Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Buenos días. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 11:36 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de octubre de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación con cambios de integrantes de grupos de amistad.

De los diputados Araceli Damián González, José Hernán Cortés Berumen y Francisco Saracho Navarro

Solicitan el retiro de iniciativas y proposición.

De la Secretaria de Gobernación

Remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2016.

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Congreso del Estado de Morelos

Remite contestación a punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, a fin de armonizar el tipo penal de feminicidio.

De la Secretaría de Gobernación del Estado de Guanajuato

Remite contestación a punto de acuerdo para conmemorar el Día Mundial sin Automóvil, el 22 de septiembre del presente año.

De la Cámara de Senadores

Remite veinte proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Remite tres acuerdos aprobados en relación con el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Comunica la conformación de la Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, concerniente a la Cámara de Senadores.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Informa que las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, se encuentran disponibles en la página electrónica del consejo, con un total de 154 documentos para su consulta.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV, recorriéndose las subsecuentes al artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y una fracción XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo 13, y se adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Iniciativas

Que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de Psicología y Psiquiatría, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de nutrición, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 74-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 17 y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdéz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 125, 127 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas, Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Lorena Corona Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México..

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga los artículos 3o., 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que adiciona los artículos 6o., 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma adiciona y deroga los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano..

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

De decreto para emitir una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fundación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, (Concanaco Servytur), a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Le General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Laura Mitzi Barrientos Cano y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 61, 111, 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 54 y 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Víctor Manuel Sánchez Orozco y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 22, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Georgina Zapata Lucero y Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 359 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 397 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 336 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para incentivar la donación solidaria de alimentos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Población y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 203 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Mirza Flores Gómez y Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58, y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 10, 13 Bis, 27 y 55 de la Ley Minera, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 12, 13, 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 132, 133 y 995 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 11 y 14-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 42, 17-H, 33 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 164 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 140 y 141 de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Héctor Peralta Grappin, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 35 y 77 Bis 3 de la Ley General de Salud, 89 y 250-A de la Ley del Seguro Social, y adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 13 y 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Sofía González Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII Ter de los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 Bis y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el Capítulo Décimo De los Observatorios Urbanos a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de Dip. Yerico Abramo Masso Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 19 y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 5o. y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 10 y 54 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Victor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 37 y 37-A de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma el artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley General de Educación, y 53 y 54 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Victor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Gonzalo Guizar Valdes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Alfredo Anaya Orozco y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley Minera, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal de Correduría Pública, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 268, 270 y 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Oscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Barragan Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a implantar las acciones necesarias para prohibir el tránsito de los camiones de carga de doble remolque, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que en coordinación con la Semarnat, se implemente el Programa Integral de Rescate de Suelos Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de biofertilizantes y bioplaguicidas, como mecanismo de mejoramiento y biorremediación de los suelos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, publique en la página electrónica de esta dependencia los informes de labores anuales, información detallada sobre los programas en operación a cargo de la Sagarpa, a fin de transparentar las acciones y el ejercicio del gasto de los programas por región, estado, municipio, monto y padrón de beneficiarios, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, para que difunda el estado que guardan los expedientes presentados por la ASF, con las irregularidades detectadas durante las revisiones efectuadas al rubro de seguridad pública, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, publique en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum- Balam, así como también se exhorta a que no autorice durante los próximos 20 años el cambio de uso de suelo en las 87 hectáreas afectadas por el incendio ocurrido en la Isla de Holbox en el mes de septiembre pasado, suscrito por la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, a que audite, y deslinde las responsabilidades administrativas y/o penales, por las operaciones con las cuales la empresa Barrier Systems de México, propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, vendió a OHL México al doble de su precio original, maquinaria para controlar el tráfico vehicular del Viaducto Elevado Bicentenario, causando un probable daño al erario público, a cargo de la diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a la SFP y a la ASF, investiguen y sancionen las irregularidades encontradas en la administración de la empresa exportadora de sal, SA de CV, así como las condiciones de venta de sal de dicha empresa, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a llevar a cabo acciones para tomar medidas inmediatas que deriven en la clausura ó reubicación del basurero de las matas en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guizar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a emitir una opinión sobre la técnica denominada como de “los tres padres”, así como de la necesidad de legislar respecto a este tipo de prácticas médico-científicas, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen y hagan público el cumplimiento de las normas específicas de control escolar en las escuelas normales, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales de las 32 Entidades Federativasa que modifiquen su legislación penal para tipificar como delito y con penas privativas de la libertad, las acciones u omisiones de los actos jurídicos realizados por los Notarios Públicos y/o Fedatarios Públicos, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se se exhorta a la SHCP, para que considere la suficiencia financiera para el Sistema Educativo Nacional y se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al estado de Nayarit, a implementar de manera periódica e inmediata en coordinación con los municipios de esa entidad, simulacros de huracán, para mantener a la población preparada ante la posibilidad del impacto de un meteoro en los meses de octubre y noviembre que comprenden el pico de la temporada de huracanes en el Pacífico, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se propone la creación y otorgamiento de la medalla de la cultura de paz, “Dr. Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz”, a mexicanos, mexicanas y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor y fomento de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan a la brevedad, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al derrame de hidrocarburos en las inmediaciones del río Pantepec, ocurrido el 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido “Los Naranjos”, en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca, Puebla, y las presuntas irregularidades en las operaciones de la empresa transportes especiales de Toluca S.A. de C. V., a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conasami, para llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos generales, asegurando que estos sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Conagua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, fortalezcan sus acciones de saneamiento y políticas públicas encaminadas a identificar y disminuir la contaminación del agua, así como sancionar y prevenir las descargas clandestinas a los caudales del Río Atoyac en el estado de Puebla y el Río Mixteco en el estado de Oaxaca, y a su vez fortalezcan sus políticas para el saneamiento de la presa “Yosocuta”, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal, a difundir las razones por las cuales el Programa Nacional de Prevención del Delito, en el paquete 2017, carece de presupuesto, así como las medidas alternativas que se aplicarán en el caso de desaparecer dicho programa, suscrito por los diputados Mayra Angélica Enríquez Vanderkam y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la SEGOB, para que se declare una alerta de violencia de género en esa entidad federativa, debido al aumento de asesinatos de mujeres en los últimos días, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a crear una campaña que incentive y concientice a los padres de familia de niños desde preescolar hasta los 18 años de edad, de la importancia de brindar información a sus hijos, de acuerdo a la edad, sobre sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a temprana edad, así como contagios de enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, realice una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riesgos en la salud que se generan por tirar las colillas de cigarros en la calle o desecharlas en las coladeras o las tuberías de la red de drenaje, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFT, para que coordine las acciones necesarias con los concesionarios de telefonía móvil, a fin de que los mapas de cobertura garantizada de cada servicio estén disponibles al público de manera clara, concisa y desglosada, por cada municipio y entidad federativa del país, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a los laudos dictados por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los expedientes 594/2010 y 1588/2010 en los que se reconocen diversos derechos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, suscrito por los diputados Renato Josafat Molina Arias y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta el ejecutivo federal, a fin de que efectué las modificaciones que considere en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que permita incorporar de manera permanente a los valuadores que cuenten con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se condena las amenazas de muerte realizadas en contra de los integrantes del Comité Cerezo, particularmente contra los hermanos Héctor Cerezo Contreras y Francisco Cerezo Contreras, y exhorta a la PGR, para que identifiquen, detengan y consignen ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de los delitos de amenazas y actos de intimidación en contra de los integrantes de dicho comité , suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que difunda los acuerdos que derivaron en apoyos millonarios al programa Juntos Podemos/Together We Can e informe públicamente sobre el destino y uso de esos recursos; y a la SFP, para que, en el marco de sus atribuciones, clarifique los gastos de origen oficial otorgados al mismo, así como su destino y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al gasto comprendido en el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, incluyendo el análisis de la conveniencia de formalizar un programa de beneficio definido para las Instituciones y Universidades públicas estatales, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la esta Cámara, a modificar el artículo 12 de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2017, para que se facilite la disposición de sus recursos autogenerados a las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación del sector público, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 50 Aniversario del Plan DN-III, a cargo de la diputada Noemí Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 11 de octubre, “Día Internacional de la Niña”, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 12 de octubre, “Día de la Raza” Reencuentro de dos pueblos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 12 de octubre “Día de la Raza”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo de la conmemoración de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con veintidós minutos del jueves seis de octubre de dos mil dieciséis, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, bicamaral y de grupos de amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) Del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada el día quince de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por retirada. Actualícese el registro parlamentario.

c) De la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con la que comunica la elección de su Mesa Directiva. De enterado.

d) De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la que remite:

• El Informe Final y la posición institucional del Programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (P005).

• El Informe Final y la posición institucional del Programa de Prevención de Riesgos (S254) y

• Las Fichas de Monitoreo y Evaluación dos mil quince-dos mil dieciséis de diversos programas.

Se remiten a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

La Presidenta informa a la Asamblea que en referencia a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se reforma y adiciona el artículo cuarenta de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y se reforma el artículo tercero de la Ley de Planeación. Se modifica el trámite para quedar como sigue. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen; y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Desarrollo Metropolitano, para opinión.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática y Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarenta y cuatro y cuarenta y seis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés, y de diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos veinte, veintinueve, setenta y cuatro, y ciento nueve de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos doce, y diecinueve de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, y de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos veintisiete, y doscientos veintiocho del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• María Ávila Serna, y de diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos once, veintinueve, y ciento doce de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos décimo, y veintiocho de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: José Máximo García López, del Partido Acción Nacional; Araceli Damián González, de Morena; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; y Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• María del Rocío Rebollo Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se declara el cinco de abril de cada año como el “Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quince de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Presidente saluda y da la bienvenida al señor Juan Francisco Ealy Ortiz, Director General del Periódico “El Universal”, así como también saluda a los familiares e invitados especiales que lo acompañan. Acto seguido el Presidente dirige unas palabas a la Asamblea en alusión a los 100 años de vida del Periódico, y posteriormente hace entrega a su Director de un reconocimiento por parte de los integrantes de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.

Se continúa con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto y se concede el uso de la palabra a las diputadas y al diputado:

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona los artículos cincuenta y seis, y setenta y cuatro de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo trecientos treinta y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen.

A las doce horas con treinta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y tres diputadas y diputados.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Turismo, por el que se reforma la fracción novena del artículo séptimo de la Ley General de Turismo.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se adicionan los artículos catorce, y sesenta y seis de la Ley General de Educación.

c) Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Fernando Mesta Soulé, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido de Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano; Irma Rebeca López López, de Morena; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Lilia Arminda García Escobar, del Partido Acción Nacional; y María Monserrath Sobreyra Santos, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general en lo particular.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Turismo, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Verónica Agundis Estrada, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión, y presentar una adenda con propuestas de modificación al artículo segundo, fracciones décima cuarta; décima quinta; y décima sexta; y a los artículos primero y segundo transitorios del decreto, a nombre de la Junta Directiva de la Comisión de Turismo.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta instruye a la Secretaría dar lectura a dichas propuestas.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación económica se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión dictaminadora, y se incorporan al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido de Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano;

El Presidente saluda la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Jalal Kalantari, Embajador de la República Islámica de Irán en México, invitado por los integrantes del Grupo de Amistad México-Irán, que preside el diputado Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.

Se continúa con la fijación de posturas de sus respectivos grupos parlamentarios e intervienen las diputadas y los diputados: Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; José Alberto Couttlenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México, Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional; y Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas y el diputado: Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; Azul Etcheverry Aranda, Mariana Benítez Tiburcio, ambas del Partido Revolucionario Institucional; Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México; y Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los tres dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación:

a) Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el tres de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.

b) Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

c) Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el diecisiete de julio de cada año, como “Día Nacional del Defensor Ambiental”.

Se concede el uso de la palabra al diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, para fundamentar en conjunto los tres dictámenes en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios respecto a los tres dictámenes intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, de Partido de Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; Delfina Gómez Álvarez, de Morena; Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Leonardo Amador Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional; y Alejandro Juraidini Villaseñor, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutido en lo general y en lo particular los tres dictámenes proyectos de decreto de la Comisión de Gobernación.

a) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y un votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día tres de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y dos votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y tres votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el diecisiete de julio de cada año, como “Día Nacional del Defensor Ambiental”. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona el artículo noventa y tres de la Ley General de Víctimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que adiciona un Capítulo Sexto y un artículo doscientos treinta y cuatro Bis al Título Sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona los artículos tercero y veintisiete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona el artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que adiciona el artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo y el veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián y Armando Luna Canales, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos veintisiete, veintiocho, cuarenta y uno, ciento once de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Claudia Edith Anaya Mota y Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Adriana Elizarraráz Sandoval, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que contribuya a fortalecer y garantizar el servicio de asistencia técnica y mecánica en toda la red de carreteras de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a que los lineamientos y directrices generales del convenio aplicado al caso de los usuarios deudores del servicio de energía eléctrica en el estado de Tabasco, se repliquen en beneficio de los deudores en condiciones semejantes en el resto del país, en materia de infraestructura. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se solicita a los diputados que fueron designados Constituyentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a que soliciten licencia al cargo de Legislador Federal durante el tiempo que dure la discusión y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública, a suspender cualquier acción encaminada a detener y terminar la operación del programa de Educación Inicial Modalidad No Escolarizada, en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, impulsen la creación de sus respectivos institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad como organismos públicos descentralizados de su administración. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Partido Acción Nacional, por el que se le solicita a la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Federal de Electricidad, la revisión del marco tarifario, y del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda existente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ángel II Alanis Pedraza, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al uso de glifosato y otros químicos tóxicos durante las fumigaciones en la franja de derecho de vía en las carreteras, así como la zona de protección o derecho de vía de tren, como entre el riel, silleta clavo y traviesa de madera. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez y diversos diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar y difundir el estado de las denuncias interpuestas contra el exalcalde del municipio de Valladolid, Yucatán, sobre el desvío de recursos federales destinados a proyectos municipales. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Educación Pública, a reanudar la operación del programa Alternativas de Atención de la Educación Preescolar Rural en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, relativo al impuesto de importación de mercancías utilizadas en la producción del sector textil y de la confección. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Araceli Damián González, de Morena, relativo a los mecanismos para la libertad de los presos políticos y de conciencia que existen en Oaxaca, así como la anulación de las órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales perseguidos y a la promoción de acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideren la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-La Paz, se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional y Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí, a elaborar y publicar a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, el programa del Plan de Manejo del Parque Urbano Paseo de la Presa ubicado en el municipio de la capital. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y a la Comisión Nacional del Agua, a garantizar y asegurar el Derecho Humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para la población. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, para que atienda las necesidades médicas para salvarle la visión al abogado Librado Baños Rodríguez y se instale una mesa de trabajo entre las autoridades del gobierno de la entidad para cumplir con la recomendación sobre la Detención Arbitraria. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que instruya a todas las concesionarias de tramos carreteros en el país realicen las obras de incorporación a todas las comunidades, en especial a las comunidades de Zoyatzingo, Ozumba y Tepetlixpa, en el estado de México. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Máximo García López y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de Migración, se dé solución integral y pronta respecto de la ocupación temporal de ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en el municipio de Tijuana, Baja California. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, relativo al cumplimiento a la resolución emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1314/2016-v, por la que se concede la suspensión provisional, para el efecto de que se siga ejercitando el programa social Programa Comedores Públicos referente al comedor comunitario Estrella trescientos seis, ubicado en la delegación Iztapalapa. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la colegisladora, a que dictamine la minuta, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar y acoso escolar, remitida al Senado de la Republica el veintinueve de abril de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a investigar y transparentar algunos procesos de contratación pública, a promover una desconcentración de los contratos de la administración y a impulsar orientaciones generales para mejorar la calidad de los contratos públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para implantar las acciones necesarias para disminuir la inseguridad pública en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios con relación a diversos temas legislativos el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes once de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y siete minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la siguiente modificación en la integración de la subcomisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause baja como integrante de la Subcomisión de Examen Previo.

• Que la diputada María Marcela González Salas y Petricioli cause alta como integrante en la Subcomisión de Examen Previo.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de octubre de 2016.— Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la siguiente modificación en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado José Antonio Estefan Garfias cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Dinamarca.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2016.— Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la siguiente modificación en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada María Cristina Teresa García Bravo cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Armenia.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2016.— Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle de la manera más atenta que se realice el trámite correspondiente con la finalidad de que sea retirada la proposición con punto de acuerdo, relativo a la decisión de Liconsa de comprar leche en polvo en el extranjero en 2016, presentada por la suscrita diputada Araceli Damián González, turnada a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen.

Agradeciendo las atenciones que se sirva prestar al presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2016.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo de comunicarle el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social que fue presentada por el suscrito, propuesta que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social mediante el oficio del pasado 13 de septiembre, lo anterior con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero las más altas de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica).»

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Le saludo, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le refiero lo siguiente:

En mi calidad de autor, estando en tiempo y forma, en virtud de que aún no existen dictámenes, ni han precluido, le solicito se tengan por retiradas las siguientes iniciativas:

1. Que reforma diversos artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Turnada a la Comisión de Comunicaciones.

2. Que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

3. Que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.

4. Que reforma diversos artículos de las Leyes Federal de las Entidades Paraestatales, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Expropiación, de Firma Electrónica Avanzada, de Uniones de Crédito, del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de Seguridad Privada, General de Bienes Nacionales, General en Materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, sobre Delitos de Imprenta y General de Partidos Políticos.

Turnada a la Comisión de Gobernación.

5. Que reforma diversos artículos de las Leyes de Hidrocarburos, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Industria Eléctrica, de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de Petróleos Mexicanos, y de Transición Energética.

Turnada a la Comisión de Energía.

6. Que reforma diversos artículos de las Leyes Federal de las Entidades Paraestatales, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Expropiación, de Firma Electrónica Avanzada, de Uniones de Crédito, del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de Seguridad Privada, General de Bienes Nacionales, General en Materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, sobre Delitos de Imprenta y General de Partidos Políticos.

Turnada a la Comisión de Gobernación.

7. Que reforma diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.

Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Agradezco de antemano sus atenciones y quedo de Usted.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SNM/059/2016, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios de esta Secretaría, envía los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica).»

«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal que ésta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.

Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales así como el informe de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Lo anterior con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2016.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión; y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-929, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1694/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a hacer del conocimiento público las acciones que lleva a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.

Sin otro particular, aprovechó la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al SELAP/UEL/311/972/16, de fecha 18 de mayo de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, hagan del conocimiento público las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.

Al respecto me permito acompañar oficio CONADIC-CNCA-196-09-2016-1, suscrito por el maestro Arturo Sabines Torres, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.— Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/l054/2016, por medio del cual solicita una opinión respecto al punto de acuerdo que a la letra dice

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, hagan del conocimiento las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.

Sobre el particular me permito informarle que en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), se ha impulsado una campaña para invitar a la comunidad en general a denunciar la venta de productos de cigarros apócrifos, al igual que la venta de cigarro suelto y a menores de edad. En esta campaña, se promueve la denuncia ciudadana a través del Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones (Ceciadic) al número 01 800 911 2000. Asimismo, la Comisión Nacional contra las Adicciones coordinó el trabajo intersectorial con representantes de otros organismo gubernamentales Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sistema de Atención Tributaria (SAT), a fin de promover la ratificación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, derivado del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, logrando su aprobación por los organismos intersectoriales, a través de su visto bueno, liso y llano de dicho protocolo.

Actualmente el protocolo se encuentra en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, para su revisión correspondiente.

En la actualidad, 20 países han ratificado el protocolo, para su entrada en vigor se requiere de la ratificación de 40 países en total.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016.— Maestro Arturo Sabines Torres (rúbrica), director de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-0736, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPPA/ 1084/ 2016, suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a implantar acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, de ser el caso, iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con relación a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 656/ 16, a través del cual informó sobre el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual a la letra señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implante acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Al respecto, hago de su conocimiento que en el ámbito de sus atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió el oficio número PFPA/ 5.3/ 2C.18/ 07538, en el cual refirió que en abril de 2011 se interpuso en su delegación de San Luis Potosí una denuncia contra la empresa Citrofrut, SA de CV, por manejo inadecuado de residuos peligrosos, lo cual determinó realizar orden de inspección, abriéndose expediente administrativo, derivando en una resolución en la que se impuso una multa por 335 mil 231.28 pesos, señalando que dicho procedimiento actualmente se encuentra en desahogo del recursos de nulidad interpuesto por la empresa, sin que se haya notificado sentencia al juicio principal.

Se anexa copia simple del oficio señalado.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica), subsecretario de Planeación y Política Ambiental.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.— Presente.

Me refiero al oficio número SPPA/ 0509/ 2016, de fecha 22 de abril de 2016, signado por el doctor Arturo Flores Martínez, encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido al doctor Guillermo Javier Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, donde hace referencia al similar SELAP/ UEL/ 311/ 656/ 16, suscrito por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que a través del oficio DGPL 63-II-6-0736, el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión notificó que en sesión celebrada el 7 de abril del año en curso se aprobó el punto de acuerdo vinculado a este órgano desconcentrado, señalando lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes implante acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Sobre el particular y en cumplimiento del requerimiento solicitado, me permito informarle que la delegación en San Luis Potosí de esta procuraduría manifiesta:

En fecha 1 de abril de 2011 se interpuso en esa delegación denuncia contra la empresa Citrofrut, SA de CV, por manejo inadecuado de residuos peligrosos, por lo que al realizarse las investigaciones correspondientes se determinó realizar orden de inspección, abriéndose expediente administrativo, a nombre de la citada empresa, derivando en la resolución de fecha 10 de agosto de 2011, en la que se impuso una multa por un total de 335 mil 231.28 pesos. Sin embargo, dicho procedimiento actualmente se encuentra en desahogo del recurso de nulidad interpuesto por la empresa sin que se haya notificado la sentencia al juicio principal.

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 14 de julio de 2016.— Licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel (rúbrica), directora general de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-8-1176 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/1082/2016 suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden, a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En relación a su oficio número SELAP/UEL/311/733/16, a través del cual informó sobre el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el cual a la letra señala:

“ Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad de coadyuvante y ofendido, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal”.

Al respecto, hago de su conocimiento que dentro del ámbito de sus atribuciones la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió el oficio número PFPA/5.3/2C.18/07532, en el cual refirió que sostuvo una reunión con personal de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California Sur, para lo cual la titular de la Agencia II Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación informó que en relación a los hechos suscitados en la embarcación Indio Azteca se integró una carpeta de investigación, señalando que dicho asunto está próximo a judicializarse en virtud de que fue necesario solicitar el apoyo a expertos de la UNAM para la identificación de la especie de langosta mediante ADN, resultando que el producto pesquero corresponde a la especie Panulirus interruptus, misma que no se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que de conformidad con el artículo primero párrafo segundo de la Ley General de Vida Silvestre, no está regulada por dicha ley.

Se anexa copia simple del oficio señalado.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero al oficio DGPL 63-II-8-1178, de fecha 20 de abril de 2016, dirigido al procurador federal de Protección al Ambiente, doctor Guillermo Haro Bélchez, suscrito por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través del cual informan que mediante sesión celebrada el 20 del mismo mes y año, se aprobó punto de acuerdo, vinculado a este órgano desconcentrado, señalando lo siguiente:

“ Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad de coadyuvante y ofendido, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal”.

Sobre el particular y en el cumplimiento al requerimiento solicitado, me permito informarle que la delegación en el estado de Baja California Sur de esta procuraduría manifiesta lo siguiente:

Se tuvo reunión con personal de la delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California Sur, para lo cual la titular de la Agencia II Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, informó que en relación con los hechos suscitados con la embarcación Indio Azteca, el 23 de noviembre de 2015, se integró la carpeta de investigación número FED/BCS/LPZ/0000111/2015, asunto que está próximo a judicializarse en virtud de que fue necesario solicitar el apoyo de expertos de la UNAM para la identificación de la especie de langosta mediante ADN, resultando que el producto pesquero corresponde a la especie Panulirus interruptus, misma que no se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que de conformidad con el artículo primero párrafo segundo de la Ley General de Vida Silvestre, no está regulada por dicha ley.

Derivado de lo anterior, esta Procuraduría federal se encuentra legalmente impedida para atender favorablemente el exhorto formulado por la Cámara de Diputados, por carecer de competencia conforme a las disposiciones que regulan la actividad de la misma.

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, y respetuosamente haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de julio de 2016.— Licenciada María Guadalupe Armida García Coronel (rúbrica), directora general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Morelos.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, asimismo, aprovecho la oportunidad para informarle en relación al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que exhortan respetuosamente a los Congresos de los estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal; al respecto se da contestación informando que nuestra legislación penal vigente, contempla en el Código Penal para el Estado de Morelos, en su Título Décimo Primero, “Delitos Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y de la Equidad de Género”, en su Capítulo III artículo 2.3 Quintus, se encuentra tipificado el delito de feminicidio en armonización con el artículo 325 del Código Penal Federal; dando cumplimiento al objeto materia del exhorto, al encontrarse vigente la propuesta. Se adjunta respuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales y legislación de este Congreso del estado de Morelos.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Licenciado Carlos Hernández Adán (rúbrica), Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos.»

«Congreso del Estado de Morelos.

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos en la LIII Legislatura.— Presente.

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue turnado para dar respuesta, el exhorto remitido por acuerdo del pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo del presente año, a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, oficio remitido por la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión por medio del cual hace del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción tópica del artículo 325 del Código Penal Federal; lo anterior, para los efectos procedentes. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento para el Congreso de Morelos, le informo lo siguiente:

I. Del proceso legislativo

a) Con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-4-915, el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remitió a los secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos el acuerdo referido.

b) Con fecha veintitrés de mayo del presente año, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos recibió el exhorto referido.

c) Con fecha treinta y uno de mayo del año en que se actúa, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo del pleno mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑ01/P.O.2/ 643/16 de esa misma fecha, se instruyó a turnar el acuerdo de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su respectivo estudio y cuenta.

II. Materia del exhorto

En síntesis, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta para que, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización de tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos “que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del ,homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal.

III. Contenido del exhorto

De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro conocimiento el siguiente punto de acuerdo:

[Se transcribe]

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización de tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivo que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal.

IV. Respuesta al exhorto

Con el propósito de dar contestación al punto de acuerdo trasunto, el suscrito hace de su conocimiento lo siguiente:

Nuestra legislación penal vigente, contempla en el Código Penal para el Estado de Morelos, en su Título Décimo Primero: Delitos Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y de la Equidad de Género, en su Capítulo III, artículo 213 Quintus el delito de feminicidio, el cual a la letra establece:

Artículo *213 Quintus. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis:

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;

II. Hayo se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida;

V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o

VII. La víctima haya sido incomunicada.

A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una, sanción de 40 a 70 años de prisión.

En el caso de la fracción I, se le impondrá además de la pena, pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio.

El Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Estados para armonizar el delito con el artículo 325 del Código Penal Federal, el cual establece:

Capítulo VFeminicidio

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vid a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y, de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Analizando los dos preceptos jurídicos anteriormente citados y realizando una comparación, se observa que el Código Penal para el Estado de Morelos se encuentra armonizado con el Código Penal Federal, por cuanto al delito de feminicidio. Si bien podemos observar, el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal establece la conducta típica de los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración administración de justicia. Nuestra legislación no cuenta con ese párrafo, debido a que en nuestro Código Penal para el Estado de Morelos en su Título Vigésimo Primero, ya se encuentran tipificados los delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores públicos.

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 60 fracción VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 57 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento al punto de acuerdo remitido por el remitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal, atentamente le solicito lo siguiente:

Primero. Que en el Código Penal para el Estado de Morelos. En su Título Décimo Primero: Delitos Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y de la Equidad de Género, en su Capítulo III, artículo 213 Quintus se encuentra tipificado el delito de Feminicidio en armonización con el artículo 325 del Código Penal Federal.

Segundo. Por lo tanto, se informe al Honorable Congreso de la Unión, que el Congreso del estado de Morelos, ha dado debido cumplimiento al jeto materia del exhorto, el encontrase vigente la propuesta.

Nota:

1 Título Vigésimo Primero

Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia

Capítulo I

Delitos Cometidos por los Servidores Públicos

Artículo *297. Son delitos contra la administración de justicia, los cometidos por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes:

I. a la VII. ...

VIII. Retardar o entorpecer la administración de justicia, maliciosamente o por violación a un deber de cuidado;

IX. a la XXXIII. ...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, XXI, XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII se les impondrá de tres a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.

En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de la pena de prisión correspondiente, el agente será privado de su cargo e inhabilitado para el desempeño de otro por los períodos a los que se refieren los dos párrafos precedentes, a juicio del tribunal.

Atentamente

Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL 63-II-8-1878, con fecha de recibido 12 de septiembre de 2016, por el que aprobó el punto de acuerdo siguiente:

“Primero...

”Segundo. ...sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.”

Para el gobierno del estado de Guanajuato, impulsar políticas públicas que se dirijan a promover prácticas de fomento a la salud y cuyos efectos puedan trascender además, a la conservación de un ambiente sano, contar con mejor calidad de aire en las zonas urbanas y que además faciliten la movilidad de las personas dentro del territorio estatal, son aspectos que ocupan un lugar preponderante en nuestra agenda gubernamental.

Es así, que el ciudadano gobernador del estado promulgo el decreto legislativo número 77, por el cual se expidió la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Este decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 45. Segunda Parte, del 18 de marzo del año en curso.

En dicha Ley se prevé, por citar algunas de sus disposiciones que guardan correspondencia con los objetivos perseguidos por el acuerdo de esa Honorable Cámara de Diputados, en el artículo 4 fracciones V, XI y XII, que entre los principios rectores de la movilidad en el estado de Guanajuato, están los de desarrollo orientado al transporte colectivo; respeto al medio ambiente, por el que a partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular de motor de combustión interna, traslado peatonal y tracción física por aquéllos de carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero a la atmósfera; y el de sustentabilidad, que consiste en dirigir acciones hacia el respeto y atención prioritaria del derecho a la movilidad, considerando el impacto que tendrán en el desarrollo social, económico y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las generaciones futuras.

Asimismo, se establece en el artículo 5 que la modernización Y racionalización de la movilidad y el servicio público y especial de transporte en el estado de Guanajuato y sus municipios tendrán las siguientes bases:

1. Movilidad sustentable, para que entre otras acciones, las autoridades estatales y municipales competentes, sean las responsables del diseño y aplicación de las políticas públicas en materia de protección al medio ambiente, equidad de género, infraestructura peatonal, de accesibilidad universal, transporte público y especial, transporte privado, ciclovías, estacionamientos y vialidades para la movilidad integrada. Asimismo, se encargarán de la adecuación, construcción y mantenimiento de la infraestructura para la movilidad; y para que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen las acciones correspondientes para la elaboración de planes encaminados a mejorar la movilidad y su integración con los diferentes medios y modalidades de transporte.

2. Preferencia vial de movilidad, por la cual se dispone que tienen uso preferencial del espacio público, las personas con discapacidad, los peatones, los usuarios de bicicletas, transporte no motorizado y el servicio público y especial de transporte de personas frente a otro tipo de vehículos; y que el servicio público de transporte con mayor capacidad de movilidad de pasajeros tiene preferencia vial y aquel que cuente con algún sistema de eficiencia energética o que utilice combustibles que generen una menor emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero, frente a cualquier otro tipo de modalidad de transporte motorizado que se encuentre regulado por esa ley.

3. Capacitación y seguridad; en la que, entre otras acciones, el Ejecutivo del estado deberá diseñar y desarrollar programas y campañas permanentes de educación, seguridad vial y cuidado del medio ambiente.

4. Infraestructura y factibilidad, y

5. Perspectiva de género.

Otras de las disposiciones que merecen destacarse, por su vinculación con la materia del acuerdo de la Cámara de Diputados que nos ocupa, son, en primer lugar, la contenida en el artículo 6, fracción V, en virtud de la cual, se considera de interés público, la implementación de obras y planes para privilegiar el uso de la bicicleta en los centros de población de la entidad, especialmente en aquellos que cuenten con una población superior a los veinticinco mil habitantes, sin prejuicio de los planes que se apliquen con igual objetivo en los municipios de menor población, y en segundo lugar, la prevista en el artículo 9, a efecto de que en la política pública en materia de movilidad, se otorgará prioridad en la utilización de la vía pública y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, en especial, escolares, personas con discapacidad o movilidad reducida;

II. Ciclistas;

III. Prestadores del servicio público y especial de transporte de personas;

IV. Prestadores del servicio público de cosas y bienes;

V. Conductores del transporte particular automotor; y

VI. Usuarios de maquinaria agrícola y maquinaria pesada.

También se prevé que los vehículos de servicio especial de transporte de emergencia como bomberos, protección civil, mecánica de emergencia, rescate, primeros auxilios, emergencias médicas y seguridad tendrán prioridad de los contemplados en la jerarquía de movilidad.

En el artículo 97 se prevé que las autoridades estatales y municipales destinarán el espacio público necesario para el establecimiento de ciclovías con calidad, seguridad y eficiencia, así como la infraestructura y. equipa miento para el desplazamiento y estacionamiento de las bicicletas.

Cabe mencionar que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, entró en vigencia el 19 de marzo del presente año.

Ahora bien, por lo que hace a las políticas públicas en materia de salud, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, como parte de los componentes de Promoción y Prevención de la Salud, mantiene campañas permanentes de activación física, privilegiando el uso de transportes compartidos. Asimismo, en coordinación con la Red Guanajuatense de municipios por la Salud, impulsa proyectos municipales que promueven el uso de la bicicleta y la disminución del uso del automóvil.

Por último, hago de su conocimiento que en fecha 21 del mes y año en curso, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado, por conducto de la Dirección General de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, hizo un atento llamado a través de la Administración del correo electrónico de Gobierno del Estado de Guanajuato guanaiuato.gob.mx, a todos los usuarios y usuarias de vehículos oficiales a no utilizar tales unidades el día indicado.

Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Nota:

1 http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migrados &file=PO_45_2da_Parte_20160318_1945_21.pdf

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de septiembre de 2016.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Se recibieron de la Cámara de Senadores 20 proposiciones con puntos de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, considere destinar mayores recursos a los programas que incentivan la producción de café.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Las que suscriben, senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país caficultor por excelencia. Desde la llegada del café a finales del siglo XIX al territorio nacional –procedente de Cuba–, hemos desarrollado no solo una actividad económica, sino una cultura del café. Formando parte éste grano del estilo de vida del mexicano, y cada vez más, un producto importante de la canasta básica.

Aunque el café se cultiva en 15 estados del país (Hidalgo, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco) cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) refieren que la producción de café en México se distribuye en 13 estados cafetaleros, destacando Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca como los principales productores y en donde se concentra más del 80% de la producción.

Esta actividad concentra a 515 mil productores y genera más de 3 millones de ocupaciones, de las cuales el 70% las realizan productores y familias de comunidades cafetaleras principalmente indígenas. De acuerdo a información de la Organización Internacional del Café se refiere qué nuestro país ocupó el noveno lugar dentro de los principales productores de café del mundo en el año 2015. Asimismo, México ocupa el segundo lugar mundial de producción de café orgánico con una producción de 350 mil sacos de 60 kilos de café verde.

Las principales industrias que comercializan café en son AMSA, Nestlé, Cafés California y Neumann Kaffe Grouppe con cerca del 75 % de la producción nacional; el resto distribuido en un importante número de agroindustrias del sector productivo. El año pasado el valor de las exportaciones ascendió a más de 900 millones de dólares.

Sin embargo, a nivel internacional se ha vivido durante los últimos años importantes reducciones en los precios internacionales y disminuciones en la oferta. Un estudio realizado recientemente por Fairtrade Australia & New Zealand revela que el café, es la segunda materia prima más valiosa exportada por los países en desarrollo, donde más de 70 países dependen en buena medida del café para sobrevivir. México, Colombia, Brasil y otros países de Centroamérica, son los más susceptibles de vivir daños por cambios en el clima.

Refiere el estudio que el cambio climático ya ha comenzado a afectar la cantidad y la calidad de nuestros alimentos en todo el mundo. Como resultado del aumento de la temperatura y la sequía, la producción de café se ha visto afectada en su calidad, se ha incrementado el número de plagas y enfermedades. Los agricultores se ven obligados a usar herbicidas como el glifosato, que pueden ser cancerígenos, con el fin de proteger sus cultivos. Y en general estos cambios impactan negativamente a la seguridad económica de regiones de cafetales.

En el caso de nuestro país, estos datos se confirman, porque desde el año 2000 –cuando se produjeron 6.2 millones de sacos–, la producción ha experimentado una caída como resultado de afectaciones por plagas, el fenómeno climático de “El Niño” y la reducción de apoyos del gobierno a los productores. Datos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras refieren que entre 2014 y 2015 se produjeron sólo 3 millones de sacos, mientras que para 2015-2016 se estima que el sector cafetero mexicano sólo obtendrá 2.4 millones. Aunado a lo anterior, la importación de café –robusta y arábigos– será mayor que la producción nacional –2.7 millones de sacos–.

Contario a lo anterior, información de la Organización Internacional del Café refiere que para el caso de México se ha registrado un incremento en la demanda. Se estima que en el 2025 el consumo per cápita será de 300 tazas anuales, esto es, 39% más respecto de las 215 tazas consumidas actualmente, lo que refleja la transformación que está viviendo el mercado nacional, caracterizado por una mayor cultura del consumo del café fuera de casa, y un mayor número de jóvenes entrando a la categoría y la creciente personalización con sabores.

En razón de lo anterior, se requiere que el gobierno general destine mayores apoyos a los caficultores mexicanos y poder detonar el potencial de este importante sector, del que dependen millones de familias mexicanas. Si bien reconocemos las acciones de la Sagarpa en materia de programas de coberturas de precios del Café de Aserca; el establecimiento de 32 viveros para la producción de más de 22 millones de plantas tolerantes a la Roya del Cafeto; el acompañamiento técnico para los municipios cafetaleros; campañas fitosanitarias y acciones de monitoreo y control de la Roya del Cafeto, entre otras, es necesario que se establezcan modelos de desarrollo sustentables que generen una sinergia en este sector.

Estas acciones requieren de mayores recursos y en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 hacemos una llamado respetuoso a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a que no se reduzca el presupuesto al sector cafetalero mexicano, que incluye el programa Procafé, coberturas y otros componentes. Cabe señalar que en el PEF 2016 dicho programa tenía un presupuesto de 730.6 millones de pesos y en el proyecto de presupuesto para este año sólo se le asignaron 569.7 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno de ésta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, considere destinar mayores recursos a los programas que incentivan la producción de café, las coberturas y fomentan la productividad.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se mantenga el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal anterior al programa Procafé.

Notas:

1 Sagarpa. Convención Internacional del Café, México 2015. Subsecretaría de Agricultura Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico. Pp. 7 y 8. [En Línea] [Fecha de Consulta: 04-10-16] Disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/oaxaca/Documents/2015/ Difusi%C3%B3n%20y%20Eventos/Convencion%20Internacional%20del%20Cafe%202015.pdf

2 Organización Internacional del Café. Total production by exporting countries. Trade Statistics Tables. [En Línea] [Fecha de Consulta: 04-10-16] Disponible en: http://www.ico.org/trade_statistics.asp

3 The Climate Institute. A Brewing Storm: The climate change risks to coffee. Fairtrade Australia & New Zealand. [En Línea] [Fecha de Consulta: 04-10-16] Disponible en:

http://fairtrade.com.au/~/media/fairtrade%20australasia/files/ resources%20for%20pages%20-%20reports%20standards%20and%20policies/ tci_a_brewing_storm_final_24082016_web.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de octubre de dos mil dieciséis.— Senadoras: María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica), Angélica Araujo Lara (rúbrica), Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Ivonne Álvarez García, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la SHCP un informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así como también, se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Las dificultades que desde hace unos años enfrenta nuestro país derivado de la caída de los precios del petróleo, debido principalmente al mercado internacional, se perciben en distintos ámbitos de la vida económica nacional. El más relevante, sin duda, la disminución de los ingresos del Estado provenientes del sector petrolero, que fuera la fuente principal de ingresos de nuestro país.

En el marco de la afección de las finanzas nacionales, en el epicentro de ésta se encuentra el estado de Campeche, principal productor de petróleo, que se ha visto como una de las principales entidades implicadas en virtud de que su estructura económica se encuentra orientada justamente hacia la producción de hidrocarburos, dejando fuera otros aspectos que son relevantes para el crecimiento de cualquier economía local.

Hasta antes de la caída de los precios del petróleo, las mediciones de la economía de Campeche, indicaban índices exorbitantes comparables, hilarantemente, con economías de naciones ricas. En efecto, de acuerdo al Sistema Nacional de Cuentas del INEGI, hasta 2014 Campeche contaba con un Producto Interno Bruto de más de 654 mil millones de pesos, lo cual se debía a que el 85% de esos ingresos, correspondía a la extracción de petróleo y gas.

Acorde con lo anterior, Campeche contaba con un ingreso per cápita equivalente a 59, 536 dólares, es decir, por arriba incluso del otrora Distrito Federal. Tales indicadores, señalarían que el ingreso per cápita de Campeche, sería superior al ingreso de países de primer mundo como Noruega con 47 mil dólares, Estados unidos con 43 mil dólares, Alemania con 34 mil dólares o Francia con 32 mil dólares.

Sin embargo, es evidente que tales cifras eran o son del todo inverosímiles, toda vez que para efectos de la medición de la economía, es preciso considerar todos los valores que se transforman o producen en la delimitación que busca medirse, de suerte que la economía de Campeche nunca fue apreciada de manera precisa, toda vez que tomando en cuenta sólo los bienes y productos que se producen para la economía local, Campeche desciende hasta el lugar 29 de 32 en la medición del PIB de las 32 entidades federativas.

En vista de lo anterior y considerando que a pesar de los cambios en el mercado y en la considerable disminución en la producción, hasta ahora Campeche es el principal productor del crudo nacional; puede asegurarse que hasta ahora se ha aplicado un criterio del todo inequitativo tanto para valorar la economía del multicitado estado, como para retribuir o compensar la importante actividad que se desarrolla en beneficio de todos los mexicanos.

Tales mediciones, impidieron que Campeche accediera a fondos y programas destinados a estados que cuentan con problemas de pobreza o de desarrollo humano, como el Fondo Regional, al que acceden los diez estados con mayor índice de rezago humano, no obstante toda vez que este se encuentra basado en la medición del Producto Interno Bruto y como ya se ha podido apreciar, tal indicador se encuentra sobre dimensionado.

Campeche, cuenta con múltiples rezagos sumamente relevantes. Mantiene al 52% de la población en situación de pobreza, 51.4% en pobreza patrimonial, la pobreza de capacidades asciende al 27.3% y la pobreza alimentaria al 20%. Las opciones productivas en las que la población se puede emplear son pocas, de acuerdo al Inegi la mayor parte de las unidades productivas del estado, después de las actividades petroleras, son el comercio y los servicios no financieros, los cuales representan el 0.7% y el 1.4% del PIB estatal.

Para Campeche la segunda actividad en importancia es la construcción, misma que también está relacionada a las actividades petroleras, en virtud de que el 95% de este subsector, está dedicado a la Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, de tal suerte que este subsector habría que considerarlo de manera asociada a la producción de petróleo.

Así, la economía de este estado se encuentra concentrada y poco diversificada, toda vez que las opciones productivas en las que la población se puede emplear son pocas. De acuerdo al INEGI la mayor parte de las unidades productivas del estado, después de las actividades petroleras, son el comercio y los servicios no financieros, los cuales representan el 0.7% y el 1.4% del PIB estatal.

Al intercalar estos indicadores con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en efecto se puede corroborar que las mayores concentraciones de ocupación se encuentran en esos dos sectores. Según la STPS hasta el primer semestre de 2016 la Población Económicamente Activa de Campeche es de 407,411 personas de la cual 393 mil se encuentran ocupados y de esta proporción el 16% y 30% de la población se mantiene ocupada en el Comercio y Otros servicios, respectivamente.

Hasta esa misma fecha, la tasa de informalidad en Campeche es superior al 60 por ciento. Lo cual se encuentra relacionado al incremento de la tasa de desempleo, que ha aumentado drásticamente en los últimos años. Hasta 2012 esta era de 2.2 por ciento, es decir casi a la mitad de la media nacional, para hoy en este segundo semestre de 2016 ubicarse en 4 por ciento.

En este sentido, el gobierno del estado reporta una pérdida de 25 mil empleos en la entidad derivado de la crisis petrolera que atraviesa el país. Es decir, que la disminución de los precios del petróleo, cobra sus saldos más evidentes y tangibles en Campeche, dejando sin su sustento a miles de familias.

La causa principal de esta reducción drástica en los indicadores económicos, se debe a la reducción de los precios del petróleo y derivado de ello, reducciones de personal y baja en el consumo de bienes y servicios.

La mayor parte de la población ocupada de Campeche se concentra en tres sectores: servicios, comercio y actividades agropecuarias, a las cuales se dedica el 18% de la PEA ocupada y desde luego, el gran grueso de la población a la informalidad que a su vez se encuentra o se encontraba vinculada a las actividades petroleras por comercio al menudeo, venta de alimentos preparados, etcétera.

En el sector turístico, Campeche, a pesar de tener un alto potencial en este sector es, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el penúltimo lugar de las 32 entidades en la captación de recursos por este medio.

Respecto a la productividad en la agricultura (incluida la pesca, acuicultura animal y servicios relacionados con la cría y explotación de animales y con el aprovechamiento forestal) al estado le representa apenas el 0.6% del PIB, que en términos reales equivale al orden de los 311 millones de pesos. De tal suerte que a pesar de la concentración de recursos humanos en estas áreas, dichos sectores no ofrecen una proyección de crecimiento ni para el estado ni para la población, toda vez que además de las pocas utilidades que generan, atendiendo el recuadro de remuneraciones, puede verse que la cuarta parte de la PEA ocupada, es decir cerca de 100 mil campechanos, perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Así, más del 50 por ciento de la población de Campeche vive en pobreza con un promedio de 2.6 carencias; de ese porcentaje el 12 por ciento (casi 100 mil personas) sufre pobreza extrema. De acuerdo al Coneval, los municipios de Campeche y Carmen cuentan con menores índices de pobreza de los once que conforman el estado, pues cuentan con porcentajes del 35 por ciento y 41 por ciento de su población en esta forma de vida. Sin embargo en municipios como Calakmul, Candelaria y Escárcega mantienen niveles de 86 por ciento, 79 por ciento y 73 por ciento respectivamente de población en pobreza, lo cual es un fenómeno realmente grave que permite dimensionar certeramente la circunstancia en la que vive este estado si se observa a detalle su economía y no se contemplan los recursos petroleros.

Cabe señalar que de las 2 mil 778 localidades con las que cuenta el estado de Campeche, 2,760 son de menos de 5 mil habitantes, 14 de entre 5 mil pero menos de 15 mil, y sólo cuenta con dos que son de entre 100 mil y 500 mil habitantes (Campeche y Carmen), de tal suerte que a base de estudios del Consejo Nacional de Población, las comunidades de menos de 15 mil habitantes, se dedican a actividades primarias, lo cual implica que en Campeche alrededor del 15 por ciento de su población depende de las actividades primarias, mismas que según se ha señalado, no significan una fuente importante de riqueza para la entidad.

Por su parte, los dos municipios más urbanizados e industrializados, concentran el 47% de la población total del estado, misma que está en su mayoría dedicada a actividades terciarias (servicios, comercio y actividades gubernamentales) y secundarias (extracción del petróleo y construcción).

Acorde con todo lo anterior, más allá de la retribución económica que el Estado mexicano estaría comprometido a retribuir a Campeche por su importante aporte a la economía nacional y por la crítica situación económica que atraviesa, debe de considerarse que la presencia de actividades relacionadas con los hidrocarburos, de facto, genera diversas afectaciones que van desde la modificación del paisaje hasta, como ya se ha visto, repercusiones en la estructura económica-productiva de estos, pasando por daños y/o riesgos ambientales y de salud pública, así como por la suscitación de diversos fenómenos sociales.

En términos económicos, acorde con datos del Inegi, Campeche ha acumulado 8 trimestres consecutivos en materia de Actividad Económica. Es decir, que toda la estructura económica que aquí se ha descrito, al día de hoy las condiciones son aún más críticas y desesperanzadoras para esta entidad. Si bien desde mayo pasado el gobierno federal anunció el programa de reactivación económica tanto para Campeche como para Tabasco, diversas medidas comprendidas en este, han quedado sin posibilidades de ser implementadas, debido principalmente a los recortes presupuestales que se han aplicado a Pemex y en general al sector energético.

El anuncio del programa de reactivación económica, congregó a todos los sectores de la sociedad campechana bajo la consideración de que las medidas ahí contempladas eran viables y coadyuvarían a la reactivación económica de la entidad. Entre las acciones anunciadas, se contempló que las Secretarías de Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Turismo, incrementarían considerablemente el presupuesto destinado tanto a Campeche como a Tabasco. Empero, derivado de los recortes presupuestales, puede observarse que a pesar de este anuncio y de la promesa de activar diversas obras de infraestructura o programas sociales, estos no se encuentran contemplados en la propuesta de presupuesto para el 2017 entregado el mes pasada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

En efecto, desde 2009 y hasta antes de le ejercicio 2016, Campeche observaba en los correspondientes presupuestos anuales importantes incrementos promedio del 15 por ciento; no obstante, desde este 2016 se redujo un 8.73 por ciento con relación al año anterior y para el 2017, se pretende una disminución del 26.64 por ciento con respecto al 2016, asignando un total de 3 mil 108 millones de pesos. Es decir, que si se suman ambas disminuciones consecutivas, la reducción presupuestal en dos años es de 33 por ciento lo cual nos coloca prácticamente en los valores asignados en 2012, equivalentes a 3 mil 109 millones de pesos.

Asimismo, otro aspecto a considerar son las participaciones por ingresos federales que le corresponden a Campeche, las cuales también se han visto disminuidas año tras año, lo cual es otro factor que debe ser contemplado para dimensionar la baja de los ingresos de esta entidad. De suerte que con este conjunto de disminuciones, se está condenando a la anulación o cancelación de obras y proyectos federales que se habían considerado como acicates de la reactivación económica de Campeche.

No obstante todos estos datos y las perspectivas económicas aquí descritas, las promesas y programas especiales puestos en marcha por el gobierno federal para reactivar la actividad económica en Campeche, estas no son consideradas en el presupuesto propuesto para esta entidad para el año 2017.

Efectivamente, en el rubro de infraestructura, el PPEF 2017 en la gran división de Infraestructura se observa una reducción de cerca de los 514 millones de pesos, mismos que principalmente se le disminuyen a los rubros de caminos rurales y carreteras alimentadores y conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, con 303 y 149 millones respectivamente.

Con respecto a infraestructura económica de puertos, se presenta una reducción del 62 por ciento con respecto al ejercicio 2016, que equivale a poco más de 542 millones de pesos. Es decir, se descarta prácticamente las ampliaciones delos puertos de Isla del Carmen y de Seyba Playa. A la segunda de estas obras, no se le asigna un solo peso y al de Isla del Carmen es una disminución de 312 millones de pesos en relación al ejercicio anterior.

En materia de Agricultura, hay una disminución de casi el 33%. Reduciéndose las partidas para los renglones de seguridad alimentaria para zonas rurales, la concurrencia con entidades federativas, infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, extensionismo y desarrollo de capacidades. Es decir, se reduce el presupuesto en programas que podrían significar pilares de impulso económico en el mediano y largo plazos, para que Campeche comience un viraje en su estructura económica y diversifique sus fuentes de ingreso y empleo.

Otro ámbito que merece ser señalado, es el nulo presupuesto que el gobierno federal asigna al rubro de medio ambiente y recursos naturales, lo cual es un aspecto fundamental para un estado en el que el cerca de la tercera parte de su territorio (19 mil kilómetros), están sujetos a protección ecológica debido a las riquezas de flora y fauna con las que cuenta. La falta de presupuesto en este ámbito, puede traer consigo afectaciones y pérdidas permanentes de ecosistemas que son de gran importancia para el país y para el mundo, en virtud de que en las tierras de Campeche se albergan flora y fauna únicas.

Nuestra constitución, distribuye con claridad las atribuciones específicas de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, y si bien este Senado no tiene facultades con respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos, sí es la institución garante del pacto federal y de la representación de las entidades federativas. Por tanto, ante la crítica situación económica de Campeche, es menester unificar esfuerzos y voluntades para apoyar a un estado que durante décadas ha aportado recursos naturales y económicos para todo el país.

Es importante que adoptemos una postura de sensibilidad con esta situación que si bien golpea a todo el país, Campeche es epicentro de esta y por ello requiere de un presupuesto justo, proporcional a la circunstancia que atraviesa y sobre todo acorde con los compromisos y anuncios que se han hecho hasta ahora con la finalidad de reactivar su economía.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado sobre las razones precisas que motivaron las múltiples reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, equivalentes al 26.64% en relación con el ejercicio fiscal 2016, así como las perspectivas de inversión y apoyo a la crítica situación que enfrenta esta entidad derivado de la disminución de los precios del petróleo, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017; considerando las promesas y compromisos realizados por el titular del Ejecutivo Federal al anunciar el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, el 6 de mayo del presente año.

Segundo.La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a que en el proceso de deliberación y aprobación del Presupuesto de Egresos del 2017, considere con especial atención la crítica situación económica que se vive en el estado de Campeche, derivado de la disminución de los precios del petróleo y con ello la reducción de la actividad económica local y revalore las reducciones que propone el Ejecutivo Federal en el proyecto enviado a dicha Cámara, en virtud de que estas afectan considerablemente la reactivación y recuperación económicas, contempladas incluso por el mismo Ejecutivo Federal en el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, anunciado el 6 de mayo pasado.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (ed.): «Banco de Información Económica» (PDF)

2 Sistema de Información Energética. Disponible en:

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas.; Inegi. Aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/economia/pib.aspx?tema =me&e=01

3 El Inegi define este sector como: “las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. Se excluyen las unidades económicas que proporcionan servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros y los relacionados con las actividades de los sectores público o gubernamental y social.”

4 Inegi. Perspectiva Estadística Campeche. Diciembre de 2011.

5 El Inegi define este sector como: “las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. Se excluyen las unidades económicas que proporcionan servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros y los relacionados con las actividades de los sectores público o gubernamental y social.”

6 Secretaria del trabajo y previsión social. Subsecretaria de Ocupación y empleo. octubre 2016.

7 Imco. Análisis de Competitividad 2010. Disponible en: http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/04.Campeche.pdf

8 Inegi, anuario estadístico 2015. P. 42.

9 Sistema para la Consulta del anuario estadístico de Campeche. INEGI.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 4 días del mes de octubre de 2016.— Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos para 2017, se destinen los recursos suficientes para la construcción de hospitales psiquiátricos y centros de prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado de Quintana Roo, que permitan garantizar el derecho a la salud de los quintanarroenses.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto, artículo 4o., en donde establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Sin embargo, en el estado de Quintana Roo, aún no se ha podido garantizar en su totalidad este derecho, ya que los hospitales no son los suficientes ni los existentes cuentan con la calidad que se requiere.

Esta problemática se agrava en la medida que la enfermedad o la complicación medica que padece el ciudadano es menos común o si su padecimiento requiere de más especialización por parte de los médicos y de la infraestructura de los hospitales.

Parte de la población más vulnerable son los ciudadanos que padecen alguna adicción y problemas psiquiátricos, ya que son muy pocos los lugares en los que se pueden atender a los ciudadanos y en numerosas ocasiones son hospitales privados, en donde la mayor parte de los ciudadanos no pueden cubrir los gastos que les pudiera originar atenderse en ese lugar.

En otros casos los ciudadanos quintanarroenses para atenderse médicamente tienen que viajar a la Ciudad de México, situación que resulta muy complicada porque no todos tienen la capacidad económica de trasladarse para recibir atención médica, además de los gastos que les genera el transporte, el hospedaje y los gastos de medicamentos.

La principal problemática que busca atender esta proposición, se refiere a que en Quintan Roo los ciudadanos que padecen problemas de adicción o requieren atención psiquiátrica no cuentan con este servicio.

Cabe destacar que son lamentables las condiciones en que viven la mayoría de los ciudadanos de Quintana Roo, de tal manera que ha originado otra gran problemática la cual tiene que ver con los suicidios, según datos del Inegi:

Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, donde el séptimo estado con más índice de suicidios es el de Quintana Roo.

De mejorar las condiciones médicas de los ciudadanos, se propiciaría una reducción del índice de los suicidios ya que al tener una ciudadanía sana y con la atención médica necesaria, fortalecería una estrategia de salud y de protección a los derechos humanos de los ciudadanos.

Estamos frente a una problemática que tiene que ver con el bien jurídico tutelado más importante el cual es la vida, ya que la salud está directamente vinculada con la vida de las personas.

Es necesario que se garantice el derecho a la salud y para ello resulta imperante la construcción de más hospitales psiquiátricos y centros de readaptación de adicciones.

Finalmente en el Estado de Quintana Roo existe un alto índice de crecimiento poblacional, en gran parte por el desplazamiento de turistas que se establecen en la localidad por varios años y ciudadanos de otros estados que van en busca de trabajo.

Es sumamente trascendente que se concrete la petición que contiene este Punto de Acuerdo, ya que así se dará cumplimiento a los derechos humanos y se podrá evitar que se agrave la situación en el futuro y se comprometa aún más la salud de las personas, ya que como se mencionó anteriormente, cada vez el número de pobladores es mayor y se tiene que tomar acciones de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017 se destinen los recursos suficientes para la construcción de hospitales psiquiátricos y centros de prevención, tratamiento y control de las adicciones en el Estado de Quintana Roo, que permitan garantizar el derecho a la salud de los quintanarroenses.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo estatal de Guerrero a establecer acciones inmediatas para que se otorguen plazas a los maestros calificados como idóneos para combatir el rezago escolar; y exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un presupuesto asignado para resarcir los rezagos educativos materiales y humanos de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de ésta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica en su artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Uno de esos derechos es el de la educación, fundamental y necesario para poder ejercer todos los demás derechos, el cual está garantizado para todo individuo en el artículo 3° constitucional.

De esta manera, el Estado reconoce la obligación de ofrecer servicios educativos gratuitos a toda la población, desde educación preescolar hasta educación media superior, garantizando además que ésta alcance el máximo logro de aprendizaje. La participación del Estado incluye la promoción y atención de todos los tipos educativos, como la educación inicial, especial y superior.

Es decir, el Estado está obligado a que todos los habitantes reciban las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional (SEN), sin discriminación ni exclusión, considerando la situación desigual de los niños y jóvenes, sus familias y comunidades.

En consecuencia, la profesión docente en México cuenta con una larga tradición; ha tenido una expansión sostenida y actualmente participa de manera significativa en la fuerza laboral del país.

Durante los primeros años del siglo XX, los esfuerzos del Estado mexicano se concentraron en la ampliación de los servicios educativos, principalmente en educación primaria.

En menos de un siglo, de 1921 a fines de 2012, la población se multiplicó ocho veces, al pasar de 14.3 millones de personas al inicio del periodo del presidente Álvaro Obregón, a 117 millones a fines del sexenio de Felipe Calderón. En esos años la matrícula en educación primaria creció poco más de 16 veces al pasar de 868 mil alumnos a 14.8 millones, crecimiento superior al demográfico.

En 1934 se establece en el texto constitucional la obligatoriedad y gratuidad de dicho nivel; en 1993, casi 60 años después, se agrega la de la educación secundaria, y en 2002, la de preescolar. A inicios de 2012 se eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, cuya universalidad se debe alcanzar en 2021.

Entre 1953 y hasta 1982, durante a la administración de José López Portillo, puede apreciarse un crecimiento acelerado del número de docentes desde primaria hasta media superior. En 1983, a inicios del sexenio de Miguel de la Madrid, se alcanza el máximo histórico de matriculación en educación primaria.

En otro orden de ideas, es importante señalar, que la importancia de la educación que reciban los estudiantes será “fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; [pues] es [un] proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad”. Para ello es necesaria la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, en especial del Estado, los educandos, padres de familia y docentes.

Por lo que, para la realización de estas labores, el sistema escolar debe proporcionarles los recursos materiales y humanos suficientes, adecuados, organizados apropiadamente y de manera oportuna.

Los objetivos planteados en la denominada Reforma Educativa, establecen de manera más formal, la importancia de la calidad con la que la educación debe ser impartida.

Sin embargo, los retos por superar en esta materia son muchos aún en todas las entidades, pero hay Estados donde es necesario concentrar los esfuerzos para poder romper con los círculos viciosos de la pobreza.

Por ejemplo: el déficit educativo en Guerrero es muy grande y muy diverso en parte porque se vienen arrastrando problemáticas que son fundamentales para poder aspirar a un nivel, sino óptimo, al menos digno de enseñanza. Con el afán de que se comprenda la magnitud de esta situación, a continuación expongo algunos datos:

Infraestructura

Los espacios educativos en educación preescolar cobran especial relevancia porque tienen como objetivo promover el desarrollo psicomotor y cognitivo de los pequeños. En Guerrero existe la mayor carencia de mobiliario necesario para las labores docentes en las escuelas sin embargo, el 42.8% de las escuelas no cuentan con el mobiliario necesario en 2014.

Aunado a lo anterior, la estructura física de la escuela debe garantizar la seguridad y resguardo de las personas y bienes que se encuentran dentro de ella; sin embargo, en el país se localizaron, por medio del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, al menos a 15 mil 681 primarias construidas con techo de materiales de desecho, lámina metálica, de asbesto o cartón, los cuales no son los mejores elementos para proteger a la comunidad escolar de la intemperie.

Además, 1 mil 864 escuelas tenían piso de tierra o materiales removibles, mismos que no facilitan la higiene y son un medio propicio para el crecimiento de microorganismos y la transmisión de enfermedades.

Asimismo, había 754 escuelas construidas con paredes precarias y por ello no contaban con la infraestructura física que permitiera garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En la dimensión de seguridad física las primarias comunitarias presentaron los mayores porcentajes de condiciones precarias de techo (42.7 por ciento), paredes (3 por ciento) y piso (11.7 por ciento).

Refiriéndose a servicios como drenaje y techo precario, las entidades que presentaron los mayores porcentajes de insuficiencia en el primer servicio fueron San Luis Potosí (68.2 por ciento), Tabasco (65.1 por ciento), Guerrero (61.1 por ciento) y Veracruz (55.4 por ciento), mientras que Chihuahua (51.4 por ciento), Sonora (46.6 por ciento), Tabasco (37 por ciento), Jalisco (31.5 por ciento) y Durango (31.1 por ciento) obtuvieron los mayores porcentajes de escuelas con techos en precariedad. Además, Guerrero reportó el mayor problema respecto a la falta de baños en sus escuelas (21.3 por ciento).

Recursos humanos

Tampoco es posible olvidar, que los maestros representan el primer y más importante punto de contacto del SEN con los niños y jóvenes. Ellos son los responsables de encabezar la relación pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye a la formación intelectual, moral y afectiva de los alumnos.

En el ciclo escolar 2013-2014, el SEN incluyó a 35 millones 745 mil 871 alumnos en educación básica, media superior y superior, en un total de 255 mil 531 escuelas con 1 millón 868mil 48 docentes. Del total de alumnos, casi tres cuartas partes cursaron educación básica (72.6 por ciento), 13.1 por ciento educación media superior y 9.6 por ciento educación superior.

En localidades de alta y muy alta marginación se encuentran 56.9 por ciento de las escuelas de nivel básico y 39.9 por ciento de los planteles de educación media superior.

En el caso concreto de Guerrero, la matrícula de alumnos de educación primaria ascendió a 499 mil 821 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2013-2014, que son atendidos por una planta de 23 mil 944 docentes, con un total de 33 mil 472 grupos en 4 mil 691 escuelas. Lo anterior arroja como resultado que un profesor debe de atender a más de un grupo en promedio (0.72 profesores por grupo).

Esto es posible ya que existen muchas escuelas que deben de atender a los alumnos bajo el esquema de organización multigrado, donde un profesor debe de atender a más de un grado y/o grupo. Además, la Secretaría de Educación Pública separa en tres dimensiones a las escuelas de educación primaria.

• Primaria General

• Primaria Indígena y,

• Primaria Comunitaria

En Guerrero, el porcentaje de escuelas de organización multigrado en nivel primaria, asciende a 50 por ciento del total, dividido de la siguiente manera, 25.7 por ciento son primarias de tipo general, 9.5 por ciento son de tipo indígena y 14.8 por ciento del tipo comunitario.

Por lo que para poder alcanzar, la media nacional, de 0.76 profesores por grupo, será necesario contratar a 1 mil 500 maestros más. O si se aspirara a que cada maestro atendiera a un grado por grupo, el déficit asciende a 4 mil 152 profesores.

Desde hace un año, presenté ante esta soberanía un Punto de Acuerdo que exhortó respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo estatal de Guerrero, a establecer acciones concretas para que se otorguen plazas a los maestros egresados como estrategia para combatir el rezago escolar. Sin embargo dicha petición no ha tenido los resultados esperados o necesarios. Además la problemática de la falta de docentes se ha visto agudizada por efectos de la propia “reforma educativa”, pues como un efecto de esta acción, se han incrementado el número de jubilaciones de docentes en los diversos niveles, mediante el Servicio Profesional Docente (SPF), así lo ha advertido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Sylvia Schmelkes presidenta del INEE, al presentar el informe: “Los docentes en México”, resaltó ante integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que en 2023 poco más de 220 mil docentes podrían haber optado por la jubilación y reconoció que las vacantes que se generarán en primaria (48 mil 212) y en secundaria (33 mil 306) “superarán por mucho a los egresados normalistas”, que serían aproximadamente 9 mil y 8 mil, respectivamente.

A pesar de que el déficit de profesores se prevé en menos de una década, la carencia de maestros en Guerrero, como en otras entidades donde existe una gran población indígena, es desde hace tiempo ya una realidad que atenta contra el desarrollo de los alumnos más desprotegidos.

Con base en el antedicho informe del INEE, atendiendo a la distribución de los docentes por tamaño de localidad y marginación según nivel educativo y tipo de servicio, se observa lo siguiente:

En preescolar, poco más de tres cuartas partes (78.8 por ciento) de los docentes de la modalidad general trabajan en localidades urbanas, mientras que en primaria lo hacen 73 de cada 100. En secundaria, esto es cierto para 94 por ciento de quienes enseñan en escuelas generales, para 86 por ciento de los de técnicas y para todos los profesores de la opción para trabajadores.

Como se puede observar, es clara la concentración de los docentes en las zonas de población más alta y con mejor desarrollo. Además, los profesores de las zonas rurales, luchan con contextos de alta vulnerabilidad social y por lo tanto, enfrentan mayores retos que sus pares que laboran en ambientes de menor marginación y pobreza.

En educación preescolar, casi dos terceras partes de los docentes en la modalidad general (65.7 por ciento) laboran en localidades de marginación media, baja o muy baja. En contraste, casi todos los de escuelas indígenas (96.2 por ciento) y cuatro quintas partes de aquellos docentes en comunitarias (81.4 por ciento) se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación.

Lo descrito, no hace sino aumentar la brecha de marginación de los más necesitados. Pues los maestros rurales e indígenas, son los que deben hacer frente a una amplia gama de circunstancias que atentan contra la educación de calidad de los educandos.

Además, la preparación de los mismos requiere de una calificación mayor pues deben de impartir sus clases de forma bilingüe principalmente. Ante esta realidad, son muy pocos los incentivos que se les otorgan a estos profesores, en consecuencia, demanda de necesaria de mentores cada vez es más difícil cubrirla.

Otra de las razones que han venido a incrementar la carencia de educadores en las aulas, es porque existe también una oferta de profesores que han alcanzado el grado de idoneidad, a quienes aún no se les ha otorgado plaza alguna para laborar; esto nos da como resultado una situación insostenible, en cuanto a la educación de los más vulnerables.

Mediante un recuento periodístico, es posible observar, las demandas reales de muchas escuelas guerrerenses, como se muestra a continuación:

• Desde hace dos años hace falta un maestro en una primaria de la Bonfil, Acapulco, denuncia el director, por lo que un trabajador administrativo es quien da clase al grupo de tercer año.

• Maestros y padres de familia de 17 secundarias técnicas de la Montaña Baja y Alta bloquearon por segundo día consecutivo la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en la entrada principal de Chilapa, para exigir profesores, trabajadores administrativos y nombramientos.

• Protestan maestros del Centro Regional de Educación Normal, frente al secretario de Educación; piden que 33 profesores entren a nómina.

• Piden padres y maestros que no se cierre la extensión del Conalep en Costa Azul, Acapulco.

• Protestan maestros, alumnos y padres de familia piden servicios, aula y un profesor.

• Bloquean frente a Palacio de Gobierno maestros “idóneos” que exigen sus nombramientos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo estatal del estado de Guerrero, a establecer acciones inmediatas para que se otorguen plazas a los maestros calificados como idóneos para combatir el rezago escolar.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a considerar un presupuesto asignado para resarcir los rezagos educativos materiales y humanos de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15de agosto de 2016. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 1_150816.pdf

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015), Los Docentes en México. Informe 2015. [En Línea]: http://www.inee. edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf

3 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015).

4 Ley General de Educación, (1 de junio de 2016) En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf

5 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 2015, Inegi.

6 Poy Solano, Laura (2015) “INEE: se cierne un gran déficit de maestros en educación básica” La Jornada, 8 de abril de 2015, Ciudad de México En línea: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/08/ urge-formar-mas-maestros-no-hay-quien-cubra-vacantes-inee-3300.html

7 Es decir, asentadas en localidades de 2 mil 500 o más habitantes, o en comunidades de menor tamaño, pero que son cabeceras municipales.

8 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015).

9 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015).

10 Labastida, Mariana (2016) “Falta desde hace dos años un maestro en una primaria de la Bonfil, Acapulco, denuncia el director” El Sur de Acapulco, 27 de septiembre de 2016. En línea: http://suracapulco. mx/3/falta-desde-hace-dos-anos-un-maestro-en-una-primaria-de-la-bonfil-acapulco -denuncia-el-director/

11 Nava, Luis Daniel (2016) “Maestros de la Montaña bloquean por segundo día consecutivo la entrada a Chilapa”, El Sur de Acapulco, 28/09/16 En línea: http://suracapulco.mx/instante/maestros-de-la-montana-bloquean-por-segundo-dia- consecutivo-la-entrada-a-chilapa/

12 Guerrero, Alejandro (2016) “Protestan maestros del CREN frente al secretario de Educación; piden que 33 profesores entren a nómina” El Sur de Acapulco, 21/09/16 En línea: http://suracapulco.mx/3/protestan-maestros-del-cren-frente-al-secretario-de-edu cacion-piden-que-33-profesores-entren-a-nomina/

13 Contreras, Karina (2016) “Piden padres y maestros que no se cierre la extensión del Conalep en Costa Azul, Acapulco” El Sur de Acapulco, 23/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/3/piden-padres-y-maestros-que-no-se-cierre-la-extension-d el-conalep-en-costa-azul-acapulco/

14 Escobar, Brenda (2016) “Protestan maestros, alumnos y padres de familia piden servicios, aula y un profesor” El Sur de Acapulco, 27/09/16 En línea: http://suracapulco.mx/instante/protestan-maestros-alumnos-y-padres-de-familia-p iden-servicios-aula-y-un-profesor/

15 García, Beatriz (2016) “Bloquean frente a Palacio de Gobierno maestros “idóneos” que exigen sus nombramientos” El Sur de Acapulco, 21/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/3/bloquean-frente-a-palacio-de-gobierno-maestros-idoneos- que-exigen-sus-nombramientos/

Dado en la Honorable Cámara de Senadores, a los cinco días del mes de octubre de 2016.— Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la honorable Colegisladora la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, bajo las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con lo señalado por el artículo 74 de nuestra Carta Magna ha sido presentado ante la Colegisladora, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, encontrándose en el contexto de la discusión y aprobación es que vengo a solicitar se asignen más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera con el objetivo de seguir ampliando su cobertura a la población en pobreza brindándoles apoyos en alimentación, salud y educación.

Sabemos que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ha destacado la tarea de contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizados sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades.

La anterior labor ha sido delegada a la Secretaría de Desarrollo Social, quien es la encargada de formular y conducir la política social a través de la implementación de programas y acciones que fomente atender a las personas a lo largo del ciclo de vida, pero especialmente en las etapas de más vulnerabilidad, creando un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, atendiendo a los sectores más desprotegidos.

Ahora bien, uno de esos programas sectoriales que garantizan el pleno disfrute de los derechos sociales de la población en pobreza lo es Prospera, el cual como resultado de la reingeniería del gasto público para el ejercicio fiscal 2016, con el propósito de fortalecer las acciones tendientes a superar la pobreza y garantizar los derechos sociales de la población, resulto de la fusión del Programa de Inclusión Social y del Programa de Apoyo Alimentario.

Con esa fusión Prospera mantiene y fortalece las intervenciones que buscan ampliar las capacidades en educación, salud y alimentación, es un programa con cobertura nacional, dedicado a contrarrestar la pobreza del país, atendiendo actualmente 6.8 millones de familias beneficiarias, que reciben los apoyos con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.

Este programa gubernamental cuenta con todo un esquema operativo, el cual por medio de una encuesta de características socioeconómicas y demográficas identifica los hogares que se encuentran en situación de pobreza y los cuales pueden ser incorporados a Prospera.

En cuanto al componente de alimentación, se otorgan apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, el objetivo es prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) por una mejorar nutrición a través de una buena alimentación.

Es alentador considerar que, para poder recibir los apoyos monetarios, se le condicione a la titular beneficiaria, que generalmente es la madre de familia o a quien se haga cargo del hogar, a que deberá cumplir junto con la familia corresponsabilidades en salud y educación para poder recibir los apoyos monetarios.

Por lo que, si se trata de salud en registrarse toda la familia a la unidad de salud que le corresponde y que cada miembro de la familia acuda a las citas médicas y cumplan con la asistencia a los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y así se contribuye a la prevención de enfermedades.

Si se trata de la educación también existe una corresponsabilidad para los beneficiarios ya que tienen el deber de cumplir con la inscripción de sus hijos en educación primaria, secundaria y Media Superior en escuelas autorizadas para el Programa y la asistencia de los becarios a clases e incentivar la terminación de dichos niveles educativos.

Tomando en consideración que el objetivo de este programa es fortalecer los derechos sociales de personas en situación de pobreza, por otra parte, la población objetivo son hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la línea de bienestar mínimo ajustada (LBMa) cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en alimentación, salud, y educación.

Aunado a lo anterior, el bienestar de las familias mexicanas en situación de pobreza debe ser un tema de importancia para el Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, razón por la cual se debe considerar la mayor cantidad de recursos al programa Prospera, el cual tiene una cobertura nacional y fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza, brindando apoyos en alimentación, salud y educación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se asignen más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera, con el objetivo de ampliar su cobertura a más población en condiciones de pobreza en nuestro país.

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Honorable Colegisladora la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, bajo las siguientes

Consideraciones

Entre las funciones que debe cumplir el Estado se encuentra la relacionada con la protección a la población en general, poniendo más atención a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad, uno de estos sectores de personas en condiciones de fragilidad lo tenemos en los adultos mayores de 65 años y más.

Personas que por el transcurso del tiempo y ante una expectativa de más años de vida, van ocupando un lugar especial dentro de la sociedad y a quienes tenemos que prestar atención y apoyo, pues el solo transcurso del tiempo hace que vaya mermando su salud física, mental y como consecuencia de ello ponen en riesgo su vida.

En nuestro país existe un buen número de adultos mayores de 65 años y más en situación de carencia y pobreza, que no cuentan con una jubilación o pensión, ni con una oportunidad de empleo en el sector formal de la economía, debido a su edad.

Con motivo de lo anterior y por medio de la política social, la SEDESOL ha implementado un programa, encaminado a un sistema de seguridad social que proteja a este sector desfavorecido de la población, tratando de contribuir en el bienestar socioeconómico de los adultos mayores de 65 años en adelante.

Mediante el Programa de Pensión para Adultos Mayores, se les otorga apoyos económicos directos a los beneficiarios por la cantidad de 580 pesos mensuales, mediante entregas bimestrales y en caso de fallecimiento de éste, a su representante designado por el beneficiario se le entrega por única vez un monto de 1,160 pesos como pago de marcha.

También reciben en complemento el apoyo para la inclusión financiera, consistente en la entrega de una tarjeta electrónica asociada a una cuenta bancaria en donde reciben su apoyo económico, el costo de la tarjeta lo absorbe el programa a fin de que su apoyo no se vea afectado.

Aunado a ese apoyo económico directo que reciben, también se encuentran acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental, por medio actividades relacionadas con la participación de grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, promoción de los Derechos Humanos, especialmente los dirigidos a los adultos mayores, facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Inapam.

Actualmente el Padrón Activo de Beneficiarios con el que cuenta la Sedesol es de 5.5. millones de adultos mayores, señalando que tiene una cobertura en todo el país atendiendo 84,532 localidades y con ello ha cubierto la totalidad de los municipios del territorio nacional.

La población objetivo de este programa es de 65 años en adelante, que sean mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que no reciban pensión mayor a 1,092 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. Si para este año se proyectó la población objetivo en 6.7 millones de adultos mayores de 65 años en adelante.

Ahora bien, en nuestro país hay millones de mexicanos que llegan al final de su vida productiva con las manos vacías y en condiciones inaceptables de vulnerabilidad y sin una jubilación o pensión, lo que trae como consecuencia una percepción negativa de sí mismos, al considerarse improductivos, en decadencia, abandonados y sin recursos, viviendo los trastornos propios de su edad, como la disminución de sus funciones y la presencia de enfermedades.

Que mejor labor que buscar el reconocimiento para aquellos que nos han regalado sus logros y experiencias, haciéndolo por medio de un programa social que los ayude a mejorar su situación económica, de salud y bienestar.

Sea el Congreso de la Unión con responsabilidad y en especial la Cámara de Diputados por medio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la que contribuya en aumentar los recursos para el Programa Pensión para Adultos Mayores que lleva a cabo la Sedesol.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca Alcalá Ruiz y María Elena Barrera Tapia presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen su tarea informativa, orientadora y educativa, así como en la implantación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cervicouterino.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, y en los artículos 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.

Consideramos de suma importancia hacer hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

El cáncer de mama inicia como una enfermedad localizada y se reconocen carcinomas de dos tipos: invasores e in situ; los primeros se extienden a tejidos circundantes de la mama y los segundos, se encuentran localizados únicamente en el tejido mamario. Si la mama se divide imaginariamente en cuatro, la mayoría de los tumores se localizan en el cuadrante superior externo, es decir, arriba del pezón y en el extremo que da hacia la axila, por lo cual, cuando se disemina, las células cancerosas migran primeramente hacia los ganglios de esa zona.

Después de la confirmación de un diagnóstico de cáncer, sigue la evaluación patológica y la estadificación del tumor con la finalidad de conocer su tamaño, características y su estado o grado de desarrollo, lo que sirve para realizar un pronóstico y orientar el tratamiento de cada paciente. En el cáncer de seno, los estadios son cinco, que van de 0 que es un cáncer in situ o focalizado al IV, en el cual el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, generalmente a los huesos, pulmones, hígado o cerebro.

Durante 2013, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre los tumores malignos para la población mexicana de 20 años y más (18.7 por ciento); tres de cada 10 mujeres son hospitalizadas por dicha causa, y aunque en los varones apenas representa 0.7 por ciento de los ingresos hospitalarios por tumores malignos, desmitifica la creencia de que esta enfermedad sea exclusiva de las mujeres.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 ocurrieron 5 426 decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representa la muerte por cáncer de mama de casi 15 mujeres cada día durante ese año. En el 2010 se detectó que de cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían cáncer de mama. En 2011, el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores malignos en mujeres con 13.8 por ciento, y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos también en mujeres.

De 2007 a 2014, la incidencia de cáncer de mama (número de casos nuevos por cada 100 mil personas de cada sexo), para los hombres de 20 años y más, se mantiene muy baja y relativamente estable, fluctuando entre 0.39 y 0.64 casos nuevos por año. Sin embargo, en las mujeres la tendencia es a la alza, siendo el año 2014 en el que se presenta la incidencia más alta, con 28.75 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Así, para ese año, por cada caso nuevo en los varones se detectan 29 en las mujeres.

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en 1 por ciento. Hay dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. El 95 por ciento corresponde a adenocarcinomas.

El comportamiento de la incidencia en México sigue el patrón internacional, en el sentido de que es una enfermedad que se incrementa con la edad y los casos nuevos se presentan primordialmente en mujeres mayores de 40 años, durante la menopausia o posmenopausia; pero al mismo tiempo plantea la importancia del cribado en edades más tempranas para detecciones oportunas, sobre todo en aquellos casos donde se ha observado un componente heredofamiliar.

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad. Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.

Entre las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:

En la prevención primaria

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.

En la prevención secundaria se encuentran

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por ello debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir esta misión.

Entre las mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cervicouterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la atención respecto de esta patología.

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.

Según la OMS, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres, cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En el 2008 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo.

En México, durante 2010 se observó que los principales tumores malignos que afectan a la población femenina adulta (de 20 años y más) que fue hospitalizada por este diagnóstico son el cáncer de mama (24.3 por ciento), el cervicouterino (9.7) y el de colon (3.2).

En 2013, los tres casos más frecuentes de cáncer por el cual fallecieron las mujeres fueron de mama (13.8 por ciento), cervicouterino (10.4) e hígado (7 por ciento).En el país es la primera causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y reproductiva, cada 2 horas muere una mujer.

La prevalencia del virus del papiloma humano (VPH), se observa como el factor más importante que contribuye al desarrollo del cáncer cervicouterino. Otros factores de riesgo son: relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados de largo plazo.

La prevención primaria del cáncer cervicouterino puede realizarse optando por las acciones siguientes:

1. Promoción de la salud.

2. Vacunación contra la infección por virus del papiloma humano.

3. Detección oportuna del cáncer cervicouterino.

4. Dejar de fumar.

5. Uso del condón masculino y femenino, de hecho el uso del condón al mismo tiempo tanto masculino como femenino disminuye aún más el riesgo de transmisión sexual que el uso de un solo condón.

Se deben crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con el cáncer cervicouterino, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso de las mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, garantizar el tratamiento completo de similar calidad para todas las mujeres.

La prueba de tamizaje de elección para esta enfermedad es la citología cervical, pero existen diferentes protocolos para su diagnóstico, como

1. Citología cervical.

2. Citología cervical + detección del VPH-ADN.

3. Detección de VPH-ADN.

4. Inspección visual directa.

5. Inspección visual directa + Citología cervical.

6. Inspección visual directa + Citología cervical + detección del VPH-ADN.

La inspección visual directa también llamada colposcopia tiene la posibilidad de ser realizada por personal de salud no médico, el resultado es de inmediato en personal capacitado que identifica las lesiones, esto facilita el acceso en regiones con difícil adherencia de las mujeres a un programa regular de tamizaje, se puede realizar en mujeres con riesgo alto y con difícil acceso a los servicios de salud.

Entre las acciones informativas, preventivas y de orientación que llevan a cabo la Secretaría de Salud del gobierno federal y las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar favorecer y promover estilos sanos de vida, una alimentación adecuada, evitar el consumo de drogas y sustancias que ponen en riesgo la salud y favorecen la presencia de diversos tipos de cáncer, conocer y practicar la autoexploración de las mamas y demás acciones que permitan prevenir y, en su caso, detectar tempranamente estas patologías y con ello, disminuir la tasa de mortalidad derivada de estas causas.

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.

Por lo anterior, amigas y amigos legisladores, en el primer año de ejercicio en esta asamblea presenté una proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Salud Federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las entidades federativas, la realización de las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno, así como las relativas a la atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad.

En este sentido, continúa mi esfuerzo y mi intención por mejorar la salud de las mujeres, por lo que ahora sumamos a la presente proposición el exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de seno como del cervicouterino, para que el personal que cumple dichas funciones cuente con la capacitación y actualización y para el personal médico que lleva a cabo los estudios, análisis y diagnósticos de detección de estas patologías, cuente con la capacitación e infraestructura necesaria, encaminada a la atención oportuna y prevención de muertes por estos males.

Por lo descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cervicouterino.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2016.— Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Elena Barrera Tapia.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignados en el ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con recursos suficientes para brindar atención de calidad con mayor cobertura.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Francisco Salvador López Brito, senador de la república en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignados en el ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con recursos suficientes para brindar atención de calidad con mayor cobertura, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la clasificación de instituciones de salud del Inegi, las clínicas o unidades de consulta externa comprenden todas las unidades pertenecientes a los gobiernos estatales a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención, de la misma manera, en la clase 12 del mismo clasificado, encontramos a todas las instituciones de salud pertenecientes al sector público en sus diferentes niveles: federal, estatal o municipal.

La subclase 1211 comprende los centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la secretaría de salud, a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.

La atención primaria resulta indispensable para el cuidado de todas las familias mexicanas. Una de las razones principales se debe a que la prevención de las enfermedades es preferible al combate y control de las mismas, esto debido a que los recursos invertidos en personal médico e insumas serían mucho mayores y los centros de salud son indudablemente las unidades que dan mayor difusión a la promoción de la salud ya que cada una de ellas cuenta con un promotor previamente capacitado.

La mejora continua de los centros de salud estatales le permitirá a la ciudadanía a contar con mayor acceso a los servicios de salud y a optimizar los recursos disponibles ya que según datos del sistema de referencia-contra referencia, los hospitales consiguen llegar a su máxima capacidad, motivo por el cual se genera desorden hacia el interior de los mismos y queda rezagada la calidad en el servicio.

Es claro que la inversión en unidades de atención médica debería concentrarse en las unidades o clínicas estatales encargadas de promover la salud en el primer nivel de atención además de atender la mayor parte de las enfermedades sin mencionar que evitan la saturación de hospitales.

Prevenir y atender en el primer nivel significa evitar complicaciones de la enfermedad, es decir, evitar a toda costa que el paciente requiera llegar a un segundo o tercer nivel de atención médica. Sin embargo, a pesar de saber que la atención primaria es prioritaria en los cuidados y prevención de las enfermedades, poco presupuesto se le destina a nivel nacional en comparación con las unidades de segundo nivel.

Muchas necesidades en el tema de infraestructura se definen en los objetivos del Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud que consisten en definir la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de los servicios de salud, mediante una red estatal de cobertura real y virtual para todo el territorio de cada una de las entidades federativas. Aportar propuestas y recomendaciones para la optimización y fortalecimiento de la infraestructura institucional existente, así como la identificación de criterios, es necesario para establecer la prioridad de los requerimientos de infraestructura física en función del perfil de salud de la población y el porcentaje de cobertura.

De las unidades de salud existentes en el sector público, más de 95 por ciento corresponden a unidades de atención primaria. Este dato refleja la importancia que tiene este nivel de atención en el cuidado y mejora de la salud de la población mexicana. En el caso particular de los Servicios Estatales de Salud, estos operan en zonas de alta marginación en las que la existencia de estos centros de atención representa la única alternativa para hacer frente a los problemas de salud que aquejan a la población de bajos recursos en México.

En el caso de Sinaloa, por ejemplo, nos encontramos con una población total estimada de 2 millones 966 mil 321 habitantes, de los que 16.7 por ciento (http:/ /ensanut.insp. mx/informes/Sinaloa-OCT.pdf) no cuenta con seguridad social. Independientemente de las cifras anteriormente expuestas la política del cero rechazo permite que las personas con y sin seguridad social gocen de los servicios de atención médica en las entidades federativas.

Como una consecuencia natural de sus orígenes, la mayoría de los sistemas de salud se desarrollaron alrededor de los hospitales, visualizando a los otros niveles de atención sólo como complementos de lo que era el paradigma de la atención médica: la atención hospitalaria.

Pese a lo anterior, un buen porcentaje de usuarios no acude a los servicios de la atención primaria porque considera que ahí no se le brindará atención adecuada o difiere la atención hasta que es imprescindible referirlo a un segundo nivel o hasta que ocurre alguna complicación que lo lleva a los servicios de urgencia. Esto no debe ser así y si se quiere pensar en brindar servicios de calidad, de la mano debemos pensar también en el fortalecimiento de estas unidades primarias.

Según lo expresado por la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, la capacidad resolutiva del nivel primario de atención no sólo depende de los servicios prestados en dicho nivel sino también de elementos organizacionales, como los horarios de atención y el trato del personal de apoyo administrativo. Hay evidencias de la importancia de estas variables organizacionales en la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud por lo que cualquier inversión que se haga en su mejora tendrá una buena relación entre su costo y sus beneficios potenciales.

No obstante lo anterior, no deben perderse de vista los elementos más técnicos de la atención primaria. El seguimiento y control de padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión por ejemplo, que pueden llevarse a cabo sin inconvenientes en el nivel primario si se establecen vínculos directos con los servicios de especialidad pero sin descuidar nuevamente el apoyo en infraestructura, capacitaciones e instrumental a las unidades de primer contacto.

Por todo lo anterior someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignado en el ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con recursos suficientes para brindar atención de calidad con mayor cobertura.

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana es la misión primordial a cumplir del Instituto Nacional de Migración.

Asimismo, en la Ley de Migración en su artículo 20 nos dice que el Instituto Nacional de Migración tiene como atribuciones: instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de personas a nuestro territorio, revisar su documentación, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, imponer sanciones previstas, así como llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros.

Su importancia por lo tanto, como un actor protagónico en la construcción de la realidad social mexicana y el acontecer mundial, es muy elevado y es nuestro deber y obligación garantizar su adecuada operatividad.

Según estimaciones del titular de esta institución, para el proyecto de presupuesto de 2017 se presenta una reducción de tres puntos porcentuales en sus fondos. Dicha rebaja presupuestaria se ha ido incrementando con el pasar de los años, ya que para 2013 el presupuesto de este organismo administrativo desconcentrado ascendió a 400 millones y solo el año pasado disminuyó a 218 millones, por lo que para el próximo año habrá una merma significativa, sobre todo en rubros destinados a la promoción de las entradas regulares de los extranjeros al país, la simplificación de los trámites migratorios, la modernización de los procesos en los puntos de entrada al país o el cumplimiento de las acciones de los Programas de Protección al Migrante.

Por otro lado, la creciente llegada de migrantes continentales y extracontinentales provenientes de Centroamérica, África y Asia, que han sido desplazados por la violencia, la guerra o la crisis económica en sus países de origen, ha saturado la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Tapachula, Chiapas. A diario somos testigos de las interminables filas de mujeres, niñas, niños y hombres esperando por un período de hasta 10 días debido a la demanda que ha sobrepasado al personal de dicha estación Migratoria.

De acuerdo con estimaciones de la Delegación del INM en este estado fronterizo, en los últimos días se están registrando un promedio de 500 migrantes que demandan la emisión del oficio de salida para estar en posibilidades de transitar en territorio mexicano y buscar el ingreso hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta es una situación atípica porque dicho flujo migratorio no se había presentado en muchos años, por ejemplo en 2015 el INM reportó el ingreso por la Frontera Sur de alrededor de tres mil personas, provenientes del continente africano, mientras que de enero a agosto del año en curso van más del doble: siete mil personas, además de que en el pasado mes de septiembre en tan solo una semana la cifra aumento a ocho mil migrantes.

Esta silenciosa oleada de migrantes provenientes principalmente de la República del Congo, Somalia y Haití advierte una emergencia humanitaria, puesto que las redes de traficantes y las bandas delictivas encuentran terreno fértil para la extorsión a través de la venta de documentos apócrifos o el desarrollo de actividades delincuenciales tales como la trata o el comercio de personas.

En este contexto, no podemos seguir abordando en el discurso nuestra preocupación sobre la migración y respeto a los Derechos Humanos, si no les destinamos la cantidad de recursos adecuada que garantice el cumplimiento de las funciones para el que fue concebido el Instituto.

Particularmente debemos poner atención a garantizar que este ente gubernamental cuente con el presupuesto necesario para tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros en el sureste mexicano. De no hacerlo, estaremos abonando a la compleja crisis que se está gestando en la puerta de entrada a nuestro país y contribuyendo al cúmulo de consecuencias fatales para nuestra seguridad nacional.

En virtud de lo anterior, presento a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un incremento real de los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración, o cuando menos, que sus programas y operatividad no sufran recortes respecto al ejercicio fiscal 2016.

Notas:

1 INM. (2012). Misión INM. 2016, de Secretaria de Gobernación Sitio web: https://www.gob.mx/inm/que-hacemos

2 Ley de Migración, 2011, p. 8, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Notimex. (2016). Instituto de migración pide aumentar cobro por servicio en aeropuertos Ver más en:

http://www.20minutos.com.mx/noticia/141294/0/ instituto-de-migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-aeropuertos. 2016, de 20 minutos Sitio web: http://www.20minutos.com.mx/noticia/141294/0/ instituto-de-migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-aeropuertos/

4 Gutiérrez, Óscar. (2016). “Migrantes africanos, asiáticos y haitianos saturan INM en Tapachula”. 2016, de El Universal. Sitio web:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/20/ migrantes-africanos-asiaticos-y-haitianos-saturan-inm-en-tapachula

5 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 5 de octubre de 2016.— Senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, no realice un recorte presupuestal al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el derecho a la cultura de los mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo I, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición como punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Recientemente a propuesta del gobierno federal se creó la Secretaría de Cultura, con la finalidad de mejorar las condiciones del sector cultural, sin embargo aún no se ha visto ningún cambio en las políticas públicas en dicha materia.

Es importante mencionar que la UNESCO define a la cultura como:

“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.”

Así mismo la organización de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece que:

“La cultura como elemento dinámico, inductor de desarrollo y cohesión social, juega un papel importante ante la cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades marginadas”

La cultura es sumamente importante para cualquier nación, ya que al fomentar diversos valores e identidad a los mexicanos, se construye una sociedad sólida y funcional, en caso contrario se deja abandonada a la ciudadanía de una base fundamental para el desarrollo humano.

La importancia de la cultura es amplia, razón por la cual la propuesta para el Ejercicio Fiscal 2017 no debe reducir el presupuesto a la cultura por un 30.7% como se ha dado a conocer, recordemos que las potencias mundiales con el mejor índice de calidad de vida han dedicado hasta el 10% de su presupuesto anual al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura.

El fomento a la cultura es parte de la estrategia que nuestro país requiere, junto con la educación forman la clave para propiciar un mejor país.

Recordemos que México es uno de los países con más altos índices de violencia y delincuencia, tiene un gran rezago educativo y está colocado dentro de los países que menos promueven la paz. Para combatir tal situación, la Educación y la Cultura no deben ser castigadas, sino alimentadas como sectores estratégicos, con visión de futuro.

Permitir el recorte a la Cultura sería un error gravísimo, que nos cobrará el futuro, descomponiendo más el tejido social, propiciando más delincuencia, más violencia y más hambre.

Estamos ante una gran problemática, ya que la reducción del presupuesto al sector cultural se verá reflejada en el menoscabo a los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ya que de haber menos presupuesto también lo habrá para su conservación, comprometiendo el patrimonio cultural de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, no realicen un recorte presupuestal al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el derecho a la cultura de los mexicanos.

Notas:

1 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/

2 http://www.oei.es/historico/cultura/cultura_desarrollo.htm

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue y el virus del chikungunya.

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El espacio geográfico en el que se encuentra ubicado el Estado de Yucatán, su clima tropical y vasta hidrografía, así como su extensa ecología a lo largo de su territorio, le dan al Estado una enorme riqueza natural. Sin embargo, también propician el brote de enfermedades que año con año, afectan la salud, bienestar y productividad de su población. Además, representan costos enormes para el erario público, pues el Estado debe emprender acciones para su prevención y combate.

Dos de los padecimientos que más afectan a nuestro estado, así como a otras entidades de la península son: el dengue, que en su versión más dañina -el dengue hemorrágico- tiende a ser mortífero, y más recientemente la fiebre chikungunya.

El dengue es una enfermedad aguda y autolimitativa que se transmite al ser humano por un virus de la familia de los “flavivirus”, del cual existen cuatro variedades diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) que son capaces de producir inmunidad específica a cada serotipo (tipos de microorganismos infecciosos) en particular.

Cuando un paciente se enferma por un serotipo, es posible que vuelva a contraer la enfermedad debido a los otros 3 serotipos existentes. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones.

Así, a una persona infectada con dengue se le puede desencadenar el dengue hemorrágico, que es más severo y que se caracteriza por la disminución de líquidos en la sangre, produce fiebre, dolor abdominal, vómito y hemorragias. Esto lo hace potencialmente fatal en las personas, principalmente entre niños y jóvenes, por lo que requiere urgente hospitalización.

El virus se transmite solamente a través de la picadura de la hembra del mosquito. Un mosquito portador, infectado con sangre de una persona con dengue, puede contagiar el virus durante todo su ciclo de vida y a sus descendientes, lo que representa un riesgo latente de brote epidémico entre la población.

A nivel mundial, durante las últimas décadas la incidencia de dengue ha aumentado enormemente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen entre 284 millones y 528 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo, de los cuales 95 millones se manifiestan clínicamente y medio millón de casos de fiebre hemorrágica, con varios miles de defunciones anuales, de las cuales una buena parte corresponden a niños. Alrededor de un 2.5% de todos los menores hospitalizados fallecen a consecuencia de la enfermedad.

Lo peor es que en la actualidad, se estima que 3900 millones de personas, de 128 países están en riesgo de infección por los virus del dengue.

Lamentablemente México no está excluido de este alto riesgo; de acuerdo con el actual Programa de Acción Específico de Dengue, la enfermedad se encuentra presente en nuestro país con variaciones anuales en su incidencia y brotes epidémicos de diferentes magnitudes, principalmente en los estados de la región sur-sureste. Yucatán, por el número de personas infectadas, ocupa el primer lugar nacional en la materia.

En 2014, por ejemplo, Yucatán se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en el número de personas infectadas al alcanzar los 1,374 casos probables de dengue, y los 1,337 casos comprobados, de los cuales, más de 10 tuvieron un desenlace fatal.

La siguiente tabla revela parte del daño que dicha enfermedad ha causado en el Estado de Yucatán, a partir de la situación nacional, en el 2011 cuando el estado se ubicó en el primero lugar de casos confirmados de Dengue:

Durante el presente año la situación no ha mejorado, ya que al término del mes de julio los casos de dengue en la entidad ya ascendían a 98 casos confirmados; 60 por fiebre del dengue y 38 por fiebre hemorrágica.

Por otra parte, la población de la península se ha visto afectada por la fiebre chikungunya, ésta es una enfermedad viral transmitida a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes aegypti y Aedes albopictus, que es la misma especie de mosquito que transmite el dengue. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952.

Desde el 2004, el virus de chikungunya ha causado brotes masivos y sostenidos en Asia y África, donde más de 2 millones de personas han sido infectadas. En 2007 el virus se dispersó a Italia y posteriormente a Francia. Igualmente se encuentran casos en Oceanía y las Islas del Pacífico.

En la Región de las Américas en diciembre de 2013, se detectó por primera vez la transmisión autóctona del virus chikungunya. A partir de esa fecha y hasta el 30 de mayo del 2014, se han notificado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 103,018 casos sospechosos de los cuales 4,406 han sido confirmados en 18 países.

No hay una vacuna o medicamento para evitar la infección por el Virus chikungunya, por lo que las medidas de saneamiento básico y protección personal, son las mejores prácticas de prevención.

El cuadro generalmente es de siete a 10 días y luego desaparecen los síntomas, pero hay un porcentaje variable de pacientes que pasan a una fase sub-aguda, y que sufren el 30 al 66 por ciento de los enfermos, donde recurren los dolores articulares y musculares, la fatiga, la astenia y, en algunos casos, la erupción y conjuntivitis hasta por tres meses (los expertos insisten en que se trata de recurrencia de síntomas y no que repite la enfermedad).

Todavía a los tres meses hay un porcentaje del 12 al 18 % que pasan a una fase crónica y que permanecen con síntomas hasta por año y medio, y un 5 a 10 % a quienes se les prolongan los dolores articulares, musculares y fatiga hasta por más de dos o tres años.

En Yucatán el virus va en ascenso al sumar 55 casos al mes de abril de 2016, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Federal (Ssa).

Se trata de un padecimiento que desafortunadamente va en aumento y que tiende a salirse del control de las autoridades de sanidad.

Ante este problema de salud pública en el Estado de Yucatán, que ha ido en incremento al igual que la demanda de atención médica y hospitalaria a consecuencia de los casos de infección por estos dos padecimientos, dengue y chikungunya, la atención médica, hospitalaria y abasto de medicamentos para los yucatecos, han resultado insuficientes.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los recursos destinados al sector salud para el Estado de Yucatán, a fin de ampliar las acciones de prevención y combate de la enfermedad del dengue y del virus del chikungunya, que azotan a la población.

Notas:

1 OMS. Dengue y Dengue Grave. Datos y Cifras

2 OMS. Dengue y Dengue Grave No. 177. Dengue y dengue hemorrágico, 2012.

3 Ídem.

4 SSA. Programa de Acción Específico de Dengue, 2007-2008.

5 Jesús Mejía. (2014). Prevén en Yucatán un aumento de dengue por las lluvias. Milenio, 1.

6 Sonia de Anda. (2015). ‘Fiebre’ de consultas por temor al chikungunya. Milenio, 1.

Senado de la República, a 3 de octubre de 2016.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, como una de las garantías individuales, que “Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la salud,...” Sin embargo y desgraciadamente aún no toda la población tiene acceso a este derecho, o lo tiene de manera precaria, por ejemplo; en el estado de Yucatán, existen graves problemas de salud que no alcanzan a ser atendidos por el sector salud.

Al respecto, y con la finalidad de dar respuesta a esta problemática, el 29 de noviembre del 2006, por decreto presidencial, se creó el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaria de Salud Federal. El hospital tiene un área de influencia planeada, que integra a las regiones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, al que corresponde atender a más de 3 millones 823 mil 231 habitantes, de los cuales, cerca de la mitad no se encuentran afiliados a un sistema organizado de atención a la salud.

Dicho hospital se caracteriza por atender a sus pacientes en áreas de “Alta Especialización”. Aunque fue reconocido por decreto presidencial en 2006, comenzó a brindar el servicio desde el 2003, iniciando con 205 camas y 10 quirófanos. A lo largo de los años el hospital se ha ido equipando; hoy en día cuenta por ejemplo con 108 camas distribuidas en admisión continua, quimioterapia, hemodiálisis, hemodinamia, terapia adulto, terapia pediátrica, y terapia neonatal, endoscopia; 43 consultorios (41 en admisión externa y 2 en admisión continua); 9 quirófanos equipados con rayos X móvil (arco en c ), videocámaras, bisturí ultrasónico, microscopio de alta especialidad, bombas de circulación extracorpórea; y 19 servicios de apoyo, de diagnóstico y tratamiento, los cuales se dividen en áreas como imagenología, laboratorios clínico básico y especial, fisiología pulmonar, inhaloterapia, endoscopia, potenciales evocados, hemodinamia, hemodiálisis, quimioterapia ambulatoria, etcétera. Además de contar con áreas que requieren alto nivel tecnológico.

La tecnología requerida para el desarrollo de las actividades del hospital, es de última generación en cuanto a equipos médicos, tales como: tomografías con reconstrucciones multiplanares en tiempo real, reconstrucción en conjunto 3D; resonancia magnética para estudios cardiacos, angiograficos, cráneo, cuello, columna vertebral, etcétera, así como angiografo manoplanar, rayos x digital, densitómetro óseo para cuerpo completo, sistemas digitales de RIS-PAC, y telemetría, por citar algunos ejemplos.

Es decir, se trata de un hospital que de acuerdo con su objetivo debe contar con equipo de la más alta tecnología, y en cantidades suficientes para atender la demanda de la población que año con año se incrementa.

El HRAEPY ha sido, debido a sus objetivos, un sitio en donde los logros médicos se han dejado ver gracias a la audacia del equipo médico, y del equipo físico, un ejemplo fue la exitosa cirugía cardiaca realizada hace un año a dos niñas de 7 y 8 años; cirugía llamada “cierre percutáneo con dispositivo oclusor de PCA por cateterismo cardiaco” debido a cardiopatías congénitas. Y aunque se ha tenido un avance en dicho ámbito quirúrgico, los casos similares que se presentan y que no se han podido atender por falta de equipo suficiente, son varios; en promedio se tiene una lista de espera de 30 personas que deberán esperar de seis meses a un año para someterse al mismo tratamiento. Además, el acceso a una atención médica de esta naturaleza resulta demasiado costosa para el promedio de la población que la requiere; se encuentra en un rango que va de los 180 mil a los 200 mil pesos. Al ser atendidos en el HRAEPY, la mayoría de las veces, el 95% de los gastos es cubierto por el seguro popular. Es decir, su impacto en el beneficio social es alto.

Lamentablemente la alta demanda de los servicios médicos de dicho hospital ha originado que actualmente se padezcan diversas deficiencias, como la falta de médicos especialistas, el sobreuso del equipo médico (promedio de 100 pacientes diarios), y el rápido deterioro del mismo, así como la falta de espacios y equipo para atenderlos.

Por ejemplo, en el área de tercer nivel, donde se encuentran las áreas de cardiología pediátrica, actualmente se carece de suficientes especialistas, lo que ha originado que pacientes hayan sido enviados a otros hospitales de la región, para ser atendidos.

Con todas estas carencias, hoy en día el HRAEPY incumple con los objetivos y principios básicos del servicio de salud.

No obstante, y aunado a lo anterior, debido al alto índice de personas que han sufrido quemaduras graves, el HRAEPY ha iniciado las obras para una unidad de quemados; la primera en su tipo en el suroeste del país. Se proyecta que en una primera etapa cuente con 10 camas divididas en dos partes y una aislada para casos muy graves. Debido a que los requerimientos médicos del área son específicos se contará con una zona específica, en los cuartos aislados, para que el personal médico tome las medidas necesarias para su respectivo protocolo médico-sanitario. Sin lugar a dudas la unidad es de gran importancia ya que se beneficiarían pacientes de Quintana Roo, Campeche, y la península de Yucatán, lugares en donde hoy en día, no existe un sitio con la capacidad para atender a los pacientes con quemaduras de tercer nivel, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. La obra se encuentra en su fase de adecuación y equipamiento, por lo que en la medida que se le destinen recursos, será el tiempo que tarden en ponerlo en servicio y en ese mismo sentido será el número de personas beneficiadas.

Por todo lo anterior resulta fundamental hacer un esfuerzo para destinarle mayores recursos al equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán, a fin de atender a todos los pacientes que día con día requieren de los servicios especializados de dicha institución, así como impulsar el desarrollo del mismo con el fin de que los servicios brindados sean los adecuados y de la mejor calidad posible.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, incremente los recursos destinados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Notas:

1 HRAEPY. (2013). Quiénes Somos. 2015, de Salud sitio web: http://www.hraeyucatan.salud.gob.mx/

2 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Exitosa cirugía cardíaca a 2 niñas en el hospital de alta especialidad. Milenio. 1.

3 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Escasean médicos sub especialistas en el sector salud. Milenio. 1.

4 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Nueva atención especializada para quemados en Yucatán. Milenio. 1.

Senado de la República, a 3 de octubre de 2016.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Gerardo Sánchez García, Javier Lozano Alarcón, Luis Humberto Fernández Fuentes, Carmen Dorantes Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes de la Comisión de Cultura, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnará la Cámara de Diputado

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos senadores, Gerardo Sánchez García, Javier Lozano Alarcón, Luis Humberto Fernández Fuentes, Carmen Dorantes Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8,numeral 1, fracción II; 276, numeral I y 108 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados considerar un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura para el Ejercicio Fiscal de 2017, a efecto de que esa dependencia garantice el acceso a la cultura y ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos conforme lo establece el artículo 4o. constitucional:

Consideraciones

1. Que el 8 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo federal, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

2. Que el 10 de diciembre de 2015, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, con 426 votos a favor, cero en contra y una abstención.

3. Que en esa misma fecha fue turnado el expediente de la Minuta a la Cámara de Senadores para efectos del apartado A del artículo 72 constitucional.

4. Que la creación de la Secretaría de Cultura fue aprobada en el Senado de la República el martes 15 de diciembre de 2015, con 78 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.

5. Que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.

Los senadores de la Comisión de Cultura hacen el siguiente pronunciamiento

Conforme al artículo 4o. constitucional, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En esa reforma, el Congreso quedó facultado para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación en la materia entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal (Ciudad de México).

Conforme al contenido del artículo 4o. y del artículo 73, fracción XXIX Ñ, constitucionales, se mandata la regulación de los siguientes temas:

A. El acceso a la cultura.

B. El acceso al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

C. El ejercicio de los derechos culturales.

D. Las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura.

E. Los mecanismos de participación de los sectores social y privado

La creación de la Secretaría de Cultura resolvió problemas estructurales y de autoridad que tenía el sector cultural, al establecer una cabeza de sector responsable del diseño y conducción de la política pública a nivel federal en materia de cultura.

No obstante, aún está pendiente la promulgación de la ley a que hace referencia en el penúltimo enunciado del artículo 4o. constitucional, proyecto que además de precisar las bases legales de autoridad en la materia, generaría un amplio margen de legitimidad para quien promueva un proyecto preciso y a la altura de los postulados constitucionales en materia de derechos culturales.

Con independencia de lo realizado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y la ahora Secretaría de Cultura, la amplia comunidad vinculada con las artes y la cultura, permanece a la expectativa de la emisión de una ley en la materia, que democratice los apoyos y garantice derechos como la libertad creativa; la protección, defensa y promoción de la diversidad cultural, así como el fomento a la cohesión social y la inclusión a través de la acción cultural institucional, entre otros aspectos.

Mediante una Ley de Cultura –se entiende en su propia naturaleza de beneficio social–, se puntualiza legalmente una atención a la ciudadanía pues se contemplan necesidades legales tanto de una nueva secretaría de despacho del ejecutivo, como a las propias necesidades de los ciudadanos al otorgar certeza jurídica a las propias acciones de gobierno.

Hoy los ciudadanos en general y diferentes sectores en particular, amplían su campo de interés en la cultura. Las corporaciones culturales llegan más buenamente a la vida de las personas en México, los temas culturales les pertenecen más y muchos gobiernos de todos los niveles disponen de recursos, infraestructura y planes propios para la cultura.

Desde la administración central pública se observa que en el panorama general del sector cultural en México, la instauración de una secretaría de despacho parecía ser natural dada su importancia progresiva. La cultura y sus múltiples campos de acción han tenido un impulso muy significativo en las últimas décadas. Igualmente se han desarrollado muchas instituciones, públicas y privadas, consagradas al arte y la cultura, multiplicándose las formas de expresión desde la identidad nacional, patrimonial, artística y creativa en México.

Presupuesto para la cultura

La Secretaría de Cultura comienza el Ramo 48 con una merma en sus recursos. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2017 contará con 10 mil 928 millones de pesos, cifra que, si se compara con la ejercida en 2016, incluidas las instituciones que agrega a su estructura (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional del Derecho de Autor e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México), significa un recorte del 20 por ciento en términos reales (precios de 2017).

El proyecto del PEF distribuye los recursos siguiendo la estructura propuesta por el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, y que espera su aprobación por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. En el documento se definen los montos para las dos subsecretarías de la dependencia y para sus 12 direcciones generales.

Como alertaron académicos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los recursos del instituto disminuyen en 457.5 millones de pesos con respecto a 2016, un porcentaje superior al 12 por ciento, mientras que el Instituto Nacional de Bellas Artes aumenta 97 millones de pesos su presupuesto.

Prácticamente, todas las instituciones del sector ven castigados sus recursos con respecto a 2016: Estudios Churubusco, que recibirá 41.9 millones de pesos, sufre un ajuste del -41 por ciento; el Instituto Mexicano de Cinematografía, con 275.6 millones de pesos, de -17.5 por ciento, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con 80.3 millones de pesos, del -17 por ciento.

También verán disminuido su presupuesto Educal (distribuidora de libros y arte), que contará con 35 millones de pesos, lo que significa una reducción del 31 por ciento, y el Canal 22, con 170.1 millones de pesos, del 11 por ciento.

En el proyecto de 2017, lo resume todo en un párrafo: “Se propone una asignación de 10.9 mil millones de pesos, a partir de los cuales se priorizará el gasto en programas federales de la Secretaría de Cultura, a efecto de impulsar el desarrollo cultural y conservar el patrimonio de este sector”.

El programa de Apoyos a la Cultura, que reúne cinco subsidios entre los que figuran el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los estados y de Ciudades Patrimonio Mundial, que dispuso en 2016 de mil 978.1 millones de pesos, aparece en el documento con 150 millones de pesos, que serán ejercidos por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

De las direcciones generales de la Secretaría de Cultura, Bibliotecas es la que recibirá mayores recursos, 253.7 millones de pesos, mientras que la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la que tendrá una partida menor, con 11.2 millones de pesos. La oficina del secretario dispondrá de 209.8 millones de pesos, y las áreas de la Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Jurídicos sumarán 28.3 millones de pesos.

El Ramo 48 refleja la estructura de la Secretaría de Cultura, según su Reglamento. En síntesis, la Secretaría de Cultura pasaría de un presupuesto en 2016 de 13 mil 199 millones 480 mil 800 pesos a 10 mil 928 millones 20 mil 478 lo que representa un una reducción de 2 mil 271 millones de pesos corrientes.

En el balance del sector de nuestro país hay logros, no obstante es evidente la necesidad de fortalecer la promoción y acrecentarlo permanentemente; primero, como símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional; segundo, como eje articulador del tejido social de nuestros pueblos; y tercero, porque se proyecta como un ente detonador de la actividad económicamente productiva, capaz de generar empleos y derrama de recursos para los mexicanos.

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, en sesión ordinaria del día 27 de septiembre, expresamos nuestro extrañamiento por la muy sensible reducción presupuestal de que ha sido objeto la Secretaría de Cultura para el Ejercicio Fiscal de 2017.

La disminución en recursos a proyectos como el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y, en general, de los recursos que la Secretaría de Cultura destina a la coordinación de proyectos en las entidades federativas y sus municipalidades, constituye una decisión que no ve en la cultura, un elemento clave para el desarrollo y la cohesión social.

Los senadores que conformamos este cuerpo colegiado somos conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país, sin embargo, la estructura propuesta en el presupuesto de egresos, no corresponde al propósito de consolidar a la Secretaría de Cultura como una dependencia federal que contribuya, con eficacia, a garantizar el derecho al acceso a la cultura de todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia.

Los miembros de la comisión exhortan al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a encontrar posibles alternativas que incrementen el presupuesto de este importante sector. Por lo mismo será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas expresiones.

Solicitamos respetuosamente a los diputados, considerar aprobar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, la visión de la cultura como un instrumento que abre camino a la libre expresión de las ideas y el medio idóneo para comunicar y acercar a las personas, grupos étnicos, artistas, intelectuales, organizaciones sociales y comunidades de cualquier región del país.

Por lo mismo será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas expresiones.

Los miembros de la Comisión de Cultura hacen un exhorto a la Honorable Cámara de Diputados, sabedores de que comparten esta misma preocupación, para que se revise el presupuesto destinado a Cultura para el ejercicio destinado al ramo 48 del Ejercicio Fiscal de 2017.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este honorable pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se asignen para el sector cultural de nuestro país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio de 2016.

Segundo. Se solicita atentamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones adopte las previsiones necesarias para que se alcancen de manera progresiva, por medio de una asignación anual aumentada, los recursos recomendados por la ONU y su oficina especializada la UNESCO, de uno por ciento del producto interno bruto para el sector cultural.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadores: Gerardo Sánchez García (rúbrica), Javier Lozano Alarcón (rúbrica), Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica), Carmen Dorantes Martínez (rúbrica) y Mariana Gómez del Campo Gurza.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Consideraciones

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es una institución perteneciente a la Procuraduría General de la Republica (PGR) que inicia actividades el 19 de julio de 1994 para investigar, castigar y prevenir los delitos electorales. Actualmente, la Fepade goza de plena autonomía técnica y operativa, con un rango de Subprocuraduría, facultada para perseguir y atender en forma institucional, profesional y especializada todo cuanto se relacione con los delitos electorales federales.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esta fiscalía tiene las siguientes competencias:

I .Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta ley;

II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de procuración de justicia electoral;

III. Implantar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos previstos en esta ley;

IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública;

V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas instancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales;

VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable;

VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente ley;

VIII.Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente ley, y

IX. Las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Para desarrollar su labor, la Fepade cuenta con una fuerza ministerial especializada y capacitada en la materia que de oficio o vía denuncia puede iniciar averiguaciones previas y/o actas circunstanciadas con el sistema tradicional y carpetas de investigación en el nuevo sistema para combatir la comisión de ilícitos. Asimismo, con un equipo de profesionales que dan a conocer mediante cursos, pláticas informativas, conferencias, materiales impresos, entre otros, las consecuencias penales en las que pueden incurrir servidores públicos, militantes, candidatos, cuadros y dirigentes de los partidos políticos así como cualquier persona al realizar conductas que deriven en delitos electorales.

Derivado de la reforma político-electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha tenido un crecimiento en cuanto a las averiguaciones previas iniciadas y actas circunstanciadas. En 2015 atendió el proceso federal y 17 procesos electorales locales; en los cuales se eligieron 9 gubernaturas, mil 140 diputados (mayoría relativa/representación proporcional) y mil 9 ayuntamientos.

Durante 2016, las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas han sido 2 mil 383 lo que representa un incremento de 49.2 por ciento con relación a 2015. En cuanto a las actas circunstanciadas y o números de atención el incremento ha sido de 87 por ciento con relación con 2015, pues se han iniciado más de 5 mil 490 actas.

A pesar de ello, la Fiscalía no cuenta con suficiencia presupuestaria. Desde 2013el presupuesto aprobado para esta institución ha mostrado una tendencia constante al asignarle un monto 152 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2014 y en 2015 el presupuesto aprobado creció tan sólo 0.22 por ciento con respecto al año anterior, es decir un incremento de 334 mil 065 pesos. Para el año fiscal 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado asignó un monto de 170.8 millones de pesos a la fiscalía, lo que significó un crecimiento de tan sólo 12.14 por ciento con relación al año anterior. Si bien lo anterior significo un incremento no ha sido suficiente para cubrir las diversas tareas de la fiscalía dada la reforma político-electoral.

Derivado del análisis realizado al presupuesto asignado en 2016 a la Procuraduría General de la República, a la Fepade le correspondió 170 mil 833 millones que representa el 0.89 por ciento del presupuesto de la PGR (16 mil 468.56 millones de pesos) y 0.7 por ciento de los órganos electorales federales, por lo que se considera necesario una reevaluación de los recursos otorgados a esta Unidad Administrativa

Actualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2017, el cual fue presentado por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, propone una disminución de recursos de más de 10.6 millones de pesos con relación a lo aprobado para el año 2016, lo que se traduce en una reducción de 6.25 por ciento muy por debajo de lo necesario para garantizar la operatividad adecuada de esta institución.

Dada la reforma en materia penal y la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que impone la necesidad de una reestructuración completa de la fiscalía, toda vez que el ámbito de aplicación y sus atribuciones dejan de ser sólo del ámbito federal y se amplían al ámbito local, es necesario dotar de recursos suficientes a esta institución a fin de replantear una reestructura orgánica más funcional y acorde a las nuevas exigencias, buscando el óptimo equilibrio de funcionalidad entre las áreas sustantivas y administrativas y considerando ante todo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad y rendición de cuentas.

Para 2017 en nuestro país se llevaran a cabo procesos electorales en diferentes estados del país, por lo que la fiscalía implementará despliegues ministeriales para atender las elecciones extraordinarias y ordinarias en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Se elegirán 328 cargos de elección popular, 3 gobernadores, 55 diputados locales y 270 ayuntamientos. Por lo que necesario un presupuesto de al menos 315.35 millones de pesos a fin de cubrir adecuadamente los gastos de operación y servicios personales de la Fiscalía de cara al proceso electoral 2017.

Por lo tanto y con fundamento en el acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la presentación y turno de las proposiciones con punto de acuerdo en materia presupuestal del Senado de la República someto a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se realicen las adecuaciones presupuestales, a fin de garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Nota:

1 DOF: 06/07/2015 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399485&fecha=06/07/2015

Dado en el Senado dela República, el 6 de octubre de 2016.— Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar la modificación de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita Martha Tagle Martínez, senadora de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México encabeza la lista con la mayor tasa de madres adolescentes, registrándose alrededor de un hijo nacido por cada 15 niñas de entre 15 y 19 años de edad.

Segunda. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a México en los primeros lugares de embarazos adolescentes –de 15 a 19 años de edad– cuando se compara con naciones de igual nivel de desarrollo, por arriba de los ocurridos en Chile, Costa Rica, Uruguay y Perú.

Tercera. El pasado 23 de enero de 2015 el ejecutivo federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). Así, la Enapea tiene como objetivos reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos.

En dicha Estrategia se considera como una de las problemáticas: “Los prejuicios y actitudes que limitan el uso de métodos anticonceptivos pueden ser resultado de una educación sexual deficiente, de falta de información actualizada, de una cultura de discriminación a los jóvenes, de una falta de comprensión de lo que es la sexualidad, y, entre otros, de la falta de comunicación entre padres y madres con sus hijos/hijas acerca de asuntos relacionados con la sexualidad, el enfoque de género y la maternidad y paternidad.”

Al tiempo, de acuerdo a cifras de la “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, en nuestro país viven 22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad.

Cuarta. El 17 de mayo de 2016, en el marco del Día Nacional contra la Homofobia, el Ejecutivo federal, ratificó su compromiso con la no discriminación y por la construcción de un México incluyente. Ante ello dio instrucciones al secretario de Educación a fin de realizar un ajuste en los contenidos de los libros de texto gratuitos, en los temas de diversidad y educación sexual.

“Esta medida implica impartir a los niños –desde nivel preescolar– educación sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y matrimonios homoparentales, como ya se está haciendo en las escuelas públicas de otros países a fin de evitar la discriminación hacia estas minorías.

Osmar Matsui Santana, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, comenta entusiasmado: La modificación a los libros de texto será una manera de llegar a las nuevas generaciones para impulsar un importantísimo mejoramiento en la convivencia humana; se combatirá de raíz la violencia homofóbica y de género, se evitarían muchísimos embarazos adolescentes y se reconocerá a las personas con diferente orientación sexual”.

Quinta. En materia de diversidad sexual, en nuestro país 75 por ciento de los hombres homosexuales, 50 por ciento de las mujeres homosexuales y 66 por ciento de individuos trans sufrieron algún tipo de bullying homofóbico en la escuela (tanto pública como privada), principalmente a través de burlas e insultos pero también de golpes y abuso sexual por parte de sus compañeros tanto en centros privados como públicos.

Dado lo anterior, es menester contemplar a la educación como pieza clave para fomentar el respeto y con ello una convivencia pacífica y solidaria; es el engranaje social que permite restablecer el tejido social, derribando conductas discriminatorias, prejuicios y estereotipos que solo fomentan violencia.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar la modificación de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018, en materia de diversidad y educación sexual, de conformidad con la instrucción dada por el Ejecutivo federal.

Notas:

1 Mexico (English version on next page) Country Highlights OECD (2009), Doing Better for Children. OCDE, en línea. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2016. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/43590178.pdf

2 Gómez, Natalia. México con epidemia de embarazos adolescentes. El Universal,en línea el 8 de marzo 2016. Fecha de consulta: 5 de octubre 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/8/mexico-con-epi demia-de-embarazos-adolescentes

3 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. En línea, Fecha de consulta: 5 de octubre de 2016. Disponible:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/Enapea_0215.pdf

4 Vera, Rodrigo. “Educación en la diversidad sexual... cuestionada”. Proceso, (2072): 22-23, julio 2016.

Dado en la Honorable Cámara de Senadores, el día 6 de octubre de 2016.— Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 se garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Octavio Pedroza Gaitán, senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral I, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se garantice una partida especial para realizar proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Consideraciones

El Estado es el encargado de buscar el bienestar social de sus habitantes y solucionar los problemas que atentan contra los intereses o bienes fundamentales de ellos, así como cualquier otra situación que perjudique en su desarrollo. La pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional son algunos de los problemas que repercuten directamente en el desarrollo de México, lo anterior exige a los gobiernos de cualquier orden estudiar las capacidades con las que cuentan para insertarse en una dinámica que les permita estar al nivel de los problemas públicos que se deben solucionar con eficacia y eficiencia.

Se necesitan modelos innovadores que incentiven a los servidores públicos a desarrollar nuevas capacidades que se traduzcan en fortaleza institucional y bienestar para la población.

El orden administrativo y legislativo mexicano comparte de forma descentralizada el poder y las responsabilidades y competencias para dar solución a las demandas públicas de los ciudadanos.

En el ámbito local, estas demandas ciudadanas se vuelven más constantes e intensas. De ahí la importancia de que los municipios cuenten con los instrumentos y recursos necesarios para hacer frente no solo a lo que por obligación les compete, como es el caso de prestar los servicios públicos básicos. En este sentido, es vital dotarlos también de herramientas que les permitan resolver sus necesidades más apremiantes, así como promover el desarrollo de su región y el bienestar de su población lo cual al final es la razón de su gestión.

En este contexto, los municipios acceden a recursos públicos por dos vías; la recaudación de sus impuestos, los cuales son limitados, las transferencias federales y otras partidas que gestionan principalmente en el orden federal y estatal. Uno de los requisitos que tienen los municipios para acceder a recursos extraordinarios es elaborar un proyecto ejecutivo el cual integrara su banco de proyectos y regularmente los municipios marginados no tienen la capacidad institucional para hacerlo.

Un municipio marginado es aquella entidad local básica de la organización territorial del Estado, que se encuentra en desigual distribución de progreso frente al resto de los municipios, se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar, de ahí que los municipios marginados enfrentan escenarios de vulnerabilidad social.

Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, creando escenarios cada vez más desfavorables. El índice de marginación permite categorizar a los municipios de acuerdo a sus carencias socioeconómicas, siendo los grados más preocupantes de marginación los etiquetados como “alto y “muy alto grado”, los de esta categorización son los que denominamos “municipios marginados”. De los municipios en México, más de 817 tienen alto grado de marginación.

En este contexto, hay municipios pobres y ricos, donde la desigualdad entre uno y otro se hace cada vez más notable. En total, el país tiene 2 mil 454 municipios. Oaxaca (570 municipios) y Puebla (217) son los estados con mayor número de municipios; y Baja California (5 municipios), Baja California Sur (5 municipios) y Quintana Roo (9 municipios), los de menor número. Del total anterior, mil 3 municipios tienen 75 por ciento o más de su población en pobreza, 190 de los municipios de México concentran la mitad de las personas en situación de pobreza, esto se vuelve todavía más alarmante cuando analizamos la brecha de desigualdad entre los municipios “ricos” y “pobres”.

Para ilustrar lo anterior, basta consultar los indicadores de pobreza, rezago social, desarrollo e ingreso per cápita municipal, como se muestra a continuación, los municipios con población menos pobre, o más ricos son Benito Juárez (8.7 por ciento de pobreza) San Nicolás de los Garza (12.8 de pobreza) Guadalupe (13.2 de pobreza), San Pedro Garza García (15.2 de pobreza) , mientras que los más pobres son San Juan Tepeuxila (97.4 por ciento de pobreza), Aldama (97.3 de pobreza) y San Juan Cancuc (97.3 de pobreza).

La desigualdad entre los municipios también es evidente al analizar el índice de rezago social y marginación, los municipios más ricos tienen grados muy bajos de rezago social, Benito Juárez (1.4267), San Nicolás de los Garza (1.5833), Guadalupe (1.5466), San Pedro Garza García (1.6509), por el lado contrario los municipios más pobres presentan grados muy altos, lo más lamentable es que de 2000 a 2010 los grados de marginación y rezago social van en aumento en más de 45 por ciento de los municipios con estos grados “muy altos” y “altos”.

En cuanto a la producción de la riqueza, la realidad es como sigue: aproximadamente 1 por ciento de los municipios más ricos del país (4 municipios) generan entre 25 y 30 por ciento del PIB nacional, mientras que, en el otro extremo, 40.87 de los municipios más pobres (mil 3 municipios) contribuyen apenas con 5 por ciento de la riqueza producida del país, lo cual es verdaderamente preocupante.

Al incorporar las variables anteriores la concentración del ingreso, resulta que la situación descrita arriba, es cada vez más grave en los municipios marginados, de ahí la necesidad de iniciativas que desactiven ese círculo negativo que solo recrea el círculo de la pobreza.

En este sentido se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de 2017 se asigne una partida presupuestal que permita el diseño de proyectos ejecutivos, a los municipios marginados para puedan acceder a los recursos, gestionarlos, ejecutarlos y que poco a poco aporten a disminuir la desigualdad, la precariedad y no se produzcan nuevos factores problemáticos que refuercen el círculo de la pobreza entre los entes locales.

La importancia de que los municipios puedan elaborar un proyecto ejecutivo radica en que al no cumplir con este requisito esencial los municipios pierden capacidad de gestión en recursos a los que pudieran acceder, de ahí la necesidad de crear una partida especial que dote a los municipios marginados de los recursos necesarios para que puedan diseñar sus proyectos ejecutivos conforme a los lineamientos que solicitan los diversos fondos públicos y privados.

Como se mencionó, en los municipios marginados la debilidad institucional es una realidad, traducida en administraciones públicas que dejan de cumplir con sus funciones, situación que repercute directamente en el ciudadano. Una de las opciones para solucionar este problema es implantar el servicio profesional de carrera, casi inexistente por no decir nulo en los municipios marginados del país.

Casos como Naucalpan, Tlalnepantla y Morelia quienes cuentan con áreas especializadas para el diseño y la implementación del sistema de servicio civil de carrera, así como la Dirección General de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Jalisco que cuenta con una ley que obliga a los municipios a establecer sistemas municipales de carrera administrativa, estas son algunas de las excepciones en donde está comenzando a operar un sistema profesional.

En la Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional (2015), sólo 23 por ciento de los municipios capacita a sus trabajadores. Como no hay servicio profesional de carrera, se tienen elevadas posibilidades de que los funcionarios públicos no tengan la capacidad de realizar proyectos ejecutivos, simplemente por no tener preparación en los temas. A esto hay que sumarle la constante rotación de los cuadros técnicos que se dan al interior de los entes locales.

La capacidad institucional es uno de los factores que se han utilizado para explicar el desarrollo de los municipios, entre más capacidad institucional exista, los procesos tienen mayor posibilidad de éxito. En los municipios marginados, es donde precisamente la debilidad de la capacidad financiera se hace presente repercutiendo directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.

La buena gestión, y la disponibilidad de recursos financieros y su correcto manejo son dos de las variables que determinan la capacidad institucional y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

En síntesis, esta exhortativa a la Cámara de Diputados pretende que los municipios marginados tengan las mismas oportunidades que los ricos y con esto disminuir el círculo vicioso de la pobreza en los municipios mexicanos. Invertir en fondos que aseguren el bienestar social y el progreso económico equitativo y justo en el ámbito municipal, es atacar el problema de la pobreza desde su raíz.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permitan gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Notas:

1 Definición según el Consejo Nacional de Población.

2 Según los resultados de la encuesta intercensal, realizada por el Coneval en el periodo 2000-2010.

3 Estimación realizada con datos del Inegi, consultados en septiembre de 2016.

4 Según datos de la Secretaría de Gobernación.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.— Senador Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se consideren los recursos necesarios para apoyar la casa de cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora de la República Sandra Luz García Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren los recursos necesarios para apoyar la Casa de Cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Patronato de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, AC, es una asociación civil constituida en el año de 1995, entre otros con los siguientes objetivos:

• Fomentar la cultura del Estado Tamaulipas en todas sus manifestaciones.

• Estimular el desarrollo de los tamaulipecos dentro de la ciencia, las artes y la sociedad en general.

• Propiciar la solidaridad y unión de los tamaulipecos en la Ciudad de México y en el Estado de Tamaulipas.

• Fomentar y difundir en Tamaulipas, la Ciudad de México y en todo el territorio nacional, la cultura de fomento de la producción industrial, tecnológica, ganadera, pesquera, agrícola, forestal, mineral y artesanal.

Es preciso mencionar que el Patronato de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, AC, tramitó y obtuvo del gobierno federal, mediante un contrato de comodato, de fecha 4 de septiembre de 1995, el inmueble ubicado en la calle de Ernesto Pugibet número 73, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06070, a efecto de utilizarlo en actividades cívico-culturales tendientes a dar proyección al Estado de Tamaulipas y con la obligación de restaurarlo en un término de 2 años, acción que fue cumplida solo de manera parcial por falta de recursos. Sin embargo, se logró sacar adelante dicho inmueble por lo que es propiedad de dicho patronato.

El predio y construcción que ocupa el Patronato de la Casa de Cultura de Tamaulipas, AC, conocida también como Casa del Marqués de Guadalupe, o como Casa del Capitán Zulueta, data del siglo XVIII y estaba situada inicialmente en la calle de las Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, en el número 23 esquina con la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En 1936 siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río, se tomó la decisión de realizar obras a efecto de conmemorar el 26 aniversario de la Revolución Mexicana, entre las que se destaca la ampliación de la avenida 20 de Noviembre, quedando tal y como se encuentra actualmente, motivo por el cual y gracias a la intervención de uno descendiente del propio Marqués de Guadalupe, la casa fue desmontada piedra por piedra y montada íntegramente en el predio actual de la calle de Ernesto Pugibet 73.

El inmueble fue declarado monumento histórico por la honorable Comisión de Monumentos en junta ordinaria celebrada el 25 de junio de 1931, bajo el número de clave 090060071294, del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo cual está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, en el inmueble en cuestión se encuentra un mural titulado “Tamaulipas” obra del maestro Pedro Banda Salazar, (único mural del autor).

Con la finalidad de proteger dicha obra, el 16 de noviembre de 2006 se celebró una carta convenio entre el autor y el Patronato de la Casa de Cultura Tamaulipas, AC, para el uso intemporal de la imagen gráfica, otorgando al patronato todas las facultades para su explotación. La obra quedó registrada ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor bajo el número 03-2006-082113143. Sin embargo, como es de suponer, resulta una gran responsabilidad para la casa de cultura, el honor de contar con el único mural del maestro Banda, al ser responsables de su mantenimiento y conservación en estado óptimo.

Así, existen dos grandes compromisos en el Patronato de la Casa de Cultura de Tamaulipas, AC, el mantenimiento del inmueble catalogado que ocupan y la conservación del mural.

Al respecto, en 18 años que se tiene el disfrute del inmueble en cuestión, se administra por una mesa directiva que se encarga de buscar patrocinadores y elegir talleres abiertos al público. De igual manera se tiene un convenio con la Coordinación Nacional de Música y Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que el primer sábado de cada mes, después de un desayuno de la comunidad tamaulipeca, se presenten artistas de talla nacional e internacional a ofrecer sus conciertos. Durante todo este tiempo, las citadas dos actividades han sido las únicas fuentes de ingresos con las que se ha subsistido para enfrentar los compromisos como pago de nómina, administración, impuestos y pago de los maestros talleristas.

A efecto de colaborar con la subsistencia de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, AC, los integrantes de la mesa directiva no perciben honorarios, por el contrario aportan una cuota mensual para cubrir los gastos.

Como se ha mencionado, la casa tuvo una remodelación parcial, sin embargo requiere un mantenimiento mayor como se señala en un dictamen técnico elaborado el pasado 24 de julio de 2015 por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que establece una serie de intervenciones, entre las que se destacan:

• Presencia de humedad en áreas colindantes a los módulos sanitarios, sobre todo en la parte baja de la escalera

• Se requiere sustitución de las láminas de la cubierta del patio, ya que su deterioro genera goteras

• Falta de mantenimiento en la estructura

• La escalera central del edificio construida en piedra, presenta un desgaste notorio, fracturas y pérdida de sección en las esquinas.

Por las consideraciones expuestas, se requiere que se considere a esta asociación civil tamaulipeca a fin de obtener los recursos necesarios para dar el mantenimiento necesario al inmueble que ocupan, para que preste sus servicios para fomentar la cultura a quien se acerque a ella, sin importar, si se trata del propio gobierno, asociaciones, artistas o población en general. Al igual que para mantener en la mejores condiciones posibles la obra mural del maestro tamaulipeco Pedro Banda.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren los recursos necesarios para apoyar los trabajos de mantenimiento de la Casa de Cultura de Tamaulipas, en la Ciudad de México.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Sandra Luz García Guajardo (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo en relación con la asignación de recursos al Programa de Infraestructura Indígena y el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Quiero manifestarte mi sorpresa y molestia por el drástico recorte a las erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas (Fondo Indígena) planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2017, especialmente en lo referente a los programas de infraestructura e impulso a la productividad.

Comprendo la difícil situación económica por la que atraviesa el país, pero también creo que los mexicanos tenemos una deuda histórica pendiente de ser saldada con nuestros pueblos originarios y, si la crisis nos afecta a todos, a los pueblos indígenas francamente los pone al borde del precipicio. No podemos tratar como iguales a quienes en realidad son desiguales. A los pueblos indígenas debemos darle un trato de igualdad sustantiva y eso debe verse reflejado en el próximo presupuesto de egresos federal.

La disminución de $10 968 138 919 (diez mil novecientos sesenta y ocho millones, ciento treinta y ocho mil novecientos diecinueve pesos) en el presupuesto para cumplir el mandato del apartado B del artículo segundo constitucional afecta drásticamente todo el proceso de desarrollo social que es compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y que se estaba encausando paulatinamente.

Los recortes afectan la transversalidad del proyecto constitucional para los pueblos indígenas para darles mejores condiciones de vida, pues elimina programas importantes de varias dependencias federales como el Programa de Productividad Rural, Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, Diseño de la Política Educativa, Educación y Cultura Indígena, Programa hacia la Igualdad y Sustentabilidad Ambiental, y la Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas; programas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó de forma unilateral y dolosa.

En la práctica, la línea vertebral del nuevo presupuesto de 2017 pareciera ser borrar de un plumazo todos aquellos programas que buscan crear mejores condiciones de infraestructura en torno a los pueblos originarios y los que buscan modernizar sus formas de producción.

Eso se puede observar más claramente en el presupuesto destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues se le mutilan sustancialmente los recursos destinados al Programa de Infraestructura Indígena y el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, que pasan de $9 162 531 820 (nueve mil ciento sesenta y dos millones, quinientos treinta y mil ochocientos veinte pesos) a sólo $3 036 336 540 (tres mil treinta y seis millones, trescientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos).

Aunque se ha mencionado que los apoyos recortados pueden encausarse en otras dependencias, considero que la sustitución va a ser muy difícil, porque las aperturas programáticas y las reglas de operación son diferentes y los programas están dirigidos a otros sectores sociales y productivos.

Por el contrario, la CDI asume la esencia de identidad de los pueblos indígenas, y tiene una relación cercana y familiar con los pueblos originarios.

Por estas razones, he decidido compartirte esta inquietud, para que en la discusión del PEF 2017 se replantee la propuesta financiera destinada al Fondo Indígena y a la CDI en particular, disminuyendo drásticamente el recorte al propuesto, al menos en los rubros de inversión para comunicaciones y productividad, para que los pueblos originarios sean beneficiados con recursos suficientes y no castigados como actualmente se pretende.

Como legislador oaxaqueño, como indígena y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado, tengo especial obligación de buscar que los pueblos indígenas no sean afectados en el presupuesto de egresos del próximo año, porque afectará a una gran mayoría de poblaciones de nuestro estado, que se asumen como indígenas y tradicionalmente se han acogido a los mandatos del artículo segundo constitucional; por eso apelo a nuestro origen para buscar más recursos para apoyarlos.

Con mi afectuoso y respetuoso saludo, te reitero la seguridad de mi consideración más distinguida y me pongo a tus órdenes para que juntos realicemos los trabajos necesarios para lograr tan loable objetivo.

Ciudad de México, octubre 2016.— Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, contemple un aumento y estabilidad en el presupuesto asignado al Archivo General de la Nación.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Laura Angélica Rojas Hernández, senadora de la república de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Honorable Cámara de Diputados para que en el tenor de la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se sirva a contemplar un aumento y estabilidad en el presupuesto asignado al Archivo General de la Nación, bajo las siguientes

Consideraciones

Los archivos guardan constancia del quehacer cotidiano de la administración pública y el ejercicio del poder; de la memoria histórica y son fundamentales para el ejercicio delos derechos de acceso a la información, protección de datos personales y a la verdad. El correcto funcionamiento de un sistema de archivos, con el objetivo de que la información que produce el Estado se encuentre localizable y se eviten su pérdida, condiciona a su vez el éxito de los sistemas concatenados a éste, como el de transparencia, combate a la corrupción o el de justicia.

El Archivo General de la Nación se creó como institución rectora de la archivística en nuestro país y de conservación del patrimonio documental de la nación. A partir de la reforma constitucional de febrero de 2014, el AGN es uno de los integrantes del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, con una misión especial en la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Sus funciones son indispensables para garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas, en un Estado democrático.

Para la efectiva garantía del derecho de acceso a la información, ésta debe ser accesible, veraz, oportuna, completa y reutilizable; lo anterior, únicamente puede lograrse mediante un sistema eficaz de archivos.

Por mandato constitucional, el Congreso de la Unión expedir una Ley General de Archivos que homologue y articule la archivística nacional; misma que será el marco normativo para garantizar el resguardo adecuado del patrimonio documental de nuestro país y defina la reestructuración del órgano rector en materia archivística, es decir, el Archivo General de la Nación. Con la implementación de este nuevo ordenamiento jurídico se prevén nuevas obligaciones para el Archivo General de la Nación, como cabeza del Sistema Nacional de Archivos.

La Ley Federal de Archivos vigente incrementó en un 250 por ciento las atribuciones del Archivo General de la Nación. Este aumento de atribuciones generó una inquietud en el órgano rector, ya que las deficiencias estructurales, técnicas y operativas de los archivos mexicanos se exhibieron con este desbordamiento de atribuciones concedidas, lo cual se agravará con la expedición de la Ley General de Archivos.

La implementación de las leyes de la materia, de la política pública en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y conservación del patrimonio documental de la nación, requieren de una asignación presupuestal suficiente. De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el AGN en el 2014, donde 746 de los 12 mil sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno fueron encuestados, el 67 por ciento de las instituciones encuestadas cuentan con un área coordinadora de archivos, de éstas sólo el 30 por ciento de las áreas se encuentran en su organigrama. El recurso promedio destinado a las áreas de archivos en los sujetos obligados asciende a 231 mil pesos anuales, es por ello que de estas instituciones encuestadas, sólo el 28 por ciento cuenta con instalaciones adecuadas para el tratamiento y resguardo de los archivos.

Otro problema que reluce es la falta de personal especializado para la gestión de archivos en los tres niveles de gobierno, ya que el 45 por ciento del personal que labora en el área archivística de los sujetos obligados también realiza otras actividades y de éstos únicamente el 58 por ciento recibe capacitación en la materia.

La mayoría de las atribuciones previstas en la Ley Federal de Archivos, no han podido ser cumplidas cabalmente por la falta de presupuesto al Archivo General de la Nación y este es un problema gradual que se ha venido incrementado con el paso de los años.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 contempló una asignación de recursos para el Archivo General de la Nación de 586 millones 470 mil 718 pesos, mismo que se ha visto afectado en los años consecutivos.

Para el 2015 los recursos asignados al Archivo General de la Nación disminuyeron 202 millones 438 mil 161 pesos, es decir, un 34.5 por ciento y en el presente ejercicio fiscal el Presupuesto de Egresos de la Federación destino 44.7 por ciento menos recursos con respecto al 2014, esto denota evidentemente un detrimento paulatino en los recursos destinados a este órgano.

Por supuesto que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se quiere continuar con esta disminución presupuestal para el Archivo General de la Nación, pues el proyecto entregado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, contempla un recorte presupuestal de poco más de 239 mil millones de pesos. Este recorte presupuestal tiene justificación al implementar medidas de austeridad y recorte de gastos superfluos, sin embargo, tenemos que considerar que el recorte debe limitarse a la eliminación de gastos superfluos, no puede afectar el pleno ejercicio de las atribuciones de un órgano con la de relevancia del Archivo General de la Nación.

Dicho proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asigna un monto de 70 millones 20 mil 39 pesos al Archivo General dela Nación, este monto es sencillamente inadmisible, ya que si lo comparamos con el presupuesto asignado el ejercicio fiscal pasado, éste fue de 323 millones 795 mil 20. El recorte presentado a Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda disminuye los recursos para el Archivo General de la Nación en un 78.3 por ciento.

Al tenor de las nuevas atribuciones asignadas al Archivo, que no han podido ser cumplidas a cabalidad por falta de recursos, resulta un verdadero despropósito incrementar dicho recorte presupuestal al Archivo y más en el porcentaje previsto.

Evidentemente este recorte presupuestal impediría el funcionamiento del Archivo General de la Nación, afectando de manera colateral a los Sistemas concatenados que rigen la transparencia y combaten a la corrupción; así como imposibilitaría la conservación del patrimonio documental de la nación.

Es por ello que, en congruencia con la promoción del acceso a la información y la cultura archivística, una servidora ha optado por manifestar un extrañamiento en relación con el monto asignado al Archivo General de la Nación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y solicitar sea reconsiderado tomando en cuenta las obligaciones y las actividades coordinadas que realiza dicha institución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se contemple un aumento al presupuesto asignado al Archivo General de la Nación, que le permita ejercer sus funciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor David Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a realizar un análisis exhaustivo para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 una partida etiquetada a infraestructura para atender la emergencia en el municipio de Durango, Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Héctor David Flores Ávalos, senador de la República, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como las senadoras y senadores de distintos Grupos Parlamentarios en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión que suscriben la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II; 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta respetuosamente se realice un análisis exhaustivo para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2017 una partida etiquetada para infraestructura para atender la emergencia en el municipio de Durango, Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de septiembre el municipio de Durango, Durango, sufrió la ocurrencia de lluvia severa que tuvieron serias consecuencias, cinco personas muertas, decenas de viviendas y comercios inundados y más de 15 vehículos siniestrados.

En ocho horas llovió el 20% de lo que normalmente llueve en un año en la ciudad de Durango; esto originó el desbordamiento del arroyo La Virgen y del arroyo Seco.

En unas horas cayeron 97 milímetros de agua, lo que provocó que se inundara prácticamente toda la ciudad. Esto provocó afectaciones de manera considerable en la infraestructura urbana del municipio, como ejemplo, el boulevard Dolores del Río que recientemente fue entubado para un mejor desahogo pluvial, sufrió diversas fracturas en su estructura y así, diversas avenidas están en las mismas condiciones; tuberías y coladeras insuficientes para la ciudad colapsaron provocando un desastre que lamentablemente cobraron la vida de personas y pérdidas materiales, afectando a más de 40 colonias, alrededor de 37 mil viviendas dañadas y casi 110 mil personas damnificadas.

La intensa lluvia inició alrededor de las 19.00 horas del jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes, originó la suspensión de clases en todos los niveles educativos ante la contingencia que se vive en este municipio. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DNIII en apoyo a la población y se habilitaron ocho albergues en distintos puntos de la ciudad.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2017 una partida etiquetada para infraestructura para atender la emergencia en el municipio de Durango, Durango por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los 4 días del mes de octubre de 2016.— Senador Héctor David Flores Ávalos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las cuales permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, en términos de lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado por el Poder Ejecutivo federal a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el cual permita la instalación del consejo de vigilancia electoral deportiva y la realización de un censo nacional de infraestructura deportiva, a fin de coadyuvar en la implantación del registro nacional de cultura física y deporte.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal a fin de que incremente la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la frontera sur, para atender a las niñas, niños y adolescentes que requieran protección internacional conforme a las normas y estándares internacionales en la materia.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que revise el monto asignado para la atención a personas refugiadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, elaborado por el Poder Ejecutivo federal, y asignar un presupuesto que permita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hacer frente al aumento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social a resolver con la mayor brevedad las desviaciones en el método de campo utilizado durante la aplicación de las encuestas relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno federal a informar a esta soberanía sobre cuál será el resultado de la aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Tercero. El Senado de la República exhorta al gobierno federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, y a la Cámara de Diputados para que, durante la discusión, la aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la comisión legislativa bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, por lo que respecta al Senado de la República.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la comisión legislativa bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, por lo que respecta al Senado de la República

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 114, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República; y 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y

Considerando

I. Que de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara, y es en donde se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos;

II. Que el 27 de abril de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública, y General de Contabilidad Gubernamental;

III. Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas;

IV. Que el artículo 38 de esta ley contempla la existencia de una comisión bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios, la cual tendrá la facultad de analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, cuando alguna entidad o municipio presente niveles elevados de endeudamiento;

V. Que el mismo ordenamiento establece que la comisión bicamaral deberá integrarse por ocho miembros: cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicamaral se ejercerá de manera alternada por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año; y

VI. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 114 del Reglamento del Senado de la República, conforme a acuerdos parlamentarios o a disposiciones expresas en la Constitución o en la ley, el Senado participa en la integración y el funcionamiento de comisiones bicamarales con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que respecta a la Cámara de Senadores, estará conformada de la siguiente manera:

1. Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente.

2. Senador Manuel Cavazos Lerma.

3. Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

4. Senador Armando Ríos Piter.

Segundo. Comuníquese a la colegisladora.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.— Senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; senador Miguel Romo Medina, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con la finalidad de proporcionar a los tomadores de decisiones herramientas e insumos para la mejora de la política pública, envía a las dependencias y entidades federales información que considera relevante.

En este sentido, y como parte de sus atribuciones, con fundamento en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social y el numeral 27 del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), el Coneval coordina la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 (FME 2015-2016), correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con un total de 154 documentos para su consulta.

No omito mencionar que las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 tienen como objetivo mostrar el avance de los programas y acciones federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea, y se encuentran disponibles en la siguiente liga: http://www.coneval. or.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx­

Los documentos en mención son insumos valiosos que le podrán ser de utilidad en el cumplimiento de sus importantes labores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«David Monreal Ávila, senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y se adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud en México representa el 25.7 por ciento de la población, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significa que en el país residen cerca de 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad; sin embargo, a pesar de que gran parte de la población nacional es joven, este sector poblacional encuentra limitado su desarrollo debido a los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país.

Lo anterior no es un tema menor, ya que el Estado no ha logrado establecer las condiciones mínimas que permitan satisfacer las necesidades básicas para los jóvenes, pues al no tener oportunidades de ingresar a una institución educativa o bien a un empleo formal, muchas veces tienen como opciones el comercio informal o se ven seducidos las actividades ilícitas, entre otras actividades que van en contra de su bienestar.

Entonces los jóvenes se encuentran en un círculo vicioso siendo sus componentes la marginación, pobreza, precaria justicia social, inseguridad y violencia, nulo crecimiento económico, esto se fortalece con las escasas políticas o programas sociales en benéfico de dicho sector poblacional.

La mayoría de los jóvenes que han cursado estudios de nivel superior atraviesan severas problemáticas, ya que en primer lugar tiene que pasar por un viacrucis para concluir su licenciatura, y en segundo lugar cuando logran terminar, tienen que competir en el mundo del desempleo, con otros jóvenes que tienen las mismas necesidades para conseguir un empleo. Las cifras no mienten, de acuerdo al Inegi el concerniente al nivel de escolaridad de la población en México en cuanto a educación superior es de 19.4 porciento.

Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que “en 2015, la tasa de analbafetismo para los hombres y las mujeres de 15 a 29 años fue de 1.3% y 1.2%, respectivamente, lo que sugiere que la población joven es prácticamente alfabeta”.

Si bien hay avances importantes para erradicar el analfabetismo en el país; también lo es, que esto se ha llevado a cabo de manera lenta, pues en teoría y acorde al Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos la población mexicana tuvieran que tener estudios mínimos de educación básica (véase cuadro).

El cuadro anterior muestra de sobremanera que a mayor grado de estudio, menores son las cifras de estudiantes, pues de acuerdo al total de jóvenes se tiene que el 34.8 concluyó o tiene incompleta la secundaria; cifra que se reduce en 1.9 en comparación con el nivel medio superior, pues solamente el 32.9 de estudiantes tienen estudios de bachillerato ya sea concluidos o truncos; alarmantemente la cifra baja 13.5 para el nivel superiores, en él solamente19.7 tienes estudios universitarios.

Es indispensable que los jóvenes tengan incentivos para continuar y finalizar sus estudios superiores, en este sentido la Secretaria de Educación Pública con motivo de su 3er Informe de Labores da cuenta que en el Ciclo Escolar 2014-2015 había 3 millones, 515 mil 404 estudiantes matriculadas en educación superior; y 4 millones 813 mil 165 alumnos en media superior; es decir, un millón 297 mil 761 jóvenes no concluyen sus estudios de bachillerato o no logran ingresar a una Universidad, también pudiera ser que ya no desearon continuar con sus estudios.

Uno de los incentivos a nivel superior que se otorgan a los estudiantes universitarios son becas, de acuerdo al mismo Informe de Actividades en el Ciclo Escolar 2014-2015, por el Programa Nacional de Becas, en su modalidad de manutención dirigido a alumnos de nivel superior se otorgaron 475 mil 390; Becas de excelencia, titulación, servicio social, vinculación movilidad y superación profesional, capacitación y manutención para las hijas e hijos de los militares de las fuerzas armadas, 125 mil 782; y becas por parte de los estados de la República Mexicana, UNAM, IPN, UPN, Colmex y otras 77 mil 153; lo que dio un total de 678 mil 325 becas.

De acuerdo al cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2015-2016 existe un total de 3 millones 915 mil 971 estudiantes de licenciatura universitaria, tecnológica, educación normal y técnico superior, para este mismo periodo se otorgaron 761 mil 725 becas.

En síntesis, se puede mencionar que se ha incrementado el patrón de beneficiarios de becas a nivel superior, para que así los estudiantes logren concluir sus estudios de manera satisfactoria; sin embargo, cuando lo logran hacer comienzan en la búsqueda de un empleo formal, después de dedicar aproximadamente 17 años de la vida a la formación básica, media superior y superior los jóvenes esperan encontrar un trabajo digno y socialmente útil, lo cual por cierto, es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, los recién egresados de universidades se encuentran con un sinfín de problemáticas para encontrar su primer empleo formal, la primera de ella es la falta de vacantes laborales; es decir, el Estado no logra crear los sufrientes trabajos para la población en general, mucho menos para los jóvenes en particular.

Datos de la organización civil México ¿cómo vamos?, señalan que el gobierno debe generar un mínimo de un millón doscientos empleos al año; es decir, 100 mil empleos formales al mes para que los jóvenes se puedan incorporan a la población económicamente activa. Sin embargo, no es así la tabla de abajo muestra que en los meses de febrero y agosto de 2016 se logró crear la meta de 100 mil empleos mensuales y en los demás meses se quedó por debajo la meta.

Es claro que la reforma laboral de 2012 no ha cumplido con las expectativas esperadas muy lejos quedaron las promesas de sus promotores, las nuevas formas de contratación han logrado tener el eco necesario para los jóvenes, es necesario mencionar el objetivo de dicha figura:

La reforma laboral prevé nuevas modalidades de contratación que facilitan el acceso al mercado laboral, principalmente en beneficio de los jóvenes que aún no tienen experiencia, lo cual dejará de ser un pretexto para no contratarlos. A través de las modalidades de contratación a prueba o de capacitación inicial, los patrones podrán, en un breve tiempo conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores y éstos, podrán apreciar si el empleo cumple con sus expectativas de ingreso y desarrollo profesional.

Las personas que sean contratadas bajo estas modalidades, contarán con todas las prestaciones de seguridad social y con los mismos derechos que el resto de los trabajadores, y desde el primer día laborado, acumularán antigüedad.

Sin embargo, las cifras muestran totalmente lo contrario el Inegi asevera que en México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2016 es de 7.2 por ciento, nivel superior a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.0%). Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez jóvenes de 15 a 29 años (19.6%) desocupados no cuenta con experiencia. En la siguiente tabla se muestra la población desocupada, con nivel de instrucción Media superior y superior.

La falta de generación de empleos formales, abre la puerta a la informalidad laboral, las personas al no tener una fuente de trabajo estable, encuentran en el auto empleo informal una manera de ganarse la vida. Datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que hasta el año 2014 la tasa de informalidad en México alcanzó un 58.79% del total de empleo en el país, además señala que este ocasiona un debilitamiento “del tejido institucional de la economía, la opacidad en que se desenvuelven las transacciones informales que realizan individuos y empresas conduce a que sea muy difícil estimar.”

Ante este escenario el Gobierno Federal en el año 2015 impulsó un programa denominado “Mi primer crédito”, en el que se prevé que los bancos otorguen a los jóvenes créditos que irán de 50 mil a 2.5 millones de pesos con tasas preferenciales, sin embargo, el hecho de que este tipo de acciones se focalicen en programas sexenales genera que no exista continuidad en los mismos.

Un estudio realizado en el año 2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, asevera que los múltiples programas sociales que tenían como objeto otorgar micro créditos a jóvenes en el periodo 2009-2012, con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales del mismo Coneval, “se identificaron 18 programas que tenían tal objetivo y que operaron en 2010, de los cuales, en 2012, sólo 16 siguieron funcionando con las mismas características. Estos programas representaron en conjunto un presupuesto ejercido de 14,173 millones de pesos en 2012,” lo que demuestra que el hecho de que el otorgamiento de este tipo de programas sociales no sean considerados políticas públicas, promueven resultados ocasionales, generando que muchos de los esfuerzos y recursos no sean bien aprovechados.

De acuerdo al Coneval, el microcrédito se refiere al otorgamiento de préstamos muy pequeños a individuos de escasos ingresos para financiar proyectos de autoempleo que les generen ingresos y les permitan sostenerse tanto a ellos mismos como a sus familias, los cuales se otorgan a personas que carecen de un colateral, historial crediticio y que difícilmente serían considerados por la banca comercial para un préstamo. Los términos y las condiciones de los microcréditos, por lo general son flexibles, sencillos y adaptados a las características de los usuarios pobres.

Lo anterior permite dar un impulso a las microfinanzas y la introducción de las microfinancieras al sector formal del sistema financiero, ya que es un mecanismo para elevar el acceso de las poblaciones más pobres o de menores ingresos a productos financieros más eficientes y más baratos que los ofrecidos en el mercado informal para estos sectores poblacionales.

Sin embargo, la volatilidad de los programas sociales obliga a dar una mayor regulación a la obligación del Gobierno Federal para el otorgamiento de microcréditos, y por ende resulta una imperiosa necesidad establecer mayores directrices a las políticas públicas encaminadas al otorgamiento de estos apoyos, en particular a los jóvenes. Del documento mediante el cual el Coneval realiza un análisis de los programas de microcréditos, se concluye que en cuanto a este tipo de programas se requiere al menos:

• Revisar el diseño de los programas de manera conjunta con el fin de evitar traslapes o duplicación de esfuerzos, e identificar y explotar posibles sinergias entre ellos.

• Revisar el diseño de los programas para que se incluyan elementos que permitan incidir en aspectos como la comercialización de los bienes y servicios que se producen a través de los proyectos productivos financiados.

• Generar indicadores que hagan posible medir la incidencia de los programas en los problemas que buscan resolver y que midan adecuadamente los objetivos que persiguen. • Mejorar la cobertura y focalización de los programas sobre la población más pobre con potencial productivo y reducir las barreras de acceso a los programas para esta población.

• Analizar los tipos de apoyos que se deberían otorgar, microcréditos o transferencias no reembolsables con base en las características de los individuos y los aspectos en los cuales se pretende incidir.

• Analizar la oferta de programas con una visión territorial que permita evitar duplicación de esfuerzos y competencia entre instituciones o programas.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas para el otorgamiento de microcréditos para jóvenes, con el fin de garantizar una continuidad en los programas y con ello garantizar mejores resultados a largo plazo.

La importancia de otorgar este tipo de apoyos a jóvenes radican en primer lugar en el hecho de que son el grupo poblacional más importante, ya que representan poco más del 25 por ciento de la población; asimismo, es una obligación del Estado mexicano darle certeza a su futuro, en este sentido, para aquellos estudiantes jóvenes que recién han terminado sus estudios superiores es necesario incentivar y motivar su esfuerzo y una medida está en el otorgamiento de un crédito para que puedan emprender su propio negocio.

Con el otorgamiento de microcréditos se promueve la generación de empleos formales y se combate la informalidad, además de que se mejoran las condiciones del mercado interno, pero sobre todo se abren las opciones para el desarrollo de los jóvenes, alejándolos de la ilegalidad, las adicciones u otros actos que pongan en riesgo su estabilidad y bienestar.

Por otra parte la iniciativa también contempla que los jóvenes no paguen el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio, con este se planeta dar otro estímulo a los jóvenes y generar certidumbre para que no cierre sus puertas en el primeros años de operaciones y con ello se logre consolidar y en consecuencia sea una generador de empleos formales.

Es necesario la implementación de varias medidas que incentiven y motiven a los jóvenes recién egresados del nivel superior, en este tenor se pone a consideración la presente iniciativa, que tiene como objetivos que por ley la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud elabore políticas públicas y programas sociales que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel superior microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio; y que la población beneficiada por esto que exenta del pago del impuesto sobre la renta.

Lo anterior para que los recién egresados del nivel superior tengan más facilidades de acceder a un microcrédito y al exentarlos del pago del ISR se reducirán las posibilidades de fracaso, con ello se busca que se creen trabajos formales y socialmente utilices para la sociedad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y se adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero.Se reforma la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. a XIV. ...

XV. Elaborar políticas públicas y programas sociales que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel superior microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio, y

XVI. Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables.

Segundo. Se adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, para quedar como sigue:

I. a XXIX. ...

XXX. Los percibidos con motivo de la fracción XV del artículo 9 de la Ley de Juventud y Deporte.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los propuestos estatales, municipales y de la Ciudad de México destinarán los recursos necesarios para hacer cumplir lo estipulado en el presente decreto.

Notas:

1 Cfr. “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en Inegi, [en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/ aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

2 Ibídem.

3 Véase “Al día: las cifras hablan, Día Internacional dela Juventud”, número 59, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, [en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD59.pdf

4 Fuente: Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en Inegi, [En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://www.inegi.org.mx/ saladeprensa/ aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

5 Cfr. Tercer Informe de Labores de la Secretaria de Educación Pública 2014-2015; pp. 21.

6 Cfr. 4to Informe de Labores de la Secretaria de Educación Pública 2015-2016; pp. 133.

7 “Beneficios de la Reforma Laboral”, Gobierno de la República [en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://reformas.gob. mx/reforma-laboral/beneficios

8 Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en Inegi, [En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

9 “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Conjunto de datos: Población desocupada” en Inegi, [En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible enhttp://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/ general_ ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?c=

10 “El empleo informal en México: situación actual, políticas y desafíos”, Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo (2014), [en línea] consultado el 26/09/2016, disponible en: http://www.ilo.org/ wcmsp5/ groups/public/—-americas/—-ro-lima/documents/publication/ wcms_245619.pdf

11 “Microcréditos del Gobierno Federal 2009-2012”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, [en línea], consultado 26/09/2016, disponible en: http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Publicaciones%20oficiales/EVALUAC ION_MICROCREDITO _2009_2012.pdf

12 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre de 2016.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Congreso del Estado de Nuevo León.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente­.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le comunicamos que en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre del presente año, la LXXIV Legislatura al Honorable Congreso de Nuevo León, tuvo a bien aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; y del acuerdo número 412 aprobado con fecha 12 de septiembre de 2016, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 12 de septiembre de 2016.— Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica), segunda secretaria.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente

Acuerdo número 412

Artículo Primero. Es de aprobarse y se aprueba la minuta con proyecto de decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para queda como sigue:

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulara sus procedencias y excepciones.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los doce días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.— Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica), Presidente; diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica), segunda secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero a décimo al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 51 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2 y 45 numeral 6 incisos, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 fracción XI, 157 numeral 1 fracción 1 y 167 numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 18 de febrero de 2016en sesión plenaria de esta H. Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, presentada por la Diputada Arlet Mólgora Glover del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.- Con fecha 23 de febrero del año 2016la Mesa Directiva de este órgano legislativo, acordó el turno de la propuesta a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de orden 1758/LXIII.

II. CONTENIDO

En la exposición de motivos de la Iniciativa de origen, se manifiesta que el derecho de la protección a la salud, está tutelado por el artículo 4º de nuestra carta fundamental, así como en diversas convenciones internacionales adoptadas por nuestro Estado.

Asimismo, en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Organización de las Naciones Unidas dispone una serie de lineamientos a seguir para la protección del derecho en comento.

Como puede advertirse, en las líneas antes citadas se establece que el ejercicio de la prerrogativa de mérito implica el ejercicio de otros derechos humanos, dentro de los que se encuentra el acceso a la información, disposición legal que se halla en el segundo párrafo del artículo 6 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que a la letra dice:

“El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados”.

No obstante, en el caso concreto a pesar de que el acceso a la información relevante en materia de salud puede considerarse una faceta del referido derecho de acceso a la información, debe precisarse que el derecho mencionado forma parte primordial del proceso de atención médica el cual utiliza como una herramienta fundamental el expediente clínico.

Mismo que podemos definir como lo contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 3 fracción IX y más específicamente al punto 4.4., de la “Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.

Se manifiesta que el acceso al expediente clínico en nuestro país enfrenta algunas problemáticas relacionadas con la negativa de acceso a la información; en concreto la negativa de algunas autoridades del sector salud e instituciones privadas de brindar a los usuarios de los servicios médicos la información de mérito, asimismo se ha presentado la dificultad de los representantes legales e incluso a los deudos de un paciente para acceder a los referidos datos, lo cual implica un problema para la realización y conclusión de trámites legales de importancia, por lo anterior en el año 2009 el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), emitió el criterio 4/09.

No obstante, a pesar de existir las citadas disposiciones, las problemáticas mencionadas con antelación como la negativa a acceder al expediente clínico por parte del paciente y titular de los datos personales en el contenido, o de su representante legal, han persistido.

Es relevante mencionar que durante el año 2013 mediante el sistema electrónico infomex se recibieron 97 solicitudes relacionadas con el expediente clínico, en el año 2014 fueron recepcionadas 160, y hasta el 31 de agosto del 2015 han sido admitidas 59 peticiones sobre dicho tópico, lo cual demuestra el interés de la ciudadanía en acceder a la citada información.

A partir de las cifras mencionadas, es una realidad que una de las dificultades que enfrentan los usuarios de los servicios de salud, es la negativa de acceder a la información de su expediente clínico, bajo el argumento de que el citado documento es propiedad de la institución de salud que lo haya generado y lo tenga en su posesión.

Lo mismo sucede con los familiares de un paciente fallecido para acceder a los datos del expediente clínico, con independencia de la finalidad con la que sean requeridos, como puede ser dar seguimiento a un trámite o procedimiento jurídico.

Aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 632/2014, en el que se impugnaron los puntos 5.4 a 5.7 de la norma oficial “NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico”, determinó que a un paciente, debe otorgársele el acceso a la información de su salud, contenida en su expediente clínico.

Por ello se propone lo siguiente:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4º dicta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

SEGUNDO.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6º establece en su segundo párrafo que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

TERCERO. La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dispone al respecto en el párrafo 3 lo siguiente:

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.

CUARTO. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 3º. fracción IX: define al Expedientecomo la Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

QUINTO. La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico en su punto 4.4 define al Expediente clínico, como al conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables

SEXTO. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) antes Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), emitió el criterio 4/09 sobre el particular, el cual dice Expediente clínico:Por regla general su confidencialidad no es oponible al titular de los datos personales o a su representante legal. El expediente clínico contiene información relacionada con el estado de salud del paciente -titular de los datos-, por lo que con independencia de que puedan obrar opiniones, interpretaciones y criterios de los profesionales de la salud que trataron al paciente, dicha información se ubica dentro de la definición de datos personales que establece la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que éstas no se generaron de forma abstracta, sino en clara relación con el estado de salud del paciente y su evolución. En este sentido, si bien es posible afirmar que se actualiza la causal de clasificación prevista el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicha clasificación únicamente resulta oponible frente a terceros, pero no frente a su titular o representante legal, ya que son precisamente estos últimos quienes tienen derecho a solicitar su acceso o corrección, por tratarse de información personal concerniente a su persona y por lo tanto información de la que únicamente ellos pueden disponer.

SÉPTIMO. Por lo antes vertido los integrantes de la Comisión de Salud, proponen hacer las siguientes modificaciones a la iniciativa de origen:

IV. RESOLUTIVO

Por las Consideraciones que anteceden esta comisión dictaminadora establece que es de aprobarse con las modificaciones de redacción propuestas al contenido de la Iniciativa, por encontrarlo debidamente fundado y motivado, y se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PÁRRAFOS AL ARTICULO 51 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.-Se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis 1.- ...

...

Los usuarios de servicios de salud en el ámbito público o privado tienen el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, así como a obtener una copia del mismo, esta información deberá ser manejada con máxima discreción y confidencialidad por parte de los prestadores de servicios de salud señalados en el artículo 34 de la presente Ley.

En todo momento el titular de los datos contenidos en el expediente clínico podrá oponerse y restringir en forma expresa el acceso a dicha información.

El derecho de acceso a la información del expediente clínico también podrá ejercerse por representante legal debidamente acreditado, por el tutor, quien ejerza la patria potestad, quien acredite el parentesco en línea recta, y el cónyuge o concubino del usuario de servicios médicos.

Los prestadores de servicios de salud públicos o privados sólo permitirán el acceso al expediente clínico de los pacientes fallecidos a las personas señaladas en el párrafo que antecede, salvo en el caso que el extinto usuario lo hubiese prohibido en forma expresa y ello se acredite de manera fehaciente.

En el caso de los menores de edad, el acceso al expediente clínico se otorgará al titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento el interés superior del menor.

El acceso al expediente clínico no podrá negarse a los sujetos legitimados para ejercer ese derecho, alegando la reserva de la información en términos de las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, como tampoco argumentando la propiedad del citado expediente por parte de la institución o prestador de servicios de salud.

El personal médico que acceda a los datos del expediente clínico en el ejercicio de sus funciones, deberá resguardar dicha información conforme al deber del secreto profesional.

Los prestadores de los servicios de salud tomarán las medidas administrativas pertinentes para proteger los datos personales contenidos en el expediente clínico a efecto de prevenir el acceso, alteración, comunicación, difusión o cualquier otro manejo indebido o no autorizado respecto del referido documento.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con noventa días a partir de la publicación para adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

El 11 de febrero de 2016, la diputada Karla Karina Osuna Carranco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V Bis 1, al artículo 73 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha la Mesa Directiva de éste órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos, la diputada promovente señala que el suicidio es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

Indica además que datos proporcionados por esta misma organización evidencian que anualmente, más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2012 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

Por su parte, en nuestro país, la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012 se registraron más de cinco mil suicidios; en el 2013 alrededor de seis mil casos. Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causas, el componente de salud mental se encuentra fuertemente asociado al suicidio.

En este orden de ideas, señala que las diferencias por sexo en materia de suicidio son notorias y constantes. En el año 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 por cada 100 mil mujeres. Asimismo, reconoce como alarmante que 40.8 % de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil.

Con fundamento en el artículo segundo de la Ley General de Salud, que establece entre las finalidades del derecho a la protección de la salud el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, la promovente considera que es preciso crear políticas públicas de prevención del suicidio.

Por esto, la diputada pretende establecer en la Ley General de Salud, que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

Por estas razones propone reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión considera que la iniciativa de la diputada Karla Karina Osuna es una manera muy loable de atender las necesidades y los riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes.

Tal como lo menciona la promovente en su exposición de motivos, actualmente el suicido es considerado como la segunda causa de muerte en la adolescencia y juventud en los países desarrollados; en algunos representa incluso la primera causa de muerte. Entre las niñas y niños de entre 5 y 14 años ocupa el sexto lugar entre las causas de muerte.

Asimismo, según un estudio realizado por diversos especialistas en salud mental de Bilbao, España, en los años recientes se ha constatado una creciente tasa de tentativas de suicido –diferente del suicidio consumado—. Por los estudios existentes en la materia, se calcula que hay entre 8 y 10 intentos por cada suicidio en la población general y se estima que esta proporción es aún mayor en la población adolescente, siendo que las tentativas aumentan claramente a partir de los 17 años, manteniendo una tasa estable hasta los 35 años para luego descender.

Lo anterior se ve reforzado por estadísticas del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) que indican que en México los adolescentes, por causas como situaciones o problemas, factores de depresión, ansiedad, daño neurológico en etapas tempranas, así como el consumo de sustancias adictivas, son considerados como el grupo de edad más vulnerable para el suicidio.

El Sistema Municipal del DIF en Puebla, reconoce en el Manual de Prevención del Suicidio en el Municipio de Puebla elaborado en 2011, que las tendencias suicidas son desórdenes mentales que se pueden tratar. Igualmente, en el estudio realizado por especialistas en salud mental, mencionado en párrafos anteriores, se habla también del suicidio y las tendencias de suicidio como la consecuencia de un mal funcionamiento de la salud mental de la persona.

En virtud de lo anterior, se podría pensar que bastaría con atender a la salud mental de los ciudadanos y en específico de las niñas, niños y adolescentes, como medida para prevenir el suicidio.

El artículo 73 de la ley General de Salud prevé ya en sus fracciones VIII y IX, la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población, respectivamente. No obstante, las causas del suicidio son numerosas y no todas están relacionadas con trastornos mentales.

Diversos estudios realizados en el tema sustentan lo anterior. El Manual de Prevención del Suicidio en el Municipio de Puebla del 2011, reconoce como causas del suicidio, las siguientes:

a) Problemas:

a. Emocionales

b. Sentimentales

c. Familiares

d. Económicos

e. Violaciones

f. Drogadicción y/o alcoholismo

b) Trastornos mentales

a. Depresión

b. Bipolaridad

Por otro lado, está el trabajo de análisis de notas suicidas de personas que se suicidaron de 2005-2008 en el estado de Guanajuato. Tanto el proceso de análisis como los resultados, se publicaron en un artículo de investigación titulado Notas suicidas. Un análisis cualitativopublicado por la Universidad de Guanajuato en septiembre en el 2011.

De acuerdo con lo indicado en el artículo, los autores afirman que los resultados de la investigación consideran al suicidio más como la manifestación extrema de un dolor psicológico insoportable (hipótesis que había sido planteada originalmente por Shneidman en el libro Autopsia de una mente suicida en 2004), que como un trastorno psicótico y más un evento propiciado por factores psicosociales que por determinismos genéticos.

Esto pues dentro de las razones mencionadas por las personas que dejaron notas antes de acabar con su vida, las que más se repitieron fueron las siguientes:

a. Problemas de relaciones interpersonales tales como problemas amorosos, desarmonía marital, problemas con la familia nuclear, problemas sexuales, soledad.

b. Estado anímico como la desesperanza, el no encontrarle sentido a la vida.

c. Afectos negativos, actitudes como la fatalidad o la sensación de ser el culpable de los problemas a su alrededor.

d. Problemas económicos y de salud

e. Venganza

Con el fin de ahondar más, se incluyen las actitudes que generalmente presenta una persona con pensamientos y/o conductas suicidas. El Manual mencionado anteriormente señala, por ejemplo:

a. El aislamiento

b. La expresión de tristeza tanto de manera verbal como físicamente

c. La pérdida de interés en cualquier actividad cotidiana

d. Cambios en los hábitos alimenticios y en los hábitos de sueño

e. Conductas autodestructivas como lesiones en el cuerpo, la exposición a situaciones que ponen en riesgo la integridad física, entre otros.

f. Hacer referencias constantes a la muerte

g. Expresiones recurrentes de sentirse solo, de falta de cariño, de sensación de ser innecesario en el mundo, etc.

En este orden de ideas, aun cuando todo esfuerzo realizado con el objetivo de detectar grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento y cualquier acción tendiente a prevenir, atender y fomentar la salud mental, son bastante útiles en el combate al suicido, este problema, al ser multi causal y bastante complejo, requiere una atención más específica.

Es decir, la prevención del suicidio debe incluir políticas, campañas y programas enfocados a fomentar en todas las personas una buena autoestima e imagen personal y confianza en sí mismo; relaciones familiares sanas y estables; buena comunicación entre los miembros de la familia; el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la integración y el sentido de pertenencia a un grupo; el desarrollo de una afectividad sana y equilibrada; el fortalecimiento del carácter, por ejemplo con herramientas para responder ante situaciones de crisis, de dificultad o de tristeza.

Asimismo, se deben contemplar campañas para evitar que, en particular las niñas, niños y adolescentes, consuman sustancias adictivas y nocivas como el alcohol, drogas, tabaco, fármacos, entre otros y que caigan en conductas autodestructivas como cortarse.

Finalmente, para estar acorde con lo establecido por el capítulo VII de la Ley General de Salud, denominado Salud Mental, se propone integrar a la propuesta de la diputada: “a causa de trastornos mentales y del comportamiento”,que como señala la legisladora en la mayoría de los casos se da por cuestiones que provocan que la persona que se suicida sufra alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo.

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera pertinente agregar una fracción específica para fomentar y apoyar la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes y somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Único.Se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 73.-...

I. a la V Bis. ...

V Bis 1. La realización y promoción de programas para la prevención del suicidio a causa de trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

VI. a la IX. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto, se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que aprueba la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Notas:

1 Aproximación a las tentativas de suicidio en los adolescentes ,Jara Segura, Ana Berta, Fernando González Serrano, Paz San Miguel y Maite Urizar. http://psiquiatriaintegral.com.mx/principal/?p=297

2 Notas suicidas. Un análisis cualitativo,Chávez Hernández, Ana María, Luis Fernando Macías García y María Gabriela Luna Laram, Universidad de Guanajuato, 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, y se recorre el orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha martes ocho de marzo de dos mil dieciséis, la diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, una Iniciativa suscrita por la también Diputada Karen Orney Ramírez Peralta (PRD), con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. Con esta misma fecha y mediante oficio No.: D.G.P.L. 63-II-4-649, la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

TERCERO. Mediante oficio CRRPP/225-LXIII de fecha jueves 17 de marzo de 2016, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Comisión se reunieron el jueves 16 dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno, bajo las siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.-Que la Iniciativa busca establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que quienes pertenezcan a una comunidad indígena, puedan participar en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Para lo anterior, lo harán saber previamente a la Mesa Directiva con el objeto de tomar las previsiones correspondientes.

TERCERO.- En la Exposición de Motivos, las Diputadas proponentes mencionan que la Cámara de Diputados históricamente es un espacio de gran diversidad política, cultural y lingüística, en donde han hecho uso de la palabra innumerables diputadas y diputados que pertenecen a una comunidad indígena, haciendo uso de un idioma que no es el suyo. Que en ese lugar, sus lenguas maternas han sido silenciadas y excluidas.

Que las lenguas maternas indígenas no tienen un lugar para hablarse con familiaridad en la llamada casa del pueblo, por lo que es urgente que la soberanía se abra a la diversidad cultural y lingüística.

Que en el corazón mismo de la soberanía nacional no se practica la diversidad lingüística, siendo un derecho fundamental que está protegido y reconocido por la Carta Magna y por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, y que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

Que la importancia de reconocer voces de la diversidad lingüística en la Cámara de Diputados marca la ruta de dónde venimos, quiénes somos y la idea de comunidad a la que pertenecemos. Que la lengua materna es una fuente esencial de la identidad que nos identifica y nos dignifica como seres humanos con identidad primaria, donde se guardan los conocimientos ancestrales, siendo nuestra memoria colectiva e individual.

Mencionan que, de acuerdo con el escritor y premio Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa, “la lengua que hablamos habla también a través de nosotros. La lengua nos sitúa en el mundo, ordena nuestra vida y nos modela psicológicamente. Es parte constitutiva e inseparable de lo que somos”.

Que reconocer las voces que nos dan identidad, es reconocer nuestra propia realidad y riqueza lingüística.

Señalan las proponentes, que la conciencia de identidad y el orgullo de pertenencia a una comunidad indígena, debe reconocerse y practicarse en la soberanía popular. Asimismo, que es el camino o la ruta para lograr en el futuro un bilingüismo perfecto que nos ayude a entendernos y comprendernos, pero también para respetarnos. Que no hay orgullo lingüístico sin reconocimiento; el orgullo de identidad o conciencia de identidad son pilares básicos para compartir sentimientos de responsabilidad, solidaridad, intereses comunes, creencias, códigos de conducta, normas, principios, modos de comportamiento y sueños comunes.

Que el orgullo o conciencia de identidad nos aleja de prejuicios y complejos de grandeza o inferioridad, que pasa por el reconocimiento y respeto, particularmente en los espacios políticos como lo es la Cámara de Diputados.

Que según los especialistas en la materia, el plurilingüismo constituye una herramienta para promover, proteger y conservar la diversidad de las lenguas y culturas de nuestro país. Al preservarse una lengua se salvaguarda también una cultura, el conocimiento y su íntima relación con la naturaleza y por consiguiente se enriquece el conocimiento humano acumulado por miles de años.

Que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el uso de las lenguas indígenas en el proceso penal -tanto en la comunicación como en la defensa- es una obligación del estado y, como tal, se debe asegurar su uso como un derecho básico. Que la utilización del idioma materno debe extenderse a toda la función y atención pública estatal y especialmente en los espacios políticos de debate nacional.

Que la pluralidad lingüística es reconocer a su vez al diferente, es reciprocidad y convivencia, vivir juntos en la diferencia y con diferencias. El diálogo de lenguas y culturas potencia la unidad y la diversidad.

Que la Cámara de Diputados no puede ser un espacio de miedo, rechazo y hostilidad con la diversidad lingüística. Que los diferentes, con lenguas diferentes pueden convivir en diversidad con respeto y con concesiones reciprocas. Que el respeto es la palabra que nos une hacia un destino común y hacia una vida más fecunda y feliz. Y que las lenguas maternas-indígenas nacen de un mismo parto con sus hablantes, por lo que dignificar y devolverle el orgullo por hablar y preservar las lenguas indígenas es también devolver la conciencia identitaria del sujeto hablante.

CUARTO.- Esta Comisión Dictaminadora comparte los motivos de las Diputadas proponentes, al considerar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, párrafo 12, establece que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de junio de 1996, contempla diversos preceptos bajo los cuales se garantizan derechos de las comunidades lingüísticas.

Por otra parte, en noviembre de 1999 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamó el Día Internacional de la Lengua Materna, que a partir del año 2000 se celebra cada 21 de febrero, con el objeto de impulsar la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo.

Asimismo, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la XXXI Sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001, establece en el artículo 4, que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana, que supone el compromiso de respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular con las minorías y los pueblos autóctonos.

En este sentido, nuestro país tiene una riqueza pluricultural y pluriétnica que es motivo de orgullo, donde se reconocen una gran variedad de lenguas. En cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (antes, “INEGI”), en México hay 7, millones 382 mil 785 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena, de las cuales las más habladas son: el Náhuatl, Maya y Tseltal. Las Entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

En razón de la riqueza lingüística y cultural de nuestro país, se han expedido ordenamientos jurídicos que buscan su protección y preservación, como el caso de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2003, cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Por otra parte, la representación de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos legislativos es cada vez más relevante, ya que nuestro país cuenta con un importante sector poblacional, asentado a lo largo del todo el territorio nacional.

Por ello, coincidimos en que la Cámara de Diputados, al ser un espacio de participación plural, no puede ser ajena a la demanda de una representación incluyente de este sector social.

QUINTO.- Esta Comisión Dictaminadora coincide con las autoras de la Iniciativa, ya que es necesario que los pueblos y comunidades indígenas tengan una representación legislativa incluyente respecto a sus tradiciones y costumbres, que les permita preservar su identidad haciendo uso de su lengua originaria, en un entorno de libertad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los legisladores que integramos esta Dictaminadora, sometemos a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden la actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quedar como sigue:

Artículo 6.

1. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados;

XIX. Ejercer sus derechos lingüísticos, quienes pertenezcan a una comunidad indígena, participando en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea, así como los servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Para hacer uso de esta prerrogativa, la diputada o el diputado lo harán saber previamente por escrito y con al menos cuarenta y ocho horas antes a la Mesa Directiva, con la finalidad de que se ordene habilitar a un intérprete que traduzca la exposición del legislador de que se trate, y

XX. Las demás previstas en este Reglamento.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez aprobado el presente Decreto la Cámara de Diputados tendrá sesenta días para integrar un grupo de traductores e intérpretes indígenas para garantizar el derecho lingüístico de las diputadas y los diputados.

Notas:

1 H. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P

Así lo resolvimos las diputadas y los diputados que conformamos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en nuestra sexta reunión ordinaria de trabajo legislativo, de fecha miércoles 6 de julio de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, María Gloria Hernández Madrid, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, apartado B, del artículo 13, y se adiciona una fracción IV Bis 3, al artículo 3o de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, Apartado B, del artículo 13, y se adiciona la fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 13 fracción I y se adiciona la fracción IV Bis 3, al artículo 3o., en materia de salud bucodental.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de la minuta.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de febrero de 2015, el senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud.

2. En esa misma fecha la colegisladora, por instrucciones de la Mesa Directiva, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. Misma que fue remitida mediante los oficios N° DGLP-2P3A.-400 y DGLP-2P3A.-401 a la presidencia de las comisiones correspondientes.

3. Con fecha 8 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores emitió, con fundamento en el Artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, excitativas mediante oficios N° DGPL-2P3A.-3185.59 y DGPL-2P3A.-3185.28 a las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos a efectos de que presentan el dictamen correspondiente.

La Comisión de Salud con oficio de fecha 19 de mayo de 2015 N| CS/123/2015 dio respuesta y solicitó prórroga para el desahogo del asunto.

4. Con fecha 4 de agosto de 2015 mediante oficio N° DGPL-2R3A.-1128 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento el Artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó a la Comisión de Salud la prórroga solicitada, conforme lo prevé el párrafo 3 del citado artículo. Vía oficio DGPL-2R3A.-1129 la Mesa Directiva dio aviso a la Comisión de Estudios Legislativos sobre el particular.

5. Con fecha 1 de diciembre de 2015 se presentó el dictamen correspondiente, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, quedando de primera lectura, mismo que pasó a discusión del Pleno el día del 8 de diciembre. El cual fue aprobado por 72 votos y se dictó su turno a la Cámara de Diputados mismo que fue recibido el día 10 de diciembre de 2015 con oficio N° DGPL-PA. -5092 de fecha 8 de diciembre para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada con fecha 10 de diciembre de 2015 y publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Cámara de Diputados dio cuenta con número de expediente 1243, de la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 13 fracción I y se adiciona la fracción IV Bis 3, al artículo 3°, de la Ley General de Salud, en materia de salud bucodental.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la salud bucodental como materia de salubridad general. Para clarificar el contenido de la minuta, se exponen las consideraciones expuestas por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos respecto del proyecto de decreto.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud bucodental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible. Para ello, mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán:

• La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes;

• El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas;

• La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, en la que se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

B.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes entre otras enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.

Así mismo destaca que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, ya que señala que se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol que va de la mano con otro factor de riesgo que es una higiene bucodental deficiente.

A nivel mundial, cifras de las OMS destacan la caries dental y las periodontopatías como las enfermedades más comunes, la primera tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% entre la población de los escolares de todo el mundo y la segunda, puede desembocar en la pérdida de dientes entre los adultos de edad madura, con una prevalencia de entre 5 y 20%.

Por ello, es que la OMS emite ciertas recomendaciones como la sensibilización de la población acerca de la salud bucodental, con la cual se pueden prevenir múltiples enfermedades.

C. En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen varias enfermedades en torno a una deficiente salud bucodental, ejemplo de ello y una de las más comunes, es la prevalencia de caries dental en escolares de entre 6 a 12 años de edad.

En promedio, a nivel nacional, es que el 60.37% de la población tiene caries, siendo los cinco estados con mayor prevalencia el Estado de México con 87.69%, el Distrito Federal con 77.52%, Tabasco con 76.45%, Morelos con 75.38% y Veracruz con 75.26% y el único estado por debajo de 40% de prevalencia, es Yucatán con 26.31%.

Lo anterior demuestra que el grueso de la población en México tiene problemas de caries, lo que se traduce en una deficiente salud bucodental que puede derivar en otras enfermedades como las ya mencionadas que pueden ser desde la pérdida de dientes hasta algún tipo de cáncer.

D. Actualmente ya se realizan acciones en torno al tema, ejemplo de ello, es el Programa de Salud Bucal, con el cual se busca disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población.

Si bien a partir del Programa Sectorial de Salud Bucal se destacó la promoción, prevención y tratamiento en los preescolares y escolares, la cobertura aún es mucho menor que la de otros programas de atención a la infancia y adolescencia, como el programa de vacunación. Esto se hace evidente cuando sólo uno de cada diez adolescentes de entre 15 a 19 años (9.8%) mantienen una Óptima Salud Bucal. Los resultados aportan elementos para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la ampliación de cobertura en los ámbitos local, jurisdiccional, estatal y nacional priorizando la promoción y prevención.

E. Además, a partir de los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, 2013, se concluyó que tan sólo 4% de la población que acude a los Servicios de Salud tiene una Óptima Salud Bucal. Sin embargo, es necesario reforzar la Ley con la finalidad de tener las herramientas que ayuden a la aplicación de estudios más detallados para explicar la salud bucodental en México y la creación de estrategias que reviertan la tendencia en nuestro país.

F. Por ende, es imperante que se legisle en la materia con la finalidad de que, al integrar dicho tema como materia de salubridad general, se logre concientizar a la población, a través de la elaboración de campañas y estrategias con objetivos específicos, que indiquen la importancia de una adecuada salud bucodental y los beneficios y enfermedades que se pueden prevenir.

G.No obstante, estas comisiones dictaminadoras consideran que no se advierte inconveniente que la salud bucal se incluya en materia de salubridad general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el Artículo 13, como parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas.

H.La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la LXIII legislatura, previó, estudió, ponderó el asunto y, mediante este dictamen, determina aprobar en sus términos la minuta sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 13 fracción I y se adiciona la fracción IV bis 3. al artículo 3°, de la Ley General de Salud, en materia de salud bucodental.

I.En congruencia con el párrafo anterior, esta Comisión de Salud comparte las consideraciones expuestas por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores en las cuales modifica la propuesta del promovente el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya en las que, sin demérito de la propuesta y a efectos de dar viabilidad jurídica para su aplicación y evitar la duplicidad en la Ley General de Salud consideró que la salud bucal sea materia de salubridad general, armonizando el termino al incluirlo en al artículo 13, como parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de la entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN I, APARTADO B DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS 3 AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma la fracción I, Apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a IV Bis 2. ...

IV Bis 3. Salud bucodental;

V. a XXVIII. ...

Artículo 13. ...

A. ...

I. a X. ...

B. ...

I.Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de mayo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina, José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz, José Refugio Sandoval Rodríguez, Ana Laura Rodela Soto, Wendolín Toledo Aceves, Yahleel Abdala Carmona.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía: Muy buenos días. Con su anuencia, diputada presidenta. El dictamen que hoy está en discusión es un dictamen del senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, y un compañero diputado también se sumó a esta propuesta.

El dictamen de la minuta habla sobre el proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 13, fracción I y se adiciona un IV Bis 3 del artículo 3o. de la Ley General de Salud. Más que nada, el objetivo es la inclusión de la salud bucal como materia de salubridad general.

Todos nos damos cuenta que hay campañas que la propia Secretaría de Salud hace en nuestros municipios, hace en nuestros estados, pero lo que se pretende en esta minuta que viene del Senado es que la salud bucodental, para gozar de una buena salud se requiere de la salud bucodental, y una buena calidad de vida. Pero, además, ahorita estamos viendo que va a la alza la pérdida de dientes, pero además de los dientes otras enfermedades, otros trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y, al mismo tiempo, hablar, al tiempo que repercute en el bienestar psicosocial de nuestra gente.

Del 60 al 90 por ciento de los escolares y casi el 100 por ciento de los adultos tiene caries dental. Las caries dentales en nuestro país cada vez es más frecuente, de forma constante. Pero, más que nada, con baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal.

Pero además, las enfermedades periodontales graves que pueden desembocar en la pérdida de dientes afectan a una gran población de mexicanas y mexicanos. Estamos hablando de un 20 por ciento aproximadamente de personas afectadas.

Las causas comunes las sabemos todos: la mala salud; el tabaquismo, diputadas y diputados, el consumo nocivo de alcohol, factores que comparten con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades respiratorias.

La prevalencia de enfermedades bucodentales va a la alza, está aumentando en los países de bajos ingresos, pero nuestro país también va a la alza y va en aumento.

Lo que estamos pidiendo en esta minuta es que la propia Secretaría de Salud elabore campañas y estrategias que indiquen la importancia de una adecuada salud bucodental y los beneficios y enfermedades que se pueden prevenir.

Dos. Que se incluya en materia de salubridad general, armonizando con el término con la Ley General de Salud, e incluirlo en el artículo 13 como parte de los servicios que se deben organizar, pero además cómo deben operarse en la propia Secretaría y a las demás instituciones, supervisar y evaluar a los propios gobiernos de todas las entidades federativas.

Compañeras y compañeros diputados, yo veo que el tema cada vez que subimos alguien con un tema de salud, y lo digo porque yo le agradezco a la propia Comisión de Salud, a los 30 integrantes, el trabajo que hemos venido realizando. Somos la comisión que más ha dictaminado y eso es gracias a las diputadas y a los diputados de la Comisión de Salud, pero además agradezco a los asesores que colaboran con nosotros para que esto pueda ser una realidad y en base a resultados estamos comprometidos con los mexicanos.

Y hace ocho días me subí a la tribuna y antes de que se me terminara el tiempo les comenté algo que me preocupa y nos está ocupando, necesitamos la fuerza de voluntades de todas y todos ustedes, diputadas, espero en estos 48 segundos que me faltan puedan ponerme atención.

El recorte que viene en salud son, de 23 mil millones de pesos, 10 mil millones para la infraestructura, pero además de los 10 mil millones en infraestructura al Seguro Popular, vienen 13 mil de recorte, 13 mil de recorte para programas importantes y muy especiales.

Por eso, desde la máxima tribuna del país, me declaro en contra de la propuesta del presupuesto, me declaro en contra del recorte a la salud. Los mexicanos merecemos salud de calidad y de calidez. Es cuanto, diputado presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Íñiguez, presidente de la Comisión de Salud.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

Por el Partido Encuentro Social hace uso de la palabra, por el Partido Nueva Alianza hace uso de la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Buenos días, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 13, fracción I y se adiciona la fracción IV Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, con la finalidad de incluir la salud bucodental como un rubro a la salubridad general, como un derecho humano de las mexicanas y los mexicanos.

Nuestra Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud en su artículo 4 y advierte que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de salubridad universal.

De este modo, la Ley General de Salud establece, en su artículo 3, cuáles son aquellas materias de salubridad general entre las que se encuentra la salud mental, la salud visual y auditiva y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes.

Cabe destacar que la salud bucodental no se encuentra entre ellas. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud ésta debe entenderse como un estado complejo de bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

Esto quiere decir que la salud es un concepto integral, por lo cual debe garantizarse de la misma manera en el cuerpo de la Ley General de Salud para los mexicanos y mexicanas.

Según la propia Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental es fundamental para gozar de una buena salud y calidad de vida, y se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades de las encías, caries, pérdida de los dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír, hablar, y por qué no decirlo, de sus seguridad como persona, al tiempo que repercuten en un bienestar psicosocial en el que se enfrenta esta persona.

Es de subrayar que en nuestro país uno de los problemas de salud más comunes son precisamente las caries dentales. Según cifras de la Secretaría de Salud es deficiente la salud bucodental entre los mexicanos, que provoca a nivel nacional el 60.37 por ciento de la población que presenta este tipo de caries dentales. Esta deficiencia puede derivar en enfermedades más graves, por lo cual es preciso tomar medidas para reforzar la salud de los mexicanos en materia bucodental.

En Nueva Alianza tenemos la convicción de la prevención, es la mejor alternativa para preservar la salud. Precisamente por esa razón coincidimos con esta comisión, con las condiciones del dictamen y daremos nuestro voto a favor por una mejor calidad de vida y un derecho fundamental de las mexicanas y mexicanos. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, compañera presidenta.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ocampo. Tiene a continuación la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, presidenta. Con su permiso. Buen día, compañeros. Gracias por la atención y por su deferencia al posicionamiento de su servidora.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el derecho a la protección de salud que poseemos todos los mexicanos según el artículo 4o. de nuestra Constitución está bien escrito, está muy bonito; sin embargo, tenemos un grave problema porque ni se tiene el acceso total a la salud por el 100 por ciento de los mexicanos ni se otorga la calidad de atención que se debiera otorgar o que así lo obliga la Constitución.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible.

Esta Organización Mundial de la Salud define a la salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido; enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, entre otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y a la cavidad bucal.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud en el referente a las caries dentales y a las periodontopatías como las enfermedades más comunes, la primera tiene una prevalencia entre 60 y 90 por ciento. Yo creo que hasta está subregistrado, porque me atrevo a aseverar que el 100 por ciento de mexicanos en algún momento de su vida atraviesan por una caries dental.

Con esta prevalencia, entre un cinco y un 20 por ciento, además tiene recomendaciones o afectaciones como sensibilización, como afectación o dolor que no encuentran cuál es el motivo del padecimiento. Todas estas enfermedades bucodentales pueden ser tratadas si se detectan y se previenen oportunamente.

En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen estas enfermedades en torno a una salud bucodental y esta prevalencia para los niños de seis a 12 años genera una gran afectación en la conservación de sus piezas dentarias. En promedio a nivel nacional, el 60.37 por ciento está atravesando por un problema dental, entre ellos todos nosotros, queridos compañeros.

Lo anterior demuestra que el grueso de la población mexicana estamos afectados por algún padecimiento en nuestra boca, desde mal aliento hasta las caries, pérdida de piezas, etcétera. Actualmente ya se realizan acciones en torno al tema, para ejemplo está el Programa de Salud Bucodental en el cual se busca disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar políticas estratégicas y programas estatales e institucionales, así como avalar las condiciones de salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la salud bucal de la población mexicana.

El Programa Sectorial de Salud Bucal se destacó en la promoción, prevención y tratamiento en los preescolares y escolares, la cobertura ha ido disminuyendo para otros grupos de infantes. Nosotros debemos considerar la prevención en la salud bucal, como esa prevención que tenemos con la vacunación, por eso es necesario y se hace evidente que todos los adolescentes mantengan una óptima salud bucal para poder ser en su defecto o en su momento adultos con integridad bucal.

Además, a partir de los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica hemos tenido graves consecuencias porque se han destinado los recursos para otro tipo de programas al no darle la oportunidad a la salud bucal, mejor dicho, no darle la atención a la salud bucal que se merece.

Por esta razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a favor de estas modificaciones y su servidora siempre estará atenta apoyando el bienestar de las personas para que se refuercen los temas de atención bucal.

Les invito, compañeras diputadas y diputados, para que todos actuemos en consecuencia y que fortalezcamos este tipo de programas que si bien es cierto viene a impactar en el Presupuesto que está bastante lastimado, y aprovecho la tribuna para decirles que no podemos aceptar recorte presupuestal al rubro de salud ni educación.

Por eso, compañeras y compañeros, en materia de salud debemos abocarnos y debemos estar precisados y comprometidos con mantener la integridad de la salud del pueblo de México, incluyendo la salud bucal.

Nosotros logramos un estado óptimo, aceptable de salud para los mexicanos, lo demás viene por añadidura y la afectación económica por tratamientos de esos padecimientos no se vería tan impactada. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes, presidenta. Muy agradecida.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ramírez. Tiene a continuación el uso de la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento de su Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Roberto Guzmán Jacobo.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Honorable asamblea. Con la venia de la Presidencia. A todos los presentes. Como diputado federal y haciendo uso de esta tribuna con las atribuciones que me confiere la ley y con el respeto del pueblo, hago un llamado serio y responsable a todas las autoridades competentes en materia de la salud.

En necesario frenar el desmantelamiento de las instituciones. Estamos dejando en la desprotección a millones de mexicanos, a millones de seres humanos que tienen garantizado por el artículo 4o. constitucional la prestación de salud como un derecho humano.

Señores legisladores, es importante que dejemos de lado los intereses personales, que veamos el error que se está cometiendo al reducir el Presupuesto en materia de salud y la disminución del gasto dirigido al Seguro Popular.

Como mexicano y como legislador siento impotencia al ver la cobardía en la que actúan alevosamente quienes dirigen el destino del país. Están atentando con la vida de millones de mexicanos.

Juramos ante esta soberanía que defenderíamos y aplicaríamos la ley en beneficio de México. Con estas acciones estamos faltando a nuestro juramente. La historia juzgará este hecho como otro de los errores del sexenio.

Con lamentables consecuencias, ustedes señores diputados, lo saben. Saben que quien dirige el país se ha equivocado, y vamos en camino hacia el desastre. Que no digan que no se los advertimos. Morena no será cómplice de este fracaso; Morena está en favor de mejores condiciones de vida para los ciudadanos, de una patria justa y de un sistema que estreche las brechas de desigualdad social.

Una iniciativa de ley como esta que implementa acciones de mejora en la calidad de vida de los mexicanos tiene que ser apoyada e impulsada. La salud bucal también juega un papel importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Avanzar en materia legislativa en términos de inclusión y ampliación de los sistemas de salud pública, es avanzar en favor de un país con visión hacia el futuro. Es por ello que el día de hoy la fracción parlamentaria de Morena votará a favor de esta iniciativa, aun a sabiendas de que las cúpulas del poder nacional requiere acabar con todo aquello que le lastima su presupuesto.

Señores legisladores, con todo respeto les pido que se sumen a favor de esta iniciativa y se sumen a seguir haciendo el contrapeso necesario para defender los derechos del pueblo de México, aun en contra del mismo Poder Ejecutivo, quien pretende a toda costa, seguir dañan a la nación con alevosía y ventaja.

Seguro estoy, como ciudadano, que comparto esta exposición que hago desde esta tribuna; sé que también ustedes saben que lo que se está sucediendo actualmente es una pesadilla para el país, y ustedes mismos están conscientes del grave error que se está cometiendo, pero no es necesario desbaratar al país y acabar con todo lo existente para poder poner soluciones y el remedio; es un terrible fracaso el gobierno actual.

Votemos en favor de esta iniciativa y demos a los mexicanos, por lo menos en la ley, la esperanza de poder seguir siendo prioridad para el Estado. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Guzmán. A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Wendolín Toledo Aceves. Adelante, diputada.

La diputada Wendolín Toledo Aceves:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la salud es uno de los derechos humanos más indispensables para lograr una mejor calidad de vida en las personas. Para ello el gobierno federal ha impulsado diversas políticas públicas que buscan garantizar su protección.

Sin duda uno de los retos más importantes en dicho rubro es lograr la inclusión de mayor número de usuarios, así como ampliar la cobertura en las diferentes especialidades de la medicina.

Afortunadamente, hoy en día los servicios básicos de salud se encuentran cubiertos y garantizados para los diversos sectores de la sociedad. No obstante es necesario ampliar el rubro de especialidades que deben otorgarse dentro de la salubridad general.

En el caso que nos ocupa, la propuesta del dictamen de la Comisión de Salud exalta la importancia de la salud bucodental como elemento fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida.

Desafortunadamente en nuestro país existe una escasa cultura de información al respecto, ello sumado a la falta de recursos para poder asistir con un médico especialista, por lo que su atención se declina ante la urgencia de atender otras necesidades básicas.

Lo anterior, trajo como consecuencia la elevación de las tasas de personas con una salud bucodental deficiente. A nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud, las caries y la periodontopatías, son las enfermedades más comunes, con una prevalencia den entre el 60 y 90 por ciento entre la población escolar.

Ante dicha situación, la referida organización dio a conocer el programa mundial de salud bucodental, mismo que se encuentra alineado con la estrategia en materia de prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud, dando prioridad a la elaboración de políticas mundiales de promoción de la salud bucodental y prevención de enfermedades de la boca.

Según el último informe publicado del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 2014, el daño dental de la población escolar entre cinco y 19 años fue de 2.2 por ciento, siendo los dientes careados el componente más representativo.

Actualmente existen avances que defienden las directrices a seguir en materia de salud bucodental, ejemplo de ello es el Programa de Salud Bucal, cuya misión es disminuir la carga de la morbilidad bucal en la población a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar políticas públicas estratégicas y programas estatales e institucionales.

No obstante lo anterior, la realidad es que aún hay mucho trabajo que realizar en la materia, es por ello que consideramos oportuna la inclusión de la salud bucodental como materia de salubridad general, pues ello abona a generar condiciones para la mejor atención de la salud humana.

Por todo lo anteriormente manifestado, a nombre de los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, adelanto nuestro voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Salud, pues estamos convencidos que ello abona para garantizar la protección de la salud de las y los mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Wendolin Toledo. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Evelyn Parra Álvarez.

La diputada Evelyn Parra Álvarez:Muy buenos días. Con su venia, diputada presidenta. Acudo a esta tribuna a presentar posición del Grupo Parlamentario del PRD, respecto a la minuta enviada por el Senado de la República, la cual considera la inclusión de la Ley General de Salud a la atención bucodental como parte de la salubridad general y responsabilidad de los gobiernos de los estados.

Como sabemos, la salud es un derecho constitucional, la cual es definida como un estado completo de bienestar mental y social. En esta perspectiva, toda aquella circunstancia que afecte a cualquiera de sus componentes debe ser atendida conforme lo establezca la ley.

Es el caso de la salud bucal, la cual de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud contiene un amplio complejo de afecciones, entre las que se encuentran el cáncer de boca o garganta, úlceras bucales, defectos congénitos, como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes.

Estas afecciones son factores que inciden en el agravamiento de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, las cuales se constituyen en complejos y graves cuadros clínicos.

Las enfermedades bucales son consideradas uno de los principales problemas de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia. Representan una carga para la población, afectando sobre todo a la población con menores ingresos.

En México, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías. Esta situación se atribuye al elevado consumo de alimentos con azúcar refinada, falta de higiene y deficiente cepillado; 70 por ciento de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan enfermedades odontológicas, mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años solo tienen 10 piezas dentales.

El problema aumenta con la edad, pues a los 12 años se tienen en promedio dos piezas dañadas. Los adultos de 44 años poseen 15 y los de 65 años, 17 de un total de 32 que integran la dentición definitiva, incluyendo los terceros molares o muelas del juicio. En consecuencia, 80 por ciento de las personas de este grupo de la población sólo cuentan con 10 piezas dentales, por lo que al llegar a los 70 años ya no pueden masticar.

Estos datos son sólo un botón de muestra de la amplitud de la presencia de estas afecciones en la población del país, de ahí el mérito de considerar su inclusión dentro de la salubridad general en los términos contenidos en el presente dictamen.

Por las consideraciones anteriores el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, es lo que nosotros estamos aquí también solicitando, su apoyo porque también, como lo dijo el presidente de la Comisión de Salud, no vamos a permitir un recorte a la salud, no vamos a permitir que la infraestructura en salud, en medicamentos, en todos los servicios dañen a la población.

Eso nosotros vamos a defender porque también hay otras consecuencias graves que afectan a la salud, como es el recorte al agua, y el Grupo Parlamentario del PRD estaremos defendiendo mucho la salud de todos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Evelyn Parra. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento de su Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Genoveva Huerta Villegas. Adelante, diputada.

La diputada Genoveva Huerta Villegas:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, no sólo la ausencia de enfermedad. La salud bucal forma parte de la salud integral, por lo que según la definición antes descrita, si se padece una enfermedad bucal se carece del completo bienestar.

Las enfermedades bucodentales constituyen un problema general de salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades bucodentales más comunes son las caries y las peri-odontopatías. Entre 60 y 90 por ciento de la comunidad escolar en el mundo tiene caries dental, las enfermedades periodontales graves afectan entre el 5 y el 20 por ciento de los adultos en edad madura, existiendo la posibilidad de la pérdida de dientes. La incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por cada 100 mil habitantes.

En México, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud Bucal, el problema odontológico es severo, pues se estima que al menos seis de cada 10 niños menores de seis años tienen una caries; que el 95 por ciento de los jóvenes de 15 años tiene más de tres caries, y prácticamente el 100 por ciento de la población mayor de 25 años sufre afectaciones en las encías. Por ello la enfermedad bucodental debe ser considerada un problema de salud pública.

En el contexto actual necesitamos implementar más y mejores medidas de prevención y atención de la salud bucal. Una salud bucal deteriorada trae consecuencias sociales a través de las limitaciones en la vida diaria y la calidad de vida, pero también son un factor agravante de enfermedades crónico degenerativas.

Compañeras y compañeros diputados, la modificación a la Ley General de Salud, a consideración en este pleno, es importante para un país como el nuestro, que ha consagrado en su Constitución Política el derecho a la protección de la salud para todas las personas, ya que propone la inclusión de la salud bucodental como materia de salubridad general, señalando que esta será parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas.

Con esta modificación se fortalece la responsabilidad del gobierno para implementar las políticas públicas que contribuyan a disminuir la carga de la morbilidad bucal en la población; establece la base legal para fortalecer las políticas estratégicas y programas estatales e institucionales, y se amplía equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población.

Por ello, los invitamos a votar a favor del dictamen, el cual reconoce y sienta las bases para que las enfermedades bucodentales reciban el tratamiento que corresponda a las materias de salubridad general.

En el Partido Acción Nacional siempre defenderemos la salud de todas y de todos los mexicanos, por ello también estamos en contra de los recortes en la materia de salud. Es cuanto, gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Huerta. A continuación, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Rocío Díaz Montoya.

La diputada Rocío Díaz Montoya:Nuestra herencia debe ser fuente de exigencia, no de complacencia ni de inmovilismo, sólo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia, los partidos democráticos lo ganamos diariamente, Luis Donaldo Colosio.

Compañeras y compañeros diputados, el bienestar de los mexicanos es prioridad para el Partido Revolucionario Institucional, pero sobre todo lo relativo a la salud. Es claro que los gobiernos tienen responsabilidad en la salud y en su gente, lo cual puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias, sociales y adecuadas.

Estas medidas tienen como fundamento las iniciativas que los legisladores presentamos y discutimos en comisiones y que se vuelven realidad en esta la más alta tribuna de la nación.

La reforma a la fracción I, Apartado B, del artículo 13, y la adición a la fracción IV Bis, Tercera, del artículo 3o. de la Ley General de Salud, incorpora a la salud bucal como materia de salubridad general, como parte de los servicios que se deberán garantizar y organizar, operar y supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas.

Esta reforma que hoy impulsamos es una conquista más en el camino de logros de un sistema de salud universal para todos los mexicanos. La importancia de la prevención de la salud bucodental radica primordialmente en que comparte factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más concurrentes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.

Una higiene bucodental deficiente, una dieta inadecuada, el tabaquismo y el consumo inadecuado del alcohol son elementos que favorecen el desarrollo de estas enfermedades y el conocido costo social y económico para nuestro país.

Es por eso que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos a favor de este proyecto de decreto que incorpora a la salud bucal al esquema de salubridad general y lo plasma en la Ley General de Salud.

Porque el Partido Revolucionario Institucional es el partido de las mayorías, es el que busca la dignificación de la vida de los hombres y las mujeres, el que tiene el compromiso con los mexicanos que más lo necesitan. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Rocío Díaz por su participación. Y agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica... Permítame.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Solamente quiero hacer una felicitación que es digna de hacer el reconocimiento a nivel nacional desde esta tribuna, a la doctora María Elena Gómez Cárdenas, que fue una pionera en la investigación de la Universidad de Guadalajara, que es el estado de donde yo vengo, en la salud dental, bucal, garganta y cuello.

Y ahora con el tema del recorte a presupuesto en el área de investigación es cuando más hago énfasis en la importancia de no recortar dinero que tenga que estar destinado a la investigación aplicada. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registran sus manifestaciones en el Diario de los Debates, diputada.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad del estado de Hidalgo, invitados por la diputada Marisol Vargas Bárcenas. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 406 votos a favor, ningún voto en contra ni abstenciones.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales correspondientes.

LEY GENERAL DE TURISMO

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente No. 1410 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo en materia de seguridad para todos los turistas nacionales y extranjeros, presentada por la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de diciembre de 2015, la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo, en materia de seguridad para todos los turistas nacionales y extranjeros.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Turismo para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 19 de enero 2016, la Comisión de Turismo recibe copia del expediente 1410, el cual contiene la iniciativa en turno.

4. El 30 de marzo de 2016, la Comisión de Turismo solicitó a la Mesa Directiva la autorización de prórroga para dictaminar la iniciativa referida.

5. Con fecha 5 de abril de 2016, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-741, la Mesa Directiva envío respuesta autorizando a la Comisión de Turismo la prórroga para dictaminar la presente iniciativa.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La autora de la iniciativa inicia con la argumentación de la misma refiriendo que el 2 de enero de 2013, se publicó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27, fracción XII, mediante el cual desaparece la Secretaría de Seguridad Federal y se faculta a la Secretaría de Gobernación como la instancia encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Asimismo se reformo la fracción XIII Bis donde se establece que la misma secretaría deberá proponer acciones para asegurar la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posteriormente presenta cifras relevantes de lo que el turismo contribuye en el ámbito económico a nivel nacional y reconoce la importancia del sector. Sustenta además que el turismo es una importante herramienta para reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo comunitario en las diferentes regiones del país, pues emplea aproximadamente a 3.1 millones de personas.

Un punto importante que menciona es que la incidencia delictiva es un factor que debilita exponencialmente al sector turístico en varias entidades federativas, provocando pérdida de competitividad respecto a otras naciones; basta mencionar que la incidencia delictiva creció un 79% de 2007 a 2015, teniendo como máximo de referencia el 2012, cuando la diferencia con respecto a 2007 era del 140.4%, y que del 2013 al 2014 hubo una disminución de la recepción de turismo extranjero del 3.44%

Por lo anterior la autora sostiene que es clara la relación inversa que existe entre el aumento de la incidencia delictiva y la disminución del turismo, lo cual también ha sido evidenciado a través de las alertas de viaje emitidas por algunos países. Tan solo en 2015 se emitieron 19 alertas para el mismo número de destinos en la república mexicana, entre los cuales se encuentra Cancún, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, principales zonas turísticas del país.

Considerando que Estados Unidos emite el 53% del turismo que se recibe en el país, dichas alertas de viaje afectan directamente en sectores como el empleo e indirectamente a los agregados macroeconómicos más importantes como el PIB y la balanza de pagos.

Por otra parte el Consejo de Promoción Turística de México está atrayendo turistas de países de Sudamérica, Europa y Rusia; sin embargo el mercado natural de turistas de Estados Unidos, principal visitante a nuestro país continúa disminuyendo por la percepción de la seguridad y la violencia, según afirmaciones del presidente de la Coparmex.

En ese sentido y para no obstaculizar el desarrollo e inversión en la industria turística, es necesaria la creación de programas, proyectos y acciones especiales en materia de seguridad para los turistas nacionales y extranjeros. No obstante para hacer frente a la problemática social, se propone una reforma a la Ley General de Turismo, para que las entidades federativas y los municipios contemplen mecanismos urgentes que incentiven la seguridad para el turismo.

Por lo anterior se somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS INTEGRALES CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y ASEGURAR UNA COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

Artículo 7, fracción IX y fracción IX BIS de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

• ARTÍCULO 7, FRACCIÓN IX. Analizar, fomentar, mejorar y coordinar con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias de seguridad adscrita a la misma, los programas, proyectos y mecanismos ya existentes que favorezcan las condiciones de seguridad necesaria para favorecer el turismo así como las acciones encaminadas a salvaguardar la integridad física de los turistas nacionales y extranjeros;

• ARTÍCULO 7, FRACCIÓN IX BIS. Coadyuvar y agilizar la información con el Instituto Nacional de Migración adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para alimentar en tiempo y forma el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM).

Artículo 9, fracción XIII BIS de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

• ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XIII BIS. Promover, mejorar, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y acciones integrales ya existentes entre la Secretaría de Gobernación y demás dependencias de seguridad adscritas a la misma y las instancias estatales de seguridad y de la Ciudad de México a fin de brindar la protección necesaria y salvaguarda física de los turistas nacionales y extranjeros y proyectar un ambiente de mayor seguridad;

Artículo 10, fracción VIII BIS de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

• ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VIII BIS. Promover, mejorar, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y acciones integrales ya existentes entre la Secretaría de Gobernación y demás dependencias de seguridad adscritas a la misma y las instancias municipales de seguridad a fin de brindar la protección necesaria y salvaguarda física de los turistas nacionales y extranjeros y proyectar un ambiente de mayor seguridad;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Gobernación contarán con un plazo de 90 días para emitir los lineamientos a los que hace referencia el artículo 7, 9 y 10 del presente decreto.

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 21 que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Así, a través de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se estipula que será la Procuraduría General de la República quien “... ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos”.

De igual manera la LOAPF en su artículo 27 fracción XIX establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación “Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables”.

Asimismo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de enero de 2016, de las reformas a nuestra Carta Magna se estipuló en su artículo 21, párrafo noveno que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Con esta reforma se obliga en lo sucesivo a que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) ...

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública”.

Asimismo el párrafo segundo del Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) señala que:

“ ...

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”;

Por otra parte el artículo 10 LGSNSP precisa quienes integran el referido sistema:

Artículo 10.- El Sistema se integrará por:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Turismo no es la Dependencia de gobierno competente para el diseño de políticas públicas que atiendan la prevención de delitos, como sí lo son otras dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, quienes están obligadas a coordinarse para definirlas, toda vez que como se mencionó, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 así lo establece expresamente al constituir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalar quienes son sus integrantes y sus objetivos de manera cierta y clara, como la materia penal debe de ser construida por el poder público que tiene al gobernado frente a sí en el ejercicio de sus facultades de autoridad.

No obstante lo anterior, la Ley Federal para prevenir la Discriminación en su artículo 1 estipula que sus disposiciones “son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato” y en su fracción III define que la discriminación ”se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Con base en lo anterior, el establecer programas, categorías o distinciones exclusivas para los “turistas”, en lo referente a la seguridad publica implicaría violentar el marco jurídico vigente, por lo que esta Comisión dictaminadora determina que son improcedentes las modificaciones propuestas tal y como lo establece la autora de la iniciativa.

Finalmente es importante destacar la necesidad de armonizar la Ley General de Turismo, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, derivada de la reciente reforma a ésta última (LOAPF), por la que se faculta a la Secretaría de Gobernación para atender el despacho de los siguientes asuntos: “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.

Lo anterior permitió formalizar la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones se entienden referidas a la Secretaría de Gobernación.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:

I. a VIII. ...

IX.Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Gobernación, en los casos en que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas;

X.a XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1 segundo párrafo.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo 21 párrafo noveno.

3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículo 27 fracción XII.

Palacio de San Lázaro, México, DF, a 27 de abril de 2016.

La Comisión de Turismo, diputados:Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Maricela Emilse Etcheverry Aranda (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se ha registrado por la comisión la diputada Gretel Culin Jaime.

La diputada Gretel Culin Jaime:Con su venia, diputada presidenta. La Comisión de Turismo reconoce la gran importancia de contar con un marco jurídico sólido, el cual sea compatible con las distintas disposiciones con que esa actividad se relaciona a su vez y permita evitar conflictos e incertidumbre jurídica y contribuya a dotarlo de eficacia. En ese sentido considero pertinente mencionar que la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública tuvo en su momento la facultad de salvaguardar la seguridad interna de México, así como proteger la integridad y derechos de los ciudadanos, prevenir la comisión de delitos, desarrollar la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo federal, entre otras más.

No obstante el 2 de enero del 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se transfieren las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, surgiendo así la necesidad de actualizar la Ley General de Turismo, la cual establece hoy en día en la fracción IX del artículo 7o., que para el cumplimiento de la misma corresponde a la Secretaría de Trismo analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Publica, en los casos en los que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas.

Más allá de la compatibilidad del texto de la Ley General de Turismo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los integrantes de la Comisión de Turismo consideramos que el tema reviste con gran importancia al tratar de la seguridad interna de nuestro país y la protección de la integridad y los derechos de los ciudadanos, incluidos los turistas nacionales y extranjeros.

La seguridad es un factor determinante que incide en la decisión de las personas al momento de elegir el destino de sus próximas vacaciones. En estos términos y a través de la aprobación del presente dictamen, habremos de propiciar condiciones de certidumbre jurídica y eficacia en la aplicación de la ley para todos quienes convergen dentro del sector turístico de nuestro país.

Por lo anterior solicito a esta honorable asamblea emitir su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Gretel.

Está a discusión el presente dictamen en lo general y en lo particular. Se han registrado para fijar los posicionamientos los siguientes diputados:

Diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Socia; diputada Mirna Isabel Saldivar Paz, del Partido Nueva Alianza; diputado Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano; diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena; diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Ricardo Sheffield, del Partido Acción Nacional, y la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo subsecuente tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Partido Encuentro Social, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, adelante.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, diputada presidenta. Amigas diputadas y amigos diputados, para el Partido Encuentro Social, todo lo que tenga que ver con la seguridad de los que visitan a este país, y por supuesto los que viven en este país, es sumamente estratégico fundamental, así lo marcan nuestros documentos básicos y así lo expresamos votando a favor de este dictamen que es estratégico, fundamental, en materia de desarrollo económico, sustentable.

Creo que ahí está la importancia de este proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Turismo. Es importante reconocer la cantidad de millones de extranjeros que nos visitan, más de 19 millones por año.

Es importante también reconocer la cantidad de turismo interno nacional que visita los puntos turísticos del país, y por supuesto encontramos una gran relevancia, legítima importancia de aquellos países que cumplen con su deber de anunciarle a sus connacionales, a sus representados qué lugares pueden ser visitados y cuales no en materia de seguridad, en materia de violencia, aquellos que representen un peligro para sus representados tienen el deber legítimo de avisar en tiempo y forma, y más aún nosotros, como país, cuidar a los visitantes, a los connacionales, que de manera turística viajan de un estado a otro, de un lugar a otro, modificando la ley, dando un marco jurídico para que este marco jurídico sea congruente y se puedan coordinar tanto la Secretaría de Turismo como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Gobernación, que es la que asumió esa responsabilidad en materia de seguridad pública. De eso se trata esta reforma, armonizar para poder coordinar. Y como Estado-Nación tenemos la obligación de brindarle este vital derecho humano a los ciudadanos; a todos, extranjeros y nacionales.

Por eso hoy nosotros venimos con toda certeza legislativa a decirles que vamos a votar a favor de este dictamen. En la pertinencia del dictamen encuentra en el contexto de las alertas para turistas emitidas por diferentes países su mayor expresión. Esa es la gran realidad, compañeras diputadas y amigos diputados.

Esto es, si bien reconocemos el derecho de los gobiernos a disuadir a sus ciudadanos de viajar a nuestro país, ya que en muchos de los destinos turísticos se encuentran focos de violencia, pues es su obligación imperativo, legislativo armonizar la ley para que las dependencias ocupadas en salvaguardar la seguridad de los que nos visitan tengan certeza jurídica y puedan actuar con acciones muy firmes y sin pretexto alguno, esto es, el derecho público obliga al servidor público a hacer lo que expresamente le dice la ley.

Y lo que hoy estamos aprobando con el voto de la mayoría en su momento es precisamente brindar una responsabilidad, una obligación que tiene todo ente, todo Estado-Nación de salvaguardar por la seguridad de sus visitantes.

Y para el Partido de Encuentro Social encuentra una oportunidad, porque sabemos todos que desde el punto de vista económico el turismo se ha convertido en eso que tantos países desean, diversificar la economía. Y las divisas del turismo es un ingrediente, es un elemento, es un factor que nos permite observar que México cada vez se va diversificando su economía.

Las divisas por este concepto de turismo son cada vez mayor, las primeras tres o la segunda, para ser más preciso de lo que significa los ingresos en materia de prestación de ese servicio. Considero importante pues darle seguridad a los que nos visitan para poder estar y ser congruente.

Una economía entre más diversificada es más fuerte, y el turismo genera desarrollo económico sustentable. Y lo que hoy hacemos es elemental, por eso vamos a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Guízar.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Aitzaz Ahmed, embajador de la República Islámica de Paquistán en México, quien ha sido testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad México-Paquistán, presidido por el diputado Abel Murrieta Gutiérrez.

Este cuerpo colegiado le da la más cordial bienvenida, señor embajador, y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración, los lazos de amistad entre ambas naciones. Bienvenido sea.

A continuación tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo busca reformar la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo, a fin de fortalecer la seguridad para los turistas en nuestro país.

Para todos los mexicanos es evidente el incremento de la inseguridad en las calles. De lo anterior no sólo son víctimas los habitantes de las localidades, sino también quienes las visitan con fines turísticos.

Derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 29 de enero de 2016, se estableció en el artículo 21, párrafo noveno, que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución, la sanción de las infracciones administrativas y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El mismo artículo señala que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. Así, dado que lo que se pretende es incrementar seguridad para los turistas en el país, es preciso armonizar el texto de la Ley General de Turismo con las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Gobernación en este sentido, mismas que se establecen en la fracción XII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra señala:

Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de la administración pública federal.

La reforma que se propone por parte de la comisión reforma la fracción IX del artículo 7, para que la Secretaría de Turismo coadyuve con la Secretaría de Gobernación, cuando sea necesaria la protección de los turistas.

En Nueva Alianza sabemos que las divisas que generan la actividad turística en el país son una forma de fomentar el crecimiento económico. No podemos permitir que la inseguridad y la criminalidad arrebaten a la ciudadanía esta oportunidad de desarrollo, precisamente por esta razón apoyaremos el dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Saldívar. A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Delfina Gómez Álvarez.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenos días. Con su venia, presidenta. Compañeros y compañeras diputados, Morena votará a favor de esta iniciativa, porque sabemos la importancia económica que tiene el sector dentro de la economía del país y, en particular, de los estados cuya principal fuente de divisas proviene de los turistas, en donde la economía de muchos de nuestros ciudadanos depende de ella.

Por esa razón, consideramos y apoyamos totalmente todas las acciones que haga la Secretaría de Turismo y Gobernación, en donde deberán implementar todas las medidas necesarias para establecer un control efectivo de la delincuencia que afecta a las zonas turísticas.

Deberán contar con un programa de gestión de riesgos, medidas preventivas en caso de desastres naturales, pues no podemos perder de vista que en nuestro país los huracanes son eventos cada vez más frecuentes y de mayor fuerza.

También se deberá contar con padrones actualizados y certificados de prestadores de servicios, refiriéndonos a zonas hoteleras, de transporte, de restaurantes y recreativos y además algo que no debemos perder de vista y que no podemos pasar por alto es que México no solamente está ocupando uno de los primeros lugares como destino turístico no grato; es decir, que también ocupa uno de los primeros lugares en turismo sexual infantil, este mal lacera a nuestra sociedad, destruye y perjudica la imagen de nuestro país y en este aspecto también tenemos que hacer las acciones pertinentes, ya que esta clase de turismo es la que no queremos y no debemos proteger, esta clase de turismo debemos erradicar, logrando con ello la recuperación, no solamente de la imagen como sociedad, sino como país.

Que México sea un país con destinos turísticos sanos, seguros, para que visitantes disfruten de toda la riqueza cultural que México tiene que ofrecerles y además, insisto, que beneficiaría a nuestra economía.

Por ello, la iniciativa que reforma los artículos 7o., 9o. y 10o. de la Ley General de Turismo, a cargo o que representa o que presenta nuestra compañera la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda la recibimos con mucha alegría, porque finalmente el turismo es lo que nos puede ayudar a nuestra economía, y bueno, se vota a favor. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Gómez. Tiene a continuación la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez:Con la venia de la Presidencia. Amigos y amigas, diputados y diputadas, a lo largo de los últimos años el turismo ha contribuido a generar una bonanza económica para diversos países y en el cual México no es ajeno a esta bonanza.

Es importante mencionar, que gracias a este crecimiento el turismo se ha logrado situar como uno de los sectores económicos más dinámicos en este sentido. El turismo se ha convertido, sobre todo para países como el nuestro, en un motor fundamental para el progreso económico.

Las cifras vertidas por la Secretaría de Turismo dan cuenta de lo anterior, por ejemplo, el titular de esta dependencia afirmó que en los últimos 10 años esta industria ha generado casi el mismo número de empleos que aquellos creados por el sector primario.

No cabe duda entonces, que nuestro país está viviendo un gran momento en el sector turístico, ejemplo de lo anterior, es que de enero a mayo de 2016 llegaron vía aérea a nuestros aeropuertos 11 millones de pasajeros, lo cual equivale, en un incremento del 12.4 por ciento, con respecto al mismo periodo del año 2015.

En lo que tiene qué ver con el tema del turismo local, citando cifras de Datatur, el arribo de turistas nacionales a hoteles mexicanos registró un incremento del 11 por ciento durante el periodo comprendido de abril a agosto de 2016, con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual equivale a 12 millones de turistas mexicanos que visitaron atractivos turísticos nacionales.

Cabe destacar que entre los destinos con mayor incremento en la llegada de turistas nacionales se encuentra el puerto de Acapulco, el cual recibió casi dos millones de visitantes locales que ocuparon alguno de sus hoteles, lo cual presentó una alza del 7.5 por ciento con respecto al 2015.

Sin embargo, y a pesar de las muy positivas cifras vertidas con anterioridad, no podemos soslayar que existe un inconveniente que tiene el potencial de dañar gravemente el auge de la industria turística mexicana. Nos referimos primordialmente a la percepción de inseguridad que surge a partir de la violencia generada por el crimen organizado en diversas latitudes de nuestro país.

Ejemplo pragmático es el destino turístico mexicano por excelencia, el cual fue la principal atracción turística nacional, pues encantaba no solo a grandes masas de turistas sino también a visitantes distinguidos, artistas, a empresarios del ámbito cultural y deportivo, como nos referimos, como lo es Acapulco. El cual ha pasado por severas crisis, consecuencia de la percepción de inseguridad que registra.

En la actualidad Acapulco subsiste gracias a la lealtad y a la fidelidad del turismo nacional. Pero el turismo extranjero y de crucero se ha alejado del puerto. Si bien es cierto que el apoyo del gobierno de la República, en materia tanto económica como de seguridad, ha sido muy valioso, recuperar la confianza de los visitantes extranjeros que hoy ven como un riesgo visitar a Acapulco nos va a tomar varios años.

En ese sentido y para no obstaculizar el desarrollo e inversión en la industria turística es vital la implementación y creación de programas, proyectos y acciones, especialmente en materia de seguridad para los turistas nacionales y extranjeros.

El presente dictamen propone una reforma a la Ley General de Turismo, con la finalidad de que la Secretaría de Turismo pueda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, determinar los casos en que sea necesaria la intervención de la fuerza del orden para garantizar una adecuada protección de la vida íntegra y patrimonio de quienes visitan nuestro país.

Por este motivo y buscando fortalecer el sector turístico nacional, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la presente reforma. Aprovecho, ya que estamos hablando de turismo, a que visiten Chiapas y déjate Chiapasionar con ellos. Gracias y buenos días para todos.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputado Avendaño. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Luis Ernesto Munguía González:

El diputado Luis Ernesto Munguía González:Con su venia, señora presidenta. Amigas y amigos diputados. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, en 2015 México se colocó en el décimo lugar de las naciones más visitadas, pues durante este año se tuvo un registro de 29.1 millones de turistas en territorio nacional. Los ingresos derivados del turismo representan un elemento esencial que impulsa la actividad económica en las zonas turísticas, por lo que el asegurar el bienestar de los turistas es factor determinante para mantener dichas divisas.

La inseguridad dentro de las zonas turísticas del país incide directamente en la afluencia de viajeros, pues esto solo genera mala publicidad hacia estas zonas y disminuye su competitividad frente a otras naciones que, aunque no cuenten con la calidad de paisajes que ofrece nuestro país, estas sí brindan una mayor seguridad a sus visitantes, ofreciendo la confianza para que los turistas puedan vacacionar de manera apacible y mucho más segura.

La falta de seguridad dentro de las zonas turísticas es un gran obstáculo que diezma la calidad de vida de las personas que dependen directamente del turismo, pues estas en su mayoría tienen como fuente de empleo alguna actividad relacionada al turismo de la región.

Los programas requeridos para realizar una estrategia que permita asegurar la integridad física de los turismos no deben correr a cargo de la Secretaría de Turismo, ya que es la Secretaría de Gobernación la encargada de llevar a cabo las acciones que permitan garantizar la seguridad pública de la nación, así como de sus habitantes. Además de que esta debe coadyuvar a la prevención del delito.

Esperamos que el apoyo por parte de la Secretaría de Gobernación fortalecerá el combate a la inseguridad dentro de las zonas turísticas del país, pues es esta la que cuenta con herramientas necesarias para brindar un mejor apoyo a la Secretaría de Turismo, para establecer estrategias que permitan reducir los índices delictivos.

Yo, por ejemplo, les comento el caso de mi municipio, Puerto Vallarta, que en carne propia vivimos un asunto en el que al parecer hubo un ajuste entre cárteles y sí afectó a la imagen del turismo, a la imagen de nuestro destino. En ese sentido, en el caso de mi bancada y los diputados ciudadanos tenemos la certeza que el cuidado de los turistas es la principal, en la cuestión de objetivos de dicha iniciativa, por la que estamos conscientes de que ello ayudará a la protección de una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Saucedo Reyes, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Araceli Saucedo Reyes:Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que hoy está a discusión básicamente consiste en la buena coordinación que tiene que existir entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Gobernación, a fin de poder brindar la seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que se encuentran en nuestro país. De las múltiples relaciones que pueden establecerse, es acertado suponer que en una localidad o región del interior del país cuando los índices de la comisión de delitos se incrementan, la demanda de los servicios turísticos disminuye.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD coincide que se está avanzando y que va por buen camino al aprobarse este dictamen. La seguridad en las calles y en los hogares crea ambientes desfavorables de convivencia que pueden alterar la oferta de servicios turísticos, un ambiente inseguro genera una percepción de desconfianza en las personas que buscan un lugar para la recreación y el ambiente de descanso familiar. Si las personas están en busca de un lugar de esparcimiento, la confianza de estar seguro de sentirse que se encuentran a salvo, tanto en sus bienes como en su persona, la seguridad que se ofrezca y que la localidad le ofrece sin duda se vuelve importante.

Ése es el punto de mayor relevancia del dictamen, pues nos llama la atención sobre los temas sustantivos que tenemos que atender para el fomento de la industria turística. Esa es la importancia del dictamen que hoy está a discusión, una reforma que de manera precisa modifica los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo, el cual señala las actividades y los mecanismos de coordinación entre la dependencia encargada de regular la actividad turística y la encargada de asegurar los mecanismos de coordinación para la seguridad de las personas. Recientemente esta Cámara discutió el derecho humano a disfrutar del esparcimiento a través de la actividad turística.

Hoy, en concordancia con nuestra posición de impulsar toda iniciativa que tenga como fin el más amplio goce de derechos y la más alta responsabilidad del Estado, sin duda el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor este dictamen, y más congruente con este posicionamiento, mantendremos una postura crítica en la instrumentación de las reformas que se aprueban en materia de seguridad y fomento a la actividad turística. Actividad que desde ahora será vista bajo el lente de los derechos humanos y esto por lo tanto lo vuelve en un interés público.

Es por todo lo expuesto, al aprobar este dictamen esta soberanía está mandando un mensaje optimista a los ciudadanos nacionales y extranjeros que se encuentran en nuestro país; mensaje que no puede volverse demagogia si no resolvemos el escenario de las finanzas públicas, porque no es posible reconocer derechos y señalar responsabilidades del Estado si no se acompaña de un presupuesto adecuado.

Los espacios turísticos como son en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Villahermosa y en Morelia, Michoacán, sin duda son por esos monumentos históricos, por esas bellezas naturales e incluso porque son parte del patrimonio de la humanidad, y deben promoverse esos recursos suficientes para una infraestructura adecuada que brinde servicios de calidad, lugares que deben contar con las políticas y la coordinación que asegure la paz y la tranquilidad de las personas.

Aprobar el presente dictamen supone un compromiso de quienes así lo deciden. Compromiso que debe verse reflejado en el futuro de la generación de instrumentos jurídicos, financieros y de seguimiento adecuado.

En el Grupo Parlamentario del PRD asumimos un compromiso y mantendremos la firme tesis de que, a mayor presupuesto equilibrado mejor será la solución para asegurar el derecho humano a una libre recreación. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Araceli. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Francisco Sheffield Padilla. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla:Señoras y señores diputados, el dictamen que se encuentra a discusión pretende reformar la fracción IX del artículo 7o., de la Ley General de Turismo, para sustituir la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, por la Secretaría de Gobernación.

En Acción Nacional consideramos que el dictamen es viable para su aprobación, tomando en consideración la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2003.

El hecho de que la Secretaría de Gobernación asuma las facultades de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, no se limita en su actuar, por el contrario, asume el compromiso de atender con toda puntualidad las necesidades que se tienen en materia de seguridad nacional, del que se incluyen los destinos turísticos.

Cabe destacar que la Secretaría de Gobernación está al frente de la Estrategia de Seguridad, y se hace cargo de la Policía Federal para garantizar el desempeño de su personal con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal. Asimismo la Secretaría de Gobernación se debe coordinar con las autoridades de los estados, los municipios y la ciudad de México que soliciten su apoyo en materia de seguridad, como ha sido el caso en zonas turísticas del estado de Guerrero y Michoacán, entre otros.

Sin duda que coincidimos con los fundamentos del dictamen en el sentido de que el actuar de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Es así que estos principios también deben de prevalecer para que todos aquellos extranjeros que visitan los diferentes destinos turísticos de nuestro país, también requiere de la seguridad de nuestras instituciones. No podemos hablar de fomentar el turismo si no propiciamos las mínimas condiciones de seguridad para que ese atractivo también se vuelva en condiciones seguras para quienes viajan.

Compañeras y compañeros, es la seguridad la tarea básica de cualquier estado y de sus instituciones, y sin lugar a duda, el turismo es una de la actividades económicas más importantes para México.

Por ello es que Acción Nacional ve con buenos ojos que la Secretaría de Turismo coadyuve con la Secretaria de Gobernación para desarrollar programas y acciones de protección y atención a los turistas, tanto los nacionales como lo extranjeros, cuidando la integridad y el patrimonio de todas las personas que viajan, porque sólo así podrá seguir creciendo este sector y podremos seguir siendo uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado Sheffield. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Azul Etcheverry Aranda. Adelante, diputada.

La diputada Azul Etcheverry Aranda:Estimados legisladores y legisladoras. Estimada presidenta, con su venia. Desde esta tribuna, testigo de la construcción del México que todos queremos, quiero expresar en una sola voz, una preocupación referente al decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General de Turismo para establecer estrategias integrales con la Secretaría de Gobernación y asegurar una coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad.

El 2 de enero de 2013 se publicó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 27, fracción XII, donde desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se faculta a la Secretaria de Gobernación como la instancia encargada en formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación.

Asimismo, se reformó la fracción 13 Bis donde se establece que la misma Secretaría de Gobernación deberá proponer acciones para asegurar la coordinación entre la federación y los estados, y los municipios, en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este sentido, quiero resaltar que la seguridad pública es un elemento que favorece a distintos sectores, entre ellos –y lo enfatizo– la relación al turismo en México. Este sector es un gran impulsor del crecimiento económico de nuestro país, ya que directa e indirectamente contribuye con el desarrollo de las actividades económicas que satisfacen las demandas de los visitantes. Además de ser una de las mayores fuentes generadores de inversión y empleo, y que incentiva el dinamismo de la economía en su conjunto, equilibrando la balanza comercial.

Según los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo de México, presentado por el Inegi, en su Sistema de Cuentas Nacionales de México en el 2013 la participación del turismo es del 8.7 por ciento, bajando en el 2014 al 8.4 por ciento, así como en el 2015 bajó al 8.2 por ciento. La Secretaría de Turismo informó que tiene que haber participación y que tenemos que hacer que se apruebe esta dictaminación.

Cabe mencionar que el 53 por ciento de los turistas extranjeros que visitan el país provienen de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia, Argentina y España, de ahí que el sector turístico representa una herramienta importante para reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo en las diferentes regiones del país, pues el turismo emplea aproximadamente 3.1 millones de personas, donde el 58.4 por ciento son mujeres, desde la perspectiva de género constituye un gran avance.

No obstante, queridos compañeros, quiero recalcar en esta tribuna que la incidencia delictiva es un tema que debilita en gran medida al sector turístico en varias entidades federativas.

De 2007 al 2015 el sector ha disminuido su competitividad respecto a otras naciones, y uno de los factores ha sido el aumento de la incidencia delictiva en algunas zonas del país. Esto provocó que entre el 2013 y el 2014 hubiera una disminución de turistas extranjeros de casi el 4 por ciento. Es evidente que el aumento de la incidencia delictiva tiene una relación directa con la disminución del turismo.

Un ejemplo claro que repercute al turismo de extranjeros a México ha sido la postura del gobierno de Estados Unidos, ya que desde su página de internet de sus embajadas y de sus consulados, han emitido alertas de viaje para denunciar que en algunos lugares de México no es un destino grato debido a la violencia que se presenta.

Tan solo en 2015, los Estados Unidos han emitido 19 alertas de viaje con avisos de prevención para distintos lugares, que entre ellos están Cancún, Acapulco, Oaxaca, Guanajuato, Puerto Vallarta y Ciudad de México, principales zonas turísticas de nuestro país.

Si consideramos que los turistas de Estados Unidos representan el 53 por ciento del turismo que recibe este país, estas alertas de viaje afectarán directamente al empleo e indirectamente al producto interno bruto. Entonces la incidencia delictiva tiene un efecto muy negativo en el sector turístico y de la derrama económica.

En este sentido, y para promover el desarrollo e inversión de las industrias turísticas, es necesario que se promuevan más acciones especiales en materia de seguridad para los turistas nacionales y extranjeros.

Para hacer frente a esta situación deseo hacer un posicionamiento para que las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara aprobemos en conjunto la propuesta que hoy les presento, a fin de reformar la Ley General de Turismo, para que las entidades federativas y los municipios contemplen mecanismos urgentes.

En suma, esta iniciativa propone cambiar el artículo 7, fracción IX, sustituyendo a la extinta Secretaría de Seguridad Pública por la Secretaría de Gobernación, y se adicione la fracción que permita fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación a fin de que se garantice la seguridad de los extranjeros.

En este sentido, y siendo el turismo una de las principales fuentes de ingreso de México, proponemos también fortalecer las estrategias de promoción turística con la Secretaría de Gobernación, para que certifique la seguridad e integridad física de los turistas nacionales y extranjeros.

Gracias a todos los diputados y diputadas que aprobaron este dictamen y a mi Grupo Parlamentario, el PRI, gracias por apoyar. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Etcheverry.

Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de líderes del distrito 24 de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor.

De igual forma, saludamos a alumnos de la Universidad Cuauhtémoc, de Querétaro, invitados por el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos. Damos cuenta a su vez, y nos congratula, la presencia de vecinos de Iztacala, Estado de México, invitados por el diputado Román Francisco Cortés Lugo. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen que estamos en este momento abordando.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema puede emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 414 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 414 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX, del artículo 7, de la Ley General de Turismo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba y se solicita respetuosamente al gobierno mexicano, lleve esta postura a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados, realiza una respetuosa petición al Congreso de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba, con base en los principios de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de octubre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda la presencia, en esta sesión, del consejero político de la Embajada de Cuba, señor José Alberto Prieto, así como del tercer secretario Dany Tur, quienes fueron invitados por el Grupo de Amistad México-Cuba. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidenta, compañeras, compañeros diputados, celebramos la presencia de los representantes de la embajada de Cuba y quiero decirles y expresarles en nombre de los diputados y las diputadas ciudadanas que no solo apoyaremos este punto, sino que desde el año pasado los diputados y las diputadas ciudadanas lo propusimos. Así que nos congratulamos de que hoy la Jucopo lo haya retomado y todas y todos lo aprobemos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ochoa.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 3 de marzo de 2016, la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXIII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta la diputada Rocío Matesanz muestra preocupación por la participación de la comunidad escolar dentro del Sistema Educativo Nacional. Para la diputada promovente, la educación es “el motor que promueve el bienestar de un país”, ya que el nivel de educación que posee cada uno de los ciudadanos les permite demostrar sus conocimientos, valores y habilidades en el desarrollo de tareas, ya sea en el ámbito laboral como en el personal.

Por ello, la educación es de gran importancia para el progreso del país, “es una tarea que afecta a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a las familias”.

En la actualidad, en México se está viviendo uno de los momentos significativos del país con la Reforma Educativa, de ahí que este proceso requiera de la participación pro-activa de las autoridades, los maestros y padres de familia, con el fin de crear “canales y hábitos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre los tres sectores básicos del sistema educativo nacional”.

No obstante, es necesario señalar que los padres de familia son “los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar y confiar en sus decisiones”. Así como lo menciona Fernando Martínez en su investigación, donde determina que las prácticas familiares son el factor que influye en el desempeño del estudiante.

La promovente hace mención que en el Panorama Educativo de México 2014 publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), muestra que sólo dos a tres alumnos de diez que estudian el tercer grado de primaria, son apoyados en sus hogares con las tareas escolares. Además, el INEE, “asegura que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes”.

En Estados Unidos de Norteamérica, desde el 2005, el Departamento de Educación distribuye un documento titulado “Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar”, con esto pretende que los padres de familia se involucren en las actividades escolares de sus hijos para que éstos tenga mayor éxito en sus estudios. Además, de que es indispensable que participen con los profesores y autoridades en los planteles escolares.

Por otra parte, la Ley General de Educación “tras la reforma de septiembre de 2013, tiene entre sus principales objetivos, asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes”.

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las líneas de acción del apartado México con Educación de Calidad, determina que se debe “actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y los alumnos”, y “Definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles educativos”.

Además la diputada en su iniciativa, realiza un comparativo de las Leyes de Educación Española y de Chile, y observa que existe un énfasis “en la obligatoriedad de la participación de los padres de familia en los consejos o centros de padres y apoderados, así como la obligatoriedad de respetar y fomentar el respeto a las autoridades y componentes de la comunidad educativa”.

Por ende, la promovente tiene el firme propósito de que la educación de calidad es una responsabilidad tanto del estado como de la sociedad para “lograr ciudadanos plenos; pero al mismo tiempo, cambiar la inercia de centralizar en autoridades educativas y maestros, el proceso educativo”.

La finalidad de esta propuesta es fortalecer la participación de los padres de familia, ya que éstos “no visualizan la importancia de su relación con la escuela como un medio que favorece el desempeño académico de los hijos. Y por otra parte, se puede afirmar que el punto más crítico de la participación de los padres está referido a su relación con los docentes”.

III. CUADRO COMPARATIVO

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, son de interés los dos temas que la propuesta de la diputada Rocío Matesanz presenta; uno es el fortalecimiento de la participación de la comunidad escolar en los programas o actividades que llevan a cabo las autoridades educativas en los planteles escolares, y el segundo, sobre las obligaciones que tienen los padres de familia dentro del proceso educativo de los hijos.

Participación Social

En lo que respecta a la participación social, desde los años 90 ha jugado un papel muy importante dentro del ámbito educativo, ya que el concepto hace referencia a la actuación y colaboración de las autoridades educativas escolares, locales y federales, padres de familia, sociedad civil, entre otros, en la organización, seguimiento y supervisión de las actividades que se desarrollan en la escuela. La Participación Social es una “vía para lograr una mayor relevancia, pertinencia y calidad de la educación que se imparte en los planteles educativos”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoce que la educación es un compromiso a nivel mundial. Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, las autoridades escolares, los estudiantes y padres de familia están colaborando para que la educación sea un “derecho fundamental y como tal, un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI”. Por ende, la UNESCO menciona que es necesario crear y legitimar los canales de comunicación y consulta que faciliten la articulación de actividades y la mejora de los procesos de gestión escolar entre los diversos actores de la educación.

“El involucramiento de nuevos actores en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas educativas permite que la sociedad esté representada, otorgando una visión plural que contribuya al diseño de políticas legitimadas y sostenibles, que promuevan una mayor calidad de la educación con igualdad de oportunidades”.

En lo que respecta a la participación de los padres de familia en la educación, la UNESCO indica que la participación de las familias en la actividades escolares de sus hijos, es un tema que se viene discutiendo, por la importancia que genera el vínculo familia-escuela-desempeño escolar de los estudiantes, por el reconocimiento de los padres como primeros educadores en la vida de su hijo y porque la familia es un espacio esencial para el aprendizaje. Por tanto, la participación de la familia en la educación es entendida como:

“la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la preocupación por participar es el niño concebido en su integralidad y como sujeto de derechos, puede implicar actuar tanto en el campo educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo”.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se menciona que la Reforma Educativa permite “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, además de fomentar que la educación sea una tarea compartida entre directivos, docentes, alumnos y padres de familia. En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se señala que la educación es responsabilidad de todos. “Autoridades, maestros, alumnos, padres de familia, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, grupos filantrópicos y la sociedad en su conjunto habremos de trabajar armónica y constructivamente para el mejoramiento educativo que el país requiere”.

En el Marco Normativo Mexicano, en el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) se determina que el sistema educativo nacional debe “asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7º”. En el artículo 10 de la ley en mención, los padres de familia constituyen parte del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, en dicha ley, se instituyen dos figuras importantes para la participación de los padres de familia en la educación: los Consejos Escolares de Participación Social y las Asociaciones de Padres de Familia.

Como puede observarse la participación de la comunidad escolar es uno de los temas esenciales en el ámbito educativo, donde directivos, profesores, alumnos y padres de familia pueden contribuir de manera conjunta en las actividades escolares con el fin de lograr una mejora educativa.

Cabe señalar, que dentro de la política educativa de este Gobierno, existen programas estratégicos que tienen como objetivo lograr una educación incluyente y de calidad. Estos programas prioritarios de la educación son: el de inclusión digital, reforma educativa, escuelas de tiempo completo, inclusión y equidad educativa, convivencia escolar, fortalecimiento de la calidad educativa, entre otros. Todos ellos, requieren de la participación de toda la comunidad escolar.

No obstante, rescatando la importancia de impulsar y promover la participación de la comunidad escolar en estos programas estratégicos, las autoridades federal y locales, de manera concurrente, deben tener como atribución la de “informar a la comunidad escolar sobre la importancia, los beneficios y las modalidades de participación”, para que los directivos, profesores, alumnos y padres de familia participen de manera activa en la mejora educativa y se fortalezca la relación de la escuela con su entorno.

Obligación de los Padres o Tutores

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen derechos y obligaciones para todos los mexicanos; dentro de las obligaciones los mexicanos deben “hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior” (fracción I, artículo 31).

Esa obligación crea un vínculo importante con la escuela, ya que la escuela y la familia son dos instituciones esenciales para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. No obstante, se espera que los padres de familia participen y actúen en la tarea educativa, no solo por la obligación que se establece en la Carta Magna, sino por la concientización de la trascendencia que tiene la educación en el ser humano. “Tomar conciencia significa entonces, darse cuenta de los aspectos disfuncionales, identificando sus causas y proponiendo alternativas de solución para superar las situaciones indeseables” Sin embargo, los padres de familia se integran a la escuela de manera circunstancial (por los hijos en edad escolar), y en ese momento “se contraen las obligaciones inherentes a la recepción de un servicio gratuito, además de los derechos que llevan implícitos dichas obligaciones”.

Una de las obligaciones que la Diputada propone, es que la participación y colaboración de los padres de familia en los consejos de participación social sea una obligación, pero este, es un derecho que ellos tienen, ya que la asociación de padres y los consejos de participación social son dos figuras que permiten la participación democrática en el sistema educativo como lo señala la fracción IV del artículo 66, que a la letra dice: “formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social”.

Otra de las obligaciones que propone la diputada Matesanz, es que los padres de familia inculquen a sus hijos el respeto por las autoridades escolares y las normas de convivencia, con esto se reforzaría una de las actividades establecidas en el artículo 33 de la Ley General de Educación que es la de apoyar y desarrollar “programas, cursos y actividades que fortalezcan (...) el respeto a sus maestros” (fracción XV) y uno de los criterios de la educación “contribuir a la mejora de la convivencia humana”. Además los padres de familia, estarían colaborando para que la escuela recupere “el respeto y el apoyo al quehacer de los maestros, esenciales para el logro de los fines de la educación”, como lo menciona el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14 y 66 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo Único. Se adicionan una fracción XII Sextus al artículo 14 y la fracción VI al artículo 66 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XII Quintus. ...

XII Sextus. Informar a la comunidad escolar los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas;

XIII. ...

...

Artículo 66. ...

I. a III. ...

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos, y

VI. Inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a las autoridades escolares y a las normas de convivencia en la escuela.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Observatorio Ciudadano de la Educación (2008) Participación social en educación. Recuperado el 16 de mayo de 2016, desde: http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/205/11_educacion_participacion%20 social.pdf

2 UNESCO (2000) Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s. pdf

3 UNESCO. Participación y compromiso social. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=8114 &URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

4 UNESCO (2004) Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf

5 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://pnd.gob.mx/

6 SEP (2013) Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIA L_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

7 Rodríguez Lares, Juan José (1998) Tesis “La participación de los padres de familia en la escuela primaria pública: naturaleza y perspectiva”. Pág. 84. Recuperado el 16 de junio de 2016, desde: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Juan%20Jose%20Rodriguez%20Lares.pdf

8 Ibídem. 85

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de agosto de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Matías Nazario Morales (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez, Carlos Gutiérrez García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Adolfo Mota Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Matesanz Santamaría, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Rocío Matesanz Santamaría:Con su venia, diputada vicepresidenta. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país y el nivel educativo de sus ciudadanos determina la capacidad para competir con éxito en todos los ámbitos y afrontar los desafíos que se les planteen en un futuro.

Una reforma como la educativa requiere de sumar esfuerzos, de tener claro el papel que jugará cada sector de la sociedad civil. De ahí que las autoridades, maestros y padres de familia deben asumir un papel más proactivo en el proceso educativo. Deben crear lazos y canales que permitan restaurar el equilibrio y fortalecer las relaciones de los tres sectores básicos de nuestro sistema educativo nacional. La participación de las familias en la educación es un derecho básico en las sociedades democráticas. Y como tal, es un derecho que debiera llevar aparejada la garantía por parte de los poderes públicos.

Por ello, actualmente, nuestra Ley General de Educación reconoce que las familias pueden y deben tener presencia en la vida de las escuelas a través de los órganos constituidos para tal efecto, que son los consejos de participación social o las asociaciones de padres de familia.

Así, estos consejos y asociaciones se convierten en canales que teóricamente permiten conocer el sentir general de la sociedad civil, además permiten dirimir las diferentes concepciones de lo que debe ser la acción escolar en conjunto y los diferentes intereses presentes en el plantel educativo.

Lo anterior hace evidente la necesidad de realizar cambios inmediatos y sustantivos en la educación y además es muy importante reconocer que la escuela sola tiene muchas más dificultades para conseguir el éxito de sus alumnos. Se necesitan cambios en la normatividad, los programas, el currículo educativo e incluso en la formación de los docentes para comprender y respetar a los padres de familia, y además, a los miembros de la sociedad civil.

En razón de lo anterior, la política de participación de los padres de familia o tutores en la formación escolar de sus hijos plantea una misión en común: que la educación pensada como formación y promoción de valor y actitud vital solo se puede realizar plenamente si se trabaja en conjunto.

En razón de lo anterior, proponemos adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para establecer como atribuciones de las autoridades educativas federales y locales de manera concurrente informar a la comunidad escolar, especialmente a los padres de familia o tutores, los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas, a fin de que puedan coadyuvar en el proceso educativo de manera responsable e informada.

Por lo que toca al artículo 66 de la misma ley, se busca adicionar la fracción VI a fin de establecer la obligación para quienes ejercen la patria potestad o la tutela, de inculcar en sus hijos o pupilos el principio por el cual deben respetar y hacer respetar a las autoridades escolares y las normas de convivencia social.

En conjunto, esta propuesta busca fortalecer la participación de los padres de familia en el proceso educativo nacional y además la formación en valores mediante el respeto y consideración hacia quienes ejercen la profesión de enseñar, formar y educar a nuestros hijos, que son los docentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 y la fracción VI al artículo 66 de la Ley General de Educación. Diputada Vicepresidenta, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Matesanz.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlame4ntario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

Por el Partido Encuentro Social, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, quien tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, para quienes hacemos e integramos al Grupo Parlamentario de Encuentro Social, promover el reconocimiento de la participación de los padres de familia y tutores en el fenómeno educativo a través de la producción legislativa, que les garantice una mejor y mayor participación en los órganos de participación escolar, representa una asignatura que se tiene pendiente y que en esta ocasión venimos como Poder Legislativo a subsanar y como bancada permanentemente en pro del bienestar de las familias a respaldar. Tenemos la convicción, en el sentido que una mayor inclusión familiar en la educación formal necesariamente aportará a una mejor formación personal e incrementará las posibilidades de éxito académico de los educandos.

Por lo anterior, en Encuentro Social estimamos que las modificaciones planteadas en el dictamen que hoy nos ocupa, en tanto busca el favorecer y orientar la colaboración comprometida de los padres o tutores en los procesos de aprendizaje, información, formación y desarrollo de los estudiantes, tienen la apariencia del buen derecho y merecen, en consecuencia, nuestro apoyo.

Coincidimos a plenitud en el espíritu y la letra del dictamen, pues la participación de los padres de familia y tutores en la gestión escolar a través de políticas, acciones y recursos que ayuden a estrechar el vínculo entre las familias y la escuela, constituyen un pilar de hecho educativo que necesitaba ser rescatado por la legislación nacional. Una efectiva interacción entre las familias y el resto de los integrantes de la comunidad escolar, reestructura a la educación como una misión social en la cual tanto autoridades como docentes, alumnos y padres de familia dignifican su espacio de responsabilidad compartida.

En la misma lógica, resulta digno de ser considerado como un gran acierto del dictamen el que se establezca la obligación a cargo de los padres de familia y tutores de propiciar en los hijos y pupilos el respeto a las autoridades escolares y las normas de convivencia escolar.

En tiempos de crisis y confusiones de valores, la formación integral de los educandos y respetar abiertamente el principio de interés superior de la niñez, significa sembrar un futuro de mejor convivencia social para el bien de todo México.

En nuestro grupo parlamentario sabemos de la importancia de infundir valores a nuestras niñas y niños, pues no conocemos ni entendemos mejor manera de formar futuros ciudadanos comprometidos solidariamente en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad.

Por lo antes expuesto, las y los diputados federales de Encuentro Social votaremos en favor del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.

Esto lo sabemos: La participación más activa y responsable de los padres de familia y tutores en la formación cívica y académica de sus hijos y pupilos, nos ayudará como nación a superar los desencuentros y alcanzar el mejor de los encuentros, el encuentro social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Perea.

Esta Presidencia saluda la presencia en esta sesión del grupo de estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón, de Veracruz, invitados por la diputada Gabriela Ramírez Ramos.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia. Saludo con respeto a las compañeras y compañeros legisladores. Nueva Alianza hace uso de la tribuna para posicionar el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII Sextus al artículo 14, y a la fracción VI del artículo 66 de la Ley General de Educación.

La construcción de políticas que posibiliten la participación ciudadana en la definición y gestión de lo público, es una prioridad estratégica de nuestra agenda legislativa, siendo la educación la garantía y el derecho de todo mexicano, que tiene como libre para alcanzar una vida democrática y plena, es necesario contribuir a los mecanismos normativos que permitan la participación y el concurso de todos en la construcción del sistema educativo nacional.

Nuestro marco normativo precisa la participación social en la educación. Desde nuestra Constitución se establece la obligación de los mexicanos para hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas, y señala como obligatorio de dicha concurrencia los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el mismo sentido la Ley General de Educación establece que el sistema educativo nacional asegurará la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes. Reconocemos que la precariedad de la circunstancia económica de las familias y las múltiples carencias sociales con las que se encuentran nuestras comunidades, contrarrestan las posibilidades para la atención de las actividades escolares de nuestros hijos. Señalamos de forma precisa que el contexto impacta en el desempeño de nuestros alumnos en el aula.

Sin embargo el logro educativo de nuestros educandos no puede ser consecuencia única de la acción docente. Es urgente, necesario y prioritario, no dejar solos a nuestros maestros ante esta gran responsabilidad. Los resultados que obtenemos en la tarea educativa se sustentan en la conjunción positiva de un sin número de acciones y factores que dan pauta a la formación del conocimiento.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, los padres son los primeros educadores en la vida de su hijo, y la familia es un espacio esencial para el aprendizaje.

Para la progresión efectiva de la acción educativa en el Siglo XXI, es preciso que los padres se involucren de una forma más decidida en los procesos educativos, y que contribuyan a infundir valores de convivencia, de paz y respeto a sus hijos.

En tal sentido, el dictamen a su consideración propone fortalecer los lazos de solidaridad e involucramiento entre la comunidad y los educandos, posibilitando así la acción de adopción de competencias y habilidades por nuestras generaciones en formación, inherente al proceso de fortalecimiento de la participación social en el proceso educativo es la acción conjunta de autoridades educativas, locales y federales, padres de familia y sociedad civil, una educación de calidad es una responsabilidad conjunta. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Campa. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con el permiso presidenta, de usted y de quienes están en este momento en el salón de plenos. Evidentemente vamos a respaldar, como lo hicimos en la comisión, la iniciativa de la diputada Rocío Matesanz. Tan importante es inculcar el respeto a los maestros, que las consecuencias están a la vista.

Tenemos a un secretario de Educación que lo primero que hizo a su llegada fue faltarle al respeto a los maestros, hacer de la campaña de promoción de la reforma educativa, un instrumento de golpeteo contra los maestros.

Señalarlos y ponerlos en el centro de la discusión de la reforma educativa como si ellos fueran los culpables de los malos resultados en educación que este país tiene, un país en el que lo volvemos a decir, la mitad de las escuelas ni siquiera tienen los servicios básicos, y esa realidad no va a cambiar con el Programa de Infraestructura que han anunciado. Este es un gobierno que ha invertido más en reglar televisiones que en arreglar escuelas.

También creemos que es importante la participación de los padres de familia, que es el otro gran objetivo de la iniciativa. No que sea importante a partir de ahora, ya lo es frente a un gobierno que ha fallado en su función, en hacer cumplir el artículo 3o. constitucional.

Son los padres de familia, las mujeres y los hombres que ven por la educación de sus hijos los que han sostenido el sistema educativo de México; 2 de cada 3 pesos que se invierten en construcción, en mantenimiento y en limpieza de las escuelas; y 2 de cada 3 pesos que se invierten en apoyo educativo, en material de apoyo educativo extraordinario son puestos por los padres de familia, no por el gobierno, hablando de escuelas públicas.

De hecho, lo que dicen los informes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es que los padres de las escuelas públicas le terminan poniendo más dinero, sin contar obviamente el tema de la colegiatura, sino en materiales extraordinarios, en apoyos extraordinarios a la escuela, que los padres que tienen a sus hijos en una escuela privada. Es decir, el derecho a la educación pública es una falacia.

Por ejemplo, en escuelas comunitarias, 9 de cada 10 escuelas comunitarias se sostienen, en lo que tiene que ver con alimentación para los niños y para los maestros, con aportaciones de los padres de familia; 8 de cada 10 maestros o líderes que van a estas escuelas comunitarias a enseñar a los niños se quedan a dormir en las casas de los padres de familia y gracias a ello es posible que brinden el servicio educativo, por cierto, todos estos programas golpeados en el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno federal.

Todos los programas que llegan a las escuelas indígenas, a las escuelas comunitarias, a las escuelas de los más pobres, golpeados por un proyecto de presupuesto que parte del principio de que el Estado se puede desentender de sus obligaciones fundamentales.

Nosotros creemos que la participación de lo que se conoce como la comunidad educativa es la solución en el largo plazo para el problema educativo de México. Respaldamos ver el involucramiento de los padres de familia como un derecho, como está actualmente en la Constitución; y también como una obligación, como lo propone la diputada Rocío Matesanz.

Creemos que el peor de los síntomas de la crisis de la vida pública que atraviesa México es el fracaso del sistema educativo nacional; y que no es sino con respeto a los maestros, sino con un trabajo conjunto de sociedad y de la comunidad educativa en su conjunto como podemos salir adelante de este bache en el que nos metieron los gobiernos que ha tenido el país en los últimos años, y particularmente un secretario de Educación que está en campaña, que está con un discurso por una parte golpeando a los maestros y al mismo tiempo engañando a este Poder Legislativo sobre los alcances.

Miren, este secretario de Educación nos vino a decir que la iba a poner fin al a trampa burocrática de cultura, un año después el gobierno nos sale con el cuento que le bajan el 30 por ciento del presupuesto a cultura. El único tramposo, la única trampa que tenemos es estar dirigidos por gente que no tiene el mayor compromiso con su patria, que no tiene el mayor compromiso con el sector educativo y que no entiende el rol que los maestros de México deben de jugar en la transformación cultural, en la transformación educativa de los mexicanos. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez Maynez.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los estudiantes del Centro Universitario Allende, de Irapuato, Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Reynoso Sánchez.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Diputadas, diputados, presidente. Me da mucho gusto estar aquí para sostener la propuesta de la diputada Matesanz. Morena votará a favor de esta iniciativa, porque esta iniciativa reconoce la labor de los maestros, lo cual es fundamental en el momento actual en el que se ha desatado toda una campaña de desprestigio, de satanización hacia la figura de los maestros. Esto no es posible, porque los maestros son una parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje y de la educación de millones y millones de jóvenes y niños mexicanos.

Si bien la familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, mediante la convivencia diaria, porque forma valores, transmite costumbres y creencias y ayuda a construir los primeros conocimientos, sin embargo es en la escuela donde de manera sistemática los niños aprenden a convivir entre ellos, aprenden los conocimientos que les son fundamentales y también aprenden las reglas de lo que les permitirá tener una convivencia apropiada y desarrollarse en la sociedad como buenos ciudadanos.

En la escuela, nuevos métodos de enseñanza y contenidos alejados de la experiencia familiar, así como profesores que consideran que no es su obligación organizar actividades que incorporen a los padres en las actividades educativas, dan como resultado que los padres de familia se alejen en algunos casos y no se involucren en la actividad escolar.

En la actualidad, la familia y la escuela se encuentran separadas en el esfuerzo educativo, en realidad son los medios de comunicación y entretenimiento los que ejercen gran influencia en la formación y educación de los niños.

A pesar de todos los cambios sociales, la familia y la escuela continúan siendo las instituciones de mayor influencia en el aprendizaje y en donde se da la mayor interacción, convivencia y apoyo emocional en la educación de los niños.

Así, las escuelas y los padres reclaman colaboración mutua. La educación no inicia a la entrada del plantel y no termina cuando suena el timbre escolar. Se ha demostrado que si no existe cooperación, el niño puede tener problemas en su permanencia en la escuela y producirse muchas limitaciones en su educación.

La participación de los padres de familia no se agota en los citatorios para entrevistarse con el maestro responsable o en su participación en las asambleas para integrar el consejo escolar o elegir la Mesa Directiva de Padres de Familia, es necesario fortalecer una relación de confianza y ayuda entre los padres y profesores, es necesario que la familia, la escuela y los propios alumnos compartan responsabilidades. Esta relación es una herramienta fundamental para lograr mejores aprendizajes y resultados en los alumnos.

Los centros educativos, en su conjunto, deben esforzarse por conseguir la integración de las familias en las escuelas y hacerlas partícipes de la educación de sus hijos.

Los diputados de Morena compartimos la opinión de que es necesario promover, y lo repito una vez más, el respeto a los maestros y a las normas de convivencia en la escuela, normas que implican la responsabilidad de ambas partes, porque es necesario terminar con las campañas clasistas, cargadas de racismo, de odio, promovidas por los medios de la comunicación en contra de los maestros, al presentarlos como flojos, ignorantes y agresivos, y a la educación pública como ineficiente.

Por las razones anteriores, los diputados de Morena votaremos a favor del dictamen. Felicidades, diputada Matesanz. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Patricia Aceves.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cesáreo Márquez Alvarado.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Con su venia, presidenta. Con su venia de la asamblea. La educación es uno de los derechos más importantes para el desarrollo humano e históricamente se le ha otorgado un grado de protección preferencial debido a lo indispensable que resulta garantizar que las niñas y niños y adolescentes de nuestro país cuenten con herramientas suficientes para mejorar su condición de vida futura.

Pese a los esfuerzos que por décadas se implementaron para mejorar la política educativa en nuestro país, fue hasta la presente administración que se logró presentar un modelo transformador en materia de enseñanza.

Como parte de las transformaciones estructurales que definen el legado del presente gobierno de la república, encontramos la reforma educativa, misma que para mejorar la calidad de la enseñanza contempla una política integral que ofrezca soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo.

Desde su presentación, la reforma educativa se ha planteado tres objetivos. Mejorar la calidad de la educación básica y media superior; reducir la desigualdad en el acceso a la educación; e involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana, en su conjunto, en la transformación de la educación por medio de consejos de participación.

Precisamente en el marco de este último objetivo, es que se han diseñado acciones que buscan lograr que el aprovechamiento escolar se consolide como el medio para posicionar a México como un país mejor educado y más competitivo. La participación activa de los padres en la enseñanza es un elemento fundamental para lograr consolidar dicha reforma.

Es por ello que coincidimos con el presente dictamen que concibe a la educación de calidad como una responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad, cuyo objeto es contar con ciudadanos plenos, pero al mismo tiempo busca cambiar la inercia de centralizar en autoridades y maestros el proceso educativo.

Con la presente iniciativa se busca que la obligación de los padres no se limite a llevar a los niños a la escuela, sino que también se involucren en la organización y administración de la misma, además de procurar siempre inculcar valores de respeto hacia sus compañeros y principalmente hacia sus profesores, y en general hacia las autoridades educativas y hacia la sociedad. Ello con la finalidad de mejorar la convivencia a través del establecimiento de normas mínimas para su desarrollo.

Para que este trabajo de coordinación dé los resultados esperados es indispensable generar los mecanismos de participación que permitan tanto a la comunidad escolar como a los padres de familia, conocer los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que tienen las escuelas.

Estamos convencidos que es a través de la apertura, la información y la inclusión en los distintos programas que se planteen como se generarán las condiciones para consolidar la reforma educativa, la cual es el pilar que sostiene las posibilidades de éxito en la lucha por abatir la brecha de desigualdad que tanto ha rezagado a nuestro país a nivel internacional.

Debemos garantizar que la educación sea la herramienta más importante para lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes estén mejor preparados para afrontar la complejidad de nuestra realidad, e incluso estar preparados para competir de igual a igual ante cualquier reto a nivel mundial.

Por todo ello, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México manifiesto nuestro voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Educación, por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación en materia de participación social y generación de conciencia y respeto en los niños hacia las autoridades escolares. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Cesáreo Márquez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de PRD tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Hortensia Aragón Castillo.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:Muchas gracias, presidenta. Antes, quisiera agradecer el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la solidaridad de los diputados y diputadas de la Comisión de Educación, que francamente no ha habido semana que no se haya reunido esta comisión., y en mi calidad de presidenta, he contado en todo momento con el apoyo de mis compañeros y compañeras. Muchas gracias. No saldría esta comisión adelante si no fuera por el apoyo de todos ustedes. Francamente es un honor trabajar en esta pluralidad.

La iniciativa que presenta la diputada Rocío Matesanz pareciera que es una iniciativa menor. Sin embargo, como aquí se ha hecho énfasis, plantea, de entrada, la necesidad de fortalecer el trabajo entre los padres de familia y los maestros.

Poner el acento en reivindicar el trabajo y la figura del docente e incorporar en la labor de la comunidad escolar a los padres de familia es algo que hoy en día nos hace mucha falta. Aquella escuela que se fincaba más que nada en los padres de familia y los maestros es la que dio origen a todo el avance que tenemos hoy en día. Sin embargo, en el momento actual, frente a lo que aquí se ha dicho, pareciese que los maestros todos son malos y los padres de familia todos son despreocupados de sus hijos.

Poner el acento en lo otro, poner el acento en la parte positiva de estos maestros, que día con día sacan adelante a sus grupos en condiciones muy deficientes; pero además también poner acento en los padres y madres de familia que coadyuvan con la comunidad escolar es muy importante.

La iniciativa que se presenta en este momento, por supuesto que en mi calidad de militante de la fracción parlamentaria del PRD estaremos apoyándola y fundamentalmente diremos algo que se necesita aclarar. No quisiéramos que se entendiera que este esfuerzo que se realizó en la comisión para destacar este trabajo de maestros y padres de familia, y además ampliar su participación en los consejos, se fuera a considerar como algo que evita o descarga las responsabilidades del Estado en ellos, de ninguna manera.

Insistiremos siempre en que el papel fundamental del Estado en otorgar educación pública y gratuita sigue siendo el elemento que hace que la educación funcione. No es, y reconociendo que buena parte de esa carga de trabajo se va hacia los padres de familia y maestros en actividades extraescolares, no es la intención aquí que el Estado pueda pensar que los 37 mil millones de pesos que hoy se le recortan a la educación pueden sustituirse doblando o cargándole a estos sectores lo que le corresponde al Estado.

Creo yo, y debe de dejarse con mucha claridad en esta tribuna, que no hay recorte educativo que pueda, en las dimensiones en las que se ha planteado, resistir esta Cámara de Diputados. Adelantamos que no estamos de acuerdo con el recorte y que se está trabajando en la posibilidad de reorganizar el presupuesto educativo de la mejor manera. Hacer más con menos, sí, pero se tiene que recortar en los rubros que no afecten de manera tan sensible como está afectando hoy la propuesta que llega del Poder Ejecutivo.

Finalmente decirles, que apoyamos esta iniciativa, votaremos a favor de la misma manera y contundencia que lo haremos defendiendo el presupuesto de la educación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Aragón. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval.

La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval:Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros diputados. Las reformas que plantea la Ley General de Educación, a través del dictamen que hoy se discute, tiene dos finalidades.

La primera. Establecer como una atribución concurrente de las autoridades educativas federales y locales el informar a la comunidad escolar los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas.

La segunda. Instituir como una obligación para quienes ejercen la patria potestad o tutela de inculcar a sus hijos el respeto a las autoridades escolares y las normas de convivencia en la escuela.

Para Acción Nacional la autoridad del Estado es también un poder instituido para realizar el bien común. Es por ello que manifestamos nuestro expreso impulso a esta propuesta ya que, además de ser promovida por nuestro grupo parlamentario, consideramos que su contenido apunta indudablemente a consolidar el servicio educativo con calidad y equidad que mejoren los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Acción Nacional reconoce que la política de participación social en el ámbito educativo significa incorporar a los padres de familia en la toma de decisiones de las escuelas, con el objetivo de mejorar el logro educativo.

Hemos advertido que la aplicación de esta política se ha convertido en un verdadero reto a superar debido a los diversos obstáculos, sobre todo cuando es común encontrar un sistema educativo en algunos padres de familia que sienten el deseo de intervenir en los procesos educativos pero no saben con precisión en qué ámbitos o bajo qué reglas.

Ante ello, consideramos que la propuesta de reforma que se presenta a través del dictamen ofrece una respuesta concreta a este tipo de problemas, y con ello contribuye sin duda a mejorar el logro educativo a través de optimizar el proceso en la toma de decisiones en la escuela.

La propuesta a discusión también plantea un tema que para Acción Nacional es de suma importancia y se trata de la obligación que tienen los padres de familia para con sus hijos de imprimir el sentimiento de respeto a la autoridad del maestro, con el objeto de que el niño y el joven contribuyan a la dignificación de la escuela. Recordemos, diputados compañeros, que la escuela forma, pero la familia educa.

Compañeras y compañeros, es nuestro deber impulsar acciones que promuevan en las familias la conciencia de la obligación que tienen en promover las convicciones y las responsabilidades que harán de cada individuo un ciudadano solidario, dispuesto a la cooperación política y social.

Votaremos a favor para dar una visión plural a las reformas aprobadas desde el Legislativo, para contribuir al diseño de políticas legitimadas y sostenibles para promover una mayor calidad en la educación con igualdad de oportunidades. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Elizarraraz. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Hersilia Onfalia Córdova Morán.

La diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán:Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados; con el permiso de la mesa. He solicitado hacer uso de la palabra para manifestar mi apoyo al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación, presentado por la diputada Rocío Matesanz Santamaría.

El proyecto de reforma al artículo 14 que a la letra diría “Informar a la comunidad escolar los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas”, es, desde mi punto de vista, una importante necesidad. Y es relevante, creo yo, porque a pesar de que desde hace muchos años se estableció en la Ley General de Educación que los padres de familia son parte integral del sistema educativo nacional y que deben participar en los mecanismos establecidos, consejos escolares de participación social y asociaciones de padres de familia, la verdad es que por muy diversas circunstancias que no vienen al caso enumerar, están ausentes.

Los padres de familia se han acostumbrado a dejar el trabajo educativo en manos de los maestros y los directores. Si los padres y madres de familia participaran activamente en la vida escolar, es seguro que la escuela dejaría de ser esa especie de isla que hasta ahora ha sido y que ha propiciado que las nuevas generaciones al egresar de su vida académica, se sientan superiores a sus semejantes, despreciando el trabajo físico y desconociendo sus responsabilidades sociales. O sea, el proyecto reconoce que una falla de la ley es que el tema ahí está, pero no se difunde ni se aplica con los detalles para que los padres de familia comprendan la utilidad de su participación.

En el apartado octavo del proyecto educativo Mede, avalado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, que promueve Antorcha Magisterial, dice, partiendo de una verdad incuestionable, pero que frecuentemente se olvida y se soslaya, de que no sólo educa a la escuela sino también, y no en escasa medida, la sociedad y la familia.

Creemos indispensable que los padres tengan una participación legal e institucionalmente reconocida y definida al interior de las escuelas. Es necesario ayudarlos a tomar conciencia de que elevar la calidad de la educación de sus hijos, es también su responsabilidad, y que por tanto, deben preocuparse por todo lo relativo a la existencia y buen funcionamiento de las instituciones en la que tal educación se imparte.

La iniciativa también propone reformar el artículo 66, obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, de la misma Ley General de Educación, mediante la adición de la fracción VI que a la letra diría: inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a las autoridades escolares y a las normas de convivencia en la escuela.

Como puede verse, esta fracción se complementa con la reforma anterior, pues si aquella es un derecho, esta última es una obligación de los padres de familia, se justifica plenamente porque la vida actual propicia que los estudiantes sufran una saturación informativa en donde compiten todas las modalidades en materia de comunicación, la internet, la televisión, la radio, el cine, etcétera, cada una con sus particulares fines, todo derivado en que la niñez y la juventud viven desorientadas, siendo una de sus consecuencias la pérdida del respeto a los maestros y a los mismos padres de familia, aparte de los conocidos actos de bullying contra los estudiantes más tímidos.

Siendo la escuela el segundo hogar de todas las generaciones, lo menos que podemos hacer, es explicarles a nuestros hijos y alumnos potenciales que la escuela y sus maestros forman parte de su entorno, y son los hombres y mujeres que contribuyen con su esfuerzo y voluntad a educarlos para enfrentar la experiencia de vivir.

Por eso, la fracción parlamentaria del PRI, otorga su voto a favor de esta parte de la iniciativa. Gracias, por su amable atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Córdova. Agotada la lista de oradores, se solicita a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Esta Presidencia saluda la asistencia a esta sesión, del Grupo Concentrado Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.

Asimismo, saludamos la presencia en esta sesión, de los alumnos de la Universidad Panamericana, del primer semestre de la materia de introducción al estudio del derecho, invitados por el diputado José Antonio Estefan Garfias.

De igual manera, saludamos la presencia de los estudiantes de la Escuela de Farmacéuticos, invitados a esta sesión por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 411 votos a favor, 0 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 411 votos, el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a las iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 232 D de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Ricardo Taja Ramírez:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la ciudad y puerto de Acapulco, destino turístico por excelencia, con mayor afluencia de turistas nacionales y con una notable presencia extranjera, quienes asisten a vacacionar por medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, todos son el sostén económico del municipio.

La última década se ha visto disminución de la derrama económica por conceptos turísticos. Derivado de esto, los comercios se encuentran imposibilitados para cubrir las cuotas por concepto de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, zonas federales marítimas, terrestres y terrenos ganados al mar, o cualquier otro depósito de aguas marítimas, como lo establece el artículo 232 D de la Ley Federal de Derechos.

Entiéndase por derecho las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación.

En este mismo artículo se establecen 11 zonas, así como la cantidad a pagar por metro cuadrado. La zona X es la referida al municipio de Acapulco.

En la actualidad existe un rezago en los pagos por este concepto basado en el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución, asignación incompatible con los principios de proporcionalidad y equidad.

Mi intervención en esta máxima tribuna obedece a solitud de ciudadanos acapulqueños que dedican su desempeño a diario a la atención de servicios turísticos. Quienes consideran que debe realizarse de forma equitativa, proporcional basado en su actividad comercial.

El acuerdo nacional para el turismo signado el 28 de febrero de 2011, considera llevar a cabo políticas turísticas que incrementen, que fomenten, que estimulen, fortalezcan, diversifiquen y promuevan la actividad del municipio.

Es necesario reclasificar al municipio de Acapulco en la zona nueve, mismo que consecuentemente impactaría la atracción de nuevas inversiones en esta zona costera, mejora de servicios turísticos, aumento en el empleo local y recuperación de adeudos del impuesto por concepto de derecho y mayor captación del mismo.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el decreto que reforma el artículo 232 D de la Ley Federal de Derechos, para incluir al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero dentro de la zona nueve y en consecuencia eliminarlo de la zona 10.

Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Taja. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Schemelensky y Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro:Compañeras y compañeros diputados, los problemas que enfrentan las zonas metropolitanas son cada vez mayores, de cara a este escenario es notoria la falta de coordinación que existe entre los gobiernos de las entidades federativas y los municipios que la conforman.

A la fecha, se reconocen 59 zonas metropolitanas integradas por 367 municipios, en los cuales habita aproximadamente el 56.8 por ciento de los mexicanos. Es decir, 63.8 millones de personas que viven diariamente la dinámica de las zonas metropolitanas. Estas zonas generan el 71 por ciento del producto interno bruto del país. Los datos dan cuenta de la posición central que tienen las metrópolis para el desarrollo económico y social de México, pero también de los crecientes problemas que enfrentan.

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos o no Hábitat, ha advertido sobre la necesidad de prepararse para una nueva transición urbana. El asunto primordial ya no es solo el crecimiento poblacional de las ciudades sino mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellas.

Y como si el panorama no fuera lo suficientemente complejo, ya es inevitable hablar de la megalópolis. Es decir, la interconexión de varias zonas metropolitanas. Siendo el caso de la megalópolis de la región centro, que comprende siete entidades federativas: Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, en la que habitan casi 40 millones de mexicanos.

En este contexto las problemáticas metropolitanas difícilmente pueden enfrentarse de manera fragmentada. Es necesario fomentar la concurrencia, la coordinación y una mayor participación efectiva entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

Éste es el punto en el que mucho puede aportar esta Cámara de Diputados, actualizando el entramado legal para promover y permitir formas de coordinación entre los gobiernos que confluyen en las zonas metropolitanas.

Si bien existen algunos avances en materia de coordinación, como es el caso de los consejos metropolitanos establecidos en las reglas de operación del Fondo Metropolitano, pero en ellos la participación de los municipios es todavía limitada, o en su caso, nula.

Hasta el momento la coordinación metropolitana solo se enuncia en la legislación como una posibilidad. Asimismo, es importante considerar que los mecanismos existentes no han involucrado activamente a los municipios en la planeación de los asuntos comunes de las zonas metropolitanas a las que pertenecen, siendo su participación no solamente deseable sino también necesaria. Es por eso que la presente iniciativa pretende dotar de mecanismos legales a los gobiernos para que puedan afrontar los retos metropolitanos.

En este sentido, creemos que a través del artículo 115 constitucional debe permitirse a los municipios participar no solo en los planes de desarrollo regional sino también en los de carácter metropolitano.

Los primeros enfocados al proceso de crecimiento económico y los segundos a la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, con el fin de lograr un desarrollo armónico de la zona en la cual confluyen.

Aunado a lo anterior, la reforma que proponemos al artículo 116 permitirá que los estados pertenecientes a las zonas metropolitanas puedan constituir organismos de gestión y coordinación intergubernamental que sirvan para mejorar los servicios públicos en zonas metropolitanas, tales como infraestructura vial, agua potable, drenaje, transporte, control de contaminación del aire, tierra y agua. Así como también las metrópolis son un escenario de problemas graves, de desigualdad, marginación, segregación e inseguridad, entre otros.

Consideramos que hay que ir renovando la legislación para disminuir los conflictos que se generan por la superposición de funciones de varios órdenes de gobierno, al tratar de resolver asuntos que les son comunes.

También creemos que es necesario que los municipios tengan una mayor participación en las decisiones que pretenden solucionar los problemas de las zonas metropolitanas, pues constituyen una instancia que tiene mayor contacto con la ciudadanía y la que, por lo general, recibe sus demandas.

Por lo anterior, y siguiendo el histórico espíritu federalista de nuestro partido, en Acción Nacional manifestamos nuestro deseo de impulsar la participación de los municipios en la toma de decisiones relevantes y fomentar así su fortalecimiento. Es por ello que les pido su apoyo a la presente iniciativa, en el ánimo de ser promotores de una mejor gestión y de un desarrollo con mayor calidad en las zonas metropolitanas del país en beneficio de millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracia, diputada Schemelensky. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada y otros diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sofía González Torres:Muchas gracias, presidenta. Compañeros y compañeras, desde 2013 el gobierno federal impulsa la estrategia nacional digital. Esto para facilitar el acceso de los mexicanos a las tecnologías de la información y de la comunicación. A través de ella se busca colocar a México como líder latinoamericano en esta materia.

Por otra parte, los retos en esta materia son enormes, sobre todo en temas de seguridad. Tenemos que estar conscientes como país que garantizar el acceso a estas tecnologías no es suficiente. Se requiere orientar a la población sobre su uso y generar empleo, competitividad e inclusión, hay que ponernos al servicio del desarrollo. En la esfera gubernamental también prevalecen múltiples áreas de oportunidad para que las tecnologías generen servicios más eficientes y cercanos a la ciudadanía.

En la actualidad la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé anexos transversales para identificar el gasto en las áreas que exigen la intervención de diversas dependencias y entidades, por ejemplo, la igualdad entre mujeres, hombres, el bienestar de las niñas, niños y adolescentes o la transición energética. Al igual que ellas la Estrategia Nacional Digital requiere de un seguimiento oportuno, por ello los invito a respaldar esta iniciativa sencilla y sin impacto presupuestario que fomentará la colaboración entre los Poderes, mandará una señal de compromiso con la transformación gubernamental, la competitividad y la sociedad del conocimiento. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Sofía González Torres. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene uso de la palabra, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Toda vez que esta iniciativa propone modificaciones a 10 ordenamientos, se solicita a la asamblea tolerancia con el tiempo.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Gracias a la Mesa y a la Presidencia por sus consideraciones. Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta legislativa que hoy hacemos aborda, como ya se comentó, reformas a 10 ordenamientos legales por lo que pedimos a la Presidencia y a la Mesa que pudiera ser insertado el documento registrado como si fuese esta intervención, por la complejidad de los temas que trata y no es mejor fecha que el día de hoy, que se conmemora el Día de la Niña, que es uno de los sectores a los que va dirigida esta ley que estamos proponiendo.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos heredando a nuestra niñez y juventud un mundo y un país inundado de violencia. En México los actos de violencia se presentan en todos los ámbitos de convivencia de la niñez y la juventud. En el hogar, en la calle, en los centros educativos, deportivos, religiosos y hasta en centros que debieran de ser de refugio y resguardo, niñas, niños y adolescentes están siendo violentados.

Muestra de ello son los siguientes datos. Uno muy doloroso es el primer lugar que ocupamos en turismo sexual infantil como país. Otro dato que nos aporta el 4to. Informe de Gobierno es que el homicidio ocupa ya la cuarta causa de muerte de personas entre cuatro y 14 años.

También nos ha reportado la Comisión Nacional de Derechos Humanos su preocupación al respecto al emitir la recomendación general número 21, en la que señala que los casos y quejas que conoció en 2013 y 2014 respecto a agresiones sexuales en centros escolares, se incrementaron en un 300 por ciento respecto a los que se han conocido en el país en años anteriores.

También niños y jóvenes nos hacen saber en los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 que organizó el INE, que no se sienten seguros en las calles y que están sufriendo agresiones en sus hogares, en los centros escolares y en diversos lugares.

De igual forma el Comité de la Niñez, de la ONU, en su cuarto y quinto informe consolidado, nos hace patente que prevalece la tortura y otros tratos y penas crueles o degradantes o castigos a niñas y niños, y señala una preocupación muy puntual sobre el crecimiento de la esclavitud sexual y de la pederastia clerical en nuestro país. Otro dato alarmante es el número de niñas que están embarazándose entre los 14 y 19 años, que es una de cada cinco. Estos datos, compañeras, compañeros legisladores, son trazos de un cuadro que proyecta un futuro de mayor violencia y pocas expectativas para niñas y niños en México.

Hacernos cargo de esta deplorable irrealidad, compete a todos, a la familia, a la sociedad, a las instituciones públicas, privadas, sociales, religiosas, y desde luego a los tres niveles de gobierno.

En ese sentido la UNICEF tan sólo en julio pasado lanzó una propuesta de Alianza Mundial para colocar en la agenda pública, y establecer como una responsabilidad colectiva, el fin de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Nosotros vemos como una buena noticia que el Estado mexicano se haya sumado a esta Alianza Mundial y esperamos, desde luego, que las metas que se están planteando hacia el 2030, por el bien del país, se cumplan.

Asimismo en este tema, un grupo de personas entre las que se encuentra su servidor, desde hace 10 meses iniciamos una propuesta para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. En este grupo han participado organizaciones civiles, especialistas, víctimas, y acusadores de pederastia religiosa, muchos de ellos que luchan y esperan desde hace décadas, porque perdieron a sus hijos en una guardería o porque sus violadores han sido y siguen siendo encubiertos por estructuras de jerarcas religiosos, autoridades y sus propios familiares.

Por ello proponemos estas reformas a 10 ordenamientos que en su conjunto pretenden prevenir, erradicar, sancionar y atender toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes que incluye, entre otros, las siguientes medidas y propósitos:

1. La armonización de las leyes y presupuestos que permitan implementar programas y estrategias que se apliquen en forma vertical en los diferentes niveles de gobierno, pero también en forma horizontal en las diferentes dependencias e instituciones encargadas, con el fin de sumar, desde luego, los esfuerzos en estas responsabilidades.

2. Que todos los centros de atención y resguardo cuenten con supervisiones periódicas y la obligación de dar parte a las autoridades de cualquier acto de violencia, estableciendo sanciones para quienes no lo hicieran que vayan desde clausura y el retiro de las autorizaciones.

3. Ampliar las definiciones legales para sancionar a responsables directos, pero también a los indirectos de la violencia contra la niñez, entre ellos los encubridores, los alentadores o los facilitadores.

4. Que esta es una propuesta polémica por lo que hemos recibido, pero sin embargo, nosotros lo sostenemos, que es la creación de un registro nacional de infractores sexuales, que sirva para evitar conductas delictivas reiteradas, y sobre todo, que coloque el interés superior de la niñez como una prioridad social.

5. Que las sanciones, asociaciones religiosas, públicas, privadas y demás, de cualquier índole que ejerzan, promuevan, cubran cualquier acto de violencia contra la niñez, incluya la sanción y hasta el retiro de los permisos o el registro, según corresponda.

6. Armonizar las sanciones por pornografía infantil en cualquier de sus manifestaciones.

Compañeras y compañeros legisladores, duele a México la crisis económica, la desigualdad, la marginalidad y la falta de oportunidades de nuestra juventud y nuestros niños, pero duele también la violencia silenciosa, la violencia cómplice y la violencia que trunca sueños.

Debemos, por lo tanto, hacer un alto y en la lucha contra estos flagelos, unirnos, unirnos todos, las familias, la sociedad, organizaciones, instituciones públicas y privadas, y desde luego los diferentes niveles de gobierno y los poderes como éste al que pertenecemos, sólo así podemos cambiar este sombrío panorama.

Debemos contribuir, también, de manera enérgica a que demos pasos contundentes para que haya por fin justicia a las víctimas, esperanza a sus familias y seguridad a las de todas y todos los mexicanos. Esta serie de reformas, compañeras y compañeros, pretende de manera integral abonar en este camino. Por su atención y consideración, gracias.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Justicia, para dictamen; e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su venia, presidenta. Saludo a mis compañeros jubilados y pensionados que están afuera exigiendo con ayuno a derechos que les han escatimado en varios años el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE.

La política social es tal vez lo que en nuestro país goza del mayor escrutinio de un sector muy importante de nuestra sociedad, incluyendo a la academia y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo porque esta política se relaciona con la mayor parte de la problemática que aqueja a la ciudadanía con más alto grado de vulnerabilidad; y para que el Estado ha implementado diversos programas para atender las demandas de rezago en diversos ámbitos, como: la alimentación, el empleo, la producción, la vivienda, la educación y la salud, entre otros, por las cuales se destinan año con año una gran cantidad de miles de millones de pesos a ser ejercidos por diferentes dependencias del gobierno.

En muchos de los casos las dependencias ejecutoras de programas sociales, al elaborar los proyectos de las respectivas reglas de operación, no toman en cuenta los principios dictados en diferentes ordenamientos, como lo es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo referente a la obligación de que dichas reglas de operación deberán ser simples y precisas.

Por nuestra parte, en la Cámara de Diputados, debemos asegurarnos de que los programas sirvan para lo que han sido creados, por lo que es necesario contar con mecanismos que faciliten la supervisión y un seguimiento efectivo de la simplificación de las reglas de operación de una cantidad considerable de programas federarles.

Para Morena es de importancia toral aprovechar la oportunidad ahora que estamos en vísperas de la discusión y aprobación del PEF 2017 para sensibilizar el papel decisivo que juega esta Cámara de Diputados, instancia que por mandato constitucional tiene las atribuciones exclusivas de la discusión y aprobación del mencionado Presupuesto anual.

Por lo anterior es trascendental señalar que dentro de la revisión del proyecto del PEF 2017 hemos percibido que, como en otros años, por parte del Ejecutivo federal se ha eliminado u omitido lo referente a la opinión de las comisiones ordinarias respecto de las reglas de operación de programas federales.

Disposición que para el ejercicio 2014 se estipuló en el artículo 30, fracción II, del PEF. Y para los ejercicios 2015 y 2016 se encuentra previsto en la fracción II del artículo 29, por lo que dicha eliminación u omisión sistemática es inexplicable y se puede interpretar como una acción que debilita la gestión y atribución de la Cámara de Diputados para ejercer un efectivo equilibrio de poderes en esta materia, además de que elimina la posibilidad de contribuir que las reglas de operación en principio sean simples y precisas para la ciudadanía, y facilitar la eficiencia y eficacia de la aplicación de los recursos públicos.

En Morena estamos convencidos de que es urgente y necesario que se eleva a rango de ley la multicitada disposición, debido a que también con plena convicción decimos que no es posible que tengamos que estar negociando y cabildeando una atribución legítima de las diputadas y diputados, cada vez que se revisa el documento del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación año con año.

Por lo anterior motivado y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de reforma al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, adicionando una fracción III para quedar como sigue:

Fracción III. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo federal en los términos del presente artículo. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de la fracción II de este artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderá como opinión favorable.

El Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeta a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados, en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Blanca. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Claudia, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidenta, con el objeto de felicitar a la diputada Cuata, por la iniciativa. Preguntarle si tiene inconveniente que me permita adherirme a la misma.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Cuata, ¿Tiene algún inconveniente en que suscriba la iniciativa la diputada Claudia? Adelante, está a disposición de esta Secretaría de la Mesa Directiva, diputada.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez, por favor.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidenta. También para solicitarle aquí a la compañera, si nos puede hacer la atención de suscribirnos, el Grupo Parlamentario de Morena. Muy amable, gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ha dado su anuencia, por lo tanto está a disposición, como ya lo señalamos, en la Secretaría de esta Mesa Directiva.

Esta Presidencia saluda a personas del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, invitados por el diputado Hugo Cabrera. Bienvenidos a este recinto legislativo.

LEY GENERAL DE SALUD, LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL Y LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García:Qué representan las abejas en su vida, le pregunté. Eso, representan mi vida y la vida de mi familia, fue lo que contestó un apicultor de Jalisco hace unos días.

Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, dentro de todas las relaciones humanas a la que nuestra memoria puede acudir, sin duda la relación del hombre con la naturaleza es una de las más antiguas, más profundas, pero sin duda, la que está envuelta en mayor injusticia, y me refiero a la injusticia porque basta mencionar que los seres humanos hemos evolucionado del lado de la naturaleza, pero también lo hemos hecho a pesar de ella y por encima de ella.

Poco a poco hemos ido convirtiendo la vida de la naturaleza y de las especies que habitan en este planeta en meros objetos desechables para poder ir construyendo y alimentando una falsa idea de progreso, y me refiero que es falsa porque ninguna idea de progreso puede ser considerada como válida cuando representa la muerte de especies, que paradójicamente se encargan de una de las tareas más importantes, más misteriosas y más hermosas que se pueden realizar, que es la de dar vida al planeta.

Uno de los casos más recientes es la desaparición masiva y muerte masiva que están presentando las abejas alrededor del mundo, y es especialmente preocupante por lo que representa esta pequeña especie.

Las abejas son encargadas del proceso de polinización, que es germinar, fecundar a las plantas, a las flores y a través de ellas obtenemos las semillas y frutos que consumimos. Nada más para que ustedes dimensionen, la importancia de la participación de ellas, es que 6 de cada 10 alimentos que consumimos cada día tuvieron una relación directa con el trabajo de polinización de las abejas y de otros agentes polinizadores.

El fenómeno de la muerte y de la desaparición masiva de las abejas sin duda tiene muchos factores y tiene muchas razones y motivos. El cambio climático es uno de ellos, pero existen otros tantos que son desastrosos, por ejemplo, el abandono, el profundo abandono que tienen los apicultores y los agricultores del campo mexicano por parte de sus autoridades.

Y otro factor que también es muy importante, es la utilización de plaguicidas que son altamente tóxicos y afectan la vida de las abejas, también afectan a una de las principales industrias de nuestro país que genera más de 57 mil empleos al año y que es una de las principales del mundo, que es la miel de abeja. Pero también los efectos del uso de estos plaguicidas afectan la salud de los seres humanos y de la naturaleza en general.

Por eso y por estas razones es que presentamos esta iniciativa, que cabe mencionar que fue trabajada de la mano con los apicultores y también con especialistas e investigadores de la red de toxicología y establecimos tres objetivos fundamentales: primero, reconocer a la miel como un alimento estratégico para garantizar la protección de las abejas.

En segundo, lograr que las autoridades correspondientes realicen un registro nacional sobre los plaguicidas que son utilizados en el territorio mexicano y que cabe mencionar, ya han sido prohibidos en otros países y en México se siguen empleando en nuestro campo. Y por último, la prohibición de estos plaguicidas que son altamente tóxicos.

Señoras y señores, ante esta realidad que tiene graves consecuencias no podemos permanecer indiferentes. Por eso, conscientes de que tenemos que hacerle frente y que como legisladores tenemos que participar en la solución, pongo a su alcance una iniciativa que busca no solo fortalecer y proteger una de las principales industrias de nuestro país, sino que también busca proteger a las abejas, a la naturaleza y a la vida misma, a la vida en este planeta. Y en esta lucha no podemos dar ni un solo paso atrás. Gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Ralis Cumplido. Adelante, diputado.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Únicamente para solicitar a la diputada Verónica Delgadillo si nos permite, a mi nombre, como diputado Germán Ralis, y a nombre de mi fracción, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su autorización la diputada. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.

LEY MINERA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 10, 13 Bis, 27 y 55 de la Ley Minera.

El diputado Mariano Lara Salazar:El desarrollo de la industria minera no puede ser pretexto para dañar el medio ambiente. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, con la finalidad de que esta industria se encuadre en un contexto adecuado de gestión ambiental que permita prevenir y mitigar los posibles impactos negativos.

Todos recordamos aquella lamentable catástrofe ambiental ocurrida en agosto de 2014, originada por una falla en un contenedor de la minera Buenavista del Cobre, que resultó en un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, entre otros metales pesados, en los ríos Bacanuchi y Sonora, hecho que provocó afectaciones a unas 22 mil personas en siete municipios del estado de Sonora.

No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. Nuestra Constitución Política es muy clara en señalar en el párrafo quinto de su artículo 4o. la obligación que el Estado tiene de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Es preciso incorporar en la Ley Minera disposiciones mucho más severas para prevenir que este tipo de casos se vuelvan a presentar.

La industria minera es fundamental para nuestro país. En 2014, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México, esta se colocó en un quinto lugar en cuanto a la generación de divisas en nuestro país, con más de 17 mil 53 millones de dólares, por encima del turismo, y justo después de las remesas, el petróleo, la electrónica y la industria automotriz. Las ganancias generadas pueden ser un enorme impulso en el desarrollo del país, pero solo si están acompañadas de las mejores prácticas para prevenir el deterioro ambiental.

Queremos que quede claro, ningún daño ambiental puede repararse con dinero. Es preciso cambiar nuestra visión. Antes que las ganancias de empresas sin un compromiso social están la protección de la salud y el medio ambiente para las futuras generaciones.

Lamentablemente, gran parte de los proyectos mineros se localizan en estados con estrés hídrico, lo que resulta más preocupante, ya que en el uso del agua para los procesos mineros se puede poner en peligro este recurso vital. Si una mina no utiliza prácticas que minimicen el impacto hidrológico puede generar grandes pasivos ambientales.

Desafortunadamente, la Ley Minera carece de disposiciones que protejan real y eficazmente el medio ambiente. Un ejemplo de ello es que los requisitos y obligaciones para los titulares de concesiones y asignaciones mineras se remitan a otras disposiciones legales, en lugar de establecer en la ley la que debe sujetarse a la exploración, explotación y beneficio de los minerales, así como las salinas formadas por las aguas marinas.

La falta de claridad vigente provoca que se presenten cifras de escándalo. Según la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, de las mil 130 instalaciones y proyectos mineros establecidos oficialmente 658 presentaron irregularidades menores de carácter administrativo y 71 centros de operación y extracción presentaron irregularidades graves que resultaron en clausuras. Esto significa que 729 minas incumplían las normas ambientales, solo el 35 por ciento de las minas que operan legalmente en México cumplen cabalmente con la legislación en materia ambiental.

No podemos permitir que esto siga sucediendo. No permitamos que ocurra otra tragedia como la del río Sonora. Por tal motivo, propongo que en el artículo 27 de la Ley Minera, que se refiere a las obligaciones de los titulares de concesiones se especifique de manera expresa e inequívoca la obligación ambiental administrativa más importante, obtener la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.

De igual manera, se plantea establecer explícitamente la obligación para el titular de cualquier concesión minera que pretenda realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de minerales en un área natural protegida, el contar con la debida autorización, en este caso expedida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde quede constancia que la compatibilidad de dichos trabajos con las actividades permitidas en el área en cuestión, así como la correspondiente autorización del impacto ambiental de la Semarnat.

En Nueva Alianza sabemos que tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. No permitamos que la codicia acabe con nuestros recursos naturales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y adiciona el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Alejandro Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con su permiso, diputado presidente. A nombre del diputado Alejandro González Murillo, coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social, presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 2-A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, y se adiciona una fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Los periodos ordinarios del ejercicio que inician cada septiembre en esta soberanía tienen consigo una de las experiencias parlamentarias más trascendentales y que demandan, de quienes participamos en su desarrollo y destino, un profundo sentido de responsabilidad y apertura a la corresponsabilidad entre poderes la discusión del paquete económico.

Decir que el porvenir económico inmediato de una nación y diseñar las estrategias que permitan a nuestro país gozar del mejor estado de salud financiera posible en tiempos y contextos de inestabilidad global no es un asunto menor ni se debe tomar a la ligera.

En este orden de ideas, lo que se planea en el Ejecutivo y se decide en el Legislativo representa un proceso que exige de cada uno de nosotros altura de miras y un compromiso con la gente, de la que somos mandatarios, para llevar a México hacia el futuro con equilibrio y estabilidad económica.

Por mucho que nuestras agendas e intereses políticos sean distintos a los gobiernos de la República, no debemos apostar por su fracaso político ni económico. Somos parte del Estado y estamos para servir al país y a su gente.

En encuentro Social tenemos por norma pasar de la protesta a la propuesta y esa noción es la que nos mueve nuestro actuar dentro y fuera del Congreso. En este periodo de sesiones nuestro compromiso lo queremos reiterar y hacer patente a través de la discusión respetuosa y constructiva entre partidos.

Con la iniciativa que vengo a presentar que reforma los artículos 1o. y 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se adiciona una fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, queremos abonar a la salud financiera de México y su plena integración a la comunidad de naciones que ha optado por los medios electrónicos de pago para facilitar las transacciones cotidianas y reactivar así la economía.

Al 2014, de acuerdo con cifras del Banco de México, el 99 por ciento de los mexicanos usábamos el efectivo como medio de transacción, el 17 por ciento de las tarjetas de débito y sólo el 11 por ciento ocupábamos las tarjetas de crédito. En este mismo sentido, 90 por ciento de las operaciones de pago que se realizan cotidianamente las hacíamos en efectivo, es decir nueve de cada 10 compras o pagos.

El uso del efectivo tiene además un alto costo de producción. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2016, se destinaron poco más de tres mil 841 millones de pesos al Banco de México para cubrir el gasto corriente y de inversión para la provisión de billetes y monedas. Dicho presupuesto equivale a la suma de lo estimado en el PEF 2016 para los siguientes programas. Abasto social de leche a cargo de Liconsa, adquisición de leche nacional y seguro de vida para jefas de familia.

En el mismo sentido, la lucha contra la evasión fiscal mediante el uso de efectivo ha tenido tres frentes: aplicación de un impuesto a los depósitos en efectivo, uso de montos, límites para los pagos en efectivo, y la creación de una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con nuestra propuesta queremos impulsar el uso de instrumentos de pago distintos al efectivo, para lo cual pretendemos implementar estímulos fiscales que hagan más atractivo el uso de pago electrónico y permitan deducir el costo de la instalación y operación de la terminal punto de venta, estableciendo tasas diferenciadas al impuesto al valor agregado de 16 por ciento para operaciones en efectivo y 13 por ciento para pagos por medios electrónicos o cheques.

Por otro lado buscamos establecer que los gastos derivados de la utilización de terminales punto de venta sean deducibles del impuesto sobre la renta. De esto modo en Encuentro Social queremos ser parte de la solución para los problemas que afectan a todos los mexicanos. Buscamos que en las mesas y en los bolsillos de las personas y las familias, se vea lo mejor de nuestro esfuerzo y amor por México. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, esguinces o torceduras de ligamentos y desgarre de músculos y tendones, lesiones en la rodilla, lesiones en el tendón de Aquiles, hinchazón muscular, fracturas, contracturas y dislocaciones, son las lesiones deportivas más comunes que suceden durante la práctica de un deporte o durante el ejercicio físico. Algunas ocurren en forma accidental como consecuencia del mismo estado de movilidad física del cuerpo, pero otras, y en su gran mayoría, se producen como resultado de malas prácticas de entrenamiento, asesoría o del uso inadecuado de equipo deportivo.

La tradición deportiva en México, a través de la historia, ha estado enmarcada por una variedad de resultados en competencias de carácter regional o mundial, según el momento histórico de que se trate, y por supuesto, la calidad de la preparación integral de los atletas que en ese momento representen a nuestro país en dichas justas deportivas.

Es bien sabido, en primer lugar, que la práctica deportiva constante y programada, permite a los miembros que conforman una sociedad, el realizar actividad física de diversas maneras y modalidades, bien sea de forma organizada o por cuenta propia.

En la mayoría de los establecimientos privados dedicados a la práctica deportiva, entrenamiento o promoción de la actividad física, priva como común denominador, el que dicha instrucción está a cargo de personas que no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias y técnicamente requeridas para garantizar sobre todo, la seguridad al practicante.

Si bien es cierto, la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cuenta con un sistema de certificación de entrenadores deportivos, y no obstante que los documentos de titulación y constancias que se expiden están revestidas de la validez oficial requeridas, la necesidad de obtención de las mismas por parte de los particulares que prestan servicios de naturaleza deportiva al público en general, no son de carácter obligatorio como requisito sine quan non para proceder a la policitación de los servicios profesionales en materia de actividad física.

Así es como han aparecido franquicias destinadas a la práctica de diversas actividades físicas deportivas, tales como pilates, crossfit, zumba, body system, aeroyoga, aerobics, tae bo, entre muchas otras, las cuales ofertan certificaciones que no son supervisadas y reguladas por la autoridad administrativa alguna, la cual está indubitablemente legitimada para tal efecto.

Con la finalidad de erradicar en lo posible la situación anómala a la que se hace referencia, se propone adicionar un párrafo último al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, tal regulación obedece a la necesidad de garantizar los principios básicos del derecho a la salud y a la seguridad integral.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona un párrafo último al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar en los siguientes términos:

Tratándose de servicios relacionados con la práctica de activación física, cultura física y deporte ofrecidos por organismos, personas físicas o morales de carácter privado, será indispensable que los mismos cuenten en forma previa al inicio de sus operaciones, con las autorizaciones y certificaciones que contengan los debidos estándares de calidad, que garanticen las condiciones de eficiencia y eficacia en relación a los servicios ofrecidos, mismas que serán expedidas por las autoridades administrativas legalmente facultadas para ello.

Es cuanto, diputado presidente, buenas tardes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ibarra Rangel. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Guadalupe González Suástegui: Gracias, presidente. Saludo con gusto a quienes nos ven a través del Canal del Congreso. También a mis compañeras y compañeros diputados que hoy nos acompañan en este recinto.

Angélica de 12 años y Marisol de 10 son dos hermanas que hace unos días perdieron a su padre a consecuencia de la violencia que se vive en Acapulco, Guerrero. Hoy, que es el Día Internacional de la Niña, ellas no tienen nada que festejar. Ellas no tienen motivos para ser felices porque no solo perdieron a su padre, perdieron a la única persona que vendiendo aguas en un semáforo era el sostén de la casa. Y no solo en Guerrero, en todo México niñas y niños tienen que padecer el desamparo, tiene que padecer la orfandad debido a la violencia que vivimos.

El día de hoy en este honorable recinto parlamentario presento una iniciativa que ha marcado mi trayectoria en la obra social, en mi vida profesional y política. Con esta iniciativa quiero hacer un llamado a la consciencia y a la reflexión para reestablecer la paz y la seguridad en nuestro hermoso México.

Es el momento de reestablecer el orden, sí, pero reconciliándonos para vivir en armonía, porque en nuestro país la ciudadanía reclama justicia social, empleo, bienestar, seguridad y paz.

Es la hora de revertir la violencia en sus diversas manifestaciones, y el clima de inseguridad en el que vivimos. Debemos hacerlo porque cada vez más niñas, niños, adolescentes y jóvenes sufren la muerte, la desaparición forzada o el secuestro de su padre o madre, o de ambos, en actos de violencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la violencia política, el homicidio y el feminicidio.

Esta situación coloca a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en una doble vulnerabilidad. Primero el padecer a lo largo de su vida los efectos de ver morir a uno de sus progenitores o a ambos o el haberlos perdido de manera súbita, o a las personas que los cuidan, como pueden ser sus abuelos, tíos o personas cercanas.

Segundo, la tragedia de la soledad a lo largo de toda su vida, los estigmas, los efectos económicos y sociales de la orfandad.

Pese a la grave problemática de la orfandad actualmente existen pocos datos al respecto. Lo que sí sabemos de acuerdo a los datos de la UNICEF de 2014, es que de 40 millones de niños, 20 millones viven en pobreza y carencias alimentarias. Que 4.7 millones padecen pobreza extrema principalmente indígena. Que 6.1 millones entre tres y 17 años no asisten a la escuela.

Estos datos duros explican por qué los albergues están saturados mientras que en las calles vemos cómo aumentan las poblaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes deambulando, buscando desesperadamente la manera de sobrevivir.

Estimadas diputadas y diputados, es urgente resolver la situación de orfandad y de vulnerabilidad económica de las niñas, niños y adolescentes, a fin de evitar su doble victimización. Aún estamos a tiempo de fortalecer el marco normativo y elaborar políticas públicas para proteger de manera integral la esfera jurídica de la niñez, mediante la reparación inmediata del daño conforme a los estándares internacionales, para que no estén desamparados, puedan alimentarse, continuar sus estudios y acceder a los servicios de salud.

En este sentido es necesario que los recursos producto de la reparación del daño se dirijan directamente a las niñas, niños y adolescentes con el fin de que los adultos o personas que ejerzan su custodia o patria potestad puedan solventar sus necesidades.

Con esta reforma los ascendientes, tutores y custodios o terceros interesados están obligados a exigir al Estado mexicano el cumplimiento de los derechos de los niños, quedando obligado el Estado a otorgar todas las facilidades y derechos contenidos principalmente en los artículos 1, 3 y 4 constitucionales.

Precisamente el artículo 4 mandata lo siguiente. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El artículo anterior busca la visión humanista de Acción Nacional, en el sentido de garantizar el derecho a disfrutar de una familia, bienestar y una vida libre de violencia.

Respecto a los tratados internacionales y el principio pro persona, se catalogan una serie de derechos especiales para proteger a la infancia de vulnerabilidades concretas, como es la reparación del daño de las víctimas directas e indirectas que no pueden valerse por sí mismas.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la vulnerabilidad de los niños que pierden a sus padres en situaciones de violencia, obligan a la familia y al Estado a protegerlos para evitar que sean marginados y estigmatizados.

Es la hora de que el Poder Legislativo actualice el marco jurídico para incorporar la reparación del daño en materia de niñas, niños y adolescentes. Nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes nos necesitan, hagámoslo por ellos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada González Suástegui. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia. Adelante, diputada.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (desde la curul): Gracias, presidente. Es para felicitar a la diputada González Suástegui, por esta gran iniciativa en favor de los niños, niñas y adolescentes, y que me permita suscribirme. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Guadalupe, diputada González. La diputada acepta las adhesiones, están a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para los trámites que ya todos conocemos.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante. Sonido en la curul del diputado Sesma. Adelante, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Solamente para hacer del conocimiento –y con la venia de la Presidencia– el que nuestro compañero diputado Omar Noé Bernardino ha decidido declinar su iniciativa, para poder llegar a los puntos de acuerdo de urgente u obvia, dado que es un caso muy importante, no solo para el Partido Verde, sino para todos los diputados, y asimismo creo que otros partidos lo estarán haciendo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sesma.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal.

Esta Presidencia saluda a los habitantes de la comunidad indígena de Xoxocotla, del estado de Morelos, bienvenidos. Adelante diputado.

El diputado Leonardo Amador Rodríguez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Ajeno a ideologías políticas, colores o siglas de partidos, sin duda alguna todos, sin excepción, coincidimos de la importancia histórica que hoy tenemos en nuestras manos para acabar por completo con ese flagelo llamado corrupción.

Es por ello, que agradezco su profunda atención y asistencia el día de hoy a la presentación de una iniciativa que pretende fortalecer nuestro recién aprobado sistema nacional anticorrupción.

Como todos ustedes saben, el tema lamentablemente no es un asunto del pasado, las prácticas de los funcionarios contra los ordenamientos legales en demérito de la calidad de vida de los mexicanos persisten en los tres niveles de gobierno, en los tres Poderes de la Unión.

La corrupción es un mal que afecta todos los ámbitos de la vida pública, debilita a las instituciones y frena el desarrollo social y económico. Existen acciones, como el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, la colusión, la intimidación, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia, el cohecho y el peculado, rondan permanentemente el entorno de la actividad pública.

Basta revisar un noticiero en radio, televisión, internet o en medio impreso para encontrar nombres de funcionarios, representantes populares o ciudadanos vinculados con la corrupción.

Si esta situación es inaceptable e indignante, lo es más cuando la impunidad es la consecuencia a cualquier intento de investigación, indicio o sentencia a modo. La corrupción es el mayor problema de México y la principal preocupación de los ciudadanos, prueba de ello que hoy en día todos los servidores públicos hemos perdido credibilidad y no podemos hacer oídos sordos ante esta exigencia.

Debemos ser una generación que dé un vuelco a la corrupción, asumiendo nuestra responsabilidad con inteligencia y determinación. En nuestro país la mayoría de los delincuentes que en muchas ocasiones ocupan alguna responsabilidad pública se pitorrean de la ley, o dicho en otras palabras, se burlan de ésta. Y si no me creen pregunten a cualquier ciudadano veracruzano cómo allá la ley es solo un discurso, por nombrar un ejemplo, la corrupción histórica del actual gobernador Javier Duarte de Ochoa. Pero él dice que todo está en regla. ¿Ustedes le creen?

Reitero, ser servidor público no debe ser oportunidad para el enriquecimiento. Por tal motivo, me permito poner a su consideración la posibilidad de inhibir cualquier pretensión de hurtar lo público para conseguir un beneficio privado.

A través de la historia ha quedado demostrado que muchos malos funcionarios que han ocupado cargos en los diferentes niveles de gobierno han cometido uno o más ilícitos y huyen apostando a la prescripción del delito, para una vez concluido disfrutar de los beneficios impunemente.

En consecuencia, el Código Penal Federal debe ser modificado para no permitir la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos, y más aún, deben de considerarse como graves aquellos que atenten contra el patrimonio de la nación.

Basta ya de no combatir de forma oportuna las tentaciones de quienes ven en la actividad pública la forma de hacer riqueza, como señaló José Miguel Ayllón: la prescripción no refuerza la seguridad jurídica, la destruye y favorece la impunidad de los delincuentes.

La caducidad delictiva solo es saludable cuando la justicia es rápida y eficiente, pero cuando es lenta solo sirve para dar derecho a los criminales y genera indefensión.

Reza el dicho: quien hace la ley hace la trampa. Por esta razón no podemos permitir que la prescripción sea la puerta de atrás por la que escapan o aspiran escapar los delincuentes con cargo público.

Por último y con la seguridad de que en este recinto nadie tolera la corrupción, solicito su apoyo a esta iniciativa, más ahora que con estas acciones la función pública retoma el honor, la dignidad y la confianza del pueblo de México que busca y aspira a contener las conductas ilícitas, porque en nuestro país quien la hace la debe pagar.

Señor presidente, le solicito que mi intervención se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Amador Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen e insértese el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 203 del Código Penal Federal. Esta Presidencia saluda al Sindicato de Panificadores de la CTM, invitados por la diputada Georgina Zapata. Bienvenidos. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, y muy especial al pueblo de México, con tristeza seguimos escuchando como las notas periodísticas nos informan sobre el turismo sexual. Práctica deleznable que persigue a nuestra niñez y que cada vez se hace más frecuente en nuestro país, por la falta de una regulación y políticas públicas que persigan a tal delito.

Según informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, sobre la trata de personas del año 2013, exhibe que cada año en México 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual; mientras que otros 85 mil son usados en actos de pornografía en 21 de las 32 entidades que conforman nuestra federación.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos considera en su artículo 13 al turismo sexual como una forma de explotación sexual remunerada que se encuentra dentro del fenómeno de la trata de personas, y sanciona con penas de 15 a 30 años y multas de mil a 30 mil días al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas y privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada.

El tema de la existencia de turismo sexual en nuestro país es invisibilizado, no se ve para no ponerle atención. Es, en esencia, una cortina de humo. Una de las agravantes en torno a este ilícito es la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevalecencia e impunidad por parte de los parientes de las víctimas, que otorgan amplias facilidades para que los turistas extranjeros, mayormente estadounidenses y de procedencia europea, para que puedan acceder a los menores de edad, todo se da bajo la descomposición de un enorme tejido social que acontece en nuestro país. Con tristeza y preocupación se ha visto que actualmente a los padres y familias de niños participan en esta práctica, aunque las leyes ahora protejan a los menores no se llevan a la cabalidad esta protección.

El caso más claro quedó el reciente del canadiense multicitado en las redes sociales llamado Walter Suk, fue encarcelado por este hecho, pero el padre del menor que aparece en la escena del ilícito no se le fincó nunca una responsabilidad penal por tal ilícito. Los pequeños confían en que los padres, familiares y tutores los protejan, pero ahora no es así, no siempre es así, por desgracia. La facilidad de obtener dinero por la venta de menores ha corrompido la sociedad, por lo que no podemos permitir que estas atrocidades sigan ocurriendo con nuestros hijos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía a su consideración, la parte adicionada al artículo 203 del Código Penal Federal que aumenta las penas armonizándolas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a lo cual dice lo siguiente:

Al autor de este delito se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión y de 1000 a 30,000 días de multa y se aumentarán en una mitad de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:

Los que ejerzan la patria potestad, padre, madre o tutor o quien esté ligado con la víctima por una lazo afectivo, tales como familiares y línea colateral hasta el cuarto grado, ascendientes o descendientes, tutores o curadores.

Para ello en estos incisos, además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la patria potestad, la tutela o la curatela, en su dado caso. En todos los casos el juzgador acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

Por el bien de los niños de México y del mundo, lo pongo a su consideración. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto. Adelante.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí. Gracias, presidente, con su venia. Nada más para pedirle al ponente de su iniciativa, desde luego tan importante y de trascendencia social para México, y si me permite adherirme ya que el derecho penal es un derecho perfeccionable y a diario hay que perfeccionarlo y es muy buena iniciativa; si me permite adherirme a la misma.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado da su autorización. Está a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría para la firma correspondiente.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Adelante, diputada.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Gracias, muy buenas tardes. Hoy, Día Internacional de las Niñas, veo un mensaje de Melanie, una niña de cinco años enferma de leucemia.

En México, al igual que el resto del mundo, la ciencia, la tecnología y la medicina para el buen funcionamiento y mejores resultados, utiliza material radioactivo. Ejemplos tales de aplicación son radioterapias, medicina nuclear, registros geofísicos, medidores de espesor de humedad o niveles, entre muchos otros.

Compañeras diputadas y diputados, permítanme referirme en esta ocasión al tema de residuos radioactivos o nucleares. Desde febrero de 1985 fue publicada la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, siendo presidente el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y desde entonces a la fecha si bien es cierto que ha sufrido reformas en algunos artículos y que existen los mecanismos y procedimientos necesarios para las instalaciones y manejo operativo del material radioactivo, también es cierto que aun hay vacíos y cabos que quedan al aire en cuanto a mecanismos de evaluación, supervisión, disposición y almacenamiento y manejo de los desechos y residuos radioactivos lo que causa deterioro al medio ambiente, a los ecosistemas y a la población potencialmente expuesta a la radiación de estos desechos.

Hoy hablo también a nombre de los vecinos de Temascalapa, lugar situado aproximadamente a 75 kilómetros de la Ciudad de México, ubicado en una superficie aproximada de 16.4 hectáreas en el municipio de Temascalapa, estado de México. En este lugar encontramos el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos Cader.

Dicho centro se instaló de forma temporal e inició sus operaciones en 1970 teniendo a la fecha más de 45 años de su instalación, siendo ahí almacenados todos los desechos radioactivos del país.

Por haber sido instalado de manera temporal no está debidamente reglamentado ni cuenta con las condiciones necesarias para su buen funcionamiento, y esto se confirma en 1992 por el dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, quien dictaminó que el deposito no era idóneo para ser utilizado de forma permanente, y de manera preocupante hoy, de acuerdo al inventario más reciente en 2015, se estima que el Cader tiene almacenados 2 mil metros cúbicos de desechos radioactivos y 5 mil 700 fuentes radioactivas de desuso.

Este tema no es nuevo en este recinto legislativo, ya se había abordado. En 1999 un grupo de diputadas y diputados de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente realizó una visita al Cader, después de un año de que se hiciera la proposición en el pleno de la Cámara, mismo que en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, plantearon el reasentamiento del depósito; pero los funcionarios del Cader fijaron un plazo de siete años para desmantelarlo por completo y a la fecha sigue operando.

En 2009 se pediría al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, su intervención para que el centro fuera retirado por completo de este municipio. Sin embargo el ahora presidente de la república, tampoco resolvió el problema.

Así como a nivel federal se ha desatendido la reubicación del depósito nuclear, a nivel local son desatendidas las peticiones para que se practiquen estudios a la población para determinar si los habitantes de estas comunidades han sido afectados por el funcionamiento del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos.

En días pasados realicé una gira de trabajo visitando diferentes municipios del estado de México. Ejemplo claro, el municipio de Temascalapa, dando cuenta de múltiples casos de enfermedades degenerativas como cáncer, insuficiencia renal, muertes prematuras, malformaciones, causando, sin duda alguna, un gran impacto en la salud de la población potencialmente expuesta a la radiación y al medio ambiente.

Ante esta situación el 29 de julio del 2016 solicité al ININ información diversa sobre el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, Cader. A este respecto la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias nos comenta el porqué de los sucesos en la localidad, dando contestación que el Centro de Almacenamiento se vigila para que las operaciones se realicen de manera segura tanto para los ocupantes en las instalaciones como la sociedad en general, para el ambiente. Asimismo que se disponen de diversos mecanismos de evaluación y supervisión operativa para constatar que el Cader opera en el apego al marco regulador.

Esto quiere decir que dan a notar que ellos mismos operan y ellos mismos supervisan, siendo al mismo tiempo juez y parte, por lo que solicito su apoyo, diputadas y diputados, para quienes realicen las supervisiones no sean sólo la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, sino una comisión integrada por instituciones de educación superior, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridades municipales y de la sociedad civil, con el objetivo de que se regule y supervise de forma conveniente para todos, y para evitar que sigan pasando estos casos y se sigan cometiendo faltas a los derechos humanos en temas de salud y el deterioro del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, este tema de necesidad ambiental, salud y social a favor del cuidado en el medio ambiente, brindado oportunidades de calidad de vida, garantizando el cuidado a nuestra sociedad. Por su atención, muchísimas gracias.

Aunado a este tema, también quisiera comentar sobre el tema del impacto ambiental que se está realizando en este municipio, ya hoy están acabando con cerros para llevarlos al aeropuerto de la Ciudad de México, a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, y estamos señalando directamente al secretario de Medio Ambiente, acuda a esta soberanía para dar respuesta ante ello. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Hauffen Torres. Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, 13, 75 de la Ley General de Educación.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el mayor bien público que ha construido el Estado mexicano es sin duda alguna el de la educación, por ello Nueva Alianza participa activamente para priorizar su mejora en la calidad con equidad, manteniendo intacto el espíritu filosófico del artículo 3o. constitucional, y garantizar a las generaciones actuales y futuras el desarrollo de sus máximas potencialidades en un entorno de derechos y de garantías.

A nuestro país le urgen propuestas que nos permitan construir una sociedad del conocimiento y una economía redistributiva con un amplio sentido humano. En este sentido, hoy presento la iniciativa para reformar la Ley General de Educación e incorporar la obligatoriedad del Estado para producir, distribuir y fomentar el uso de libros de texto gratuitos en la educación media superior.

Según datos del Inegi, en el año 2015, México alcanzó 30 millones de personas de entre los 15 y 29 años, sin embargo la precariedad de la circunstancia económica nacional, las desigualdades y la pobreza generalizada impiden lograr el máximo potencial educativo en este bono demográfico. La necesidad de subsistencia y empleo empuja a nuestros jóvenes a la deserción de los planteles educativos, engrosando las ya largas filas del desempleo y de la informalidad.

Sobre la circunstancia educativa de nuestra juventud el Informe sobre la Educación Obligatoria en México, publicado por el INEE, indica que un mayor nivel de escolaridad de la población de entre 15 o más años se asocia a mayores probabilidades de empleo, posibilita contar con un trabajo estable y obtener mejores salarios.

Por su parte, la OCDE señala que en México la cobertura educativa entre la población de 5 a 14 años es universal, sin embargo en la generación de los jóvenes de entre 15 a 19 años la cobertura educativa alcanza solo el 53 por ciento.

La acción de hacer obligatoria la educación media superior es un esfuerzo aún insuficiente, por lo tanto debemos atender dificultades, tales como: el acceso, la permanencia y los niveles de egreso.

Algunas cifras para sensibilizar su participación y su apoyo a esta iniciativa, 3.9 millones cursan este nivel y solo el 63 por ciento logra culminar sus estudios, 2.4 millones de este rango de edades están fuera de las escuelas.

El crecimiento anual está proyectado de entre 2.5 y 3 por ciento anual en este rango de jóvenes de entre 15 y 17 años. De seguir así vamos a necesitar 15 o 20 años para lograr la universalización en este nivel de escolaridad.

En la propuesta que hoy ponemos a su consideración reconocemos la complejidad y diversidad de fines y competencias educativas, que buscan proseguir los múltiples subsistemas que atienden al nivel medio superior, resulta consecuente en la producción de un amplio espectro de contenidos educativos.

Por tal razón la reforma a la Ley General de Educación a su consideración establece los libros de texto gratuitos, podrán atender materias generales que se integren en el marco curricular definido, a través de la estructura en el marco de la reforma a la educación media superior.

En la educación requerimos de forma urgente la utilización de las innovaciones tecnológicas, por tal motivo proponemos que la conformación, entrega y difusión de los libros de texto gratuito para el nivel medio superior se realice considerando al máximo el uso de las tecnologías de la información, dando la mayor publicidad de los mismos en las plataformas electrónicas públicas para su acceso gratuito y generalizado.

Nueva Alianza desea apoyar las mejores condiciones para que nuestros alumnos accedan y se mantengan en el campo del conocimiento. La falta de libros no debe llevar a los adolescentes y jóvenes de este país a la calle, a las drogas o a la frustración. Hagamos lo necesario para que estén en donde deben estar; en las escuelas.

Solicito a la Presidencia se inserte íntegro el presente posicionamiento al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hernández León. Atiéndase la petición del diputado y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN

IMPLANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROHIBIR EL TRÁNSITO DE LOS CAMIONES DE CARGA DE DOBLE REMOLQUE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a implantar las acciones necesarias para prohibir el tránsito de los camiones de carga de doble remolque, suscrito por el diputado José Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.

La Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte señala que el riesgo de un accidente se amplía 32 veces más en vehículos tractocamiones doblemente articulados, los conocidos como camiones doble remolque, pues llegan a transportar más de 75 toneladas en diversos productos.

El problema no es lo que transportan, sino el riesgo que conlleva el rebasar el límite de carga establecido en la Norma Oficial Mexicana, que es de 75.5 toneladas, el cual es excedido con mucha frecuencia en nuestro país.

El promedio de antigüedad de estos vehículos en nuestro país es de 15 años, conducidos a exceso de velocidad en carreteras con pavimento no apto para este tipo de transporte, con conductores poco capacitados que generalmente están exhaustos y que consumen lo necesario para mantenerse despiertos. Todo esto hace que lograr frenar este tipo de vehículos en tiempo y con seguridad se convierta en un acto de verdadera fe.

No es posible pensar en otorgar placas especiales a vehículos doblemente articulados como una medida para disminuir el riesgo que representan. La sociedad exige la prohibición inmediata, porque está consciente de la magnitud de los daños, tanto materiales como humanos que estos vehículos provocan en nuestro país.

Se pudiera pensar que somos demasiado estrictos, pero estamos hablando que los camiones de doble remolque provocan incidentes que ocasionan en promedio la muerte de cuatro personas únicamente al día en México.

La semana pasada se dio a conocer un acuerdo para establecer medidas que debieron aplicarse desde hace años, sin afectar ahora la circulación de estas unidades. Pero la realidad es que ahora que nosotros estamos hablando de una prohibición definitiva, ahora sí existe disposición para firmar acuerdos y comprometerse a cumplir con la norma, como si la buena voluntad fuera suficiente para frenar el afán de economizar en costos y aumentar los beneficios, en detrimento, por supuesto, de la seguridad de toda la población mexicana.

El punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, que hoy presentamos, se suma a la iniciativa que presentó nuestro grupo parlamentario, así como aquellas de legisladores de distintos partidos que también se han interesado en el tema.

Por mencionar algunos partidos, está el Revolucionario Institucional, está Acción Nacional, está el PRD y está también Encuentro Social. Todos estos partidos estamos preocupados por la seguridad de las y de los mexicanos, más allá de intereses económicos y de intereses políticos.

Atiende, además, la demanda ciudadana que hasta el día de hoy diputadas y diputados ha recogido casi 100 mil firmas de apoyo a esta iniciativa.

Hoy solicitamos el apoyo de todas y todos ustedes, para mandar un mensaje conjunto: Queremos que dejen de circular los camiones de doble remolque, para evitar que los accidentes que provocan le sigan costando la vida a miles de personas en México.

Formemos un frente común, legisladores y ciudadanos, autoridades y empresarios, choferes y peatones, para lograr que los viajes por carretera no se conviertan en motivo constante de preocupación y muertes accidentales.

Por encima de las utilidades económicas está la obligación del Estado a garantizar el derecho fundamental de la vida de quienes circulamos en las carreteras de nuestro país y esto, esto por ningún motivo puede llevarse a un juicio de ponderación, no es necesario. Por eso, ojalá las autoridades responsables entiendan este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sandoval. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema algunos compañeros diputados. Por tanto, tiene el uso de la tribuna la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada Karen Hurtado Arana:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, me permito fijar nuestro posicionamiento en relación con la propuesta con punto de acuerdo en discusión.

Se trata de un exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se pronuncie por prohibir la circulación de camiones de carga de doble remolque en las carreteras del país, esto, según se argumenta en el texto del punto de acuerdo, en vista de las más de mil muertes anuales vinculadas a dichos tipos de camiones, así como a la constante violación de la norma oficial mexicana sobre dimensiones, peso y condiciones de circulación.

Si bien es un punto de acuerdo que la fracción parlamentaria del PRD votará a favor, nos parece que la vía idónea para atender la problemática planteada es ejercer plenamente nuestras facultades constitucionales en materia de vías generales de comunicación, para así establecer en la ley de la prohibición de circulación de los camiones de doble remolque.

Al tiempo de exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga valer las disposiciones vigentes sobre dicha materia. El cumplimiento de la ley no puede estar supeditado a la voluntad de las autoridades.

Solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes que se pronuncie sobre la prohibición del tránsito de los camiones de carga de doble remolque nos regresa a los tiempos de la presidencia imperial, en los que la aplicación de la ley dependía del estado de ánimo del gobernante en turno.

Si existen en esta Cámara las condiciones para hacer las modificaciones legales que se reclaman, hagámoslas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hurtado. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados, subo a hablar a esta tribuna referente a un tema que ha sido un tema de mucha información y de muchos ciudadanos que han perdido algunos familiares en accidentes en las carreteras en nuestro país.

Acción Nacional se solidariza con esas pérdidas, y Acción Nacional considera y reafirma que para Acción Nacional primero estará la seguridad y las vidas humanas que el lucro económico.

El día de hoy se hace una propuesta por parte del Partido Verde, donde se solicita se niegue la circulación al doble remolque. Creemos que es una buena propuesta pero creemos que se puede complementar.

La gran problemática que se tiene en México, en las carreteras, es que hay una siniestralidad enorme, comparado con otros países del mundo. Donde en otros países del mundo se tiene el .3 por ciento de siniestralidad y en México está en 1.5 por ciento, cinco veces más accidentes en México, en las carreteras, que en otros países del mundo.

Todos los oradores que me antecedieron hablaron de que se tenía que cumplir la norma, las leyes y el reglamento. Acción Nacional está totalmente a favor de eso, pero necesitamos para eso tener un regulador fuerte, que ya no veamos camiones con sobrepeso, que no veamos camiones con exceso de velocidad, en malas condiciones físico-mecánicas o con choferes en mal estado.

Tenemos que ampliar la solicitud para que, de una u otra forma, el regulador pueda hacer su chamba y cumpla supervisando los camiones de carga en nuestro país. Porque no podemos seguir pagando con vidas humanas la falta de cumplimiento de la ley y el reglamento.

Tenemos una Policía Federal de Caminos que cada vez que levanta un parte 90 por ciento de ellos son por exceso de velocidad o falta de pericia del conductor. No hay información. Tenemos camiones de más de 30 años que llevan 80 toneladas.

Tenemos que acabar con esa circunstancia y no podemos acabar sin el presupuesto de cada año. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le quitan más presupuesto, y les voy a dar un ejemplo. En Nuevo León, para supervisar a 6 mil camiones que pasan diario por mi estado se tienen 3 supervisores con una camioneta y una computadora.

La gran cantidad de accidentes que tiene nuestro país es porque hay muchos camiones que no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Y hay una autoridad que es complaciente con ese sector irregular de transporte de carga.

Por lo mismo, nosotros creemos que tenemos que ampliar la toma de decisiones de esta Cámara y queremos presentar al proponente del Partido Verde una propuesta de modificación al resolutivo de su punto de acuerdo, para seguir ahondando y entrar en discusión de este tema, que creemos que es un tema muy sensible hoy en día para la comunidad de nuestro país. Aprovechar un foro que se va a hacer en el Senado el 19 de septiembre, que creo que es un foro muy importante para todos y propondremos la siguiente redacción al resolutivo del punto de acuerdo para ver si se acepta por el Partido Verde y su proponente.

Punto de acuerdo. La Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, para que, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, atienda el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en la iniciativa que los legisladores federales de varios partidos políticos han presentado, con objeto de que la dependencia a su cargo se pronuncie por restringir la circulación de camiones de carga de doble remolque, cuya finalidad es salvaguardar la vida y la integridad física de las personas en nuestro país.

Compañeros, tenemos que restringir la circulación del doble remolque, no puede haber más remolques en mal estado, con condiciones físico-mecánicas pésimas, con sobrecarga y exceso de velocidad. Eso es lo que propone Acción Nacional. Y le pregunto al diputado, si acepta la propuesta de modificación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Rodríguez. Vamos a dar el uso de la voz a dos oradores más. Tiene el uso de la palabra, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias. Efectivamente, es una propuesta que es un clamor en México. Además, hablar de más de mil muertes en nueve meses es hablar de que en otras guerras, donde hay guerras, hay menos muertos. Quinientos mil accidentes al año viales en este país, en los cuales 28 mil incurren en el tema doble remolque, hay cuestiones de cualidad de servicio, hay características totalmente reprobables.

Entendemos que haya un argumento que minimizan los costos de los productos básicos en algunos casos o de los productos que se trasladan en otros, pero la verdad que en este país hay una carestía, no hay argumento que justifique el exceso de peso que violenta la Norma 012 en materia de pesos y dimensiones.

Para un ejemplo, amigas y amigos, que esta propuesta debe de ser aprobada e incluso en los términos que diga el pleno. Fíjense bien. La operación de estos vehículos es un atentado contra las leyes físicas y en sentido común, regularmente en otros países de primer mundo desarrollados, a los choferes de doble remolque, porque sí los hay con menos dimensión desde luego y con menos tonelaje, se les pagan sus viáticos, se les permite trabajar en sentido estricto laboral, ocho horas y cada cuatro de estas ocho horas que trabajan se les obliga a descansar.

Aquí no está regulado, es inhumano lo que se hace. Se les obliga a trasladarse, a ganar por destajo y ahí están las consecuencias porque no hay regulación al respecto; e incluso no solamente con este punto de acuerdo, hay que proponer y lo haremos como Partido Encuentro Social, una reforma al artículo 50 de la Ley Federal de Transporte de Caminos y Transportes Federales.

Otro argumento, fíjense bien las dimensiones, en otros países del doble remolque. En México 31 metros se permiten 75 toneladas y hay doble remolque se van hasta más de 80 toneladas, provocando los accidentes que ya conocemos.

En Estados Unidos 25 metros, 36.6 toneladas. En Canadá 25 metros, 63 toneladas. En el Reino Unido, que es el país europeo que más permite el peso, el peso máximo es de 44 toneladas. Es decir, no hay argumento, no hay estándar, no hay una explicación; mejor dicho, la única explicación puede ser la negligencia de la autoridad competente o la corrupción y la impunidad. No hay otra explicación.

Tenemos que tener la mano firme en estos asuntos públicos que tanto lastiman a la sociedad. Ya basta de corrupción, ya basta de impunidad. Es el momento que los dobles remolques, o bien se regulan, o bien se suspenden en el país porque no hay la supervisión adecuada y lo que sí hay son autopistas y carreteras destruidas derivado del sobrepeso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guízar. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Perdón, diputado Virgilio Caballero, ¿Con qué objeto?

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Para que me anote en la lista por favor.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se incorpora a la lista. Ya que el orador va a hacer uso de la voz, en un minuto. Gracias.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Se estima que alrededor de medio millón de tráilers con dimensiones superiores a las establecidas por la ley circulan en las carreteras mexicanas.

Cifras de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos señalan que los camiones full o de doble remolque están involucrados en la muerte de aproximadamente mil personas al año. Sin duda se trata de un problema que debe analizarse desde diversos aspectos como el social, el económico y el de la seguridad.

Para Nueva Alianza no hay duda de que la seguridad y la protección de la vida de quienes transitan por las carreteras de nuestro país es un asunto primordial y de urgente resolución.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que se expedirá una placa especial para los camiones de doble remolque con el objeto de verificar las condiciones mecánicas de las unidades, así como la documentación de conductores y vehículos, todo ello como una medida de control a fin de evitar mayores accidentes.

No obstante este esfuerzo, sabemos que el problema radica no en la falta de leyes que regulen la circulación de los camiones con doble remolque, sino en la falta de compromiso por parte de los dueños de esos transportes, quienes infringen la regulación en cuanto a peso y longitud de las unidades, de tal suerte que las convierten en armas rodantes.

Si bien la norma oficial mexicana NOM-012SCT-2014 autoriza un peso bruto vehicular para los tractocamiones doblemente articulados, de 66.5 toneladas, y para el pluridiferenciado a 75.5 toneladas y un máximo de 30 metros de largo. La realidad es que este tipo de vehículos transportan mercancías con cargas que rebasan por mucho estas cifras, llegando a registrar hasta 100 toneladas de peso y una longitud que puede llegar a rebasar los 31 metros. El mayor peso y dimensiones de los vehículos generan daños en las carreteras y aumenta el riesgo de los accidentes.

En Nueva Alianza creemos que este tema debe verse con una visión integral. Por ello entendemos la importancia que los traileres y camiones doble remolque significan para la economía, toda vez que de los 584 millones de toneladas que se transportan vía terrestre en México, el autotransporte de carga mueve 83 por ciento, equivalente a 470 millones de toneladas. En ese sentido tenemos la convicción de que la seguridad vial no debe ir en contra del desarrollo económico, y de manera contraria se debe encontrar un equilibrio que posibilite el transporte de mercancías sin poner en riesgo a la población.

Coincidimos con el punto de acuerdo en que las medidas anunciadas por la SCT si bien son loables, no son suficientes para atacar de fondo el problema. Por ello nos pronunciamos por medidas más severas y sobre todo, eficaces para que los transportistas cumplan con la ley y acaten las dimensiones y pesos establecidos, en aras de disminuir los accidentes y la pérdida de vidas humanas, porque la seguridad carretera es asunto serio y primordial. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jonadab Martínez García:Muy buenas tardes; muchas gracias, presidente. Quiero reconocer el trabajo de un actor importante que seguramente su historia de vida, su experiencia por haber perdido a parte de su familia en un accidente vial, es que hoy confluimos y coincidimos en este exhorto que se le hace a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Me refiero, y con todo respeto, y me uno a la pérdida de su familia y me solidarizo a sus sentimientos, don Héctor Gandini, sé que seguramente estará pendiente de este asunto, porque es un actor importante en la transcendencia de este asunto, de este posicionamiento y exhorto que hace la Cámara.

Sin lugar a dudas, todos somos testigos porque el 90 por ciento de quienes estamos aquí llegamos a este lugar por vía carreteras, y sufrimos todos los días y vemos en todos los caminos y vías, primarias y secundarias, transporte doble remolque.

En avenidas y en calles que no están diseñadas en su infraestructura para transportación de este tipo de vehículos. Sin embargo, y a pesar de que también es su responsabilidad de los transportistas, quiero hacer énfasis y un señalamiento muy claro, es obra y producto de la corrupción.

Existe un permiso de conectividad, lo cual da y autoriza facultades a que el transporte público doblemente articulado pueda circular por vías secundarias, pero saben qué, la autoridad no ha dado la supervisión adecuada, la autoridad no ha ejecutado la autoridad propia de la ley, y no ha sancionado a los transportistas que así lo hacen, eso es un problema de corrupción, no más allá de regulación.

El artículo 50 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal lo menciona, la norma oficial número 12 lo menciona, esto está sumamente regulado, lo malo es la aplicación de la ley como en muchos casos y en muchos sectores.

Su servidor presentó una iniciativa de ley en este sentido, y un punto de acuerdo a eliminar de una vez por todas el permiso de conectividad, es ahí donde erradica el problema, señores. Es ahí donde erradica realmente el acto de corrupción donde las autoridades permiten que autotransporte que supera el peso y dimensión circule por vialidades que no son adecuadas para esto.

Saben dónde más también está el problema, el problema también radica en que desde los puertos salen ya los contenedores por pesos y dimensiones superiores a los que establece la norma y la ley, no solamente están las carreteras, no victimicemos y no criminalicemos solamente al transporte articulado o doble remolque, esto es una cadena de corrupción que lamentablemente ha tenido el costo en vidas, lamentablemente hoy existen aproximadamente más de 18 mil accidentes carreteros, 84 por ciento del transporte y de todos los bienes y servicios que llegan a nosotros se transporta en vías carreteras.

Esta es una pregunta que dejo al aire, espero la respondamos: ¿Qué nos preocupa más? Y ya lo mencionaba un diputado que me antecedía en la voz. ¿Nos importa más el costo del transporte o nos importa más el costo de las vidas? El costo de la vida y la salud de nuestras familias no tienen precio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Contadísimas compañeras diputadas, contadísimos compañeros diputados, presentes en este pleno, muy respetables todos, no voy a repetir aquí lo que han dicho ya otros compañeros. El problema del transporte doble remolque produce víctimas por miles en México.

México es uno de los pocos países en los que circulan camiones con doble remolque, los propios transportistas de doble remolque han dicho recientemente que se trata en realidad de proyectiles que no pueden frenar en 300 metros. A esta condición se suma la antigüedad de las unidades y el exceso de velocidad en carreteras que no se diseñaron para este tipo de transporte.

Los transportistas mexicanos reconocen que a causa de los accidentes generados, como se ha dicho aquí, cada año mueren por lo menos mil personas a nivel nacional, es decir, estamos ante una matanza.

Este transporte no está diseñado para soportar grandes cargas, sino para transportar mercancías voluminosas de acuerdo a lo expresado por el presidente de la propia Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

Pese a todo esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, como si se tratara de un problema administrativo, que expedirá una placa especial para los camiones de doble remolque para resolver el problema. Dice que para obtenerla se llevaran a cabo revisiones con la finalidad de verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y la documentación de los conductores y vehículos. Es decir, lo que debía ser o lo que debía venir haciendo por obligación, se le propone ante el problema grave a que ha llegado esta situación.

Morena solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ser sensible y atender el reclamo social y las iniciativas presentadas aquí por legisladores de diferentes partidos, para que definitivamente la dependencia a su cargo se pronuncie por prohibir la circulación de camiones de carga de doble remolque, con el objeto de salvaguardar la vida e integridad física de las personas.

Es urgente que se tomen medidas que regulen el transporte de carga y prohíban el doble remolque. En Morena estamos comprometidos con la búsqueda de mejores soluciones a las demandas ciudadanas, por eso apoyamos esta iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:Con la venia de la Mesa Directiva. El Grupo Parlamentario del PRI sin duda puede y debe y está de acuerdo con proteger el valor más elevado que podemos tener en cualquier comunidad, en cualquier sociedad; la vida humana. Por ello el fenómeno de la circulación de los camiones o el transporte de carga doble articulado es un asunto que debe analizarse de manera sistémica, de manera integral.

De los 400 mil vehículos de carga que circulan en nuestro país, el 8 por ciento es de doble remolque y el 2.2 por ciento de los accidentes que suceden en las carreteras mexicanas es particularmente causado por los camiones doble articulado.

Esto nos llama a una reflexión profunda y por ello estamos sumados a este llamamiento. Pero que va más allá solamente de la prohibición de los camiones de doble remolque, sino también a la revisión de las reglas, protocolos y reglamentos de las obras públicas que se realizan en nuestras carreteras.

Del confinamiento de los carriles para quienes circulan con carga pesada, para las medidas específicas, que vayan acorde con el Tratado de Libre Comercio en torno al peso y tonelaje de los camiones que circulan en nuestras carreteras. De establecer medidas de vehículo compartido también para incentivar que existan menos automóviles, ya que el 70 por ciento de automóviles privados que circulan en nuestras carreteras viajan con un solo pasajero. El 30 por ciento del transporte de carga que viaja en nuestras carreteras viaja vacío.

Pero estamos conscientes de los accidentes trágicos, como el reciente en Veracruz, que se perdieran 13 vidas, particularmente, como de las obras de Huehuetoca, de la carretera México-Querétaro, que se perdieran semana con semana.

Por ello, la invitación y la suma a este llamamiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es con la seriedad y con el análisis integral, sistémico de ir a fondo a construir una legislación moderna, para poder también tener carreteras que estén acorde a los tiempos y a la seguridad que los ciudadanos merecen para llegar con tranquilidad a sus respectivos destinos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra Urbiola. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por los grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo con las modificaciones planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comparecencias ante comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 4; 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se modifica el resolutivo primero del acuerdo por el que se aprueban el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, para quedar como sigue:

Segundo.Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo federal y a las comisiones los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique a los funcionarios correspondientes.

Tercero.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta de manera respetuosa a las autoridades correspondientes para atender el caso de los migrantes lesionados y fallecidos en el municipio de Tres Valles, Veracruz.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración (INM) para que en el ámbito de sus atribuciones brinde a los migrantes abandonados por traficantes de personas en el municipio de Tres Valles, Veracruz, el pasado 4 de octubre, todas la facilidades para su repatriación.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración (INM), para reforzar e intensificar la vigilancia en la frontera sur del país, con la finalidad de evitar sucesos como los ocurridos el pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR), para que, en el ámbito de su competencia persiga y procese a los culpables por el delito de tráfico de personas involucrados en los hechos del pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz; así como activar el protocolo de actuación ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de octubre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica se pregunta si se aprueba, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 33 y 34, numeral 1, incisos b) y j) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el pasado 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México;

2. Que dicho decreto contempla, en su artículo séptimo transitorio, la integración de una Asamblea Constituyente que “ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de poder constituyente para la Ciudad de México”, debiendo aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes presentes;

3. Que la disposición referida también señala que la “Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compondrá por 100 diputados constituyentes”, precisando, en su apartado C, que 14 de ellos serán “diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de su Junta de Coordinación Política”;

4. Que resulta conveniente reflexionar sobre el trascendental papel que deben tener los diputados constituyentes designados por la Cámara de Diputados, durante el proceso de discusión y eventual aprobación del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México;

5. Que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación constituye, sin duda, una de las facultades exclusivas con mayor relevancia. Actualmente, el artículo 74 constitucional señala:

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal...”.

6. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe entenderse como el “gasto estimado que realizará el Gobierno federal, para sus actividades normales y para las inversiones públicas, durante un ejercicio fiscal, con la distribución entre dependencias públicas, sectores económicos y entidades federativas, que le indican las decisiones políticas fundamentales de la Constitución Política”;

7. Que el recientemente reformado artículo 122 constitucional establece, en su apartado A, fracción VI, inciso d) que la “Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo”;

8. Que de igual manera, dicho artículo menciona, en su apartado B, que la “Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio”;

9. Que simultáneamente, la reforma constitucional modificó el artículo 134 para señalar que los “recursos económicos de que dispongan” las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, facultando a la Cámara de Diputados para evaluar el ejercicio de los recursos federales: “Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, apartado C; 74, fracción VI y 79 de esta Constitución”; y

10. Que por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política considera que la participación de los diputados constituyentes designados por la Cámara de Diputados será fundamental para velar por el cumplimiento y la eficaz instrumentación de dichos preceptos constitucionales, dando viabilidad a la Constitución Política de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se instruye a los diputados constituyentes designados por la Cámara de Diputados para que, durante el proceso de discusión y eventual aprobación del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, velen por el cumplimiento y la eficaz instrumentación del artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso d) y apartado B, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que se traduzcan en una adecuada y justa asignación de recursos para la Ciudad de México. Asimismo, para que propongan mecanismos jurídicos y presupuestales que garanticen un efectivo control de los recursos federales que sean destinados a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido por nuestra Carta Magna.

Segundo.El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. Comuníquese a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Nota:

1 Biebrich Torres, Carlos Armando y Alejandro Spíndola Yáñez (2009), Diccionario de la Constitución Mexicana. Jerarquía y vinculación de sus conceptos, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Instituto Mexicano de Estrategias, Miguel Ángel Porrúa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado, comuníquese.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a invitados especiales del Grupo de Amistad México-Holanda, empresas holandesas en México y organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la excelentísima señora Margriet Nieske Leemhuis, embajadora de los Países Bajos en México.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES

ANIVERSARIO DEL PLAN DN-III

«Efeméride con motivo del 50 aniversario del Plan DN-III, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado viernes 7 de octubre, México celebró el 50 aniversario del Plan DN III; el plan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pone en marcha para socorrer a la población en casos de desastres de origen natural.

El Plan DN-III-E, popularmente, conocido como “DN-Tres”, es el instrumento operativo militar de auxilio a la población que emplean el ejército y la fuerza aérea.

Se aplicó por primera vez, en Veracruz, durante la emergencia causada por el desbordamiento del Río Pánuco, como consecuencia de los graves daños a la población que dejó el paso de Huracán Inés, en octubre de 1966.

Hablar del Plan DN Tres, es referirse, ciertamente, a situaciones de emergencia, a desastres, a las situaciones de riesgo de la población por el impacto de sismos, inundaciones y otras calamidades de origen natural.

Pero más que evocar la desgracia, el Plan DN Tres, nos remite al heroísmo de los soldados mexicanos, a los actos de la más clara vocación humanitaria y de servicio de nuestras fuerzas armadas.

El Plan DN Tres es eficaz, porque se apoya en la institucionalidad, la organización, la capacidad de despliegue, la disciplina y el don de mando del ejército mexicano.

Es admirado y reconocido por los mexicanos, por el carácter y las raíces profundamente populares de nuestros soldados.

Es esta labor del Ejército que fue reconocida por sus méritos extraordinarios, el pasado viernes en la explanada de “La Plaza de la Constitución”.

Han sido 50 años de atención a emergencias y de operativos de búsqueda, rescate y primeros auxilios; de evacuación, de brindar refugio, alimento y protección a nuestros compatriotas damnificados; de vigilancia y seguridad sobre su patrimonio.

El Plan DN-Tres, también es conocido y respetado fuera del territorio nacional, por las labores de ayuda humanitaria que han prestado los soldados mexicanos a pueblos hermanos afectados por desastres de origen natural.

Es reconocido, por su rigurosa institucionalidad, porque siempre se aplica bajo un esquema de coordinación, cooperación y pleno respeto a las autoridades de los países a lo que auxilian.

Estas, entre muchas otras razones, explican el por qué los mexicanos estamos orgullosos de nuestro glorioso ejército mexicano, y de contar con este formidable instrumento de auxilio a la población civil en casos de desastre, que ahora cumple su 50 aniversario: el PLAN DN-III-E.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.— Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica).»

DÍA DE LA RAZA

«Efeméride con motivo del 12 de octubre, Día de la Raza, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hace 524 años el mundo cambió, gracias a que el día 12 de octubre de 1492 el navegante Cristóbal Colón en una de sus travesías tras cruzar el Océano Atlántico, descubrió que había más vida fuera de Europa al darse cuenta de la existencia de unas islas, es así como se descubre lo que hoy se conoce con el nombre de Continente Americano, denominando a este acontecimiento como el “Día de la Raza”. Fue el encuentro de 2 mundos, 2 mundos que se desarrollaban de forma independiente sin tener la menor idea de que existiera tanto uno como el otro. Este suceso provocó que Europa, América y Asia comenzaran a compartir todo tipo de actividades tanto artísticas y culturales como de comercialización e invención. Gracias a este navegante italiano, hoy el mundo puede desarrollar actividades comerciales de un continente a otro.

Cristóbal Colón tenía la idea de que la tierra era redonda, pese a que en aquellos años se tenía la percepción de que la tierra era plana y estaba conformada por un solo continente en el que en uno de sus extremos estaban España y Portugal y en el otro, China y Japón.

Con esa idea de que la tierra era redonda, le presentó a Portugal un proyecto en el cual proponía explorar otros caminos para que el comercio fluyera con más velocidad, proyecto que el gobierno le rechazó, sin embargo, no claudicó en su intento por encontrar mecanismos para el intercambio de productos y fue a visitar a los reyes de España, Isabel y Fernando, para exponerles su idea y ahí mismo decirles que necesitaba financiamiento para llevarlo a cabo, en esa entrevista los reyes de primera instancia no vieron con buenos ojos la propuesta de Colón, ya que si lo aprobaban y financiaban iban a tener un grave problema con la Iglesia, ya que ésta no aceptaba que la tierra era redonda.

A la Reina Isabel se le hizo interesante el proyecto y tuvo a bien empeñar todas sus joyas para poder auspiciar el viaje de Colón, ella pensaba que si el navegante lograba su objetivo, España asentaría su poder en la región.

Así fue que un 3 de agosto de 1492 partiendo del Puerto de Palos de España, comenzó la expedición en 3 carabelas a las que nombraron “La Niña”, comandada por el Capitán Vicente Yáñez Pinzón, “La Pinta”, capitaneada por Martín Alonso Pinzón y “La Santa María”, en la cual viajaba Colón.

Al paso de 72 días el marino de nombre Rodrigo de Triana que viajaba en La Santa María, al lado de Cristóbal Colón, observó tierra y gritó con todas sus fuerzas “Tierra a la vista”, en ese momento la tripulación que para esos días ya se encontraba cansada aburrida y fastidiada de ese viaje tan largo, estalló en jubilo y festejó con mucho ánimo la llegada a esa pequeña isla que se encontraba en el mar Caribe, la cual al momento de desembarcar le puso el nombre de San Salvador, inmediatamente quedó encantado y asombrado de la cultura, de los recursos naturales y de la forma de vida de ese pueblo.

En los meses subsecuentes, Colón se dedicó a transitar por todo lo que estaba en la periferia de la isla, encontrándose con más islas dentro de las que se encuentran Cuba, Puerto Príncipe, Jamaica entre otras.

Es de suma importancia resaltar que no todo fue positivo en este encuentro, porque después de que Colón diera parte de su hazaña, llegaron los españoles a imponerse, trayendo consigo esclavitud, guerras, enfermedades, desaparición de culturas, pero sobre todo, la muerte de millones de nativos americanos del nuevo mundo.

Por eso hoy en el “Día de la Raza”, reflexionemos sobre todo lo que nos trajeron los españoles cuando se enteraron de que existían otras civilizaciones lejos de Europa. Fue así como se descubrió el nuevo mundo llamado de esta manera por los españoles.

Notas:

1 http://www.eljardinonline.com.ar/especial12deoctubre.htm

2 http://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/12-de-octubre-de-1492-el-dia-que -cambia-la-historia-del-mundo

3 http://www.diariopresente.com.mx/section/acervo/93768/12-octubre-dia-raza-encue ntro-dos-mundos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de Octubre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

REFUNDACIÓN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

«Efeméride con motivo de la conmemoración de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

El celebramos 91 años de la Benemérita Universidad de Guadalajara, institución que fue refundada en 1925 por el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, en medio de un México que se encontraba dividido, habían enfrentamientos posrevolucionarios y se trabajaba arduamente para volver a articular diversas actividades.

Se vivían tiempos convulsos. Recordemos que fue después de la Revolución, la Constitución de 1917 y la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1922, que se estableció la obligación del Estado para garantizar la educación básica para los mexicanos.

Hasta este momento en nuestro Estado la educación estaba en manos de instituciones privadas que se veían en la necesidad de remediar el poco apoyo gubernamental a la educación superior.

A pesar de que durante los años de la Revolución el entonces Gobernador de Jalisco, Manuel Macario Diéguez Lara, había declarado su total apoyo a la educación nombrándola un asunto de interés público, y había creado en 1914 la Escuela Preparatoria de Jalisco éste fue solo uno de los muchos cambios que necesitaba el sistema educativo en mi estado.

Sin embargo, no fue hasta junio de 1925 que el gobernador Zuno se dio a la tarea de formar un grupo de trabajo conformado por profesores, intelectuales y profesionistas destacados para la organización de una nueva universidad.

La reunión de dicho grupo tuvo como resultado la expedición de la primer Ley Orgánica, y así conformaron a la UdeG con once instituciones con la misma visión de crear las instancias necesarias para sentar las bases de la educación universitaria.

El gobernador nombró como primer rector de la Universidad al licenciado Enrique Díaz de León.

“Piensa y Trabaja”, este fue el lema elegido por el Consejo Universitario. Lema que desde 1925 ha representado e inspirado a un sin número de jóvenes y adultos que ponen sus esperanzas e ilusiones en esta honorable Institución.

Desde este momento la Universidad de Guadalajara se estableció como una institución pública, laica y autónoma, con un fuerte compromiso social y vocación internacional.

Nuestra querida institución promueve día con día la investigación científica y tecnológica, de igual forma se caracteriza por ser una casa de estudios respetuosa de la diversidad cultural, por honrar los principios humanistas, la equidad, la justicia social y la prosperidad colectiva.

Como reconocimiento a la loable labor que lleva acabo esta Institución, el 26 de febrero del 2014 fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco el dictamen para declarar Benemérita a la Universidad de Guadalajara.

Dicha declaración para nuestra institución es un bien-logrado reconocimiento a los numerosos beneficios que en materia educativa ha proporcionado al Estado de Jalisco desde el día de su fundación.

La estructura con la que cuenta la Universidad de Guadalajara el día de hoy surgió a mediados de los años 80, después de declararse como una institución educativa nacionalista, democrática y popular.

El licenciado Raúl Padilla López, inició en 1989 el proceso de reforma universitaria el cual tenía como fin la reestructuración de las escuelas y facultades en campus temáticos y regionales llamados Centros Universitarios, los cuales abarcan todo el territorio de Jalisco.

Hasta el día de hoy, la Universidad de Guadalajara se encuentra integrada por 15 Centros Universitarios de los cuales 6 son centros temáticos metropolitanos y 9 centros regionales; el Sistema de Universidad Virtual que fue implementado en 2005, el cual ofrece los servicios educativos de manera virtual a todas las regiones del país y el mundo y el Sistema de Educación Media Superior.

Esta institución, consciente de las necesidades de los alumnos y docentes, como apoyo académico para toda la Red Universitaria cuenta con 164 bibliotecas distribuidas en todo el Estado de Jalisco. Se encuentran disponibles tanto para los Centros Universitarios, el Sistema Universitario Virtual y las escuelas preparatorias, de igual manera, cuenta con tres bibliotecas públicas: la Biblioteca “Octavio Paz”, la Biblioteca Pública del Estado y la Biblioteca “Benjamín Franklin”.

El gobernador de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, ha declarado reiteradamente su apoyo a la noble labor que lleva a cabo esta institución, el también egresado de la Universidad de Guadalajara, ha hecho saber a los jaliscienses que en todo momento se buscará mejorar las oportunidades de los jóvenes del estado, mediante oportunidades educativas que se traduzcan en desarrollo.

El gobierno del estado reconociendo las aptitudes de los egresados y los docentes de esta institución y reconociéndola como un organismo técnico y de consulta permanente, ha buscado un apoyo académico de la Universidad de Guadalajara para el desarrollo de las políticas públicas.

Por todo eso, por la grandeza de la Universidad de Guadalajara, por ser pilar del desarrollo no solo de Jalisco sino del país, hoy celebramos un aniversario más. Que sean muchos más.

Muchas gracias,

Es cuánto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.— Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala(a las 16:35): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 12 de octubre de 2016, a las 11:30 horas.

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