Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 258 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 11:33 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 18 de octubre de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación con cambios de integrantes de comisiones ordinarias y de organismos internacionales.

Del Instituto Nacional de Migración

Remite el tercer informe trimestral 2016 de los avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes.

De la Secretaría de Gobernación

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Con el que remite el informe de la auditoría interna de su matrícula, correspondiente al tercer trimestre de 2016.

De la Cámara de Senadores

Remite nueve proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un párrafo segundo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con proyecto de decreto, por el que se reforman la fracción I del artículo 5o., el párrafo segundo del artículo 6o. y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6; y una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 8o. de la Ley de Vivienda.

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona los artículos 39 Bis y 41 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Con proyecto de decreto, por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Efeméride

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a cargo de los grupos parlamentarios.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.

Iniciativas

Que reforma el artículo 9o.de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Lía Limón García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año, como el “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga el artículo 212 y la fracción VI del artículo 1o.de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Fomento para el uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o.de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga los artículos 3o., 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Le General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Laura Mitzi Barrientos Cano y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Víctor Manuel Sánchez Orozco y María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 22, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 3o.y 8o.de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Georgina Zapata Lucero y Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o.de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Población y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o.y 3o.de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58, y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 140 y 141 de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 35 y 77 Bis 3 de la Ley General de Salud, 89 y 250-A de la Ley del Seguro Social, y adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o.de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o.de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un Capítulo VIII Ter de los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 Bis y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el Capítulo Décimo de los Observatorios Urbanos a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de Dip. Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley Minera, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Barragan Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o.de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación, y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Diana Marcela Márquez Canales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 64 Bis, 64 Bis I y 64 Bis II de la Ley de Energía Geotérmica, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o.de la Ley de Transición Energética, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández y José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. y modifica el Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 194 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Kathia Bolio Pinelo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Sarabia Camacho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Edgar Spinoso Carrera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o.de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio, Alfredo Basurto Román y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 2o.de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o.de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2 y 10 y deroga el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o.de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año, como el “Día Nacional del Amaranto”, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Norma Xochitl Hernández Colín y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el artículo 162 Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 21,45, 59 y 164 y adiciona el artículo 164-Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza Alonso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y 19, 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o.de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Juan Manuel Celis Aguirre, y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o.de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 72-O de la Ley Federal de Derechos y adiciona un segundo párrafo al artículo 199 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 6o.y 142 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de la Juventud, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 138 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 15 de la Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, para que en coordinación con el Hospital No. 7 de Monclova, Coahuila, se fortalezcan las acciones que permitan aumentar la capacidad de atención médica, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de México, a que suspendan la entrega de apoyos sociales durante los procesos electorales locales de 2017, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de una mesa de análisis y trabajo para la implementación de acciones que permitan la adecuada operación de las vialidades en la CDMX, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a establecer mecanismos que permitan la implementación del documento denominado, “Aviso de Gravedad”, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en la medida presupuestal posible, contrate personal médico calificado suficiente para erradicar la tasa de mortalidad materna por causas evitables en el país, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, realice acciones encaminadas a establecer una política de fijación y ajuste de precios en la comercialización y venta de la sal que produce “Exportadora de Sal SA de CV”, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sedesol, aumente la cobertura del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, a fin de cubrir a las madres adolescentes o jóvenes para que puedan continuar estudiando o estén en posibilidades de integrarse al mercado laboral, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a autoridades del estado de Guerrero, a emprender medidas de protección para el personal médico, así como a investigar la desaparición de médicos en dicha entidad, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se se exhorta a los gobiernos de la CDMX, del estado de México y de Morelos, a que celebren convenios amistosos relativos al establecimiento de límites territoriales de las entidades federativas que gobiernan, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a revisar la norma oficial mexicana NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SEP, así como al Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Aguascalientes, para que en los ejercicios fiscales 2016 y 2017 ejerzan con oportunidad y eficacia los recursos transferidos para atender las necesidades de infraestructura de las escuelas de esa entidad, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor, para que implemente programas específicos e integrales para los jóvenes enfocados en promover, incentivar y dar seguimiento a la creación de empresas con las particularidades de este sector poblacional, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP y al Órgano Interno de Control de la CFE, a que realicen una investigación a efecto de dilucidar si fue correcto el monto económico asignado a Enrique Ochoa Reza, como compensación por su separación voluntaria del cargo de Director General de la CFE, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Secretaría de Salud, a fortalecer el “Programa de acceso, atención, prevención e investigación del cáncer de ovario” del Instituto Nacional de Cancerología, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la elaboración del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en cumplimiento al artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la integración y actualización del Registro Nacional y Estatal de Pesca y Acuacultura, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la UNAM, a la UAM, al IPN y a la UACM, a implementar una licenciatura o especialidad equivalente en materia de economía social y cooperativismo, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se le solicita a la SEP, a la PGR, a las Procuradurías de Justicia estatales, a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, estatales y municipales, a realizar acciones para atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en sus hogares, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la reactivación de acciones que permitan la conclusión del Hospital del Municipio De Reyes Etla, estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a adecuar las reglas de operación del programa Pensión a Adultos Mayores, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, atienda la Recomendación General número 27/2016, propuesta por la CNDH “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada, y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana”, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastre para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; afectado por intensas lluvias, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a adecuar las reglas de operación del Programa de Empleo Temporal, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales y Cabildos Municipales, para que adecuen sus disposiciones jurídicas y reglamentos en materia de estacionamientos de los centros comerciales, plazas de comercios, comercios, escuelas, mercados y supermercados, hospitales, restaurantes, hoteles y todo aquel comercio que contenga estacionamiento para los consumidores, el cual contemple, tarifas accesibles con costos fraccionados y con espacios suficientes, seguros y adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas, entre otras condiciones que atienda el interés público, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga el caso de las inhumaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Morelos, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, suscrito por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades responsables de emitir lineamientos o reglamentación para la debida aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, informar a la opinión pública, sobre los avances en la materia, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a verificar el buen funcionamiento de las casas de cuidado para adultos y adultos mayores, a cargo de la diputada Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, para que investigue, y en su caso sancione, la presunta intromisión de la asociación de culto religioso denominada “Comunidad Cristiana Río Poderoso” en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al postular y registrar a la ministra Aida Arregui Guerrero, como candidata a diputada a través del Partido Encuentro Social, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 17 de octubre, Conmemoración del 63 aniversario del sufragio femenino en México, suscrito por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Con motivo del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 206 Aniversario de la Promulgación del Decreto presentado por Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 17 de octubre, 63 Aniversario del Voto de la Mujer en México, suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

Con Motivo del 16 de octubre “Día Mundial de la Alimentación” a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo de la Conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves trece de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta minutos del jueves trece de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el tema de seguridad en las inmediaciones de este recinto legislativo, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Libro Blanco de la gestión dos mil trece-dos mil dieciséis de la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

b) De la Secretaría General de la Cámara de Diputados, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, con motivo de la campaña “Septiembre mes del Testamento”. De enterado.

c) Del Congreso del estado de Jalisco, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima segunda del artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Derechos Humanos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

b) Energía, por el que se adiciona una fracción cuarta al decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. senado

c) Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se concede el uso de la palabra al diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; Diego Valente Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con veintisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos ochenta y tres diputadas y diputados.

Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional; y Sofía del Sagrario de León Maza, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Salud:

a) Por el que se adicionan un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo cincuenta y uno bis uno de la Ley General de Salud.

b) Por el que se adiciona una fracción quinta bis uno al artículo setenta y tres de la Ley General de Salud.

Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, para fundamentar en conjunto los dos dictámenes y presentar una adenda con propuesta de modificación al artículo setenta y tres fracción quinta bis uno al segundo dictamen, a nombre de la Junta Directiva de la Comisión de Salud. La Presidenta instruye a la Secretaría dar lectura a dicha propuesta. En votación económica se acepta la modificación propuesta, y se incorporan al segundo dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios respecto a los dos dictámenes intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano; Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena; José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática; Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional; y Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro el diputado y la diputada: Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; y Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los proyectos de decreto de la Comisión de Salud.

a) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo cincuenta y uno bis uno de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por trescientos setenta y siete votos a favor; uno en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular con la modificación aceptada, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción quinta bis uno al artículo setenta y tres de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona una fracción décima novena, recorriéndose en su orden actual, al artículo sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Modesta Fuentes Alonso, de Morena;

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

Diego Valente Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional; y Antonio Amaro Cancino, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima novena, recorriéndose en su orden actual, al artículo sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y diputado:

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, que reforma la fracción vigésima quinta del artículo setenta y nueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo octavo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Lía Limón García y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona el artículo veintitrés de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que adiciona los artículos sexto, veinte, y veintinueve de la Ley Federal de la Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Hernán de Jesús Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

• José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Deporte, para dictamen.

– Que reforma los artículos cincuenta y cuatro, y cincuenta y ocho de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

– Que adiciona el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento treinta de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ariadna Montiel Reyes, de Morena, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo cuatrocientos ochenta y cinco del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justica Penal para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos: octavo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y trescientos cincuenta y nueve del Código de Comercio. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se da cuenta con oficio de la Mesa Directiva por el que comunica que se realizaron modificaciones de turno de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el artículo ochenta y nueve de La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan los artículos dieciocho bis, cincuenta y dos, y cincuenta y dos bis, y ochenta y siete de la Ley de Aviación Civil, presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de Comisiones Ordinarias, Especiales y de Grupos de Amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Juan Romero Tenorio, de Morena, que reforma los artículos dieciocho-A de la Ley Federal de Derechos y diecinueve de la Ley de Migración. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Adriana Elizarraráz Sandoval, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de exigir el apoyo para iniciar protocolos de investigación al respecto de la muerte de las tortugas marinas que se han suscitado en el Golfo de Ulloa en esa entidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, informen a la opinión pública los avances que guarda el proceso de la construcción y crecimiento de la red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como de los avances que guarda el proceso para el despliegue y operación de la red compartida de la banda de los setecientos mhz. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie respecto de qué derecho prevalece si el derecho de propiedad o el derecho humano a un medio ambiente sano, respecto al juicio seguido con relación a un área verde con una superficie de cuatro mil setecientos noventa y nueve metros cuadrados de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, por el que se exhorta a los gobernadores de los Estados y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los Centros para el Tratamiento Interno de menores de edad que infringen la ley penal, con el fin de evitar toda clase de abusos y maltrato físico y psicológico. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de modificar el artículo ciento cincuenta y ocho del Reglamento de la Ley Aduanera, para permitir la importación temporal de vehículos que tengan un peso vehicular de hasta cinco toneladas, siempre que éstos sean destinados únicamente para el uso particular de transporte de pasajeros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Martha Cristina Jiménez Márquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la colegisladora, para que dé cuenta del Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, por el que se exhorta a los gobernadores de diversas entidades federativas, a girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los centros de reclusión a efecto de contar con el personal suficiente y debidamente capacitado para la integración de los consejos técnicos interdisciplinarios, con el fin de llevar a cabo la aplicación del tratamiento y la organización de las actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación necesarias para lograr la reinserción social de los internos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a actualizar, armonizar y/o expedir en su caso, ordenamientos jurídicos en materia de Voluntad Anticipada, observando lo establecido en tratados internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jisela Paes Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir el déficit creciente que presenta, detener su salinización, así como a revisar el acuerdo de disponibilidad media anual. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Diana Marcela Márquez Canales, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aclare los términos de la publicación de la relación de entidades paraestatales publicada el quince de agosto de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de Secretaría de Gobernación, y al Sistema Nacional de Protección Civil, para que redoble esfuerzos en la consolidación de las Políticas Públicas establecidas en el Programa Nacional de Protección Civil orientadas a la reducción del riesgo de desastres. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Turismo, para que se vigile el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como la NOM-017-PESC-1994 con relación al tema de pesca deportiva-recreativa. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, a llevar a cabo e implementar medidas para el saneamiento ambiental del vaso regulador Cuautepec, en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ricardo Taja Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de considerar la verificación, y en su caso, la modificación de tarifas de electricidad en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Diana Marcela Márquez Canales, de Morena, acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan y resuelven el problema de la contaminación radiactiva del pozo de agua que surte a la población de la cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez, Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que en sus resoluciones tomen en cuenta las recientes reformas al sistema penal, en beneficio del ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza, actualmente preso en el reclusorio de Chiconautla-Ecatepec, Estado de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a Pemex, tome las acciones necesarias para asegurar el mantenimiento y el correcto funcionamiento de la infraestructura y de las instalaciones petroleras, aplicando medidas extraordinarias que eviten nuevos accidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores, la seguridad de las poblaciones que rodean las instalaciones petroleras y que afecten gravemente a la productividad y situación económica de Pemex, subsidiarias y filiales. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Araceli Damián González y Virgilio Caballero Pedraza, de Morena, relativo al acoso contra la periodista Carmen Aristegui y sus colaboradores, y la campaña de descalificación en contra de los periodistas y todos aquellos que legítima y legalmente ejercen la libertad de expresión, la crítica y la protesta, así como a una auténtica investigación que aclare los hechos que rodean la compra-venta de la “Casa Blanca”. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con dos minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de organismos internacionales, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause baja como integrante del Parlamento Centroamericano.

• Que la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta cause alta como integrante en el Parlamento Centroamericano.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Croacia.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause baja como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Cándido Ochoa Rojas cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Cándido Ochoa Rojas cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Lía Limón García cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Lía Limón García cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado, comuníquese.Continúe la Secretaría.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes referentes a:

a) Grupos Beta de Protección al Migrante.

b) Programa de Repatriación Humana

c) Programa Paisano.

d) Oficiales de Protección a la Infancia.

Al respecto, me permito enviarle los avances financieros del tercer trimestre así, como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Licenciado Rogelio Valles Rosas (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número. DGPL 63-11-8-0935 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CONAPRED/ DGAELPP/ 258/2016 suscrito por la maestra Paula Leite, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a ese consejo a realizar campañas de difusión para promover la cultura del respeto a los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado Licenciado Solís Acero:

En atención a su oficio número SELAP/UEL/311/489/16, a través del cual se hizo del conocimiento de este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el diverso de número DGPL-63-II-8-0935, signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre el punto de acuerdo, aprobado por el pleno del Senado de la República, el cual señala en sus resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se incorporen programas de promoción y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas y a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se lleven a cabo campañas de difusión para promover la cultura del respeto a sus derechos humanos y laborales. Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social se desarrollen programas que promuevan y faciliten la afiliación de los y las trabajadoras domésticas a los sistemas de seguridad social por parte de sus empleadores. Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión invita respetuosamente al Ejecutivo federal a valorar la pertinencia de adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico con el objetivo de equiparar nuestras leyes con la legislación internacional en materia laboral y de derechos humanos. Cuarto. Hacemos un llamado al Congreso federal a apresurar su trabajo legislativo a fin de que, en lo inmediato podamos contar con un marco jurídico de protección social que asegure a las y los trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones sociales justas y condiciones de trabajo seguras.

Al respecto, le informo que el Conapred, entre diversas acciones, ha realizado las siguientes:

- Campaña Trabajadoras del Hogar, versión Trabajo digno

La campaña institucional Trabajadoras del Hogar, versión Trabajo digno, tuvo como tema específico la revaloración de los derechos de las personas trabajadoras del hogar.

Su objetivo fue sensibilizar a las y los empleadores, a fin de reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar. El período de vigencia de esta campaña fue entre los meses de agosto y octubre de 2015, difundida a través de medios digitales e inserciones en revistas, y fue dirigida a mujeres y hombres de entre 25 y 64 años.

La campaña se basó en el estudio cuantitativo realizado por el Conapred, denominado “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las trabajadoras y las empleadoras”, el cual fue presentado el 7 de abril de 2015 en la Ciudad de México, cuya finalidad fue la promoción de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar, y su reconocimiento en condiciones de igualdad con otras personas trabajadoras, así como revalorizar socialmente este trabajo, que en su mayoría, es realizado por mujeres.

El estudio incorporó los siguientes tópicos:

1. Perfil laboral de las trabajadoras del hogar encuestadas.

2. Características de contratación del trabajo del hogar.

3. Condiciones laborales de las trabajadoras del hogar encuestadas.

4. Conflictos en la relación trabajadora del hogar-empleadora encuestada.

5. Conocimientos del marco legal.

6. Percepción sobre el trabajo del hogar, y

7. Características sociodemográficas de empleadoras y trabajadoras del hogar encuestadas.

Para llevar a cabo este estudio se realizaron mil 240 encuestas a empleadoras, y mil 243 encuestas a trabajadoras del hogar, las cuales se efectuaron del 3 al 10 de octubre de 2014 en 6 estados de la República Mexicana: Jalisco; Baja California, Chiapas, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México, mismos que representan las diferentes zonas geográficas y las diversas regiones socioeconómicas en el país, según el porcentaje de población que se dedica al trabajo del hogar.

- Campaña La igualdad nos beneficia a todas y todos, versión Trabajo digno 2

El Conapred diseñó la campaña denominada La igualdad nos beneficia a todas y todos versión, Trabajo digno 2, cuyo objetivo fue valorar y reconocer los derechos de las y los trabajadores del hogar. La campaña inició el 16 de mayo y terminó el 16 de agosto de 2016 en su versión digital, y fue difundida a través de las redes sociales de este Consejo Nacional.

El 22 de mayo, se llevó a cabo el lanzamiento de esta campaña en las instalaciones del medio de transporte, y así, podían ver reflejada la lucha que se está emprendiendo en favor de sus derechos humanos y laborales.

Como parte de la difusión de la campaña dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se programaron una serie de proyecciones de películas relacionadas con el tema de trabajo del hogar, las cuales, se proyectaron en un espacio dedicado específica mente para este fin. Las películas elegidas fueron Día de descanso e Hilda.

La difusión del promocional de la campaña en radios comunitarias, se realizó en Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Morelos, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Ciudad de México y Querétaro.

Finalmente, la campaña contó con un micro sitio en la ventanilla única de gob.mx, siendo la URL de su ubicación: www.gob.mx/trabajodigno.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Nota:

1 El citado estudio y la nota de prensa puede consultarse en el siguiente link:

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5427 &id_ opcion=446&op=447

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Paula Leite (rúbrica), directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-1-0915, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar CONAPRED/ DGAELPP/ 255/ 2016, suscrito por la maestra Paula Leite, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a ese consejo a reforzar sus acciones y políticas encaminadas a combatir la discriminación laboral por edad en el país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ 300/ 1152/ 16, a través del cual hizo del conocimiento del Conapred el diverso de DGPL 63-II-1-0915, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre la aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados del punto de acuerdo aprobado por el pleno de este órgano legislativo, el cual que señala en su resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados, en el marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que refuercen sus acciones y políticas encaminadas a combatir la discriminación laboral por edad en el país.

Al respecto, le informo que el Conapred, entre diversas acciones, ha realizado las siguientes:

• Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018

El Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 (Pronaind, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014) fue elaborado por el consejo como una de sus atribuciones legales, en términos del artículo 20, fracción XXII, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (LFPED), y en atención de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Planeación.

El Pronaind considera las disposiciones de la LFPED, y fija las bases para establecer una política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en todos los ámbitos de la vida cotidiana, así como para promover la igualdad de trato y de oportunidades.

Para éstas y otras finalidades, el programa considera 6 objetivos que, en su conjunto, contienen 242 líneas de acción, sumando 52 dependencias involucradas en su implantación.

Entre las estrategias y líneas de acción del Pronaind, son de resaltarse las siguientes, pues versan sobre el tema que nos ocupa:

Objetivo 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer público.

Estrategia 1.2. Incluir en la normativa laboral de la APF la obligación de igualdad y no discriminación.

Líneas de acción

1.2.1. Adecuar la normativa relativa a contratación, promoción y permanencia laboral para eliminar prácticas discriminatorias.

1.2.2. Establecer criterios que favorezcan la contratación, promoción y permanencia de personas que pertenecen a grupos discriminados.

Objetivo 6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con 105 estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación.

Estrategia 6.2. Promover la armonización de la legislación nacional y federal con el artículo 1o. constitucional en materia de igualdad y no discriminación.

Líneas de acción

6.2.7. Impulsar reformas legislativas en materia laboral y de seguridad social para garantizar igualdad en el disfrute de dichos derechos.

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010

En 2005, la Secretaría de Desarrollo Social y el Conapred realizaron la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, como un esfuerzo para medir las formas de percibir la discriminación y sus variantes, así como para conocer la problemática desde una perspectiva general y con un enfoque específico de igualdad y no discriminación.

Por su parte, en 2010, la Universidad Nacional Autónoma de México, por encargo del Conapred, realizó la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, la cual proporcionó datos desagregados por sexo, edad, situación socioeconómica y nivel educativo, haciendo visible la situación de discriminación en la que viven diversos grupos de población, quienes por estigmas y prejuicios, culturalmente arraigados y socialmente extendidos, sufren de violencia de género, misoginia, homofobia, racismo, clasismo, entre otras formas de exclusión.

Los resultados de la Enadis de 2010 han contribuido a visibilizar la discriminación como un problema público, que ha comenzado a ser estudiado y a generar propuestas de acción pública para combatirla.

En ese contexto, en 2011, el Conapred publicó una serie de cuadernillos de divulgación que acercan a la población a los resultados de la encuesta, destacando, de acuerdo con el tema que nos ocupa, los resultados sobre los jóvenes de esta encuesta, en la cual se observa que para cada 35 de cada 100 jóvenes en el país, la falta de oportunidades de empleo y de experiencia es el principal problema de la juventud en México, seguido de las adicciones y la inseguridad, la violencia y la delincuencia.

Asimismo, casi 7 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 29 años en el país nunca han tenido trabajo, mientras que de la población joven de entre 25 y 29 años, 34.3 por ciento no ha tenido trabajo. Lo anterior es una evidencia innegable de la discriminación laboral existente en razón de la edad de las personas, y de las pocas oportunidades de empleo brindadas a los jóvenes.

El Conapred prepara la elaboración de otra encuesta nacional sobre discriminación en México (2016-2017), cuyos resultados servirán para actualizar los datos que la Enadis 2010 proporcionó en su momento, sirviendo también como herramienta para visualizar la problemática de discriminación existente en el país con una perspectiva reciente que permita observar los avances o retrocesos que se han tenido en la materia.

• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015, “en igualdad laboral y no discriminación”

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 surgió de un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Conapred, contando con la participación de la Secretaría de Economía.

Esta norma establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, integren, implanten y ejecuten, en sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y la no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores.

Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestren la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación, fomentando en todo momento un enfoque participativo para reforzar los conocimientos y las capacidades del personal, incluso creando alianzas estratégicas en la materia para compartir experiencias y perspectivas con otras organizaciones.

La norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2015, y entró en vigor el 18 de diciembre del mismo año. El documento informativo puede observarse en el siguiente enlace: http://www.conapred. org.mx/userfiles/files/Dossier%20Norma(1).pdf

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Paula Leite (rúbrica), directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1941 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la mesa directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGGR/DGAC/01488/2016 suscrito por el licenciado Jonnathan Josué Serrano Venancio, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa coordinación a poner en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sonora y Baja California Sur, ante el inminente riesgo de las inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros; e implementar una campaña de información con el propósito de que la población extreme precauciones, ante las afectaciones provocadas por el huracán Newton.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP300/ 2111/16, por medio del cual, remite la atenta petición de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión relativa al punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2016, mediante el cual: “...exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil ponga en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de dichas entidades federativas ante el inminente riesgo de inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros; e implemente una eficaz campaña de información con el propósito de que la población extreme precauciones...”. Haciendo referencia a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, que se vieron afectados por el huracán Newton.

Sobre el particular, se emiten las siguientes consideraciones en el ámbito de las atribuciones y competencias que los artículos 9, fracción VII, y 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (Risegob) confieren a esta Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR):

I. Las dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, actualmente llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores, de tal suerte que a la Secretaría de Gobernación (Segob), por conducto de esta DGGR sólo le corresponde coordinar el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

II. En el marco del Fonden y por virtud de su instrumento denominado Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, la Segob por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emite declaratorias de emergencia que tiene como finalidad la adquisición de suministros de auxilio1 para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Para la autorización de suministros de auxilio el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN- DOF-03-VII-2012- Lineamientos, establece de manera genérica la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de emergencia, dirigida a la CNPC de la Segob y suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios o demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, respecto de los que se solicita la declaratoria.

Visto lo anterior se comunica atentamente respecto de la atención brindada a Guerrero, Michoacán de Ocampo, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur en el marco del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, respecto al fenómeno natural perturbador señalado:

• El 9, de septiembre de 2016 la Segob por conducto de la CNPC emitió una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa número 414/16, para los municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Iliatenco, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec y Zihuatanejo de Azueta del estado de Guerrero, por la presencia de lluvia severa; y al municipio de Benito Juárez de dicha entidad federativa, por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial, ocurridas del 2 al 4 de septiembre de 2016, en virtud de la cual se autorizaron los insumos siguientes: 40 mil 971 despensas, 20 mil 630 cobertores, 20 mil 630 colchonetas, 60 mil láminas B, 300 impermeables, 300 guantes, 300 botas, 15 rollos de hule, 13 mil 657 kits de limpieza, 13 mil 657 kits de aseo personal, 15 mil pañales etapa 2, 15 mil pañales etapa 4 y 15 mil pañales etapa 5.

• El 16 de septiembre de 2016 la Segob por conducto de la CNPC emitió una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa número 424/16, para el municipio de Uruapan de Michoacán de Ocampo, por la presencia de inundación pluvial, ocurrida el viernes 2 de septiembre de 2016, en virtud de la cual se autorizaron los insumos siguientes: 625 despensas, 2 mil 500 cobertores, 2 mil 500 colchonetas, 200 impermeables, 100 guantes, 500 kits de limpieza y 625 kits de aseo personal.

• El 8 de septiembre de 2016 la Segob por conducto de la CNPC emitió una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa número 412/16, para los municipios de Ahome y Culiacán de Sinaloa, por la presencia del huracán Newton, ocurrido el martes 6 de septiembre de 2016, en virtud de la cual se autorizaron los insumos siguientes: 13 mil 437 despensas, 12 mil 520 cobertores, 12 mil 520 colchonetas, 10 mil 79 láminas B,8 rollos de hule, 4 mil 474 kits de limpieza, 4 mil 479 kits de aseo personal y una solicitud de medicamentos.

• El 7 de septiembre de 2016 la Segob por conducto de la CNPC emitió una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa número 407/16, para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas y Hermosillo de Sonora, por el impacto del huracán Newton, los días 6 y 7 de septiembre de 2016, en virtud de la cual se autorizaron los insumos siguientes: 19 mil 17 despensas, 10 mil cobertores, 10 mil colchonetas, 25 mil láminas B, mil impermeables, mil guantes, mil botas, 15 rollos de hule, 10 mil costales, 6 mil 339 kits de limpieza, 6 mil 339 kits de aseo personal, 5 mil 391 pañales etapa 1, 2 mil 592 pañales etapa 2, mil 624 pañales etapa 3, mil 299 pañales etapa 4, 8 mil 639 pañales etapa 5, 974 pañales para adulto, 150 mil litros de agua y una solicitud de medicamentos.

• El 12 de septiembre de 2016 la Segob por conducto de la CNPC emitió una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa número 419/16, para los municipios de Atil, Baviácora, Benjamín Hill, Cucurpe, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Rayón, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y. Tubutama del Estado de Sonora, por presencia de la tormentatropical “Newton”, los días 6 Y 7 de septiembre de 2016, en virtud de la cual se autorizaron: los insumos siguientes: 4,500 despensas, 6,000 cobertores, 6,000 colchonetas, 6,000 láminas “B”, 500 impermeables, 500 guantes, 500 botas, 10 rollos de hule, 10,000 costales, 1,500kits de limpieza, 1,500 kits de aseo personal, 1,200 pañales etapa 1, 640 pañales etapa 2; 400 pañales etapa 3, 320 pañales etapa 4, 2,000 pañales etapa 5,240 pañales para adulto, 37,500 litros de agua y 1 solicitud de medicamentos.

• El 12 de septiembre de 2016 la Segob por conducto de la CNPC emitió una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa número 419/16, para los municipios de Atil, Baviácora, Benjamín Hill, Cucurpe, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Rayón, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama de Sonora, por presencia de la tormenta tropical Newton, los días 6 y 7 de septiembre de 2016,en virtud de la cual se autorizaron los, insumos siguientes: 4 mil 500 despensas, 6 mil cobertores, 6 mil colchonetas, 6 mil láminas B, 500 impermeables, 500 guantes, 500 botas, 10 rollos de hule, 10 mil costales, 1 mil 500 kits de limpieza, 1 mil 500 kits de aseo personal, 1 mil 200 pañales etapa 1 mil 640 pañales etapa 2, 400 pañales etapa 3, 320 pañales etapa 4, 2 mil pañales etapa 5 mil 240 pañales para adulto, 37 mil 500 litros de agua y 1 solicitud de medicamentos.

Se precisa que en el marco del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, la competencia de la Segob por h conducto de esta DGGR, se circunscribe a facilitar el procedimiento de acceso a los insumos que se autorizan con cargo a dicho programa federal, dando cumplimento para esos efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en la normatividad aplicable; motivo por el cual no tiene a su cargo la entrega de insumos a un municipio u órgano político-administrativo en particular, o a la población en general, en razón de que los mismos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa del que se trate, a efecto de que esta última proceda a su distribución, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 de los Lineamientos.

III. Con cargo al Fonden también se autorizan recursos económicos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en la infraestructura pública de los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en la Ciudad de México, así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por los fenómenos naturales perturbadores.

Por virtud de este instrumento la Segob a través de la CNPC, emite declaratorias de desastre natural, entendidas como el documento mediante el cual esta dependencia declara formalmente en zona de desastre natural a los municipios de las entidades federativas, u órganos político-administrativos en la ciudad de México, en los que se hayan corroborado afectaciones por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, y con ello que se puede tener acceso a los recursos del Fonden.

Para la emisión de una declaratoria de desastre natural la normativa vigente y aplicable –a saber el acuerdo por el que se establecen las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (Reglas Generales) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010–, establece que el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre natural, siguiendo para ello lo dispuesto en las referidas Reglas Generales.

Al respecto, se comunica que los estados de Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa y Sonora solicitaron el apoyo del Fonden, para la atención de la infraestructura pública afectada en dichas entidades federativas, por la ocurrencia del huracán “Newton”, por lo que se ha brindado la atención respectiva, conforme a lo siguiente:

1. Mediante oficio número 033/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, el gobernador del estado de Baja California Sur, solicitó a la Conagua la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como huracán Newton ocurrida el martes 6 de septiembre de 2016, que afectó a los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé.

Con oficio B00.8.-0477 de fecha 9 de septiembre de 2016, la Conagua emitió la opinión técnica correspondiente, corroborado el fenómeno de huracán Newton el martes 6 de septiembre de 2016 en los municipios solicitados.

El 12 de septiembre de 2016, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), en la cual el gobierno del estado de Baja California sur presentó a la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2016.

2. Mediante oficio número SPC/358/2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, el gobernador de Guerrero solicitó a la Conagua la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como lluvia, severa, inundación fluvial y pluvial ocurrida del 2 al 4 de septiembre de 2016, que afectó a los municipios de Acapulco de Juárez, Acatepec, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Chiapas de Álvarez, Florencio Villareal, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Omtetepec y San Marcos.

Con oficio B00.8.-0477 de fecha 9 de septiembre de 2016, la Conagua emitió la opinión técnica correspondiente, corroborando el fenómeno de lluvia severa e inundación pluvial del 2 al 4 de septiembre del 2016, que afecto por lluvia severa a los municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Azoyú, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Iliatenco y Ometepec; y por lluvia severa e inundación pluvial al municipio de Benito Juárez, de dicha entidad federativa, del 2 al4 de septiembre de 2016.

El 12 de septiembre de 2016, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), en la cual el gobierno del estado de Guerrero presentó a la Segob la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2016.

3. Mediante oficio número 04522/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, el gobernador de Sinaloa, solicitó a la Conagua la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como huracán, lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial ocurrida del 5 al 7 de septiembre de 2016, que afectó a los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte y Guasave.

Con oficio B00.8.-0477 de fecha 9 de septiembre de 2016, la Conagua emitió la opinión técnica correspondiente, corroborando el fenómeno de lluvia severa del 5 al 7 de septiembre de 2016 en el municipio de Ahome.

El 12 de septiembre de 2016, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales; se llevó a Cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno de Sinaloa presentó a la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2016.

4. Mediante oficio número 03.01-1-1-386/16 de fecha 8 de septiembre de 2016, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, la gobernadora de Sonora, solicitó a la Conagua la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como huracán Newton ocurrida los días 6 y 7 de septiembre de 2016, que afectó a los municipios de Alamos, Bácum, Banámichi, Baviácora, Benito Juárez, Benjamín. Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Navojoa, Nogales, Opodepe, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Santa Cruz, Suaqui Grande y Trincheras.

Con oficio B00.8.-481 de fecha 12 de septiembre de 2016, la Conagua emitió la opinión técnica correspondiente, corroborando el fenómeno de tormenta tropical Newton del 6 al 7 de septiembre de 2016 en los municipios de Baviácora, Benjamín Hill, Cucurpe, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Magdalena, Nogales, Santa Ana, Santa Cruz y Trincheras.

El 13 de septiembre de 2016, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), en la cual el gobierno del estado de Sonora presentó a la Segob la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2016.

Actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 17 de los Lineamientos de Operación, para que las dependencias o entidades federales encargadas de los sectores afectados en dichas, entidades federativas, presenten a la Segob los resultados preliminares de evaluación y cuantificación de daños, mediante los cuales manifestarán un aproximado del costo para la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Se precisa que de conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos de Operación, una vez llevada a cabo la sesión de entrega de resultados preliminares del CED, las dependencias o entidades federales encargadas de los sectores afectados cuentan con un plazo de 7 días hábiles para presentar a la Segob los diagnósticos definitivos de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura local, y la distribución de la ejecución de las mismas, que serán hasta por el 50 por ciento del monto total a cargo del Foden y el porcentaje restante estará a cargo de la entidad federativa, en concordancia con lo establecido en el artículo 22 de las Reglas Generales.

Una vez que se cuente con la información descrita en el párrafo que antecede, y de acuerdo a 10 establecido en el artículo 16 de las Reglas Generales, la Segob por conducto de la DGGR, dentro de un plazo de dos días hábiles presentará la solicitud global de recursos a la UPCP de la SHCP.

De conformidad con el artículo 18 de las Reglas Generales, una vez que la Segob remita a la UPCP la solicitud de recursos, dicha instancia determinará si éstos se erogarán con cargo al Programa Fonden o al Fideicomiso 2003.-Fondo de Desastres Naturales.

IV. En términos del Anexo XVII “Procedimiento para el ejercicio de recursos del Fideicomiso Fonden, por obras y acciones tendientes a la reconstrucción de la infraestructura que se derivan de la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en la República Mexicana” de los Lineamientos de Operación específicos, el ejercicio de los recursos autorizados a través del Fonden lo realizarán directamente las instancias ejecutoras de las obras y acciones de reconstrucción, ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 2003.-Fonden.

Asimismo, se señala que la sustentación de obra pública, prestación de servicios relacionados con la misma, adquisiciones y otros conceptos, así como su cabal administración, las llevarán a cabo las instancias ejecutaras y las ‘contrataciones que formalicen deberán observar lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sus respectivos Reglamentos y demás normativa aplicable, siendo responsables de que los contratos que celebren se apeguen al programa de obras y acciones autorizado y no rebasen los importes asignados; en su caso, el excedente no podrá ser cubierto con recursos del Fonden.

Cabe señalar que los gobiernos de Colima, Nayarit y Jalisco no solicitaron emisión de declaratoria de emergencia ni de desastre alguna por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador referido, motivo por el cual no se inició el procedimiento de acceso a los recursos con cargo al Fonden para su atención.

No obstante, esta DGGR informa que se encuentra atenta a brindar el apoyo inmediato a través del Fonden respecto de aquellos fenómenos naturales perturbadores que se pudieran registrar en Colima, Nayarit y Jalisco, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello.se disponen en la normativa aplicable.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Notas:

1 Productos consumibles (despensas alimenticias, agua para beber, medicamentos, etc.), productos duraderos (artículos de abrigo y protección como colchonetas, cobertores, láminas, bolsas para cadáveres. Costales, hule y/o plásticos para evitar que traspase el agua proveniente de lluvia o fenómenos naturales similares en las viviendas de los damnificados, herramientas, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, mochilas aspersoras para la atención de incendios forestales), servicios (fletes o transportes, combustible, etcétera).

2 Una vez recibida la solicitud, la CNPC la remite inmediatamente a la Instancia Técnica Facultada (IFT) que corresponda –la Conagua por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Canafor) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el caso de los fenómenos geológicos–, a efecto de que corrobore la inminencia, alta probabilidad o existencia del fenómeno natural perturbador de que se trate.

La ITF enviará su dictamen técnico a la CNPC en un término de 2 días hábiles, y en caso de que se corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CNPC a más tardar al día siguiente de recibido el mismo, emitirá la Declaratoria de Emergencias, que se difundirá a través de un Boletín de Prensa y por cualquier medio de comunicación disponible, e informará a la entidad federativa solicitante del contenido del mismo. La CNPC contará con seis días hábiles siguientes a la emisión del Boletín de Prensa, para publicar en el diario Oficial de la Federación la Declaratoria de emergencia respectiva.

Una vez difundida la emisión de una Declaratoria de emergencia mediante boletín de prensa, la entidad federativa podrá ser objeto de los apoyos del Fondo para la Atención de emergencia FONDEN, para lo cual deberá prestar a la DGGR una solicitud de insumos para la atención de las necesidades urgentes de la población afectada o susceptible de ser afectada que se encuentra en los municipios o delegaciones políticas declaradas en Emergencia.

3 De conformidad con el artículo 7 de las Reglas Generales, cunado una entidad federativa se encuentre en Desastre Natural deberá solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a la Instancia Técnica Facultada que corresponda –pudiendo ser la comisión Nacional del Agua (CONAGUS) por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometerológicos; la comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en caso de incendios forestales, o el centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para el caso de los fenómenos geológicos-, que corrobore la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.

Tal solicitud deberá estas suscrita por el titular del ejecutivo de la entidad federativa o, en su defecto, por el servidor público facultado para ello, y deberá contener la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia, las denominaciones de los municipios un órganos político-administrativos que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate y que se encuentren ubicados dentro del áreas de influencia del fenómeno en cuestión.

La Instancia Técnica Facultada tendrá hasta tres días hábiles para notificar su dictamen de corroboración a la entidad federativa y en caso de resultar afirmativa la respuesta, el titular del Ejecutivo de la entidad federativa o el servidor público competente para tal efecto, deberá convocar a más tardar al día hábil siguiente a todas las instancias competentes tanto federales como locales, a la instalación de un comité de Evaluación de Daños (CED), que tendrá por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular, integrándose por servidores estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparán por materia o sector.

En la instalación del CED la entidad federativa deberá entregar al representante de la SEGOB la solicitud de la Declaratoria de Desastre Natural, cuyos municipios solicitados deben coincidir con aquellos corroborados por la Instancia Técnica Facultada. Dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la Declaratoria de Desastre Natural, y siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la SEGOB por conducto de la CNPC, deberá publicarla en el diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Jonnathan Josué Serrano Venancio (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado señor presidente:

Con fundamento en el Capítulo VI, artículo 50 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que reconoce a la Contraloría General como el órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:

En cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 42 del Presupuesta de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016, en el que dispone la obligación de las Universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior de entregar tanto a la Cámara de Diputadas como a la Secretaría de Educación Pública la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, a más tardar el día 15 de los meses de abril, julio y octubre de 2016 y 15 de enero de 2017, entrego a usted: Informe de la auditoría interna a la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, correspondientes al tercer trimestre del año 2016.

Agradeciendo su decidido apoya para el desarrolla de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular par el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, octubre 14 de 2016.— Maestra Laura Elena Islas Márquez (rúbrica), contralora general.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, no se afecte o reduzca el gasto federalizado y federal destinado a Tabasco y Campeche.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El doctor Fernando Enrique Mayans Canabal, senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, no puede ni debe ignorarse la realidad económica y social por la que atraviesan algunos estados de la federación, que por formar parte de la región sur-sureste que presenta los mayores rezagos, no deben verse afectadas con la disminución de sus recursos asignados en dicho presupuesto. Tal es el caso de Campeche y Tabasco.

Como sabemos, este proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, presenta un ajuste presupuestal de 239 mil 700 millones de pesos,lo que representaría paraTabasco un recorte de 2 mil 327 millones de pesos.

Existen razones de peso para que el gasto federalizado y federal para estas entidades, no se vea mermado o reducido cuando menos con relación al aprobado para el ejercicio fiscal de 2016 que con relación al gasto de 2015, presentó un ligero incremento, que ahora no debe desvanecerse.

No obstante, en el caso de Tabasco puede identificarse que también se registraron algunas disminuciones en conceptos importantes, como se puede ver a continuación, como es el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y las Participaciones para municipios exportado res de hidrocarburos:

Hay que destacar, que son grandes los retos y las metas a alcanzar para revertir los altos índices de marginación y pobreza y con ello, el bajo índice de desarrollo humano que se registran en Tabasco y Campeche.

El panorama adverso que hay en estas entidades federativas, se caracteriza por altas proporciones de población en condiciones de pobreza, escaso acceso a servicios de salud, vivienda e infraestructura, así como bajos ingresos y niveles de escolaridad.

Sin embargo, no puede dejar de considerarse que a nivel regional, de Tabasco y Campeche, aportan cerca de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB).

y sobre todo, que en el ámbito nacional estos estados aportan o participan considerablemente con su actividad petrolera, en razón de que Tabasco es líder nacional en producción petrolera en tierra, mientras Campeche lo es en producción marítima.

Desafortunadamente, a pesar de estos indicadores, no se refleja en la generación de empleo digno y bien remunerado, ni en general, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y del pueblo de estos dos nobles estados.

Así tenemos que con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2015 que elabora el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), correspondiente al cuarto trimestre de 2015, estas entidades presentaron tasas de informalidad laboral de 62.3 por ciento para Campeche y 64.6 por ciento para Tabasco, superiores a la media nacional (58.18 por ciento).

Y conforme a dicha Encuesta de 2016, dentro de las entidades que durante el primer trimestre de este año observaron tasas de desocupación muy altas, se ubica Tabasco con 7.2 por ciento.

El desarrollo sostenido y las metas de Programas como el Regional de Desarrollo del Sur Sureste 2014-2018, y concurrentes para el campo y de infraestructura hidráulica, y en general, para el desarrollo social, no podrán alcanzarse si este ajuste lastimoso al Presupuesto de Egresos de la Federación incluye una merma en los recursos identificados para Tabasco y Campeche.

Si se quiere estimular la competitividad y el equilibrio regional y local del país, no debe afectarse el gasto federalizado y federal, por el contrario, es una exigencia ineludible su incremento para alentar el desarrollo económico y social de estos estados.

No se trata sólo de darles un trato diferenciado, sino el reconocimiento justo a la aportación que históricamente con su actividad industrial y petrolera, le han brindado y le siguen contribuyendo al país y a la riqueza nacional.

Además de que las condiciones adversas por las que atraviesan Tabasco y Campeche, requieren de mayor atención y apoyo de la federación, para detonar sus economías locales.

Por lo expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, busquen en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizar las adecuaciones presupuestales necesarias que no sólo eviten afectar y reducir los recursos presupuestales que conforman el gasto federalizado y federal para Tabasco y Campeche, sino también incrementar los de programas, partidas e inversiones de los rubros más sensibles del desarrollo social, como lo es la salud, el empleo, la educación, el campo y la cultura.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.— (Rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas y Sarahí de la Mora, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, una partida presupuestal de quinientos millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, María Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, e Itzel Sarahí Ríos de la Mora senadoras y senador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el año de 1942 como consecuencia de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica firma con México un tratado binacional conocido como el Programa Bracero, mismo que duró hasta 1964.

Se calcula que entre los años de 1945 y 1964 un número de 4.6 millones de mexicanos trabajaron en los Estados Unidos de América. Es importante señalar que a estos trabajadores se les hicieron retenciones de sus salarios como fondo de ahorro, mismas que debieron recibir al regresar a México, pero por diversas razones no sucedió así.

Por ello, el 9 de Noviembre en 2004 en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa de Ley para la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos Braceros 1942-1964,misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación fue la responsable de administrar los recursos del Fideicomiso.

La Ley permitió que los diputados de ese entonces, asignáramos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 300 millones de pesos para los años de 2005 al 2008 respectivamente.

Con la finalidad de que un número mayor de personas pudiera recibir el apoyo social, el 1 de septiembre de 2008 se publicaron modificaciones y reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos Braceros 1942-1964.

Una de las modificaciones fue el que se abrieran mesas receptoras de documentos en los Estados, en donde los trabajadores se acreditaban para recibir el apoyo sin tener que venir a la Ciudad de México.

Por otra parte, se asignaron al Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejercidos en el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 700 millones de pesos.

Desde la creación del Fideicomiso y hasta junio de 2009 se realizaron pagos de 38 mil pesos por trabajador en una sola exhibición. Pero muchos a pesar de contar con la documentación requerida quedaron pendientes. En junio de 2009 se modifica la Ley en perjuicio de los braceros ya que estableció que los 38 mil pesos se les pagaran en parcialidades de 4 mil pesos anuales.

El 22 de abril de 2010, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, presentó un nuevo Punto de acuerdo para modificar y facilitar el funcionamiento del pago del apoyo social y para exigir el pago de 38,000 pesos a los Braceros Mexicanos en una sola exhibición. Como resultado se publicó un Decreto con las nuevas modificaciones a la Ley del Fideicomiso el 29 de abril de 2010.

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012 se asignaron 3 mil 816 millones 200 mil pesos, y se les pagó el apoyo a 211 mil braceros aproximadamente.

En la LXII y en esta LXIII Legislatura ya no se creó la Comisión Especial de ex Braceros de la Cámara de Diputados, ni se asignó presupuesto alguno al Fideicomiso, quedando pendientes de pago alrededor de 241 mil ex braceros que ya habían presentado documentos.

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea incluida en el decreto de presupuesto de egresos de la federación de 2017 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al fideicomiso que administra el fondo de apoyo social para trabajadores migratorios mexicanos ex braceros 1942-1964.

Senadores: María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar una partida presupuestal específica para los órganos garantes de transparencia.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a asignar una partida presupuestal específica para los órganos garantes de transparencia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La consolidación de la democracia en nuestro país ha sido un proceso complejo y con altibajos. Entre los aspectos más relevantes de esta lucha se encuentran los logros en materia de transparencia, toda vez que se trató de una conquista ciudadana que se fue consolidando poco a poco con una serie de reformas, primero legales, con la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el 11 de junio de 2002 y posteriormente las reformas constitucionales de 2007 y 2014, las cuales permitieron un mejor desarrollo institucional.

Uno de los principales objetivos de la última reforma constitucional en la materia, era el de dotar de autonomía a todos los organismos garantes, para la mejor garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Para ello, el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la de los órganos garantes en el ámbito local, a través de la obligación de reproducir el modelo federal.

Para garantizar dicha autonomía la Constitución establece una serie de principios, bases y procedimientos como la colegiación, la especialización, la imparcialidad, el procedimiento de nombramiento y su escalonamiento, la personalidad jurídica y el patrimonio propio, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

Es por ello que llama la atención que el pasado miércoles 5 de octubre en el diario El Universal se publicara un artículo intitulado “Estados ahorcan la transparencia.” Dicho artículo refiere una serie de declaraciones del comisionado Óscar Guerra Ford y al contenido de un documento elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El reportaje señala que el estudio en comento puntualiza que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia, lo que significa un 0.2 de su presupuesto, mientras que el promedio nacional es de 8.34 pesos per cápita.

Como los mejor calificados se encuentran Campeche (la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia) con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.

En contraste, los estados que menos recursos destinan son: Puebla que otorga en promedio 2.1 pesos por persona; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona.

Entre las declaraciones que retoman del comisionado Óscar Guerra Ford, llama la atención que señala que cada órgano garante debería de tener 15 pesos por habitante de la entidad federativa correspondiente, con el fin de cumplir con las nuevas competencias y obligaciones en materia de transparencia, toda vez que se amplió el número de sujetos obligados y se requieren una serie de capacidades técnicas, como lo son: servidores (para hospedar su parte correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia); internet de fibra óptica; y, cuestiones tan elementales como electricidad.

Este análisis resulta sumamente preocupante, toda vez que los órganos locales requieren de estos recursos para garantizar la transparencia y, si no los tienen, sus capacidades se reducen porque no pueden consolidar sus obligaciones de capacitación y acompañamiento de los sujetos obligados, así como las relativas a la supervisión y evaluación de la información que se encuentre publicada de en los portales electrónicos.

Por estos motivos, considero pertinente, independientemente de las medidas que tomen los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como las de los órganos garantes locales, solicitar a la Colegisladora que garantice los recursos necesarios para estos institutos que realizan una función fundamental para nuestro país y que la transparencia que tanto ha costado construir no se diluya ante la falta de presupuesto.

En este sentido, resultaría útil destinar una partida presupuestal del ramo 23 a esta causa, ya que en este ramo se concentra la recepción de ingresos excedentes, los cuales se distribuyen a diversos fondos, recursos que en su mayoría se destinan al gasto federalizado, como gasto que aporta el gobierno federal a entidades federativas y municipios vía subsidios.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne una partida presupuestal suficiente, independiente de su presupuesto ordinario, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, destinando estos recursos bajo un principio subsidiario, con la finalidad de garantizar su funcionamiento y el desarrollo de sus obligaciones constitucionales y legales.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne una partida presupuestal suficiente, independiente de su presupuesto ordinario, en un fondo constituido en el ramo 23, para los órganos garantes de transparencia en cada entidad federativa, destinando estos recursos bajo un principio subsidiario para completar los quince pesos per cápita, para garantizar su funcionamiento y el desarrollo de sus obligaciones constitucionales y legales.

Tercero. Se solicita a esta honorable soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, el día 11 del mes de octubre de 2016.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la suscrita y las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación de la Cámara de Diputados a aprobar recursos suficientes para la implementación de la reforma educativa en materia de educación inclusiva.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadoras de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo.

Considerando

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual como: ¨La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.

Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes.

Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los colegios locales.

La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas.

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares con un área de soportes apropiada.

Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución.do al tenor de las siguientes

Las niñas y los niños con discapacidad han sido marginados dentro de los sistemas educativos y han experimentado exclusión, discriminación y segregación en la educación. Con frecuencia se les ha ubicado en clases o escuelas diferentes o, incluso, negado el acceso a cualquier tipo de educación.

El derecho a la educación –sin discriminación alguna– para niños y ni-ñas con discapacidad está garantizado en un amplio marco incluyente. Las autoridades educativas tienen la obligación de proteger a todas las personas con discapacidad frente a las acciones de terceros o privados en materia educativa. La responsabilidad que el Estado tiene sobre la administración del sistema educativo, lo sitúa en el compromiso de asegurar y prevenir que los actores públicos y privados no incurran en acciones que incumplan y transgredan los derechos de las niñas y los niños con discapacidad.

El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Educación en materia de Educación Inclusiva la cual concentra a nueve iniciativas que se han presentado todas con el objeto de generar condiciones para que personas discapacidad o con capacidades sobresalientes disfruten plenamente del derecho a la educación de una forma igualitaria.

El dictamen de la reforma en comento, incluye los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo como pilares.

La reforma aprobada tiene por objeto:

1. Establecer una definición de educación inclusiva amplia y acorde con los tratados internacionales en la materia, convirtiendo a la educación inclusiva en uno de los ejes centrales que definirá al sistema educativo nacional.

2. Armonizar los términos y conceptos con los que se utilizan en el modelo normativo óptimo, principalmente la sustitución del término “ integración” por “ inclusión” e “ individuo” por “persona”.

3. Incluir la provisión de materiales educativos apropiados para atender las necesidades de toda la población, en particular para aquellas niñas y niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales.

4. Incluir la obligación de garantizar la accesibilidad física a la información y comunicaciones para las personas con discapacidad en las escuelas, lo que implica incluir diseños universales y realizar los ajustes razonables pertinentes.

5. Enfatizar el enfoque inclusivo de la educación especial y su intervención dentro de los planteles escolares de educación regular, salvo casos excepcionales.

6. Ampliar el espectro de población que puede recibir atención especial por tener necesidades educativas especiales, no necesariamente consideradas como discapacidades o aptitudes sobresalientes

7. Incluir la obligación de llevar a cabo la capacitación necesaria que debe tener todo el personal docente y educativo para tratar necesidades educativas especiales, así como los padres y madres de familia o tutores y tutoras.

Vemos con gran interés los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, por hacer de la inclusión y la equidad un eje del nuevo modelo educativo.

Todo este esfuerzo debe verse respaldado por los recursos presupuestales suficientes a fin de que puedan verse concretados. Asimismo es importante mencionar que el calendario educativo es diferente al calendario presupuestal por lo que estos recursos tendrán impacto directo en los ciclos escolares 2016-2017, 2017-2018 por lo que los recursos que se autoricen para tal efecto deberán permitir la continuidad del presente ciclo escolar así como la puesta en marcha del siguiente.

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente Proposición con:

Por lo expuesto proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación a fin de que se aprueben recursos suficientes para la implementación de la reforma educativa en materia de educación inclusiva.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2016.— Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú (rúbrica), Anabel Acosta Islas, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, destine mayores recursos al desarrollo de la juventud y se amplíe el anexo “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población mexicana asciende a 112 millones 336 mil 538 personas; de ellas, alrededor de 40 por ciento corresponde a jóvenes.

Históricamente, México se ha caracterizado por tener una población con alto porcentaje de niños y jóvenes. Por ejemplo para 2010, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, y la encuesta realizada por el Inegi, 40 por ciento de la población correspondía a jóvenes.

Posteriormente, para 2013 se reportaban 25.5 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, quienes representaban 18.2 de la población nacional, asimismo se reportaba una proyección para 2020, de un aumento en la población mayor a los 65 años y con esto la inversión de la actual pirámide poblacional, es decir mayor número de personas mayores a los 65 años, y menor número de jóvenes.

Para 2014, de acuerdo con el Inegi, en México residían 31.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, monto que representó 26.3 de la población total, lo que significó un aumento considerable con respecto a 2013.

Hoy, este fenómeno demográfico da a México el privilegio de contar con una verdadera ventaja que de aprovecharla adecuadamente, permitirá que nuestro país alcance un desarrollo económico y social histórico durante los próximos años.

Lamentablemente, estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente.

Por ejemplo, gracias a las cifras estadísticas se observa la situación por la que atraviesan los jóvenes mexicanos:

De acuerdo con el Inegi, durante el primer trimestre de 2015, en el país la tasa de desocupación de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 fue de 9.8 y 9.2 por ciento, respectivamente, casi el doble de la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8). Siendo el sector de la población de entre 15 y 24 años uno de los que más dificultades enfrentan al momento de buscar empleo.

La proporción de jóvenes trabajadores respecto con el total de empleados, de 2008 a 2013, ha disminuido cuatro puntos porcentuales, de 34.6 a 30.7 por ciento, lo que refleja una insuficiente generación de empleos para dicho sector.

Uno de los principales obstáculos a que se enfrenta la población joven es la falta de experiencia laboral: 18.7 por ciento de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia, convirtiéndose en un reto para el sector.

De los jóvenes con empleo, la Encuesta Nacional de Juventud de 2005 arrojó que 61.43 por ciento gana entre 1 y 3 salarios mínimos.

Por el lado de la educación, la problemática referente al acceso a la educación superior es un desafío más en la lista de los jóvenes. Baste recordar que para el actual ciclo escolar 2015-2016, de 100 por ciento de los jóvenes aspirantes a una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, pudo ofertarse lugar sólo para 8.9 de los aspirantes. Situación similar ocurrió con los jóvenes que intentaron ingresar en una licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, que rechazó a 64 mil 440 jóvenes de los 87 mil 789 aspirantes, debido a la capacidad de la institución.

Referente a la salud, durante 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 32.7 por ciento de la población de 15 a 29 años no está afiliado o inscrito en algún servicio médico, y 33.7 tiene estos servicios por un programa social, lo cual para algunos especialistas convierte a las adicciones en el principal problema que podría enfrentar la juventud.

En el tema de la seguridad, la situación es alarmante ya que en México, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 31.2 por ciento de los jóvenes fueron víctimas de un delito en 2012; 54.5 de éstos correspondió a hombres y 45.5 a mujeres. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe, con tristeza, en diferentes ciudades del país, en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno, particularmente los Poderes Legislativo y Ejecutivo, federales, han realizado importantes esfuerzos para destinar recursos y llevar a cabo programas y acciones de atención a la juventud, también es verdad que dichos esfuerzos no han sido suficientes para atender sus necesidades. Se requieren más trabajo, recursos y eficacia para garantizar el desarrollo integral de la juventud.

Desafortunadamente, por ejemplo, el presupuesto destinado al Instituto Mexicano de la Juventud tuvo un decremento considerable de 2013 a 2014, asimismo, los recursos asignados para el 2015, respecto del 2014, reflejan un incremento mínimo, con consecuencias negativas en las acciones de gobierno a favor de la juventud, que se reflejan en la falta de condiciones de bienestar presente y oportunidades futuras para nuestros jóvenes.

Para 2016 apenas se aprobaron poco más de 3 millones de pesos respecto de lo aprobado en 2015; es decir, prácticamente se mantuvo el mismo presupuesto; no basta mantener el presupuesto para este sector de nuestra población, necesitamos más recursos, mejor distribuidos y con eficacia en sus resultados. Sólo así podremos avanzar en la justicia para la tercera parte de nuestra población.

Por otro lado, debemos insistir en la urgencia de mejorar la información sobre la totalidad de los recursos que se destinan a los jóvenes y sobre sus resultados. Sabemos que el gobierno federal, a través de distintas secretarías y entidades de la administración pública, implanta diversos programas orientados a la juventud; sin embargo, no se conoce con certeza la totalidad ni la distribución del presupuesto que se destina para dicho fin. Además, todavía es incierto el número de los programas y acciones que se implementan en la materia.

Por ello es trascendental avanzar en el trabajo que la Cámara de Diputados realiza desde la LXI Legislatura, para sistematizar estos datos mediante el anexo denominado “Programas para el desarrollo integral de los jóvenes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de ese apartado del presupuesto es conocer la totalidad de los recursos dirigidos a este sector, así como identificar, dar seguimiento, evaluar y corregir los programas y acciones implantadas y operadas a favor de la juventud.

Hay que recordar que el mencionado anexo se creó para el ejercicio presupuestal de 2010, y que ello permitió identificar recursos por 9 mil 719 millones de pesos, así como 8 programas implementados por 2 secretarías de Estado. En el mismo tenor, en 2011 se hicieron visibles 125 mil 41 mdp y se identificaron 29 programas a cargo de 2 secretarías; para 2012, se hicieron visibles 135 mil 731 mdp y se conocieron 31 programas implantados por 5 secretarías.

Para 2013 se etiquetaron recursos por 142 mil 309 mdp, sumando 34 programas a cargo de 7 secretarías; mientras que para el 2014 el recurso asignado fue por 2023 mil 283 mdp, haciéndose presentes en 51 programas implementados por 7 secretarías. Para 2015, los recursos identificados para el desarrollo de la juventud sumaron 213 mil 325 mdp, los cuales se distribuyeron en 51 programas a cargo de 7 secretarías.

Finalmente, para 2016, los recursos identificados sumaron 223, mil 850 mdp 301 mil 606 pesos, distribuidos en 53 programas a cargo de 7 secretarías.

Este anexo constituye un instrumento fundamental de transparencia, seguimiento y evaluación no sólo para el gobierno federal, sino para la población mexicana y para el trabajo que los legisladores tenemos, por lo que su permanencia y ampliación en el presupuesto es fundamental.

Por todo lo expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, pongo a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud durante el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Segundo. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a ampliar y aprobar el anexo “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” durante el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Notas:

1 Encuesta Nacional de Juventud correspondiente a 2005.

2 Animal Político (2015). UNAM rechaza a 91 por ciento de los aspirantes a una licenciatura. Animal Político, 1.

3 La Razón (2015). Rechaza IPN a 64 mil 440 aspirantes. La Razón, 1.

Senado de la República, a 11 de octubre de 2016.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la suscrita y las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo en materia de diagnóstico, tratamiento y presupuesto para la atención de la fibrosis quística en México.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores los resolutivos primero a tercero y a la Cámara de Diputados el cuarto de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú, Anabel Acosta Islas, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Yolanda de la Torre Valdez, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AC, esta es una enfermedad hereditaria, congénita y crónica y mortal. Es el resultado de una alteración genética en el transporte de agua y sales en las células que recubren los distintos órganos y tejidos, principalmente el aparato respiratorio y digestivo.

Las personas que viven con fibrosis quística sufren de una afectación que hace que el moco del aparato respiratorio sea muy espeso y difícil de expulsar por lo que se pueden bloquear los conductos respiratorios propiciando el desarrollo de infección, inflamación y remodelación de las vías respiratorias, esta misma obstrucción está presente en el páncreas por lo que el flujo de enzimas necesarias para la digestión de los alimentos también esta alterada.

La referida asociación señala que diariamente nace 1 niño con fibrosis quística en México. La edad promedio de diagnóstico es de 2.6 años y la esperanza de vida promedio es de 18 años; en contraste con lo que sucedía en la década de los 80’s cuando la mayoría de los niños con este padecimiento no vivían lo suficiente para ingresar a la educación pre-escolar.

Sin embargo, los dos grandes retos que persisten para hacer frente a este padecimiento siguen siendo la detección oportuna y el acceso a un tratamiento adecuado.

Desde el Senado hemos impulsado una serie de exhortas para que a través del tamiz neonatal ampliado se haga la prueba de detección de fibrosis quística a los recién nacidos, y con ello detectar algún indicio que nos lleve a un diagnóstico temprano.

Esta solicitud, en conjunto con el impulso del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, ha tenido eco en la Secretaría de Salud del gobierno federal que autorizó a partir del 1 de noviembre de 2015 el tamiz metabólico para fibrosis quística para todos los pacientes.

Sin embargo, hasta el momento solo se tamizan a los pacientes de los centros de salud que dependen de dicha Secretaría; y no así a los que nacen en centros de salud dependientes del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Si bien es un gran avance que el tamiz metabólico para fibrosis quística se realice en los centros de salud de la Secretaría del ramo; debemos seguir impulsando que este sea un derecho para todos los niños y niñas de México, independientemente de la derechohabiencia o la capacidad económica de sus padres.

En México nacen un promedio de 2.2 millones de niños por año, de los cuales la mitad, es decir 1.2 millones, son atendidos por los servicios de salud de la Secretaria de Salud federal, mismos que como se mencionó anteriormente son los que por el momento se están tamizando para fibrosis quística, pero se están quedando fuera de esta oportunidad 1.2 millones de niños es decir casi el 50 por ciento que son los que nacen fuera de esta institución.

Otro gran reto en materia de diagnóstico es la infraestructura para el análisis de las pruebas que se toman a los recién nacidos. De noviembre de 2015 hasta agosto de 2016, todas las muestras del país, se enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México. Esto ocasiona que en el interior de la República transcurra un largo periodo de tiempo entre la toma de la prueba (tamiz) y la entrega del resultado a los centros de salud correspondientes, y consecuentemente a las familias de los pacientes.

El tiempo que los familiares tenían que esperar fue en algunos casos hasta de 3 meses con un promedio de un mes, lo que hace que aunque se hubiera tomado la primera prueba de tamiz para fibrosis quística en tiempo y forma, la segunda muestra denominada confirmatoria del tamiz, ya no se podía tomar debido a que ya se estaba fuera de tiempo para tomarla, recordar que la segunda muestra se toma antes del mes de vida.

Para resolver esta problemática, la Secretaría de Salud ha licitado tres centros regionales, los cuales se encuentran ubicados uno en la Ciudad de México (Selecciones médicas) otro en Guadalajara, Jalisco (TamizGén) y uno más en Mérida, Yucatán, (TamizMas) cada uno con una amplia zona de influencia, lo que haría recomendable la instalación de otros centros de esta categoría en las entidades federativas.

Finalmente, en el rubro de acceso a medicamentos adecuados también existen avances importantes. Los pacientes beneficiarios del Seguro Popular Siglo XXI menores de 5 años de edad y diagnosticados con fibrosis quística reciben la atención médica y el suministro de medicamentos adecuados para tratar este padecimiento.

Sin embargo, sigue pendiente este rubro en derechohabientes de IMSS, incluso de aquellos que son diagnosticados después de los 5 años de edad. Es decir, estamos dejando fuera de una probabilidad de acceso a medicamentos a una parte muy importante de la población. En este sentido es indispensable insistir en la inclusión de antibióticos inhalados como la tobramicina en los tratamientos correspondientes. Con los antibióticos inhalados podemos erradicar de manera oportuna la infección por pseudomonas aeruginosa, la cual una vez instalada coloniza las vías aéreas e inicia el deterioro funcional respiratorio de los pacientes con lo que se inicia también el proceso de muerte de los mismos. Recordar que está presente hasta en un 85 por ciento de los pacientes con fibrosis quística.

Con estas acciones pretendemos diagnosticar oportunamente todos los pacientes con fibrosis quística y aumentar la esperanza de vida de los pacientes que luchan día a día y viven las consecuencias de este padecimiento.

Recordemos que la fibrosis quística no distingue posición geográfica, económica ni social. Todos los pacientes tienen derecho sin discriminación alguna a la detección oportuna, al acceso a atención médica y al tratamiento adecuado. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano y debemos garantizarlo.

Por lo anterior, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. EI Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a incluir dentro de las pruebas del tamiz neo natal el tamiz metabólico para fibrosis quística.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a promover el establecimiento de centros de análisis de tamiz metabólico de fibrosis quística; así como a vigilar el funcionamiento adecuado de los instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida.

Tercero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a incluir en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos a los antibióticos in ha lados como son la tobramicina preparada para inhalar o tobramicina para nebulizar, azitromicina, complementos vitamínico y alfa dornasa, a fin de que las instituciones públicas de salud en México, estén en posibilidad de otorgar un tratamiento integral a todos los pacientes con fibrosis quística del país.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, destine recursos suficientes para la aplicación del tamiz metabólico para fibrosis quística en todos los centros de salud del país; para la instalación de centros de análisis de la prueba de tamiz metabólico para fibrosis quística en cada una de las entidades federativas; así como para incluir a la Tobramicina, Azitromicina y Alfa Dornasa en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2016.— Senadoras: Hilda Esthela Flores Esclarea (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Itzal Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú (rúbrica), Anabel Acosta Islas (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, reconoce los esfuerzos realizados en favor de la niñez e insta a continuarlos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnaran a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado los resolutivos primero a tercero; y a la Cámara de Diputados el cuarto de ellos.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Las suscritas, Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez, Angélica de la Peña Gómez y Martha Angélica Tagle Martínez, integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República y de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD, respectivamente, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, reconoce los esfuerzos que a escalas federal, estatal y municipal han realizado las autoridades en favor de la niñez e insta a los mismos a continuarlos y fortalecer sus legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas, una visión integral para la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2011 la resolución 66/170, a través de la cual se declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y las problemáticas que por ser niñas y adolescentes enfrentan en todo el mundo.

En este marco, desde el Senado de la República hemos realizado diversas acciones legislativas a fin de que las autoridades en los tres niveles de gobierno, reconozcan que las niñas en México por su condición de mujeres y de niñas tienen necesidades específicas y diferentes a los niños, mismas que las enfrentan con brechas de desigualdad y discriminación.

Uno de los grandes logros a nivel legislativo fue la inmersión de los derechos de igualdad sustantiva, de no discriminación y de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014) como garantía de seguridad jurídica y reconocimiento de la realidad a la que se enfrentan las niñas y las adolescentes en México.

A partir de ellos se busca transversalizar la perspectiva de género en todas las actuaciones que la federación, las entidades federativas y los municipios realicen, incorporando para ello, las acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes; así como la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad.

Además se establece la obligación del Estado mexicano para dar cumplimiento con los compromisos internacionales de los que México es parte y así garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y por ende pronunciarse en contra del matrimonio en la niñez, señalando que a nivel mundial aproximadamente una de cada tres mujeres entre los 20 y 24 años, unas 70 millones de jóvenes, se habían casado antes de cumplir los 18 años de edad. Asimismo, señalaba que si bien el porcentaje total de niñas casadas, se había reducido en los últimos 30 años, el problema persistía en particular, en las zonas rurales y entre las más pobres. Y que de continuar esta tendencia, el número de niñas que contraería matrimonio antes de cumplir 18 años se aproximaría en el último decenio a los 150 millones.

Dejando muy claro que el matrimonio prematuro priva a las niñas y a las adolescentes de oportunidades, pone en peligro su salud, aumenta su exposición a la violencia y a los abusos, y tiene como resultado embarazos precoces y no deseados, que a menudo pone en peligro sus vidas y la de sus “ hijos e hijas, pues hay evidencia de que si la madre es menor de 18 años, el riesgo de” que el hijo muera durante el primer año de vida es 60 veces mayor que el riesgo de un niño cuya madre tiene más de 19 años.

Aunado a lo anterior, esta ley general prevé de manera expresa la prohibición para que las niñas y las adolescentes contraigan matrimonio antes de los 18 años de edad, lo que además coincidió con el mensaje de la ONU del 11 de octubre de 2012, el cual hacía referencia a que todos los días y en todo el mundo, las niñas son víctimas de la discriminación, de violencia y de toda clase de abusos.

Por esa razón, la conmemoración del día se centraba en la importancia de empoderar a las niñas y garantizar sus derechos humanos.

De igual manera, señalaba la necesidad de invertir en las niñas, como una cuestión de justicia e igualdad elementales y para el cumplimiento de una obligación instituida en las Convenciones sobre los Derechos del Niño y sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de las que México es país firmante.

Desde diversas comisiones del Senado de la República, tales como las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, hemos hecho exhortos para que los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia realicen acciones para eliminar las brechas de desigualdad y discriminación que enfrentan las niñas y las adolescentes, hemos sido enfáticas en que los congresos locales, legislen en favor de la prohibición expresa en sus códigos civiles y leyes que hasta el momento no consideren de forma expresa la prohibición del matrimonio infantil.

El año pasado nos unimos a la iniciativa de ONU Mujeres “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley en la práctica y a la Campaña de 2015: “Únete para prevenir y eliminar la unión temprana y el matrimonio de niñas”, que en redes sociales se conoció con el hashtag #NiñasNoEsposas.

En 2013, el mensaje de la ONU en conmemoración del11 de octubre recogió la preocupación por la educación de las niñas y la aceleración de los avances en la escolarización de la niñez y particularmente el de las niñas. En 2014, en el marco de esta conmemoración, el mensaje de la ONU puso de relieve la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la campaña paralela He For She que incorpora a los hombres para poner fin a la violencia y a la discriminación contra las mujeres y las niñas a escala mundial.

El año pasado, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se instó a los gobiernos a invertir en las adolescentes para que mañana puedan mostrarse firmes como ciudadanas, dirigentes políticas, empresarias, cabezas de sus familias y en general, invertir en ellas para que al llegar a la edad adulta tengamos mujeres empoderadas, conscientes de sus derechos y ciudadanas comprometidas con la igualdad y con todas las problemáticas que predominaran en sus países.

En 2016, la ONU centra su atención en la necesidad de enfrentar obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes para empoderarse, algunas ya han sido mencionadas a lo largo de estas consideraciones. No obstante, demandan la necesidad de que los gobiernos cuenten con datos pertinentes, desglosados por sexo y edad, para una adecuada orientación de las decisiones de política y programas fundamentales, así como la evaluación en términos medibles de las oportunidades y desafíos a los que nos enfrentamos para avanzar hacia soluciones de las problemáticas que prevalecen entre las niñas y las adolescentes.

Instan a los Estados a invertir en las niñas, pues han observado qué su progreso no sólo es bueno para ellas, sino también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo, porque afirman “las niñas siempre han cambiado al mundo y esta generación lo puede hacer aún mejor”.

El Senado ha sido enfático en concientizar a las autoridades del Estado mexicano en las necesidades básicas e intereses estratégicos que tienen las niñas y las adolescentes, por ejemplo el acceso a la salud y a la educación integral, a la necesidad de participar y expresarse en todos los ámbitos de la vida, a incorporar acciones estratégicas en su legislación y políticas públicas con el objeto de que las visibilicen y las atiendan de manera integral.

Por ello, como representantes y gobernantes de este país debemos afrontar los desafíos y promover el empoderamiento de las niñas y las adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tomando en cuenta de manera prioritaria los principios de igualdad entre mujeres y hombres, el interés superior de la niñez la no discriminación y todos los que permitan en avance de las niñas y las adolescentes.

La niñez debe ser visibilizada como titulares de sus derechos, no como menores de edad. Son personas como los adultos, pero con necesidades específicas por su condición de edad. Las niñas y las adolescentes no son el futuro de México, son más que nunca nuestro presente y la posibilidad de que mañana tengamos mujeres profesionistas, empoderadas, capaces de incidir en cualquier ámbito político, económico, social o cultural, mujeres ejerciendo derechos de forma plena y por su puesto comprometidas con su país y una sociedad más justa y más democrática.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, reconoce los esfuerzos que a escalas federal, estatal y municipal han realizado las autoridades en favor de la niñez e insta a los mismos a continuar con ellos y fortalecer sus legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas, una visión integral para la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes.

Segundo. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes forme el sistema de información previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de contar con datos desagregados que permitan a las autoridades en los tres niveles de gobierno implementar y fortalecer estrategias para el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la vida.

Tercero. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, y tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, exhorta a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias establezcan los mecanismos para la participación activa y permanente de las niñas y las adolescentes en todas y cada una de las decisiones que les afecten.

Cuarto. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por el Estado mexicano el año pasado y en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, asigne recursos presupuestales suficientes para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, tomando en cuenta las necesidades básicas e intereses estratégicos de las niñas y las adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2016— Senadoras: Martha Elena García Gómez (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud y de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se autoricen y etiqueten recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El síndrome de descomprensión es el término empleado para denominar a la enfermedad aguda conocida en medicina como embolia gaseosa producida por una disminución brusca de la presión atmosférica; se caracteriza por la formación de burbujas de gas en la sangre y tejidos. En altitudes normales, el nitrógeno y otros gases se exhalan o disuelven en la sangre y tejidos, sin embargo, durante cambios severos en la altitud y presión aérea el nitrógeno y otros gases forman burbujas de aire. Estas burbujas bloquean el flujo de sangre, y el síntoma inequívoco es la aparición de un fuerte dolor que afecta a diversas partes del cuerpo; ciertas regiones corporales pueden sufrir parálisis transitoria, sin embargo en otras ocasiones se producen lesiones permanentes e incluso la muerte.

Este síndrome de descompresión también es conocido como “enfermedad de los buzos” o “mal de presión”.

Un descenso brusco de la presión del aire produce una disminución de la solubilidad de los gases en solución y, por lo tanto, los gases disueltos retornan al estado gaseoso dentro de la corriente sanguínea, formando burbujas de gas. Las burbujas de gas liberadas dentro de la corriente sanguínea pueden obstruir algunos de los vasos terminales (arteriolas), interrumpiendo el aporte sanguíneo a las terminaciones nerviosas, desencadenándose así los síntomas que se producen a consecuencia de cuadros isquémicos (infartos) en diferentes zonas, cerebrales, óseas, renales, etcétera. El oxígeno y dióxido de carbono vuelven a su estado soluble dentro de la sangre con rapidez, pero los gases inertes permanecen en estado gaseoso y por tanto son el principal responsable.

Para que se presente esta enfermedad en los buzos, estos deben respirar una mezcla gaseosa que contenga uno o más gases inertes, por ejemplo, nitrógeno, helio, hidrogeno, y deben permanecer un tiempo y a una profundidad determinada para que se produzca una saturación considerable de gas inerte en los tejidos.

El tratamiento adecuado dependerá de los síntomas que presente el afectado, sin embargo, la utilización de terapia de oxigeno hiperbárico es la respuesta idónea para solucionar este tipo de padecimientos. La terapia consiste en respirar oxígeno en una cámara a presión, en la que la presión atmosférica se eleva hasta tres veces más que la normal. En estas condiciones los pulmones pueden respirar hasta tres veces más oxigeno de lo que sería posible respirar bajo la presión normal del aire.

Los tejidos del cuerpo necesitan un suministro adecuado de oxígeno para funcionar, por ello en cuanto el tejido se lesiona puede requerir más oxígeno para sanar, en ese sentido la terapia con oxígeno hiperbárico aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, lo que permite combatir una infección o reducir lesiones.

La función principal de la cámara hiperbárica es la de someter al paciente a una presión superior a la que es normal en superficie (tal como si estuviera de nuevo bajo el agua). Esto se hace con el objetivo de revertir los efectos de una descompresión incorrecta. Se somete al buceador a una presión similar a la que soportó en su descenso, para luego hacerlo “ascender” cumpliendo los tiempos y paradas previstas en la tabla de descomprensión; dicho de otro modo, se disminuye el tamaño de las burbujas, permitiéndoles así que pasen a través de los vasos sanguíneos.

La “enfermedad de los buzos” o “mal de presión” se ha presentado con más frecuencia en los últimos años en los pescadores y buzos de los puertos de Yucatán; en 2014, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud del estado, se generó el número más alto de accidentes por descompresión en un periodo de tres años, con un registro de 177 personas afectadas, de las cuales 11 perdieron la vida. De igual manera, cifras de la Secretaría de Salud de Yucatán, revelan que durante 2015 se registrado cuando menos 40 accidentes por descomprensión, de los cuales 5 personas fallecieron, y en lo que va del 2016, también se han presentado varios casos por descompresión, con el lamentable fallecimiento de una persona.

Pero cada año se reportan accidentes de este tipo; tan sólo en 2012 se reportaron 132 casos de accidentes de descompresión, de los cueles 8 personas fallecieron; y en 2013 fueron 159 casos de descompresión, con 7 personas fallecidas.

Además de las defunciones hay pescadores con secuelas posteriores a los accidentes, los cuales van desde mialgias hasta paraplejias que les impiden continuar en la actividad pesquera y con una vida normal.

Lamentablemente, a lo largo de los municipios con playa de Yucatán se encuentran distribuidas tan sólo 7 cámaras hiperbáricas, mismas que han resultado insuficientes para atender oportuna y adecuadamente todos los casos de descompresión, lo que ha dejado resultados fatales.

En materia de salud, las comunidades con playa, si bien cuenta con atención de primer nivel, no todas cuentan con medicina hiperbárica. Esto es de suma importancia ya que para el tratamiento de la enfermedad por descompresión es necesaria la administración de oxígeno en un medio presurizado a través de una cámara hiperbárica.

Otro factor que urge la necesidad de destinar más cámaras hiperbáricas, es el “tiempo de respuesta”, el cual debe ser inmediato. El tiempo transcurrido entre el accidente de descompresión y la atención, definen el pronóstico para el pescador, por ello la importancia de contar con este equipo cerca de las zonas de pesca y buceo.

En el caso de los pescadores que han sufrido accidentes de descomprensión, principalmente del Oriente y Centro de la costa de Yucatán, han sido atendidos en la cámara hiperbárica de Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Tizimín. Y la mayor parte de las atenciones ha sido para pescadores de San Felipe y Rio Lagartos, y en menor grado para El Cuyo, Dzilam de Bravo y Progreso.

La subdirección de salud pública estatal, a cargo de Mirza Tec Kumul, reveló que cerca de 76 por ciento de los fallecimientos por descompresión han sucedido en el lugar del accidente o durante su traslado, por ello la necesidad de contar con este tipo de equipos en los puertos de Yucatán.

Es decir, la mayoría de las víctimas derivadas del síndrome de descomprensión, perecen, debido a que los equipos para su tratamiento son insuficientes, tal es el caso del señor Marco Antonio Argüelles Chay, quien solía dedicarse a la pesca del equinodermo; él como muchos buzos del ramo, sintió los efectos del síndrome de descomprensión, y al ser trasladado a la comunidad más cercana que cuenta con cámara hiperbárica, ésta se encontraba ocupada por otros buzos, lo que lo llevó a esperar hasta que se registró su fallecimiento.

Si bien es cierto, que el gobierno del estado ha presentado diversos programas para contrarrestar esta situación, también es cierto que dichos programas están enfocados a la expedición de certificados de salud, capacitación al personal de la costa yucateca y platicas de sensibilización a buzos, incluso a sus familias, pero ninguno dirigido a la atención del problema una vez presentado. Algunos de estos programas dieron inicio durante el 2015, con la instalación del Comité Estatal de prevención de actividades subacuáticas, no obstante que son proyectos que ayudan en la prevención, no atacan directamente el problema, ya que mientras no se cuente con los equipos médicos y tecnológicos para atender este problema, seguirán dándose fallecimientos de pescadores a lo largo de la costa de la península de Yucatán.

Es un problema de salud pública en el estado, las propias autoridades federales, en el estado, han expresado que “la falta de cámaras hiperbáricas condenara a más pescadores a morir ante la falta de equipo adecuado en la captura de pepino de mar. En todos los puestos debería haber al menos una y hay 21 puertos sin una sola, por lo que habrá muchos muertos por que no hay las cámaras hiperbáricas para dar este servido.”

El futuro bien regulado, controlado y la seguridad de la actividad pesquera dependen, en gran medida, de la participación conjunta de las principales entidades públicas y sociales. Es necesario que las autoridades federales y estatales brinden el apoyo sustancial para el crecimiento y seguridad de esta actividad económica y no se quede en proyectos insuficientes o inconclusos, es decir, que los apoyos lleguen de manera oportuna y se vean reflejados en su capacidad técnica, infraestructura y tecnología necesaria en las comunidades, para llevar a cabo esta actividad productiva, una de las principales actividades de los yucatecos.

Por lo anterior, se considera necesario y prioritario la asignación de recursos económicos a las instituciones y dependencias competentes en el tema, para la adquisición e instalación ‘de cámaras hiperbáricas en los puertos de Yucatán, que permitan atender oportuna y adecuadamente el problema de descomprensión, que afecta a buzos y pescadores del estado, evitando con ello el incremento de muertes por esta situación. En este sentido, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca, y Salud de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se autoricen y etiqueten recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del estado de Yucatán, con el fin de atender los problemas de descomprensión que están padeciendo pescadores y buzos, y evitar con ello el incremento de muertes.

Notas:

1 Martín Fernández, Bernardo, y otros, Introducción a la medicina y ciencia el deporte. Universidad de Oviedo, 1994, página 267.

2 http://sipse.com/milenio/yucatan-registra-sse-40-accidentes-descompresion-buceo -163181. html

3 Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de manejo pesquero para langosta espinosa panularis argus, de la Península de Yucatán. Diario Oficial de la Federación. 13 de marzo de 2014.

4 http://www.sinembargo.mx/01

5 http://yucatan .com.mx/yucatan/policia-yucatan/fallecen-dos-buzos-mas-por-la-pepineada-2

6 http://yucatanahora.com

Senado de la República, a 10 de octubre de 2016.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se destinen mayores recursos para promover, impulsar y desarrollar el turismo en Yucatán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.’

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro cúmulo de recursos naturales le permite al viajero apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble variedad de luz y color.

La oferta cultural e histórica que posee nuestro país es reconocido por diversos organismos nacionales e internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México hoyes reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año y ocupa el décimo lugar como destino turístico a nivel internacional.

Cabe mencionar que los avances en materia de turismo siguen dando frutos para los mexicanos, a principios de 2016 la Organización Mundial del Turismo publicó un estudio realizado en el 2015, por conducto de la Concanaco Servytur, que ubicó a México dentro de los diez primeros países con más llegada de turistas, solo por debajo de países de talante internacional como Francia, Estados Unidos, España, Italia y Alemania, por mencionar algunos; alcanzando un alza en promedio de 10 por ciento a 20 por ciento de visitantes por año.

Actualmente, hasta el último listado publicado, de acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial publicado en mayo del presente año, México se encuentra en la novena posición, subiendo un peldaño respecto del año anterior.

Esta misma fuente revela las divisas generadas por el turismo internacional, ubicándonos de acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial publicado en mayo del presente año en la posición número 17, cabe mencionar que apenas en 2014, mediante los mismos parámetros se nos ubicaba en el puesto número 22.

Durante el primer trimestre de 2016, los ingreso de divisas por visitantes internacionales al país ascendió a 3 mil 297 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6.8 puntos porcentuales, en comparación con los tres mil 86 millones de dólares observados en el mismo periodo el año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

En términos de empleo, en el segundo trimestre de 2016, la población ocupada en el sector turismo de México rebasó los tres millones 892 mil empleos, lo que significa un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.4 por ciento del empleo total.

El empleo turístico aumentó 5.5 por ciento en el segundo trimestre de 2016 con respecto a igual periodo de 2015, cifra mayor en 204 mil 60 empleos. Mientras tanto, la población ocupada a nivel nacional registró un crecimiento en términos anuales de 2.2 por ciento en el segundo trimestre de 2016.

Con ello, queda claro que el turismo brinda diversos beneficios para México y para los mexicanos; el primero atañe directamente a la economía que ingresa al país, convirtiéndose en la tercera fuente de ingresos al territorio (solo por detrás del petróleo y las remesas), y por el otro, brinda la oportunidad de desarrollo regional que permite construir condiciones de bienestar y cohesión social.

Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis económicas que se han presentado en diversas partes del mundo, el turismo en México cuenta con un potencial sólido para alcanzar un crecimiento económico acelerado y sostenido, para así generar empleos que ayuden a disminuir la pobreza.

Según lo refiere la Secretaría de Turismo, el crecimiento turístico en México entre el primer cuatrimestre de 2012 y de 2016 fue de 45.8 por ciento; por este concepto ingresaron dos mil 128 millones de dólares en este periodo, con un incremento del turismo internacional de 42.1 por ciento. Con esta dinámica en el turismo México creció casi el doble de la tasa a nivel mundial, al alcanzar un incremento de 9.9 por ciento.

Dentro de las ciudades más visitadas en 2016 está la Ciudad de México, León, Guadalajara y Monterrey, mientras que, entre los destinos turísticos con playas, lidera la lista Cancún, Yucatán y el resto de la Riviera Maya.

Yucatán, de manera particular, es un ejemplo en el sector turístico, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, Yucatán tiene muchas fortalezas por ser uno de los estados más seguros del país, y con mejores servicios turísticos en materia de turismo.

Aunado a lo anterior, el estado cuenta con riquezas naturales e históricas únicas que lo hacen un atractivo especial para el sector turístico.

Lamentablemente, el fomento y desarrollo del sector en el estado sigue siendo insuficiente, es necesario una mayor inversión tanto por el gobierno estatal, como por el gobierno federal.

En este contexto, uno de los retos de los gobiernos local y federal será trabajar en la promoción y difusión de las distintas alternativas turísticas tanto en Yucatán como en distintas regiones del país.

Para fortalecer el sector, sin lugar a dudas es necesaria una mayor inversión, así como el desarrollo de nuevos esquemas de financia miento.

Desafortunadamente el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 fue menor que lo aprobado en 2015, así, mientras que en 2015 se aprobaron 6 mil 844 millones de pesos para el Ramo del Turismo, en 2016 se destinaron 5 mil 211 millones 444 mil 461 pesos, es decir, 1 mil 632 millones 555 mil 539 pesos, menos.

Por lo expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se destinen mayores recursos para promover, impulsar y desarrollar el turismo en el estado de Yucatán.

Notas:

1 http://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2016/boletines/Turismo-Enero-201 6.pdf

2 http://www.siírnt.com/en/siimt/ranking_mundial_omt

3 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/el-crecimiento-turistico-de-mexico-entre-el- primer-cuatrimestre-de-2012-y-el-de-2016-fue-de-45-8?idiom=es

Senado de la República, a 13 de octubre de 2016.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

MINUTAS LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un párrafo segundo al artículo 151, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-100

POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 151 AMBOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un párrafo segundo al artículo 151 ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 150. ...

...

...

En la integración de los comités nacionales de Sistema-Producto, deberá incorporarse en las diferentes carteras, de forma intercalada, hombres y mujeres, en la misma proporción de su participación en la asamblea electiva, para garantizar proporcionalmente la equidad de género en su composición.

Artículo 151. ...

En la integración de los comités regionales de Sistema-Producto, deberá incorporarse en las diferentes carteras, de forma intercalada, hombres y mujeres, en la misma proporción de su participación en la asamblea electiva, para garantizar proporcionalmente la equidad de género en su composición.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de un plazo de 90 días, deberán hacerse las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-101

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, los que empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como la integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 5o., el párrafo segundo del artículo 6o. y el primer párrafo del artículo 29, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-102

POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5o.; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6o. Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 5o.; el párrafo segundo del artículo 6o. y el primer párrafo del artículo 29 todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, sus ejidos, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V. ...

Artículo 6o. ...

Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta Ley, el Gobierno Federal acuerde frente a los particulares, el sector social y el sector privado y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 29. Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada, para la realización de los programas operativos de la Administración Pública Federal que participan en el Programa Especial Concurrente y los Programas Sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y para la concertación con las organizaciones de productores, los ejidos, y los sectores social y privado.

...

...

...

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6; y una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 8 de la Ley de Vivienda.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-103

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIII AL ARTÍCULO 6; Y UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRLÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTICULO UNICO. Se adicionan una fracción XIII al artículo 6; y una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6. ...

I. a X. ...

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continuo de sus viviendas e infraestructura pública;

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda, y

XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia.

ARTÍCULO 8....

I. a XVI. ...

XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda;

XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda, y

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que adiciona los artículos 39 Bis y 41 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-104

QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 BIS Y 41 BIS A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.

ARTÍCULO ÚNICO.Se adiciona el artículo 39 BIS y el artículo 41 BIS a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 39 BIS. El Instituto Nacional de Antropología e Historia emitirá los Planes de manejo y operación de las zonas de monumentos arqueológicos declaradas y abiertas a la visita pública, los que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Éstos contemplarán, al menos, los rubros de Preservación general de bienes; Investigación; Protección técnica y legal; Difusión y vinculación social; Protección civil y contra riesgos climatológicos y otros fenómenos naturales; Medidas de protección de la zonificación de su polígono y el conjunto de disposiciones y lineamientos para su uso y visita pública.

El Plan de manejo y operación es el documento técnico operativo que regula, para cada zona de monumentos arqueológicos abierta a la visita pública, las estrategias, proyectos y actividades de protección, preservación, investigación y difusión de las mismas.

Artículo 41 BIS. Los institutos competentes, en su caso, colaborarán con las autoridades de las entidades federativas y municipales en la elaboración de los planes de manejo y operación en las zonas de monumentos artísticos e históricos.

TRANSITORIO

UNICO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-105

POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 4 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ÚNICO. Se reforma el párrafo cuarto del Artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

...

Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de la mujer, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión e integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS.

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13. ...

...

A) a C) ...

Los estatutos de las organizaciones ganaderas en los términos que establezca el reglamento deberán consignar, cuando menos, normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de sus órganos; al patrimonio de la organización; a los sistemas de elección de sus dirigentes, que garantizarán el voto libre, directo y secreto, así como la integración de sus órganos de dirección de manera proporcional al género de los integrantes de la Asamblea; además deberá contemplar la duración de los cargos directivos y las incompatibilidades para su desempeño, así como las relativas a los derechos y obligaciones de sus asociados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las organizaciones ganaderas deberán modificar sus Estatutos a fin de establecer disposiciones que garanticen el voto libre, directo y secreto de sus agremiados en los procesos de renovación de sus dirigentes, en un plazo que no deberá de exceder de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas.

Quedarán exceptuadas de este plazo, las organizaciones que en sus Estatutos, establezcan fechas o tiempos precisos en que se podrán realizar reformas a sus Estatutos, siendo dicha fecha o tiempos en que deberán realizarse dichas reformas.

Las organizaciones ganaderas que se encuentren en proceso de renovación de dirigencia al momento de la entrada en vigor de la presente reforma desarrollarán su proceso interno de elección, en observancia de sus Estatutos actuales y los efectos de la reforma de sus Estatutos, entrarán en vigor en el próximo periodo inmediato de elección de dirigentes.

TERCERO. Las disposiciones que garanticen el principio del voto libre, directo y secreto, en los sistemas de elección de los dirigentes de las organizaciones ganaderas, deberán ser incorporadas en el reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en un término de 90 días, contados a partir de la publicación de las presentes reformas.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a resguardo del Instituto, éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos, sujetándose a lo siguiente:

I. Deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales, municipales DIF o de la Ciudad de México, que corresponda, donde se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia públicos o privados y autorizados por el DIF para su salvaguarda mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan.

Dará aviso de inmediato al consulado de su país.

Durante los lapsos que las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados se encuentren en una estación migratoria en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF Nacional, Estatal, municipal o de la Ciudad de México que corresponda, deberá asignárseles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos.

En estos casos la autoridad migratoria deberá respetar en todo momento el interés superior del niño, los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados previstos en el presente ordenamiento y la demás legislación aplicable; dar aviso inmediato al Sistema DIF Nacional, Estatal, municipal o de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al organismo estatal de defensa de los derechos humanos y al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos;

II. Se informará a la niña, niño y adolescente de sus derechos dentro del procedimiento migratorio; de los servicios a que tiene acceso; y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a solicitud del niño, niña o adolescente, y protegiendo en todo caso su interés superior, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III. Se notificará al consulado acorde a la nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente su ubicación y la instancia a la cual se le canalizó, así como las condiciones en las que se encuentre. Salvo la evaluación de lo que convenga al interés superior del infante o que a solicitud de la niña, niño o adolescente, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

IV. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Es cuanto.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias, presidente. Para que quede registro, como todos hemos recibido en nuestras curules, el día de ayer se cumplieron 63 años del voto de las mujeres en México, es un día muy importante y fue resultado de luchas de muchas mujeres. Y creo que la Cámara, gracias a ese esfuerzo de lucha de todas esas mujeres, es un uno de los ejemplos de mayor igualdad hasta el momento, y creo que todos debemos impulsar más políticas en favor de las mujeres.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Por supuesto, y queda consignadas sus palabras en el Diario de los Debates.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa. Y ahorita damos sonido a la curul del diputado Víctor Sánchez. Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de ayer apenas se cumplieron 63 años de que las mujeres ejercemos el voto, pero todavía hoy la violencia política está presente. Necesitamos mayores reformas legislativas, pero sobre todo también necesitamos la voluntad política de los hombres. El tema de la igualdad es un tema de hombres y de mujeres, y es una responsabilidad de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Víctor Sánchez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco(desde la curul): Gracias, presidente. Para condenar desde este recinto el artero crimen contra un juzgador federal de este país, del licenciado Vicente Bermúdez Zacarías, integrante del Poder Judicial. Pedimos a la PGR que investigue este lamentable hecho, que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se llegue a los responsables y que se haga justicia. Si en este país no hay justicia y no puede estar seguro un juez federal ya ningún ciudadano estará tranquilo.

Nos parece también muy lamentable, y condenamos, que se haya filtrado un video de este artero crimen que viola los derechos humanos, que viola principios constitucionales, que altera la escena del crimen y que pone en riesgo también la investigación. Por eso también pedimos a la PGR que se investigue esa filtración, haya sido del gobierno estatal o del gobierno federal, y se castigue a los responsables.

Damos las condolencias a familiares y a todos los integrantes del Poder Judicial, y pedimos al gobierno federal que dé las garantías necesarias a todos los juzgadores de este país. Y pedimos por ese motivo, si usted así lo autoriza y esta asamblea también, un minuto de silencio en memoria de este juzgador y de todos los juzgadores que han sido victimados en este país.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez. Quedan sus expresiones registradas en el Diario de los Debates y una vez que tengamos mayor quórum en el pleno por supuesto que procederemos a obsequiar la petición que nos hace.

Sonido en la curul del diputado Jorge Tello. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Tello López(desde la curul): Primeramente agradecerle, diputado presidente, y segundo, el objeto de mi participación es para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la liberación de los recursos que tienen que llegar a los estados de la República.

Estamos a dos meses y medio de que concluya este ejercicio fiscal y no han liberado los recursos. Es importante saber si todavía o cuánto tiempo más van a seguir jineteando el recurso del pueblo de México.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, le solicito que esta petición la pueda turnar a la Junta de Coordinación Política para hacer un pronunciamiento al respecto.

Sonido en la curul del diputado Jorge Triana. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sé que no está en el orden del día, pero es el momento que yo considero oportuno para poderlo mencionar.

Ha sido turnado a la Presidencia de la Mesa Directiva el primer caso en la historia de denuncia ciudadana por violación a nuestro Código de Ética Parlamentaria. No considero prudente en este momento decir los nombres de los legisladores que fueron denunciados, pero la queja ya ha sido presentada. Por normatividad interna debe ser turnada al Comité de Ética, mismo que no ha sido conformado todavía y que debió haber quedado listo desde el día 30 de agosto.

Aprovechar este espacio para hacer un llamado muy respetuoso a la Junta de Coordinación Política. Sé que ya fue tocado el tema el día de ayer, pero para que se integre a la brevedad este Comité de Ética, pueda ser turnado este caso y se pueda desahogar. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Efectivamente le solicito que este planteamiento se haga a la Junta de Coordinación Política, le informo que esta Presidencia no ha recibido esa notificación, pero seguramente a través de la Junta de Coordinación Política podemos darle trámite a su petición.

EFEMÉRIDE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Esta Presidencia les hace notar a la asamblea que el día de hoy, por primera vez en una sesión, se utiliza la alternativa que proporciona el sistema de iluminación ahora en el candil central, que lo perciben en tono rosa, con motivo precisamente de la efeméride que estamos abordando.

Adelante, diputada.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como en todos los años, el 19 de octubre conmemoramos la lucha mundial contra el cáncer de mama, que además de tener el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad, también nos recuerda el compromiso de la sociedad en luchar contra este padecimiento, que afecta principalmente a las mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar se diagnostica un cáncer de mama, por ello la importancia de concientizar a las mujeres, que un diagnóstico temprano posibilita el salvar su vida.

El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, es el tumor maligno más frecuente en mujeres, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, con un número estimado de 1.4 millones de nuevos casos anuales.

En la mayoría de las regiones del mundo es la principal causa de mortalidad y discapacidad femenina por tumores malignos, superando al cáncer de cérvix.

En México, las técnicas modernas y complementarias de detección, como es el caso de un sistema de detección de patología en las glándulas mamarias por medio de la termografía, llevada a cabo por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM, campus Juriquilla, han incrementado la certeza en el diagnóstico. Sin embargo, gran número de pacientes se presentan a los servicios de salud cuando el cáncer se encuentra en fases avanzadas, lo que representa más de 5 mil muertes anuales en mujeres de 25 años o más, por la detección tardía.

Desde el año 2002, México ocupaba el número 101 de 172 países con alta incidencia de cáncer de mama, y el lugar 135 de mortalidad. Para el 2006, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte en la población femenina de 25 años y más, de cada 100 mil mujeres se detectaron 22.09 casos, y para el 2011, incrementó a 23.70 casos. Estos resultados fueron estableciendo una tendencia a la alza por cada año concursado, con gran impacto a la salud pública mexicana.

Para el año 2013, según el Inegi, el cáncer de mama se consolida como la principal causa de morbilidad hospitalaria, entre los tumores malignos, para la población mexicana de 20 años y más; 3 de cada 10 mujeres son hospitalizadas por dicha causa y aunque los varones apenas representaba el 0.7 por ciento de los ingresos hospitalarios por tumores malignos, dejó de ser un mito la creencia de que esta enfermedad era exclusiva de las mujeres.

A pesar de esta tendencia de mortalidad por cáncer en México, se reporta para el 2016 una reducción en los últimos años, debido al aumento de atención y servicios de mastografía realizadas a mujeres de 40 a 69 años. Pero, no obstante a ello, esta enfermedad sigue siendo la mayor causa de muerte de las mujeres.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, consideramos que el Estado y la sociedad mexicana debemos redoblar esfuerzos de manera conjunta, para fortalecer a los programas de salud, invertir en mejor equipamiento, investigación y tecnología, que permita una adecuada atención y hacer de la educación el instrumento que motive a una detección oportuna, porque un diagnóstico de cáncer de mama no debe significar una sentencia de muerte.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea Santos. Tiene el uso de la tribuna la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con afecto y con respeto. En la vida la esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder, pero lo más importante es la valentía para hacer que esto suceda. Prevención y atención es una esperanza de vida.

Las mujeres mexicanas estamos en gran riesgo ante un enemigo que cada vez nos ataca con mayor frecuencia y a una edad más temprana.

El cáncer de mama es un tumor maligno que representa el primer lugar de mortalidad en las mujeres mayores de 25 años. Para Nueva Alianza éste es un tema de vital importancia.

En nuestro grupo parlamentario consideramos indispensable crear conciencia sobre este grave problema de salud pública. Con esa convicción es que enfocamos nuestra agenda legislativa para promover programas efectivos para la detección oportuna y el tratamiento adecuado del cáncer de mama.

En México el mes de octubre, que se ha determinado como el mes de sensibilización del cáncer de mama, nos hace un apremiante recordatorio sobre esta problemática en nuestro país, ya que el cáncer es la tercera causa de muerte y se estima que cada año se detectan 148 mil casos nuevos, aproximadamente 53 por ciento de las mujeres fallecen por esta terrible enfermedad.

En México solo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama son detectados en la primera etapa, mientras que el 75 por ciento de los casos son descubiertos hasta la tercera etapa.

Estas cifras nos demuestran que debemos actuar con mayor fuerza para enfrentar este padecimiento. Se necesitan políticas públicas más certeras y más efectivas que ayuden a detectar y combatir este flagelo que está matando a millones de mujeres.

Sin duda, compañeras y compañeros, la muerte agobia, pero más agobia que muchas de esas muertes puedan prevenirse. El cáncer de mama ya no significa muerte, detectarlo a tiempo posibilita aplicar los tratamientos adecuados para combatirlo.

Al conmemorarse el Día mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, en la bancada de la igualdad nos pronunciamos por cerrar filas y trabajar de manera conjunta y coordinada Estado y sociedad.

Es imperativo generar las condiciones necesarias para revertir los fallecimientos por este mal. Se deben emprender acciones desde el Estado que garanticen la integridad física y emocional de todas las mujeres Mexicanas.

Para Nueva Alianza evitar la muerte de las mujeres por este padecimiento es una prioridad y es una convicción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Angélica Reyes Ávila. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros y aquellos ciudadanos que también nos ven a través del Canal del Congreso. El día de hoy vengo hablar de esta lucha de las miles de mujeres que día a día se enfrentan con la muerte por un cáncer de mama.

Hoy debemos visibilizar esta problemática y tomar conciencia, pero también debemos exigir que se tomen medidas urgentes para combatir este mal, no en el discurso sino en los hechos.

No podemos darnos el lujo de reducir hoy el presupuesto en salud.

Y subo a esta tribuna a expresar preocupación por la salud de las mujeres, la salud en general y el presupuesto, por lo que este año conmino a todas y a todos a salir de la retórica y proponer generar acciones, pero sobre todo, tener respeto por quienes han sido víctimas de esta grave enfermedad.

El cáncer de mama, así como el del cuello Cervicouterino son las dos principales causas de muerte entre nosotras las mujeres. Las estadísticas son verdaderamente alarmantes y aproximadamente 24 mil casos de cáncer mamario al año se diagnostican y tienen altas posibilidades de muerte por detección tardía.

En América latina el cáncer de mama es el más frecuente, con más de 152 mil casos diagnosticados anualmente, lo que representa una cuarta parte de los casos de cáncer en mujeres. Y es que muchas campañas que hoy vemos, y que por supuesto son importantes, han puesto como casi una panacea la autoexploración.

No digo que no sea importante. La propia Organización Mundial de la Salud señala que, siendo importante, ha señalado que no hay evidencia científica para que esta práctica sea efectiva para un diagnóstico oportuno. Estoy hablando de que cuando se toca o se palpa una ya algo es porque el cáncer ya está en una situación avanzada.

El cáncer de mama es un padecimiento que no puede prevenirse y la detección oportuna mediante, sobre todo, una mastografía bien realizada y evaluada por un médico especialista en imagen mamaria es la única opción por ahora para descubrir a tiempo esta enfermedad.

Como comentábamos, la propia Organización Mundial de la Salud habla de que la autoexploración empodera a las mujeres, por supuesto que es importante y hay que seguirla promoviendo, pero cuando se llega a detectar, cuando se detecta algo, algún tumor palpable, el cáncer está ya muy avanzado. Lo que muchas veces es una sentencia de muerte, para al menos la mitad de las mujeres diagnosticadas como ya lo mencionaba.

En nuestro país el cáncer de mama se ha duplicado en los últimos 10 años y solo contamos con 150 médicos especializados en imagen mamaria, 162 técnicos radiólogos y tres mil mastógrafos en nuestro país, es decir, hace falta mucho más y muchos especialistas para poder efectuar diagnósticos correctos y oportunos que realmente salven vidas a tiempo.

En la actualidad muchos de estos estudios de radiología se interpretan por personal no calificado y no mediante pantallas médicas sino a través de pantallas de computadora, lo que genera un error técnico a la hora de definir la existencia o no de cáncer y por eso muchas mujeres incluso realizándose la mastografía, sus propios médicos no pueden detectar que están en una situación muy complicada si no cuentan con los mecanismos suficientes. Esto es grave, pues no permite el diagnóstico oportuno recomendado por la Organización Mundial de Salud, pero sobre todo que es necesario en términos humanos.

En México, por ejemplo, el promedio para detectar un cáncer de mama es de siete meses mientras que en Reino Unido o Estados Unidos es tan solo de mes y medio. Las autoridades sanitarias del país no están poniendo la suficiente atención en el diagnóstico oportuno, y cuando digo diagnóstico oportuno sí requiere especialistas que diagnostiquen en este sentido a tiempo.

Este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama debemos poner atención en qué hace falta, en qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor para que muchas mujeres sean diagnosticadas y no sean diagnosticadas en etapas tardías, porque además de los efectos familiares, sociales, anímicos y, por supuesto, en términos emotivos que tenemos que trabajar son en términos de salud pública un costo adicional.

Es por ello, que el día hoy presenté también una iniciativa y un punto de acuerdo, con la finalidad de minimizar las incertidumbres y potenciales errores de diagnóstico, buscando que la lectura de las mastografías sean realizadas por personal certificado y mediante los insumos necesarios y que además se pueda proveer a todas las mujeres de una copia, en términos electrónicos, para que puedan tener una segunda lectura.

Es urgente revisar la norma oficial mexicana para hacer obligatorio el diagnóstico del cáncer de mama por médicos especialistas y contar con un equipo adecuado para su acertada detección, un diagnóstico temprano hoy garantiza que miles de mujeres sigan con vida llenando de felicidad a sus seres queridos y que no se convierta en un problema para todas las familias, también para la salud pública y para cada una de las mujeres que hemos visto que mueren por este mal.

Creo que hoy podemos hacer cosas, hacerlas de manera diferente, pero nuestra definición de canalizar recursos para el tema de salud, para éste y otros males, será fundamental y no permitir los recortes. Será fundamental para que más allá del discurso hagamos que con hechos no sigan sucediendo estas muertes de mujeres por este tipo de fenómenos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Corichi García. Tiene el uso de la tribuna la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Concepción Villa González:Muchas gracias, diputado presidente. Buenos días, compañeras y compañeros. Sus manos han tomado un color negro debido al medicamento que ingiere, y tiene moretones en varias partes del cuerpo. Cada año el cabello se le cae con las quimioterapias y usa una peluca para suplantarlo. En su mirada se asoma la angustia de vivir cada día como el último Lleva ocho años luchando contra el cáncer de mama.

Ésta es una de las miles de historias que escuchamos todos los días de nuestra madre, hermana, hija, amiga, y que a pesar de los esfuerzos que se han hecho las estadísticas siguen siendo alarmantes.

El cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la población de mujeres de 20 y más, con un 18.7 por ciento siendo la segunda causa de mortalidad por neoplasias. En el año de 2014 se registraron 11 mil 372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de incidencia de 22.56 por 100 mil habitantes mayores de 10 años.

El grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron cinco mil 974 defunciones en mujeres en una tasa de 17.6 defunciones por 100 mil mujeres y un promedio de edad a la defunción de 59 años. La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9; la incidencia más alta en el número de casos que se registran en el grupo de 50 a 59 años, con el 45 por ciento de todos los casos.

Las tasas de mortalidad de este cáncer se incrementan conforme aumenta la edad. El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de los países desarrollados y en desarrollo, y es el tipo de cáncer con mayor presencia en las mujeres a nivel mundial.

En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, y si hay diferencias en países de bajos ingresos, ocurre la mayoría de los decesos, ya que generalmente el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad, debido a la falta de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la detección precoz, por su conocimiento de signos, de síntomas iniciales y la autoexploración mamaria.

La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales aunque reducen en cierta media el riesgo, las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en países de ingresos bajos y medios; los de diagnóstico del problema se hace en fases ya muy avanzadas.

Así, pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de estos casos, sigue siendo la piedra angular del control de cáncer de mama. Las estrategias de detección precoz recomendadas por los países de ingresos bajos y medios, son el conocimiento de los primeros signos de síntomas y cribado bajo exploración clínica de las mamas en zonas de demostración. El cribado mediante mamografías es muy costoso y se recomienda para los países que cuentan con una buena infraestructura sanitaria y puede costear un programa a largo plazo.

Para atender esta enfermedad, y sobre todo para prevenirla, los equipos con que disponemos en los países son a todas luces insuficientes. Por citar sólo un dato, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud Pública, contamos en México sólo con 3.4 equipos por millón de habitantes; en promedio de los países de la OCDE, es de 20 equipos por cada millón. Asimismo, en el 2011 contamos con 267 mastógrafos en el sector público, es decir, una disponibilidad de 9.3 equipos de cada millón de mujeres mayores de 25 años, esta disponibilidad arroja un promedio de 4.5 mamografías por cada millón de habitantes.

¿Y qué pasará con el 73.89 por ciento de mujeres? Debemos asumir los compromisos y las recomendaciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer para el caso de la salud, en donde los recursos económicos y materiales deben de ser progresivos y no regresivos, porque se reconoce que son insuficientes.

En Morena, sabemos que la prioridad de lucha contra este cáncer es la detención precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos en cáncer. Exigimos mayor presupuesto porque es indispensable.

Es cuanto, compañeros, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Villa González. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenos días, muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama es un asunto de la mayor importancia para la agenda de este Poder Legislativo, pues se trata de un problema que está afectando sensiblemente a lo sociedad mexicana.

En los últimos 10 años, el cáncer de mama ha sido el padecimiento más frecuente entre las mujeres a nivel internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen un millón 380 mil nuevos casos alrededor del mundo.

Durante 2012, en América Latina, más de 400 mil mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Las proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud indican que el número de mujeres diagnosticadas con este padecimiento en América Latina, aumentará un 46 por ciento de aquí al año 2030.

En cuanto respecta al caso de nuestro país, entre 2007 y 2014, la incidencia de cáncer de mama mostró una tendencia a la alza, siendo el año 2014 el que se presenta con la mayor cifra, con 29 casos nuevos por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años de edad.

La tasa de supervivencia del cáncer de seno varía mucho en todo el mundo y en las diferentes regiones, hay desde un 80 por ciento de supervivencia en América del Norte, Suecia y Japón; hasta un 60 por ciento aproximadamente en los países de ingresos medios; y hasta un 40 por ciento en aquellos países de ingresos bajos. Esto según la Organización Mundial de la Salud.

Desgraciadamente 9 de cada 10 casos son diagnosticados en etapas ya muy avanzadas, sólo el 4 por ciento aproximadamente de ellos se detectan los síntomas en estados temprano. Debido a este diagnóstico tardío el tratamiento resulta mucho más doloroso, mucho más costoso y con menores expectativas de curación.

Se puede concluir que a la alta prevalencia registrada en nuestro país de este padecimiento se debe, entre muchas otras cosas, a la ausencia de una atención temprana y oportuna, que ayude a prevenir las devastadoras consecuencias del cáncer.

El combate a este mal silencioso, como se la he venido llamando, exige un esfuerzo decidido y eficaz por parte del Estado. Esto si es que de verdad queremos que no nos siga costando vidas de muchas mexicanas.

Se trata de articular leyes, políticas públicas y presupuestos para poner la ciencia y la tecnología al servicio de la población, haciendo especial énfasis en garantizar el acceso a la salud y a los avances de la medicina a quienes menos tienen.

No olvidemos que el derecho a la protección de la salud es un derecho social y un derecho humano esencial para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En el Partido Verde creemos que, derivado de las graves implicaciones que el cáncer de mama tiene para las finanzas públicas, para la sociedad, pero sobre todo para las familias mexicanas que pierden a sus seres queridos, el tratamiento y la prevención de este mal debe ser una de las más altas prioridades de la política de salud de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, este 19 de octubre queremos sumarnos a las actividades de sensibilización y concientización sobre este terrible padecimiento que afecta a tantas y tantas mujeres mexicanas, haciendo hincapié en que la prevención es y será el mejor método para combatirlo, pero además es de llamar la atención sobre la importancia de contar con un diagnóstico temprano.

Y en este momento quiero reconocer desde esta tribuna el valor y la entereza con la cual encaran esta enfermedad las mujeres que están luchando contra ella, porque su ejemplo nos motiva y su esperanza nos renueva. Y entre estas mujeres reconozco a mi señora madre, que seguramente está siguiendo esta trasmisión desde su cada allá en Torreón, Coahuila, porque es una gran guerrera, una guerrera que durante muchos años ha luchado contra esta terrible enfermedad, pero que es un ejemplo de amor y lucha por la vida. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada Olga Catalán Padilla:El deseo de sanarse siempre ha sido la mitad de la sanación. Séneca. Con la venia de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados.

Este 19 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, esta pandemia que a nivel mundial se ha convertido en el cáncer más frecuente entre las mujeres.

De acuerdo a datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo, desde el 80 por ciento o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60 por ciento aproximadamente en los países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40 por ciento en los países de ingresos bajos.

Las bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados pueden explicarse principalmente por la falta de programas de detección precoz, que hace que un alto porcentaje de mujeres acudan al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada, pero también por la falta de diagnóstico y servicios adecuados en el tratamiento.

El origen del cáncer de mama es multifactorial, es decir no se puede identificar una causa o razón única que desencadene su aparición y desarrollo posterior. Se han detectado ciertos factores que contribuyen al riesgo de presentarlo, entre los que destacan el tabaquismo; una dieta rica en grasa animales y ácidos grasos trans; niveles elevados de estrógeno en la sangre; la obesidad; la exposición prolongada a estrógenos endógenos; el que una mujer haya tenido su primer parto en una edad tardía; la menopausia tardía. Estos factores entran en combinación con variables ambientales y genéticas.

Cabe señalar que la carga genética explica solamente una pequeña parte del total de casos. Entonces, como legisladores, tenemos una obligación, la de contribuir a disminuir los factores de riesgo a través de la implementación de políticas públicas, de información a la población femenina, la concientización sobre la autoexploración como método de detección temprana, el financiamiento de investigaciones que permitan la detección precoz y el tratamiento efectivo de la enfermedad, así como la implementación de normatividad específica en materia de alimentos y de productos, aplicación de protocolos específicos para el tratamiento en hospitales públicos, el financiamiento de programas de activación física para la población femenina que se encuentra dentro del factor de riesgo.

La calidad de vida de una persona que padece o ha padecido cáncer, se ve afectada de diversas maneras, a nivel personal, familiar, laboral y, en general, en su entorno. Si bien algunas personas que reciben un adecuado tratamiento y con la oportunidad requerida describen cambios positivos en su vida, pues el vencer el cáncer les ha supuesto una lucha personal ganada, para otras sin embargo el cáncer ha provocado cambios físicos, emocionales y sociales que alteran su rutina diaria, afectando su economía, afectando sus relaciones personales, a nivel familiar y laboral, la pérdida de su empleo y de su autoestima.

Es por ello de especial trascendencia trabajar, no solo en la disminución del riesgo, sino en elevar las condiciones de vida de quienes ya padecen esta enfermedad.

No quiero dejar pasar también la ocasión para hacer un reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a todos los especialistas y personal administrativo de los distintos hospitales donde se atiende este tipo de pacientes, agradecerles por su calidad y su calidez humana para dar atención a estas pacientes, pero también a sus familiares. Sin duda el trato que proporcionan a los pacientes ayudará a una mejor comprensión y solución de la problemática de cada caso en particular.

Para las mujeres que sufren los estragos de esta enfermedad, que vaya todo nuestro apoyo y reconocimiento a la lucha que día a día emprenden, ayudadas por sus familiares, sus amigos y médicos, para salir de tan difícil situación. Su valor y su optimismo son un ejemplo para todos y todas nosotras. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Catalán. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam:Compañeros, compañeras diputadas, ciudadanos, ciudadanas, medios de comunicación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, octubre es a nivel mundial el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama.

Además, por iniciativa de este organismo internacional se decretó el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es claro, contribuir a aumentar la atención y el apoyo, prestado a la sensibilización, la detección, el tratamiento y los cuidados a quienes tienen esta enfermedad.

Hoy, hago uso de esta tribuna para hacer énfasis en la forma en que estamos abordando este objetivo y lo lejos que estamos de alcanzarlo. Porque no refleja en nada lo que se ha venido haciendo, lo que significa en la vida de miles de mujeres, de sus familias y de nuestro país, el padecer cáncer de mama.

En México, cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama, 20 mil casos nuevos cada año. Piénsenlo, 20 mil familias afectadas por la enfermedad, cada año. Por eso, no vengo hoy a hablar a título personal, hoy quiero hablar a nombre de todas las mujeres que padecen, padecieron o tienen un alto riesgo de sufrir la enfermedad.

Quiero hablar de políticas públicas y quiero hablar de acceso a la salud, porque existen grandes deficiencias en los servicios para atender esta enfermedad y quiero que vayamos en partes.

En la fase preventiva estas se enfocan a la autoexploración. Hay que reconocer que hemos avanzado, hasta alcanzar el 16 por ciento de detección temprana contra el 5 por ciento que se tenía en el año 2005, así se demuestra la importancia de este tipo de campañas.

Pero de verdad, creemos que todas las mujeres que notan algo irregular en su seno, acceden oportunamente a estudios complementarios, somos conscientes y sabemos que no es así. Y sigamos, si se confirma el diagnóstico de cáncer de mama, ¿cómo se atiende a la paciente?

Permítanme compartir una experiencia que una ciudadana me comunicó. Una mujer afiliada y beneficiaria del IMSS, estoy leyendo textualmente como ella me lo escribió, pasa por todo un calvario una vez que se descubre esa bolita que te cambia la vida.

Primero, hay que asistir a la cita del día con tu médico familiar y esperar que te pueda atender. Luego, cita para la mastografía. Después, regresar con tu médico familiar y que te pida un ultrasonido. Pasan más días en lo que te dan la cita, regresas con el médico familiar que te pasa a infectología para que luego te envíen a ginecología. Pero aquí es donde comienza a pasar todavía más tiempo.

Vas a foráneos, te dan cita en diez días para que regreses y te digan cuándo es tu cita en gineco. Luego, una vez que te checan te dan cita para la biopsia. Viene lo que se convierte en un manojo de nervios y desesperación. Esperar 22 a 45 días el resultado. Esperar una cita una vez que te diagnostican con cáncer. Esperar la fecha de tu cirugía.

Es aquí donde sientes que el mundo se te viene encima, que ya no vas a tener tiempo para luchar, que esto va a seguir avanzando y ya va a ser tarde para ti.

Todo esto sin contar que a veces te topas con gente déspota que hace que tu fe se vaya fracturando. Esto lo escribe pero no es el único caso. Hemos visto casos de mujeres que dejan de atenderse porque no hay los medicamentos y no está la posibilidad de darles la quimioterapia, con lo que significa un riesgo de vida.

Vemos mujeres que padecen efectos secundarios que lesionan gravemente la calidad de vida y que sin embargo no están en el catálogo de medicinas que puede dotar el Seguro Popular, el IMSS o el ISSSTE.

Hay muchas otras deficiencias. Hay falta de acceso a medicamentos, falta de apoyo psicológico, de nutrición, económico, incluso falta información. Pareciera que no hemos dimensionado el tamaño de este problema.

En 20 años, en nuestro país el cáncer de mama se ha incrementado un 30 por ciento. Pero bueno, ¿esto se ha reflejado en el presupuesto? ¿Lo refleja la política pública de salud? Tan solo en el 2017 se prevén recortes de 10 mil 400 millones de pesos en el sector salud.

El acceso a los servicios de salud oportunos y de calidad es una obligación del Estado. Revisemos los protocolos de atención. Analicemos y debatamos sobre el presupuesto. Cambiemos la forma en que enfrentamos esta enfermedad y la forma en que la atendemos. Porque si sensibilizar para lograr la detección oportuna del cáncer es tan indispensable, es más importante lograr la atención debida cuando está diagnosticado.

El derecho a la salud debe ser protegido, debe ser garantizado. Que la campaña de sensibilización realmente comience con nosotros al momento de aprobar una ley, al momento de aprobar una política pública, al momento de aprobar un presupuesto. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, que no se nos olvide. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del diputado presidente. Honorable asamblea, considerada como una enfermedad crónico-degenerativa, el cáncer es el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen sin control y se diseminan en los tejidos de alrededor.

Existen actualmente más de 100 tipos de cáncer, que además de afectar la salud, merman también la confianza de la vida de individuo, de su familia; pero también de sus seres queridos. En particular, el cáncer de mama se ha convertido en un verdugo silencioso para las mujeres si este no se detecta a tiempo.

En el mundo la Organización Mundial de la Salud detecta cada año a 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por esta causa. Una mujer muere cada minuto en el mundo. En México 15 mujeres al día, según el Instituto Nacional de Cancerología

La vasta y loable cobertura que hay en medios de información sobre campañas culturales y deportivas, encendido de luces de rosa en todos los monumentos y edificios públicos y otras acciones con objeto de prevenir y detectar oportunamente esta enfermedad refrenda el compromiso de todos en que esta batalla contra el mal no se puede perder.

Como cada año, en todo el mundo octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, y en particular, el día 19 del mismo, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por lo que portar un listón de color rosa en este mes, es un símbolo de apoyo moral hacia las personas que padecen esta enfermedad.

Actualmente existe el Programa de Acción Específico para la Prevención y el Control de Cáncer de la Mujer 2013-2018. Sin embargo, el aumento en la incidencia del cáncer de mama requiere de un esfuerzo conjunto de las autoridades federales, a través de la Secretaría de Salud con las autoridades de salud de todas y cada una de las entidades federativas del país, pues estas últimas también cuentan con los recursos necesarios, los cuales deben funcionar bajo los principios de transparencia a fin de atender puntualmente esta problemática.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, este esfuerzo conjunto debe estar orientado a fortalecer de manera permanente las acciones de coordinación e implementación de los recursos disponibles para la prevención, para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama en todo el país.

Contra este mal, nuestra fortaleza como sociedad radica en enfrentarlo con sensibilidad y empatía, además de determinación en las acciones gubernamentales para detectar y actuar de manera oportuna para seguir salvando la vida de muchas mujeres. Es necesario que no solamente en el mes de octubre se hagan este tipo de campañas y de difusión y encendido de edificios públicos, necesitamos que este tipo de campañas se manejen de forma permanente y es necesario que este único mes, únicamente no sea en el que asumamos la responsabilidad y la solidaridad con quienes lo padecen.

Por desgracia todos sabemos de algún caso en nuestras familias o en nuestros amigos, o por infortunio de padecerlo o haberlo padecido. Para todos ellos y para ti, diputada, Mayra Enríquez, desde lo más profundo del corazón toda nuestra solidaridad moral y espiritual, esperando tu pronta recuperación. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Botello.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Compañeras y compañeros diputados, mañana 19 de octubre se conmemora en todo el mundo, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Cámara de Diputados a través de esta Presidencia, hace un llamado a la sociedad mexicana para unir esfuerzos en la prevención y el tratamiento de ésta que es la tercera causa de muerte en el país.

Es pertinente seguir trabajando con entereza en la concientización que permita que más mujeres tengan un diagnóstico temprano, que ofrezca un horizonte de vida prolongado y con bienestar para los pacientes y para sus familias.

Por eso en este día de sesión, las diputadas y los diputados expresamos nuestro compromiso y solidaridad con esta lucha. Por eso el tablero electrónico porta el moño rosa y por eso los signos que portamos los diputados que, por cierto, nunca serán suficientes ante el dolor y la enfermedad que padecen miles de mexicanas.

Desde ésta, la más alta tribuna del país, hacemos un llamado a los Poderes de la Unión, a los gobernadores y a los presidentes municipales a invertir más recursos financieros, más y mejores recursos humanos en la atención médica para este padecimiento.

El cáncer de mama es una enfermedad que no distingue, como lo ha dicho la compañera diputada Mayra Enríquez Vanderkam, a quien respetuosamente expresamos nuestro reconocimiento por las acciones que ha emprendido a favor de las mujeres, pero sobre todo admiramos su entereza y le hacemos patente nuestra solidaridad.

Compañeras y compañeros diputados, podemos construir una sociedad donde el cáncer no signifique más vivir con miedo o sin esperanza. Para ello, debemos combatir con políticas públicas y buenas leyes las malas prácticas de la discriminación laboral. No es justo ni es solidario que además de recibir un diagnóstico de cáncer, tengas que recibir el rechazo laboral y enfrentar la vida sin la seguridad social.

Amigas y amigos todos, la ocasión es propicia para insistir en la importancia de la detección a tiempo de una enfermedad que puede curarse. Desde San Lázaro y para todo el país el mensaje es explórate, examínate, quiérete. Muchas gracias.

El siguiente punto en el orden del día es la presentación de iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

México, sigue profundizando las reformas estructurales iniciadas desde los años ochenta. Las reformas estructurales propuestas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya han sido aprobadas por el Congreso, hoy, su gabinete y la administración pública, tratan de instrumentarlas para que den resultados, en un entorno de creciente incertidumbre política, económica y social.

A la fecha, sólo una de las reformas estructurales están en pleno funcionamiento: la reforma hacendaria, aunque con buenos resultados en términos de captación tributaria, tiene problemas serios y preocupantes en términos distributivos y de transparencia.

Los ingresos tributarios han crecido, pero son insuficientes, ya que dependen de la dinámica económica y del crecimiento de la economía.

La economía crece poco, pero hay más desigualdad y pobreza, la economía crece pero la presión fiscal en México sigue siendo muy baja.

México debe incrementar su captación de ingresos tributarios y disminuir las facilidades o tratamientos fiscales especiales a las empresas.

La discusión reciente, a nivel internacional, ha girado en torno a la posibilidad cierta de exigir un mayor aporte a aquellas empresas, familias o individuos que disponen de más capacidad contributiva, ante la sospecha concreta de que no estén sufragando tributos de acuerdo con el nivel real de sus ingresos y riqueza.

Sobre todo porque este mayor aporte permitiría, vía gasto, financiar bienes y servicios públicos sociales, mejorando el impacto distributivo de la política fiscal.

En los países desarrollados esta discusión se ha tornado central y se ha visto fortalecida por la disponibilidad de información acerca de los ingresos y el patrimonio de los hogares e individuos más ricos, así como de los impuestos que éstos pagan anualmente.

Gracias a esa disponibilidad se ha podido elaborar una serie de estudios sobre los potenciales efectos (recaudatorios y distributivos), de diseños impositivos tendientes a gravar de manera diferencial a los sectores de altas rentas.

Pero en México, así como en los países de América Latina, una de las características económicas más documentadas se refiere a los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares y la alta concentración del ingreso y de la riqueza en pocas familias.

Por ello, es urgente transparentar los ingresos, subir algunas tasas y reformar la norma tributaria con el fin de incrementar los niveles de tributación y no dar más facilidades administrativas o incentivos fiscales a las empresas.

Hay que recordar que México tiene un presupuesto de gastos fiscales o beneficios y tratamientos especiales benéficos para diversas empresas y sectores por 670 mil millones de pesos.

Esto a pesar de que las finanzas públicas en México durante 2016 siguen inestables y en incertidumbre, por el impacto que representa la baja en el precio del petróleo, la devaluación del peso, el crecimiento de la deuda y el incremento en la tasa de interés.

En este contexto, es importante recordar y aclarar que el perfil de la política tributaria es más recaudatoria que distributiva y Hacienda espera que siga aumentando la base de contribuyentes y que la recaudación tributaria siga creciendo.

Por ello es importante elevar la tasa del impuesto sobre la renta a personas morales, sobre todo en un contexto económico en el que la economía no crece lo suficiente y los ingresos tributarios seguramente perderán dinamismo.

La reforma fiscal posibilitó el incremento de los ingresos tributarios vía impuesto sobre la renta e impuesto especial sobre producción y servicios, pero a pesar de esto, el sistema fiscal mexicano no capta lo suficiente, ni cumple con la provisión suficiente y de calidad de bienes y servicios públicos; Y al ser recaudatoria, no aumenta la calidad de vida, ni el bienestar, ni la acumulación de capital público.

En suma, la política fiscal no cumple con su función distributiva, ya que no está orientada a reducir la pobreza, ni a reducir el alto nivel de concentración del ingreso que existe en el país.

Los sistemas tributarios en América Latina, incluyendo México, siempre han jugado un papel redistributivo muy modesto e incluso han llegado a ser globalmente regresivos. Ya sea por el diseño tributario sesgado a favor de la elevada evasión, los beneficios impositivos o la mayor capacidad para eludir obligaciones tributarias, los individuos más ricos no han sido gravados de acuerdo con su nivel de ingresos o riqueza y en ocasiones pagan comparativamente menos impuestos que otros contribuyentes de menores rentas. Además, los sistemas tributarios dependen mucho del componente indirecto de imposición al consumo, que resulta regresivo.

La economía mexicana seguirá en una dinámica de crecimiento muy bajo e inercial. En gran medida resultado de una presión fiscal muy baja. Los ingresos tributarios llegan apenas a 12% del PIB. Países similares a México, como Brasil, tienen una presión fiscal de 38% del PIB. México es el país de la OCDE que más baja presión fiscal tiene.

Por todo lo anterior, urge promover una reforma a la ley del impuesto sobre la renta que posibilite una mayor progresividad a las personas morales, evitando exenciones y deducibilidades o tratamientos fiscales especiales.

Fundamento legal

Sergio López Sánchez diputado de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 40%.

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

Párrafos siguientes (quedan igual).

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de octubre de 2016.— Diputado Sergio López Sánchez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que adiciona el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Lía Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lía Limón García y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es asegurar una adecuada defensa en materia penal, particularmente se propone que las personas que son sentenciadas definitivamente en la etapa de apelación, tengan plena certeza del medio de defensa que tienen (el juicio de amparo directo), así como el plazo del cual gozan para la interposición de la demanda del referido juicio.

Para efectos de mejor entender la propuesta, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y la redacción que plantea esta iniciativa:

La justificación de esta iniciativa es que haya claridad y transparencia en el enjuiciamiento penal y se cumpla con el principio de la fracción VI del apartado B del artículo 19 constitucional, consistente en que a toda persona imputada le sean facilitados todos los datos para su adecuada defensa, y en el caso particular tenga absoluta y plena certeza respecto de que el juicio de amparo directo constituye el último medio de defensa, así como el plazo que tiene para ello.

Lo anterior, bajo una óptica de garantismo de los derechos de las personas sujetas a proceso, en otras palabras, lo que se busca es establecer con toda transparencia y claridad el recurso judicial a que tienen derecho, y no sólo ello, sino que la persona conozca con absoluta certeza el plazo para impugnar.

Se debe señalar que frecuentemente los procesos judiciales son complejos y en ellos se usan términos con los que las personas comunes no están familiarizados, por ello la adición que se propone es una garantía tutelar en materia penal, a efecto de informar al procesado sobre los alcances del juicio de amparo directo y con ello salvaguardar su adecuada defensa.

Particularmente, el problema que se pretende resolver es que existen procesados en materia penal que no tienen conocimiento de que el Juicio de Amparo Directo es la última instancia procesal en la cual pueden impugnar, por lo que con dicho medio de impugnación se agotan en el orden doméstico sus posibilidades de impugnar la sentencia que le resulta adversa.

En efecto, hay ocasiones que los procesados ya están en la etapa de amparo directo y no conocen tal situación procesal, tal falta de conocimiento se debe a:

• La complejidad de los procesos, donde en múltiples casos haya recursos intermedios y reenvíos procesales (aunque en teoría esto se acabará con el nuevo sistema de justicia penal).

• Una defensa penal inadecuada o poco profesional que no informa sobre la situación procesal que se enfrenta, es común que los procesados firmen documentos y promociones sin estar debidamente enterados de sus alcances.

• Una rotación o cambio constante de abogados defensores.

En consecuencia, estamos planteando una norma tutelar bajo una visión de sistema de justicia penal garantista, que se alinea dentro del principio de adecuada defensa, ya que a una persona al estar sentenciada en segunda instancia, se le informaría sobre su situación jurídica y la oportunidad de defensa que tiene a través del juicio de amparo directo.

En tal tesitura, el objetivo de la iniciativa es que haya claridad y transparencia en el proceso, especialmente sobre sus etapas y plazos.

Debemos transitar de aquellas formas en el sistema de administración de justicia donde era desconocido el recurso que procedía y daba pie a la interposición de medios de impugnación que no correspondían a la vía o supuesto de procedencia.

El tipo de normas que se proponen en esta iniciativa no son extrañas al orden jurídico mexicano, podemos citar que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en al menos dos preceptos se contempla un supuesto semejante al que propone esta iniciativa:

“ Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

...

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

...

Artículo 39. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y, en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.”

Esta norma en el ámbito administrativo ha contribuido a dar certeza jurídica sobre el medio de impugnación que corresponda, por lo que mutatis mutandis, si opera en el derecho administrativo, con mayor razón debiese ser aplicable en la materia penal donde está en juego la libertad de una persona, que representa un bien jurídico de mayor valía, por lo que debe gozar de una protección reforzada.

En este sentido, si bien algunos abogados consideran que este tipo de normas son superfluas y sólo benefician a defensores que no saben o no conocen la tramitación o secuela procesal, lo cierto es que la propuesta se dirige a proteger a la persona que puede verse afectada por una sentencia penal y no a sus abogados.

Bajo tal tesitura, la porción normativa que se adiciona tiende a asegurar la denominada “accesibilidad del recurso”,que es una de las medidas tendientes a garantizar el derecho humano de protección judicial, que garantizan en forma esencialmente concordante los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la tutela jurisdiccional, el cual se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades y garantías.

Así pues, la garantía procesal que se propone pretende dar seguridad al sentenciado, y aunque pareciera una obviedad, se debe señalar que durante la tramitación de un drama penal es mejor que exista una adecuada información al procesado a efecto de que conozca plenamente su situación jurídica.

Por otra parte, en el ámbito internacional, particularmente en el caso de España, se procura que exista una absoluta claridad para el justiciable o procesados sobre los recursos que proceden y de tal manera estar en aptitud de defenderse, por ejemplo, en el Proyecto de Justicia Europea se plantean las siguientes preguntas y respuestas sobre la situación que guarda una persona que ha sido sentenciada, veamos a continuación:

“ 4 Mis derechos una vez que el tribunal dicte sentencia

¿Puedo recurrir la resolución que se dicte?

Sí; en caso de que no esté usted conforme con la resolución judicial, su abogado podrá interponer recurso.

¿Puedo recurrir la condena?

Sí; en caso de que considere que la condena no es justa, podrá recurrir contra ella.

¿De qué manera?

Deberá recurrir mediante un recurso de apelación que se presentará ante un tribunal superior, el cual conocerá del asunto.

¿Qué plazos se aplican?

Los plazos pueden variar dependiendo del procedimiento. Pueden ser cinco o diez días.

¿Qué motivos se pueden dar para la apelación?

Los motivos que pueden dar lugar al recurso de apelación son los siguientes:

Vulneración de derechos fundamentales, posible indefensión

Infracción de normas

Vulneración de normas procesales

Error en la apreciación de la prueba

Vulneración de la presunción de inocencia

¿Qué sucede si recurro?

Si usted interpone un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juez, su contenido puede verse modificado o no. El tribunal de apelación puede confirmar la primera sentencia, o bien, modificarla.

¿Qué sucede si estoy en la cárcel cuando recurro?

Si usted se encuentra en la cárcel al recurrir, deberá permanecer en ella durante un plazo máximo igual a la mitad de la condena impuesta por la sentencia apelada.

¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que se conozca de la apelación?

No hay ningún plazo establecido.

¿Puedo presentar nuevas pruebas en la apelación?

En determinados casos sí. Se pueden presentar pruebas que sean importantes para la conclusión del caso y que no se hubieran conocido hasta ese momento o no se hubieran practicado con anterioridad.

¿Qué ocurre en la vista de apelación?

En la vista de apelación únicamente se tratará el contenido de la sentencia objeto de recurso. Tenga en cuenta que no es un segundo juicio.

¿Qué sentencia puede dictar el tribunal?

La sentencia que dicte un tribunal en apelación podrá anular o confirmar la anterior, o dictar una nueva sentencia distinta de la recurrida.

¿Qué ocurre si prospera o no prospera la apelación?

Tanto si prospera como si no prospera la apelación, la sentencia resultante será definitiva.

Si prospera la apelación se aplicará lo que determine el tribunal en la nueva sentencia, en caso de que el tribunal acepte la totalidad o parte de lo que reclamaba su abogado.

Si la apelación no prospera se tendrá que aplicar lo que determine el tribunal en la sentencia, tanto si confirma la anterior sentencia como si la modifica.

¿Se puede volver a apelar ante un tribunal superior u otro tribunal?

Se puede apelar por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Si la primera sentencia fue revocada ¿me indemnizarán?

En principio, no. No obstante, si lo desea puede reclamar una indemnización ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Si prospera mi apelación, ¿ quedará constancia de la condena?

Si prospera su apelación, no quedará constancia de la condena ni se le computarán antecedentes penales en este concepto.

De no prosperar la primera apelación, ¿se puede apelar otra vez?

Excepcionalmente podrá apelar en juicio de revisión ante el Tribunal Supremo por la existencia de hechos nuevos o no conocidos anteriormente.

¿Cuándo será definitiva la sentencia?

Cuando no sea posible apelar más.

Soy nacional de otro estado miembro. ¿Me enviarán a mi país después del juicio?

En principio no le enviarán a su país. Únicamente cuando la condena sea inferior a seis años podrá sustituirse por la expulsión; Ud. podrá cumplir la condena en su país.

En este caso, ¿ sería automático el traslado?

No, tendría que solicitar el traslado.

Si la sentencia es condenatoria, ¿se me podría juzgar nuevamente por el mismo delito?

No, en ningún caso se le podrá juzgar dos veces por lo mismo.

¿Se me podría juzgar en otro estado miembro por el mismo delito?

No, en ningún caso se le podrá juzgar dos veces por lo mismo.

¿Se añadirá a mis antecedentes penales información sobre los delitos imputados y/o la sentencia condenatoria?

Si el resultado de la apelación es una sentencia condenatoria en la cual se le considere autor del delito, dicha información se añadirá a sus antecedentes penales.

¿De qué manera y dónde se guardará la información?

La información se inscribirá en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

¿Durante cuánto tiempo se guardará la información?

Hasta que se cancele, dependiendo de la duración de la pena.

¿Se podrá guardar sin mi consentimiento?

La información se guardará automáticamente sin su consentimiento.

¿Puedo oponerme a que se guarde la información?

Usted no podrá oponerse en ningún caso a que se guarde dicha información.

¿Qué derechos tengo si me condenan a ir a prisión?

Usted dispondrá del derecho:

A la vida;

A la no discriminación por raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad u otra condición personal;

A que la administración vele por su bienestar;

Al respeto de su integridad física y moral;

Al respeto de su dignidad e intimidad;

A mantener relaciones con sus familiares y amigos;

A recibir visitas (si procede);

A trabajar remuneradamente;

A participar en las actividades de la prisión;

A recibir beneficios por buena conducta;

A formular peticiones o denuncias y a recibir información sobre su situación penitenciaria y procesal.

¿Qué obligaciones tendré?

Estará obligado a permanecer en la cárcel a menos que se le indique lo contrario, a acatar las normas y órdenes, a colaborar activamente en la convivencia, a respetar a sus compañeros y autoridades, a utilizar adecuadamente las instalaciones de la cárcel, a limpiarse y vestirse correctamente y a participar en las actividades que organiza la prisión.

Si me pongo enfermo, ¿podré ir al hospital?

Sí, en caso necesario se le trasladará a un centro médico.

¿Cuándo quedaré en libertad?

Cuando lo determine el tribunal que le condenó o el juez de vigilancia penitenciaria.

¿Me van a ayudar económicamente?

Si usted careciera de recursos financieros al salir de la cárcel, la administración le facilitará algún dinero para que pueda volver a su casa y costear los primeros gastos.”

Como se aprecia, estas cartas informativas de derechos, tratan de resolver y dar las garantías suficientes para que las personas conozcan sus derechos, consecuencias y alcances de la etapa procesal de la apelación dentro del enjuiciamiento penal español; a través de un lenguaje claro y accesible para las personas.

Esto es precisamente lo que busca esta adicción, dar certeza y garantía sobre la accesibilidad de los medios de impugnación como garantía del derecho humano a una adecuada defensa.

A mayor abundamiento, en la doctrina jurídica, al aviso sobre la procedencia de un recurso en particular se le conoce como “”, a continuación una aportación académica sobre tal figura:

“Se llama popularmente pie de recursos, por colocarse de ordinario al pie o final del documento, a la advertencia o instrucción sobre los recursos que pueden interponerse, el plazo y los órganos ante los cuales deben instarse, advertencia que constituye uno de los requisitos tradicionales en la notificación de los actos

...

Obligación de informar, cuando notifican un acto, sobre los recursos que proceden, el órgano ante quien han de interponerse y su plazo. Esa información, popularmente llamada “pie de recursos”... El incumplimiento de esa obligación por parte de la administración no puede perjudicar en sus derechos e intereses a los ciudadanos afectados.

...

Lo que inicialmente fue una mera puesta en conocimiento del particular para que éste conociera la resolución que le afectaba, exigió luego... la certeza de la fecha en que el interesado tenía conocimiento del asunto para poder computar con exactitud si cumplía la orden dentro del plazo establecido o si utilizaba los recursos que la justicia le otorgaba dentro de los plazos señalados al efecto, o si, por el contrario, había contravenido la orden o dejado prescribir la acción procedente para impugnar la resolución... Pero aún se fue más allá. Se estimó que el particular no sólo debía tener conocimiento de la resolución que en el expediente hubiera recaído; sino que, además, la notificación debía decirle de modo claro los recursos que podía utilizar contra la resolución, así como las autoridades ante las que interponer los recursos y los plazos para ello, instruyéndole al efecto.”

Otro argumento a favor de la presente iniciativa, radica en la certeza que debe existir sobre que las personas sentenciadas conozcan el plazo para impugnar en amparo directo, para tales efectos recurrimos a la jurisprudencia por contradicción del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió un criterio protector en cuanto toca al plazo para la promoción del Juicio de Amparo Directo respecto de sentencias dictadas antes de la nueva Ley de Amparo de 2013.

Tal criterio judicial deriva de que conforme a la anterior Ley de Amparo –vigente hasta el 2 de abril de 2013– tratándose de actos que afectasen la libertad personal no había plazo para la interposición de la demanda de amparo, sin embargo, con la nueva Ley de Amparo, se estableció que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años, veamos el precepto correspondiente:

“ Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

Y aún más, en el artículo quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo, se establecía una suerte de irretroactividad que habría de dejar sin defensa a las personas sentenciadas, precepto que fue declarado inconvencional, de acuerdo a la siguiente tesis de jurisprudencia por contradicción:

“Época: Décima Época

Registro: 2006652

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 7, Junio de 2014, Tomo I

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 45/2014 (10a.)

Página: 5

Actos privativos de la libertad personal. Los dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y que al entrar en vigor la nueva ley aún no habían sido combatidos, son impugnables en cualquier tiempo.

El artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio –excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo–, mientras que su artículo quinto transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate.

Contradicción de tesis 371/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Vigésimo Segundo Circuito, Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de abril de 2014. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra de las consideraciones, José Ramón Cossío Díaz en contra de consideraciones, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.”

Como se observa, el tema no fue menor y es aquí donde se aprecia que la complejidad de un sistema jurídico –por ejemplo los nuevos plazos conforme a la nueva Ley de Amparo– pueden dejar sin defensa a un particular, por lo cual reiteramos que debe existir total transparencia judicial hacía los justiciables, bajo una óptica de garantismo penal, donde la información del proceso judicial penal sea asequible para quien está atravesando por dicho procedimiento.

Además, en un nuevo sistema de justicia, la protección de las personas sujetas a proceso no debe hacerse depender de la presencia o no de un abogado defensor, sino que el tribunal debe adoptar una posición más proactiva en garantizar sus derechos, sin afectar su principio de imparcialidad. Igualmente debe atenderse a la condición o situación de aquellos que no son asistidos profesionalmente por un abogado avezado en el nuevo sistema de justicia penal.

En tal sentido, lo que se busca es que haya certeza jurídica y una adecuada defensa para los procesados, en un sistema de justicia transparente y accesible.

De lo que antecede, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 479. Sentencia

...

...

Tratándose de sentencias definitivas condenatorias, se le hará saber al sentenciado la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo directo, así como la fecha en que fenece el plazo para ello.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceeding s_-169-ES-maximizeMS-en.do?clang=es&idSubpage=4

2 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4673527.pdf

3 Quinto. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada y Diputado: Lía Limón García,Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

DECLARA EL 13 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS”

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 13 de abril de cada año como Día Nacional de las Ciencias Matemáticas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 13 de abril de cada año Día Nacional de las Ciencias Matemáticas.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las ciencias matemáticas son una habilidad necesaria para la humanidad, representan la principal herramienta con la que contamos para comprender el mundo que nos rodea. Su estudio es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas, ayudan a pensar y entender con mayor claridad, de manera lógica y racional, fomentan la aplicación de la crítica y la abstracción, cualidades que en su conjunto, permiten una mejor toma de decisiones y la resolución satisfactoria de cualquier problema.

Contribuyen a la adquisición de habilidades para la vida, a través de la formación de valores, actitudes y conductas que fungen como patrones que imponen coherencia en la interpretación de la realidad, por medio de la aplicación de métodos en búsqueda de exactitud en los resultados, evitando así la improvisación.

Entre sus características podemos distinguir que fomentan valores de la inteligencia, generando el afán por adquirir conocimientos, hábitos y técnicas de trabajo intelectual para el empleo de información; con su implementación, se permite el desarrollo del sentido de lo verdadero; propician valores de voluntad, como la capacidad de decisión, prudencia, predicción, iniciativa, seguridad, confianza; además de valores morales como respecto, colaboración, solidaridad, honradez, honestidad y optimismo.

Son necesarias en muchos campos de estudio, se utilizan en ciencias duras como la biología, la química y la física; en las ciencias blandas como la economía, la psicología y la sociología; en el campo de la ingeniería, como en la mecánica; en el sector tecnológico, para la programación de dispositivos móviles o computadoras, así como para las telecomunicaciones; incluso tienen aplicaciones en el mundo de las bellas artes como en la escultura, la música y la pintura.

Asimismo, podemos encontrar una lógica matemática en la naturaleza, a través de las denominadas proporciones estéticamente agradables, como en la teoría de la proporción áurea o la sucesión de Fibonacci, que se aprecia en la formación de huracanes, en la disposición de las ramas de los árboles, en las hojas de un tallo, entre otras.

Sin embargo, a pesar de tratarse de un cúmulo de ciencias con tal trascendencia y aplicación en la vida diaria, su estudio es reducido debido a su incomprensión, de acuerdo con los especialistas Alicia Rodríguez Esquivel y José Carlos Ramírez Sánchez, en una entrevista publicada en la Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, para muchas personas el estudio de las matemáticas representa una labor tediosa y cansada, por lo que se inclinan a elegir carreras relacionadas con las humanidades con tal de no estar en contacto con ellas.

Para una sociedad como la mexicana, parece natural que la mayoría de la población desconozca casi todo acerca de las matemáticas, y que su relación con ellas se limite a sumar, restar, multiplicar y dividir. Este distanciamiento contrasta con la importancia que tienen en la sociedad, éstas se encuentran en el centro de nuestra vida y cultura. Es importante mencionar que al igual que las teorías cosmológicas y de la evolución han ejercido influencia en la concepción que los humanos tenemos de nosotros mismos, las matemáticas han permitido nuevas ideas sobre el universo y los teoremas de la lógica matemática han puesto de manifiesto las limitaciones del método deductivo.

Ese distanciamiento entre las personas y las ciencias matemáticas, de acuerdo a los especialistas, obedece a que en las instituciones académicas no se presentan como algo útil y práctico, sino como un conjunto de cosas que se tienen que memorizar por alguna razón desconocida, por lo que, al no poder trasladar la lógica que acumulamos naturalmente con su uso, comienza a parecernos una materia aversiva.

Las matemáticas tienen desde hace muchos siglos un papel relevante en la educación intelectual de la juventud, representan la lógica, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, lo que permite alcanzar la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia en general.

En México, la tradición matemática es antiquísima. Basta recordar que en la cultura maya se presentaba como sistema para contar a través de piedras y varas, método que fuera denominado “ábaco maya”, el cual no requería memorización alguna sino la comprensión de los conceptos.

El sistema de numeración maya tenía como base el número 20 y la posición de las cifras, ya que otorgaban a cada signo un valor de acuerdo con la posición que ocupaba en la representación del número; dentro de tal sistema, el número cero resultó una abstracción que, al parecer, lograron solamente dos culturas en la humanidad, ésta y la cultura hindú, existiendo evidencias actuales que indican que este descubrimiento se realizó por separado y que los mayas se anticiparon por un poco más de 600 años.

Los mayas utilizaban solamente tres signos, el punto, la raya y el cero, para representar cualquier número imaginable. Los plasmaban con dibujos diversos de acuerdo con la importancia del documento que realizaban; usualmente utilizaban la figura de un caracol, como el que la Sociedad Mexicana de Física estableció en la portada de la Revista Mexicana de Física, y como el que aparece en el escudo del Instituto Politécnico Nacional, dada la importancia del hallazgo.

En la actualidad, el país ha presentado avances relevantes, los análisis del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos muestran que el puntaje promedio mejoró de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012; este aumento constituye una disminución del número de alumnos que no cumplen con los niveles básicos de desempeño, incrementando de 6 por ciento en 2003 a 55 en 2012, lo que significó la tercera mejora más importante para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Tales avances en la materia han permitido que los alumnos participen en desafíos matemáticos en el país y alrededor del mundo, como la Olimpiada Internacional, la Olimpiada Iberoamericana, la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, la Olimpiada de la Cuenca del Pacífico, la Olimpiada Europea Femenil o la Olimpiada Rumana de Campeones de Matemáticas, que a la fecha han otorgado 73 medallas de oro, 104 de plata y 174 de bronce a estudiantes mexicanos.

Dichos avances y reconocimientos han sido producto de la labor de instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Sociedad Matemática Mexicana y el Colegio Nacional de Matemáticas, que en 2015, con su modelo de enseñanza “matemáticas simplificadas”, fuera acreditado por la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su modelo vanguardista en la enseñanza de las ciencias matemáticas.

Las instituciones han asumido el compromiso de analizar los modelos pedagógicos para la enseñanza de las Matemáticas en el país, a efecto de encontrar las estrategias más recurrentes para su aplicación, a fin de optimizarlas, corregirlas o, en su caso, sustituirlas con el propósito de lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje y la enseñanza de la materia.

Como parte del trabajo de las instituciones, surge la iniciativa de crear un “día nacional de las ciencias matemáticas” en México, que responda a la necesidad de su estudio y de su fomento para mejorar los niveles educativos de la población, en diversos países esta iniciativa ha cosechado frutos, en Estados Unidos, el físico Larry Shaw, nombró extraoficialmente el 14 de marzo como Día Nacional de Pi, en honor del famoso número. Posteriormente, en 2009, la Cámara de Representantes lo declaró día nacional.

En España, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas instituyó el 12 de mayo como Día Escolar de las Matemáticas, en honor de la fecha de nacimiento de Pedro Puig Adam, reconocido matemático español. En Colombia, el 13 de marzo fue decretado Día de las Matemáticas, pues en tal fecha el científico José Celestino Mutis inauguró la cátedra de tal ciencia en el Colegio Mayor del Rosario, de Bogotá.

En Argentina fue declarado el 31 de mayo como Día del Matemático, en conmemoración de la muerte de Evariste Galois, matemático francés, quien a pesar de haber fallecido a corta edad, logró avances significativos en el campo del álgebra.

En el caso que nos ocupa, a través de la presente se propone que el 13 de abril de cada año sea conocido como Día Nacional de las Ciencias Matemáticas, atendiendo al valor simbólico que representa el número 13 en nuestro país. Basta recordar que en la cultura maya, el número 13 se consideraba sagrado, su calendario cuenta con 13 lunas y 13 tonos lunares, incluyendo 3 cuentas que funcionan en sincronía perfecta, la cuenta galáctica, solar y lunar, cuya duración es de 365 días divididos en 13 lunas de 28 días.

Asimismo, descubrieron que en el cielo existía una banda imaginaria ubicada de este a oeste, la que representaba una serpiente bicéfala, poseía tres niveles, en el primer nivel transitaban la Luna y el Sol, en el segundo nivel, 5 planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; y en el tercer nivel transitaban las 13 constelaciones que configuraban el zodiaco maya.

Este calendario sagrado compuesto por el numero 13 representaba el aquí y el ahora, es decir, el poder volver a la conciencia y experiencia multidimensional. Actualmente, el número 13 representa un símbolo de identidad y referencia de superación para los estudiantes de nuestro país, ya que el día 13 de abril de 2016, la estudiante de preparatoria Olga Medrano Martín del Campo, de 17 años de edad, obtuvo la primer medalla de oro para México, dentro de la Olimpiada Femenil de Matemáticas, colocando a nuestro país en el lugar décimo tercero de la clasificación general por países.

Como se aprecia, con la declaratoria del 13 de abril como Día Nacional de las Ciencias Matemáticas se pretende honrar la tradición maya y los logros en el campo de las matemáticas nacionales, y fomentar que su estudio propicie el mejoramiento del nivel intelectual de las personas, en beneficio propio y de la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año Día Nacional de las Ciencias Matemáticas

Único. Se declarael 13 de abril de cada año Día Nacional de las Ciencias Matemáticas.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con motivo de la presente declaratoria, la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo acciones tendentes a publicitar la importancia del estudio de las ciencias matemáticas; y, previamente al festejo del Día Nacional de las Ciencias Matemáticas, organizará competencias donde se premie y reconozca a quien obtenga los mejores resultados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

México, sigue profundizado las reformas estructurales iniciadas desde los años ochenta. Las once reformas estructurales propuestas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya han sido aprobadas por el Congreso, hoy, su gabinete y la administración pública, tratan de instrumentarlas para que den resultados, en un entorno de incertidumbre política, económica y social crecientes.

Un ejemplo de esto es la reforma energética, que inicia su camino hacia una larga y sinuosa curva de aprendizaje institucional, en un contexto de enormes presiones, con un mercado petrolero sobre-ofertado, con precios y producción a la baja y en donde, a pesar de esta situación, se sigue esperando mucho y pronto de ella. Especialmente se siguen esperando crecientes niveles de inversión.

La reforma financiera reporta débiles resultados en el ámbito de la competencia, la cual debe verse reflejada en una baja en los niveles de las tasas de interés, mismos que a la fecha siguen sin bajar lo suficiente y con una oferta crediticia, que no crece lo que se esperaba, y mucho menos en función de las necesidades del país.

Las reformas destinadas a regular los niveles de competencia, presentan serios problemas para vigilar el comportamiento de los agentes económicos dominantes y posibilitar con ello, mercados eficientes.

A la fecha, sólo una de las reformas estructurales están en pleno funcionamiento. La reforma hacendaria, ya reporta buenos resultados en términos de captación tributaria, pero, con problemas serios en términos de transparencia y evolución del comportamiento del déficit.

Ahora se propone en el paquete económico de 2017, eliminar el déficit y alcanzar un superávit primario a pesar de que para 2016 se estima que el déficit llegue a 2.9% del PIB.

Por otro lado, los niveles de endeudamiento son realmente preocupantes, si observamos el comportamiento del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, para 2017 llegará a 50% del PIB.

Este comportamiento es realmente alarmante, porque los niveles de endeudamiento crecen y la justificación original que posibilito la flexibilización del déficit, no se ha cumplido. Recordemos que la idea eje de la reforma hacendaria, fue ampliar el déficit con el objetivo de instrumentar una política de gasto contra-cíclica para incentivar la inversión y el crecimiento de la economía.

Pero la inversión y la economía siguen sin crecer lo que el país necesita. Las cifras son contundentes, en 2016 apenas llegará a 2.1% y el promedio del crecimiento de la economía de los últimos treinta es de sólo 2.4%.

Banco de México y la Secretaría de Hacienda sólo atinan a bajar la estimación del crecimiento de la economía. Para 2017, en los Criterios Generales de Política Económica se proyecta un crecimiento del PIB que va de 2 a 3%.

Como se puede ver, la economía mexicana seguirá en una dinámica de crecimiento muy baja e inercial.

Por todo lo anterior, se puede ver que el gobierno federal ha decidido seguir incrementando la deuda, como fuente adicional de recursos, pero, sin lograr un mayor crecimiento de la economía y mucho menos una mejora en los niveles de bienestar.

El crecimiento de la deuda no corresponde a los resultados comprometidos en términos de crecimiento de la economía, por ello, en adelante, no estaría de ninguna manera justificado, que el gobierno siga ampliando su nivel de deuda.

Por todo lo anterior, es de gran importancia estratégica, alinear la política fiscal, con la política monetaria para impulsar de manera consistente y con ejes de crecimiento endógeno, el crecimiento de la economía mexicana.

Para ello, es necesario articular las reformas estructurales, con una Reforma Constitucional Monetaria, a fin de habilitar al Estado y al Banco de México, de más instrumentos para promover el crecimiento.

No hacerlo, implica seguir o continuar en procesos de desaceleración, recesión y con un costoso modelo de estancamiento estabilizador.

Para resolver este problema, es necesario promover esta Reforma Constitucional Monetaria, con el fin de habilitar al Banco de México con instrumentos adicionales para apoyar el crecimiento de la economía, como bien se hace ya, desde hace mucho en otros países de Europa y en los Estados Unidos.

Para ello, hay que retomar las funciones básicas del Estado, en el ámbito económico, las cuales en nuestro país, están mandatadas específicamente en los artículos 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como legislador, estoy obligado a buscar alternativas que posibiliten complementar el actual esquema de reformas estructurales y posibilitar con ello, una mejor y eficiente intervención y regulación económica, de tal manera que caminemos hacia una relación óptima entre el Estado, sus instituciones y los agentes económicos que participan en el mercado.

El Estado en cualquier economía del mundo debe garantizar estabilidad y crecimiento económico, mediante el uso adecuado de instrumentos constitucionales, fiscales, monetarios y financieros.

La existencia de un Estado fuerte, es esencial para el crecimiento económico. Por ello, para alcanzar estabilidad y desarrollo económico, es necesario que la participación del Estado se asuma de manera integral.

Por lo anterior, propongo una nueva y eficiente participación del Estado y sus instituciones en la regulación y promoción del crecimiento, con el fin de generar una economía robusta, con un mercado interno, competitivo y capaz de insertarse en la economía global.

La estrategia económica puesta en práctica desde 1983, persigue un objetivo fundamental: estabilización macroeconómica vía reformas estructurales, pero ha olvidado el objetivo central, crecer a un mayor ritmo, apoyado sobre todo en ejes de crecimiento endógenos, y uno de ellos es el monetario, que se propone en esta iniciativa.

El gobierno, a la fecha, sigue trabajando en la estabilización, con acciones profundas como son las reformas estructurales, pero el éxito de estos esfuerzos siguen sin alcanzar las expectativas esperadas, los resultados no llegan, ha caído el nivel de actividad económica y se ha debilitado el mercado interno, reduciendo el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto. Toda esta situación afecta los niveles de bienestar imponiendo un costo social creciente a la población.

Por ello, los cambios y recomendaciones derivadas de las reformas estructurales, han trascendido el ámbito económico y han afectado sensiblemente el ámbito político y social.

El cambio estructural, ha dado como resultado la pérdida de impulso al crecimiento y caída de la inversión, el empleo y el ingreso. En suma el Estado en nuestro país se ha alejado de la promoción del crecimiento, el bienestar, en suma el desarrollo.

Es urgente retomar los compromisos que el Estado debe tener con el crecimiento y el bienestar social. En la actualidad, se debe transitar hacia un Estado robusto y con un perfil de abierta participación en la economía, con instrumentos agiles y eficientes, como lo es el monetario.

En este sentido, el Estado mexicano, con el apoyo de su banco central, está obligado a crear expectativas económicas de estabilidad y riesgo bajo, debe contribuir, como se hace en otros países, a la promoción del crecimiento económico, mejorando la operación de la economía.

El Estado debe posibilitar que las instituciones y las políticas que de ellas emanan, promuevan a la economía integralmente, de tal manera que los agentes económicos incrementen la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, en un contexto de apertura económica y competitividad productiva. Debe propiciar desarrollo económico en un ambiente de estrecha vigilancia de la evolución de los agregados fiscales, monetarios, inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.

El Estado debe perseguir, alcanzar y sostener crecimiento económico real, al menos del doble de lo que a la fecha se ha logrado (4 o 5%), anual y debe verlo como una consecuencia de la evolución estable del mercado interno y de los fundamentales macroeconómicos.

Sí, el perfil de los indicadores reflejan estabilidad real, la consecuencia inmediata es la presencia de crecimiento económico, convirtiendo este proceso en un círculo virtuoso.

En la actualidad lo que tenemos es una “estabilidad” cuestionada, en algunos indicadores macroeconómicos, pero con un nivel de crecimiento económico muy débil o bajo. Tenemos crecientes presiones de endeudamiento, fiscales y cambiarias.

No debemos olvidar que el pobre crecimiento económico refleja incertidumbre e inestabilidad a nivel microeconómico, generando costos crecientes a la economía y provocando una pérdida creciente de competitividad y productividad.

Por todo lo anterior, es prioritario que el Estado mexicano, siga con un banco central autónomo que contemple, dentro de sus objetivos, el más importante, que es la promoción del crecimiento económico.

Así, el Banco de México, tendría, en adelante como objetivo, apoyar el crecimiento de la economía, el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

No instrumentar esta reforma, implicaría abdicar de las obligaciones que el Estado debe tener en la economía y dejar de lado el importante instrumento monetario, olvidando que en política económica es importante alinear la política fiscal y la monetaria hacia un mismo objetivo: crecimiento con estabilidad.

Posibilitemos un abierto apoyo del Banco de México al crecimiento de la economía nacional. Con esto daremos un rotundo no a prolongar la trayectoria de bajo nivel de crecimiento que estamos viviendo.

Por todo lo anterior, como diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, comprometido con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos a dar un impulso consistente a la economía y al bienestar social de los mexicanos, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

...

...

...

...

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Sus objetivos prioritarios serán procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y el crecimiento de la economía, fortaleciendo con ellos la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de octubre de 2016.— Diputado Sergio López Sánchez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que deroga el artículo 212 y la fracción VI del artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo anterior, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

En todas las etapas de desarrollo de la humanidad y durante el proceso de organización de toda sociedad, la cooperación ha sido siempre un factor intrínseco e importante en la consolidación de ésta, el trabajo colectivo ha sido invariablemente una de sus manifestaciones la que más tarde se vuelve sustento de las ideas cooperativas.

El cooperativismo es una doctrina que pugna por un sistema económico-social igualitario que tiene como centro vital al individuo, siendo su fin último la satisfacción de las necesidades de esté y su base fundamental, el esfuerzo común de las personas que se asocian.

Derivado de lo anterior una cooperativa es una combinación de esfuerzos, para el logro de objetivos comunes, es decir es un tipo de sociedad, sujeta a principios de carácter universal y a normas legales, propias de cada país”

Por ende, debido a que las cooperativas son sociedades conformadas con la plena intención de cumplir con un objeto de carácter social, ya que su fin principal es fomentar fuentes de empleo para efecto de mejorar la calidad de vida de los miembros que la conforman, se considera de gran trascendencia diferenciar la naturaleza jurídica de la misma, reformando diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, descartando con base en argumentos legales toda posibilidad de que dicha sociedad cooperativa sea considerada una sociedad mercantil, tal y como lo contempla el artículo 1°, fracción VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La sociedad cooperativa no tiene carácter mercantil, ya que su gestión empresarial se afirma sobre el retorno de excedentes, entendiendo estos como el beneficio, lucro o ganancia que aparece en la empresa, cuando se han pagado todos los gastos que entran dentro del concepto de coste y existe tal sobrante, de conformidad con los principios cooperativos, la irrepartibilidad de los fondos obligatorios, aspectos que son la piedra angular de la cooperativa auténtica alejada de fórmulas lucrativas y especulativas.

Es importante mencionar en que consiste la irrepartibilidad de los fondos obligatorios, ya que dichos fondos constituyen una diferencia entre la sociedad mercantil y la sociedad cooperativa. Por lo que los fondos de carácter social obligatorio que se conforman u originan de excedentes anuales, trascienden al funcionamiento ordinario de la propia cooperativa, aumentando la solvencia y credibilidad de la misma, mediante el incremento de los recursos propios y representan el patrimonio más neto de la cooperativa. Resaltando que la aplicación de dichos fondos se destina a la formación y educación de los cooperativistas, así como para promover la cultura entre los mismos.

Las cooperativas no persiguen como objeto principal lucro, en razón de que no ejecutan actos de comercio, los cuales se identifican por dos elementos substanciales como es el lucro y la intermediación. El lucro no existe en las Sociedades Cooperativas, ya que lo que los socios obtienen con el producto de sus actividades como excedente, se reparte a prorrata entre los socios a razón de lo que ha trabajado cada uno de ellos, es decir el reparto se equipara al salario, sin que económicamente ni legalmente lo sea, ya que no hay patrón, ni contrato de trabajo, de manera que desde este aspecto las cooperativas no ejercen actos de comercio al realizar su labor, así al consumar las finalidades que persigue el consumidor.

Y en relación a la intermediación dentro de las Sociedades Cooperativas, tampoco existe de una manera evidente porque las Cooperativas se entienden directamente con el consumidor y reciben de esté el producto de su trabajo, por lo que no es exacto que las Cooperativas de producción se dediquen habitual u ocasionalmente a ejecutar actos de comercio y los trabajos industriales que ejecutan no se caracterizan por un fin de lucro, sino con el propósito de beneficiar a sus socios como son los trabajadores de las propias Cooperativas.

A la luz de lo anterior es menester citar lo establecido en el criterio TCO13427 ADM provisto por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, se considera a la “Sociedad Cooperativa como una sociedad clasista, una asociación de individuos de clase trabajadora, que mediante la eliminación del intermediarismo buscan sin afán de lucro, obtener y repartir directamente y a prorrata entre los socios beneficios extra capitalistas (...) y su base descansa en el trabajo mutuo de sus integrantes”.

Asimismo cabe mencionar lo estipulado en la Ley General de Sociedades Cooperativas del once de Enero de 1938, que establece como requisito sine quanon para la existencia de una cooperativa, el que no persiga fines de lucro y establece que se entenderá que estos si existen cuando entre los objetivos de una sociedad cooperativa figure la realización de compraventa de artículos, sin que se efectué un proceso de transformación de los mismos, es indudable que la sociedad que no llena estos requisitos no está dentro del supuesto, establecido en el artículo 2 Transitorio de la citada norma y por ende puede ser cancelada la autorización respectiva.

A la luz de lo anterior cito el siguiente Criterio Jurisprudencial, en relación al contenido del artículo 2°, Transitorio, de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938:

“Cooperativas, funcionamiento de. El artículo 2o., transitorio, de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938, establece...

Según la fracción VI del artículo 1o. de la ley de referencia, no se consideran como cooperativas a las sociedades que persiguen fines de lucro. Por tanto, si en una cooperativa creada al amparo de la ley anterior, se encuentra que uno de sus objetivos sociales es el de perseguir fines de lucro, como es la realización de compraventa de artículos que adquieran y no los transformen previamente, según lo dispuesto por el artículo 5o., del reglamento respectivo, la autorización a dicha cooperativa, no puede ser cancelada, antes de cumplirse el plazo de seis meses que estatuye el artículo 2o., transitorio, de que ya se habló, porque si bien es cierto que el único artículo transitorio del mismo ordenamiento, concede la facultad para dicha cancelación, ello no implica que esa facultad deba usarse en cualquier tiempo, sino que debe condicionarse al plazo de seis meses ya dicho porque de otro modo, dicha fijación del plazo y dicha facultad del único transitorio del reglamento respectivo, estarían en contradicción. También es cierto que existe una ejecutoria dictada por esta Corte, en veintidós de marzo de 1939, en el amparo promovido por Agentes de Publicaciones del Norte, S. C. de R. L., que sostiene lo contrario, apoyándose en el artículo único transitorio del reglamento en cuestión, pero ello no puede obligar el criterio de la Suprema Corte, porque es doctrinario que las disposiciones reglamentarias no pueden ni deben nunca anular las de la ley de que tratan de reglamentar.

Amparo administrativo en revisión 75/39. Alianza de Agentes de Publicaciones, S. C. L. 25 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett Bautista. La publicación no menciona el nombre del ponente”.

A contrario sensu de lo estipulado en la Ley General de Sociedades Cooperativas del once de enero de 1938, la Legislación Cooperativista de 1994 suprime la prohibición del lucro, en relación a lo establecido en los artículos 6 y 11 que contemplan los principios y condiciones de funcionamiento de las Sociedades Cooperativas.

De lo expresado en dichos numerales, se desprende que en ninguno de ellos aparece la prohibición de lucro en la Cooperativa, lo cual trae aparejado un avance técnico jurídico del legislador, ya que representa un acercamiento real a la naturaleza de las actividades de las Sociedades Cooperativas en relación a que si entraña un lucro, al producir, consumir o realizar un servicio , sin que el lucro represente ser el objeto principal que busca o persigue la misma.

Destacando que el lucro que se obtiene en la Sociedad Cooperativa se diferencia de las sociedades mercantiles, en el sentido de la distribución, que toma como base la participación en las actividades sociales, en vez de la aportación del capital, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que en su fracción IV establece lo siguiente:

“Artículo 6.- Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios:

IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios;”

Dicho criterio de distribución es un distingo de las Sociedades Cooperativas que nos permite establecer que su naturaleza jurídica no es mercantil.

Asimismo, la cooperativa se diferencia de la típica Sociedad Mercantil Capitalista en virtud de que en aquella el capital no es un elemento de la producción que tenga derecho a las utilidades que genere la empresa, sino únicamente a recibir un interés pactado por los mismos socios y en atención a las limitaciones que al efecto contiene la Ley General de Sociedades Mercantiles.

“La sociedad cooperativa es una forma jurídica en donde el capital no es la base para repartir los beneficios a los socios, sino que estos se distribuirán de acuerdo con la participación personal del socio, sea de consumo o de trabajo.

Asimismo, es preciso realizar un cuadro comparativo de las diferencias entre una sociedad cooperativa y una sociedad mercantil:

De lo esgrimido con anterioridad se desprende que la Sociedad Mercantil, es una persona moral que tiene por objeto la realización de actos de comercio o la realización de una actividad sujeta al Derecho comercial con fines de lucro y la sociedad cooperativa realiza actividades de producción, consumo o distribución de bienes o servicios, que si bien es cierto traen aparejado un lucro, su objetivo principal no es en la búsqueda y persecución del mismo, sino que su objeto principal es el fomentar fuentes de empleo, para efecto de mejorar la calidad de vida de sus socios, ya que “nace debido al interés común de varias personas que deciden unir sus esfuerzos para poder satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas”.

Tal y como se estipula en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que a la letra dice:

“Artículo 2. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios”.

En este orden de ideas es importante mencionar que las Sociedades Cooperativas de conformidad con su objeto y la forma en que se lleva a cabo su procedimiento y la ejecución de sus actos cooperativos, resulta inoperante que dentro de la legislación mercantil vigente contemple en su numeral 1 fracción VI a la Sociedad Cooperativa como Sociedad Mercantil y en el artículo 212 del mismo ordenamiento legal se estipule que las Sociedades Cooperativas se regirán por su legislación especial, es decir la propia norma mercantil remite a la ley General de Sociedades Cooperativas en aras de que cada una de las Sociedades en comento tienen características diferentes, que marcan un distingo importante en su proceso de desarrollo y en el objeto que persiguen las mismas.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Único. Se deroga la fracción VI, del artículo 1o., y se deroga el artículo 212, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I. Sociedad en nombre colectivo;

II. Sociedad en comandita simple;

III. Sociedad de responsabilidad limitada;

IV. Sociedad anónima;

V. Sociedad en comandita por acciones, y

VI. (Se deroga)

VII. Sociedad por acciones simplificada.

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley.

Artículo 212. (Se deroga).

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/936/ Las_sociedades_cooperativas_en_Mexico.pdf

2 http://sjf.scjn.gob.mx

3 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/328/328212.pdf

4 http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales/figuras-juridicas-apoyables /sociedad-cooperativa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA EN ZONAS METROPOLITANAS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que expide la Ley General de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas. Lo anterior, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

Las zonas de nuestro país han crecido con escasa planeación urbana, dirigidas por el crecimiento poblacional e influenciadas por el mercado inmobiliario, comercial y de servicios.

Sin embargo, en algunas ciudades de países desarrollados, desde hace décadas, la planeación urbana incorpora diversos elementos para el desarrollo integral de quienes las habitan, como infraestructura para la recreación, el deporte y la convivencia, pero también para la atención de problemas cotidianos con soluciones alternativas. Como resulta ser un problema cotidiano, la contaminación generada por el apego y comodidad al automóvil, sin tomar en cuenta los problemas de salud que trae aparejado la poca movilidad y la nula práctica de actividad física.

Destacando que la bicicleta fue muy popular en la década de 1890 y, más tarde, en las décadas de 1950 y 1970. Mientras que en la actualidad se está experimentado un nuevo auge y su uso crece considerablemente en todo el mundo, debido a que resulta ser un medio de transporte económico, ecológico y no te somete a la tarifa de ningún combustible.

Por lo anteriormente mencionado, es menester señalar que la bicicleta no sólo representa una forma de sano esparcimiento sino que la misma puede fungir como un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, idóneo para trasladarse por la ciudad, así como por zonas rurales. Existe un tipo derivado de la misma denominada bicicleta asistida,la cualse ha convertido en un medio de transporte eficiente, y se diferencia de la bicicleta normal debido a que tiene un motor adaptado, su precio dentro del mercado es asequible y en virtud de ser un móvil usado con frecuencia para desplazarse dentro de la ciudad, se considera adecuado contemplarla como una modalidad de la bicicleta que fomenta la movilidad dentro de esta iniciativa.

A la luz de lo anterior, es preciso fomentar el uso de la bicicleta derivado de los múltiples beneficios que produce el uso de la misma, por lo que se requiere generar una infraestructura adecuada que facilite el desplazamiento correcto y seguro del ciclista, así como propiciar las condiciones materiales que sean más favorables para incrementar el uso de la misma con el objeto de evitar el abuso que se hace de los vehículos automotores, lo cual se vería reflejado en la mejora de la calidad del aire y de vida de las personas.

Ya que debido a la sustitución del esfuerzo humano por la tecnología, hoy en día, la multitud de los problemas de contaminación en nuestras ciudades, el enorme gasto energético y la saturación vial que implica nuestra movilidad, aunados a los problemas de salud que padece seriamente nuestra población por sedentarismo y mala alimentación, nos obliga a regresar a propiciar el esfuerzo humano.

Aunado a la expansión y crecimiento desmedido de la mancha urbana, que trae como resultado el aumento de la suma de automóviles, convirtiéndose esta situación en un factor negativo para la movilidad dentro de la ciudad, pues de conformidad con estudios de la Organización Mundial de la Salud estima que a más tráfico, mas contaminación en la ciudad. Por lo que como ejemplo del crecimiento vehicular se cita la siguiente tabla:

De conformidad con la Organización de la Naciones Unidas se prevé que para el año 2050, el 70 % de la población vivirá en ciudades, por lo que se hace relevante ocuparse del tema de la movilidad y de la calidad del aire que respiramos, puesto que la contaminación contribuye a exacerbar enfermedades cardiovasculares. Misma Organización que realizó un reporte de Movilidad Urbana de la Ciudad de México correspondiente a los años 2014-2015 del cual se desprende que un bajo porcentaje representado en un 2.4 % realiza viajes en bicicleta.

Por tanto la movilidad se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios a atender y resolver, ya que las estrategias que se han llevado a cabo hasta el momento, en la mayoría de los casos, no han logrado crear las condiciones de bienestar y prosperidad para la población en las áreas urbanas. Pues las deficiencias en la misma han restringido el derecho de movilidad de los habitantes de la ciudades afectando desmedidamente los tiempos invertidos en los traslados, así como el detrimento económico del cual padecen las personas al estar sujetas a tarifas de combustible que suben mes con mes, y estar sometidos a la inseguridad que se vive en los trayectos de desplazamiento, situaciones que han ido deteriorando la libre movilidad de las personas.

Pues de conformidad con el Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en México correspondiente al año dos mil catorce y dos mil quince, menciona que si bien es cierto se han dado pasos importantes para la creación de una política de movilidad y planeación urbana, es necesario promover acciones coordinadas encaminadas a implementar estrategias que desincentiven el uso del automóvil y se fomente el uso de modos de transporte no motorizado.

Logrando esto con una inclusión de una adecuada cultura de movilidad, con la adopción de campañas, actos políticas y programas encaminados a fomentar el respeto hacia el desplazamiento del ciclista, con el fin de prevenir hechos de tránsito, otorgándole de tal forma seguridad al ciclista en su desplazamiento.

Aunado a que la Federación, así como las Entidades y Municipios, con el fin de fomentar el uso de la bicicleta a través de la materialización de una infraestructura idónea para el ciclista deberán allegarse del Fondo Metropolitano el cual fue creado por el Ejecutivo Federal, para atender las necesidades de la metrópolis en virtud de la tendencia acelerada del país a concentrar cada vez más población, de tal forma que determinado porcentaje de recursos destinado a la creación de infraestructura del ciclista sea solventados por el Fondo Metropolitano para efecto de contribuir a una infraestructura adecuada que fomente el uso de la bicicleta, cooperando de forma conjunta a que este tipo de movilidad de los habitantes contribuya a mejorar la calidad del ambiente donde se desarrolla.

Asimismo, impera la necesidad de gestionar recursos con fuentes de financiamiento externo en instituciones internacionales, fundaciones nacionales e internacionales, iniciativa privada, y presupuesto federal con el fin de obtener más recursos para poder materializar proyectos que sirvan para establecer y promocionar una infraestructura para el uso adecuado y seguro de la bicicleta.

Resaltando que se obtendrían ahorros de consideración para las finanzas de la ciudad, al aprovechar la infraestructura existente mediante señalización y marcaje de carriles o vías ciclistas dentro de las mismas existentes, así como bici estacionamientos, en comparación con los costos de obras de infraestructura y equipamiento para el transporte automotriz. Con este ahorro, se podrá reestructurar el uso de las vialidades incluyendo más y mejores banquetas, además de realizar muchos de los proyectos necesarios para mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Derivado de lo anterior cabe hacer mención que uno de los impedimentos para andar en bicicleta surge de una infraestructura inadecuada que no es tratada por los mecanismos tradicionales de financiación. Y de conformidad con el “Banco Mundial, ninguno de los recientemente desarrollados fondos viales de segunda generación parecen prestar atención a la movilidad no motorizada. Considerando lo anterior, se propone lo siguiente:

1) Modificar las prioridades contenidas en la Estructura Programática de los Programas Operativos Anuales (POA), a fin de disminuir recursos a los rubros con clave 220001, 220003, 220024 y aumentar los de clave 220002, 220012, 220017, 220021, 220029, 220030.

2) Agregar rubros en la Estructura Programática de los POA, para a) la construcción de infraestructura vial para la bicicleta, b) el mantenimiento de la infraestructura vial para la bicicleta, y c) campañas y programas de promoción de la bicicleta.

3) Incorporar mecanismos para que por lo menos una fracción de los recursos derivados del pago de derechos por impacto vial previsto en el Código Financiero para obras que se realizan, se invierta en obra pública de control del impacto del automóvil en las zonas en las que se realiza la construcción”. (sic)

A la luz de lo anterior resulta de gran trascendencia el que el titular del Poder Ejecutivo federal, en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, incluyan y establezcan políticas de desarrollo urbano así como de cultura de la movilidad y adecuen sus ordenamientos administrativos de su competencia, para fomentar el uso de la bicicleta, garantizando la protección del ciclista en su desplazamiento por las vías públicas.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social para los habitantes del país.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto establecer la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la generación de condiciones que fomenten el uso de la bicicleta y la conviertan en un medio de transporte alternativo con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de circulación vial de las zonas metropolitanas del país, así como la salud de sus habitantes, garantizando con ello el desarrollo sustentable.

Artículo 3. La aplicación de esta ley estará basada en el principio rector de que la circulación de los ciclistas que se efectué en la vía pública deberá de ser ejecutada con respeto y tomando en cuenta las medidas preventivas para evitar posibles estados de peligro o situaciones de riesgo para el propio ciclista o un tercero, por lo que los ciclistas deberán de observar un trato respetuoso, hacia los peatones, personal de apoyo vial, conductores de automóviles, motocicletas y hacia el resto de los usuarios de la vía.

Artículo 4. Para la aplicación de esta ley se entiende por:

I. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales;

II. Bicicleta Asistida Vehículo no motorizado con la adaptación de un motor eléctrico para ayudar al avance de la misma.

III. Ciclista: Persona que conduce una bicicleta.

IV. Ciclovía: Vía Pública destinada exclusivamente para la circulación segura de bicicletas.

V. Bici Estacionamientos: Espacios considerados exclusivamente para el aparcamiento de bicicletas

VI. Ley:La ley General de Fomento Para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas

Artículo 5. La presente ley reconoce como principios:

I.El derecho a la movilidad de las personas con sus propios medios en las vías públicas del territorio federal estatal y municipal.

II.El fomento e incentivo del uso de la bicicleta como medio de transporte saludable sustentable y no contaminante.

III.La protección a las personas cuyo medio de transporte es la bicicleta; y

IV.La adecuación de las políticas públicas en la Federación, Estados y Municipios sobre esa materia.

Capítulo IIDe las Autoridades y sus Facultades

Artículo 6. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente ley:

I. El Titular del Poder Ejecutivo Federal; y

II. Los Gobiernos Estatales y Municipales.

Artículo 7.Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Federal

I. Vigilar el cumplimiento de la presente ley en el ámbito de su competencia.

II.A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, implementar y coordinar programas de promoción y fomento al uso de la bicicleta que manifieste las bondades y beneficios que contrae el hacer un uso constante de este medio de transporte.

III. Implementar y coordinar las Políticas de desarrollo urbano fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, garantizando la seguridad del ciclista.

I V. A través de la Secretaría de Educación Pública Federal promoverá el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, así como el respeto vial al ciclista.

Artículo 8. Corresponde a los Gobiernos Estatales y Municipales:

I.Vigilar el cumplimiento de la presente ley en el ámbito de su competencia.

II. A través de la dependencia competente, implementar y coordinar programas de promoción y fomento al uso de la bicicleta.

III. Gestionar recursos con fuentes de financiamiento externo en Instituciones Internacionales, Fundaciones Nacionales e Internacionales, iniciativa privada, y presupuesto federal, para efecto de la construcción de ciclovías, bici estacionamientos y adaptación de calles y vías para el adecuado y seguro desplazamiento del ciclista

III. Construir ciclovías, por medio de acuerdos de colaboración con las instancias que consideren pertinentes, tomando en cuenta estudios de factibilidad e impacto ambiental.

IV.Implementar programas educativos de difusión permanente dentro de la educación vial que fomenten el uso de la bicicleta, así como campañas de respeto vial a los ciclistas.

V.Auxiliarse del Fondo Metropolitano para la obtención de recursos financieros, con el objeto de construir una infraestructura para el adecuado y seguro desplazamiento del ciclista.

VI. Promover incentivos para que las empresas del sector privado, arrenden o presten bicicletas y habiliten bici estacionamientos en sus instalaciones con los señalamientos correspondientes.

Artículo 9. Las vialidades que se construyan en Entidades y Municipios, deberán incluir carriles preferentes o ciclovías y contener los señalamientos necesarios, indicando las zonas de espera para los ciclistas junto a los cruces peatonales.

Capítulo IIIDe los Derechos y Obligaciones del Ciclista

Artículo 10. Son derechos del ciclista

I.Contar con una zona de espera que salvaguarde su integridad física

II. Tener distancia prudente entre el vehículo automotor y el ciclista

III. Obtener preferencia sobre el tránsito vehicular; y

IV. Acceder a los programas de estímulo al uso de la bicicleta que promuevan e implementen el Poder del Ejecutivo Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales.

Artículo 11.Sonobligaciones del Ciclista

I. Conocer y respetar las leyes y reglamentos de tránsito

II.Respetar las señales de tránsito

III.Deberán usar obligatoriamente casco

IV.Circular solamente por un carril en sentido del tránsito;

V. Respetar los espacios de la vialidad destinados para peatones o personas con discapacidad.

VI.Indicar la dirección de un giro o cambio de carril, mediante señales con el brazo;

VII. Estacionarse en los lugares destinados para tal fin, denominados bici estacionamientos

VIII.Usar bandas reflejantes para el uso nocturno, así como una luz adecuada para la iluminación;

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la de fecha de entrada en vigor de esta ley, el titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá 120 días naturales para expedir el reglamento respectivo para la aplicación de esta ley.

Tercero. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, en todas las obras de construcción de vías generales de comunicación terrestre, y red primaria de vialidad de Entidades y Municipios se deberá considerar la instalación de ciclovías.

Notas:

1 http://propiedades.com/blog/arquitecura-y-urbanismo/contaminacion-ambiental-en- la-ciudad-de-mexico-df

2 http://bicitekas.org/wp/wpcontent/uploads/2013/07/Bicitekas_Propuesta_al_GDF

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

Con las reformas, el artículo 122 de la Constitución reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa; estipula que para su régimen interior adoptará la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico; además, menciona que para su ejercicio, su poder público se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Entre otros diversos temas, el citado Artículo constitucional dispone los principios fundamentales para la composición, funcionamiento y labor del órgano que ejercerá el Poder Legislativo de la Ciudad, al que denomina como Legislatura de la Ciudad de México, proveyendo un cambio de denominación con respecto al cuerpo colegiado actual, al que con base en el Artículo 8º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se le conoce como Asamblea Legislativa.

Con respecto al cambio de naturaleza jurídica y por consiguiente cambio de denominación de la Ciudad de México, el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto de mérito establece que a partir de la fecha de entrada en vigor, todas las referencias que la Constitución federal y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, sin embargo, tal expresión no se realiza en el mismo tenor tratándose de la Asamblea Legislativa.

En contrario sensu, lo anterior implica que los ordenamientos jurídicos que de manera específica hagan referencia al cuerpo colegiado legislativo que cambiará de denominación, deberán ser armonizados en atención a las modificaciones realizadas a la Constitución, derivado de que ésta, en atención a su Artículo 133, se erige como la Ley Suprema de toda la Unión.

Para efectos de lo anterior, es importante resaltar que la armonización legislativa alude a las técnicas para determinar el régimen jurídico de las relaciones de derecho entre diversos órdenes de gobierno, proceso que respeta la autonomía de las entidades, ya que se refiere a una aproximación de criterios jurídicos, apoyándose en bases, leyes modelos, o doctrina común, que sirven a las legisladoras y legisladores para coordinar el enfoque jurídico de un tema en particular.

Se trata de un procedimiento de uniformidad de reglas que puede existir en leyes de simular temática o en leyes con disparidad, ya que consiste solamente en la identidad de reglas o de sistemas de derecho, en este caso, provistas por la reforma a la Constitución.

Ésta armonización legislativa corre a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, derivado de su implementación se permite derogar leyes específicas, abogar cuerpos normativos, crear nueva legislación o reformar la existente, con la intención de hacer compatibles las normas del ordenamiento jurídico nacional, proveyendo certeza jurídica a quienes se ubican bajo sus supuestos.

Por lo anterior, dichos procesos no pueden ser entendidos como optativos, por el contrario, se trata de un deber jurídico de aplicación necesaria, cuya realización impide la contradicción entre las leyes, la generación de lagunas legislativas, la falta de certeza en la observación y aplicación de la norma, el debilitamiento de la fuerza y efectividad del ejercicio de los derechos o, como en este caso, la incertidumbre o error por la referencia a una institución que constitucionalmente es reconocida con otra denominación.

Derivado de lo anterior, y en atención a que aún no ha sido promulgada la Constitución Política de la Ciudad de México, se estima prudente la presente reforma al Artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida a la Ciudad de México.

Con lo anterior, se preserva el espíritu de la reforma de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México al reconocérsele como entidad federativa, evitando la remisión a una institución que eventualmente dejará de conocerse de tal manera y que, implicaría, en determinado momento, la modificación al precepto legal citado.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reformael artículo 40 de Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue

Artículo 40.En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley, las legislaturas de las entidades federativas y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, somete a la consideración de ésta soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 31 de marzo de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que impuso negativas condiciones a cumplir para el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social a las y los trabajadores al servicio del Estado, en contravención al principio “pro operario” que en algún momento caracterizó al derecho laboral mexicano.

Derivado de lo anterior, fueron interpuestos cerca de 100 mil juicios de amparo que representaron el descontento de aproximadamente 700 mil personas inconformes con las nuevas políticas laborales, cifra que impuso un récord de atención para el sistema jurisdiccional mexicano, tanto que obligó a la creación de dos juzgados de distrito auxiliares.

En primera instancia, la protesta fue liderada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; sin embargo, las inconformidades permearon en diversos sectores laborales; como el de académicos de universidades, jueces, magistrados, trabajadores administrativos, técnicos; y en general, las y los servidores públicos de la mayor parte de las dependencias del país, quienes ocurrieron ante las instancias legales a efecto de reivindicar sus derechos laborales.

Entre las principales quejas al nuevo ordenamiento, resaltó su carácter retroactivo, el establecimiento de una base salarial diferenciada para el otorgamiento de la pensión por jubilación, la privatización de las pensiones y la suspensión de los servicios médicos por el incumplimiento de las obligaciones administrativas de las dependencias.

La entrada en vigor de la ley representó molestia para un gran número de trabajadoras y trabajadores que realizaron diversos foros para informar sobre lo perjudicial de la Ley, al mismo tiempo que llevaron a cabo movilizaciones sociales a lo largo del país, lo que, en cierta medida, motivó que la Suprema Corte de Justicia de la nación, decidiera atraer el caso.

Derivado del análisis sobre la constitucionalidad de la Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por medio de múltiples Tesis Jurisprudenciales en materia Constitucional y Laboral, que los Artículos 25, segundo y tercer párrafo, 60 último párrafo, 136, 251 y Décimo Transitorio, fracción IV, fueron redactados por el Congreso de la Unión, en contravención a los principios rectores del derecho social consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual debía concederse, para aquellos efectos, el amparo y la protección de la justicia federal a las personas impetrantes.

Lo anterior representó una victoria únicamente para las y los trabajadores que interpusieron el amparo, puesto que, como se sabe, “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado”; en atención al principio de la relatividad de la sentencia proclamado en la fracción II del artículo 107 de la Constitución y por el artículo 73 de la Ley de Amparo.

Lo anterior implica que a pesar de que los Artículos han sido decretados inconstitucionales, en tanto no sean abrogados o modificados, deberán ser aplicados a las personas que no se ampararon y a las personas que comenzaron a prestar sus servicios con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.

En atención a dicha circunstancia, el 12 de noviembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el Artículo 25 de la Ley del Instituto, mismo que reivindicara sólo una de las Tesis Jurisprudenciales provistas por la Corte; sin que a la fecha, se haya dado atención a las demás.

Para ello, se estima prudente reproducir el contenido de los Artículos declarados inconstitucionales, con relación a las Tesis Jurisprudenciales provistas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

Artículo 60. Para los efectos de este capítulo, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Al servidor público de la dependencia o entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley.

El trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

No procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido notificado al Instituto en los términos de este artículo.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 146/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. El artículo 60, último párrafo, de la ley relativa, al liberar a la entidad o dependencia de toda responsabilidad en torno a un accidente por riesgo de trabajo por la falta del aviso respectivo, es violatorio de la garantía de seguridad social (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

El indicado precepto legal establece, entre otras cosas, que las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los 3 días siguientes al de su conocimiento, de los accidentes por riesgos de trabajo, en términos del reglamento y demás disposiciones aplicables, así como que el trabajador o sus familiares también podrán dar ese aviso. De igual manera dispone que el trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo y, en su último párrafo, que en el caso de que éste no hubiere sido notificado en los términos de ley, no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá como tal. De lo anterior se advierte, que el dar el aviso constituye una obligación de la dependencia o entidad en la que labora el trabajador, que al no llevarse a cabo se traducirá en un perjuicio para éste, implicando que ante la falta de cumplimiento de una obligación a cargo del patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias correspondientes. Así, es claro que el último párrafo del artículo 60 de la ley del Instituto, transgrede la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el incumplimiento por parte de la dependencia o entidad en la que labora, el trabajador tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de trabajo correspondientes, restringiendo o menoscabando el derecho a la seguridad social consagrada en el referido artículo constitucional,sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el aviso correspondiente también puedan darlo el trabajador y sus familiares, ya que para éstos, a diferencia de las dependencias y entidades, constituye un derecho que no puede traducirse en una afectación ante su no ejercicio.

Como se advierte, el último párrafo del artículo 60 de la Ley del Instituto transgrede la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, al condicionar el ejercicio de un derecho al cumplimiento de las responsabilidades inherentes a las dependencias gubernamentales.

La disposición carece de sentido y sustento lógico y jurídico, ya que no pueden disminuirse los derechos sociales de las y los trabajadores, argumentando el incumplimiento de obligaciones que no le son atribuibles, por ende, exigibles.

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del trabajador o pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y

III. Cuando al contraer matrimonio el pensionado recibía una pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 150/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. El artículo 136 de la ley relativa, al limitar la pensión de viudez del cónyuge supérstite, es violatorio de los artículos 1o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al Instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte, el artículo 136 de la ley del Instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del por qué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 136, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.

Como se advierte, el artículo 136 de la ley del instituto transgrede la garantía de igualdad jurídica establecida en el artículo 1o. de la Constitución, con relación a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la propia Constitución; y con relación a lo dispuesto en los artículos 129 y 131 de la ley del instituto; al proveer un trato diferenciado al cónyuge supérstite, atendiendo a circunstancias que de ninguna manera le pueden ser imputables, como el momento del fallecimiento de su cónyuge.

Artículo 251. El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente ley, prescribe en favor del instituto a los diez años de que sean exigibles.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 158/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. El artículo 251 de la ley relativa, al establecer un plazo de diez años para la prescripción del derecho a recibir los recursos de la cuenta individual del trabajador sin precisar el momento de su inicio, es violatorio de las garantías de seguridad y certeza jurídica y seguridad social (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se establecen distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los recursos de dicha cuenta individual; sin embargo, el artículo 251 prevé que el derecho a disponer de los mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 10 años a partir “de que sean exigibles”, contraviniendo los mencionados principios de seguridad y certeza jurídica, al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar dicho plazo prescriptivo, aunado a que no prevé que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efecto de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre el particular y la violación a la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de disponer en su momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con una pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible.

Como se advierte, el artículo 251 de la Ley del Instituto transgrede el derecho social consagrado en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, al privar a las y los trabajadores de disponer de su patrimonio en el momento que así lo consideren oportuno, a pesar de que el artículo 248 de la ley del instituto, establece que el derecho a la pensión es imprescriptible, generando contradicción entre dos artículos del mismo ordenamiento.

Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

I. a III. ...

IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo;

V. ...

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 127/2008, manifestó lo siguiente:

ISSSTE. La fracción IV del artículo décimo transitorio de la ley relativa es inconstitucional en la parte que condiciona el cálculo de la pensión sobre el promedio del sueldo básico percibido en el año anterior a la baja, a la permanencia del trabajador en el mismo puesto y nivel en los tres últimos años (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

El artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece las reglas para el otorgamiento y pago de pensiones de los trabajadores afiliados al referido instituto de seguridad social que no opten por migrar al sistema de cuentas individuales y, de manera particular su fracción IV, establece el salario base para su cálculo, señalando para tal efecto, como regla general, que las pensiones se calcularán con el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior inmediato a la fecha de la baja del trabajador condicionado a que éste hubiera permanecido en el puesto y nivel los últimos tres años inmediatos anteriores a su baja, señalándose que en caso contrario, la pensión se calculará con el sueldo inmediato anterior a dicho puesto sin importar la antigüedad en el mismo. Ahora bien, esa condición es inconstitucional porque la justificación de política administrativa que invocó el legislador carece de razonabilidad, habida cuenta que se propicia una reducción en la cuantía de la pensión, lo que es contrario al fin esencial de la jubilación, consistente en que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba un renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio.

Como se advierte, la fracción IV del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto trasgrede los principios elementales de la seguridad social, en su aplicación conlleva una contradicción al objetivo del otorgamiento de una pensión por jubilación, puesto que implica la reducción del monto pensionario a recibir, sólo por el hecho de que la o el trabajador no haya prestado sus servicios en el mismo puesto durante tres años.

Derivado de las transcripciones anteriores, se estima conveniente modificar los Artículos de la Ley del Instituto, que desde 2008 fueron declarados inconstitucionales. Para dar aún mayor sustento a la propuesta, me permito exponer las siguientes consideraciones:

• Aplicabilidad de preceptos declarados inconstitucionales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la Tesis Jurisprudencial P./J. 191/2008, se refirió a los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de los multicitados artículos, con relación a las personas que solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, a saber:

ISSSTE. Efectos del amparo concedido respecto de los artículos 25, segundo y tercer párrafos, 60, último párrafo, 136, 251 y décimo transitorio, fracción IV, de la ley relativa (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

La declaratoria de inconstitucionalidad de los citados preceptos legales, así como del décimo transitorio, fracción IV, en la porción normativa que precisa “siempre y cuando el trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo”, conlleva para las autoridades responsables el deber de no aplicarlos a los quejosos hasta en tanto no sean abrogados o reformados, así como a aplicar las disposiciones relativas al sistema de pensiones que aquellos elijan conforme a la interpretación que de las mismas realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando a partir de dicha interpretación se haya declarado su constitucionalidad. Para los efectos antes precisados, las autoridades responsables deberán dictar las medidas que sean necesarias a efecto de que todas las autoridades que con motivo de sus funciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, tengan conocimiento del alcance de sus efectos y de las personas amparadas por el mismo.

Derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad y la concesión del amparo, se prohíbe que los citados Artículos le sean aplicados a las y los quejosos que obtuvieron el amparo, lo cual, a contrario sensu, implica que tales Artículos, a pesar de haber sido declarados inconstitucionales, le serán aplicados a las personas que no se ampararon, lo que representa la violación sistemática de sus derechos humanos.

• Inconstitucionalidad por omisión legislativa

Uno de los principios fundamentales del derecho constitucional es el de la supremacía de la Constitución, que consiste en la cualidad de fungir como la norma jurídica superior que da validez y unidad al orden jurídico nacional; así la Constitución es la fuente última de validez de un ordenamiento, de tal suerte que para que una norma jurídicas válida, requiere encontrar su fundamento de validez en la Constitución.

La omisión legislativa en materia constitucional significa no hacer aquello a los estaba constitucionalmente obligado. Las omisiones derivan del incumplimiento de mandatos constitucionales concretos que vinculan al legislador a la adopción de medidas legislativas de concreción constitucional.

Podrá hablarse también de la existencia de una omisión legislativa inconstitucional cuando, existiendo la norma legislativa, sus carencias sean tales que la convierten en inútil respecto del mandato contemplado por la Constitución.

En apoyo a lo anterior, sirve la Tesis Jurisprudencial P./J. 11/2016, provista por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que a la letra dispone:

Omisiones legislativas. Sus tipos.

En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades –de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo–, y de omisiones –absolutas y relativas–, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.

Los órganos legislativos, en el desarrollo de sus funciones, pueden incurrir en diversos tipos de omisiones; una de ellas puede presentarse cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial, o como ocurre en este caso, en contravención a los principios rectores contemplados en la Constitución.

• Jurisprudencia como fuente del derecho

La jurisprudencia no sólo es fuente de derecho, es la expresión viva del pasado, del presente y de futuro posible del derecho. Independientemente del sistema, lo reconozca la ley expresamente o no, hay consenso sobre la importancia de la jurisprudencia y de que en la realidad se comporta como una auténtica fuente de Derecho.

A la jurisprudencia se le reconocen diversas características positivas:

1. Tiene una importancia trascendental supliendo las deficiencias de una determinada legislación, integrando, completando, esclareciendo normas insuficientes o notoriamente precarias, dando un sentido exacto a los textos;

2. Puede ser modificada por la dinámica judicial sin necesidad de reformas legislativas;

3. Le da autoridad a los principios en ausencia del texto legal;

4. Neutraliza textos legales peligrosos; e

5. Inspira nuevas leyes o reformas de las existentes.

Es usual que las decisiones de los tribunales inspiren al Poder Legislativo a promulgar o modificar leyes

En conclusión, derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad prevista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Tesis Jurisprudenciales invocadas, se considera necesaria la adecuación legal que corrija las omisiones legislativas que desde 2008, han causado perjuicio al ejercicio de los derechos humanos de las y los trabajadores al servicio del Estado.

Es por lo expuesto, que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se reforman los artículos 60 y décimo transitorio, fracción IV; y se derogan los artículos 136 y 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Al servidor público de la dependencia o entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley.

El trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

Artículo 136. (Se deroga).

Artículo 251. (Se deroga).

Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

I. a III. ...

IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador;

V. y VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diccionario Jurídico Mexicano.

2Ávalos Díaz, Sofía Verónica. La inconstitucionalidad por omisión legislativa: Su tutela en el derecho mexicano.Páginas 1-5.

3 Van Der Laat Echeverría Bernardo. La jurisprudencia como fuente del derecho. Página 9.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho humano esencial que permite a las personas adquirir conocimientos y alcanzar una vida plena. Tiene la función social de promover la libertad y la autonomía, además de generar importantes beneficios sociales, económicos, políticos y culturales para las naciones que, a su vez, se encuentran jurídicamente constreñidas a proveerla de manera obligatoria.

Dada la trascendencia e importancia del tema, las convenciones internacionales de mayor envergadura han reconocido y tutelado el derecho a la educación a través de su inscripción en diversos tratados. Por ejemplo, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre menciona que toda persona tiene derecho a la educación obligatoria y gratuita, que ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones.

El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula que los Estados deben reconocer el derecho de toda persona a la educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, para lo cual la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible para todas las personas.

Por su parte, los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los Estados deben reconocer el derecho de las niñas y niños a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente, ese derecho deberá lograr que la enseñanza primaria sea obligatoria y gratuita. Lo anterior, a efecto de desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física la infancia.

En el mismo sentido, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres plantea que todos los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos, las mismas condiciones de orientación en materia de educación y capacitación profesional.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha generado diversos instrumentos donde se estipulan obligaciones jurídicas internacionales en materia del derecho a la educación. Estos instrumentos, sumados con las obligaciones derivadas de la suscripción de Tratados Internacionales, promueven y desarrollan obligaciones jurídicas y políticas que los Estados deben adoptar, a efecto de que la educación gratuita, de calidad y sin discriminación se consolide en sus respectivas demarcaciones territoriales.

En México, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue pionera en materia de educación, el reconocimiento explícito de la obligación estatal de proporcionarla a todas las personas data de1993. En ese año, en el artículo 3o. fueron refrendados los propósitos de la educación, la responsabilidad del Estado en sus tres órdenes de gobierno, la obligatoriedad, la no discriminación y su gratuidad.

De tal manera, la Constitución retomó varios de los conceptos surgidos del trabajo internacional en la materia educativa, apropiándola no sólo como un postulado legislativo, sino como la descripción de un derecho con características reconocibles, mencionando su obligatoriedad, laicidad y gratuidad, tres de sus características más famosas e importantes.

Además de lo anterior, estipula el derecho humano y social a la educación que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, contribuir a la mejor convivencia humana y al aprecio por la dignidad de la persona, sustentada en ideales de fraternidad e igualdad de derecho de todas las personas evitando privilegios, luchando contra todo tipo de discriminación.

Continuando con la adecuación del precepto constitucional, en 2013, el artículo en cita fue modificado de nueva cuenta, en esta ocasión, el objetivo fue imponer la obligación estatal de proveer los requerimientos materiales, métodos e infraestructura educativa, con la intención de garantizar el máximo aprendizaje de las personas. Lo anterior, atendiendo a la disposición previa de la gratuidad de la educación, ya que para contar con los requerimientos necesarios no podría solicitarse contraprestación alguna a las personas beneficiarias del derecho.

En atención a las reformas constitucionales en materia de educación, el Congreso de la Unión creó y actualizó la Ley General de Educación, misma que puntualiza las principales características de la educación de acuerdo a los Tratados Internacionales y al contenido de la propia Constitución.

La Ley Reglamentaria en el artículo 2o. establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, en el artículo 3o. se dispone que el Estado estará obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo aprendizaje, el artículo 4o. estipula la obligación de cursar la educación preescolar, primaria y secundaria; por su parte, el artículo 5o. estipula el carácter laico de la educación impartida por el Estado.

En cuanto a la gratuidad, el artículo 6o. estipula que la educación impartida por el Estado no tendrá costo alguno, menciona también que las donaciones o cuotas voluntarias que se aporten no deberán entenderse como una contraprestación del servicio educativo; además, señala que las autoridades educativas establecerán mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las citadas donaciones o cuotas voluntarias.

A pesar de la intención de las legisladoras y legisladores, se considera que el actual Artículo 6º no está directamente vinculado a las obligaciones estatales que propicien la gratuidad de la educación, su redacción actual motiva diversos problemas en detrimento del correcto ejercicio del derecho a la educación gratuita, para muestra basta recordar que el pasado seis de septiembre fue difundido un video donde se aprecia a una persona que, como sanción, pretende quitar libros de texto gratuitos a niñas y niños que no habían pagado la cuota legalmente descrita como voluntaria.

Son constantes las represalias en contra de quienes por alguna cuestión personal no realiza alguna aportación en dinero o en especie al centro educativo donde estudian sus hijas o hijos, lo anterior, motivado por disponer jurídicas eminentemente civiles como la donación o las cuotas voluntarias a la materia educativa, siendo que desde 2013, la obligación constitucional de proveer todos y cada uno de los requerimientos de las escuelas corre a cargo del Estado.

Es evidente que con la presente Iniciativa no se pretende hacer nugatoria la libertad de realizar donaciones a los centros educativos, sin embargo, se estima necesaria una nueva redacción, a efecto de que la legislación secundaria sea reflejo fiel de lo contenido en el párrafo tercero del artículo 3o. de la Constitución; evitando así confusiones o malas interpretaciones que deriven en el cobro indebido de cuotas como contraprestación a los servicios que se prestan en las instituciones educativas públicas.

El problema del cobro obligatorio de cuotas voluntarias no sólo es semántico, representa falta de certidumbre en su imposición, en su cuantía y en su destino. A ciencia cierta no se tienen datos claros sobre cuánto se percibe por ese concepto, no se sabe cuánto se eroga en cada ciclo escolar, no se sabe quién lo administra y si representa un negocio y una forma de vida para alguien, lo que queda claro es que en la actualidad representa un impedimento para el correcto ejercicio del derecho a la educación gratuita.

Derivado de lo anterior, en agosto de 2015, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública Federal, con la intención de solicitarle la vigilancia de los proceso de cobro de cuotas en las escuelas públicas, ya que existe una tremenda opacidad en el tema y, tanto autoridades como madres y padres de familia consideran que tales cuotas son obligatorias, por lo cual las pagan a pesar de representar un perjuicio a su patrimonio.

Por lo anterior, se considera necesario clarificar el contenido de ley, que deje constancia del espíritu instaurado en el artículo 3o. constitucional y de certeza jurídica sobre la gratuidad de la educación impartida por el Estado.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación

Único. Se reformael artículo 6o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita.

Para garantizar lo anterior, el Estado proveerá los aditamentos, materiales y requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares en sus ramas académicas y administrativas, por lo que queda prohibido a los particulares y/o a las autoridades escolares, solicitar alguna aportación o el cobro de cuota alguna para el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Los particulares que así lo deseen, podrán realizar donaciones en dinero o en especie únicamente con el carácter de voluntarias, mismas que en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. En tal caso, las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, deberán establecer y hacer del conocimiento público, los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de los recursos económicos o materiales recibidos a través de las donaciones.

Queda prohibido el cobro por cualquiera de los servicios educativos proporcionados por el Estado.

Queda prohibido condicionar la inscripción, el acceso al centro escolar, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación o de libros de texto, y en general, cualquier actividad relacionada con los servicios educativos, a la realización de contraprestación alguna.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos 60 años, el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía mexicana, principalmente como generador de divisas, empleos e impulsor del progreso regional. El turismo es un instrumento generador y distribuidor de riqueza y trabajo, es un movilizador que canaliza la inversión para producir una expansión económica. Asimismo, genera un mercado de empleos diversificado con una baja inversión, crea una balanza de pagos favorable y desarrolla las actividades económicas locales.

Desde hace 10 años, México ha sido el octavo destino turístico en el mundo, en 2014 fue visitado por más de 25 millones de personas. La actividad turística generó una derrama de más de 12 mil millones de dólares, colocándose como la cuarta actividad más importante en la captación de recursos económicos, sólo debajo de las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas remitidas desde el extranjero. Durante el primer semestre de 2016, México ha recibido cerca de 11 millones de turistas extranjeros, lo que representó un aumento de 3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

La actividad turística contribuye con cerca del 9 % del Producto Interno Bruto, con más de 40 mil empresas en el ramo, generando más de 7 millones de empleos.

Derivado de la importancia del tema, es necesario fijar la atención en quienes propician que esta actividad económica sea lo exitosa que es; este es el caso de los guías de turistas, conocidos como la “cara visible del sector”, quienes se encargan de atender, asistir, conducir, informar, supervisar, hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turista durante su estadía en un país nuevo y desconocido. Son los responsables de enseñar e interpretar la cultura del país y de mostrar las riquezas culturales y naturales del mismo, transmitiendo respeto hacia el patrimonio a través de presentar a la audiencia una gran variedad de temas ilustrativos y de referencia.

Los guías de turistas deben desarrollar paralelamente un sistema de valores y un sistema de competencias integral, entre los principales valores se destacan la honestidad, responsabilidad, solidaridad, justicia, identidad cultural, entre otros. En el ámbito de las competencias, debe tener actitud de servicio, proactividad, amabilidad, empatía; así como conocimientos geográficos, históricos, arqueológicos, arquitectónicos, ecológicos enfocados al turismo.

Entre sus principales funciones se encuentran las de conducir la visita turística, lo cual implica un conocimiento teórico y empírico del espacio físico y de las características del entorno en el que ésta se desarrolla, además, brindan información sobre los puntos de interés en el recorrido y explican su atractivo. Para ello, los guías deben poseer un acervo de conocimientos científicos, técnicos y populares que suelen ser de interés de los turistas.

Aunado a lo anterior, asisten al turista, ayudándolo en todo lo que sea posible, por ejemplo a comunicarse con el mesero de un restaurante, facilitan la operación de cambio de moneda, prestan los primeros auxilios en caso de ser necesario; además, orientan y asesoran al turista al sugerirle sitios de compra, lugares donde comer, otros lugares turísticos, advirtiéndole sobre zonas inseguras o sobre determinadas costumbres locales.

Por lo anterior, es necesario que la estructura gubernamental regule su actividad, que no sólo determine los tipos de especialización y los requisitos académicos y administrativos a cumplir, sino que se establezcan mecanismos efectivos de acreditación, seguimiento, evaluación, retroalimentación del desempeño y apoyo para el desempeño eficiente de sus funciones.

En el caso de México, la Secretaría de Turismo federal, a través de la Dirección General de Certificación Turística; acredita a los guías de turistas de acuerdo a las Normas Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002, donde se define la actividad como el conducto por el que se da a conocer el patrimonio natural y cultural de los destinos con los que cuenta el país. Reconoce la importancia de su trabajo al mencionar que la relación que establecen los guías con los visitantes y la manera de presentar los atractivos turísticos posibilita la repetición y recomendación del país visitado, lo que redunda en beneficios económicos para el país.

De igual manera, mencionan que las nuevas tendencias de la demanda exigen contar con guías altamente capacitados; en este sentido, las normas previenen esquemas definidos para la obtención de la credencial de reconocimiento en la formación delos guías, con los que se demuestra el reconocimiento de los altos niveles de seguridad y respeto al medio ambiente y a las comunidades con que los turistas deben desarrollar actividades y de las cuales, los guías forman parte.

Se sabe que en un gran porcentaje, la labor de los guías incide directamente en que los turistas se lleven una buena impresión del lugar que visitaron. Por desgracia, a pesar de su valiosa aportación para el desarrollo del turismo y de la economía nacional, se trata de un gremio laboral muy desprotegido, que en la mayoría de los casos no cuentan con prestaciones laborales, no cuentan con seguridad social, con fondo para el retiro, con prestaciones médicas, ni perciben un salario fijo y que, no siendo poco lo anterior, se ven en la necesidad de erogar parte del producto de su trabajo para tener acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas federales, donde pretendan desempeñar sus funciones.

Se trata de una labor importante que está prácticamente en desamparo, no existen programas o acciones gubernamentales que los apoyen y que faciliten el desempeño de su labor, a pesar de las estrictas medidas existentes para su acreditación.

En ese sentido, con la intención de apoyar a este sector laboral, el 16 de febrero de 2016, presenté una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicitó al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Turismo federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, promovieran acciones para garantizar que los guías de turistas tengan acceso sin costo a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación.

En atención a lo anterior, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, fue la abocada al estudio y dictamen de la Proposición, donde expuso que coinciden con su espíritu, derivado de la importancia del trabajo de los guías de turistas, por lo que el día 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de Cultura federal a promover el acceso sin costo a los guías de turistas debidamente acreditados, tal como fue solicitado en el Punto de Acuerdo del que se habla.

A pesar de lo anterior, el día 27 de julio de 2016, el Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó que para el acceso gratuito sin realizar el pago de la cantidad fijada como derecho en la ley correspondiente, es indispensable que el propio precepto legal lo señale de manera literal.

Por tanto, en atención a la falta de voluntad de generar un programa o política de apoyo a los guías de turistas, se estima necesaria la modificación del Artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a efecto de legitimar la labor de los guías de turistas, impidiendo que para el desempeño de su trabajo, se vean en la necesidad de gastar sus propios recursos económicos.

Con lo anterior, se fomenta la profesionalización y el desempeño de personas en el campo de los guías de turistas y se reivindica su labor al proteger su salario.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reformael artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue

Artículo 288.Están obligados al pago del derecho por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, las personas que tengan acceso a las mismas, conforme a las siguientes cuotas

Áreas tipo AAA: $64.25

Áreas tipo AA: $61.60

Áreas tipo A: $52.22

Áreas tipo B: $46.85

Áreas tipo C: $38.83

Tratándose del pago del derecho previsto en el párrafo anterior, después del horario normal de operación se pagará la cuota de $214.21

Para efectos de este artículo se consideran:

Áreas tipo AAA:

Zona Arqueológica de Palenque (con museo); Museo y Zona Arqueológica de Templo Mayor; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional de Historia; Zona Arqueológica de Teotihuacán (con museos); Zona Arqueológica de Monte Albán (con museo); Museo de las Culturas de Oaxaca; Zona Arqueológica de Tulum; Zona Arqueológica de Cobá; Zona Arqueológica de Tajín (con museo); Zona Arqueológica de Chichén Itzá (con museo); Zona Arqueológica Uxmal (con museo); Zona Arqueológica de Xochicalco (con museo); Museo Maya de Cancún y Sitio Arqueológico de San Miguelito; Zona Arqueológica Paquime; Sitio Arqueológico Calakmul; Monumento Inmueble Histórico Templo San Francisco Javier (Museo Nacional del Virreinato);Monumento Inmueble Histórico Ex Convento San Diego (Museo Nacional de las Intervenciones);Zona Arqueológica Cholula (con museo); Sitio Arqueológico San Gervasio; y Galería de Historia.

Áreas tipo AA:

Zona Arqueológica Kohunlich; Zona Arqueológica Cacaxtla y Xochitécatl (con museo); Zona Arqueológica de Dzibilchaltún y Museo del Pueblo Maya; Sitio Arqueológico de Tamtoc; Sitio Arqueológico Ek-Balam; Sitio Arqueológico Xcambó; Sitio Arqueológico Bonampak; Zona Arqueológica Tula (con museo); Zona Arqueológica Mitla; Zona Arqueológica Xelhá; sitio Arqueológico Xcaret; Zona Arqueológica Yagul; y Sitio Arqueológico Sierra de San Francisco.

Áreas tipo A:

Zona Arqueológica Becán; Zona Arqueológica de Edzná; Zona Arqueológica de Tonina (con museo); Museo Regional de Chiapas; Museo Regional de los Altos de Chiapas; Museo del Carmen; Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego; Museo Regional de Guadalajara; Zona Arqueológica de Malinalco; Museo Regional Cuauhnáhuac; Museo Regional de Nuevo León Ex Obispado; Museo Regional de Puebla; Zona Arqueológica de Cantoná; Museo Regional de Querétaro; Zona Arqueológica Dzibanché; Zona Arqueológica de Kinichna; Zona Arqueológica Chacchobén; Zona Arqueológica Comalcalco (con museo); Museo Regional de Tlaxcala; Museo Fuerte San Juan de Ulúa; Museo Local Baluarte de Santiago; Zona Arqueológica Vega de la Peña; Zona Arqueológica de Cuajilote; Museo Regional de Yucatán “Palacio Cantón”; Museo de Guadalupe; Zona Arqueológica de la Quemada (con museo); Museo Regional de la Laguna; Museo Regional de Colima; Zona Arqueológica Tzintzuntzan (con museo); Museo de la Cultura Huasteca; y Zona Arqueológica de las Labradas.

Áreas tipo B:

Museo Regional Histórico de Aguascalientes; Museo de las Misiones Jesuitas; ZonaArqueológica Chicanná; Zona Arqueológica Xpuhil; Museo Casa Carranza; Ex convento de Actopan; Zona Arqueológica Calixtlahuaca; Museo Virreinal de Acolman; Zona Arqueológica Santa Cecilia Acatitlán(con museo); Zona Arqueológica de San Bartolo Tenayuca (con museo);Zona Arqueológica Tingambato; Zona Arqueológica Teopanzolco; Zona Arqueológica El Tepoxteco (Tepoztlán); Museo Casa de Juárez; Museo Histórico de la No Intervención; Museo del Valle de Tehuacán; Museo de la Evangelización; Fuerte de Guadalupe; Zona Arqueológica El Rey; Zona Arqueológica Oxtankah; Museo Regional de Sonora; Zona Arqueológica de Cempoala (con museo); Museo de Artes e Industrias Populares; Museo Tuxteco; Zona Arqueológica de Kabah; Zona Arqueológica de Labná; Zona Arqueológica de Sayil; Zona Arqueológica Gruta de Balankanché; Zona Arqueológica de Chacmultún; Zona Arqueológica Gruta de Loltún; ZonaArqueológica de Oxkintok; Museo Regional de Nayarit; Museo Arqueológico de Campeche; Museo Regional Potosino; Museo Casa de Allende; Museo Regional Michoacano; ZonaArqueológica la Venta (con museo); Zona Arqueológica la Campana; Zona Arqueológica San Felipe Los Alzati; Zona Arqueológica Chalcatzingo; Zona Arqueológica Ixtlán del Río-Los Toriles; y Zona Arqueológica el Meco.

Áreas tipo C:

Zona Arqueológica el Vallecito; Museo Regional Baja California Sur; Museo Arqueológico Camino Real Hecelchacán; Museo de las Estelas Mayas Baluarte de la Soledad; Museo Histórico Reducto San José El Alto “Armas y Marinería”; Zona Arqueológica de Balamkú; ZonaArqueológica de Hochob; Zona Arqueológica de Santa Rosa Xtampak; Zona Arqueológica El Tigre; Zona Arqueológica el Chanal; Museo Arqueológico del Soconusco; Museo Ex convento Agustino de San Pablo; Museo de Guillermo Spratling; Ex Convento de San Andrés Epazoyucan; Museo Arqueológico de Cd. Guzmán; Zona Arqueológica Los Melones; Zona Arqueológica de Tlapacoya; Monumento Histórico Capilla de Tlalmanalco; Ex Convento de Oxtotipac; Museo de Sitio Casa de Morelos; Zona Arqueológica de Ihuatzio; Zona Arqueológica Huandacareo La Nopalera; Zona Arqueológica Tres Cerritos; Museo Histórico del Oriente de Morelos; ZonaArqueológica Las Pilas; Zona Arqueológica Coatetelco (con museo); Ex convento y Templo de Santiago; Cuilapan; Zona Arqueológica de Dainzu; Zona Arqueológica Lambityeco; Capilla de Teposcolula; Ex convento de Yanhuitlán; Zona Arqueológica de Zaachila; Ex convento de Tecali; Museo del Arte Religioso de Santa Mónica; Zona Arqueológica de Yohualichan; Casa del Dean; Ex convento San Francisco, Tecamachalco; Ex convento de San Francisco Huaquechula; ZonaArqueológica de Toluquilla; Zona Arqueológica de Malpasito; Zona Arqueológica de Tizatlán (con museo); Zona Arqueológica de Tres Zapotes (con museo); Zona Arqueológica Las Higueras (con museo); Zona Arqueológica de Quiahiztlan; Zona Arqueológica Mayapán; Zona Arqueológica de Acanceh; Zona Arqueológica Ruinas de Ake; Zona Arqueológica Chalchihuites; Museo Arqueológico de Mazatlán; Museo de la Estampa Ex Convento de Santa María Magdalena Cuitzeo; Casa de Hidalgo, Dolores Hidalgo, Gto.; Pinacoteca del Estado Juan Gamboa Guzmán; Zona Arqueológica de Tenam Puente; Zona Arqueológica Las Ranas; y Zona Arqueológica de Muyil.

El pago de este derecho deberá hacerse previamente al ingreso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo.

Las cuotas de los derechos señalados en el presente artículo, se ajustarán para su pago a múltiplos de $5.00. Para efectuar este ajuste, las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de ajuste, se disminuirá a la unidad inmediata anterior.

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, guías de turistas debidamente certificados por la Secretaría de Turismo Federal, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable para las áreas tipo AAA, en las visitas después del horario normal de operación.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LEY GENERAL DE SALUD, LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 35 y 77 Bis 3 de la Ley General de Salud; 89 y 250-A de la Ley del Seguro Social y adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Cirilo Vázquez Parissi:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Lupita estaba a punto de cumplir 7 años de edad, como el resto de los niños, su afán de jugar y soñar era inagotable, como muchos otros niños.

Luego de acudir a la escuela, acompañaba a su abuela a trabajar en un puesto en la plaza cívica, para ayudarse en la manutención del hogar con la venta de dulces, ¿cuánto podría ganar? Una tarde cualquiera, a poca distancia de su abuela, comienza a llorar por un dolor abdominal. Preocupada la abuela, la lleva a la clínica a más cercana, luego de varios minutos de incertidumbre le abren las puertas de urgencias, pero el personal le dice que no son derechohabientes, y que por reglamento no pueden ser atendidas.

Doña Elsa no comprende si es o no es derechohabiente, tiene a Lupita llorando de dolor. Lupita requiere ser atendida, pero el médico avergonzado, le dice que acuda al hospital civil más cercano, ¿Por qué tiene que ser esto una limitante? ¿A quién le importa en una emergencia si eres derechohabiente o no? Es una niña que requiere atención médica. Esta historia, como la de muchos otros niños no es un tema menor, requiere de la mayor sensibilidad.

Es cierto, que existen programas como IMSS-Próspera, Seguro Popular, para una nueva generación que cubre de cero a seis años de edad, y el actual seguro médico para estudiantes de nivel media superior y superior. En promedio, entre los 15 y 23 años de edad. Aun así, ¿Dónde quedan los niños de la calle? ¿Los niños del campo y aquellos niños que no tienen la oportunidad de estudiar y tienen que trabajar? ¿A dónde quedan? Qué haremos por niños como Toño, cuyo padre ha perdido el empleo y no es derechohabiente del Seguro Social. Es necesario replantear el esquema normativo de protección social involucrando la atención gratuita de niños, niñas y adolescentes en instituciones de seguridad social, como IMSS e ISSSTE, para que en esta práctica gocen del más alto nivel de salud.

¿Qué no haríamos por un hijo? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar por un hijo enfermo? Somos responsables de salvaguardar los derechos de millones de niñas y niños en este país. Veamos el gran compromiso social que tenemos por ellos. Generemos acciones que trasciendan a largo plazo, pensemos en los beneficios que traerá para el tejido social.

Es cierto que vivimos tiempos difíciles, pero estamos invirtiendo en futuros ingenieros, maestros, astronautas, doctores, políticos, arquitectos, ingenieros. Estamos invirtiendo en nuestro mayor capital social, el 30 por ciento de nuestra población.

Compañeras y compañeros, esto no es un tema de colores, no son luchas individuales. Es México, por lo que estamos aquí presentes. Cada uno buscamos el beneficio de nuestro México. Buscamos el beneficio de millones de mexicanos que tal vez piensen que no nos preocupamos y que somos indiferentes ante la realidad; pero, es cierto, amamos México y compartimos el mayor interés de que el país avance, porque aquí solamente tenemos un enemigo en común: la indiferencia ante la realidad.

Toda norma en toda ley se puede mejorar. Ésta es la esencia de la propuesta: que las niñas y niños y adolescentes, aun sin ser derechohabientes, gocen de los más altos estándares de atención. Sólo así corresponderemos a la Constitución y a los derechos de la niñez.

Antecedentes de voluntad los hay: cobertura universal para que mujeres embarazadas puedan ser atendidas en los institutos de seguridad social, sin importar que estén o no estén afiliadas; incluso políticas asistencialistas, como adultos mayores. Soy un ciudadano más que confía en que las grandes historias se marcan por la voluntad y determinación de beneficiar a la mayoría, por ello los invito a que hagan suya esta iniciativa, porque nuestro presente es fugaz y debemos dejar huella. Recordemos que la diferencia entre la voluntad política y la demagogia está siempre en las acciones. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vázquez Parissi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Salud, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a jóvenes de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, invitados por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, y a dirigentes vecinales de la colonia Guadalupe del Moral, de Iztapalapa, invitados por el diputado Jerónimo, vicepresidente Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Patricia García García:Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, al referirnos a los derechos humanos y de hacer realidad las garantías de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la doctrina del orden jurídico nacional e internacional es amplia y los pone en el centro de atención.

El derecho a un nombre e identidad es un derecho humano que debe garantizarse desde el nacimiento por ser necesario para el disfrute de todos los demás derechos fundamentales. Sólo con este instrumento, acta o certificado se puede acceder a todos los demás derechos y se puede garantizar por parte de los familiares y del Estado la adecuada protección de la esfera jurídica de las niñas y adolescentes.

El día de hoy también acudo al llamado de cientos de miles de connacionales que no tienen un acta de nacimiento en el país vecino, y que por dicha carencia no tienen una opción para regularizar su situación migratoria, razón por la cual son vulnerables a las autoridades migratorias, con la posibilidad de ser deportados a México y separarlos de sus familias por carecer de un documento que puede expedirse al momento en la embajada o consulado correspondiente.

Es de acuerdo a la UNICEF, en su reporte de 1999 a 2009 menciona que el certificado o acta de nacimiento de una niña o un niño al nacer se convierte en el documento oficial de su existencia, así como el instrumento para el reconocimiento en sociedad e incluso ante su propia familia. Y qué decir de sus vínculos nacionales, culturales y sociales.

Por ello es de fundamental importancia establecer que en el momento de nacer y ser registrados se les entregue en el acto inmediato su certificado y acta de nacimiento, en virtud de que esta omisión puede contribuir a la vulnerabilidad del derecho a la identidad y a la debida protección de su esfera jurídica.

Al respecto, la falta del documento que acredite el registro de nacimiento en el Registro Civil, sin duda una omisión y una violación del derecho humano a la identidad de las niñas y de los niños, por ser lo que los acredita y les permite tener participación social y, al mismo tiempo, acceder a los servicios al facilitarles su inclusión a la vida económica, política y cultural, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales, como es el derecho a la salud, al de la educación, al cuidado y, obviamente, a la protección, siendo estas las principales razones por la cual todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial que especifique su nombre, su apellido, nacionalidad, la identidad de sus progenitores.

La expedición inmediata de este documento que acredite el nacimiento permite el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño y la formalización de su nacimiento ante la ley.

Además, ante cualquier eventualidad, le permitirá al niño preservar sus orígenes. Es decir, las relaciones que los unen con sus padres biológicos, así como su nacionalidad y origen local, facilitando su integración social y jurídica.

Si no se expide de inmediato el acta o el certificado, la vulnerabilidad de la niña o el niño sigue persistente. De ahí que en esta iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se pretende sustituir el concepto de ágil a de manera inmediata al momento del registro, por no existir impedimentos administrativos o tecnológicos para tal fin.

Señoras y señores, tenemos que proteger a nuestros niños desde su nacimiento. El derecho a su identidad es muy importante, por lo que les pido a todos ustedes que apoyen la presente propuesta de reforma.

Señora presidente, le solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, buenas tardes.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Siempre es un gusto alzar la voz por la comunidad científica. Con su venia, diputada presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Esta presente iniciativa tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, facultando al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que actúe como instancia técnica en todas las dependencias federales, para el ejercicio racional y transparente del presupuesto destinado al sector de ciencia, tecnología e innovación.

Para realizar esta iniciativa, fue indispensable un punto de acuerdo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con fecha del 9 de febrero del presente año, para el seguimiento al presupuesto establecido en materia de ciencia y tecnología 2016.

Las respuestas de las dependencias reflejan que es inminente que requieren un órgano regulador que los apoye y asesore, para transparentar los recursos que tienen asignados y que estos lleguen al sector de la ciencia, tecnología e innovación.

Es por ello, que propongo que el Conacyt colabore con las dependencias, para establecer procedimientos que permitan que se realicen las inversiones reales y transparentes en el sector tecnológico, lo cual permita acercarnos a lo establecido en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, de este modo podremos llegar a una inversión del 1 por ciento del PIB para este sector.

El eficientar los recursos asignados al sector, se incrementarán los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y relación con terceros o en asociaciones estratégicas.

En el largo plazo esto atraerá mayor inversión privada para el sector de ciencia y tecnología en el país, ya que ningún país con altos estándares en la materia invierte sólo recursos públicos.

Esto es importante. Necesita una alianza estratégica la inversión pública y privada. Es indispensable crear una nueva política integral de ciencia, tecnología e innovación que, por un lado, impulse plural y equitativamente el desarrollo de esta materia en el marco de la sociedad del conocimiento y no como un programa económico asistencial.

Se debe ampliar la riqueza científica como una herramienta para la planeación nacional y no solo como un requisito para la federación o los estados, que incrementen el presupuesto anual de las instituciones de educación superior, además de eliminar todos los impedimentos que tienen los científicos al desarrollar su trabajo en el país.

Es necesario establecer un ejercicio racional, transparente y eficaz del presupuesto asignado al sector, y el Conacyt debe ser la instancia técnica que asesore y regule el presupuesto de todas las dependencias federales, a fin de impulsar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia.

Por eso es que esta iniciativa, que debe ser fundamental para el desarrollo del país, debe eficientar la inversión y seguir motivando al sector en la nación.

Hoy la cruda realidad en México ya no aguanta el programa, ya no aguanta un programa de ciencia y tecnología e innovación desvinculado de las grandes prioridades de la agenda nacional.

Se requiere cada vez con mayor urgencia un proyecto útil de ciencia que permita reorientar el modelo de crecimiento nacional en sus diferentes áreas.

Debemos tener presente que la ciencia y tecnología son fundamentales ahora para competir en la economía del conocimiento.

Finalmente, quiero recordar al químico francés, Luis Pasteur que mencionaba, la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen.

Esta Presidencia saluda a los líderes del distrito XXIV de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alma Arzaluz Alonso, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, durante los últimos años el tema de la contaminación por olores ha cobrado relevancia con una de las múltiples preocupaciones existentes en materia ambiental.

Este tipo de contaminación involucra no solo situaciones que efectivamente representan un riesgo para la salud de los individuos, sino también aquellos casos en que la presencia del contaminante genera molestias que afectan la calidad de vida de quienes la padecen.

Los malos olores pueden causar efectos tanto físicos como mentales, toda vez que se han observado reacciones fisiológicas actuando sobre el sistema nervioso central o periférico.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud es muy clara: si hay malestar, hay un problema de salud. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto incorporar el concepto de contaminación odorífera en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; toda vez que si en la legislación se reglamenta o establecen límites para regular la contaminación visual y auditiva, se requieren umbrales y criterios para mantener la condición de salud y confort de las personas en cuanto al sentido del olfato.

Con la presente propuesta el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso con la ciudadanía, de cumplir con el mandato constitucional de mantener un medio ambiente sano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Diana Marcela Márquez Canales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía.

La diputada Diana Marcela Márquez Canales:Con su venia, señora presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el cine es una gran industria que genera fuentes de empleo, inversiones y promoción turística, entre muchas otras cosas.

En torno a una película podemos ubicar actividades de diversas profesiones, como actores, directores, guionistas, productores, camarógrafos, iluminadores, escenógrafos, maquillistas, diseñadores de vestuario y un gran público que siempre está dispuesto a ver algo en la pantalla.

El cine es, sin duda, un motor económico importante, con un gran peso cultural. No podemos imaginar el México de hoy sin la riqueza del cine. La cinematografía es el ejemplo más claro de que la cultura es mucho más que el conjunto de disciplinas artísticas o un rubro que debe ser considerado como el conjunto de actividades relacionadas con el ocio y el entretenimiento.

El cine es una actividad cultural que requiere de la existencia previa de una cadena productiva industrial para garantizar la existencia y la comunicación con su público. Son diferentes procesos que se encadenan generando empleos, proyección nacional internacional y una gran cantidad de vínculos con otras cadenas productivas. Estas son características de lo que se puede denominar una industria.

El cine, visto solamente como una actividad artística quedará rezagado y condenado a que solo unos cuantos puedan acceder al trabajo creativo sin la participación de todos los colaboradores que requiere una producción cinematográfica.

Considerando que el cine es una de las formas de mayor difusión de la cultura de un pueblo o de una nación, la Ley Federal de Cinematografía contempla desde 1999, la existencia del fideicomiso denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. El objetivo es el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica nacional y brindar un sistema de apoyos financieros que sirva de garantía y promueva las inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.

Para el funcionamiento del Fidecine, se contempla en la propia ley, la existencia de un comité técnico cuyos integrantes deben estar vinculados con el quehacer cinematográfico. Este comité se integra por siete personas, una representación de la Secretaría de Hacienda, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía, uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, uno de los productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, el séptimo integrante es el que lleva la representación de los trabajadores.

Sin embargo, la redacción del artículo 37 de la actual Ley Federal de Cinematografía contempla en esta representación, la participación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, lo cual puede ser inconstitucional, va en detrimento de los derechos de igualdad con relación a los otros sindicatos existentes y de los trabajadores dentro de la industria cinematográfica.

La presente iniciativa se propone la reforma para que la representación de los trabajadores sea considerando a todo el universo de los sindicatos y a todos aquellos trabajadores que ejerciendo su derecho constitucional de libre afiliación o ejercicio libre de la profesión, opten por laborar de manera independiente. Se prevé también, que este representante deberá ser electo de manera personal por el voto directo y secreto.

Compañeros diputados y diputadas, presento esta iniciativa esperando obtener su voto favorable y con el propósito de hacer una contribución a la democracia en el ámbito cultural de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidenta. Lo que venimos a plantear hoy desde Movimiento Ciudadano es la necesidad de hacer un alto en el camino del modelo de democracia electoral que ha adoptado México, para garantizar que podamos enfrentar la crisis sistémica que hoy tenemos en este país derivado del hartazgo, derivado del distanciamiento entre clase política, entre clase gobernante, entre partidos políticos y ciudadanos.

Es cierto que hay un capítulo de esta crisis que le toca al gobierno y nosotros aquí lo hemos señalado, pero si analizamos los instrumentos de opinión pública, el latino barómetro en particular, veremos que la crisis es de la vida pública en su conjunto; que lo que está en crisis es los partidos políticos, los organismos autónomos, los distintos poderes; este Poder Legislativo, el Poder Judicial, y que eso se deriva de malas decisiones que hemos tomado.

Por ejemplo el llamado modelo de espotización que se derivó de la reforma electoral de 2007. Es un modelo que está agotado, que ha hartado a los ciudadanos y que les ha dejado como consecuencia más de 100 millones de spots a los ciudadanos que han tenido que ver en estos últimos años como consecuencia de ese modelo de espotización. Un muy mal entendimiento de lo que son los tiempos del Estado en radio y televisión.

Esta iniciativa hace eco de lo que algunos intelectuales, destacadamente Gabriel Said, pero también por ejemplo León Krauze hace unos días, han señalado en la necesidad de que el debate de las ideas, el debate entre partidos políticos, en debate entre candidatos, sea una obligación en nuestra democracia, en recortar el modelo de espotización que actualmente es de 41 minutos diarios en un 60 por ciento para darle mayor tiempo a debates obligatorios; que no dependa de si la televisora o los concesionarios están o no están de acuerdo con transmitir un debate entre candidatos o un debate entre partidos.

Nosotros estamos viendo hoy en las elecciones de Estados Unidos la importancia que tienen los debates en una contienda democrática, la importancia que tiene el contraste de ideas, pero además también estamos viendo la crisis interna en los partidos políticos, la crisis de los actores por la forma en que se están usando estos tiempos de radio y televisión. Son o no actos de precampaña y sobre todo son o no actos que contribuyan a la democracia.

De qué les sirve a los ciudadanos ver 30 segundos diseñados por un publicista, por un estratega de comunicación para generar impacto. ¿Por qué hay, por ejemplo, este divorcio en el proceso constituyente de la ciudad de México, entre los ciudadanos y quienes representan a los partidos en el constituyente de la ciudad de México? Porque lo único que les comunicamos por meses, fueron spots de 30 segundos que más que convencerlos de la necesidad de una Constitución en la ciudad de México o de nuestra propuesta para esta Constitución, los convencían de votar por un partido, de identificarse con un partido político en un modelo que lo único que genera es hartazgo, que la única consecuencia que ha tenido es mayor abstencionismo y mayor rechazo a los partidos, y que no le abona al contraste de las ideas y de las propuestas.

Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el tema de los spots, y también ha combatido este modelo en los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, pero hoy planteamos una reforma constitucional para darle un mayor peso a la deliberación pública y a los debates.

Nosotros creemos que el momento del país es tan delicado que si convertimos la elección del 2018 en una elección en la que los ciudadanos tengan que contrastar entre spots de 30 segundos, no estaremos contribuyendo a la sanación, al rescate democrático del momento de crisis que vive el país y que atraviesa la vida pública de México. Por eso proponemos una reforma constitucional para que el 60 por ciento del tiempo oficial en radio y televisión sea destinado a debates obligatorios entre dirigencias partidistas en tiempos no electorales y entre candidatos en tiempos electorales, para que los ciudadanos puedan contrastar, para que los ciudadanos puedan comparar, para que los ciudadanos puedan tener lo que la Constitución les da como derecho: un voto informado, un voto razonado que nos permita tener no solamente mejores gobiernos, sino agendas más claras y más definidas en torno a los problemas que afectan a la sociedad. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Esta Presidencia da la bienvenida a alumnos de la escuela primaria Itzcóatl Xochimilco, invitados por la diputada Claudia Villanueva Huerta.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 7o., y 12 de la Ley General de Educación.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:“Aprender otro idioma no es solamente aprender diferentes palabras para las mismas cosas, también es aprender otras maneras de pensar acerca de esas cosas”. Flora Lewis.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. México está integrado en una dinámica global de constante movimiento y transformación. Enfrentar con éxito el reto que significa la globalización, requiere consolidar una educación de calidad que brinde a nuevas generaciones los conocimientos y herramientas necesarias para incorporarse a un mundo cada vez más competitivo. Un mundo que se mueve en torno a la educación, como uno de los factores clave para el progreso de la nación, en especial, aquellas naciones en donde la pobreza y las diferencias culturales aún marcan una distancia de desigualdad entre sus ciudadanos.

Para Nueva Alianza la educación ha sido, es y será un eje rector de nuestro trabajo legislativo. Desde nuestro ámbito, lo hemos impulsado incasablemente como el principal factor de movilidad social.

Con esa convicción someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción VII Bis al artículo 7o. y una fracción V Quáter, al artículo 12 de la Ley General de Educación, a fin de incluir la enseñanza de una lengua extranjera en el sistema de educación básica.

El propósito es, que las nuevas generaciones inicien el aprendizaje de otro idioma desde el nivel de preescolar y con ello puedan desarrollar las habilidades para comunicarse con una segunda lengua.

En Nueva Alianza tenemos la certeza que una educación de calidad implica desarrollar modelos educativos de alto impacto académico y social, acordes con las exigencias de una sociedad que tiene una necesidad y una obligación de ser más competitiva.

Y el aprendizaje de un segundo idioma, sin duda es un instrumento fundamental para alcanzar esa competitividad. De igual manera, incluir la obligatoriedad de enseñar desde el nivel preescolar y el nivel básico, un idioma extranjero. Va en esa línea directa con el espíritu de la reforma educativa, cuyo objetivo primordial es alcanzar la calidad de la educación y formar individuos mejor capacitados para insertarse en el escenario de la sociedad del conocimiento.

Los beneficios de dominar una segunda lengua son muchos, desde la posibilidad de disfrutar una película extranjera o entender una canción hasta la oportunidad de acceder a un buen empleo o expandir las redes de un negocio con todas las bondades económicas que esto conlleva.

Aunado a ello, saber un segundo idioma resulta de suma importancia para entender y manejar adecuadamente las herramientas tecnológicas que hoy mueven al mundo y que evolucionan a gran velocidad.

En el aspecto personal expande el conocimiento, incrementa la cultura y permite ampliar las relaciones sociales al contar con la habilidad de entablar una comunicación o interactuar con personas de otros países.

Por todo lo anterior, aprender otro idioma resulta un requisito casi indispensable que marcará la diferencia para conseguir un mejor trabajo, acceder a más o mejor información y, en general, para alcanzar mayores niveles de bienestar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Señoras y señores legisladores, es para mí un honor nuevamente hacer uso de esta tribuna ahora para presentar una iniciativa de ésas que traerán libertad a nuestra nación, de ésas que garantizarán la libertad de expresión de todos los mexicanos y que terminarán haciendo que nuestra sociedad sea una sociedad completamente abierta, plural y diversa.

Venimos a proponer a nombre del Partido Encuentro Social la modificación a los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que se les permita a las asociaciones religiosas ser concesionarias y poseer medios de comunicación.

Actualmente esto es una realidad que acontece y sucede día con día en nuestro país y nosotros creemos que ha llegado el momento de poner en la legislación esa posibilidad y ese derecho que deben de tener las personas morales que se dedican a actividades religiosas, para poseer medios de comunicación masivos que hasta el día de hoy ha estado prohibido por nuestra legislación.

Hemos de decir que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, define la libertad de expresión como un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Sin ella ninguno de estos conceptos podría funcionar o prosperar.

Es la libertad de expresión la que se requiere también en los medios de comunicación que estén claramente a todos sin discriminación. Es decir, que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios, pues son los medios de comunicación los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión.

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José garantizan el derecho a la libertad de expresión, ambos en sus correspondientes artículos 19.

La libertad de expresión no sólo es importante en sí misma, sino que también es esencial para que otros derechos humanos puedan ser realizados. La incongruencia y contradicción con el marco internacional y nuestra legislación interna de respeto a los derechos humanos es que la Ley Reglamentaria del artículo 24 constitucional, es decir la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público limita a las AR el acceder a los medios de comunicación que sirven de vehículo para la expresión de las ideas e información.

Negar una concesión a una asociación religiosa por el hecho de serlo, es un grave atentado contra el artículo 7o de la Constitución General de la República, vulnerando el derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

Retomando el contenido del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es la que limita a las Asociaciones Religiosas de administrar y poseer medios de comunicación masiva.

Es importante señalar que dicha disposición adolece de fallas graves de inconstitucionalidad, por lo que resulta inaplicable y, en consecuencia, debe ser suprimida del texto de esta ley reglamentaria.

Con este objetivo, nosotros de manera muy concreta estamos proponiendo que el artículo 16 de esta ley en comento quede como sigue: Las asociaciones religiosas podrán poseer o administrar concesiones para la posesión de estaciones de radio, televisión, cualquier tipo de telecomunicación o medios de comunicación masiva, incluidas las publicaciones impresas sin fines de lucro y solo para lograr su objeto, con los requisitos y condiciones que señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás leyes y reglamentos aplicables.

Ha llegado el momento que en nuestra nación todos tengamos derecho, en pleno uso de nuestra libertad de expresión, a manifestar públicamente nuestras ideas, utilizando los medios de comunicación masiva. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio y Televisión, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes:Con su venia, diputada presidenta. El cuidado de los hijos en la primera etapa del crecimiento es uno de los procesos más importantes en la formación física y mental de un ser humano. Por ello es imprescindible para una sociedad en constante crecimiento, como la nuestra, garantizar las prestaciones de un servicio de calidad, en materia de estancias infantiles, sobre todo cuando se trata de trabajadores que no tienen acceso a los servicios que brinda el Estado mexicano.

Para las madres y los padres que son jefes de familia, la búsqueda de opciones de empleo y la responsabilidad frente al cuidado de sus hijos implica una disyuntiva completa.

Esta situación, aunada a las dificultades para pagar y acceder a la escasa oferta existente lleva a muchas madres y a padres a encomendar el cuidado de sus hijos a terceros e incluso en ocasiones a dejarlos en condiciones precarias, ante la necesidad de tener que salir a trabajar.

Es por ello que la presente iniciativa busca establecer en ley de obligatoriedad, de contar con espacios de cuidado infantil en los centros de trabajo, sin dejar esta tarea únicamente en los empleadores, sino hacerlo en coordinación con el gobierno, a través de las instituciones de seguridad social para subsidiar los gastos. Para ello, se plantea la creación de estímulos fiscales para aquellos empleadores que acondicionen y coordinen esta prestación para sus empresas.

Debemos tomar en cuenta que hoy en día pagar a una niñera o llevar al bebé a un centro de cuidado infantil de calidad, puede implicar un gasto importante para las familias con bajos y medianos ingresos.

Vale la pena destacar que en nuestro país, los políticos en materia de cuidado de la primera infancia deben tener un enfoque que integre a los derechos de las y los niños la igualdad de género y la inclusión social en las familias.

Para lograr lo anterior, es necesario que estas políticas se desarrollen en forma transversal. Es decir, que la sociedad, gobierno e iniciativa privada establezcan las prioridades para garantizar su sano desarrollo y cuidado óptimo.

En este sentido, la presente iniciativa no es limitativa en cuanto a sus beneficios, ya que en ella se establece un incentivo fiscal para las empresas y también la posibilidad de generar nuevas fuentes de empleo en este sector.

Nuestras niñas y nuestros niños se verán beneficiados con cuidados y atenciones adecuadas. Además, de que la cercanía con sus padres frente a cualquier situación de emergencia será un elemento adicional en esta cadena virtuosa.

Los padres trabajadores tendrán menor preocupación sobre dónde y por quién son cuidados sus hijos. Además, de que se disminuirá el gasto que les representa el cuidado particular.

Por su parte, los empleadores podrán ser acreedores a los incentivos fiscales, a través del impuesto sobre la renta, y contarán con el apoyo de las instituciones de seguridad social para que les brinden el personal encargado de la atención de los niños. Todo lo anterior se verá reflejado en un menor índice de ausentismo y mayor productividad, lo cual por supuesto tendrá un impacto positivo en la economía.

Es muy importante también señalar, que la posibilidad de contar con un apoyo para el cuidado de los hijos aumenta el acceso de las mujeres con una fuente de empleo. No omito mencionar, que países, como Paraguay, como Chile, como Brasil, como Venezuela, Guatemala ya cuentan con esta legislación sobre este mismo tema.

Por lo anterior expuesto, solicito a esta honorable Cámara de Diputados se sirva discutir y, en su caso, aprobar la presente iniciativa, que sin duda representará un avance en materia de estancias infantiles y apoyo a la economía familiar. Es cuanto, diputada presidenta, gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 3, 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. No estando la diputada en el salón de sesiones se difiere su intervención para dentro de unos minutos.

LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Por tanto, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde también.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, desde 1943 nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social se constituyó como uno de los pilares de la modernidad mexicana porque nació, precisamente, de una exigencia histórica de igualdad en la prestación de los servicios de salud y otros derechos de carácter social.

Algunos años más tarde el ISSSTE se creó para dotar de una estructura garantista similar a los trabajadores del Estado.

Desde entonces, Seguro Social e ISSSTE han administrado recursos de los trabajadores para que sus derechohabientes cuenten con seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes. Del mismo modo otorgan servicios de guardería y dice nuestra Constitución, cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

En ese contexto ambas instituciones cuentan con servicios de pensiones que por mandato constitucional, convencional y legal se extiende a sus dependientes económicos, sean hijos menores y cónyuges supérstites.

La reforma integral a la Ley del Seguro Social de 1995 materializó muchas de las importantes demandas que no cumplía en toda su extensión la Ley de 1973.

Varias reformas aprobadas en las últimas legislaturas están relacionadas con el mejoramiento de las pensiones para los trabajadores del ISSSTE, del IMSS y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

No obstante, a pesar de los avances que se han logrado, se ha conservado una disposición notoriamente inconstitucional, que vulnera los derechos de las personas. Nos referimos al artículo 132 de la Ley de Seguro Social, la que establece:

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos:

Fracción I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio”.

Esta disposición, ya de por sí inconstitucional, únicamente queda sin efecto cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él, lo que a dicho de la Corte hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto.

En el mismo sentido, el artículo 136 de la Ley del ISSSTE establece: “No tendrá derecho a pensión el conyugue si persiste en los siguientes casos:

1o. Cuando la muerte del trabajador o pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio.

Ambas disposiciones que acabo de leer han sido aclaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, ya que se trata de una restricción arbitraria, no razonable y no justificada en atención al examen de proporcionalidad que ha instruido y que aplica en sus resoluciones.

Específicamente en lo que se refiere a la Ley del Seguro Social, la Corte resolvió: Para la procedencia de la pensión de viudez el legislador la condiciona a que la muerte del trabajador o pensionado no ocurra dentro del periodo señalado posterior a la celebración del matrimonio, es decir, a una causa ajena a él mismo.

En esa virtud, no se desprenden motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas en igual situación sí tienen. Por ello, estamos proponiendo que ambas disposiciones, tanto en la Ley del Seguro Social, como en la Ley del ISSSTE sean derogadas, a fin de garantizar que los conyugues supérstites tengan el derecho de una pensión por viudez, aun si no cumplieron con seis meses de matrimonio; término arbitrario y sin soporte constitucional. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.

La diputada Evelyn Parra Álvarez:Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. La iniciativa que el día de hoy vengo a presentar busca eliminar cualquier forma de discriminación en contra de las personas que sufren algún trastorno del espectro autista, ya que se ha reconocido por nuestro máximo tribunal, las contravenciones a convenios internacionales suscritos por nuestra nación y atentan contra los avances que hemos logrado en materia de derechos humanos.

Sabemos que este padecimiento presenta como característica las dificultades que tienen las personas que lo padecen para interactuar con otros individuos de la sociedad, así como demuestran un interés por las actividades repetitivas y logran diferentes formas de manifestaciones creativas.

Al día de hoy, no se conocen las causas que lo originan, aunque se sospecha primordialmente de factores genéticos y hasta ambientales, no hay resultados concluyentes que demuestren su origen, por lo mismo no existe alguna cura.

En la elaboración de la ley que hoy discutimos es claro que en todo momento existió la buena fe de parte de los legisladores que la redactaron, sin embargo, con las reformas que proponemos se mantiene íntegro el espíritu del legislador, ya que lo único que estamos proponiendo es ajustarla conforme a la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al suprimir los aspectos negativos que actualmente están contemplados en la Ley General para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, como lo es lo relativo con los certificados de habilitación de su condición estamos dando cumplimiento al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y coadyuvamos a eliminar toda forma de discriminación y avanzamos hacia una sociedad más justa.

Dentro de los elementos que sirvieron como base para declarar contrarios a la Constitución a los derechos humanos en los artículos que se proponen reformar se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. Existe una norma, criterio o práctica aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionada, negativa a un grupo social y en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar, lo cual desde luego constituye una desventaja e impide su pleno desarrollo, vulnerando su derecho humano a la igualdad y no discriminación, a la libertad de profesión y de oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil.

Por ello, compañeros legisladores, solicito de su apoyo para que aprueben la presente iniciativa que el día de hoy, en razón a que estamos adecuando el marco legal para que esté ajustado a las convenciones en materia de derechos humanos, así como a la propia Constitución Política, rinda mayor grado de protección a las personas con trastorno del espectro autista y tengan por seguro que si lo hacen nuestro país se los agradecerá. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o, 22, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Ante la devastadora situación que vive nuestro país, donde hay 43 que no aparecen, gobernadores que en lugar de ser encarcelados únicamente se limitan a quitarles sus derechos partidarios, y estos a su vez a pedir licencia como si eso le devolviera la tranquilidad a miles de familias afectadas.

El saqueo de los estados, la violencia, la corrupción, la impunidad, la falta de trabajo, los salarios ínfimos, la devaluación, la creciente deuda pública del país y de los estados generada por sus gobernantes en turno, México está en bancarrota y no lo digo yo, lo dice el Presupuesto que nos presentaron donde se reduce la inversión a la educación, al campo, al apoyo del fondo nacional del emprendedor, dejando a un Pronafim solo con los gastos de nómina, sin fondos para ejercer recursos en favor de los microempresarios y mujeres rurales, y la lista no acaba.

Para el Grupo Parlamentario de Morena es necesario tomar medidas de control con el fin de evitar el uso desmedido de las adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y semovientes, realizada por las dependencias y entidades de la federación a través de la asignación directa.

Las licitaciones públicas deben favorecer a la producción nacional sobre los productos extranjeros evitando la asignación directa, ya que los contratos asignados en la mayoría de los casos se dan por intereses personales, amiguismos o compromisos políticos, haciendo que los productos eleven sus costos y hasta que sean de mala calidad, aunado a que no existe una libre competencia.

Debemos permitir que los contratistas más eficientes sean los que tengan la oportunidad de abastecer los productos, es decir, que aquellos que tienen experiencia, mejor calidad en la elaboración de productos y prestaciones de servicios a menor costo, sean beneficiados con contratos gubernamentales.

La asignación directa representa un claro detrimento en perjuicio del erario, teniendo como consecuencia que en diversas dependencias gubernamentales se provean con productos de baja calidad a un alto costo, derivando en ineficiencia económica de la administración pública.

Es por ello que debemos alinear las licitaciones públicas en todo el sector público para poder promover la real competencia entre los productores, fabricantes y comercializadores de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y semovientes, ya que adoptar esa medida se traduce en una opción más para que el desarrollo económico del país, promoviendo de igual forma la regionalización del mercado de dichos productos, la transparencia y la rendición de cuentas, lo que permitirá reactivación económica regional y además mitigará la huella de carbono que se deja por la transportación presada de dichos bienes que se proveen de extremo a extremo del país.

El campo y el agro mexicano requieren del compromiso de nosotros los diputados para lograr un campo competitivo, productivo y eficiente, para que proporcione a los agricultores remuneración justa a la que aspiran a través de su trabajo.

De igual manera estaremos blindando los recursos que administran los servicios públicos y desalentaremos el uso de mecanismos abusivos de la adjudicación directa. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Candelaria Ochoa Avalos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Compañeras, compañeros diputados, hace unos días las principales organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, dieron a conocer una lista negra sobre desapariciones forzadas, cerca de un 90 por ciento, con lo que cifra real de personas desaparecidas en nuestro país alcanzaría cerca de 300 mil personas y no 30 mil como dice este gobierno que no nos dice la verdad.

Lo anterior viene a confirmar la tragedia nacional que en materia de violación a los derechos humanos vive nuestro país, además de que evidencia que la ciudadanía tiene una nula confianza en las instituciones de seguridad pública, porque un alto porcentaje de las desapariciones en nuestro país se da de manos de servidores públicos.

Estos reportes alarmantes sobre la situación de nuestro país no son nuevos, y sólo vienen a confirmar lo que ya se ha señalado incansablemente por los organismos internacionales de derechos humanos y por las organizaciones de la sociedad civil.

En Movimiento Ciudadano creemos que el derecho a la verdad constituye un eje fundamental a través del cual estaremos en condiciones de construir una sociedad que pueda superar el actual estado de descomposición general, y digo yo: para cerrar heridas.

Pero para ello debemos asomarnos al abismo, debemos realizar una exhaustiva radiografía de los incontables hechos delictivos que durante la última década ha colapsado los sistemas de procuración de justicia, mismos que no han mostrado más que un país de mentiras.

Ése México de mentiras que nos quieren vender, tiene la demostración más patética en la ya tristemente célebre del entonces procurador general de la República con el que pretendió dar carpetazo al caso Ayotzinapa, y es precisamente para acabar con esto que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos a esta máxima asamblea la creación de un sistema nacional forense, coordinado por un Instituto Nacional Forense como órgano constitucional autónomo, de forma que posea una plena independencia de la procuración y de forma que obligue a todos los estados a crear el propio en sus respectivas legislaciones. Esta demanda ha sido una recomendación de las organizaciones en materia de derechos humanos, como la ONU, pero también de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país.

Este Instituto Nacional de Ciencias Forenses contaría por primera vez en su historia con un organismo independiente de las instituciones de seguridad pública para la realización de peritajes, de forma que estos se realicen de manera imparcial, aun cuando sus resultados puedan involucrar a autoridades.

Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, Amnistía Internacional y la Organización Sociedad Abierta, entre otros, han recomendado insistentemente a México crear un instituto como el que hoy les venimos a proponer: que sea especializado en ciencias forenses y medicina legal, y que sea independiente de las policías y de las autoridades jurisdiccionales.

Asimismo, ante la creciente ola de desapariciones y la grave crisis de derechos humanos es muy importante que la iniciativa que presentamos contempla además la posibilidad de que el instituto creé comités de búsqueda ciudadana para la localización de restos forenses, en donde los familiares puedan acompañarse de peritos.

Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consignó que la desaparición de una persona constituye una forma de tortura para sus familiares. Por ello, en conjunto con el diputado Clemente Castañeda, coordinador de la fracción ciudadana, y el diputado Víctor Sánchez Orozco, presentamos esta iniciativa que pretende dar cuenta de nuestra confianza que solo junto con los ciudadanos y las ciudadanas podremos salir de una crisis de descomposición por la que atraviesa este país.

Requerimos conformar instituciones independientes de los poderes públicos, que lamentablemente en muchos aspectos han sido cooptados por el crimen organizado. Vivos los queremos. Y esta es una iniciativa en nombre también, retomando a la demanda de la organización Por amor a ellas. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ochoa Avalos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 64 Bis, 64 Bis 1 y 64 Bis 2, de la Ley de Energía Geotérmica.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hace tres años se inició una importante transformación en materia energética, al aprobarse la reforma que establece los elementos fundamentales para un nuevo modelo de aprovechamiento de la industria, mediante el cual se permite la inversión pública y privada.

En Nueva Alianza entendemos la importancia que esta reforma significa, sabemos que el desarrollo del sector energético, y en particular el eléctrico, está íntimamente ligado con el crecimiento económico y social de nuestro país al ser un insumo indispensable en todas las actividades de la economía, así como un factor de estabilidad social.

Por ello creemos importante que la participación de capital privado en este sector estratégico se sustenta en el principio de la transparencia, ya que nuestro grupo parlamentario nunca ha estado ni estará a favor de la opacidad.

La falta de transparencia, el tráfico de influencias y una laxa vigilancia del cumplimiento de las normas dan pie a la corrupción que en México es un mal que se encuentra profundamente arraigado, generando problemas que afectan las finanzas públicas, el tejido social y la cultura de la legalidad.

Desafortunadamente la corrupción es un problema de oferta y demanda no exclusivo del sector público, pues recae también en la iniciativa privada y en la ciudadanía en general. De acuerdo con el estudio México, Anatomía de la Corrupción, publicado conjuntamente por el Instituto Mexicano para la Competitividad, y el Centro de Investigación y Docencia Económica, el 44 por ciento de las empresas en México reconoce haber pagado un soborno; el 75 por ciento del monto de esos pagos se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos.

También existe una gran corrupción cuando se trata de conseguir algún contrato de obra pública, compras o servicios. En estos casos las comisiones son tan elevadas que incluso pueden llegar a representar hasta el 25 o 30 por ciento del valor de una licitación.

Dados los retos que la misma reforma energética plantea con la apertura de los mercados y la presencia de un mayor número de participantes públicos y privados, hay que ser muy escrupulosos y vigilantes para que se actúe con la probidad, integridad y honradez necesarias para cumplir con las expectativas anheladas, cerrando huecos que puedan llevar a conflictos de intereses y llevar a corrupción.

En ese sentido, la iniciativa que pongo a su consideración busca incluir la participación ciudadana en la contraloría de la industria eléctrica, particularmente en la industria geotérmica eléctrica.

El objetivo es incluir en la Ley de Energía Geotérmica la denuncia pública como un mecanismo de participación ciudadana para la vigilancia del cumplimiento de los instrumentos, leyes y normas que regulan a este sector, adicionando los artículos 64 Bis, 64 Bis I y 64 Bis II a la Ley de Energía Geotérmica, pues de no implementarse este tipo de instrumentos de control podremos esperar una mayor exposición a sobornos, moches y demás actos de corrupción que pudieran menoscabar la competitividad que se busca con la privatización de este importante sector.

De igual manera servirá para frenar las tomas clandestinas de electricidad, así como el robo de energía a través de los famosos diablitos o colgados, que han hecho que la luz en México sea aproximadamente 30 por ciento más cara que en cualquier otra parte del mundo.

En Nueva Alianza estamos convencidos que para alcanzar los objetivos planteados al aprobar la reforma energética, es necesario combatir la corrupción con diferentes herramientas que coadyuven a ampliar la transparencia en los asuntos públicos.

La participación ciudadana, como coadyuvante de la autoridad administrativa en la tarea de vigilar el estricto cumplimiento de la ley, tendrá como efecto una mayor democratización de la gestión de la energía eléctrica en el país.

Compañeras y compañeros, con la misma responsabilidad y congruencia que nos dio la oportunidad de llegar a consensos para sacar adelante tan importante reforma energética, ahora debemos echar a andar los mecanismos que posibiliten la mayor transparencia, en aras de construir un México más grande, un México más fuerte y, sobre todo, un México más transparente. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Reyes Ávila. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, hoy presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con el tema de juicio político, el cual, según el doctor Manuel González Oropeza, es un procedimiento para fincar responsabilidades política u oficial a un servidor público. Además, de ser un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos o funcionarios públicos.

En México, el juicio político es una garantía a favor de los representados, ya que constitucionalmente se obliga a los servidores públicos a que se sometan o se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios de honradez en el servicio público.

Nuestra Constitución en el artículo 108, 109 y 110 distingue dos categorías de causas para que un servidor público pueda ser sujeto a un juicio político. La primera, es que se cause daño a los intereses públicos fundamentales. Y la segunda, es por violaciones graves a la Constitución federal, a las leyes generales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

En cuanto a las condiciones o fundamentos para que se pueda llevar un juicio político, la Constitución Política establece que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de cumplidas sus funciones.

Por otra parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece que las sanciones correspondientes en casos determinados, se aplicarán en un plazo no mayor a un año, a partir de iniciado el proceso.

Por supuesto, hasta aquí se aclara con un ejemplo. Para que se pueda iniciar un juicio político a un funcionario público que dejó o terminó sus funciones en diciembre de 2015 por el manejo indebido de fondos y recursos federales, se tendrá que contar con elementos documentales derivados de la culminación de una auditoría.

El problema se presenta cuando sabemos que para el 2015 el programa de la Auditoría Superior de la Federación se aprobó en febrero de 2016, en cuyo apartado del subproceso de ejecución se estableció que la conclusión y presentación de resultados finales tiene como fecha estimada el 27 de enero de 2017, misma fecha para la notificación de la conclusión de los trabajos de auditoría, y es por eso que si sacamos las cuentas precisas para el 27 de enero del 2017 es cuando ya no se puede presentar ninguna denuncia o de procedimiento de juicio político.

De ahí la importancia del tiempo para iniciar juicio político, la propuesta es extenderla a dos años. A dos años para que den tiempo de que se inicie la auditoría, se termine la auditoría y se pueda ahí determinar y tener los documentos necesarios para poder denunciar e iniciar un juicio político.

Por eso es que el Partido Encuentro Social cree relevante modificar estos artículos, el 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, con el objeto de dar tiempo para que cualquier funcionario público que haya cometido alguna de las causales que se establecen en la Constitución, den tiempo a los ciudadanos para que puedan denunciar por las documentales que la Auditoría Superior de la Federación pudiera determinar en su proceso de auditoría.

En el tiempo actual no se puede iniciar ningún proceso, porque los tiempos de auditoría no concuerdan con el año después de las funciones. Por eso es importante que este procedimiento se modifique y se amplíen los tiempos.

Muchas gracias por su atención y ojalá que la transparencia sea un medio para poder ayudar a este país a que salga adelante. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ferreiro. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY SOBRE CÁMARAS AGRÍCOLAS Y LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 de la Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán asociaciones agrícolas. Y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras, el cacao es sin duda uno de los mayores símbolos de la idiosincrasia de México. En su transformación es posible vislumbrar las distintas etapas de nuestra historia como nación. Desde haber formado parte de los rituales prehispánicos hasta convertirse en un elemento sustancial de la gastronomía nacional.

La historia del cacao se remonta al conocimiento de la civilización Olmeca, quienes consideraban que dicha semilla era un obsequio de sus dioses. De ahí su nombre científico de theobroma, el cual significa en griego, alimento de los dioses.

Más allá de su valor histórico, el cacao y el chocolate son uno de los principales insumos de la gastronomía mexicana, la cual es considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El cacao se cultiva exclusivamente en una banda geográfica muy estrecha cerca del Ecuador debido a las exigencias climáticas y de lluvias. México es de los pocos países con las condiciones propicias para su producción, situación que no se ha aprovechado, dado que únicamente se producen entre 22 mil y 26 toneladas de cacao anuales, cantidad que vale apenas 0.5 por ciento de la producción mundial total.

A principios del siglo XXI el país producía más de 40 mil toneladas, cantidad que hoy se ha visto significativamente disminuida. Actualmente el país tiene 3 millones de hectáreas con potencial para la producción de cacao criollo, pero solo utiliza alrededor de 60 mil hectáreas, de las cuales 90 por ciento tiene problemas fitosanitarios derivado de la moniliasis.

Entre 2000 y 2012, por ejemplo, 43.7 de la cosecha nacional de este producto se perdió. En México solo 5 estados lo producen: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Tabasco es el principal estado productor al contribuir con 67 por ciento de la producción en el país, seguido por Chiapas, con 31 por ciento. Por su parte, Guerrero, Oaxaca y Veracruz cuentan con condiciones óptimas para su plantación.

Lamentablemente, no representa una porción significativa de la producción nacional. En mi estado natal, Chiapas, pese a que se tiene un potencial de producción de 560 mil hectáreas, actualmente se cultivan 19 mil 303 hectáreas, que representa 3.45 por ciento.

Aun cuando la calidad del cacao producto de esa región está por encima de los estándares mundiales, esta caída en la producción ha derivada un severo impacto en las más de 30 mil familias que viven del cultivo del cacao en la zona sur-sureste del país, la cual no sabemos actualmente requerirá una serie de apoyos para lograr su desarrollo, siendo uno de ellos un apoyo en la modernización de su sector agropecuario.

Son una serie de factores los que han orillado esa lamentable situación. Por una parte, la expansión de la moniliasis, hongo que ha ocasionado el abandono de plantaciones y la baja rentabilidad en las fincas. Las políticas fiscales, la falta de difusión del valor cultural e histórico del cultivo; pero sobre todo, la falta de una política pública específica para el rescate del cacao, que permita a los productores aprovechar el aumento en la demanda que ofrece el cacao a nivel nacional y global, inspirados en un futuro a convertirnos en potencia productora y retomar el liderazgo que alguna vez tuvimos.

En este contexto, es necesaria y urgente la implementación de acciones concretas para todos los productores de cacao en el país. Acciones rápidas y expeditas que permitan generar un efecto positivo, el cual favorezca la competitividad, la productividad y un mayor nivel de desarrollo para todos sus productores. Entendiendo que son necesarias una serie de programas y políticas focalizadas a la producción, competencia, desarrollo agrario, entre otras.

El objeto de esta propuesta es lograr atender una problemática que aqueja al campo mexicano en su conjunto en materia de asociaciones agrícolas y otra referente al cultivo de cacao y la necesidad de un padrón de productores. Una de las problemáticas de la agricultura en nuestro país es la falta de organizaciones nacionales de productores en todas las cadenas productivas, cuestión no menor, pues quienes gozan de los beneficios de tener asociaciones agrícolas regionales o nacionales obtienen cierto nivel de participación en el diseño de estrategias de sus producciones e intervención en la toma de decisiones respecto de sus productos, además de poder acceder con mayor facilidad a recursos.

La importancia de las asociaciones agrícolas para mejorar la vida de la población campesina no debe ignorarse, son parte medular en la reducción de la pobreza y en una forma en la que los campesinos puedan organizarse para generar esquemas de colaboración y de participación social que les permita lograr una mayor rentabilidad en sus cultivos, a partir de una organización esquematizada, así como contar esquemas que potencializan sus técnicas de producción y con ello mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Por lo anterior es que la presente propuesta modifica el artículo 15 de la Ley sobre Cámaras Agrícolas que en lo sucesivo se denominará Asociaciones Agrícolas con la intención de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incentiven la constitución de organizaciones agrícolas nacionales en el país, no solo en materia de cacao, aunque esta represente una prioridad por el problema al que se enfrenta el sector sino todos los productos en el campo mexicano.

Asimismo, se pone a consideración que Sagarpa proporcione de forma obligatoria la reorientación, asesoría técnica para la formulación de los programas de desarrollos agrícolas, información para la integración de cadenas productivas, agroalimentarias y la constitución de padrones de productores por producto a nivel nacional y aquellas otras consideraciones necesarias para la creación de asociaciones agrícolas.

La presente iniciativa agrega una fracción XI, en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la intención de dotar a la Sagarpa de la atribución para fomentar la constitución de asociaciones de productores, atribución que si bien ya existe en su reglamento, ésta no tiene una ley, un marco de nivel federal y con ello estaríamos dotando de una permanencia mayor de este derecho y de la necesidad de la generación de un mayor consenso para la modificación de dichas atribuciones en el derecho nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, es una realidad la necesidad que se tiene en toda la agricultura de nuestro país de contar con organismos que permitan tener políticas de largo plazo y con una estructura más definida que ofrezca a sus agremiados mejores condiciones de producción y desde luego mejores condiciones de vida. Es cuanto, diputado presidente, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Jiménez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Agricultura y Sistemas de Riego para dictamen.

Continúe la Secretaría, por favor.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dos dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se autoriza.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Herminio Corral Estrada, para fundamentar el dictamen por la comisión. Estamos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. (El dictamen mencionado se encuentra en la página 321 de esta edición.)

El diputado Herminio Corral Estrada:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En 2004 se creó el cuerpo normativo que regula el régimen de los ingresos que recibe el Estado mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, las cuales se realizan a través de asignaciones a empresas productivas del Estado o mediante contratos celebrados entre el Estado y particulares o empresas productivas del Estado. Así la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos regula las contraprestaciones que deben cubrirse a los contratistas, precisando la forma para su determinación, así como la manera en que se deba realizar la administración, supervisión de los aspectos financieros de los contratos y las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos provenientes de los hidrocarburos.

El nuevo régimen de exploración y extracción de hidrocarburos, incorporó los mecanismos más eficaces que promueven el desarrollo de la industria petrolera, al contemplar elementos que incrementaron los niveles de exploración y extracción de hidrocarburos, trayendo como consecuencia inversiones que incrementarían los ingresos petroleros en beneficio de la nación.

El régimen fiscal anterior permitía al Estado obtener ingresos en relación con la producción, sin embargo inhibía el desempeño óptimo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; además impedía el desarrollo de proyectos de costos elevados aun cuando fueran de alta rentabilidad, incrementando la posibilidad de abandono temprano del proyecto y en algunos casos distorsionando las decisiones de producción al desalentar la inversión.

Entre las iniciativas que el Ejecutivo federal presentó a esta soberanía el 8 de septiembre pasado, se encuentra la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, cuyo propósito es flexibilizar las reglas a los asignatarios, relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y de gas asociado, en correspondencia a las características de las áreas de extracción terrestres y marinas.

Respecto de la misma, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es responsabilidad del Estado garantizar la continuidad de las actividades estratégicas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a su nombre y cuenta a través de sus empresas productivas, por lo que quienes integramos este órgano legislativo, coincidimos en que se requiere de una mayor flexibilidad en el régimen tributario aplicable.

Lo anterior es una condición de certidumbre financiera que permitirá a las empresas productivas del Estado, una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos, pero además es una acto congruente con el espíritu y objeto originales de la reforma energética de 2014 que se plasman en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Por otra parte, el proyecto de decreto plantea mantener el régimen de transición previsto en el artículo 2o., fracción VII del decreto en el que se expide la Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014, para continuar aplicando los montos máximos de deducción durante los ejercicios fiscales del 2017 y 2018, siempre y cuando se trate de hidrocarburos distintos al gas natural.

La Comisión de Hacienda es coincidente en la necesidad de reformar la fracción X del artículo 3o. de la ley en mérito, con el propósito de modificar la definición del mecanismo de ajuste para que se puedan determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales que se adecúen mejor a las características de proyectos. Asimismo la Comisión Dictaminadora, considero adecuado incluir en los contratos de licencia un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo.

Por ello, se estimó conveniente reformar el artículo 32 a efecto de que el acuerdo de operación conjunta se refleje el porcentaje en la participación que corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio y los mecanismos mediante los cuales la participación pudiera variar durante la vigencia del contrato.

Por otro lado esta comisión propone modificar el artículo 63 con el fin de precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria para que brinde el apoyo en la verificación de las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, tanto mediante auditorías como visitas a los contratistas, con los recursos técnicos y los recursos operativos necesarios para llevar a cabo dichas funciones.

Señoras y señores legisladores, quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto es resultado del análisis responsable y de la discusión propositiva que expresaron todos los grupos parlamentarios, representados al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en un ambiente de apertura y de debate plural, por lo que me permito solicitar a ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Herminio Corral.

Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia tiene el uso de la tribuna la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Con el objetivo de coincidir en los términos para llevar de la mejor manera la discusión de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, esta Presidencia se permite con todo respeto convocar a la y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios para sostener una breve reunión aquí en la parte conocida como tras banderas, mientras tanto desahogamos la fijación de posturas de los grupos parlamentarios. Adelante, diputada.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con la venia, señor presidente. Honorable asamblea, en un contexto de gran turbulencia económica global el Grupo Parlamentario de Encuentro Social considera que, como una gran fortaleza del paquete económico 2017, el que se prevea que los ingresos tributarios crezcan en los términos reales en 2.1 respecto al cierre estimado para 2016, ya que esta es una señal de que nuestras finanzas públicas continúan en la tendencia de depender de menor medida del petróleo.

Sin embargo, la alta volatilidad de los precios internacionales del hidrocarburo y la disminución de la plataforma de producción de crudo mexicano han ocasionado que los ingresos petroleros del sector público estimados para 2017 alcancen los 769 mil 900 millones de pesos, lo que representa una disminución real del 6.8 respecto al cierre estimado en 2016.

Los precios de la mezcla mexicana de exportación a partir de 2014 han caído en un 65.9 por ciento, mientras que la producción nacional también decayó un 11 por ciento. Ello, como puede observarse, implica que dichos ingresos dependen en gran medida de variables externas a la economía nacional, como por ejemplo de los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para reducir los volúmenes de producción.

En materia doméstica, lo que sí ha estado en nuestras manos ha sido el éxito de las licitaciones nacionales para la extracción de petróleo en aguas profundas y aguas terrestres. Es por ello que en Encuentro Social vemos con beneplácito el presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, toda vez que se otorguen beneficios fiscales a los asignatarios para que cumplan sus obligaciones fiscales por medio del establecimiento de límites de los montos de deducciones por concepto de gastos, costos e inversiones que se les da la oportunidad de escoger entre dos mecanismos, que es una tasa fija sobre el valor anual de los hidrocarburos, o bien una cuota por barril de petróleo extraído en tierra o mar, así como gas.

Se actualiza la definición de mecanismos de ajuste con base en las prácticas internacionales en la materia. Con ello, el Estado mexicano podrá obtener una mayor renta petrolera en caso de existir beneficios extraordinarios como resultado de mejoras en los volúmenes de producción, precios o eficiencia en los costos.

Asimismo, se incluye un esquema flexible para el mecanismo de ajuste por medio de la variación de la tasa sobre el valor de los hidrocarburos o por el monto final de las contrapresiones resultantes de dicha tasa.

De igual manera, el dictamen brinda mayor certidumbre a los contratistas respecto a la expedición de comprobantes de costos cubiertos, y con ello determinan correctamente las obligaciones fiscales de cada una de las empresas del consorcio. Así, cada una podrá deducir los costos que efectivamente haya incurrido en la producción y, por último, se refuerza la capacidad que tiene el Estado por medio del Sistema de Administración Tributaria, ya que este podría realizar visitas a los contratistas para verificar los contratos de explotación y extracción de hidrocarburos.

En Encuentro Social somos responsables de la obligación y el deber del Estado mexicano de impulsar y fortalecer las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos en nuestra nación, como uno de los detonantes de crecimiento y prosperidad que nos merecen las generaciones que habrán de sucedernos.

Es por ello todo refuerzo que se dirija a implementar esquemas y mecanismos flexibles, modernos, que den certidumbre a los agentes económicos implicados, que nos merecen nuestro respaldo. Es por ello que nuestra bancada de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen. Es todo y cuanto, señor presidente.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada García Soberanes. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra el diputado Ángel García Yáñez, hasta por cinco minutos.

El diputado Ángel García Yáñez:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, debemos reconocer que nuestro país experimenta desde hace tiempo un periodo de gran volatilidad en diversos mercados internacionales. Variables como el tipo de cambio y el precio del petróleo se encuentran inmersos en espirales de alta incertidumbre.

Desafortunadamente dicha coyuntura ha desajustado las perspectivas financieras que se ha tenido hace ya algunos años. El precio medio de la tasa de la mezcla mexicana de exportación pasó de 96 dólares por barril en 2014, a menos de 40 dólares en lo que va del 2016. Lo anterior ha ocasionado, no solamente la disminución de los ingresos petroleros, sino también diversos reajustes o recortes al gasto público.

Ante esta situación, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza definimos en nuestra agenda legislativa, como un eje estratégico para el desarrollo del país, asegurar la viabilidad financiera del Estado.

Para nosotros el Estado debe guardar un equilibrio entre la recaudación y el fenómeno a las actividades productivas. Por tal motivo, estamos participando activamente en la revisión, discusión y reformas de todos los ordenamientos de índole fiscal.

Para Nueva Alianza la viabilidad financiera del Estado no significa mayores tasas o más impuestos, sino una correcta y eficiente carga tributaria, donde la Hacienda pública obtenga los recursos necesarios para dotar los servicios de calidad a las familias mexicanas, en temas como educación, salud, seguridad, derechos humanos, medio ambiente, entre otros, sin que lo anterior represente una sobrecarga para los ciudadanos o inhiba la inversión en sectores estratégicos, como la explotación de hidrocarburos.

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que hoy se pone a consideración del pleno, en el cual se modifica la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, es de vital importancia para la industria petrolera y para la nación, ya que el objeto de la ley es regular los cobros de contraprestaciones contractuales y de obligaciones fiscales derivadas de la explotación y producción de hidrocarburos.

La reforma energética abrió la posibilidad de diversificar los ingresos petroleros mediante otros instrumentos, como los contratos de explotación y extracción de hidrocarburos, los cuales deben ajustar eficazmente las condiciones económicas vigentes, las características propias de los proyectos, con un marco fiscal que permita maximizar la renta petrolera en el largo plazo.

Bajo el principio de transparencia establecido como un eje transversal en nuestra agenda legislativa, propusimos una modificación a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a efecto de llevar a cabo la verificación de los contratos de explotación y extracción de hidrocarburos, mediante visitas a los contratistas, con la intención de conocer las operaciones y registros contables derivados de su actividad.

Esto permitirá, en un organismo con la capacidad técnica y con experiencia en la materia, realicen con mayor precisión las auditorías que se implemente. Con tal medida, se asegure que se cumplan con las obligaciones fiscales a favor del Estado y se fortalezcan las facultades de comprobación de la autoridad.

Hoy damos nuestro voto a favor, porque con las medidas propuestas en el dictamen buscamos recuperar la confianza de los mexicanos en los contratos petroleros y fortalecer los ingresos del país. Es cuanto, por su atención, gracias. Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Elena Orantes López.

La diputada María Elena Orantes López:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, presidente. Es importante para la bancada de Movimiento Ciudadano decir que estamos escuchando una iniciativa que luce bien en términos concretos y generales. Que no pueda una sola dependencia tener el control total nos da cierta confianza. Pero en el tema de hidrocarburos hay muchas suspicacias. Sobre todo pensamos que puede haber la intención de favorecer ciertos intereses.

Sin embargo, en términos generales consideramos positiva la intención planteada en los dictámenes sobre hidrocarburos, pero apreciamos que se le pudo dar un tratamiento distinto a alguna de sus partes. Por eso la bancada que represento votará a favor de esta iniciativa y presentará algunas reservas al respecto.

De acuerdo con el dictamen que se presenta en este pleno, la reforma permite generar mejores condiciones para que a pesar de la situación que experimentan los mercados de hidrocarburos en este país, México pueda reposicionarse como un punto de atracción de inversiones en el sector.

Ello supone plantear nuevas condiciones para poder aprovechar el potencial de la inversión privada y pueda verse como desarrollo hacia la industria de nuestro país. El impulso a otros sectores económicos que se pregonó en la reforma energética, y que por cierto, no han podido cumplir.

La aprobación del dictamen de las reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos plantea la posibilidad de fortalecer al país a partir de impulsar la inversión, de propiciar el desarrollo de mejores condiciones de competitividad y generar mejores condiciones y certeza al mercado y al fortalecimiento del Servicio de Administración Tributaria.

Lo anterior se materializará al construir la posibilidad de que las empresas privadas puedan encontrar mayores incentivos para poder participar en la industria petrolera mexicana a partir de poder tener una repartición más equitativa en sus obligaciones tributarias. Es decir, poder deducir impuestos en función del tipo y alcance de la participación en un consorcio.

En este sentido, el incentivo a la inversión que se busca con la flexibilización de los mecanismos de comprobación a través de la determinación de comprobantes de gastos en consorcios para fines fiscales, previsto en la modificación al artículo 32 puede implicar un elemento de mejora y de competitividad y certeza.

Generar incentivos fiscales a la industria para poder atraer inversiones es un recurso bueno, es bueno en sí mismo, pero debe acompañarse de un fortalecimiento de nuestra petrolera para asegurar una relación ganar-ganar y nadie perder. En ese sentido, el rol de nuestra empresa en el contexto de aportaciones a la economía nacional frente a la reinversión nacional es muy conveniente.

La suspicacia en este tema se detona cuando, como argumento, se plantea que corresponde a las prácticas internacionales más habituales. Escuchar eso irremediablemente nos lleva a episodios de la industria petrolera que en alguna de sus expresiones como Irán o Rusia, en la etapa postsoviética inmediata, no aportaron mucho al desarrollo local y nacional de esos países.

Otro problema que se percibe en el planteamiento es asegurar que las reformas de este tipo permitan aprovechar la reforma energética, pues al sostener tal cosa se olvida que se prometió aprovechar el potencial por tan solo aprobar la reforma.

Hoy la promesa se ha convertido en una promesa no cumplida, como las que le han precedido en la mayoría de las transformaciones estructurales y organizacionales. Por ello, en la oposición tenemos cierto recelo y percibimos la necesidad de defender el patrimonio energético nacional, aunque este no esté necesariamente comprometido.

Por tal razón, los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor y presentaremos las reservas correspondientes para plantear una iniciativa que pueda generar mejores condiciones para México y para estímulos de las mismas empresas. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Orantes. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Rocío Nahle García.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, diputada presidenta. ¿Por qué Morena va a votar en contra la Ley de Ingresos de Hidrocarburos? El dictamen de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos es una evidencia clara de la reforma energética como un gran fracaso. Ante la ausencia de grandes empresas y las grandiosas inversiones que el Ejecutivo anunció, ahora la intención es flexibilizar el régimen fiscal de los contratos. Todavía más, los cambios a los artículos 3 y 10 son una forma de evadir la regalía que tanto les molesta a las empresas ganadoras y a las aspirantes a explotar un bloque petrolero.

Es tan evidente el fracaso, que a pesar de entregar campos maduros listos para producir y con instalaciones que los ganadores no han pagado todavía, se les permite pagar menos regalía y deducir más por concepto de ISR como lo establece el artículo 32.

El fracaso de la reforma energética es hoy es una realidad anunciada por Morena en muchos foros. Miren, compañeros, la producción viene cayendo, la refinerías están trabajando a un 45 por ciento de su capacidad, la producción petrolera la tienen contemplada para un millón 920 mil barriles por día, qué lejos estamos de los 3 millones.

Que quede claro que la apertura no es fracaso sólo por los precios bajos del barril del petróleo en el mercado internacional, es un fracaso porque le han impulsado un estado débil y corrupto, que se ha dedicado a debilitar a su empresa petrolera, como comparativo es como aquel padre que pretende matar a su hijo, eso es lo que han estado haciendo con Pemex.

En ninguna de las experiencias de éxito en el mundo se ha dejado en manos de la iniciativa privada, nacional y transnacional el control del sector estratégico como se ha hecho aquí. Los únicos mecanismos que pueden ejercer un control efectivo para que el Estado retenga mayor renta petrolera es con una empresa petrolera nacional fuerte, que les represente a las empresas privadas un competidor capaz de regular el mercado. Lo que están haciendo ustedes, PRI, PAN, Verde, todos los partidos que van a votar a favor esta Ley de Ingresos, para hacer más atractivo que las empresas transnacionales y nacionales se apropien de la renta petrolera que pertenece a todos los mexicanos, se llama traición a la patria y la historia los va a juzgar.

Los cambios en el artículo 41 y 42 no son un apoyo real para fortalecer la capacidad operativa de Pemex, la autorización para aumentar la cantidad que Pemex puede deducir por barril no es un apoyo real para fortalecer la capacidad operativa; es una respuesta del Ejecutivo a la demanda de los banqueros para que Pemex tenga mayor capacidad de pago. Ese es el fondo.

Se propone reducir al mínimo la posibilidad de recuperación de inversión en exploración y explotación que la Secretaría de Energía les otorgó. De 76 mil 644 mil pesos proyectados, la secretaría habla solo de darles cuatro mil 614 millones; solo se contempla un 6.5 por ciento.

La red de endeudamiento en la que han sometido a Pemex es criminal ante este juego perverso que ustedes utilizaron y aprobaron en la reforma energética; es de casi 100 mil millones de dólares. Es tremendo lo que estamos pasando.

Los campos que fueron entregados a privados se les cobró un derecho de admisión y a cambio se les está pidiendo una renta mínima, y hoy en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos todavía van a flexibilizar más, porque no han llegado las inversiones, porque aparte se les están regalando prácticamente hasta los equipos de perforación en muchos campos que se han cedido como migración. Es increíble.

Por eso Morena, pueblo de México –al pueblo es al que me dirijo porque aquí casi no hay diputados, como si no fuera un tema interesante–, va a votar en contra. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada Nahle. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:Con la venia de la Presidencia. Estimados compañeros. La transformación de nuestro sistema energético es ya una realidad. El trabajo realizado por el Constituyente Permanente en la reforma constitucional en materia energética y fiscal hoy se puede complementar y ajustar con las adecuaciones necesarias para su correcta aplicación.

Es obligado recordar que previo al gran esfuerzo reformador del presidente Enrique Peña Nieto, con acuerdo del Partido Verde y las grandes fuerzas políticas de este país, precisamente al aprobar el paquete de reformas energéticas y fiscales. México se está liberando de esa terrible adicción que teníamos al petróleo.

En el 2012 más del 30 por ciento de nuestras finanzas públicas dependían de los ingresos generados por la industria petrolera. Hoy la dependencia de los ingresos petroleros en nuestras finanzas, es por debajo del 18 por ciento, claro que es un logro importante. No podemos soslayar que gracias a eso nuestro país ha logrado soportar la crisis petrolera internacional, que en otras circunstancias habría tenido consecuencias demoledoras no sólo en nuestras finanzas públicas, sino también al país entero. Sin embargo para lograr una transición responsable, tenemos que reconocer que ese 18 por ciento sigue siendo parte fundamental y es obligación nuestra defender la rentabilidad y fortalecer las finanzas de nuestra empresa productiva Pemex.

Lo que nos ocupa hoy por hoy aquí en el Congreso, es consolidar la realización de un trabajo innovador y pragmático que nos aporte soluciones de fondo y no meramente cosméticas a los desafíos que estamos enfrentando. Por este motivo se proponen cambios cardinales en el dictamen que está a discusión en este momento, con el firme propósito de concretar un marco institucional que ayude a edificar un México más fuerte, competitivo y dinámico.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos a favor de la construcción de mecanismos capaces de dar certidumbre financiera a las empresas productivas del Estado. Por eso adicionar el ideal de beneficio fiscal óptimo, es un gran acierto, pues así se logra que Pemex tenga una operación más eficaz y productiva, es una decisión responsable incorporar dispositivos de ajustes sencillos para generar flexibilidad y progresividad en el cobro impositivo, esto se alcanza al reformar el artículo 10 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Tanto Petróleos Mexicanos como los inversionistas privados nacionales y extranjeros, se verán beneficiados, sí, al tener un incremento sustancial en cuanto respecta a sus deducciones fiscales, lo cual servirá como un apoyo directo a futuras inversiones que se han visto reducidas por la baja de precios en el petróleo.

Recordemos, compañeros, que Pemex compite en un mundo globalizado; no estamos aislados. No hacer atractiva la oferta que da Pemex a los inversionistas es alejar esos capitales que estarán buscando nuevas fronteras.

En ese orden de ideas estamos convencidos y revalidamos que este proyecto optimizará costos, gastos e inversiones, que en un conjunto significarán mejores condiciones para impulsar el desarrollo económico, pero sobre todo, lo que más nos interesa, es que significará más empleos, mejores pagados y para mexicanos.

Por lo tanto, el Partido Verde se suma a la aprobación del presente dictamen, pues claramente tiene un objetivo de fomentar el desarrollo económico nacional para generar impactos positivos en la calidad de vida y el bienestar de las familias mexicanas. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Herrera. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cesar Augusto Rendón García.

El diputado Cesar Augusto Rendón García:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de la voz a nombre de mi grupo parlamentario para manifestar nuestra postura y el sentido de nuestro voto sobre el dictamen de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que la Comisión de Hacienda y Crédito Público el día de ayer sometió a nuestra consideración.

Felicito a los integrantes de la comisión que dictamina por el gran trabajo que a lo largo de estos días se ha estado realizando, que no ha sido menor y que seguirá en los próximos, hasta terminar esta Ley de Ingresos.

Si bien, es cierto que las propuestas de reforma que propone el Ejecutivo federal a la citada ley resulta breve, adquiere total relevancia en el contexto del paquete económico con restricciones presupuestales que derivan de un entorno económico complicado de la Finanzas Públicas del siguiente año y por presiones de ingresos por la caída de la producción de la industria petrolera de nuestro país.

Por esta razón, en Acción Nacional estamos convencidos que nuestro voto será a favor siempre que se presente ante este recinto reformas que abonen a la consolidación de nuestra industria petrolera.

Quisiera reiterar en términos generales, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, regula las contraprestaciones que deben cubrirse a los contratistas, así como los criterios para la determinación de éstas.

Es por esta razón la relevancia del presente dictamen, que en los hechos no es otra cosa que implementar mecanismos que flexibilicen la administración de los contratistas, incentiven la inversión en la industria y, en consecuencia, se generen mayores ingresos para la Federación.

Así, el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, reforma y adiciona los artículos 3, 10, 32, 41, 42 y 63, todos ellos vinculados con tres temas vitales para el desempeño del sector hidrocarburos.

En primer lugar se incorpora una redefinición del mecanismo de ajuste, que no es otra cosa que la fórmula que mide de forma precisa la rentabilidad de los contratistas en cada ejercicio. La aplicación de este mecanismo tiene el objetivo de que la federación determine de forma mucho más precisa la rentabilidad de los contratistas, pero además las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos que reduzcan los efectos negativos que el entorno económico les pudiera generar.

Por otro lado, el dictamen propone reformas a la ley en materia de derecho de utilidad compartida, con el fin de incorporar beneficios fiscales mediante la flexibilización de las reglas a las que se someten los asignatarios.

Considero oportuno puntualizar lo siguiente: la propuesta que se hace en el dictamen establece un límite de deducción para la producción de petróleo y gas, y se hace la distinción del cambio de dichos límites cuando se trate de hidrocarburos extraídos en zonas marítimas con tirante de agua inferior a los 500 metros.

En suma, lo que busca la reforma en materia es que para determinar la base del derecho por utilidad compartida las deducciones de costos y gastos de inversión, asociada a los hidrocarburos distintos al gas natural y sus condensados, tengan límites que eliminen la deducción a discrecionalidad y eliminen en grado mayor los efectos negativos en los ingresos de la federación.

Con la reforma también se relaciona con la determinación de comprobantes de gastos de consorcios para fines fiscales. El propósito no es otro que establecer mecanismos de transparencia fiscal mediante un mecanismo de amparo, de gastos por la ejecución de los contratos.

Termino mi intervención reconociendo el aporte que los diputados integrantes de la comisión dictaminadora han hecho a la propuesta de saque del Ejecutivo federal, pues su contribución se basa en el establecimiento de un mecanismo de fiscalización mediante auditorías y visitas por parte de las auditoras fiscales.

Esto sin duda permitirá al Servicio de Administración Tributaria verificar las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos que aseguren una mayor transparencia.

En Acción Nacional reiteramos nuestro voto a favor del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, y el compromiso que Acción Nacional tiene con el mejor desempeño de la industria petrolera. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rendón. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel González Salum.

El diputado Miguel Ángel González Salum:Gracias, diputada presidenta de esta honorable asamblea. Compañeras y compañeros, quiero iniciar mi intervención diciendo claramente que las reformas propuestas en este dictamen favorecen a Pemex y al Estado mexicano. Las modificaciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos benefician a Pemex y no a los particulares, como aquí se ha querido expresar.

En el apartado de la ampliación del límite de deducciones aplicables a asignaciones petroleras, el cambio propuesto es aplicable únicamente a las asignaciones petroleras, y constitucionalmente Pemex es el único que puede recibir asignaciones de este tipo. Los privados solo pueden tener asignaciones a través de los contratos y quien se beneficia por tanto de esta reforma es Pemex y es el Estado mexicano, como ya se ha mencionado.

La iniciativa lo que propone es hacer permanente un beneficio que a principios de año se dio a través de un decreto en el que permite aumentar las deducciones de la empresa productiva del Estado mexicano. Esta iniciativa plantea otorgar un mayor margen de reconocimiento en sus gastos, con ello Pemex podrá deducir el mayor entre un monto predefinido por barril producido o un porcentaje de sus ingresos correspondientes.

Esta estructura protege los ingresos de Pemex en la coyuntura actual de los precios bajos. Esta iniciativa lo que hace es adaptar la ley a la circunstancia que está viviendo la paraestatal.

Para ejemplificar lo anterior y con la vigencia del decreto que queremos poner en ley, este año con la ampliación de la deducibilidad Pemex fortaleció su posición financiera con 50 millones de ingresos adicionales, 16 por ciento más recursos para inversión en plataformas, en exploración, en producción, y para el próximo año, con un precio de 42 dólares por barril, Pemex, además de tener mayores ingresos por mayor precio tendrá una menor carga fiscal por el orden de los 35 mil millones de pesos. Esto es lo que significa esta reforma; mayor fortalecimiento a las capacidades operativas, financieras y de inversión de la empresa productiva del Estado mexicano.

La reforma energética, como otras reformas realizadas a través del diálogo y el consenso en los últimos años, ha sido un acierto para nuestro país. A través de esta trascendental reforma México modernizó su modelo de industria energética y se preparó para que en la nueva industria petrolera se dieran las condiciones necesarias para atraer la inversión productiva que generará beneficios de largo plazo para nuestra nación.

Ahora, con esta iniciativa y como un beneficio exclusivo para Petróleos Mexicanos, daremos viabilidad financiera al aprovechamiento de los recursos en un contexto en el que los precios se redujeron considerablemente.

Por otro lado y con el objetivo de continuar con el diseño de contratos y licitaciones exitosos, se proponen algunos cambios al marco aplicable a la determinación de los términos fiscales de los mismos contratos petroleros. Así, a través de este cambio en ley, se busca que la nación capte rentas extraordinarias de estos contratos. Todos los contratos que el Estado mexicano formalice deben contar con un mecanismo de ajuste, favorable siempre a los mexicanos.

Asimismo en la propuesta modificatoria al artículo 32, a que se refiere este dictamen y con la modificación propuesta, se busca que cada empresa participante de un consorcio que haya suscrito un contrato con el Estado, sea capaz de determinar y pagar sus impuestos de forma clara y consistente con las inversiones que haya realizado.

Por último, respecto a las reglas fiscales aplicables a los contratos petroleros, si bien existen beneficios como simplificar y flexibilizar su diseño y administración, resulta igual de relevante consolidar la capacidad del Estado para monitorear y verificar que los pagos que se reciban sean determinados conforme a las reglas establecidas en el marco legal.

Por ello es que la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideramos pertinente aclarar que en apoyo a las labores que realice la Secretaría de Hacienda es necesario que el Sistema de Administración Tributaria tenga la facultad para realizar visitas a los contratistas, además de las auditorías ya establecidas en ley.

En síntesis, los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario Institucional apoyamos las modificaciones propuestas en este dictamen, porque son cambios en las leyes que fortalecen la posición financiera y las capacidades operativas y de inversión de Pemex, porque fortalecen el Estado mexicano con las adecuaciones legales para lograr una mayor renta petrolera, porque aseguramos la consistencia y equidad entre las inversiones y las deducciones en materia energética y porque damos mayores herramientas a nuestras autoridades fiscales, para una mejor fiscalización en la materia y, en suma, ganamos todos los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado González Salum.

Esta Presidencia recibió solicitud de sustitución del orador del PRD. En consecuencia y por excepción, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, para fijar la postura del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Waldo Fernández González:Con su venia, presidenta. A nombre de mi bancada quiero subrayar con absoluta precisión, que este dictamen es apenas el inicio de la discusión del paquete económico.

De ninguna manera su discusión y votación cancela el debate ni el reclamo por el recorte del gasto ni tampoco equivalen a aprobar el incremento a la gasolina ni tampoco significa avalar la política de endeudamiento de esta administración. Este debate está aún por empezar, no hemos llegado a la discusión de la llamada Miscelánea, en la que se revisarán los temas relativos a ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación, donde tenemos propuestas y demandas muy específicas en beneficio de la población.

Todavía falta la discusión central de esta etapa, que será en la Ley de Ingresos de la Federación. El PRD no está en contra de todo ni de todos, no pretende promover la parálisis parlamentaria, tiene la voluntad de corregir el proyecto del Ejecutivo y eso demanda que nos mantengamos en la lucha y que no cedamos a la trinchera del debate.

No vamos a cometer el error de dejar sólo al PRI y al gobierno para que saquen en sus términos las propuestas, nosotros seguiremos dando el debate. La discusión de la Miscelánea y la Ley de Ingresos será en los días próximos, y hacen mal quienes piensan que será un día de campo.

Insistimos y dejamos en claro, que el PRD no acompañará la liberación de la gasolina, porque equivale a un incremento del precio, y que tampoco vamos a acompañar una política de endeudamiento.

Sin embargo, en esta Ley de Hidrocarburos sí iremos en pro, porque consideramos que fueron atendidas algunas de las inquietudes que nosotros presentamos, aunque particularmente, insisto, que estamos en contra del aumento de la gasolina, por el tema de la liberación, que eso lo veremos en el dictamen del próximo miércoles.

Para nosotros es muy fácil entender que se pretende engañar a las personas, a través de reformas que tienen que ver con la liberación de la gasolina. En este caso en particular, en el caso de los ingresos de hidrocarburos iremos a favor, porque se atendieron las peticiones concretas en el dictamen, aunque haremos reservasen lo particular, porque consideramos que hay asimetría entre la parte fundamental de Pemex como empresa y los beneficios que se le están dando a empresarios.

Consideramos que se está procediendo a un proceso de liquidación, sin embargo, insistimos, sí se cumplieron algunas o la mayoría de los temas contenidos en el dictamen y por esa situación iremos en pro de la propuesta.

Insistiendo en que estaremos en el debate del próximo jueves dando la pelea sobre los temas que le importan a la población, como es la deuda y el tema del incremento a las gasolinas. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Fernández González.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general lo siguientes diputados: en contra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena. Y en pro la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Permiso al diputado presidente. El dictamen que hoy se discute, sorprendentemente van a votar partidos que están a la izquierda del orador, tiene dos objetivos: uno, rectificar, modificar, aceptar que la reforma energética no funcionó. Y por lo tanto, con el eufemismo de flexibilizar, en realidad se está permitiendo cambiar los contratos de compañías que extraen petróleo, de compañías privadas que extraen petróleo y que ahora podrán modificar contratos, ahora podrán diferentes miembros de un consorcio, de una compañía que extrae petróleo, poder deducir entre ellos los mismos contratos y la inversión de los mismos.

Es decir, estamos creando un régimen especial, parecido a la consolidación fiscal para el tema energético.

Es decir, como no está funcionando la reforma energética hay que subsidiar a las empresas, permitirles compensar ganancias con pérdidas, al cabo los ingresos los vamos a sacar de la gasolina y de los 180 mil millones de pesos que vamos a recaudar y que no se van a discutir en esta sesión porque la ley del IEPS, la Ley de Impuestos Especiales no está a discusión en este momento en la Cámara. ¿Por qué? Porque las fracciones parlamentarias hace un año votaron, excepto Morena, la banda de gasolinas que hoy garantiza que la gasolina pueda incrementarse.

Segundo. En el tema de Pemex en realidad lo que se está haciendo es poner en la ley algo que hizo Hacienda durante el año, incrementar el tema de la deducibilidad. Pero mientras Pemex va a poder deducir 6 dólares, una compañía privada puede deducir 24.

Así de diferente es el tratamiento que se está dando a la paraestatal y que se está dando a las empresas. Son incluso porcentajes menores de los que podía deducir Pemex antes de la reforma energética.

Quien vote a favor de esta iniciativa está votando a favor de la reforma energética. Peor aún, está votando a favor de enmendar la plana de la reforma energética y dar todavía mayores facilidades a las empresas para que no paguen impuestos.

Tuvimos razón al final del día. Hubiera sido mejor que el Estado, el Estado soberano, el Estado que ve por los mexicanos realizará las inversiones y obtuviera los ingresos para gastarlos en el presupuesto público, no las empresas que son ahora las grandes beneficiarias de este dictamen. Y vamos a ver en esta ocasión, en este voto quién está con los mexicanos, quién vota en la izquierda y quiénes ya estamos comprometidos con una industria nacional, energética y del Estado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Tiene el uso de la tribuna para hablar en pro la diputada Adriana Sarur Torre, hasta por tres minutos.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, expedida hace dos años, es un importante instrumento para la adecuada fiscalización y control de los ingresos derivados de los contratos y asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos. Contar con un instrumento normativo como éste es fundamental para dar seguridad a las y los mexicanos respecto al manejo y conducción de los ingresos petroleros, así como sentar las bases legales respecto a la modalidad de contratación y contraprestaciones para un adecuado y más productivo aprovechamiento de nuestras riquezas naturales.

El fin último de este ordenamiento, es fortalecer a Petróleos Mexicanos, a través de un sistema fiscal que no limite su capacidad de operar con mayor eficiencia y que considere el incremento en las complejidades técnicas de las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos. Las modificaciones realizadas reflejan el esfuerzo de este Poder Legislativo por seguir transformando el sistema energético mexicano hacia un esquema de mayor productividad y competitividad bajo normas sencillas y claras en su aplicación.

En este sentido las adecuaciones del régimen fiscal para las asignaciones pretenden hacerlo más eficiente, de forma que su operación sea más competitiva frente a los nuevos esquemas contractuales y se permita al Estado mexicano obtener una rentabilidad justa. Se está realizando un ajuste en función de la volatilidad registrada recientemente en el tipo de cambio, con la intención de dinamizar el sector energético para generar un mayor monto en las inversiones destinadas a la exploración y explotación en materia de hidrocarburos, a través de un esquema más flexible para las deducciones.

Este mecanismo de ajuste permitirá al Estado mexicano capturar la renta petrolera extraordinaria que pudiera generarse. Asimismo, se intenta otorgar mayores facilidades para que los integrantes de un consorcio energético petrolero puedan expedir comprobantes fiscales que amparen los gastos realizados en términos de nuevas inversiones para la exploración.

La utilidad compartida permite que el Estado reciba recursos desde el momento de la formalización del contrato y con independencia de la rentabilidad del proyecto, así se distribuyen los riesgos y ganancias más equitativamente entre el sector público y el sector privado. Debemos hacer realidad las reformas estructurales en materia energética y hacendaria, mismas que serán el vehículo que detone el potencial energético que tenemos y que, sin lugar a dudas, no posicionará como referente en el ámbito internacional.

Generar mayores tasas de desarrollo económico y empleos, así como aumentar notablemente los ingresos del Estado a mediano y largo plazo, solo se alcanzará con un esquema integral para aumentar la producción de hidrocarburos y dinamizar la actividad industrial y económica de todo el sector. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sarur. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra hasta por tres minutos.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. La reforma constitucional en materia energética confabulada en el Pacto por México, cuyos objetivos y supuestos beneficios reiterados por el Ejecutivo federal serían un marco jurídico para fortalecer la industria petrolera, incrementar la renta petrolera, bajar los precios de la luz, gas y gasolina, crear millones de empleos, restaurar la industria petrolera como motor de crecimiento y desarrollo económico, mayores recursos para el Presupuesto, detonar inversiones en nueva áreas y grandes inversiones en el sector. El día de hoy eso no ha sucedido.

De acuerdo con los indicadores petroleros de Pemex actualizados al mes de agosto de este año, la producción de hidrocarburos líquidos no ha llegado a los máximos obtenidos antes de la reforma, al igual que el volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural.

En contraparte, el incremento de los precios al público de los productos petrolíferos como gas licuado, gasolinas y diésel que han pasado del rango de los 10 pesos por litro a más de 14 pesos en menos de cinco años, incrementos que están por encima de los efectos inflacionarios.

Y ya ni qué decir de las inversiones que nunca llegaron ni los millones de empleos ni los recursos al Presupuesto, que dicho sea de paso, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2017 presentan una drástica caída con relación al ejercicio 2016.

La reforma energética adicionalmente se concretó justo cuando se contrajo la demanda de energéticos en las economías desarrolladas, acompañando de las variaciones en la producción global que ha llevado a la situación de inestabilidad en los mercados de energéticos que se ve reflejada principalmente en el nivel de precios de los mismos. En este contexto, el Ejecutivo federal presentó el pasado 8 de septiembre la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la cual modifica el artículo 3, 10, 32, 41 y 42 y adiciona dos artículos transitorios.

Dentro de las contraprestaciones a favor del Estado establecidas para los contratos de licencia, se encuentra la establecida en la fracción IV del artículo 6, que es una contraprestación determinada en los contratos, que tiene por objeto capturar la rentabilidad extraordinaria que pudiera tener lugar por la exploración y extracción de hidrocarburos. Con dicha iniciativa se pretende, en primer lugar, la rentabilidad de las empresas del sector energético, pues modifica la definición de “mecanismo” por “ajuste”

En Morena no acompañamos esta propuesta que va a incrementar las ganancias de las empresas, pues representa un despojo más de la riqueza nacional y un desfalco a la hacienda pública, que incluso podríamos añadir, aleja los objetivos de mayores recursos presupuestales y un marco jurídico que protege a la industria petrolera, reiterados por el Ejecutivo federal con la reforma energética.

En virtud de lo anterior el Grupo Parlamentario de Morena votará en contra del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la presente ley.

Invitamos a los diputados que aún estén en la izquierda, de otros partidos, a votar en contra de esta iniciativa, de otro modo estarían avalando la reforma energética. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Montiel Reyes. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, para hablar en pro, el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Yerico Abramo Masso:Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros, parece ser que hay a quienes no les queda claro que lo que se está construyendo es que Pemex tenga mayor ventaja fiscal, que cuando el precio del barril de petróleo esté bajo, esté a 25 dólares, Pemex pueda tener ventajas fiscales que le permitan tener recursos adicionales por 50 mil millones de pesos. Quien pueda estar en contra de eso, entonces quiere decir que está en contra del país y que está en contra de Pemex. Ese dogma que ustedes vienen a decirnos aquí en la tribuna, solamente engaña a los que están en casa; amigas y amigos de casa, no se dejen engañar por este falso dogma que no nos lleva más que a la polarización del país.

Hoy está muy claro que las ventajas que estamos proponiendo en esta ley van a garantizar, no por hoy, sino por todos los años que vienen, lo que muchas veces se pidió en esta tribuna, que Pemex tuviera la posibilidad de deducir por parte de sus inversiones.

La ventaja fiscal, amigas y amigos en casa, amigas y amigos legisladores, es para Pemex, no es para empresas privadas. Hay quienes, en un dogma recalcitrante que busca destruirlo todo, sin construir nada, están engañando a las y los mexicanos que hoy nos piden y nos exigen que en lugar en donde estamos, demos cuentas claras.

Hoy, esta ley, garantiza que Pemex siga creciendo incluso en momentos de que el barril de petróleo esté muy barato. Hoy, tenemos que dejarle claro a la gente que nos dio su voto para estar aquí, estamos garantizando que la mayor empresa de México, la que siempre a veces es utilizada para dogmas políticos, solamente para el debate sin fondo, hoy esa empresa nos necesita.

Y esta reforma, esta ley va a garantizar que Pemex tenga más dinero y le permita crecer en desarrollo, en protección, en ventajas para sus trabajadores, en ventajas para el crecimiento de la inversión, en ventajas para que pueda seguir invirtiendo en exploración, en refinación y ahí están los que no dejan hablar, es porque algo esconden. Nosotros no escondemos nada. Nosotros siempre venimos documentados con un historial que dice: 50 mil millones de pesos más tendrá Pemex si el petróleo está barato. Si el petróleo sube, podrá tener hasta 30 mil millones de pesos más para su operatividad.

Fuera máscaras de mentiras, como siempre, y vámonos a poner a trabajar por México. Es cuanto, compañera presidenta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Yerico.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, el diputado Vidal Llerenas, ¿Con qué objeto?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): En un dictamen a discusión, pueden ser interpelados y hacer preguntas. Yo no sé si usted sabe eso. Viene ahí en el Reglamento.

Por lo tanto, usted me tiene que dar la palabra cuando un orador en un dictamen a discusión está discutiendo algo porque alguien del pleno lo puede interpelar. Es lo que yo quise hacer, usted no me dio la palabra, el orador ya se bajó y quisiera hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena. El orador de retiró de la tribuna.

A ver, a ver diputado Yerico, permítanme por favor; permítanme por favor. Diputado Yerico, el diputado Vidal Llerenas deseaba hacerle una pregunta, ¿la acepta?

El diputado Yerico Abramo Masso (desde la curul): No la acepto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No la acepta, de alguna manera. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Y el respeto que les pido al diputado Basurto Román, de Morena, también se los pido para los demás oradores, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Alfredo Basurto Román:Gracias. Con tu permiso, presidente. Y tolerancia, tolerancia, presidente, a todo, sobre todo a nuestro grupo parlamentario. Me da tristeza como un grupo parlamentario de izquierda, por cierto, votó en contra la reforma energética y resulta que hoy este dictamen lo va a votar a favor. Congruencia política, compañeros del PRD.

Como el equipo de gobierno ve –de Peña Nieto, los empleados– que la reforma energética no está dando los resultados que ellos esperaban, porque están llevando a la desgracia y al desastre económico y político con sus mentadas reformas energéticas y, a quien me antecedió en el uso de la voz, nada más le digo: dónde queda la congruencia, donde México es uno de los principales productores de petróleo y compramos, compramos, a Estados Unidos una de las gasolinas más caras; dónde está la congruencia, compañeros, y dónde están las bonanzas y los beneficios de esta reforma energética; pero, bien, como el gobierno no le da resultados ahora experimenta y con este dictamen pretende fortalecer más a la iniciativa privada y, sobre todo, a los extranjeros para que sea más flexible en el pago de impuestos y pueda así seguir llevándose el recurso natural que por ley les pertenece a los mexicanos.

Nada más me pregunto, y me vuelvo a preguntar, dónde está la congruencia política de nuestro gobierno si está llevando a miles y a miles de familias que dependían en forma laboral del petróleo y era una fuente de ingresos sustentable para el país, y que ahora está en bancarrota.

Veo como que se trata y se pretende dar patadas de ahogado, compañeros, por qué, porque el gobierno en su desesperación y en los recortes que trae no halla ni que hacer y por eso inventa, inventa y trata de meter estos dictámenes que vienen a perjudicar más a una empresa que es de los mexicanos, que es el petróleo de los mexicanos, que es el petróleo de los mexicanos que no permitamos que se lo acaban, y exhorto a los compañeros del PRD a que sean congruentes y que voten en contra de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Sí diputado presidente. Nada más para referirle el artículo 114 y 117 del Reglamento, donde señala sobre las mociones, donde un diputado puede hacer una moción o una pregunta. Esto con el sentido de que por favor de la manera más respetuosa, esa Presidencia que usted dirige permita que la sesión se apegue al Reglamento.

Los diputados tenemos el derecho de hacer preguntas. Si no la aceptan es otra cosa, esto porque no queremos que se repita nuevamente que apaguen el micrófono. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Rocío Nahle. Sólo le informo que me percaté de la intervención del diputado Vidal al final de la intervención del diputado Yerico, y le pregunté por eso al diputado cuando había abandonado la tribuna si aceptaba la pregunta. Me dijo que no. pero estaremos muy atentos con el personal de la Mesa Directiva que está entre las curules, para que de inmediato nos informen su alguien quiere hacer alguna pregunta al orador. Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado López Sánchez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Sergio López Sánchez(desde la curul): Para manifestar, presidente, que un grupo, en nombre de un grupo importante de diputados del PRD y por alusiones al grupo parlamentario, daremos un voto de conciencia en contra, puesto que esta circunstancia se deriva de una reforma que el PRD votó en contra, y por congruencia política votaremos en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Si no hay preguntas, gracias diputado Basurto. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario el PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo David García Portilla:Con el permiso de la Presidencia. Sin duda la reflexión de lo que es bueno para el país debe pasar por lo que es bueno para Pemex, por encima de las mentiras dogmáticas que aquí se han señalado.

Este régimen fiscal que se propone para Pemex ya lo había determinado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un decreto publicado en abril de este año, porque la situación económica del país a partir de una disminución en los precios del petróleo y de un entorno internacional adverso ha cambiado. Eso no lo señalan, son las mentiras de siempre.

Sin embargo, hay un argumento fundamental que en esta Cámara se ha escuchado año tras año, que Pemex se fortalezca fiscalmente, que la renta petrolera no se absorba por el gobierno federal y que permita, precisamente, invertir a Pemex. Esto es lo que se está proponiendo ahora precisamente, que Pemex pueda deducir en mayor porcentaje su inversión, que Pemex precisamente pueda deducir en mayor porcentaje los costos que hace de exploración y explotación de hidrocarburos.

Eso es lo que se está definiendo aquí, no las mentiras que siempre dicen y que expresan en el pleno, pero que no expresan en la Comisión de Hacienda muchas veces. Me sorprende ver aquí a compañeras y compañeros que exigen ante la Presidencia preguntas, cuando en la Comisión de Hacienda jamás expresaron alguna de ellas.

Qué bueno que esta Cámara esté discutiendo algo fundamental y reflexionemos sobre esto, ¿qué futuro queremos para Pemex? ¿Queremos el futuro que siempre peleamos de permitirle costos, deducir costos para inversión? ¿Queremos ese futuro que permita precisamente, como lo estableció la reforma energética y la Ley de Hidrocarburos, que inversiones paguen derechos a los estados petroleros? Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado, permítame, por favor. Diputado Vidal Llerenas, ¿Con qué objeto?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Para una pregunta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: ¿Permite una pregunta, diputado?

El diputado Ricardo David García Portilla: No, ya lo señalé, que hubo la oportunidad en la Comisión de Hacienda y no la hicieron.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado no acepta la pregunta, diputado Vidal. Gracias. Continúe, diputado.

El diputado Ricardo David García Portilla: Gracias. Por ello precisamente es que Nueva Alianza, como ya lo señaló en esta tribuna y lo debemos establecer, esa reflexión de que el SAT compruebe los gastos en consorcios que han hecho para fines fiscales, sea precisamente el SAT auditable conforme a flujo.

Eso es lo que Nueva Alianza está proponiendo y reflexionando y estamos de acuerdo en ello, que lo que los consorcios deduzcan fiscalmente sea revisado por el SAT. Esas son las aportaciones de todos los grupos parlamentarios que hoy nos tiene aquí, para darle viabilidad a Pemex, para que sea un cambio fundamental, una empresa productiva del Estado. Eso es lo que tienen que entender en el cambio, ahora es una empresa productiva y no un organismo centralizado, entiéndanlo, compréndanlo y actúen en consecuencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García Portilla. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: el artículo 3o., el 32, el 10, el 42, el 41, el 37 fracción IX, el 37 fracción XII, el 39, el segundo transitorio. El 3, 10, 32, 37, 39, 41, 42 y segundo transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 360 votos a favor, 53 votos en contra, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 360 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos, para presentar reserva sobre el artículo 3.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Me voy a reservar el artículo 3 de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos porque está proponiendo el Ejecutivo, Peña Nieto y sus partidos, cambiar el concepto de lo que es mecanismo de ajuste. Actualmente el mecanismo de ajuste es la fórmula que establece la Secretaría de Hacienda en cada contrato, que aumenta las contraprestaciones a partir de su rentabilidad.

En esta entrega desmedida que están haciendo están proponiendo quitarle la palabra rentabilidad. Es decir, que la fórmula que establece la secretaría en cada contrato de explotación y de exploración que se va a dar en el petróleo va a ser mediante la modificación de alguno de los parámetros que determinan las contraprestaciones del contrato. No dice cuál, pero el artículo 24 de esa misma ley habla del valor contractual del petróleo, que no lo modificaron. Y no lo modificaron y ahí están estableciendo que el valor del petróleo, si es inferior a 48 dólares de Estados Unidos, va a tener cierta fórmula.

Nosotros estamos considerando un precio de 42 dólares en caso de que el petróleo suba, que esperamos que así sea a nivel mundial. Este artículo 24 con el 3 va a estar fuera de parámetro, pero esto que se está haciendo, y que se está haciendo mal, es todavía para flexibilizar. Por eso hablábamos.

Y aquí le digo al compañero diputado que subió que los diputados de Morena ayer en la Comisión de Hacienda fueron los únicos que votaron en contra. Que no se confunda ni que diga mentiras a la ciudadanía. No está en campaña, estamos todavía en la Cámara de Diputados.

También el artículo 3 elimina de la rentabilidad. Si es muy rentable, le va a dar manga ancha a los contratistas. Si no es rentable también le van a disculpar; así o más fácil.

Es por ello, compañeros, que los exhorto de manera respetuosa a que esta reserva la acepten para hacer la modificación y que así el Estado pueda recaudar más dinero. Por lo tanto, le solicito a usted, señor presidente, llame a votar para esta reserva.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora la diputada Norma Rocío Nahle García, presentará reserva al artículo 32, hasta por tres minutos.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Cómo lo iban a votar a favor, capaz de que los negocios de Bailléres y de todos los demás no se vean beneficiados. Bueno, voy a explicar por qué nos estamos reservando el artículo 32, de la Ley de Hidrocarburos.

Este artículo habla esencialmente de las bases de la licitación de los contratos que deberán prever los residentes de ejercicios fiscales de México. En el inciso c) del artículo 22, fracción I, hablan de reflejen el porcentaje de la participación que corresponde cada integrante del consorcio y establezcan los mecanismos mediante los cuales dicha participación pudiera variar durante la vigencia del contrato.

Miren, hoy ya están entregando los bloques, se lo entregan a una empresa, si esa empresa forma un consorcio, como ya lo están haciendo de varias subsidiarias o de varias empresas, hoy están ustedes solicitando que Hacienda vaya por cada una de esas empresas a solicitar la parte proporcional que le corresponde. ¿Por qué? Si se le asignó el bloque a una empresa. Si la empresa abre en subsidiaria, abren ésta, es a quien se le asignó, tiene que dar cara y que cubrir con Hacienda en los pagos.

Hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene capacidad, ninguna capacidad para estar auditando o supervisando a todo lo que está abriendo. Creo que la Comisión de Hidrocarburos nada más tiene 300 trabajadores.

Por ello, le van a abrir a todos esos y le van a decir al SAT, le van a decir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que vayan a hacer auditorías a cada una de ellos y que vayan como aboneros prácticamente a estar cobrando a la puerta y vamos a obtener todavía menos beneficio de la renta petrolera. De eso se trata, le están abriendo la puerta, le están dando facilidades a quien sea, menos a Pemex. A quien sea, menos a Pemex.

También en la fracción III de ese artículo le están abriendo para que sea cada integrante del consorcio, sea el que pague.

¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que en su totalidad a la empresa que se le asignó el bloque pague y dé cuentas de la rentabilidad y regalías.

Por ello exhorto al pleno a que sean responsables una sola vez de esta Legislatura y aprobemos esta reserva para su discusión. Discútanlo, compañeros; discútanlo, no se vayan nada más así. Lean por favor. Le pido que llame a votar la reserva de este artículo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva a los artículos 3, 10, 32 y 42. El diputado Romero Tenorio presentará los cuatro artículos en una sola exposición, y tiene un tiempo de siete minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Mesa Directiva, diputadas y diputados, no es necesario este debate si esta Cámara de Diputados realmente legislara, si esta Cámara de Diputados realmente analizara las propuestas que presenta el Ejecutivo en el Paquete Fiscal.

Esta Ley de Ingresos de Hidrocarburos es una de tantas que integran el Paquete Económico, una de tantas leyes que debemos aprobar para determinar la Ley de Ingresos para 2017.

Es necesario hacer ajustes a diversas leyes para que tenga fundamento legal la Ley de Ingresos 2017, son ajustes a malas leyes aprobadas en esta Cámara de Diputados. Ajustes a la Ley de Ingresos de Hidrocarburos porque el diseño fue mal planteado. La empresa del Estado Petróleos Mexicanos, tiene un mal diseño fiscal, el Estado mexicano a través de las mayorías que tenían en los congresos anteriores, se acostumbró a dar un trámite a la cuestión fiscal de Pemex. Durante 76 años se determinó sin ningún problema la cuestión fiscal de Pemex porque era un monopolio del Estado. Frente a este monopolio decadente y en crisis, se propone una reforma energética aprobada por esta Cámara de Diputados, y una reforma a una ley reglamentaria que es la Ley de Ingresos de Hidrocarburos. Esta Ley de Ingresos de Hidrocarburos fue publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial; una mala ley que es necesario corregir, no solamente corregir la cuestión fiscal de Pemex, porque una de mis reservas, la relativa al artículo 10 y al artículo 42, a la cual me referiré en particular, refiere a los derechos que tiene que cubrir Pemex como empresa del Estado; mal diseño porque ahora se le busca amortiguar la carga fiscal ante la incapacidad de competencia real con las empresas privadas que entran al sector de hidrocarburos.

Otras leyes que vamos a aprobar en estos días o que van a aprobar ustedes, porque Morena va en contra, por ser malas leyes, van a dar beneficios a particulares que entran al sector de hidrocarburos. Se buscar palear la deficiencia de Pemex con la reforma al artículo 42 modificando la base o la tasa por la cual Pemex de pagar derechos en la exploración y explotación petrolera. Es una mala ley que busca subsanar lo que se planteó mal y se planteó mal porque no se garantizaron los principios constitucionales que ustedes mismos derivaron de la reforma energética.

El artículo 27 constitucional establece que la extracción y explotación de petróleos se hará por el Estado a través de sus empresas estatales o por particulares a través de contratos.

El cuarto transitorio de esa reforma mandata como principio que los modelos contractuales sean aquellos que mejor convengan para maximizar los ingresos de la nación. Ése proyecto va mal, no se maximizan los ingresos de la nación, se maximizan los ingresos de particulares que ya están asentando su patrimonio y están asentando grandes ganancias en las zonas asignadas en las diferentes rondas que ha licitado la Secretaría de Energía.

No queda clara la responsabilidad de los particulares en cuanto a generar una mayor ganancia hacia el Estado mexicano. No queda clara, por eso es necesario modificar las bases de Petróleos Mexicanos para tener un colchón que permita a los particulares generar mayor ganancia para ellos mismos y no para la nación.

De nueva cuenta, con malas leyes se pretende tapar un hueco que generó o que está generando la deficiencia competitiva de Petróleos Mexicanos. Se piensa que al favorecerlo fiscalmente, se favorece su competencia, eso es falso. A Pemex, como empresa del Estado ya no se le favorece, se le busca desmantelar, se le busca crear mejores condiciones para que no sea una empresa competitiva del Estado mexicano, y eso lo van a acreditar las diferentes leyes que vamos a estar discutiendo en estos días.

Les repito, este debate no sería necesario si en comisiones se hubiera discutido esta ley. No se discutió. El día de ayer se dieron tres minutos para posicionar esta ley, pero no se discutió ni un solo artículo, no se discutió ninguna otra iniciativa vinculada a esta Ley de Ingresos en Hidrocarburos que presenta el Ejecutivo federal.

La línea era muy clara, no modificar nada para que pasara tal cual.

Y tendríamos que modificar el discurso del PAN, que habla de la reforma fiscal tóxica. Para su información, ingresos y egresos se define cada año. Ellos manejan en el discurso que no aprobaron la reforma tóxica, la reforma fiscal de 2013. Sin embargo, la conforma en 2014, 2015, 2016 y para 2017 van a hacer lo mismo.

Aprobar la iniciativa del Ejecutivo en sus términos es aprobar las condiciones de fiscalidad que ha determinado este Congreso para el Estado mexicano. Es determinar la fiscalidad y las obligaciones de particulares frente al Estado, beneficiando siempre a las grandes empresas. Es gravar más al pueblo mexicano, reducir el ingreso en beneficio de grandes ganancias de transnacionales.

Eso nos motiva a nosotros a votar en contra el dictamen que hoy se presenta, que forma parte del paquete fiscal. Hay que verlo en forma integral, no aislada. Y este paquete fiscal solo beneficia a unos cuantos y no al ciudadano de pie, ahí vamos a tener el resultado del precio en la gasolina, el IEPS, que pagamos 50 por ciento de impuesto gracias a su reforma fiscal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que fue reservado por el diputado Romero Tenorio.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el artículo 3. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 10 reservado de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 32 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el artículo número 32. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión el artículo 42 reservado de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión el artículo número 42. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar reservas al artículo 10, 41 y Segundo Transitorio. El diputado hará la presentación en un solo discurso, así es que tiene siete minutos. Adelante, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias. El primero y me parece que es fundamental que pudiéramos poner atención. El PRI dice que quiere debate pero no contesta las preguntas y no quiere que se reserven los artículos en la Comisión de Hacienda. Para que el artículo 41 se hable de, se incorpore un párrafo anterior antes de esto, se ponga: Fortalecer la capacidad operativa de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias.

Es decir, si se quiere dar esta posibilidad de incrementar lo que Pemex pueda deducir, que también se refiera a sus empresas productivas y subsidiarias. Sería aquí en todo caso sería una precisión importante.

Por cierto y hablando precisamente del tema de las deducciones, lo que queríamos preguntar y no se nos permitió fue si Pemex ahora podrá deducir 6, 10 y ocho y tantos de la producción de barriles de petróleo, cuánto puede deducir una empresa privada, porque en nuestro análisis y a precios de 40 dólares el barril, la deducción es de 24 dólares; es decir, 6 contra 24. Esta es la simetría que hay entre Pemex y las empresas privadas. Entonces, es mentira que se quiera poner en las mismas condiciones a Pemex y a las empresas, sino que definitivamente hay una diferencia importante.

Insisto, creo que sería importante la modificación del 41, para que también se incluyan a las empresas subsidiarias.

Con respecto al artículo 10, nos permitimos hacer una propuesta en la que se dice que con el propósito de que el Estado mexicano pueda capturar no menos del 50 por ciento de la rentabilidad extraordinaria, que en su caso se genere por la extracción de hidrocarburos.

Es decir, en este esquema, en donde son los privados los que se quedan con la renta petrolera en el mundo, en distintos regímenes tributarios con respecto a la energía, es no menos del 50 por ciento de la rentabilidad extraordinaria la que se queda el Estado.

Aquí estamos renunciando a esta posibilidad y, por el contrario, en el propio artículo 10 estamos poniendo más facilidades para que sea por la tasa o el monto que resulte de la contraprestación, alguna de las dos. Es decir, en lugar de garantizar un mínimo de la rentabilidad, lo que estamos haciendo es facilitando a las empresas que puedan deducir el mayor monto posible y pagar menos al Estado.

Por eso tenemos que poner impuestos a las gasolinas de 180 mil millones de pesos, que no discutimos el año pasado en la Comisión de Hacienda, que obviamos ese trámite, que lo discutimos aquí en el pleno y que todas las fracciones políticas excepto Morena votaron a favor.

Finalmente, quisiera también pedir suprimir el Segundo transitorio, que se iba a dar en los ejercicios fiscales 17-18, pues para establecer ya el régimen que se supone que tienen que tener con normalidad el resto de las empresas que extrae petróleo y no seguir teniendo deducciones extraordinarias, facilidades extraordinarias a las empresas para la deducción.

Creo que es importante saber que el voto que se está dando el día de hoy en este dictamen, no es un voto a favor de Pemex, es un voto que mantiene una enorme asimetría entre Pemex y las empresas privadas en deducir la producción. Esto significa que estamos dando un paso más en el deterioro que vemos todos los días en Petróleos Mexicanos, y que también lo podemos ver en el Presupuesto de Egresos y en los recortes de todos los años a la inversión de Pemex.

No digamos después que Pemex no es productivo, que no es una empresa rentable, que tenemos que acabar con ella, si en este momento lo que estamos haciendo es votando por una asimetría entre las empresas privadas y el resto, que son las empresas de Pemex.

Y el segundo lugar, no digamos que este dictamen que hoy se vota fortalece al Estado mexicano y a su capacidad de recaudación. Por el contrario, facilita a las empresas la posibilidad...

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado, permítame.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Sí, gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador, si me la acepta.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Sí, con mucho gusto.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Muchas gracias, diputado. Nada más para preguntarle, si en su reserva también contempla que Pemex pueda deducir igual que los privados, porque como está actualmente el régimen, pues es diferente medición. ¿Está contemplando usted, en su reserva, que también a Pemex se le trate como se trata a los privados?

El diputado Vidal Llerenas Morales: Sí, y ese es precisamente el punto de discusión. Es decir, lo que estamos haciendo es no incrementar la capacidad de Pemex de deducir, sino mantener la asimetría que existe. En realidad nuestra propuesta es que pudieran estar en las mismas condiciones, porque además tampoco lo están en otras que tienen que ver con esta discusión, de que también se quiere que Pemex pague por los costos ambientales y que no se recupere la inversión que ha hecho en distintos cambios.

Es decir, todo lo que ha sucedido en los últimos años es, después de la reforma energética, es que cada vez Pemex asuma mayores costos. Valga recordar, que incluso lo que hoy se propone deducir en esta ley que hoy se discute, es menor a lo que Pemex podía deducir antes de la reforma energética. Es decir, el estado de las cosas no es mejor para la compañía en estos términos.

Y en ese sentido, lo que hemos reiterado, lo dijimos hace rato en nuestro posicionamiento es, pues claramente quien vota a favor de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es alguien que está apoyando la reforma energética, porque de alguna manera es aceptar que la reforma no funcionó y entonces poner algunos elementos para beneficiar aún más a las empresas privadas.

Entiendo que haya partidos que de manera equivocada, en mi entender apoyen la reforma energética. No entiendo que haya partidos que digan que ellos no apoyaron la reforma energética y que aprueben en estos términos la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Partidos que por cierto no subieron a defender su posición en esta tribuna.

Insisto, ojalá podamos considerar estas peticiones que estamos haciendo y que son muy sencillas, que tienen qué ver con que esto incluya a las empresas productivas subsidiarias, con que al Estado se garantice no menos del 50 por ciento de su rentabilidad y que ya no tengamos un transitorio que ya no se requiere en este momento y que solamente está beneficiando a las empresas. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 10 de la Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos reservado por el diputado Vidal Llerenas Morales.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión el artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones al artículo 41 reservado por el diputado Vidal Llerenas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas en el artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas al segundo transitorio de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones al segundo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna para presentar sus reservas el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD. Presentará en una sola exposición reservas al artículo 37, fracción IX; 37, fracción XII; 41 y 42, hasta por siete minutos. Adelante, diputado.

El diputado Julio Saldaña Morán:Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, hoy ha sido realmente un día relevante, pero siempre hace falta dar más. Si estamos en los momentos en los que está por instalarse la Comisión de Anticorrupción, yo hago un llamado a todos los diputados, independientemente de que le demos el valor que hoy demanda la transparencia.

¿Por qué reservamos el artículo 37 A, B, fracción XI, XII? Porque en la primera, que es A, ¿qué es lo que propongo? Así, muy sencillo, y esto corresponde al Fondo Mexicano de Petróleo. Verificar que los contratistas reporten los montos de lo extraído y, en consecuencia, coincidan con la información proporcionada al Servicio de Administración Tributaria. Esta es una reserva, hoy está sin correlativo, no coincide, no se revisa.

Y el siguiente artículo, B, ¿qué es lo que le pongo que corresponde a la Secretaría de Energía? Informar a las Comisiones de Hacienda y Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión el resultado de las auditorías que se realicen al Servicio de Administración Tributaria. De igual modo, al día de hoy está sin correlativo. Son dos temas a los que les podemos trabajar para tener más claridad y transparencia en lo que hoy más de 360 votos ya se dieron a favor.

Y entro a las siguientes reservas, artículos 41 y 42. Aquí sí le vamos a dar el peso que merece el débil, en el Grupo Parlamentario del PRD y en lo particular un servidor, se dio un pasito, pero Petróleos Mexicanos requiere y demanda más oportunidades para ser la empresa del Estado productiva al servicio de los mexicanos. Faltó y desde luego que nos quedó muy claro que quedó chica esta enmienda.

El dictamen que discutimos el día de hoy es referente a los montos que podrá deducir Pemex, por ello nuestra decisión trascenderá en cómo opera la empresa del Estado. Sabemos que la reforma energética ahorcó a Petróleos Mexicanos, pues las deducciones de ésta son mínimas en comparación a lo que se le regresa a las empresas privadas. Ésta es nuestra oportunidad para revertir estos ajustes y hacer que Petróleos Mexicanos tenga mayores recursos, no solo para operar sino para invertir.

La situación de Pemex es preocupante, pues en el 2015 se anunció un recorte de 50 millones. Este año la reducción fue nada más ni nada menos que de 100 mil millones de pesos, lo que ha generado que la empresa del Estado se encuentra con dificultades por falta de recursos económicos.

Por ello, compañeros, diputadas y diputados, propongo que aumente las deducciones para Petróleos Mexicanos, pues de esta manera se le dota de herramientas financieras para operar y eso a su vez genera que la empresa obtenga recursos propios y evitará que se endeude.

Queremos una empresa fuerte, queremos la empresa petrolera productiva de todos los mexicanos, hay que darle más. Hoy faltó, quedó corta, quedo mocha. Hoy tenemos la oportunidad aún de darle más recursos. Si le damos una mayor deducibilidad vamos a darle más recursos económicos.

Por ello, apelo a la voluntad, no hay carrera, no estoy expresando nada negativo, no estamos siendo groseros, estamos hablándole al pueblo mexicano representado por cada uno de los diputados de diferente grupo político. Nadie me va a juzgar en decir que vine de manera grosera. Vengo a decirles que hoy todos los grupos parlamentarios tenemos la gran oportunidad de darle más recurso a esta gran empresa. Hagamos de este acto político, social y económico, hagamos una realidad. Quedó corto lo que le dimos a Petróleos Mexicanos.

Mi propuesta es esta. Propongo reformar los artículos 41 y 42 aumentando de 8.3 a 9 dólares por extracción en áreas terrestres; y de 6.1 a 6.6 dólares en extracción marina. Con ello vamos a captar mucho más recursos; qué 30 mil millones de pesos, qué 50 mil millones de pesos, como ya lo anunció un diputado, en los términos que lo escuché.

Podemos recaudar y darle mucho más a esta empresa mexicana que ha dado en toda la historia de los mexicanos educación, infraestructura, le ha dado los recursos donde se han basado los presupuestos por muchos años.

Amigas y amigos diputados, no tiren en saco roto lo que hoy estoy proponiendo. Nadie, nadie me va a decir que estoy de manera equivocada, negativa o grosera, o como le quieran llamar, cuando estamos proponiendo que le faltó mucho más darle a Petróleos Mexicanos.

Hoy también me dirijo al pueblo mexicano. ¿Por qué las empresas privadas muchos privilegios y por qué la nuestra, la de los mexicanos no la podemos agrandar un poco más? Esa pregunta cada uno de nosotros en nuestro territorio tendrá que aclarar.

Es momento de que realmente nos comprometamos con la empresa del Estado y revoquemos la dañina reforma energética que solo beneficia a los privados. Hoy esta reforma que aprobó yo estoy pidiendo, solo estoy pidiendo darle más recurso económico a la empresa petrolera, como se le atiende a cualquier otra empresa privada. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados. Yo sí les ruego, les pido en nombre de México, hay que darle más recurso a Petróleos Mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Julio Saldaña Morán. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Saldaña Morán al artículo 37, fracción IX de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión las modificaciones planteadas al artículo 37, fracción IX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación presentada al artículo 37, fracción XII de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las modificaciones planteadas del artículo 37, fracción XII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 41 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada en el artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación del artículo 42, presentada, de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada al artículo 42. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar dos propuestas de modificación al artículo 42. Hará la presentación en una sola intervención y cuenta con cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Gracias, presidente. Lo que estamos planteando en esta reserva del artículo 42, es fortalecer el régimen fiscal de Pemex, se pretende aumentar en la propuesta del Ejecutivo los límites de los montos de las deducciones por barril extraído.

Para este ejercicio 2016 se había estimado el 12.5 por ciento con un precio de barril de 100 dólares por barril. Ante la caída de los precios del petróleo, hoy la deducción sería de 5.25 dólares. Lo que propone el Ejecutivo es que se aumente a 6.10 dólares por barril, no por porcentaje sino con una cifra ya determinada.

Lo que Morena está proponiendo, es que en este aumento de la deducción fiscal se pueda agregar para fortalecer la capacidad operativa de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias; es decir, que las empresas privadas que tienen este beneficio, no sean las únicas, sino fortalezcamos a la empresa productiva del Estado.

Nosotros decimos, desde Morena, que los gobiernos del PRI y del PAN han sido los responsables de la crisis profunda que enfrenta Pemex, y en lugar de asumir su responsabilidad y generar las condiciones y el marco jurídico que permite aumentar las inversiones o disminuir el endeudamiento de la paraestatal, le ha quitado año con año, recursos que le son indispensables para su operación cotidiana.

Adicionalmente el Ejecutivo federal ha otorgado diversos beneficios a las empresas trasnacionales como el emitido en el mes de abril del presente año, el cual modifica los límites del monto máximo de deducibilidad por concepto de costos, gastos e inversiones en el pago.

Pemex es una de las empresas que más impuestos paga en el mundo alrededor del 67.4 por ciento de sus ventas totales, van a parar a la hacienda pública. Si la comparamos con empresas paraestatales de Venezuela, de Finlandia, de Perú, hay una desproporción en este régimen fiscal. Ha sido tan asfixiante que no podrá crecer, y menos competir con las empresas privadas, como lo ha repetido el Ejecutivo hasta el cansancio.

El cambio que se propone en este artículo 42 no es un respiro, no es una muestra de intención de empezar a flexibilizar realmente el régimen fiscal de Pemex, es únicamente darle mayor capacidad de pago, y de ser necesario, mayor capacidad de endeudamiento.

Es dramático que en los últimos gobiernos, y el actual, han destruido el capital humano, técnico que se acumuló a lo largo de décadas en Pemex. Sin un replanteamiento real del régimen fiscal de Pemex y un análisis objetivo de la reforma energética la estabilidad energética del país está en un grave riesgo. Y esto, señoras y señores diputados, es responsabilidad de todos quienes han apoyado la reforma fiscal que solo ha favorecido a los privados.

Durante las décadas pasadas, la estrategia de privatización de los recursos energéticos en México consistió en lo tocante a los hidrocarburos, en generar una excesiva carga fiscal para Pemex, que paulatinamente resta la capacidad productiva y financiera de la empresa, imposibilitado así nuevos proyectos de exploración y explotación de yacimientos o la construcción de una nueva infraestructura, principalmente refinerías, dejando la paraestatal en una situación de crisis profunda y un gran endeudamiento.

De tal manera que desde Morena estamos presentando esta reserva, que les pedimos que voten a favor de Pemex. Esta reserva está planteada para fortalecer a la empresa del Estado y, por lo tanto, para que el patrimonio de los mexicanos tenga un futuro, que tengamos más escuelas, más hospitales, que tengamos cero rechazados, porque nuestros propios bienes nos permiten construir un presupuesto diferente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Montiel Reyes. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la primera propuesta de modificación al artículo 42 presentada para la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada al artículo 42. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la segunda propuesta de modificación al artículo 42 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la segunda propuesta de modificación al artículo 42. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la diputada María Candelario Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reservas al artículo 41 y 42. Presentará las propuestas de modificación en una sola intervención hasta por cinco minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Compañeras y compañeros diputados, cuando se privatizaron las empresas del Estado con el salinismo, que seguramente ustedes lo recordarán muy bien, se dijo que porque estaban en crisis, que porque era imposible subsidiarias, y resulta que en menos de 10 años se convirtieron en empresas absolutamente con números negros, es decir empresas exitosas.

Hoy lo mismo nos está pasando con Pemex, se quiere hacer una serie de reformas al artículo 41 y 42 supuestamente para fortalecer a Pemex, pero en realidad lo que estamos haciendo o lo que van a votar o lo que se va a votar, es una reforma en contra de Pemex. Por eso lo que les venimos a proponer es que el artículo 41 y 42 no tengan modificación, que quede exactamente igual que como está.

Lo digo porque también en los sexenios de Fox y Calderón llegamos a tener el petróleo, el barril de petróleo en más de 100 dólares, ¿y dónde está ese dinero? Se despilfarró, se gastó, se gastó de manera irracional y nunca tuvimos ahorros petroleros, ni siquiera pagamos la deuda y todavía hoy sigue estando Pemex en una situación de crisis.

Por eso es que la modificación de los artículos 41 y 42 tienen como objetivo dar mejores condiciones a los asignatarios encargados de la exploración y producción de hidrocarburos, sin embargo, estos tienen afectaciones directas en la recaudación que tiene el Estado a través de los derechos por utilidad compartida, ya que con esos precios de la mezcla mexicana que se tienen a corto y mediano plazo, siempre se va a tener un monto mayor por el lado de la cuota fija, por lo que se va a tener una reducción sustancial de las divisas obtenidas.

Seamos racionales, evitemos que eso le pase a la empresa más importante que tiene este país; 5 de cada 10 pesos que circulan provienen del petróleo. Reflexionemos sobre eso.

Aunado a lo anterior, la iniciativa no establece por qué son estos montos de 8.3 y 6.1 por cada barril de petróleo crudo equivalente, que se utilizan para la deducción. Además de que el barril de petróleo crudo equivalente combina el volumen producido de gas y petróleo crudo, que si bien es en equivalencia energética y volumétrica, pueden ser reportados como producción, sucede lo contrario en cuanto a equivalencia de precios, ya que el gas está por debajo de los precios del petróleo crudo.

El monto calculado de 8.3 dólares por barril, siempre va a ser superior al del 12.5 a los precios estimados de petróleo por los siguientes años, lo que repercutirá en la recaudación por derechos de utilidad, ya que el precio por barril tendría que pasar los 66.4 dólares para ser superior a estos montos y convengan al Estado.

Les pido reflexionar sobre estos dos artículos. El pueblo mexicano nos va a reclamar después haber votado esa reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ochoa Avalos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 41 presentado.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada al artículo 42 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada para el artículo 432. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Elio Bocanegra Ruíz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reservas al artículo 32, 39, 41 y 42 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Hará su presentación en una sola intervención, tiene hasta siete minutos.

El diputado Elio Bocanegra Ruíz:Con su permiso, presidente. El suscrito, con fundamento en los artículos 109 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del pleno cuatro reservas que consisten en modificar el inciso c) de la fracción I, inciso b), fracción III, ambos del artículo 32 y del artículo 39; las fracciones I y II, del artículo 41; los incisos a) y b), de la fracción I, del artículo 42; así como el artículo segundo transitorio, contenido tanto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente.

Como el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, aprobados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en lo siguiente.

En el plano fiscal, la asimetría entre Pemex y sus competidores es muy fuerte, y el origen muy obvio, las condiciones del mercado internacional del petróleo cambiaron radicalmente justo después de las aprobaciones de las reformas energéticas.

No está de más recordar que la legislación secundaria se analizó y aprobó en un lapso en el que el precio de la mezcla mexicana de exportación oscilaba entre los 95 y 98 dólares por barril, aparentemente estas circunstancias de precios altos llevó a que se aprobara un régimen fiscal para Pemex, en el que el límite de deducciones pasó a ser de un número fijo a establecido, a partir de la complejidad geológica; 6.50 para campos terrestres y aguas someras; 16.50 para aguas profundas; y 32.50 en Chicontepec, al presentar un porcentaje del valor de la producción.

Así, conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el límite de las deducciones que pueda hacer Pemex por barril producido, que en el 2019 será del 12.5 del precio del crudo, este año apenas se eleva a 11.075 del valor de las deducciones, con el precio del crudo alrededor de 40 dólares.

Pemex solo puede deducir de su base gravable unos 4.50 dólares por barril producido. Un valor, incluso, muy inferior a los 6.50 por barril que podríamos deducir en el 2005 y hasta antes de la reforma de su régimen fiscal del 2010, cuando se hizo la diferencia para aguas profundas y Chicontepec.

Esto provoca una profunda asimetría fiscal con los contratistas ganadores de las primeras dos licitaciones, quienes podrían recuperar costos hasta por un 60 por ciento del valor de la producción, unos 24 dólares por barril producido, siempre considerando un precio de venta de 40 dólares.

Intentando pailar esta situación, en abril de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto en el que da disponibilidad a Pemex de optar entre las deducciones con bases porcentuales o con un límite fijo de 6.10 dólares por barril producido en aguas someras. Y de 8.30 en campos terrestres.

Estos valores de suyo insuficientes y aún muy por debajo de la recuperación de costos de los operadores privados están contenidos en el paquete económico 2017 como iniciativa de reforma de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, lo que les daría un carácter permanente hasta una próxima reforma.

Por eso es que planteamos un ajuste a la alza de los límites de deducciones en los artículos 41 y 42, al menos el valor de 6.10 como límite de deducciones para la producción en aguas someras, que tendría que ser de 6.50 en términos reales, ajustados por inflación en Estados Unidos, para quedar igual que en el 2005, cuando se puso este límite de deducciones.

Además, mientras el artículo 39 de la ley señala que Pemex debe pagar por los hidrocarburos extraídos, incluyendo el consumo que estos productos efectúen, así como las mermas por derrames o quema de dichos productos, la cláusula 14.1 del contrato de licencia señala que el contratista podría utilizar hidrocarburos producidos para la actividad petrolera, incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de recuperación avanzada como combustible o para inyección o levantamiento neumático, sin costo alguno hasta por los niveles autorizados en el plan de desarrollo aprobado.

Dado que la igualdad de condiciones ha sido invocada para reformar tres artículos de la Ley Federal de Derechos en Materia Aduanera, nos parece de elemental equidad que Pemex pueda utilizar hidrocarburos producidos para la actividad petrolera, incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de recuperación avanzada, como combustible o para la inyección levantamiento neumático, sin costo alguno para los niveles autorizados en el Plan de Desarrollo aprobado, tal como se les permite a los contratistas.

En cuanto a la propuesta para suprimir el régimen transitorio del porcentaje y del límite de deducciones, así desde 2017 hacer aplicable el 12.5 se basa en el hecho de que en virtud de los precios esperados del petróleo esta modificación sería inocua, puesto que incluso en la propuesta de gobierno se le da a Pemex la opción para deducir entre un porcentaje del valor del barril y un límite numérico fijo del 6.10 u 8.30.

Si se adelantara para 2017 que el porcentaje fuera del 12.5, considerando un barril a 42 dólares, Pemex seguiría optando por los 6.10 dólares que en el valor superior de los 5.25, que el barril tendría que superar los 49 dólares para el 12.5 de su valor fuera mayor al 6.10.

Esta circunstancia no se ve en el corto plazo y, en todo caso, el precio del barril seguramente no va a llegar al rango de los 95, 98 dólares en el que estaba cuando se aprobó la reforma. De haberse mantenido el precio del crudo en estos niveles, hoy Pemex tendría un límite de deducciones de alrededor de 11 dólares por barril producido.

Lo que sí es un hecho, insistimos, en que con los precios de hoy los privados pueden recuperar costo hasta por 24 dólares. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bocanegra Ruiz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas al artículo 32 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones planteadas para el artículo 32. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación presentada al artículo 39 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada para el artículo 39. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 41 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite a discusión la modificación planteada para el artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptar las propuestas de modificación al artículo 42 de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada para el artículo 42. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al segundo transitorio de la misma ley.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea, si se admite a discusión la propuesta de modificación para el artículo segundo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal y en conjunto en términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 3, 10, 32, 37, 39, 41, 42 y segundo transitorio reservados en términos del dictamen.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se han emitido 300 votos a favor, y 100 votos en contra, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 300 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. (El dictamen mencionado se encuentra en el Volumen II, página 240 de esta sesión.)

Tiene la palabra hasta por diez minutos, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge:Con su venia, señor Presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Compañeras y compañeros diputados, la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico que refleja el dinamismo en las regulaciones y competencias del sector público, por lo que su actualización es de suma importancia, debido a que refleja las cuotas por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación, debiendo estar en constante revisión a fin de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que demandan la provisión de bienes y servicios públicos de manera eficiente.

El pasado 8 de septiembre de 2016, el Ejecutivo federal envió a esta soberanía el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2017, siendo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, una de las propuestas que lo conforman.

Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos reunimos el pasado 28 de septiembre de 2016 con la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el procurador Fiscal de la Federación y el jefe de Servicio de Administración Tributaria, para la presentación y análisis de la iniciativa en comento.

Asimismo, el pasado 5 de octubre la Comisión acordó recibir en audiencia pública a representantes del sector privado, académico y social, con el fin de intercambiar opiniones respecto de las propuestas contenidas en la iniciativa, a efecto de que los diputados contáramos con mayores elementos que nos permitan analizar y valorar el contenido del paquete económico para el próximo 2017, en particular sobre este proyecto de decreto que sometemos a su consideración.

En este sentido, dentro de los trabajos del presente dictamen se tomaron en consideración los argumentos contenidos en las diferentes iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la materia, así como las propuestas de modificación presentadas por los legisladores al momento de la integración de este proyecto de decreto.

Quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto es resultado del análisis responsable y de la discusión abierta dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde expresaron los grupos parlamentarios representados al interior de la misma en un ambiente de total apertura y plural debate.

El dictamen que está a su consideración plantea diversas modificaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporciona las distintas dependencias de la administración pública federal en materia migratoria, de radio y televisión, cinematografía, consular, financiera, sanidad, agropecuaria y acuícola, telecomunicaciones, de educación pública, salud, entre otras.

En primer lugar quisiera mencionar el tema de los servicios migratorios, en el cual la Comisión de Hacienda consideró ajustar la cuota propuesta por el Ejecutivo federal del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas para quedar en 500 pesos, a fin de que la cuota guarde congruencia con el costo que representa para el Estado la prestación de los servicios migratorios, ya que los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración han venido en constante evolución.

En esta misma materia se elimina el derecho por la prestación del servicio consistente en la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable, ya que permitirá a ciudadanos mexicanos, así como estadounidenses miembros del programa Global Entry, acceder al beneficio de revisiones migratorias de una forma rápida y ágil al llegar a los aeropuertos internacionales participantes sin el pago de dicha contribución.

Sobre el tema de servicios en materia de radio y televisión se establece una cuota por cada 15 minutos o fracción de duración de los materiales grabados, tanto en materia de televisión como d radio, tomando en cuenta que el tiempo para realizar la revisión y clasificación de los materiales grabados depende directamente de la duración de éstos, lo cual se puede traducir en que a mayor duración del material será mayor el uso de recursos, por lo que se incrementará el monto del pago por el servicio recibido, existiendo una relación directa entre el derecho y el costo que la representa al Estado la prestación del mismo.

Respecto del tema de servicios consulares, se ajusta el texto de la Ley Federal de Derechos relativo a la emisión de visas ordinarias en pasaportes extranjeros, con la finalidad de especificar que con independencia de que sea autorizada o no la visa al extranjero, en las oficinas consulares se deberá cubrir los derechos correspondientes.

En el mismo rubro se otorga un beneficio consistente en la exención del pago de derechos a los connacionales en el extranjero que soliciten la compulsa de documentos, cuando la misma tenga como propósito la tramitación de la credencial para votar en el extranjero, con la intención de beneficiar los mexicanos que deseen ejercer su derecho al voto desde el extranjero.

En relación con los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con motivo de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 10 de enero de 2014, se modifica la denominación de sociedades de inversión, por fondos de inversión, con el propósito de estar en posibilidad de gravar a todos los sujetos que estén en el mismo supuesto jurídico en la Ley de Fondos de Inversión.

Sobre el tema de actividades reguladas en materia energética, y en congruencia con el artículo 27 de nuestra Constitución, se derogan los artículos 50 B, 58 A, 58 B de la Ley Federal de Derechos, en virtud de que actualmente los preceptos mencionados otorgan un trato específico a Petróleos Mexicanos como organismo descentralizado. Sin embargo, tal naturaleza ha cambiado con motivo de la reforma constitucional en materia energética, así como de la expedición de la legislación secundaria y de la reforma a diversas leyes para convertirse en una empresa productiva del Estado, con lo cual se coloca a Petróleos Mexicanos en un plano de igualdad ante sus competidores.

Por su parte, con la intención de llevar a cabo diversas adecuaciones de la Ley Federal de Derechos a fin de que exista congruencia con la normatividad sectorial, en materia de sanidad acuícola coincidimos en modificar el primer párrafo del artículo 86-A de la ley, a fin de hacer mención a la sanidad acuícola.

Sobre este tema, se consideró adecuado que el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad acuícola de importación, que actualmente se encuentra en los servicios a cargo de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca se actualice, en virtud de que dichos certificados los expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

En lo que respecta a la modificación en materia de servicios de navegación en espacio aéreo mexicano y con el fin de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cubra los derechos por los servicios que ella misma proporciona, se amplía la exención a la expedición de los certificados de capacidad, licencias al personal técnico aeronáutico, o en su caso permisos, cuando estos sean solicitados por personal de vuelo y tierra que guarde un vínculo laboral con dicha Secretaría.

Sobre los servicios en materia de educación pública, se modifica la forma de cobro relativa a la impartición de los cursos de capacitación para el trabajo industrial, que actualmente realiza la Secretaría de Educación Pública, a fin de que los estudiantes que toman algún tipo de capacitación se beneficien pagando lo justo por cada hora efectiva de formación para el trabajo industrial.

Por su parte, se sustituye el nombre de comisión de avalúos de bienes nacionales por el de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en atención al decreto por el que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de que la Ley Federal de Derechos sea coherente con lo previsto en las disposiciones sectoriales que reglamentan los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal.

En lo que se refiere al derecho por el uso o goce de postes, torres, ductos, o bienes similares, propiedad de organismos públicos descentralizados para la instalación de cableado de redes de telecomunicaciones, se consideró adecuado mantener vigente lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos.

Ahora bien, derivado de la publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo, del decreto por el que se crea el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo, de fecha 6 de noviembre 2015, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que el municipio de Puerto Morelos debe tener la misma zonificación que el municipio de Benito Juárez, del cual se separó, para efectos del pago de derechos por el uso, goce y aprovechamiento de las playas de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas.

En lo que se refiere al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se propone ampliar los conceptos de ampliación de recursos del fondo y de los proyectos de inversión física a realizar, con la finalidad de fortalecer los alcances y capacidades de dicho fondo, tomando en cuenta, no sólo el interés de la actual generación, sino el de futuras generaciones que se ven afectadas por la presencia de grandes impactos ambientales y sociales derivados de la extracción minera.

Concluyo, presidenta. Sobre el mismo tema se consideró asignar un 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dicha dependencia cuente con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados, Municipios Mineros y esté en posibilidad de garantizar la correcta aplicación de los recursos de dicho fono, coadyuvando en esta manera a minimizar el rezago social en las zonas mineras.

Honorable asamblea, derivado de lo expuesto y reiterando que el proyecto que se somete a su consideración es el resultado del análisis serio, plural y profundo por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito solicitar a ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.

Diputado Hugo Eric Flores Cervantes, Partido Encuentro Social; Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Nueva Alianza; Diputada María Elena Orantes López, Movimiento Ciudadano; Diputado Juan Romero Tenorio, Morena; Diputada Adriana Sarur Torre, Partido Verde Ecologista de México; Diputado Waldo Fernández González, Partido de la Revolución Democrática; Diputado José Antonio Salas Valencia, del Partido Acción Nacional; Y la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, actualmente estamos inmersos en un ambiente de incertidumbre internacional, principalmente en los ámbitos político, económico y medio ambiental. Por ello, los ciudadanos requieren de una mayor amplitud de herramientas y opciones para consolidar el bienestar de sus familias, negocios y comunidades.

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se pone a consideración del pleno tiene como objetivo actualizar el catálogo de costos administrativos que han caído en desuso, así como eliminar aquellos que por eficiencia fiscal ya no sean aplicables a través de las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos.

La Ley Federal de Derechos es el marco normativo encargado de regular las contribuciones a las que estamos sujetos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Bajo dicho contexto se propone, en el presente dictamen, eliminar el derecho del derecho de inscripción al programa de viajero confiable, actualizar el monto del derecho de no inmigrante y otorgar un descuento del 50 por ciento al cobro para los testamentos públicos abiertos en el extranjero, entre otras medidas.

De manera complementaria, se establece en el dictamen eliminar el cobro por concepto de derechos de vigilancia a los beneficiarios de estímulos fiscales y se actualizan los derechos que cobra el SAT por la emisión de resoluciones sobre precios de transferencia, acciones que forman parte de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Cabe destacar que en el dictamen de mérito se hicieron los ajustes al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que se integra con los recursos derivados de la recaudación de los derechos para permitir la explotación minera.

En tal sentido, la utilización de los recursos de dicho fondo deberán ser empleados en impresión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, por lo que Nueva Alianza votó a favor de la modificación para afectar dicho fondo y que se refleje en un verdadero impacto social y ambiental en las comunidades.

Ejemplo de lo anterior es la propuesta para que las obras de pavimentación sean respetuosas con el ambiente, así como la utilización de servicios públicos basados en energías limpias y renovables. Sumado a lo anterior, también se modificó dicho fondo para fomentar la rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y la conservación sustentable de la vida silvestre.

Finalmente, un tema que Nueva Alianza ha propuesto a lo largo del presente periodo tiene que ver con fomentar la movilidad sustentable y libre de contaminación, por lo que se votó a favor de utilizar el Fondo Minero, para promover cualquier sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.

Por otro lado, el grupo parlamentario que represento vigiló que el sistema de derechos se apegara a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad a través del pleno respeto al costo del servicio que genera para el Estado la prestación de los servicios públicos. El costo del servicio debe implicar la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, otorgando en todo momento una razonable y prudente proporcionalidad entre ambos principios.

Derivado de lo anterior, hoy damos nuestro voto a favor del dictamen con la consigna de que Nueva Alianza seguirá proponiendo las adecuaciones que sean necesarias para mejorar las finanzas públicas del país y facilitar el sistema tributario y administrativo del mismo. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada María Elena Orantes López:Muchas gracias, presidenta. En cuanto a la Ley Federal de Derechos, Movimiento Ciudadano aprecia un documento sin sustento suficiente que pueda realmente justificar los cambios en algunos montos y la derogación de los artículos.

Este documento no nos ha permitido razonar las propuestas e invita a confiar en las estimaciones en las que, por cierto, cuesta mucho creer. Por ello, consideramos que la propuesta es débil y plantearemos algunas reservas en las que esperamos encontrar ecos en el pleno.

Por tal razón, Movimiento Ciudadano discutió mucho el sentido del voto´, conscientes de los pocos beneficios, y conscientes de que las propuestas en las reservas presentadas podrán servir para beneficio de este país.

En términos generales, algunas consideraciones positivas en esta propuesta de la Ley Federal de Derechos puede apreciarse a lo mejor la justificación para reducir o eliminar algunos costos, sin embargo, de acuerdo al dictamen que se presenta en este pleno, de no incrementar los impuestos, incluso en algunos casos estos disminuirlos, no obstante con ello la fracción de Movimiento Ciudadano considera la falta de atención para el Poder Legislativo, al realizar algunos de los planteamientos, sin una justificación adecuada y sustentable.

En este sentido, sin importar si las cuotas o pagos suben o bajan en la propuesta, que el Poder Legislativo debe de tener los elementos para la toma de decisiones, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público debería ser más proclive al respeto entre Poderes.

En el dictamen que hoy discutimos, que transforma la Ley Federal de Derechos en 12 artículos y dos transitorios, mediante los cuales se derogan cuatro derechos y al mismo tiempo cambian tres montos de cuotas, se agregó un porcentaje nuevo de descuento en testamentos, sin que podamos tener una idea clara a partir de la argumentación de las iniciativas sobre el impacto de esos cambios en los ingresos del país.

Desde nuestra perspectiva, algunos de los artículos reformados no cuentan con suficientes sustento que justifique la derogación o variación de sus montos. En consecuencia, el documento no permite decidir con bases suficientes sobre el destino de las propuestas, pues no tienen la información que permita considerar una aproximación real al impacto presupuestal que propiciará o invitará a confiar en las estimaciones y en la buena fe.

Por ello, consideramos que la propuesta no es tan fuerte como la desearíamos tener y, en consecuencia, plantearemos algunas reservas en las que esperamos encontrar ecos en el pleno, ya que pueden ser para beneficio real de todo el país. No obstante a lo anterior, también apreciamos algunas cosas importantes en el documento a través de la propuesta de excepción a trámites de nuestros paisanos en el extranjero para compulsa de documentos para sacar sus credenciales de elector.

La propuesta que permitirá el uso de una infraestructura con la que podrán bajar los costos para los consumidores de telecomunicaciones y la red electrónica. Exentar de pago de derechos para los extranjeros que vengan a nuestro país, pero que tengan una remuneración. Sin embargo, para nosotros sería más importante aplicar no solo lo que en discurso se dice, sino en la aplicación de los hechos.

Los mexicanos que radican en el extranjero y tienen la voluntad de heredar su patrimonio, tienen la posibilidad de ir a una oficina consular para tramitar su testamento abierto que es como realmente debería de venir implícito en el documento.

La propuesta que se hace plantea un descuento del 50 por ciento del monto establecido en el artículo 23, fracción III de esta ley, correspondiente a cuatro mil 904.80 pesos. Es de suma importancia, si en serio se quiere hacer, ayudar a los paisanos que radican en otros países.

Es por ello que nosotros habíamos hecho la propuesta para que se generara de descontar en un 75 por ciento del monto total. Es decir, que nuestros connacionales solo paguen la mitad del mismo valor y promover así la regularización de su patrimonio y brindarle certeza jurídica a su familia.

Esa voluntad de reducir el costo y elaboración abierta en los consulados es una buena propuesta que invita y que en consecuencia de lo anterior, los diputados y las diputadas presentaremos reservas correspondientes y votaremos en lo general. Gracias, presidenta.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con venia de la Mesa Directiva. Es bueno señalar que ese posicionamiento no es para los diputados, sino es para los ciudadanos que llegan a ver el Canal del Congreso, para la opinión pública que pueda generar una buena prensa que informe objetivamente de este supuesto debate.

La Ley de Derechos determina en su artículo 1o. que se pagan por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como al recibir servicios que preste el Estado en sus cuestiones de derecho público.

Los derechos son parte del ingreso de la federación, y eso lo vamos a discutir en la Ley de Ingresos. La federación tiene ingresos por impuestos. En el proyecto que presenta el Ejecutivo hay impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el consumo que es el impuesto del IVA y del impuesto especial de productos y servicios.

Otros ingresos que tiene la federación son los derechos. Para 2017 se prevé 44 mil 757 millones de pesos. Esta reforma de derechos no busca otro paliativo que la de evadir la responsabilidad de particulares, preferentemente en materia de hidrocarburos. Por ello elimina varias disposiciones de la Ley de Derechos, disposiciones que establecen el pago de derechos por el uso de bienes de la nación en el transporte, en el almacenamiento de hidrocarburos.

Con la eliminación o derogación de dos artículos 58-A y 58-B, se elimina el derecho que tiene, el derecho que debe pagar Pemex por el uso de ductos, por el uso de depósitos o almacenamiento de hidrocarburos, y con ello se dice que se generan mejores condiciones de competitividad para Pemex. Eso es falso. Se eliminan estos derechos para que los privados no paguen los mismos. Artificialmente se pretende una modificación de la ley para beneficiar a los particulares.

Con la reforma energética se crearon dos órganos reguladores en materia de energía: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Dentro del paquete de leyes en materia de hidrocarburos, hay una ley que regula estos órganos en materia de energía, y esta ley determina que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos que deriven de los derechos y de los aprovechamientos que se establezcan en la ley.

Esta reforma a la Ley de Derechos encubre lo que podríamos llamar un fraude legal para permitir que los privados no paguen derechos por el uso de ductos, por el uso de bienes nacionales en la transportación de hidrocarburos.

Y también evade y genera opacidad en la información que presenta el Ejecutivo federal. En materia de derechos en el Proyecto de Ley de Ingresos, Comisión Nacional de Hidrocarburos, pueden verificarlo en el documento que se les circuló, ingresos por derechos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cero, no se adquiere ni un solo peso por esos derechos que maneja la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Comisión Reguladora de Energía, cero, cero ingreso por los derechos que generan los bienes que pueda administrar la Comisión Reguladora de Energía: postes, cableado, torres de transmisión eléctrica, no generan ningún derecho para los ingresos de la federación. Estamos ante un robo en despoblado porque no se va a pagar ningún derecho por el uso de estos bienes.

Por eso no acompañamos este dictamen que no se discute, se impone, porque hay una mayoría que impone. Y es falso que se haya discutido en la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda se aplicó la plancha y no se discutió, no se tomó en cuenta ninguna observación de la sociedad civil que vanamente vino a esa comisión a presentar sus opiniones para modificar la Ley de Derechos.

Estamos de nueva cuenta ante una farsa legislativa que lo único que permite es beneficiar a los particulares en este proceso de reforma energética que aparentemente va a generar bienes y va a generar riqueza para el pueblo mexicano. Eso es falso.

Es falso porque al final del día en el recibo que se reciba en la casa de cada uno de los ciudadanos, pues vendrán los famosos ahorros que genera resta reforma energética que a la luz de cada ciudadano, al entendimiento normal de cada ciudadanos, pues se da cuenta que es un fraude total. La energía eléctrica en el consumo doméstico no baja, los precios de la gasolina no bajan, y aún así, usamos los bienes nacionales para seguir beneficiando a unos cuantos.

Por eso Morena se manifiesta en contra de esta farsa legislativa, esta simulación que permite una ley a modo para beneficiar a los grandes inversionistas en energía y en hidrocarburos. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con la venia de la Presidencia. Liderazgo, compromiso y responsabilidad caracteriza este dictamen por el que se modifica la Ley Federal de Derechos para modernizar sectores como el turismo, la minería, la acuicultura y las telecomunicaciones que contribuyen de forma importante para la generación del PIB.

En este proceso hemos privilegiado el diálogo y el consenso con todos los actores, con organizaciones civiles, gobierno, sector privado, y la pluralidad política que caracteriza al Congreso para construir un dictamen donde estén plasmadas las aspiraciones legítimas de igualdad y desarrollo de los mexicanos.

En esta reforma, el conocimiento y experiencia de los legisladores, la expertise del gobierno y el sentir de varios sectores de la economía se unen para dar forma a una Ley Federal de Derechos que impacte positivamente en el crecimiento del país, la productividad y la recaudación.

Con gran responsabilidad hemos construido un dictamen que nos pone en el camino un sistema tributario más moderno, justo y competitivo. Recuperamos el espíritu de defensa de la sustentabilidad del Fondo Minero, establecimos candados en la Ley de Derechos para que destinen los recursos de infraestructura para la protección ambiental, a la restauración o rehabilitación de ecosistemas, a la conservación de la vida silvestre o transporte público de bajas emisiones de carbono; y no puedo dejar de mencionar los recursos que se destinarán a la Sedatu para llevar con diligencia la administración del Fondo Minero.

Con gran sentido social en este dictamen exentamos a las concesiones de radio y televisión de uso social comunitario o indígena del pago de derechos por la autorización para el acceso a la multiprogramación, si se actualizan los conceptos por pagos de derechos de trámite, estudio y clasificación y materiales gravados.

Con alturas de miras hemos llevado hacia mejores horizontes el pago de derechos, beneficiando a los mexicanos y a los connacionales en el exterior. Aprobamos que los mexicanos que residen en el exterior solo paguen la mitad del derecho correspondiente a la emisión del testamento público en alguna oficina consular.

Y, considerando la relevancia del derecho al voto, una de las conquistas de la democracia moderna es que los legisladores hemos decidido exentar del pago de derechos por la compulsa de documentos para la tramitación de credenciales para votar el en extranjero.

En este dictamen se prevé un pago gusto por los servicios migratorios prestados, se actualiza la cuota de visitantes sin permiso para realizar actividad remunerada, así como a cuota de viajero confiable. En paralelo beneficiamos a las personas que se dedica a la actividad de negocios turísticos, ya que al inscribirse como viajeros de bajo riesgo recibirán el beneficio de facilitarles la entra al país con prontitud, ya que han verificado su estatus migratorio.

En esa misma dirección modificamos la cuota prevista en el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, para actualizar el pago de derechos de no inmigrante a 500 pesos y establecimientos que no pagan derechos de inmigración, los extranjeros que vengan a prestar servicios humanitarios o ganen un salario mínimo.

Y es que en un momento crucial para México, donde se nos exige un mayor compromiso frente al interés público, la justicia fiscal y la equidad tributaria como premisas imperantes del desarrollo equilibrado de este país, propusimos una adenda a la propuesta del Ejecutivo principalmente con tres prioridades: enmarcamos el presente y futuro del sector minero tomando en cuenta el interés de las futuras generaciones que se ven afectadas por la presencia de grandes impactos adversos ambientales y sociales, derivados de la extracción minera.

Generamos condiciones de competitividad en las redes de telecomunicaciones, sin barreras a la entrada ni distorsiones al mercado. Ampliamos la autorización de certificación tipo inspección federal. En este sentido, el Partido Verde votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sarur Torre. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Waldo Fernández González:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, acudimos a esta tribuna a votar a favor del dictamen de la Ley Federal de Derechos que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los cambios en la normatividad administrativa hacen necesaria la permanente actualización de las contribuciones establecidas en la Ley Federal de Derechos. Esta norma no es ajena al dinamismo en las regulaciones y competencias del sector público, por eso es de vital importancia que las cuotas por la prestación de los servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación reflejen el costo que le representa al Estado.

Es así que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoyamos las adecuaciones a los diversos cobros en materias migratorias, de radio, televisión y cinematografía, consular, financiera, sanidad agropecuaria y acuícola, así como telecomunicaciones, educación pública y salud, entre otros.

También apoyaremos el beneficio de un descuento de 50 por ciento para apoyo a nuestros connacionales que se encuentren en el extranjero, que deseen otorgar testamento público abierto en una oficina consular, así como la derogación de los derechos de vigilancia a cargo de los beneficiarios de estímulos fiscales.

Asimismo, se actualizan los conceptos de la Ley Federal de Derechos en congruencia con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que el pago que realizarán los concesionarios será por concepto de trámite, estudio y clasificación.

En lo que se refiere a servicios consulares se plantea efectuar un ajuste a la emisión de visas ordinarias, con la finalidad específica que con independencia de que sea autorizada o no la visa al extranjero en las oficinas consulares, se deberán cubrir los derechos correspondientes, a fin de recuperar la erogación que por recursos humanos y materiales realiza la dependencia.

Así también con el objeto de evitar que los derechos por los servicios que ella misma presta, se propone ampliar la expedición de los certificados de capacidad, licencias o permisos, cuando sean solicitados por personal de vuelo y tierra que guarde un vínculo laboral con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En materia de servicios sanitarios, se propone dar congruencia a las disposiciones sectoriales que regulan la Cofepris y poder identificar correctamente los servicios que proporciona esta comisión.

Quiero señalar que en materia de Ley Federal de Derechos, nuestra bancada logró que los recursos del Fondo Minero mejoraran en su destino, como se establece en el artículo 271 que se integró en la sesión de la Comisión de Hacienda como adenda y que está claramente señalado en la Gaceta Parlamentaria.

A nombre de mi bancada quiero subrayar, con absoluta precisión que este dictamen es apenas el inicio de la discusión del paquete económico, de ninguna manera su discusión y votación cancela el debate ni el reclamo por el recorte del gasto ni tampoco equivale a aprobar el incremento a la gasolina ni tampoco significa avalar la política de endeudamiento de esta administración. Ese debate aún está por empezar, no hemos llegado a la discusión de la llamada miscelánea, en la que se revisarán los temas relativos a ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación, donde tenemos propuestas y demandas específicas, y todavía falta la discusión central en esta etapa, que será en la Ley de Ingresos de la Federación.

El PRD no está en contra de todo ni de todos, ni pretende promover la parálisis parlamentaria, tiene la voluntad de corregir el proyecto del Ejecutivo y eso demanda que nos mantengamos en la lucha y que no cedamos la trinchera en el debate. No vamos a cometer el error de dejar solo a los otros grupos parlamentarios, sin influir en la agenda y proponer nuestra discusión. Nosotros seguiremos dando el debate, la discusión de miscelánea y Ley de Ingresos en los días próximos y hacen mal quienes piensan que será un día de campo.

Insistimos y dejamos en claro que el PRD no acompañará la liberación de la gasolina, porque equivale a un incremento de precio y que tampoco vamos a acompañar una política de endeudamiento marcada por la opacidad.

El día de hoy, el PRD acompañará el dictamen y presentará algunas reservas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Waldo Fernández González. Tiene el uso de la tribuna el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Señoras y señores legisladores, el Partido Encuentro Social, a través de mi conducto, quiere adelantar su apoyo a esta ley, a esta iniciativa, a este proyecto que se ha dictaminado por la Comisión de Hacienda.

Esto lo hacemos con la responsabilidad parlamentaria, de saber que nos hemos sentado con las autoridades hacendarias y con algunos grupos parlamentarios de aquí de la Cámara, a señalar algunas omisiones que desde nuestro punto de vista debían incorporarse al dictamen.

Y debemos de reconocer que varios de nuestros señalamientos al momento de dictaminarse ya esta iniciativa, este proyecto, fueron tomados en cuenta, situación que nos alienta y que nos lleva a asegurar que votaremos en favor del dictamen.

Es cierto también que hemos decidido guardarnos tres reservas que nos parecen de la mayor importancia y que en el momento oportuno estaremos presentando ante este pleno, buscando su aprobación a ellas.

Queremos partir también de un hecho muy importante, que hoy afortunadamente nuestro país está recaudando más dinero, en la necesidad de que si queremos gastar más lo lógico es que recaudemos más y que tenemos que afianzar nuestro sistema de recaudación, porque es lo único que en el futuro nos va a poder sacar adelante.

A pesar de los grandes avances que hay en el tema de recaudación, no queremos dejar de señalar que desafortunadamente nuestro país, a nivel de miembros de la OCDE, seguimos estando en el top five, pero de atrás para adelante.

Desafortunadamente no hemos logrado los niveles de recaudación que nuestra economía necesita, y es por eso que siempre nuestro compromiso va a ser, si es que queremos tener más dinero para el gasto social, más dinero para la infraestructura, apoyar las medidas que permitan, desde luego, ir recaudando más recursos.

Estamos contentos porque algunos de los señalamientos que hicimos fueron incorporados al dictamen. Por ejemplo, respecto al tema de donatarias autorizadas de la transmisión de su patrimonio por liquidación, vimos algunos asuntos de carácter legal que ponían en riesgo la seguridad jurídica de las donatarias al liquidar una sociedad en el caso de que se movieran de residencia.

Con gusto vemos que fueron incorporados nuestros comentarios, nuestros señalamientos al respecto.

También fue incorporado a este dictamen lo que se refiere a las certificadoras. El proyecto decía que solamente certificadoras especializadas y nosotros creemos que esto tendría que ampliarse. Afortunadamente, el dictamen también incluye la petición y el señalamiento del Partido Encuentro Social.

Hay un tema muy importante para nosotros porque se está incorporando también, aquí en el dictamen, un transitorio sobre el gobierno corporativo de organizaciones que tengan un capital importante, asociaciones civiles que tengan un capital importante señalado por la propia ley.

Somos absolutamente creyentes de los gobiernos corporativos porque son gobiernos que van dando equilibrio a las decisiones de las organizaciones.

Quisimos señalar que para la creación de los gobiernos corporativos, en el caso de fundaciones con mayor capacidad de 100 millones de pesos y que tengan patrimonio hasta de 500 millones de pesos, se les ampliara el plazo para poder crear una cultura de gobierno corporativo en nuestro país.

Nos ha tocado fundar alguna institución pública, de las pocas instituciones públicas de este país que tienen gobiernos corporativos en materia financiera, y sin duda alguna, la descentralización de las decisiones, el equilibrio de las decisiones que se pueden tomar de manera corporativa le van dando un aire democrático, y desde luego, mucho más equilibrio o mucho más sanidad en las decisiones.

Por eso estamos de acuerdo y propusimos que para esto se pusiera un plazo, ese plazo se va a, de acuerdo a la propuesta de nuestro partido, a cumplir el 1 de enero del 2018.

Insistimos, votaremos a favor y agradecemos la voluntad que se ha tenido para incorporar señalamientos muy concretos del Partido Encuentro Social. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Flores Cervantes. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Salas Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Antonio Salas Valencia:Con el permiso de la Presidencia. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos revisado de una manera exhaustiva la propuesta enviada por el Ejecutivo en cuanto a la Ley Federal de Derechos, que es el dictamen que en esta oportunidad discutimos.

Tanto los diputados de Acción Nacional integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como los demás interesados en el tema, participamos en el análisis y propuestas para validar y enriquecer la propuesta original.

Compañeras y compañeros legisladores, sabemos bien que las críticas condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el país en la actualidad nos obligan a actuar. Y más allá de reconocer los errores y deficiencias de la actual administración, la urgencia para mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana nos orilla a buscar los mecanismos necesarios para enmendar la página al gobierno federal.

En ese ánimo y con el ejercicio de responsabilidad es con el que acudimos a esta más alta tribuna para manifestar nuestro voto a favor de este dictamen. Votamos a favor porque coincidimos en la necesidad de aplicar las reformas propuestas y porque Acción Nacional participó activamente en la construcción del presente dictamen, a efecto de que el cobro de derecho sea justo, ágil, rápido para quien lo paga; pero además, acorde con las necesidades de ingresos del Estado.

En este sentido, so pena de ser reiterativo por los compañeros que me antecedieron, quisiera destacar los cambios que merecen mención.

Se proponen adecuaciones por los servicios de radio, televisión, cinematografía, servicios consulares, de telecomunicaciones, educación y salud, entre otros. En el caso particular de los servicios de radio y televisión, estamos en total acuerdo de que dicho pago se realice con base en la duración de materiales grabados, cuya duración tendrá a partir del siguiente año una relación directa con los ingresos que obtenga la federación por la prestación.

Se actualizan las cuotas del derecho por servicios migratorios, es decir, la internación al país de un extranjero en todas aquellas dependencias de la administración pública que proporcionan servicios en esta materia.

Resulta importante señalar en este punto, que el ejercicio de la actualización de este derecho se ha realizado desde el pasado con el objetivo de apoyar con dichos ingresos al Instituto Nacional de Migración, así como a la Secretaría de Turismo, con el propósito de que cuenten con recursos adicionales para la implementación de los programas y proyectos que consideren necesarios.

Coincidimos con la dictaminadora en su propuesta de eliminación del derecho por la autorización o en su caso renovación, por ser miembro del Programa Viajero Confiable. Sin duda, coincidimos con la llegada de nuestros paisanos al país que será mucho más rápida.

Y finalmente, un cambio no menor es el que se relaciona con la derogación de los artículos 50 B, 58 A y 58 B, de la Ley que estamos votando, con la finalidad de ajustar el texto vigente a la nueva naturaleza jurídica de Pemex, como empresa productiva del Estado y no como organismo descentralizado. Las adecuaciones aquí mencionadas, sin duda permitirán que ingresen al gobierno recursos adicionales, en una época presupuestal donde existe la necesidad de más recursos.

Los diputados integrantes de Acción Nacional, queremos dejar claro el compromiso y la responsabilidad que asumimos con la aprobación del presente dictamen y porque creemos que ante el contexto de restricción presupuestal es necesario que la federación cuente con las herramientas fiscales necesarias para poder cumplir con su responsabilidad.

No obstante, queremos ser claros y también señalar que nuestro voto es a favor del dictamen que comento deriva de que consideramos que los ajustes a las cuotas por concepto de derechos a los diversos sectores, generarán beneficios en aquellos sectores donde se aplicarán a partir de la flexibilización de reglas en el mismo cobro. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Salas Valencia. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En el análisis del paquete económico para 2017, el Grupo Parlamentario del PRI apoya la reforma de la Ley Federal de Derechos como uno de los ordenamientos más importantes de nuestro sistema de ingresos públicos.

Estamos comprometidos con acciones responsables que fortalezcan la Hacienda Pública al garantizar que los derechos que se cobran por los bienes y servicios que provee el sector público se ajusten a los costos reales.

En el dictamen se propone adecuar las tarifas por la prestación de los servicios que presta la administración pública federal en materia consular y migratoria, de radio, televisión y cinematografía; financiera, de sanidad, agropecuaria y acuícola; de telecomunicaciones y salud, entre otros.

El Grupo Parlamentario del PRI concuerda con la propuesta del dictamen para exentar del pago de derechos por la compulsa de documentos para la tramitación de credenciales para votar en el extranjero. Además, propone exentar del pago de derechos por la autorización para el acceso a la multiprogramación que se vincule a concesiones para uso social, comunitario o indígena.

Adicionalmente, a nuestros connacionales que por diversas razones no les es posible retornar a territorio nacional y que deseen otorgar testamento público abierto en una oficina consular, se les otorgaría el beneficio de un descuento del 50 por ciento sobre el monto que corresponde.

En cuanto a los servicios migratorios, apoyamos el ajuste a la cuota del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con la intención de que la misma sea congruente con el costo de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Migración.

Respecto a los servicios en materia de educación pública, apoyamos la propuesta de modificar la forma de cobro relativa a la capacitación para el trabajo industrial que actualmente imparte la Secretaría de Educación Pública, a fin de que los estudiantes que tomen este tipo de capacitación se vean beneficiados.

El PRI apoya la propuesta del dictamen de sustituir el término de “calidad sanitaria” por el de “condición sanitaria”, con el fin de armonizar la Ley de Derechos con las disposiciones sectoriales que regula la actuación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y facilitan así a los contribuyentes, la correcta identificación de los recursos.

Resalto y comparto en cuanto a la minería, apoyamos las modificaciones propuestas en el dictamen a fin de asignar un 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para fortalecer el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, y contribuir así a reducir el rezago social de las diferentes comunidades mineras del país.

Acompañamos la propuesta de aclarar con una mejor redacción que los recursos de dicho fondo deben ser empleados en proyectos de inversión, respetuosos del medio ambiente. Nuestro compromiso está con el aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos naturales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, apoyamos el presente dictamen por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Derechos por considerar que las adecuaciones y actualizaciones que se proponen, significarán mejoras regulatorias y una mejor y más justa captación de recursos por los servicios y derechos que presta el gobierno federal; lo apoyamos además porque establece medidas claras para otorgar certeza jurídica en el pago de diversos derechos y ajusta los montos a fin de equilibrar los costos de los servicios.

Ante un entorno económico complicado, una acción de congruencia es hacer más eficiente y eficaz el cobro de derechos. Contribuir a una mayor disposición de recursos públicos y asegurar su uso transparente y oportuno. Por todo ello, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor de este dictamen, un dictamen comprometido con una visión responsable y transparente en el manejo de las finanzas públicas. Por su apoyo y atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Guzmán Lagunes.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general diversas diputadas y diputados. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, diputado presidente. El gobierno le ha fallado a las y los mexicanos, millones de familias siguen padeciendo a diario los estragos de la pobreza, la marginación, los ingresos no han logrado repuntar mientras que el costo de los bienes y servicios de primera necesidad siguen elevándose.

Hoy nos toca discutir la Ley Federal de Derechos enviada por el Ejecutivo. Y luego de analizar la propuesta, queremos dejar en evidencia que se pretende consumar un nuevo ataque contra la economía popular.

Las reformas estructurales no han tenido el efecto que prometían sus impulsores, el tiempo lamentablemente nos da la razón. No nos da gusto haber tenido la razón. Los beneficios de los que hablaban se quedaron en promesas incumplidas con graves consecuencias para la vida diaria de todos y cada uno de los mexicanos.

En la economía de un país siempre ha existido el debate de la importancia de los estímulos fiscales para apoyar el crecimiento económico y el aumento de empleos en el país, partiendo de la premisa de que los mismos generan ganancias para el Estado, quedando únicamente pendiente determinar el valor del financiamiento del gasto y el tiempo o la forma de compensarlo.

El cobro de los derechos es un cargo tributario unilateral establecido en la ley a los habitantes por parte del Estado cuando son beneficiarios de algún servicio prestado por el gobierno, este ingreso está destinado a satisfacer el gasto público.

El dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en materia de derechos, pretende incrementar el cobro de diversas contribuciones en una proporción desmedida y sin justificación, así como la modificación de criterios para hacerlo sin una base que lo sustente.

La propuesta enviada por el Ejecutivo contempla aprobar una serie de estímulos y exenciones fiscales para las empresas dedicadas a la industria de los hidrocarburos, como un paliativo ante los nulos beneficios aportados con la aprobación de la reforma energética.

Los costos de los combustibles y energéticos sigue incrementándose afectando la calidad de vida del grueso de la población. Y nos queda claro que, con la puesta en marcha de este tipo de estímulos y exenciones fiscales a las empresas dedicadas a la industria de los hidrocarburos, los beneficiados son los dueños de las empresas y no el pueblo de México.

Para Morena, el cobro de los derechos y una política de estímulos justos debiesen encaminarse a fomentar el crecimiento económico del país. Son una premisa como una estrategia para buscar el equilibrio y la justa distribución de la riqueza, y no lo vemos reflejado en el proyecto que hoy se analiza.

En una forma muy puntual en cada una de las leyes que forman parte del paquete económico 2017 tenemos una serie de propuestas que buscan ya no incentivar más ni entregar los bienes de la nación. La eliminación de cuotas y la estipulación de gastos sin medida alguna ya rebasaron los límites de lo que el propio Pacto por México aprobó.

Por lo anterior, desde esta tribuna pedimos al pleno de esta soberanía reflexionar sobre el sentido de su voto y no convalidar un golpe al bolsillo de las familias. Y, por congruencia y responsabilidad, recodemos que aquí representamos a nuestras comunidades y votemos por ellos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Montiel. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro hasta por tres minutos.

El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya:Muy buenas tardes. Con su venía, señor presidente. A mis amigas diputadas y a mis amigos diputados, uno de los aspectos más relevantes del dictamen aprobatorio de la Ley Federal de Derechos sin duda es el que tiene que ver con los servicios migratorios.

En este tema en concreto, como en otros más, de los derechos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hizo una revisión exhaustiva y propuestas concretas, porque hay dos prioridades dentro de nuestra agenda, como son: el fomento al turismo y el fenómeno migratorio.

Al respecto, Acción Nacional, en coincidencia con otras fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, revisamos el derecho propuesto por el Poder Ejecutivo en el artículo 8o de la ley en comento, en donde se establece la cuota de obtención en las condiciones de estancia de visitantes sin permiso, para realizar las visitas remuneradas.

El Ejecutivo planteaba un derecho de 415 pesos y se consideró aumentar una cuota de 500 pesos en la inteligencia de que dicha cuota sea acorde con el costo que representa al Estado la prestación de servicios migratorios.

Esta medida cobra especial relevancia si apreciamos el incremento al reciente flujo migratorio hacia nuestro país, el cual ha sido masivo y exige un gran esfuerzo para atender todas las necesidades derivadas de este fenómeno.

La finalidad de dichos ingresos se enfoca a lograr la operatividad del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Turismo, para que ambas instancias cuenten con los recursos necesarios para implementar los programas y proyectos que consideren necesarios.

Asimismo, aplaudimos la resolución de la dictaminadora en lo que representa a la eliminación del derecho por autorización, o en caso, renovación por ser miembro del Programa Viajero Confiable, como lo comentamos en la anterior intervención. En nuestro grupo esta medida ayudará y facilitará la llegada de nuestros paisanos al país, para que tengan esto nuestros amigos paisanos.

Se mejorarán los servicios que se prestan en materia migratoria y se fortalecerá y agilizará el flujo de turistas que actualmente rebasan los 31 millones al año.

Necesitamos mejorar la competitividad entre las regiones que derivan de este flujo de turistas de Estados Unidos a México, y es muy importante en consonancia con el dictamen facilite los movimientos legítimos de bienes y personas que a través de las fronteras aprovechan los recursos existentes, empleando tecnologías más innovadoras.

Acción Nacional tiene la encomienda de impulsar y apoyar el turismo por la importante derrama económica y aportar a la economía nacional, y en este sentido votaremos a favor del dictamen que permita facilitar los mejores servicios migratorios de los turistas que internan a nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ibarra.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos en términos del dictamen: artículo 8, 12, 18-A, 22, 27, 28, 29-E, 50-B, 53-G, 53-H, 58-A, 58-B, 186, 232, 239, 268, 275, 288 y Segundo transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Adelante, compañera. Aún está abierto el sistema electrónico, compañeras, compañeros. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 371 votos a favor, 8 abstenciones, en contra 41 votos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 371 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a los artículos 8 y 186 del Dictamen de la Ley Federal de Derechos. Hará su presentación en una sola exposición, tiene hasta cinco minutos.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. El cobro de los derechos es un cargo tributario unilateral establecido en la ley a los habitantes por parte del Estado cuando son beneficiarios de algún servicio prestado por gobierno. Este ingreso está destinado a satisfacer el gasto público.

El dictamen presentado en materia de derechos pretende incrementar los derechos a los que se refiere en una proporción desmedida y sin justificación.

En esta dinámica, la prestación del gobierno por los servicios en materia de migración y de capacitación del artículo 80, 8 y 86 respectivamente de la Ley Federal de Derechos, no se encuentran establecidos en los parámetros que establece el propio artículo 17 A del impuesto sobre la renta para la actualización de acuerdo a la inflación.

La propuesta del Ejecutivo respecto de la cuota por permiso para realizar actividades remuneradas por los migrantes, dictaminada en el artículo 8, plantea que los migrantes que deseen acreditar su condición de estancia en el país aumente en un 28.2 por ciento a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Al pasar de 390 pesos en la actual ley a 500 pesos por ese derecho, contrario a lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que la inflación prevista es del 3.33 por ciento.

Por otra parte, el artículo 186 del dictamen que hoy discutimos actualiza las tarifas en materia de capacitación que se imparten en los 199 centros de capacitación para el trabajo industrial, en los 27 institutos descentralizados de capacitación para el trabajo que cuentan con 279 unidades de capacitación, derogando el inciso c) de la fracción XXIV y adicionando la fracción XXVII, donde establece un cambio en los derechos y que se paguen por hora y no por curso.

La capacitación de las personas debiese alentarse en una lógica de mayor calificación en el trabajo y eso debería retribuirles a los habitantes del país que ofrecen su capital humano, un mayor beneficio en su trabajo. Si bien la capacitación no es parte del artículo 3o. de la Constitución Política, sí es elemental para las personas que se encuentran con algún grado de rezago tecnológico y/o del uso de herramientas necesarias para que se puedan involucrar en el mercado laboral.

Considerando que, de acuerdo a la información establecida en la página web de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo indica que la duración de los cursos es de 100 a 450 horas, por lo que el incremento por el costo de los cursos sería mayor a la inflación proyectada.

Por lo anteriormente expuesto, es que solicitamos el voto a favor de estas reservas, pues para el Grupo Parlamentario de Morena es indispensable fomentar los derechos de las personas migrantes residentes en el país, para así generar una mayor certeza en su ingreso y puedan generar una actividad remunerada. Por lo que se propone que en el artículo 8, fracción I, se incremente la tarifa de acuerdo al deflactor, que es de 1.03 y pase de 390 pesos a 402 pesos.

Para la actualización que se pretende realizar en el artículo 186, el Grupo Parlamentario de Morena considera necesario mantener la misma cuota de 451.21 por el total del curso y no por hora, de 7.35, como se dictamina. Porque, si bien como ya expresé, la capacitación no forma parte de la educación, es una herramienta para desarrollar y fortalecer actitudes.

Sometemos a consideración del pleno la modificación propuesta a fin de determinar el incremento de los pagos de cuotas de los permisos para realizar actividades remuneradas en el artículo 8, quedando en 402 pesos. Y el pago de cuotas por los cursos que imparte la Secretaría de Educación Pública, del artículo 186, quedando en 415.21 pesos, conforme al incremento de acuerdo a la inflación.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena propone que los artículos 8 y 186 de la Ley Federal de Derechos se actualicen de acuerdo a la inflación proyectada y no sufran incrementos desproporcionados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Barrientos Pantoja. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 8 de la Ley Federal de Derechos presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 186, presentada de la misma ley.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Las reservas presentadas al artículo 8, 22 y segundo transitorio, por la diputada María Elena Orantes López, se retiran.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar reservas a los artículos 12 y 18-A.

La propuesta será presentada en una sola exposición, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy venimos a presentarles una propuesta de modificación al texto vigente del artículo 12 de la ley que nos ocupa en discusión, la Ley Federal de Derechos, para incrementar esta cuota.

Sabemos todos de 66 pesos, perdón, 90 a 131 pesos. ¿Qué pasa en el momento o actualmente con el fenómeno migratorio? El Instituto, el ejercicio fiscal anterior manejaba casi 400 millones de pesos, lo que estipula el decreto de gasto público, independientemente de los ingresos adicionales derivados de los anteriores y los ingresos posteriores específicos.

Sin embargo, en este año que está transcurriendo se le dejó 95 millones de pesos; de 400 a 95 millones, lo que hace inoperable. Contrario a ello, se incrementó el flujo migratorio, es decir el flujo se incrementa, se le baja el presupuesto y por tanto hay incapacidad técnica financiera para atender la problemática del fenómeno migratorio, y el responsable de la política migratoria en este país, en ese caso la parte operativa, es el Instituto Nacional de Migración.

De ahí la importancia que nos apoyen para incrementar este derecho. Consideramos que solamente es para aquellos connacionales o extranjeros que salgan del país e incluso irían considerados en el precio del boleto de avión. En eso consiste la propuesta, considero que es oportuna.

La siguiente propuesta, que es el 18-A, consiste en que actualmente los ingresos en materia de derechos que se les cobra a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresan al país con fines turísticos, se destina, dice la ley actualmente, un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración y un 80 por ciento a turismo, a la secretaría en este caso, con toda su estructura formal.

Tenemos la gran carga de trabajo en el instituto con el fenómeno migratorio. ¿Qué pedimos? Cuando menos, si no vamos con una propuesta para incrementar el derecho en el artículo que acabo de mencionar, que vayamos a distribuir de manera equitativa el 50 por ciento de esos ingresos y el 18-A se vaya a turismo –por supuesto que hay que fomentar el turismo– y el otro 50 por ciento se vaya al Instituto Nacional de Migración para atender el fenómeno migratorio. Creo que son cuestiones que tienen simetría.

Pero además si nosotros partimos del principio. A ver, ¿Cuánto les aporta a la economía los ingresos derivados del turismo, las remesas del turismo y cuánto le aportan a la economía las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares en este país? ¿Cuánto incrementa el PIB en materia turística en sus remesas y cuánto incrementa las remesas de migrantes al PIB nacional?

Si nosotros partimos en ese criterio, que sería racional económicamente hablando, estaríamos casi a la par. Un 60 por ciento a turismo y un 40 por ciento a las remesas migratorias. Es decir, no hay argumento. Lo que sí puede haber, una preferencia; sí puede haber un consentimiento de la política nacional para no cederle más recursos al fenómeno migratorio; lo consideramos de manera muy práctica, sin andar con muchos rodeos.

Yo creo que estas dos propuestas de reserva, consiste precisamente, amigas y amigos, en que sea un acto de elemental justicia en materia de presupuesto para atender el fenómeno migratorio, si no, ahí está Tijuana hoy, ahí estará Tamaulipas muy pronto, ahí están los haitianos. Es decir, tenemos cargas operativas terribles. Nada más la frontera norte, para atender la frontera norte Estados Unidos tiene más de 10 mil elementos federales, como agentes migratorios.

México, para atender nuestras fronteras, si tenemos 500 nos va bien, es decir, no hay comparación, tenemos que darle una prioridad no sólo en el discurso al fenómeno migratorio, no quedar bien en el discurso. Es la hora, en este momento, de quedar bien en materia presupuestal.

Dime cuánto te interesa el fenómeno migratorio en México y dime cuánto le destinas de presupuesto. Es decir, cuánto le destinas de presupuesto, es realmente el interés que tenemos para resolver, para atender el fenómeno migratorio que es uno de los principales problemas de la humanidad, en el mundo. De ahí la importancia de estas reservas. Esperemos que nos las den a favor. Muchísimas gracias, muy amables.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guízar Valladares.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 12, presentada por el diputado Guízar Valladares.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 18-A presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación al artículo 22 del dictamen.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Compañeras y compañeros legisladores, creo que es deber de todos nosotros impulsar con ahínco y con fuerza la credencialización de los mexicanos en el extranjero.

Las reformas constitucionales y legales en materia electoral permiten hoy a los mexicanos, viviendo en el extranjero, tener la posibilidad de ejercer su voto para el año del 2018.

Desafortunadamente un procedimiento difícil, burocrático ante el consulado ha hecho que pocos de nuestros connacionales asistan, con poca publicidad, a tratar de sacar su credencial de elector. Ya en el proceso que de por sí es un proceso complicado porque hay que sacar una cita, porque hay que llevar una extensa lista de documentación, se han encontrado con una problemática real que al no llegar con su acta de nacimiento, tienen desafortunadamente la necesidad de ya no estar ahí, de acudir a otra cita y después de pagar derechos por esa acta de nacimiento.

Nosotros el día de hoy venimos a proponer esta reserva al artículo 22, en la fracción IV que se le adicione un párrafo al inciso d), para que sean exentos todos los mexicanos que vayan a sacar su credencial de elector, del pago de derecho de su acta de nacimiento.

Estamos completamente convencidos que una pequeña medida como ésta, puede incentivar el que mexicanos, básicamente en Estados Unidos, puedan votar en la próxima elección presidencial.

Nos parece que es un deber de nosotros, como legisladores, promover esto ante la poca campaña de publicidad que tiene el INE, ante la poca fuerza legal porque estamos amarrados los partidos políticos a estar promoviendo este tipo de actividades, tenemos que facilitarle a los mexicanos en Estados Unidos la posibilidad de sacar su credencial de elector y de votar.

Les quiero pedir en esta tarde, pueda haber un sí a esta reserva, solamente diría así: salvo aquellos casos donde la expedición del acta de nacimiento sea para el trámite de la credencial para votar en el extranjero, habrá una exención a los connacionales en el extranjero de este pago.

Tenemos la completa certeza de que el voto de los mexicanos básicamente en Estados Unidos no solamente puede cambiar el destino de los Estados Unidos, también pudiera cambiar el destino de la elección presidencial aquí. Y es por eso que les solicito su voto a favor de esta reserva. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 22.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos 27 y 288 del dictamen.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos vigente establece que las personas físicas y/o jurídicas colectivas quesean beneficiadas de estímulos fiscales deben pagar por concepto de derechos de vigilancia una cuota equivalente al 4 por ciento sobre el monto del beneficio concedido.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputada, por favor. A la gente que controla el tiempo, le dimos cinco minutos a la diputada, corrijan el tiempo, por favor. Adelante, diputada. Gracias.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:De la revisión del dictamen que nos ocupa se aprecia que el citado artículo es derogado, imposibilitando su aplicabilidad para el próximo ejercicio fiscal. De lo anterior se desprenden dos cuestiones:

La primera se entiende como un beneficio adicional para organizaciones de la sociedad civil o asociaciones civiles que se dedican a labores altruistas, como la donación de alimentos o medicamentos para evitar su desperdicio a través del consumo humano, empresas que contraten personas con discapacidad o que realicen proyectos de inversión en la producción cinematográfica, entre otros.

Por otro lado, el derogar el artículo no solo beneficia a quienes de manera altruista colaboran con el Estado para la obtención de necesidades básicas de la población, también se beneficia a grandes consorcios con ganancias millonarias, que se dedican, por ejemplo, al transporte terrestre privado o a la enajenación e importación de combustibles fósiles o a las empresas que se dediquen a la industria minera.

En otro orden de ideas y respecto al artículo 288, en los últimos 60 años el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía mexicana, generando un mercado de empleos diversificados que desarrolla actividades económicas locales. Desde hace 10 años México ha sido el octavo destino turístico en el mundo. En 2014 fue visitado por más de 25 millones de personas, generando una derrama de más de 12 mil millones de dólares, colocándose como la cuarta actividad más importante en la captación de recursos económicos, representando cerca del 9 por ciento del producto interno bruto.

Sin embargo, la cara visible del sector, es decir los guías de turistas, son un sector laboral desprotegido. Ellos son encargados de atender, asistir, conducir, informar, supervisar, hacer cumplir lo ofrecido y orientar al turista durante su estadía en un país nuevo y desconocido. Son los responsables de enseñar, interpretar la cultura del país y demostrar las riquezas culturales y naturales del mismo, trasmitiendo respeto hacia el patrimonio a través de presentar a la audiencia una gran variedad de temas ilustrativos y de referencia.

No cuentan con prestaciones laborales ni seguridad social, fondo para el retiro, prestaciones médicas, perciben tampoco un salario fijo y que además se ven en la necesidad de erogar parte de su producto de su trabajo para tener acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas federales, donde pretenden desempeñar sus funciones.

Derivado de tales circunstancias presenté un punto de acuerdo, por el que solicité al titular del Poder Ejecutivo promoviera las acciones para garantizar que los guías de turistas tengan acceso sin costo a las zonas turísticas propiedad del Estado. Este quiero hace hincapié que fue votado y se realizó el exhorto, sin embargo el 27 de julio de 2016, el director jurídico de la Secretaría de Turismo informó que para el acceso gratuito teníamos que incidir en este artículo y cambiar esta situación.

Por tanto, en atención a la falta de voluntad de generar un programa o política de apoyo a los guías de turistas, se estima necesaria la visión de una reforma al penúltimo párrafo del artículo 288 de esta ley, a efecto de legitimar la labor de los guías de turistas, impidiendo que para el desempeño de su trabajo se vean en la necesidad de gastar sus propios recursos económicos.

Con lo anterior, se fomenta la profesionalización y el desempeño de personas en el campo de los guías de turistas y se reivindicaría su labor al proteger su salario. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Hernández Colín.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 27 del dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación del artículo 288.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a los artículos 28, 29-E, 50-B, 58-A y Segundo transitorio. Hará su presentación en una sola intervención, tiene hasta cinco minutos. Adelante, diputado.

El diputado Juan Romero Tenorio:Conmino a la Mesa Directiva. Son reservas al artículo 27, que se busca preservar el derecho de vigilancia que ejerce la autoridad cobrando un 4 por ciento sobre los beneficios en estímulos fiscales; artículo 28, que está vinculado con el mismo precepto; el 29, que establece un derecho que debe pagar las sociedades distribuidoras de acciones de sociedad de inversión, un derecho de 46 mil pesos; 50 B, es un derecho que debe pagarse cuando se importen o exporten gas natural, así como por el aprovisionamiento de combustibles a embarcaciones de matrícula extranjera; artículo 50 B vinculado con el 49 de la misma ley, y también que se vinculan con el 58 A y el 58 B.

Se habla de la falta de recursos económicos en nuestro país, se habla de que no alcanza el recurso público para programas sociales. Con la derogación del 58 A y el 58 B, se le quita a Pemex el gravamen para pagar derechos respecto a almacenamiento, recepción, interconexión, transporte por ductos de gas. Se elimina este derecho a Pemex, se le elimina el cobro a Pemex, para dejar en forma libre el uso de ductos, el uso de depósitos de gas para las empresas privadas.

En el 58 A se establecía que Pemex tendría que pagar por terminales de almacenamiento y recepción 598 mil pesos. Por el derecho para usar ductos interconectados 482 mil pesos. Por otros sistemas de transporte por medio de ductos 175 mil pesos. Este ingreso ya no entra al erario público porque se elimina, se deroga este precepto.

Y no solamente es que se busque beneficiar a Pemex, si eliminamos derechos por el uso de bienes y servicios públicos, estamos eliminando ingresos, ingresos que hacen falta para comprar aparatos de diálisis, ingresos que hacen falta para radiografías, ingresos que hacen falta para hospitales en nuestro país.

Estos derechos sin ningún problema los venía cubriendo Pemex, ahora con la reforma energética se le quita el pago de esos derechos, pero se encubre que esos derechos tampoco los van a pagar los privados vinculados a la energía e hidrocarburos. Se están eliminando derechos que deben pagarse por bienes y servicios públicos.

La Comisión Federal de Electricidad en los últimos años invirtió bastante para crear una red de fibra óptica, misma que ahora va a pasar al control de la Comisión Reguladora de Energía, que se va a encargar de distribuir y se va a encargar de regular el uso de estas redes, postes, cables, fibra óptica, al igual que los ductos de Pemex que recorren todo el país, también se desincorporan de Pemex y pasan a ser regulados por la Comisión Reguladora de Energía.

Esta Comisión Reguladora de Energía no está estableciendo derechos para estos bienes nacionales, bienes nacionales que se construyeron a lo largo de las últimas décadas. Se pagó derecho de vía para las torres eléctricas, se creó una infraestructura de postes y cableado eléctrico, ahora van a ser utilizados por los privados, sin el pago de un solo derecho. Y eso lo acreditamos de nueva cuenta con el proyecto de Ley de Ingresos donde la Comisión Nacional Reguladora de Energía no acredita un solo ingreso por derechos.

Al igual la Comisión Nacional de Hidrocarburos tampoco genera ningún derecho por los servicios que presta en la materia. De nueva cuenta abonamos a la morralla legislativa. Son buenas las reformas que presenten y se aprueban, pero son pequeñas comparadas con la cantidad de ingresos públicos que se pierde al eliminar el pago de derechos sobre bienes y servicios nacionales.

Cambiamos lentejuelas por el oro que se están llevando las grandes trasnacionales. De nueva cuenta disfrazamos con paja una reforma legislativa en la Ley de Derechos para beneficiar a unos cuantos y seguir gravando a los ciudadanos.

El ciudadano cuando va a pedir un acta de nacimiento tiene que pagar derechos, nada lo exime, pero aquí estamos eximiendo de derechos el uso de bienes nacionales, bienes nacionales que le ha costado al pueblo mexicano construir, que le ha costado al pueblo mexicano mantener para que ahora con la reforma energética queden a libre disposición de particulares nacionales y extranjeros que van a lucrar con la energía en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Nahle. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, era para hacerle una pregunta al ponente sobre su reserva. Hizo un señalamiento sobre los ductos de Pemex, es para preguntarle, en todos estos 70 años que Pemex ha tenido ductos ha pagado derechos y usted nos explica que hoy ya no se van a pagar derechos y se van a entregar a privados. ¿En su reserva para que estos paguen derechos?

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada, solicitó la intervención cuando el diputado había terminado, sin embargo, me parece que es importante lo que usted pregunta y le preguntaría al diputado si puede responder de manera breve.

El diputado Juan Romero Tenorio: Respuesta de la diputada: Pemex ya no va a pagar derechos sobre el uso de ductos, puesto que hay un decreto de desincorporación de activos de Pemex. Ese decreto de desincorporación está en el Diario Oficial, ahorita no recuerdo la fecha exacta; pero todos los activos de Pemex relacionados con ductos están siendo desincorporados, están siendo rematados como chatarra, cuando es necesario fortalecer el transporte de energía.

Lo van a ver en el precio de la gasolina. El precio de la gasolina va a estar determinado por la distancia entre la fuente proveedora y el punto de distribución. No va a costar lo mismo la gasolina en Tamaulipas que en Chiapas, necesitamos ductos, necesitamos transporte para esa gasolina y eso va amarrado a los costos que ya se prevén en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos y en el precio que se ha determinado en los transitorios de las diferentes leyes en la materia.

Esto lo va a pagar el ciudadano mexicano, con un alto precio, asumiendo los costos de distribución. Es un proceso, un servicio que tenía Pemex, que ya ha sido desmantelado y está en un proceso de remate frente a las grandes importadoras de gasolina. Que parece paradójico, pero nuestro país productor de petróleo importa el 50 por ciento de gasolina a precios muy altos, sin capacidad de tener una soberanía energética. Esto es para vergüenza internacional. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 27, presentada por el diputado Romero Tenorio.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 28.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación al artículo 29-E, presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 50-B, presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas de modificación al artículo 58-A.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo segundo transitorio.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo 29-E, 58-B, 268 y 275. Hará su presentación en una sola exposición, hasta por siete minutos. Adelante, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias. Por un lado venimos a proponer reservar con el tema de derechos de minería, de tal manera que se pueda incrementar la recaudación por este concepto y queremos en el artículo 268 que los titulares de concesiones y asignaciones mineras paguen anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa de 10 por ciento sobre las utilidades brutas, considerando la totalidad de las concesiones o asignaciones del que sea titular.

¿Qué queremos? Que se garantice que quien tenga una serie de concesiones mineras, no vuelva a lo que también ahora quieren hacer en el tema del petróleo, compense pérdidas con ganancias, pérdidas de que va a explotar una mina con las ganancias de la anterior, sino que sea una utilidad sobre las ganancias brutas, sobre lo que se obtiene en un año del beneficio de un mineral y así el Estado pueda tener mayores recursos.

México en general es un país que cobra menos de derechos mineros, de ingresos mineros de lo que otros países tienen. De hecho se incrementó hace algunos años, pero sin duda existe la posibilidad de que se recurra a este tipo de evasiones, de elusiones fiscales y que nunca se paguen impuestos porque la inversión de un año está compensada con las ganancias de otra minera.

En ese sentido debemos cambiar el artículo 268 de la Ley General de Derechos y también el 275 para que los derechos mineros, lo que se obtenga, el 100 por ciento vaya a los municipios. Perdón, el 35 por ciento vaya a los municipios, el 35 por ciento a los estados y solamente el 30 por ciento a la federación, de tal manera que haya una mayor distribución de recursos en las propias comunidades en donde la mina está siendo utilizada.

Creemos también que debe cambiarse el artículo 29-E y regresar a su redacción original para que también sea gravado, también sea considerado todas la sociedades de inversión, instituciones de crédito, casas de bolsa, etcétera. Nos parece importante que se describan cada una de ellas porque con la redacción actual pudiera ser que algunas de éstas no pagaran derechos o litigaran un derecho dado, que no solicitadas, y en ese sentido se pudiera exentar de manera innecesaria a una institución financiera de que no se diera su cobro.

Nos parece que tanto en el tema financiero como en el tema minero sí existen oportunidades para que el Estado tenga mayores recursos. Son actividades de una alta rentabilidad que no son gravadas de manera adecuada por el Estado, que en otras naciones tienen regímenes fiscales que incrementan la recaudación pública más allá de las recaudaciones sobre la renta normales, y que en ambos casos sí pueden ser una fuente mayor de recaudación de ingresos.

Y nos preocupa mucho el artículo 58-B porque de nuevo, y es el argumento que hicimos de manera reiterada en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se están eliminando pagos que se están haciendo por gasoductos.

Como decíamos hace rato, como la reforma energética no funcionó sin el esquema que se estableció para que privados inviertan en la energía, no está funcionando, se está creando un régimen fiscal especial para ir exentando, dando facilidades fiscales y quitando obligaciones de pago a distintas empresas relacionadas con el sector energético. En este caso en el artículo 58-B se elimina el que las empresas que requieran usar ductos paguen al Estado por el uso de los mismos.

Reiteramos entonces que la decisión que se tomó con la reforma energética fue una decisión equivocada porque pone en riesgo la soberanía del país. Pero también se dijo, y ahorita se está comprobando, que se iban a disminuir de manera muy importante los ingresos públicos del Estado.

Hoy lo estamos viendo por la vía de los ingresos y lo vamos a ver por la vía del gasto, cómo la caída en la plataforma petrolera, resultado de la baja inversión estatal de los últimos años y de la nula inversión privada, porque la reforma tampoco fue capaz de hacerlo, va a tener menos ingresos públicos para el Estado mexicano, que aunado a la caída de los precios de petróleo nos va a obligar o así lo propone el Ejecutivo, a un incremento desmedido en el precio de las gasolinas, más o menos la mitad del precio de las gasolinas es un impuesto y que va a tener que darle enormes recursos públicos para el Estado porque como no invertimos en la actividad energética, pues cada vez tenemos menos recursos.

Y la mala noticia es que en el futuro cada vez vamos a tener menos, porque también en la Ley de Derechos como en la de Hidrocarburos, estamos exentando a los particulares del uso de infraestructura pública especialmente en el tema de los ductos.

Creo que le debemos al país una reflexión profunda de cómo podemos recaudar más en actividades como la minera, como la del sector financiero, y también una vez que se hizo la reforma energética, pues cuando menos garantizar que el uso de la infraestructura en materia energética sí tenga beneficios para el Estado, que es algo que hemos perdido, el Estado invirtió de manera importante en los últimos años en los ductos, y aquí lo que estamos haciendo es impidiendo que el Estado tenga recursos por este tema.

Creo que lo que estamos haciendo es beneficiar a privados a costa del interés público y el resultado, así lo vamos a ver el próximo jueves, pues que las gasolinas van a seguir incrementando mes con mes durante todo el año siguiente, porque no somos capaces de gravar ni a la minería ni a la energía ni al sector financiero. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Llerenas Morales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 29-E presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta de modificación al artículo 58-B presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 268 presentado.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 275.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reservas a los artículos 53-G y 53-H. Será en una sola intervención, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez:Con su venia, señor presidente. Señores diputados, lo que no se conoce no es perfectible y, en caso, no puede ser sometido a consideración de este pleno.

Voy a ser preciso y claro, compañeros, subo a esta tribuna a presentar la reserva a los artículos 53-G, 53-H, incluidos en el artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Estos artículos se refieren a las cuotas que se aplican a la solicitud de resolución que corresponde a los precios o contraprestaciones entre partes relacionadas y también a la solicitud de revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones.

No es necesario ser experto en materia para darse cuenta de algo que no cuadra. En la exposición de motivos los argumentos presentados para solicitar un incremento en las cuotas son escasos y no nos permiten conocer la importancia, frecuencia y costo de los servicios.

Tan solo se nos dice que las cuotas pasarán de 12 mil 633 pesos a más de 216 mil pesos por el estudio y trámite de solicitud y resolución. Y de 2 mil 526 pesos a más de 43 mil pesos por la revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones.

Compañeros, con los elementos presentados no es posible comprender el incremento de mil 712 por ciento que se solicita y mucho menos entender el argumento de la comisión dictaminadora que encontró sustento suficiente para su autorización cuando no la hay.

Por ello, diputadas y diputados, los exhorto a que seamos contrapeso real del Ejecutivo. Tenemos que hacer lo correcto. La solicitud de incremento a los artículos 53-G y 53-H de la Ley Federal de Derechos no debe ser autorizada bajo esos términos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cárdenas Gutiérrez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 53 G.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 53 G. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 53 H.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la modificación plantada para el artículo 53 H. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a los artículos 53 G y 53 H. Propuestas en una sola intervención, hasta por cinco minutos.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la reserva de los artículos 53 G y 53 H de la Ley Federal de Derechos, contenida en el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, relativo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Los precios de transferencia permiten a las autoridades fiscales en coordinación con diversos países, revisar y objetar el valor de los bienes y servicios que se fijan entre las empresas. Lo anterior tiene como finalidad el abatir impuestos directos y trasladar a otras regiones las utilidades con una carga impositiva menor o en su caso extremo libre de gravamen, a través de transacciones internas.

Es básicamente el interés directo de detentar acciones o cualquier otra forma de participación en el capital social de una persona moral o en el control de la toma de decisiones. La propuesta del Ejecutivo respeto de la cuota para el estudio y trámite de cada solicitud de resolución relativa a los precios o montos de contraprestaciones entre partes relacionadas, determinado en el artículo 53 G, es de 216 mil 308.50 mil pesos, misma que se replica en el dictamen de la Comisión de Hacienda.

La propuesta no explica el motivo por el cual debe incrementarse en mil 612.19 por ciento esta cuota. Si bien, como mencionamos, los costos de fiscalización para la revisión pueden ser altos, el presente dictamen no está debidamente fundado y motivado, ya que actualmente se encuentra en 12 mil 633.43 pesos y con un esquema de actualización por inflación implicaría una cuota de 13 mil 51 pesos.

Por tanto, nos parece un cálculo desmedido y fuera de toda proporción, por lo que pedimos se conserve en su monto anterior.

Asimismo el dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto de la cuota determinada en el artículo 53-H, por cada revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones a que se refiere el artículo 53-G, actualmente es de 2 mil 526.55 pesos; sin embargo, el dictamen propone un monto de 43 mil 261.70 pesos.

Si bien es cierto que estos montos requieren cubrir los gastos necesarios para la ejecución, no se encuentra motivada ni fundada la razón por qué se aplica un incremento de mil 612.28 por ciento a una cuota que por motivo de inflación debería fijarse actualmente en 2 mil 610.18 pesos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena solicita a esta soberanía votar a favor de esta reserva de los artículos 53-G y 53-H, derivado a que los montos que se proponen como cuotas del estudio, trámite y revisiones del informe anual de las partes relacionadas, incumplen con el mecanismo determinado en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece que el monto de las contribuciones, aprovechamiento, así como las devoluciones a cargo del fisco federal se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que lo requieran.

Por lo anterior, sometemos a este pleno la modificación propuesta, a fin de determinar también el incremento de los pagos de cuotas por partes relacionadas determinadas en estos artículos mencionados, conforme al incremento de acuerdo a la inflación, hasta que no se cuente con un informe que justifique el alza desproporcionada de los pagos mencionados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Montiel Reyes. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 53-G.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada para el artículo 53-G. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 53 H.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación para el artículo 53 H. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas al artículo 58 A y 58 B, en una sola presentación hasta por cuatro minutos.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, diputado presidente. La modificación al dictamen que estoy presentando tiene que ver, precisamente, con la gran discusión y nuestra postura en contra de la reforma energética.

Están aquí ya desmenuzados todos los favores que se le están pretendiendo hacer a las compañías extranjeras que explotan nuestros recursos. En estos artículos, el 58 A de la Ley Federal de Derechos y el 58 B, se cobran los respectivos derechos por el uso de ductos, el transporte, incluso, la supervisión de operación y mantenimiento de dichos ductos, con cantidades, en una 600 mil, 598 mil, etcétera.

Se derogan los dos artículos, de tal manera que ahora aquellas empresas que exploten, transporten en estos ductos las gasolinas, gas. No van a ser requeridas por Pemex de que paguen lo respectivo.

Finalmente se está desmantelando el Estado, se está quitándole el derecho de cobro por los recursos de la nación. Y es, lo quieran llamar como lo quieran llamar, privatización de nuestras instalaciones petroquímicas, de nuestras instalaciones de transporte de petróleo, gas, todos los productos de refinación del petróleo.

Aquí está, en estos artículos y todos los que nos hemos reservado, esa privatización, eso que tanto alegábamos está y se puede leer claramente, se deroga el cobro de derechos por el uso de nuestros ductos para transportar los productos de refinación del petróleo, entre ellos la gasolina, y esa derogación desde luego que tiene beneficiarios, y esos beneficiarios son los que tienen acuerdos con ex funcionarios de energía del gobierno de Calderón y de Peña Nieto, esas empresas que ahora van a llegar para adueñarse de esas instalaciones y no tener que pagar absolutamente nada.

Desde luego que nos vamos a oponer, nos opusimos en lo general, y desde luego, nos opusimos en lo particular, pero para que no digan que no tenemos propuesta y esa retórica que ya también cansa de escucharla, de cómo era, solamente se opone y no propone, aquí están, iniciativas para que se sometan a discusión, y la respuesta que obtenemos de ustedes es que ni siquiera las quieren discutir.

A mano alzada de unos cuantos, sin ni siquiera saber qué están haciendo niegan la discusión parlamentaria.

Subimos a tribuna y lo seguiremos haciendo a pesar de su rechazo a discutir, porque tenemos que dejar evidencia para el pueblo de México que nos sigue, para que podamos ir a decirles allá en Veracruz, por ejemplo, dónde suceden los accidentes y dónde están dejando sin el cobro de derechos por mantenimiento. Ahí ir a decirles cómo en las cúpulas del PRI y del PAN sí se ponen de acuerdo aquí. Aquí sí tienen los pactos por México, sí, y dan la espalda al pueblo. Porque sí, yo voy a volver a recorrer Veracruz y le voy a dejar en claro a la población que el PRI y el PAN siempre se unen para darle puñaladas al pueblo de México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García Jiménez.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 58 A.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 58 B.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas al artículo 232 y 239. El diputado presentará su reserva al artículo 232 hasta por tres minutos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Los derechos federales son recursos que cubren los costos que implica para las autoridades la prestación de determinados servicios, pero también constituyen un instrumento básico de la política económica para fomentar el desarrollo y la equidad de la economía.

Con base en esa concepción de Estado, el Grupo Parlamentario de Morena propone la permanencia de la fracción VIII del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, que se refiere al pago de derechos que deben realizar las personas físicas y morales por el uso, goce o aprovechamiento de las instalaciones de telecomunicaciones. Estas instalaciones se refieren:

1. A los espacios cerrados por cada metro cuadrado o fracción.

2. A los espacios abiertos como antenas y torres instaladas.

3. Al uso por derecho de vía de las carreteras, vías férreas y puentes de jurisdicción federal con las instalaciones de ductos o cableados de redes públicas de telecomunicaciones por cada kilómetro o fracción.

La derogación del pago de esos derechos fortalecería a las empresas privadas transnacionales en telecomunicaciones que mantienen prácticas oligopólicas perjudicando a los consumidores nacionales y evitando el desarrollo tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad cuya infraestructura será utilizada por esas empresas transnacionales.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena no solo propone la permanencia de la fracción VIII del artículo 232, sino que además considera pertinente duplicar las cuotas que las personas físicas y morales deben pagar por el uso de la infraestructura señalada. Se trataría de una grave ofensa al pueblo de México la explotación de su infraestructura sin el pago de los derechos correspondientes.

Asimismo, Morena sostiene que la fracción IX de este artículo 232 relativo al pago de derechos que deben realizar las personas físicas y morales por el uso o goce de postes, torres o ductos o bienes similares para la instalación del cableado de redes de telecomunicaciones, no debe derogarse y que la Comisión Reguladora de Energía no deberá emitir disposiciones que contravengan a esta fracción en las disposiciones respectivas en términos de la Ley de la Industria Eléctrica. Le ruego, señor presidente, poner a votación.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 232, presentada por el diputado Caballero Pedraza.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, para presentar su propuesta de modificación al artículo 239, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Muchas gracias. A partir de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada el 14 de julio de 2014, producto de la reforma en materia de telecomunicaciones de la actual administración, se hizo un reordenamiento de la clasificación que había para el otorgamiento de permisos para el uso del espacio radioeléctrico. Anteriormente estaban consideradas permisionarias y concesionarias, pero no se contemplaban las radios comunitarias.

Con el nuevo ordenamiento ahora todas son concesionarias, pero se dividen en las que son de uso comercial, público y social. Las de uso comercial pueden cobrar por la venta de publicidad y la venta de diversos productos asociados con otros medios y la multiprogramación.

Las de uso público son aquellas que están en manos de la federación, estados, municipios y universidades públicas. Las de uso social son aquellas que están en las comunidades y en los pueblos indígenas.

La Ley Federal de Derechos considera en el artículo 174-L una excepción para las concesiones de uso social bajo el criterio de que no persiguen fines de lucro y su financiamiento es muy limitado, pues no cuentan con los apoyos gubernamentales que tienen las concesiones de uso público de la federación, los estados y los municipios, y por supuesto no persiguen fines de lucro, sino que su uso del manejo del espectro radioeléctrico es para fortalecer a las comunidades, a sus habitantes, a su condición de pueblos con usos y costumbres propios.

Aquí, en este recinto se ha hablado mucho de los apoyos a las comunidades y a los pueblos indígenas, pero poco se ha llegado a concretar.

La presente reserva propone adicionar un párrafo al artículo 239 de la Ley Federal de Derechos para eximir del pago de derechos del uso del espacio radioeléctrico a las concesionarias de uso social, en virtud de que no persiguen fines de lucro ni tienen posibilidades ni pretensiones de financiamiento.

Por otro lado el pago por el uso del espacio radioeléctrico vulnera el derecho de las comunidades para contar con sus propios medios de comunicación, establecido en el artículo 2o., constitucional.

Esta reforma beneficiaría a las comunidades, y el voto favorable de ustedes sería una aportación a la inclusión social en términos del manejo del espacio radioeléctrico al que en la actualidad solamente acceden aquellos que tienen los recursos para pagarlo. El voto favorable de ustedes haría justicia social hacia los grupos marginados en el campo y en las montañas de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 239.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 275.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, presidente; gracias, compañeros de la honorable Mesa Directiva. El día de hoy más que presentar una reserva vengo a hacer una reflexión. Estamos discutiendo el dictamen de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Me refiero específicamente al artículo 275.

Resulta ser que no soy experta en temas de matemáticas ni de cuentas, pero sí caigo en la razón de que pareciera ser que el Ejecutivo menosprecia a esta honorable Cámara de Diputados, al presentar un dictamen que se va a aprobar con la aportación de la mayoría, pero que no se hace un análisis objetivo, que no se ve realmente lo que existe más allá.

El artículo 275 establece que el 2.5 de lo recaudado por la industria minera será indexado a la Sedatu. Qué noble, qué bien. Pero en la exposición de motivos no dicen por qué. No dicen atendiendo a qué razón, ni por qué tiene que ser un 2 por ciento, 2.5, o por qué no puede ser más, o porque no puede ser menos, o por qué no se lo dan a salud o a educación.

Y sin embargo, los aquí presentes o los que al rato nos vamos a hacer presentes para erigir la votación, lo vamos a hacer a ojos cerrados, cuál caballo percherón con anteojeras se va a aprobar, porque tal pareciera que los aquí estamos no tenemos capacidad analítica de juicio, sentido común para poder emitir nosotros una contrapropuesta, o para poder exigir a ese Ejecutivo la razón de su dicho o por qué solicita que ese impuesto pase a Sedatu.

Quizá no significa tanto, alrededor de 50 millones de pesos que estaríamos hablando de que es un promedio de 684 mil salarios mínimos. Para todos los que estamos aquí, no pasa nada, no significa nada, porque realmente no venimos a discutir ni a aplicarnos en favor del pueblo; venimos a responder a lo que nos mandata un poder que debiera ser totalmente diferente y totalmente paralelo a este recinto.

Se los dejo a su consideración, hasta me da como risa que lo vayan a votar, pero nada más para que vean de qué tamaño creen que tenemos el cerebro los legisladores. Muchísimas gracias. Gracias, presidente

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Ramírez Nachis. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 275.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 275 del dictamen.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Buenas tardes, o noches ya. Con su venia, señor presidente. Diputados amigos y diputadas, vengo a presentar reserva al dictamen que se discute en razón de las inconsistencias técnicas que existen en la minuta aprobada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público en específico, en lo que se refiere al segundo párrafo del artículo 275 de la Ley de Derechos. El dictamen a discusión pretende considerar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la distribución de los recursos recaudados por el pago de derechos establecido en el artículo 262, referente a la explotación minera.

Sin embargo, del análisis a la redacción de la minuta se establece que el 62.5 por ciento de dicha recaudación será para los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, en los que tuvo lugar la explotación y obtención de substancias minerales, y el 37.5 restante para las entidades federativas mineras.

De la suma de estos dos porcentajes se obtiene el 100 por ciento del porcentaje a distribuir. Ahora bien, si agregamos el 2.5 por ciento que la minuta pretende otorgar a Sedatu la suma da como resultado el 102.5 por ciento, lo que desde luego rebasa el monto a distribuir.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno la presente reserva solamente con la intención de enmendar un error aritmético. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Garzón Canchola. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 275.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Sonido en la curul del diputado Agustín Rodríguez, por favor. Un segundo, diputado. Adelante.

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (desde la curul): Gracias, presidente. Lo que la diputada está pidiendo es una corrección aritmética que creo que deberíamos considerar. Esa es la petición, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Se votó en los términos en que se presentó. Está votado así el artículo, diputado.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar modificación al artículo 275, hasta por tres minutos.

El diputado Moisés Guerra Mota:Con la venia, señor presidente. La actividad extractiva en nuestro país ha alcanzado un auge notable en los últimos años, pues de acuerdo con la información de organismos internacionales, México se coloca como una de las principales 10 naciones con mayor actividad minera en el mundo.

De acuerdo con datos de Bancomext, en los años 2008 y 2012 México fue la cuarta nación con mayor presupuesto global en exploración, solamente precedida por países como Canadá, Australia y Estados Unidos.

Sabemos por información de Pro-México que nuestro país es el productor mundial número uno en plata, el tercero de bismuto, el quinto de plomo, el noveno de oro y el décimo primero en cobre, pero la gran duda es qué tanto beneficio deja esa explotación en los municipios donde se lleva a cabo la extracción minera.

Cuánto hemos sido testigos de las empresas mineras cabildean para eludir no sólo la responsabilidad social, los lugares de donde se extrae la riqueza. Tampoco cuando no atienden adecuadamente emergencias como fue en su momento la tragedia de Pasta de Conchos, o peor aún, el desastre que resultó del desbordamiento de una laguna de oxidación en el cauce del río Sonora.

Para remediar la desigualdad la asignación de los recursos municipales mineros la Secretaría de Hacienda envía dentro de la Ley Federal de Derechos la propuesta de que a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable y de estados y municipios mineros, éstos puedan acceder a recursos de producto de extracción que les permita financiar, enfrentar y externalidades de actividad minera y también dotar a su población de servicios con el desarrollo social.

Por lo tanto, lo que reservo en cuestión, lo que pretende es modificar el alza al porcentaje que corresponde a los municipios y estados mineros, para pasar de un 62.5 por ciento a un 70 por ciento y procurar así el mayor alcance a los beneficios, que sean beneficiados con los recursos que lleguen a conformar auténticamente citado, al tiempo que se mantiene una razonable distribución de recursos entre el resto de los municipios y estados de la federación.

Por lo antes expuesto es que presento a esta asamblea la reserva para modificar el artículo 275 de la mencionada Ley Federal de Derechos y cambiar así los porcentajes que en la misma se citan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra Mota.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 275.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 275, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, ¿Cuántas ganancias genera la actividad minera a los grandes corporativos mineros trasnacionales y nacionales? Deduciendo costos fijos y sin considerar que no hay una forma efectiva de corroborar el volumen total de minerales extraídos, se calcula que tales ganancias pueden rebasar los 200 mil millones de pesos por año.

Estas ganancias por la extracción de bienes propiedad de la nación, no se corresponden con la nimia recaudación que el gobierno federal logra captar por el pago de derechos que se le impone a esta actividad.

Tanto la actividad minera como las estimaciones de su recaudación están cubiertas con un manto de opacidad, que esta representación no puede permitir.

Reconociendo que la creación del Fondo Minero es un indudable acierto, los recursos para nuestros estados y municipios son absolutamente insuficientes y no logran compensar el daño ni el impacto que genera la actividad minera.

Quisiera preguntarles a los diputados de Coahuila, si 400 mil pesos son suficientes para compensar los daños al acuífero y al área natural protegida de Cuatro Ciénegas. Sí, escucharon bien, solamente 400 mil pesos.

Este ejemplo viste de cuerpo entero los insuficientes recursos con los que cuenta este Fondo Minero que apenas logra fondearse con poco más de 2 mil millones de pesos para todos los municipios que son afectados por dicha actividad.

Y ya que estamos hablando de ingresos, derechos adicionales, especiales y extraordinarios ni siquiera nuestros municipios y entidades logran beneficiarse con el 100 por ciento del cobro total de estos derechos.

Ahí donde la diputada señaló hace unos minutos, es donde está la falla. Porque el cálculo que se hace de estos porcentajes que no sumaban o al menos no en la redacción, bastante enredada, que se propone en el artículo 275, es que Hacienda se lleva un 20 por ciento de esta recaudación, se va al gobierno federal sin que a la fecha podamos saber con exactitud y toda transparencia el destino de los poco más de 250 millones de pesos que representa este 20 por ciento y que no se erradicó en ningún proyecto federal de infraestructura. Hay una total opacidad.

Estos 250 millones de pesos que podrían parecer irrisorios para el monto del gasto del gobierno federal, son absolutamente indispensables para comunidades afectadas por la minería en Chihuahua, en Coahuila, en Guerrero, en Oaxaca y en San Luis Potosí, por ejemplo.

Así mientras la Secretaría de Hacienda no rinde cuentas claras, municipios y entidades, sin importar partidos, publican trimestralmente el destino de los recursos del Fondo Minero, entre otras razones, porque le son absolutamente insuficientes para su desempeño.

Si no fuera suficiente erradicar este 20 por ciento de la recaudación extraordinaria adicional y especial minera al gobierno federal, hoy en este dictamen y en esta modificación al artículo 275, se le pretende dotar de un 2.5 por ciento adicional a la Sedatu. Estamos conscientes que la administración del Fondo Minero puede generar costos y que el presupuesto de Sedatu no los contempla, este tipo de gastos administrativos.

Por eso es que la modificación que proponemos, establece que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios deba fondearse con casi la totalidad de la recaudación de los derechos adicionales, especiales y extraordinarios, y no solo con la parcialidad que se ha dicho, en donde el 20 por ciento se va para Hacienda.

Estamos seguros que ustedes encontrarán en esta propuesta la viabilidad para este fondo minero, y sobre todo para los municipios que ustedes en muchos de estos casos representan. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Nava Palacios. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 275 presentada.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reservas al segundo transitorio, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo ante esta tribuna a presentar reserva a la fracción VII del segundo transitorio, incluida en el artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Derechos.

En concreto se refiere a la condonación de créditos fiscales correspondiente, por derechos de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a las que hayan renunciado, siempre y cuando estén al corriente en el pago de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico del Ejercicio 2017.

Compañeras y compañeros, deseo expresar que en la exposición de motivos que sustenta esta propuesta, el sustento es insuficiente para considerar su viabilidad.

Es verdad, cuando dejamos a discrecionalidad de la autoridad competente este tipo de descuentos, de condonación se pueden prestar no nada más a corrupción, que a final de cuentas es una realidad patente en nuestro país, sino que también, como lo hemos visto muy recientemente, esa discrecionalidad es lo que ha dado pauta a que haya menos ingresos y recaudación a las autoridades correspondientes, como es a la Secretaría de Hacienda, en su caso, una discrecionalidad que puede ser una maga ancha, como lo es lo que hoy ha estado en discusión desde hace tiempo, sobre todo en algunos casos la condonación a algunas empresas con algo así como 50 mil millones de pesos es un agravio a todos los mexicanos.

El fundamento legal para determinar su cobro, el nombre o razón social de los sujetos obligados, los motivos que propiciaron el no cubrir esta obligación, el importe individual y colectivo de los derechos, impuestos no cubiertos y de los importes propuestos para ser condonados no los identifiquen en la propuesta que nos hace el Ejecutivo en este artículo transitorio.

Si bien la autoridad fiscal podría atribuir a esta decisión argumentos de facultades discrecionales, considero, compañeros, que no existen elementos para su aplicación. Y esta omisión, por pequeña o grande que fuera, no abona a la igualdad y equidad fiscal y tributaria en México.

Los exhorto a reflexionar y ser el contrapeso de las decisiones que toma el Ejecutivo. Por lo anteriormente expuesto, la condonación de créditos fiscales propuesta no debe ser autorizada bajo estos términos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al 2o. transitorio.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 8, 12, 18 A, 22, 27, 28, 29 E, 50 B, 53 G, 53 H, 58 A, 58 B, 186, 232, 239, 268, 275. 288, y 2o. transitorio, en términos del dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 283 votos a favor, cero abstenciones y 99 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 283 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta a la Cámara de Senadores, se realicen las correcciones que demanda la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el pleno.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputadas y diputados, en obsequio a la petición del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, esta Presidencia invita a todos los presentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de quien fuera juez federal del quinto distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales, Vicente Antonio Bermúdez Sacarías y hace un llamado a las autoridades para el inmediato esclarecimiento de estos cobardes hechos y la aprehensión de los responsables.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

«Efeméride con motivo del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Gracias a la promulgación realizada en el año de 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a la cual mundialmente se le conoce también como FAO (Food and Agriculture Organization), el 16 de octubre de cada año se celebra el ” Día Mundial de la Alimentación”, con el propósito de generar conciencia entre los pueblos del mundo con respecto al problema alimentario mundial que existe, uniendo esfuerzos y fortaleciendo con solidaridad la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Una de las grandes preocupaciones existente en los jefes de familia, es proveer a sus integrantes con alimentación de calidad, lo cual solo es posible mediante la compra de productos que contengan los nutrientes necesarios e indispensables para un mejor desarrollo físico, sin embargo, hay algunas causas que impiden a la población alimentarse sanamente, una de ellas es el clima, en efecto se preguntaran ¿Por qué el clima?, pues bien, este fenómeno meteorológico afecta en su mayoría a los sitios donde se llevan a cabo las actividades propias de los campesinos y pescadores, trayendo como consecuencia notables cambios en la cosecha de productos agrícolas y algunos extraídos de lagos y mares a través de la pesca, de esta forma, se desbalancea la buena alimentación de los individuos al no poder establecer un régimen alimenticio basado en el consumo de frutas, verduras y pescado.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), alerta que a la velocidad que está creciendo la población mundial, en el año 2050 se espera que sean 9,500 millones de habitantes, en consecuencia la demanda de alimentos será mayor. Por tal razón, es de suma trascendencia exhortar a la población y a los gobiernos de todas las naciones, para que se implemente acciones que contribuyan de inmediato a la adopción de medidas en pro del medio ambiente, ya que el descuido sin medida afecta directamente a la industria agrícola y pesquera, pero sobre todo, a la gente que vive de ellas. Por otro lado, existen hechos que también afectan y que infortunadamente no son provocados por el hombre, es posible que por un huracán, por una sequía o por cualquier otro fenómeno natural, los alimentos no llegan a la mesa de las familias debido a la alteración que sufren las cosechas o simplemente, por el cambio en los mares repercutiendo en la escasa productividad para la pesca.

En este contexto se debe fortalecer la ecología y los ecosistemas de las regiones rurales y pesqueras cuidando a los agricultores, pescadores y demás personas que trabajan en estas actividades, de esa forma se garantiza la producción y suministro de frutas y verduras, pescado y los demás derivados del mar, mismos que son indispensables para la buena alimentación de los miembros de la familia. Es importante hoy en día, mejorar nuestros hábitos alimenticios, la mayoría de la gente que tiene sobrepeso es porque en el hogar no le enseñaron a cuidar su alimentación, estableciendo una dieta basada en frutas y verduras.

No podemos dejar de lado los datos y cifras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica acerca del sobrepeso y la obesidad provocados por la mala alimentación. Las cifras demuestran que en el año 2014, alrededor del planeta existían 1,900 millones de adultos mayores de 18 años con sobrepeso, de los cuales más de 600 millones aproximadamente son obesos. En lo que respecta a la población infantil, para el mismo año la cifra era de 41 millones de niños menores de cinco años con obesidad o sobrepeso. 2 millones 800 mil personas pierden la vida por esta enfermedad, a causa de una inadecuada cultura alimentaría, por eso se debe tener conciencia y enseñar a los padres de familia a volverse responsables con su plan alimenticio. En el caso de nuestro país, es alarmante al ser la nación número uno en obesidad, así lo demuestran la cifras que publicó.

Debemos hacer nuevas campañas en favor de la buena alimentación, porque lamentablemente el ritmo de vida a nivel mundial es muy acelerado trayendo como consecuencia que no se le ponga la atención adecuada a este tema, es sabido que para calmar las ansias de comer, con el solo hecho de consumir una ración de galletas o de chocolate inhibimos el hambre, situación que con el paso del tiempo provoca males gastrointestinales que después derivan de otras afectaciones. Por eso la insistencia en llevar a cabo campañas en pro de la buena nutrición, para quitar esos vicios de consumo alimentario y que en el futuro las siguientes generaciones sean conscientes de la clase de vida que quieren tener, porque ingerir alimentos saludables es la mejor manera de tener una vida plena y saludable.

Hoy en el “Día Mundial de la Alimentación”, convoco a todas instituciones encargadas de cuidar la salud de la población, para hacer un plan donde se incluyan programas de cultura y educación alimentaria, es más, me atrevo a pedir que elaboren un sistema en el que se enseñe y se haga conciencia sobre lo importante que es alimentarse sanamente.

Nota:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

Referencias

Wikipedia, La enciclopedia libre. (2016). Día Mundial de la Alimentación. Octubre 13, 2016, de WIKIPEDIA Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Alimentaci%C3%B3n

Centros de Prensa. (2016). Obesidad y sobrepeso. Octubre 13, 2016, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.»

63 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MÉXICO

«Efeméride con motivo del 17 de octubre, 63 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI, e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género

“No permitamos pues sólo caricaturas de democracia”.

Ana Lilia Ulloa Cuellar

El 63 aniversario del sufragio femenino en México, constituye una fecha de suma importancia para todas las diputadas de esta Cámara y para todas las mujeres mexicanas, porque significó el reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al sufragio universal, en virtud de ello es motivo de conmemoración.

La historia oficial señala que las mujeres alcanzaron la mayoría de edad política el 3 de julio de 1955, ya que fue la primera vez que la mujer mexicana emitía su voto en unas elecciones federales, a fin de integrar la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Aunque antes, el 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación publicó los textos normativos que permitían votar a las mujeres en elecciones federales mediante las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, que les concedieron a las mexicanas plenitud de derechos civiles y políticos.

No obstante que desde 1853, un grupo de mujeres zacatecanas habían solicitado que se les otorgará el estatus de ciudadanas, lo que implicaba por supuesto el derecho a votar.

Por otro lado la Convención Sobre los Derechos Políticos de las Mujeres estableció en 1954 la obligación de los estados para garantizar la posibilidad de que las mujeres puedan votar o ser votadas.

Por su parte, la incorporación e intervención de las mujeres en los espacios de toma decisiones, como lo señala la Plataforma de Acción de Beijing: “no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación del punto de vista de las mujeres a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”.

Así las cosas, las mujeres, en ese proceso histórico, hemos transitado de la exigencia de ejercer el derecho al voto a la demanda de incorporarnos a los puestos de representación popular o de toma de decisiones.

De esta forma nacieron las famosas cuotas de género, y de las cuotas de género acabamos de transitar a la paridad de género, donde se estableció que dicha representación femenina deber ser al 50 por ciento en todos los procesos comiciales “a fin de garantizar el alcance de la paridad efectiva y total”.

Sin dejar de reconocer la influencia que tuvo en esta reforma la “Sentencia Histórica” SUP-JDC-12624/2011, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante ello, es relevante mencionar que una cuestión es garantizar el acceso a estos espacios, pero otra es, en la realidad, alcanzar el empoderamiento de las mujeres en la vida pública, en donde el respeto y reconocimiento en igualdad de condiciones de su trabajo, dentro de un ambiente como la política, históricamente masculinizado, sea una constante y no una excepción.

En el ámbito político, como en cualquier espacio de la sociedad, se perpetúan comportamientos discriminatorios en contra de las mujeres que participan en él, lo que impacta negativamente el desarrollo de la actividad política de dichas mujeres, lo que es contrario a la democracia porque ésta implica la existencia de un sistema incluyente, popular y representativo, debe ser respetuosa de los Derechos Humanos de las mujeres.

Considero que para que el Estado mexicano alcance un estándar excepcionalmente democrático debe incluir a las mujeres, es necesario promover que dicha democracia sea entendida desde lo conceptual y lo filosófico, como una forma de vida que toma en cuenta la voz, opinión y decisiones de las mujeres en todos los ámbitos, desde la familia, la escuela, el trabajo, las organizaciones y, por supuesto, la política.

De esta forma transitaríamos de lograr que más mujeres ocupen un mayor número de puestos de elección popular, a que todas las mujeres, en todos los espacios, participen en igualdad de condiciones y oportunidades, sin violencia, sin discriminación y con condiciones que hagan accesible su incorporación.

Debemos entender, que la democracia de género, como sistema inclusivo y de vigencia de derechos humanos, es la ¡democracia completa!

Y que mientras entre las mujeres y los hombres siga existiendo una distribución desigual en el acceso y ejercicio del poder, así como del trabajo, el ingreso y el tiempo, seguirá existiendo un déficit democrático.

Los exhorto pues, a revertir esta deuda y a construir, en conjunto, una sociedad justa e igualitaria para mujeres y para hombres.... una sociedad para todos.

Muchas gracias.

Notas:

1. Diagnóstico sobre la Participación Política de las Mujeres en México. ONUMujeres-PNUD. Disponible en

http://www.cinu.mx/minisitio/voto_mujeres/2-Cap1-Diagnostico.pdf.

2. Historia de la Ciudadanía de las Mujeres en México. Disponible en http://griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf

3. Gómez Galvarratio, Aurora. Historia de los derechos políticos de las Mujeres en México: Una perspectiva internacional. Disponible en

http://genero.ife.org.mx/sitio60Aniv/docs/23lun/m1_02_AuroraGomez.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.»

63 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MÉXICO

«Efeméride con motivo del 17 de octubre, 63 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

“La mayoría de quienes encabezaron la lucha por el cumplimiento pleno de las cuotas de género no fueron consideradas por sus partidos políticos como candidatas en esta legislatura. Más que meritoria la acción, es deber de memoria reconocerlas. Estamos obligadas para con ellas, todas.”

Dulce María Sauri Riancho

La competencia por el poder político ha dejado de ser una actividad de periodo electoral para convertirse en una función permanente en México y en ella las mujeres desempeñamos un papel fundamental desde hace más de sesenta años cuando por primera vez ejercimos el derecho a votar y ser votadas, mismo que nos fue reconocido el 17 de octubre de 1953.

Hoy las mujeres no solamente participamos en las elecciones, sino también en las acciones gubernamentales, en las iniciativas legislativas, en velar por el cumplimiento de la ley y en la elaboración de políticas públicas.

Sin embargo, aún enfrentamos el reto de construir una ciudadanía incluyente, en la que se pueda participar, en igualdad de condiciones, todas y todos los que integramos la sociedad mexicana.

De acuerdo al filósofo canadiense Will Kymlicka, los derechos de las mujeres como el de muchos otros grupos minoritarios no son plenamente ejercidos, lo que ha hecho indispensable crear mecanismos legales para dotarnos de representatividad.

En ese sentido, México, como un país democrático, está obligado a proteger los derechos que hemos alcanzado a lo largo de sesenta años desde que se nos reconoció a las mujeres el derecho a votar.

Sin duda alguna, las mujeres durante el siglo XX iniciamos la que se considera la única revolución verdaderamente triunfadora, la cual inició con el reconocimiento del derecho al sufragio, el reformar las leyes que regían las relaciones en la familia y el mejoramiento de nuestra situación económica.

En un segundo momento buscamos el reconocimiento por el derecho a la educación, condiciones laborales igualitarias entre hombres y mujeres, y por el respeto a los derechos sexuales.

Hoy continuamos con la lucha iniciada en la década de los años ochenta del siglo pasado, por romper los techos de cristal y los pisos pegajosos, actos que son verdaderos obstáculos en el desarrollo de nuestra vida profesional, al establecer aún barreras o mecanismos de discriminación que nos impiden llegar a los cargos más altos en la jerarquía de la actividad política, social, económica y cultural que desempeñamos.

Tampoco podemos soslayar que a muchas mujeres de condición económica baja se les pagan salarios paupérrimos y son quienes en su mayoría se desarrollan en la actividad informal y de baja calidad, por lo que cuentan con pocas oportunidades de progreso profesional y personal.

Por ello, debe servir esta fecha para reflexionar sobre los avances y los retrocesos en la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero también para dejar claro que como mujeres tenemos la capacidad de seguir rompiendo paradigmas y abriendo brechas como lo hicieron las mujeres del Congreso Feminista de Yucatán en 1916, cuyas ideas derivaron en el derecho constitucional para la mujer de votar y ser votadas alcanzado en 1953.

En este sentido, a más de sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar, hoy la aplicación de la paridad de género no solamente se aplica para la conformación del Poder Legislativo, sino también para otros cargos como Presidentes Municipales y Síndicos, dando con esto vigencia a la paridad horizontal en la conformación de los gobiernos.

Este año 2016, se cumplen 100 años del inicio de la lucha de la mujer mexicana por su reconocimiento como un ser político, lo que ha permitido que en nuestro país 284 mujeres hayan sido electas presidentas municipales en los dos últimos procesos electorales.

Lo anterior es una clara muestra de que si bien hemos avanzado en el ámbito formal, aún falta mucho por hacer no sólo por el reconocimiento pleno de nuestros derechos sino por la posibilidad de ejercerlos plenamente en los hechos.

Para el Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México el 17 de octubre representa la oportunidad de hacer una pausa para rendir tributo a todas y todos aquellos mexicanos que solidariamente trabajaron para darnos un país más igualitario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista México (Rúbrica).»

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

«Efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

El derecho a la protección de la salud es social e universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, en nuestro país data del año de 1983, en el que se elevó a rango constitucional, en virtud de que se consideraba una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Hoy el mundo plasmó en el calendario de la historia al 19 de octubre, como una fecha marcada que nos lleve a la reflexión de que el cáncer no debe ser sinónimo de muerte, por ello la importancia de iniciar este mensaje con la invitación a todas las mujeres de nuestro país a realizarse la autoexploración de sus senos, pues una detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte; resaltando que en los casos de mujeres de 40 años lo recomendable es realizarse una mastografía al año y, para las menores de 40, un ultrasonido, aun en casos en los que no se presenten factores de riesgo.

Lamentablemente las estadísticas se acrecientan cada 30 segundos a nivel mundial, principalmente en países en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.

Es por ello que el 19 de octubre se trata de hacer conciencia de la importancia de la detección temprana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. En México es la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59 años. El estado de Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en mortalidad por este padecimiento.

En México sólo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama son detectados en etapa uno, esto es con un tumor de menos de dos centímetros. 75 por ciento de los casos son descubiertos hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total de un 85 por ciento en la primera etapa hasta un 35 por ciento.

Actualmente y gracias a políticas públicas implementadas por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, en las 32 entidades del país, se han establecido estrategias para apoyar el tratamiento de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y evitar que la abandonen por motivos económicos.

Se tiene 92 por ciento de seguimiento de mujeres con resultados anormales en la detección. En 2015, se realizaron dos millones 190 mil 299 pruebas en instalaciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo acciones coordinadas de distintas instituciones con mastógrafos en todo el país.

A través del Programa de Acción Específico de Cáncer de la Mujer, se busca fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad del cáncer de mama y cuello uterino.

De igual manera, las mujeres de áreas urbanas y rurales marginadas tienen acceso a servicios de mastografía fijos o móviles, y garantizado el seguimiento y confirmación diagnóstica de los casos y su acceso a tratamiento.

Asimismo quienes viven en localidades de difícil acceso en las cuales no es posible movilizar unidades con mastógrafo, son tamizadas mediante exploración clínica de mamas en las unidades de salud y mediante las Caravanas de la Salud.

Por conducto de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, se brindan servicios de primer nivel de atención a nivel nacional, mediante unidades médicas móviles, a habitantes de localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, y localidades sin servicios de salud, ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo humano, con población predominantemente indígena o municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Los servicios incluyen pláticas dirigidas a la población para sensibilizarla y capacitarla en la autoexploración de mama, e invitan a realizarse su exploración clínica.

De esta manera, el programa contribuye a cerrar las brechas existentes en materia de promoción a la salud y prevención entre los diferentes grupos sociales y regionales del país, a través del mejoramiento de las condiciones de salud.

Como representantes de la sociedad, el deber institucional nos obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución y velar por los derechos y los intereses de las y los mexicanos; como personas cada quien en nuestro rol como esposos, padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos, el deber moral que nos corresponde es sumarnos y solidarizarnos con todas esas mujeres guerreras que día a día se enfrentan a la crueldad de los efectos crónico-degenerativos de un enemigo invisible, que daña la composición molecular y celular de uno o varios órganos y cuyo aliado debemos ser todo un ejército de personas, que desde nuestras trincheras hagamos lo que nos corresponde, llámese legislando, apoyando las políticas públicas del gobierno federal en materia de salud en su vertiente preventiva y de servicios de atención, apoyando con nuestro granito de arena por mínimo o mayor este sea. Simplemente sensibilizándonos y decirles que no están solas y que cuentan con el apoyo firme, sólido, decidido y comprometido de mujeres y hombres que comparten su dolor y sufrimiento que se preocupan por su expectativa de vida, pero que principalmente se ocupan en ayudar y hacer lo que les corresponde.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

206 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO PRESENTADO POR MIGUEL HIDALGO SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

«Efeméride con motivo del 206 aniversario de la promulgación del decreto presentado por Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD

Una vez iniciada la lucha por la Independencia de la Nueva España de 1810, Miguel Hidalgo, emitió en Valladolid (hoy Morelia), el 19 de octubre, un documento donde exhortaba a todos los dueños de esclavos y esclavas a la liberación de los mismos y en caso de incumplimiento las consecuencias eran la confiscación de bienes y bajo pena capital. Pero es hasta el 6 de diciembre, del mismo año, que José Antonio redacta un segundo documento, que entre otras cosas, declara abolida la esclavitud.

Con respecto a su normativa, el bando fue firmado por Hidalgo, conformado por un preámbulo donde justifica la abolición de los impuestos, ya que era uno de los principales objetivos de la lucha armada. Comprendiendo los siguientes cuatro artículos:

1. Todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, de lo contrario se castigará con la pena de muerte.

2. Abolición de los tributos y exacciones que pesan sobre los indígenas y las castas.

3. Abolición del papel sellado en los negocios, documentos y escrituras, haciendo uso del papel común.

4. Libertad en el trabajo de la pólvora para todas las personas, prefiriendo al gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos.

Con este documento, se otorga la igualdad a todos los mexicanos, sin importar la clase social, racial y cultural, además de que Hidalgo legítima por primera vez la lucha armada por la independencia.

Actualmente, por decreto presidencial, se declara el 19 de octubre “Día Nacional contra la Discriminación”, celebrando la igualdad jurídica y política de los mexicanos, eliminando cualquier actitud discriminatoria que afecte a la sociedad para poder ejercer su derecho a la libertad en igualdad de condiciones. La discriminación se considera un prejuicio o estigma que se manifiesta en contra de una acción con intención de restringir, excluir o impedir el ejercicio de alguno o algunos de los derechos humanos.

El tema de la esclavitud, es de gran importancia, no solo para los mexicanos, sino también a nivel internacional, ya que se llevan a cabo trabajos para lograr erradicarla, pues aun en la actualidad, existen países donde es visible este problema, considerado como un crimen para la humanidad. Es por eso que la abolición de la esclavitud, firmada y propuesta por Miguel Hidalgo es un gran motivo para recordar la igualdad y el respeto a nuestros Derechos Humanos.

Palacio Legislativo Federal, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 19:44 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 20 de octubre de 2016 a las 11 horas.

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