«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscribe, Yulma Rocha Aguilar, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral I, así como el 77 y78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa que adiciona al artículo 61 la fracción I Ter del Capitulo V de Atención Materno-Infantil de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De los países miembros de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en la lista de mayor índice de embarazos adolescentes con 64 por cada mil de adolescentes de 12 a 19 años de edad; al día se registran 6 mil 260 partos de los cuales mil 252 corresponden a madres que se encuentran en este rango de edad, lo que representa que en uno de cada cinco alumbramientos sea de una adolescente.

Las estadísticas son alarmantes y de gran impacto social pues la Organización Mundial de la Salud ubica que todo embarazo en menores de 18 años se le considera de alto riesgo, no cuentan con servicios de salud, hay complicaciones durante el proceso de embarazo, partos prematuros y la vida de la adolescente corre riesgo, así mismo el bebé puede presentar bajo peso y riesgos en la salud.

Atendiendo al estudio realizado por el Instituto Nacional de Perinatología, con datos de los años 2013 y 2014, en México cada año nacen alrededor de 397 mil 428 bebés cuyas madres son menores de edad, de las cuales alrededor de 8 mil 621 tienen menos de 14 años, así mismo, se precisa que la gran mayoría de estos embarazos se da por la comisión de delitos sexuales. “En 1990 el embarazo adolescente era de 18 por ciento, ahora es de 19 por ciento, solo en el Instituto entre 2010 y mayo de 2016, han atendido 8 mil 350 embarazadas de entre 9 y 16 años.”

El mismo estudio realizado por la Unidad de Investigación en Medicina en el Adolescente del Inper revela que al hacer una evaluación de 2 mil 315 embarazadas menores de 16 años, siendo la violación sexual fue la causa del 1.7 por ciento de los casos, pero cuando se compara la casuística en menores de 14 años sube a 6.3 por ciento, lo cual trae a conclusión que “a menor edad más embarazos son producto de abuso sexual”. Estos números pueden ser aun mayores dado que no todas las victimas denuncian esa agresión o no es detectada por las instancias de salud como debiera ocurrir, siendo los principales abusadores “hombres de su propio núcleo familiar o de un círculo cercano a ellas”.

Ahora bien, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía coincide con lo anterior, dado que sus registros arrojan que cada año se contabilizan más de 2 millones 102 mil embarazos y 19 por ciento (397 mil 428) es en menores de edad, así mismo, el Consejo Nacional de Población precisa que en las etapas entre los 10 a los 14 años y de los 15 a los 19 años se encuentran en porcentajes muy elevados en diversos estados de la República, por ejemplo, con datos de 2014, dentro de los primeros tres lugares a Chiapas con un 21.8 por ciento, el segundo lugar correspondiéndole a Guerrero con el 21.3 por ciento, y como tercer lugar a Oaxaca con 20.2 por ciento, el siguiente estado es Guanajuato con el 20 por ciento de la misma manera que Puebla, siguiéndole con 19.9 por ciento Aguascalientes, después Durango con 19.8 por ciento, no teniendo mucha diferencia con San Luis Potosí que tiene el 19.7 por ciento, Tlaxcala con 19.5 y al igual que Zacatecas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha expuesto que el 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual en México son mujeres, mientras 9 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres y atribuyó el fenómeno a la discriminación estructural contra mujeres y niñas. Además señaló que el 63 por ciento de las menores entre 1 y 14 años de edad, sufrieron un episodio de violencia física o sicológica y que según los resultados obtenidos, cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años.

Este mismo sentido el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estableció que hasta 2015 el 60 por ciento de los casos de violencia sexual infantil fueron cometidos por personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, de las agresiones registradas en ese periodo de 5 años (2010-2015) en contra de menores, más de 2 millones 600 mil, sólo hubo 83 mil averiguaciones previas, siendo que sólo 10 de cada mil agresores fueron consignados al Ministerio Público.

La comisión ejecutiva de atención a víctimas estima que menos del 10 por ciento de de los casos de violencia sexual son denunciados lo que quiere decir qué hay un alto grado de impunidad.

Según la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente existe la presunción legal de que un embarazo entre los 10 y los 14 años es producto de violación sexual.

También la organización internacional Save the Children indica que las mujeres embarazadas de entre 10 y 14 años son víctimas de abuso sexual, el cual no sólo incluye una violación, sino situaciones como el incesto, el matrimonio forzado y el uso de lenguaje explícito.

En su informe Estado de las madres en México: embarazo y maternidad en la adolescencia señala que del 2013 a 2014 se registraron 394 nacimientos de niñas de 10 años.

Todos estos datos obligan a que el estado mexicano genere normas, políticas y estrategias para prevenir y atender el embarazo adolescente, pero también a castigar cuando se atente contra la dignidad de las niñas.

Si bien es cierto existen normas oficiales como la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; también encontramos la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, la cual establece lo siguiente:

“1. Objetivo y campo de aplicación

1.1. Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida.

5.2.1.9. Cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera particular si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.”

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece en su artículo 40 que estas Normas son las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistemas, actividad, servicio o método de producción u operación. Sin embargo para garantizar el interés superior de la niñez, es imperativo que dicha regulación técnica plasmada en la NOM-007-SSA2-2016 se traslade a la Ley General de Salud y así se eleve a rango de Ley el punto 5.2.1.9 y con ello se garantice la protección y acceso a la justicia ante la existencia de delitos cometidos en contra de mujeres menores de 15 años y que a consecuencia de ello resulten embarazadas.

Para apreciar con claridad las diferencias entre la propuesta de la iniciativa y el texto vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Es importante realizar las acciones tendientes a salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes y en casos de embarazo se requiere de medidas adicionales para garantizar su protección y derechos.

Se requiere dar mayor firmeza y exigibilidad a la aplicación de ciertos preceptos que no están siendo debidamente atendidos en el día a día en las instituciones de salud públicas y privadas, es por ello la importancia de incluir en la Ley General de Salud esta atención particular a las mujeres adolescentes embarazadas para con ello eliminar la omisión que hasta el día de hoy prevalece por negligencia o desconocimiento en estos casos y al mismo tiempo se trabaja favorablemente en temas como son la denuncia y persecución de este tipo de delitos que laceran a nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción I Ter al artículo 61 de la Ley General de Salud

Único.se adiciona una fracción I Ter al artículo 61 de la Ley General de Salud en su Titulo Tercero “Prestación de los servicios de salud, Capitulo V, Atención Materno-Infantil”, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud Título TerceroPrestación de los Servicios de Salud Capítulo VAtención materno-infantil

Artículo 61. El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

I Ter. La atención particular de la mujer embarazada si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género desde su primera consulta.

En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

II. a VI.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Yulma Rocha Aguilar,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Govea, Antonio Tarek Abdala Saad, Azul Etcheverry Aranda, Beatriz Vélez Núñez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Edith Yolanda López Velasco, Eloísa Chavarrías Barajas, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Perada, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Genoveva Huerta Villegas, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, José Hugo Cabrera Ruiz, José Lorenzo Rivera Sosa, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Luis Sáenz Soto, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Bárbara Botello Santibáñez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Verónica Muñoz Parra, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguín, Omar Noé Bernardino Vargas, Pedro Luis Noble Monterrubio, Próspero Manuel Ibarra Otero, Ricardo Ramírez Nieto, Sara Latife Ruiz Chávez, Sylvana Beltrones Sánchez, Timoteo Villa Ramírez, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de presupuestos a concesionarios de uso social comunitarios e indígenas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las telecomunicaciones son de suma importancia para cualquier país del mundo, un país con el sector de telecomunicaciones fuerte y desarrollado, es un país en progreso, con crecimiento social y económico, ya que gracias a los avances y logros tecnológicos permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Derivado de la importancia que el sector de las telecomunicaciones representa en nuestro país, se llevaron a cabo diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y competencia económica, las cuales fueron publicadas el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de los principales logros que produjo esta reforma constitucional destaca que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Otro de los aspectos importantes que trajo consigo la reforma en telecomunicaciones en su legislación secundaria, fue sin duda alguna la publicación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) la cual tiene por objeto según lo establecido en el artículo 1 de la Ley:

... “El regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”...

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión plasmó por primera vez el reconocimiento de las radios indígenas y comunitarias bajo la figura de concesiones sociales o de uso social, instaurando para ambas el derecho de poder prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio a la comunidad, sin fines de lucro.

Lo anterior con la finalidad de dar promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, además de promover sus tradiciones y normas internas, bajo principios que respeten la igualdad de género y permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.

El reconocimiento a los medios indígenas y comunitarios fue sumamente importante si se considera que en el mundo hay alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos, lo que constituye aproximadamente el 4.5 por ciento de la población mundial de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Respecto a nuestro país, la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que hay más de 7.3 millones de personas de tres años o más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional, por lo que al fortalecer las radios indígenas se ayuda a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha señalado la importancia que desempeñan los medios de comunicación indígenas y comunitarios al mencionar que “permiten aumentar el acceso a la educación, la expresión personal y de la comunidad, especialmente en el ámbito rural y en el caso de poblaciones que se encuentran en lugares de difícil acceso”. Además de proporcionar un espacio para desafiar estereotipos y cambiar los modelos establecidos de representación.

A nivel nacional, al mes de marzo del 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reportó que ha otorgado un total de 31 concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

Dentro de la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se estableció un esquema de financiamiento para las concesiones comunitarias e indígenas, el cual consiste en la venta de publicidad a los entes públicos federales, quienes deben destinar el 1 por ciento de su presupuesto en servicios de comunicación social y publicidad a dichas concesiones, distribuyéndose de forma equitativa entre ellas.

Se prohíbe a estos concesionarios sociales conseguir financiamiento privado en la venta de tiempo aire en publicidad comercial.

No obstante que la Ley señala a los entes públicos federales el deber de destinar el 1 por ciento de su presupuesto para “servicios de comunicación social y publicidad” en la compra de publicidad a las radios indígenas y comunitarias, esto no ha sucedido así desde la promulgación de la Ley, pues solamente tres entes públicos han destinado dicho porcentaje, siendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones el primer ente público en destinar para este año 1.28 millones de pesos, los cuales distribuyó a 15 concesiones de radio comunitarias e indígenas, viéndose beneficiadas cada una de estas concesiones con poco más de 85 mil pesos.

De igual forma el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) destinarán en la compra de publicidad a dichas concesiones 724 mil pesos y 153 mil pesos respectivamente.

Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinaron a todos los entes públicos federales recursos por 2 mil 408.2 millones de pesos por conceptos de comunicación social y publicidad, de los cuales 24.8 millones debían destinarse en la compra de publicidad a los concesionarios sociales indígenas y comunitarios, cuestión que nunca ocurrió.

Mientras que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se destinaron a todos los entes públicos federales un total de mil 987.5 millones de pesos a través de la partida 3600 referente a servicios de “comunicación social y publicidad” de cada entidad. A la fecha sólo los Institutos Federal de Telecomunicaciones y del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, como ya se mencionó, han sido los únicos en destinar estos recursos a las radios indígenas y comunitarias.

Dentro de los entes públicos más beneficiados con presupuesto en “comunicación social y publicidad” para el ejercicio fiscal 2017 destacan: el Poder Legislativo Federal con un monto de 187.1 millones de pesos, de los cuales 145.8 millones corresponden a la Cámara de Diputados, 3.6 millones a la Auditoría Superior de la Federación y 37.7 millones al Senado de la República.

De igual forma, la Secretaría de Gobernación es una de las dependencias más beneficiadas con 180.1 millones de pesos, de los cuales 120.1 millones corresponden a la Dirección General de Comunicación Social, 10 millones al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 7.4 millones al Consejo Nacional de Población, 17 millones a la Policía Federal, 10.3 millones a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y 15 millones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le fueron destinados un total de 178.4 millones de pesos, divididos de la siguiente forma: 125.5 millones a la Unidad de Comunicación Social y Vocero, 29 millones a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 9.6 millones para Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 14 millones al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y 186.3 mil pesos a la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial.

Si todos los entes destinaran de manera obligatoria el 1 por ciento de su presupuesto de comunicación social y publicidad para este ejercicio fiscal 2017 en la compra de publicidad a las concesiones de radios indígenas y comunitarias, éstas se verían beneficiadas por 19.8 millones de pesos para su funcionamiento.

Aunque la norma jurídica tiene el carácter de ser imperativa-atributiva, es decir, que por una parte establece obligaciones y deberes jurídicos, y por la otra, establece sanciones en caso de omisión, lo cierto es que la gran mayoría de los entes de la administración pública no han destinado el 1 por ciento de su presupuesto en comunicación social en la compra de publicidad a las radios indígenas y comunitarias.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa consiste en establecer de manera expresa dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la obligatoriedad de los entes públicos federales a destinar el 1 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos en compras de publicidad al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país.

Además de establecer un plazo para que dichas compras no excedan de 90 días contados a partir de la recepción de los recursos federales destinados a ese rubro.

Lo anterior con la finalidad de contrarrestar una de sus principales problemáticas que enfrentan las radios indígenas al día de hoy, que es la dificultad de allegarse de recursos para actualizarse y subsistir en el desarrollo de esta actividad.

Con la presente propuesta se impulsa la pluralidad, la competencia y la diversidad de medios, fortaleciendo a las radios indígenas y comunitarias a cumplir su función establecida dentro de la Ley y evitar que trabajen en condiciones precarias.

De esta manera se le da incentivos a las radios indígenas y comunitarias que operan en la ilegalidad para obtener una concesión de carácter legal y así poder ser beneficiados con la venta de publicidad a los entes federales, con lo cual se promueve la igualdad de oportunidades a las radios indígenas eliminando prácticas discriminatorias.

Es importante destacar que al establecer un plazo de 90 días contados a partir de la recepción de los recursos federales para la compra de publicidad, se hará más eficiente la ministración de recursos para las concesiones y se evitará que operen bajo condiciones de escasez. Se pretende evitar que este sector sea afectado en su ingreso y se ponga en riesgo su valiosa actividad para las comunidades rurales.

La presente propuesta no trastoca los tiempos de ministración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que parte de la recepción de los recursos, ya sea por el órgano, dependencia o institución, y en este sentido se le establece un plazo perentorio de 90 días para ministrar los recursos al concesionario, y con ello evitar la ineficiencia en todo el proceso de operación.

En Acción Nacional estamos convencidos de que la comunicación indígena e intercultural se convierte en una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas.

Nos queda claro que por su importancia dentro de los medios de comunicación social, atienden las necesidades y cumplen con una función determinante dentro de las regiones rurales, al ser en muchos casos las únicas fuentes de información que orientan a las comunidades más aisladas.

Derivado de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de presupuestos a concesionarios de uso social comunitarios e indígenas

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 89. ...

I... VI.

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán de manera obligatoria el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, en un periodo que no deberá exceder de 90 días contados a partir de la recepción de los recursos federales, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las entidades federativas y municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

...

...

...

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Agudelo Ríos, Luis Horacio . Importancia de las telecomunicaciones en el desarrollo universal. Ciencia e Ingeniería Neogranadina [en línea] 2001 (diciembre): [Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2016] Disponible en:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91101103

2 Pueblos indígenas: Panorama general; Banco Mundial disponible en el sitio web

http://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples/overview ; consultado el 15-06-17.

3 Medios de Comunicación Indígena, nota referente al del día Internacional de los pueblos Indígenas 2012, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), disponible en el sitio web

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/ celebrations/international-days/international-day-of-the-worlds- indigenous-people/ ; consultado el 14-06-17.

4 Comunicado de Prensa del IFT No. 57/2017.

5 Cifra obtenida de la partida (3600) referente a Servicios de comunicación social y publicidad de todos los entes públicos dentro del Análisis por Objeto del Gasto del PEF 2016, disponible en la sitio web

http://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_Presupuestarios ; consultado el 15-06-17.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre del 2017.— Diputadas y diputados: María Eloísa Talavera Hernández,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Carlos Alberto Palomeque Archila, César Flores Sosa, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Cambranis Torres, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Javier Antonio Neblina Vega, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Karla Karina Osuna Carranco, Leticia Amparano Gámez, Lilia Arminda García Escobar, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Saule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Patricia Sánchez Carrillo, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Román Francisco Cortés Lugo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Salud.

Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto.

La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afrodescendientes y pobres.

Las causas directas de la mortalidad materna incluyen la eclampsia y preeclampsia, las hemorragias, las infecciones y los abortos inseguros.

Muchas de estas causas se relacionan con la falta de acceso a servicios de salud de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado.

Asimismo, existen barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres en el ámbito social, económico y familiar.

De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud:

• Cada día mueren 800 mujeres de complicaciones del embarazo y el parto.

• Cuatro causas principales son responsables de las muertes maternas: hemorragias graves, infecciones, abortos peligrosos, trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) y parto obstruido.

• De 135 millones de partos al año, unos 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas con el embarazo. La lista de enfermedades es larga y diversa; por ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión.

• Cada año se registran 16 millones de partos de niñas de 15 a 19 años. En los países de ingresos bajos y medianos, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre estas jóvenes.

• De todas las muertes maternas, menos de 1 corresponde a los países de ingresos elevados. La razón de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 230 por 100 mil nacimientos, frente al 16 por 100 mil en los países desarrollados. La mortalidad materna también es más elevada en las zonas rurales y en las comunidades más pobres y con menor nivel educativo.

• La mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con una atención especializada al parto y acceso a la atención obstétrica de urgencia.

En México un gran número de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio pertenecen a comunidades indígenas o viven en condiciones de pobreza. Por ejemplo, 33.4 por ciento de los casos de muerte materna de 2004 a 2008 fueron de mujeres que vivían en localidades de menos de 2,500 habitantes, situación que aumenta la probabilidad de que no hayan contado con los medios necesarios para acceder de inmediato a algún servicio de hospitalización.

Hay que reconocer que en el ámbito legislativo, se han realizado importantes cambios, para evitar las muertes maternas. Destacan las reformas legales que recientemente aprobó el Congreso de la Unión, a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y General de Salud, para establecer la obligación de las Instituciones de Salud, para atender las urgencias obstétricas.

Sin embargo, se tiene que seguir profundizando en cambios legislativos, para asegurar que las mujeres mexicanas disfruten y vivan de una maternidad segura y exenta de factores que generan, no sólo la morbilidad y mortalidad maternas, sino también la violencia obstétrica.

La Organización Mundial de la Salud define a la Violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002).

En torno a la violencia obstétrica, no se tiene un registro oficial que muestre un índice de los casos; sin embargo de acuerdo a una investigación cuantitativa, retrospectiva, descriptiva y transversal, que se realizó por la Facultad de Enfermería (región Veracruz de la Universidad Veracruzana), con el objetivo de conocer el índice de violencia obstétrica en hospitales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; se obtuvo como resultado que: 97 por ciento del total de las mujeres encuestadas refirieron más de dos indicadores de violencia obstétrica, lo cual refleja que de cada 10 mujeres embarazadas, nueve vivieron la experiencia de un parto desagradable y deshumanizado.

El método de esta investigación, se centró en una población constituida por 134 mujeres las cuales determinaron haber tenido por lo menos un parto o cesárea en los últimos tres años (2012 a 2015).

Sin duda alguna, que estos resultados permiten concluir que continua reproduciéndose como legítima el uso de prácticas físicas y emocionales en la mujer durante la etapa perinatal, parto, puerperio y extendiéndose como consecuencia hacia el recién nacido.

Argumentación

Considerando, que:

• De manera expresa, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en el artículo 12 la obligación de los Estados de adoptar medidas tendentes a asegurar a las mujeres el acceso a servicios de salud en general, en igualdad de condiciones, los cuales incluyen los servicios apropiados en relación con el cuidado del embarazo, el parto y el periodo posterior al parto (puerperio).

• La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto o los 42 días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no por causas accidentales.

• A nivel internacional, la medida generalmente utilizada para identificar y evaluar la existencia y gravedad de las barreras para el acceso a los servicios de salud materna es la razón de mortalidad materna (RMM), que expresa el número de mujeres que mueren durante el embarazo, parto o puerperio por cada 100 mil nacidos vivos.

• En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó que la muerte materna es un asunto de derechos humanos y expresó su preocupación por la alta RMM en el mundo; por lo que solicitó a los Estados renovar su compromiso de eliminar los casos de mortalidad y morbilidad materna prevenibles en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos.

• La reducción de la RMM en 75 por ciento entre 1990 y 2015 fue incluida como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por lo que representa el compromiso de los Estados para reducir la muerte materna y mejorar los servicios de salud, a fin de que reiteren sus compromisos internacionales en el Programa de Acción de la Conferencia sobre Población de El Cairo de 1994 y la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción de 1995.

En 2012 el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano que “...intensifique sus esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad... al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad...”

Hay que reconocer que a pesar de la existencia de políticas y programas en materia de salud materna, la mortalidad materna en México no se ha reducido de forma significativa y la tendencia indica que no se alcanzará el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la RMM en 75 por ciento para 2015.

• Por otra parte, desde el mes de abril de 1985, la OMS planteó 16 Recomendaciones en materia de violencia obstétrica, incluidas en el documento “Tecnologías de Parto Apropiadas”, entre las que destacan:

I. Toda la comunidad debe ser informada sobre los diversos procedimientos que constituyen la atención del parto, a fin de que cada mujer pueda elegir el tipo de atención que prefiera.

II. Debe darse a conocer entre el público servido por los hospitales información sobre las prácticas de los mismos en materia de partos (porcentajes de cesáreas, etcétera).

III. No existen pruebas de que se requiera cesárea después de una cesárea anterior transversa del segmento inferior. Por lo general deben favorecerse los partos vaginales después de cesáreas, donde quiera que se cuente con un servicio quirúrgico de urgencia.

IV. No está indicado el afeitado de la región púbica ni los enemas de preparto.

V. Las embarazadas no deben ser colocadas en posición de litotomía (acostada boca arriba) durante el trabajo de parto y cada mujer debe decidir libremente la posición que quiere asumir durante el parto

VI. No se justifica el uso rutinario de episiotomía (incisión para ampliar la abertura vaginal.

VII. No deben inducirse (iniciarse por medios artificiales) los partos por conveniencia. La inducción del parto debe limitarse a determinadas indicaciones médicas.

VIII. Debe evitarse durante el trabajo de parto la administración por rutina de fármacos analgésicos que no se requieran específicamente para corregir o evitar una complicación en el parto.

IX. No se justifica científicamente la ruptura artificial de las membranas por rutina.

X. El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita el estado de ambos. Ningún procedimiento de observación del recién nacido justifica la separación de la madre.

XI. Deben identificarse las unidades de atención obstétricas que no aceptan ciegamente toda tecnología y que respetan los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del nacimiento. Deben fomentarse las unidades de este tipo y los procedimientos que las han llevado a adoptar su actitud deben estudiarse, a fin de que sirvan de modelos para impulsar actitudes similares en otros centros e influir en las opiniones obstétricas en todo el país.

XII. Los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan el uso de nuevas tecnologías de parto sólo después de una evaluación adecuada.

• El 23 de septiembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó la Declaración en materia de prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, en la que señala: “Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación.

• Dicha declaración fue emitida considerando que muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación.

• Además, de que en los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo, negativa a administrar analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto –lo que deriva en complicaciones potencialmente mortales, pero evitables–, y retención de las mujeres y de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago.

• Este conjunto de circunstancias que entrañan un trato irrespetuoso y ofensivo hacia las mujeres en estado de embarazo, constituyen la violencia obstétrica, que puede ser entendida como toda conducta, acción y omisión, ejercida por el personal de salud de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, afectando el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer.

• De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia obstétrica se genera en la atención institucional del embarazo, parto y puerperio (40 días posteriores al alumbramiento), que brindan los servicios de salud, tanto públicos como privados, y que puede ser física y psicológica.

• En la edición septiembre-diciembre de 2010 de la revista Género y Salud en Cifras –dependiente de la Secretaría de Salud–, se define que los elementos y comportamientos presentes en la violencia obstétrica, se pueden clasificar en cinco tipos de agresiones, delimitados por las recomendaciones de la OMS:

1. En el primer tipo están los procedimientos técnicos efectuados de manera rutinaria por el personal médico, de los cuales se puede prescindir a menos que exista una condición médica precisa.

Tales procedimientos se llevan a cabo generalmente sin brindar información a las mujeres para que decidan si están de acuerdo o no con ellos.

Entre estos se encuentra la práctica excesiva de la cesárea, el rasurado del pubis (tricotomía), enemas evacuantes, cortes quirúrgicos para agrandar la vagina durante el parto (episiotomías), y revisiones de la cavidad uterina previamente al parto.

Dentro de la misma categoría están la separación del bebé de su madre en los primeros minutos de vida; imponer a las madres horarios de lactancia, y limitaciones en el trabajo de parto, ya que generalmente se les prohíbe estar acompañadas por algún familiar, y no se les brinda la opción de tener un parto vertical.

2. En la segunda categoría de agresiones están las humillaciones y maltratos efectuados por el personal de salud que se reflejan en frases como “¿verdad que hace nueve meses no te dolía?”, así como en la exposición constante de los genitales femeninos durante las exploraciones vaginales.

3. En la tercera categoría están los procedimientos obstétricos realizados para facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes y residentes médicos, ya que comúnmente se llevan a cabo sin la autorización de las mujeres con el pretexto de que contribuyen a la enseñanza de la medicina.

4. La cuarta categoría enmarca el diseño de presupuestos y espacios de atención materna desde una mirada masculina, es decir, sin que intervengan en la planeación las consideraciones de mujeres expertas.

Como consecuencia de lo anterior generalmente los espacios de atención materna son reducidos, no pueden participar familiares y en algunos casos las mujeres están hacinadas.

5. Como último tipo de agresiones están el maltrato cultural y social en salud reproductiva, al discriminarse a las mujeres indígenas y de sectores rurales por sus concepciones y prácticas culturales. Como ejemplo, está la crítica a la labor de las parteras.

• La violencia obstétrica además de vulnerar los derechos humanos de las mujeres, puede llegar a denigrar su integridad física, así como a presentar riesgos a su salud debido a las complicaciones médicas que pueden surgir por los procedimientos médicos y quirúrgicos realizados.

• Existe una mayor probabilidad, de que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo.

• En consecuencia, la Declaración que hemos hecho mención, reclama un accionar más enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y de derechos humanos.

• En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014, el pleno del Senado aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se introduce el concepto de violencia obstétrica, definiéndose como tal: “Toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales; considerando como tales, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlos y amamantarlo inmediatamente después de nacer.

• Con la finalidad de impulsar la adopción de una política nacional que fomente la atención materna respetuosa, que prevenga y erradique el maltrato y la falta de respeto en el parto, en las instituciones y centros de salud a nivel federal, estatal y municipal; y de profundizar más en el diseño de una estrategia para garantizar a las mujeres una maternidad segura y sin riesgos, se propone precisar como facultades y obligaciones de la Secretaría de Salud:

• Diseñar programas para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad, que contemplen de forma integral su adecuada capacitación sobre directrices y parámetros contenidos en las Normas Oficiales en materia de Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.

• Celebrar campañas que promuevan la prevención y atención oportuna de las urgencias obstétricas para garantizar la salud materna.

• Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas en la práctica médica, específicamente de la rama de gineco-obstetricia, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos, para la prevención y erradicación de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

• Elaborar y ejecutar políticas y acciones en relación con las investigaciones, acciones y mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en la atención materna; e

• Instrumentar las medidas necesarias para la implementación de un Registro de Datos e Información que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna.

En suma, este un conjunto de disposiciones dada su relevancia, deben ser parte fundamental de la legislación, a fin de asegurar su cumplimiento, en el esfuerzo por inhibir la mortalidad materna y la violencia obstétrica.

La morbilidad materna y la violencia obstétrica que padecen muchas mujeres, se agrava por las múltiples discriminaciones de las que son objeto en razón de género, etnia, condición social y discapacidad.

De ahí que los servicios de salud enfrentan una obligación para mejorar las condiciones de salud en general, pero sobre todo de las mujeres que en estas circunstancias enfrentan, particularmente, de las que viven en aquellos municipios y comunidades rurales e indígenas, pues son las que representan una vulnerabilidad y abusos mayores.

Si no avanzamos y profundizamos en reformas que atiendan este estado de cosas en los servicios de salud, las mujeres seguirán enfrentando graves afectaciones en su integridad personal que van desde actos de violencia obstétrica, que pueden concluir en casos de morbilidad severa, hasta su expresión más grave de mortalidad materna.

La presente iniciativa solo busca abonar al propósito de refrendar y contribuir a los esfuerzos para posicionar a la maternidad segura, como un asunto de derechos humanos y desarrollar acciones para contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia obstétrica, y al aseguramiento de una atención materno-infantil con un enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con calidad, calidez, oportunidad y trato humano.

De ahí que se parte de la necesidad de alcanzar un nivel alto de atención respetuosa en el parto, y de que los sistemas de salud se organicen y conduzcan, para garantizar el respeto por la salud sexual y reproductiva, y por los derechos humanos de las mujeres.

Por lo antes, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y diversos artículos de la Ley General de Salud

Primero. Se adiciona una fracción X Bis al artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a X. ...

X. Bis. Diseñar y ejecutar acciones en relación con las investigaciones y mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en la atención materna; para tal efecto, implementará un Registro de Datos e Información, que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna.

XI. a XIV. ...

Segundo. Se reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, y se adiciona un artículo 66 Bis a dicho ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 61 Bis. Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el capítulo IV del Título Tercero de esta ley y con estricto respeto de sus derechos humanos, por lo que la atención médica que reciba, deberá ser con un enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con calidad, calidez, oportunidad y trato humano.

En las unidades de salud, se deberá disponer de un instrumento que permita medir y calificar el riesgo obstétrico y perinatal, el cual servirá para el manejo adecuado de cada caso.

Artículo 66 Bis. Para los efectos del presente capítulo, la Secretaría de Salud diseñará, promoverá y ejecutará:

I. Programas para mejorar la calidad de la atención materno-infantil, centrándose en la atención respetuosa y oportuna como componente esencial de la atención de calidad, que contemplen de forma integral su adecuada capacitación sobre directrices y parámetros contenidos en las Normas Oficiales en materia de Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido;

II. Campañas que promuevan la prevención y atención oportuna de las urgencias obstétricas para garantizar la salud materna, y

III. La observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas en la práctica médica, específicamente de la rama de gineco-obstetricia, contenidos en normas internacionales de derechos humanos, para la prevención y erradicación de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputado: Lucía Virginia Meza Guzmán,Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 56 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo segundo al artículo 56, así como reformar los párrafos cinco y seis del numeral 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de garantizar equitativamente el acceso al espectro radioeléctrico para las concesiones de uso social, público y comercial. De igual forma se busca garantizar el acceso y la reserva de las bandas de AM que van de los 535 a 1705 KHz y de FM que van de los 88 a los 108 MHz para las concesiones de uso social que prestan el servicio de radiodifusión, conocidas como radios comunitarias e indígenas.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que modificó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) avanzó en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Con la publicación de la LFTR este reconocimiento termino por conformarse buscando resarcir de esta manera la invisibilización sistemática vivida durante años por estos sectores en lo referente a su derecho a tener sus propios medios de comunicación.

Como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este reconocimiento debe venir acompañado de acciones positivas que ayuden a contrarrestar las distintas formas de desigualdad reproducidas durante años:

...los Estados están obligados a “adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación.

Uno de los obstáculos que históricamente han impedido garantizar el derecho a poseer medios de comunicación no sólo para las comunidades y pueblos indígenas sino para otros actores de la sociedad es la concentración de la propiedad de medios de comunicación. En su informe de 2003, la misma Relatoría para la Libertad de Expresión advirtió sobre este punto que dicha concentración es “una práctica que conspira contra la democracia y la pluralidad al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la sociedad”.

Ahora bien, la pluralidad en materia de comunicación implica importantes acciones de reglamentación por parte del Estado que ayuden a promover la diversidad. En 2001 el Relator Especial de las Naciones unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresaron en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001 que:

La promoción de la diversidad debe ser el objeto primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad en las ondas de radiodifusión;

Las entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión deben estar constituidos de manera de estar protegidos [sic] contra las injerencias políticas y comerciales.

No obstante, a diferencia de lo que mantiene cierta visión mercantil de las comunicación, la verdadera diversidad no se alcanza multiplicando a los actores comerciales, sino estableciendo un acceso equitativo a las plataformas de transmisión disponibles para los sectores público y social. En 2007, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, la OSCE, la OEA así como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su “Declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión”, manifestaron que:

Los diferentes tipos de medios de comunicación –comerciales, de servicio público y comunitarios– deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles.

De no ser adecuadamente regulada, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, principalmente comerciales, deviene en oligopolios o en prácticas monopólicas. Sin embargo, esto no sólo tiene efectos económicos perjudiciales sino que reduce el número de participantes en la radiodifusión y en las telecomunicaciones afectando así la pluralidad de la información y con ella la propia democracia. De ahí que no sólo sea necesario abrir la comunicación a nuevos actores comerciales sino garantizar que los medios públicos y sociales, cuya finalidad no responde a objetivos meramente económicos, participen en equidad de condiciones en la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En el caso particular de la radiodifusión en México, encontramos que a nivel local, municipal, estatal e incluso nacional, los grandes consorcios de comunicación, acaparan el sector. Una misma empresa puede controlar diferentes radios locales, radios estatales y frecuencias de radio nacionales.

Aunque se han hecho esfuerzos por aumentar la competitividad y evitar los monopolios o los oligopolios el enfoque con el que se ha abordado este problema ha privilegiado los factores económicos y, con ellos, a los actores comerciales. El mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT) advirtió en un comunicado que tan solo en este año aumentó en un 10 por ciento el número de concesiones comerciales en materia de radiodifusión. Como contraste, el último informe estadístico publicado por el Instituto en 2016, señala que de las 1,335 concesiones de radio que tiene registro el IFT sólo 16 son concesiones sociales.

Esta disparidad afecta claramente el principio de equidad, mina la pluralidad democrática e, indirectamente, impide la libertad de expresión de sectores de la población que, deseando ejercer su derecho a comunicar, no pueden aprticipar en al radiodifusión o en las telecomunicaciones. La Convención Americana de Derechos Humanos de la cual forma parte México, condena las violaciones a la libertad de expresión por medios indirectos en su artículo 13.3 el cual señala:

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Por un lado, la redacción actual del párrafo quinto del artículo 90 de la LFTR impone restricciones para el acceso a concesiones de uso social a las comunidades indígenas y mestizas, en lo que corresponde a medios electrónicos. Mientras que, por otro, la LFTR establece el acceso al espectro radioeléctrico a los concesionarios comerciales, públicos y sociales de manera no equitativa sin ofrecer ningún fundamento para ello.

Así, tanto la legislación como la práctica del IFT favorecen a los concesionarios comerciales que actualmente ocupan más del 90 por ciento del espectro radioeléctrico, mientras que el resto corresponde a los concesionarios públicos y sociales. De acuerdo con el último informe estadístico del Instituto, hasta el 31 de marzo de 2016 del total de 1745 frecuencias de radio concesionadas en AM y FM, sólo 14 corresponden a concesiones sociales (radios comunitarias e indígenas) y ocho son públicas, además de las permisionadas que se encuentran en transición a la figura de concesión. El mismo informe señala que del total de las 821 frecuencias bajo la figura de concesión existen 20 públicas y ninguna televisora de uso social; de igual forma, se habla de 328 frecuencias permisionadas, sin especificar su uso.

El control de convencionalidad nos obliga, como legisladores, al acatamiento y aplicación de la Convención Americana y su interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde a México armonizar nuestras leyes con los estándares interamericanos en la materia que nos ocupa.

Es necesario garantizar la inclusión y acceso equitativo a las frecuencias del servicio de radiodifusión a toda la sociedad mexicana, con el fin de promover el desarrollo social, la pluralidad en la información y opiniones, así como la diversidad cultural garantizando la igualdad de oportunidades de la población para el acceso a los medios de comunicación electrónicos.

Tal como lo han hecho en sus legislaciones distintos países. Así, por ejemplo, la legislación de Argentina señala que “el treinta y tres por ciento (33 por ciento) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura”; por su parte, en la de Bolivia se establece 17 por ciento a medios comunitarios y 17 por ciento a pueblos indígenas (en total 34 por ciento) en radio FM y AM.

Mientras que en la legislación de Ecuador, refiriéndose a las frecuencias de radio y televisión, se afirma que “33 por ciento de estas frecuencias para la operación de medios públicos, 33 por ciento para la operación de medios privados, y 34 por ciento para la operación de medios comunitarios”, y Uruguay, en “al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión”.

En el Foro Nacional de Radios Comunitarias e Indígenas celebrado en San Lázaro en 2016, el entonces presidente del IFT, Gabriel Contreras, expresó que entre los retos se encontraba la limitante de colocar la reserva de 10 por ciento a concesiones sociales en la parte más alta de la banda de FM que va de los 88 a los 108 MHz, como señala el artículo 90 de la LFTR, con el fin de no afectar a los concesionarios que ya cuentan con una emisora en esa parte; en esta iniciativa se propone que la reserva sea a lo largo de ambas bandas FM y AM.

Con la reducción de la banda de los 800 a los 400 el espectro tiene cabida para mayor número de estaciones de radio, por lo que ahora y sin afectar intereses de los competidores económicos comerciales, es posible reservar el 33 por ciento de forma equitativa para las concesiones comerciales y privadas, 33 por ciento concesiones públicas y el 34 concesiones sociales, que incluyen las radios comunitarias e indígenas. Así también lo expresó Gabriel Contreras en el foro antes mencionado.

Toda vez que, como ha insistido la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU, el reconocimiento legal no garantiza el acceso de los pueblos y comunidades a las concesiones para operar conforme a la normatividad; más aún cuando se establecen condiciones discriminatorias para su acceso, operatividad y sustentabilidad, por ello se propone la siguiente modificación a los artículos 56 y 90 de la LFTR:

La LFTR debe contemplar la reserva del espectro radioeléctrico, de forma equitativa, para las concesiones de uso comercial, público y social, con apego a los más altos estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Esta iniciativa se torna tanto más necesaria en cuanto se comprueba el rezago histórico en el acceso a la radiodifusión pública para la población en general y en particular a las comunidades indígenas.

Es por ello que me permito someter a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Primero. Se reforman los artículos 56 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los actuales en sus términos, al artículo 56 del mismo ordenamiento para quedar como sigue:

Artículo 56. Para la adecuada planeación y equitativa administración y control del espectro radioeléctrico y para su uso y aprovechamiento eficiente, el Instituto deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con base en el interés general. El Instituto deberá considerar la evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente la de radiocomunicación y la reglamentación en materia de radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El instituto deberá reservar equitativamente las concesiones del espectro radioeléctrico en materia de servicios públicos de radiodifusión de la siguiente forma: 33 por ciento para uso comercial, 33 por ciento para uso público y 34 por ciento para uso social que incluyen las concesiones comunitarias e indígenas.

...

...

Artículo 90. ...

(Fracciones I. a IV.)

...

...

...

El instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el sesenta y siete por ciento del espectro correspondiente a las concesiones de uso social como refiere el artículo 56 de esta ley, de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará a lo largo de la referida banda.

El instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 535 a 1705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean comunitarias o indígenas.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente relatoría especial para la libertad de expresión; OEA en ....

2 Violaciones indirectas a la libertad de expresión: el impacto de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación social

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/medios/ concentracion%20en%20medios%20Pages%20from%20Informe%20Anual%202004-3.pdf

3 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001. Volumen II. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Anexo 5: Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión. Declaración Conjunta: Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo, páginas 167-168.

4 Declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=719&

5 Infraestructura de estaciones de radio FM, 31 de marzo de 2016.

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/ infraestructurasradiodifusionfm31-03-16.pdf

Infraestructura de Radio y Televisión Estaciones Autorizadas al 31 de marzo de 2016

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/ cuadroestadisticodedistribuciondeestacionesmarzo2016.pdf

6 El subrayado en “negritas” es del autor de la presente iniciativa.

7 Infraestructura de Radio y Televisión. Estaciones autorizadas al 31 de marzo de 2016 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/ cuadroestadisticodedistribuciondeestacionesmarzo2016.pdf

8 Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual y reglamentación http://bamuac.unc.edu.ar/sites/bamuac.unc.edu.ar/files/servicios- de-comunicacion-audiovisual-ley-26522.pdf

9 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones. Tecnologías de Información y Comunicación.

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo052es.pdf

10 Ley Orgánica de Comunicación, artículo 106.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ ley_organica_comunicacion.pdf

11 Ley 18.232 Servicio radiodifusión Comunitaria. Artículo 5

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/52660/1/ley-18.232.pdf

12 “Una alternativa que encontró el Instituto para cumplir con este mandato y con otros que vienen de problemas ya añejos, como es el caso de la migración de estaciones AM a FM, es la reducción de la separación entre estaciones de 800 kilohertz a 400 kilohertz. Esto va a permitir, sujeto a ciertos parámetros técnicos, que tengamos una mayor disponibilidad de espectro, y que nos permita cumplir con nuestro mandato de utilizar el espectro reservado para estas estaciones sin afectar los derechos de quienes ya se encuentren ahí”, Gabriel Contreras, en la Inauguración del Foro Nacional de Radios Comunitarias e Indígenas, 30 de junio de 2016.

Dado en la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de octubre de 2017.— Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza(rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector primario en México se encuentra compuesto por las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, etcétera, este ha sido catalogado como un sector estratégico para el desarrollo económico del país. La importancia actual del campo mexicano reside en que ha vivido una transisión, la cual parte de un enfoque tradicional el cual se centraba en la producción de grandes cantidades de productos agrícolas. En cambio, actualmente el campo mexicano se ha enfocado en una producción de mayor calidad.

Como resultado de estos cambios en los métodos de producción se ha registrado un constante aumento en la productividad y en los ingresos que obtienen las personas enfocadas a dicho sector. Algunos de los cambios que se han establecido como un fundamento para la competitividad del sector agrícola son: el fomento a la cultura de innovación, la modernización y uso sustentable de recursos como son el agua y el suelo, el desarrollo en la tecnificación y uso de maquinaria en diversos procesos, la asociación productiva y la integración de cadenas de valor, el uso de semillas mejoradas y la sanidad e inocuidad en los productos.

Algunos de los datos que demuestran el crecimiento y desarrollo del campo mexicano son que, hasta el 2016, México se ha posicionado como el primer productor y exportador a nivel mundial de aguacate, el primer exportador de cerveza, el segundo productor de chile verde, el segundo exportador de jitomate y limón y el séptimo productor de proteína animal.

Con esto México actualmente ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y el número 12 a nivel mundial. Sin embargo, su participación en la economía nacional es mucho más importante ya que la agricultura aporta el 4 por ciento del PIB nacional y el 62.9 por ciento del PIB total de las actividades primarias.

A continuación se muestra el crecimiento de la producción agrícola en los últimos años, en esta gráfica se han considerado los 52 principales productos agrícolas, los cuales incluyen cosechas de árboles frutales, cultivos agroindustriales, hortalizas y granos y estos contribuyen con alrededor del 90 por ciento del valor de la producción nacional.

México se encuentra conformado por un territorio total de 198 millones de hectáreas, de las cuales hasta 2015, 30 millones son tierras de cultivo, 115 de agostadero y 45.5 de bosques y selvas.

El sector agrícola en todo el país hasta diciembre de 2015 generó un total de 5.5 millones de empleos entre la población mayor de 15 años de edad, de estos empleos 11 de cada 100 son ocupados por mujeres. Los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz son los que muestran mayor concentración de trabajadores agrícolas en el país.

Habiendo expuesto la importancia social y económica del sector agrícola en México, es necesario resaltar los aspectos que lo han mejorado, tal es el caso de la tecnificación en cultivos, la cual consiste en: I) Mecanización, II) Fertilización, III) Uso de semillas, IV) Servicio de sanidad, y V) Asistencia técnica.

Los insumos agrícolas están conformados por todos aquellos instrumentos utilizados para mejorar la calidad y la productividad en el sector agrícola, estos pueden ser: plagicidas, fertilizantes y abonos, semillas y material de propagación vegetal, productos y agentes biológicos para el control de plagas, etcétera.

En México, Proccyt es la asociación líder representante de la Industria de la Ciencia de la Protección de los Cultivos, esta promueve las buenas prácticas agrícolas, apoyando sobre todo a agricultores con programas para la obtención y desarrollo de productos más efectivos y amigables con el medio ambiente.

De acuerdo con lo que ha declarado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sin el uso de estos productos para la protección de cultivos, la producción de alimentos caería aproximadamente un 40 por ciento debido a la presencia de los constantes problemas biológicos.

Este tipo de insumos generan beneficios a agricultores en todo el país y se encuentran presentes en alrededor de 16 millones de hectáreas sembradas, debido al minucioso proceso de elaboración y evaluación estos son utilizados en diversos cultivos y condiciones geográficas.

Algunos de los objetivos principales de Proccyt en México consisten en la consolidación de la industria de agroquímicos y sobretodo contribuir a un sector agrícola sustentable, promoviendo el bienestar, el desarrollo, y la producción de más y mejores alimentos.

Los productos destinados a la protección de cultivos son eficaces herramientas para el manejo adecuado de problemas fitosanitarios, tan solo en 2015 en México fueron detectadas 247 plagas en el sector agrícola, de igual manera, se detectó el virus “pulgón”, la plaga que causa necrosis letal en el maíz y la enfermedad “Roya del Café”.

Los productos utilizados, como lo son fertilizantes o plagicidas, son sometidos a un aproximado de 11.3 años de estudios y pruebas exhaustivas y estrictas para garantizar su sustentabilidad, debido a su eficacia únicamente es utilizado un aproximado de 15 a 30 gramos para el control de plagas por cada hectárea sembrada.

Estos productos se encuentran principalmente destinadas a controlar cualquier plaga, incluidas aquellas que pudiesen transmitir enfermedades humanas y de animales, al control de animales o especies que causen perjuicio o interfieran con la producción agrícola.

La elaboración de estos productos, específicamente de los plagicidas, cuentan con un respaldo científico y un riguroso proceso de regulación. La inversión aproximada para garantizar la seguridad de estos productos es de 286 millones de dólares, esto enfocado principalmente en la seguridad ambiental, seguridad toxicológica y la eficacia agronómica.

En cada una de las etapas de producción, estos insumos cuentan con la participación activa de diversos científicos de diversas disciplinas especializados en toxicología, química, bioeficacia y medio ambiente. Las empresas están comprometidas a diseñar la mejor fórmula, definiendo un proceso de fabricación y la selección de los envases más apropiados para su producto.

Una vez terminado el proceso de elaboración deben llevarse a cabo los procesos de trámites y registros para la obtención de permisos para uso y venta en cada país, las empresas deben presentar todas las acreditaciones de seguridad y eficacia que son requeridas por las autoridades, quienes evalúan la eficacia para control de plagas, la seguridad para la salud y el ambiente y los usos específicos para cada producto.

En México, los estudios que son realizados a estos productos después de su elaboración son llevados a cabo por las tres instancias de gobierno que cuentan con la facultad de emitir los registros sanitarios para su comercialización, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se encuentra encargada de evaluar los estudios de efectividad de los productos en el campo; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realiza los estudios correspondientes a la protección del medio ambiente; mientras que los estudios correspondientes a la protección en materia de salud humana son realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

A pesar de los rigurosos procesos de validación a los que son sometidos estos productos, los productores y agricultores se enfrentan a una amenaza distinta, el comercio ilegal, el cual consiste en la venta y uso de productos que pueden ser falsificados o piratas, adulterados, sin registro, productos obsoletos o prohibidos, productos re-etiquetados o con etiquetas sobrepuestas, de contrabando o robados, etcétera.

El comercio ilegal de agroquímicos atenta principalmente contra la salud, tanto de las personas que hacen manejo de ellos, como de aquellos quienes consumen los productos finales, al medio ambiente, a los ingresos económicos de los agricultores, a las empresas productoras de insumos que lo hacen mediante los procesos debidos y a los cultivos.

El uso de insumos ilegales causa daños incalculables en todos los niveles de la cadena productiva, perjudica los campos y puede llegar a ser una de las razones por las cuales los productos a exportar sean rechazados.

Comúnmente los productos que muestran alteraciones pueden contener solamente una parte del ingrediente activo del que se encuentra indicado en el empaque, nada del ingrediente activo, dejando desprotegidos los cultivos u otra concentración de cualquier otro ingrediente activo que no se encuentre especificado en la etiqueta.

El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI por sus siglas en inglés), tiene como finalidad realizar actividades de investigación, capacitación e información relacionadas con el combate a la delincuencia y la administración de la justicia. En el informe “Illicit pesticides, organized crime and supply chain integrity”,elaborado por este Instituto, se dan a conocer los posibles peligros que conlleva el uso de productos ilegales, las afectaciones tanto al medio ambiente como al ser humano, la estructura del crimen organizado de plaguicidas ilegales y una serie de recomendaciones para combatir este tipo de comercio.

En dicho informe estas sustancias son definidas como una serie de sustancias ilegales, obsoletas o prohibidas, importaciones no autorizadas, etcétera. En la mayoría de estos casos, la mala identificación de los insumos agrícolas químicos conlleva a la violación de los derechos de propiedad intelectual de un productor en específico o del titular de los derechos.

Las 5 categorías en las cuales puede presentarse el comercio ilegal en los insumos utilizados en el sector agrícola en la etapa de fabricación, importación y venta, son las siguientes:

a) Plaguicidas e insumos no autorizados y obsoletos o prohibidos;

b) Importaciones no autorizadas de insumos agrícolas químicos;

c) Insumos falsificados;

d) Insumos con etiquetas y marcas sobrepuestas;

e) Recipientes de insumos rellenados.

Algunos de los posibles riesgos asociados al uso de insumos químicos agrícolas se presentan debido al uso de ingredientes y propiedades químicas y su exposición hacia ellos. Sus efectos sobre la salud humana pueden ir desde una leve irritación en la piel, trastornos sanguíneos y nerviosos, cambios genéticos, hasta una posible insuficiencia respiratoria y tisular, coma y muerte. Debido a la presencia activa de químicos, el uso, almacenamiento o eliminación inadecuados puede potenciar los efectos negativos de las sustancias.

En al ámbito económico una de las afectaciones que genera el comercio ilegal, es la pérdida para los gobiernos de los ingresos obtenidos por la falta de cobro de los impuestos relacionados a estos productos; la pérdida de ingresos reduce la capacidad de regulación y la aplicación de los recursos.

UNICRI en 2016 estimó que por lo menos el 15 por ciento del comercio global de insumos químicos agrícolas corresponden a productos ilegales. Este porcentaje representa un aproximado de 8 billones de dólares. En América Latina los países que se encuentran más afectados por estas prácticas son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Otro factor que pone en riesgo el comercio ilegal de estos productos es la restricción en el desarrollo comercial y la innovación. Esto debido a que se vuelve más difícil para las empresas productoras recuperar el capital invertido en investigación, desarrollo, pruebas, etcétera. Esto, por su parte, disminuye la disponibilidad de productos efectivos, apropiados y seguros para los consumidores.

El uso de insumos químicos ilegales o falsificados pueden llegar a destruir cultivos completos, estos contribuyen a la contaminación del aire y del suelo, a la contaminación de las aguas subterráneas y a los sistemas de drenaje, además ha sido significativo el impacto negativo sobre diversas plantas, aves, animales y a la vida marina, en especial a aquellas especies más vulnerables.

La presencia de productos ilegales en los cultivos puede llegar a devastar mercados específicos de ciertos productos y perjudicar la confianza de los consumidores en productores, países y regiones determinadas, y dañar la percepción sobre la inocuidad, higiene y seguridad de los alimentos.

Algunas de las estrategias realizadas por las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de estos productos son las siguientes:

• Para evadir la detección, estos grupos envían por separado los componentes de los productos, no necesariamente los productos llegan terminados a su destino final.

• Los insumos ilegales son ensamblados, envasados o empaquetados de nuevo para su distribución no regulada, no autorizada o ilegal.

• Se utiliza una cadena de distribución independiente, correos y mensajería para enviar elementos auxiliares, como marcas, etiquetas y envases vacíos.

• Suelen cambiar constantemente de rutas para ocultar el origen y destino de los productos.

• Se envían paquetes con un volumen pequeño y mercancías sin terminar, lo cual dificulta el adecuado control de los inspectores fronterizos.

• Se hace uso de documentos de embarque fraudulentos.

• Utilizan a su favor la ausencia de estándares universales para una documentación adecuada y/o certificaciones que evidencien la legalidad o el registro en mercados específicos.

• Se aprovechan de que el comercio ilegal de insumos químicos agrícolas es considerado de menor importancia en materia penal, financiera, y con débiles consecuencias penales. En algunos países, los productos pueden ser devueltos al proveedor ilegal o país de origen.

• Son organizaciones delictivas flexibles y adaptables, responden rápidamente a los cambios políticos, económicos o legislativos, incluidos los acuerdos de libre comercio, las zonas francas (ZF), la regulación, los esquemas de precios y el potencial de crecimiento de los mercados.

Las razones antes expuestas permiten dimensionar el problema que implica la existencia de un mercado ilegal de productos químicos destinados al sector agrícola, los riesgos que implican estas acciones no solo afectan a nivel económico, sino que también generan daños al medio ambiente y a la salud humana.

Los procesos y estudios a los cuales son sometidos los productos legales, son necesarios para garantizar la seguridad en cada una de las etapas de la cadena productiva, ya que las consecuencias del uso inadecuado de estos insumos químicos pueden llegar a perjudicar incluso aquellos productos destinados a la exportación.

Algunas de las recomendaciones generales para los consumidores (agricultores) por parte de las empresas dedicadas al desarrollo de estos productos son:

a) Comprar agroquímicos en locales o distribuidores autorizados.

b) Rectificar el precio del producto, ya que la presencia de inusuales precios bajos suele ser un motivo de alerta.

c) Prestar atención al etiquetado, este debe contar con:

I. Instrucciones claras y legibles en español.

II. Registro obligatorio emitido por COFEPRIS.

III. La etiqueta debe estar adherida en forma permanente al envase y este debe venir completamente sellado.

IV. Debe contar con fecha de elaboración y de caducidad. Los periodos suelen ser de dos años en promedio.

V. Debe tener el nombre y datos de registro del fabricante.

VI. La tapa debe contar con un sello de seguridad sin violar.

d) Los comercios deben emitir comprobantes fiscales, esto acredita que cuentan con los requisitos y registros necesarios.

e) Solicitar el registro de Cofepris. No se debe admitir la leyenda “En trámite” debido a que esto no garantiza la legalidad del producto.

f) Se debe solicitar el Certificado de Análisis (COA) por cada lote comprado, ya que esto acredita que el producto fue elaborado en una instalación acreditada.

g) Al concluir el uso del producto se debe llevar a cabo el proceso de triple lavado, perforado y hacer la entrega en los centros de acopio autorizados.

Por otra parte, algunas de las recomendaciones realizadas por UNICRI para el combate y control del comercio ilegal de insumos químicos agrícolas, señalan que es necesario que las autoridades mantengan una participación constante de la mano de las partes interesadas, que se impulsen políticas públicas que permitan regular y emitir sanciones más severas para los individuos u organizaciones que lleven a cabo estos actos de comercio ilegal.

Es necesario que exista una relación entre las instituciones internacionales y la supervisión reguladora de cada país perjudicado. Las autoridades de cada país deben velar por la protección de la cadena de suministros y las actividades de defensa y seguridad, debe existir mayor capacidad de investigación de los actos ilícitos que sean denunciados y promover la educación y conciencia del usuario final y del consumidor.

Ahora bien, en ese contexto, advertimos que la Ley General de Salud establece en su artículo 456 un tipo penal en el siguiente sentido:

Artículo 456.- Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o en general, realice actos con las substancias tóxicas o peligrosas a que se refiere el artículo 278 de esta Ley, con inminente riesgo a la salud de las personas, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Como se desprende de la simple lectura de la disposición anterior podemos ver que la serie de conductas que la Ley tipifica como delictivas son relacionadas únicamente con dos de las cuatro contenidas en el artículo 278 —sustancias peligrosas y sustancias tóxicas—, y únicamente cuando se materializan conductas del agente activo, sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud o, incluso, sobrepasando o vulnerando los alcances de dicha autorización.

En ese sentido, existe una laguna normativa sobre el tratamiento de plaguicidas o nutrientes vegetales que hubieran sido obtenidos de manera ilegal o, peor aún, que hubieren sido falsificados por cualquier procedimiento químico o físico.

En razón de que la conducta a sancionar —en este último caso— sería una franca ilegalidad, y no solo el transgredir los alcances de un acto administrativo, es menester crear un nuevo tipo penal, en un artículo diferente pero inmediato por la conectividad y relación que se desprende de su categorización dentro del artículo 278 de la Ley General de Salud que a la letra establece:

Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Plaguicida: Cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias defoliantes y las desecantes;

II. Nutrientes vegetales: Cualquier substancia o mezcla de substancias que contenga elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes;

III. Substancia peligrosa: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que tiene características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológicoinfecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad, y

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

Por ello, se propone adicionar un artículo 456 Bis, que sancione expresamente las conductas relacionadas a lo largo de esta exposición, en el siguiente sentido:

Artículo 456 Bis. Al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud

Único.- Se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo IVDelitos

Artículo 456. (...)

Artículo 456 Bis. Al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 457.- (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Informe de labores 2015-2016, Sagarpa, fecha: 1 de septiembre de 2016, fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.

2 Ibídem, Informe de labores 2015-2016, Sagarpa.

3 Ibídem, Informe de labores 2015-2016, Sagarpa.

4 Ibídem, Informe de labores 2015-2016, Sagarpa.

5 Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola, INEGI, fecha: 11 de mayo de 2016, fecha de consulta, 25 de septiembre de 2017, disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf

6 Ibídem, Informe de labores 2015-2016, Sagarpa.

7 Ibídem, Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola, INEGI.

8 Ibídem, Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola, INEGI.

9 Insumos agrícolas, InfoJardín, fecha: S/F, fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017, disponible en:

http://www.infojardin.net/glosario/inflorescencia/insumos-agricolas.htm

10 Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt, fecha: S/F, fecha de consulta: 27 de septiembre de 2017, disponible en:

http://proccyt.org.mx/nosotros

11 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.

12 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.

13 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.

14 Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt, fecha: S/F, fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017, disponible en:

http://www.residuoscop.org/wp-content/uploads/2017/08/ Comercio-ilegal-de-plaguicidas-Proccyt.pdf

15 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.

16 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.

17 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.

18 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.

19 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.

20 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.

21 Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI, fecha: 2016, fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017, disponible en:

http://www.unicri.it/in_focus/files/The_problem_of_illicit_ pesticides_low_res1.pdf

22 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

23 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

24 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

25 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

26 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

27 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

28 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

29 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

30 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

31 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2017.— Diputados: Evelyng Soraya Flores Carranza,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y expide la Ley General de Resultados Garantizados, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y se expide la Ley General de Resultados Garantizados, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Actualmente, vivimos en un grave contexto de desconfianza de la ciudadanía hacia los representantes populares y, en general, hacia la clase política, situación que debilita a nuestra democracia. Según el Latinobarómetro 2016, el apoyo a la democracia en México se sitúa en 48% (frente al 54% de promedio en la región) y se encuentra entre los países en los que una mayoría (en el caso específico, un 57%) prefiere la restricción de libertades a la sociedad a cambio de orden.

Asimismo, un abrumador 76% de los mexicanos dijo que el gobierno estaba al servicio de los grupos de poder y no de la gente, al tiempo que solo 1 de cada 4 ciudadanos en México aprueba a su gobierno (13% menos que el promedio de la región). Otro problema muy grave es la baja participación en los ejercicios electorales, pues el abstencionismo reina durante las elecciones debido, en gran parte, a la falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos: durante el proceso electoral federal de 2015, sólo sufragó el 47.72% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

En suma, la percepción es que el sustento democrático del Estado constitucional dejó de tener consenso social y que la clase política está al servicio de intereses ajenos a los de los ciudadanos. Es evidente la crisis de gobernabilidad y representatividad.

Uno de las principales causas de esta crisis de legitimidad y confianza, es la falta de compromiso respecto de las propuestas que los candidatos adquieren en campaña, y su falta de cumplimiento. Los candidatos a cargos de elección popular se presentan en las contiendas electorales con una serie de propuestas que, después de resultar electos, no se sienten obligados a cumplir, práctica que se ha vuelto el común denominador, y que lleva al olvido de los compromisos adquiridos con los electores, quedando al arbitrio y voluntad del funcionario público electo, su eventual cumplimiento.

Es decir, el votante toma la decisión de ejercer el sufragio en la mayoría de las ocasiones en función de lo que el candidato promete sin que ningún instrumento jurídico le asegure al ciudadano que se llevará a cabo. Es decir, se deja a la buena voluntad del político que asuma su responsabilidad y cumpla con lo dicho.

La relevancia de las promesas de campaña reside en el hecho de que representan el primer contacto entre los candidatos y sus electores. Son el medio por el cual se empiezan a adquirir compromisos entre los futuros representantes populares y el soberano, es decir, el pueblo. En ese sentido, dado que nuestro sistema de gobierno es, por mandato Constitucional, una democracia representativa, resulta indispensable que los gobernantes obedezcan el mandato que los votantes expresan en las urnas. Una de las maneras de obedecer el mandato popular es, precisamente, cumpliendo con las promesas de campaña.

Lo anterior ha propiciado que, demagógicamente, algunos candidatos firmen sus promesas ante notario público bajo la supuesta intención de otorgar certeza a los posibles votantes. Sin embargo, la realidad no cambia, los candidatos y después gobernantes no cumplen con lo prometido, repercutiendo en la creciente distancia entre ciudadanos y autoridades y profundizándose aún más la desconfianza en nuestro sistema político.

Por ejemplo, el Presidente Enrique Peña Nieto, durante el proceso electoral federal de 2011-2012, en su carácter de entonces candidato de la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, firmó ante notario público 266 compromisos de los cuales, al 14 de noviembre de 2016 –y de acuerdo con la Unidad de Datos del medio digital Sin Embargo–, había cumplido sólo el 22.9 por ciento, es decir, 61 de los compromisos asumidos habían sido o. En ese o, el Presidente registró un promedio de cumplimiento de 15.25 compromisos por año. Si esa cifra se mantuviera, el Presidente requeriría de otros 13.44 años para terminar de dar cumplimiento a sus 266 compromisos.

Por su parte, el INAI –al discutir la solicitud de un particular en donde se pedía el informe detallado de cuántos compromisos son, cuáles se cumplieron y cuántos aún no– señaló que, de acuerdo con documentos de Presidencia, de 266 compromisos que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prometió durante su campaña en 2012, sólo ha cumplido 93, es decir, el 34.96%. De dichos compromisos, que se dividieron en ocho rubros, en el ramo de fortalecimiento de la democracia, la transparencia, acceso a la información y derechos humanos no se ha cumplido ninguno.

De igual manera, y por citar algunos ejemplos, entre los compromisos que Enrique Peña Nieto contrajo durante su campaña, bajo el slogan Te lo firmo, te lo cumplo, se encontraban el proyecto de un tren rápido México-Querétaro, el tren transpeninsular Mérida-Puerto Venado y el Centro de Convenciones de Córdoba, Veracruz. Los tres proyectos fueron cancelados.

Asimismo, en materia educativa ha incumplido su promesa de dotar de luz, agua, baños, mobiliario, equipo e instalaciones en buen estado para las escuelas de todas las comunidades indígenas del país; y la de alcanzar la cobertura universal en educación media superior. De igual manera, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que la Reforma Energética pondría fin a los ?gasolinazos?, con los resultados adversos que todos conocemos.

Otro ejemplo claro de un gobernante que realizó promesas sin el interés de llevarlas a cabo, es el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien durante su campaña, el gobernador Rodrigo Medina realizó 195 promesas de campaña, pero tras seis años de administración, sólo cumplio el 46 por ciento de éstas.

Es así que, podría realizarse una amplia lista de candidatos y representantes populares que no han cumplido con lo que han prometido. Lo más grave es que dicha traición a la confianza del elector no es castigada, pues la ciudadanía no cuenta con los mecanismos ni los medios institucionales para evaluar el cumplimiento de las promesas de campaña, ni su desempeño a lo largo de la duración de los cargos públicos.

En una democracia representativa, en vías de consolidación, como la mexicana, es necesario fortalecer la rendición de cuentas como un instrumento fundamental para que la ciudadanía ejerza el control sobre quienes detentan el poder, para evitar el abuso del mismo y garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia.

De acuerdo con Guillermo O´Donnell, existen dos clases de rendición de cuentas: la horizontal; y, la vertical. La primera se refiere a los controles que ejercen mutuamente los entes estatales, por ejemplo, el control del ejercicio del gasto del Poder Ejecutivo, por parte del Congreso de la Unión. Por otra parte, la rendición de cuentas vertical es realizada por el gobierno hacia la ciudadanía: por medio de procesos electorales, incluidos los ejercicios de ratificación de mandato, los gobiernos se obligan a rendir cuentas y ser evaluados por los ciudadanos. El medio con que estos cuentan para aprobar o reprobar a los representantes, es el voto.

Para Andreas Schedler, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones que denota, por un lado, la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y justificar sus actos y, por el otro, la capacidad para imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta.

La definición es clara, no solo es necesario que los políticos informen y hagan de sus avances de gobierno un discurso, se requiere y urge fortalecer la capacidad institucional para sancionar a aquellos que no han cumplido. En suma, para que el gobierno pueda rendir cuentas a la ciudadanía, se necesita desarrollar un marco jurídico, político e institucional, que delimite los derechos de los ciudadanos y las correlativas obligaciones del gobierno. Se debe especificar quién será competente para vigilar y evaluar el ejercicio del poder, así como los medios con que se cuenta para, en su caso, sancionar a sus gobernantes. El objetivo final de la evaluación gubernamental es ?avanzar hacia un gobierno por resultados; a un gobierno efectivo, eficiente y eficaz en su actuar y que sea capaz de dialogar de forma constructiva con su principal evaluador: el ciudadano.?

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto impulsar la creación de una Ley de Resultados Garantizados, que desarrolle y regule un nuevo mecanismo de rendición de cuentas de los representantes populares hacia la ciudadanía, a fin de obligar a quienes han sido candidatos a cargos de elección popular a cumplir cabalmente sus promesas de campaña, de manera transparente y en un tiempo determinado. Asimismo, se plantea empoderar a la ciudadanía, dotándola de una herramienta de democracia participativa para sancionar a sus representantes, en el caso de que hayan incumplido con sus promesas: la ratificación de mandato.

El proceso planteado por la Ley de Resultados Garantizados para garantizar el efectivo cumplimiento de las promesas de campaña, es el siguiente:

1. Todo candidato a un cargo de elección popular tendrá la obligación de registrar un informe de promesas de campaña ante los organismos electorales federal o locales, a más tardar, veinte días antes de que se lleve a cabo la elección.

2. El informe de promesas de campaña del candidato electo será remitido a las autoridades correspondientes, a fin de que publiquen y publiciten en el Diario Oficial de la Federación o o en las respectivas Gacetas Gubernamentales de las entidades federativas, dentro de los cinco días siguientes al del inicio del cargo.

3. Una vez electos, los servidores públicos estarán obligados a rendir anualmente un informe detallado acerca del estado de cumplimiento de sus promesas de campaña, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas Gacetas Gubernamentales de las entidades federativas.

4. A partir del día en que los informes sean publicados, los ciudadanos inconformes con el contenido de los mismos, tienen el derecho a solicitar a los organismos garantes del derecho de acceso a la información federal o locales una opinión técnica acerca de la veracidad del estado de cumplimiento en que se encuentren las promesas de campaña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o. Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Si de la opinión técnica de los organismos garantes del derecho de acceso a la información federal o locales se desprende que existe una desproporción grave, evidente e injustificada entre lo prometido por los candidatos durante las campañas y los avances logrados durante el periodo evaluado, los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar la celebración del ejercicio de ratificación de mandato de los representantes electos.

Cabe señalar que, respecto de la revocación o ratificación de mandato, la constitucionalidad de dicha figura ha sido defendida por el Ministro Arturo Zaldívar al emitir un voto particular en la acción de inconstitucionalidad 8/2010. En dicho voto, el Ministro sostuvo que la democracia se puede clasificar, en general, en tres tipos: “ directa, por la cual, las decisiones colectivas se toman directamente por la ciudadanía; representativa, en la cual, hay un nombramiento de un representante para que éste sea quién, en nombre de los electores, tome las decisiones; y, por último la semidirecta o participativa en la que se conjugan las características de los otros dos modelos de democracia.

Consecuentemente, la ratificación de mandato, al igual que figuras como el referéndum y el plebiscito, son herramientas de la democracia participativa, las cuales constituyen formas de participación ciudadana que se instauran como correctivos a las deficiencias del funcionamiento de las instituciones democráticas de representación. De manera que, si bien el artículo 40 constitucional indica que nuestra democracia es representativa, el ministro Zaldívar estima que de ello no se desprende ningún impedimento a que las entidades recurran a instrumentos de la democracia participativa para mejorar el sistema representativo.

En ese tenor, el ministro Zaldívar concluye que “los procedimientos e instituciones de la democracia participativa no son excluyentes con el sistema de representación, sino que pueden ser elementos complementarios para construir y legitimar una democracia constitucional, siempre y cuando éstos no pretendan sustituir al sistema representativo, sino únicamente mejorar su funcionamiento a través de una mayor participación ciudadana que lo fortalezca”.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, expide la Ley General de Resultados Garantizados.

PRIMERO. Se reforma la fracción IV del artículo 36, así como los artículos 39, 73, fracción XXIX-Q, 83, 84, 99, 115, fracción I, 116, fracción I, 122, fracción IV, y se añade un fracción IX al artículo 35, y una fracción X al artículo 99, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VII. ...;

VIII. ...

1o. ...

a) ...;

b) ...;

c) ....

...,

2o. ...;

3o. ...;

4o. ...;

5o. ...;

6o. ...; y

7o. ...

IX. Votar en la ratificación de mandato del Presidente de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Presidentes Municipales y Alcaldes, que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Será convocada por el Instituto Nacional Electoral, después de transcurrida la mitad del mandato para el que fueron elegidos o derivado del incumplimiento, sin justificación, de compromisos y promesas adquiridos y registrados ante el Instituto Nacional Electoral, durante la campaña de la cual fueron electos;

2o. La ratificación de mandato de Presidente de la República y Gobernadores, se realizará en la fecha en que convoque el Instituto Nacional Electoral; la ratificación de mandato de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Presidentes Municipales y Alcaldes se realizará en términos de lo dispuesto en las Leyes correspondientes;

3o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

4o. Los resultados podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como del artículo 99 de esta Constitución; y

5o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. a III. ...

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos, cumpliendo con las promesas y los compromisos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, adquiridos con el elector durante la campaña política, en términos de la Ley; y

V.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de revocar o ratificar el mandato del Presidente de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Presidentes Municipales y Alcaldes, en términos de lo dispuesto por esta Constitución y por la Ley reglamentaria.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. ...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares y ratificación de mandato.

XXIX-R. a XXX. ...

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años, salvo que se revocase su mandato en términos de los dispuesto en esta Constitución. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

El Presidente será sujeto al procedimiento de ratificación de mandato de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Constitución y en las Leyes reglamentarias correspondientes.

Artículo 84. ...

....

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, o si se revocase su mandato en términos de lo dispuesto en esta Constitución, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

....

....

....

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

....

....

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. a IX. ...;

X. Las impugnaciones que se presenten sobre la ratificación o revocación de mandato de Presidente de la República, Gobernadores, Presidente Municipales y Alcaldes, y

XI. Las demás que señale la ley.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Artículo 115....:

I. ....

....

Los Presidentes Municipales serán sujetos al procedimiento de ratificación de mandato de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Constitución y en las Leyes reglamentarias correspondientes.

Si se revocase el mandato a alguno de los Presidentes Municipales, se procederá según lo disponga la Ley.

....

....

...;

II. a X. ...

Artículo 116. ...

..:

I. ....

....

....

...

a) ...;

b) ...

...

Los gobernadores de los Estados serán sujetos al procedimiento de ratificación de mandato de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Constitución y en las Leyes reglamentarias correspondientes.

II. a IX. ...

Artículo 122. ...

A. ...

I. ...

II. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

III. a VI. ...

...

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. Los Alcaldes serán sujetos al procedimiento de ratificación de mandato de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Constitución y en las Leyes reglamentarias correspondientes.

b) a f) ...

VII. a XI. V

SEGUNDO. Se adiciona un inciso r), recorriendo los subsecuentes, al artículo 44, un inciso f) al artículo 394, recorriendo los subsecuentes, un inciso f) al artículo 445, recorriendo el subsecuente, y un inciso ñ), al artículo 446, recorriendo el subsecuente, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a q) ...

r) Registrar el informe de promesas y compromisos de campaña que para cada proceso electoral deben presentar los candidatos y solicitar su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. El informe de promesas y compromisos de campaña, deberá contener, cuando menos, lo siguiente:

i) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante;

ii) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;

iii) Lista de promesas y compromisos de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, señalando de manera detallada el plazo, así como de las medidas jurídicas, materiales y/o económicas mediante las cuales se pretende darles cumplimiento cabal;

s) a jj) ...

Artículo 394.

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:

a) a e) ...

f) Enviar el informe de promesas y compromisos de campaña al Instituto;

g) a p) ...

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) a d) ...

e) ...;

f) No presentar el informe de promesas y compromisos de campaña, establecido en esta Ley, y

g) ....

Artículo 446.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) a m) ...

n) ...;

ñ) No presentar el informe de promesas y compromisos de campaña, establecido en esta Ley, y

o) ...

TERCERO. Se adiciona un artículo 25 Bis, y una fracción XI al artículo 41, recorriendo la subsecuente, ambos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 25 Bis. Además de lo señalado en el artículo 24 de esta Ley, los sujetos obligados, cuyo nombramiento derive de un cargo de elección popular, deberán rendir un informe anual respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, durante la campaña electoral, de la que derive su mandato.

Para el caso de los Diputados federales y locales, deberá incluirse un apartado sobre la aprobación de la Ley de Ingresos y en el Presupuesto que corresponda a cada año, en el que funde y motive el sentido de su voto.

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal, en la Ley de Resultados Garantizados y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. X. ...

XI. Emitir la opinión que soliciten los particulares, respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, durante la campaña electoral por parte de sujetos obligados de esta Ley, cuyo mandato derive de elección popular, y

XII. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia.

CUARTO. Se adiciona un artículo 12 Bis, y una fracción XXV al artículo 21, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12 Bis. Además de las obligaciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, los sujetos obligados, cuyo nombramiento derive de un cargo de elección popular, deberán rendir un informe anual respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, de la que derive su mandato.

Para el caso de los Diputados federales y locales, deberá incluirse un apartado sobre la aprobación de la Ley de Ingresos y en el Presupuesto que corresponda a cada año, en el que funde y motive el sentido de su voto.

Artículo 21.El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXIII. ...

XXIV. Emitir la opinión que soliciten los particulares, respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, durante la campaña electoral por parte de sujetos obligados de esta Ley, cuyo mandato derive de elección popular, y

XXV. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables.

QUINTO. Se expide la Ley General de Resultados Garantizados, para quedar como sigue:

Ley General de Resultados Garantizados

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Tiene por objeto regular la realización, publicidad y cumplimiento de las promesas de campaña por parte de los candidatos a cargos de elección popular, así como sancionar su incumplimiento, a fin de garantizar la rendición de cuentas del Estado Mexicano, prevista en los artículos 6o., 26, 73, 79, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por promesas de campaña aquellas acciones de gobierno, propuestas o proyectos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, cuya futura e imprescindible realización haya sido prometida por los candidatos a los votantes y, a través de las cuales, los candidatos adquieren la obligación de cumplimiento.

Artículo 3o. Los candidatos a todo cargo de elección popular tienen la obligación de realizar el registro de su informe de promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos electorales de las entidades federativas. Dicho registro deberá llevarse a cabo, a más tardar, quince días antes a aquel en que se lleve a cabo la elección.

Artículo 4o. El informe de promesas de campaña a que se refiere el artículo anterior, deberá contener, cuando menos, lo siguiente:

I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante;

II. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;

III. Lista de promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular.

En la lista a que se refiere la fracción III del presente artículo, el candidato o candidata deberá señalar, al menos, diez promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, señalando de manera detallada el plazo, así como de las medidas jurídicas, materiales y/o económicas mediante las cuales se compromete a darles cumplimiento cabal.

Artículo 5o. El informe de promesas de campaña del candidato que resulte electo será publicado, por orden del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas Gacetas Gubernamentales de las entidades federativas, dentro de los cinco días siguientes al del inicio de su periodo en el cargo.

Artículo 6o. Una vez electos, los servidores públicos estarán obligados a rendir, anualmente, un informe de cumplimiento de promesas de campaña, que constará de un estudio detallado acerca del estado de cumplimiento que se encuentran las promesas. Dichos informes deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas Gacetas Gubernamentales de las entidades federativas, según corresponda.

Lo anterior, sin perjuicio de que los ciudadanos puedan solicitar información por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o de los organismos garantes de las entidades federativas, para conocer el estado de cumplimiento de las promesas de campaña en cualquier momento del periodo para el que fue elegido el servidor público.

Artículo 7o. A partir del día en que los informes sean publicados, los ciudadanos inconformes con el contenido de los mismos, tienen el derecho a solicitar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o a los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México una opinión técnica acerca de la veracidad sobre el estado de cumplimiento en que se encuentren las promesas de campaña.

Si de la opinión técnica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o de los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México se desprende que existe una desproporción grave, evidente e injustificada entre lo prometido por los candidatos durante las campañas y los avances logrados durante el periodo evaluado, de tal manera que se estime que el cumplimiento cabal de las promesas de campaña resultará imposible durante la duración del cargo para el que fueron elegidos, los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar la ratificación o revocación del mandato de los funcionarios electos mediante voto popular, en los términos de la Constitución y las leyes secundarias en la materia.

La opinión técnica que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México deberá circunscribirse únicamente al cumplimiento de aquellos compromisos y promesas adquiridas durante la respectiva campaña, que se encuentren dentro del marco de facultades y obligaciones Constitucionales y legales propias del cargo de elección popular.

Artículo 8o. La solicitud de revocación de mandato a que se refiere el artículo anterior, deberá realizarse en los siguientes términos:

I. Será convocada, después de transcurrida la mitad del mandato para el que fueron elegidos, por el Instituto Nacional Electoral, o derivado de la opinión técnica que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o de los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México respecto del incumplimiento, sin justificación, de compromisos y promesas adquiridos y registrados ante el Instituto Nacional Electoral, durante la campaña de la cual fueron electos, que se encuentren dentro del marco de facultades y obligaciones Constitucionales y legales propias del cargo de elección popular;

II. El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas tendrán a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

III. Los resultados podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como del artículo 99 de esta Constitución; y Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Artículo 9o. En caso de que el mandato sea revocado, se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta del representante conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, así como en las respectivas Constituciones locales, leyes secundarias.

Artículo 10. Constituyen infracciones de los candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley, no presentar el informe de promesas de campaña establecido en esta Ley, que será sancionado con la pérdida de la candidatura.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión, una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá emitir en un plazo de 120 días la legislación secundaria que regule la figura de ratificación de mandato.

Cuarto. Los Congresos de las entidades federativas deberán adecuar sus respectivas Constituciones y Leyes en la materia, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.

Quinto. Los Congresos locales de las entidades federativas, una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberán emitir en un plazo de 120 días la legislación local que regule la figura de ratificación de mandato.

Notas

1 Latinobarómetro, Informe 2016. Disponible en www.latinobarometro.org.

2 INE reporta 47.72% de participación ciudadana en elección, Milenio, disponible en:

http://www.milenio.com/politica/ine_y_elecciones_2015-ine_computo_ elecciones-ine_y_resultados_0_535146698.html

3 EPN ha cumplido solo 34.9% de los 266 compromisos de campaña: INAI, MVS Noticias, disponible en:

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/epn-ha-cumplido-solo-349-de- los-266-compromisos-de-campana-inai-74

4 Chio, Yolanda, Medina sólo cumple 46% de promesas, El Norte, disponible en:

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspxid=649233 &md5=dd759e4146105eda6f5736f87cd3d901 &ta=0 dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

5 ODONELL, Guillermo, Illusions about consolidation, Journal of Democracy Volume 7 , 1996.

6 Ugalde, Luis Carlos, Rendición de Cuentas y Democracia. El caso de México, p 44, disponible en

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/ recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/21.pdf

7 MORALES GONZÁLEZ, Gisela, Evaluación del desempeño gubernamental y cultura organizacional: Reflexiones desde la Nueva Gestión Pública y la sociología de las organizaciones, INAP, disponible en:

http://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap121.pdf

8 Voto particular que formula el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la acción de Inconstitucionalidad 98/2010, promovida por el Procurador General de la República.

9 Íbid.

10 Íbid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Jorge Alvarez Maynez,Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, María Verónica Agundis Estrada, María Victoria Mercado Sánchez(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Ángel García Yáñez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden las actuales V a XI, que pasan a ser VI a XII, respectivamente, al artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

En la sociedad actual, si hablamos de pobreza lo primero que podemos asociar es la falta de oportunidades laborales en y para el sector de la población que se encuentra en la edad óptima para trabajar, y así obtener una adecuada remuneración.

En países en desarrollo como el nuestro, el crecimiento económico no ha estado asociado con la completa utilización de la fuerza productiva que hay disponible, y si a eso le agregamos la competencia mundial y la globalización económica de los últimos años, que se manifiesta en los sectores industriales y de servicios en el uso de nuevas tecnologías con el fin de ahorrar en mano de obra, el escenario no podría ser peor, al no ser aprovechada la oferta excedente de mano de obra. Así, en México, como en otras latitudes, se observa que el desempleo es uno de los problemas sociales más grave, siendo la pobreza una de sus consecuencias más evidentes.

En función de ello, y ante la limitada capacidad de los sectores productivos y de servicios de generar mayores fuentes de empleos, es que se ha considerado como algo importante e imprescindible el hecho de saber un oficio para poder solventar los gastos esenciales; además, el desarrollo de ciertas destrezas y habilidades brinda la posibilidad de tener un negocio propio, considerándose esta posibilidad una de las opciones más recomendables para tener un ingreso seguro.

Por lo regular, la limitada oferta de trabajo crea competencias desiguales entre las personas con alguna preparación académica, así como con aquellas que, por diferentes razones, tienen el conocimiento empírico; ante ello, para el desarrollo de políticas públicas adecuadas, es recomendable establecer en la ley aquellos mecanismos que favorezcan la igualdad de oportunidades, a fin de coadyuvar en el desarrollo de una sociedad más incluyente que, en resumen, es lo que motiva la presente iniciativa.

Exposición de Motivos

Tomando en cuenta que no todos pueden tener una profesión o contar con educación superior, debemos de considerar alternativas susceptibles de ser aprovechadas por cualquier persona, independiente de su género y de su edad, siendo una de las más factibles el contar con diversas opciones de capacitación que le permita a cada individuo desarrollarse de manera adecuada y productiva.

Reconocemos que el desarrollo social y económico en nuestro país se encuentra en una fase de estancamiento, lo que se ha reflejado en los niveles de desigualdad y de pobreza, y en las pocas oportunidades laborales; la diferencia es que ahora, tal desigualdad va en aumento, haciendo cada vez más insalvables las brechas sociales.

Esta situación nos obliga como Legisladores a implementar y agotar todas las posibles oportunidades que puedan darse, en cualquiera de nuestros ámbitos de acción, para coadyuvar en la superación de los niveles tan marcados de desigualdad, desempleo y pobreza.

Es por eso que, como Grupo Parlamentario y acorde a nuestra Agenda Legislativa, buscamos contribuir al fortalecimiento de las bases que permitan desarrollar una política de desarrollo social que logre el bienestar general de la población, principalmente de aquella que se encuentra en las zonas de atención prioritaria, contribuyendo así al cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, que a la letra dice:

“Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.”

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha emitido diversos resultados de la medición de la pobreza, en donde observamos que entre el 2012 y el 2014, el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 por ciento.

Más allá de esos porcentajes, la realidad que nos impele está determinada por una lacerante realidad, en la que la población en situación de pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, durante junio del año 2016, la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional representó el 3.93 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), promediando dicha tasa un 3.92 por ciento en el segundo trimestre del mismo año, la cual fue la más baja registrada desde el año 2008, cuando ésta ascendió a 3.38 por ciento.

Por otra parte, de acuerdo con el Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del país 2017 y de los avances recientes en materia de rezago social, observamos que entre los años 2000 y 2015, la proporción de la población que residía en entidades federativas con grados de rezago muy alto, alto y medio, disminuyó nueve puntos porcentuales, al pasar de 52.2 por ciento a 44.0 por ciento del total de la población nacional.

En nuestro país, diferentes órdenes de gobierno tienen la facultad de crear y ejecutar programas sociales que tengan como objetivo asegurar que se ejerzan los derechos humanos con los que cuentan todos y cada uno de los habitantes en nuestro territorio. Esto se fundamenta en los Tratados Internacionales de los que México es parte, así como en el cumplimiento de la reforma en la materia del 2011, realizada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El cumplimiento de tal reforma derivó en la Ley General de Desarrollo Social, que tiene por objeto asegurar el ejercicio de los derechos sociales plasmados en nuestra Carta Magna, garantizando el acceso de toda la población al desarrollo social, considerando en tal sentido la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como la no discriminación.

Aunado a ello, el Estado mexicano ha logrado implementar algunos programas y políticas sociales para combatir la pobreza y ayudar a desarrollar socialmente a los sectores poblacionales más necesitados. Sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, las políticas públicas desarrolladas no han dado los resultados que los mexicanos esperábamos.

En nuestro amplio marco legal existen diversos términos y mandatos jurídicos bajo los cuales son redactadas las bases y lineamientos con los que se diseñan y respaldan las estrategias y programas sociales, mismos que buscan fomentar el desarrollo nacional, permeando así varios objetivos de los programas sociales, encontrándose de entre los más importantes el que garantiza de manera eficaz y plena el derecho que tienen las personas o los colectivos a desarrollarse y desenvolverse correctamente.

Lo anterior quiere decir que el propósito fundamental de las políticas públicas consiste en reducir las diferentes situaciones que conllevan a la discriminación por carencia social o económica.

En tal sentido, el objetivo general consiste en favorecer la igualdad de oportunidades e impulsar un mejoramiento constante del nivel de la calidad de vida de los mexicanos, por lo que es parte de nuestra responsabilidad legislativa la creación o mejora del marco legal imperante.

Bajo este tenor, creemos que la política social implementada por el Estado debe buscar el desarrollo social y económico de la sociedad, plasmando, como elemento prioritario, el establecer las condiciones para la satisfacción de las necesidades primarias y materiales.

Así, observamos que la ley General de Desarrollo Social tiene como uno de sus objetivos principales el llevar a cabo acciones que aseguren el bienestar de los mexicanos. Con este fin, se establecieron disposiciones generales para el desarrollo de los más necesitados dentro del territorio nacional.

De esta manera, atentos a las condiciones sociales y económicas antes descritas, a través de la presente propuesta legislativa el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone coadyuvar en la disminución de uno de los obstáculos que existen para elevar la calidad de vida de los mexicanos, incorporando en la ley que regula el desarrollo social del país, un mandato expreso orientado a promover programas de protección social, especialmente entre los más vulnerables del país.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden las actuales V a XI, que pasan a ser VI a XII, respectivamente, al artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden las actuales V a XI, que pasan a ser VI a XII, respectivamente, al artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Diseñar y promover programas de protección social, que incluyan actividades de capacitación para el desarrollo del sector social en las zonas de atención prioritaria;

VI. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;

VII. Diseñar los criterios de ejecución anual del programa en el ámbito de su competencia;

VIII. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo Social;

IX. Promover y apoyar instrumentos de financiamiento en materia de desarrollo social;

X. Realizar evaluaciones de la Política Nacional de Desarrollo Social e informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social;

XI. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social, y

XII. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley General de Desarrollo Social.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección de Información Comunicación Social.

Comunicado de Prensa 005. México, DF, a 23 de julio de 2015.

http://www.coneval.org.mx/salaprensa/documents/comunicado005_medicion_pobreza_2014.pdf

3 Alejandro Gómez Tamez. El Financiero. La realidad del empleo y desempleo en México.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-realidad-del-empleo-y-desempleo-en-mexico.html

4 Sedesol. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 17 de octubre de 2017.— Diputado Ángel García Yáñez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un penúltimo párrafo; con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En momentos álgidos de la vida nacional, debe prevalecer la cordura y sensatez en quienes estamos a cargo de establecer las normas que han de regir la conducta y comportamiento de toda la colectividad.

Por ello es importante que, más allá de ideologías o de visiones en materia de políticas públicas, nos preocupemos por mejorar la convivencia de la sociedad mexicana, dentro de un marco de civilidad y respeto, elaborando leyes que den rumbo y certidumbre.

Debemos por tanto volver la mirada hacia las instituciones básicas del Estado, como lo son el ejército, la marina, la policía, personal del servicio exterior, los peritos y ministerios públicos. Es decir, los organismos esenciales que le sirven al Estado para gobernar.

En la actualidad, después de una serie de reformas que culminaron en el año 2016, tales servidores públicos no son considerados constitucionalmente como trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Por tanto, carecen de estabilidad en el cargo desempeñado y no tienen derecho a la reinstalación.

Recordemos que en un principio la relación Estado-servidor público fue de naturaleza administrativa, sin embargo, el derecho positivo mexicano quiso beneficiar y proteger a estos funcionarios, transformando la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y considerando al Estado como un patrón sui generis.

De dicho tratamiento general se encuentran excluidos como ya se dijo, cuatro grupos: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior mexicano; para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y el Estado, autoridad.

Ante éste trato especial que les otorga la ley, no podemos permitir que se les vulneren derechos inalienables a la función pública que desempeñan; ya que en virtud de la misma labor que realizan, exponen su integridad física y su vida a cada instante. Todo ello, con la finalidad de servir y proteger a la sociedad, a ti y a mí.

Quienes enfrentan a la delincuencia de forma frontal y decida son ellos, quienes auxilian a la población en momentos de crisis y desastres, son ellos; lo mínimo que podemos hacer, es retribuirles.

Debemos ser garantes de su tranquilidad, de su digna labor. No podemos permitir que sigan desamparados.

Por tanto, si bien es cierto el artículo de la Constitución que se pretende reformar ya obliga a que se instrumenten programas de seguridad social para ellos, también es cierto que no establece el mínimo que dichos programas deberán reunir y, que dado el peligro al que se ven diariamente expuestos, habrían de contener.

En consecuencia, propongo se establezca que tendrán derecho a un seguro de vida para cuando mueran en servicio, por lo menos de la suma que resulte a 4000 veces la unidad de medida y actualización.

El pago total e inmediato de sus gastos funerarios, cuando ofrendan su vida por el bienestar de los demás.

Tendrán derecho a una pensión mensual equivalente a su último emolumento, la que se incrementará en la proporción en que se aumente la unidad de medida y actualización, al obtener 30 años de servicio efectivo y tener cumplidos 65 años de edad como mínimo.

Los deudos, tales como cónyuge, hijos menores de edad, y/o padres que dependan de los integrantes de cualquier institución de seguridad pública que en cumplimiento de su deber pierda la vida, tendrán derecho a una pensión mensual equivalente al emolumento que venía percibiendo el elemento de seguridad pública, la cual se incrementará en el mismo porcentaje que se incremente la unidad de medida y actualización.

Los policías, ministerios públicos, peritos y miembros del servicio exterior, al igual que los familiares de estos, tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en la misma proporción que determine la ley para los trabajadores del Estado.

En ese tenor, a que les sean proporcionadas prótesis de última generación tecnológica, cuando pierdan alguna extremidad en el cumplimiento de su deber.

Pago de pensión en la misma cantidad de su último emolumento, la que se acrecentará en el mismo porcentaje que incremente la unidad de medida y actualización, cuando sufran incapacidad parcial o total.

La fracción XIII del artículo 123 Apartado B de nuestra Carta Magna reza:

“Artículo 123. A... B... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través de dichas instituciones.

En tal virtud, se propone se establezca un penúltimo párrafo, con la finalidad de instaurar de manera enunciativa más no limitativa, aquello que como mínimo debe contener el programa especial de seguridad social, consistente en lo siguiente:

“ La seguridad social deberá contener como mínimo lo siguiente:

a. La afiliación tanto del titular como de sus familiares y dependientes, a un sistema especial de seguridad social y salud, en la misma proporción que determine la ley para los trabajadores al servicio del Estado;

b. Apoyo psicológico y psiquiátrico;

c. Prótesis de última generación tecnológica, cuando pierdan alguna extremidad en el cumplimiento de su deber;

d. Pago de pensión en la misma cantidad de su último emolumento, la que se acrecentará en el mismo porcentaje que incremente la unidad de medida y actualización, cuando sufran incapacidad parcial o total en el cumplimiento de su deber;

e. Seguro de vida para el caso que mueran en servicio, por el equivalente a la suma que resulte de 4000 veces la unidad de medida y actualización;

f. El pago total e inmediato de sus gastos funerarios, cuando ofrendan su vida por el bienestar general;

g. El pago de una pensión mensual equivalente a su último emolumento, la que se incrementará en la proporción en que se aumente la unidad de medida y actualización, al obtener 30 años de servicio efectivo y tener cumplidos 65 años de edad como mínimo;

h. Sus deudos, tales como cónyuge, hijos menores de edad, padres o aquellos que dependan de los integrantes de cualquier institución de seguridad pública que en cumplimiento de su deber pierdan la vida, tendrán derecho a una pensión mensual equivalente al emolumento que venía percibiendo el elemento de seguridad pública, la cual se incrementará en el mismo porcentaje que se acreciente la unidad de medida y actualización.”

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente

Iniciativa de reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, adicionando un penúltimo párrafo con 8 incisos, de la a. a la h.; para quedar como sigue:

“ Artículo Único. Se reforma el artículo 123 apartado B fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

“Artículo 123...

A...

B...

XIII. Los...

Los...

Si...

Las...

La seguridad social deberá contener como mínimo lo siguiente:

a. La afiliación tanto del titular como de sus familiares y dependientes, a un sistema especial de seguridad social y salud, en la misma proporción que determine la ley para los trabajadores al servicio del Estado;

b. Apoyo psicológico y psiquiátrico;

c. Prótesis de última generación tecnológica, cuando pierdan alguna extremidad en el cumplimiento de su deber;

d. Pago de pensión en la misma cantidad de su último emolumento, la que se acrecentará en el mismo porcentaje que incremente la unidad de medida y actualización, cuando sufran incapacidad parcial o total en el cumplimiento de su deber;

e. Seguro de vida para el caso que mueran en servicio, por el equivalente a la suma que resulte de 4 mil veces la unidad de medida y actualización;

f. El pago total e inmediato de sus gastos funerarios, cuando ofrendan su vida por el bienestar general;

g. El pago de una pensión mensual equivalente a su último emolumento, la que se incrementará en la proporción en que se aumente la unidad de medida y actualización, al obtener 30 años de servicio efectivo y tener cumplidos 65 años de edad como mínimo;

h. Sus deudos, tales como cónyuge, hijos menores de edad, padres o aquellos que dependan de los integrantes de cualquier institución de seguridad pública que en cumplimiento de su deber pierdan la vida, tendrán derecho a una pensión mensual equivalente al emolumento que venía percibiendo el elemento de seguridad pública, la cual se incrementará en el mismo porcentaje que se acreciente la unidad de medida y actualización.

El...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades correspondientes se encuentran obligadas a emitir las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para darle cumplimiento.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.— Diputadas y diputado: Cynthia Gissel García Soberanes,Liliana Ivette Madrigal Méndez, Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia Graciela Palomares Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante el pleno de la honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 19 de septiembre México vivió una de las mayores tragedias que han golpeado al país, un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter fue el causante de un gran número de pérdidas humanas y materiales en el centro del país, la herida aún no sana, sin embargo, enorgullece ver como todos los mexicanos se unieron por una causa, como juntos se logró levantar el funcionamiento del centro del país en poco tiempo y así ver una vez más a México enfrentar con valentía, entusiasmo y coraje a la adversidad y salir avante gracias a su gente.

El esfuerzo de todos ha sido excepcional, somos un país donde siempre la ayuda ya va en camino, todos los mexicanos se sumaron en la medida de sus posibilidades apoyando a la causa, desde el que donó víveres hasta el que fue de brigadista. Del terremoto se aprendieron dos lecciones muy valiosas, uno, la capacidad de respuesta que tiene México ante la adversidad y, dos, lo que podríamos hacer para estar mejor preparados en caso de tener que enfrentar cualquier evento de esta naturaleza en el futuro, la presente iniciativa es parte de lo aprendido por la segunda.

Dentro de lo afectado por el sismo se encuentra un rubro muy importante para el mexicano, un rubro que junto a nuestras costumbres, cultura y gastronomía hace que todos nos sintamos orgullosos, una parte sustancial de nuestro patrimonio, los monumentos históricos.

Días después del sismo el INAH llegó a contabilizar alrededor de 670 monumentos históricos, museos, espacios naturales y zonas arqueológicas con afectaciones de distintas magnitudes.

Gracias a una entrevista realizada por Excélsior a Arturo Balandro, coordinador de Monumentos Históricos, conocemos los siguientes datos:

En la Ciudad de México hay un total de 22 bienes con afectación: 18 de ellos corresponden a monumentos históricos, tres museos o centros culturales y una zona arqueológica. En el Estado de México se contabilizaron 78 bienes con daños, de los cuales 75 son monumentos y tres museos, mientras que en Guerrero se han reportado 31 bienes.

En los municipios de Hidalgo que pertenecen a la zona metropolitana, el INAH detectó daños en seis monumentos y tres zonas arqueológicas, mientas que en la zona centro, sur y oriente de Morelos hay 91 bienes con afectaciones, de los cuales 85 son monumentos históricos, cuatro museos y dos zonas arqueológicas.

En Puebla se registró afectación en 66 bienes, de los cuales 61 son monumentos históricos, mientras que en Tlaxcala hay contabilizados 373 bienes con daño: 351 monumentos, 14 museos y ocho zonas arqueológicas.

Afortunadamente, agentes del INAH declararon que se podrían rescatar todos y cada uno de los sitios Históricos dañados sin necesidad de declarar alguno como pérdida total. De Inmediato se tuvieron que determinar medidas de remodelación y recuperación de los bienes.

Es imposible conocer cuándo y dónde ocurrirá un desastre natural, sin embargo, es nuestra responsabilidad estar preparados y proteger nuestro patrimonio y la vida de los mexicanos a toda costa.

Por ello, después de hacer conciencia por lo ocurrido y de ver el alcance de pérdida que se puede llegar a tener por no estar bien preparados, propongo agregar dentro de las obligaciones del Director General del INAH, la obligación de llevar a cabo obras de reconstrucción y remodelación de monumentos históricos cada vez que un fenómeno natural atiente contra uno, a su vez, para estar preparados para enfrentar siniestros de esta índole, se establecería la obligación de colaborar con Protección Civil para contar con protocolos de desalojo para todos y cada uno de los monumentos históricos; la finalidad del presente decreto es crear espacios 100% seguros para los visitantes de monumentos históricos. No permitamos que una visita turística se convierta en un día de tragedia.

Decreto

Artículo Único:Se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para quedar como sigue:

Artículo 7: Son facultades y obligaciones del director general:

I. a XI.

XII. Colaborar con la autoridad en materia de protección civil de los tres órdenes de gobierno para asegurarse de que todos los establecimientos que constituyen el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del país, cuenten con un protocolo de desalojo en caso de algún fenómeno natural. Cada protocolo deberá contar con la anuencia del Director General.

XIII. Revisar con auxilio técnico especializado los daños ocasionados a los monumentos históricos después de algún fenómeno natural, y de ser necesario, gestionar obra para reconstrucción y remodelación de monumentos históricos, asegurándose de contar con espacios de total seguridad para los visitantes.

XIV. Las demás que le confieran otras leyes, los reglamentos y el Secretario de Cultura.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Elvia Graciela Palomares Ramírez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Ana María Boone Godoy, Antonio Tarek Abdala Saad, Azul Etcheverry Aranda, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fernando Navarrete Pérez, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Genoveva Huerta Villegas, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, José Hugo Cabrera Ruiz, José Lorenzo Rivera Sosa, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Luis Sáenz Soto, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Marco Antonio Aguilar Yunes, María Bárbara Botello Santibáñez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Guadalupe Oyervides Valdez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Ricardo Ramírez Nieto, Sara Latife Ruiz Chávez, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o, fracción I, del numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV al artículo 121 y el párrafo primero y segundo al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo,con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

El reparto de utilidades es una conquista laboral plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abordar el tema de su fin teleológico ocuparía un tiempo razonable por lo cual me referiré en lo especifico a la problemática de carácter normativo que se presenta en la realidad y presentar a través de esta iniciativa propuestas sencillas que beneficien y den certidumbre a los trabajadores.

Por principio de cuentas es preciso señalar que el artículo 123 constitucional, Apartado A, fracción IX, contempla el derecho para el caso de los trabajadores que quieran formular objeciones al monto de las utilidades, al tenor de lo siguiente:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

(...)

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen;

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.

(...)

El citado precepto establece claramente un procedimiento para obtener el monto de la participación en las utilidades de las empresas que se deba repartir entre los trabajadores. Al efecto, existe una Comisión Nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, que fijará el porcentaje de utilidades a repartir. Esta comisión realizará las investigaciones y estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional y, en su caso, revisará el porcentaje fijado cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen.

También establece el numeral citado que los trabajadores podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que estimen convenientes, siguiendo un procedimiento previsto en la ley.

Es decir, los trabajadores están representados desde un principio en la Comisión Nacional para fijar el porcentaje de utilidades, y luego, en su caso, tienen la oportunidad de objetar ese porcentaje ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades de la empresa está debidamente tutelado en la propia Constitución Federal.

Ahora bien, en la Ley Federal del Trabajo está previsto el derecho de los trabajadores a conocer los documentos presentados por la empresa para la determinación de su situación fiscal y de formular observaciones, o de inconformarse con los resultados expuestos por el contribuyente, con el fin de que la autoridad tributaria determine sobre la situación fiscal de la empresa y resuelva lo conducente sobre la determinación de la base para el reparto de utilidades.

Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes:

I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría.

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos;

II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue conveniente; y

III. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores.

Es preciso señalar que la fracción IV del artículo antes mencionado fue declarada inconstitucional; para una mejor ilustración me permito trascribir la siguiente tesis jurisprudencial, cuyo rubro y epígrafe dicen lo siguiente:

Época: Octava Época

Registro: 205977

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989

Materia(s): Constitucional, Laboral

Tesis: XXXVII/89

Página: 181

Reparto adicional de utilidades. Inconstitucionalidad de la fracción IV del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo.

La fracción IV del artículo 121 invocado, da un tratamiento desigual, en relación con el 122 del mismo ordenamiento, a los gobernados que se encuentran en la misma situación jurídica, derivada de una resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cubrir utilidades adicionales a los trabajadores a su servicio, trato desigual que, en esas condiciones, es violatorio del principio de equidad, en cuanto permite la suspensión del pago de esas utilidades adicionales, previa garantía, a determinada categoría de causantes y no a todos los que se encuentran en igualdad de circunstancias, lo que no se justifica por el hecho de que aquella resolución fuese motivada por la intervención de los trabajadores, o de oficio, violación ésta que por sí sola es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la señalada fracción IV del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, más aún si se toma en cuenta que la multicitada fracción deja a la empresa quejosa en estado de indefensión, al obligársele a cubrir una suma determinada como utilidades adicionales, no obstante que la resolución que ordena el pago de estas últimas no es definitiva, lo que indudablemente le causa perjuicios económicos, pese a que tuviese derecho a deducirlas de las correspondientes a los trabajadores a su servicio en el ejercicio siguiente, de obtener, en definitiva, resolución a su favor.

Amparo en revisión 8417/86. Polímeros de México, SA de CV, 13 de junio de 1989. Unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: de Silva Nava, Alba Leyva, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente en funciones González Martínez. Ausentes: Magaña Cárdenas, López Contreras, Adato Green y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba.

Tesis XXXVII/89 aprobada por el tribunal en pleno en sesión privada celebrada el jueves diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausente: Castañón León. México, Distrito Federal a veintiuno de agosto de 1989.

Sin embargo para intentar realizar un ejercicio de integración de la norma, es claro que en el segundo párrafo del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo se establece una temporalidad para el cumplimiento, el cual resulta aplicable al caso concreto:

Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores.

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente”

Estas aparentes contradicciones que contiene la norma deben ser resueltas, ya que en la práctica se hace nugatorio el derecho de los trabajadores a que se les haga el pago correcto de sus utilidades y también se debe respetar el derecho del patrón a promover el juicio de nulidad y el de amparo en contra de la determinación que se emita en su contra en la que determine modificar el monto de la utilidad gravable.

En virtud de ello, propongo que se modifique la fracción III del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los trabajadores tendrán el carácter de terceros interesados en todos los medios de impugnación que ejerza el patrón para combatir la resolución definitiva dictada por la Secretaria, en cuanto a su escrito de objeciones.

En cuanto a su participación como terceros interesados, son orientadoras las siguientes tesis:

Época: Novena Época

Registro: 161007

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIV, Septiembre de 2011

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 146/2011

Página: 1466

Reparto adicional de utilidades. Los trabajadores, como terceros, deben ser llamados a juicio por conducto de quien los represente, cuando se demanda la nulidad de la resolución que lo ordena.

De los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, 10, 86, 130 y 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 7o. y 8o. del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte una obligación anual de los contribuyentes en la que, concomitante con la de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta en la que se determina el ingreso gravable, debe fijarse, por el propio contribuyente, el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, lo cual significa que también se trata de una obligación anual que considera para su cumplimiento un específico ejercicio fiscal.

Igualmente, deriva que dicho reparto debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual y, en caso de que deba aumentarse el ingreso gravable declarado inicialmente para efectos fiscales, procede hacer un reparto adicional dentro de un plazo igual o dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando haya mediado impugnación de los trabajadores.

Por tanto, las resoluciones que ordenan el reparto adicional de utilidades como resultado de la modificación del ingreso global gravable, tienen una relación de carácter complementario con la declaración original, pues forman parte del resultado del ejercicio fiscal de que se trate y pueden repercutir en los derechos de los trabajadores, por lo que debe citarse a juicio como tercero interesado al sindicato o al representante de los trabajadores de la empresa que demandó la nulidad de una resolución que ordena un reparto adicional de utilidades,pues de resolverse en favor del actor podría privarse a aquellos trabajadores de la participación activa en las utilidades que legalmente pudiera corresponderles.

Emplazamiento que se hará a través del representante del sindicato o de la mayoría de los trabajadores en caso de no existir aquél, es decir, de quien represente los intereses de los trabajadores en el momento de requerir al actor; lo que no significa que una vez establecida legalmente la obligación de realizar el reparto adicional de utilidades, deba considerarse para esos efectos a los trabajadores que prestan sus servicios al actualizarse el mencionado requerimiento, sino a los que laboraron durante el ejercicio fiscal que se corrige.

Contradicción de tesis 212/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 146/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil once.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 194/2015 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 9 de julio de 2015.

Así también se propone reformar la fracción IV, ya declarada inconstitucional para disponer en dicha porción normativa que una vez resueltos los medios de impugnación ejercidos por el patrón y que quede firme la resolución definitiva dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los quince días siguientes el patrón dará cumplimiento a la misma.

Así mismo para establecer en un segundo párrafo que durante la tramitación de los medios impugnación que ejerza el patrón en conformidad con las leyes de la materia, la prescripción a que alude el primer párrafo del artículo 516 de esta Ley, no podrá empezar, ni correrá en contra de los trabajadores, hasta que cobre firmeza la resolución que hace alusión la fracción III del presente artículo, esta última propuesta tiene apoyo en la tesis jurisprudencial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2002897

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1

Materia(s): Administrativa

Tesis: 1a. XXXIII/2013 (10a.)

Página: 840

Reparto de utilidades. El plazo de prescripción previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo es inaplicable para reclamar dicha prestación, cuando la obligación deriva del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad tributaria.

La cantidad a que tienen derecho los trabajadores por concepto de reparto de utilidades de la empresa, puede determinarse a partir de dos orígenes independientes y regulados por disposiciones distintas conforme al elemento generador de la obligación patronal; el primero deriva de los artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo; y 1o., 3o., 4o., 7o., 8o., 10, 11, 14 a 19, 22 a 26 y 30 del Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, y el segundo, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Así, el primer origen es de carácter laboral, pues surge de la declaración anual del impuesto sobre la renta presentada por el patrón a las autoridades tributarias, específicamente cuando la comisión mixta dentro de cada empresa, en términos del artículo 125 de la ley invocada, determina la participación individual de cada trabajador en el reparto de utilidades después del procedimiento correspondiente, sin que obste que los integrantes de dicha comisión no llegaran a un acuerdo, pues en ese caso será un inspector del trabajo quien fijará el monto a repartir; de ahí que cualquiera de las referidas hipótesis conlleva el nacimiento de la obligación del patrón de pagar a los trabajadores, en lo individual, el monto específico por ese concepto y, por ende, el plazo de prescripción previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo inicia a partir del día siguiente al que se notifiquen al trabajador las resoluciones pronunciadas por la comisión mixta o por el inspector del trabajo o del que tuvo conocimiento fehaciente de éstas, pues es entonces cuando está en aptitud de reclamarlo. Ahora bien, el segundo origen deriva del ejercicio de la facultad de comprobación que prevé el referido artículo 42, pues la renta gravable o utilidad fiscal que resulte servirá para determinar el monto del impuesto relativo y la participación de los trabajadores en las utilidades, sin que para ello se requiera determinar un crédito fiscal por concepto del impuesto sobre la renta; supuesto en el que resulta inaplicable el plazo de prescripción previsto en el invocado artículo 516, toda vez que la determinación del reparto de utilidades surge del ejercicio de las atribuciones de las autoridades hacendarias encargadas de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y no de la decisión adoptada por la comisión mixta o por algún inspector del trabajo.

Amparo directo en revisión 1721/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 5 de septiembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 194/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 9 de julio de 2015.

En el mismo orden de ideas, se pretende clarificar el contenido del artículo 122 del ordenamiento jurídico que nos ocupa y armonizarlo con la reforma al artículo 121 propuesta.

En tal sentido, se propone reformar el primer párrafo del artículo 122, para clarificar el texto, estableciendo que aun cuando se haya formulado pliego de observaciones en los términos de la fracción II del artículo 121 de esta Ley,el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual.

Bajo esta óptica jurídica se propone reformar la última parte del párrafo segundo del artículo en cita para establecer que en el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que se dicte resolución definitiva, en cuyo caso el cumplimiento se realizara de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción IV del artículo anterior, debiendo el patrón garantizar inexcusablemente el interés de los trabajadores.

Considero que estas propuestas clarificaran en concreto el contenido semántico de las normas aludidas y permitirá certeza y seguridad jurídica a los destinatarios y operadores de la norma en cuanto al reparto de utilidades.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV al artículo 121 y el párrafo primero y segundo al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Único. Se reforman las fracciones III y IV al artículo 121 y el párrafo primero y segundo al artículo 122 de La Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 121.El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes:

I. ...

II....

III. ...la resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores, no obstante lo anterior estos tendrán el carácter de terceros interesados en todos los medios de impugnación que ejerza el patrón para combatirlas; y

IV. Una vez resueltos los medios de impugnación ejercidos por el patrón y que quede firme la resolución definitiva dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los quince días siguientes el patrón dará cumplimiento a la misma.

Durante la tramitación de los medios impugnación que ejerza el patrón en conformidad con las leyes de la materia, la prescripción a que alude el primer párrafo del artículo 516 de esta Ley, no podrá empezar, ni correrá en contra de los trabajadores hasta que cobre firmeza la resolución que hace alusión la fracción III del presente artículo.

Artículo 122.El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando se haya formulado pliego de observaciones en los términos de la fracción II del artículo 121 de esta Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que se dicte resolución definitiva en cuyo caso el cumplimiento se realizara de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción IV del artículo anterior, el patrón deberá inexcusablemente garantizar el interés de los trabajadores.

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de los 90 días de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberá armonizar el Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo a la reforma de que se ocupa el decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Jisela Paes Martínez,Alejandra Gutiérrez Campos, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carlos Bello Otero, César Flores Sosa, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrías Barajas, Enrique Cambranis Torres, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Minerva Hernández Ramos, Patricia Sánchez Carrillo, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Román Francisco Cortés Lugo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García, Zacil Leonor Moguel Manzur (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

El congreso de la Unión no está funcionando bien. No se trata solo de una deficiencia cuantitativa -el rezago en la dictaminación de iniciativas y de aprobación de dictámenes en el Pleno- sino también de una tara cualitativa. México padece de un vicio legislativo que viene de lejos -fijar la norma demasiado lejos de la realidad- y eso ha generado incentivos perversos para la corrupción.

Desafortunadamente no hay manera fácil de contrarrestarlo con una reforma a los procedimientos parlamentarios. Lo que si puede y debe hacerse es resolver el problema del tiempo y el esfuerzo que los legisladores dedican al trabajo parlamentario. Nuestro congreso otorga una mayor importancia a las acciones de las sesiones plenarias que otros parlamentos, y por ello es imperativo extender los periodos ordinarios y, en general, el tiempo que se dedica a desahogar la agenda de dictámenes y puntos de acuerdo, así como al debate de la agenda política. Pero también es importante ampliar la labor de las comisiones. En ambos casos se requiere endurecer las sanciones por ausentismo y proveer así los alicientes para combatir la negligencia y fomentar la responsabilidad. Un congreso más activo con regulaciones más demandantes sentará las bases para mantener la constitución, las leyes y los reglamentos actualizados y, con la influencia de buenos especialistas, quizá pueda enmendarse el rumbo y hacer normas más capaces de encausar para el bien el comportamiento individual y social en México. Por lo demás, todo esto contribuirá a cerrar la brecha entre la sociedad política y la sociedad civil, contrarrestando en alguna medida, el desprestigio de diputados y senadores.

Antecedentes

La actual duración de los periodos de sesiones ha sido producto de la transformación, no solo jurídica sino también política de nuestro país. Su mayor o menor extensión se debe, en gran medida, a los requerimientos y exigencias que se han generado en el curso de la configuración de la nación mexicana. Dentro de los antecedentes nacionales podemos contar los siguientes:

I. Constitución de 1824, artículos 67, 69 y 71.

II. Constitución de 1857, en su artículo 62.

III. El texto original de los artículos 65 y 66 de la CPEUM de 1917.

IV. Las diversas modificaciones a los artículos 65 y 66 de la CPEUM:

A. DOF 6/12/1977, reforma al artículo 65.

B. DOF 7/4/1986 reforma a los artículo 65 y 66.

C. DOF 3/9/1993 reforma a los artículos 65 y 66.

D. DOF 2/8/2004 reforma al artículo 65.

E. DOF 10/2/2014 reforma al artículo 65.

I. Constitución de 1824

La constitución de 1824, desde su conformación, le otorgó un papel preponderante a la función legislativa, al grado de encargarse de la elección del Presidente de la República. Sin embargo, se estableció que el periodo de sesiones habría de durar como máximo cinco meses, tiempo, en apariencia menor al actual; sin embargo, de acuerdo a las disposiciones del artículo 69 del mismo ordenamiento el trabajo era diario, por lo cual durante todo el año la Cámara sesionaba aproximadamente 100 días en tanto que en la actualidad se sesiona, tomando en consideración los dos periodos existentes, un aproximado de 58 días y, excepcionalmente, 68 días (en los años en que se tome Protesta como Presidente de la República).

II. Constitución de 1857

A pesar de que en el texto constitucional se le daba un papel preponderante a la función legislativa, como consecuencia de la situación política y social que vivía nuestro país se realizaron modificaciones, y no precisamente por el procedimiento legal acostumbrado, con la intención de que el ejecutivo pudiera concentrar mayor poder para controlar un país que se hundía en el caos producido por la crisis política y social de ese momento.

Este clima político provocó la disminución en el tiempo que iban a durar los trabajos del Congreso. El artículo 62 establecía la existencia de dos periodos de sesiones, el primero de ellos comenzaba el 16 de septiembre y culminaba el 15 de diciembre, en tanto que el segundo tenía como fecha de inicio el 1º de abril para finalizar el último día del mes de mayo; el mencionado artículo hacía énfasis en que éste último periodo era improrrogable.

III. Texto de los artículos 65 y 66 de la CPEUM de 1917

La constitución de 1917 fue producto de un reacomodo no solo político sino también social y, en gran medida, identitario. El estallido de la Revolución de 1910, por un lado, marcó un punto de quiebre para la transformación del régimen político, en tanto que por el otro, presentó la oportunidad de fundar la identidad del mexicano en el mestizaje para la reivindicación de la raíz indígena. El proceso constituyente buscó dar respuesta a las vicisitudes y avatares políticas que enfrentaba el país en ese momento histórico, pero esas circunstancias de la nación mexicana se han transformado profundamente. La constitución vigente se encuentra rebasada en muchos aspectos, incluyendo el desarrollo y duración de los periodos legislativos.

La Constitución de 1917, en su texto original, estableció que el Congreso se reuniría el 1º de septiembre para celebrar sesiones ordinarias y dicho periodo, si bien debería durar lo necesario para el desahogo de los asuntos parlamentarios, no podría extenderse más allá del 31 de diciembre del mismo año y conforme a los supuestos de los artículo 65 y 66 del texto constitucional de 1917. En este texto constitucional podemos apreciar la cristalización de un Estado en el que el congreso gira en torno a la figura presidencial; tanto sus funciones como los periodos de trabajo del Congreso se establecieron con arreglo a ese criterio.

IV. Modificaciones a los artículos 65 y 66

De las cinco y dos reformas, que respectivamente han sufrido los artículos 65 y 66, sólo cuatro del primer artículo conciernen al tema en cuestión y del segundo las dos son de trascendencia para el estudio realizado.

La primera de ellas fue la del 7 de abril de 1986, en ella se estableció un segundo periodo de sesiones, con la intención de permitir un mejor desahogo de los asuntos parlamentarios. El primero de estos periodos iniciaba el 1º de noviembre y culminaba el 31 de diciembre, en tanto que el segundo comenzaba el 15 de abril, para culminar el 15 de julio. La suma de los dos periodos de sesiones da un total de seis meses de trabajos parlamentarios.

Por su parte la reforma del 3 de septiembre de 1993 configuró una nueva estructura en cuanto a la duración de los periodos de sesiones. Así, el Congreso funcionaba un total de cinco meses, divididos en dos periodos de sesiones, el primero de ellos tenía inicio el día 1º de septiembre y finalizaba el 15 de diciembre, con excepción de los años en que el presidente de la República tomase protesta, en cuyo caso se extendería hasta el 31 del mismo mes, el segundo periodo de sesiones comenzaba el día 15 de marzo para culminar el 30 de abril.

Finalmente, la reforma que conformó la duración actual de los dos periodos de sesiones fue la reforma realizada el 2 de agosto de 2004, en ella se amplió la duración del segundo periodo de sesiones, el cual tendría inicio el 1º de febrero y culminaría el 30 de abril.

Es pertinente, por otro lado, señalar cual es el común denominador, en caso de haberlo, en la duración de los trabajos legislativos en otros parlamentos del mundo. Así se presenta un pequeño esquema de la forma en la que se estructura la duración de las sesiones ordinarias celebradas en diferentes parlamentos del mundo.

Por todo lo anterior, considero necesario ampliar la duración de los periodos de sesiones. En tal sentido, la modificación a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca aumentar la duración del trabajo parlamentario, pasando de seis a nueve meses, por lo cual el primer periodo de sesiones iniciará el 15 de agosto, para culminar el 15 de diciembre, con la salvedad que ya se contempla en la Constitución respecto de los años en que toma protesta el Presidente de la República; en tanto que el segundo periodo de sesiones iniciaría el 15 de enero y culminaría el 30 de mayo. Aunado a ello, y para contribuir con el mejor funcionamiento del trabajo legislativo se plantea adelantar la fecha de entrega de la propuesta de Ley de Ingresos así como del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la intención de tener mayor tiempo para el análisis y discusión de ambos proyectos.

A continuación las propuestas de modificación:

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 65, 66 y 74, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se modifican los artículos 65, 66 y 74, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 15de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

...

...

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de mayo del mismo año.

...

Artículo 74. ...

I. - III. ...

IV. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 23 del mes de, salvo cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso la fecha de entrega deberá ser el 8 de agosto debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre....

...

...

V. - IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Nota

1 Datos obtenidos de:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-12-Jun-2000.pdf página 20 del documento, así como de los sitios web oficiales de los diferentes parlamentos:

http://www.parliament.uk

http://www.camera.it/leg17/1

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso

http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Agustín Francisco de Asís Basave Benítez,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ángel García Yáñez, Angélica Moya Marín, Angélica Reyes Ávila, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carlos Bello Otero, Carlos Gutiérrez García, Carmen Victoria Campa Amaral, Cecilia Guadalupe Soto González, César Flores Sosa, David Gerson García Calderón, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrías Barajas, Erika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Francisco Javier Pinto Torres, Francisco Martínez Neri, Genoveva Huerta Villegas, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Rafael Méndez Salas, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Santiago López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Julio Saldaña Morán, Karen Hurtado Arana, Karina Sánchez Ruiz, Kathia María Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Alfredo Valles Mendoza, Luis Manuel Hernández León, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Bárbara Botello Santibáñez, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, María Victoria Mercado Sánchez, Melissa Torres Sandoval, Miguel Ángel Huepa Pérez, Minerva Hernández Ramos, Mirna Isabel Saldívar Paz, Olga Catalán Padilla, Patricia Sánchez Carrillo, René Mandujano Tinajero, Rosa Alba Ramírez Nachis, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Tomás Octaviano Félix, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Victoriano Wences Real, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión no está funcionando bien. No se trata solo de una deficiencia cuantitativa -el rezago en la dictaminación de iniciativas y de aprobación de dictámenes en el Pleno- sino también de una tara cualitativa. México padece de un vicio legislativo que viene de lejos -fijar la norma demasiado lejos de la realidad- y eso ha generado incentivos perversos para la corrupción.

Desafortunadamente no hay manera fácil de contrarrestarlo con una reforma a los procedimientos parlamentarios. Lo que si puede y debe hacerse es resolver el problema del tiempo y el esfuerzo que los legisladores dedican al trabajo parlamentario. Nuestro congreso otorga una mayor importancia a las acciones de las sesiones plenarias que otros parlamentos, y por ello es imperativo extender los periodos ordinarios y, en general, el tiempo que se dedica a desahogar la agenda de dictámenes y puntos de acuerdo, así como al debate de la agenda política. Pero también es importante ampliar la labor de las comisiones. En ambos casos se requiere endurecer las sanciones por ausentismo y proveer así los alicientes para combatir la negligencia y fomentar la responsabilidad. Un congreso más activo con regulaciones más demandantes sentará las bases para mantener la constitución, las leyes y los reglamentos actualizados y, con la influencia de buenos especialistas, quizá pueda enmendarse el rumbo y hacer normas más capaces de encausar para el bien el comportamiento individual y social en México. Por lo demás, todo esto contribuirá a cerrar la brecha entre la sociedad política y la sociedad civil, contrarrestando en alguna medida, el desprestigio de diputados y senadores.

Antecedentes

La actual duración de los periodos de sesiones ha sido producto de la transformación, no solo jurídica sino también política de nuestro país. Su mayor o menor extensión se debe, en gran medida, a los requerimientos y exigencias que se han generado en el curso de la configuración de la nación mexicana. Dentro de los antecedentes nacionales podemos contar los siguientes:

I. Constitución de 1824, artículos 67, 69 y 71.

II. Constitución de 1857, en su artículo 62.

III. El texto original de los artículos 65 y 66 de la CPEUM de 1917.

IV. Las diversas modificaciones a los artículos 65 y 66 de la CPEUM:

A. DOF 6/12/1977, reforma al artículo 65.

B. DOF 7/4/1986 reforma a los artículo 65 y 66.

C. DOF 3/9/1993 reforma a los artículos 65 y 66.

D. DOF 2/8/2004 reforma al artículo 65.

E. DOF 10/2/2014 reforma al artículo 65.

I. Constitución de 1824

La Constitución de 1824, desde su conformación, le otorgó un papel preponderante a la función legislativa, al grado de encargarle de la elección del Presidente de la República. Sin embargo, se estableció que el periodo de sesiones habría de durar como máximo cinco meses, tiempo, en apariencia menor al actual; sin embargo, de acuerdo a las disposiciones del artículo 69 del mismo ordenamiento el trabajo era diario, por lo cual durante todo el año la Cámara sesionaba aproximadamente 100 días en tanto que en la actualidad se sesiona, tomando en consideración los dos periodos existentes, un aproximado de 58 días y, excepcionalmente, 68 días (en los años en que se tome Protesta como Presidente de la República).

II. Constitución de 1857

A pesar de que en el texto constitucional se le daba un papel preponderante a la función legislativa, como consecuencia de la situación política y social que vivía nuestro país se realizaron modificaciones, y no precisamente por el procedimiento legal acostumbrado, con la intención de que el ejecutivo pudiera concentrar mayor poder para controlar un país que se hundía en el caos producido por la crisis política y social de ese momentos.

Éste clima político provoca la disminución en el tiempo que han de durar los trabajos del Congreso. El artículo 62 establecía la existencia de dos periodos de sesiones, el primero de ellos comenzaba el 16 de septiembre y culminaba el 15 de diciembre, en tanto que el segundo tenía como fecha de inicio el 1º de abril para finalizar el último día del mes de mayo; el mencionado artículo hacía énfasis en que éste último periodo era improrrogable.

III. Texto de los artículos 65 y 66 de la CPEUM de 1917

La constitución de 1917 fue producto de un reacomodo no solo político sino también social y, en gran medida, identitario. El estallido de la Revolución de 1910, por un lado, marcó un punto de quiebre para la transformación del régimen político, en tanto que por el otro, presentó la oportunidad de fundar la identidad del mexicano en el mestizaje para la reivindicación de la raíz indígena. El proceso constituyente buscó dar respuesta a las vicisitudes y avatares políticas que enfrentaba el país en ese momento histórico, pero esas circunstancias de la nación mexicana se han transformado profundamente. La constitución vigente se encuentra rebasada en muchos aspectos, incluyendo el desarrollo y duración de los periodos legislativos.

La Constitución de 1917, en su texto original, estableció que el Congreso se reuniría el 1º de septiembre para celebrar sesiones ordinarias y dicho periodo, si bien debería durar lo necesario para el desahogo de los asuntos parlamentarios, no podría extenderse más allá del 31 de diciembre del mismo año y conforme a los supuestos de los artículo 65 y 66 del texto constitucional de 1917. En este texto constitucional podemos apreciar la cristalización de un Estado en el que el congreso gira en torno a la figura presidencial; tanto sus funciones como los periodos de trabajo del Congreso se establecieron con arreglo a ese criterio.

IV. Modificaciones a los artículos 65 y 66

De las cinco y dos reformas, que respectivamente han sufrido los artículos 65 y 66, sólo cuatro del primer artículo conciernen al tema en cuestión y del segundo las dos son de trascendencia para el estudio realizado.

La primera de ellas fue la del 7 de abril de 1986, en ella se estableció un segundo periodo de sesiones, con la intención de permitir un mejor desahogo de los asuntos parlamentarios. El primero de estos periodos iniciaba el 1º de noviembre y culminaba el 31 de diciembre, en tanto que el segundo comenzaba el 15 de abril, para culminar el 15 de julio. La suma de los dos periodos de sesiones da un total de seis meses de trabajos parlamentarios.

Por su parte la reforma del 3 de septiembre de 1993 configuró una nueva estructura en cuanto a la duración de los periodos de sesiones. Así, el Congreso funcionaba un total de cinco meses, divididos en dos periodos de sesiones, el primero de ellos tenía inicio el día 1º de septiembre y finalizaba el 15 de diciembre, con excepción de los años en que el presidente de la República tomase protesta, en cuyo caso se extendería hasta el 31 del mismo mes, el segundo periodo de sesiones comenzaba el día 15 de marzo para culminar el 30 de abril.

Finalmente, la reforma que conformó la duración actual de los dos periodos de sesiones fue la reforma realizada el 2 de agosto de 2004, en ella se amplió la duración del segundo periodo de sesiones, el cual tendría inicio el 1º de febrero y culminaría el 30 de abril.

Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

En 1934 se promulgó el primer texto que reglamentó al Congreso de la Unión, el cual procuró dar estructura al desarrollo de los trabajos legislativos, cabe señalar que ésta regulación funcionó como norma única hasta la creación, en primer lugar, de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y, en segundo lugar, de los respectivos reglamentos de ambas Cámaras.

La regulación sobre los días de sesiones del Pleno, así como de la duración de estas, se regulaba en el artículo 28 de ese ordenamiento. Es interesante observar que dentro de su cuerpo normativo en estudio no se haya destinado un artículo específico para determinar los días en que el Congreso debería reunirse. La regulación que hay a este respecto posee una gran vaguedad lo cual, durante mucho tiempo, se prestó a la discrecionalidad de los principales órganos de gobierno de cada una de las Cámaras En tal sentido, el artículo mencionado establecía de manera general los siguientes parámetros:

a) Las sesiones se realizarán dentro de los días hábiles de cada periodo.

b) La hora de inicio de las sesiones tenía verificativo a las 16:00 horas.

c) La duración máxima de las sesiones era de 4 horas.

Las modificaciones a este reglamento fueron en torno a la hora de inicio de las sesiones, así como a la duración de las mismas, pero nunca a los días que habrían de trabajar las Cámaras del Congreso de la Unión.

Otros antecedentes

Es bien sabido que una de las fuentes del derecho dentro de un parlamento son, en gran medida, los usos y costumbres parlamentarios y uno de los ejemplos más claros de este fenómeno lo constituye la forma en que se determinan los días de trabajo del Pleno de las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Desde la Constitución de 1917 no existía una regulación precisa de qué días de la semana se reuniría el pleno para el desahogo de los trabajos parlamentarios.

Con la creación del Reglamento mencionado en el punto anterior, se estableció una regulación que, hasta la fecha, no da claridad respecto a qué días se han de celebrar sesiones ordinarias del Pleno de cada una de las Cámaras.

La determinación de los días en que habría de reunirse el pleno se estableció de manera específica hasta la creación, en 2010, de los Reglamentos de la Cámaras de Diputados y del Senado de la República. De ésta manera, la determinación de los días para celebrar sesiones del Pleno, dentro del periodo comprendido desde la creación de la constitución en 1917 hasta 2010, se establecieron conforme a los usos y costumbres parlamentarios por medio de acuerdos políticos, en tal sentido las sesiones podrían, conforme a lo establecido en el reglamento de 1934, verificarse cualquiera de los días hábiles del periodo de sesiones.

El primer antecedente que documenta el inicio del trabajo en el Pleno los martes y jueves, se encuentra en el diario de los debates de la LII Legislatura específicamente el día 19 de octubre de 1982, a partir del cual se comienza a uniformar la realización del trabajo legislativo los días martes y jueves. Este podría ser llamado el origen de la práctica parlamentaria que, posteriormente, habría de plasmarse en la normatividad del Congreso.

Otro de los antecedentes al establecimiento de los martes y jueves como días de sesión del pleno es un Punto de Acuerdo subscrito en noviembre de 1992, en el cual se establecían las siguientes reglas:

a) Las sesiones se verificarán los días martes y jueves.

b) Las sesiones comenzarán regularmente a las 10:00 horas. y no podrán prolongarse más allá de las 22:00.

c) A partir de las 15:00 horas se declarará un receso, de hasta por una hora, para que los diputados puedan ingerir alimentos.

El último de estos antecedentes, que podrían llamarse políticos, lo encontramos en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 6 de noviembre de 1997, en el que se establece que las sesiones del Pleno tendrán verificativo los días martes y jueves, iniciarían a las 10:00 horas y tendrían una duración de hasta cinco horas. Este acuerdo sería el antecedente que mayor influencia ejerció en la conformación del artículo 36 del actual Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Finalmente, en 2010 surgen los reglamentos que cristalizan esta práctica parlamentaria estableciendo los días martes y jueves como días en que se han de celebrar sesiones del Pleno, sin que esto sea limitativo, teniendo una duración de cinco horas prorrogables por el pleno.

A partir de los señalamientos anteriores, podemos concluir que la regulación de los días en que ha de trabajar el pleno se encuentra ligada o al menos desarrollada a la par de los cambios y reestructuraciones políticas, puesto que la regulación de la duración de los trabajos parlamentarios se presenta cinco años después de la reforma político-electoral de 1977. Bajo esta óptica es posible establecer una conexión entre el avance de la oposición dentro del congreso y la búsqueda, por parte del partido mayoritario, de una disminución cada vez mayor en la duración de los trabajos legislativos, tanto en lo concerniente a los días de la semana en que se habría de reunir el Pleno como las horas que duraría cada sesión. Y es que, la disminución en la duración del trabajo parlamentario inhibe la discusión tanto de las leyes como de la agenda política del país, i.e., la disminución en el trabajo parlamentario limita el trabajo de la oposición. El debate político es esencial en un Congreso.

En tal sentido, la modificación al artículo 4o de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, busca aumentar la duración del trabajo parlamentario, pasando de seis a nueve meses, por lo cual el primer periodo de sesiones iniciará el 15 de agosto, para culminar el 15 de diciembre, con la salvedad que ya se contempla en la constitución respecto de los años en que toma protesta el presidente de la república; en tanto que el segundo periodo de sesiones iniciaría el 15 de enero y culminaría el 30 de mayo.

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o., de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se modifica el artículo 4o., de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 15 de agosto de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de enero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. En tal sentido, durante los periodos ordinarios de sesiones se han de destinar, por lo menos, tres días al mes para la discusión y debate de la agenda política. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de mayo del mismo año.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de que se haya publicado en el diario oficial la reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputados: Agustín Francisco Basave Benítez,Francisco Martínez Neri(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión no está funcionando bien. No se trata solo de una deficiencia cuantitativa —el rezago en la dictaminación de iniciativas y de aprobación de dictámenes en el Pleno— sino también de una tara cualitativa. México padece de un vicio legislativo que viene de lejos —fijar la norma demasiado lejos de la realidad— y eso ha generado incentivos perversos para la corrupción.

Desafortunadamente no hay manera fácil de contrarrestarlo con una reforma a los procedimientos parlamentarios. Lo que si puede y debe hacerse es resolver el problema del tiempo y el esfuerzo que los legisladores dedican al trabajo parlamentario. Nuestro congreso otorga una mayor importancia a las acciones de las sesiones plenarias que otros parlamentos, y por ello es imperativo extender los periodos ordinarios y, en general, el tiempo que se dedica a desahogar la agenda de dictámenes y puntos de acuerdo, así como al debate de la agenda política. Pero también es importante ampliar la labor de las comisiones. En ambos casos se requiere endurecer las sanciones por ausentismo y proveer así los alicientes para combatir la negligencia y fomentar la responsabilidad. Un congreso más activo con regulaciones más demandantes sentará las bases para mantener la constitución, las leyes y los reglamentos actualizados y, con la influencia de buenos especialistas, quizá pueda enmendarse el rumbo y hacer normas más capaces de encausar para el bien el comportamiento individual y social en México. Por lo demás, todo esto contribuirá a cerrar la brecha entre la sociedad política y la sociedad civil, contrarrestando en alguna medida, el desprestigio de diputados y senadores.

Antecedentes

La actual duración de los periodos de sesiones ha sido producto de la transformación, no solo jurídica sino también política de nuestro país. Su mayor o menor extensión se debe, en gran medida, a los requerimientos y exigencias que se han generado en el curso de la configuración de la nación mexicana. Dentro de los antecedentes nacionales podemos contar los siguientes:

I. Constitución de 1824, artículos 67, 69 y 71.

II. Constitución de 1857, en su artículo 62.

III. El texto original de los artículos 65 y 66 de la CPEUM de 1917.

IV. Las diversas modificaciones a los artículos 65 y 66 de la CPEUM:

A. DOF 6/12/1977, reforma al artículo 65.

B. DOF 7/4/1986 reforma a los artículo 65 y 66.

C. DOF 3/9/1993 reforma a los artículos 65 y 66.

D. DOF 2/8/2004 reforma al artículo 65.

E. DOF 10/2/2014 reforma al artículo 65.

I. Constitución de 1824

La constitución de 1824, desde su conformación, le otorgó un papel preponderante a la función legislativa, al grado de encargarle de la elección del Presidente de la República. Sin embargo, se estableció que el periodo de sesiones habría de durar como máximo cinco meses, tiempo, en apariencia menor al actual; sin embargo, de acuerdo a las disposiciones del artículo 69 del mismo ordenamiento el trabajo era diario, por lo cual durante todo el año la Cámara sesionaba aproximadamente 100 días en tanto que en la actualidad se sesiona, tomando en consideración los dos periodos existentes, un aproximado de 58 días y, excepcionalmente, 68 días (en los años en que se tome Protesta como Presidente de la República).

II. Constitución de 1857

A pesar de que en el texto constitucional se le daba un papel preponderante a la función legislativa, como consecuencia de la situación política y social que vivía nuestro país se realizaron modificaciones, y no precisamente por el procedimiento legal acostumbrado, con la intención de que el ejecutivo pudiera concentrar mayor poder para controlar un país que se hundía en el caos producido por la crisis política y social de ese momentos.

Éste clima político provoca la disminución en el tiempo que han de durar los trabajos del Congreso. El artículo 62 establecía la existencia de dos periodos de sesiones, el primero de ellos comenzaba el 16 de septiembre y culminaba el 15 de diciembre, en tanto que el segundo tenía como fecha de inicio el 1º de abril para finalizar el último día del mes de mayo; el mencionado artículo hacía énfasis en que éste último periodo era improrrogable.

III. Texto de los arts. 65 y 66 de la CPEUM de 1917

La constitución de 1917 fue producto de un reacomodo no solo político sino también social y, en gran medida, identitario. El estallido de la Revolución de 1910, por un lado, marcó un punto de quiebre para la transformación del régimen político, en tanto que por el otro, presentó la oportunidad de fundar la identidad del mexicano en el mestizaje para la reivindicación de la raíz indígena. El proceso constituyente buscó dar respuesta a las vicisitudes y avatares políticas que enfrentaba el país en ese momento histórico, pero esas circunstancias de la nación mexicana se han transformado profundamente. La constitución vigente se encuentra rebasada en muchos aspectos, incluyendo el desarrollo y duración de los periodos legislativos.

La Constitución de 1917, en su texto original, estableció que el Congreso se reuniría el 1 de septiembre para celebrar sesiones ordinarias y dicho periodo, si bien debería durar lo necesario para el desahogo de los asuntos parlamentarios, no podría extenderse más allá del 31 de diciembre del mismo año y conforme a los supuestos de los artículo 65 y 66 del texto constitucional de 1917. En este texto constitucional podemos apreciar la cristalización de un Estado en el que el congreso gira en torno a la figura presidencial; tanto sus funciones como los periodos de trabajo del Congreso se establecieron con arreglo a ese criterio.

IV. Modificaciones a los artículos 65 y 66

De las cinco y dos reformas, que respectivamente han sufrido los artículos 65 y 66, sólo cuatro del primer artículo conciernen al tema en cuestión y del segundo las dos son de trascendencia para el estudio realizado.

La primera de ellas fue la del 7 de abril de 1986, en ella se estableció un segundo periodo de sesiones, con la intención de permitir un mejor desahogo de los asuntos parlamentarios. El primero de estos periodos iniciaba el 1 de noviembre y culminaba el 31 de diciembre, en tanto que el segundo comenzaba el 15 de abril, para culminar el 15 de julio. La suma de los dos periodos de sesiones da un total de seis meses de trabajos parlamentarios.

Por su parte la reforma del 3 de septiembre de 1993 configuró una nueva estructura en cuanto a la duración de los periodos de sesiones. Así, el Congreso funcionaba un total de cinco meses, divididos en dos periodos de sesiones, el primero de ellos tenía inicio el día 1º de septiembre y finalizaba el 15 de diciembre, con excepción de los años en que el presidente de la República tomase protesta, en cuyo caso se extendería hasta el 31 del mismo mes, el segundo periodo de sesiones comenzaba el día 15 de marzo para culminar el 30 de abril.

Finalmente, la reforma que conformó la duración actual de los dos periodos de sesiones fue la reforma realizada el 2 de agosto de 2004, en ella se amplió la duración del segundo periodo de sesiones, el cual tendría inicio el 1 de febrero y culminaría el 30 de abril.

Reglamento para el gobierno interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Éste fue el primer texto que reglamentó la actuación del parlamento, tuvo su origen en 1934 y buscó dar estructura al desarrollo de los trabajos legislativos, cabe señalar que ésta regulación funcionó de manera amplia hasta la creación, en primer lugar, de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y, en segundo lugar, de los respectivos reglamentos de ambas Cámaras.

La regulación sobre los días en que han de celebrarse las sesiones del Pleno, así como de la duración que estas deberían poseer se encontraba regulada en el artículo 28 del ordenamiento en comento. Es interesante observar que dentro del cuerpo normativo del Reglamento en estudio, no se haya destinado un artículo específico para determinar los días en que el Congreso debería reunirse. La regulación que hay a este respecto posee una enorme vaguedad lo cual, durante mucho tiempo, se prestó a la discrecionalidad de los principales órganos de gobierno de cada una de las Cámaras En tal sentido, el artículo mencionado establecía, de manera general, los siguientes parámetros:

a) Las sesiones se realizarán dentro de los días hábiles de cada periodo.

b) La hora de inicio de las sesiones tenía verificativo a las 16:00 horas.

c) La duración máxima de las sesiones era de 4 horas.

Las modificaciones que este reglamento tuvo fueron entorno a la hora de inicio de las sesiones, así como la duración de las mismas, pero nunca para clarificar el sentido de la norma que regulaba los días que habrían de trabajar las Cámaras del Congreso de la Unión.

Otros antecedentes

Es bien sabido que una de las fuentes del derecho dentro de un parlamento son, en gran medida, los usos y costumbres parlamentarios y uno de los ejemplos más claros de este fenómeno lo constituye la forma en que se determinan los días de trabajo del Pleno de las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Desde la Constitución de 1917 no existía una regulación precisa de qué días de la semana se reuniría el pleno para el desahogo de los trabajos parlamentarios.

Con la creación del Reglamento mencionado en el punto anterior, se estableció una regulación que, hasta la fecha, no da claridad respecto a qué días se han de celebrar sesiones ordinarias del Pleno de cada una de las Cámaras.

La determinación de los días en que habría de reunirse el pleno se estableció de manera específica hasta la creación, en 2010, de los Reglamentos de la Cámaras de Diputados y del Senado de la República. De ésta manera, la determinación de los días para celebrar sesiones del Pleno, dentro del periodo comprendido desde la creación de la constitución en 1917 hasta 2010, se establecieron conforme a los usos y costumbres parlamentarios por medio de acuerdos políticos, en tal sentido las sesiones podrían, conforme a lo establecido en el reglamento de 1934, verificarse cualquiera de los días hábiles del periodo de sesiones.

El primer antecedente que documenta el inicio del trabajo en el Pleno los martes y jueves, se encuentra en el diario de los debates de la LII Legislatura específicamente el día 19 de octubre de 1982, a partir del cual se comienza a uniformar la realización del trabajo legislativo los días martes y jueves. Este podría ser llamado el origen de la práctica parlamentaria que, posteriormente, habría de plasmarse en la normatividad del Congreso.

Otro de los antecedentes al establecimiento de los martes y jueves como días de sesión del pleno es un Punto de Acuerdo subscrito en noviembre de 1992, en el cual se establecían las siguientes reglas:

a) Las sesiones se verificarán los días martes y jueves.

b) Las sesiones comenzarán regularmente a las 10:00 horas y no podrán prolongarse más allá de las 22:00.

c) A partir de las 15:00 horas se declarará un receso, de hasta por una hora, para que los diputados puedan ingerir alimentos.

El último de estos antecedentes, que podrían llamarse políticos, lo encontramos en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 6 de noviembre de 1997, en el que se establece que las sesiones del Pleno tendrán verificativo los días martes y jueves, iniciarían a las 10:00 hrs y tendrían una duración de hasta cinco horas. Este acuerdo sería el antecedente que mayor influencia ejerció en la conformación del artículo 36 del actual Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Finalmente, en 2010 surgen los reglamentos que cristalizan esta práctica parlamentaria estableciendo los días martes y jueves como días en que se han de celebrar sesiones del Pleno, sin que esto sea limitativo, teniendo una duración de cinco horas prorrogables por el pleno.

A partir de los señalamientos anteriores, podemos concluir que la regulación de los días en que ha de trabajar el pleno se encuentra ligada o al menos desarrollada a la par de los cambios y reestructuraciones políticas, puesto que la regulación de la duración de los trabajos parlamentarios se presenta cinco años después de la reforma político-electoral de 1977. Bajo esta óptica es posible establecer una conexión entre el avance de la oposición dentro del congreso y la búsqueda, por parte del partido mayoritario, de una disminución cada vez mayor en la duración de los trabajos legislativos, tanto en lo concerniente a los días de la semana en que se habría de reunir el Pleno como las horas que duraría cada sesión. Y es que, la disminución en la duración del trabajo parlamentario inhibe la discusión tanto de las leyes como de la agenda política del país, i.e., la disminución en el trabajo parlamentario limita el trabajo de la oposición. El debate político es esencial en un Congreso.

En tal sentido, las modificaciones a los artículos 3, 9, 36, 50 y 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tienen una doble finalidad, por un lado inhibir el ausentismo de los parlamentarios para que a cada sesión del Pleno o de las Comisiones concurran la mayor cantidad de legisladores, y con ello se desarrolle un debate plural de los diferentes asuntos en cada periodo de Sesiones.

Por otro lado, se aumenta el número de días en que ha de sesionar el Pleno de la Cámara de Diputados, pasando de dos a tres días de sesiones a la semana.

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 3, 9, 36, 50 y 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Artículo Único. Se modifican los artículos 3, 9, 36, 50 y 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

I. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el quince de agosto y el catorce de agosto del año siguiente;

II. a XXVI. ...

Artículo 9.

1. La suplencia procede cuando la diputada o el diputado propietario:

I. y II. ...

II. y III. No se presente quince días de sesiones

III y IV a VI ...

Artículo 36.

1. Serán Sesiones ordinarias las que se celebren durante los periodos de Sesiones ordinarias establecidos en la Constitución. Por regla general, se realizarán los martes, miércoles y jueves de cada semana y durarán cuando menos siete horas prorrogables por el Pleno. Podrán realizarse Sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo acuerde la Conferencia.

...

Artículo 50.

1. ...

2. ...

3. Después de la octava inasistencia en un mismo periodo de sesiones se considera que, el diputado o diputada, no acepta su encargo, por lo cual se llamará al suplente quien contará con 20 días para tomar protesta.

4. Para efectos de este artículo, se consideran inasistencias a la suma de aquellas que hayan tenido lugar con o sin justificación.

Artículo 193.

1. Al diputado o diputada que acumule una inasistencia a convocatoria, sin justificar, se le descontará un día de dieta.

2. En caso de que el diputado o diputada acumule tres inasistencias a reunión, sin justificar, causará baja de manera automática.

3. ...

4. Se deroga

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de publicación en el Diario Oficial de la reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputados: Agustín Francisco de Asís Basave Benítez,Francisco Martínez Neri(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Planteamiento del problema

Considerando que en el régimen jurídico vigente ahora se presenta una notable sobre-regulación territorial en nuestro país puesto que son múltiples las leyes reglamentarias del artículo 27 Constitucional que lo establece, al ser éste el artículo de la Ley Suprema que precisa las bases del aprovechamiento y de la ordenación del territorio nacional; y, considerando que además México ha suscrito recientemente importantes instrumentos y compromisos internacionales que inciden en la materia que regula la ley que modifica la presente iniciativa ya que el texto de ella omite comprenderlos y asimilarlos, es en consecuencia preciso que esta soberanía observe lo siguiente:

Por lo que corresponde a los tres niveles de competencia sabemos que el ordenamiento territorial tiene su fundamento respectivamente en los artículos 27, 122 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que a nivel federal, el ordenamiento territorial se establece por las leyes reglamentarias de dicho artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, en nuestro sistema jurídico, la ordenación del territorio nacional se ha desarrollado de acuerdo al texto de éste artículo 27 y a partir de sus respectivas reformas y las leyes reglamentarias correspondientes a cada una de ellas, de manera sucesiva, intermitente y casi permanente.

En su mayoría, estas leyes reglamentarias se han elaborado con un marcado enfoque sectorial ya que se constriñen a regular solo el objeto y la materia que regula cada una de ellas y que, en su pertinencia, mediante las reformas de este importante precepto instauran algún tipo de régimen jurídico tanto de ordenamiento territorial como de uso, aprovechamiento y explotación de recursos naturales susceptibles o no de apropiación.

La regulación territorial en México es entonces sectorial y dispersa debido a que cada una de las múltiples leyes reglamentarias del artículo 27 se enfocan al objeto de la materia que regula y que por eso casi siempre desde su génesis carecen de una concepción integral, y cada ley matriz de dicha ordenación, como entre otras la que ésta iniciativa modifica, omiten considerar el carácter integrado y sustentable en el diseño, planificación y desarrollo del ordenamiento territorial que establecen. Es decir su enfoque es generalmente sectorizado y carecen en consecuencia de un indispensable carácter integral.

Esto constituye una grave omisión legislativa por lo que toca a las características que la Constitución determina para el desarrollo nacional, puesto que conforme el artículo 25 de la Carta Magna, el Estado deberá garantizar los principios constitucionales de integralidad y sustentabilidad en dicho desarrollo nacional.

Son entonces diversos los regímenes de aprovechamiento uso y ordenamiento territorial que la ley secundaria establece en forma dispersa y no integral, desde una mera perspectiva del sector que regula, que luego llegan a ser regímenes de ordenamiento territorial y de aprovechamiento protección preservación explotación y uso a veces hasta incompatibles entre sí, lo cual afecta complica o impide su debida observancia y la concreción de sus respectivos objetos y fines.

Este es el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que esta iniciativa propone reformar, principalmente debido a que carece de un enfoque integral y sustentable para el ordenamiento territorial; además de que omite considerar el cumplimiento de compromisos derivados de acuerdos e instrumentos internacionales aplicables, muchos de reciente suscripción y aprobación, que son de necesaria y obvia asimilación en nuestro orden jurídico para su consecuente aplicación, y que México está obligado a atender y asimilarlos paulatinamente en nuestra legislación nacional para su debido cumplimiento.

El resultado de lo anterior es que además de los diversos regímenes de propiedad que el mismo precepto establece y que deben respetarse y garantizarse, cada ley general reglamentaria del artículo 27 establece por su parte algún tipo de ordenamiento o régimen territorial de aprovechamiento en sus materias respectivas; materias tales como: desarrollo económico; agua; telecomunicaciones; desarrollo energético; asentamientos humanos y desarrollo urbano; ordenamiento territorial; conservación uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; cambio climático; preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; preservación de la biodiversidad; desarrollo forestal sustentable; minería; gestión integral de residuos; biotecnología y organismos genéticamente modificados, etc.; pero muchas de éstas leyes se han elaborado, como está dicho, sin considerar el carácter integral y sustentable que el Estado debe garantizar en materia de desarrollo nacional.

Se requiere actualizar en consecuencia parte de dichas legislaciones reglamentarias del artículo 27 Constitucional, entre éstas la LGAHOTDU que la presente iniciativa propone reformar, principalmente para hacerlas compatibles entre sí y alinearlas con el cumplimiento de compromisos y tratados internacionales suscritos y aprobados por nuestro país recientemente en materias de desarrollo sostenido, cambio climático, derechos humanos, hábitat y desarrollo urbano sostenible, deforestación y degradación forestal, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservación de la biodiversidad, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección jurídica de la integridad de las tierras indígenas, del patrimonio mundial de la humanidad, etc., entre otros instrumentos internacionales aplicables.

Conforme al pronunciamiento que la suscrita manifestó ante el pleno en la sesión del día miércoles 12 del anterior mes de octubre de 2016, respecto al dictamen de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que la presente iniciativa reforma, es preciso recordar que entonces consignamos reservas respecto a la forma tan apresurada en que se procesó este dictamen que por tal apresuramiento presentaba ciertas insuficiencias y omisiones legislativas.

Subsanar dichas insuficiencias y omisiones de la nueva ley es el objeto de la presente iniciativa que atiende a nuestra propuesta de su perfeccionamiento.

Nuestro posicionamiento ante el pleno sugirió entonces ciertas reservas a considerar como entre otras: clarificar el funcionamiento, integración y temporalidad de los que formen parte del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; impulsar que se plasme como estrategia nacional la armonización de las disposiciones establecidas por los ordenamientos ecológicos del territorio, y los programas e instrumentos de planeación de la política nacional ambiental y de cambio climático, así como las estrategias nacionales que inciden en la materia que regula esta ley que la presente iniciativa por tales motivos modifica.

También destacamos entonces que es necesario procurar que el desarrollo urbano no amenace bajo ninguna circunstancia la propiedad social, por ser una importante modalidad de propiedad territorial en nuestro país ya que es un régimen jurídico que establece dicho artículo 27 como resultado de la Revolución Mexicana regulado por su legislación agraria reglamentaria y que se debe asegurar su observancia. Asimismo sugerimos tomar en cuenta los ecosistemas forestales y en general toda la mega-diversidad que caracteriza a nuestro prodigioso territorio nacional; e, hicimos votos porque en el siguiente periodo podamos revisar los temas pendientes de esta ley.

Considerando lo anterior, esta iniciativa propone insertar elementos que fundamenten la eficaz implementación jurídica de disposiciones que en nuestro orden normativo nacional asimilen paulatinamente los instrumentos, convenios y compromisos internacionales suscritos por nuestro país como la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) y sus 169 metas; así mismo los compromisos establecidos en 2015 en el Acuerdo de París durante la COP 21 en materia de cambio climático que aplica a todos los países del mundo; las Metas de Aichi en materia de preservación de la Biodiversidad; la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III en materia de asentamientos humanos ciudades y urbanización planificada, inclusiva, sostenible e integrada, entre otros, desde luego comprendiendo básicamente los compromisos y convenios en materia de derechos humanos.

En materia de desarrollo sustentable, la presente iniciativa atiende los compromisos nacionales derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) que dentro de la transversalidad en las políticas públicas desde luego comprenden la materia de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible.

Así entonces la presente iniciativa atiende esta grave omisión legislativa por esa apresurada emisión de la ley, y por supuesto toma muy en cuenta la Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI, “ Acción New Urban”, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en el mes de octubre de 2016, en Quito Ecuador, conocida como Hábitat III, pocos días después de la apresurada expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo cual constituye una deficiencia legislativa injustificada, pues era menester entonces esperar sus resultados para incluirlos en esa ley para evitar que desde su génesis fuera omisa como a este respecto lo es.

Por cierto dicha Conferencia Hábitat III fue registrada como la segunda cumbre mundial más concurrida en la historia de la ONU sólo superada por Río+20, y está orientada a la acción que establece estándares globales de progreso en el desarrollo urbano sostenible, replanteando la forma como hasta ahora se construye gestiona y vive en las ciudades, ante la creciente urbanización mundial.

Por razones de resiliencia, este instrumento internacional Nueva Agenda Urbana de Hábitat III, constituye un importante motivo de asimilación a la ley en la presente iniciativa y un texto componente de prioritaria inclusión en las modificaciones de la ley que se reforma.

Éste y los demás instrumentos y compromisos internacionales aplicables en esta materia ya mencionados, serán adelante objeto de referencia en el fundamento jurídico de la presente.

La nueva Agenda Urbana destaca el diseño de políticas por parte de las naciones, que garanticen el derecho a la vivienda digna. Se calcula que en 2050 la población que vive en ciudades llegará a una cifra de 6 mil millones de personas y se necesitará atender esta demanda.

En Hábitat III se prevén principios y criterios relativos a la proyección sustentable del desarrollo territorial y urbano, conurbaciones y ciudades; servicios; los derechos de los migrantes; derechos de la ciudad para los discapacitados; tratamiento al problema de las invasiones; de la especulación del suelo; de la plusvalía ilegítima; de la falta de planificación, así como de los problemas del sur global, con perspectiva hacia el desarrollo sostenible, que la presente iniciativa integra al texto de la ley que reforma y adiciona.

Entonces, es en base a este instrumento internacional que esta iniciativa propone alinear las normas de la LGAHOTDU y ampliar su enfoque, considerando también el aspecto integral y sustentable del desarrollo urbano y territorial, con la pretensión de hacerla al mismo tiempo compatible con las disposiciones de las citadas leyes reglamentarias de ese tan importante artículo 27 Constitucional, para que así sea realmente una ley de ordenamiento territorial, tal y como se ostenta en su propia denominación, pero que en su regulación sobre esta materia es bastante deficiente no obstante la gran importancia del debido ordenamiento territorial integral por las razones expuestas.

Esta iniciativa incluye también en la ley los instrumentos de Política Ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) denominados Planeación Ambiental, Ordenamiento Ecológico del Territorio; Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos; Evaluación del Impacto Ambiental, Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, así como los principios y criterios de Política Ambiental Nacional y los criterios de aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, que prevé esa ley marco en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y que no fueron considerados en la LGAHOTDU.

La presente iniciativa también se ocupa en adecuar las disposiciones que regulan y establecen las funciones y atribuciones en la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, y considera viabilizar en esta materia el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, vigente y sucesivos, de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que modifica la lógica del quehacer gubernamental a partir de los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación. Motiva esta iniciativa la necesidad de insertar en la ley elementos normativos para concretar acciones públicas de un gobierno eficaz y eficiente.

Asimismo, en materia de distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, se propone incluir en la ley algunos aspectos de concurrencia previstos en el capítulo II del título primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en concordancia con las funciones, órganos colegiados, acciones coordinadas de ya existentes estructuras administrativas competentes de los tres órdenes de gobierno a través de una agencia federal integrada para tal efecto como agente de coordinación de funciones intersecretariales en las entidades federativas del país aprovechando la actual estructura administrativa de instancias de la Semarnat y Sedatu.

Igualmente esta iniciativa intenta hacer viable en su texto la concreción de las estrategias nacionales relativas, así como la aplicación de programas e instrumentos que se prevén en otros ordenamientos jurídicos también aplicables, como la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Vida Silvestre, que componen un aspecto importante en la planeación nacional del desarrollo.

La coordinación de acciones de gobierno mediante agentes técnicos intersectoriales, que coordinen funciones de actuales estructuras administrativas competentes en el ordenamiento territorial, está prevista en la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México, incluso con la coordinación de los esquemas de gestión administrativa de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Esta iniciativa allana la viabilidad de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y dicha Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, ésta última presentada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en la COP 13 sobre Biodiversidad, en Cancún Quintana Roo, el día 4 de diciembre de 2016, implementa un Plan de Acción 2016-2030 y prevé aspectos sobre Servicios Ambientales y Servicios Ecosistémicos, así como restauración de ecosistemas que esta iniciativa también considera.

Este documento es de necesaria asimilación en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se reforma, ya que está alineado al Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), y las metas de Aichi en materia de preservación de la Biodiversidad, y también a los ODS de la ONU en materia de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, cuyos compromisos nuestro país debe cumplir y hacer observar y para lograr la integración y gobernanza; la conservación y restauración; la atención a factores de presión y el uso y manejo sustentable de los recursos. Ese diseño de funciones administrativas intersectoriales pretende ser aprovechado en la presente iniciativa para materializar en forma integral y sustentable el objeto de la ley que se reforma.

Igualmente la presente iniciativa comprende en lo fundamental la materia de derechos humanos, considerando que son tales los derechos de los pueblos del mundo, conocidos también como derechos de solidaridad internacional, como entre otros el derecho a: la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional, al uso de avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, al medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad, y al desarrollo que permita una vida digna.

La Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 24 de octubre de 1945; y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, son los fundamentos que en el plano internacional permiten el reconocimiento de los Derechos Humanos.

Desde luego se considera importante en esta iniciativa el aspecto de los derechos humanos en materia de protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas, jurídicamente protegidas por los artículos 1o., 2, 4, 27 y 133 de la Constitución y por el “corpus iuris” o bagaje jurídico del derecho internacional sobre esta materia, mediante instrumentos como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos internacionales relativos a dicha materia de derechos humanos tutelares de este vulnerable sector poblacional originario y pluricultural de la Nación Mexicana.

De carácter vinculante, el Convenio 169 de la OIT, aprobado por el Senado el 11 de junio de 1990, establece en su artículo 3 que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”. Asimismo determina que “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”.

Dicho instrumento internacional destaca que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan, y que se deberán adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Asimismo, señala que se deberá reconocer a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; y que, los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

Este Convenio establece que los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente y que esos derechos comprenden a la vez su derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Además, determina que no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan; y que, deberá impedirse que, personas extrañas a esos pueblos, puedan aprovecharse de sus costumbres, o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros, para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa tiene como fin perfeccionar los lineamientos y mecanismos normativos y administrativos para optimizar la gestión coordinación de funciones, acciones, estrategias nacionales, planes y programas de gobierno, con el objeto de propiciar la planificación adecuada de los asentamientos humanos y la ordenación integral y uso sustentable del territorio y el desarrollo urbano sostenible e integrado, compatibles con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, para el cumplimiento de los convenios, instrumentos y compromisos internacionales aplicables.

Se sustenta la presente iniciativa en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siguientes: artículo primero por lo que corresponde a los derechos humanos; artículo segundo, por lo que toca a la integridad de las tierras indígenas; artículo cuarto, por lo que toca al derecho humano que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; y el derecho humano de toda persona al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, también garantizar el respeto a los mismos, que conforme este artículo 4 constitucional se atenderá el principio de que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley; Artículo veinticinco, por lo que corresponde a garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable; Artículo veintisiete, por los motivos expuestos; y, Artículo ciento treinta y tres, por lo que toca a la aplicación de los tratados y compromisos internacionales.

Asimismo la presente iniciativa se sustenta en los instrumentos y compromisos internacionales que en ella se identifican, así como en los ordenamientos normativos aplicables y sus reglamentos que igualmente se han mencionado y se relacionan adelante.

Entonces los instrumentos y compromisos internacionales que inciden directamente en la materia de la ley que esta iniciativa modifica son ya varios a la fecha y son de necesaria aplicación y en consecuencia de necesaria consideración en esta ley, que al tiempo que la sustenta se asimilan en nuestro orden normativo a través de ella, y son: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) de la ONU; el Acuerdo de Paris en materia de cambio climático; la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos; la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en materia de quehacer gubernamental a partir de los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación; así como las Metas de Aichi en materia de preservación de la Biodiversidad; y en materia de tierras y derechos indígenas y agrarios el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente.

El artículo primero constitucional, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que las normas relativas a tales derechos se interpretarán de conformidad con ella y con dichos tratados de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y que en el ámbito de sus competencias todas las autoridades tienen obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En el artículo segundo constitucional se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras; así como a la autonomía para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades; así como su derecho a la participación y a la consulta en la planeación del desarrollo nacional estatal y municipal. Estas garantías son jurídicamente tuteladas por la presente iniciativa al tiempo que también la fundamentan.

Como está señalado, los derechos humanos preconizados por el artículo 4 de la Constitución, específicamente los relativos al derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los individuos, y el derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, constituyen una importante motivación de la presente iniciativa, por lo que la misma prevé garantizarlos, al tiempo en que igualmente le sirve de fundamento jurídico.

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es garantizar el acceso universal al agua potable y su saneamiento, cuyo abastecimiento es esencial, como garantía de ese derecho humano, en la lucha contra la pobreza y factor determinante para la gobernanza, por lo que su gestión debe ser sostenible.

También sirve de fundamento a esta iniciativa el artículo 25 de la Constitución por cuanto a los principios de integralidad y sustentabilidad que deberá garantizar el Estado en materia de desarrollo nacional, principios consecuentemente rectores en materia de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano, objeto de la ley que modifica la presente.

Desde luego también sirve de fundamento a la presente el multicitado Artículo 27 de la Constitución, tanto por los motivos expuestos como por determinar en su tercer párrafo que “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. Considerando lo anterior, la iniciativa propone de inicio precisar en el artículo 1° de la LGAHOTDU que reforma, su carácter de ley reglamentaria de dicho precepto, pues su texto vigente lo omite.

La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es materia básica de legislación ambiental mexicana desde 1987, año en que se facultó al Congreso a expedir leyes que en la materia establezcan la concurrencia, del gobierno federal de los gobiernos estatales y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Y se expide, en 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ley marco en la materia, lo cual significa que sus disposiciones establecen los principios y criterios de política ecológica general que se aplicarán en todas ordenaciones territoriales, incluida la materia de asentamientos humanos que esta ley marco prevé como uno de los principales instrumentos de política ambiental en la sección IV del capítulo IV del Título Primero, denominado Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, que esta iniciativa integra en la ley que reforma ya que omite considerar en su texto los criterios que la LGEEPA establece para esta materia de asentamientos humanos y la de planificación del desarrollo urbano y la vivienda, lo cual constituye una importante omisión legislativa que la presente iniciativa subsana. Estos principios y criterios de política ambiental nacional son incluidos en el Título Primero de la ley que se reforma.

Igualmente la presente iniciativa considera el Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico, así como el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio publicado en el DOF del 7 de septiembre de 2012, que la ley que se reforma igualmente omite considerar, lo cual es grave pues el ordenamiento territorial es materia de regulación de la misma, como lo señala su propia denominación. Estos instrumentos normativos se asimilan e insertan en los numerales de los Títulos Cuarto y Noveno de la ley que se reforma.

Esta iniciativa también inserta en la ley que reforma elementos normativos que desde luego incluyen a la política nacional de adaptación al cambio climático y la estrategia nacional y el programa en la materia, previstos en la Ley General de Cambio Climático, publicada en el DOF del 6 de junio de 2012. La LGAHOTDU que se modifica, tampoco los considera, lo cual también constituye omisión legislativa que esta iniciativa subsana.

Por lo que toca a los instrumentos y compromisos internacionales aplicables y ya mencionados, a continuación se identifican algunos aspectos previstos en estos que inciden en la materia que nos ocupa:

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) de la ONU: En el año 2012, en Río+20, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, los países acordaron establecer un grupo de trabajo abierto para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, que resultaron de un proceso de negociación que involucró a los 193 Estados Miembros. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) fijados por el concierto de las naciones en la Agenda 2030, son de amplio alcance ya que se abordan los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente; además de que se aplican a todo el mundo. Los ODS que se relacionan con la materia de la presente iniciativa son el 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15 y 17.

La presente reforma a la LGAHOTDU, en materia de desarrollo sostenible, recae básicamente en los numerales de su Título Cuarto.

Por otra parte, en materia de cambio climático, el Acuerdo de Paris suscrito en 2015 por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP 21, establece compromisos internacionales para reducir sus causas, prevenir sus efectos y los factores de vulnerabilidad y resiliencia de los sistemas sociales y ambientales, mediante políticas nacionales de adaptación y mitigación. La reforma que propone la presente iniciativa, por lo que toca a esta materia de cambio climático recae básicamente en numerales de su Título Sexto.

Como está expuesto, la presente iniciativa modifica artículos de la LGAHOTDU en que inciden los temas materia de regulación y tutela por estos instrumentos internacionales y las leyes generales reglamentarias del artículo 27 Constitucional, como es el cambio climático, el desarrollo sostenido, el desarrollo urbano sostenible, el ordenamiento territorial, la preservación de la biodiversidad, y los derechos de propiedad rural y de protección a la integridad de tierras indígenas; por lo cual, en la inteligencia de que es bastante compleja la dimensión del reto de establecer un ordenamiento territorial integral y la dimensión de lograr la óptima coordinación de las atribuciones y acciones de los tres órdenes de gobierno conforme sus respectivas competencias en estas materias, la presente iniciativa propone la instalación de un mecanismo administrativo de agencias técnicas estatales con agentes técnicos delegados de la federación en materia de concurrencia y distribución de competencias que puntualiza esta iniciativa perfeccionando la ley en los aspectos que implica su coordinación para el ordenamiento territorial y desarrollo de los asentamientos humanos, en forma compatible con las instancias, funciones y acciones que otros ordenamientos reglamentarios del artículo 27 establecen por su parte.

El fin es regular y desarrollar acciones y funciones concurrentes en forma integral. Aprovechar instrumentos administrativos, órganos de gobierno y planes de acción que ya se desarrollan en estas materias, así como en materia de gobierno abierto, será el objeto de regulación del esquema propuesto por esta iniciativa. La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en materia de quehacer gubernamental tiene su génesis a partir de los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación.

La presente iniciativa afecta los puntos de la ley relativos a este tema de concurrencia, competencias y atribuciones, comprendidos en sus Títulos Segundo y Tercero, y los perfecciona ya que el texto vigente de la ley que se modifica no colma las necesidades reales de una concurrencia en efecto eficiente y es impreciso y hasta poco claro inclusive respecto a las funciones integración y temporalidad de sus órganos deliberativos y auxiliares como el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que prevé, y los consejos locales y municipales. La iniciativa desde luego incide en la integración y funciones del Consejo Nacional y los locales y municipales.

Igualmente, en materia de desarrollo urbano sostenible y de asentamientos humanos la presente iniciativa modifica numerales de los Títulos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo de la ley que reforma, insertando elementos no considerados en ella establecidos en La Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. Por cierto, en virtud de este instrumento y sus alcances, la presente iniciativa refiere invariablemente el concepto calificativo “sostenible” en los artículos en que se alude al desarrollo urbano, para quedar atingente y subsecuentemente referido en la ley como desarrollo urbano sostenible.

En materia de preservación de la Biodiversidad, la presente iniciativa afecta algunos artículos comprendidos en los Títulos Cuarto, Quinto y Noveno de la ley que se reforma, para insertar en ella elementos previstos en las Metas de Aichi y la Estrategia Nacional sobre esa materia.

Y en materia de propiedad y tenencia de tierras y derechos indígenas y agrarios, la presente iniciativa afecta el Título Noveno de la ley, para garantizar la integridad de las tierras sujetas al régimen de propiedad social que establece el artículo 27 de la Constitución, comprendiendo elementos normativos de nuestro ordenamiento agrario y sus reglamentos en materia de certificación de derechos y titulación de solares; y de ordenamiento de la propiedad rural, así como del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Así entonces, sin perjuicio de los bienes jurídicos ya tutelados por la LGAHOTDU, los que la presente iniciativa propone tutelar son: nuestra soberanía y la integridad territorial; la integralidad y sustentabilidad del desarrollo nacional; la gobernanza; los derechos humanos, principalmente los preconizados por el artículo 4 Constitucional que son el derecho que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y el derecho de toda persona al universal acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; el desarrollo sostenido; la adaptación y mitigación del cambio climático; la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; la prevención y control de su contaminación; la preservación de la biodiversidad; el régimen de propiedad social y la integridad de las tierras indígenas; la transparencia gubernamental; la vulnerabilidad social; la resiliencia de los sistemas naturales y sociales, y la responsabilidad ambiental.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 Fracción 1, Numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de este Pleno.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Único.Se reforman el artículo 14, el artículo 15, las fracciones II, III, IV, X, XI, XII y XIII del artículo 16, el artículo 18, el primer y último párrafo y fracción I del artículo 19, el primer párrafo del artículo 20, el primer y último párrafo y fracciones I, V y X del artículo 21, el primer y segundo párrafo del artículo 22, el primer, segundo y último párrafo y fracción V del artículo 23, el primer párrafo y fracciones I, II, III y IV del artículo 24, el primer párrafo y fracciones II y III del artículo 25, el primer párrafo y fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XIV del artículo 26, el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 27, el primer párrafo del artículo 28, las fracciones I y II y los incisos a), b), c), d) y f) del artículo 29, el primer párrafo y fracción I del artículo 30, el artículo 31, el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 32, el artículo 33, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 34, la fracción I del artículo 36, las fracciones II, IV, V, VIII, IX y X del artículo 37, el artículo 40, el segundo párrafo del artículo 41, el artículo 47, el primer párrafo del artículo 48, el segundo párrafo del artículo 49, el artículo 50, el artículo 51, las fracciones X y XII del artículo 53, las fracciones I y IV del artículo 54, el primer y segundo párrafo del artículo 55, el segundo párrafo del artículo 59, el segundo párrafo del artículo 61, el primer y segundo párrafo del artículo 62, el artículo 64, el último párrafo del artículo 67, el segundo párrafo del artículo 69, el primer párrafo del artículo 70, el primer y tercer párrafo del artículo 74, la fracción V del artículo 75, el primer párrafo y la fracción I del artículo 77, la fracción II del artículo 79, el primer párrafo del artículo 80, la fracción II del artículo 82, la denominación del capítulo sexto del título noveno y el primer párrafo del artículo 86, las fracciones I y II del artículo 87, la fracción III del artículo 89, el primer y segundo párrafo del artículo 97, las fracciones XIII y XIV del artículo 101, el segundo y tercer párrafo del artículo 108, el primer párrafo del artículo 112, y el artículo 118; y, se adicionan, un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 5, las fracciones XI y XII del artículo 6, las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 24, la fracción IV del artículo 29, el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 36, el último párrafo del artículo 52, los apartados Primero y Segundo del artículo 59, las fracciones X y XI del artículo 60, la fracción VII del artículo 77, el tercer párrafo del artículo 85 y el segundo párrafo del artículo 95, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

...

Título TerceroÓrganos Deliberativos y Auxiliares Capítulo PrimeroConsejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible

Artículo 14. El Consejo Nacional es la instancia de carácter consultivo, de conformación plural y de participación ciudadana , integrada por un ciudadano representante de cada entidad federativa, de comprobada experiencia y probidad, propuesto por sus respectivos congresos locales y aprobados por los ejecutivos estatales atendiendo principios de pluralidad y equidad de género; así como por un comité de vigilancia integrado por diez miembros convocados por el titular de la Secretaría considerando la representatividad de los sectores académico, social y privado; quienes, previa opinión y evaluación del Congreso de la Unión, para su instalación y funcionamiento, serán aprobados por el Ejecutivo Federal, y coordinados por el titular de la Secretaría, para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en la materia.

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización del Consejo Nacional y lo presidirá y, en su caso, sus ausencias serán suplidas por quien designe. El titular de la Secretaría designará a quien funja como Secretario Técnico del Consejo.

Artículo 16. El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades:

I. Conocer, analizar y formular propuestas sobre el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial que le someta a su consideración la Secretaría, así como sus modificaciones y adiciones;

II. Conocer y opinar sobre el proyecto de programa nacional de ordenamiento territorial y sus informes anuales de ejecución , así como verificar periódicamente su evaluación y seguimiento;

III. Conocer, opinar y proponer cambios en las políticas públicas, programas y acciones que la Secretaría formule en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano sostenible;

IV. Conocer y opinar las políticas o acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o instancias competentes que ejecuten actividades directamente o en coordinación con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas o municipios, relacionadas con el Desarrollo Regional y urbano;

V. Conocer y opinar los lineamientos, acuerdos y normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría;

VI. Conocer y opinar los convenios de zonas metropolitanas;

VII. Conocer y opinar de la creación de nuevos Centros de Población;

VIII. Promover la creación de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos y otras estructuras institucionales y ciudadanas;

IX. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los organismos nacionales, estatales y, en su caso, municipales y de las Demarcaciones Territoriales, destinados a programas y acciones urbanísticas;

X. Proponer los cambios estructurales necesarios en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano sostenible, de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, en el marco de los acuerdos internacionales y disposiciones nacionales aplicables;

XI. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de Desarrollo Urbano sostenible en los ámbitos federal, regional, estatal, municipal y de las Demarcaciones Territoriales , así como proporcionar asesoría y consulta a las instancias competentes;

XII. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de Desarrollo Urbano sostenible en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, los municipios, y las Demarcaciones Territoriales con los diversos sectores productivos del país;

XIII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y acciones de Desarrollo Urbano sostenible;

XIV. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento;

XV. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación, y

XVI. Las demás que le señale esta Ley.

Artículo 17. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria cuando resulte necesario a convocatoria hecha por la secretaría técnica.

La participación en el Consejo Nacional será a título honorífico, por lo que sus integrantes no percibirán retribución o contraprestación alguna.

Artículo 18. Los acuerdos del Consejo Nacional se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se ejecutarán de conformidad con las atribuciones que la ley establece a las distintas instancias competentes en la materia.

Capítulo Segundo Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano

Artículo 19. Para apoyar la factibilidad tanto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, como de los acuerdos del Consejo Nacional publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como el funcionamiento eficiente, compatible y concurrente de las acciones de los órganos e instancias estatales y municipales competentes en materias de ordenación y de aprovechamiento y uso territoriales en la concreción de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas, y de los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, así como de la Gobernanza Metropolitana, y paraasegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán los siguientes órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural:

I. Los consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano Sostenible;

II. Las comisiones metropolitanas y de conurbaciones, y

III. Los consejos municipales de Desarrollo Urbano y vivienda de ser necesarios.

Corresponderá a los poderes ejecutivos de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, previa evaluación de los respectivos congresos locales, la creación y apoyo en la operación de tales consejos, en sus respectivos ámbitos territoriales.

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano y de los planes y programas respectivos.

Los miembros de los consejos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función, y contarán con el apoyo técnico necesario para realizar su labor.

Artículo 21. Los consejos a que se refieren los artículos anteriores o los ayuntamientos que desempeñen dicha labor tendrán, en la esfera de sus ámbitos territoriales, las funciones siguientes:

I. Emitir opiniones y formular propuestas considerando los acuerdos, principios, objetivos y metas, y en su caso líneas de acción, de los tratados y compromisos internacionales suscritos por nuestro país que guarden relación con la materia que regula esta ley incluidos los derechos humanos, y de acuerdo a las disposiciones nacionales y estatales aplicables, en la orientación y aplicaciónde las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano que elabore la entidad federativa, así como la planeación regional que elabore la autoridad federal o la entidad federativa cuando en éstos se afecte al territorio de sus municipios;

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior;

III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los planes y programas de la materia;

IV. Proponer a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

V. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano Sostenible;

VI. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia;

VII. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano;

VIII. Proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones en la materia;

IX. Recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

X. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, de entidades federativas y de municipios, así como con organizaciones del sector privado, para la instrumentación integral y sustentablede los programas relacionados con la materia;

XI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano;

XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

XIII. Expedir su reglamento interno, y

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

En todo momento será responsabilidad de la Secretaría y de los gobiernos de las entidades federativas proveer de información oportuna y veraz a los consejos para el ejercicio de sus funciones , incluidas las de participar e interactuar en la evaluación y vigilancia de los planes y programas respectivos. Todas las opiniones y recomendaciones de los consejos estatales serán públicas y deberán estar disponibles en medios de comunicación electrónica.

Título Cuarto Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano Capítulo Primero Sistema General de Planeación Territorial

Artículo 22. La planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano Sostenible de los Centros de Población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política de carácter global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas federales y planes estatales y municipales, y se verificarán mediante la aplicación de los siguientes instrumentos de política ambiental: la Planeación Ambiental, el Ordenamiento Ecológico del Territorio, y la Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos; así como en observancia de los criterios para el Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Sistemas Acuáticos, y los criterios para la Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos, previstos respectivamente en los Títulos Primero y Tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así mismo se verificarán en apego a los Principios de Política Ecológica General previstos por el artículo 15 de esa ley, y a los acuerdos e instrumentos internacionales y disposiciones nacionales aplicables, y de conformidad a los programas de ordenamiento ecológico del territorio, desde el General, hasta los Regionales y Locales que correspondan.

La planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano Sostenible y de los Centros de Población estará a cargo, de manera concurrente, de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, de acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano Sostenible de los Centros de Población, se llevarán a cabo observando las disposiciones y principios de esta ley, sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sostenible, a través de:

I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;

II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;

III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;

IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y

V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano sostenible derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y, en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo Urbano y por los reglamentos y normas administrativas federales, estatales y municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y deberán incorporarse al sistema de información territorial y urbano. Asimismo, deberán ser coherentes, congruentes y compatibles con los programas especiales multisectoriales, así como con los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático PEAC, y los Planes de Acción Climática Municipal PACMUN; y, en su caso, con los planes de acción y mecanismos de la Alianza para el Gobierno Abierto.

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación de las zonas metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que propicien el desarrollo y regulación de los asentamientos humanos, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local.

Los instrumentos de planeación referidos, deberán prever la coordinación de órganos e instancias competentes de los tres niveles de gobierno, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales y convenios e instrumentos relacionados con la materia que regula la presente ley; y deberán guardar compatibilidad y coherencia con las disposiciones aplicables de las demás leyes reglamentarias del artículo 27 Constitucional, y sus reglamentos, y entre sí, sujetándose al orden jerárquico y normativo que establece su ámbito territorial, y contando con los dictámenes de validación y congruencia que para ese fin serán solicitados y emitidos por los diferentes órdenes de gobierno, para su aplicación y cumplimiento.

Capítulo Segundo Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial

Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo integral y sustentable del país en el mediano y largo plazo; establecerá, conforme lo dispuesto en esta ley, el marco básico de referencia y congruencia de la ordenaciónterritorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional y sostenible del territorio, la preservación y protección ambiental del equilibrio ecológico y la biodiversidad y en su caso su restauración y/o mejoramiento.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

I. Identificar los desafíos y aspectos que representa la planificación de una gestión territorial integrada y a largo plazo y la creciente urbanización, así como los sistemas urbano rurales y la regionalización que estructuren sostenible, integral y funcionalmente al país; asimismo, orientará, en el marco de los acuerdos y compromisos internacionales y ordenamientos jurídicos aplicables, y conforme a las aptitudes geológicas e hidrológicas y a las características climáticas, poblacionales y territoriales, la delimitación y caracterización de las zonas metropolitanas estratégicas para impulsar el desarrollo económico y reducir las disparidades regionales, respetando la integridad y vocación ecológica del territorio.

II. Plantear medidas para fortalecer la resiliencia en los sistemas naturales y sociales y reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; y, para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los Asentamientos Humanos y sus condiciones ambientales , que permitan la inclusión social, el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible y la protección del medio ambiente;

III. Proponer lineamientos para el uso racional, ordenado y sostenido del territorio y para la dotación de la infraestructura, equipamientos e instalaciones fundamentales para el desarrollo equilibrado de las regiones y el país, a fin de lograr una gestión territorial sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales;

IV. Plantear los mecanismos para su implementación, articulación intersectorial y evaluación, a verificarse por los agentes técnicos intersectoriales que serán acreditados por la Secretaría en cada entidad federativa, y encargados del funcionamiento de las agencias técnicas estatales para la gestión integral e intersectorial del territorio en el nivel federal, así como por los órganos e instancias competentes conforme las respectivas Constituciones estatales;

V. Integrar las estrategias de reducción de la pobreza y los valores de los ecosistemas naturales y la diversidad biológica en la planificación nacional estatal y regional;

VI. Prever la consolidación de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; con infraestructura física y social de calidad y sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda, y

VII. Consolidar las bases y el desarrollo de la urbanización planificada, inclusiva, sostenible e integrada, que prevea ciudades con suficientes áreas verdes de uso común, tanto en el interior como periféricas de los centros de población, para el esparcimiento y el ambiente sanos; así como espacios públicos seguros y asequibles, conforme los estándares internacionales de extensión media requerida por habitante y densidad poblacional que se planifique asentar.

VIII. Promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica sostenible para todos, sin discriminación incluido el acceso a terrenos habilitados y asequibles, a la vivienda, la energía renovable y moderna, el agua potable y el saneamiento, la alimentación sana, nutritiva y suficiente, la eliminación de desechos, la movilidad sostenible y la atención de la salud, la planificación de la familia.

Artículo 25. La estrategia nacional de ordenamiento territorial tendrá una visión con un horizonte a veinte años del desarrollo nacional, podrá ser revisada y en su caso actualizada cada seis años o cuando ocurran cambios profundos debido a factores naturales o antropogénicos que puedan afectar la estructura territorial del país. Su elaboración y modificación seguirán el proceso siguiente:

I. El presidente del Consejo Nacional convocará a sesiones plenarias, a fin de que sus integrantes, de manera conjunta, formulen la propuesta de estrategia nacional de ordenamiento territorial;

II. El proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial será puesto a consulta de las entidades federativas a través de los consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano para recibir sus opiniones, y someterlo a consideración del Congreso de la Unión para su evaluación y validación.

III. Una vez evaluada y validada por el Congreso de la Unión, la estrategia nacional de ordenamiento territorial será aprobada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios ajustarán sus procesos de planeación a lo establecido en dicha estrategia.

Capítulo Tercero Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible

Artículo 26. De conformidad con los convenios y compromisos internacionales suscritos por nuestro país y con las estrategias nacionales aplicables, así como con el Patrón de ocupación del territorio previsto en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico y los programas sobre esa materia tanto el General del Territorio como los Regionales y Locales, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible se sujetará a las disposiciones de esta ley y a las previsiones del plan nacional de desarrollo y a la estrategia nacional de ordenamiento territorial y contendrá:

I. El diagnóstico de la situación del Ordenamiento Territorial y los Asentamientos Humanos en el país, que incluya, entre otros elementos, el patrón de distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;

II. Las políticas, objetivos, prioridades y lineamientos estratégicos para el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano del país , considerando los principios y criterios de política ecológica general establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, para el Aprovechamiento Sustentable del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, y para la Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos;

III. La estructura de sistemas urbanos rurales en el país y la caracterización de los Centros de Población que conforman el Sistema Nacional Territorial;

IV. Las políticas y estrategias para el ordenamiento territorial integral y sostenible de los Sistemas Urbano Rurales, Asentamientos Humanos y al Desarrollo Urbano de los Centros de Población;

V. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los Asentamientos Humanos y sus condiciones ambientales , considerando en la planificación, diseño urbano y territorial y en la consolidación urbana, la integridad y conectividad ecohidrológica y de los ecosistemas naturales y artificiales o inducidos por el hombre, y la prevención y mitigación de impactos significativos en el medio ambiente y en la población, así como asegurar la continuidad de procesos ecológicos en el territorio, preservando la biodiversidad, valorando los bienes y servicios ambientales que proporcionan, garantizando el acceso universal al agua, su potabilización, saneamiento y su gestión integral integrada y sostenible, así como el cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia en los sistemas naturales y sociales, y la reducción de riesgo de desastres;

VI. Las necesidades que en materia de Desarrollo Urbano sostenible planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución adecuada de la población e incorporen la previsión, cuantificación y asignación de viviendas asequibles, accesibles, eficientes, seguras, resilientes, bien conectadas y bien ubicadas, considerando la inclusión de opciones de vivienda para miembros de diferentes grupos de ingresos de la sociedad y teniendo en cuenta la integración socioeconómica y cultural de las comunidades marginadas, así como la proximidad la relación y la interacción espacial y funcional urbanas;

VII. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la Fundación y Crecimiento de los Centros de Población y para fomentar la Gestión Integral del Riesgo y la Resiliencia urbana y social, en el marco de los compromisos internacionales sobre la materia ylos derechos humanos;

VIII. Las políticas generales con carácter integral y sustentable para el ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y conurbaciones, de los Asentamientos Humanos y Centros de Población;

IX. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el Desarrollo Urbano sostenible del país;

X. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los Centros de Población urbanos y rurales del país, así como en las comunidades indígenas;

XI. Los requerimientos globales de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XII. La indicación de los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano para la ejecución y cumplimiento del programa;

XIII. Los criterios, mecanismos, objetivos e indicadores en materia de Resiliencia que deberán observar los tres órdenes de gobierno en la elaboración de sus programas o planes en las materias de esta Ley, y

XIV. Esquemas y mecanismos que fomenten la equidad, inclusión y accesibilidad universal en el Desarrollo Urbano sostenible, el ordenamiento territorial y los Asentamientos Humanos justos, seguros, sanos, asequibles, resilientes y sostenibles.

Artículo 27. El programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, deberá atender el cumplimiento de convenios y compromisos internacionales suscritos por México relacionados con la materia; y será evaluado y validado por el Congreso de la Unión, yaprobado cada seis años por el titular del Ejecutivo Federal con la opinión del Consejo Nacional y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus modificaciones se realizarán con las mismas formalidades previstas para su aprobación.

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados competentes, promoverá la participación social en la elaboración, actualización y ejecución del programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación y con la intervención de los órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural previstos en el artículo 19 de esta Ley.

La Secretaría, anualmente, presentará al Congreso de la Unión y al Consejo Nacional un informe de ejecución y seguimiento del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Capítulo Cuarto Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 28. Conforme la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, para concretar los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano y los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en esta ley y la legislación estatal en la materia, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la materia.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

Artículo 29. Las entidades federativas, al formular sus programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano correspondientes, deberán considerar los elementos siguientes:

I. Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial, con los ordenamientos ecológicos y con las leyes reglamentarias del artículo 27 Constitucional y sus reglamentos aplicables, así como con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país relacionados con la materia que regula la presente ley;

II. El análisis y congruencia territorial con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial; la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México, y con el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y con otros programas sectoriales que incidan en su ámbito territorial estatal, y

III. El marco general de leyes, reglamentos y normas y los planes territoriales de ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el plan o programa en formulación ;

IV. El registro oportuno de planes y programas en el Sistema de Información Territorial y Urbano.

Los programas contendrán:

a) El análisis de la situación, sus tendencias, impactos y la enunciación de objetivos y resultados de los asentamientos planeados su consolidación y su expansión proyectada, que deben abordarse simultáneamente; así como la forma en la cual se efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y normativos, que resumen la confrontación entre la realidad y lo planificado;

b) Las estrategias a mediano y largo plazo para su evaluación e integración al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible y para la implementación y laselección de la más favorable ejecución de accionespara cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias y el escenario planteado;

c) La definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan su implementación y que confluyan con el conjunto de las estrategias nacionales aplicables, y en su caso con los ejercicios locales, metas y planes de acción relativos, de la Alianza para el Gobierno Abierto, y la coordinación de instancias competentes de los tres niveles de gobierno en los demás programas especiales multisectoriales para interconectar los mecanismos de funciones existentes, y de ser posible conjuntamente con los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático PEAC, y los Planes de Acción Climática Municipal PACMUN;

d) La determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de resultados , desarrollando una plataforma nacional de seguimiento a la obra pública y gasto del presupuesto para los tres órdenes de gobierno;

e) Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y

f) La congruencia con el atlas nacional de riesgos , y su relación con el Sistema de Información Territorial y Urbano, el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático y con los Atlas Estatales del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Territorio.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará, en apego a lo dispuesto por esta ley,la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I. La autoridad estatal o municipal competente, previa opinión y en su caso adopción de las propuestas del Consejo Local de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, y/o de los Municipales respectivos,dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones;

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, durante el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la aprobación del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones, y

IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones podrán ser expedidos por la autoridad competente y para su validez y obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de difusión oficial del gobierno del estado correspondiente. Además, la autoridad que lo expide procurará su amplia difusión pública a través de los medios que estime convenientes.

Capítulo Quinto Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas

Artículo 31. Cuando uno o más centros urbanos situados en territorios municipales o demarcaciones territoriales de dos o más entidades federativas formen una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas, los municipios o las Demarcaciones Territoriales respectivas, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera concurrente, conjunta y coordinada el desarrollo integral, sostenible, planificado y equilibrado de dichos centros urbanos con apego a lo dispuesto por esta Ley, y constituirán una Zona Metropolitana o conurbada interestatal.

Artículo 32. Con opinión del Consejo Nacional, y de los Locales y Municipales competentes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y en su caso con la adopción de sus propuestas, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán convenir la delimitación y constitución de una Zona Metropolitana o conurbada cuando sea procedente el estudio y planeación conjunta de dos o más Centros de Población, situados en el territorio de entidades federativas vecinas.

En las zonas metropolitanas interestatales y conurbaciones interestatales se constituirá una comisión de ordenamiento, que tendrá carácter permanente y será integrada por un representante de cada entidad federativa y de cada municipio o demarcación territorial que lo integre, así como un representante de la Secretaría quien lo presidirá; funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

Previo conocimiento y opinión del Consejo Nacional y de los respectivos Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano de las entidades federativas, y de los municipios y demarcaciones territoriales en que ocurra la urbanización de la Zona Metropolitana o conurbada interestatal e intermunicipal, dicha comisión formulará y aprobará el programa de ordenación, así como gestionará y evaluará su cumplimiento.

Artículo 33. Las zonas metropolitanas o conurbaciones ubicadas en el territorio de uno o más municipios de una misma entidad federativa, serán reguladas por la legislación local y se coordinarán con las autoridades federales y estatales, atendiendo a los principios, políticas y lineamientos a que se refiere esta Ley , y de ser posible aprovechando los mecanismos y ejercicios locales de Gobierno Abierto. Los gobiernos Federal, estatales y municipales planearán de manera conjunta y coordinada su desarrollo, con la participación efectiva de la sociedad, así como para la más eficaz prestación de los servicios públicos.

Artículo 34. Son de interés metropolitano:

I. La planeación integral del ordenamiento del territorio y los Asentamientos Humanos;

II. La infraestructura vial, tránsito, transporte, conectividad y la Movilidad;

III. El uso racional y sostenible del suelo y las Reservas territoriales;

IV. La gestión ordenada de la densificación, consolidación urbana y uso eficiente del territorio y la contracción de las zonas urbanas cuando proceda, con espacios públicos seguros y de calidad y con áreas verdes de uso común suficientes, como eje articulador;

V. Las políticas habitacionales asequibles seguras sostenibles justas y resilientes y las relativas al acceso e instalación de equipamiento regional y metropolitano;

VI. La localización de espacios para desarrollo industrial de carácter metropolitano , y el establecimiento de Reservas territoriales para la gestión y conservación de las zonas de restauración ecológica, las zonas de preservación ecológica de los centros de población, y las áreas de protección de recursos naturales, así como las áreas de protección de flora y fauna, previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

VII. La gestión integral e integrada y sustentable del agua y los recursos hídricos, incluyendo el agua potable, los bienes públicos inherentes, el drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, recuperación de cuencas hidrográficas y aprovechamiento de aguas pluviales;

VIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, incluyendo la prevención y control de la contaminación de la calidad y cantidad del agua, y de la calidad del aire y la protección de la atmósfera;

IX. La gestión integral de residuos sólidos municipales, especialmente los industriales y peligrosos , así como el establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas;

X. La prevención, adaptación, mitigación y Resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio climático;

XI. La infraestructura y equipamientos de carácter estratégico y de seguridad y salvaguarda;

XII. La conectividad y laaccesibilidad universal y la Movilidad;

XIII. La seguridad pública, y

XIV. Otras acciones que, a propuesta de la comisión de ordenamiento, se establezcan o declaren por las autoridades competentes.

Artículo 35. Para efectos del artículo anterior, la Secretaría emitirá los lineamientos a través de los cuales se establecerán los métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con políticas, directrices y acciones de interés metropolitano, cumplan con su objetivo de cobertura y guarden congruencia con los distintos niveles y ámbitos de planeación.

Capítulo Sexto Gobernanza metropolitana

Artículo 36. Para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán los mecanismos y los instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

Se fortalecerá la gobernanza urbana social económica y ambiental con instituciones sólidas y mecanismos que incluyan a los interesados de las zonas metropolitanas, y que a su vez prevean mecanismos de control adecuados y auditorías que faciliten la transparencia y una mayor previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo urbano para permitir la inclusión y cohesión social, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y la protección del medio ambiente.

La Gobernanza Metropolitana exige reactivar la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados y a largo plazo, a fin de optimizar las condiciones para el adecuado y resiliente establecimiento de los asentamientos humanos y la dimensión espacial de la configuración urbana, a fin de lograr los resultados planteados para la urbanización sostenible.

El diseño de los instrumentos para el cumplimiento y ejecución de los programas de desarrollo urbano presupone el fortalecimiento normativo, la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura institucional, la innovación y la participación social, la gobernanza de recursos naturales y cambio climático, y el combate a la corrupción en la gestión pública.

La gestión de las zonas metropolitanas o conurbaciones se efectuará a través de las instancias siguientes:

I. Una comisión de ordenamiento metropolitano o de Conurbación, según se trate, que se integrará por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales de la zona de que se trate, quienes participarán en el ámbito de su competencia para cumplir con los objetivos y principios a que se refiere esta Ley. Tendrán como atribuciones coordinar la formulación y , con las formalidades que establece la misma, dictaminar la aprobación de los programas metropolitanos, así como realizar su gestión, evaluación y cumplimiento. Esta Comisión podrá contar con subcomisiones o consejos integrados por igual número de representantes de los tres órdenes de gobierno;

II. Un consejo consultivo de desarrollo metropolitano que promoverá los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas.

Dicho Consejo se integrará con perspectiva de género, por representantes de los tres órdenes de gobierno y representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia, este último sector que deberá conformar mayoría en el consejo. Sus integrantes elegirán a quien los presida;

III. Los mecanismos de carácter técnico a cargo de las entidades federativas y municipios, bajo la figura que corresponda sesionarán permanentemente. La comisión de ordenamiento metropolitano y el consejo consultivo de Desarrollo Metropolitano que sesionarán por lo menos trimestralmente. Los instrumentos jurídicos, para su integración y funcionamiento, y su reglamento interior, estarán sujetos a lo señalado por esta Ley y la legislación estatal aplicable;

IV. Las instancias que permitan la prestación de servicios públicos comunes, y

V. Los mecanismos y fuentes de financiamiento de las acciones metropolitanas contemplando, entre otros, el fondo metropolitano.

Artículo 37. Los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones, deberán tener:

I. Congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial;

II. Un diagnóstico integral que incluya una visión holística y prospectiva de corto, mediano y largo plazo , para su integración y proceso en el programa nacional y estatal o según corresponda estatales, y en los sistemas de información y atlas territoriales respectivos;

III. Estrategias y proyectos para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana o Conurbación, que articulen los distintos ordenamientos, planes o programas de desarrollo social, económico, urbano, turístico, ambiental y de cambio climático que impactan en su territorio;

IV. La delimitación de los Centros de Población con espacios geográficos de reserva para una expansión ordenada a largo plazo, que considere estimaciones técnicas del crecimiento y el establecimiento de Reservas territoriales para la gestión y conservación de las zonas y áreas referidas en la fracción VI del artículo 34;

V. Las prioridades para la ocupación de suelo urbano vacante, la urbanización ordenada de la expansión periférica de los asentamientos humanos formales e informales y la localización adecuada con relación al área urbana consolidada de suelo apto para la urbanización progresiva;

VI. Las políticas e instrumentos para la reestructuración, localización, Mejoramiento de la infraestructura y los equipamientos del ámbito metropolitano;

VII. Las acciones y las previsiones de inversión para la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos que sean comunes a los Centros de Población de la zona conurbada;

VIII. Las acciones de Movilidad, y conectividad incluyendo los medios de transporte público masivo, los sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental;

IX. Las previsiones y acciones para mejorar las condiciones ambientales y el manejo integral de agua para asegurar su acceso limpio universal suficiente y permanente;

X. Las previsiones y acciones prioritarias para conservar, proteger, acrecenta r, creary mejorar el Espacio Público seguro, inclusivo, accesible, verde y de calidad;

XI. Las estrategias para la Conservación y el Mejoramiento de la imagen urbana y del Patrimonio Natural y Cultural;

XII. Las estrategias de seguridad, prevención del riesgo y Resiliencia, y

XIII. Metodología o indicadores para dar seguimiento y evaluar la aplicación y el cumplimiento de los objetivos del programa de la Zona Metropolitana o Conurbación.

Adicionalmente, los municipios y, en su caso, las Demarcaciones Territoriales, podrán formular y aprobar programas parciales que establecerán el diagnóstico, los objetivos y las estrategias gubernamentales para los diferentes temas o materias, priorizando los temas de interés metropolitano establecidos en esta Ley.

Artículo 38. Una vez aprobados los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones, los municipios y las Demarcaciones Territoriales respectivas, en el ámbito de sus jurisdicciones, tendrán el plazo de un año para expedir o adecuar sus planes o programas de desarrollo urbano y los correspondientes a los Centros de Población involucrados, los cuales deberán tener la debida congruencia, coordinación y ajuste con el programa de la zona metropolitana o conurbación correspondiente.

Artículo 39. Las Megalópolis o zonas metropolitanas con relaciones funcionales económicas y sociales, y con problemas territoriales y ambientales comunes, se coordinarán en las materias de interés metropolitano con la Secretaría, demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con el gobierno de las entidades federativas de las zonas metropolitanas correspondientes.

La atención y resolución de problemas y necesidades urbanas comunes a Centros de Población fronterizos con relación a localidades de otros países, se sujetarán a los tratados, acuerdos y convenios internacionales en la materia. En la atención y resolución de dichos problemas y necesidades urbanas se promoverá la participación de las entidades federativas y los municipios respectivos.

Capítulo Séptimo Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano

Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán, en apego a lo dispuesto por esta Ley, las acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa y se deberán ajustar e integrar a los programas nacional y estatal conforme la estrategia nacional, y registrar en los sistemas de información y atlas territoriales correspondientes.

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.

Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y deberán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales como: centros históricos, Movilidad, medio ambiente, conectividad, resiliencia, equilibrio ecológico, patrimonio natural y cultural, vivienda, agua y saneamiento, entre otras.

Artículo 42. Las leyes locales establecerán esquemas simplificados de planeación para las localidades menores a cincuenta mil habitantes que, en su caso, deberán tener la debida congruencia, coordinación y ajuste con planes o programas de Desarrollo Urbano elaborados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de Desarrollo Urbano y la observancia de esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano.

Artículo 44. El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta opera la afirmativa ficta.

En caso de no ser favorable, el dictamen deberá justificar de manera clara y expresa las recomendaciones que considere pertinentes para que el ayuntamiento efectúe las modificaciones correspondientes.

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.

Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano.

Artículo 46. Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia previstos en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas de riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil.

Título Quinto De las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población Capítulo ÚnicoDe las regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población

Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que ajustándose a lo previsto en esta Ley y las demás leyes reglamentarias del referido artículo constitucional y sus reglamentos,determinenlas autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.

Artículo 48. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación territorial y urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, así como las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines.

Artículo 49. Para la Fundación de Centros de Población se requiere de su declaración expresa mediante decreto expedido por la legislatura de la entidad federativa correspondiente.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo dispuesto por esta Ley ycontendrá las determinaciones sobre Provisión de tierras; ordenará la formulación del plan o programa de Desarrollo Urbano respectivo y asignará la categoría político administrativa al centro de población.

Artículo 50. La fundación de Centros de Población se preverá en la Estrategia y el Programa Nacionales y en el Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Metropolitano, y requerirá del conocimiento y la opinión del Consejo Nacional y del Local y Municipal o Municipales respectivos, así como de la evaluación y validación del Congreso de la Unión ydeberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas naturales protegidas y zonas y regiones de protección y conservación de la biodiversidad y/o de preservación y restauración ecológica, la integridad y sustentabilidad hidroecológica regional, los patrones tanto de Ocupación Territorial, como de Asentamiento Humano Rural, así como la integridad de las tierras de grupos ycomunidades indígenas.

Artículo 51. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población y establecerán la Zonificación correspondiente. Igualmente deberán especificar los mecanismos que permitan la instrumentación de sus principales proyectos, tales como constitución de Reservas territoriales, creación de infraestructura, equipamiento, servicios, usos de suelo y suelo servido, vivienda, espacios públicos, áreas verdes de uso común urbanas y periurbanas, entre otros. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para:

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de población conforme los planes de ordenación territorial integrados, equilibrados y policéntricos, que incluyan polígonos de contención, y prevean la adecuada conectividad y la eficienteestructura vial;

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano;

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector público y de concertación de acciones con los organismos de los sectores social y privado;

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público;

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población;

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radiodifusión, en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables;

VIII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento , y para asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los planes o programas de desarrollo urbano respectivos, y

IX. La prevención, vigilancia y control de los procesos de ocupación irregular de las tierras , y abatirlos mediante la oferta de tierra y su acceso formal que atienda preferentemente las necesidades de los grupos de bajos ingresos.

La legislación estatal en la materia evitará la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda.

Artículo 53. Para la ejecución de acciones de Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal en la materia establecerá las disposiciones para:

I. La protección ecológica de los Centros de Población y su crecimiento sustentable;

II. La formulación, aprobación y ejecución de programas parciales de Desarrollo Urbano;

III. La aplicación de los instrumentos que prevé esta Ley;

IV. La previsión que debe existir de áreas verdes, espacios públicos seguros y de calidad, y Espacio Edificable;

V. La preservación del Patrimonio Natural y Cultural, así como de la imagen urbana de los Centros de Población;

VI. El reordenamiento, renovación o Densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales;

VII. La dotación de espacios públicos primarios, servicios, equipamiento o infraestructura, en áreas carentes de ellas, para garantizar en éstos acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en especial para mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad;

VIII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los Centros de Población;

IX. La acción integrada del sector público que articule la regularización de la tenencia de tierra urbana con la dotación de servicios y satisfactores básicos que tiendan a integrar a la comunidad;

X. La facultad administrativa que permita la celebración de convenios entre autoridades y propietarios a efecto de motivar y fundamentar la expropiación de áreas y predios por las causas de utilidad pública previstas en esta Ley;

XI. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los Servicios Urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad universal requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos;

XII. La promoción y aplicación de tecnologías sostenibles y ambientalmente adecuadas para la mayor autosuficiencia de bienes y servicios ecosistémicos y/o ambientales y la mayor sustentabilidad y protección ambiental, incluyendo la energía inocua y la cosecha de agua en viviendas y la aplicación de azoteas o techos verdes y jardines verticales, y

XIII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de Conservación y Mejoramiento.

Artículo 54. La legislación estatal de Desarrollo Urbano deberá señalar para las acciones de Crecimiento de los Centros de Población, las disposiciones para la determinación de:

I. Las áreas de Reservas para la expansión de dichos centros, que se preverán en los planes o programas de Desarrollo Urbano , conforme la Estrategia y Programa Nacionales;

II. La participación de las autoridades locales en la incorporación de áreas o predios de la reserva de suelo;

III. Los mecanismos para la adquisición o aportación por parte de los sectores público, social y privado de predios ubicados en las áreas a que se refieren las fracciones anteriores, a efecto de satisfacer oportunamente las necesidades de tierra para el Crecimiento de los Centros de Población, y

IV. La previsión que debe existir de suficientes áreas verdes de uso común tanto urbanas como periurbanas,espacios públicos y Espacio Edificable.

Artículo 55. Las áreas consideradas como no urbanizables en los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, de conurbaciones o de zonas metropolitanas, sólo podrán utilizarse de acuerdo a su vocación natural de carácter agropecuario, forestal o ambiental, en los términos que determinan esta Ley , las demás leyes reglamentarias del artículo 27 Constitucional y otras leyes aplicables.

Las tierras agrícolas, pecuarias y silvícolas o forestales, las zonas de Patrimonio Natural y Cultural, así como las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse en dichas actividades o fines de acuerdo con la legislación en la materia y con la ordenación territorial y las estrategias nacionales aplicables.

Artículo 56. Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de acción o aprovechamiento urbano fuera de los límites de un centro de población, que no cuente con un plan o programa de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigente, o de aquellos proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o introducción de obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria, se requerirá la aprobación de la creación de un nuevo centro de población o la modificación previa del plan o programa municipal o de centro de población que corresponda, cumpliendo con el procedimiento establecido en la legislación aplicable.

En todo caso, las obras de cabeza o redes de infraestructura del proyecto correrán a cargo del propietario o promovente. En el caso de fraccionamientos o conjuntos urbanos, además deberán asumir el costo de las obras viales y sistemas de Movilidad necesarias para garantizar la conectividad entre la Acción Urbanística de que se trate y el centro de población más cercano, en dimensión y calidad tales, que permita el tránsito de transporte público que se genere.

Los programas a que se refiere el párrafo primero, deberán contar con un dictamen de congruencia emitido por la dependencia de la entidad federativa competente en materia de Desarrollo Urbano, en el que se establecerá que las obras de infraestructura, así como las externalidades negativas que genere, serán a cuenta del interesado.

Las leyes estatales deberán prever que la emisión del dictamen a que hace referencia este artículo tenga un tiempo de respuesta máximo por parte de la autoridad y que en caso de que el dictamen sea negativo se deberá fundar y motivar.

Los nuevos fraccionamientos o conjuntos urbanos deberán respetar y conectarse a la estructura vial existente.

Cuando se inicien obras que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, podrán ser denunciadas por cualquier persona interesada y serán sancionadas con la clausura de las mismas, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.

Artículo 57. La legislación local en la materia, deberá contener las especificaciones a fin de garantizar que se efectúen las donaciones y cesiones correspondientes a vías públicas locales, equipamientos y espacios públicos que se requieran para el desarrollo y buen funcionamiento de los Centros de Población, en favor de las entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales en localización, superficie y proporción adecuadas, así como, para asegurar la factibilidad, sustentabilidad y prestación de los servicios públicos, el diseño y construcción de una red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la Movilidad y el desarrollo de infraestructura.

Asimismo se deberá establecer la obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las leyes estatales y federales, así como, de las normas para el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público, en particular, las afectaciones y Destinos para construcción de infraestructura vial, equipamientos y otros servicios de carácter urbano y metropolitano de carácter público.

Para acciones urbanísticas que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o para la subdivisión o parcelación de la tierra, las autoridades locales deberán asegurarse de que existe congruencia con las normas de Zonificación y planeación urbana vigentes, la viabilidad y factibilidad para brindar los servicios públicos y extender o ampliar las redes de agua, drenaje, energía, alumbrado público y el manejo de desechos sólidos de manera segura y sustentable, sin afectar los asentamientos colindantes, sin ocupar áreas de riesgo o no urbanizables y garantizando la suficiencia financiera para brindar los servicios públicos que se generen.

Artículo 58. La legislación local preverá los mecanismos que garanticen procesos de información pública, transparencia y rendición de cuentas en la administración y otorgamiento de las autorizaciones, permisos y licencias de las acciones urbanísticas.

Una vez ejecutadas y recibidas por las autoridades competentes las obras de que se trate, correrá a cargo de los gobiernos federal, de las entidades federativas o municipal, según sus atribuciones, la administración, mantenimiento y prestación de los servicios públicos correspondientes.

Las autoridades de las entidades federativas y de los municipales no autorizarán conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales fuera de las áreas definidas como urbanizables.

Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.

La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo conforme la estrategia nacional, deberá establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia con los programas metropolitanos en su caso, en la que se determinarán:

I. Las áreas que integran y delimitan los Centros de Población, previendo las secuencias y condicionantes del Crecimiento de la ciudad;

II. Las áreas de valor ambiental y de alto riesgo no urbanizables, localizadas en los Centros de Población;

III. La red de vialidades primarias que estructure la conectividad, la Movilidad y la accesibilidad universal, así como a los espacios públicos y equipamientos de mayor jerarquía;

IV. Las zonas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población;

V. La identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y ampliación del Espacio Público, así como para la protección de los derechos de vía;

VI. Las Reservas territoriales, priorizando las destinadas a la urbanización progresiva en los Centros de Población;

VII. Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o adecuación de Destinos específicos tales como para vialidades, parques, plazas, áreas verdes o equipamientos que garanticen las condiciones materiales de la vida comunitaria y la Movilidad;

VIII. La identificación y medidas para la protección de las zonas de salvaguarda y derechos de vía, especialmente en áreas de instalaciones de riesgo o sean consideradas de seguridad nacional, compensando a los propietarios afectados por estas medidas, y

IX. La identificación y medidas para la protección de los polígonos de amortiguamiento industrial que, en todo caso, deberán estar dentro del predio donde se realice la actividad sin afectar a terceros. En caso de ser indispensable dicha afectación, se deberá compensar a los propietarios afectados.

La Zonificación Secundaria se establecerá en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:

Primero. En las Zonas de Conservación se regulará la mezcla de Usos , aprovechamiento, protección y/o preservación, y restauración en su caso,del suelo y sus actividades conforme la legislación aplicable en la materia, y

Segundo. En las zonas que no se determinen de Conservación:

a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad;

b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad.

Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del suelo, y

c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.

Artículo 60. La legislación local, en las materias objeto de esta Ley, establecerá los requisitos para las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los siguientes términos:

I. Los municipios deberán hacer públicos todos los requisitos en forma escrita y, cuando sea posible a través de tecnologías de la información;

II. Deberá establecer el tiempo de respuesta máximo por parte de las autoridades a las diferentes solicitudes;

III. Las respuestas a las solicitudes deben ser mediante acuerdo por escrito;

IV. En los casos en que no proceda la autorización se deberá motivar y fundamentar en derecho las causas de la improcedencia en el acuerdo respectivo;

V. Deberá considerar expresamente la aplicación de negativas fictas, para los casos en que la autoridad sea omisa en el tiempo de resolución de las solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad que por esta omisión recaiga sobre los servidores públicos;

VI. Deberá definir los medios e instancias de impugnación administrativa y judicial que, en su caso, procedan;

VII. Deberá definir los casos y condiciones para la suspensión y clausura de las obras en ejecución, que, en todo caso, deberán ser producto de resolución judicial;

VIII. Deberá definir los casos y condiciones para la revocación de autorizaciones ;

IX. La simplificación de las autorizaciones, permisos o licencias de las autoridades locales atenderán las recomendaciones que se emitan en términos del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusió n;

X. Deberá actualizar los procedimientos y trámites administrativos en materia de desarrollo urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación de vivienda, y

XI. Deberá prever mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura resiliente y sustentable, equipamiento y servicios urbanos integrados, así como la edificación o mejoramiento de vivienda.

Artículo 61. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas como Reservas y Destinos en los planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento previsto en dichos planes o programas.

Las áreas que conforme a los programas de Desarrollo Urbano municipal queden fuera de los límites de los Centros de Población, quedarán sujetas a las leyes en materia de desarrollo sostenido, del equilibrio ecológico y protección al ambiente, protección civil, desarrollo agrario y de propiedad rural y otras aplicables.

Artículo 62. El aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los Centros de Población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del Asentamiento Humano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley Agraria y sus Reglamentos en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, y en materia de ordenamiento de la propiedad rural, así como en la legislación estatal de Desarrollo Urbano, en los planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables, así como en las Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios.

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales correspondientes, de acuerdo a esta Ley , en apego a la legislación agraria aplicable, para la mayor certeza y seguridad jurídica de los actos y acuerdos de la Asamblea de los núcleos agrarios y de sus inscripciones en el Registro Agrario Nacional y los registros públicos de propiedad correspondientes. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

El Registro Agrario Nacional y los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas no podrán inscribir título alguno de dominio pleno, de cesión de derechos parcelarios o cualquier otro acto tendiente al fraccionamiento, subdivisión, parcelamiento o pulverización de la propiedad sujeta al régimen agrario, que se ubique en un centro de población, si no cumple con los principios, definiciones y estipulaciones de esta Ley y de las establecidas en la Ley Agraria, así como no contar con las autorizaciones expresas a que alude el párrafo anterior.

Los notarios públicos no podrán dar fe ni intervenir en ese tipo de operaciones, a menos de que ante ellos se demuestre que se han otorgado las autorizaciones previstas en este artículo.

Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

Título SextoResiliencia Urbana Capítulo ÚnicoDe la Resiliencia Urbana, Prevención y Reducción de Riesgos en los Asentamientos Humanos

Artículo 64. La legislación local establecerá, conforme al Marco Internacional y Nacional sobre la materia, estrategias de Reducción yGestión Integral de Riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de Asentamientos Humanos, así como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la recuperación. En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades y a la población incrementar su Resiliencia.

Artículo 65. Las normas del presente capítulo son obligatorias para todas las personas, físicas y morales, públicas o privadas y tienen por objeto establecer las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificación de obras de infraestructura, Equipamiento Urbano y viviendas, en zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, a fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para mitigar los impactos y costos económicos y sociales en los Centros de Población.

Artículo 66. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo conforme a los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial aplicables, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a Usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de las disposiciones de esta Ley, la Ley General de Protección Civil y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

Artículo 67. Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, cuando no exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de prevención de riesgo, tomando en cuenta su escala y efecto:

I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria;

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;

IV. Los equipamientos de propiedad pública donde se brinden servicios de salud, educación, seguridad, transporte y abasto, y

V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles.

Los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría.

Las autorizaciones para el Crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios, y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o Asentamientos Humanos en zonas de alto riesgo que no hubieran tomado medidas de mitigación previas. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.

Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de Desarrollo Urbano y ordenación territorial para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable o de alto riesgo se clasifiquen como no urbanizables o con usos compatibles con dicha condición.

Artículo 68. Es obligación de las autoridades federales, estatales o municipales asegurarse, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos ambientales del cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos.

La legislación estatal contendrá las normas a fin de garantizar la seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los Asentamientos Humanos.

Todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o parcelación de la tierra, para el cambio de Usos del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental, las autoridades federales, estatales o municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes.

Artículo 69. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley General de Protección Civil establecen.

La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y manuales para fortalecer los procesos de Resiliencia urbana y para las zonas metropolitanas. Asimismo, promoverá en las entidades federativas y en los municipios, la elaboración de protocolos ante desastres naturales y guías de Resiliencia urbana y metropolitana que permitan la identificación de riesgos y la previsión de acciones y recursos para la recuperación de contingencias catastróficas, en base a los Atlas Territoriales, sus registros e inscripciones en los sistemas de información territorial, e inserción en las estrategias nacionales, así como la inclusión de los demás procesos y normas en materia de protección civil.

Título SéptimoDe la Movilidad Capítulo Único De la Movilidad

Artículo 70. Para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos y su conectividad, las políticas de Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus Centros de Población.

Las políticas y programas para la Movilidad será parte del proceso de planeación de los Asentamientos Humanos.

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada;

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios;

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento;

IV. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas en la materia;

V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público;

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes;

VII. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad;

VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;

IX. Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de mecanismos para el financiamiento de la operación del trasporte público;

X. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes automovilísticos, que desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y

XI. Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad institucional, entendida esta última, como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines.

Artículo 72. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la Movilidad, mediante:

I. El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de Movilidad, incorporando entre otras, la perspectiva de género;

II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos motorizados, entre otros, y

III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad.

Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.

Título Octavo Instrumentos Normativos y de Control Capítulo Único Regulación del Espacio Público

Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para todo tipo de usos y para la Movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, por lo que en los procesos de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los Centros de Población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos seguros inclusivos accesibles sostenibles integradores verdes y de calidad, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.

Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y de zonas metropolitanas definirán la dotación de Espacio Público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables. Privilegiarán la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de conectividad entre vialidades que propicien la Movilidad; igualmente, los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera que cada colonia, Barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas mencionadas.

Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano incluirán los aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público seguro, inclusivo, accesible, sostenible, integrador, verde y de calidad, contemplando la participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar las prioridades y los proyectos sobre Espacio Público y para dar seguimiento a la ejecución de obras, la evaluación de los programas y la operación y funcionamiento de dichos espacios y entre otras acciones, las siguientes:

I. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los espacios públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, atendiendo las normas nacionales en la materia;

II. Crear y defender el Espacio Público, la calidad de su entorno y las alternativas para su expansión;

III. Definir las características del Espacio Público y el trazo de la red vial de manera que ésta garantice la conectividad adecuada para la Movilidad y su adaptación a diferentes densidades en el tiempo;

IV. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos de interés público o social en cada Barrio con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros docentes y de salud, Espacios Públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, respetando las normas y lineamientos vigentes, y

V. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la ocupación del espacio público, que únicamente podrá ser de carácter temporal y uso definido.

Los municipios serán los encargados de velar, vigilar y proteger la seguridad, integridad y calidad del espacio público.

Artículo 75. El uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público se sujetará a lo siguiente:

I. Prevalecerá el interés general sobre el particular;

II. Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute;

III. Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de todas las personas, promoviendo espacios públicos que sirvan como transición y conexión entre barrios y fomenten la pluralidad y la cohesión social;

IV. En el caso de los bienes de dominio público, éstos son inalienables;

V. Se deberá mantener el equilibrio entre las áreas verdes tanto al interior como periféricas de los centros de población, y la construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo los estándares internacionales y las normas nacionales en la materia;

VI. Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no podrán ser destinados a otro uso;

VII. Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del Espacio Público solo confiere a sus titulares el derecho sobre la ocupación temporal y para el uso definido;

VIII. Se promoverá la adecuación de los reglamentos municipales que garanticen comodidad y seguridad en el Espacio Público, sobre todo para los peatones, con una equidad entre los espacios edificables y los no edificables;

IX. Se deberán definir los instrumentos, públicos o privados, que promuevan la creación de espacios públicos de dimensiones adecuadas para integrar barrios, de tal manera que su ubicación y beneficios sean accesibles a distancias peatonales para sus habitantes;

X. Se establecerán los lineamientos para que el diseño y traza de vialidades en los Centros de Población asegure su continuidad, procurando una cantidad mínima de intersecciones, que fomente la Movilidad, de acuerdo a las características topográficas y culturales de cada región;

XI. Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la calidad formal e imagen urbana, la Conservación de los monumentos y el paisaje y mobiliario urbano, y

XII. En caso de tener que utilizar suelo destinado a Espacio Público para otros fines, la autoridad tendrá que justificar sus acciones para dicho cambio en el uso de suelo, además de sustituirlo por otro de características, ubicación y dimensiones similares.

Los municipios vigilarán y protegerán la seguridad, integridad, calidad, mantenimiento y promoverán la gestión del Espacio Público con cobertura suficiente.

Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier acción que atente contra la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute del Espacio Público.

Artículo 76. Las leyes locales establecerán las disposiciones tendientes a que los planes y programas de Desarrollo Urbano que implementen acciones de Densificación, garanticen una dotación suficiente de espacios públicos por habitante y conectividad con base en las normas aplicables, por medio de la adquisición y habilitación de espacios públicos adicionales a los existentes dentro del polígono sujeto a Densificación.

Igualmente establecerán que los predios que con base en la normatividad aplicable, los fraccionadores y desarrolladores estén obligados a ceder al municipio para ser destinados a áreas verdes y equipamientos, no puedan ser residuales, estar ubicados en zonas inundables o de riesgos, o presentar condiciones topográficas más complicadas que el promedio del fraccionamiento o conjunto urbano.

Título NovenoGestión e Instrumentos de Suelo para el Desarrollo Urbano Capítulo PrimeroDe las Reservas Territoriales

Artículo 77. De conformidad con la Estrategia Nacional, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la vivienda, con objeto de:

I. Establecer una política integral de suelo urbano y Reservas territoriales, mediante la planeación demográfica y la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el Desarrollo Urbano y la vivienda;

II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el Desarrollo Urbano y la vivienda;

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de suelo con infraestructura y servicios, terminados o progresivos, que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;

IV. Garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño y construcción de una red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la Movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana;

V. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes Usos del suelo y Destinos que determinen los planes o programas de Desarrollo Urban o;

VI. Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de Desarrollo Urbano , y

VII. Mejorar y fortalecer las condiciones de gobernabilidad y gobernanza de los recursos hídricos, la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y saneamiento básico, y el apoyo objetivo y bien sustentado a la población en el mejoramiento integral de la gestión del agua en los asentamientos humanos y en el campo.

Artículo 78. Para los efectos del artículo anterior, la Federación por conducto de la Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios y, en su caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán:

I. Los requerimientos de suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la vivienda, conforme a las definiciones y prioridades contenidas en esta Ley y a lo previsto en los planes o programas en la materia;

II. Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el Desarrollo Urbano y la vivienda;

III. Las acciones e inversiones a que se comprometan la Federación, las entidades federativas, los municipios, las Demarcaciones Territoriales y, en su caso, los sectores social y privado, cuidando siempre la distribución equitativa de cargas y beneficios;

IV. Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la vivienda;

V. Los subsidios, de carácter general y temporal, así como los financiamientos para la adquisición de Reservas;

VI. Los mecanismos para articular la utilización de suelo y Reservas territoriales o, en su caso, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos;

VII. Las medidas que propicien el aprovechamiento prioritario de áreas y suelo urbano vacante, y subutilizados dentro de los Centros de Población y que cuenten con infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos;

VIII. Los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de Desarrollo Urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación de vivienda, y

IX. Los mecanismos e instrumentos para la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, así como para la edificación o Mejoramiento de vivienda.

Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I. La transferencia, enajenación o Destino de terrenos de propiedad federal para el Desarrollo Urbano y la vivienda, a favor de las entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios, de las Demarcaciones Territoriales, de las organizaciones sociales y de los promotores privados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, sujetándose a lo dispuesto en esta Ley y la legislación agraria.

Capítulo Segundo Regulaciones para el Suelo Proveniente del Régimen Agrario

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá observar las disposiciones aplicables en la materia ycumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o programa de Desarrollo Urbano;

II. Las áreas o predios que se incorporen deberán cumplir lo establecido en la definición de Área Urbanizable contenida en el artículo 3 de esta Ley;

III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, así como para la construcción de vivienda, y

IV. Los demás que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se deriven de los convenios o acuerdos correspondientes.

Artículo 81. En los casos de suelo y Reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo de acciones habitacionales de interés social y popular, provenientes del dominio federal, la enajenación de predios que realicen la Federación, las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y de las Demarcaciones Territoriales, o sus entidades paraestatales, estará sujeta a la legislación aplicable en materia de vivienda.

Capítulo Tercero Regularización Territorial

Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano aplicable;

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de forma pacífica , continua, pública y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.

Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y comuneros.

Capítulo Cuarto Del Derecho de Preferencia

Artículo 84. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, tendrán en los términos de las leyes federales y locales correspondientes, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva territorial, para destinarlos preferentemente a la constitución de Espacio Público, incluyendo el suelo urbano vacante dentro de dicha reserva, señaladas en los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso.

Para tal efecto, los propietarios de los predios, los notarios públicos, los jueces y las autoridades administrativas respectivas, deberán notificarlo a la Secretaría, a la entidad federativa, al municipio y a la Demarcación Territorial correspondiente, dando a conocer el monto de la operación, a fin de que en un plazo de treinta días naturales, ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago respectivo.

La federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, deberán establecer mecanismos expeditos, simplificados y tiempos límite para manifestar su interés en ejercer el derecho a que alude este artículo.

Capítulo Quinto Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios

Artículo 85. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables.

En la legislación estatal en la materia, se establecerán los mecanismos de adquisición directa por vías de derecho público o privado o mediante enajenación en subasta pública del suelo comprendido en la declaratoria, para los casos en que los propietarios no tengan capacidad o se nieguen a ejecutar las acciones urbanísticas señaladas en los plazos establecidos, asegurando el desarrollo de los proyectos.

Igualmente se declararán, en su caso, polígonos de contención para las expansiones urbanas que signifiquen riesgo en la población por factores hidrometeorológicos y geológicos, o riesgos de deterioro o impacto ambiental en suelos, ecosistemas y áreas de vocación ecológica y/o en el patrimonio natural y cultural.

Capítulo Sexto Reagrupamiento de Predios2

Artículo 86. Para la ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, podrán promover ante propietarios e inversionistas la integración de la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de predios, en los términos de las leyes locales relativas. Los predios reagrupados podrán conformar polígonos de actuación a fin de lograr un Desarrollo Urbano integrado y podrán aprovechar los incentivos y facilidades contempladas en esta Ley para la ocupación y aprovechamiento de terrenos nacionales, áreas, polígonos y predios baldíos, subutilizados y ociosos. Una vez ejecutada la Acción Urbanística, los propietarios e inversionistas procederán a recuperar la parte alícuota que les corresponda, pudiendo ser en tierra, edificaciones o en numerario, de acuerdo a los convenios que al efecto se celebren.

Artículo 87. El reagrupamiento de predios a que alude el artículo anterior, se sujetará a las siguientes normas:

I. Cumplir con las determinaciones del plan de Desarrollo Urbano y contar con un dictamen de impacto urbano, previa la evaluación de su impacto ambiental;

II. La administración y desarrollo de los predios reagrupados se realizará mediante fideicomiso o cualquier otra forma de gestión o instrumento legal que garantice la certeza de los actos y la seguridad jurídica en la tenencia y la propiedad territorial yla distribución equitativa de beneficios y cargas que se generen, la factibilidad financiera de los proyectos y la transparencia en su administración;

III. La habilitación con infraestructura primaria y, en su caso, la urbanización y la edificación se llevará a cabo bajo la responsabilidad del titular de la gestión común;

IV. Sólo podrán enajenarse los predios resultantes una vez que hayan sido construidas las obras de habilitación con infraestructura primaria, salvo en los casos en que se trate de proyectos progresivos autorizados con base en la legislación vigente, y

V. La distribución de cargas y beneficios económicos entre los participantes se realizará con base en un estudio de factibilidad financiera, que formulará el promovente del reagrupamiento de predios.

Título DécimoInstrumentos para el Financiamiento del Desarrollo Urbano Capítulo Primero Disposición General

Artículo 88. En términos de las leyes locales y federales aplicables, y sin perjuicio de lo previsto por la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponderá a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno la aplicación de mecanismos financieros y fiscales que permitan que los costos de la ejecución o introducción de infraestructura primaria, servicios básicos, otras obras y acciones de interés público urbano se carguen de manera preferente a los que se benefician directamente de los mismos. Así como aquellos que desincentiven la existencia de predios vacantes y subutilizados que tengan cobertura de infraestructura y servicios. Para dicho efecto, realizará la valuación de los predios antes de la ejecución o introducción de las infraestructuras, para calcular los incrementos del valor del suelo sujetos a imposición fiscal.

Artículo 89. Los mecanismos a que alude el artículo anterior atenderán a las prioridades que establece la Estrategia Nacional y los planes y programas de Desarrollo Urbano aplicables, y podrán dirigirse a:

I. Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos intermunicipales y de Movilidad urbana sustentable;

II. Apoyar o complementar a los municipios o a los organismos o asociaciones intermunicipales, mediante el financiamiento correspondiente, el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos o proyectos en las materias de interés para el desarrollo de las zonas metropolitanas o conurbaciones definidas en esta Ley, así como de los proyectos, información, investigación, consultoría, capacitación, divulgación y asistencia técnica necesarios de acuerdo a lo establecido en esta Ley, y

III. Apoyar y desarrollar programas de regularización de la propiedad y tenencia del suelo urbano y rural, su actualización catastral y registral, así como programas de adquisición, habilitación y venta de suelo para lograr zonas metropolitanas o conurbaciones más organizadas y compactas, y para atender las distintas necesidades del Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo establecido para ello en esta Ley y bajo la normatividad vigente para los fondos públicos.

Capítulo Segundo Programas Territoriales Operativos

Artículo 90. Los programas territoriales operativos tienen como ámbito espacial un municipio, varios municipios interrelacionados, un sistema urbano rural funcional, o la agrupación de varios Sistemas Urbano Rurales.

Artículo 91. Los propósitos fundamentales de estos programas son:

I. Impulsar en un territorio común determinado, estrategias intersectoriales integradas de ordenamiento territorial o Desarrollo Urbano, en situaciones que requieren de acciones prioritarias y/o urgentes;

II. Plantear secuencias eficaces de acción en el tiempo y de ubicación en el territorio, que incluyan programas y proyectos estratégicos, y un esquema efectivo de financiamiento;

III. Dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a estos programas y proyectos.

Estos programas que serán formulados por la Secretaría, en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios correspondientes al territorio determinado, serán la guía para la concentración de acciones e inversiones intersectoriales de los tres órdenes de gobierno.

Título Décimo Primero Instrumentos de Participación Democrática y Transparencia Capítulo Primero De la Participación Ciudadana y Social

Artículo 92. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, promoverán la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

Artículo 93. Las autoridades deberán promover la participación social y ciudadana, según corresponda, en al menos las materias siguientes:

I. La formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes o programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones, así como en aquellos mecanismos de planeación simplificada, en los términos de esta Ley;

II. La supervisión del financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos;

III. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos;

IV. La ejecución de acciones y obras urbanas para el Mejoramiento y Conservación de zonas populares de los Centros de Población y de las comunidades rurales e indígenas;

V. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población;

VI. La preservación del ambiente en los Centros de Población;

VII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los Centros de Población, y

VIII. La participación en los procesos de los Observatorios ciudadanos.

Capítulo Segundo Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 94. Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de planeación urbana y Zonificación que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de informar con oportunidad y veracidad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar las formas de organización social, de conformidad con la legislación correspondiente aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por su parte, es obligación de las autoridades difundir y poner a disposición para su consulta en medios remotos y físicos la información relativa a los planes y programas de ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aprobados, validados y registrados, así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y proyectos en la materia, resguardando en su caso los datos personales protegidos por las leyes correspondientes.

Artículo 95. Las autoridades de planeación, en colaboración con los organismos de transparencia y acceso a la información, generarán políticas o programas para brindar información y en medios físicos y remotos en aquellos polígonos en los que se otorguen autorizaciones, permisos y licencias urbanísticas. Deberán privilegiar la oportunidad de la información y el impacto esperado de autorizaciones, permisos y licencias. La publicación en medios físicos deberá realizarse en ámbitos de concurrencia pública, como escuelas, bibliotecas, mercados, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de integrar, para consulta pública de todo interesado en el desarrollo urbano, la plataforma nacional de seguimiento a la obra pública y gasto del presupuesto referida en el inciso d) del artículo 29.

Capítulo Tercero Desarrollo institucional

Artículo 96. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, promoverán programas de capacitación para los servidores públicos en la materia de esta Ley.

Se promoverá: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, como principios del servicio público.

Se promoverá programas permanentes de capacitación en las materias de esta Ley.

La Secretaría establecerá los lineamientos para la certificación de especialistas en gestión territorial, que coadyuven y tengan una participación responsable en el proceso de evaluación del impacto territorial, así como en otros temas para el cumplimiento y aplicación del presente ordenamiento.

Se impulsarán programas y apoyos para la mejora regulatoria en la administración y gestión del Desarrollo Urbano que propicien la uniformidad en trámites, permisos y autorizaciones en la materia, para disminuir sus costos, tiempos e incrementar la transparencia. Igualmente fomentará la adopción de tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos que se relacionen con la gestión y administración territorial y los servicios urbanos.

Capítulo Cuarto Sistema de Información Territorial y Urbano

Artículo 97. Se crea el sistema de información territorial y urbano, el cual tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano, estará disponible para su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros registros e inventarios sobre el territorio y los demás instrumentos de ordenación y ordenamiento territoriales referidos en esta Ley.

Este sistema referido en el párrafo anterior y la referida plataforma nacional de seguimiento a la obra pública y gasto del presupuesto, formarán parte de la Plataforma Nacional de Información, a cargo de la Secretaría, por lo que deberá permitir el intercambio e interoperabilidad de la información e indicadores que produzcan las autoridades de los tres órdenes de gobierno e instancias de gobernanza metropolitana, relacionada con los planes y programas federales, estatales y municipales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, así como lo relativo a los zonas metropolitanas, incluyendo las acciones, obras e inversiones en el territorio. El Sistema de Información Territorial y Urbano tendrá la función de ofrecer la información oficial al nivel de desagregación y escala que se requiera.

Asimismo, se incorporarán a dicho sistema de información territorial y urbano, los informes y documentos relevantes derivados de actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier índole en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.

Para ello, será obligatorio para todas las autoridades federales, estatales, municipales y de las Demarcaciones Territoriales, proporcionar copia de dichos documentos una vez que sean aprobados por la instancia que corresponda. Celebrará acuerdos y convenios con las asociaciones, instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, a fin de que aporten la información que generan.

Artículo 98. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán incorporar en sus informes de gobierno anuales, un rubro específico relacionado con el avance en el cumplimiento de los planes y programas de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, así como en la ejecución de los proyectos, obras, inversiones y servicios planteados en los mismos.

Capítulo Quinto Observatorios Ciudadanos

Artículo 99. Los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales, promoverán la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión pública.

Los observatorios tendrán a su cargo las tareas de analizar la evolución de los fenómenos socioespaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de información geográfica de sus resultados e impactos.

Artículo 100. Para apoyar el funcionamiento de los observatorios, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal, municipal y de las Demarcaciones Territoriales:

I. Proporcionarles la información asequible sobre el proceso de Desarrollo Urbano y el ordenamiento territorial, así como de los actos administrativos y autorizaciones que afecten al mismo;

II. Promover, desarrollar y difundir investigaciones, estudios, diagnósticos y propuestas en la materia;

III. Mejorar la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación de políticas urbanas;

IV. Estimular procesos de consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar las necesidades de información;

V. Ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas;

VI. Proveer información y análisis a todos los interesados para lograr una participación más efectiva en la toma de decisiones sobre Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial;

VII. Compartir información y conocimientos con todos los interesados en el Desarrollo Urbano y el ordenamiento del territorio, y

VIII. Garantizar la interoperabilidad y la consulta pública remota de los sistemas de información.

Las entidades federativas establecerán las regulaciones específicas a que se sujetará la creación y operación de observatorios urbanos y para el ordenamiento territorial con base en esta Ley.

Título Décimo Segundo Instrumentos de Fomento Capítulo ÚnicoDel Fomento al Desarrollo Urbano

Artículo 101. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, sujetos a disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para:

I. La aplicación de los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana;

II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos para el Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana;

III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de Centros de Población;

IV. La canalización de inversiones para constituir Reservas territoriales, así como para la introducción o mejoramiento de infraestructura, equipamiento, espacios públicos y Servicios Urbanos;

V. La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, espacios públicos, equipamiento y Servicios Urbanos, generadas por las inversiones y obras;

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población;

VII. La simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la ejecución de acciones e inversiones de Desarrollo Urbano;

VIII. El fortalecimiento de las administraciones públicas estatales y municipales para el Desarrollo Urbano;

IX. La modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria en los Centros de Población;

X. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales en materia de Desarrollo Urbano;

XI. El impulso a las tecnologías de información y comunicación, educación, investigación y capacitación en materia de Desarrollo Urbano;

XII. La aplicación de tecnologías que preserven y restauren el equilibrio ecológico, protejan al ambiente, impulsen las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización;

XIII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los Servicios Urbanos que requiera toda la población en condición de vulnerabilidad, así como de los sistemas de Movilidad, que promuevan la cohesión social y la inclusión, y

XIV. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad para garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, incluidas calles, aceras y carriles para ciclistas, accesos para discapacitados, plazas, paseos, jardines y parques, que sean zonas multifuncionales para la interacción social el esparcimiento y la inclusión.

Artículo 102. Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones en materia financiera, las entidades federativas y municipios, para estar en posibilidad de ser sujetos de financiamiento para el desarrollo de los proyectos que incidan en el ámbito de competencia de la presente Ley, deberán cumplir con lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como presentar a las instituciones de crédito el instrumento expedido por la autoridad competente, a través del cual se determine que el proyecto cumple con la legislación y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano.

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan, en su caso, con lo dispuesto en esta Ley y en las demás aplicables en la materia. Para el despliegue, instalación, construcción, mantenimiento y modificación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, se coordinarán con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 103. La planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente ordenamiento, así como a los planes y programas de ordenamiento territorial, de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

Título Décimo Tercero De la Denuncia Ciudadana y las Sanciones Capítulo Primero De la Denuncia Ciudadana

Artículo 104. Las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, promoverán mecanismos de contraloría o vigilancia social, donde participen los vecinos, usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas y los institutos y observatorios, en el cumplimiento y ejecución de normas oficiales mexicanas, de los planes y programas a que se refiere esta Ley, aplicando los principios establecidos en ésta, y en su caso denunciando ante la instancia de procuración de ordenamiento territorial cualquier violación a la normatividad aplicable.

Artículo 105. Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante la instancia de procuración de ordenamiento territorial u otras autoridades locales todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de esta Ley, las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los planes o programas a que se refiere esta Ley. Igualmente tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes y solicitar ser representados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que corresponda.

Artículo 106. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito o en medio electrónico y contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

No se admitirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Artículo 107. Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos denunciados, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que la autoridad les formule en tal sentido.

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo comunicarán a la autoridad competente. En este supuesto, dicha autoridad deberá manejar la información proporcionada bajo la más estricta confidencialidad.

Artículo 108. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que cause daños o efectos negativos al ordenamiento territorial, Asentamientos Humanos o al Desarrollo Urbano, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las leyes estatales, las normas oficiales mexicanas o a los planes y programas de la materia se hubieren ocasionado daños o perjuicios, las personas interesadas podrán solicitar a la autoridad competente, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio.

Sin perjuicio de las sanciones e infracciones que procedan por deterioro o daño ambiental conforme la legislación sobre la materia, la legislación estatal establecerá el régimen de responsabilidades y de reparación de daños aplicable a toda persona que cause perjuicios o efectos negativos al ordenamiento territorial, a los Asentamientos Humanos, al Desarrollo Urbano o a sus infraestructuras, edificaciones e instalaciones.

Capítulo Segundo Del Régimen Sancionatorio y de Nulidades

Artículo 109. La violación a esta Ley, a las leyes estatales en la materia y a los planes o programas a que se refiere este ordenamiento, por parte de cualquier servidor público, dará origen a la responsabilidad y sanciones, en los términos que establece la legislación en la materia.

Artículo 110. No surtirán efectos los actos, convenios, contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta Ley, la legislación estatal en la materia y los planes o programas a que se refiere este ordenamiento.

Artículo 111. Serán de nulidad los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que:

I. Contravengan las disposiciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano en cualquiera de sus modalidades, así como a las Provisiones, Usos de suelo, Reservas o Destinos que establezcan;

II. No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o permisos para la Acción Urbanística que proceda, y

III. Los actos jurídicos de traslación de dominio que se realicen sin respetar el derecho de preferencia a que se refiere el artículo 84 de esta Ley.

La nulidad a que se refiere este artículo, será declarada por las autoridades competentes. Dicha nulidad podrá ser solicitada por la instancia de procuración de justicia mediante el ejercicio de la denuncia popular o a través de los procedimientos administrativos regulados en la legislación local.

Artículo 112. Los notarios y demás fedatarios públicos con facultades para ello, podrán autorizar definitivamente el instrumento público correspondiente a actos, convenios o contratos relacionados con la propiedad, posesión o derechos reales, en regímenes de derecho privado, público o social, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación con la utilización o disposición de áreas o predios, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la legislación agraria, y laestatal de Desarrollo Urbano y otras disposiciones jurídicas aplicables; mismas que deberán ser señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos.

Asimismo, tendrán la obligación de insertar en las escrituras de transmisión de propiedad en que intervengan, cláusula especial en la que se hagan constar, las obligaciones de respetar los planes o programas a los que se refiere esta Ley, en especial el uso o destino del predio objeto de tales actos, y el respeto a la definición de Área Urbanizable.

Artículo 113. No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido en los planes o programas de Desarrollo Urbano.

No podrá inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación en los registros públicos de la propiedad o en los catastros, que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación de Desarrollo Urbano y en los planes o programas aplicables en la materia.

Los certificados parcelarios otorgados por el Registro Agrario Nacional o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de predios de ejidos o comunidades, deberán contener las cláusulas relativas a la utilización de áreas y predios establecidos en los planes o programas de Desarrollo Urbano vigentes y aplicables a la zona respectiva.

Artículo 114. Las inscripciones de los registros públicos de la propiedad, así como las cédulas catastrales, deberán especificar en su contenido los datos precisos de la Zonificación, limitaciones, restricciones y reglas de aprovechamiento contenidas en los planes y programas de Desarrollo Urbano que apliquen a la propiedad inmobiliaria.

Artículo 115. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sujetarán la ejecución de sus programas de inversión y de obra a las políticas de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y a los planes o programas de Desarrollo Urbano.

Artículo 116. Las autoridades que expidan los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los derivados de éstos, que no gestionen su inscripción; así como las y los jefes de las oficinas de registro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 117. En el supuesto de que no se atiendan las recomendaciones a que se refiere esta Ley, la Secretaría podrá hacer del conocimiento público su incumplimiento y, en su caso, aplicar las medidas correctivas que se hayan establecido en los convenios o acuerdos respectivos y que se deriven de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 118. Quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de Población, autoricen indebidamente el Asentamiento Humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de contención, protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de Área Urbanizable contenida en este ordenamiento se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

Artículo 119. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación de resguardar los expedientes de las autorizaciones y procedimientos administrativos donde intervengan en materia del Desarrollo Urbano, así como proporcionar la información correspondiente a cualquier solicitante, con las reglas y salvaguardas de la legislación de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Nota: se suprimen las fracciones I y II de esta parte, pues implica y conduce al error para su debida y plena identificación, y se reforman como apartados Primero, y Segundo

2 Nota: Se suprime el vocablo “parcelario” ya que induce a error; y se modifica por: de predios. Las parcelas son las porciones individuales de tierra del área productiva económica del ejido, en tanto que los solares son las destinadas al asentamiento ejidal para sus viviendas, y las demás son por lo general de uso común con su zona escolar y para la mujer productiva; por eso denominar este capítulo reagrupamiento parcelario es jurídicamente erróneo. Lo correcto es denominarle Reagrupamiento de Predios, para comprender inclusive a los predios sujetos al régimen de bienes del dominio público de uso común; de pequeña propiedad rural, los de propiedad plena, de propiedad social, terrenos nacionales y baldíos etc. El término “parcelario” además de erróneo es restrictivo y/o excluyente.

3 Nota: Se suprime el término “mostrenco” en este artículo y se modifica por ya que mostrenco es una calidad que recae a los bienes muebles sin dueño cierto, y no a los inmuebles; igualmente induce a error. Los predios sin dueño legítimo y/o desocupados se denominan baldíos, no existen inmuebles o predios mostrencos, es antijurídico ese concepto en este artículo. Además, la ociosidad de la tierra siempre la ha hecho susceptible de afectación en nuestra tradición jurídica siendo de utilidad pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de octubre del año dos mil diecisiete.— Diputada Ana Leticia Carrera Hernández(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos digitales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Desde finales del siglo XX, las tecnologías de la información se han constituido como la espina dorsal de lo que Manuel Castells llama “la sociedad de la información”. Un lugar fundamental en este sentido lo ocupa el internet, sin el cual sería imposible explicar no sólo el nuevo entorno comunicacional sino una multitud de movimientos sociales y el surgimiento de nuevos derechos.

Es bajo esa perspectiva que el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y derecho a la información.

Dicha reforma pretendió por primera vez garantizar el derecho a la información, a la privacidad en las telecomunicaciones, la libertad de expresión en el entorno digital y, en la reforma del artículo 6o., se estableció que “el Estado garantizará a la población su integración en la sociedad de la información y el conocimiento”.

Posteriormente, fue expedida la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria de la reforma anterior, donde se consagró un capítulo específico sobre la neutralidad de las redes. En dicho capítulo, y específicamente a través del artículo 145, se establecieron diversos principios que contienen los principios fundamentales para garantizar la neutralidad de la red.

Sin embargo, desde entonces han ocurrido diversas prácticas que sin estar específicamente sancionadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contravienen los principios de la neutralidad de la red, que según el Internet Governance Forum, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, consiste en lo siguiente:

“La neutralidad de la red es el principio según el cual el tráfico de internet será tratado sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente del remitente, destinatario, tipo o contenido, de tal manera que la libertad de los usuarios de internet no se vea restringida por favorecer o desfavorecer de manera no razonable la transmisión de tipos específicos de tráfico.”

Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo.”

Entre los actos que contravienen los principios de la neutralidad de la red se encuentran las prácticas de rating cero o zero-rating, y las de priorización pagada o tiering. Como señala la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D):

“A pesar de la LFTR y las disposiciones constitucionales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet ya realizan ofertas comerciales que afectan el principio de neutralidad de la red al ofrecer acceso preferencial (gratuito o parcialmente gratuito) a algunas aplicaciones de Internet denominadas comúnmente como “paquetes de redes sociales gratuitas”. Este tipo oferta comercial es conocido a nivel mundial como “zero-rating”.”

Cabe señalar al respecto que ya desde el año 2010 existen diversas legislaciones en el mundo que prohíben prácticas como las anteriores, entre las que se encuentran la de Chile, Canadá, Países Bajos y Eslovenia. En particular, el 13 de julio de 2010 el Congreso chileno adoptó diversas modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, en las que estableció el principio de neutralidad de la red; y el 27 de mayo de 2014, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile resolvió prohibir con base a ello los paquetes de redes sociales gratuitas o de zero-rating.

Es debido a lo anterior que la presente iniciativa contempla adicionar un artículo 146 Bis para establecer un catálogo de prácticas que son contrarias a la neutralidad de la red y que actualmente no están sancionadas. En el mismo sentido, esta iniciativa añade una fracción al artículo 216 para facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para vigilar y sancionar las obligaciones en materia de la neutralidad de la red.

II.Igualmente, considerando que, si bien mediante prácticas no neutrales, los concesionarios ya están dispuestos a establecer unilateralmente políticas de acceso gratuito a servicios de internet, la presente iniciativa contempla la implementación de una renta básica digital, que todo concesionario deberá otorgar a cualquier ciudadano en posesión de un terminal con posibilidad de acceder a internet. De esta manera, esta iniciativa pretende garan tizar lo establecido en la fracción I del apartado B del artículo 6o. constitucional:

“I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.”

A este efecto cabe señalar que ya la organización no gubernamental Derechos Digitales, denunció a través de su informe Internet en México: derechos humanos en el entorno digital, que la mayoría de los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, garantizan los derechos consagrados por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, a través de una concepción netamente mercantilista de la ciudadanía:

“Es importante señalar que los artículos 122, 145, 146, 189, 190 al 197 y 216 de la LFTR, transforman un derecho constitucional en una concepción netamente mercantil de usuarios de servicios de telecomunicaciones.”

Es por ello que la presente iniciativa contempla dar garantía al artículo 6o. constitucional, tomando en cuenta el principio de progresividad y consagrándolo operativamente a través de una renta básica digital que proporcione servicios mínimos parecidos a los que ya otorgan los concesionarios, pero no desde una visión que privilegie determinadas plataformas mercantiles por sobre otras opciones.

En un mundo que desde comienzos de siglo ha abogado en diversas latitudes por la instauración de políticas públicas que establezcan una renta básica universal, en Movimiento Ciudadano deseamos que nuestro país dé un paso más hacia la modernización de sus modelos de comunicaciones, garantizando plenamente el derecho establecido por el artículo 6o. constitucional a una inclusión digital universal.

A través de esta iniciativa, no sólo se garantizará un techo mínimo de servicios de internet mensurado en bytes, sino que asimismo se establece que de ninguna manera podrán dichos servicios gratuitos violar los principios de neutralidad de la red.

Estamos seguros de que nuestra sociedad estará en mejores condiciones de tomar el pulso real de la vida pública a través de un acceso continuo a las nuevas tecnologías de la información, y que ello contribuirá enormemente al fortalecimiento de nuestra vida democrática y de la participación ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos digitales

Artículo Único.Se añaden las fracciones LIX y LXX al artículo 3o. y se recorren las posteriores; se añade el artículo 146 Bis; se añade la fracción IV al artículo 191 y se recorren las posteriores; se añaden los artículos 198 Bis, 198 Ter. y 198 Quáter; se añade la fracción III al artículo 216 y se recorren las posteriores; todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 3. [...]

I. a LVIII. [...]

LIX.Renta Básica Digital: derecho que todo ciudadano en posesión de un terminal tiene a recibir mensualmente una renta básica de servicios digitales mensurada en bytes;

LX. a LXIX. [...]

LXX.Terminal: ordenador, teléfono inteligente, tableta electrónica o cualquier dispositivo con capacidad para establecer una conexión de internet;

LXXI. a LXXII. [...]

Artículo 146 Bis.Se considerarán como prácticas contrarias a la neutralidad de las redes, las siguientes:

I.Toda aquella que, arbitrariamente, tienda a bloquear, interferir, entorpecer, restringir o de cualquier forma obstaculizar el derecho de cualquier usuario de internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red, en especial, aquellas medidas de gestión de tráfico o administración de red que, en aquel carácter, afecten a los niveles de servicio contratados por el respectivo usuario; y

II. Toda aquella que, arbitrariamente, tienda a priorizar o discriminar entre proveedores de contenidos, aplicaciones o usuarios. En todo caso, siempre se entenderá como arbitraría la acción de priorización o discriminación que afecte a proveedores de contenidos, aplicaciones o usuarios respecto de otros de similar naturaleza.

Artículo 191.Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I. a III. [...]

IV. A recibir una renta básica digital por parte del concesionario de su preferencia;

V. a XXII. [...]

Artículo 198 Bis. Todo ciudadano que cuente con un terminal podrá acudir con el concesionario de su preferencia, quien deberá proporcionarle una renta básica digital. La cantidad de bytes correspondiente a dicha renta deberá ajustarse a los siguientes criterios:

I.El servicio proporcionado se ajustará a los principios establecidos en la presente ley sin establecer diferencia alguna entre la calidad de la renta básica digital y la de servicios contratados;

II. En ningún caso podrá negársele al ciudadano el acceso a la renta básica a excepción de lo dispuesto en la legislación aplicable; y

III. El servicio deberá garantizar que un usuario promedio esté en posibilidades de acceder a los bytes necesarios para garantizar su derecho a la información, su participación en la vida pública a través de instrumentos o plataformas digitales, y las comunicaciones personales mínimamente necesarias.

El Instituto deberá incluir en su proyecto de presupuesto anual una partida específica para cubrir a los concesionarios el gasto derivado de la implementación de los servicios de la renta básica digital, a fin de incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a la legislación en la materia.

En ningún caso los gastos derivados de la implementación y garantía del derecho a una renta básica digital podrán exceder al equivalente de la contratación de los mismos servicios por un particular.

198 Ter. El Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores establecerán las relaciones de coordinación necesarias, en materia operativa y presupuestal, a efectos de garantizar el derecho a la renta básica digital de los mexicanos en el exterior que así lo soliciten.

198 Quáter. El Instituto establecerá los lineamientos a efectos de dar garantía operativa al derecho a la renta básica digital en materia de interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones y de coordinación con los concesionarios, según lo dispuesto en el artículo 51 de la presente ley.

Artículo 216.Corresponde al Instituto:

I. a II. [...]

III. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de neutralidad de las redes y del derecho a la renta básica digital, de acuerdo con lo señalado por esta ley;

IV. a VI. [...]

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, los lineamientos a que hace referencia el artículo 145 de la presente ley, según las nuevas disposiciones.

Tercero.El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá entregar en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, conforme a la legislación aplicable, el proyecto de presupuesto necesario para la implementación de la renta básica digital para los meses que restan del actual ejercicio fiscal.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.», Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2013,

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941 &fecha=11/06/2013

2 Internet Governance Forum, «Dynamic Coalition on Network Neutrality», 5 de agosto de 2015,

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition- network-neutrality-draft-statement-3

3 Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina, Sentencia del 15 de noviembre de 2010,

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=291&lang=es

4 Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Neutralidad de la red en México: del dicho al hecho. Informe sobre prácticas contrarias a la neutralidad de la red ejercidas por proveedores de servicio de Internet en México, 2015,

https://s3.amazonaws.com/f.cl.ly/items/3K2T3v0b452g0a1C0d2E/R3D%20-%20 Neutralidad%20de%20la%20red%20en%20Mexico%202015.pdf

5 Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, Ley de neutralidad y redes sociales gratis, 27 de mayo de 2014,

http://www.subtel.gob.cl/ley-de-neutralidad-y-redes-sociales-gratis/

6 Derechos Digitales, Internet en México: Derechos humanos en el entorno digital, México, 2016, p.217,

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Internet-en-Mx-2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: José Clemente Castañeda Hoeflich, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Jonadab Martínez García, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Candelaria Ochoa Avalos, María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Cultura Física y Deporte, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Melissa Torres Sandoval, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 29 y un artículo 29 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte y se adicionan diversas disposiciones a los artículos 36 y 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todos, en materia de atención de los actos de hostigamiento, acoso y violencia contra las mujeres deportistas de alto rendimiento; con base en el siguiente

Planteamiento del problema

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte. Asimismo, que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia

En el ámbito del deporte de alto rendimiento, la participación de la mujer se ha incrementado notoriamente, pero no se ha visto desprovista de controles sociales y económicos.

Cuando se realizaron los primeros juegos olímpicos de la era moderna en 1896, no hubo participación de las mujeres porque prevalecía la idea de que podrían adquirir enfermedades graves como la esterilidad, a lo que se agregaba que las mujeres deberían realizar actividades adecuadas e idóneas para su naturaleza delicada.

En el año de 1900, México participó en los Juegos Olímpicos en París, en cuya edición se incluyó la participación de las mujeres en el golf y el tenis. No obstante, tuvieron que transcurrir 28 años para que las mujeres volvieran a participar y representar a nuestro país en los juegos olímpicos, acumulando solo el diez por ciento de los deportistas mexicanos participantes, es decir, 30 de los 300 convocados.

En lo general, y a nivel global, esa proporción se ha mantenido en el periodo que va del año1986 al año 2016, en el que el Índice de feminidad global indica que por cada 100 hombres deportistas participantes en justas olímpicas, solo 36 mujeres deportistas han sido convocadas. Para el caso de México, solamente han participado 25 mujeres por cada 100 hombres, tendencia que se rompió durante los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en Brasil, en la cual la delegación mexicana estuvo integrada por 126 deportistas, conformada por 81 hombres y 45 mujeres.

Es necesario recordar que el inciso g) del artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física.

Las cifras de violencia contra la mujer en México resultan alarmantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el año 2011 se identificó que 63 de cada 100 mujeres, de 15 años y más de edad, habían experimentado al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica o patrimonial, así como discriminación laboral.

Asimismo, en los informes oficiales de esa institución se afirma que entre 25 y hasta 30 de cada 100 mujeres, de 15 a 24 años, han enfrentado situaciones de abuso, intimidación, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, la escuela, el transporte público, la calle o lugares públicos.

La Organización de la Naciones Unidas ha manifestado que la violencia contra la mujer puede entenderse como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud afirma que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida; ello equivale al treinta y cinco por ciento de las mujeres en el mundo.

Como se observa, lamentablemente el poder de dominación masculina sobre la mujer se ha naturalizado y normalizado en diversos ámbitos, el cual puede expresarse en forma de violencia sexual mediante actos de acoso u hostigamiento y, en el ámbito deportivo, la mujer no se encuentra a salvo de ello.

Ante esta realidad, en Nueva Alianza creemos que resulta fundamental que la base normativa para el diseño de políticas públicas tendientes a proteger a la mujer contra las diversas formas de violencia, impacten positivamente en todos los ámbitos de desarrollo de la mujer, y el deportivo es uno de ellos; sin embargo, en él no se han desarrollado acciones significativas, precisamente por las deficiencias normativas en la ley y marco regulatorio vigente.

Es importante señalar que la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dos ordenamientos jurídicos de gran relevancia para el ejercicio de los derechos de la mujer en el ámbito deportivo y para la protección de la mujer contra la violencia, no poseen disposiciones, ni mención alguna, acerca de la prevención, atención y erradicación de los casos de acoso sexual o violencia contra las mujer que se dedican a la práctica del deporte, incluyendo las de alto rendimiento.

El deporte de alto rendimiento es el que se practica con las máximas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, lo que permite al deportista participar en preselecciones y selecciones nacionales que representen al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional.

Precisamente en dicho ámbito, en el año de 2016 se denunciaron casi treinta mil casos nuevos de posibles delitos sexuales en todo el país. Tres mil más que en el año de 2015.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, hasta el año del 2004, el 13.2% de las federaciones deportivas contaban con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual; asimismo, en dos terceras partes de las ellas no existen iniciativas especiales para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

De igual manera, únicamente el 20 por ciento de los organismos estatales tienen un área de atención a las mujeres, el 16 por ciento ofrece capacitación sobre la perspectiva de género y sólo el 28 por ciento de los organismos estatales cuentan con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual.

En el plano internacional y deportivo de alto rendimiento es conocido el presunto caso que en el año de 2017 involucró a Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, quien fue demandado y acusado de abuso sexual por deportistas y ex atletas, entre las que se encuentran más de 65 mujeres.

En nuestro país, en el mismo ámbito, en el año 2004, los padres de la clavadista Laura Sánchez acusaron a su entrenador, Francisco Rueda, de haber cometido estupro contra la deportista.

Otra de sus alumnas, Azul Almazán, emigró a la Unión Americana para huir de las presiones del citado entrenador y Cristina Millán, antigua integrante del equipo de clavados, también aceptó haber sido acosada en el año 2000: cuando él le pidió tener relaciones sexuales, ella se negó y eso le costó no ir a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

En el año 2005, la Asociación Civil Deporte Mujer y Salud aplicó un cuestionario a 150 atletas nacionales acerca del acoso y los abusos sexuales en la comunidad de corredores y maratonistas del país. Los resultados son contundentes: el 71 por ciento de los encuestados reveló que alguna vez fue víctima de conductas de ese tipo; en el 67 por ciento de los casos, los encuestados dijeron que el victimario era el propio entrenador y 92 por ciento reveló que la agresión había ocurrido dentro de una instalación deportiva.

Argumentación

Cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona utilizando coacción, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito, debe ser interpretado como violencia sexual.

Resulta claro que los casos en los que deportistas mexicanas han sufrido presuntos actos de acoso u hostigamiento sexual podrían representar solamente una muestra de lo que puede estar sucediendo en el ámbito del deporte de alto rendimiento.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la fracción IV del artículo 5, establece que se debe de entender por Violencia contra las Mujeres, como se expresa a continuación: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Esta misma ley establece, en su artículo 13, respecto al hostigamiento y el acoso sexual, lo siguiente:

“ Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.

Por su parte, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien es cierto que no existe necesariamente una condición de subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensióny de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Ante tal razón y la realidad que impera en el país, manifiesta oficialmente desde el año 2004, en Nueva Alianza consideramos que es urgente que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) intensifique sus acciones institucionales tendientes a proteger a las mujeres deportistas contra actos de acoso u hostigamiento sexual, a fin de erradicar los casos en que las deportistas, incluyendo principalmente a las de alto rendimiento, se vean obligadas a aceptar las conductas que amenazan su integridad y dignidad, a cambio de poder continuar libremente su participación en competencias nacionales e internacionales.

Al respecto, consideramos que el Órgano Interno de Control de la Conade podría ser la instancia idónea para atender este tipo de quejas y denuncias en materia de acoso u hostigamiento sexual contra mujeres deportistas. Lo anterior, en virtud de que le corresponde, con base en el artículo 29 de la Ley de Cultura Física y Deporte, denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos.

Sin embargo, también creemos muy necesario que la atención de este tipo de casos de acoso y hostigamiento contra las mujeres deportistas, se atienda con toda objetividad, transparencia y certeza jurídica.

Por esta razón, a través de esta Iniciativa se propone que la Junta Directiva, encargada de la administración de la Conade, tal como lo establece la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Cultura Física y Deporte designe, dentro de sus Servidores Públicos de mayor responsabilidad, a un comisionado especial que coadyuve con el Contralor Interno en la atención y seguimiento de las quejas de acoso u hostigamiento contra las mujeres deportistas, incluyendo las de alto rendimiento.

Asimismo, se propone que dicho comisionado especial presida un órgano colegiado honorífico en el cual se apoyará para emitir la resolución de los presuntos casos de acoso u hostigamiento sexual contra mujeres deportistas, independientemente de las investigaciones, seguimiento y actuaciones que realice el Órgano Interno de Control; también se considera necesario que los integrantes de dicho órgano sean seleccionados y nombrados por la Junta Directiva y que sus miembros, constituidos en equidad de género, deban recibir y acreditar la capacitación específica en materia de prevención de violencia contra la mujer y enfoque de género.

De igual manera, se propone que, con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, el órgano colegiado deberá emitir un protocolo de actuación y acompañamiento jurídico de las víctimas de acoso u hostigamiento, a fin de garantizar a las víctimas la mejor atención y certeza jurídica.

Igualmente, en un segundo artículo del decreto, en virtud de que la Ley General de Accesos de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia no menciona de manera expresa la prevención de la violencia en el ámbito deportivo, no obstante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) forma parte del Sistema Nacional para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y que la CONADE es un órgano desconcentrado de esa Secretaría, se propone, por esa razón, que esa Comisión Nacional forme parte del Sistema.

Lo anterior, a fin de que la coordinación entre la SEP y la Conade, en el ámbito deportivo, incluyendo el de alto rendimiento en México, sea expresa y visible, con el propósito de diseñar y aplicar programas y protocolos de prevención y atención de la violencia, del acoso y del hostigamiento sexual contra mujeres deportistas.

También, se establecen facultades para que a través de esa coordinación se desarrollen protocolos de atención, asesoría y acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia, acoso u hostigamiento sexual en el ámbito deportivo y de promover acciones de capacitación para erradicar la violencia, el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito deportivo, especialmente para la protección de las mujeres deportistas de alto rendimiento.

Los triunfos de las deportistas nacionales, incluyendo las de alto rendimiento, contribuyen claramente a que en el pensamiento colectivo se genera la convicción de que somos un país integrado por personas que pueden alcanzar importantes y significativos logros, obtenidos mediante el esfuerzo diario y la dedicación sistemática.

Por ello, resulta necesario que en nuestro país se otorgue la protección jurídica y el reconocimiento justo a cada una de las mujeres y, en este caso preciso y particular, a las deportistas que se esfuerzan cada día por lograr que nuestra nación brille en el ámbito deportivo nacional e internacional.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Primero.Se adicionan una fracción I Bis al artículo 29 y un artículo 29 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 29.El contralor interno en la Conade tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

I Bis. Recibir, darle seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables en los términos de ley a aquellas quejas y denuncias que se interpongan contra servidores públicos adscritos a la Conade o cualquier otro ciudadano que realice actividades vinculadas al ámbito deportivo, por actos o acciones que puedan constituir acoso u hostigamiento sexual contra mujeres deportistas, incluyendo las de alto rendimiento.

II. a XV. ...

29 Bis. Para la atención y seguimiento de las quejas y denuncias a las que se refiere la fracción I Bis del artículo 29 de la presente Ley, el Contralor Interno de la Conade contará con la coadyuvancia de un comisionado especial que al efecto designe la Junta Directiva.

El comisionado especial presidirá un órgano colegiado honorífico constituido en equidad de género, en el cual se apoyará para emitir opiniones resolutivas sobre los presuntos casos de acoso u hostigamiento sexual contra mujeres deportistas. Los integrantes de dicho órgano serán seleccionados y nombrados por la Junta Directiva y deberán contar con capacitación acreditada en prevención de violencia contra la mujer y enfoque de género.

Con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, el órgano colegiado deberá emitir un protocolo de actuación y acompañamiento jurídico a las víctimas de acoso u hostigamiento.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción V Ter al artículo 36 y las fracciones XII Bis, XII Ter y XII Quater al artículo 45; todos, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por los titulares de:

I. a V Bis. ...

V Ter. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

VI. a XVIII. ...

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. a XII. ...

XII Bis. En coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, diseñar, formular y aplicar programas y protocolos de prevención y atención de la violencia, del acoso y del hostigamiento sexual contra mujeres deportistas, incluyendo las de alto rendimiento;

XII Ter. Desarrollar protocolos de atención, asesoría y acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia o acoso u hostigamiento sexual en el ámbito deportivo;

XII Quater. Promover acciones de capacitación para erradicar la violencia, el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito deportivo, especialmente para la protección de las mujeres deportistas de alto rendimiento;

XIII. a XVI. ...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En el término de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, realizará las adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente decreto.

Notas

i Proyecto de documento Transversalización de la perspectiva de género en el ámbito deportivo mexicano. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Tercer trimestre de 2016.

ii Organización de las Naciones Unidas. Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva Noviembre de 2016.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

iii El Universal. Zócalo. Tomado el Lunes 2 de octubre.

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/atrapadas-por-maniaticos- acoso-sexual-a-las-deportistas

iv Proceso. Cunde el abuso sexual en el deporte. 5 de noviembre de 2006. Tomado el 2 de octubre de 2017.

http://www.proceso.com.mx/95190/cunde-el-abuso-sexual-en-el-deporte.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de octubre de 2017.— Diputada y diputado: Melissa Torres Sandoval,Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de nombramientos y seguridad nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de nombramientos y de seguridad nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando los recientes acontecimientos por los que atraviesa nuestro país, interna y externamente, es importante elaborar una agenda de seguridad nacional que centre su atención en difundir entre la población, que debemos seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, la existencia política del Estado como rector de la economía, de la educación, del desarrollo y del fortalecimiento del pacto social, privilegiando el interés nacional.

Es preciso reconocer que los servicios de inteligencia están íntimamente relacionados con el aparato de seguridad y ambos se justifican por la posibilidad de que aparezcan amenazas internas o externas; para enfrentarlas, los gobiernos crean instituciones especializadas en defender la seguridad de la nación. Algunas de estas instituciones, como el Ejército, se capacitan en el uso de la fuerza para la solución de conflictos y desactivación de riesgos y amenazas, mientras que otras lo hacen basadas en la mediación política, la gestión del conflicto y la aplicación del estado de derecho, con base en decisiones que consideran información de inteligencia.

Sin embargo, las instituciones encargadas de generar inteligencia no han sido supervisadas ni evaluadas por el Congreso de la Unión o la sociedad mexicana.

Es preocupante que en el Congreso de la Unión mostremos poco interés y conocimiento técnico sobre lo que es un servicio de inteligencia y que, además, lo ubiquemos como una tarea exclusiva del Poder Ejecutivo federal.

Una mayor incorporación y participación del Poder Legislativo federal en seguridad nacional contribuirá positivamente en la elaboración de una estrategia de Estado efectiva en esta materia, que incorpore diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia podría ofrecer una ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones del Ejecutivo en este terreno.

Debido a que en el Congreso de la Unión existen las comisiones ordinarias que corresponden, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de seguridad nacional es necesaria la injerencia del Legislativo ante la reformulación de los temas que se incluyen en la Agenda Nacional de Riesgos, la cual es responsabilidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Por ello, el Poder Legislativo federal no sólo debe ser un órgano fiscalizador, sino también coadyuvante en la definición de la Agenda, del programa para la seguridad nacional y de la designación del encargado de dirigir el aérea de generación de inteligencia, facultad actualmente a cargo del Ejecutivo federal.

La participación del Senado de la República en la designación del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional dará mayor legitimidad y confianza a una Institución que, desafortunadamente, durante los últimos años ha dejado de ser generadora de inteligencia y, por el contrario, se han destinado grandes recursos a la emergencia y a la dinámica de las organizaciones criminales en la escena nacional, lo que ha provocado que el gobierno dé mayor relevancia a las tareas de seguridad pública para combatir a la delincuencia.

La legitimidad, legalidad y transparencia de las actividades de inteligencia son determinantes para contrarrestar muchas amenazas, por lo que la participación del Congreso es muy importante.

El 12 de abril de 2016 presenté una iniciativa que tiene el objetivo de fortalecer el servicio de inteligencia profesional; definir los ámbitos de acción de los órganos encargados de la seguridad nacional; dar mayor certeza jurídica y política a estos órganos, así como crear métodos de regulación política y social que hagan de las tareas de inteligencia una actividad legitima, legal, lejana de problemas de espionaje y corrupción.

Junto con esta iniciativa y para su mejor funcionalidad, también propongo realizar cambios a otras legislaciones secundarias, como reformar, adicionar y derogar artículos de la Ley de Seguridad Nacional; reformar y adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reformar un artículo del Reglamento del Senado de la República pero, de acuerdo con el artículo 171, numerales 1 y 2, de dicho Reglamento, se tienen que presentar por separado, por lo que en misma fecha presento las iniciativas que reforman, adicionan y derogan artículos de las leyes mencionadas.

Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de nombramientos y de seguridad nacional, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIX-M del artículo 73; se reforma la fracción II del artículo 76; se reforma la fracción VII del artículo 78, y se adicionala fracción V Bis del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...:

I al XXIX-L. ...;

XXIX-M. Para legislar y expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes, y para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo federal determine la política de seguridad nacional, así como participar en su evaluación;

XXIX-N. a XXXI. ...

Artículo 76. ...:

I. ...

...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en los términos que la ley disponga;

III. al XIV. ...

Artículo 78. ...

...:

I. al VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional,en los términos que la ley disponga, y

VIII. ...

Artículo 89. ...:

I. al V. ...

V Bis. Nombrar, con ratificación del Senado, al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

VI. al XX. ...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan, en un plazo máximo de hasta seis meses contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Solicito a la Presidencia se turne esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión y aprobación.

Dado en el sslón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 17 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Ana María Boone Govea, Antonio Tarek Abdala Saad, Azul Etcheverry Aranda, Beatriz Vélez Núñez, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fernando Navarrete Pérez, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Genoveva Huerta Villegas, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, José Hugo Cabrera Ruiz, José Lorenzo Rivera Sosa, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Luis Sáenz Soto, María Bárbara Botello Santibáñez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Guadalupe Oyervides Valdez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Ricardo Ramírez Nieto, Sara Latife Ruiz Chávez, Timoteo Villa Ramírez, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Moya Marín, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Angélica Moya Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Introducción

Para el Partido Acción Nacional:

“...El municipio, formado por el conjunto de familias que habitan una comunidad, es eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país. El respeto a la autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar. Los municipios deben tener la capacidad para determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y, en especial, para garantizar el pleno desarrollo y respeto por las comunidades y los pueblos indígenas.”

A partir de este referente, la orientación gubernamental y público administrativa de Acción Nacional, es colocar en el centro de la dinámica del desarrollo nacional al desempeño de los gobiernos municipales, la orientación federalista de estos principios implica que el marco legislativo que determina el desempeño gubernamental, debe ser congruente con los propósitos de desarrollo locales.

“...La prestación de los servicios públicos debe atender a las necesidades fundamentales de los hombres y las mujeres que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna. La seguridad, la educación, la salud y el desarrollo humano han de ser los objetivos centrales del gobierno municipal.”

El municipio es el espacio fundamental para la real democratización de las decisiones y la escala necesaria para mejorar la administración pública y posibilitar la disponibilidad de un Estado eficiente (Cfr: Kliksberg, 2004). La racionalidad teórica detrás de las políticas que asignan responsabilidades a este ámbito de gobierno, supone que la participación de sus responsables en determinar el uso de los recursos públicos, les permite una mejor ordenación entre la provisión de los servicios locales y las preferencias o necesidades de la población. Adicionalmente, en este ámbito de gobierno se debería de favorecer el esfuerzo de construir administraciones públicas más eficientes y democráticas (Marlow, 1988).

Los rezagos en las agendas de gobernabilidad en el ámbito municipal, están vinculados con la disponibilidad de un marco legislativo que norme adecuadamente sus actividades y desempeño, los límites en el ejercicio del poder gubernamental, el estancamiento económico, la distribución del bienestar social y el ingreso, el acceso de los jóvenes a oportunidades de desarrollo, la atención contra las adicciones, la participación de la sociedad civil y comunitaria en las decisiones de gobierno (verdadera publicidad de las políticas), la corrupción gubernamental y social, la impunidad y el acceso igualitario a la procuración e impartición de justicia y a la seguridad ciudadana.

La democracia en el municipio no se consolidará si persisten prácticas autoritarias, verticales, centralistas y opacas del gobierno: en la medida que se permita la participación de la ciudadanía y las comunidades en la definición de las políticas y los programas gubernamentales, se posibilitará el tránsito hacia escenarios de legitimización y validación sociopolítica de su desempeño.

Los problemas de la implementación de las políticas en los Municipios, han derivado en una falta de correspondencia entre el desempeño gubernamental y la atención de necesidades de la sociedad, lo cual establece la necesidad de propiciar un nuevo arreglo institucional progresivo y sostenido de la función pública, que conjugue el rigor técnico y la mayor creatividad posible, siempre circunscritos en procesos de protección a los derechos humanos y privilegiando la atención de necesidades y expectativas ciudadanas y comunitarias respecto a su gobierno.

No es posible suponer que la consolidación de la democracia en los gobiernos municipales se conseguirá con desempeños gubernamentales débiles, ya que el elemento referencial del análisis de la gobernabilidad, es la determinación de la capacidad de las administraciones públicas para atender los problemas económicos, sociales, políticos y de estado de derecho de su sociedad, los cuales se constituyen como los referentes respecto a la capacidad de ejecución y desempeño gubernamental.

El análisis del diseño y desempeño gubernamental, muestra una carencia generalizada en el país de un modelo de administración pública que genere y proponga mecanismos de control, de evaluación, de integración y sistematización de información, de establecimiento de parámetros referenciales del desempeño gubernamental (indicadores de la gobernabilidad). Con la diferenciación precisa entre funciones y servicios municipales, se posibilita que se asocie a estas actividades, parámetros de medición y valoración de la forma en que estas se proporcionan.

La presente propuesta de reforma constitucional del Artículo 115 Constitucional, en su Fracción III, se plantea en un contexto de crisis de gobernabilidad en los gobiernos de los tres ámbitos (Federal, Estatal y Municipal), en un escenario de graves problemáticas, así como de altos grados de complejidad de los fenómenos económico, político, social y criminales. Esta propuesta legislativa se enfoca explícitamente en los gobiernos municipales y parte de considerar que el desempeño de los gobiernos y la administración pública correspondientes, se determinan en función del marco legislativo, así como de la solidez del diseño e implementación de las políticas públicas.

2. Las actividades de los gobiernos municipales

A partir de las facultades y responsabilidades establecidas en el Artículo 115 constitucional, los gobiernos municipales deben realizar una serie de actividades orientadas al aseguramiento y la ampliación de la gobernabilidad local. Actividades que de acuerdo a la clasificación propuesta por Fernández (2006), son a) funciones públicas, b) servicios públicos, c) obras públicas y d) actividades socioeconómicas residuales.

a. Funciones Públicas. “...actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo, fundada en la idea de soberanía, que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad —de donde su indelegabilidad— (Fernández; 2006);”.

La función pública la ejerce el Estado federal en sus diversos ámbitos de competencia: federación, entidades federativas y municipios, a través de los respectivos órganos del poder público. En la definición de Fernández, se indica explícitamente el carácter de indelegabilidad de las funciones.

Los gobiernos municipales tiene funciones administrativas atribuidas formal y materialmente, por ejemplo, la de administrar libremente su hacienda; y si bien formalmente carecen de la función legislativa —no pueden expedir leyes—, materialmente están facultados para expedir bandos y reglamentos, así mismo, los municipios también carecen formalmente de la función jurisdiccional, pero materialmente la ejercen a través de justicia municipal de barandilla.

b. Servicio Público.Los servicios públicos son atribuciones directas de la administración pública, y por lo tanto exclusivas de la función ejecutiva (administrativa): ni en la función legislativa ni en la judicial hay servicios, y su propósito es la solución de problemas y la satisfacción de necesidades económicas, políticas, sociales y de seguridad (estado de derecho) de los ciudadanos. Los gobiernos municipales pueden proporcionar servicios directamente, o bien de manera indirecta a través de particulares, y cuando esto ocurre, son servicios concesionados, ejemplos de estos son los servicios de salud o de educación, los cuales pueden ser proporcionados directamente por el gobierno, o bien por particulares.

c. Obra Pública.Fernández (2006) incluye como una de las actividades municipales la obra pública, la cual es realizada o producida por el ámbito de gobierno correspondiente —federación, entidad federativa o municipio— o a su nombre, en un inmueble con un propósito de interés público y general, para la realización o la prestación de una función o de un servicio público.

d. Actividad Socioeconómica Residual Municipal.Los gobiernos municipalespuedenrealizar otras actividades que pueden agruparse bajo la común denominación de socioeconómicas residuales de dos tipos; 1/ de interés público, pero carentes de prestación de servicio al público, pese a lo cual tienen un carácter prioritario, dado el interés de la comunidad de realizarlas; y 2/ las simples, aquellas que ordinariamente las ofrecen los particulares, pero ante la ausencia o ineficiencia de estos, los gobiernos municipales puede realizarlas subsidiariamente (ejemplo: el transporte público concesionado) .

3. La necesidad de diferenciar constitucionalmente las actividades municipales

Por lo expuesto, función pública, servicio público, obra pública y actividad socioeconómica residual no son referentes sinónimos que puedan emplearse de manera indistinta: son categorías jurídicas y de administración pública diferenciadas, y su empleo debe de utilizarse adecuadamente al referenciar las actividades específicas que realizan los gobiernos municipales.

Al ser las funciones actividades monopólicas e inalienables de los gobiernos municipales, los servicios actividades que pueden ser concesionadas a particulares, y las obras públicas y las actividades socioeconómicas residuales trabajos que realizan los gobiernos municipales diferenciadas a su vez de las funciones y los servicios, es necesario diferenciarlas en el Artículo 115 Constitucional.

Los argumentos de esta necesidad de diferenciación y precisión, se ejemplifican con la iniciativa de unificación del mando policial. Esta iniciativa propone que las policías municipales –una vez que a través del diagnóstico correspondiente– sean consideradas incapaces para ejercer sus responsabilidades, sean absorbidas por las policías estatales para garantizar la función policial.

Históricamente existe en error en la definición de la política de seguridad pública: esta se iguala – y reduce – a la función policial. De acuerdo a esta lógica, la construcción y disponibilidad de sociedades seguras, recae principal –e incluso exclusivamente– en el trabajo que realicen las policías. Las teorías y estudios del comportamiento criminal y de prevención del delito, establecen que el fenómeno de la inseguridad es multifactorial y determinado por causales sociales, económicas, políticas y culturales, las que en su conjunto determinan la propensión a delinquir o a realizar conductas violentas, de esta manera, una perspectiva integral de política de seguridad pública, debe articular explícitamente programas alternativos y complementarios a la función policial de prevención del delito, tales como el incremento del capital social, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, ampliación y mejoramiento de la infraestructura urbana y el rescate de espacios públicos.

Al ser la seguridad pública una función de gobierno y no un servicio, la responsabilidad de los gobiernos municipales de garantizar el orden y la paz públicos de sus municipios no se elimina a pesar que transfieran la función policial a los gobiernos estatales: sin importar que no tengan policías, los gobiernos municipales están obligados a diseñar e implementar políticas y programas que garanticen la disponibilidad de un municipio seguro, por lo que se incrementa la importancia del diseño de programas de enfoques no exclusivamente policiales.

Por otra parte, el traslado de la función policial municipal al gobierno estatal, debe ser temporal, al considerar el referente del poder estatal:

“...El poder estatal o poder público viene a ser la capacidad del estado de imponer su voluntad con, sin y aun contra la voluntad concurrente de sus destinatarios —toda la población estatal—, para lograr los objetivos del estado y, en su caso, del municipio, lo que significa que cuando se dé la oposición del destinatario del poder, se habrá de vencer, de ser necesario, mediante el empleo de la fuerza, elemento que subyace en el cimiento de la eficacia del poder político que, como señala Serra Rojas «es un poder total, que dispone del monopolio de la coacción y se impone a todos».

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de:

Decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. ...

II. ...

III. Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes actividades:

a) Funciones públicas de los gobiernos municipales (indelegables):

1. Otorgamiento de licencias, permisos y concesiones.

2. Aprobación y publicación de los bandos y reglamentos municipales.

3. Imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas;

4. Contratar la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes y servicios, así como de obra pública, y de convenir o concesionar la prestación de servicios públicos;

5. Seguridad pública y tránsito municipal;

6. La hacendaria; la de planeación; la de control;

7. Catastral

8. Protección del medio ambiente en el ámbito de su competencia.

9. Protección civil, en el ámbito de su competencia.

b) Servicios públicos municipales (que pueden o no concesionarse):

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

2. Alumbrado público

3. Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos

4. Mercados y centrales de abasto

5. Panteones

6. Rastro

7. Estacionamiento de vehículos

8. Taxis y automóviles de alquiler

9. Transporte colectivo urbano de pasajeros

10. Nomenclatura de calles

c) Obras públicas municipales

1. La construcción, edificación, instalación o modificación de edificios municipales destinados a sus órganos y dependencias;

2. Las redes de agua potable, drenaje y alumbrado público

3. Las calles, parques y jardines, y su equipamiento.

d) Actividades socio económicas residuales

1. Las de interés público relativas al tratamiento y disposición de las aguas servidas y pluviales,

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio;

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las reformas a que se refiere el presente decreto dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Las adecuaciones al Reglamento de la presente ley y los lineamientos que deban ser emitidos con motivo de la entrada en vigor de este Decreto, deberán expedirse en un plazo no mayor de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a las dependencias y entidades involucradas, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.

Notas

1 Partido Acción Nacional; (2002); “Proyección de principios de doctrina del Partido Acción Nacional 2002”; México, Pág. 15.

Ver:

https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de- doctrina-2002.pdf; Consultado en abril de 2017.

2 Ibídem.

3 El análisis y abstracción de los siguientes referentes que contextualizan y fundamentan la presente iniciativa de reforma, retoma los criterios expuestos por el Dr. Jorge Fernández Ruiz.

Cfr: Fernández Jorge; (2006); “Servicios públicos municipales”; México; Edit. INAP, IIJ-UNAM.

4 Esto determina la diferenciación entre funciones y servicios: las primeras son actividades monopólicas e indelegables de los gobiernos, en tanto que las segundas pueden ser concedidas para que particulares las realicen.

5 Esta es una de las explicaciones del fracaso generalizado de las políticas de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno: la posibilitación del orden y paz públicos, siempre es responsabilidad policial, pero nunca es determinado exclusivamente por el trabajo de las policías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Angélica Moya Marín,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Carlos Bello Otero, César Flores Sosa, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Cambranis Torres, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Karla Karina Osuna Carranco, Leticia Amparano Gámez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Mesta Saule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Miguel Ángel Huepa Pérez, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Román Francisco Cortés Lugo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La seguridad nacional es un tema en constante evolución. En los últimos años, el dinamismo observado por el desarrollo de las tecnologías de la información ha abierto nuevos frentes para la defensa de los países.

Al decir de los estudiosos de esta materia, a nivel internacional, el interés en la ciberseguridad se incrementó a raíz de tres incidentes.

El primero, los ciberataques lanzados en 2007 contra Estonia desde direcciones IP rusas, en represalia por la remoción de un monumento dedicado a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial.

El segundo incidente que incrementó la preocupación global fue el empleo en 2010 de Stuxnet, un virus tipo gusano –considerado la primer ciberarma–, diseñado para destruir los sistemas de la planta nuclear iraní de Bushehr y el complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz, utilizando certificados de seguridad robados, atribuido a Estados Unidos de América (EUA) e Israel.

El tercer evento, las revelaciones en 2013 del exanalista de seguridad informática, Edward Snowden, sobre los programas de ciberespionaje o vigilancia electrónica de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), de EUA, alertó a la comunidad internacional sobre las capacidades desarrolladas por ese país para intervenir masivamente los correos electrónicos, servicios de voz, video, chat, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y perfiles en redes sociales de cualquiera, incluidos la canciller alemana Angela Merkel, la mandataria brasileña Dilma Rousseff, el expresidente Felipe Calderón, y el entonces candidato Enrique Peña Nieto.

Más recientemente, aparecen las investigaciones del Senado de EUA respecto de la posible intromisión del gobierno ruso en el proceso electoral para la elección presidencial de 2016, donde presuntamente, los intrusos cibernéticos intentaron modificar o eliminar datos de los votantes, así como acceder a un software diseñado para los trabajadores que forman parte de las mesas electorales durante el día de las elecciones.

Y en el mes de mayo pasado el mundo experimento graves ciberataques a gobiernos, hospitales y empresas de Rusia, España, Reino Unido, Filipinas, Japón, Turquía; Vietnam y México, entre más de 12 países afectados por un ransomware, llamado “wannacry”, que es un tipo de malware (Proveniente de los términos MALicious softWARE) que encripta datos ( cryptoware) y pide una especie de rescate para liberar el sistema.

En junio pasado Rusia y Ucrania experimentaron eventos similares por un virus llamado Petya.

Dichos acontecimientos dejaron claro que el mundo está ante una nueva amenaza a la seguridad nacional de cualquier país.

Argumentos

En los últimos diez años, el número de internautas y el porcentaje de hogares con acceso a internet en México se ha incrementado rápidamente. La penetración del servicio ha aumentado considerablemente, pasando de 12.8 millones de usuarios en 2004 a 65.5 millones en 2016.

Desafortunadamente, el rápido aumento de la conectividad no ha sido acompañado de una política integral que garantice la protección de los usuarios y la información.

El Índice Global de Ciberseguridad 2017 (Global Cybersecurity Index) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ubica a México en el lugar 28 del ranking mundial, y en el tercero de las américas asignándole 0.660 puntos de 1000, pero muy lejos de los estándares de nuestros principales socios comerciales.

Garantizar la seguridad en el ciberespacio se ha convertido en un objetivo prioritario en las agendas de la mayoría de los gobiernos, ya que en ocasiones puede llegar a afectar a la seguridad nacional.

La revolución tecnológica ha difuminado las barreras territoriales de los países, pero los graves ataques cibernéticos experimentados alrededor del mundo en los últimos años han dado origen también al concepto de “ciberseguridad”.

En este sentido, la protección del ciberespacio es un nuevo campo que requiere ser defendido y que incluso ya ha sido área de confrontaciones entre países.

En este contexto, el gobierno mexicano ha implementado medidas para tratar de contener las ciber amenazas. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dentro de las facultades y obligaciones del presidente de la República, la de preservar la seguridad nacional.

En consonancia con lo anterior, el 31 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional en vigor.

Al respecto, el artículo 3 de la ley define la seguridad nacional como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

En este sentido, resulta claro que las amenazas provenientes del ciberespacio pueden afectar la seguridad nacional.

El autor Édgar Iván Espinosa, señala que México está en medio de una crisis de ciberseguridad, la cual ha crecido porque carecemos de una política pública unificada para coordinar los esfuerzos de varias dependencias de gobierno y la iniciativa privada.

Para Espinosa es indispensable una estrategia integral para enfrentar a tres amenazas:

1. El llamado hacktivismo de grupo como Anonymous;

2. La ciberdelincuencia, sobre todo el robo, el fraude y la difusión de pornografía infantil, y

3. Las actividades de ciberespionaje de países como EUA, China, Rusia e Irán.

Con base en su diagnóstico, el autor propone crear una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, semejante a la de otros países, que incluya un fuerte marco jurídico; promover buenas prácticas; formar especialistas; colaborar con la iniciativa privada; y vigorizar la ciberdefensa.

Esto es así porque el problema de la ciberseguridad es multidimensional.

Así las cosas, en un primer plano se encuentra la ciberactividad relacionada con lo que podría denominarse ciberactivismo político, donde la frontera entre la libertad de expresión y lo permisible es muy tenue, pero que requiere un tratamiento distinto porque los daños potenciales son mínimos y meramente políticos.

En un segundo plano, ubicamos la ciberactividad relacionada con la comisión de delitos, la cual ya se encuentra tipificada en la codificación penal federal y regulada en el marco del sistema nacional de seguridad pública.

Y en un tercer plano, hallamos la cuestión de la ciberactividad que impacta en la seguridad nacional, pues en los últimos años se han multiplicado y recrudecido los ataques a la infraestructura de los tres órdenes de gobierno, poniendo en riesgo la información e instalaciones consideradas de seguridad nacional, misma que carece de un marco jurídico adecuado en nuestro país, y a cuya atención se dirige la presente iniciativa.

En esta ruta, algunos países como es el caso de España, han elaborado una estrategia de ciberseguridad nacional, toda vez que se requiere de una acción sincronizada y coordinada de todos los recursos del Estado destinados a este fin.

Asimismo, en el orden interamericano, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó el 7 de marzo de 2012, la Declaración sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas, cuyos principales postulados se recogen en la presente iniciativa.

De acuerdo con lo anterior, estimamos indispensable reformar la Ley de Seguridad Nacional para incorporar las amenazas provenientes del ciberespacio, así como la obligación del Consejo de Seguridad Nacional de elaborar una estrategia ad hoc.

El objetivo primordial de la estrategia sería garantizar el uso seguro de las redes y los sistemas de información a través del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recuperación y respuesta a los ciberataques, con los siguientes objetivos específicos:

I. Establecer un grupo nacional de alerta, vigilancia y advertencia ante incidentes cibernéticos (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT);

II. Reforzar la seguridad y la resistencia de tecnologías de infraestructura crítica de información y comunicaciones ante las ciberamenazas, con especial énfasis en las instituciones gubernamentales críticas, así como en los sectores críticos para la seguridad nacional, incluyendo los sistemas de energía, financieros, transporte y telecomunicaciones;

III. Promover la cooperación del sector público con el privado y académico para fortalecer el resguardo y la protección de dicha infraestructura crítica de información y comunicaciones;

IV. Explorar futuras oportunidades para proteger sistemas de infraestructura crítica de la información y comunicaciones;

V. Desarrollar una estrategia nacional de seguridad cibernética integral e involucrar a todos los actores pertinentes en su desarrollo e implementación;

VI. Sensibilizar a la ciudadanía, profesionales y empresas sobre los riesgos derivados del ciberespacio;

VII. Garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos;

VIII. Asegurar el patrimonio de las empresas.

IX. Participación en la Estrategia Interamericana de Seguridad Cibernética y en la Red de Seguridad Hemisférica de los CSIRT y de autoridades en seguridad cibernética, así como el intercambio de información con los estados miembros del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte) y la cooperación relacionada con la protección de infraestructura de información crítica, y para la prevención y respuesta a incidentes de ciber seguridad, y

X. Formar y capacitar a los servidores públicos de los estados y municipios en materia de ciberseguridad.

Todo lo anterior, con plena observancia de la legislación nacional y el derecho internacional, así como el respeto a los derechos humanos.

Como corolario, se establecería la obligación del Consejo de Seguridad Nacional de rendir un informe anual sobre la materia y la facultad de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para conocer de una y otro.

Por tal motivo, se proponen las siguientes adiciones a la Ley de Seguridad Nacional:

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan una fracción VIII Bis al artículo 5o.; el artículo 8 Bis; la fracción III Bis al artículo 13; la fracción VI Bis al artículo 15; y la fracción VI Bis al artículo 57, de la Ley de Seguridad Nacional.

Único.Se adicionan una fracción VIII Bis al artículo 5o.; el artículo 8 Bis; la dracción III Bis al artículo 13; la fracción VI Bis al artículo 15; y la fracción VI Bis al artículo 57, de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. a VIII. ...

VIII Bis. Actos provenientes del ciberespacio tendientes a sustraer, alterar o dañar la información o la infraestructura de las administraciones públicas federal, de las entidades federativas y municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías.

IX. a XII. ...

Artículo 8 Bis. La Estrategia de Seguridad Nacional tendrá por objetivo primordial garantizar el uso seguro de las redes y los sistemas de información públicos y privados, a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recuperación y respuesta a los ciberataques, con los siguientes objetivos específicos:

I. Establecer un grupo nacional de alerta, vigilancia y advertencia ante incidentes cibernéticos (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática);

II. Reforzar la seguridad y la resistencia de tecnologías de infraestructura crítica de información y comunicaciones ante las ciberamenazas, con especial énfasis en las instituciones gubernamentales críticas, así como en los sectores críticos para la seguridad nacional, incluyendo los sistemas de energía, financieros, transporte y telecomunicaciones;

III.Promover la cooperación del sector público con el privado y académico para fortalecer el resguardo y la protección de dicha infraestructura crítica de información y comunicaciones;

IV.Explorar futuras oportunidades para proteger sistemas de infraestructura crítica de la información y comunicaciones;

V.Desarrollar una estrategia nacional de seguridad cibernética integral e involucrar a todos los actores pertinentes en su desarrollo e implementación;

VI.Sensibilizar a la ciudadanía, profesionales y empresas sobre los riesgos derivados del ciberespacio;

VII.Garantizar la libertad y seguridad cibernética de los ciudadanos;

VIII.Asegurar el patrimonio cibernético de las empresas.

IX.Participar en la Estrategia Interamericana de Seguridad Cibernética y en la Red de Seguridad Hemisférica de los CSIRT y de Autoridades en Seguridad Cibernética, así como el intercambio de información con los Estados miembros del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte) y la cooperación relacionada con la protección de infraestructura de información crítica, y para la prevención y respuesta a incidentes de ciberseguridad, y

X.Formar y capacitar a los servidores públicos de los estados y municipios en materia de ciberseguridad.

Artículo 13.

I. a III. ...

III Bis. Aprobar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el informe anual en la materia, mismo que deberá presentarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a más tardar, el último día hábil del mes de enero de cada año.

IV. a X...

Artículo 15. El secretario técnico del Consejo tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. a VI...

VI Bis. Proponer al Consejo de Seguridad Nacional la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el informe anual respectivo;

VII. a XII. ...

Artículo 57. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:

I. a V. ...

VI Bis. Conocer la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el informe anual respectivo y emitir opinión al respecto;

VII. a IX. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Warner, Michael, “Cybersecurity: A Pre-history”, Intelligence and National Security, 27, 5, 2012, pp. 781-799; y Rudner, Martin, “Cyber-Threats to Critical National Infrastructure: An Intelligence Challenge”, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 26, 3, 2013, pp. 453-481.

2 Collins, Sean y Stephen McCombie, “Stuxnet: the emergence of a new cyber weapon and its implications”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 7, 1, 2012, pp. 80- 91; Langner, Ralph, To Kill a Centrifuge, The Langner Group; y Zetter, Kim, Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weapon, Crown, 2014.

3 Greenwald, Glenn, No Place to Hide: Edward Snowden, Theo NSA, and the U.S. Surveillance State, Metropolitan Books, 2014; y Peinado, Mari Luz, “Snowden afirma que la NSA tuvo acceso al correo electrónico de Felipe Calderón”, El País, 20 de octubre del 2013

4 https://hipertextual.com/2017/06/hackeo-ruso-elecciones-estados- unidos-mas-alla

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/12/ataques- ciberneticos-se-extienden-12-paises

6 http://www.semana.com/tecnologia/articulo/ola-de-ataques- informaticos-en-todo-el-mundo/524914

7 http://expansion.mx/tecnologia/2017/06/27/rusia-y-ucrania-sufren- ataques-ciberneticos

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Estadísticas a propósito del día mundial de internet (17 de mayo), 2017, p. 2

9 http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx

10 ww.seguridadenamerica.com.mx/noticias/99-video/18458-ciberseguridad- materia-de-seguridad-nacional-como-la-evolucion-de-la-tecnologia- repercute-en-la-seguridad-de-un-pais

11 Espinosa, Edgar Iván, “Hacia una estrategia nacional de ciberseguridad en México”, en Revista de Administración Pública 136 Volumen L, Nº 1 (enero-abril 2015) Seguridad Nacional e inteligencia: Retos y perspectivas para México, pp. 115- 145

12 http://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/qu%C3%A9-es- seguridad-nacional/%C3%A1mbitos-seguridad-nacional/ciberseguridad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputados: Waldo Fernández González, Cecilia Guadalupe Soto González, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el avance de las nuevas tecnologías, la informática se ha convertido en un instrumento que proporciona infinitas posibilidades de desarrollo. Un número cada vez más creciente de personas tiene acceso a las nuevas tecnologías y las utilizan cotidianamente para realizar actividades de muy diversa índole: industriales, comerciales, educativas, culturales, financieras o de comunicación, entre otras. La mayor parte de la circulación monetaria se efectúa a través de sistemas informáticos. En casi todas las empresas los pagos, balances, estados de cuenta e información comercial se procesan y almacenan en computadoras.

El progreso cada día más importante y sostenido de los sistemas computacionales permite hoy procesar y poner a disposición de la sociedad una cantidad creciente de información de toda naturaleza, al alcance concreto de millones de interesados y de usuarios.

Las más diversas esferas del conocimiento humano, en lo científico, en lo técnico, en lo profesional y en lo personal están siendo incorporados a sistemas informáticos que, en la práctica cotidiana, de hecho sin limitaciones, entrega con facilidad a quien lo desee un conjunto de datos que hasta hace unos años sólo podían ubicarse luego de largas búsquedas y selecciones en que el hombre jugaba un papel determinante y las máquinas existentes tenían el rango de equipos auxiliares para imprimir los resultados.

En la actualidad, en cambio, ese enorme caudal de conocimiento puede obtenerse, además, en segundos o minutos, transmitirse incluso documentalmente y llegar al receptor mediante sistemas sencillos de operar, confiables y capaces de responder casi toda la gama de interrogantes que se planteen a los archivos informáticos.

Paralelamente a este avance tecnológico han surgido nuevas formas de conducta antisocial que han hecho de los equipos y sistemas informáticos instrumentos para delinquir. Adicionalmente, se presentan conductas en los que dichos sistemas y equipos constituyen el objeto o fin en sí mismos de la acción criminal.

La informática puede ser el objeto del ataque o el medio para cometer otros delitos. La informática reúne características que la convierten en un medio idóneo para la comisión de muy distintas modalidades delictivas, en especial de carácter patrimonial. La idoneidad proviene, básicamente, de la gran cantidad de datos que se acumulan, con la consiguiente facilidad de acceso a ellos y la relativamente fácil manipulación de esos datos.

El acceso no autorizado a computadoras o sistemas electrónicos, la destrucción o alteración de información, el sabotaje por computadora, la intercepción de correo electrónico, el fraude electrónico, la falsificación informática y la transferencia ilícita de fondos son algunas de las conductas relacionadas con el procesamiento electrónico de datos.

No sólo la cuantía de los perjuicios así ocasionados es a menudo infinitamente superior a la que es usual en la delincuencia tradicional, sino que también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse. Se trata de una delincuencia de especialistas capaces muchas veces de borrar toda huella de los hechos.

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que los delitos por computadora constituyen un grave problema, ya que las leyes, los sistemas que imparten justicia y la cooperación internacional no se han adecuado a los cambios tecnológicos. La propia organización instó a los Estados miembros a intensificar esfuerzos para combatir este tipo de conductas.

Los países de la Unión Europea tienen una regulación en el campo cibernético, que incluye seguridad de datos, creaciones intelectuales relacionadas con la informática como defraudación cibernética, contratos realizados a través de los medios binarios, clonación electrónica, destrucción y robo de información.

Naciones como Venezuela, Chile, Alemania y Austria han optado por crear una ley específica para tipificar los delitos informáticos. En cambio, otros como Argentina, España y Estados Unidos de América han optado por incluirlos en sus códigos penales.

En el país, para combatir estas nuevas formas de comportamientos antisociales, el 17 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona el capítulo II al título noveno del Código Penal Federal, con el nombre de “Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”. Se tipificaron siete nuevas figuras delictivas, los llamados “delitos informáticos”, previstos en los artículos 211 Bis 1 a 211 Bis 7, para sancionar al que sin autorización acceda a sistemas y equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad, con el propósito de conocer, copiar, modificar o provocar la pérdida de información que contenga.

Como observa el jurista Raúl González Salas, de la redacción de esos tipos penales, se desprende que los únicos bienes jurídicos que se protegen son la “información” contenida en sistemas o equipos de informática que tengan un mecanismo de seguridad, e indirectamente la “privacidad” de los datos, entendida como el derecho de no permitir a nadie a tener acceso a la información.

En cuanto que como en la misma exposición de motivos se establece, “en virtud de que el bien jurídico que se pretende tutelar es la privacidad y la integridad de la información, se incluyen los tipos propuestos en el título noveno del citado ordenamiento, que ahora sólo ocupa el delito de revelación de secretos”.

Como consecuencia, al aprobar la reforma de mil novecientos noventa y nueve, el legislador omitió tipificar conductas de la delincuencia informática que atentan contra el patrimonio, contra el mercado nacional y contra la fe pública y privada, como bienes jurídicos.

Se da como resultado que los tradicionales delitos sean ineficaces para sancionar comportamientos que vulneran esos valores y que nacieron por el surgimiento de nuevas tecnologías que, si bien lesionan bienes jurídicos tradicionales, adoptan características que no caben dentro de las figuras ya previstas.

Ello, a su vez, provoca que cada vez más conductas criminales perpetradas a través de la informática queden impunes por falta de tipos penales aplicables ante las limitaciones impuestas por el principio de legalidad penal que proscribe la analogía y la interpretación extensiva. Ciertamente, no puede adaptarse y aplicarse un tipo penal a una nueva situación cuando esa norma no ha sido expedida, no ha sido tipificada, no ha sido creada para esa hipótesis específica.

Para llenar este vacío legal, la presente iniciativa propone adicionar los artículos 246 Bis, 254 Quáter, 381 Ter y 389 Ter al Código Penal Federal y tipificar como delitos específicos y autónomos la falsificación informática, el robo informático, el fraude informático y la oferta informática engañosa.

En el fraude informático, el tipo penal consiste en crear, introducir, enviar instrucciones erróneas de modo que el sistema, que fue programado para producir un determinado resultado, arroje un resultado totalmente imprevisible que no estaba en el programa, que no estaba diseñado para eso y que produce un beneficio económico en perjuicio ajeno.

Las conductas constitutivas consisten en la manipulación ilícita, a través de la creación de datos falsos o la alteración de datos o procesos contenidos en sistemas informáticos, realizada con el objeto de obtener ganancias indebidas.

Los métodos para realizar estas conductas se deducen fácilmente de la forma de trabajo de un sistema informático: en primer lugar, es posible alterar datos, omitir ingresar datos verdaderos o introducir datos falsos en una computadora. Esta forma de realización se conoce como manipulación del input.

En segundo lugar, es posible interferir en el correcto procesamiento de la información, alterando el programa o secuencia lógica con el que trabaja una computadora. Esta modalidad puede ser cometida tanto al modificar los programas originales, como al adicionar al sistema programas especiales que introduce el autor.

A diferencia de las manipulaciones del input que, incluso, pueden ser realizadas por personas sin conocimientos especiales de informática, esta modalidad es más específicamente informática y requiere conocimientos técnicos especiales.

Del mismo modo, es posible falsear el resultado, inicialmente correcto, obtenido por una computadora. A esta modalidad se la conoce como manipulación del output.

Los objetos sobre los que recae la acción del fraude informático son generalmente los datos informáticos relativos a activos o valores. En la mayoría de los casos estos datos representan valores intangibles (depósitos monetarios, créditos, etcétera), en otros casos, los datos que son objeto del fraude, representan objetos corporales (mercadería, dinero en efectivo, etcétera) que obtiene el autor mediante la manipulación del sistema.

A su vez, la definición del robo informático propuesta prevé, a diferencia del tipo tradicional de robo, bienes tanto tangibles como intangibles con lo que atiende a la configuración de un nuevo elemento material que ya no consiste en apoderarse y mover un bien mueble del lugar donde se hallaba sino, por el contrario, dejarlo en el mismo lugar, pero asignado bajo un código o una cuenta distintos que corresponden a alguien diferente del dueño o del custodio.

Asimismo, se considera sujeto pasivo de la acción típica al simple tenedor de los bienes sustraídos. Esto, para que los tenedores habituales de estos bienes intangibles protegidos (como son los bancos, las empresas aseguradoras, por ejemplo), estén en mejores condiciones legales, económicas, de todo tipo, para constituirse y actuar como partes en los procesos.

En la iniciativa se proyecta tipificar el delito de falsificación informática, sancionando al que, a través de cualquier medio, cree, modifique o elimine un documento que se encuentre incorporado a un sistema que utilice tecnologías de información; o cree, modifique o elimine datos del mismo; o incorpore a dicho sistema un documento inexistente.

La expansión del comercio electrónico es una de las actividades que obliga a incorporar por lo menos un tipo penal descriptivo de la falsificación o eliminación de documentos o la incorporación de alguno a un sistema que utiliza tecnologías de información. Pero, además, cada vez es práctica más frecuente que organismos públicos y privados dejen de acceder a los papeles de soporte y consultan como fuente directa en los archivos de las computadoras porque asumen que tales soportes fueron transcritos cabalmente.

Por tanto, en la definición de esta figura delictiva se incluyeron diversos verbos rectores en procura de una tipificación que se ajuste cabalmente al principio de legalidad, que contemple incluso que alguien pueda hasta mover un documento, esconderlo, pues, para que no sea encontrado oportunamente y eso en computación es una práctica relativamente habitual.

Por último, conforme al proyecto, también incurrirá en las penas señaladas en el artículo 253 del Código Penal Federal, al que ofrezca, comercialice o provea de bienes o servicios mediante el uso de tecnologías de información y haga alegaciones falsas o atribuya características inciertas a cualquier elemento de dicha oferta de modo que pueda resultar algún perjuicio para los consumidores.

Por lo fundado y expuesto, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona los artículos 246 Bis, 254 Quáter, 381 Quintus y 389 Ter al Código Penal Federal, con objeto de tipificar los delitos de falsificación informática, robo informático, fraude informático y oferta informática engañosa

Único. Se adicionan los artículos 246 Bis, 254 Quáter, 381 Quintus y 389 Ter al Código Penal Federal, con objeto de tipificar los delitos de falsificación informática, robo informático, fraude informático y oferta informática engañosa, para quedar como sigue:

Código Penal Federal

Libro Segundo Título DecimoterceroFalsedad

Artículo 246. ...

Artículo 246 Bis. Las mismas penas establecidas en el artículo 243 se impondrán al que, a través de cualquier medio, cree, modifique o elimine un documento que se encuentre incorporado a un sistema que utilice tecnologías de información; o cree, modifique o elimine datos del mismo; o incorpore a dicho sistema un documento inexistente.

Título DecimocuartoDelitos contra la Economía Pública Capítulo I

Artículos 253 a 254 Ter. ...

Artículo 254 Quáter. También incurrirá en las penas señaladas en el artículo 253 el que ofrezca, comercialice o provea de bienes o servicios mediante el uso de tecnologías de información y haga alegaciones falsas o atribuya características inciertas a cualquier elemento de dicha oferta de modo que pueda resultar algún perjuicio para los consumidores.

Título Vigésimo SegundoDelitos en contra de las Personas en su Patrimonio Capítulo I

Artículos 367 a 381 Quáter. ...

Artículo 381 Quintus. Las mismas penas señaladas en el artículo 370 se impondrán al que, a través del uso de tecnologías de información, acceda, intercepte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ellos con arreglo a la ley.

Artículos 386 a 389 Bis. ...

Artículo 389 Ter. Las mismas sanciones señaladas en el artículo 386, se impondrán al que, a través del uso indebido de tecnologías de información, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de sus componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o engañosas que produzcan como resultado la alteración en cualquiera de las fases de su procesamiento o tratamiento informático, que permita hacerse de una cosa o alcanzar un lucro indebido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor del siguiente:

Exposición de Motivos

Una iniciativa es el acto jurídico que da comienzo al proceso legislativo, misma donde sólo determinados órganos del Estado o actores están facultados para su presentación en cualquier cámara del Congreso de la Unión. Una vez que es presentada, ésta será estudiada, discutida y, en su caso, rechazada o aprobada. El objetivo que persigue la iniciativa es el crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales.

El derecho de iniciar leyes o decretos a través de la iniciativa se encuentra estipulado en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los facultados:

I. Presidente de la República;

II. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. Las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; y

IV. Los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Sin embargo, el mismo artículo 71 señala una diferencia muy importante en términos de poder y a su letra dice:

“El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la república podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.”

Esta garantía que goza el presidente de la república, de que aquella iniciativa o proyecto de ley sea discutida y aprobada o rechazada en un tiempo determinado, es un privilegio en términos de democracia.

Y es que, en términos de poder legislativo, nada es más importante que el evitar la “congeladora legislativa”, la cual se forma gracias al gran número de iniciativas que son presentadas, mismas que por su gran número y por la falta de disposición de los legisladores, se encuentran detenidas para su análisis y votación, entrando así en un estado permanente de rezago y olvido.

Pues bien, lo que esta iniciativa propone es que ese carácter preferente también lo tengan las iniciativas presentadas por los ciudadanos en los términos que el mismo artículo marca.

El presentar una iniciativa ciudadana es por sí mismo un logro digno a reconocer. El pensar que un 13 por ciento del padrón nacional tuvo el interés en un tema, así como la voluntad de apoyarlo, no es algo sencillo; estamos hablando de un verdadero acto de participación ciudadana que debería ser respaldado al menos para garantizar su discusión, así como su aprobación o rechazo dentro del Congreso de la Unión.

Una iniciativa ciudadana grita interés, organización e involucramiento ante un tema que la sociedad mexicana considera importante, por lo cual debería ser motivo suficiente para la atención de la misma.

El dar el carácter de preferente a la iniciativa ciudadana significa el privilegio del Poder Legislativo de trabajar directamente para quien se merece, el pueblo.

Es preciso recordar que la separación de poderes es el resultado de la lucha contra el absolutismo. Es así que el Poder Legislativo emana de la necesidad de separar los poderes y de obtener representantes directos del pueblo, los cuales son votados y elegidos por los pobladores, razón por la cual deben atender las necesidades de los ciudadanos.

Pues bien, el poder de crear iniciativas de ley por parte de los ciudadanos tiene como consecuencia una participación constante, vertical, directa y más íntima del ciudadano con el Estado, pues tiene como objeto que el pueblo sea parte de las decisiones que toman las autoridades.

Si bien la iniciativa de tramite preferente busca el fortalecimiento y la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de manera eficiente, es tiempo de que se fortalezca la relación del Congreso de la Unión con los ciudadanos.

Y es que hoy en día el nacimiento de una iniciativa ciudadana es más sencillo gracias a la tecnología. Con ella han surgido nuevos conceptos, uno de ellos, la democracia digital, la cual se entenderá como el desarrollo de la democracia a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, dando como resultado acceso a la información, un ejercicio más transparente del ejercicio público, elecciones más confiables , mejora de la participación ciudadana en calidad y cantidad, y la contribución pública en la toma de decisiones políticas, la cual otorgue legitimidad a su gobierno. Es gracias a esa democracia digital que hoy es más viable la organización ciudadana, misma que podrá evidenciarse en la presentación de iniciativas.

La democracia digital contribuye a mejorar la calidad de la democracia. Según Robert Dahl los elementos que caracterizan a los regímenes políticos democráticos contemporáneos son:

1. Participación efectiva: Oportunidades adecuadas e iguales para que los ciudadanos expresen su voz.

2. Igualdad de voto: Que la participación de todos valga por igual al momento de adoptar decisiones.

3. Entendimiento ilustrado: Oportunidades iguales y adecuadas para que los ciudadanos descubran y validen sus preferencias en las cuestiones por decidir.

4. Control de agenda: Derecho popular para inferir sobre qué asuntos se deberán como prioridades e incluir en la agenda.

5. Inclusión: Todos los miembros adultos de la sociedad deberán tener los mismos derechos.

Pues bien, entendiendo que gracias al uso de la tecnología los ciudadanos podrán encontrar en ella un medio de organización y comunicación para la presentación de iniciativas, podemos afirmar que, dándole el carácter de iniciativa preferente a las iniciativas presentadas por la ciudadanía, se logrará incrementar el nivel de democracia en nuestro país, pues los puntos anteriormente mencionados se estarían fortaleciendo y cumpliendo.

Considerandos

El derecho de presentar iniciativas de ley por parte de los ciudadanos en nuestro país es un derecho reciente, pues la reforma del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2012, donde también se incluyó la facultad por parte del presidente de la republica de presentar Iniciativas de tramite preferente.

El centralismo por el cual era caracterizado nuestro país fue perdiendo terreno con los años, siendo 1997 el año en el que, por primera vez, el partido gobernante, no tenía la mayoría de los escaños legislativos. La pérdida de poder fue tal, que desde los comicios del año 2000 se describe a México como un país con la ausencia de un gobierno unificado, viéndose obligado a tener un poder ejecutivo que tiene que duplicar su esfuerzo para conseguir sus políticas de gobierno, pero también ha sido un poder ejecutivo que debe expandir su negociación e incrementar los actores con los que se tiene que negociar, incrementando así los costos de la legislación.

Dicho lo anterior, se explica que en el año 2012 fuera aprobada la iniciativa que declara como preferente las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en términos del artículo 71; resurgiendo así una alternativa al control del Poder Legislativo en el país, la cual ahora demanda ser balanceada al darle el mismo trato a las iniciativas presentadas por los ciudadanos.

El artículo 51 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos marca que los diputados son representantes de la nación, y como tal se establece la obligatoriedad de escuchar las demandas de ésta.

La división de poderes es un ejercicio sano que fortalece la democracia al no depositar el poder último en un solo hombre o institución, todo en beneficio de salvaguardar el interés común de la sociedad. Dividir el poder favorece la existencia de un equilibrio entre los diferentes poderes y una sana de descentralización del poder, siendo siempre la voz más importe la de la población.

La última iniciativa de trámite preferente fue presentada por el presidente el 1 de febrero de 2017, misma que fue aprobaba por las dos cámaras y trabaja un tema prioritario por la situación que viven los Dreamers (inmigrantes indocumentados que llegaron siendo unos niños a Estados Unidos) por las leyes migratorias impuestas por el presidente de los Estados Unidos. La aprobación de la iniciativa permitió tomar las medidas necesarias al problema expuesto. Es decir, a través de la iniciativa preferente se legisló sobre un tema que se consideraba importante para el país; lo mismo que pretendería el esfuerzo de la ciudadanía al trabajar y unirse para la presentación de una iniciativa propia.

En México ya existe el precedente de tomar las iniciativas ciudadanas como preferentes. En la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 25, apartado B, numeral 4, se consagra el carácter de preferente a las iniciativas ciudadanas, las cuales son presentadas el día de apertura del periodo ordinario de sesiones y que cuente con al menos el 0.25 por ciento de firmas de las personas inscrita en la lista nominal de electores de la Ciudad de México.

En la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 6 establece : “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.”

Hoy en día existen importantes herramientas puestas en marcha por la ciudadanía, las cuales buscan aumentar el grado de participación ciudadana e involucramiento en las decisiones públicas. Un ejemplo de ella es “Haz tu ley”, un portal de internet donde los ciudadanos pueden proponer una iniciativa de ley, y donde un equipo de expertos la somete a estudio y revisión para que tenga la redacción necesaria para poder ser presentada en la institución correspondiente. Cabe mencionar que en materia de competencia es para los tres órdenes de gobierno, pero municipal y estatal es exclusivamente para el estado de Jalisco.

Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Primero. Se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. - IV. ...

...

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la república y los ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el inciso IV podránpresentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

En el caso de las iniciativas ciudadanas, sólo se recibirán dos por el total de ciudadanos del padrón electoral, el resto podrán ser admitidas sin gozar del carácter de preferente.

Segundo. Se reforman los artículos 134 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134.

1. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso de la Unión por el presidente de la república y los ciudadanos en las características que marca el artículo 71, inciso IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de sus facultades exclusivas para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen.

2. ...

Artículo 136.

1. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la república y los ciudadanos conforme a lo estipulado en el artículo 71, inciso IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrán presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen.

2. ...

a) - d) ...

Tercero. Se reforma el artículo 3 del Reglamento de la Cámara de diputados, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

I a IX...

X. Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo federal y los ciudadanos en términos de lo señalado por el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Iniciativa de ley o decreto”. Sistema de Informaciones legislativa.

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=123

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

3 Ídem.

4 Río Doce. “Triplican congeladora legislativa”. 10 de julio de 2016.

http://riodoce.mx/noticias/triplican-congeladora-legislativa

5 (1988) Estado de Derecho y sociedad democrática (España, Ed. Taurus), p. 47.

6 Las reformas directas de la democracia. UNAM.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/345/19.pdf

7 Innovación democrática y TIC, ¿hacia una democracia participativa?. Universidad Abierta de Cataluña.

http://www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/colombo.pdf

8 E-democracia y oportunidades de participación ciudadana en los portales web estatales. Fondo Aleph.

http://aleph.org.mx/jspui/handle/56789/3455

9 Diario Oficial de la Federación.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf

10 Revista Mexicana de Sociología. “¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo.” Octubre-diciembre 2012.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32125008004

11 “Diputados avalan reforma para revalidar estudios de dreamers”. Televisa. NEWS. Fecha: 16 de marzo de 2017.

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-03-16/ diputados-avalan-reforma-revalidar-estudios-dreamers/

12 Constitución de la Ciudad de México.

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ 5ce082b97c1d162262f168cd2612088d.pdf

13 “Carta Democrática Interamericana.” Segob.

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2000.pdf

14 “Haz tu ley”.

http://haztuley.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.— Diputados: Germán Ernesto Ralis Cumplido,Jonadab Martínez García, María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6 y 7 de la Ley Minera, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El sector minero es uno de los más importantes para el desarrollo de nuestro país. Así se reconoce en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, donde se señala que esta industria representa la cuarta fuente generadora de divisas, sólo por detrás de la industria automotriz, la industria eléctrica y electrónica y el petróleo.

Según datos de la Cámara Minera de México, 70 por ciento de la superficie del territorio nacional tiene potencial de desarrollo geológico, por lo que los impactos de la minería se extienden a 24 de los 32 estados de la República, entidades federativas donde se desarrolla esta industria, gracias al fuerte potencial que en sus tierras superficiales y subsuelo existe. Lo anterior, convierte a nuestro país en el principal destino para la inversión en exploración de minerales en América Latina y el cuarto a nivel mundial.

Nuestro país es líder mundial en la producción de plata y se encuentra entre los diez principales productores de 19 minerales, entre los que se encuentran: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.

Uno de los aspectos que más atraen a los inversionistas es que nuestro país es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre. También, es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto más grande de plomo.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Economía (SE), la producción minera de México se divide entre 21 por ciento de oro, 20 por ciento de plata, 14 por ciento de cobre, 8 por ciento de zinc, y el resto en otros minerales. También, cabe destacar que según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dicho sector, al cierre de 2015, generó 344 mil 912 plazas laborales.

Como se ha señalado, diversos inversionistas han mostrado interés por la minería en el país. Baste mencionar que, de acuerdo a la SE, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en la industria minera la inversión extranjera directa aumentó más de 224 por ciento, comparada con el sexenio anterior.

Nuestra Constitución, en su artículo 27, establece que el uso de los recursos naturales los debe impulsar el Estado y, sólo excepcionalmente, los particulares. Esto es algo que no se está cumpliendo en la minería, ya que este sector está concentrado y dominado por pocas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que se benefician de la riqueza de la industria.

No obstante, son los grandes corporativos extranjeros, quienes concentran la mayor producción, sobre todo en lo que se refiere al oro y la plata. De acuerdo a la Cámara Minera de México (Camimex), 70 por ciento del volumen de la producción minera proviene de compañías internacionales y 30 por ciento de las nacionales. Canadá lidera las empresas mineras internacionales, al ser siete de las once minas de oro más importantes de México propiedad de canadienses, le sigue Estados Unidos de América, China, Japón, Australia, Reino Unido y Corea del Sur.

Sin embargo, alrededor de esta importante industria también se entrelazan historias menos halagüeñas, tales como problemas de contaminación, inseguridad y conflictos en las comunidades y con otros sectores productivos, como la agricultura y el turismo.

Las comunidades en donde se desarrollan las actividades mineras pocas veces se ven beneficiadas, por el contrario, sufren los impactos ecológicos, debido a que la extracción de minerales afecta el medio ambiente, desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo cuerpos de agua y suelos; por lo cual, atentos a esta problemática, como grupo parlamentario, en Nueva Alianza proponemos revitalizar la importancia de la valoración del impacto ambiental en las concesiones mineras, imprimiéndole un sentido de sustentabilidad a uno de los sectores más dinámicos del país.

Argumentación

La minería representa una de las actividades económicas con mayor tradición en nuestro país, ha sido realizada desde la época prehispánica y marcó las directrices para la expansión regional desde tiempos de La Colonia. En época más reciente, la contribución de la industria minera ha mantenido su importancia para el desarrollo económico del país, ya que ha generado una cantidad importante de empleos, divisas e inversiones.

Sin ignorar el reconocimiento a los beneficios económicos que ha generado, también se debe señalar que la minería no ha estado exenta de conflictos sociales, pues se trata de una actividad caracterizada por la excesiva afectación al medio ambiente.

La riqueza que produce la extracción de minerales está distribuida de manera inequitativa: de acuerdo con datos de la SE, Zacatecas es el principal productor de minerales; sin embargo, se encuentra entre los diez estados con más bajo desarrollo humano del país, según afirma el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A esto, debemos agregar que la Organización Panamericana de la Salud señala que “de todas las actividades económicas, la minería es la que causa más efectos negativos en la salud y enfermedades que pueden reducir la esperanza de vida hasta en 15 años”.

Pese a las repercusiones provocadas, la minería ha gozado de un trato privilegiado en el ámbito jurídico nacional, debido a razones económicas, estratégicas y geoestratégicas. En este aspecto, se ha destacado la participación de la minería en el producto interno bruto (PIB), las fuentes de empleo que ha generado y las importantes inversiones que ha atraído de capital extranjero; ello, sin cuestionar la afectación que provoca al medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales y a las comunidades donde se asienta.

Prueba de ello es la consideración que se mantiene en la Ley Minera, donde se le concibe como de “utilidad pública”, con lo cual, en automático se le reconoce como una actividad prioritaria, sólo subordinada a “las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Ello, en detrimento de los intereses individuales y colectivos de quienes realizan actividades distintas o bien de aquellos que se ven afectados por dicha actividad.

De ahí el interés de nuestro grupo parlamentario por eliminar la consideración de la minería como de “utilidad pública”, para lo cual, proponemos que se le mantenga como una actividad prioritaria, “siempre que se demuestre el beneficio social, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”, a fin de armonizar lo dispuesto en la Ley Minera con lo que se establece en el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Por lo tanto, se establece la necesidad de que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente realice un estudio de impacto ambiental como parte de los requisitos para el otorgamiento de concesiones, nacionales o extranjeras, ya que actualmente sólo se le pide a la Secretaría de Energía la evaluación de carácter técnico.

Asimismo, a fin de reforzar el aspecto del cuidado al medio ambiente, se propone que, como atribución de la Secretaría de Economía, se establezca que debe privilegiar el aprovechamiento racional de los recursos minerales, por encima de su exploración y explotación.

Por otro lado, uno de los privilegios que reconoce la Ley Minera a los inversionistas, y que profundiza la desigualdad entre los intereses de los inversionistas y los trabajadores, es la de dotar de carácter de confidencialidad la información sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas, lo cual atenta contra la transparencia de sus transacciones, ya que no existen razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen este estatus de confidencialidad.

Como señala Jaime Cárdenas, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es urgente realizar una revisión de las características actuales de la minería en México. Lo anterior nos obliga a considerar sus costos ambientales, hídricos, energéticos, sociales y culturales, así como su aportación actual a la economía, a fin de que su operación responda a los intereses nacionales, y no sólo al nivel de utilidades que recibe el pequeño grupo de inversionistas que dominan la actividad en nuestro país.

De acuerdo a datos recientes, durante 2016 el volumen de producción de los principales metales del país registró una caída a nivel nacional de oro, plata y zinc, presentando descensos de 11.8, 9.8 y 10.3 por ciento, respectivamente. De los importantes estados productores de oro, exhibieron caídas Zacatecas (20.6 por ciento), Durango (22.4 por ciento) y Guerrero (17.5 por ciento), entidades que concentran más de una tercera parte del total nacional. En la plata, los tres primordiales territorios líderes, con 68.8 por ciento de aportación a la producción, en el 2016 retrocedieron, en términos anuales, Zacatecas (9.9 por ciento), Durango (25.4 por ciento) y Chihuahua (9.1 por ciento).

El doctor Henry Veltmeyer, profesor investigador en Minería Extractiva en la Universidad Autónoma de Zacatecas, considera que:

“La minería es una de las actividades productivas más contaminantes. Es inherentemente insostenible, ya que implica el agotamiento de recursos no renovables. La industria minera, una de las más antiguas y de mayor utilidad para el hombre, tiene un alto impacto, en virtud de que afecta el ambiente desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua superficiales y subsuperficiales.”

Los problemas ambientales se producen por la minería a cielo abierto y el alto consumo de agua que exige la actividad, como ocurre en Mazapil, Zacatecas, un municipio semidesértico de muy alta marginación, donde los trabajos en la mina de oro más grande de México propiedad de la empresa canadiense Gold Corp, han provocado graves problemas ambientales y a las comunidades, debido a las grandes cantidades de agua que utiliza para los procesos de lixiviación, quitando a la población aledaña el líquido necesario para realizar sus actividades agrícolas a pequeña escala.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera

Artículo Único.Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los actuales párrafos cuarto y quinto, que pasan a ser el párrafo quinto y sexto, respectivamente, al artículo 6 y se reforman las fracciones I y IX del artículo 7; todos de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 6.La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma y siempre que se demuestre el beneficio social, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.Únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

..

...

La Secretaría realizará junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un estudio de factibilidad ambiental, con objeto de determinar el impacto que podrían tener dichas actividades en el entorno, a fin de que la expedición de los títulos de concesión no sea en menoscabo de la calidad de vida del entorno.

En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a que se refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en la misma superficie, podrá otorgar o negar la concesión minera, excluyendo la superficie que comprendan las actividades preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación minera.

Con base en el estudio a que hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de Energía podrán establecer reglas de convivencia entre las actividades mineras y las actividades estratégicas de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Artículo 7.Son atribuciones de la Secretaría:

I.Regular y promover la exploración y explotación, privilegiando el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la nación;

II.a VIII....

IX.Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral;

X.a XVII....

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.La Secretaría contará con 180 días naturales para actualizar las disposiciones reglamentarias que deriven del presente decreto.

Notas

1 Disponible en:

http://www.industriamineramexicana.com/2013/02/la-importancia-de- la-mineria-en-mexico/, consultado el 25 de mayo de 2017.

2 Disponible en:

https://www.forbes.com.mx/hacia-donde-va-la-industria-minera-de-mexico/, consultado el 24 de mayo de 2017.

3 Disponible en

https://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/05/08/la-mineria-en-mexico- un-negocio-para-pocos, consultado el 15 de mayo de 2017.

4 Disponible en

http://archivo.estepais.com/site/2014/retos-y-perspectivas-de-la- mineria-en-mexico/, consultado el 12 de mayo de 2017.

5 Disponible en:

http://www.sinembargo.mx/09-04-2013/579050, consultado el 24 de mayo de 2017.

6 Disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/26/politica/005n1pol, consultado el 16 de mayo de 2017.

7 Disponible en:

http://www.sinembargo.mx/09-04-2013/579050, consultado el 24 de mayo de 2017.

8 Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1405-91932013000100002, consultado el 19 de mayo de 2017.

9 Disponible en:

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/03/08/principales- estados-mineros-pais-sin-brillo-2016. Consultado el 25 de mayo de 2017.

10 Disponible en:

http://www.redalyc.org/pdf/325/32519776008.pdf, consultado el 15 de mayo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país multicultural en el que conviven diversas expresiones artesanales, en el territorio mexicano se encuentran artesanías que son diferentes dependiendo de la región en la que se encuentran, estas pueden variar en la forma o procedimiento en la que son elaboradas.

Las expresiones artesanales más importantes que se registran en nuestro país son: el barro negro (Oaxaca), la talavera (Puebla), el rebozo (San Luis Potosí), el árbol de la vida (Estado de México, Puebla, Oaxaca), los alebrijes (Oaxaca), el sombrero de charro y, del estado de Hidalgo, los tenangos.

Los artesanos, son quienes dan vida a este tipo de creaciones que, muchas veces, son enaltecidas no solamente en México; sino que también en el ámbito internacional son reconocidas y admiradas por muchas personas, incluso por profesionales dedicadas a la evaluación del arte.

Las artesanías mexicanas tienen una expresión particular que, en ningún lado del mundo pueden ser igualadas por otros artesanos; las figuras, expresiones o actividades que se realizan en nuestro país son únicas y, a su vez, especiales para las personas que las realizan.

Muchas veces estas personas, los verdaderos artesanos, no saben que sus diseños o sus producciones artesanales pueden ser sujetas de ser sean plagiadas, parcialmente o en su totalidad. En ocasiones, los mismos artesanos se llegan a encontrar con la terrible sorpresa que sus obras o sus trabajos han sido reproducidos sin su conocimiento ni consentimiento y resulta que dichas reproducciones han obtenido un lucro indebido, del cual nada les toca a sus creadores originales.

La mayoría de los artesanos no saben, por falta de capacitación ni asesoría adecuadas, proteger los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, las que han sido construidas y elaboradas por ellos, lo que los colocan en desventaja –cuando no en la indefensión-, ya que su trabajo puede ser indebidamente reproducido, viéndose vulnerada, con ello, su integridad comunitaria e incuso familiar.

En un documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se hacen las precisiones exactas de cómo es que la propiedad intelectual debe ser protegida con relación a las artesanías que se realizan.

Respecto a la propiedad intelectual, el texto en cuestión hace una diferencia especifica de cómo es que las artesanías deben ser clasificadas y las cualidades que deben tener para que puedan ser objeto de protección intelectual.

Así, las artesanías deben tener tres aspectos relevantes, a saber:

• Reputación.- derivada de su estilo, origen o calidad.

• Apariencia externa.- su forma y diseño

• Saber hacer.- la pericia y los conocimientos utilizados para crear y fabricar los productos de artesanía.

Cada elemento puede estar protegido por una forma distinta de propiedad intelectual. El saber hacer, por ejemplo, puede estar protegido por las patentes o en calidad de secreto comercial; la apariencia externa puede recibir protección mediante el derecho de autor respecto de los dibujos o modelos industriales, mientras que la reputaciónpuede protegerse por medio de las marcas de producto o de servicio, las marcas colectivas o de certificación, las indicaciones geográficas o la legislación sobre competencia desleal.

Por desgracia, la información no llega a quienes lo necesitan imperiosamente. Es urgente que el Estado Mexicano difunda y asesore el contenido de las recomendaciones que este tipo de organizaciones emiten para poder procurar, a todos los sectores de la población, la mayor protección posible.

Nuestros artesanos deben encontrar en el Estado mexicano el impulso, la asesoría y la protección necesarias para mejor proveer a una producción artesanal que detone la economía y genere bienestar a tan importantes productores mexicanos, haciendo llegar sus creaciones a todos los rincones del país y del orbe.

Un triste ejemplo del desamparo en materia de asesoría respecto a la protección de la propiedad intelectual es lo que viven muchos artesanos del Estado de Hidalgo. En particular, los llamados tenangos, los que han sido, en reiteradas ocasiones, reproducidos y exhibidos por diferentes empresas en su totalidad, como originales de sus marcas y no hechos por artesanos del Municipio de Tenango de Doria, de donde provienen.

Muchas otras comunidades a lo largo y ancho del país que, de igual manera, fabrican artesanías que son propias de su región, no reciben reconocimiento y, en muchas ocasiones, igualmente son explotadas sin que los artesanos ni entornos originales reciban ganancia alguna.

La presente iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Economía, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios brinden asesoría para proteger la propiedad intelectual de los productos artesanales elaborados en todas las regiones del país.

Se pretende que, los productos artesanales elaborados en México, sean protegidos en materia de propiedad intelectual para que nadie pueda hacer mal uso de los diseños y estos, a su vez, tengan el reconocimiento a nivel nacional e internacional que merecen.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Artículo Único. Se reformala fracción IV del artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I a III.- (...)

IV. Impulsar las tareas de investigación y de aplicación de técnicas de mejoramiento para el fomento y desarrollo de la producción artesanal, así como brindar asesoría en materia de la protección de la propiedad intelectual; y

V. (...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La propiedad intelectual y la artesanía tradicional, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultado en:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_5.pdf

2 Ídem.

Salón del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, octubre 26 de 2017.— Diputados y diputadas: Refugio Trinidad Garzón Canchola, Alejandro González Murillo, Alfredo Bejos Nicolás, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gonzalo Guízar Valladares, Jonadab Martínez García, José Alfredo Ferreiro Velazco, María Gloria Hernández Madrid, María Victoria Mercado Sánchez, Nora Liliana Oropeza Olguín, Pedro Luis Noble Monterrubio, Rosa Alba Ramírez Nachis, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Samuel Alexis Chacón Morales, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»