modalidades de cobro por minuto, por evento, por capacidad, por bloque, o por cualquier otra modalidad. Por lo que esta Comisión aprueba en sus términos la Minuta devuelta por la colegisladora.

En mérito de todo lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones somete, a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los operadores de redes públicas de Telecomunicaciones realizaran las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura y elaborarán los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, de igual forma, registrarán la tarifa de cobro por segundo, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64, fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2012.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Fernando Castro Trenti (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Manuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Joaquín Caballero Rosiñol (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, José Luis Flores Méndez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Le ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta de los órganos de gobierno.

SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Secretario General de la Cámara de Diputados.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, numeral 4, 38, numeral 1, inciso d), y 48, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que con fecha 11 de diciembre se dio cuenta al Pleno con la solicitud suscrita por el doctor Fernando Serrano Migallón, Secretario General de la Cámara de Diputados, para separarse de su cargo, misma que fue turnada a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

2. Que este órgano de gobierno conoció dicha solicitud y determinó aceptar la citada solicitud de separación del cargo.

3. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el órgano facultado para proponer al Pleno el nombramiento del Secretario General.

4. Que con la finalidad de proceder de inmediato a la designación prevista en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formuló la propuesta del doctor Mauricio Farah Gebara para ocupar el cargo de Secretario General de la Cámara de Diputados.

Una vez analizada la semblanza curricular, la cual reúne los requisitos normativos de idoneidad, perfil y experiencia profesional, este órgano de gobierno determinó proponer a la consideración del Pleno la propuesta del doctor Mauricio Farah Gebara, para ocupar el cargo de Secretario General de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, esta Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se designa al doctor Mauricio Farah Gebara, para ocupar el cargo de Secretario General de la Cámara de Diputados, a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo.De conformidad con el artículo 141, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita la autorización del Pleno para que la elección de la persona propuesta se realice a través del sistema electrónico de votación.

Tercero.Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, está a su disposición. Tendremos el gusto de escuchar a don Alfonso Durazo, en pro. Tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, para expresar a ustedes el beneplácito con el que hemos recibido la propuesta de la Junta de Coordinación Política para designar al doctor Mauricio Farah, como secretario general de la Cámara de Diputados.

Sin duda es un nombramiento que le da prestigio a su ya extraordinaria carrera pública profesional y académica, pero lo más importante es que les dará realce a los trabajos de la Secretaría General cuya responsabilidad en la coordinación del quehacer administrativo, financiero, parlamentario y organizativo es de particular importancia.

Se trata de una tarea que requiere de equilibrio y limpieza política, que estamos seguros el doctor Farah sabrá hacer, con la solvencia, la honestidad y la eficiencia que han caracterizado su desempeño en el servicio público.

Me permito expresar con conocimiento de causa este reconocimiento, en virtud de que he tenido la oportunidad de compartir espacios con el doctor Mauricio Farah y siempre he valorado su formación académica y su experiencia administrativa, su disposición abierta y su ánimo plural, imprescindible hoy en nuestro país y particularmente en esta Cámara de Diputados para que los trabajos avancen de la mejor manera.

Considero que su talante a favor de la defensa de los derechos fundamentales y de la transparencia, como valor democrático en el ejercicio del gobierno, mucho contará en la huella que seguramente imprimirá a las tareas que son responsabilidad de la Secretaría General.

Por parte de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida y le extendemos nuestro voto a favor, por considerar que reúne un perfil óptimo para el desempeño de esta responsabilidad.

Al doctor Fernando Serrano Migallón le agradecemos el empeño desplegado al frente de la Secretaría General y le deseamos, por México, el mejor de los éxitos en su nueva encomienda.

Bienvenido, doctor Farah, cuente usted con la mejor disposición de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano para cumplir con su nueva responsabilidad; sabemos que de su parte habrá disposición recíproca para que esta Cámara y sus organismos puedan cumplir cabalmente con la suya, que es la de representar las voces y los intereses plurales de la ciudadanía.

Junto con el beneplácito a la postulación del doctor Mauricio Farah, extendemos también por ocasión excepcional nuestro reconocimiento a la Junta de Coordinación Política por esta muy adecuada postulación. Gracias a todos por su atención. Debo extender, también, el reconocimiento a la Conferencia, que incluye a la Mesa Directiva de esta Cámara, también muy merecido reconocimiento de nuestra parte. Gracias a todos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Una de cal. Ciérrese el sistema electrónico de registro de asistencia.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, de tal suerte de recibir la votación para el ciudadano Mauricio Farah Gebara, propuesto para ser secretario general de esta honorable Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del nombramiento de secretario general.

(Votación)

Se les informa a los señores diputados que solamente resta un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 409 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es Secretario General de esta honorable Cámara de Diputados el ciudadano Mauricio Farah Gebara, quien se encuentra a las puertas de este recinto; por lo que se designa en comisión a Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, a don Raymundo King de la Rosa, quien además festeja cumpleaños; a don Alfredo Rivadeneyra Hernández, a don Agustín Barrios Gómez Segués, a don Guillermo Sánchez Torres, a don Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, a don Francisco Coronato Rodríguez, a don Ricardo Cantú Garza y a don José Angelino Caamal, para que lo acompañen en el acto de rendición de protesta.

(A las 11:39 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de 450 diputadas y diputados)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadano Mauricio Farah Gebara, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Secretario General de esta honorable Cámara de Diputados, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Mauricio Farah Gebara: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario. Bienvenido.

Presidencia del diputado José González Morfín

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Economía, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza a que el dictamen de la Comisión de Economía se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se autoriza. En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía, el diputado Mario Sánchez, para fundamentar el dictamen.

El diputado Mario Sánchez Ruiz:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104; numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito fundamentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128, y adiciona el 65 Bis 1 al 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de casas de empeño.

El dictamen que hoy se presenta atiende de manera responsable el notable crecimiento de las casas de empeño que se ha registrado en los últimos 25 años, y que conllevan a una serie de demandas y necesidades que deben ser cubiertas, a fin de brindar certidumbre, certeza y seguridad, tanto a los usuarios de las casas de empeño como a quienes desean invertir en este tipo de negocios.

El crecimiento de las casas de empeño propició que en el 2005 se presentaran en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que pretendían legislar en la materia, lo cual impulsó una reforma que implicó regular a quienes de forma habitual o profesional realizaran contrataciones u operaciones de mutuo, con interés y garantía prendaria. Asimismo, se consideró a las casas de empeño como comerciantes y se refutaron como acto de comercio las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, por lo que quedaron sujetos a la legislación federal.

Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2006; se establecieron obligaciones para las casas de empeño, como registrar sus contratos de adhesión ante la Profeco, colocar anuncios que tengan información sobre los términos y las condiciones de los contratos, e informar la tasa de interés anualizada que se cobrará sobre los saldos insolutos.

También se estableció que la Secretaría de Economía debería expedir una norma oficial mexicana que regulara aspectos operativos, como características de la información que se debe proporcionar al consumidor, elementos de información que debe contener el contrato de adhesión para formalizar operaciones y que los contratos contengan la suma de los costos asociados a la operación.

No obstante lo anterior, a la fecha aún persisten inconformidades por parte de los consumidores, en atención a las irregularidades que presentan este tipo de servicios.

Según datos de la Profeco, los principales problemas que se detectaron en el 2009, en actividad de los mutuos con interés y garantía prendaria son los siguientes: el 19 por ciento de las casas de empeño no exhibe el contrato de adhesión, solo el 35 por ciento muestra el porcentaje del préstamo conforme al avalúo; solo el 28 por ciento indica el plazo; solo el 37 por ciento menciona el tipo de prendas que recibe; solo el 33 por ciento cumple la normativa de tener a la vista la tasa de interés mensual; solo el 65 por ciento informa sobre el CAT, pero en ningún caso es correcto, y solo el 18 por ciento muestra un número de contrato válido.

Asimismo, de los resultados de la encuesta realizada por Profeco sobre los hábitos de consumo del servicio de las casas de empeño, se desprende que las principales quejas son por los siguientes motivos: 24.7 por ciento, cobros extra; 20.8 por ciento, deterioro de la prenda; 11.7 por ciento, extravío de la prenda; 10.4 por ciento, se vendió la prenda antes del plazo.

Lo anterior dio pie a la necesidad de actualizar el marco jurídico para proteger a los consumidores de estos servicios, mediante diversas acciones que derivaron en el dictamen que hoy discutimos.

Como se ha explicado anteriormente, es necesario ampliar la regulación de las casas de empeño, a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las mismas, otorgándoles mayor seguridad jurídica.

En ese sentido, se establece la obligación de la Profeco de expedir las disposiciones de carácter general para las operaciones de registro público de casas de empeño. Éstas deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimiento abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medios electrónicos informativos, que tendrán como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de los contratos, además deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual totalizado, que deberá expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado.

Por otra parte, las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma que determinará —entre otros— los elementos de información que incluirán en el contrato de adhesión que se utilizarán para formalizar las operaciones, las características de la información que se proporcionará al consumidor y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a que se refiere el artículo 65 Bis 4 del presente proyecto de decreto.

Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al usuario la restitución de su prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufran algún daño o deterioro, el pignorante optará por la entrega del valor del bien conforme avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad. Tratándose de metales preciosos, el valor de la reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos de representación de las casas de empeño, con el objeto de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de la ley en comento.

Con el objeto de combatir la inseguridad y la entrega, como garantía de un contrato de mutuo de objetos obtenidos a través de vías ilícitas, las casas de empeño deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría estatal que corresponda mediante un reporte mensual los siguientes actos:

I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales, de naturaleza similar, en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño.

II. Cuando se puede firmar que existe un comportamiento atípico del pignorante, que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Al respecto, los diputados que integran la Comisión de Economía de la LXII Legislatura consideraron adecuadas las previsiones establecidas en un nuevo artículo, tendientes a disminuir la práctica de realizar este tipo de contratos mediante la prenda de artículos procedentes de hechos delictivos, particularmente el robo.

Consideramos que este mecanismo permitirá a los agentes del Ministerio Público un mejor despacho a integración de las denuncias y querellas existentes y en consecuencia, reducir la incidencia de este proceder, desincentivando la comisión de los delitos respectivamente.

Asimismo, se establece la posibilidad de cancelar el registro de las casas de empeño, cuando tengan socios, accionistas, administradores, directivos o representantes que hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

Además se prevé —de la facultad expresa por la Profeco— de expedir las exposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, así como las causales de suspensión y de cancelación.

Finalmente, se puntualizan los requisitos que deberán cumplir las casas de empeño para obtener su inscripción en el Registro Público.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Economía de la LXII Legislatura, que me honro en presidir, estamos conscientes de que en la aprobación del presente dictamen estaremos coadyuvando a la construcción de un marco jurídico fuerte, que brindará seguridad jurídica a las operaciones que se realicen en las casas de empeño y dará tranquilidad y certeza jurídica a los millones de mexicanos que acudan a solicitar un préstamo, garantizando su pago con algún bien mueble que forme parte de su patrimonio.

Por ello, señoras y señores diputados, les invito para que emitan su voto favorable a este proyecto de reformas, que sin lugar a dudas beneficiará a millones de mexicanos que hoy demandan respuestas de sus representantes populares. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Procede ahora que los grupos parlamentarios fijen su postura sobre el dictamen. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias. Con la venia de la asamblea. Esta reforma que estamos presentando el día de hoy de la Comisión de Economía, que reforma básicamente los artículos 65 Bis, desde el 1 hasta el 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 128, diría que es una reforma virtuosa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados muchas veces en la discusión en esta tribuna.

¿Por qué es una reforma virtuosa? Porque finalmente esta reforma sobre la Ley de Protección al Consumidor viene a hacer realidad una demanda de muchos mexicanos que han tenido en las casas de empeño, o empeñar sus pertenencias, la salvación económica en momentos de crisis. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que pasa —además creo que la época es muy adecuada— en enero, en la llamada cuesta de enero, donde finalmente después de todos los gastos que se hacen en diciembre, los mexicanos tenemos que utilizar medios alternativos para hacernos llegar de recursos económicos? Acudimos a la casa de empeño, ¿pero qué es lo que sucede en la realidad? Estas casas de empeño no están reguladas y se vuelven finalmente negocios que operan, lucran y muchas veces hacen fraude con los mexicanos.

¿Qué es lo que hace ahora la Comisión de Economía? Estamos tratando de regular, a través de esta minuta, que ya pasó por el Senado de manera lo más amplia posible, y digo lo más amplia posible, porque en la discusión nos quedamos en temas donde algunas de estas casas de empeño que funcionan como IAP, no pueden ser reguladas por esta ley; tratamos de regular y de dar certeza a los pignorantes que se ayudan finalmente de este tipo de casas de empeño, de este tipo de negocios para subsanar sus problemas económicos y creo que ésta es una de las grandes reformas que afectan el día a día de los mexicanos y de la cual los diputados deberíamos —cuando menos— estar orgullosos, porque realmente —insisto— es una reforma virtuosa.

¿Qué es lo que incluye esta reforma y hay que señalarlo muy puntualmente? Primero, dice qué es una casa de empeño, porque ni siquiera existía esa definición; segundo, obliga a la Profeco a llevar un registro de las casas de empeño. Esto también es muy importante, porque existen muchas casas de empeño que funcionan sin ninguna licencia y sin ningún permiso, y fija los requisitos para su registro. Además, la Profeco deberá entregar una constancia de registro y publicar una vez al año la lista de las casas de empeño que están registradas y autorizadas.

Obliga a las casas de empeño a decirles a los pignorantes cuánto realmente están pagando por su préstamo; es decir, cuánto es la verdadera tasa de interés —si así lo quieren ver— que se está aplicando en la casa de empeño al pignorante.

Obliga además a la casa de empeño a incluir información clara sobre —valga la redundancia— la información de quien va a empeñar, para evitar que ladrones estén empeñando constantemente artefactos que han adquirido de manera ilegal.

Creo que ésta es una de las cuestiones más importantes que tiene esta reforma. Da la garantía a los pignorantes, compañeros diputados, de que si tú vas y dejas un bien en una casa de empeño y este bien se pierde, se daña, te entregan otro bien, o cualquier cosa de esta naturaleza, tengas la garantía como consumidor de que se te va a restituir, o que cuando menos habrá un procedimiento para que la Profeco pueda intervenir cuando se dañe tu bien.

¿Por qué? Porque finalmente tú estás entregando una garantía de prenda a cambio de un préstamo; no estás entregando ni estás vendiendo y tienes que tener la garantía de que esta prenda se te devuelva en buenas condiciones.

Para terminar, creo que de las cosas importantes y que trascienden para el tema del crimen organizado, es el asunto de los reportes de que las casas de empeño deben de hacer sobre los usuarios sospechosos. Aquí hubo un gran debate en la comisión y hay que decirlo, como hubo un gran debate en el Senado, sobre qué capacidad tienen las casas de empeño de definir quién es un usuario sospechoso y hasta qué punto puede definir y puede ir a acusar a un usuario sospechoso al Ministerio Publico.

Finalmente —como dijo el diputado Eloy Cantú— legislamos hasta donde se pueda y sobre lo que se podía, y se da la facultad a las casas de empeño para que denuncien actividades sospechosas sobre artículos que se puedan llegar a considerar robados o sobre artículos que se puedan considerar no adquiridos de manera legal.

Finalmente lo que hace esta reforma —y con esto cierro— es darles a los usuarios de las casas de empeño —que podemos ser alguna vez alguno de nosotros, compañeros diputados— que están desprotegidos ante los abusos de cobros y fraudes, darles una certeza de que están protegidos y creo que ésta es una de las buenas reformas que han salido de esta Legislatura.

Me congratulo de la Comisión de Economía y de este pleno —para los que están poniendo atención sobre el tema— que estemos votando esta reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados, Movimiento Ciudadano está a favor de esta propuesta, de este dictamen y en especial quiero aprovechar para felicitar al presidente de nuestra Comisión de Economía por el excelente trabajo que ha realizado.

El año pasado la Fundación Papantla AC denunció estas prácticas irregulares en la Secretaría de Economía, sin haber la respuesta correspondiente.

Desde luego que estamos de acuerdo con este dictamen, porque se podrá regular una plaga de pequeñas empresas que están controladas por solamente 60 empresas que acaparan el mercado. Esto nos hace reflexionar sobre la pobreza en la que se encuentra el país, debido a que cuando tienes que empeñar tus objetos de mayor valor, como son tus alhajas o la televisión o tal vez el refrigerador, estás hablando ya de una extrema pobreza en el país. Esto nos refleja que las políticas públicas anteriores no funcionaron adecuadamente.

También cabría hacer una reflexión en relación a lo corto que se ha quedado el Nacional Monte de Piedad, que en sus tiempos empezó a resolver los graves problemas de escasez de recurso en las clases populares.

Ahora bien, estas casas se encuentran en cualquier parte de la República y por falta de la regulación correspondiente se ha generado un sinnúmero de irregularidades con la población, quitándoles prácticamente sus pertenencias.

Felicito a esta comisión por el dictamen, porque estas casas de empeño se han esmerado, sobre todo en la clase popular, en la clase pobre, en los estados como Tlaxcala, de Hidalgo y Oaxaca, donde estas empresas han crecido el mil por ciento, lo que significa que están llegando a la población de menor capacidad económica y de menor capacidad cultural, lo que provoca que abusen de esta situación con ellos.

Por lo tanto, por la regulación de que puedan estar inscritas ante la Profeco y registrar sus contratos y que puedan ser revisados por una instancia jurídica que les dé certeza a estos préstamos, vale la pena felicitar a la comisión por este gran trabajo.

Movimiento Ciudadano felicita, se felicita también y a la Cámara de Diputados, por el trabajo realizado. Señor presidente, felicidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna, también por cinco minutos, al diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Muy buenas tardes honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. Nosotros, como fracción del Partido Verde, nos encontramos preocupados y nos ocupa la defensa del consumidor.

Es por ello que estamos a favor de esta iniciativa, en la cual se pretende reformar los artículos 65 Bis en sus fracciones —como fue ya comentado— y 128 de la Ley de Protección al Consumidor.

En la actualidad, el poder adquisitivo de las clases populares —como ya se comentó aquí— se encuentra muy deteriorado, ya que la única opción es recurrir a las casas de empeño, las cuales no cuentan con una regulación adecuada. Estas entidades manejan información con mucha opacidad, ya que no se informa bien a los consumidores acerca de los contratos a que están sujetos; se presentan cobros extras, las prendas son deterioradas y no hay información suficiente y clara de estas prendas que se dan en empréstito, enmarcadas en la ilegalidad y no les dan certidumbre a estos consumidores.

Es por ello que se requiere orden, claridad en beneficio de los consumidores, porque al final son ellos los que mantienen en pie a estas empresas, que hasta la fecha han operado en la ilegalidad.

Es por ello que como viene el dictamen de esta Comisión de Economía, se requiere que la Profeco cuente con un registro público de todas estas empresas que están operando, ya sea a beneficio de estos consumidores, que son los más importantes, a quienes hay que proteger sus derechos y velar por los intereses de ellos.

Finalizando, queremos dejar muy claro que es toda nuestra intención apoyar esta iniciativa, ya que como me tocó a mí participar en un principio en esta tribuna, una de las cuestiones que nosotros planteamos era también regular las casas de cambio a través de una iniciativa de ley, y es lo mismo que se pretende con esta iniciativa para que los intereses de los consumidores no se vean afectados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en ocasión anterior ya nuestro presidente de la Comisión de Economía hizo referencia con respecto a la reforma de los artículos 65 Bis y 128, y adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor; creo que ya mis compañeros que me antecedieron hicieron comentarios con respecto a las casas de empeño. Pero para ampliar un poquito más el tema, quisiera también decirles porqué no incluimos a las instituciones de asistencia privada.

También quiero decirles que me congratulo —siendo parte de esta comisión— que en esta Legislatura se aborde esta problemática relativa a las casas de empeño, y se reformen los artículos anteriormente mencionados.

Lo anterior, debido a que en la mayoría de los casos, los principales afectados por los abusos de las casas de empeño son las personas de escasos recursos, ya que dicho sector de la población ante alguna emergencia se encuentran en esos negocios, su principal y única opción de préstamo rápido, por lo que se ven obligados a aceptar tasas de interés, de conformidad a la Condusef, que llegan a superar hasta el mil por ciento de interés anual a un préstamo prendario, así como pactar bajo condiciones caracterizadas por falta de transparencia.

Aun cuando se pueda considerar que este proyecto es perfectible e incompleto debido a que todavía existen aspectos que deberían ser regulados en beneficio de los clientes de las casas de empeño, no impide que se pueda reconocer que esta normatividad jurídica abone en transparentar esta actividad comercial, al establecerse la existencia de un registro en el que se deberán de inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebran con sus clientes. Ahora bien, por lo que hace a la inquietud consistente en que si al no incluirse a la presente regulación las instituciones de asistencia privada se está dejando desprotegido a los clientes de estas instituciones, o se está otorgando un trato desigual a las sociedades mercantiles respecto a dichas instituciones de asistencia privada.

Sobre el particular, es conveniente que se considere, en primer lugar, que es conocido por todos que las tasas de interés que manejan las instituciones de asistencia privada son mucho menores a las operadas por las sociedades mercantiles que otorgan préstamos con garantía prendaria, situación que se ve reflejada en el hecho de que las instituciones de asistencia privada, el 96 por ciento de los pignorantes recuperan sus prendas, mientras que en las casas de empeño el 66 por ciento no logran recuperar sus bienes.

Es decir, el objeto de las instituciones de asistencia privada no persigue un lucro o especulación comercial, situación que es diferente a las sociedades mercantiles que realizan préstamos con garantía prendaria, que en este caso son las casas de empeño.

Asimismo, la regulación de la naturaleza jurídica de las instituciones de asistencia privada, su constitución, sus actividades, sus finalidades, su fiscalización, supervisión y en su caso sanción, corresponden a la legislación del orden común, como son los códigos civiles locales y las leyes de instituciones de asistencia privada.

A diferencia de las casas de empeño, las instituciones de asistencia privada, su remanente de las operaciones no se considera como utilidad o ganancia por la Ley del Impuesto sobre la Renta; no se distribuye ni se da participación a persona alguna en lo particular; se utiliza únicamente para realizar obras asistenciales con fines humanitarios, ya sea a través de donativos u otras instituciones de asistencia privada o a diversas donatarias autorizadas.

Por lo antes expuesto, la suscrita, el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, el diputado Guillermo Sánchez Torres, así como los demás integrantes de mi fracción parlamentaria, el PRD, estamos  a favor que se apruebe la presente normatividad jurídica en los términos ya señalados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: Buenas tardes. Compañeros diputados, el tema que nos trae el día de hoy es la regulación de las casas de empeño. Para todos es conocida esta actividad y obviamente el empeño ha sido históricamente una de las maneras más socorridas, cómo gran parte de la población accede a cuestiones de financiamiento, cuando requieren o cuando necesitan, o tienen alguna urgencia por resolver.

Dicha población por lo regular es de escasos recursos, o de alguna forma no tiene posibilidades de poder cumplir con todos los requisitos que implica el solicitar un crédito bancario.

Quienes más recurren a este tipo de lugares son, sin lugar a dudas, los taxistas, por ejemplo, los plomeros, carpinteros, en fin, población que en su momento no accede o no tiene la posibilidad de ir a un banco y poder reunir todos los requisitos.

Por lo anterior, es que surge la importancia de las casas de empeño y por eso también hemos visto que proliferan y de repente aparece una y otra, y de repente también no conocemos la fundamentación y en lo que ellos se guían y se rigen para poder estar realizando esta actividad.

Es por ello, que también es muy importante que lo pudiéramos regular o pudiéramos poner ciertas reglas, porque las gentes que acceden a este servicio, sin lugar a dudas, están poniendo de por medio su patrimonio, porque así como dan la facilitad para que puedan acceder a un dinero, no es simplemente de gratis, sino es poniendo en riesgo o poniendo como garantía obviamente sus muebles, sus inmuebles, sus aparatos electrodomésticos, en fin.

Existen las casas de empeño que se originan también con fines asistenciales y de beneficencia, en paralelo obviamente a las que son mercantiles, que ya expusieron también algunos compañeros en esta ocasión, y esto se basa en aquellas que se dedican a la actividad mercantil.

Actualmente hay una gama muy importante de gentes que se dedican al empeño y obviamente esto trae y ha traído sus abusos. Muchos proveedores, en este servicio, han operado fuera del marco regulatorio y han estado por mucho tiempo fuera de la vigilancia y del control que permite su adecuada y oportuna regulación.

Son pocas las casas de empeño que cuentan con un contrato de adhesión registrado, otras operan bajo el esquema de franquicia o como mueblerías, tienditas o bazares, que indirectamente realizan operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, sin que haya una autoridad y una legislación que los obligue a respetar ciertas garantías mínimas que le permitan al usuario tener un mejor trato.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor es la encargada de vigilar que las casas de empeño cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM179-2007, servicios mutuos con interés y garantía prendaria, la cual tiene como objeto establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionar en los servicios mutuos con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utiliza para formalizar la prestación de estos servicios.

Es indiscutible que se requiere regular con mayor eficiencia la prestación de estos servicios de casas de empeño cuya competencia legislativa, de conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad expresa de este Congreso de la Unión.

A fin de atender esta problemática, la minuta que se está presentando busca fortalecer la regulación para la apertura, instalación, operación de los establecimientos que tengan objeto de celebrar contratos de mutuo interés y garantía prendaria.

En cuanto a la actividad de empeño que realizan las instituciones de asistencia privada, ya se comentó, pues no están reguladas por esta propuesta o por esta iniciativa. Pero sí queremos enfatizar que con esta propuesta se quiere realizar la siguiente normatividad: asegurar que las empresas que otorgan los servicios prendarios, que se encuentran legalmente establecidas para ello, se faculte a la Procuraduría Federal del Consumidor para establecer un registro público, como ya se mencionó; establecer requisitos que deben de cumplir las casas de empeño para obtener su inscripción en el Registro Público, sin menoscabo, obviamente, de otra circunstancia; obligar a los permisionarios a contar con un seguro que garantice al usuario la pérdida, robo, extravío o deterioro del bien, que obviamente, se pone en garantía; prever las obligaciones sobre los elementos informativos, que permitan a los usuarios los servicios de casas de empeño; conocer los montos de intereses y la totalidad de los gastos y costos inherentes al contrato, lo que implicaría una acción efectiva en la protección de los derechos del consumidor.

Cabe hacer la observación que la idea de regular a las casas de empeño data desde 2007, donde inició la iniciativa, y es hasta hoy, el 2012, cuando creo que lo vamos a poder lograr con la ayuda de todos ustedes.

Por ello, compañeros, queremos convocarlos a que nos ayuden y a que voten a favor del presente dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, México es un pueblo trabajador, todos los días millones de mexicanas y de mexicanos salimos a trabajar, a luchar a brazo partido para poder forjar un patrimonio; con gran esfuerzo cubrimos las necesidades básicas de la familia, luchamos por pagar las deudas y podemos así, cumplir con nuestras obligaciones económicas.

Sin embargo, una gran cantidad de mexicanos se ven orillados a empeñar sus bienes para poder hacer frente a imprevistos, a necesidades apremiantes o a urgencias, medida extraordinaria que obedece a la imposibilidad de acceder a un crédito bancario, ya sea porque no cuentan con una cuenta aperturada o porque carecen de un historial crediticio. Todos los aquí presentes sabemos que los bancos nunca le prestan a los pobres.

Dada la alta demanda y creciente necesidad de la población, han surgido, desde hace años, una multiplicidad de instituciones privadas y de asistencia pública que ofrecen disponibilidad inmediata de efectivo, a cambio de dejar en depósito; es decir, pignorados determinados bienes que respalden la cantidad otorgada.

Hace 15 años existían alrededor de 40 instituciones que prestaban ese servicio; hoy en día se calcula que existen alrededor de 6 mil 500 instituciones a lo largo y ancho del país. La proliferación de este tipo de instituciones no necesariamente ha traído consigo solidaridad social y apoyo a quien más lo necesita, lamentablemente —lo tenemos que decir con todas sus letras— han proliferado también arbitrariedades, abusos e injusticias sin fin.

Aprovechándose de la necesidad y también de la ignorancia de nuestra gente obligan a los solicitantes a suscribir contratos leoninos, con altísimas tasas de interés, sin estar debidamente informados del contenido y los alcances del mismo, y el consabido truco de las letras chiquitas en los contratos, amén de la falta de preparación, que es el común denominador de nuestra gente de escasos recursos.

Además, la publicidad engañosa, el ocultamiento del costo anual total, el cobro de otros gastos, como seguro contra robos y almacenaje, así como un implicado sistema de refrendos, que conduce a un espiral que arrastra a que el consumidor termine pagando muchísimas veces más de lo que recibió de préstamo, o bien —lo más lamentable, compañeras diputadas y compañeros diputados— pierda la prenda en forma definitiva.

Por ello, el 20 de noviembre de este año, se turnó a la Comisión de Economía de esta Legislatura el dictamen con proyecto de decreto que hoy se vota, y en el seno de dicha comisión se determinó avalar las modificaciones efectuadas por el Senado de la República, en su carácter de Cámara revisora y aprobarse en sus términos.

Los cambios consistieron fundamentalmente en exceptuar a las sociedades que no sean mercantiles de la aplicación de esta nueva regulación.

1. Eliminar la garantía que se había establecido para garantizar los daños y perjuicios que pudieran causar las casas de empeño a los pignorantes.

2. Establecer la posibilidad de cancelar el registro de aquellas casas de empeño que tengan socios, accionistas, administradores o directivos, así como representantes que hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

3. Establecer la facultad expresa por la Profeco de expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, así como los causales de suspensión y cancelación de actividades.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, no podemos permanecer impasibles ante el drama que hoy aqueja a miles de familias mexicanas; sabemos de antemano que quienes acuden a este tipo de casas de empeño es la gente más pobre y con nulas posibilidades de acceder a otro tipo de crédito cuya necesidad y falta de información la convierte en presa fácil de los abusos y de los que se han encargado de abusar y timar a los mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de esta reforma que representa un esfuerzo que trasciende legislaturas y que busca ampliar la regulación de las casas de empeño, a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las mismas, otorgándoles mayor seguridad jurídica.

Basta ya de abusos y atropellos que lastiman los ingresos de aquellos que menos tienen y lucran con su necesidad. Votaremos a favor para defender sus intereses y los acompañaremos brazo con brazo, hombro con hombro, en su lucha contra la injusticia y el abuso a los que menos tienen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Compañeras y compañeros diputados, esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a reservar algún artículo ni tampoco de alguna otra intervención solicitada; en consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Se les recuerda a las señoras diputadas y a los señores diputados que solamente resta un minuto para que se emita su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 410 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128; y adiciona los artículos 65 Bis-1, 65 Bis-2 65 Bis-3 65 Bis-4, 65 Bis-5, 65 Bis-6 y 65 Bis-7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En razón de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se pongan a discusión de inmediato. Son dos dictámenes de la misma Comisión de Reglamentos. Que se pongan a discusión los dos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, se autoriza.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos*.

Para fundamentar el dictamen, por la comisión, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, ciudadano presidente. Por economía de tiempo, voy a permitirme leer las consideraciones que los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tuvimos a bien para presentar este dictamen.

Primero. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias reconoce la creación y el trabajo de la Comisión de Equidad y Género, como parte de un esfuerzo que durante 13 años ha sido toral para lograr incorporar y reconocer la perspectiva de género en el trabajo legislativo.

En estos años, desde 1999, año en que la entonces comisión especial pasó a ser una comisión ordinaria, ha obtenido, gracias al empeño de sus integrantes, un importante número de reformas orientadas a otorgar un mayor reconocimiento a la labor de las mujeres, así como a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero. Los integrantes de esta comisión reconocemos la labor que la Comisión de Equidad y Género ha desempeñado desde su aparición, poniendo el tema que es motivo de su creación en la agenda nacional, logrando acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. Pero entendemos también que como toda institución pública tiene que evolucionar, ajustándose tanto al dinamismo social como al normativo.

Cuarto. Como bien lo menciona la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, a quien reconocemos su esfuerzo en su iniciativa, el fortalecimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres es la razón de ser de la Comisión de Equidad y Género; sin embargo, su denominación no atiende los conceptos ni criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres, instrumentos que han sido suscritos por el Estado mexicano.

Quinto. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que: los Estados parte tomarán en todas las esferas y en particular en la esfera política, social, económica y cultural, las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Sexto. En síntesis, apoyamos el criterio expuesto en la iniciativa que para atender puntualmente el concepto de igualdad de género, que diversos instrumentos internacionales han establecido, es preciso modificar la denominación de la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión de Igualdad de Género, con el objeto de armonizar el nombre de la instancia que la Cámara de Diputados promueve y favorezca la igualdad entre hombre y mujeres, con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por ser un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano, así como con la legislación mexicana, que reconoce el concepto de igualdad, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto.

Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforman las fracciones XV y XXX y se recorren en su orden las actuales fracciones XVI a la XXX, respectivamente, todo ello al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39, fracción II. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán:

De la I a la XXIV, quedan de la misma manera.

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social.

XXVI. Fortalecimiento al Federalismo.

XXVII. Ganadería.

XXVIII. Gobernación

XXIX. Hacienda y Crédito Público.

XXX. Igualdad de Género.

De la XXXI a la LII quedan de la misma manera. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para fijar la postura de sus grupos parlamentarios se han inscrito algunos compañeros y compañeras diputados. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados; ciudadano presidente, esta iniciativa que hoy se convierte en dictamen la presentó la diputada Mícher Camarena —Malú— que ha sido una defensora incansable de los principios de la equidad y de la igualdad, pero lo ha hecho siempre en la práctica, no solo en el discurso.

Por eso nosotros, en esta ocasión, cuando hay iniciativas de este tipo, con esta naturaleza y con este propósito, nunca nos podríamos oponer; la racionalidad nos obliga siempre a valorarlas y a generar un consenso al interior del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Esta iniciativa trae dos conceptos esenciales que son, por un lado, la igualdad, y por el otro, la coordinación.

Primero, con respecto a la igualdad, debo decir que es un concepto ya muy avanzando en los organismos internacionales y esta modificación al 39 de la Ley Orgánica, me parece correcta, modificar el nombre Comisión de Equidad de Género por el de Igualdad de Género para muchos podría parecer superficial, pero no lo es así. Al contrario, es de una connotación y de una trascendencia singular.

Primero, porque este concepto armoniza todo el lenguaje internacional en materia de derechos humanos y en materia de igualdad, especialmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala estos mismos conceptos y estos mismos parámetros, y hoy lo que hace esta legislación interna —nuestra— es simplemente actualizar, porque hemos de decir que efectivamente equidad e igualdad no son lo mismo.

La igualdad es un concepto mucho más amplio, mucho más robusto en términos sociales, culturales y humanos; la igualdad plantea no solo que a todos toque lo mismo, sino lo que a cada quien le corresponda; plantea la identificación de circunstancias especiales que generan que distintos grupos poblacionales se encuentren en posiciones similares

Precisamente frente a situaciones de desigualdad nosotros tenemos que oponernos, y por eso ahora esta iniciativa, que se traduce en dictamen y que más tarde va a ser votada, nos parece correcta.

La igualdad también contempla las circunstancias históricas que generan la necesidad imperante de establecer medidas especiales para revertir la discriminación que han sufrido grupos, también personas en razón de su sexo, de su preferencia sexual o incluso de su preferencia religiosa.

Por eso son avances importantes que no podemos negar y no vamos de ninguna manera a estar en contra.

La modificación que se propone es, sin duda, práctica, es operante, pero también es simbólica porque, en efecto, sin que caiga en redundancia, simboliza que en esta Cámara de Diputados comprendemos que es necesario armonizarnos al sistema internacional de protección de derechos humanos, pero también simboliza que comprendemos que revertir la discriminación de género en nuestro país no solo se logrará tratando a todos por igual, sino llevando a cabo a todos las acciones afirmativas especiales y necesarias para ello.

En el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano tenemos —con mucho orgullo— a mujeres que proceden de comunidades indígenas, como es el caso de la diputada Aída, o mujeres de lucha social, como Nelly, como Martha, como Zuleyma o como Merilyn; tenemos mujeres extraordinarias, que son las que siempre suponen esta lucha incansable que ha establecido un grupo de mujeres de izquierda.

Felicidades por la iniciante. Nosotros nos sumamos a esta propuesta, presidente, y es el ejemplo de que cuando hay buenas iniciativas y buenos dictámenes, nosotros nunca estaremos en contra de esta posibilidad de modificar nuestra legislación. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. La Constitución determina la calidad de igualdad entre todas las personas; sin embargo, reconocemos en un contexto sociológico y filosófico que la riqueza del género humano radica en las diferencias entre los distintos hombres y mujeres. Por ello, para dar plena calidad de igualdad al artículo 4o. de nuestra Constitución, determinó de modo claro la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley.

Por ello saludamos la transformación pretendida de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; transformar la calidad de pretensión brindada con la palabra de equidad, por la idea diáfana de igualdad, lo cual implica sin distingo alguno, un trato idéntico, en condiciones idénticas, independientemente del género femenino o masculino.

Con esto creemos que nuestra institución, la hacedora de leyes, es la primera en respetar los mandatos constitucionales y se reafirma la calidad republicana.

Todos los hombres y mujeres somos iguales, asimismo, armonizamos la legislación que norma el comportamiento del Congreso de la Unión con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se suma a esta iniciativa que ha propuesto la diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

Enhorabuena, Malú, creo que el trabajo que has venido rea-lizando, no solamente en esta diputación sino en el trabajo que has venido siempre desempeñando, y que lo hiciste cuando también fuiste diputada en nuestra entidad federativa, en Guanajuato, en donde tuvimos la oportunidad de coadyuvar contigo, siempre en tareas importantes para esa equidad de género.

Creo que con este cambio de denominación de equidad por igualdad seguimos dando el apoyo importante para la mujer, y creo que es independientemente de que la equidad nos lleve o no a ser lo mismo que igualdad, que ya se ha tratado aquí claramente por quienes me han antecedido en el uso de la palabra; es el esfuerzo y el trabajo que debemos de valorar todos los legisladores.

Por ello, el Partido Verde Ecologista se suma a esta iniciativa que ha presentado Malú; así que felicidades nuevamente Malú, por esa lucha y sabes que cuentas con nosotros y con el Partido Verde Ecologista de México. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Martha Lucía Mícher Camarena; por cierto, la autora —como ya se ha dicho— de la iniciativa que hoy como proyecto de decreto estamos aprobando.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, diputado. Muchas gracias, señor presidente; Mesa Directiva. Compañeras y compañeros, creo que hoy para nosotras, para nosotros, es de nuevo un día histórico, un día de fiesta y de fiesta por la democracia, porque hemos obtenido, por parte de las comisiones dictaminadoras, un voto a favor de que la Comisión de Equidad y Género se modifique por el nombre de Igualdad de Género. No es un tema menor, es una recomendación que ha hecho la Convención para eliminar todo tipo de discriminación en contra de las mujeres al Estado mexicano.

El principio constitucional es la igualdad; el camino a seguir es la equidad; por eso, para nosotras es muy importante celebrar, y así lo hago, una celebración colectiva con toda la Comisión de Equidad y Género, porque éste no es un triunfo personal, éste es el resultado de un trabajo de 27 mujeres, aunque digan que no nos podemos poner de acuerdo, entre 27 mujeres hemos avanzado significativamente en esta Legislatura.

Por eso, celebro que el principio de igualdad sea el que rija el nombre de la comisión y sea, por supuesto, lo que ilumine, el faro iluminador de las acciones del gobierno, porque quien se dice demócrata no lo puede ser si no incorpora a las mujeres.

Lo quiero decir aquí, con respeto, con cariño: no hay un Pacto por México sin nosotras; no podrá haber un Pacto por México sin las niñas, sin las mujeres, sin las adolescentes, sin las adultas mayores. Necesitamos estar ahí, donde se decide la vida de las mujeres.

Para mí es un honor saber que tenemos una presidenta de la Comisión de Presupuesto, la segunda presidenta en la historia de esta Legislatura. Pero también será un honor para todas nosotras saber que en las leyes reglamentarias de la Ley de Educación se incorpore la equidad de género, la igualdad de género y principios fundamentales, para no tratar igual a quienes somos desiguales.

Por eso celebro y agradezco que se haya logrado el nombre, el cambio de nombre de esta comisión, porque bien me lo decía la diputada María Elena y tiene toda la razón: todavía no hay equidad, qué va a haber.

Pero la equidad es el camino para disminuir la brecha de desigualdad para llegar al faro iluminador, porque somos iguales en derechos, porque tenemos derecho a la igualdad de oportunidades. No es un discurso nada más de ocurrencia de nosotras las mujeres, es un acto de justicia en el agua, en la educación, en la justicia, en políticas medioambientales, en el tema de la educación, de la salud, todas las diputadas y diputados, y sobre todo, la Comisión de Equidad de Género, ahora Igualdad de Género, deberá hacerse siempre una pregunta: ¿en qué ayudo a las mujeres con esta obra? ¿En qué ayudo a las niñas con esta escuela? ¿En qué ayudo a las niñas con esta Ley de Salud?

Por eso, de verdad, compañeras y compañeros, estas recomendaciones de la CEDAW no se quedaron en saco roto, tuvieron una respuesta en este país, en esta Cámara de Diputados y Diputadas y sobre todo, en las comisiones que lo hicieron valer.

Agradezco y celebro con la Junta Directiva de la Comisión de Equidad y Género, con el pleno de la Comisión de Equidad de Género y con todos los partidos, que se hayan sumado por unanimidad al nombre, porque a eso aspiramos. Somos iguales en la ley pero no somos iguales en las oportunidades ni en el trato.

Todavía somos víctimas de discriminación; todavía somos las pobres entre los pobres; todavía acarreamos el agua; todavía enfermamos de enfermedades que se pueden curar, y todavía nos matan o nos asesinan o nos hieren o nos violan, en las cuatro paredes donde se supone que estamos más seguras. Por eso, este principio que va a regir el actuar de la Cámara y de la Comisión es fundamental para avanzar en una patria distinta, en una patria igualitaria, en una patria democrática y de las mujeres. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada y felicidades. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena:Con su venia, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, en esta Cámara de Diputados, damos un paso más en avanzar a favor de las mujeres de este país, al aprobar el nombre de la Comisión de Equidad de Género por el de la Comisión de Igualdad.

Éste es un paso importante en la atención a recomendaciones, que como ya se ha referido, nos ha hecho la CEDAW, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, de la cual el Estado mexicano es parte.

Con este cambio se pretende avanzar para que las mujeres tengamos igualdad de derechos; igualdad de oportunidades; igualdad, tanto en la vida pública como privada, con el objetivo de garantizar el ejercicio y goce pleno de cada una de las libertades fundamentales.

La igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país aún no es una realidad, falta mucho por hacer. Si bien es cierto se han logrado avances importantes, no podemos demeritar lo que se ha venido construyendo.

Para esta Legislatura es un compromiso permanente trabajar de manera decidida en el adelanto de las mujeres en nuestro país. Igualdad debe ser cultura. El cambio de nombre de la Comisión de Equidad y Género a Igualdad debe traducirse en generar ordenamientos legales que garanticen y promuevan la igualdad, y posibiliten una sociedad libre de discriminación.

Tanto en la federación, estados o municipios la igualdad sustantiva es aquélla que establece en el derecho; que se establece en las políticas públicas, en las acciones gubernamentales, estrategias, planes de acción, en el desarrollo político, económico, cultural, social y ambiental.

Es por ello que las diputadas y los diputados de Acción Nacional continuaremos trabajando en favor de la igualdad de oportunidades, en favor de las mujeres; legislando para que las políticas públicas, los presupuestos relacionados con el tema sean eficaces, oportunos y lleguen a quienes debe llegar, y con ello propiciar una eficiente articulación e integración entre los programas y las acciones gubernamentales.

Las legisladoras y los legisladores de todos los grupos parlamentarios consideramos trascendental el trabajo que esta honorable Cámara ha venido realizando en breve tiempo; por ello celebramos que por unanimidad todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de legisladores hayamos coincidido en un tema tan importante como es éste.

El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres requiere que cada estado implemente acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real y comprobada contra las mujeres, para que puedan disfrutar de su derecho humano a la igualdad, que permita compensar las desventajas históricas y sociales que le impiden disfrutar por igual de los beneficios del desarrollo común.

Ante esta situación y con el firme propósito de contribuir en la construcción de un marco jurídico que de manera efectiva tutele los derechos humanos de las mujeres, es que esta Legislatura se compromete a que desde el ámbito de sus competencias y bajo la responsabilidad que nos fue conferida, se generen las reformas, acciones y compromisos para eliminar el desequilibrio existente entre las mujeres y los hombres en nuestra nación.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, sigamos trabajando en favor de cada una de las mujeres y hombres de nuestro país, con el fin de brindarles un mejor presente y con ello dejar un mejor futuro; que la igualdad entre mujeres y hombres sea una práctica palpable y culturalmente aplicada con acciones en favor, en la familia, en el trabajo, en las empresas, donde se incluya la flexibilización de horarios para las madres trabajadoras, equidad del salario, promoviendo siempre la armonía familiar y laboral.

Por ello, en Acción Nacional apoyamos este dictamen, porque como fuerza transformadora de este país seguiremos con el compromiso de avanzar a favor de los derechos de las mujeres. Es cuanto, señor ´presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Maricruz Cruz Morales: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Maricruz Cruz Morales: Señoras y señores; diputadas y diputados, reconocer las condiciones de desventaja en que vivieron las mujeres a lo largo de la historia y la necesidad de emprender una transformación profunda para lograr una sociedad más igualitaria y equitativa revela la imperiosa necesidad de emprender acciones especiales.

En las últimas décadas, en el mundo y en nuestro país, se realizaron avances relevantes en la implementación de estas acciones cuyo soporte intelectual abreva de una tradición filosófico-política de hondas raíces.

El andamiaje conceptual desarrollado a lo largo de varias décadas por filósofas, sociólogas, antropólogas, literatas, pensadoras, las mujeres del medio rural y muchas otras más, conocido como feminismo, logró consolidar un bagaje teórico, suficiente, vasto, para dar margen y cauce a las reivindicaciones de las mujeres para trabajar por y participar de un mundo en el que las niñas y los niños pudieran concurrir a la escuela; de un mundo en el que primero se hiciera notar la violencia que muchas de ellas padecían dentro de sus hogares, después lograr que este hecho se reconociera como una trasgresión a la dignidad humana.

Finalmente, ubicar la materia como un asunto en el que los gobiernos debían tomar cartas, un mundo donde las mujeres ganen lo mismo que los hombres por un trabajo igual, en el que los padres involucren con el mismo nivel de responsabilidad que las madres en la crianza de los hijos; en fin, un mundo más igualitario.

Como bien se ha señalado, en México participamos activamente en la generación y adopción de mecanismos de vanguardia en la lucha internacional por los derechos de las mujeres, al tiempo que generamos instrumentos propios y emprendimos el proceso de armonización legal e institucional; uno de cuyos —y primero y más importante— frutos fue la creación de la Comisión de Equidad y Género en la LVII Legislatura federal, como una comisión especial, convirtiéndose en ordinaria en el 2000.

No obstante, estimamos que la denominación de dicho cuerpo legislativo entraña una interpretación conceptual que nos parece adecuado revisar; razón por la cual el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen.

Buscando la manera más sencilla diríamos que la equidad es un medio para lograr la igualdad, que es el fin al que apuntan estos esfuerzos; el día que alcancemos un mundo igualitario —que soñamos—, una comisión para estos asuntos verá extinguido su objeto y dejará de existir. Mientras tanto, siendo evidente que falta mucho por alcanzar esa meta, es preciso seguir en la acción en la equidad de género, que según cada caso, significará hacer o dejar de hacer, favorecer o inhibir, siempre atendiendo las circunstancias específicas de cada persona y grupo social, procurando a cada cual, según su necesidad, porque el trato igualitario en un mundo de desiguales, no hace sino acentuar la desigualdad.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI seguirá apoyando las acciones de gobierno del presidente Enrique Peña, para avanzar en este tema, para lograr que en México no haya tanta desigualdad, para lograr que este México que tanto queremos y por lo que tanto hemos luchado las mujeres avancen el camino, avancen en el trecho para lograr la igualdad.

Las legisladoras priistas, integrantes de la Comisión de Equidad y Género, agradecemos y reconocemos a nuestros colegas de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por la aprobación de esta reforma, y a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, gracias por su voto a favor.

Felicidades a todas las mujeres de México; felicidades a mis compañeras diputadas.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En razón de que el proyecto de decreto consta de un solo artículo y que no hay otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se les informa a las señoras y señores diputados que solamente resta minuto y medio para emitir su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputada Malú, ¿nos están solicitando que el voto del diputado Sergio Manzur, está incorrecto? Es a favor.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 415 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos*.

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen, por la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Marcos Aguilar Vega, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras diputados, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El asunto que atiende este dictamen es una minuta de la Cámara de Senadores que propone modificar el nombre de la actual Comisión de Equidad y Género por el de Para la Igualdad de Género.

Para quienes formamos parte de esta dictaminadora resulta justo reconocer que la existencia de la Comisión de Equidad y Género en ambas Cámaras ha sido punta de lanza para impulsar reformas en temas como violencia, salud y participación política.

Asimismo, la participación de una comisión de este tipo en la hechura de las políticas públicas ha dado como resultado que los gobiernos en turno adopten políticas y ejecuten programas con perspectiva de género, promoviendo con ello la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Los integrantes de esta comisión consideramos oportuno que la actual Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Senadores adecue su nombre, a fin de que sea acorde con los diversos convenios y compromisos internacionales que nuestro país ha adoptado, así como la legislación nacional vigente, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres cuyo contenido reconoce precisamente a la igualdad entre hombres y mujeres, la cual debe existir en una sociedad abierta y democrática, como la que anhelamos para nuestro país.

Por otro lado, es preciso abundar respecto a la conveniencia de adoptar el término igualdad y sustituirlo por el de equidad. En este sentido, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad entre los géneros implica —en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos del trabajo— el control equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política.

Cabe señalar que desde el surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, se describieron aquellos derechos básicos inalienables y universales, lo que ha dado origen durante las últimas décadas a que en diversos países —entre ellos el nuestro— surjan cuerpos normativos destinados a la protección de los derechos humanos, en el entendido de que el Estado debe ser el principal garante de los derechos de la sociedad, como lo manifestó John Locke, en su obra El contrato social.

No obstante, hoy en día es preciso avanzar, no solo en garantizar la protección de estos derechos, sino también en asegurar que entre los individuos exista igualdad de condiciones en todos los ámbitos, con el fin de que mujeres y hombres participen en la construcción del progreso social, pero también aseguren su desarrollo personal.

Quienes hoy presentamos este dictamen, estamos convencidos que esta reforma permitirá al Poder Legislativo avanzar hacia ese objetivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, compañeras y compañeros, solicito respetuosamente a todos ustedes su voto aprobatorio al dictamen que está a su consideración. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. También se han inscrito para fijar postura el diputado Ricardo Monreal, el diputado Felipe Arturo Camarena, la diputada Delfina Guzmán Díaz, la diputada Blanca Jiménez y la diputada Brenda María Alvarado Sánchez. En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, legisladoras, estamos en la discusión del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Debo de decir y todos tenemos que reconocer que en nuestro país, a pesar de las dificultades que estamos padeciendo y en el que estamos inmersos, se ha ampliado un abanico de derechos que debe ser considerada en nuestra legislación.

A raíz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la legislación de nuestro país, la legislación secundaria o reglamentaria tiene que irse adecuando.

Les quiero expresar que quizá una de las reformas más extraordinarias y más importantes que se han dado en nuestro país en los últimos años, es la modificación al artículo 1o. constitucional, en donde se establece la prioridad de atender por todas las autoridades los derechos humanos y vigilar que no sean violados, protegerlos por encima de todo.

Todas las autoridades están obligadas a hacerlo y esto es dándole congruencia a los tratados internacionales de los cuales México es parte, y dándole también coherencia a los distintos instrumentos de carácter internacional que México ha suscrito como parte de estos organismos internacionales.

Hoy estamos otorgando congruencia con estas modificaciones que le dan jerarquía constitucional a estos tratados internacionales —repito— firmados y ratificados por nuestro país, con la finalidad de que su interpretación jurídica sea siempre de optar por la norma que proteja de mejor manera a los derechos de las personas.

En este sentido, los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano deben formar parte de los derechos de los habitantes de nuestro país. Nos corresponde en todo caso armonizar estas leyes, a fin de incorporar estos mecanismos internacionales a los instrumentos nacionales, para que los hagan efectivos y exigibles para la ciudadanía.

En razón de ello, debemos añadir a nuestras leyes todas las medidas que busquen fortalecer y hacerlos efectivos, no solo derechos humanos en su connotación integral, sino derechos políticos en su connotación particular, que son abarcados dentro de los derechos humanos.

Cabe recalcar que estamos a favor de adecuar el nombre de esta comisión, a fin de que sea acorde con los diversos compromisos que nuestro país ha adoptado, así como la legislación vigente cuyo contenido vuelve a referir la igualdad que debe existir en la sociedad entre el hombre y la mujer.

Les quiero recordar que, de conformidad con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, el término igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación, en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política.

Por eso me parece pertinente esta reforma, tenemos que acelerar el paso e impulsar las medidas legislativas que tiendan a garantizar plenamente los derechos de las mujeres, la igualdad, pero también la paridad y lo sustantivo.

No obstante, debo de señalar que nosotros hemos planteado algunas reformas a la Ley Orgánica. Hace unos días el presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias planteaba de qué forma —creo que ya se aprobó en trabajo de Conferencia—, cómo vamos a adecuando nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento para hacer integrales las modificaciones que sean conveniente hacer y no estar simple y sencillamente metiendo aisladamente este tipo de reformas que son importantes.

Llevamos seis reformas solo en la Ley Orgánica en estos días. Ésta es muy importante, y por eso de manera especial me permito solicitar al grupo parlamentario que coordino, que vote a favor.

También hace un rato omití el nombre de una de nuestros miembros, que es Luisa Alcalde, es una mujer entusiasta, que es una gran parlamentaria a pesar de su corta edad. Ha demostrado capacidad y talento en esta tribuna.

Nosotros votaremos a favor, ciudadanos legisladores; felicitamos a la proponente. Le recordamos a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que nosotros hemos presentado varias iniciativas en este mismo sentido y con este mismo propósito; les pedimos que dictaminen también con urgencia, porque se acerca al propósito fundamental, que hoy nos anima en esta medida de igualdad de géneros y de que podamos lograr equilibro en el país por el bien de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna, también hasta por cinco minutos, al diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue un avance significativo y trascendental para el liberalismo; se reconoció como un documento determinante, en el cual descargó gran parte de la consecución de uno de los movimientos universales: la Revolución Francesa.

Sin embargo, la declaración aludida tuvo un déficit muy pocas veces mencionado, como su nombre lo explicó, solamente se refería a los hombres, al género masculino. No fue sino hasta dos años posteriores que se emitió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, por Olympe de Gouges, una visionaria, a la cual le siguieron otras en Inglaterra y en Alemania.

Nuestra Constitución ya determina la calidad de igualdad entre todas las personas, materializado en el artículo 4o. de la misma; por ello, la bancada del Partido Verde Ecologista de México saluda la transformación pretendida al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Con esto —como ya lo mencionamos— respetamos los mandatos constitucionales, reafirmando la plena valía de la mujer. Aceptamos, sin dudarlo un solo instante, los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Por eso, consideramos óptimo reafirmar lo que hoy está a discusión. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles de la mujer y del hombre. Este órgano legislativo así lo reconoce. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Marista de Querétaro, que están aquí invitados el día de hoy por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Decir que el cambio de nombre de la Comisión de Equidad y Género por el de Comisión de Igualdad de Género, en el Senado también, es congruente con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues es un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano.

El concepto igualdad de género implica reconocer la equivalencia entre hombres y mujeres, en derechos, oportunidades, beneficios y participación, con la misma representación en la vida política y pública.

En tanto, que la equidad de género significa reconocer la necesidad de un trato imparcial o diferenciado entre mujeres y hombres, de acuerdo con sus respectivas necesidades, para que ambos puedan acceder, en las mismas condiciones, a los derechos y a las oportunidades.

Debe entenderse la equidad como un paso para el logro de la igualdad, que no exige eliminar las discrepancias que existen contra las mujeres. Mientras que la igualdad debe entenderse como la cualidad de dos cosas o personas iguales, con las mismas características en cuanto a su naturaleza, cantidad y forma. Lo que se traduce en igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Debe eliminarse paulatinamente el término de equidad en los planes y programas del Estado, respecto de lo cual el Comité ha manifestado su preocupación; por lo que el cambio del nombre de la Comisión de Equidad y Género por el de Comisión de Igualdad entre los Géneros constituye un avance y una aportación para la eliminación de dicha preocupación, al mismo tiempo que contribuye a la visibilización de la importancia de la participación de las mujeres en nuestra sociedad, en igualdad de condiciones que los hombres, para el desarrollo pleno y completo de nuestro país, el bienestar del mundo y la paz, como lo establece la CEDAW.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), refiere que la igualdad de género es un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social; por lo que el propio PNUD considera que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es vital para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

Por otro lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres precisa, en congruencia con los conceptos y preceptos anteriores, la coherencia de utilizar el término igualdad desde su título y más precisamente en el artículo 22, fracción I, artículo que además atribuye al gobierno federal la obligación de conducir la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

El uso del lenguaje incluyente y de manera correcta aporta al imaginario colectivo nuevos conceptos de vanguardia y acordes a la realidad de las mexicanas y mexicanos, que significa aportaciones útiles a mujeres y hombres para conocer sus derechos y opciones a efecto de invocarlos, exigirlos, hacerlos valer y que generen la aceptación social de los mismos; por lo que además de utilizar el término correcto, adecuado y necesario de igualdad, se estará colocando esta aspiración como una posibilidad tangible que normaliza y perpetua la igualdad jurídica como igualdad real, cotidiana y justa entre las mujeres y hombres de nuestro país, a la que deberán corresponder las políticas públicas en beneficio de las mujeres, como acciones afirmativas que disminuyan, de facto, las brechas de desigualdad de derechos y oportunidades que prevalecen hasta la fecha, impactando, directamente, la vida de las personas discriminadas por razones de sexo y género, y así, recíprocamente, a todas las personas que recibirán estos beneficios cuando se vea beneficiada una mujer de su familia o entorno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Aprovecho la oportunidad para saludar a la presidenta municipal de Aguascalientes, Lorena Martínez, que está hoy aquí, en la sesión, invitada por algunos compañeros diputados del PRI. Bienvenida a esta sesión.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Blanca Jiménez Castillo:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Blanca Jiménez Castillo: Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha trabajado desde sus orígenes para que las mujeres tengamos una participación activa en la construcción del bien común; una participación que nos permita aportar lo mejor de nosotras mismas en la misma construcción de esa patria ordenada y generosa a la que todas y todos aspiramos.

Para Acción Nacional dar un trato digno a las mujeres es generar y asegurar las necesarias y suficientes condiciones de igualdad con los hombres, a las que se les posibiliten, sí, su igual acceso a las oportunidades, pero también al real ejercicio de sus derechos humanos.

Como grupo parlamentario reconocemos las desigualdades históricas que han experimentado las mujeres y con ello, aceptamos que nuestra deuda histórica para con ellas es grande. Así que, siendo un asunto no menor, trabajaremos siempre por mejorar su calidad de vida, siendo ese un objetivo primordial de nuestros actos legislativos.

Por ello, es para nosotras imperativo generar las condiciones, no solo para que tengan las mismas oportunidades, sino para resarcir en ellas las desigualdades sociales, económicas y políticas de las que han sido objeto a lo largo de los años.

Si la justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales —como lo afirmaba Aristóteles— no sería justo tratar como iguales a quienes no lo son, y no porque no lo pueden ser, sino porque carecen de una posibilidad para alcanzar una situación igualitaria.

De ahí que una de las principales responsabilidades de las legisladoras y de los legisladores sea crear y modificar normas jurídicas que corresponden a la realidad social, enfrentando la oportunidad de sentar las bases de un sistema jurídico justo, igualitario y que permita transitar a una sociedad democrática.

Legislar con perspectiva de género permite no obviar los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente determinadas para mujeres y hombres, ya que son estos los que permiten y propician las desigualdades entre hombres y mujeres, producto de estos esquemas culturales de poder político y económico, y que lamentablemente las legislaciones han venido reproduciendo.

En consecuencia, el derecho no solamente puede servir como motor de cambio social, sino que de no hacerlo estaría perpetuando el statu quo y negando con ello el sentido mismo de la igualdad.

En coherencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia a favor del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la actual Comisión de Equidad y Género cambie su nombre por la de Igualdad de Género.

Ante ello Acción Nacional refrenda su reconocimiento pleno de las consecuencias y prácticas de la común dignidad de los hombres y mujeres, de su común carácter, de sujetos y agentes responsables y colaboradores de la construcción, animación y dirección de la sociedad.

Para nosotras, hombres y mujeres, debemos reconocer su valor propio y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de la igualdad, de los derechos y de las obligaciones.

Compañeros y compañeras, asumamos desde el Legislativo que el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres requiere que cada uno implemente y que cada estado implemente acciones específicas concretas para eliminar la discriminación real y comprobada contra las mujeres, a fin de que puedan disfrutar de sus derechos humanos a la igualdad.

Para cumplir con ello es necesario que como legisladores seamos conscientes de que el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un trato y un tratamiento idéntico a hombres y mujeres, y a veces se les dé un tratamiento distinto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, en esta discusión, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Brenda María Alvarado Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. La democracia, el desarrollo y la justicia no son una franquicia, son un destino, el cual estamos llamados a construir todos los días. No hay una ética para el futuro, el futuro está aquí y es ahora. Celebro que el día de hoy estemos discutiendo el dictamen que aquí nos ocupa.

Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI coincide con el cambio de nombre de la actual Comisión de Equidad de Género por el de la Comisión para la Igualdad de Género, toda vez que más allá de un simple cambio de nomenclatura, la propuesta entraña diversos conceptos, que recogen de alguna manera la historia de las mujeres y su avance democrático.

La simpleza de la propuesta entraña su riqueza, pareciera a simple vista solo cambios de palabras; sí, pero la palabra es exclusiva de los hombres y de las mujeres, trasciende el mero nivel de comunicación de las necesidades naturales y alcanza su específica peculiaridad, al posibilitar y nombrar las estimaciones éticas.

Como Habermas ha señalado: la palabra hablada o escrita dice algo sobre el mundo; la realidad social o la subjetividad personal. Pero ante todo, lo importante es qué significa decírselo a alguien, entrar en la relación con el otro o la otra; por ello, donde hay lenguaje hay también inexorable ética. En este cambio de palabra es preciso entender que en el tránsito de la equidad o la igualdad, en materia de género —como en muchas áreas— no es cosa menor; la igualdad es más que una noción, es una aspiración y una realidad que debe de ser vivida cotidianamente en México y en todos los rincones del orbe.

Lejos de lo que pudiera suponerse, la igualdad no es un ejercicio arbitrario de homologación, sino por el contrario, es el reconocimiento de las demandas y necesidades diferenciales de las mujeres, las cuales deben ser consideradas en la esfera pública y privada, ya que no solo importa nuestra calidad de miembros de la sociedad, sino también cómo disfrutamos de los derechos que nos competen.

En suma, la igualdad promueve el ejercicio pleno de la ciudadanía constituyendo un bien en sí misma, pues lleva implícita la autonomía, las capacidades y las libertades personales y democráticas.

La igualdad de trato y la igualdad de oportunidades son principios fundamentales reconocidos por el derecho comunitario; por ello, la igualdad se ha configurado como un elemento dominante en la construcción de la democracia y el humanismo.

En este orden de ideas, es posible afirmar que la igualdad de género incluso va mucho más allá de la igualdad de trato y oportunidades, pues exige la participación de las mujeres en todos los procesos de transformación de las reglas básicas jerárquicas y prácticas institucionales.

En ese sentido, es importante que las mujeres estemos presentes en todos los espacios donde se debaten y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad. De lo contrario, no podremos garantizar nuestra inclusión plena y reconocimiento y respeto a las diferencias.

Si bien el nombre nunca será una cosa nombrada, el lenguaje contribuye a la construcción de nuevos imaginarios colectivos; brinda la posibilidad de nuevas representaciones que construyen un sistema social de relaciones entre los géneros diferente. En suma, una palabra, una frase, lleva implícito un concepto y por tanto, un conjunto de normas y convenciones que cristalizan determinadas concepciones, mentalidades e inciden en las percepciones que hombres y mujeres tienen en sí mismos y de los demás.

En estas normas y convenciones condicionan el acceso a las oportunidades, al mismo tiempo que limitan o amplían el campo de acción de las mujeres y los hombres. De ahí su importancia y por tanto, su pertinencia; por ello, el Grupo Parlamentario del PRI estará a favor de este proyecto de decreto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. En virtud de que el dictamen consta de un solo artículo y no hay artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, en pro 428 votos, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de publicidad del dictamen de la Comisión de Comunicaciones, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Comunicaciones se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones*. Tiene el uso de la voz, para fundamentar el dictamen, don Fernando Jorge Castro Trenti, presidente de la comisión y orgulloso bajacaliforniano.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti:Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. No ha sido fácil llegar al día de hoy a presentar a la consideración de la soberanía un dictamen que plantea una modificación estructural en el sistema de comercialización del tiempo aire, en el específico y determinante tema que tiene que ver con las comunicaciones entre personas.

Efectivamente, como todos sabemos, nuestro país tiene un mercado de más de 90 millones de celulares que se encuentran en el mercado y que ha sido enormemente complejo que la sociedad mexicana disponga de acceso con oportunidad, de acceso en condiciones de equidad, de acceso en condiciones que le permita utilizar un aparato telefónico como un instrumento de cercanía entre las familias, los empleos y las preocupaciones de las madres y los padres.

En el pasado, los grandes intereses estaban por encima de las preocupaciones nacionales; hoy estamos presentando en esta ocasión un dictamen aprobado en forma unánime en la comisión, que tiene que ver con la modificación al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde feliz y finalmente el redondeo será un asunto del pasado.

Efectivamente, esta modificación a la ley plantea que todas las compañías telefónicas estarán obligadas a poner en el mercado, a disposición de los usuarios del servicio telefónico, plan de pago por segundo.

Todos sabemos que el redondeo se aplica en perjuicio de la economía popular. Cuando una persona hace una llamada y consume un minuto y medio, el pago es de dos minutos; imagínense ustedes, en casi 100 millones de aparatos telefónicos, con un redondeo de un peso al día por aparato telefónico, son 100 millones de pesos o más que en forma injusta reciben de ingresos ilegítimos las compañías que prestan este servicio.

Por esa razón, hoy presentamos a su consideración un dictamen, que de ser aprobado por ustedes, resolverá uno de los problemas más serios que padece la comunidad.

Todos sabemos que un teléfono celular en muchas de las casas de los trabajadores mexicanos, de los trabajadores del campo, de los trabajadores de las fábricas, los albañiles, los trabajadores de la construcción dejan a sus hijos con un celular, la esposa trae otro, el padre trae uno más, pareciera que solo los acaudalados son los que disponen de más de un aparato telefónico celular en su casa, y no es cierto.

Lo hacemos por ellos, por esta gente que tanto nos necesita y que requiere que haya respeto a su esfuerzo por ganarse el sustento diario; por eso les pedimos a ustedes su voto aprobatorio para que esta modificación siente sus bases en el mercado, y al sentar las bases en el mercado, el reconocimiento y el respeto de los derechos del usuario.

Evitemos la necesidad de acudir a las acciones colectivas desde esta resolución y obliguemos a las compañías de teléfonos celulares a que pongan a disposición de sus consumidores, de sus clientes, de sus usuarios, las y los mexicanos, tiempo en contrato de celulares de pago por segundo.

De contar con su apoyo en este dictamen de esta comisión, estaremos dando un paso importante en la gran reforma al sistema de telecomunicaciones del país, que iniciando el año de manera conjunta la Comisión de Radio y Televisión y la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara, estaremos enfrentando.

La agenda de telecomunicaciones en México será un instrumento que nos dé la fortaleza de la competitividad. Muchísimas gracias por su tiempo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado Castro Trenti.

Está a discusión. Tiene el uso de la voz para fijar posición doña Lilia Aguilar Gil, de Chihuahua, del PT.

La diputada Lilia Aguilar Gil:En efecto, vengo hoy como una gacela, señor presidente, muchas gracias, para fijar la posición del Partido del Trabajo frente a este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Comunicaciones.

Creo que hay que ser muy claros en qué es lo que es estamos analizando y el diputado Castro Trenti ha dibujado —con esta claridad que le caracteriza— el problema. Éste es un problema social moderno, estamos hablando de 20 millones de aparatos telefónicos celulares contra un millón 489 mil líneas fijas que están preponderantemente en zonas rurales. La diferencia es, compañeros diputados, abismal; es decir, estamos hablando de que un veinteavo de la cantidad de teléfonos celulares es lo que existe en líneas que conocemos comúnmente de tierra.

¿Qué es lo que nos dice? Que la forma en que los mexicanos se comunican y la forma en que los mexicanos ahora hacen relaciones y mantienen su seguridad ha cambiado. El teléfono celular se ha vuelto ya un elemento importante, casi indispensable en la vida de los mexicanos.

¿Qué es lo que hace esta reforma? Diría que finalmente traer justicia a todos los usuarios, incluidos nosotros, incluidas todas aquellas personas que, ya sea a través del prepago o a través de contratar un plan tarifario están pagando excesivamente —por decirlo de alguna manera— sobre un servicio que están utilizando a medias.

¿Qué es lo que queremos decir con esto? Cuando los planes se contratan o cuando compras tiempo aire —como se dice por ahí—, compras tiempo aire por minuto o los contratos se hacen por minutos, pero se gaste o no se gaste el minuto completo las compañías telefónicas te cobran y te descuentan el minuto completo. Lo que viene a hacer esta reforma, como la anterior que discutimos en el tema de economía, es proteger al consumidor.

Es decir, el día de hoy la Cámara de Diputados viene a decir a las compañías telefónicas: no más, tienes que abrir al público en general una opción de plan tarifario basado en segundos, en la que los mexicanos puedan optar por pagar en segundos y pagar solamente lo que consumen, sin meternos en la libertad tarifaria de los concesionarios. Esto es de suma trascendencia.

No nos estamos metiendo en la oferta y la demanda ni en el libre mercado, estamos metiéndonos solamente a la protección del consumidor. No les estamos diciendo a los concesionarios cuánto cobrar, sino les estamos diciendo cobra por lo justo, por el consumo justo.

Esta reforma viene a traer y a aliviar el bolsillo, no solamente de muchos adultos que pueden venir a pagar su celular personalmente, sino de padres de familia que ahora pagan el celular y los planes tarifarios o los prepagos de sus hijos, y que —como ya bien decía el diputado Castro Trenti— estamos hablando de una derrama económica de casi 100 mil millones de pesos.

Terminaría diciendo que obviamente el Partido del Trabajo va a votar a favor esta iniciativa, no solamente porque el entonces senador Gonzalo Yáñez presentó una iniciativa similar en el Senado, que se está dictaminando con esta misma, sino porque reconocemos el trabajo que ha hecho el diputado Fernando Jorge Castro Trenti sobre este asunto y la insistencia que ha tenido, y que finalmente esto es lo que repercute en el bolsillo y en el día a día de los mexicanos, y nos congratulamos de que lo estemos dictaminando. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, doña Lilia. Don José Antonio Hurtado Gallegos, del MC, tiene el uso de la voz.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes, su servidor y todo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos al rubro de las telecomunicaciones como una prioridad en nuestra agenda legislativa, en virtud del impacto que estas representan para el desarrollo económico nacional.

En la era de la globalización y las tecnologías de la información, no podemos permitir que México siga rezagado en materia de innovación tecnológica, pero tampoco podemos perder de vista al actor principal, me refiero al mexicano, al ciudadano mexicano.

En este sentido, el dictamen a discusión que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones integra estas dos esferas; por una parte, limitará y regulará a las compañías concesionarias para evitar la discrecionalidad en el establecimiento de tarifas de telefonía celular; favorecerá la actuación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para avalar las tarifas establecidas por las compañías; evitará el redondeo a la alza en el cobro del tiempo de las llamadas. Este redondeo significa, que en el año 2007, que a las compañías en telefonía celular ingresaran 869 millones de pesos diarios de ganancias extraordinarias por el redondeo en el tiempo de llamadas.

Al respecto, es importante señalar que México se mantiene entre los primeros lugares del país con las tarifas más altas en el cobro de los servicios de banda ancha y telefonía móvil. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico, al eliminar el redondeo y utilizar el segundo como medida de tiempo base para calcular el servicio, se beneficiará directamente a los usuarios.

Felicito a la comisión por este dictamen, especialmente al diputado Fernando Castro Trenti, a las secretarias y secretarios, y a los integrantes de las diferentes fuerzas políticas que conformamos esta importante comisión.

Queda claro, me queda claro, que más de una vez no nos hemos de poner de acuerdo, en virtud de nuestras diferentes ideologías, pero en esta ocasión se observa claramente la disposición y compromiso de trabajo de la comisión a favor y en beneficio de las y los mexicanos.

Este dictamen, el cual tiene, desde mi punto de vista, dos avances fundamentales; por un lado, se privilegia el derecho de los consumidores a elegir entre varias opciones a aquellas que mejor se ajusten a sus necesidades de comunicación y a su capacidad económica. Este factor es primordial si consideramos que México ocupa el lugar número 17 a nivel mundial en el pago de tarifas más altas en telefonía celular, y es de tomar muy en cuenta. Por otra parte, la aprobación de esta reforma abre las puertas a mejores, limpias, sanas y competitivas reglas entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Por las anteriores razones, invito a los presentes, a mis compañeras y compañeros diputados, a apoyar el sentido de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Doña Ana Lilia Garza Cadena, del Verde.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladores, buenas tardes, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México celebra el avance de un dictamen referente a un tema tan importante para la ciudadanía, como lo es el que el consumidor pueda tener acceso a un cobro más justo y equitativo, conforme al uso que hace de un servicio que hoy es básico, la telefonía celular.

Estamos seguros de que este dictamen, que coincide sustancialmente con la minuta enviada por el Senado de la República a fines de la legislatura pasada, representa, sin duda, un beneficio para todos los mexicanos que somos usuarios de servicios de telefonía móvil.

Con este logro, ahora los usuarios tendremos la libertad de elegir entre el tipo de tarifa que mejor se ajuste a nuestras necesidades de conexión y los operadores tendrán una nueva área de oportunidad que les permitirá ampliar el abanico de opciones para sus clientes.

Estamos conscientes de que en materia de telecomunicaciones aun queda mucho trabajo pendiente, por lo cual reiteramos el compromiso de nuestro grupo parlamentario para seguir contribuyendo al mejoramiento del mercado de las telecomunicaciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del PRD.

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo: Vengo a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD. Señoras y señores legisladores, en la agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario es una prioridad la revisión y reforma de las leyes en materia de telecomunicaciones.

Nuestro propósito es ofrecer a la sociedad los mecanismos legales para que acceda a todos los beneficios en el uso del espectro radioeléctrico, que es propiedad originaria de la nación.

Por ello, ha presentado un paquete de iniciativas —legislatura tras legislatura— para propiciar equidad en el uso de la telefonía básica por celular, como un derecho democrático que tiene una sociedad que aspira al bienestar.

Así, el dictamen que hoy nos ocupa, para disponer en la ley federal respectiva que en el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor, con cargos por concepto de la duración de las telecomunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir, dentro de su oferta comercial de planes y tarifas el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad, apunta en la dirección correcta.

El espíritu del artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en particular, responde a que en un entorno de varios operadores, en un servidor de telecomunicaciones determinado puedan fijar libremente sus tarifas y las configuraciones de cantidad y de precios que les permita competir entre ellos.

Lo anterior, justificado en que dado el acelerado cambio tecnológico del sector y por ende, de aparición constante de nuevos servicios y conjunto de servicios, estos puedan ser calificados con absoluta libertad, con el objeto de que exista una dinámica en la oferta disponible a los usuarios en forma ágil, pronta y que la interacción entre los competidores tenga la mayor rivalidad posible, al tener la capacidad de modificar cantidades y precios ante la respuesta competitiva existente entre todos los competidores actuales y futuros.

Coincidimos con el dictamen, en el sentido de que es importante reconocer que el mercado de las telecomunicaciones es lo suficientemente extenso y sofisticado, como para ofertar a los consumidores distintos tipos de combinaciones en tarifas y cantidades a sus usuarios, permitiendo que estos opten por la que consideren que resulte más conveniente para ellos.

Lo anterior, en el fundamento de un proceso competitivo, por lo que la libertad tarifaria establecida en la ley que se pretende reformar obedece a la condición indispensable en todo mercado en la que exista cada vez mayor rivalidad y competencia entre operadores.

Pero de manera fundamental, el mayor beneficio de la libertad tarifaria son los propios usuarios de los servicios, pues conservan intocada su libertad de elección. Asimismo convence el argumento de que en una revisión del marco legal a nivel internacional se orientó a la dictaminadora a proponer esta reforma.

Creemos entonces que los cambios introducidos por la Cámara de Diputados a la minuta enviada por el Senado mejoran la búsqueda de la equidad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, sin afectar una actividad económica prioritaria y relevante; por lo antes expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Juan Pablo Adame, tiene usted el uso de la voz.

Esta Presidencia saluda a alumnos de ciencias políticas de la UNAM, invitados por don Fernando Zárate Salgado. Y a regidores del municipio de Santiago de Querétaro, invitados por el diputado Carlos Castaño Valenzuela. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Con todo el respeto que le tengo a mis compañeros legisladores, quiero utilizar la máxima tribuna de nuestro país para hablarles a todas aquellas personas que nos están viendo en el Canal del Congreso o que después verán esta intervención.

¿Por qué lo quiero hacer así? Porque el beneficio de esta ley es precisamente para ellos, para los que menos tienen, para los que hoy no pueden contratar un servicio de telefonía móvil porque no tienen el dinero para ello, porque desgraciadamente las reglas que hoy se tienen en materia de telefonía celular o telefonía móvil tienen este redondeo, en donde por una llamada de un minuto con un segundo a todos esos usuarios les están cobrando por dos minutos.

¿Esto qué significa? Una afectación directa al bolsillo de los que menos tienen y por supuesto, señores diputados, también de cada uno de ustedes. Así es que, al votar nosotros —y la invitación que les hago en este momento a que votemos a favor de este dictamen— es para favorecer la industria de las telecomunicaciones que hoy en nuestro país todavía tiene varias carencias.

Compañeros diputados, en materia de telecomunicaciones nuestro país sigue todavía muy rezagado; si nosotros con estas acciones y otras que tienen que ver, y que están escritas en el Pacto por México, que firmaron los principales partidos políticos, avanzamos y damos saltos que beneficien a los usuarios, podremos llegar a ser un país líder en materia de telecomunicaciones.

Hoy desgraciadamente como ustedes lo saben y seguramente lo han vivido, los servicios que tenemos en materia de telefonía celular todavía tienen muchas carencias; todavía a muchos de ustedes se les va el Internet; todavía muchos ustedes se quejan de los servicios que pueden tener.

Ahora con este dictamen que se está proponiendo a esta honorable Cámara de Diputados, que es para favorecer en que ya no existan más abusos por parte de las compañías de telefonía móvil y que puedan escoger ustedes libremente ese servicio, que pueda ser en pago por segundos o en pago por minutos. Para hacerlo de manera más clara y para poner el ejemplo de manera más clara: cuando ustedes vean que sale esta ley —y les estoy hablando también a los que nos están viendo en el Canal del Congreso— les pido que ustedes le exijan dentro de 90 días a las compañías de telefonía celular que ya les puedan cobrar por segundo, que ya no lo hagan solo por minutos.

Esto es una reforma fundamental. Esto es lo que cada ciudadano tiene que exigir a la compañía de telefonía móvil que está en este momento con el servicio, que les cobren por segundo y que ya no les cobren por minuto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Juan Pablo Adame. Doña María Rebeca Terán Guevara, del PRI; cierra la lista de oradores para votar de inmediato.

La diputada María Rebeca Terán Guevara:Compañeras y compañeros diputados; con su venia, señor presidente. Los aeropuertos son instalaciones estratégicas que cumplen una razón social...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Diputada? Creo que aterrizó en pista equivocada, estamos hablando de teléfonos celulares. Pero no se preocupe, hable de los celulares y de lo beneficioso que es para la sociedad que ya no vayan a cobrar el redondeo, y no se preocupe, a todos nos pasa.

La diputada María Rebeca Terán Guevara: Bien. De acuerdo al posicionamiento, estamos de acuerdo los compañeros de la bancada del PRI con el posicionamiento en beneficio de los usuarios de nuestro país, en el sentido de las telecomunicaciones, del cual se ha hablado en este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho, diputada. Felicidades. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recabar votación nominal en lo general y en lo particular de éste tan bondadoso dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se informa a las señoras diputadas y a los señores diputados que solamente resta un  minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que existen 423 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se encuentran debidamente publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría solo a listar los encabezados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 23 de octubre de 2012 se recibió la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de Decreto y ordenó su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Planteamiento

La diputada Gabriela Medrano Galindo, enuncia que el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados entre nuevos competidores como: China, Grecia, Turquía y la Federación Rusa por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultura. Por tal motivo estima que el impulso a la diversificación de la oferta turística nacional colocaría a México en un escenario favorable.

Indica que el patrimonio cultural es un referente para las entidades de nuestros pueblos , y es tan diverso como nuestras culturas, en este sentido, se cuenta con la gran oportunidad de posicionarse en el ámbito internacional como una de las potencias del llamado turismo cultural, por lo cual plantea incorporar a la Ley General de Turismo el concepto de Turismo Cultural, así como conferir al Gobierno federal a que en coordinación con las entidades federativas y los municipios impulse su promoción nacional e internacional.

III Argumentación

El sector turístico es considerado un factor prioritario para el desarrollo nacional, ya que si es bien enfocado, representa una enorme productividad y generación de empleos. El turismo no se distribuye en el espacio de forma homogénea o aleatoria, su localización es de carácter regional y responde a factores relacionados con el entorno geográfico, el clima, el patrimonio asociado y la capacidad de acceso e interconexión entre los sitios turísticos de una región determinada.

México se divide en cuatro regiones en las cuales agrupan a las entidades federativas con características geográficas, económicas, sociales y turísticas similares, con elementos comunes que permiten realizar análisis puntuales para diseñar políticas para el desarrollo, promoción y comercialización del turismo relacionado con la cultura.

El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración es considerado pieza fundamental para el desarrollo del país; este documento menciona que el objeto estratégico a perseguir aumentar en un 35% el número de visitantes internacionales al año.

El Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados, por lo que es necesario desarrollar nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultura.

El Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural en México, demuestra que casi 70 millones de turistas realizan actividades relacionadas con la cultura, además el gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura es mayor que la de otros segmentos. Los viajes motivados especialmente por la cultura, suelen ser más prolongados que aquellos realizados por los turistas con interés ocasional, ya que entre más ajena sea la cultura visitada, más curiosidad provoca en los turistas.

Las principales actividades realizadas por este tipo de turistas son las relacionadas con el patrimonio tangible y representan el 48% del total de las actividades practicadas por el turismo nacional y el 63% del internacional.

El Centro de Estudios Superiores de Turismo, estima que casi 70 millones de turistas realizan actividades relacionadas con la cultura; el gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura es mayor al relacionado con el turismo convencional. El turismo cultural representa el 5.5% de los viajeros nacionales y el 3% de los internacionales, colocando a la cultura en el 6° lugar en cuanto a la motivación principal para el turismo doméstico y en el 4° para el turismo internacional.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el 37% de los paseantes realizan alguna actividad cultural durante su viaje, resaltando las relacionadas a visitas a los sitios arqueológicos, de ahí que México se ubique dentro los primeros lugares en la concentración de turistas extranjeros por motivos culturales.

IV. Contenido

A través de la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se adiciona una fracción XIX al artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta la fracción XXI; y se reforma la denominación del Capítulo III del Título Tercero, y los párrafos primero y segundo del Artículo 16, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVIII. ...

XIX. Turismo Cultural. Es el viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico;

XX. Turismo Sustentable. Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) a c). ...

XX. Turistas. Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población, y

XXI. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

I a XIII. ...

XIV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley  y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística.

XV. Impulsar en coordinación con los Estados, municipios y el Distrito federal el turismo cultural a nivel nacional e internacional, y

XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Capítulo III

Del Turismo Social y Cultural

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social y cultural, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Las dependencias y las entidades de la Administración Pública federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos locales y municipales, e impulsarán acciones con los sectores social y privado para el fomento del turismo social y cultural.

V. Consideraciones de la Comisión

Es indudable que la actividad turística engloba tanto a la cultura como al turismo sustentable los cuales pueden abarcar distintas y diversas modalidades tales como:

• La recreación mediante la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el marco del desarrollo sustentable cuyo fin debe ser el disfrute, la preservación y el menor impacto sobre los ecosistemas naturales.

• Las visitas a las zonas habitadas por grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos.

• Las que se efectúan con fines educativos y recreativos, en las cuales el visitante se involucra con la naturaleza.

• Las que giran en torno de ríos, mares, lagos, lagunas, presas, etc., así como de aquellas en las que se realizan recorridos acuáticos.

• Las que se realizan en los principales centros urbanos, que incluyen barrios, callejuelas, etc.

• Las que abarcan elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades, tales como sitios arqueológicos, edificaciones históricas, museos, difusión de la cultura en sus diferentes modalidades, así como la promoción y conservación de dichos recursos culturales.

• Las relativas a la cultura culinaria como objetivo preponderante y que además abarcan visitas a lugares en donde se venden o fabrican diferentes productos alimenticios característicos como son: los regionales, típicos, así como las tradiciones y festejos que acompañan la gastronomía del lugar.

• La que se lleva a cabo con motivo de actividades culturales de negocios en las que se incluyen eventos como: congresos, reuniones de negocios, seminarios, cursos, talleres, seminarios, etcétera.

Todas estas modalidades se interrelacionan tanto directa como indirectamente y no son excluyentes la una de la otra, sino por el contrario, se enriquecen y establecen distintos tipos de cultura, las cuales demandan infinidad de recursos como son: insumos, infraestructura en comunicaciones y transportes, capital humano, expertos, proveedores de bienes y servicios, etc.

La Ley General de Turismo en su Artículo 2° fracción II, faculta al Ejecutivo Federal a “establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo”.

Asimismo, el artículo 3, fracción I del citado ordenamiento define que son “actividades turísticas las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos”.

Por su parte el Programa Sectorial de Turismo que parte del Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Turismo, conjunta los resultados de una amplia consulta con actores relevantes del sector aportando elementos de diagnóstico y de acción. En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definen la actuación de las dependencias y de los organismos federales que inciden en el sector, por lo que necesariamente las bases para la política y planeación de la actividad turística se ajustan al Programa Sectorial con la finalidad de conducir el desarrollo turístico nacional, que incluye al turismo cultural, mediante actividades de planeación y ejecución en un marco claro y definido que orienta el quehacer turístico nacional que involucra criterios de racionalidad, equidad, mejora, etc., para todo el sector turismo.

Asimismo, mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el Gobierno del Distrito Federal promovió  demanda  de  controversia  constitucional  en  contra  de  la aprobación y expedición del Decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VIl del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recayó el auto de admisión y aceptación a trámite.

En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, se estima de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de éste órgano.

También es de especial importancia conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo.  Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se  propone establecer  dentro de  la Ley General de Turismo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura determinan:

Único. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012

De la Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica en abstención), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y análisis iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 20 de septiembre de 2012 se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y ordenó su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado Jorge Terán Juárez argumenta que la Organización Mundial de Turismo (OMT), que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.

Que la actividad económica relacionada con el turismo es fundamental para el desarrollo del país, además de que la llegada de turismo mantiene a México entre los 10 destinos turísticos más importantes del mundo.

Así el sector turismo representa el 9 por ciento del PIB y es la tercera fuente de divisas en el país; genera 2.5 millones de empleos directos; participan en el más de 43 mil unidades económicas (80 por ciento pequeñas y medianas empresas).

Que el año 2011 fue declarado como el Año del Turismo en México, lo que propicio el replanteamiento de acciones por parte del gobierno a corto, mediano y largo plazo, además de subrayarse la importancia de que todos los sectores relacionados con el turismo pudieran involucrarse para diseñar acciones y estrategias de beneficios ampliados.

Que México tiene una gran riqueza turística, fundamentalmente en dos áreas: riqueza cultural y natural. La primera contempla 37 bienes patrimonio de la humanidad: culturales e inmateriales; la segunda cuenta con 174 áreas naturales protegidas entre las que se encuentran 31 reservas de la biosfera y más de 10 mil kilómetros de litoral. En total existen 7 centros turísticos íntegramente planeados; más de 70 destinos de playa, culturales y de negocios, y 43 pueblos mágicos.

Asimismo, la iniciativa plantea tres modificaciones:

1. Incorporar y describir las diferentes modalidades de turismo existente con la finalidad de impulsar programas y políticas públicas focalizadas en las diferentes áreas turísticas.

2. Establece que la formulación y conducción de la política turística nacional a cargo de la Secretaría de Turismo se realice atendiendo a los criterios de equidad regional, diversidad cultural y territorial.

3. Mandata los lineamientos sobre los cuales se deben sustentar a partir del diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a mejorar sustancialmente las acciones del sector turístico de manera conjunta y ordenada bajo criterios de sustentabilidad/sostenibilidad y competitividad.

III. Propuestas de modificación

A través de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se propone adicionar al artículo 3o., una fracción XXII, con objeto de establecer nueve modalidades al turismo:

1. Ecoturismo: Es aquel que se desarrolla en áreas con un atractivo especial, se vincula de manera directa con el desarrollo sostenible, contempla la recreación mediante la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y fomenta en los turistas la importancia de la accesibilidad de los recursos humanos en el marco del desarrollo sustentable cuyo fin debe ser el disfrute, la preservación y el menor impacto sobre los ecosistemas naturales, respetando en todo momento su condición.

2. Etnoturismo: Se trata del turismo especializado que se realiza en las zonas habitadas por grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los valores, las formas de vida, los usos y costumbres, diferentes aspectos históricos y el manejo de los recursos naturales.

3. Agroturismo: Es el turismo especializado con fines educativos y recreativos, mediante el cual el visitante o turista se involucra con el sector agropecuario en sus labores cotidianas.

4. Acuaturismo: Es una forma de turismo cuya razón fundamental gira en torno de los ríos, mares, lagos, lagunas, presas, etc., así como de los diversos atractivos turísticos que se encuentren en el recorrido acuático, utilizando para ello embarcaciones especialmente adecuadas para tal fin.

5. Turismo metropolitano o turismo de ciudad: Es el turismo que se realiza en los principales centros urbanos, con una diversidad de objetivos y actividades turísticas.

6. Turismo cultural-histórico: Comprende todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades, tales como sitios arqueológicos, edificaciones históricas, museos, difusión de la cultura en diferentes modalidades, así como la promoción y conservación de dichos recursos culturales.

7. Turismo de salud: Es la actividad que ofrece una serie de bienes y servicios relacionados con la recreación, esparcimiento, restablecimiento y recuperación del cuerpo humano; el bienestar físico y mental. Brinda la posibilidad de conocer diversas regiones del mundo, al mismo tiempo que asocia la salud y la cultura.

8. Turismo gastronómico: Es la actividad turística en donde la comida y el arte culinario son parte del objetivo preponderante y abarca además del buen comer, la visita de los lugares en donde se venden o fabrican diferentes productos alimenticios regionales, así como las tradiciones y festejos que acompañan la gastronomía típica del lugar.

9. Turismo de negocios: Se refiere a aquel que se lleva a cabo con motivo de sus actividades profesionales y laborales, en él se incluyen eventos como congresos, reuniones de negocios, seminarios, cursos, talleres entre otros.

De igual manera se reforma la fracción I del artículo 4o. de la Ley General de Turismo a fin de considerar criterios de equidad regional, diversidad cultural y territorial.

Asimismo, reforma el título tercero de la Ley General de Turismo denominado De la Política y Planeación de la Actividad Turística, agregando un capítulo I designado De las Bases para la Política y Planeación de la Actividad Turística, recorriendo el actual capítulo I y el subsecuente en el mismo orden.

Incorpora un nuevo artículo 14 por lo que la implementación y evaluación de políticas públicas para el impulso de la actividad turística, deberá estar encaminado de manera diversificada, al incremento de la productividad de la economía local y nacional a partir del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a mejorar sustantivamente las acciones del sector turístico de manera conjunta y ordena, incorporando en todo momento los criterios de sustentabilidad, sostenibilidad y competitividad.

Ese mismo artículo 14 define que la política coordinada entre los distintos órdenes de gobierno para el desarrollo del turismo, deberá considerar los beneficios económicos y sociales producto de esa actividad a fin de fomentar en todo momento la competitividad, modernización y calidad del sector.

Adicionalmente el artículo 14 señala que la información de las entidades correspondientes, deberán identificar los distintos segmentos del mercado y establecer prioridades en función de los costos-beneficios con la finalizar de potenciar el desarrollar de las distintas regiones del país como destinos sustentables, diversificando en la medida de sus posibilidades su actividad turística. Y que la Secretaría de Turismo deberá adaptar sus programas de promoción del turismo a las modificaciones mencionadas en la Iniciativa.

IV. Consideraciones de la comisión

Es indudable que la actividad turística engloba distintas y diversas modalidades tales como:

• La recreación mediante la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el marco del desarrollo sustentable, cuyo fin debe ser el disfrute, la preservación y el menor impacto sobre los ecosistemas naturales.

• Las visitas las zonas habitadas por grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos.

• Las que se efectúan con fines educativos y recreativos, en las cuales el visitante se involucra en el sector agropecuario.

• Las que giran en torno de ríos, mares, lagos, lagunas, presas, etc., así como de aquellas en las que se realizan recorridos acuáticos.

• Las que se realizan en centros urbanos.

• Las que abarcan elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades, tales como sitios arqueológicos, edificaciones históricas, museos, difusión de la cultura en sus diferentes modalidades, así como la promoción y conservación de dichos recursos culturales.

• Las que ofrecen una serie de bienes y servicios relacionados con la recreación, el esparcimiento, restablecimiento y recuperación del cuerpo humano, así como de la salud y la cultura física.

• Las relativas al arte culinario como objetivo preponderante y que además abarcan visitas a lugares en donde se venden o fabrican diferentes productos alimenticios característicos como son: los regionales, típicos, así como las tradiciones y festejos que acompañan la gastronomía del lugar.

• Las que se llevan a cabo con motivo de actividades profesionales y laborales, en él se incluyen eventos como: congresos, reuniones de negocios, seminarios, cursos, talleres, entre otros.

Todas estas modalidades están previstas en la Ley General de Turismo en su Artículo 1° párrafos primero y segundo que definen que “la materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos, en cuanto al segundo establece que “los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional”.

De igual manera en el artículo 2o., fracción II, del citado ordenamiento, faculta al Ejecutivo Federal a “establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los estados, municipios y el Distrito Federal a corto, mediano y largo plazo” y en el punto VI el “formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico del territorio nacional”.

Asimismo, el artículo 3, fracción I del multicitado ordenamiento, define que son “actividades turísticas las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos”.

Dichos preceptos no solo protegen las diferentes modalidades del turismo, como también la gran diversidad sociocultural que se manifiesta entre regiones, etnias, poblaciones, etc., de nuestro país, sino además las potencia como un elemento preponderante en las políticas de desarrollo de México.

Por su parte el Programa Sectorial de Turismo que parte del Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Ejecutivo federal, permite a la Secretaría de Turismo conjuntar los resultados de una amplia consulta con actores relevantes del sector aportando elementos de diagnóstico y de acción. En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definen la actuación de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este sector, por lo que necesariamente las bases para la política y planeación de la actividad turística se ajustan al Programa Sectorial de Turismo con la finalidad de conducir el desarrollo turístico nacional, mismo que incluye al turismo cultural, mediante diversas actividades de planeación y ejecución, en un marco claro y definido que orienta el quehacer turístico nacional que involucra criterios de racionalidad, equidad, mejora, etc., para todo el sector turismo.

Ambos instrumentos buscan aumentar las inversiones, innovar, modernizar, ampliar e incrementar el nivel competitivo en el sector; además de proteger y difundir nuestro patrimonio cultural en todas y cada de sus manifestaciones.

Por lo que el adicionar la fracción I al artículo 4o. de la Ley General de Turismo y reformar el título tercero denominado De la Política y Planeación de la Actividad Turística para agregar un capítulo I designado De las Bases para la Política y Planeación de la Actividad Turística sería redundante.

Asimismo, mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el gobierno del Distrito Federal promovió  demanda  de  controversia  constitucional  en  contra  de  la aprobación y expedición del decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recayó el auto de admisión y aceptación a trámite.

En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, se estima de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de este órgano.

También es de especial importancia conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo.  Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se  propone establecer  dentro de  la Ley General de Turismo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura determinan:

Único. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez  Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda  Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz  Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta honorable asamblea, el presente dictamen a partir de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 25 de noviembre de 2010, por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Miguel Martínez Peñaloza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Turismo.

3. En sesión celebrada con fecha 15 de diciembre de 2010, por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de salud, presentada por los diputados Miguel Antonio Osuna Millán y Miguel Martínez Peñaloza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Turismo.

4. Con fecha 11 de noviembre de 2011, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, encargada del análisis y elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa presentada por los diputados Miguel Antonio Osuna Millán y Miguel Martínez Peñaloza, presentó ante el pleno el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 7, con una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden; y un Capítulo IV Bis, denominado “Del Turismo de la Salud”, que comprende los artículos 19 Bis y 19 Bis 1 de la Ley General de Turismo; mismo que fue aprobado, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con 318 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones; y aprobado en sus términos, el reservado artículo 19 Bis 1, con 322 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

5. En sesión celebrada con fecha 15 de noviembre de 2011, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite la Minuta con proyecto de decreto en dictamen.

6. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha minuta con proyecto de decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Primera.

7. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta con proyecto de decreto citada, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar dictamen.

8. El 17 de abril de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores devolvió a la Cámara de Diputados la Minuta desechándola por la colegisladora para efectos del inciso D) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. El 24 de abril mediante oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió oficio mediante cual se devolvía el dictamen proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de salud por parte del Senado de la República.

10. El 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Turismo el dictamen proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud.

Materia de la minuta

La minuta proyecto de decreto enviada por la colegisladora, de manera sucinta, tiene como finalidad:

• Definir al Turismo de Salud como la actividad turística generada por las personas que viajan para recibir servicios, tratamientos o intervenciones relacionadas con la salud, ya sea de tipo preventivo, curativo, de cuidados paliativos o rehabilitación.

• Adicionar un capítulo denominado “Del Turismo de la Salud”, con el objeto de que la Secretaría de Turismo, Sectur, impulse, fomente y apoye al Turismo de Salud en nuestro país, en coordinación con la Secretaría de Salud.

• Facultar a la Sectur para que en coordinación con las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, fomente la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y el pleno desarrollo del turismo médico.

• Concibe al turismo de salud como el término para describir la práctica, rápidamente creciente, de viajar fuera del lugar de residencia para someterse a atención profesional y o cuidado médico integral.

• Que mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el gobierno del Distrito Federal promovió demanda de controversia constitucional en contra de la aprobación y expedición del decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recayó el auto de admisión y aceptación a trámite.

• En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estimaron de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de éste órgano.

• La colegisladora consideró que si bien la expedición del Reglamento respectivo por parte del Ejecutivo federal no interrumpe los plazos legislativos, las comisiones estimaron de especial importancia conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo, por lo que estimó que de realizar una reforma como la propuesta en la minuta, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Consideración de la comisión

Esta Comisión de Turismo en uso de la facultad establecida en el artículo 72 inciso G) y de acuerdo con la Iniciativa que reforma una legislación, la cual actualmente está vigente, comparte los razonamientos jurídicos establecidos por la colegisladora en el sentido de esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia y a la publicación de la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo, ya que el realizar una reforma como las propuestas en la Minuta en comento, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se proponen establecer dentro de la Ley General de Turismo.

De lo expuesto, la Comisión de Turismo somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el presente

Dictamen

Antecedentes

En sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2011, la Cámara de Senadores remitió la minuta que contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo, a la Cámara de Diputados.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Turismo la minuta en comento para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El 15 de diciembre de 2011 se recibió de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados prórroga para la elaboración y aprobación correspondiente a la minuta que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

El 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, remite a la Comisión de Turismo copia del dictamen negativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

Materia de la minuta

Considera que el turismo ha tenido un óptimo progreso internacional, derivado de numerosos factores, tales como la globalización, el entendimiento y aceptación generalizada que existe en el mundo acerca de las bondades que impulsa la industria turística a nuestro país.

Proyectar el turismo desde la óptica sustentable implica, la interrelación de actores fundamentales como son el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades; sin embargo, estas relaciones intergubernamentales, que no implican sólo la interrelación de servidores públicos, deben estar presentes desde el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas encaminadas a impulsar y consolidar al ecoturismo como alternativa viable y sustentable. En este sentido, la responsabilidad de la política turística no sólo es de Ejecutivo federal, sino que implica a todos los actores involucrados y requiere de la generación de consensos para alcanzar sus metas y objetivos fundamentales.

Argumentaciones

En México cada vez es más común ver que las empresas dedicadas al sector turístico se encuentren realizando los cambios necesarios para poder impulsar la inversión en esa activad. Actualmente existe el Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en diversas actividades, sin embargo, dicho esquema no se ha extendido o adecuado al sector turístico, el cual representa una significativa influencia en los ámbitos económico y medio ambiental.

El pago por servicios ambientales, tiene como objetivo impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de apoyar la creación de mercados de estos servicios. Los pagos son instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental que beneficie a la sociedad como un todo.

La colegisladora pretende formular un esquema de pagos por servicios ambientales para que las regiones que se declaren como Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable con el objetivo de estimular a los proveedores de servicios turísticos a efectuar su actividad dentro de los marcos de sustentabilidad ambiental.

a) Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable:

• Son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el presidente de la República, a solicitud de la secretaría.

b) Esquemas de pagos por Servicios Ambientales:

• En materia ambiental el PSA es el monto asignado a los proveedores de servicios ambientales, para compensar los costos de oportunidad por dejar de hacer actividades que afectan la generación de los servicios ambientales, y que los compromete a realizar actividades para el mantenimiento y/o mejora de los servicios ambientales, de acuerdo a lo que convengan las partes.

• El esquema de PSA desarrollado hasta el momento en México, ha sido un esfuerzo realizado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Estos programas apoyan a comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos forestales.

• ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los proveedores y propietarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México.

• La Comisión Nacional Forestal es la institución responsable de llevar a cabo el programa ProÁrbol, bajo reglas de operación y a través de una convocatoria anual en la que se establecen los requisitos, plazos y procedimientos para la asignación y entrega de recursos a los beneficiarios.

• Por lo tanto, el PSA para servicios turísticos busca implementar la entrega de recursos a los proveedores de servicios turísticos para incentivarlos a realizar su actividad dentro de los marcos de sustentabilidad ambiental mediante las dependencias correspondientes.

De lo anterior se desprende efectivamente que la minuta pretende trasladar un esquema de pagos por servicios ambientales, pero dirigido a prestadores del sector turístico, lo cual desde cualquier lógica o perspectiva suena viable e interesante para el sector, sin embargo del análisis de la minuta no se desprende de dónde y a qué presupuesto afectaría la implementación del pago por servicios turísticos.

Por su parte el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece que las comisiones que analizan alguna iniciativa, al elaborar el dictamen respectivo, deberán realizar la valoración de impacto presupuestario de la misma, la cual no se acompaña en la iniciativa de reforma, ni tampoco en la minuta que remite el Senado de la República y esta comisión dictaminadora al hacer una evaluación simple del impacto presupuestario establece a todas luces que el mismo sí se generaría al aprobar dicha reforma, y no estaría esta misma comisión en condiciones de establecer de dónde se generarían los recursos para cubrir estos pagos por servicios turísticos.

El problema respecto de la minuta es que existe una laguna sobre las dependencias que otorgan el PSA, el monto relativo al mismo se otorgaría a los proveedores de servicios turísticos, así como su implementación, es decir no se establece una estrategia de implementación ni el impacto presupuestal requerido para el mismo, por lo que sería muy grave aprobar en sus términos la presente minuta, ya que se podría afectar presupuestos que previamente ya están establecidos en el Decreto de Presupuesto de la Federación para otros fines, por lo que no se considera técnica y jurídicamente viable la minuta aprobada por los Senadores.

Consideraciones de la comisión

En las argumentaciones de la colegisladora pretenden trasladar el esquema de pagos por servicios ambientales a cargo de la Comisión Nacional Forestal a prestadores del sector turístico, sin embargo no se establecen o definen los presupuestos afectados por su implementación.

El artículo 18 párrafo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con deducciones en otras previsiones de gasto”.

De igual manera el segundo párrafo del citado ordenamiento establece que “no procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o determinado por ley; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos”, esto en los términos del párrafo primero.

Asimismo, la minuta en comento no incluye la valoración del impacto presupuestario de la implementación de los pagos por servicios ambientales, a los proveedores de servicios ambientales, ni la evaluación de los costos de oportunidad.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora en uso de la facultad otorgada en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelve y desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Turismo somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

Segundo. Devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, presidente; Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renan Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco de Aquino, Jessica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Con relación al último punto, se devuelve al Senado para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

VALENTINA ROSENDO CANTU - INES FERNANDEZ ORTEGA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, tenemos dictámenes con puntos de acuerdo. Rogaría a la asamblea nos obsequie un debido cumplimiento del Reglamento para tramitar estos dictámenes con puntos de acuerdo; se puede fundamentar y luego un solo orador, si es que es en un solo sentido.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.  El día 25 de octubre de 2012, el diputado Marino Miranda Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, contenidas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

2.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo propuesto consiste en exhortar al Ejecutivo federal, a efecto de que

a) Retome las mesas de trabajo iniciadas e instalar aquéllas que no lo hayan sido, conforme al acuerdo relativo al plan de trabajo suscrito por las partes involucradas.

b) Cumpla a cabalidad, y antes de que concluya su administración, con la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con los casos Rosendo Cantú y otra vs. México y Fernández Ortega y otros vs. México.

c) Genera los mecanismos institucionales para garantizar el seguimiento del caso, así como el cumplimiento de los resolutivos que quedaron pendientes, por parte de la administración entrante.

d) Rinda un informe pormenorizado a las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento.

e) Haga del conocimiento público la información a que hace referencia el inciso anterior.

Consideraciones

Recientemente fue reformada nuestra Constitución Federal para colocar como tema central en el engranaje estatal a los derechos humanos. Esa reforma, considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación de nuestra Constitución, inauguró una nueva etapa en nuestro país en favor del reconocimiento y protección de los derechos inherentes al ser humano.

En este mismo sentido, el Estado mexicano ha dado muestra de su compromiso por garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tal cual lo refleja la reforma en comento, los criterios de nuestro máximo tribunal por cuanto hace al control de convencionalidad y el cumplimiento progresivo que de las observaciones, recomendaciones y/o sentencias de organismos internacionales ha venido realizando el Estado.

Si bien es cierto existen aún muchos retos y obstáculos por superar pero el Estado, a través de sus diversos órganos, ha dado ya los primeros pasos en esta materia de la mayor importancia. Uno de los temas aún pendientes y que esta Comisión de Derechos Humanos considera apremiante es el referente al del acceso a la justicia de los pueblos originarios de nuestro país.

Tal como lo comenta el diputado Marino Miranda Salgado, los miembros de los pueblos y comunidades indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como de aquellos que, expresamente, les confiere la Constitución.

Del mismo modo, ha sido considerado así por el actual relator especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quién señala que “en el mundo contemporáneo, los pueblos indígenas viven generalmente bajo condiciones de gran desventaja comparativa dentro de los Estados que fueron construidos en torno a ellos. Los fenómenos históricos motivados por la discriminación racial no son meras injusticias del pasado, sino que se traducen en desigualdades presentes. Los pueblos indígenas se han visto privados de vastas extensiones de tierras y del acceso a los recursos necesarios para la subsistencia, y han padecido el efecto de las fuerzas que históricamente han procurado hacer desaparecer sus instituciones políticas y culturales. Como consecuencia, los pueblos indígenas han sido discriminados en términos económicos y sociales, su cohesión como comunidades se ha visto quebrantada o amenazada y la integridad de sus culturas ha sido socavada. Tanto en los Estados industrializados como en los países en vías de desarrollo, los sectores indígenas se encuentran, casi invariablemente, en el último escalón de la escala socioeconómica y existen al margen del poder.”

En el mismo sentido, el relator anterior, Rodolfo Stavenhaven señaló que “los pueblos indígenas se cuentan entre los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Suelen ser víctimas de distintas formas de discriminación y de la negación de sus derechos básicos”.

Es fácil advertir que los pueblos indígenas y los indígenas individualmente considerados son sectores de una gran vulnerabilidad y frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos humanos más elementales. El caso que el diputado proponente trae a colación en su Proposición con Punto de Acuerdo es precisamente el de Valentina Rosenda Cantú e Inés Fernández Ortega, ambas indígenas me´phaa (tlapanecas) del Estado de Guerrero sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante sentencia de 31 de agosto de 2010 responsabilizando al Estado mexicano de diversas violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En esta sentencia, la Corte Interamericana encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal; la dignidad; la vida privada; las garantías judiciales y la protección judicial; los derechos del niño, así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia.

En este sentido, se ordenó al Estado mexicano a

• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativas.

• Reformar la legislación federal y militar, a fin de que se establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.

• Pagar una indemnización económica por daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.

• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.

• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.

• Otorgar recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria destinada a la promoción y educación sobre derechos de las mujeres

• Otras de carácter normativo y administrativo.

Ahora bien, en lo que hace a nuestro derecho interno, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son soft law, recomendaciones potestativas u otra forma jurídica alternativa que carezca de carácter vinculante para el Estado mexicano. Las Sentencias de la Corte Interamericana en las que México sea parte son obligatorias para todos los servidores públicos en todos los niveles y, por tanto, deben de ser cumplidas a cabalidad. Así ha sido reconocido por nuestro Máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede constatar en las siguientes tesis:

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio. El Estado mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.

Pleno

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la posibilidad de revisar si se configura alguna de las excepciones del Estado mexicano al reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de aquélla, o alguna de las reservas o declaraciones interpretativas formuladas por el Estado mexicano; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXV/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Del mismo modo, se constata en la siguiente tesis:

Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad.De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Pleno

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.”

Basten los anteriores argumentos para demostrar la obligatoriedad de las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el estado mexicano sea parte.

En lo que hace al fondo de la proposición con punto de acuerdo es menester determinar el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Al respecto, cabe señalar el proceso que se ha seguido desde que se emitió la señalada sentencia.

1 de octubre de 2010: El Estado mexicano es notificado sobre las sentencias de la Corte Interamericana.

25 de octubre de 2010: Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, junto con sus representantes, entregaron al Estado mexicano, a través de la Segob un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implementación de las reparaciones emitidas por el Tribunal. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes temáticos: (i) Justicia, (ii) Reconocimiento de responsabilidad, (iii) Educación y atención médica, (iv) Indemnización, (v) Capacitación, (vi) Reformas legislativas; y (vii) Políticas públicas y reparaciones comunitarias, con la finalidad de lograr una implementación coordinada de los resolutivos.

29 de diciembre de 2010: El Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la Corte Interamericana una interpretación de las sentencias, en virtud de que “la Procuraduría (PGR) quiso dejar claras algunas determinaciones de la Corte que fueron muy generales”.

Reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, se estaba en el proceso de contacto con las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y del estado de Guerrero, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.

8 de febrero de 2011: La Segob canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.

15 de marzo de 2011: Tras 5 meses de retraso, en la Segob se llevó a cabo un acto protocolario para suscribir el acuerdo relativo al plan de trabajo e iniciar la instalación de las mesas. En este acto estuvieron presentes representantes de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de Presidencia. Todos como representantes del Estado mexicano se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implementar las reparaciones ordenadas por Tribunal Interamericano.

30 de agosto de 2011: A pesar de que se han instalado las mesas de trabajo relativas a los ejes temáticos justicia, y educación y salud, los avances registrados no son sustantivos. El gobierno federal, en la práctica, se niega a dar cumplimiento del plan de trabajo suscrito.

Inés Fernández, Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan iniciaron la campaña “Cumplir las sentencias para romper el muro de la impunidad”, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad nacional e internacional, con el objeto de demandar al Estado mexicano, a que de conformidad con lo acordado, se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables de las violaciones sexuales de las que Inés y Valentina fueron víctimas.

12 de julio de 2011: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia emitida en 2009 por el caso Rosendo Radilla, relativa a la restricción del fuero militar. El decreto de la Corte implica que las investigaciones de violaciones de los derechos humanos que están ahora en el fuero militar sean remitidas al fuero civil.

20 de septiembre de 2011: La PGR atrae el caso de Valentina Rosendo Cantú y designa a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para atender esta obligación internacional. Asimismo, informa que ha conformado un equipo multidisciplinario para que llevara a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales.

16 de noviembre de 2011: El Estado mexicano entregó a los señores Inés Fernández Ortega, Fortunato Prisciliano Sierra y Noemí Prisciliano Fernández, el monto de las reparaciones señaladas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana.

15 de diciembre de 2011: El Estado mexicano, a través de la Procuradora General de la República Marisela Morales, reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hace un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú y ofrece una disculpa pública.

6 de marzo de 2012: Se lleva a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano frente a Inés Fernández Ortega, en el zócalo de Ayutla de los Libres, Guerrero. El evento estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, quien reconoció que Inés sufrió violaciones a sus derechos y fue doblemente victimizada por la negligencia y discriminación que vivió. También estuvo presente la procuradora Marisela Morales, quien anunció la atracción del caso por parte de la PGR, a cargo de la Fevimtra.

31 de agosto de 2012: A pesar de algunos avances en temas como el reconocimiento de responsabilidad internacional y el traslado de las investigaciones a la jurisdicción civil, existe un preocupante rezago en las medidas dictadas por la Corte Interamericana.

En este contexto, el pasado 01 octubre se cumplieron dos años de que la Corte Interamericana notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos de los derechos humanos de las indígenas guerrerenses. Desde entonces, a pesar de que la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte, aún existen aspectos en los que los avances no son los esperados y que impiden dar cumplimiento de manera pronta y cabal a la sentencia. Por si fuera poco, los puntos en los que aún no se ha dado pleno cumplimiento corresponden a los aspectos medulares de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, entre esos puntos incumplidos se encuentran los siguientes:

A la fecha, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello. Lo anterior significa que la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.

El análisis de la actuación y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por Valentina Rosendo Cantú y por Inés Fernández, no ha registrado los avances esperados. Aunado a lo anterior, en el caso de la señora Valentina, la Corte también ordenó una investigación respecto al médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades, sin embargo, de acuerdo con las víctimas, tampoco se conoce de la apertura de algún expediente administrativo.

Ante el próximo cambio de titular del Poder Ejecutivo federal y dada la trascendencia que las sentencias tienen con respecto a nuestro país esta Comisión considera que dicho cambio no exime de su cumplimiento, por lo que es pertinente hacer saber al presidente en funciones que no han sido cumplidos a cabalidad los puntos contenidos en las citadas sentencias.

En este sentido y en el ánimo de seguir avanzando en la protección de los derechos humanos de todas y todos, tal como lo ha constatado en anteriores ocasiones este órgano legislativo, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Dado que el cambio del titular en el Poder Ejecutivo federal no exime al Estado mexicano de su responsabilidad internacional, se le hace saber a éste, que con motivo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, la anterior administración cumplió parcialmente con los puntos resolutivos contenidos en dicho fallo.

Tan es así, que se interrumpieron las mesas de trabajo sin que se instalaran otras, faltando a lo acordado en el plan de trabajo suscrito en aquel entonces por ambas partes. De igual forma, no se ha dictado sentencia condenatoria alguna a los responsables, ni se ha cumplido plenamente con las medidas de reparación y garantías de no repetición.

En este sentido, y conforme a su compromiso asumido para devolver la paz y la libertad a todos los mexicanos, a través de replantear la estrategia nacional de seguridad con el irrestricto respeto a los derechos humanos, se le exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por los medios que considere convenientes dé cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

Nota:

1 Anaya, James . Los pueblos indígenas en el derecho internacional. Trad. De Luís Rodríguez Piñero Royo en colaboración con Pablo Ortiz Gutiérrez Vega y Bartolomé Clavero. Ed. Trotta. Madrid, 2005. Pág. 25. Del mismo modo, el Relator anterior, Rodolfo Stavenhaven señaló que: “los pueblos indígenas se cuentan entre los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Suelen ser víctimas de distintas formas de discriminación y de la negación de sus derechos básicos. Han sido históricamente desposeídos de sus tierras y recursos, lenguas, culturas y formas de gobierno, y con frecuencia excluidos del acceso a los servicios sociales básicos (educación, salud y alimentación, agua, salubridad, alojamiento, etcétera.” Informe anual a la Comisión de Derechos Humanos. “Los derechos humanos y las cuestiones indígenas”. Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhaven. E/CN.2005/88, 6 de enero de 2005.

2 Comisión de Derechos Humanos. Informe anual a la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos y las cuestiones indígenas. Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhaven. E/CN.2005/88, 6 de enero de 2005. Consultado en la Página Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 20/11/12. Disponible en:

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/repor ts.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, si ustedes no tienen inconveniente y nadie lo tiene en cumplir el Reglamento, le vamos a dar el uso de la palabra a doña Loretta Ortiz Ahlf, para fundamentar el dictamen que tiene que ver con el cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Valentina Rosendo, y luego si la asamblea me lo permite y no hay una petición expresa y no hay una manifestación de voluntad de la asamblea, le daremos el uso de la voz a otra apreciable dama, compañera diputada, y votamos. Doña Loretta, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Gracias, señor presidente. Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente en el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición contenidas en las sentencias dictadas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, es favorable por todos los que integran la comisión.

Este exhorto al Ejecutivo federal se da en razón de que precisamente el que goza de la subjetividad jurídico internacional y representa al Estado mexicano es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo federal. Las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sentencias que responsabilizan al Estado mexicano; por tanto, el que debe de velar por su cumplimiento es el Ejecutivo.

La fundamentación para hacer este exhorto la podemos manifestar en el siguiente sentido. Se dictó la sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto del 2010; en esta sentencia la Corte Interamericana encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad, la vida privada, las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos del niño, así como de incumplir con la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, tanto de Valentina Rosendo Cantú como de Inés Fernández Ortega.

La Corte Interamericana señaló todo un programa para dar cumplimiento a esta sentencia; sin embargo, las mesas de conversación para dar cumplimiento a la sentencia se encuentran suspendidas. La sentencia ordenó investigar los hechos, y los principales puntos resolutivos de la sentencia no se han cumplido.

Dentro de ellos están: investigar los hechos en el fuero ordinario e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de la violación sexual, así como iniciar acciones disciplinarias administrativas o penales a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigatorias.

Segundo. Reformar la legislación federal y militar —situación que no se ha cumplido— con el fin de que se establezca de manera clara y precisa, sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse en cualquier supuesto de conocer sobre las violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstas se encuentran o no en servicio activo.

A pesar de que ya tenemos avances de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una última sentencia, hace falta —para dar cumplimiento a esta sentencia de la Corte Interamericana— precisamente que se hagan las reformas en este tenor.

Pagar una indemnización económica por el daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de los costes y gastos, y brindarles tratamiento médico y sicológico y otorgarles becas de estudios en instituciones públicas, hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.

Además, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Éste es otro factor que subraya este caso, que las dos violadas son indígenas.

En base a esta sentencia es precisamente que se hace esta solicitud de exhorto. El pasado primero de octubre se cumplieron ya dos años de que la Corte Interamericana notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las indígenas guerrerenses a los que me referí.

Desde entonces, a pesar de que se ha insistido en darle cumplimiento a esta sentencia y la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte, no se ha visto muy clara su actuación para cumplir con estos compromisos.

Por si fuera poco, los puntos en los que aún no se ha dado pleno cumplimiento corresponden a los aspectos medulares de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En razón de esta fundamentación se propone el acuerdo, en virtud del cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal y en razón de que no se exime de la responsabilidad internacional al Estado mexicano hasta en tanto no cumpla en su totalidad con la sentencia de la Corte Interamericana, a que dé cumplimiento cabal a la sentencia de dicha Corte, en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en razón de que la anterior administración cumplió parcialmente con los puntos resolutivos contenidos en dicha sentencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Esther Garza, tiene el uso de la voz.

La diputada María Esther Garza Moreno:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, recientemente fue reformada nuestra Constitución federal para colocar como tema central de todo el engranaje estatal a los derechos humanos. Esta reforma, considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación misma de nuestra vigente Constitución, vino a inaugurar una nueva etapa en nuestro país.

En este mismo sentido, nuestro Estado ha dado muestras de su compromiso por garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tal cual lo refleja la reforma en comento.

Los criterios de nuestro máximo tribunal en lo que hace al control de convencionalidad y el cumplimiento progresivo que de las observaciones, recomendaciones y/o sentencias de organismos internacionales ha venido realizando el Estado.

Si bien es cierto, existen aún muchos retos y obstáculos por superar, pero el Estado a través de sus diversos órganos ha dado ya los primeros pasos en esta materia de la mayor importancia.

Uno de los temas aún pendientes y que debería de llenarnos de vergüenza a todos, es el del acceso a la justicia de los pueblos indígenas de nuestro país. Una situación por demás crítica y que es por todo sabida.

Es fácil advertir que los pueblos indígenas y los indígenas individualmente considerados son sectores de una gran vulnerabilidad y frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos humanos más elementales.

El caso que subyace al presente dictamen es precisamente el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas indígenas del estado de Guerrero, sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante sentencia de 30 y 31 de agosto del 2010, responsabilizando al Estado mexicano de diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta sentencia, la Corte Interamericana encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial; los derechos del niño, así como de incumplir la obligación de garantizar sin discriminación de derecho de acceso a la justicia.

Al Estado mexicano se le ordenó en consecuencia una serie de medidas a emprender para reparar los daños ocasionados a las víctimas, garantizar medidas de no repetición y hacer justicia en estos lamentables eventos. Esta obligación hecha al Estado mexicano es per sé obligatoria, en virtud del reconocimiento que de la jurisdicción de la Corte Interamericana ha hecho México, junto con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La anterior administración en el gobierno federal cumplió parcialmente con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, los ejes centrales en los que debía haber hecho hincapié permanecieron sin hacerse efectivos, tales como la ausencia de un solo condenado por los acontecimientos perpetrados, la dilación en extremo de las investigaciones y la reparación parcial de los daños ocasionados a las víctimas.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respalda el presente dictamen que viene a dar continuidad a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, y que la anterior administración se mostró incapaz de cumplir.

En un espíritu de diálogo, respeto y colaboración, como lo ha mostrado en sus primeros días de administración, así como en concordancia con su compromiso asumido para devolver la paz y la libertad a todos los mexicanos, confiamos en que el Ejecutivo federal sabrá tomar las medidas adecuadas en el presente asunto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia instruye a la Secretaría para pedirle a la asamblea su autorización, con el objeto de permitir el uso de la palabra a don Marino Miranda Salgado y a don Francisco Coronato  Rodríguez.

Esto lo hacemos porque el Reglamento es muy claro y acabamos de agotar el procedimiento, pero espero que la asamblea nos permita esa deferencia.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se le autoriza la participación de los diputados mencionados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene don Marino Miranda Salgado el uso de la voz.

El diputado Marino Miranda Salgado:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, únicamente para resaltar la importancia del punto de acuerdo que estamos por votar, relativo al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de dos mujeres indígenas del estado de Guerrero, quienes como representantes indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad, que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, que se acentúa en los casos de presencia castrense en sus comunidades.

Los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, destacan por la serie de atropellos y vejaciones de que han sido objeto, al ser doblemente victimadas por la negligencia y discriminación que vivieron.

Es así, que a más de dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos derechos humanos de las indígenas guerrerenses, las medidas reparatorias no han sido cabalmente cumplidas, por lo que debemos asegurar los mecanismos institucionales que garanticen su continuidad en esta nueva administración, así como hacer del conocimiento de los agraviados y de la ciudadanía en general, de los avances registrados en las medidas de reparación, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento.

Esto, compañeras y compañeros, es una cuestión fundamental para el Estado mexicano, para las mujeres indígenas, que así como ocurrió con Valentina y con Inés, está y ha ocurrido con muchas mujeres que se encuentran y que viven en zonas marginadas, y que el Ejército mexicano, haciendo uso de su autoridad, viola los derechos humanos de las mujeres de las distintas regiones del país.

Felicito a la Comisión de Derechos Humanos por el dictamen emitido, y a las dos diputadas participantes también, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Francisco Coronato Rodríguez.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, mi deseo es argumentar este exhorto, ya que el tema para Movimiento Ciudadano es de la mayor importancia.

Como se ha señalado aquí, el pasado primero de octubre de 2012 se cumplieron dos años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificara las sentencias a las partes de los casos de Inés Fernández Ortega y otros, versus México y Valentina Rosendo Cantú y otra versus México.

Sentencias que contienen 17 y 16 medidas de reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

En dichos fallos, la Corte Interamericana determinó que en diferentes circunstancias, durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años, respectivamente, ambas mujeres habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad, la discriminación y lo que el tribunal denominó: violencia institucional castrense.

Asimismo determinó que el Estado mexicano era internacionalmente responsable por las violaciones a los derechos cometidos en contra de ellas, a una vida libre de violencia, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, al debido proceso y las garantías judiciales y a no ser torturadas.

También determinó que México incumplió la obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

Como eje argumentativo común a ambos casos mencionados, la Corte declaró que México violó la Convención Americana de Derechos Humanos, al extender la competencia de la jurisdicción militar a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense.

Lamentablemente, como consecuencia de la administración anterior, las condiciones de desigualdad y de pobreza y la prevalencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de grupos doblemente vulnerables, como son nuestras mujeres indígenas, no se dieron; por el contrario, en el contexto de la guerra o lucha contra el narcotráfico, se endurecieron aún más las visiones reaccionarias y las medidas marciales y punitivas del Estado, lo que ha potenciado aun más los factores que propician violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos.

Así las cosas, no resulta extraño que se haya postergado el cumplimiento irrestricto y expedito de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana.

Es por ello que el punto de acuerdo que hoy nos ocupa resulta totalmente pertinente. El inicio de la presente administración debe estar encaminado por la consolidación de una legitimidad sustancial, basada en la indefectible obligación del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar el pleno y efectivo cumplimiento de los derechos humanos de los gobernados, siendo su obligación y deber hacerlo.

Del mismo modo, dicha legitimidad sustancial debe fundamentarse en la ineludible obligación de reparar los daños, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar las medidas de todo tipo para garantizar que no vuelvan a suscitarse violaciones a los derechos humanos.

Culmino, señor presidente, señalando que la Corte Interamericana concedió un plazo perentorio de un año para dar cumplimiento a las medidas de reparación contenidas en su sentencia; sin embargo, las autoridades mexicanas solo han cumplido parcialmente con esta obligación.

Por todo ello, la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votará a favor de este acuerdo. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones del presidente, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

USUARIOS DE CREDITOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar –por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 68, 157, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 25 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativa al apoyo de usuarios de créditos con adeudos.

II. En la misma fecha, 25 de octubre de 2012, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para estudio y dictamen.

III. Con fecha 5 de diciembre de 2012 se presentó al pleno de la Comisión de Economía el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

Consideraciones

1. La finalidad del punto de acuerdo materia del presente dictamen es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a coordinar esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Asimismo, a efecto de que se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al procurador federal del Consumidor (Profeco) y a las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera y, en general, a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.

2. El diputado Ricardo Mejía Berdeja sostiene como algunos de los principales argumentos en la exposición de motivos los siguientes:

El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.

Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, ha diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir los compromisos de pago.

El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.

El monto de pagos vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.

Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.

A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.

La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del Banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.

En mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.

Lo anterior golpea a los mexicanos, pues muchas instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera contra los deudores morosos, que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido hasta amenazas de registro de malas notas en el buró de crédito (SIF), como el buró de crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.

Por tanto, hace falta implantar programas y mecanismos adecuados para el rescate y la restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados de las implicaciones y los riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo, a fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.

3. La naturaleza de los deudores descritos en la exposición de motivos son familias y personas principalmente con adeudos de tarjetas de crédito y préstamos personales. De la lectura de la exposición no se desprende el involucramiento de unidades económicas productivas.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público posee mayores atribuciones y condiciones que la de Economía para coordinar programas o mecanismos de apoyo con las instituciones de crédito involucradas. Lo anterior, dado que

5. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 31, numeral VII, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el despacho de

Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.

Y en el artículo 34, numeral VIII, a la Secretaría de Economía:

Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.

6. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 20, faculta a la Profeco, organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, para “promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.

7. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en el artículo 4, encomienda a la Condusef el objetivo prioritario de “procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas”.

8. Desde noviembre de 2006, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) firmó con la Condusef un acuerdo para evitar las malas prácticas de cobranza, como el acoso, la intimidación y el engaño. El acuerdo fue ratificado por las partes en 2008 y 2010.

9. La Profeco firmó también con la Apcob un convenio de colaboración contra las prácticas indebidas de cobranza. Dicho convenio fue firmado por las partes y entró en vigencia el 18 de noviembre de 2010, donde también se busca contribuir al desarrollo de una cultura de pago en la población y generar mejores condiciones en el proceso de cobranza.

10. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados reconocen la importancia de buscar soluciones a los conflictos que atenten contra el bienestar de los actores sociales y del riesgo financiero que implica la existencia de adeudos en moratoria de pago. A la luz de lo anterior, se consideran viables los exhortos realizados, con algunas precisiones.

Así, los integrantes de la Comisión de Economía someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a coordinar esfuerzos, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las instituciones bancarias para valorar la realización y promoción de programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Segundo. Se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al procurador federal del Consumidor a redoblar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos vigentes por los integrantes de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos respecto a las prácticas de cobranza ajustadas a la ética.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En el dictamen que tiene que ver con la coordinación de esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas a favor de los usuarios de créditos con adeudos, tiene el uso de la voz don Joaquín Caballero, e inmediatamente después don Juan Ignacio Samperio Montaño, y votamos.

El diputado Joaquín Caballero Rosiñol: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, y con el permiso de la honorable asamblea, sometemos a la consideración de esta soberanía este punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar, con la Secretaría de Economía, esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas a favor de los usuarios de créditos con adeudos.

A la Comisión de Economía de esta LXII Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas a favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de esta Cámara, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen en sentido positivo.

El 25 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante de esta misma Legislatura, presentó un punto de acuerdo en el mismo sentido, en la misma fecha, en octubre de este año.

Fue turnado este punto de acuerdo por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados a la Comisión de Economía para su estudio y su dictamen, y con esta fecha presentamos a este pleno el proyecto de dictamen para que se pueda votar en el sentido positivo este punto de acuerdo del exhorto respetuoso.

La finalidad del punto de acuerdo es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, para que coordine esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas a favor de los usuarios con adeudos.

Asimismo, para que se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), autoridades locales en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera y a los abusos cometidos en contra de los usuarios, pequeños usuarios de créditos con adeudos en apoyo a las personas más necesitadas, como es nuestra obligación en esta Cámara de Diputados.

Por lo tanto, sometemos el presente acuerdo:

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinen esfuerzos para que las instituciones bancarias realicen la valoración y promoción de programas a favor de usuarios de créditos con adeudos.

Segundo. Se exhorte al presidente de la Condusef y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que redoblen esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos vigentes.

Es cuanto, señor presidente; esperamos la colaboración y el obsequio favorable de esta honorable asamblea. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Seguramente lo tendrá. No esperará mucho para saberlo. Don Juan Ignacio Samperio Montaño.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. Uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía en nuestro país es la existencia de los monopolios debido a que no existe competencia y estos son los únicos proveedores de bienes o de servicios que pueden establecer precios artificiales excesivamente altos, con la seguridad de que los consumidores aun así tendrán que adquirir los productos.

En nuestro país tres bancos acaparan el 61.4 por ciento del mercado; las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento; la telefonía fija tiene el 81.4 por ciento; la telefonía móvil el 74 por ciento; el comercio al menudeo el 54 por ciento; la producción del cemento lo acapara el 49 por ciento; la industria cervecera el 62 por ciento, y la harina de maíz industrializada la tienen acaparada en un 93 por ciento.

El caso particular de la banca resulta de suma importancia, debido al lento crecimiento que tenemos en nuestra economía y los sueldos bajos; es por lo que tiene la mayoría de la población y hace que los mexicanos vean al crédito como un sustituto del ingreso y no como un complemento a su economía.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 52 millones de pobres; es decir, el 46.2 por ciento de la población, esto fue en el Censo de 2010.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que los trabajadores ocupados tienen un ingreso nominal de 5 mil 528 pesos. Esto fue durante el tercer trimestre de este año, lo que equivale a una caída real anual del 1.2 por ciento.

Como resultado de estas estadísticas, tenemos que la cartera vencida presentó un incremento del 25 por ciento en el primer trimestre de este año sobre el monto de los créditos en moratoria registrados, comparados en ese mismo periodo en el año de 2011.

Es así que según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los pasivos por este concepto ascienden a 61 mil millones de pesos, teniendo un 2.45 por ciento de préstamos e intereses que no han sido pagados en los términos convenidos en los contratos.

Es por lo anteriormente expuesto, que estamos de acuerdo con que se exhorte al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a coordinar esfuerzos con las instituciones bancarias para valorar la realización y promoción de programas en favor de los clientes en dicha situación.

Además de esto, es momento de exigirles a los bancos, a través de las facultades otorgadas al Banco de México, la reducción de las tasas de interés que ofrecen, las cuales se ubican como las más altas y las más caras en América, con niveles entre 32 y 66 por ciento, a diferencia de Chile, donde las tasas de ubican entre el 47 y 53 por ciento; en Colombia varían entre el 28 y 36 por ciento; en Perú van del 24 al 60 por ciento; en Venezuela, del 33 por ciento, y en Canadá, del 18 al 20 por ciento. En Estados Unidos de América, en un rango que oscila entre el 8 y el 16 por ciento.

Señoras y señores diputados, mientras se permita conservar el poder monopólico a los bancos, estos seguirán lucrando con condiciones de crédito indignantes para el consumidor, sin importar la cantidad y calidad de los programas a favor de los usuarios; si las políticas no son integrales, el impacto a los ciudadanos seguirá siendo nulo y esto ya no debemos de permitirlo.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

REGION SUR-SURESTE

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a proponer un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proponer un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste.

Esta  Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha veinte de septiembre de dos mil doce, la diputada Eva Diego Cruz, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativa a la creación de un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste del país.

II. En la misma fecha, veinte de septiembre de dos mil doce, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.

III. Con fecha cinco de diciembre de dos mil doce, se presentó al pleno de la Comisión de Economía, el proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

Consideraciones

1. El objetivo del punto de acuerdo, materia del presente dictamen, es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que proponga un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste que contemple el impulso de la infraestructura y la formación de capital humano capacitado para las exigencias del mercado y del desarrollo del entorno productivo.

Asimismo, para que se haga efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de los diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, y puedan ser incluidas dentro del plan nacional y los programas de desarrollo.

2. La diputada Eva Diego Cruz sostiene entre sus principales consideraciones las siguientes:

El desarrollo económico y social alcanzado por México muestra grandes disparidades entre sus regiones. Dichas disparidades han sido fomentadas principalmente por una aplicación de políticas públicas discriminatorias.

La región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país.

Con el tiempo las brechas económicas entre el sur-sureste y el resto del país se han ampliado, siendo aún más evidentes si se descuentan los efectos económicos positivos de las actividades petroleras de la región. Es innegable que el origen de los problemas económicos y sociales de la región son estructurales y no producto de una situación de coyuntura.

En el sur-sureste de nuestro país no se ha aplicado una adecuada planeación que tome en cuenta sus potencialidades y el conjunto de actores locales susceptibles a intervenir en su desarrollo. El desarrollo es fruto de la participación activa de los agentes locales; es resultado del esfuerzo de una sociedad, de los actores de un territorio.

Los desequilibrios regionales están directamente ligados a los niveles de competitividad. Es indudable que los niveles de pobreza y marginalidad afectan de manera negativa a la competitividad de los estados y regiones. Las regiones con los mayores rezagos económicos deben alcanzar un nivel de desarrollo en educación, salud, e infraestructura para atraer elevados flujos de inversión extranjera.

Los estados más competitivos son aquellos mejor comunicados al principal mercado de exportación (de ahí la importancia de construir una red carretera eficiente), así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, capital humano e institucional.

Es apremiante vincular a las regiones marginadas con zonas desarrolladas aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas al proceso de desarrollo mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

Sabemos que una mayor inversión para el desarrollo de la infraestructura física, la formación de capital humano y el desarrollo del entorno productivo, permite una mayor convergencia entre las regiones.

3. Como se señala en la propia exposición de motivos los artículos 25 y 26 constitucionales establecen entre otras disposiciones lo siguiente:

Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad proteja esta Constitución...

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuya con el desarrollo de la nación.

Artículo 26. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...

La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan nacional y los programas de desarrollo.

4. El Poder Ejecutivo se encuentra actualmente comenzando su periodo de gestión 2012-2018, por lo que está en proceso de elaboración el Plan Nacional de Desarrollo para cuyo diseño y aprobación cuenta con seis meses a partir del inicio de la administración. Sobre esto la Ley de Planeación establece en el artículo 21, que

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República (...)

5. El nuevo titular del Poder Ejecutivo federal ha instruido públicamente, durante su mensaje a la nación con motivo de la toma de protesta del gabinete, el día primero de diciembre de 2012, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, entre otras, se realicen  inversiones de infraestructura en la zona sur del país para conectarla e incorporarla a la economía global (octava decisión).

6. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito el día dos de diciembre de 2012, por los presidentes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubica el Compromiso 67, con la acción 2.9 que se refiere a aplicar una estrategia nacional para el desarrollo del sur-sureste.

En el Pacto se asume que “los estados del sur-sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo humano, por ello es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global”.

En las acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste,se incluirán:

“...la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sursureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión.”

En este mismo sentido, el acuerdo contempla periodos para el cumplimiento de los acuerdos contemplados, para el caso del 67 y su acción 2.9, se fijó el inicio para el primer semestre del 2013 y su finalización durante el segundo semestre del 2018.

Se destaca que la implementación completa de dicha acción aparece como sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria.

7. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados entienden la importancia de promover un desarrollo regional equilibrado que responda a las necesidades y demandas de sus habitantes, de los cuales deben ser rescatadas y consideradas sus propuestas y comentarios en el diseño de las acciones como parte del sistema de gobernanza democrático planteado en la Ley de Planeación.

Es así que los diputados integrantes de la Comisión de Economía someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a complementar sus acciones comprometidas públicamente el día dos de diciembre de 2012 y en el Pacto por México relacionadas con la región sur-sureste, con medidas que refuercen y pongan énfasis en la formación de capital humano capacitado para las exigencias del mercado y para desarrollar el entorno productivo de la región, así como para que dichas acciones se implementen también en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a hacer efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de los diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, y puedan ser incluidas dentro del plan nacional y los programas de desarrollo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Graciela Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo proponer un programa especial para el desarrollo de la región Sur-sureste. En el uso de la voz, el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, hasta por tres minutos.

El diputado Mario Rafael Méndez Martínez:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde nuestro grupo parlamentario impulsaremos el dictamen de la Comisión de Economía, que implica atender la crisis económica y social sobre los problemas de desarrollo con equidad en la región sur-sureste del país y proyecta atender los aspectos fundamentales que permita impulsar el bienestar de los mexicanos, la rentabilidad del Estado en la rectoría de la economía. Y frente a la desi-gualdad en rendición del ingreso, aplicar una política que consolide los derechos sociales mediante la producción y el desarrollo regional.

La región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestran un serio rezago en desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país.

Por este tiempo, las brechas económicas entre el sur-sureste y el resto del país se han ampliado, siendo aún más evidentes si se descuentan los efectos económicos positivos de las actividades petroleras de la región.

Es innegable que el origen de los problemas económicos y sociales de la región son estructurales y no producto de una situación de coyuntura; los estados más competitivos son aquellos mejor comunicados al principal mercado de la exportación. De ahí la importancia de construir una red carretera eficiente, así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, capital humano e institucional.

Es apremiante vincular las regiones marginadas, zonas de-sarrolladas, aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas al proceso de desarrollo mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

Sabemos que una mayor inversión para el desarrollo de la infraestructura física, la formación de capital humano y el desarrollo del entorno productivo, permite una mayor convergencia entre regiones; comprendemos que la gravedad de la crisis y el contexto de la incertidumbre desalienten la equidad social que prevalece en los amplios sectores de la sociedad.

Hemos escuchado a los trabajadores, a los empresarios y a las familias expresar su preocupación ante la crisis. Esta realidad nos exige tomar medidas urgentes, responsables y eficaces.

Estamos ante una coyuntura que nos reclama encontrar las coincidencias para construir un gran acuerdo y rescatar a la nación.

Demandamos definir los lineamientos de una política que corrija el rumbo del país, que siente las bases de un proyecto de desarrollo más justo e incluyente. Hoy necesitamos dirigir nuestros esfuerzos a los cambios estructurales a largo plazo que necesita la región sur-sureste del país, pues ahí radica la clave para reincorporarnos al desarrollo económico.

Debemos construir un nuevo modelo que ponga énfasis en la equidad y en el crecimiento sustentable. Millones de mexicanos esperan acciones que alivien esta situación; políticas públicas de largo plazo que reactiven el crecimiento con equidad y justicia.

El objetivo de este punto de acuerdo, materia del presente dictamen, es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que proponga un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste que contemple el impulso de la agricultura y la formación de capital humano capacitado para la exigencia del mercado, del desarrollo y entorno productivo. Asimismo, que se haga efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas y puedan ser incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Quiero decirles que en la Comisión de Economía, con la responsabilidad que nos da el analizar esta iniciativa, votamos de manera unánime positivamente, y espero y le pido al pleno que contemplen y piensen que en el sur-sureste también pagamos impuestos y somos parte del país; por lo tanto, les pido que votemos conscientemente de manera positiva este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz la diputada Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

La diputada Eva Diego Cruz:Gracias, señora presidenta. Con el permiso de mis compañeras diputadas, compañeros diputados. Decirles que en los primeros días de septiembre, después de la toma de protesta, su servidora presentó este punto de acuerdo y fue aprobado. Me congratulo, porque los integrantes de la Comisión de Economía lo aprobaron de forma unánime.

Se trata del tema sur-sureste; se ha hablado muchas veces en esta tribuna de que el desarrollo del norte y del centro no corresponden con el desarrollo que tenemos los estados del sur-sureste; se ha hablado de impulsar iniciativas de ley; hemos presentado puntos de acuerdo; se han presentado presupuestos, con la finalidad de apoyar al sur-sureste de México. Sabemos que el sur-sureste ha sido de las regiones más abandonadas, de los estados más pobres.

Quiero decirles que en el punto de acuerdo que presenté exhortaba al Ejecutivo federal para proponer un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste, que contemple el impulso de la infraestructura y la formación del capital humano, capacitado para las exigencias del mercado y el desarrollo del entorno productivo.

También donde se exhorta al Ejecutivo federal para que haga efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de los diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, y puedan ser incluidas dentro del plan nacional y los programas de desarrollo.

Sin duda, todas las compañeras y compañeros sabemos que ha sonado mucho, que desde que tomó protesta el nuevo presidente de la República habló del tema sur-sureste; que el nuevo titular del Poder Ejecutivo instruyó de forma pública durante su mensaje a la nación, con motivo de la toma de protesta del gabinete el día primero de diciembre de 2012, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que entre otras cosas se realizaran inversiones de infraestructura en la zona sur del país para conectarla e incorporarla a la economía global.

También en el marco del denominado Pacto por México, suscrito el día 2 de diciembre de 2012 por los presidentes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta, se ubica el compromiso 67, con la acción 2.9, que se refiere a aplicar una estrategia nacional para el desarrollo del sur-sureste.

En el Pacto se asume que los estados del sur-sureste se han rezagado, se reconoce que se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo humano. Por ello se dice y se establece en el Pacto que es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional global.

Se habla de la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turístico, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva, Balsas, Papaloapan.

Con todo lo anterior, en el Pacto se establece la coordinación de los Poderes Ejecutivo de los estados, de los gobernadores de los estados del sur-sureste y también del presidente de la República.

Quiero decirles, compañeras y compañeros, que nosotros, el día de hoy me congratulo de que este punto de acuerdo se vote en lo favorable. Sin duda esperamos que no sea nada más un tema mediático, sino que realmente este punto de acuerdo se traduzca en políticas públicas en beneficio del sur-sureste, que realmente los nueve estados que conforman el sur-sureste de México se vayan desarrollando poco a poco, con infraestructura física, pero también con desarrollo productivo y también con capacitación de personal para el mercado.

Quiero decirles compañeras y compañeros, pedirles a todos los diputados y diputadas que votemos a favor de este punto, porque sin duda el sur-sureste de México merece el desarrollo que se le ha negado de forma histórica por políticas públicas desequilibradas.

Pedirles compañeras y compañeros, que este Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados hagamos lo propio para manifestar a los estados del sur-sureste de la República Mexicana, que los diputados federales, sin distingo de partidos políticos, estamos por un desarrollo integral de todas las regiones del país y que estamos por el desarrollo integral del sur-sureste de México. Gracias, ciudadana presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En pro, por el Partido de Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del Carmen Vargas, por tres minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados federales, a pesar de los intentos por impulsar el crecimiento en regiones rezagadas, las políticas públicas implementadas para reducir las brechas y disparidades que existen en las regiones, como el sur-sureste de México, no han sido del todo suficientes; se trata de una ubicación estratégica que no se ha aprovechado al máximo y es aquí donde se deben de encontrar vínculos estrechos y coherentes, que corresponden al resto del país.

Ésta es una región de altos contrastes; rezagada, pero con un potencial de crecimiento, con vastos recursos naturales, pero con problemas serios de sostenibilidad; con grandes atracciones turísticas que no son explotadas apropiadamente, y con una infraestructura no apta para el continuo desarrollo de las actividades económicas correspondientes.

Solo Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero son los estados con mayor rezago educativo del país, en donde el 50 por ciento de la población mayor de 15 años tiene un promedio de escolaridad menor a 8.6 años de estudio, sin mencionar a Tabasco, quien tiene la tercer peor infraestructura educativa del país.

Esta región, que también incluye estados como Quintana Roo y Yucatán, comprende el 28.2 por ciento de la población nacional, en ella se genera solo el 17.5 por ciento del producto interno bruto nacional.

Dentro de estos estados existe la mayor concentración de bajos ingresos per cápita de la mayoría de los habitantes; altos índices de analfabetismo, malas condiciones de vivienda, altos niveles de desempleo, subempleo y grandes atrasos tecnológicos e industriales.

Es de suma importancia identificar aquellas políticas que no han permitido el correcto dinamismo, con la intención de estimular la continuidad del desarrollo y el desempeño regional.

El lento crecimiento de la región sur-sureste no corresponde al desarrollo de otros sectores del país, los rezagos estructurales, las deficiencias dentro del crecimiento de la productividad, el empleo y la inactividad de la gente joven ha afectado de manera directa al desarrollo regional.

Mejor infraestructura, fuerza de trabajo con educación, son solo algunas diferencias comparativas con las que cuenta el resto del país, en donde la región sur-sureste parece haberse estancado de manera permanente.

El lento desarrollo económico está aunado a la necesidad de gestionar recursos de infraestructura para atraer inversión privada bajo enfoques integrales, los cuales coinciden con el desarrollo regional.

Las políticas para fomentar las actividades productivas deben de orientarse hacia la vinculación de empresas locales y trasnacionales, con estrategias que concentren buscar la máxima optimización en materia de inversión extranjera y así poder dar la continuidad apropiada a los sectores que aún faltan por desarrollar.

Tenemos que entender que para el crecimiento regional se deben enfocar políticas de desarrollo bajo estándares que busquen la integración con los mismos actores, pero sobre todo la atención de la inversión federal, en materia de infraestructura y desarrollo humano.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano está a favor del progreso continuo del país y estamos de acuerdo con la efectividad de la planeación democrática del desarrollo nacional, en donde se implementen las estrategias correspondientes para el pleno desarrollo de la región sur-sureste y así poder terminar con las brechas de desigualdad, marginación y pobreza.

No obstante, en el llamado Pacto por México, creemos que las aspiraciones e intenciones hacia la región sur-sureste no son suficientes, ya que demandarán de más estrategias efectivas para su apropiada implementación y una gran sensibilización.

Saludo con afecto, y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano así lo hace, a nuestro presidente Luis Walton. Es todo, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

IMPORTACION DE PESCADO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los secretarios de Economía, y de Desarrollo Social a implantar un programa urgente de apoyo a los productores piscícolas del país y estimular la crianza y comercialización de los peces nativos de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, relativo a la importación de pescado panga y a la implantación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país.

Esta Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha seis de septiembre del dos mil doce, el diputado Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Proposición con punto de Acuerdo con punto de Acuerdo relativo a la importación de pescado panga y a la implantación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país.

II. Con la misma fecha, fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.

III. Con fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, se presentó al pleno de la Comisión de Economía, proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. El diputado proponente sostiene en el punto de acuerdo que hoy se estudia que el pescado comúnmente conocido como “panga” es un pescado de piscicultura proveniente del continente asiático que actualmente invade el mercado debido a su precio y buena apariencia.

2. Afirma que dicho producto no reúne las especificaciones mínimas de calidad, encontrándose fuera de toda reglamentación sanitaria, lo cual ya ha sido analizado y puesto en evidencia en otros países en los que se ha comercializado el panga, como en España, donde, en 2010, la Organización de Consumidores y Usuarios emitió un comunicado recomendando no consumir el panga.

3. Ante esta situación, resulta indispensable que las autoridades mexicanas, adopten las medidas necesarias a fin de evitar, en la medida de lo posible, que la comercialización de estos pescados pueda provocar una crisis sanitaria en nuestro país.

4. Sostiene que el titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, se encuentra facultado para restringir e incluso prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país.

5. El proponente estima oportuno emitir un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, autoridad sanitaria de nuestro país, para que redoble esfuerzos en la inspección y vigilancia de los productos que entran a nuestro país, sobre todo los destinados para consumo humano.

6. Además considera necesario que se adopten medidas para apoyar la producción y comercialización de los pescados que se crían en nuestro país.

7. De conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

8. Con fecha 16 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud, que establece en el acuerdo primero, inciso a) lo siguiente:

Primero. Se establece la clasificación y codificación de las mercancías y productos sujetos a autorización sanitaria previa de importación, o autorización de internación, según corresponda, por parte de la Secretaría de Salud, comprendidas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican, únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros señalados en los apartados siguientes:

a) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, así como las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas, expedirán las autorizaciones sanitarias previas de importación, que de conformidad con la Ley General de Salud tienen el carácter de permisos sanitarios previos de importación, de los productos comprendidos en las siguientes fracciones arancelarias, únicamente cuando dichos productos se destinen al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano, y se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal.

9. Que dentro de sus fracciones arancelarias se hace referencia al Pangasius, comúnmente conocido como Panga, lo cual constituye una limitante a la importación de dicho producto al establecer como requisito indispensable, el que deba contar con permiso sanitario previo de importación,

10. Por lo que esta comisión considera que quedan satisfechos los primeros puntos dos puntos de acuerdo que se refieren a:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, gire las instrucciones necesarias a fin de que se restrinja la importación del pescado conocido como “panga”, hasta que se garantice su calidad e higiene y se descarten riesgos a la salud por su consumo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que intensifique sus labores de inspección y vigilancia sobre los productos destinados para consumo humano que entran a nuestro país, en especial del pescado denominado “panga”, a fin de garantizar que se cumple con las disposiciones legales en materia sanitaria y que su venta y consumo no signifiquen riesgos a la salud.

11. Por lo que respecta al punto tercero del acuerdo que señala:

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarias de Economía y de Desarrollo Social a que, conjuntamente, implementen un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

Esta comisión estima conveniente que para lograr la máxima eficiencia productiva de los Centros Acuícolas es necesario incrementar los apoyos a productores piscícolas e impulsar mediante diversos programas el desarrollo de la actividad acuícola que favorezca la competitividad del Sector.

12. Por la importancia que tiene la industria piscícola, se estima conveniente incorporar a dicha actividad en el Plan Nacional de Desarrollo, así como que los beneficio presupuestales para los programas relacionados con esta actividad sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Acuerdo

1. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, y de Desarrollo Social a que conjuntamente en el ámbito de su competencia implemente un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

2. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que dentro de su Plan Nacional de Desarrollo contemple acciones en beneficio de los productores piscícolas del país, para hacer de de esta una actividad más competitiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Dictamen con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Social, para que implementen un programa emergente de apoyo a productores piscícolas del país, y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

En el uso de la voz la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, por tres minutos.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares:Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo a la importación de pescado panga y a la implementación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país.

Comisión de Economía. Honorable asamblea, a la Comisión de Economía de la LXII Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo relativo a la importación de pescado panga y a la implementación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país.

Esta Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes antecedentes.

1. Con fecha 6 de septiembre de 2012, el diputado Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la importación de pescado panga y a la implementación de un programa en apoyo a los productores piscícolas del país.

2. Con la misma fecha fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 5 de diciembre de 2012, se presentó al pleno de la Comisión de Economía el proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.

Establecido en los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes consideraciones.

1. El diputado proponente sostiene en el punto de acuerdo que hoy se estudia, que el pescado comúnmente conocido como panga, es un pescado de piscicultura, proveniente del continente asiático, que actualmente invade el mercado debido a su precio y buena apariencia.

2. Afirma que dicho producto no reúne las especificaciones mínimas de calidad, encontrándose fuera de toda reglamentación sanitaria, lo cual ya ha sido analizado y puesto en evidencia en otros países en los que se ha comercializado el panga, como España, donde en 2010 la Organización de Consumidores y Usuarios emitió un comunicado recomendando no consumir el panga.

3. Ante esta situación, resulta indispensable que las autoridades mexicanas adopten las medidas necesarias, a fin de evitar, en la medida de lo posible, que la comercialización de estos pescados pueda provocar una crisis sanitaria en nuestro país.

4. Sostiene que el titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, se encuentra facultado para restringir, incluso, prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.

5. El proponente estima oportuno emitir un exhorto a la Cofepris, autoridad sanitaria de nuestro país para que redoble esfuerzos en la inspección y vigilancia de los productos que entran a nuestro país, sobre todo los destinados para consumo humano.

6. Además, considero necesario que se adopten medidas para apoyar la producción y comercialización de los pescados que se crían en nuestro país.

7. De conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Termino, señor presidente, leyendo el acuerdo para el cual, dice lo siguiente: Acuerdo

Primero. Por acuerdo del pleno de esta comisión se hace un exhorto a los titulares de la Secretarías de Economía y de Desarrollo Social, a que conjuntamente, en el ámbito de su competencia, implemente un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que dentro de su Plan Nacional de Desarrollo contemple acciones en beneficio de los productores piscícolas del país, para hacer de ésta una actividad más competitiva. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En pro, en el uso de la voz, el diputado José Soto Martínez, del Partido del Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, derivado de la importación del pescado panga de nuestro país, en los últimos años se ha venido desatando una polémica sobre los daños que este tipo de pescados puede ocasionar a sus consumidores.

Algunas personas apuntan que la polémica que rodea el pescado panga no es más que una campaña de desprestigio orquestada por los sectores pesqueros de los países afectados, principalmente de los europeos y en particular, España, ya que este país es el segundo importador mundial después de Rusia.

La comercialización de este pescado en nuestro país es algo que provoca un gran malestar entre los pescadores nacionales, quienes acusan a los productores asiáticos de competencia desleal, y es que el precio del panga es tan bajo, que es imposible competir con él.

Como ya se ha mencionado, el panga está presente de forma natural en algunos ríos y lagos del sureste de Asia, pero generalmente se producen en forma intensiva en zonas delimitadas en los que se engordan de manera rápida a base de harina de pescado, soya, mandioca o malanga y vitaminas.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios realizaron un estudio en el que se analizó la presencia de estos contaminantes en el pescado panga, de diferentes marcas comerciales, debido a los altos niveles de contaminación que existen en los ríos y en las deplorables prácticas para su producción.

El estudio detectó restos de herbicidas, mercurio y listerina monocytogenes, una de las bacterias alimentarias más agresivas, causantes de infecciones alimentarias más virulentas, con una tasa de mortalidad de hasta 20 y 30 por ciento más alta que casi todas las demás tóxico-infecciones, y aunque en el estudio no se alcanzaban niveles alarmantes la toxicidad de estos contaminantes, nos dicen que debe haber una gran precaución.

Actualmente, especialistas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral, Regional, que se encuentra en Oaxaca, y del Instituto Politécnico Nacional, dieron a conocer que México tiene un serio problema en la disminución en el registro de los peces naturales endémicos de esta región.

Esta problemática está principalmente relacionada con el impacto de los humanos, como la contaminación, sobrepesca, pesca prohibida, introducción de peces exóticos, la construcción de presas, caminos y carreteras, así como la sobreexplotación de los cuerpos de agua.

Ejemplo de ello es que la fauna de peces de agua dulce en Oaxaca está formada por 129 especies, de las cuales 117 son nativas y 14 introducidas. De hecho, la especie endémica ha disminuido por el impacto humano, lo que ha provocado la reducción de su población en las cuencas hidrológicas oaxaqueñas.

Ahora bien —termino, señora presidenta— el dictamen a discusión apoya la implementación de un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país, para que se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México, en contraste con la comercialización y el continuo consumo del pescado panga cuya producción se da en condiciones nocivas para la salud.

Por eso, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano se muestra en contra de la importación y el consumo del pescado panga, y a favor del dictamen a discusión por el que se exhorta a las secretarías de Economía y de Desarrollo Social implementen un programa emergente de apoyo a los productos piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

Por ahí presenté una iniciativa que ya fue aprobada y que nada más falta que la suban a esta Cámara de Diputados para proteger a los peces nativos de nuestra nación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquese.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Malkhaz Mikeladze, embajador de Georgia en México, invitado por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano.

La Cámara de Diputados, señor embajador, le da más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y hermandad entre nuestras naciones.

REGLAMENTO DE LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a los servidores públicos competentes para que publiquen en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 30 de octubre de 2012 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las Comisiones de Marina y Transportes someten a consideración de esta soberanía el presente dictamen.

Antecedentes

1.  La proposición con punto de acuerdo de este dictamen fue presentada por el diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  el 30 de octubre de 2012 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

2.  La proposición con punto de acuerdo fue turnada a las Comisiones de Marina y Transportes, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 158 del Reglamento de la  Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Consideraciones

Primera. Las comisiones dictaminadoras realizaron  el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Con la entrada en vigor de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el Primero de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el marco legal que rige la navegación, al transporte marítimo mercante y al comercio marítimo, para lo cual evidentemente se requiere adecuar al mismo la regulación administrativa contenida en cuerpos reglamentarios que se expidieron bajo la vigencia de otras leyes que normaban las materias señaladas.

Tercera. Además, es la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos la que así lo determina en sus artículos transitorios, principalmente el octavo que señala que “el Ejecutivo federal deberá publicar los reglamentos de la presente ley en un año calendario a contar a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación”.

Cuarta. De acuerdo con su naturaleza jurídica, el proyecto reglamentario en mención tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en la esfera administrativa para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en sus distintos títulos y capítulos que la integran. En este reglamento se incluyen todos los temas que atiende dicha ley y que deben reglamentarse, por lo cual no sería necesario expedir otros.

Quinta. Con la entrada en vigor del Reglamento se evitará la actual dispersión de los ordenamientos administrativos de la ley anterior, lo que sólo causa inseguridad a los particulares, empresas y usuarios de los servicios de la autoridad marítima o a quien debe defenderse de los actos de la misma y que para hacerlo debe consultar varios reglamentos; con este nuevo reglamento encontrarán en un solo cuerpo normativo los distintos temas que comprende la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, trátese de navegación, educación naval mercante, seguros marítimos, inspección naval, registro público marítimo, abanderamiento y matrícula de embarcaciones y artefactos navales, prevención de la contaminación marina y demás temas relacionados.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes  someten a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a los funcionarios que tiene dignamente a su cargo a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2012.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Rafael González R. (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes, Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:En el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva:Con su permiso, señora presidenta. La Ley de Navegación y Comercio Marítimo actualmente en vigor, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2006. Dicha ley modificó el marco legal que rige la navegación al transporte marítimo y al comercio, razón por la cual se requiere adecuar a la misma la regulación administrativa contenida en los cuerpos reglamentarios que se expidieron bajo la vigencia de la ley anterior.

El logro de objetivos específicos en materia de navegación y comercio marítimo exige de una reglamentación y normas acordes con los objetivos que se persiguen, medios suficientes para aplicar las medidas preventivas en la legislación y un comportamiento por parte de los órganos a cargo de ejercer la autoridad marítima y portuaria a la altura de la importancia que representa el comercio marítimo nacional e internacional para nuestro país.

El artículo octavo transitorio de la actual Ley de Navegación y Comercio Marítimo determina que el Ejecutivo federal deberá publicar el reglamento respectivo en un año calendario, a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación.

Con la entrada en vigor del reglamento se estará dando cumplimiento a dicho artículo transitorio. Además se evita la actual dispersión de los ordenamientos administrativos de la ley anterior, lo que solo causa inseguridad a los particulares, empresas y usuarios de los servicios de la autoridad marítima.

Es por ello que es opinión de nuestro partido el que se publique en los términos correspondientes el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ya que su publicación permitirá normar en un solo documento temas tan importantes, como la navegación marítima, la educación náutica, los seguros marítimos, la inspección y otros temas igualmente importantes. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En virtud de que no se han registrado más oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquense.

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir y publicar cuanto antes, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y análisis proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Turismo fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa que contiene proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 18 de octubre de 2012.

La proposición fue recibida en esta Comisión de Turismo y socializada con todos y cada uno de los integrantes de la misma, así como para la realización del presente documento, se tomaron en consideración las opiniones de las diferentes instancias involucradas.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora emite el presente documento con la finalidad de presentar a esta honorable soberanía, una resolución clara y con posibilidades de ser deliberada y votada, habiéndose realizado el adecuado estudio debido y en razón, funda su resolución.

Consideraciones

México es privilegiado debido a su posición geográfica y su gran diversidad turística, cuenta con turismo alternativo, cultural, de salud, deportivo, náutico, de negocios, gastronómico, entre otros segmentos especializados, es decir, turismo para todos.

El turismo es reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como una prioridad nacional, para lo cual se han puesto en marcha estrategias que buscan posicionar a México como un país líder en servicios turísticos de calidad internacional, a través del fomento a la competitividad de sus empresas y la diversificación de sus mercados, productos y destinos.

La importancia del sector turismo es reconocida mundialmente, debido a que influye directa e indirectamente en el crecimiento económico, en la generación de empleos, en la preservación del medio ambiente y aporta al desarrollo regional un sin número de beneficios por demás conocidos tales como la creación de nuevas empresas a nivel local.

Cabe resaltar que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojan resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), para el trimestre octubre-diciembre de 2011. Dichos indicadores son elaborados en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST).

En el cuarto trimestre de 2011, el indicador Trimestral del PIB Turístico se incrementó 3.3 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 2010, producto del aumento en la demanda de servicios de los turistas.

En el trimestre el Indicador del Consumo Turístico Interior avanzó 4.4 por ciento, comparado con el cuarto trimestre de 2010. Por componentes, el consumo del turismo interno creció 6.7 por ciento, mientras que el turismo receptivo retrocedió -9.7 por ciento.

Aspectos generales

El Inegi presenta los resultados de los ITAT, para el cuarto trimestre de 2011, estos indicadores son elaborados en el contexto del CTEEEST y ofrecen un panorama de la evolución macroeconómica trimestral de las actividades relacionadas con el turismo, con datos de diversas fuentes de información oportuna y con una agregación similar a la difundida en la Cuenta Satélite del Turismo (CSTM). Con ello se fortalece la información estadística que permite conocer el comportamiento y tendencia del Producto Interno Turístico (PIBT), que es complementado con el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITPIBT).

En su comparación anual del ITPIBT, indican que el nivel en el cuarto trimestre de 2011 fue superior en 3.3 por ciento al observado en igual trimestre de 2010.

Al considerar el Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos (ICTEM), elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey (CIETEC), el turismo es un sector estratégico que equivale a 12.0 por ciento del PIB del país en 2011, por lo que se debe considerar como uno de los sectores de mayor aportación social y económica.

Todos estos elementos anticipan que los resultados en 2012 cerrarán positivamente.

Cabe destacar que el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, señala a la letra que “la Secretaría deberá, emitir el reglamento de la presente ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los términos de la presente ley.

Sin embargo, el Ejecutivo federal hasta la fecha no ha publicado el reglamento, con lo cual se tiene un retraso de más de 3 años, lo que hace urgente que las dependencias responsables solventen las observaciones que se tengan y lo aprueben y publiquen a la brevedad.

Materia de la proposición

El gobierno federal ha destacado que la visión en el ámbito turístico es que México será un país líder en la actividad turística y destaca que para lograrlo se debe “conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación”, de igual manera afirma que es “necesario actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo”.

Si bien, los elementos demuestran que existe una línea de trabajo clara a favor del crecimiento y desarrollo del turismo y de ahí los resultados obtenidos a la fecha, lo cierto es que existe un vació normativo en el sector dado que a la fecha no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Han pasado más de tres años de aprobar la Ley General de Turismo y no así su Reglamento. Una de las causales para posponer no sólo su publicación sino su elaboración, se debió que a fines de 2009 el Ejecutivo federal propuso desaparecer a la Secretaría de Turismo (situación que no aconteció), ante ello el entonces Secretario de Turismo afirmó que en 2010 se elaboraría mediante licitación el aludido reglamento y que el mismo estaría listo en ese mismo año.

Por su parte, al comparecer ante el pleno de esta Comisión de Turismo en al LXI Legislatura, la Secretaría de Turismo y encargada de ejecutar la política turística de nuestro país señaló que en fecha próxima sería publicado el multicitado reglamento.

Como respuesta, tres meses después, el subsecretario de Innovación y Calidad afirmó que la propuesta de reglamento se encontraba en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Consideraciones

Primera. A partir de la reforma del artículo 73 constitucional, aprobada el 21 de mayo de 2003 y publicada por el Ejecutivo Federal el 29 de noviembre de ese mismo año, a través del cual se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes en materia turística y establecer las bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, lo que incide en la necesidad del propio sector turístico de actualizar y eficientizar aun más su marco jurídico.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Turismo de la LX Legislatura, asumió la responsabilidad de conjuntar las herramientas jurídicas necesarias para el crecimiento y desarrollo de la actividad turística en México, para lo cual se consideraron las necesidades del sector, expresadas por algunos de los actores participantes, otorgando de esta manera una mayor coordinación de la Secretaría de Turismo con otras dependencias, con una mejor planeación, una eficiente promoción, operatividad con certeza jurídica e incentivos para los prestadores de servicios turísticos, mediante el establecimiento de objetivos claros, metas y sobre todo de una medición de resultados dentro de un mundo globalizado.

Así, durante la sesión celebrada el 15 de abril de 2009 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó con trescientos treinta y nueve votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones el dictamen de la Ley General de Turismo, mismo que fue ratificada por el Senado de la República.

Segunda. Con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, se señaló que la Secretaría debería emitir el reglamento correspondiente dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a partir de la entrada en vigor del decreto.

El Ejecutivo en su normatividad interna, posee un conjunto de acuerdos para expedir el reglamento de una norma secundaria, tal es el caso del “acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2004. Acuerdo que tiene por objeto “establecer los requisitos, procedimientos y plazos a que deberá sujetarse la elaboración, revisión y trámite de proyectos de reglamento o de decreto por los que se adicionen, reformen, abroguen o deroguen disposiciones reglamentarias que deban ser sometidos a consideración y, en su caso, firma del presidente de la República”.

Tercera. De conformidad como concluye la doctrina jurídica y la actividad jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo es el único en el Estado Mexicano que sustenta la atribución para reglamentar las leyes que expide el Poder Legislativo.

Adicionalmente, vale la pena puntualizar que la anterior legislatura realizo ya un  exhorto para que se emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo.

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora somete a consideración de este honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que expida el Reglamento de la Ley General de Turismo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita y publique a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Nota:

1 Doctrina y Lineamientos para la Redacción de Textos Jurídicos, su Publicación y Divulgación. Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación. México D.F., agosto de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda  Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz  Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:En el uso de la voz, hasta por tres minutos, por el Partido de Movimiento Ciudadano, el diputado José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, compañera presidenta; compañeras y compañeros, el turismo es una actividad que conlleva el conocer y el disfrutar regiones y espacios en los que uno vive, los cuales pueden ser de diferentes tipos: cultural, de aventura, entretenimiento y muchos otros.

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo actual, por el nivel de inversión, generación de empleo y contribución al desarrollo de los países, lo cual aporta aproximadamente el 11 por ciento de los ingresos a nivel mundial.

Uno de los principales motores para la economía de los mexicanos es indudablemente el turismo, ya que va creando y reactivando la generación de empleos, así como la difusión de atractivos culturales y naturales.

En México contamos con hermosos atractivos turísticos, como son los recursos naturales con elementos históricos que los hacen únicos en el mundo, ciudades que son patrimonio de la humanidad, pueblos mágicos, sitios arqueológicos, playas, ríos, montañas, etcétera.

El sector turístico aporta más del 8 por ciento del producto interno bruto y contribuye con más del 9 por ciento de los empleos directos e indirectos.

Para darnos una idea de lo significativo que es, en el año 2012 México recibió un total de 38.2 millones de visitantes internacionales, los cuales sumaron ingresos por 6 mil 632 millones de dólares, logrando un superávit en la balanza turística por un monto de 2 mil 901 millones de dólares.

México debe ser un país líder en la actividad turística; sin embargo; existe un vacío normativo en el sector, ya que no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo, el cual está en espera desde el sexenio anterior, cuando se realizó el exhorto para emitir y publicar esta ley. A la fecha, eso no se ha realizado.

El reglamento norma la forma en que funcionará la Ley General del Turismo, ya que es de suma importancia que se establezcan los lineamientos procedimentales, como la promoción turística, registro nacional del turismo, orientación u auxilio turístico, establecimientos de hospedaje, recursos destinados al sector, modalidades de operación de las agencias de viajes, sanciones correspondientes, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen en discusión, el cual exhorta al Ejecutivo federal a que emita y publique a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Gloria Núñez Sánchez.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La Comisión de Turismo presenta hoy dictamen del punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a emitir y publicar el Reglamento de la Ley General de Turismo, de acuerdo al fundamento que le faculta y le confiere la fracción I del artículo 89 de nuestra Carta Magna.

El artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo señala a la letra que la Secretaría deberá emitir el reglamento de la presente ley dentro de los 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el cual incluirá su restructuración administrativa en los términos de la presente ley.

Por tal motivo, es menester mencionar que han pasado más de tres años de la aprobación de la Ley General de Turismo y no así su reglamento.

El turismo es una necesidad para todas las naciones, ya que genera ingresos, genera empleos, entre otros factores que multiplicarán la economía de una nación. Esto es, que la importancia del turismo estriba en un peso económico para todas las naciones de nuestro planeta.

Por otra parte, la importancia del turismo radica en la capacidad de producir bienes económicos a través del intercambio, en donde los bienes que se intercambian están a disposición plena del consumidor, desestimando cualquier consideración patrimonial, social, cultural, etcétera.

Para que las ganancias económicas sean las deseadas, la población del destino turístico debe poseer un sistema turístico bien organizado, con servicios básicos, mano de obra calificada, infraestructura, todo esto considerando la oferta y la demanda turística. En este año se pronostica que más de 200 millones de turistas recorrerán nuestro bonito y grandioso México.

En los últimos 50 años, México ha firmado 44 tratados en materia turística, de los cuales 34 continúan vigentes; 33 convenios bilaterales y dos convenciones multilaterales. Nuestro país mantiene convenios, acuerdos bilaterales con 16 países de América, con siete países de Europa, cinco de Asia y dos de África.

La actividad turística contribuye con el 9 por ciento del producto interno bruto, genera 7.5 millones de empleos y representa la tercera fuente de captación de divisas de nuestro país, producto del trabajo que diariamente realizan más de 43 mil empresas dedicadas a esta actividad.

Por ello, sin duda para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la secretaria de Turismo del gobierno de la República, Claudia Ruiz Massieu, para esta nueva administración la política de turismo en el país será prioridad para el Estado mexicano y por ende, estará a la vanguardia de su legislación y de sus reglamentos.

En el Grupo Parlamentario del PRI conocemos de la importancia del sector turístico para el país y para la actual administración federal encabezada por nuestro presidente Enrique Peña; por ello no dudamos que este exhorto respetuoso que se hace será cumplido por la Secretaría y por el Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y al Ejecutivo federal, emita el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Partido Revolucionario Institucional, su grupo parlamentario, está a favor del dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En el uso de la voz, por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Con su permiso, señora presidenta. Seré muy breve. En el 2009 se propuso desaparecer la Secretaría de Turismo; en el 2010 el secretario de Turismo dijo que se licitaría la redacción del Reglamento de la Ley General de Turismo; en el 2011 la Secretaría de Turismo señaló que en fecha próxima estaría lista, pero tres meses después, el subsecretario de Innovación y Calidad afirmó que en fecha próxima el reglamento multicitado sería publicado. Pero el Reglamento de la Ley Nacional de Turismo no ha sido publicado y es urgente.

La inversión que están haciendo los 32 estados y una gran cantidad de municipios, es inmensa. Todos los participantes en la Comisión de Turismo aquí presentes lo saben muy bien. Los otros 470 diputados evaluamos siempre una vertiente turística en todos y cada uno de nuestros proyectos.

El turismo siempre está presente, trátese de un proyecto de educación, de salud, de deportes, de infraestructura, de todo, siempre hay una vertiente turística, ¿por qué entonces el Ejecutivo está tardándose tanto tiempo en publicar este Reglamento?

Rellenos sanitarios en zonas ecoturísticas, ecogastroturismo, ProMéxico, Marca México, CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, la higiene en los restaurantes, Secretaría de Turismo, qué usos de suelo se dan o se permiten en los desarrollos marítimos o cerca de las costas. Todas esas son preguntas que se tienen que armonizar y aterrizar en el Reglamento de la Ley General del Turismo.

El resto de las leyes, el resto de las legislaciones no nos indican exactamente qué hacer cuando hay un conflicto; es por eso que es tan importante este reglamento. Todas las leyes secundarias o reglamentos de otras materias compiten por prevalecer sobre un reglamento, pues si no inexistente, por lo menos aún no publicado.

El turismo —compañeros— es demasiado importante como para no haber publicado este reglamento; es tan importante como las remesas o el petróleo cuya reforma, la reforma energética, estaremos discutiendo aquí el próximo año, y sin embargo, no hemos podido sacar algo tan sencillo, por lo menos en palabras, como el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Es por ello que exhortamos también, no solo a la Secretaría de Turismo, sino a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a que comparta con nosotros sí o no, a que confirme sí o no que la aseveración de —en aquel entonces— el subsecretario de Innovación y Calidad, es cierta. ¿Existe o no existe un reglamento de la Ley General de Turismo? No lo sabemos, queremos saber si el citado reglamento está redactado o no. Es todo, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias. Aprobados. Comuníquense.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del PRD.

Comisión de Juventud

Alta: Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra,  Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Alta: Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Secretario)

Lo  anterior,  para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra,  Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Seguridad Pública

Baja: Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (Secretario)

Comisión de Justicia

Alta: Diputado José Alberto Rodríguez Calderón (integrante)

Comisión de Seguridad Pública

Alta: Diputado José Alberto Rodríguez Calderón (Secretario)

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Baja: Diputada Patricia Elena Retamoza Vega (integrante)

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Alta: Diputado Julio César Flemate Ramírez (integrante)

Comisión de Protección Civil

Baja: Diputado Julio César Flemate Ramírez (integrante)

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Alta: Diputado José Alberto Rodríguez Calderón (integrante)

Comisión de Justicia

 Baja: Diputado Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (Secretaria)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los cambios en la integración de comisiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con las iniciativas de diputadas y diputados.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de María del Rosario de Fátima Pariente Gavito y suscrita por Judit Magdalena Guerrero López, diputadas del Grupo Parlamentario del PVEM

Las suscritas, María de Rosario de Fátima Pariente Gavito y Judit Magdalena Guerrero López, diputadas integrantes de la LXII Legislatura, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El autotransporte de carga es una actividad estratégica para la economía nacional. En 2010 movilizo alrededor de 470 millones de toneladas, y está relacionada con más de 71 actividades económicas, generando más de 4 millones de empleos directos e indirectos, por lo que se le considera un sector precursor del desarrollo nacional.

El autotransporte de carga cuenta con una amplia gama de normas oficiales, mexicanas cuya supervisión y vigilancia se hacen depender de la actuación y recursos de diversas dependencias del ejecutivo federal que resultan ser muchas veces insuficientes. Ante esta situación, es prioritario fortalecer el cumplimiento voluntario de los sectores productivos y de servicios mediante la autorregulación dotándola de un reconocimiento que propicie incluso acuerdos interinstitucionales entre las diversas dependencias involucradas  de tal manera que se incentive su adopción como una alta muestra de responsabilidad social claro está, siempre bajo el monitoreo de la autoridad responsable por lo que se propone su incorporación a  nivel de ley.

No obstante la importancia económica y social del autotransporte de carga, el parque vehicular de este medio de transporte, padece una obsolescencia de más de 17. 5 años de antigüedad, lo que representa una desventaja competitiva respecto de nuestros principales socios comerciales que oscila entre 5 y 6 años de antigüedad.

La falta de una disposición clara a nivel de ley que establezca el año modelo que como límite debe observarse, tanto para el ingreso a los servicios de autotransporte de carga y transporte privado así como el señalamiento de un límite de años en operación referenciado al año modelo de fabricación, ha contribuido a que unidades cuya vida útil está superada, sigan circulando en carreteras con el consecuente riesgo que esto representa para la seguridad vial, el cuidado al medio ambiente y el deterioro acelerado de la flota vehicular nacional.

En materia de cuidado al medio ambiente es urgente implementar políticas públicas de largo alcance pues  el autotransporte  es responsable del 22 por ciento de las emisiones de CO2 que equivale a 36 mil 457 toneladas anuales donde el autotransporte de carga participa con el 77 por ciento es decir, genera 28 mil 39 toneladas de emisiones según cifras calculadas al 2010. En lo que respecta a consumo de energía de 2 mil 247.7 petajoules que se consumieron en 2010, el autotransporte de carga  participó con el 92 por ciento por lo que es el subsector que mayor cantidad de energía utiliza. Si consideramos que la cantidad de vehículos con 21 o más años de antigüedad a 2010 creció en un 22 por ciento a lo observado en 2005 esto refleja una tendencia a la alza en el envejecimiento de la flota vehicular tan solo en este segmento donde se encuentran más de 147 mil 500 unidades motrices. Más aún, el porcentaje de camiones con más de 25 años de antigüedad es del orden del 30 por ciento del total de la flota vehicular que también a 2010 fue de 408 mil 567 unidades motrices, por lo que es prioritario establecer el umbral de antigüedad de la flota vehicular tanto en su ingreso como en su operación.

El no contar con un límite de ingreso y años de operación, contribuye también a que los programas de chatarrizacion sean insuficientes y torna más atractivo la importación o contrabando de unidades de procedencia extranjera; así como el mercado de negro de partes y refacciones, por lo que es urgente se introduzca dicha reforma de manera similar a como existe en sector de pasaje y turismo.

Dada la importancia de la seguridad vial en el autotransporte, se propone la incorporación también en esta ley de los elementos necesarios para robustecer la operación segura de las unidades dedicadas al transporte de carga ligada al año modelo de fabricación, las condiciones de peso bruto vehicular máximo, y los elementos de seguridad vial que deberán cumplir todo tipo de configuraciones vehiculares, para su tránsito seguro amen de regular o  controlar  la velocidad máxima.

La reforma que se propone tiene la virtud de introducir las bases para que vía Norma Oficial Mexicana, se establezcan los elementos mínimos de seguridad vial para el transporte de carga, construir indicadores de causas de siniestralidad a nivel internacional por cada tipo de configuración, y dotar de información clave para  encauzar políticas públicas y también brindar las bases para exceder dichos estándares bajo Normas Mexicanas u otros instrumentos de calidad.

La reforma pone en claro el papel que juega el transportista, el equipo de transporte y el operador en el logro de los objetivos de la seguridad vial, sin distinción de configuración vehicular, lo que apoya un cumplimiento homogéneo y equitativo de la regulación en beneficio de todos los que transitamos en carreteras de jurisdicción federal.

Fundamentación

Artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, la que suscribe somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único: Se reforma el párrafo segundo del artículo 35, de igual manera  se reforma el primer párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafo del artículo 39, y se reforma el primer párrafo del artículo 50, todos ellos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva.

Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos. La secretaría promoverá con otras dependencias del Ejecutivo federal y estatal, el reconocimiento de la autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de antigüedad de acuerdo al año modelo de fabricación, con las condiciones de peso bruto vehicular máximo y sus elementos de seguridad vial, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de controles gráficos o electrónicos para regular la velocidad máxima.

Las unidades motrices y de arrastre que ingresen al servicio de autotransporte federal de carga, y el transporte privado deberán tener una antigüedad no mayor a cinco años a partir de su año-modelo de fabricación.

Las unidades del servicio de autotransporte federal de carga y el transporte privado, tanto motrices como de arrastre,  sólo podrán transitar un máximo de veinte años a partir de su año modelo de fabricación, siempre y cuando cumplan con las verificaciones periódicas que establezcan las normas respectivas.

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal, siempre y cuando la configuración vehicular  que corresponda ya sea unitaria, articulada o doblemente articulada no exceda el peso bruto vehicular máximo y dimensiones  permitidas y a su vez cumpla con los elementos básicos de seguridad vial. La Normas Oficiales Mexicanas, establecerán los elementos mínimos de seguridad vial que los permisionarios, sus unidades y operadores  deban de cumplir así como las bases para su autorregulación.

La secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Diputadas: María de Rosario de Fátima Pariente Gavito y Judit Magdalena Guerrero López (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Javier López Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para establecer la obligatoriedad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de certificar los establecimientos o rastros dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de origen animal, aun cuando sean de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

La Ley Federal de Sanidad confiere a la Sagarpa atribuciones de inspección, verificación y supervisión de los establecimientos tipo inspección federal (TIF), dejando a petición de parte (de los ayuntamientos, estados y del Distrito Federal) su intervención para certificar los establecimientos o rastros que se encuentren en su ámbito de competencia. Es decir, la Sagarpa sólo inspecciona establecimientos tipo TIF, y deja a un lado la inspección de rastros municipales, estatales y del Distrito Federal porque en la ley en la materia, no existe la obligatoriedad de verificar y certificar por la Sagarpa dichos rastros o establecimientos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 en el país se produjeron 1 millón 25 mil 540 toneladas de carne, tras el sacrificio en los rastros del país de 7.8 millones de cabezas de ganado. De ellas 68.1 por ciento correspondió a carne bovina, 31.3 a porcina, 0.4 a ovina y el restante 0.2 a caprina.

De acuerdo con el sexto informe de trabajo de la Sagarpa, en 2011 sólo fueron certificadas por esta dependencia federal 552 mil 404 cabezas de bovino, y se otorgaron 276 oficios de hato libre que representan 382 mil 979 cabezas de ganado.

Es decir, las 552 mil 404 cabezas de ganado bovino certificado que reporta el sexto informe de la Sagarpa representan apenas 7.08 por ciento de cabezas producidas en el país, sin saber qué pasa con el restante 92.92 de esa cifra oficial.

Lo anterior, sin contar que las “cifras oficiales”, no contemplan la producción de ganado de tras patio, ni el sacrificio en rastros clandestinos.

Exposición de Motivos

Como se menciona en los antecedentes, la importancia de que la Sagarpa cuente por ley con la obligatoriedad de inspeccionar, verificar, supervisar y certificar todos y cada uno de los rastros existentes en el país es de vital importancia para la salud pública de los mexicanos, pues se tendría mayor control sobre la producción de carne para consumo humano.

Es necesario quitar la figura de “a petición de parte” que establece el artículo segundo, último párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal, respecto a que la Sagarpa pueda certificar los establecimientos o rastros municipales, estatales y del Distrito Federal, sólo a petición de éstos, pues dicha acción origina una inadecuada inspección sanitaria en los rastros del país.

Que ya es tiempo de que en el país haya un adecuado control sanitario, y que las instituciones, los organismos y las dependencias encargados de dicha acción sean investidos de ordenamientos legales que les permitan ejecutar dichas acciones de manera global en el país, de ahí que la obligatoriedad de que la Sagarpa inspeccione, verifique, supervise y certifique todos los rastros del país es de vital importancia para la salud pública.

Considerando la importancia del bien jurídico tutelado, en este caso la salud, es imperativo que las acciones del Estado sean contundentes y enérgicas, por lo cual se considera necesario conferir facultades suficientes en este caso a la Sagarpa, a efecto de que haya realmente un control sanitario en el ganado utilizado para consumo humano, pues actualmente en el país existen cabezas de ganado alimentadas con clembuterol que en el organismo humano, ocasionan problemas de taquicardia, nauseas, incremento de la presión sanguínea e intoxicación y constituyen un riesgo a la salud.

Con esta reforma se podría combatir en gran medida, el uso de sustancias prohibidas en el ganado para consumo humano como el clembuterol, ya que se estaría atacando el problema de fondo que lo es el “control, supervisión y certificación de todos los rastros existentes en el país”, con esto, se reducirían en gran medida los problemas que afectan todavía a los mexicanos que consumen carne contaminada.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para establecer la obligatoriedad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de certificar todos los establecimientos o rastros dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de origen animal, aun cuando sean de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal

Primero.Se reforma el artículo 2, párrafo último, de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

La certificación de establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal se realizará a través de la secretaría de manera obligatoria, sin necesidad que medie petición de los ayuntamientos, de los gobiernos de los estados o del gobierno del Distrito Federal,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la presente ley.

Segundo.Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. La secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos tipo inspección federal, así como en establecimientos de competencia municipal, estatal o del Distrito Federaldedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal implantará las modificaciones reglamentarias necesarias en no más de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputado Javier López Zavala (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Irazema González Martínez Olivares, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 4o. constitucional con el propósito de garantizar una vejez digna y decorosa a los adultos mayores.

Planteamiento del problema

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un parteaguas a través del cual valora y reorienta las relaciones entre los actores sociales en el marco de un Estado social de derecho, al colocar a los derechos humanos como eje central del marco jurídico mexicano.

Ha sido un lapso corto para entender y dimensionar su profundidad e impacto transversal en la legislación federal y estatal, así como para realizar adecuaciones institucionales y fomentar entre las personas su conocimiento y respeto. Hablamos de una cultura constitucional que garantice la convivencia respetuosa entre las instituciones y la ciudadanía.

Sin embargo, desde todos los ámbitos de la vida, esta universalización de derechos implica distintos modos de ser y hacer para los cuales el trabajo legislativo puede sentar uno de los precedentes importantes, a fin de que los derechos humanos cobren carácter de realidad de vida más que declarativo y de buenas intenciones.

Es menester hacer mención que de dicha reforma se desglosa la importancia e impacto de los tratados internacionales en el orden jurídico nacional.

Por lo tanto esta LXII Legislatura debe caracterizarse por construir propuestas en beneficio de los más desprotegidos fortaleciendo el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos.

Al hablar de derechos humanos no podemos dejar a un lado los derechos de los adultos mayores, interesa resaltar que son titulares de derechos individuales pero también de derechos colectivos, por lo tanto deben de disfrutar de libertades individuales y ejercer derechos sociales de manera que estos hagan que el adulto mayor envejezca con seguridad y dignidad lo que obliga al Estado a ser garante de estos derechos.

Cuando nos referimos a las personas adultas mayores nos encontramos ante uno de los sectores más vulnerables de la población en virtud de que no cuentan con  una retribución económica que les permita satisfacer sus necesidades además de los constantes impedimentos arquitectónicos de movilidad en espacios públicos y transportes, así como la dificultad de integrarse y participar en la vida económica y social.

En este contexto, se podría asegurar que el principal problema de las personas mayores es la discriminación en razón de su edad, la que tiene por consecuencia obstaculizar el goce o ejercicio, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Argumentación

En 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas llamó la atención sobre la necesidad de proteger los derechos y el bienestar de las personas de edad. Más tarde, en 1990, “reconoció la complejidad y rapidez del fenómeno del envejecimiento de la población mundial y la necesidad de que existiera una base y un marco de referencia comunes para la protección y promoción de los derechos de las personas de edad” (Naciones Unidas, 1991).

En México se visualiza un panorama de rapidez en el envejecimiento de la población; si partimos de la premisa que los datos del Censo de Población 2010, refieren que la población mexicana de 60 años y más asciende a 10 millones 55 mil 379 personas lo que significa el 9.06 por ciento de la población total del país, son personas adultas mayores, asimismo el Consejo Nacional de Población estima que para el 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y para el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es sumamente importante promover una cultura de envejecimiento digno y de calidad en nuestro país. (Numeralia de los Adultos Mayores 2012, Instituto Nacional de Geriatría).

Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) refieren que los países latinoamericanos mantienen políticas públicas deficientes en materia de envejecimiento digno además de la dispersión normativa, en virtud de que las personas adultas mayores no cuentan con un instrumento jurídicamente vinculante que proteja sus derechos, como ocurre con otros grupos discriminados.

De esto se puede mencionar que en México, un número importante de adultos mayores no cuenta con ingreso económico que le permita desarrollarse como ente biopsicosocial pleno; instrumentos jurídicos y recomendaciones internacionales refieren que los países deben otorgar ayudas pensionarias a las personas adultas mayores que no cuentan con una pensión de seguridad social con la finalidad de mantener un equilibrio en el desarrollo económico y social de la población.

Una de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en la implementación de políticas públicas referentes a las personas adultas mayores es que tengan accesos de movilidad adecuados en el entorno en el que se desarrollan, además de acceso a programas de integración y participación en su comunidad.

Por otra parte la presencia de estos derechos en el máximo ordenamiento de la nación los hace operativos, de aplicación directa pero sobre todo vinculantes con los poderes públicos.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional preocupado por el respeto de los derechos de las personas adultas mayores propone la necesidad de que el Estado mexicano garantice a los adultos mayores una vejez digna y decorosa así como accesos de movilidad adecuados en espacios públicos y transportes, esto quiere decir que las políticas públicas que se emprendan deberán estar enfocadas a fomentar la cultura de envejecimiento de calidad con la finalidad de que los adultos mayores alcancen la plenitud en sus derechos tanto individuales como colectivos.

Por lo expuesto someto a consideración de este pleno el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 4 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 4o. (Se deroga el anterior párrafo primero)

El varón y la mujer son iguales ante la ley...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Además de los derechos consagrados por esta Constitución los adultos mayores gozaran de una pensión económica por vejez, así como de accesos para su adecuada movilidad en espacios y transportes públicos, con la finalidad de garantizarles una vejez digna y decorosa. La ley establecerá las modalidades y apoyos para el acceso a estos derechos.

Corresponde al Estado establecer políticas públicas para la integración, participación de los adultos mayores en la vida activa y comunitaria.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en un plazo máximo de 180 días contados a partir del inicio de vigencia de este decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2012.— Diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE PUERTOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma los artículos 40 y 60 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Planteamiento del problema

Desde su publicación, el 30 de diciembre de 1981, la Ley Federal de Derechos, contempla diversas excepciones para que actividades social y económicamente estratégicas, sean exentadas del pago de algunos derechos.

Estas excepciones, se extienden al sector pesquero nacional, al que desde la publicación del citado ordenamiento, y en atención al dinamismo de la actividad, le fue permitida la utilización de los puertos propiedad de la nación, sin que las embarcaciones tuvieran que cubrir el pago de derechos por los conceptos de muelle, embarque, desembarque, puerto y atraque. Esta protección fue incluso ampliada dos años después con la modificación a la ley, publicada el 30 de diciembre de 1983 y ha sido hasta este año, refrendada legislatura tras legislatura.

En perjuicio del sector pesquero nacional, las excepciones ya establecidas en la mencionada ley, no fueron retomadas tras publicarse el 19 julio de 1993 la Nueva Ley de Puertos; en ese sentido, la Ley de Puertos estableció la posibilidad de que sociedades mercantiles, denominadas Administración Portuaria Integral (API), obtuvieran concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación y prestación de los servicios respectivos. Estas concesionarias, tienen la facultad legal para establecer tarifas por diversos conceptos; en el caso que nos ocupa, establecen tarifas por el uso del puerto y su infraestructura, sin tomar en cuenta ninguna de las excepciones que para la pesca nacional, contempla la Ley Federal de Derechos, ocasionando con esto un grave desequilibrio económico e incertidumbre jurídica en el sector pesquero, pues en un corto periodo de tiempo, los productores nacionales se han encontrado en la apremiante situación de tener que gastar más recursos, por el pago de tarifas que durante más de una década les fueron exentadas.

Argumentación

La modificación que se pretende realizar a la Ley de Puertos, encuentra su justificación, tanto en los derechos previamente adquiridos por los pescadores en materia de exención de obligaciones, como en las características económicas y sociales que la rodean.

La situación de la pesca comercial en nuestro país, como actividad primaria, es ya preocupante; la falta de ordenamiento pesquero, el aumento desenfrenado de los insumos y la política comercial de importación de productos marinos extranjeros en vez del consumo de los nacionales, son factores que han lastimado constantemente las posibilidades de trabajo los de los productores y sus familias, afectando además a miles de mexicanos que participan de forma indirecta en las actividades propias del sector.

La actividad pesquera, al ser parte del sector primario, es considerada a nivel mundial como uno de los pilares fundamentales para la economía y desarrollo social de las naciones, constituyéndose así en elemento estratégico de la planeación sectorial para un gran número de países, que como nosotros, tienen la oportunidad de contar con un litoral marino y aguas interiores; en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación(FAO), sostiene que la actividad pesquera contribuye a la seguridad alimentaria, fundamentalmente de las naciones en vías de desarrollo, incrementando directamente el suministro de alimentos de las personas, proporcionando proteínas animales muy nutritivas e importantes micronutrientes. Asimismo funge como un importante paliativo en zonas o temporadas en las que la cantidad de alimentos escasea, o los medios para la siembra y cosecha son de imposible acceso, en estos casos, los productos marinos, por sus características de auto alimentación y reproducción se constituyen como una fuente sustentable de alimento, con las bondades de nutrición y accesibilidad.

Estos nutrientes representan, sin duda alguna, una gran necesidad para nuestro país, pues tan solo en los últimos años, se ha tenido un aumento sin precedentes en el sobre peso y obesidad, de tal magnitud que según cifras de la Secretaría de Salud, en el año 2006, de la totalidad de la población mayor de 20 años, un 42.5 por ciento de hombres y un 37.4 por ciento de mujeres, tenían sobre peso. La gravedad de estas cifras, nos hacen concluir que la distribución y producción de alimentos nacionales no está cumpliendo con las necesidades nutricionales de nuestra sociedad; el apoyo y fomento a la productividad pesquera ayudaría en gran medida, a combatir este problema.

En cuanto a las condiciones económicas, las características de la actividad pesquera, hacen que las comunidades que intervienen directa o indirectamente en el proceso de producción y transformación de los productos; se vean notablemente beneficiadas; de forma que durante el proceso de reparaciones, mantenimiento; adquisición de combustibles, alimentos, refrigerantes, herramientas y refacciones, entre otros insumos que las embarcaciones requieren; participan todo tipo de sectores económicos, constituyéndose la actividad, como un verdadero motor de desarrollo social, en el cual concurren de forma dinámica los pescadores, la comunidad y los comerciantes; aunado a lo anterior, el proceso a seguir por las embarcaciones tras la obtención de productos del mar, complementa notablemente a las actividades anteriores, pues, con el solo desembarque, almacenamiento y transportación de los alimentos, se generan una gran cantidad de fuentes de empleo, que impactan de nuevo en la economía de los pobladores.

En contraste con lo anterior, la productividad del sector se ha visto gravemente lesionada por la falta de políticas públicas adecuadas y el encarecimiento de los insumos básicos para la operación; así, basta tan solo apreciar el incremento del precio de los combustibles, principalmente diesel.

Como se advierte claramente en la tabla anexada, los precios de combustibles aumentaron drásticamente, de tal forma que en un periodo de tan solo 6 años, el incremento en el precio del Diesel fue de 5.26 pesos, es decir, de enero de 2007 a octubre de 2012, registró un aumento de casi el doble de su precio original. Esos incrementos, y los que adicionalmente se han venido registrando este año, afectan particularmente al sector, pues, por las características propias de las embarcaciones, las distancias y frecuencia con las que se trabaja, una embarcación de altura, en promedio, utilizará cuando menos 15,000.00 litros de Diesel por viaje, dependiendo de la temporada y la zona de que se trate; de tal forma, se tiene que en principio, para estar en condiciones de trabajar, y solo por concepto de combustible, un productor que no tenga acceso a otro tipo de apoyos como el de vale pesquero, necesitaría contar con 164,00.00 pesos por cada embarcación, esta cifra, aumenta cuando se considera los otros insumos como agua, gas, y artes de pesca.

Las complicaciones ya enunciadas, han lesionado a la actividad de tal manera, que según estudios recientes, el número de unidades de producción, o embarcaciones pesqueras con las que cuenta nuestro país, ha pasado de 106 mil 373 en el año 2000, a 82 mil 69 en el 2011, es decir, la flota nacional se ha reducido 23 por ciento en un lapso de 10 años. Esta disminución, producto en parte, de los programas federales para reducir el esfuerzo pesquero, y mayormente de la precariedad económica que ha obligado a los productores a deshacerse de sus embarcaciones, pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, el sustento de familias mexicanas y las fuentes de empleo de miles de trabajadores que directa e indirectamente dependen de la pesca.

A pesar de las condiciones adversas, el sector pesquero nacional, se ha mantenido vigente en la economía mexicana, contribuyendo a su desarrollo, de manera que en la actualidad registra por concepto de captura de diversos productos, un ingreso aproximado de 1´300 millones de pesos, anuales; además, tiene participación de más de 300 mil pescadores en todo el país, lo cual, en conjunto con sus familias, representa un factor de gran importancia en materia de estabilidad laboral. Con todas sus bondades y potencial, esta actividad apenas representa el .8 por ciento del PIB nacional, lo cual nos hace reflexionar acerca de las oportunidades que una adecuada atención del sector, podría representar para nuestra nación.

La problemática ya expuesta, hace evidente la necesidad que se tiene de regularizar y subsanar lo evidenciado en el primer apartado de esta iniciativa; de tal forma, modificar el artículo 60 de la Ley de Puertos, para que en su texto prevea las exenciones contempladas por la Ley Federal de Derechos en materia de embarcaciones pesqueras, aportará a los pescadores un impulso extra, que cuando menos les permita estar en posibilidades de continuar produciendo, y propicie frenar la tendencia actual que los lleva a deshacerse de sus embarcaciones por no contar con los recursos suficientes para la operación, en ese sentido, resulta importante mencionar lo establecido en los artículos 204,208 y 209 de la Ley Federal de Derechos:

Capítulo IIIPuerto y Atraque

...

Artículo 204. No se pagarán los derechos a que se refiere este capítulo, por las embarcaciones siguientes:

VIII. Las nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial.

Capítulo IVMuelle, Embarque y Desembarque

Artículo 208.- No se pagará el derecho de muelle a que se refiere este capítulo:

...

I. Por la carga que pertenezca a la explotación pesquera nacional.

Artículo 209.- No se pagará el derecho de embarque o desembarque a que se refiere este capítulo, por las embarcaciones siguientes:

...

VIII. Las nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial. ¨

Como se puede apreciar en los preceptos legales aludidos, y como ya se estableció anteriormente, el texto aun vigente de la Ley Federal de Derechos, contempla, desde 1981 una situación especial para la pesca, de tal forma, en los artículos mencionados se aprecia claramente como los legisladores procuraron, mediante exenciones, impulsar la actividad y distinguirla respecto de otras embarcaciones comerciales que utilicen la infraestructura del dominio público de la nación.

El concepto de apoyo a la actividad primaria, no ha sido rescatado por ninguna de las APIS a las que les fueron concesionados los diferentes puertos de nuestro país; han establecido tarifas, que además de caras, reflejan el desconocimiento y desinterés por la promoción y fortalecimiento del sector pesquero; conforme a lo mencionado, y como ejemplo, la Administración Portuaria Integral de Chiapas, establece tarifas que son a todas luces inequitativas para un sector estratégico y vulnerable como el pesquero; en el siguiente cuadro, se puede apreciar cómo se han fijado tarifas para esta actividad hasta 9 veces mayores en comparación con las del sector turístico.

Considerando la desproporcionalidad de las tarifas impuestas, y en el entendido de que una vez que los bienes del dominio público de la nación han sido concesionados, no aplicará el régimen de derechos, si no de tarifas por tratarse de un particular, y por tanto, la Ley Federal de Derechos encuentra su ámbito de aplicabilidad restringido; es que se pretende con esta reforma, modificar el marco normativo que regule a las empresas concesionarias, y las obligue a respetar lo ya establecido por el congreso de la unión desde hace mas de dos décadas.

Así mismo y con el objetivo de no afectar la libre competencia de sociedades mercantiles de capital eminentemente privado y considerando que las Administradoras Portuarias Integrales que se han constituido en puertos históricamente pesqueros, son en su totalidad empresas compuestas con capital mayoritario del gobierno federal mexicano y de entidades locales, esta modificación, no vulnera de ninguna manera la libertad que en cuanto a cobro de tarifas les conceda a empresas privadas su título de concesión; tomando en consideración, que será la misma competencia de mercado, la que permita que las tarifas para embarcaciones pesqueras sean equitativas y costeables.

Asi pues, la atención que como legisladores otorguemos, sin distinción partidista, a  la modificación que aquí se presenta, corresponderá a la responsabilidad que como representantes de nuestra sociedad nos otorga la nación; esta iniciativa, logrará que se respeten los esquemas de exención para la actividad pesquera, ya contenidos en la legislación hace décadas, otorgará certidumbre jurídica a las comunidades que en ella participan y propiciará que nuestra pesca nacional cuente con un impulso adicional que le permita continuar su producción, aportar alimentos de calidad y continuar su crecimiento como actividad estratégica para el desarrollo integral de nuestro país.

En concordancia con los razonamientos anteriores, sometemos a su consideración el presente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción X del artículo 40 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 40. Además de los derechos y obligaciones que se establecen para los concesionarios, corresponderá a los administradores portuarios:

I a IX...

X. Percibir, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, por la celebración de contratos, por los servicios que presten directamente, así como por las demás actividades comerciales que realicen; salvo lo establecido para las administradoras portuarias con capital mayoritario del gobierno federal, estatal o municipal, las cuales quedaran imposibilitadas para realizar cobros por concepto de muelle, embarque, desembarque, puerto y atraque a las embarcaciones nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial.

Artículo 60...

...

La regulación tarifaria y de precios contenidas en las concesiones y permisos a que se refiere el párrafo primero del presente artículo, o aquellas que en uso de sus facultades determinen las Administradoras Portuarias Integrales con capital mayoritario del gobierno federal, estatal o municipal, exentaran del pago por concepto de muelle, embarque, desembarque, puerto y atraque, a las embarcaciones nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se abrogan y derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Ley de Puertos, artículo 38.

2 Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación, La importancia de una Pesca Sostenible. FAO 2008.

3 Secretaría de Salud, INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006.

4 http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epublico_esp.pdf

5 Análisis de los Precios y de los Subsidios a las Gasolinas y el Diesel en México, 2007-2011, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Cámara de Diputados, México, DF.

6 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011,Página 211, México, 2011.

7 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países (FAO), 2002.

8 Cisneros Mata Miguel Ángel, Retos y oportunidades de las pesquerías mexicanas, Instituto Nacional de la Pesca, México, 2012.

9 http://www.puertochiapas.com.mx/muellaje

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 11 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

ARTICULO 66 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Armando Córdova Díaz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el siglo XVIII a la fecha, la tradición democrática ha sido asumida bajo el principio inconmovible de la soberanía popular. Resulta evidente que por diversas razones el pueblo no puede gobernar por sí de manera directa, ante ello la necesidad de contar con una forma de representación que garantice, en lo posible que el gobierno dependa del pueblo. Esta forma de representación es el Parlamento como institución política donde se debaten los temas de interés colectivo y donde surgen las disposiciones jurídicas necesarias para regular la vida del pueblo.

En México, la instalación del Poder Legislativo surge el 24 de febrero de 1824 en el México independiente ocupando como sede la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo (más tarde la Hemeroteca Nacional).

El artículo 49 constitucional, señala que el Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Legislativo depositado en un Congreso General que se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. La organización del Congreso Mexicano se da sobre bases de permanencia y continuidad. Su permanencia deviene de su carácter de Poder integrante del Supremo Poder de la Federación y, su continuidad, caracterizada por el funcionamiento en periodos de sesiones y en los recesos con la Comisión Permanente,  y por su renovación en la Cámara de Diputados que de conformidad con el artículo 51 constitucional se da en su totalidad cada tres años; y de manera parcial en la Cámara de Senadores.

El periodo de sesiones hace referencia al tiempo de reunión, necesario y efectivo que ocupan los legisladores para  conocer y tratar los asuntos considerados en un orden del día, asuntos que, por la importancia de su propia naturaleza requieren de una deliberación previa sustentada en la discusión, votación y en su caso aprobación.

La Constitución de 1857 fue la primera en establecer dos periodos de sesiones. El artículo 62 de dicha constitución establecía: “El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias: el primero comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 de diciembre, y el segundo, improrrogable, comenzará el 1 de abril y terminará el último de mayo”.

En 1874, se reforma el artículo 62 de dicha constitución estableciendo que el primer periodo de sesiones ordinarias podría prorrogarse hasta por 15 días.

El texto original del artículo 65 de la Constitución de 1917 establecía que el Congreso se reuniría a partir del 1 de septiembre de cada año para la celebración de las sesiones ordinarias en las cuales se ocuparía entre otras cosas de la revisión de la cuenta pública del año anterior, que sería presentada a la Cámara de Diputados, dentro de los 10 primeros días de la apertura de sesiones; examinar, discutir y aprobar el Presupuesto del año fiscal siguiente, y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo, y estudiar, discutir y votar las iniciativas que se presenten, así como atender y resolver los asuntos en competencia de acuerdo a la Constitución.

El artículo 66 de la Constitución de 1917, estableció: “El periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar de todos los asuntos mencionados en el artículo anterior; pero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año. Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de la fecha indicada, resolverá el Presidente de la República”.

Con la reforma publicada el 7 de abril de 1986 al artículo 66 constitucional, se dispuso que el primer periodo de sesiones será hasta el 31 de diciembre del mismo año, y el segundo periodo no excederá del 15 de julio del mismo año. Igual, señala que en el caso de que ambas Cámaras no tuvieran acuerdo para el término de las sesiones antes de las fechas indicadas, deberá resolver el presidente de la República.

Con la reforma al artículo 66, publicada el 3 de septiembre de 1993, se fijó que el primer periodo no podrá extenderse más allá del 15 de diciembre de cada año, estableciendo como excepción a lo anterior la fecha prevista de inicio del encargo del presidente de la República como lo señala el artículo 83, en cuyo caso el periodo podrá ampliarse al 31 de diciembre del mismo año. Y el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Cada periodo de sesiones, que de conformidad con el artículo 65 constitucional que a la letra señala: “El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias”.

“En ambos períodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución”.

“En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica”.

La función legislativa es, sin duda, una de las actividades más importantes que realiza el Estado. La función legislativa consiste en la aprobación de las normas jurídicas básicas para el funcionamiento del Estado. En el ejercicio de la función legislativa, el Congreso de la Unión, está facultado para legislar en diferentes materias, por ejemplo en materia económica de acuerdo a los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 fracciones XXIX-D; XXIX-E; XXIX-F; 123 y 131 constitucionales, como son: Planeación, inversión extranjera; propiedad industrial; competencia económica; metrología y normalización; hidrocarburos; minería; cinematografía; servicios financieros; energía eléctrica y nuclear; comercio; turismo; comercio exterior y materia laboral.

En materia de organización y funcionamiento, de conformidad con los artículos 3o., 28, 41, 70, 73, 90, 94, 102 y 124 de la Constitución Política, el Congreso tiene facultades para legislar en materia de: La organización del Congreso; la del Ejecutivo Federal; la del Poder Judicial; las universidades públicas que dependan de la federación; la Auditoría Superior de la Federación.

En materia de educación, que de acuerdo al artículo 3o. constitucional, dispone que el Congreso expedirá las leyes necesarias para distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios. De igual, en materia de educación y cultura, el artículo 73 fracción XXV, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen el sistema nacional educativo; los órganos encargados de la difusión de la cultura; los órganos encargados de la investigación científica, la conservación de monumentos arqueológicos e históricos.

Facultades en materia de impartición de justicia, que de conformidad con las fracciones XXI y XXIX-H del artículo 73, y los artículos 105, 106 y 107, el Congreso tiene facultades para expedir leyes que regulen los procedimientos civiles y penales; las controversias constitucionales; el sistema de medios de impugnación en materia electoral; los procedimientos administrativos; las acciones de inconstitucionalidad; el procedimiento de juicio de amparo.

Facultades en materia de defensa, como lo prevén el artículo 73 en sus fracciones XII, XIII, XIV y XV.

Facultades en materia de asentamientos humanos, fracción XXIX-C del artículo 73; facultades en materia laboral, fracción X del artículo 73, y artículos 5o. y 123, como fundamentos para expedir leyes que regulen las relaciones laborales de los trabajadores previstos en el Apartado A del artículo 123; los trabajadores al servicio del Estado; los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público y los miembros de las instituciones policiales.

Facultades en materia de salud, fracción XVI del artículo 73; facultades en materia de comunicaciones, fracción XVII del artículo 73.

Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia de Presupuesto de Egreso, como lo dispone el artículo 74, fracción IV; facultades en materia tributaria, artículo 73, fracción VII, que dispone como facultad del Congreso para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto de egresos de la federación, así como las señaladas en la fracción XXIX del mismo artículo para cubrir las contribuciones sobre comercio exterior; el aprovechamiento y explotación de recursos naturales comprendidos en el artículo 27 de la Constitución; instituciones de crédito y sociedades de seguros; servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación; impuestos especiales sobre energía eléctrica; producción y consumo de tabacos; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillo y fósforos; aguamiel y productos de su fermentación; explotación forestal y producción y consumo de cerveza.

Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores de conformidad al artículo 76 constitucional en materia de política exterior mediante la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba el Ejecutivo Federal así como su decisión de terminar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos (fracción I); Ratificar los nombramientos que el Ejecutivo haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga (fracción II); la autorización de tropas al Ejecutivo para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, igual, permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas (fracción III); Otorgar el consentimiento para que el Ejecutivo Federal pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria (fracción IV); Declarar la desaparición de los poderes constitucionales de un Estado, en el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El Senado hará el nombramiento de Gobernador a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente (fracción V);  Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado (fracción VI); Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos (fracción VII); Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos (fracción VIII); Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución (fracción IX); la autorización mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas (fracción X); y Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.

Además, el Congreso de la Unión, asume tareas de control de legislación, presupuestal y político.

El control de legislación tiene que ver con la emisión de normas de carácter general e impersonal con propósitos específicos para regular la ejecución de planes y programas; transparentar el uso de los recursos públicos y generar criterios de conducta en los servidores públicos.

El control presupuestal está vinculado con la aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que la Cámara de Diputados como facultad exclusiva de acuerdo al artículo 74 constitucional debe realizar; y la aprobación de la Cuenta Pública, es la que se comprueba que el gasto ejercido efectivamente es el presupuestado, como lo señala el artículo 74 constitucional, también ejercido por la Cámara de Diputados.

El control político tiene que ver con la fiscalización del uso y destino de los recursos públicos, mediante la verificación de los gastos generados por las dependencias y entidades de la administración pública, para lo cual la Cámara de Diputados se apoya en la Auditoría Superior de la Federación, uno de los aspectos de este tipo de control es citar a comparecer a los funcionarios públicos a que hace referencia el artículo 93 párrafo segundo constitucional.

Para el proponente, resultan evidentes las amplias facultades del Congreso de la Unión, como se han señalado.

Hoy, los mexicanos exigen y demandan del legislativo transitar en una ruta ordenada que concrete y materialice las reformas estructurales necesarias para la nación. Fortalecer a México, es fortalecer al propio Poder Legislativo. Es ambicionar una agenda legislativa nacional y común con los demás Poderes de la Unión que permitan a México recuperar su posicionamiento y reconocimiento con desarrollo y crecimiento en el ámbito internacional.

El Congreso de la Unión apegado al nuevo contexto y circunstancia nacional e internacional, no puede y no debe dejar pasar más tiempo para atender y resolver los temas de interés nacional. La pluralidad en la integración de esta LXII Legislatura, así como la nueva composición de sus comisiones ordinarias, serán actores primarios para la transformación de México. Tendremos en conjunto las dos Cámaras, la responsabilidad y el compromiso de avanzar en el bienestar que demandan todas y todos los mexicanos.

La propuesta de ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias, objeto de esta iniciativa, se enmarca justamente en ocuparse de los asuntos del orden legislativo y de los temas de interés nacional, que, por la importancia de su propia naturaleza requieren de una mayor y amplia deliberación. Contar con un mayor margen de tiempo para sesionar, permitirá al   Congreso realizar con mayor eficiencia los trabajos legislativos que legal y constitucionalmente le competen.

Finalmente, proponemos, que el segundo periodo de sesiones ordinarias, concluya el 15 de junio de cada año, y no el 30 abril de cada año, como actualmente lo establece el artículo 66 constitucional.

Por los motivos expuestos, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el presidente de la República.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rubrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE ACCION SOCIAL PARA LA PROMOCION Y PREVENCION CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD POBLACIONAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, suscrita por los diputados Alejandra López Noriega, Isaías Cortés Berumen y José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Alejandra López Noriega,Isaías Cortés Berumen y José Enrique Reina Lizárraga,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La salud se define como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. En un país como el nuestro, que ha logrado plasmar como derecho fundamental para toda persona el de la protección de la salud y que ha logrado la cobertura universal en salud, es necesaria la aplicación de todos nuestros recursos para resolver los más graves problemas de salud, principalmente cuando se han constituido en amenaza permanente para la población y para la viabilidad financiera de nuestro Sistema Nacional de Salud como es el caso de la obesidad.

El derecho social a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4º de nuestra carta magna, por su naturaleza exige la intervención activa del Estado, a fin de que se realicen las acciones precisas para que exista la infraestructura en salud necesaria, para que podamos restaurar nuestra salud en caso de ser necesario, pero también para controlar aquellos elementos de riesgo para nuestra salud.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas”. Con la información generada por organismos internacionales y por la Secretaría de Salud se ha insistido en que la obesidad, dependiendo de su gravedad y de su duración, puede transformarse en una enfermedad procuradora de otras enfermedades, especialmente las crónico degenerativas como la diabetes.

La OMS define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Asimismo, de acuerdo con esta organización que es la máxima autoridad en la materia a nivel mundial, en 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso.

Se pueden mencionar dos fenómenos como los principales agentes causantes de ese desequilibrio energético que causan el sobrepeso y la obesidad estos son:

• Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y

• Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización.

Según la OMS, los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación.

En los países desarrollados y en aquellos en vías de desarrollo como México, principalmente en sus zonas urbanas, es poco probable aunque no imposible, que un cambio climático nos lleve a mejorar la alimentación y a incrementar la actividad física, por ello la opción más viable es la de generar cambios sociales adecuados al grado de desarrollo y la creación de instrumentos de política pública tendientes a generar acciones específicas y efectivas en la población y los gobiernos.

Según la Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición (Ensanut) 2012, el 71.1 por ciento de los mexicanos mayores de 20 años tienen sobrepeso y obesidad, lo que representa 48.6 millones de personas y  lo que significa que el problema aumentó 1.1 por ciento en los últimos 6 meses, no obstante resulta relevante aclarar que se esperaba un crecimiento de por lo menos el 5 por ciento considerando la tendencia que se había generado de 1990 al 2006.

Por ello el Secretario de Salud Federal declaró lo siguiente: “Es el sobrepeso y la obesidad la epidemia más importante que tenemos hoy que enfrentar en la salud de las y los mexicanos pero al mismo tiempo estamos diciendo con puntualidad que los esfuerzos han empezado a dar resultados, el crecimiento que se venía generando desde la década de los 90, hoy tiene una tendencia a la estabilización.”

Algunos otros datos de la Ensanut 2012 indican que el 34.4 por ciento de los niños de 5 a 11 años reportan sobrepeso y obesidad .El 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años tienen problemas de peso. Las tendencias en nutrición señalan que el 2.8 por ciento de los menores de 5 años presentan bajo peso, 13.6 por ciento muestran baja talla y 1.6 por ciento desnutrición aguda. Respecto a la anemia, la mayor prevalencia está en los niños de 12 a 23 meses de edad, con el 38%. El 23.3 por ciento de los niños preescolares también la presentan. En México, 6.4 millones de adultos están diagnosticados con diabetes; en 2006 eran 4.3 millones de personas.

Una persona que sufre de sobrepeso y obesidad, que a la larga desarrolla una enfermedad crónico-degenerativa, tarde o temprano tendrá que ser atendida en el sector salud.

En virtud de lo anterior y a pesar de que se ha logrado una clara desaceleración de la epidemia de obesidad, en México aún no se ha revertido la sentencia prospectiva de que para el año 2015 las enfermedades derivadas de la obesidad representarán un gasto en salud superior a los 100 mil millones de pesos y, muy probablemente, de continuar así, nuestro país tendrá que afrontar en veinte años el colapso de nuestro sistema de salud, pues la carga de los costos por atención será insostenible.

Sabemos que el grave problema de obesidad que padece la población nacional se ha generado a consecuencia de los malos hábitos alimenticios transmitidos y reproducidos en el ámbito familiar y que son reforzados por los patrones de consumo alimentario en la escuela.

La baja actividad física que exige la vida familiar y la escolar fomenta un estilo de vida sedentario favorecido por el uso y abuso excesivo de los medios electrónicos a su alcance como son la televisión, las computadoras y videos juegos, entre otros factores.

Es urgente proteger a los niños mexicanos pues de continuar la tendencia hacia la obesidad se convertirán sin remedio en adultos obesos, hasta el punto en que la siguiente generación podría tener una esperanza de vida menor que la actual, como consecuencia de esta obesidad, a pesar de los avances médicos en otros campos. Algunos estudios indican que la obesidad acorta la esperanza de vida en 13 años, por tal motivo tenemos que empezar por nosotros mismos, pues si la madre y el padre son obesos, el riesgo de que lo sea también el hijo es de casi el 90 %.

Los hábitos de los hijos tienen mucho que ver con los de sus progenitores, y de ahí la necesidad de modificar las costumbres de los padres, cuando no sean adecuadas en materia de alimentación y salud. Por tanto, si luchamos contra nuestra propia obesidad, además de los evidentes beneficios que lograremos para nosotros mismos, también los conseguiremos para los hijos.

Aunque el gobierno mexicano ha implementado campañas informativas y ha emprendido acciones a través del Sistema Nacional de Salud y el de Educación, queda claro que gran parte de la solución depende de nosotros los ciudadanos y otra parte de los productores de alimentos de consumo humanos con alto contenido calórico y en grasas.

La obesidad y el sobrepeso, en la mayoría de los casos puede prevenirse y controlarse con una dieta adecuada y actividad física, no obstante cuando se han rebasado los límites y se llega a la obesidad mórbida, resulta casi imposible que una persona se rehabilite sin una intervención quirúrgica y es necesario que mediante acciones sociales, esto es mediante la aplicación de programas, estrategias colectivas y ayudas que complementan las prestaciones del Estado y que persigan el bienestar común, apoyemos a las personas que padecen esta enfermedad o que se encuentran en vías de padecerla.

El estilo de vida moderno, que nos pone al alcance todo tipo de alimentos ricos en calorías y grasas, de fácil acceso y consumo es la principal barrera para que una persona pueda tomar opciones alimenticias adecuadas y que aunque consuma los alimentos ricos en calorías y en grasas lo haga con medida. Por ello es indispensable involucrar a los productores de esos alimentos, a fin de que se logre un acuerdo Nacional tendiente a la transformación de sus productos en porciones más pequeñas y bajos en calorías y en grasas.

Es incuestionable que para lograr revertir y erradicar el problema de sobrepeso y obesidad que padecemos como sociedad, es necesario disminuir o erradicar el consumo de productos sin valor nutricional y con alto contenido calórico y en grasas. Para ello es necesario intensificar las acciones de concientización de la población para fomentar una adecuada educación alimentaria, que fortalezca una cultura de buenos hábitos alimenticios, y dándole la magnitud que amerita esta problemática.

Aunque el enfoque en la materia ha sido el de retirar los alimentos del alcance de las personas, un verdadero enfoque preventivo debe estar basado en las acciones adecuadas en materia de educación para la salud.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán reveló que México es el país con la mayor cantidad de anuncios de comida chatarraque se difunden en este medio. Nuestros niños reciben 12 mil impactos publicitarios al año y llevan tres generaciones con esta convicción, no es casualidad, sino causalidad que México sea un país con gran obesidad infantil. El estudio La desnutrición infantil y obesidad en la pobreza en Méxicoseñala que en el país un niño que pasa en promedio dos horas diarias frente a la televisión habrá visto más de 12 mil 400 anuncios de comida chatarraen un año.

La población debe contar con la información nutricional necesaria para que tome las mejores decisiones con respecto a su alimentación, a fin de que cada persona tome en sus propias manos el cuidado de su salud.

La presente iniciativa se basa en la promoción de la salud como un elemento central para combatir el sobrepeso y la obesidad. El artículo 110 de la Ley General de Salud establece que “la promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva, asimismo el artículo 111 de la misma ley establece que comprende la educación para la salud, la nutrición, el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, la salud ocupacional, y el fomento Sanitario.

Se ha convertido en un tópico la afirmación de que en México la obesidad y el sobrepeso son problemas de salud pública con dimensiones graves, no obstante ha llegado el momento de tomar acciones sociales a fin de complementar las acciones del Estado.

Es necesario realizar la inversión presupuestal adecuada para enfrentar el este grave problema de salud pública, por ello la iniciativa propone que el Ejecutivo Federal esté obligado a Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio que corresponda, el 1% del presupuesto del ramo de salud, para la instrumentación de los programas y estrategias que determine el Consejo.

Resulta evidente que se trata de un problema de tal gravedad y en el que se involucra por completo la voluntad de los ciudadanos que sin la acción decidida de éstos, sin la acción coordinada del ejecutivo federal, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal y sin la participación con responsabilidad social de los productores de alimentos para el consumo humano, difícilmente podremos hacerle frente de manera efectiva a la epidemia del sobrepeso y la obesidad.

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional

Artículo Único. Se expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad, para quedar como sigue:

Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional

Titulo PrimeroDisposiciones Generales

Capitulo ÚnicoDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto promover la construcción de acciones de política pública integral y sistemática, en concordancia con las finalidades del derecho a la protección de la salud, en materia de acción social para la promoción y prevención contra el sobrepeso y la obesidad de la Poblacional Mexicana.

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se entiende por:

I. Acción social: Conjunto de programas, estrategias colectivas y ayudas que complementan las prestaciones del Estado y que persiguen el bienestar común;

II. Consejo: El Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional;

III. Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m² y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m²;

IV. Obesidad mórbida: Obesidad caracterizada por un índice de masa corporal, IMC, de 40.0, o mayor o de un IMC de 35.0, cuando la persona padezca al menos una enfermedad significativa o discapacidad severa y minusvalía a causa del exceso de peso;

V. Promoción: Conjunto de acciones para crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva;

VI. Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el sobrepeso y la obesidad, así como las situaciones de riesgo y limitar los daños asociados;

VII. Sobrepeso: Estado caracterizado por la existencia de un IMC igual o mayor a 25 kg/m² y menor a 29.9 kg/m²y en las personas adultas de estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m² y menor a 25 kg/m². En menores de 19 años, el sobrepeso se determina cuando el IMC se encuentra desde el percentil 85 y por debajo de la 95, de las tablas de edad y sexo de la OMS y,

VIII. Tratamiento integral: Conjunto de acciones que se realizan a partir del estudio completo e individualizado del paciente con sobrepeso u obesidad, incluye el tratamiento médico, nutricio, psicológico, régimen de actividad física y ejercicio; en su caso, quirúrgico, orientado a lograr un cambio en el estilo de vida y a disminuir o erradicar los riesgos para la salud, corregir las comorbilidades y mejorar la calidad de vida del paciente.

Artículo 3. La acción social para la Promoción y la Prevención contra el sobrepeso y la obesidad poblacional se regirá bajo los principios de responsabilidad social, solidaridad y bien común.

Título SegundoDistribución de Competencias

Capítulo IDe la Federación y las entidades federativas

Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Presidir el Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional;

II. Vigilar el apego de las acciones del Consejo a las disposiciones legales y normativas en materia de promoción y prevención para la salud;

III. Promover el compromiso en programas de responsabilidad social de empresas, instituciones y medios, que actúan sobre el mercado con intereses en la producción y venta de productos de consumo humano con alto contenido calórico y ricos en grasas y monitorear la inducción comercial, abierta o velada, al consumo indiscriminado e ilimitado de dichos productos a fin de promover acciones de compromiso social entre los productores y distribuidores;

IV. Promover acuerdos con los productores de alimentos a fin de impulsar la transformación de productos hacia porciones, contenido calórico y graso que no representen un riesgo para adquirir obesidad;

V. Compartir con las entidades federativas, a través de sus servicios de salud, la información generada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la toma de decisiones en materia de obesidad y sobrepeso y coordinar los mecanismos de evaluación de las acciones para su control y erradicación, con base en el seguimiento eficaz y oportuno de las mismas;

VI. En coordinación con la Secretaria de Educación Pública, con los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, llevar a cabo la medición permanente de la prevalencia e incidencia de sobrepeso y obesidad en la población escolar de nivel básico y realizar acciones conjuntas en materia de promoción de una vida saludable y,

VII. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio que corresponda, el 1 por ciento del presupuesto del ramo de salud, para la instrumentación de los programas y estrategias que determine el Consejo.

Artículo 5. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal:

I. Apoyar al Ejecutivo Federal en la operación de la acción extraordinaria en materia de Obesidad, en caso de que la declare;

II. Promover que los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas, proporcionen a los consumidores la información necesaria para el cálculo del contenido calórico  y su límite de consumo recomendable y generar incentivos en el ámbito de sus competencias, para aquellos que cumplan con esta disposición;

III. Otorgar el reconocimiento de “empresa altamente saludablemente responsable” a aquellas que promuevan en sus espacios de trabajo la sana alimentación y la promoción de prácticas deportivas entre sus empleados y generar incentivos en el ámbito de sus competencias para aquellos que lo obtengan;

IV. Promover la adecuada distribución de comercios y comerciantes distribuidores de alimentos con alto contenido calórico y ricos en grasas, fuera del perímetro inmediato a los centros escolares de nivel básico;

V. Promover la disminución a la exposición a situaciones que promueven el consumo desmedido e ilimitado de alimentos con alto contenido calórico y ricos en grasas, en la población en general y en especial en la población de niños, niñas y adolescentes;

VI. Promover la instrumentación de intervenciones comunitarias tendientes a disminuir la vulnerabilidad de los habitantes en general y, en particular, de los grupos de niños, niñas y adolescentes frente a la adopción de estilos de vida que favorecen el sobrepeso y la obesidad poblacional;

VII. Impulsar el desarrollo de unidades promotoras de estilos de vida saludables a nivel estatal y municipal que faciliten la integración de los miembros de la familia, de la comunidad educativa, de los centros de salud y de las organizaciones sociales;

VIII. Apoyar la formación de docentes y líderes juveniles, en programas de acción social para la prevención y promoción contra el sobrepeso y la obesidad poblacional y

IX. Crear los Consejos para la Coordinación Estatal de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, que deberán sesionar por lo menos cada tres meses y que deberán estar integrados de la siguiente manera:

a) El Secretario de Salud del Estado o en su caso del Distrito Federal, quien lo presidirá;

b) El Secretario de Educación Pública, como miembro con voz y voto;

c) Un representante del Consejo Coordinador Empresarial, como vocal y,

d) El Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como vocal.

e) 3 ciudadanos designados por el Secretario de Salud del Estado o en su caso del Distrito Federal.

Artículo 6.Existirá competencia concurrente entre la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal para:

I. Realizar acciones de promoción de estilos de vida saludable y dieta balanceada, así como, del incremento de la actividad física en los centros escolares;

II. En coordinación con las autoridades educativas promover la incorporación de acciones sociales y educativas para la promoción y prevención contra el sobrepeso y la obesidad poblacional, incorporando el tema del fortalecimiento a la alimentación en los programas y materiales de educación básica, así como en la capacitación de los profesores y padres de familia en esta materia y,

III. Impulsar la reforma estructural necesaria para crear una red nacional de tomas de agua potable con acceso libre para la población en áreas públicas y centros escolares.

Capítulo IIDel Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional

Artículo 7. El Consejo sesionará por lo menos cada tres meses y estará integrado de la siguiente manera:

a) El Secretario de Salud Federal quien lo presidirá;

b) El Secretario de Educación Pública Federal, como miembro con voz y voto;

c) Titulares de los Servicios de Salud Federal como miembros con voz y voto;

d) Presidente del consejo Coordinador Empresarial Nacional, como vocal;

e) El Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como vocal;

f) El Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, como vocal,

g) Presidentes Nacionales de las principales empresas productoras de alimentos,  como invitados del Consejo, y

h) 3 ciudadanos designados por el Consejo de Salubridad General.

Artículo 8. Corresponde al Consejo el diseño y coordinación de acciones sociales para la promoción y la prevención contra el sobrepeso y la obesidad en todo el país, las que deberá instrumentar y evaluar con el apoyo de las Secretarías de Estado federales y de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal.

Artículo 9. El Consejo, en coordinación con los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal Promoverá que las acciones contra el sobrepeso y la obesidad no generen discriminación ni estigmatización de las personas afectadas por la obesidad o sobrepeso.

Artículo 10. El consejo se encargará de monitorear los conocimientos, actitudes y prácticas de riesgo de las personas que padecen sobrepeso u obesidad a fin de crear estrategias de reversión de dichas prácticas y actitudes para toda la población.

Artículo 11. El Consejo coordinará y normará las acciones de los Consejos Estatales para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional.

Artículo 12. El Consejo apoyará en las acciones de promoción, en caso que el Ejecutivo Federal declare la acción extraordinaria en materia de Obesidad.

Artículo 13. El Consejo promoverá y apoyará las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención de los problemas de obesidad y sobrepeso; para tal efecto estará facultado para firmar acuerdos en este sentido.

Artículo 14. Para la creación de una estrategia de intervención socio-sanitaria, el Consejo estará facultado para gestionar recursos en forma de donaciones para el impulso de intervenciones comunitarias en materia de promoción, apoyo y desarrollo de programas de nutrición, educación física y deportes para la población que padece de sobrepeso u obesidad, así como, para el tratamiento quirúrgico y rehabilitación de las personas con obesidad mórbida.

Título Tercero

Capítulo ÚnicoMedidas de Seguridad y Sanciones

Artículo 15. La Ley General de Salud será de aplicación supletoria al presente ordenamiento, por lo tanto se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población.

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren.

Artículo 16. Se sancionará con una multa de 500 hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la instrumentación de acciones sociales que tiendan a desvirtuar o generar el incumplimiento doloso de los acuerdos generados a través del Consejo con base en la presente Ley.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Secretaría de Salud contará con 90 días, para convocar a sesión ordinaria al Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional y con 180 días para emitir el reglamento interior del mismo, ambos plazos se contarán a partir del día siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.

Notas:

1 Organización Mundial de Salud. Obesidad y sobre peso. Nota descriptiva  número 311. Marzo de 2011, tomado el 26 de octubre de 2012.

2 García Calderón, Carola. Los alimentos chatarra en México, regulación publicitaria y autorregulación. Derecho a Comunicar, revista científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Número 2. México 2011. http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/pdf/ num2/11-carola_garcia.pdf

Dado en el Palacio de Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputados: Alejandra López Noriega, José Enrique Reina Lizárraga (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Federal, y 6, fracción I, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las autoridades fiscales en nuestro país se encargan de vigilar por la correcta recaudación de los recursos que componen el erario público, así como también participar en el diseño de las políticas de aplicación de estos ingresos. Es de sobra conocido que en nuestro país la autoridad fiscal federal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual actúa en gran medida a través de su Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Entre las facultades con que cuenta el fisco para asegurarse del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, resaltan las de inspección y revisión, a través de las cuales la SHCP se asegura de que los contribuyentes cumplan adecuadamente con su deber de autodeterminarse y autofiscalizarse. Según el Código Fiscal de la Federación, estas facultades se ejercen a través de dos figuras: La visita domiciliaria y la revisión de gabinete.

Es de atención que para el ejercicio de sus facultades se le otorga a la autoridad revisora la posibilidad de aplicar diversas medidas de apremio, contenidas en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. De estas medidas de apremio, resalta la vertida en la fracción III, en la cual se permite la posibilidad de que cuando el contribuyente se oponga u obstaculice la realización de las actividades de la autoridad, se podrá proceder al aseguramiento precautorio de sus bienes, o incluso de la totalidad de su negociación. Al efecto, se reproduce el contenido del numeral actualmente en vigor:

Artículo 40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

I. ...

II. ...

III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente.

Para los efectos de esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la sección II del capítulo III, título V, de este Código.

...

Es de mencionar que esta medida de apremio ha sido ampliamente cuestionada, tanto por expertos, como en los tribunales. El principal argumento en contra ha sido que el hecho de redactar un acta circunstanciada que detalle la manera en que el contribuyente se opuso al ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, no constituye por sí mismo un medio de prueba idóneo para justificar el aseguramiento de los bienes del propio contribuyente.

Además, se alega que la medida tiende a ser desproporcionada, y a fomentar el abuso y el exceso en su aplicación de parte de las autoridades, ya que no marca un límite a la autoridad para el ejercicio de esta medida, por lo que es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 5, 14, y 16 de la Carta Magna, las cuales, de manera general, establecen la libertad de las personas de dedicarse a la profesión o actividades que más le acomode a cada una, siempre y cuando sean lícitas, y el derecho de que cualquier acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado.

Ha sido tal la relevancia que este tema ha adquirido, que la Suprema Corte de Justicia ha tenido que resolver contradicciones de tesis surgidas al seno del propio órgano jurisdiccional. La Primera Sala establecía el criterio de considerar la medida como inconstitucional, mientras que la Segunda Sala avalaba la proporcionalidad y legalidad de la norma.

Derivado de lo anterior, el pasado 28 de septiembre de 2012 la Corte resolvió en pleno que la medida de apremio a que hemos venido haciendo referencia es inconstitucional, ya que viola las garantías anteriormente mencionadas. Según información publicada en medios, al 31 de octubre de 2012 ya se habían resuelto a favor de los contribuyentes más de 500 juicios de amparo interpuestos por diversos particulares en contra de la aplicación de esta medida por parte del SAT, y se espera que más de 2 mil 500 juicios adicionales sigan este mismo camino.

De esta manera, se hace imperante que el Poder Legislativo actúe en concordancia con el máximo tribunal del país, y elimine la norma fiscal que ya de facto resulta inoperante, sobre todo teniendo en cuenta la interpretación de inconstitucionalidad que la Corte ya ha emitido en calidad de jurisprudencia firme.

Por todo lo anteriormente expuesto, y

Considerando

Que la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de iniciativa de los legisladores pertenecientes al Congreso de la Unión;

Que la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados en vigor reitera el derecho de los Diputados Federales de iniciar leyes o decretos; y

Que en fecha 28 de septiembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió resolución por la cual declara la inconstitucionalidad de la Fracción III del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, por lo cual se hace imperante la actualización de la norma jurídica en comento;

En este tenor, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se derogan ambos párrafos de la fracción III del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

I...

II...

III. (Se deroga).

IV...

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Tomás Torres Mercado y suscrita por Ana Lilia Garza Cadena, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Los suscritos, Tomás Torres Mercado y Ana Lilia Garza Cadena, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el contenido siguiente:

Planteamiento del problema

La reforma constitucional en materia política que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto pasado, representó otro avance en la construcción de un nuevo diseño institucional al incorporar distintas figuras jurídico-políticas en nuestro sistema político, que permiten mejorar las relaciones entre los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, siendo la iniciativa preferente una de las innovaciones y que recientemente se utilizó.

Recordemos que la figura de la iniciativa preferente se encuentra prevista en el artículo 71 constitucional al conceder la facultad al Presidente de la República para presentar en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en su caso, señalar con esa calidad, hasta dos iniciativas cuyo trámite legislativo deba ser preferente, previa valoración que el titular del Ejecutivo Federal haya realizado y que tiene como objetivo que el proceso legislativo que se siga, no sea el ordinario, sino que se agilice su discusión y votación en el plazo de 30 días naturales en cada Cámara Legislativa.

La incorporación de esta figura fue un acierto en nuestro marco constitucional, pues con ella, se faculta a que el Presidente de México pueda definir sus prioridades y que el Congreso se pronuncie en el sentido que estime pertinente, previa valoración y discusión que al respecto se origine, lo que se traduce en la obligación de que se vote la iniciativa señalada con el trámite de preferente, por lo que de ninguna forma transgrede las facultades originales que tiene el Congreso, dado que sólo provoca que esas iniciativas sean atendidas en un breve término.

La reciente experiencia que vivimos en esta Asamblea, respecto de las dos iniciativas señaladas con el carácter de preferente que el titular del Ejecutivo Federal presentó el 1º de septiembre de 2012, nos hizo darnos cuenta que el artículo 71 constitucional en esta materia necesita urgentemente una reglamentación que evite que en las próximas iniciativas que se presenten, surjan una serie de interpretaciones que, lejos de tener el objetivo común de elaborar un dictamen en un plazo determinado, se pretenda incumplir con el mandato constitucional derivado de la figura que nos ocupa.

Es nuestra responsabilidad crear leyes y perfeccionarlas. En este caso, es evidente la necesidad de contar con un andamiaje legal que nos brinde las soluciones a las distintas situaciones que pueden existir en las futuras iniciativas que el Presidente de la República presente y que señale con el trámite de preferente.

Argumentación

Consideramos que no es necesario crear un ordenamiento independiente en donde se reglamente la figura de la iniciativa preferente contenida en los párrafos penúltimo y último del artículo 71 constitucional, por lo que nuestra propuesta de reglamentación consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al ser ésta la que contiene disposiciones generales que rigen al Poder Legislativo Federal y sería un gran avance y nos daría una certeza que ahí se contemplen los distintos supuestos que pudieran presentarse y que ya los vivimos con las primeras dos iniciativas preferentes en el Congreso de la Unión.

Nuestra iniciativa consiste en adicionar un “Título Sexto” a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se denomine “De las iniciativas para trámite preferente” y en donde se incluyan cinco nuevos artículos: 136, 137, 138 y 139.

En el contenido de los artículos que se proponen, inicialmente se deja patente que las disposiciones contenidas en el Título que se adiciona, son reglamentarias del penúltimo y último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de iniciativa para trámite preferente. Asimismo, se reitera el hecho de que no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

Posteriormente se establece la obligación de que el Presidente de la República deberá señalar expresamente la Cámara que será de origen para discutir la iniciativa correspondiente, así como el hecho de que el Presidente del Congreso de la Unión, será el responsable de turnar inmediatamente cada iniciativa que reciba a la Cámara de origen correspondiente.

Uno de los puntos relevantes es incluir el momento a partir del cual se empezará a correr el plazo para la discusión y votación de la iniciativa preferente y es a partir del momento en que sea turnada la iniciativa por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen a la comisión o comisiones que resulten competentes y uno de los puntos que estimamos necesarios incluirlos es señalar que cuando inicie una legislatura, el cómputo del plazo se empezará a contar en el momento que las comisiones ordinarias se encuentren constituidas formalmente, porque de lo contrario se podría correr el riesgo de que por la premura, se instalen las comisiones ex profeso y ello reste tiempo a la elaboración del dictamen correspondiente, así como a su análisis y discusión.

Consideramos necesario que la iniciativa preferente única y exclusivamente deba ser discutida en lo individual, es decir, aunque existiesen más iniciativas ordinarias del mismo asunto pendientes de ser dictaminadas en las comisiones, éstas no serían materia de la elaboración del dictamen de la iniciativa preferente, así se conservaría el espíritu que alentó al Presidente de la República para que la discusión de dicha iniciativa y en el caso de que fuese aprobado en sentido positivo el dictamen por el pleno de cada Cámara, entonces aquellas iniciativas ordinarias se tendrían como asuntos concluidos.

Cabe señalar que la presente reglamentación que se propone para la iniciativa preferente, no busca establecer reglas especiales para la elaboración, discusión y votación de los dictámenes en las comisiones, ni los debates en el pleno, toda vez que se seguirán las reglas del artículo 72 constitucional, los reglamentos internos o acuerdos que se aprueben en la Junta de Coordinación Política o en el Pleno de cada Cámara.

Por último, considerando los plazos que para su discusión y votación se establecen en el penúltimo párrafo del artículo 71 constitucional y ante la posibilidad de que la Cámara revisara hiciera alguna modificación o adición al proyecto aprobado por la Cámara de origen, se propone que las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras trabajen en conferencia y puedan tener un dictamen en un máximo de quince días, para que en otro término igual, se pueda votar por la Cámara de su origen o en su caso, deberá atenerse a lo dispuesto por el Apartado E del artículo 72 constitucional, es decir, estimamos que un plazo máximo total de noventa días naturales para que se pudiera tener discutida y votada cada iniciativa para trámite preferente que se presente.

Estamos seguros que una ley entre más clara sea, mejor podrá ser aplicada, de ahí que el artículo 71 constitucional requiere una reglamentación adecuada para que la iniciativa preferente, figura nueva en materia política, sea un insumo más para pronto superar la etapa de transición que vivimos y tener un sistema político eficaz, plenamente democrático, en donde se privilegie la construcción de acuerdos de todas las ideologías políticas y se fortalezca la relación entre los Poderes Federales Legislativo y Ejecutivo.

Decreto

Único. Se adicionan a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos un Título Sexto, conformado del artículo 136 al 139, para quedar como sigue:

Título SextoDe las iniciativas para trámite preferente

Capítulo Único

Artículo 136.

1. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son reglamentarias del penúltimo y último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de iniciativa para trámite preferente.

2. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

Artículo 137.

1. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con ese carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.

2. El Presidente de la República señalará expresamente la Cámara que será de origen para discutir la iniciativa correspondiente.

3. Las iniciativas serán entregadas al Presidente del Congreso de la Unión, quien las turnará de inmediato a la Cámara de origen.

4. El cómputo del plazo para la discusión y votación será de un máximo de treinta días naturales y empezará a contarse desde el momento en que sea turnada la iniciativa por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen a la comisión o comisiones que resulten competentes para su dictaminación.

5. Cuando inicie una legislatura, el cómputo del plazo se empezará a contar en el momento que las comisiones ordinarias se encuentren constituidas formalmente.

Artículo 138.

1. Para la elaboración del dictamen de la iniciativa para trámite preferente no se contemplarán otras que sobre el mismo asunto se hubiesen presentado.

2. Si se aprobase en sentido positivo el dictamen de la iniciativa para trámite preferente, las iniciativas ordinarias que se encuentren pendientes de dictamen y que sean sobre el mismo asunto, serán consideradas como concluidas.

Artículo 139.

1. Serán aplicables los reglamentos de cada Cámara para la elaboración, discusión y votación del dictamen de las iniciativas con el trámite de preferente.

2. En caso de que haya concluido el plazo de treinta días y no se haya dictaminado la iniciativa, ésta se presentará en los términos originales en la sesión inmediata del pleno de la Cámara de origen o la minuta en la Cámara revisora, según sea corresponda, con el propósito de que sea discutida y votada sin mayor demora.

3. La discusión y votación se desarrollará conforme lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Federal y los reglamentos o acuerdos que se aprueben en la Junta de Coordinación Política o en el Pleno de cada Cámara.

4. Si la Cámara revisora hubiese hecho alguna modificación o adición al proyecto aprobado por la Cámara de origen, conforme las reglas aplicables para los trabajos en conferencia, deberá convocarse de inmediato a las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras para que se tenga un dictamen sobre la minuta en un plazo máximo de quince días naturales.

5. Se tendrá un plazo máximo de quince días naturales para que el dictamen sea votado por la Cámara de su origen o en su caso, deberá atenerse a lo dispuesto por el Apartado E del artículo 72 constitucional.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 2012.— Diputados: Tomás Torres Mercado, Ana Lilia Garza Cadena (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE PREVENCION DEL DELITO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Alejandro Carbajal González, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General de Prevención del Delito.

Antecedentes

México fue electo como miembro del Pleno de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas, función que ejerce desde el 1° de enero de 2010, por un periodo de tres años.

En el décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Viena del 10 al 17 de abril de 2000, fue emitida la “Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: frente a los retos del siglo XXI”, en el cual se establece que “...toda medida eficaz de prevención del delito y justicia penal requiere la participación, como asociados y protagonistas, de los Gobiernos, la Instituciones Nacionales, Regionales e Internacionales, las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales y los diversos sectores de la sociedad civil, incluidos los medios de información y el sector privado, así como el reconocimiento de sus respectivas funciones y contribuciones”.

En el undécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, efectuado en Bangkok, Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal”, que reconoce “que unas estrategias de prevención del delito amplias y eficaces pueden reducir significativamente la delincuencia y la victimización”. Por tal motivo el Estado Mexicano debe crear instituciones y mecanismos acorde a los establecidos en los instrumentos internacionales antes invocados, así como la necesidad de responder a una realidad social que prevalece en nuestro país.

Exposición de Motivos

Las condiciones sociales de la población mexicana se han lacerado en lo que se consideraba un siglo de oportunidades, toda vez que las políticas públicas a nivel Federal han sido ineficaces al aplicar el uso de la bayoneta y el tanque, en oposición a la inteligencia y el método. Las últimas dos Administraciones que han gobernado al país, han generado más homicidios que los que se registraron en la Guerra de los Balcanes, más desapariciones que las que cometieron los regímenes de los países totalitarios en Argentina y Chile, y más desplazados que la propia Revolución Mexicana, lo cual se traduce en una fermentación del ambiente social político y cultural de nuestro país.

Ante la reforma a la Constitución General de Los Estados Unidos Mexicanos, donde se eleva a rango constitucional el respeto y observancia de los Derechos Humanos, debemos resaltar la garantía de un debido proceso, pero también debemos destacar los Derechos Humanos de segunda generación denominados Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde debemos propiciar las condiciones adecuadas del entorno del desarrollo del ser humano, con el objetivo de que la persona no delinca con el objeto de subsistir en su devenir cotidiano

De igual forma al estar en un proceso histórico, donde prevalece el fenómeno social del bono demográfico, ya que la población económicamente activa es la predominante, se aplican estrategias tendientes a mantener en condiciones paupérrimos a esta generación en vez de crear los mecanismos para que desarrollen el potencial económico-social que impactaría a nuestro país.

Es por eso que debemos crear instrumentos públicos tendientes a crear condiciones y espacios de oportunidades, de naturaleza científica, pero de forma alternativa, no inquisitoria, y sí preventiva, creando motivaciones en la personas, en sus expectativas y evitar que la persona realice “actividades de riesgo”, No sancionando, pero sí dando elementos de desarrollo humano, tanto físico como mental, a efecto de que tenga un efecto multiplicador, no sólo para evitar que cometan conductas tipificadas, sino crear razones suficientes para cambiar el comportamiento, para que la persona tenga un desarrollo social y económico, por consiguiente en beneficio de su colectividad.

La expresión “prevención del delito” engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas. Las actividades para hacer cumplir las leyes, las sentencias y las medidas correctivas, aunque también desempeñan funciones de prevención, están fuera del ámbito de las directrices, pues ya están extensamente reguladas en otros instrumentos.

Los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos.

Los programas de prevención de la delincuencia deberán elevarse a rango de “Ley”, para que no se quede sólo en buenas intenciones, sino que independientemente del transcurso del tiempo y lo cromática ideológica de los gobiernos, se planifique y ejecute un “Plan Rector” fundado y motivado en una metodología e investigación científica, y periódicamente deberán ser supervisados, evaluados y readaptados en consonancia con esas conclusiones. Deberá difundirse entre la comunidad profesional y el público en general información científica acerca del tipo de comportamiento o de situación que pueda resultar en la victimización de los jóvenes, en daños y malos tratos físicos y sicológicos contra ellos o en su explotación.

La participación en todos los planes y programas deberá ser, en general, voluntaria. Los propios jóvenes deberán intervenir en su formulación, desarrollo y ejecución.

Los gobiernos deberán comenzar a estudiar o seguir estudiando, formulando y aplicando políticas, medidas y estrategias dentro y fuera del sistema de justicia penal para prevenir la violencia en el hogar contra los jóvenes o que los afecte, y garantizar un trato justo a las víctimas de ese tipo de violencia.

Hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países. Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de la vida de todos los ciudadanos. Producen beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia. La prevención del delito ofrece oportunidades para aplicar un enfoque más económico a los problemas de la delincuencia. En las presentes directrices se esbozan los elementos necesarios para una prevención eficaz del delito.

La prevención del delito comprende una amplia diversidad de enfoques, entre los cuales figuran:

a) Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización la prevención mediante el desarrollo social o la (prevención social del delito);

b) Modificar las condiciones existentes en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad (prevención de la delincuencia basada en la localidad);

c) Prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas reales y potenciales (prevención de situaciones propicias al delito);

d) Prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de los delincuentes y otros mecanismos preventivos (programas de reintegración).

El gasto de presupuesto para el mantenimiento de los internos en los centros de reclusión debe reorientarse a las políticas de prevención, encaminadas en concreto a la recuperación de espacios públicos, rehabilitación de centros culturales y deportivos, centros de capacitación y adiestramiento para el empleo; atacando con ello los orígenes de las conductas típicas considerando que la gente que se encuentra ocupada en actividades productivas, de capacitación, culturales o deportivas se desliga de las condiciones que favorecen la comisión de ilícitos.

Una Política Pública de Prevención del Delito es un conjunto organizado y estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos, para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad

De acuerdo con lo anterior, es coherente precisar que la seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos y no solo a la disminución o ausencia de delitos y hechos de violencia.

En este sentido, toda Política Pública de prevención del delito debe por principio responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo estos como problemas públicos, que como tal demandan una intervención desde el espacio público. Intervención que, requiere la toma de decisiones por parte de un gran número de actores que deben decidir “que existe un problema, que deben resolverlo de la mejor manera posible y con los instrumentos (recursos humanos, físicos, económicos y legislación, entre otros) adecuados”.

De igual forma se deber realizar instrumentos que generen la viabilidad del objetivo de esta Ley, por medio de recursos económicos, humanos y materiales, en las Instituciones de los tres órdenes de Gobierno.

Estrategias

Los gobiernos deben prever la prevención como aspecto permanente de sus estructuras y programas de lucha contra la delincuencia, asegurando el establecimiento de responsabilidades y objetivos claros dentro del gobierno en cuanto a la organización de la prevención del delito, concretamente:

a) Estableciendo centros o puntos de coordinación con experiencia y recursos;

b) Estableciendo un Plan Rector de prevención del delito con prioridades y objetivos claros;

c) Estableciendo vínculos y coordinación entre organismos de la Federación los Estados y municipios, con acciones de transversalidad, alineando proyectos y recursos, con el objetivo de lograr condiciones adecuadas para las personas y su entrono social

d) Fomentando las asociaciones con organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sectores privado, académico, profesional y la comunidad;

e) Buscando la participación activa de la población en la prevención del delito e informándola sobre las necesidades y los medios de acción y sobre su función.

Los gobiernos deben apoyar el desarrollo de conocimientos y competencias de prevención del delito:

a) Facilitando el desarrollo profesional de los funcionarios de categoría superior de los organismos pertinentes, fortaleciendo la imagen y percepción ciudadana de sus servidores;

b) Alentando a las universidades, academias y otras entidades educativas pertinentes a impartir cursos básicos y avanzados, incluso en colaboración con especialistas;

c) Trabajando con los sectores profesional y docente para desarrollar calificaciones profesionales y de certificación;

d) Promoviendo la capacidad de las comunidades para determinar sus necesidades y satisfacerlas.

e) Fortaleciendo el sistema de justicia y seguridad pública, modificando entre otras cosas la percepción ciudadana de sus integrantes.

Es importante que las autoridades locales entiendan que la participación de los ciudadanos debe obedecer a un proceso de planeación, organizado y liderado de manera clara por las autoridades, de lo contrario puede generar impactos negativos como crisis de expectativas de la comunidad, renuencia a participar toda vez que los ciudadanos se pueden sentir burlados, lo que a su vez puede generar radicalización de las posiciones a tal punto de considerar legítimo y necesario tomar justicia por su propia mano y promover el ajusticiamiento de delincuentes.

Con fundamento en los motivos invocados con antelación, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se expide la Ley General de Prevención del Delito

Artículo Único. Se expide la Ley General de Prevención del Delito, para quedar como sigue:

Ley General de Prevención del Delito

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto establecer las bases para la articulación de programas, proyectos y acciones de corte lúdico, recreativo, deportivo, educativos, de capacitación, tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas en la República Mexicana, instrumentando las medidas necesarias para evitar su realización, desarrollando una política pública que privilegie los procesos encaminados al resarcimiento del tejido social, priorizando la sana convivencia y el libre esparcimiento de los diversos sujetos que integran sectores de la población.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Plan Rector: Documento programático que articula las acciones y estrategias institucionales que inciden en la prevención del delito, prevaleciendo el desarrollo en actividades culturales, deportivas, de capacitación, predominantemente en espacios públicos;

II. Cultura de la legalidad a través de la implementación de programas y proyectos de carácter sociocultural: La convicción de que es mediante la práctica constante y cotidiana del acatamiento y respeto de las normas jurídicas, como pueden lograrse mejores condiciones de convivencia social por medio de programas lúdicos, recreativos y formativos que coadyuven en los procesos de desarrollo integral de los actores que constituyen el tejido social, asimismo los grupos y sectores de la población que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

III. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Prevención del Delito

IV. Consejo Estatal: Cada uno de los Consejos de Prevención del Delito instalados en las entidades federativas, y

V. Consejos Regionales: Los Consejos Regionales de Prevención del Delito.

Artículo 3. Se considerará prevención del delito a toda medida para enfrentar y atender los factores causales del delito, por lo cual desarrollará políticas con carácter integral, que se coordinen con las estrategias para la salud, el desarrollo social, económico, político y cultural.

Artículo 4. Las estrategias de prevención del delito abarcarán tres formas:

I. Prevención situacional, que consiste en modificar el entorno para eliminar las condiciones que facilitan la delincuencia, por medio de la recuperación de espacios públicos y la ambientación de los mismo con el propósito de rescatarlos de la realización de conductas delictivas.

II. Prevención social, que consiste en programas de carácter social dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes, y tiene como propósito reducir los factores criminógenos mediante actividades multidisciplinarias e interinstitucionales relacionadas con el fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico.

III. Prevención comunitaria, que tiene por objeto promover la participación de la comunidad en acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de su entorno y recuperación de espacios públicos y al desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y solución de los conflictos a través de los medios de justicia alternativa.

Capítulo IIDel Consejo Nacional de Prevención del Delito

Artículo 5. El diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas públicas en materia de prevención del delito estarán a cargo del Consejo Nacional de Prevención del Delito, órgano honorario integrado por:

I. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Gobernación;

III. El Secretario de Educación Pública;

IV. El Secretario de Salud;

V. El Secretario de Desarrollo Social;

VI. El Procurador General de República;

VII. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

VIII. Una Diputada o un Diputado de la Cámara de Diputados del H. Congreso del Unión;

IX. El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

X. El titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

XI. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y

XII. El titular del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones.

Artículo 6. El Consejo Nacional de Prevención del Delito tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular políticas públicas para la prevención del delito, las cuales tendrán carácter de permanentes y estratégicas; mediante la promoción de actividades culturales, deportivas y sustentables ambientalmente, preferentemente en espacios públicos, resaltando los valores éticos, y normativo en el marco de la observancia y respeto de los derechos humanos, generando con ello un Plan Rector para la prevención del delito.

II. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones contenidas en el Plan Rector para la prevención del delito.

III. Diseñar una estrategia de colaboración interinstitucional; con el objeto de aplicar programas de prevención de las adicciones, información y recreación y obtener los recursos necesarios para la aplicación del plan rector.

IV. Promover la cultura de la paz y el acceso de la ciudadanía a los medios de justicia alternativa;

V. Promover la cultura de la legalidad y crear una conciencia de ciudadanización y valores éticos

VI. Crear sistemas de información de conflictividad, violencia y delincuencia, como instrumentos de apoyo en la definición, implementación y monitoreo de impacto de las acciones desarrolladas para dar respuesta a la problemática de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana.;

VII. Implementar programas para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia en todo el ámbito social, especialmente la ejercida contra mujeres, niños, adolescentes y adultos-jóvenes, y personas en plenitud;

c) Establecer mecanismos de control y prevención de adicciones, y

d). Garantizar la atención integral a las víctimas del delito.

VIII. Realizar por sí o por terceros, estudios sobre:

a) Las causas estructurales del delito, así como realizar estudios para aplicar metodología ocupacional que inhiban conductas delictivas;

b) La distribución geodelictiva y realizar en esas zonas actividades constantes con el objetivo de disminuir la actividad que se considera delictiva;

c) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas;

d) Tendencias históricas y patrones de comportamiento;

e) Encuestas de inseguridad y de victimización; y

f) Diagnósticos socio demográficos.

IX. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud y de desarrollo social;

X. Organizar cursos, congresos, seminarios, talleres y conferencias sobre prevención del delito;

XI. Promover la participación comunitaria, partiendo de la familia, involucrando a la escuela y movilizando a la comunidad para evaluar los resultados de las políticas en materia de prevención del delito, y así generar credibilidad, compromiso y control;

XII. Llevar a cabo campañas y programas de sensibilización y proporcionar la información y capacitación sobre prevención del delito;

XIII. Celebrar convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de recursos humanos cuyas funciones incidan en la prevención del delito;

XIV. Fomentar, en coordinación con instituciones especializadas, la realización de investigaciones sobre el fenómeno delictivo, cuyos resultados servirán como insumos para diseñar políticas públicas para la prevención del delito; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y el Presidente del Consejo.

Capítulo IIIDe los Consejos de Prevención del Delito

Artículo 7. En caso de que dos o más Estados presenten problemas de inseguridad similares, podrán formar un consejo regional de prevención del delito, que contará con la asesoría del Consejo Nacional, para llevar a cabo diagnósticos regionales y para el diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas públicas en materia de prevención del delito, aplicando las políticas preventivas de índole lúdica, recreativa y de capacitación.

Artículo 8. Podrán crearse mesas de trabajo con personas que estén calificadas a nivel local y de barrios, a fin de diseñar estrategias locales que fijen los objetivos, prioridades, tiempos, recursos, resultados esperados, calendario de acción, responsables e instituciones involucradas, formuladas a partir de los resultados de un diagnóstico de la inseguridad local.

Capítulo IVDe la Coordinación de Programas Institucionales

Artículo 9. Los programas de las instituciones que conforman el Consejo Nacional que incidan en la prevención del delito deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario y se orientarán a contrarrestar; nulificar o disminuir los factores criminógenos, las consecuencias, daño e impacto social del delito.

Los programas institucionales tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las autoridades de los tres niveles de Gobierno y de las organizaciones civiles, académicas y comunitarias.

Artículo 10. A fin de articular al conjunto de políticas sociales en una política de prevención del delito, que cuente con un mecanismo de actualización permanente para su evaluación y control, los programas que desarrollen las instituciones que conforman el Consejo Nacional en materia de seguridad pública, educación, salud, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, procuración e impartición de justicia y cultura de la legalidad, serán evaluados conjuntamente con periodicidad semestral, con la asesoría de profesionales y académicos especialistas en la materia.

Artículo 11. En caso de que los resultados de algún programa sean desfavorables, se replantearán las estrategias y acciones, a partir de un diagnóstico de la inseguridad local, para determinar sus causas y el impacto de las respuestas vigentes, conocer las manifestaciones de la delincuencia y sus lugares privilegiados, e identificar los factores de riesgo y discernir las posibles orientaciones de intervención.

Capítulo VDe la Asesoría y Capacitación

Artículo 12. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Nacional y los Consejos Regionales podrán invitar a sus sesiones a personal especializado en las materias que inciden en la prevención del delito, tanto del sector público como del privado, así como gestionar las consultas necesarias para obtener la asesoría, información, propuestas u opiniones que requieran para fundamentar sus decisiones.

Artículo 13. El Consejo podrá celebrar Convenios de Colaboración con Instituciones Gubernamentales Nacionales o Extranjeras, Instituciones Educativas, Organizaciones no Gubernamentales, colegios de profesionistas y academias, para la formación, capacitación, especialización y actualización de recursos humanos cuyas funciones incidan en la prevención del delito.

Capítulo VIDe la Evaluación de Resultados

Artículo 14. El Consejo Nacional evaluará trimestralmente los resultados del Plan Rector para la Prevención del Delito del Estado.

Artículo 15. Los integrantes del Consejo enviarán al Secretario Técnico un reporte de los resultados de los programas institucionales a su cargo, a más tardar catorce días naturales anteriores a la fecha de la sesión trimestral.

Artículo 16. En las sesiones trimestrales del Consejo Estatal, el secretario técnico rendirá un informe pormenorizado de los logros y avances de los programas institucionales, mismos que se publicarán de acuerdo con la normatividad en materia de transparencia y de acceso a la información.

Capítulo VIIDe la Participación Comunitaria

Artículo 17. La participación comunitaria tiene por objeto promover, fomentar, difundir, discutir, analizar y evaluar aspectos vinculados con la prevención del delito, la cultura de la legalidad, la solución de conflictos a través del diálogo, la protección o autoprotección del delito, la denuncia ciudadana y en general, cualquier actividad que se relacione con la seguridad pública, a fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar con las autoridades, de manera individual u organizada, para el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 18. El Consejo nacional promoverá la organización ciudadana por medio de redes vecinales, escolares, gremiales y profesionales, para asegurar la participación activa de la comunidad en la planificación, gestión, evaluación y supervisión de las políticas de prevención del delito.

Artículo 19. Los Consejos Regionales podrán establecer mecanismos para que la comunidad participe en la implementación, seguimiento, evaluación y supervisión de las políticas de prevención del delito.

Artículos Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un término de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se instalará el Consejo Nacional para la Prevención del Delito.

Tercero. El Consejo Nacional para la Prevención del Delito expedirá su Reglamento en un término de ciento ochenta días naturales a partir de su instalación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Alejandro Carbajal González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se instruye a la Secretaría registrar los asuntos no abordados el día de hoy para la próxima sesión.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega (a las 16:02 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana miércoles 19 de diciembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas. Muy buenas tardes a todos.

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