DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 4 de noviembre de 2003	Sesión No. 21

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados 279 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:20 horas):

Se abre la sesión.

Rogamos a todas las personas que no son legisladores, tengan la bondad de ocupar los lugares que les corresponden.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de noviembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del Estado de Zacatecas.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de Gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Con anteproyecto de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación. (Votación.)

Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco

Que adiciona una fracción XVIII al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano, a cargo de la diputada Clara Marina Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma diversos ordenamientos legales, para hacer públicas y auditables las declaraciones de bienes patrimoniales, renunciando al secreto bancario, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Paquete de iniciativas de reformas constitucionales, y creación de leyes en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social, por el que se propone reformar el artículo 16 en sus párrafos cuarto, quinto y sexto; reformar el artículo 20, fracciones III y VI, del Apartado A y fracciones I, II y IV del Apartado B; adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 21; reformar la fracción XXI, adicionar un segundo párrafo al artículo 73; reformar el tercer párrafo del artículo 102 y la fracción V, incisos h) e i), del Apartado C, Base Primera, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se propone la creación de un Código Penal Unico, un Código Unico de Procedimientos Penales, para toda la República, y la expedición de nuevas leyes de tratamiento de menores infractores y de ejecución de penas y readaptación social de sentenciados, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite copia del oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar cumplimiento al artículo 54, fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, se remite el informe correspondiente al tercer trimestre del avance físico y financiero del Programa de Empleo Temporal y del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA). (Turno a comisión.)

Con el que remite copia de la contestación del subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, con relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Erika Silvia Rempenig Rico para desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos licenciados Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada para prestar servicios como asesores jurídicos en la Embajada de Belice en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Edith Islas Pineda, Alfa Sol Ceceña Castro, Arturo Martínez Avila, Ignacio Cortés Llamas y Magdalena Mendoza Mendoza para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mónica Rocío Martínez Romero, Mónica Adriana Martínez Hernández, Luis Torres Palomares y Antonio Gracia Delgado para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, en el Consulado General en Guadalajara, Jalisco, y en el Consulado en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto decreto que concede permiso a los ciudadanos María Catalina Gurrola Ponce y Felipe Homero Saldaña López para prestar servicios en la Embajada de Australia, en México.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición presentada por diputados del estado de Jalisco, para que se exhorte al Congreso del Estado de Jalisco, para que realice una consulta a los servidores públicos del Estado, así como a las organizaciones sindicales, antes de hacer alguna modificación a la Ley de Pensiones del Estado.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que complemente el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2002, así como la reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a través de los cuales se incorpora al municipio de Caborca, Sonora, como parte de la región fronteriza, a cargo del diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplique los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y los criterios de jurisprudencia respectivos para determinar la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y otros de lesa humanidad, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a la Procuraduría General de la República, y a las secretarías de Seguridad Pública, de Economía y de Hacienda y Crédito Público para que se tomen medidas urgentes en la infiltración de productos de contrabando que dañan la economía y la seguridad nacionales, por parte de ciudadanos y de mafias extranjeras que ingresan en el territorio nacional ilegalmente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para promover y crear en el estado de Quintana Roo un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dado el estado de indefensión en el que se encuentra el ciudadano en materia de justicia fiscal y administrativa, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se busque la solución más adecuada al conflicto laboral que un grupo de trabajadores del INEGI tiene con esa dependencia, a cargo del diputado Roberto Javier Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que la Cámara de Diputados se manifieste en contra de las declaraciones realizadas por el Presidente de Estados Unidos de América, George Bush, en relación con las cuatro medidas de endurecimiento anunciadas por su gobierno contra Cuba, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a incorporar en sus objetivos y programas la atención a niños y jóvenes de la calle, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos del año 2004 se destinen recursos suficientes a los programas del sector salud que beneficien a las niñas y mujeres del medio rural, a cargo de la diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo, para que en el presupuesto del año 2004 se realicen los ajustes que permitan que los recursos autogenerados por el Instituto Politécnico Nacional, sean considerados como parte de su patrimonio, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para extender la vigencia del fideicomiso de inversión en infraestructura en los estados e integrar el financiamiento de proyectos municipales de impacto social y económico, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que radique de inmediato los recursos federalizados pendientes de envío a las entidades federativas, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que instruya a la Sedesol y a la SHCP se considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004 la ampliación de la partida presupuestal para el fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal, a cargo del diputado Oscar Bitar Haddad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo, para integrar una comisión especial que revise la debacle de los sectores pesquero y otros colaterales afectados en el estado de Campeche, relacionados con la expansión de Pemex en la zona del mismo nombre, e instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral, a cargo del diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves treinta de octubre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las diez horas con veintiún minutos del jueves treinta de octubre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Proposición de la Junta de Coordinación Política con punto de acuerdo para que se elabore una placa conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser elegidas. Se aprueba en votación económica.

El Congreso del Estado de Puebla remite dos iniciativas con proyectos de decreto por los que:

Se adiciona el numeral seis de la fracción tercera del artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma la fracción segunda del artículo ciento quince de la Ley General de Salud, en materia de obesidad. Se turna a la Comisión de Salud.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos cuarenta y ocho y cuatrocientos sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, en materia de betanálogos. Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.

Francisco Javier Bravo Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite:

Informe de la visita oficial del ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de su participación en la quincuagésima octava Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Copia de la contestación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la condonación de adeudos a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al promovente, para su conocimiento.

La evaluación de los programas a cargo de la Secretaría de Economía. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las once horas con doce minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos sesenta y un diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del cuatro al seis de noviembre de dos mil tres, a fin de que realice una visita de trabajo a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en los Estados Unidos de América. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen y sin nadie que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto respectivo, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos tres votos en pro, trece en contra y catorce abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Economía, como administradora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a que intervenga para prorrogar la entrada en vigor de las disposiciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos de América relacionadas con los transportistas mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía.

Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Congreso del estado de Chiapas, a efecto de que analice la pertinencia de reformar la Constitución Política local con el fin de que se respete el derecho a votar y ser votado a toda persona que tenga la calidad de ciudadano chiapaneco, por nacimiento o por residencia. En contra habla la diputada Sonia Rincón Chanona, del Partido Revolucionario Institucional, y en pro la diputada proponente. La Asamblea, en votación económica, admite la proposición y el Presidente la turna a la Junta de Coordinación Política.

Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobierno federal a fin de que haga una propuesta de presupuesto educativo para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, que permita proyectarlo al ocho por ciento del producto interno bruto en dos mil seis y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, así considera el asunto y de la misma manera aprueba la intervención de seis oradores. En consecuencia, se concede la palabra a los diputados: Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México; José Guillermo Arechiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática; Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; y Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la violencia familiar y la Norma Oficial Mexicana para su atención NOM-ciento noventa-SSA uno-mil novecientos noventa y nueve. Se turna a las comisiones de Seguridad Pública, de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género, esta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, y atendida por la Presidencia.

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura, a que el estudio, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se den bajo una orientación social, solidaria y subsidiaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Marcelo Herrera Herbert, del Partido de la Revolución Democrática, para crear la Comisión Especial del Café. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que establezca medidas y programas especiales para la protección de especies migratorias que arriban en esta época al territorio nacional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que, en las negociaciones con los Estados Unidos de América, pugne por un mercado equitativo de edulcorantes. Se turna a la Comisión de Economía.

Desde su curul el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum. El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura al artículo vigésimo séptimo del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, y en tanto se verifica mediante ese sistema, se continúa con el orden del día.

Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro.

El Presidente informa de la recepción de una solicitud suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios para que la proposición de referencia sea considerada de urgente resolución. La Asamblea aprueba la incorporación del asunto en el orden del día como de urgente resolución en votación económica y de la misma manera así lo considera. La Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta diputadas y diputados, por lo que se comprueba la existencia de quórum. Hablan en pro del punto de acuerdo los diputados Felipe Medina Santos, del Partido Revolucionario Institucional; y Renato Sandoval Franco, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a que apliquen las medidas necesarias a pescadores del estado de Guerrero que contaminan los ecosistemas marinos con pólvora y cianuro. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Seguridad Pública y de Defensa Nacional.

José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, sobre las relaciones México-Cuba y la seguridad en la región. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las áreas de prevención y exclusión marítimas de la sonda de Campeche y la reducción de las zonas de captura del camarón en el Golfo de México. Se turna a las comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Carlos Osvaldo Pano Becerra, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a adoptar las medidas necesarias a efecto de homologar los precios de la gasolina en las ciudades y municipios que conforman la frontera sur. Se turna a la Comisión de Energía.

El Presidente informa de la recepción de una solicitud suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios para incorporar en el orden del día un punto en el capítulo de agenda política y la Asamblea, en votación económica, aprueba su incorporación. En consecuencia, se concede la palabra para referirse a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anula la elección de gobernador en el estado de Colima y ordena al Congreso local a que convoque a nuevos comicios, a los diputados: Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Socorro Díaz Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, y acepta una interpelación del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Claudia Ruiz Massieu Salinas y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa de la recepción de una solicitud suscrita por cinco de los seis coordinadores de los grupos parlamentarios para incorporar en el orden del día el nombramiento del Consejero Presidente y de los consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Asamblea aprueba su incorporación en votación económica.

En el apartado de efemérides se refieren al centésimo trigésimo aniversario del natalicio de Don Francisco I. Madero los diputados: Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, y en atención a su solicitud atendida por la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio en memoria del ilustre mexicano; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional.

A las quince horas con cuatro minutos el Presidente declara un receso.

A las veinte horas con cuarenta y tres minutos se reanuda la sesión y se abre un nuevo receso.

A las cero horas con veintiséis minutos del viernes treinta y uno de octubre de dos mil tres, se reanuda la sesión y se declara otro receso.

A las dieciocho horas con diecisiete minutos se reanuda la sesión.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Mesa Directiva para normar el procedimiento de la elección del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Asamblea lo aprueba en votación económica.

La Secretaría da lectura a las propuestas para el efecto presentadas conjuntamente por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

La Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados, confirmando la existencia de quórum, y acto seguido da lectura a las propuestas presentadas por el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, solicita aclaraciones sobre la reanudación de la sesión y el Presidente atiende la solicitud.

La Secretaría da lectura a las propuestas remitidas por el grupo parlamentario de Convergencia.

En votación económica la Asamblea dispensa todos los trámites al asunto de referencia.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien es interrumpido por el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, para solicitar moción de orden que la Presidencia atiende, y acepta interpelación del diputado Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional; Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional; y Rebeca Godínez y Bravo, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica.

Desde su curul el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, solicita dar lectura nuevamente a las propuestas de su grupo parlamentario y que la cédula respectiva sea distribuida. El Presidente instruye a atender ambos pedimentos.

También desde su respectiva curul hablan los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, quien propone sean entregadas a cada diputado las cédulas con las diversas propuestas presentadas; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar aclaraciones; y Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, y Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, ambos para hacer aclaraciones sobre el procedimiento de elección por cédulas. El Presidente, en su oportunidad, informa que se someterá a consideración del Pleno la entrega de una cédula a cada diputado de acuerdo a las propuestas formuladas por el coordinador de su respectivo grupo parlamentario, con derecho a cambiarla si así lo desea, y hace los comentarios que corresponden.

La Asamblea, en votación económica, aprueba la entrega de una cédula por cada diputado.

Se procede a la elección correspondiente y después del escrutinio y cómputo respectivos, la Secretaría informa de los siguientes resultados:

Para Consejero Presidente, ochenta votos a favor del ciudadano Jesús Cantú Escalante; trescientos sesenta votos a favor del ciudadano Luis Carlos Ugalde Ramírez; y un voto por un ciudadano distinto. En consecuencia, el Presidente declara electo al ciudadano Luis Carlos Ugalde Ramírez como Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Désele la formalidad de decreto.

Para Consejeros Electorales, cinco votos a favor de los ciudadanos Alberto Begné Guerra, Angel Rafael Díaz Ortiz, Rosa María Mirón Lince, Clara Jusidman de Bialostozky, José Fernández Santillán, Arturo Sánchez Gutiérrez, Virgilio Andrade Martínez y Emilio O. Rabasa, como propietarios; setenta y nueve votos a favor de los ciudadanos Mauricio Merino Huerta, Alonso Lujambio Irazabal, Jacqueline Peschard Mariscal, Clara Jusidman de Bialostozky, María de los Angeles Fromow Rangel, José Antonio Crespo Mendoza, Jorge Alonso Sánchez y Leonardo A. Valdés Zurita, como propietarios; trescientos cincuenta y cinco votos en pro de los ciudadanos Andrés Albo Márquez, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapí Renner, María Lourdes del Refugio López Flores, Rodrigo Morales Manzanares y Arturo Sánchez Gutiérrez, como propietarios; e Isidoro Yescas Martínez, Wanda Sigrid Arzt Colunga, María del Carmen Alanís Figueroa, Ignacio Almada Bay, Mauricio Joel Peña Pierre, José Bernardo García Cisneros, Margarita Herrera Ortiz y Claudio Gerardo Jones Tamayo, como suplentes; y un voto por ciudadanos distintos.

En consecuencia, el Presidente declara electos a los ciudadanos Andrés Albo Márquez, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapí Renner, María Lourdes del Refugio López Flores, Rodrigo Morales Manzanares y Arturo Sánchez Gutiérrez, como Consejeros Electorales propietarios del Consejo General del Instituto Federal Electoral; y a los ciudadanos Isidoro Yescas Martínez, Wanda Sigrid Arzt Colunga, María del Carmen Alanís Figueroa, Ignacio Almada Bay, Mauricio Joel Peña Pierre, José Bernardo García Cisneros, Margarita Herrera Ortiz y Claudio Gerardo Jones Tamayo, como Consejeros Electorales suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Désele la formalidad de decreto y notifíquese al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los interesados, al Ejecutivo y a la Cámara de Senadores.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados.

El Presidente clausura la sesión a las veintiún horas con siete minutos del viernes treinta y uno de octubre de dos mil tres, citando para la que tendrá lugar el martes cuatro de noviembre de dos mil tres a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Dígame, señor diputado.

Activen el sonido en la curul del diputado Espinoza.

El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul):

Para corregir el acta, señor Presidente.

Relativo a la votación que otorga permiso al señor Presidente de la República para ausentarse, el acta da cuenta de un total de 14 abstenciones y el informe que tenemos en nuestro poder de la Secretaría General informa que ese número fue de un total de 20. Le solicitamos se haga la corrección.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se toma debida nota.

Adelante.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe a Secretaría.

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FRIJOL
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Zacatecas.--- LVII Legislatura.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Adjunto tenemos el honor de remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 74, aprobado por la H. Quincuagésima Séptima Legislatura local en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual solicitamos que se considere en el Presupuesto de Egresos de 2004 un apoyo ampliado, suficiente y directo a los productores para la infraestructura e insumos que vigoricen el cultivo del frijol. Lo anterior, en cumplimiento del contenido del referido documento.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., a 21 de octubre del año 2003.--- La H. LVII Legislatura del Estado.--- Dip. Pablo L. Arreola Ortega (rúbrica), Secretario; Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Zacatecas.--- LVII Legislatura.

Acuerdo # 74

La Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Unico.- En sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al día 16 de octubre del año en curso, los diputados integrantes de la LVII Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 133, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 23, apartado 1, fracción I, 24, párrafo primero, fracciones II y III, y 25 del Reglamento General, presentaron al Pleno una iniciativa de punto de acuerdo relativo a solicitar al Gobierno Federal que se apoye a los productores de frijol en la comercialización de su producto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La política del Gobierno Federal de apoyo a la comercialización ha dejado de ser una de las directrices principales para beneficiar a los sectores que producen bienes de consumo popular. El gobierno ha disminuido de manera sistemática los apoyos en recursos financieros para permitir la comercialización de los productos del campo.

México, desde hace tiempo, no es autosuficiente en producción de frijol. Hoy, la producción promedio es apenas de 400 kilogramos por hectárea, en más de cuatro hectáreas por productor, que invierte alrededor de 2,300 pesos por hectárea, por ciclo.

La dependencia en cuanto a frijol, en México es absoluta y representa una problemática generalizada debido a los altos costos de financiamiento en energéticos, además de los problemas que genera el régimen fiscal obsoleto, inoperante y lleno de trámites.

Para el ciclo 2003, seguramente habrá nuevamente una producción alta y se acumulará con el remanente del año anterior y será también un pretexto para que los acaparadores fijen ofertas por debajo del costo real. Vender frijol en un peso con cincuenta centavos representará perder más de tres pesos por kilogramo; y otro año de pérdidas, como el anterior, obligará a que más productores de frijol del estado de Zacatecas pierdan su principal y ya deteriorada fuente de ingresos.

En nuestro país, durante cada ejercicio presupuestal son menores los recursos públicos que se destinan a organismos que cumplen la función de apoyar el abasto de productos básicos a los mexicanos más necesitados.

Como resultado de todo ello, numerosos sectores que producen granos básicos han visto empeorar su situación económica, además de que su actividad, que es producir y comercializar bienes de consumo popular, se ha visto obstaculizada y afectada de manera severa.

El problema principal de la comercialización de granos básicos, y en particular de frijol, sigue siendo fundamentalmente la astringencia crediticia y la falta de recursos públicos suficientes para apoyar esta actividad. La necesidad de recursos tiene qué ver directamente con cumplir adecuadamente el almacenaje, conservación y procesamiento del producto para que llegue a las manos del consumidor.

Otra de las cuestiones fundamentales para tener condiciones de competencia y desarrollo justo de los productores y comercializadores es poder adquirir la cosecha a precio de mercado, lo que de entrada evita el precio de mercado, porque éste funcionaría como precio piso. Esto último trae la exigencia de contar con recursos para poder adquirir la mercancía durante toda la época de cosecha.

La gran mayoría de las empresas comercializadoras operan con créditos prendarios, lo que significa que la garantía es la mercancía misma, o sea, el frijol.

Recientemente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal ha denunciado el incremento al precio del frijol a 5.00 y 5.75 pesos por kilogramo, así como el apoyo a los productores que siembren hasta 20 hectáreas.

Sin embargo, una solución de fondo a la problemática por la que atraviesan los productores de frijol en nuestro estado dependerá del avance que pueda darse en materia presupuestal, destinando mayores recursos en apoyo a la producción y comercialización de este producto básico en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en los artículos 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 24, 25 y relativos del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 un apoyo ampliado, suficiente y directo a los productores para la infraestructura e insumos que vigoricen el cultivo del frijol.

Segundo.- Se solicita a la Secretaría del Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal la formulación de programas destinados a la agroindustria para ofrecer valor agregado a la producción de frijol, así como la implementación de políticas que verifiquen la importación de frijol para ordenar los volúmenes de oferta al interior del país.

Dado en la sala de sesiones de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil tres.--- Presidenta Dip. María Guadalupe Hernández Hernández (rúbrica); Dip. Pablo L. Arreola Ortega (rúbrica), Secretario; Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

H. Cámara de Diputados.--- Al Congreso de la Unión.--- Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque.--- Palacio Legislativo de San Lázaro.--- Del. Venustiano Carranza.--- Edificio D, Nivel 3.--- México, DF, CP 15960.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1097/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se remite propuesta de iniciativa de reforma que adiciona una fracción XVIII al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 7 de octubre de 2003.--- ``2003, Año de la Equidad en Jalisco''.--- Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados:

El que suscribe, diputado José de Jesús García García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVI Legislatura, en uso de las facultades que le confiere el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a consideración del H. Congreso iniciativa de acuerdo económico mediante el cual se propone al H. Congreso de la Unión que se adicione la fracción XVIII al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. El trabajo intelectual y artístico y la inventiva de las personas gozan de la protección legal que nuestro sistema jurídico y el internacional otorgan a quienes deseen reservarse el derecho de autoría, ya sea para fines lucrativos o artísticos o de exclusiva explotación comercial o simplemente por el derecho al crédito personal y el registro respectivo.

En días pasados, la imagen de la virgen de Guadalupe había sido patentada para fines comerciales por Wu You Lin, ciudadano de origen chino, quien por la ridícula cantidad de dos mil cuatrocientos pesos trastocó el sentimiento religioso de más de noventa millones de ciudadanos mexicanos y, por qué no decirlo, hasta de la propia historia de México ya que, con independencia de la religión que libremente profesen hoy los mexicanos, si se recuerda la historia patria, en la madrugada del día 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla tomó una imagen de la virgen de Guadalupe para dar el grito de la guerra de independencia. Así, fue la primera bandera del anhelo de un México independiente.

2. Señores legisladores: como representantes populares, es legítimo atender el sentir de nuestros representados. Con independencia de la religión que cada ciudadano pueda profesar, se lastima la susceptibilidad de la mayoría. Si no se legisla oportunamente, ello podrá repetirse una y otra vez, no sólo contra la fe católica sino contra cualquiera, en perjuicio de los más íntimos valores del ser humano: su libre convicción religiosa.

3. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), mediante su director, Jorge Amigo Castañeda, declaró con relación al tema:

``El ciudadano chino Wu You Lin obtuvo la marca desde el 27 de junio de 2002, pues no existe argumento de tipo legal para no otorgársela.

``You Lin cubrió los derechos por dos mil 400 pesos para comercializarla y tiene la imagen registrada durante 10 años, con opción para renovarla.

``Hoy, no tengo sustento jurídico para negar el registro de la virgen de Guadalupe... No tengo cómo negarlo. Si el IMPI lo niega, el chino se ampara y le gana, porque no tengo sustento jurídico... Salvo la mala utilización de la imagen que signifique ofensas morales podrían actuar las autoridades mexicanas, no de otra manera.''

4. De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la lista de los artículos, imágenes o nombres que no pueden ser registrados no incluye las imágenes religiosas.

Por ese motivo, el ciudadano chino cuenta con todas las bases legales para producir la imagen que tiene registrada, exportarla y ponerla en venta, pues su producto está legalmente autorizado e incluso protegido para que no sea copiado por otro industrial.

5. Los ciudadanos perciben como una falta de respeto a la fe del pueblo mexicano dicho registro, que ha trastocado las fibras más sensibles de la religión. La virgen de Guadalupe es patrimonio del pueblo mexicano y, por tanto, no pueden ponerse en subasta los derechos de marca para vender la imagen en luces navideñas, como tampoco las imágenes o símbolos de otras religiones, pues todas merecen respeto.

6. Para que no se vulnere de nueva cuenta la sensibilidad de los ciudadanos y evitar que cualquier sujeto nacional o extranjero pretenda adjudicarse o patentar dichas figuras, formas o imágenes religiosas a fin de obtener un lucro a costa de ellas, en perjuicio de la generalidad, es necesario legislar.

Por esa razón, el suscrito propone que se prohíba el registro de todo tipo de imágenes, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que guarden relación directa con alguna asociación religiosa o de culto público, salvaguardando el legítimo derecho a la autoría artística y sin que para el efecto se entienda que las asociaciones religiosas tengan la exclusividad de la propiedad de dichas patentes sino de nadie, ni la intervención del Estado en los asuntos de religión o las iglesias sino, por el contrario, la atención del legítimo reclamo generado con el antecedente y que podría seguir ocurriendo.

Por ese motivo, planteo a esta honorable asamblea acuerdo económico en el que se propone una reforma para que el H. Congreso de la Unión se aboque a su estudio y, de ser procedente, establezca una adición del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso la siguiente iniciativa de

Acuerdo Económico

Unico. Envíese atento y respetuoso oficio a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se remita propuesta de iniciativa de reforma que adiciona una fracción XVIII al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 90. No serán registrados como marca:

I. ...

XVIII. El registro de imágenes, figuras o formas tridimensionales animadas o inanimadas o cambiantes que se relacionen de manera directa con alguna asociación religiosa o de culto público que cuenten con la posesión de la original y se les atribuya presumiblemente su propiedad, aun cuando no esté registrada ante la autoridad correspondiente, salvo las que reúnan contenido artístico y sean obras de creación atribuible a persona determinada.

Transitorio

Unico. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Guadalajara, Jalisco, a 7 de octubre de 2003.--- Dip. José de Jesús García García (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Economía.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para la creación del fondo de aportaciones para el desarrollo metropolitano.

No estando la diputada Clara Marina Brugada Molina...

La diputada Clara Marina Brugada Molina (desde su curul):

Sí, señor diputado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señora diputada.

La diputada Clara Marina Brugada Molina:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Durante el Siglo XX la concentración poblacional y económica que dominaron los procesos de urbanización en nuestro país, provocaron que se modificara radicalmente el perfil de la nación mexicana, que trae fruto de preponderancia de lo rural al predominio de lo urbano.

Para el año 2000, el Sistema Urbano Nacional se integraba por 121 ciudades donde residían 63 millones 500 mil personas, entre las cuales destacan las grandes ciudades metropolitanas como la Ciudad de México con 18 millones 300 mil habitantes y seis ciudades metropolitanas con más de 1 millón de habitantes y que en conjunto suman 11.62 millones de personas, como: Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Monterrey y la región de La Laguna.

Esto muestra el altísimo nivel de concentración poblacional que existe en las grandes zonas metropolitanas, donde habita el 43.13% de la población urbana nacional y se genera en las entidades donde se encuentran el 49.79% del Producto Interno Bruto de la nación, es decir, casi la mitad de la riqueza que se produce en el país.

También pone en evidencia la compleja dimensión del problema urbano en México y la urgente necesidad de buscar soluciones que atiendan de forma integral la problemática que enfrentan las ciudades de nuestro país y, particularmente de las grandes megalópolis, toda vez que la gestión y gobierno de las ciudades metropolitanas en México, ha estado limitada históricamente por un nivel que las concibe delimitadas y contenidas por fronteras jurídico-administrativas, divididas por muros artificiales que las separan y las tratan como si fueran mundos distintos; no obstante que comparte territorio, recursos naturales, problemas, oportunidades y retos.

Lo anterior tiene su origen en que nuestro sistema jurídico-institucional ha evolucionado insuficientemente en el reconocimiento de una realidad que rebasa desde hace mucho tiempo las previsiones actuales de nuestro sistema federal.

Al deficiente marco jurídico y la debilidad de los instrumentos de coordinación, habría que sumar la virtual desaparición de las políticas federales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y la ausencia de recur- sos para el financiamiento de proyectos y obras de dimensión metropolitana en las conurbaciones interestatales e intermunicipales.

Por ello creemos que esta problemática debe motivar una reflexión que nos permita arribar a los acuerdos necesarios que posibiliten generar un nuevo esquema de gobierno y gestión de las ciudades metropolitanas, que cuente con la fuerza jurídica y financiera necesaria para actuar de forma integral y unificada frente a los grandes desafíos de las metrópolis.

En este sentido, nos parece sumamente relevante que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, abierta la necesidad de modificar la legislación para constituir organismos de gobierno y administración de las zonas metropolitanas, de instancias de cooperación intermunicipal y la integración de sistemas tributarios y recaudatorios, coordinados intermunicipalmente.

La iniciativa que hoy presentamos tiene por objeto generar una fuente segura y continua de financiamiento para las acciones y obras de naturaleza metropolitana, en las conurbaciones interestatales e intermunicipales de nuestro país. Para ello se propone la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será regulado por la Ley de Coordinación Fiscal que constituye actualmente el instrumento jurídico más adecuado para asegurar la integración anual de una bolsa de recursos federales, específicamente orientada a financiar obras y acciones de naturaleza metropolitana.

Este fondo se integrará anualmente por un monto de recursos equivalentes al 2.5% de la recaudación federal participable, es decir, de acuerdo a la recaudación federal estimada para el 2003, por alrededor de 22 mil 262 millones de pesos.

Para garantizar el acceso de todas las ciudades conurbadas o en proceso de conurbación, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se dividirá en dos fondos: uno orientado a financiar obras y acciones en las ciudades medias o aglomeraciones urbanas con una población superior a 100 mil habitantes, y el otro, para apoyar la realización de obras en las zonas metropolitanas, con una población superior a 1 millón de habitantes.

Cada uno participará del 50% de los recursos totales; es decir, una cantidad equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable, que de acuerdo a las estimaciones del 2003, significarían 11 mil 131 millones de pesos para cada uno de los fondos.

Para la distribución de los recursos de ambos fondos, se proponen dos criterios básicos: la equidad y la proporcionalidad, con ello garantizamos que todas las ciudades cuenten, en primer lugar, con un piso igual de recursos y, en segundo lugar, reciban recursos en proporción directa a su peso poblacional.

De esta manera, evitamos desequilibrios en la asignación de los recursos, que tienden a privilegiar a las ciudades grandes y consolidadas, en detrimento de los conglomerados urbanos en proceso de metropolización, que incluso mantienen una fragilidad financiera mayor que les dificulta destinar recursos fiscales propios para financiar estas acciones.

Por ello se propone que el Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las ciudades medias, el 40% se distribuya en partes iguales entre los ciudadanos con una población de entre 100 mil y 1 millón de habitantes y el restante 60% se realice en proporción directa a la población de cada ciudad. Así aseguramos una cantidad igual de recursos a las ciudades que se encuentran en el rango señalado y después, asignamos el 60% restante, de acuerdo a su peso poblacional que se encuentra estrechamente vinculado a la dimensión de sus necesidades.

Al darle más peso a la proporcionalidad se evita castigar a las ciudades con una población que oscila entre los 500 mil y 1 millón de habitantes.

En el caso del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, se propone utilizar los mismos criterios, pero se establece como porcentaje para distribuir conforme al criterio de equidad el 60% de los recursos de este fondo y el 40% se asignará en proporción directa a la población de cada zona metropolitana.

Asimismo, la iniciativa refiere con claridad que los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano, vinculadas a la planeación y ordenación del territorio: infraestructura hidráulica, vialidades, transportes, seguridad pública y protección al ambiente.

Para ello se proponen, como criterios básicos para la aprobación del financiamiento de obras o acciones, la integración y funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana, que establece el Capítulo IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, como forma para estimular el funcionamiento efectivo de estos instrumentos de concertación para la gestión de los asuntos de las ciudades.

En el mismo sentido, se establece la obligación de que cada obra o proyecto que reciba financiamiento de este fondo, guarde estricta congruencia con los planes de desarrollo urbano de los municipios o del ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas.

Asimismo se propone establecer como requisito ineludible la aportación de los gobiernos estatales y municipales para el financiamiento de las obras aprobadas, ya que ello multiplicará los recursos para atender de forma conjunta y concertada los problemas que comparten las conurbaciones. Esto será de acuerdo a las capacidades financieras de cada Estado o municipio y para lo cual se fijarán criterios en las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

También señala que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se ejercerán a través de convenios, que suscribirán las entidades y municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, para lo cual se establecen como criterios mínimos para los convenios la especificación de las obras o acciones a financiar, la aportación de las entidades o municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano.

Por lo anteriormente expuesto y por economía parlamentaria, le solicito que la iniciativa sea turnada de forma íntegra a la Comisión de Asuntos Metropolitanos y a la Comisión de Presupuesto y que sea publicada en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de Crear el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano, presentada por la diputada Clara Marina Brugada Molina, del grupo parlamentario del PRD.

Honorable Asamblea:

Durante el siglo XX, la concentración poblacional y económica dominó los procesos de urbanización en el país y provocó que se modificara radicalmente el perfil de la nación mexicana, que transitó de la preponderancia de lo rural al predominio de lo urbano.

En 1910, el país contaba con una población de 15.2 millones de habitantes, quienes en su inmensa mayoría habitaban en las regiones rurales. Para 1950, la población mexicana alcanzó 25.7 millones de personas. De ellas, 57.5 por ciento habitaba en el medio rural; y 42.4, por ciento en las áreas urbanas. Para 2000, la población alcanzó 98 millones de habitantes; y los residentes urbanos, 66 por ciento.

Precisamente en este año, el sistema urbano nacional se integraba por 121 ciudades, donde residían 63.5 millones de personas. Entre aquéllas destacan las grandes ciudades metropolitanas, como la Ciudad de México, con 18.3 millones de habitantes; y seis ciudades metropolitanas con más de un millón de habitantes y que en conjunto suman 11.62 millones de personas, como Puebla-Tlaxcala, Guadalajara, Monterrey y la región de La Laguna.

En otros rangos del sistema urbano nacional encontramos los siguientes:

18 ciudades medias conurbadas de 500 mil a 1 millón de habitantes, con 8.36 millones de personas.

37 ciudades medias no conurbadas de 100 mil a 500 mil habitantes, con casi 10.1 millones de personas.

47 ciudades pequeñas de 50 mil a 100 mil habitantes, con cerca de 3.33 millones de personas.

248 ciudades pequeñas menores de 50 mil habitantes, con 6.31 millones de personas.

Esto muestra el altísimo nivel de concentración poblacional existente en las grandes zonas metropolitanas, donde habita 43.13 por ciento de la población urbana nacional y se genera, en las entidades donde se encuentran, 49.79 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación; es decir, casi la mitad de la riqueza que se produce en el país.

También pone en evidencia la compleja dimensión del problema urbano en México y la urgente necesidad de buscar soluciones que atiendan de forma integral la problemática que enfrentan las ciudades de nuestro país y particularmente las megalópolis.

No obstante que comparten territorio, recursos naturales, problemas, oportunidades y retos, la gestión y el gobierno de las ciudades metropolitanas en México han estado limitados históricamente por una idea que las concibe delimitadas y contenidas por fronteras jurídico-administrativas, divididas por muros artificiales que las separan y las tratan como si fueran mundos distintos.

El origen de esa situación se encuentra en nuestro sistema jurídico institucional, que ha evolucionado insuficientemente en el reconocimiento de una realidad que rebasa desde hace mucho tiempo las previsiones del sistema federal.

Por ejemplo, al examinar el marco jurídico que norma los asentamientos humanos, encontramos un deficiente diseño de instrumentos que garanticen la gestión integral de los problemas metropolitanos. Es el caso de nuestro sistema jurídico constitucional, aprobado en sus partes sustantivas en el tiempo en que predominaba lo rural, y que ahora resulta insuficiente para un país que concentra la mayor parte de su población y actividad productiva en el medio urbano.

Hasta febrero de 1976 no se introdujo en la Carta Magna de forma clara y explícita el tema de los asentamientos humanos, al reformarse el tercer párrafo del artículo 27 y adicionarse los artículos 73 y 115, con objeto de establecer las bases constitucionales de la Ley General de Asentamientos Humanos, expedida el 26 de mayo de 1976.

Esa ley dedica un capítulo al tema de la conurbación y ordena a la Federación, las entidades federativas y los municipios la planeación y regulación conjuntas y coordinadas del fenómeno de conurbación que les competa.

Asimismo, fija la ocasión, el contenido y la forma en que deben celebrarse los convenios, los órganos que deben instituirse y el contenido de los programas de ordenación de zonas conurbadas para atender los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura.

Sin embargo, ese mecanismo de gestión conjunta, en el mejor de los casos, se ha limitado a la coordinación para la planeación del desarrollo metropolitano, sin que ello implique necesariamente comprometer la puesta en operación de políticas, acciones o inversiones comunes congruentes con el plan que surja de este proceso de concertación entre las entidades y los municipios involucrados.

Lo anterior impide la formulación de estrategias y políticas públicas que aborden de forma integral los problemas de las ciudades, dado que al supeditar las actuaciones metropolitanas sólo a instrumentos de coordinación, se subordina la solución de los complejos y profundos problemas de las metrópolis a un mecanismo que depende, casi exclusivamente, de la buena voluntad de los gobiernos de las entidades y de los municipios que intervienen en esos procesos de concertación.

Tal es el caso de los planes metropolitanos de desarrollo urbano, que han sido supeditados a las necesidades y prioridades de los gobiernos en turno y que difícilmente logran articularse en los programas de inversión o a los presupuestos públicos de los estados y los municipios.

Al deficiente marco jurídico y a la debilidad de los instrumentos de coordinación, habría que sumar la virtual desaparición de las políticas federales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y la ausencia de recursos para el financiamiento de proyectos y obras de dimensión metropolita en las conurbaciones interestatales e intermunicipales.

En el transcurso de los últimos años hemos presenciado cómo se ha diluido la política federal en materia de asentamientos humanos. Tal es el caso del Programa 100 Ciudades, en su momento considerado una de las principales actuaciones del Gobierno Federal para apoyar la planeación de las ciudades medias y realizar algunas obras dirigidas a ordenar el territorio y mejorar la gestión de los centros urbanos.

Dicho programa murió de inanición y dejó sin opciones de financiamiento la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal.

El Programa Hábitat, puesto en operación por el actual Gobierno Federal, no es ni pretende ser el eje articulador de la política nacional de desarrollo urbano, ya que tanto sus objetivos como sus actuaciones específicas lo convierten en un instrumento orientado a mitigar la situación de pobreza que enfrenta la población urbana, mediante acciones de mejoramiento barrial, vivienda, infraestructura social básica y acciones preventivas en zonas de riesgo.

En materia de financiamiento de grandes obras de infraestructura urbana de las zonas metropolitanas (transporte, vialidades, agua y servicios), la Federación ha dejado de intervenir.

Tal vez el caso más claro de ello es la construcción y ampliación del Metro en la Ciudad de México y las obras hidráulicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), donde a partir de 1995 el financiamiento ha recaído exclusivamente en las autoridades del gobierno del Distrito Federal a través de la contratación de deuda pública.

Si bien es cierto que en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se considera un fondo de naturaleza estatal orientado exclusivamente a financiar obras de alcance regional o intermunicipal, dicho fondo, además de poco significativo en términos financieros, está orientado a financiar obras de infraestructura social básica vinculadas a los programas para superar la pobreza.

Por ello creemos que esa problemática debe motivar una reflexión que nos permita arribar a los acuerdos necesarios que posibiliten generar un nuevo esquema de gobierno y gestión de las ciudades metropolitanas, que cuente con la fuerza jurídica y financiera requerida para actuar de forma integral y unificada frente a los grandes desafíos de las metrópolis.

En este sentido, nos parece sumamente relevante que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2001-2006 advierta la necesidad de modificar la legislación para constituir organismos de gobierno y administración de las zonas metropolitanas, así como instancias de cooperación intermunicipal, y la integración de sistemas tributarios y recaudatorios coordinados intermunicipalmente.

En virtud de lo anterior y con el propósito de generar una fuente segura y continua de financiamiento de las acciones y obras de alcance metropolitano en las conurbaciones interestatales e intermunicipales, proponemos la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano.

Dicho fondo deberá incluirse en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y regularse en la Ley de Coordinación Fiscal, que constituye hoy el instrumento jurídico más adecuado para asegurar la integración anual de una bolsa de recursos federales orientada específicamente a financiar obras y acciones de naturaleza metropolitana.

Ese fondo se integrará anualmente por un monto de recursos equivalentes a 2.5 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP); es decir, de acuerdo con la recaudación federal estimada para 2003, por alrededor de 22 262 millones de pesos.

Para garantizar el acceso de todas las ciudades conurbadas o en proceso de conurbación, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se dividirá en dos fondos: uno orientado a financiar obras y acciones en las ciudades medias o poblaciones urbanas con más de 100 mil habitantes, y otro para apoyar la realización de obras en las zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes.

Cada uno participará de 50 por ciento de los recursos totales; es decir, una cantidad equivalente a 1.25 por ciento de la RFP, que de acuerdo con las estimaciones de 2003 significarían 11,131 millones de pesos para cada uno de los fondos.

Para la distribución de los recursos de ambos fondos, se proponen dos criterios básicos: la equidad y la proporcionalidad. Con ello garantizamos que todas las ciudades cuenten, en primer lugar, con un piso igual de recursos y, en segundo, que reciban recursos en proporción directa a su peso poblacional.

De esa forma evitamos desequilibrios en la asignación de los recursos que tiendan a privilegiar las ciudades grandes y consolidadas en perjuicio de los conglomerados urbanos en proceso de metropolización, que incluso mantienen una fragilidad financiera mayor que les dificulta destinar recursos fiscales propios para financiar esas acciones.

Por ello se propone que del Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades Medias, 40 por ciento se distribuya en partes iguales entre las ciudades con población de entre 100 mil y 1 millón de habitantes, y el restante 60 por ciento se reparta en proporción directa a la población de cada ciudad.

Así, aseguramos una cantidad igual de recursos a las ciudades que se encuentran en el rango señalado y después asignamos el restante 60 por ciento de acuerdo con su peso poblacional, estrechamente vinculado a la dimensión de sus necesidades.

Al dar más peso a la proporcionalidad, se evita castigar las ciudades con población que oscila entre 500 mil y 1 millón de habitantes.

Respecto al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, se propone utilizar los mismos criterios, pero asignando 60 por ciento de los recursos de ese fondo conforme al criterio de equidad, y el restante 40 por ciento en proporción directa a la población de cada zona metropolitana.

De ese modo se evita que la ZMCM, que cuenta con una población superior a 18 millones de habitantes, absorba la mayor cantidad de los recursos de ese fondo, en menoscabo de otras regiones como Guadalajara, Monterrey, Puebla y La Laguna.

Asimismo, la iniciativa refiere con claridad que los recursos de ese fondo se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.

Para la aprobación del financiamiento de obras o acciones, se proponen como criterios básicos la integración y el funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana que establece el Capítulo IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de estimular el funcionamiento efectivo de estos instrumentos de concertación para la gestión de los asuntos de las ciudades.

En el mismo sentido, se establece la obligación de que cada obra o proyecto que reciba financiamiento de este fondo guarde estricta congruencia con los planes de desarrollo urbano de los municipios o de ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas. Con ello se alienta la adecuada planeación de las intervenciones urbanas de los gobiernos de las entidades y de los municipios.

Asimismo, se propone establecer como requisito ineludible la aportación de los gobiernos de las entidades y de los municipios para el financiamiento de las obras aprobadas, ya que ello multiplicará los recursos para atender de forma conjunta y concertada los problemas que comparten las conurbaciones.

Dicha aportación se efectuará de acuerdo con las capacidades financieras de cada entidad o municipio, para lo cual se fijarán criterios en las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

También se establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se ejercerán a través de convenios que suscribirán las entidades y los municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, y se disponen como criterios mínimos para los convenios la especificación de las obras o acciones por financiar, la aportación de las entidades o los municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano.

Por último, y con objeto de otorgar transparencia y certeza al proceso de asignación de recursos y aprobación de los proyectos de inversión, se propone que la Secretaría de Desarrollo Social publique en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del fondo y la relación de ciudades que reúnan los requisitos referidos en la iniciativa, dentro de los 30 primeros días del ejercicio fiscal correspondiente.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIX-C, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales someten a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Unico. Se adiciona la fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45 A, 45 B, 45 C y 45 D, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VII. ...

VIII. Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano:

a) Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades Medias; y

b) Fondo para el Desarrollo de Zonas Metropolitanas.

Artículo 45 A. El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se determinará en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.5 por ciento de la Recaudación Federal Participable a que refiere el artículo 2 de esta ley, según estimación que de ella se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la Recaudación Federal Participable, 1.25 por ciento corresponderá al Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades Medias; y 1.25 por ciento, al Fondo para el Desarrollo de Zonas Metropolitanas.

Artículo 45 B. El Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades Medias se destinará exclusivamente a financiar acciones y obras de alcance intermunicipal, interestatal o ambos de las ciudades con población de entre 100 mil y 1 millón de habitantes, de acuerdo con los datos del sistema urbano nacional y con base en la información más reciente que para el efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La distribución de los recursos de este fondo se efectuará atendiendo los siguientes criterios:

a) 40 por ciento se distribuirá en partes iguales entre las ciudades que reúnan las características referidas en el primer párrafo de este artículo.

b) 60 por ciento se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tengan las ciudades que reúnan las características referidas en el primer párrafo de este artículo.

Los recursos de este fondo serán ejercidos por las entidades, los municipios o ambos a través de convenios que para el efecto suscriban con la Federación, y se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.

Artículo 45 C. El Fondo para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas se destinará exclusivamente a financiar obras de alcance intermunicipal, interestatal o ambos en las zonas metropolitanas cuya población sea superior a 1 millón de habitantes, de acuerdo con los datos del sistema urbano nacional y con base en la información más reciente que para el efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La distribución de los recursos de este fondo se efectuará atendiendo los siguientes criterios:

c) 60 por ciento se distribuirá en partes iguales entre las zonas metropolitanas que reúnan las características referidas en el primer párrafo de este artículo.

d) 40 por ciento se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de las zonas metropolitanas que reúnan las características referidas en el primer párrafo de este artículo.

Los recursos de este fondo podrán ser ejercidos por las entidades, los municipios o ambos a través de convenios que para el efecto suscriban con la Federación, y se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.

Artículo 45 D. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros treinta días del ejercicio fiscal correspondiente, las Reglas de Operación de este fondo, y la relación de las ciudades que reúnan las características referidas en los artículos 45 B y 45 C de esta ley.

Para la aprobación del financiamiento de obras o acciones con cargo a este fondo, la Secretaría de Desarrollo Social deberá observar lo siguiente:

a) Que estén integrados los mecanismos de coordinación de las conurbaciones establecidos en el Capítulo IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, como requisito indispensable para la aprobación de los proyectos de inversión;

b) Que las entidades y los municipios beneficiados aporten, de acuerdo con su capacidad financiera, una parte del total de los recursos requeridos para las obras o acciones que se desarrollen con cargo a este fondo; y

c) Que las obras y acciones financiadas con cargo a este fondo guarden congruencia con los planes y programas de desarrollo urbano de los municipios, centros de población o de ordenamiento de las zonas metropolitanas.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Clara Marina Brugada Molina, Marcela Lagarde y de los Ríos, Angélica de la Peña Gómez, Lizbeth Rosas Montero, Narciso Agúndez Montaño, Juan García Costilla, José Luis Naranjo Quintana, David Ferreira Martínez, Valentín González Bautista, Irma Figueroa Romero, Francisco Chavarría Valdeolivar, Margarito Fierros Tano, Javier Salinas Narváez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Eliana García Laguna, Daniel Ordóñez Hernández, Iván García Solís, José Luis Cabrera Padilla, Elpidio Tovar de la Cruz, Yadira Serrano Crespo, Javier Manzano Salazar, Abdallán Guzmán Cruz, Sergio Magaña Martínez, Israel Tentory García, Marcelo Herrera Herbert, Rogelio Franco Castán, Enrique Torres Cuadros, Elba Garfias Maldonado, Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Horacio Duarte Olivares, Dolores Padierna Luna, Guadalupe Morales Rubio (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Asuntos Metropolitanos.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado y pospuesto para la próxima sesión.

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DECLARACIONES PATRIMONIALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Por lo tanto tiene ahora el uso de la palabra el diputado Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales para hacer públicas y auditables las declaraciones de bienes patrimoniales, renunciando al secreto bancario.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Esta iniciativa que presenta el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, es en función de que las declaraciones patrimoniales sean públicas, auditables y de que los servidores públicos renuncien a su secreto bancario.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Ley de Instituciones de Crédito y Código Penal Federal.

Como consecuencia de las modificaciones del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarca los artículos 108 al 114, se expidió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Dicha ley reglamentó lo referente a juicio político, declaración de procedencia y lo relativo a las responsabilidades administrativas.

La reforma constitucional y legal antes mencionada se dio en el marco de la denominada renovación moral de la sociedad. Sin embargo, no logró abatir los índices de corrupción generada fundamentalmente desde el interior del poder público.

En la administración que correspondió al sexenio de 1988-1994 la corrupción de la administración pública alcanzó niveles insospechados, de servidores públicos deshonestos que se aprovecharon de los cargos públicos para inevitablemente consolidar la función pública con la realización de negocios particulares ilícitos. Esta situación no fue sólo privativa de la administración pública, sino que permeó también en los poderes Legislativo y Judicial.

El 13 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidades administrativas. En este ordenamiento se establece el régimen disciplinario de responsabilidades de los servidores públicos que se indican en el artículo 108 constitucional.

Sin embargo, es necesario seguir pugnando para inhibir conductas deshonestas de los funcionarios públicos. Hace unos días un importante funcionario federal de la Secretaría de Salud, fue cesado de su cargo por actos de corrupción. Por eso, no podemos dejar pasar por alto este tipo de actitudes que en el pasado existieron, en el presente están y que las tenemos que evitar en el futuro.

Se hace necesario que el Poder Legislativo en ejercicio de sus funciones se aboque a expedir las reformas legales necesarias a efecto de que la ciudadanía readquiera la confianza en las instituciones.

Por tanto, la propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se basa en que las declaraciones patrimoniales que todo servidor público está obligado a presentar al correspondiente órgano de control interno, sean públicas; sean auditables y no sólo eso, sino también renunciar al secreto bancario.

Podrá argumentarse que en la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país, el que se haga del conocimiento de la ciudadanía el patrimonio con que cuenta un servidor público pueda crearle problemas a él y a su familia. Sin embargo, esta situación es necesaria a efecto de que se conozca el monto total del patrimonio con el que cuenta un servidor público al inicio de su encargo y al final, porque de otra manera no se puede evitar la corrupción.

De igual forma se propone la adición a una fracción VI al artículo 247 del Código Federal con el propósito de sancionar penalmente la falsedad de los datos que se incorporen en la declaración y situación de bienes patrimoniales.

Compañeras y compañeros diputados: por obvio de tiempo no voy a dar lectura puntualmente a todos los artículos que incorpora esta iniciativa, pero sí estamos en claro que buscar la transparencia de los dineros públicos es fundamental. No hay nada más vergonzante para un servidor público que el abuso precisamente de su cargo público; no hay nada más vergonzante para un servidor público que abuse de los dineros públicos.

Y más allá del quehacer político del pasado y del presente, hay una necesidad de la transparencia ante la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho de saber con qué bienes cuenta todo servidor público.

Por ello, en congruencia con lo que el Partido del Trabajo está mencionando aquí, el día de ayer el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hizo pública su declaración de bienes patrimoniales. Solamente quien pregona con el ejemplo puede atreverse a pedir el mismo hecho a los demás. Por eso el Partido del Trabajo, en congruencia, lo hizo el día de ayer; entregamos nuestra declaración patrimonial en tiempo en forma y el día de ayer la hicimos pública y está a consideración del pueblo de México, si la quiere auditar, para que sepa qué clase de diputados tiene cada fracción parlamentaria.

Los servidores públicos no son pervertidos por la riqueza que tienen, sino por el afán de tener riqueza.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales, para hacer públicas y auditables las declaraciones de bienes patrimoniales, renunciando al secreto bancario, presentada por el diputado Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del PT.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como consecuencia de la modificación del Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarca los artículos 108 a 114, realizada al inicio de la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se expidió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamentó lo referente a juicio político, a declaración de procedencia y a las responsabilidades administrativas. La reforma constitucional y legal antes mencionada se dio en el marco de la denominada renovación moral de la sociedad, sin embargo, sus propósitos, si bien es cierto fueron positivos, no lograron abatir los altos índices de corrupción generada fundamentalmente desde el interior del poder público.

En la administración que correspondió al sexenio 1988-1994, la corrupción de la Administración Pública alcanzó niveles insospechados, de tal forma, que servidores públicos deshonestos se aprovecharon de los cargos públicos para, indebidamente, conciliar la función pública con la realización de negocios particulares ilícitos. Empero, esa situación no fue sólo privativa de la administración pública, sino que permeó también a los Poderes Legislativo y Judicial.

El 13 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Responsabilidades Administrativas. En este ordenamiento se establece el régimen disciplinario y de responsabilidades de los Servidores Públicos que se indican en el artículo 108 constitucional.

Sin embargo, es necesario seguir pugnando para inhibir conductas deshonestas de los funcionarios públicos, hace unos días un importante funcionario federal de la Secretaría de Salud fue cesado de su cargo por actos de corrupción.

Por ello, se hace necesario que el Poder Legislativo, en ejercicio de sus funciones, se aboque a expedir las reformas legales necesarias a efecto de que la ciudadanía readquiera la confianza de las instituciones; por tanto, la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se basa en que las declaraciones patrimoniales que todo Servidor Público está obligado a presentar al correspondiente órgano de control interno, sean públicas y auditables, no sólo por la autoridad que corresponda, sino también, por los particulares.

Podrá argumentarse que en la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país, el que se haga del conocimiento de la ciudadanía el patrimonio con el que cuenta un servidor público pueda crearle problemas a él y a su familia, sin embargo, esta situación es necesaria a efecto de que se conozca el monto total del patrimonio con el que cuenta un Servidor Público, al inicio de su encargo y el incremento patrimonial que resulta de la percepción de los emolumentos que ha dicho cargo corresponde.

Asimismo, proponemos la reforma del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de que en materia de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, no sea aplicable el secreto bancario, regulado en dicha ley.

De igual forma, se propone la adición de una fracción VI al Artículo 247 del Código Penal Federal, con el propósito de sancionar penalmente la falsedad de los datos que se incorporen en la declaración de situación patrimonial de un servidor público.

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 36 y se deroga el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito; y se adiciona una fracción VI al artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 36 y se deroga el párrafo tercero del Artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 36

...

I. a XIV. ...

...

Las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos serán públicas y auditables. La Secretaría dispondrá lo conducente para que esta disposición sea cumplida.

Artículo 40...

...

Se deroga

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 117

...

...

...

En materia de declaración de situación patrimonial prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no aplica el secreto bancario.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción VI al artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 247

...

I. a V. ...

VI. Al que proporcione información falsa en su declaración de situación patrimonial, sea al inicio del encargo, en la declaración anual o a la conclusión del mismo.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica). »

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Por lo que se refiere a la iniciativa ya presentada por la diputada Clara Marina Brugada Molina y a su solicitud, la Presidencia corrige el turno.

Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano y Presupuesto y Cuenta Pública.

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SISTEMA PENAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar paquete de iniciativas de reformas constitucionales y creación de leyes en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social.

El diputado Luis Maldonado Venegas:

Con su venia, señor Presidente:

Justicia y seguridad para todos es la primera y fundamental exigencia de la sociedad mexicana. Una sociedad agraviada cotidianamente por la amenaza del crimen y por actos delictivos que atentan en contra de su integridad personal y de su patrimonio.

Pero sobre todo es el clamor recurrente de quienes, inmunes e impotentes, oponen la razón desnuda de su causa a un sistema de prepotencia y arbitrariedad, de influyentismo y corrupción, de impunidad e inmunidad que ofende a la ciudadanía y conspira contra el principio de justicia pronta y expedita.

México no es un país de delincuentes. México es un país de víctimas. En nuestro país prevalece la incertidumbre y el descrédito generalizado a las instituciones y a las autoridades a quienes se ha confiado la delicada función de la persecución del delito, de la procuración y de la administración de justicia.

Las cifras estadísticas son contundentes y demoledoras. Actualmente se cometen 4 millones 500 mil delitos cada año en nuestro país; no obstante sólo se denuncian 1 millón 500 mil ante la autoridad competente.

De las denuncias que se integran en averiguación previa, se consignan sólo el 19% y exclusivamente el 6% se consigna con detenido. El 42% de estas causas se refieren a la reserva o se determina el no ejercicio de la acción penal. De ellas el 17% se queda en trámite y se declaran cerradas por incompetencia un 22%. Sólo el 4.5% culmina el procedimiento con sentencia condenatoria, lo que equivale a que de cada 300 delitos reales sólo se sancione el 1.5%, prevaleciendo como norma, la impunidad del 98.5% restante.

La incertidumbre que genera esta situación, ha contribuido a identificar a la procuración y administración de justicia como un sistema represivo y a percibir a la justicia como un privilegio al que sólo tienen acceso quienes cuentan con poder y recursos económicos; no para solventar una defensa legítima, sino para corromper e influir indebidamente en las instituciones que debieran representar el interés de la sociedad, así como para interponer recursos metalegales para evadir la acción de la justicia o desviarla para castigar inocentes e incluso para conseguir prebendas y beneficios en contravención de la ley.

Todos coincidimos en que los esfuerzos legislativos que se han emprendido para contener el avance manifiesto de este fenómeno de desarticulación social, han sido parciales e insuficientes. Todos coincidimos en la necesidad inaplazable de una reforma que colme a profundidad las expectativas ciudadanas para el rediseño jurídico e institucional de un renovado sistema de justicia y seguridad. Coincidimos en la pertinencia y en la urgencia de esta reforma que empero ha sido postergada frente a la prelación que hemos conferido a otras reformas estructurales en materia política y económica.

Por ello hoy comparecemos ante esta soberanía, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, para someter a la consideración de ustedes, señoras y señores diputados, una propuesta de dimensiones integrales a partir de la cual esta LIX Legislatura se encuentra en oportunidad de impulsar con visión de Estado y con el múltiple potencial del trabajo parlamentario, los consensos necesarios para dar respuesta definitiva y definitoria a esta exigencia social.

Por su continente y por su contenido, por su integralidad, profundidad y amplitud, estas iniciativas de reforma constitucional y a la legislación secundaria, no tiene precedente con las que se han iniciado en materia penal durante los últimos 60 años.

Nuestra propuesta no es la resultante de un esfuerzo aislado; en ella convergen las aportaciones de mayor vanguardia sustentadas por expertos investigadores, miembros distinguidos del foro nacional, universidades, instituciones públicas, organizaciones civiles, académicas y sociales.

Se fundamenta asimismo en un cuidadoso estudio comparado de las legislaciones locales, recupera iniciativas precedentes del más diverso origen parlamentario y ha contado con el apoyo técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria de esta Cámara de Diputados.

La reforma constitucional que fundamenta el proyecto, se establece a partir de un cambio profundo a la tradición legislativa en el ámbito penal, hasta hoy en razón de su competencia los estados y la Federación regulan esta rama del derecho, de tal forma que coexiste en un Código Penal Federal y 32 códigos penales estatales. Con esta diversidad legislativa, la delincuencia ha encontrado un campo propicio para evadir la justicia amparada en la diferencia de tipos penales, sanciones y procedimientos.

Así, el objetivo fundamental de estas reformas es integrar en un solo cuerpo legislativo, armónico, sistemático y estructurado, los cambios que necesita el orden penal vigente con el propósito de servir a la comunidad mediante la transformación del sistema penal mexicano.

Dentro de los aspectos más relevantes de esta reforma integral destaca el de reconocerle a las víctimas del delito su calidad de parte en el proceso penal, confiriéndoles el derecho a defenderse directamente a través de un juicio oral, ejecutivo y compactado. En dicho juicio el Ministerio Público, dependiente de cada procuraduría, deberá representar a la sociedad cumpliendo con las tareas de autoridad que no puede realizar un particular, pero ya sin el monopolio de la acción penal que ha sido tan infructuoso e injusto para las víctimas.

La ruptura del monopolio de la acción penal, hoy a cargo del Ministerio Público, ciudadaniza la justicia y permite integrar el procedimiento administrativo al proceso jurisdiccional, reduciéndose considerablemente los tiempos procesales.

Una de las novedades que introduce esta reforma es la relativa a la justicia de barandilla, representada por los jueces de paz de cada localidad. Este cambio se propone a partir de una reforma para atender delitos menores, el objetivo es que la impartición de la justicia inmediata por la comisión de faltas graves se sanciona a través de la reparación del daño y con la alternativa voluntaria en beneficio del sentenciado de optar por el trabajo a favor de la comunidad y como última sanción la privación de la libertad.

Como ya se ha expresado, esta reforma tiene un carácter integral, ya que junto con las innovaciones a otros ordenamientos se propone unificar en toda la República la justicia cívica y de paz, con lo cual se van a distinguir las conductas delictivas de aquellas que pueden ser sancionadas mediante la justicia administrativa.

Refrendamos nuestra más firme convicción de que este conjunto de iniciativas merecerá el análisis constructivo en la fase de discusión y debate de las comisiones legislativas competentes, a las que procederá formular el dictamen correspondiente.

Alentamos también, señoras y señores diputados, el optimismo fundado de que esta LIX Legislatura compartirá con la sociedad el afán de dignificar a la justicia como uno de los valores más altos de nuestra diaria convivencia y a las instituciones encargadas de impartirla como depositarias de su confianza, garantes de su seguridad y del ejercicio irrestricto de sus libertades. Y asimismo a las personas encargadas de su administración como un modelo de integridad.

Procedo a entregar a la Secretaría, señor Presidente, el contenido y alcance de este paquete de iniciativas.*

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro de las iniciativas en el Diario de los Debates. Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día, proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política listada en el orden del día, leído y distribuido ya entre los señores diputados el documento.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones de la diputada Elba Esther Gordillo Morales, presidenta de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, a efecto de que sea sometido a la consideración de la asamblea durante la sesión del día de hoy. Asimismo, sea publicado a la brevedad como anexo de la Gaceta Parlamentaria de este día.

Lo anterior con el objeto de que dicho anteproyecto se someta a los trámites legales conducentes y esta soberanía esté en posibilidades de discutirlo a fondo durante la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Sin otro particular, quedo de usted.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Antes de proceder, señor Presidente, voy a dar lectura a las cantidades.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Sí.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Gracias.

Comité de Administración, Secretaría General. Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2004 de la Auditoría Superior de la Federación. Capítulo de gasto 1000. Descripción: Servicios Personales: presupuesto total 2004, 529 millones 932 mil.

Capítulo de gasto 2000. Descripción: materiales y suministros. Presupuesto total 2004: 8 millones 543 mil.

Capítulo de gasto 3000. Descripción: servicios generales. Presupuesto total 2004: 75 millones 248 mil:

Capítulo de gasto 5000. Descripción: bienes muebles e inmuebles. Presupuesto total 2004: 159 mil; dando un total de 613 millones 881 mil.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de anteproyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para el efecto de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Remítase al Ejecutivo.

Continúe la Secretaría.

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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en cumplimiento del artículo 54, fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, con el presente les acompaño copia del similar número 96/2003, fechado el día 20 del mes en curso, suscrito por el ingeniero Raúl Tornel Cruz, coordinador de asesores del C. secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los informes correspondientes al tercer trimestre del avance físico y financiero del Programa de Empleo Temporal y del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA).

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 27 de octubre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio del presente me permito enviarle el informe correspondiente al tercer trimestre del avance físico y financiero del Programa de Empleo Temporal y el informe del tercer trimestre del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) para que por su amable conducto se presente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 54, fracción IV, inciso a), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003.

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 20 de octubre de 2003.--- El Coordinador de Asesores del C. Secretario, Ing. Raúl Tornel Cruz (rúbrica).»

«Escudo.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Ana Silvia Arrocha Contreras, asesora del Secretario.

Anexo al presente envío a usted el informe correspondiente al tercer trimestre del avance físico financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), para que por su amable conducto se presente a las instancias correspondientes, de conformidad al artículo 54 fracción IV inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003. Asimismo envío el formato A005.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de octubre de 2003.--- El director general, Luis A. Bojorquez Tapia.»

«Escudo.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Ana Silvia Arrocha Contreras, asesora del Secretario.

Anexo al presente envío a usted el informe correspondiente al tercer trimestre del avance físico financiero del Programa de Empleo Temporal, para que por su amable conducto se presente a las instancias correspondientes, de conformidad al artículo 54, fracción IV inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003. Asimismo envío el formato A005.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de octubre de 2003.--- El director general, Luis A. Bojorquez Tapia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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ESTADO DE PUEBLA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL59-II-0-2, suscrito el 11 de septiembre del año en curso por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño copia del similar No..................... SDSH.200/0526/2003, signado por el Lic. Antonio Sánchez Díaz de Rivera, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, por el que da contestación a los puntos de acuerdo relativos al traslado de los grupos de productores que deseen conocer de otras experiencias en diferentes países, a efecto de que puedan aplicar estos conocimientos en proyectos productivos de mayor alcance para la región, presentado por el C. diputado René Meza Cabrera.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 22 de octubre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta a su oficio No. SEL/300/2203/03, de fecha 17 de septiembre, a través del cual informa sobre los puntos de acuerdo aprobados por la H. Cámara de Diputados en su sesión del 11 del mismo mes, y en especial sobre los asuntos relacionados con las atribuciones de promoción y apoyo para la realización de proyectos productivos, me permito hacer los siguientes comentarios.

De la lectura del documento se observa que corresponde a la Sedesol atender parcialmente el numeral segundo, a través del cual se solicita ``que en el Presupuesto de Egresos de la Federación quede establecida una partida especial, a efecto de que las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; y de Relaciones Exteriores faciliten el traslado de los grupos de productores que deseen conocer de otras experiencias en diferentes países, a efecto de que puedan aplicar estos conocimientos en proyectos productivos de mayor alcance en la región''.

Para atender esta propuesta se requiere efectuar algunas modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Opciones Productivas en su vertiente de Acompañamiento y Formación Empresarial, sobre las cuales ya se ha tomado nota y estamos trabajando, por lo que nos manifestamos en condición de operar esta nueva modalidad.

No obstante nuestra disposición para lograr este objetivo, se requiere el apoyo de la misma Cámara de Diputados, que deberá manifestarse al respecto en el artículo que regula la operación de los programas sociales dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que los preceptos actuales no permiten atender este tipo de actividades, razón por la cual le solicito su amable intervención para atender el trámite correspondiente.

Sin más por el momento, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 3 de octubre de 2003.--- Desarrollo con Equidad, Contigo es Posible.--- El Subsecretario, Lic. Antonio Sánchez Díaz de Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Remítase a la Comisión de Desarrollo Social y al promovente, para su conocimiento.

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CONSUL HONORARIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día, son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Erika Silvia Rempening Rico, Ricardo Franco Guzmán, Adrián Franco Zevada, Edith Islas Pineda, Alfa Sol Ceceña Castro, Arturo Martínez Avila, Ignacio Cortés Llamas, Magdalena Mendoza Mendoza, Mónica Adriana Martínez Romero, Mónica Adriana Martínez Hernández, Luis Torres Palomares, Antonio Gracia Delgado, María Catalina Gurrola Ponce, Felipe Homero Saldaña López, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico, para desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 17 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz, teniendo como límites la frontera norte del municipio de Nautla y la frontera sur de los municipios sobre el río Papaloapan.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con el acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará a la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz serán de carácter estrictamente consular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso a la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico, para desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz, teniendo como límites la frontera norte del municipio de Nautla y la frontera sur de los municipios sobre el río Papaloapan.

Sala de comisiones de la Cámara Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 8 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco, Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 27 de agosto de 2003, los ciudadanos licenciados Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada solicitan el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesores jurídicos (abogados de confianza) en la Embajada de Belice en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 30 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Belice en México serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como asesor jurídico (abogado de confianza) en la Embajada de Belice en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Adrián Franco Zevada para prestar servicios como asesor jurídico (abogado de confianza) en la Embajada de Belice en México.

Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 8 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco, Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Edith Islas Pineda, Alfa Sol Ceceña Castro, Arturo Martínez Avila, Ignacio Cortés Llamas y Magdalena Mendoza Mendoza puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 21 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Edith Islas Pineda para prestar servicios como profesora de español en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alfa Sol Ceceña Castro, para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Arturo Martínez Avila para prestar servicios como mecánico de mantenimiento/fontanero en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Cortés Llamas para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Magdalena Mendoza Mendoza para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco, Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficios de fecha 2 de septiembre y 3 de octubre de 2003, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Mónica Rocío Martínez Romero, Mónica Adriana Martínez Hernández, Luis Torres Palomares y Antonio Gracia Delgado puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México, en el Consulado General en Guadalajara, Jalisco, y en el Consulado en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

En sesiones celebradas en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 18 de septiembre y el 9 de octubre del año en curso se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México, en el Consulado General en Guadalajara, Jalisco, y en el Consulado en Matamoros, Tamaulipas, serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Rocío Martínez Romero para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Adriana Martínez Hernández para prestar servicios como operadora de teléfonos/recepcionista en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Torres Palomares para prestar servicios como mecánico de mantenimiento/pintor, en la sección administrativa, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Antonio Gracia Delgado para prestar servicios como chofer en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 8 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco, Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Catalina Gurrola Ponce y Felipe Homero Saldaña López puedan prestar servicios como asistente consular y chofer en la Embajada de Australia en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 18 de septiembre del año en curso se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Australia en México serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Catalina Gurrola Ponce para prestar servicios como asistente consular en la Embajada de Australia en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Homero Saldaña López para prestar servicios como chofer en la Embajada de Australia en México.

Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 8 de octubre de 2003.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo Martínez Nolasco, Rubén Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE JALISCO
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición presentada por diputados del estado de Jalisco, para que se exhorte al Congreso del estado de Jalisco, para que realice una consulta a los servidores públicos del estado, así como a las organizaciones sindicales, antes de hacer alguna modificación a la Ley de Pensiones del Estado.

HONORABLE ASAMBLEA:

Fue turnada a esta Comisión de Seguridad Social, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Jalisco a fin de que realice una consulta a los servidores públicos del estado, así como a las organizaciones sindicales, antes de hacer alguna modificación a la Ley de Pensiones del estado de Jalisco. Dicha proposición fue puesta a consideración de esta H. Asamblea el día 9 de octubre de 2003 por la C. diputada Evelia Sandoval Urbán, a nombre de la diputación del Estado de Jalisco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por el C. diputado Rafael García Tinajero del Partido de la Revolución Democrática.

En atención a ello y de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, artículo 45, numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Seguridad Social presenta a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de octubre de 2003, se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Jalisco para que realice una consulta a los servidores públicos del estado, así como a las organizaciones sindicales, antes de hacer alguna modificación a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, por la C. diputada Evelia Sandoval Urbán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diversos diputados.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó la proposición para su estudio y análisis a la Comisión de Seguridad Social.

3. Previo estudio y análisis de la proposición, se procedió a la elaboración del presente dictamen, considerando la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La proposición busca que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, emita un exhorto al Congreso del estado de Jalisco para que realice una consulta a los servidores públicos del Estado y a sus organizaciones sindicales, antes de hacer alguna modificación a la Ley de Pensiones del estado de Jalisco.

Asimismo, que el Congreso del estado cuide que, una vez presentada la iniciativa, no se vean afectadas las conquistas alcanzadas por los trabajadores. Se solicita, por otra parte, que la Dirección de Auditorías a Dependencias del Ejecutivo y Empresas Estatales del Congreso local, audite a cada una de las áreas administrativas de la Dirección de Pensiones del estado, para evitar malos manejos e irregularidades.

En opinión de los autores, estas medidas se sustentan, en primer lugar, en que el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores es una preocupación y un compromiso que cada uno de los diputados ha adquirido con sus electores.

Segundo, que los servidores públicos del estado de Jalisco tienen derecho a ser consultados y consensados para llevar a cabo cualquier modificación a la normatividad que rige la operación de la Dirección de Pensiones del estado, considerando que la cobertura supera los 96 mil afiliados, y las reservas acumuladas los cinco mil millones de pesos.

Tercero, que los cambios a la ley respectiva han generado incertidumbre entre los afiliados a la Dirección de Pensiones del estado, dadas las modificaciones contenidas en la iniciativa.

Y en cuarto lugar, en los antecedentes derivados de una investigación de la Procuraduría de Justicia a la Dirección de Pensiones del estado, que detectó traspasos irregulares por 10 millones 200 mil pesos.

De conformidad con los antecedentes y motivaciones de referencia, esta Comisión expone las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las pensiones, así como el conjunto de prestaciones y servicios que otorgan las instituciones de seguridad social, representan una conquista social y un instrumento para garantizar el bienestar de los trabajadores que, habiendo cumplido con los requisitos de calificación, como son los años de servicio, pueden retirarse de su fuente de empleo con la certidumbre de gozar de los ingresos y la suficiencia de recursos que les permita vivir sin ver afectada su estabilidad familiar, emocional, física y económica.

Asimismo, es derecho de los trabajadores afiliados y de los sindicatos, así como de los pensionados y sus beneficiarios, conocer y opinar sobre las modificaciones a las leyes y demás instrumentos legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad social, que constituyen el mecanismo para protegerlos frente a los riesgos y contingencias que afectan sus capacidades físicas e intelectuales, así como la condición derivada de la edad y las posibilidades de continuar en el mercado de trabajo.

Que es responsabilidad de los poderes Legislativos, federal y local, velar por el cumplimiento de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, que expresan los logros del pueblo mexicano a través de una historia de lucha y esfuerzos colectivos, por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Asimismo, es responsabilidad de los legisladores, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilar el desempeño de las instituciones encargadas de administrar y proveer los servicios que garantizan la vigencia de esos derechos, así como de propiciar que los procesos de adecuación a la normatividad vigente sean abiertos a todos los grupos y sujetos involucrados.

Que esta Comisión razonó los alcances del presente acuerdo en el sentido de las facultades que tiene esta soberanía para formular exhortos a otros poderes constituidos, legal y constitucionalmente. Y ante lo cual, reconoce que es práctica parlamentaria realizar estos llamados como forma de cumplir las funciones de representación y control que tiene en nuestro sistema constitucional el Poder Legislativo, llamados que, además, no tienen un fin de intervención ni carácter vinculatorio sobre los asuntos que competen en exclusividad a dichos poderes y soberanías, y que por lo tanto, estos instrumentos no buscan otro fin que el de expresar las inquietudes manifestadas por la ciudadanía en la defensa de sus garantías, libertades, derechos y aspiraciones a la que está íntimamente ligada esta representación popular.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Seguridad Social, conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al federalismo y la soberanía de los estados, hace un atento exhorto al H. Congreso del estado de Jalisco para que en el proceso de desahogo de la eventual reforma a la Ley de Pensiones de estado de Jalisco, considere la pertinencia de incluir entre sus actividades la consulta a los servidores públicos del estado y a sus organizaciones sindicales.

Segundo.- Que en el análisis, discusión y debate de la iniciativa respectiva, vea por el respeto y vigencia de los derechos individuales y colectivos alcanzados por dichos trabajadores.

Tercero.- Que la Dirección de Auditorías a Dependencias del Ejecutivo y Empresas Paraestatales, órgano de fiscalización del Congreso local, atienda lo procedente en caso de conocer denuncias sobre posibles irregularidades en la gestión de la Dirección de Pensiones del estado.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, el 28 de octubre de 2003.--- Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Oscar Martín Ramos Salinas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán, Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.

Se han registrado para hablar en pro, la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Rafael Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En los términos del artículo 122: ``Cuando sólo se pidiere la palabra en pro podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara''.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Evelia Sandoval Urbán:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

El 9 de octubre la fracción del PRI de Jalisco presentamos un punto de acuerdo para que en el estado de Jalisco los servidores públicos tienen el derecho de ser consultados y consensuados antes de llevar a cabo cualquier modificación a la Ley de Pensiones del Estado. Llegó hasta aquí la resolución de la Comisión de Seguridad Social, por lo cual les estoy solicitando que apoyen este dictamen, porque los trabajadores del estado de Jalisco, así como los de toda la República Mexicana, tienen derecho a que se respete el Estado de Derecho y los beneficios que han logrado a través de una larga trayectoria de trabajo.

Debemos invertir para tener mejores jubilaciones y mejores prestaciones. No podemos permitir que se atente contra el Estado de Derecho de los trabajadores, de los servidores públicos del estado de Jalisco. Las jubilaciones son un patrimonio por las cuales debemos de luchar. Todos los legisladores que estamos aquí tenemos un compromiso con la ciudadanía y un compromiso con todos los trabajadores.

Por eso yo les pido que apoyen este dictamen y asimismo los exhorto para que cada uno haga lo propio y apoyemos para que en el estado de Jalisco y en todos los estados se vigile de forma permanente las dependencias que corresponden a la seguridad social, para que no se vean violentadas las aportaciones de los trabajadores.

Yo les pido, compañeros, que apoyen este dictamen, porque el estado de Jalisco nos está requiriendo el día de hoy y posteriormente estaremos apoyándolos cuando sea necesario en los demás estados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rafael Sánchez Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He venido a esta tribuna, con objeto de apoyar este dictamen por dos razones. La primera es que tengo una inquietud bastante fuerte en relación a la seguridad de los mexicanos, no solamente de aquellos que han tenido la fortuna de formar parte de los sistemas de pensiones y jubilaciones en este país, sino de todos los mexicanos. Y en segundo lugar porque esta iniciativa, si bien es cierto, no tiene razón de ser en este momento, también lo es que no perjudica en nada.

Establezco que no es el momento por una razón, en Jalisco no existe en este momento ninguna iniciativa que se esté trabajando por el Congreso del estado, que pretenda modificar la Ley de Pensiones de aquel estado; así lo establece el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el diputado local Octavio Navarro Prieto, quien menciona que no existe ninguna iniciativa que se esté promoviendo con este fin.

Dice: Octavio Navarro Prieto, aseguró que no tiene Hacienda para discutir en breve alguna iniciativa en torno a la Ley de Pensiones del estado. Agregó que revisando los archivos de la comisión, encontró una iniciativa sobre el tema, que fue presentada en la LV Legislatura pero no está programada para retomarse en la próxima semana.

No hubo iniciativas nuevas ni del Ejecutivo ni de diputados, de ahí que desconozca el origen de la inquietud de algunos sindicalizados. Efectivamente esto es absolutamente cierto, no existe ninguna iniciativa que se esté trabajando y quiero aclarar que la única iniciativa que existe en este sentido, establece lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado y a lo señalado en los artículos 22 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco comparezco ante este pleno para presentar a la consideración del mismo, proyecto de iniciativa de ley que abrogue la Ley de Pensiones del estado de Jalisco con base en las siguientes consideraciones.

Y termina, ``Atentamente, Guadalajara, Jalisco, Junio de 1999, diputado Heriberto Santana Munrobio''.

Es decir, la única iniciativa que existe en este sentido y que no se está trabajando, ha sido promovida por un diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Señoras y señores legisladores, el diputado Miguel Alonso Raya ha solicitado a la Presidencia el uso de la palabra. Como eso es una excepción no contemplada por el artículo 122 del Reglamento, proceda y se instruya a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alonso Raya, sobre este tema.

Por favor, activen el sonido en la curul del diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Como usted bien lo menciona, el artículo 122 de nuestro Reglamento señala que cuando van a hablar oradores nada más en pro, van a ser dos las intervenciones, mi pregunta es, de acuerdo al señalamiento, si el diputado que está solicitando el uso de la palabra es precisamente para hablar a favor del dictamen, porque no se precisa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Es para hablar a favor del dictamen. De ahí la razón de que instruya a la Secretaría que consulte a la Asamblea. Adelante.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alonso Raya para hablar en pro del dictamen que está a consideración.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alonso Raya, para hablar en pro del dictamen. Adelante.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:

Gracias, señor Presidente y gracias, compañeras y compañeros diputadas y diputados.

He solicitado la palabra en virtud de que a la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, se presentó y le tocó dictaminar este punto de acuerdo presentado por la diputación del PRI, en relación a solicitar el que se hiciese una consulta por parte del Congreso del estado de Jalisco, antes de proceder a reformar el régimen de pensiones en el estado.

Quien me antecedió en el uso de la palabra, argumentó que no había tal iniciativa.

No hay presentada tampoco en estos momentos, oficialmente, ninguna iniciativa para reformar la Ley del ISSSTE, pero se dejan sentir un conjunto de presiones y de escenarios catastróficos respecto a si no se hace tal o cual reforma, lo mismo seguramente está aconteciendo en el caso del estado de Jalisco y por ello consideramos que era totalmente justo dictaminar a favor y atendiendo a la soberanía del estado, fundamentar el porqué se exhortaba al Congreso del estado de Jalisco, a que hiciera una consulta amplia a efecto de que no se dieran pasos a reformar la Ley de Pensiones del estado, hasta que no se construyera un consenso mínimo mayoritario que permitiera garantizar la protección de los derechos de los trabajadores de Jalisco que han accedido a las pensiones y jubilaciones.

Es por eso, compañeras y compañeros, que les solicitamos su voto a favor de este dictamen de un punto de acuerdo entendiendo que lo hacemos respetando desde luego la soberanía del estado pero atendiendo a la petición de la diputación del PRI y a un conjunto de rumores desatados, en función de reformas que se vienen operando en diferentes estados y de leyes... iniciativas de ley que ya hay presentadas para modificar el régimen de pensiones.

Por ello, compañeras y compañeros, solicitaríamos que respaldaran este dictamen de punto de acuerdo que salió además por unanimidad en la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Antes de continuar con el trámite, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se pregunta, ¿falta alguna diputada o algún diputado por registrar asistencia?.. Se informa a la Presidencia que hasta el momento (a las 12:29 horas) hay una asistencia de 475 diputadas y diputados registrados. Ciérrese el sistema electrónico.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

Cumplida la instrucción, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continuando con el trámite del dictamen a discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutidos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora Secretaria.

Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día, ha sido pospuesto para otra sesión a petición del grupo parlamentario que lo promovió.

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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplique los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y los criterios de jurisprudencia respectivos, para determinar la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y otros de lesa humanidad.

La diputada Eliana García Laguna:

Con su permiso, señor Presidente:

``Vivos se los llevaron, vivos los queremos''.

Este es el clamor de cientos de familiares de las víctimas de lo que se ha dado en llamar ``la guerra sucia'', que se llevó a cabo, que se realizó en nuestro país, durante los años 70-80.

La fiscalía especial, creada por el Gobierno Federal, solicitó la orden de aprehensión a un juez federal en abril de 2003, en contra de los exdirectores, de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad. Esto abrió por primera vez la posibilidad de que el máximo tribunal mexicano, emitiera un fallo sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el pasado en nuestro país.

De esta época y yo quisiera apelar a la conciencia de las diputadas y los diputados que están aquí, que representan a sus estados, tenemos: dos desaparecidos del estado de Colima, 12 de Chiapas, 12 de Chihuahua, 46 del Distrito Federal, uno de Durango, 330 desaparecidos del estado de Guerrero, cuatro de Hidalgo, 28 de Jalisco, 13 del estado de México, dos de Mexicali, ocho de Michoacán, uno de Morelos, uno de Nayarit, cinco de Nuevo León, ocho de Oaxaca, seis de Puebla, uno de Querétaro, uno de San Luis Potosí, 46 desaparecidos que duelen en el estado de Sinaloa, 11 en el estado de Sonora, dos de Tamaulipas y tres de Veracruz.

La semana pasada murió otra de las madres de los desaparecidos; la madre de Eduardo Méndez Vargas, doña Luchita, que andaba en silla de ruedas y murió de un cáncer que le quitó la vida. Fue detenido y desaparecido su hijo en 1978 en la Ciudad de México y la última vez que se le vio, fue en el Campo Militar número uno.

Tenemos la oportunidad histórica en este país de hacer justicia. En razón de eso, nosotros, reconociendo la probidad de la Suprema Corte de Justicia, reconociendo que en este país la Suprema Corte de Justicia, ha generado, al igual que otras instituciones la credibilidad y el prestigio que requerimos como nación, nosotros queremos plantear el siguiente

Punto de Acuerdo

Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia, para que considere en el dictamen que se va a dar en éstos días en relación con la no imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y la jurisprudencia respectiva al emitir su fallo sobre imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y de lesa humanidad, para que podamos hacer justicia en este país, hacer una justicia que nuestro país está demandando.

Tenemos en nuestra nación 550 expedientes de personas desaparecidas durante esta década que hemos mencionado y los ministros tomaron la decisión de atraer el caso, en un acto de dignidad y queremos desde esta tribuna exhortar a que se haga esta consideración y queremos solicitar, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento, que este punto de acuerdo pueda ser de urgente resolución.

Muchas gracias, compañeras diputadas y diputados y esperamos que cada uno de ustedes, representante de su estado, nos ayude a que podamos hacer este llamamiento a la justicia en nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que aplique los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y los criterios de jurisprudencia respectivos para determinar la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y otros de lesa humanidad, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

Las y los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este es el clamor de cientos de familiares de desaparecidos, víctimas de la guerra sucia, que no han permitido que muera la esperanza, que se pierda la memoria.

La Fiscalía Especial creada para investigar esos crímenes ha ofrecido pocos resultados concretos. Sin embargo, gracias a la solicitud de aprehensión que hizo a un juez federal en abril de 2003 contra los ex directores federales de Seguridad Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, se abre por primera vez la posibilidad de que el máximo tribunal mexicano emita un fallo sobre los crímenes del pasado.

Habiendo cerca de 550 expedientes de personas desaparecidas en las décadas de los setenta y ochenta, la Fiscalía Especial eligió el caso de Jesús Piedra Ibarra para acusar y enjuiciar a los primeros responsables de ese nefasto periodo de nuestra historia.

La petición fue denegada por el juez cuarto de distrito de Monterrey, Guillermo Vázquez Martínez, con el argumento de que el delito de privación ilegal de la libertad, en este caso, ya prescribió.

Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia decidieron conocer el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial contra la decisión del juez federal, por lo que ahora deben decidir si el delito de secuestro en el caso de los desparecidos ya prescribió.

La figura jurídica de la prescripción debe entenderse como la extinción de la acción penal o de las sanciones por el simple transcurso del tiempo señalado en la ley, según el artículo 101 del Código Penal Federal.

A su vez, el artículo 7 del mismo ordenamiento clasifica en sus fracciones I, II y III el delito en instantáneo, permanente o continuo, y continuado.

Lo anterior es importante porque los delitos cometidos en las décadas de los setenta y ochenta no prescribirían si fueron permanentes o continuos, como el caso concreto del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro.

Si la Suprema Corte ratifica la decisión de primera instancia, se alejará la posibilidad de castigar los crímenes de la guerra sucia, por lo que se tendría que apelar a la jurisdicción internacional, como la aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que a su vez podría quedar neutralizada por la interpretación que hizo el Senado de la República y que quedó aprobada en diciembre de 2001.

Esa interpretación limita su aplicación a hechos posteriores a su entrada en vigor e impide que personal del Ejército sea sometido a juicio en tribunales civiles.

Por ello, el jefe del Gobierno del Distrito Federal presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 29 de abril del año pasado, donde advirtió que la reserva que hizo el Senado otorga impunidad a los responsables de las desapariciones políticas en el país y dejaba sin materia a la Fiscalía Especial.

Por otra parte, la Suprema Corte ha emitido tesis jurisprudenciales sobre el tema, como ésta, de la sexta época, 1957: ``La ley contiene la noción de delito permanente, al hablar de la prolongación en tiempo de la acción u omisión criminal, o sea el que implica una persistencia en el resultado durante el cual el sujeto activo mantiene su voluntad delictiva y por ende la antijuricidad que es su consecuencia. Son ejemplos específicos el rapto y la privación ilegal de la libertad en nuestro medio, o el secuestro y el plagio en otras legislaciones, y se opone a dicho concepto el de delito instantáneo, que termina con la producción del efecto, como el robo, que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro; o el homicidio, con la privación de la vida''.

Con estos antecedentes, consideramos necesario exhortar al Poder Judicial a que, en su fallo sobre la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y otros de lesa humanidad, aplique los instrumentos internacionales y la jurisprudencia existentes sobre el tema.

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que aplique los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y la jurisprudencia respectiva al emitir su fallo sobre la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad y de lesa humanidad.

México, DF, a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Eliana García Laguna, Oscar González Yánez; Jesús González Schmal, Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya, René Arce Islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, César Antonio Chávez Castillo, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Socorro Díaz Palacios, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Mendoza, Pablo Franco Hernández, Rogelio Franco Castán, Juan José García Ochoa, Miguel Angel García Domínguez, Iván García Solís, Juan García Costilla, Amalia Dolores García Medina, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petriccioli, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Adballán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Hebert, Guillermo Guisar Carranza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Gullermina Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Micher Camarena, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, Marcos Morales Torres, María Guadalupe Morales Rubio, Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo y Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Yadira Serrano Crespo, Pascual Sigala Paez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Este tema se ha listado en el orden del día como de urgente resolución.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea sí se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No se considera de urgente resolución. Perdón.

Se turna a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos.

Perdonen, señores legisladores, dice un viejo refrán que sólo los tontos nunca se equivocan.

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PRODUCTOS DE CONTRABANDO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de Seguridad Pública, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para que se tomen medidas urgentes en la infiltración de productos de contrabando que dañan la economía y la seguridad nacionales.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La mafia coreana como una extensión de la mafia asiática, se ha establecido en nuestro país. Mercancías ilegales ingresan al país con documentación apócrifa para evadir impuestos y encubrir el contrabando, con la complicidad de las autoridades aduanales. La mercancía se puede observar y adquirir en las calles de esta ciudad y en los negocios ya establecidos, así como en todo el territorio nacional. Esta mafia crea una competencia desleal que destruye el comercio y la industria nacional.

Las autoridades desconocen el número de ciudadanos asiáticos que se encuentran en el país, cuándo entraron y cuándo deben de abandonarlo. Todo ingresa al país a través de pequeñas bandas, pero también en barcos y furgones de ferrocarril desde las fronteras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, así como los puertos marítimos de Veracruz y Manzanillo. Los coreanos, de hecho, han afianzado su presencia en las tres principales ciudades del país: en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

En materia fiscal, agrupaciones empresariales y académicas coinciden con la necesidad de una simplificación administrativa, sencillez en el cálculo de impuestos, revisión de regímenes especiales y exenciones; reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta y el establecimiento de una tasa uniforme del Impuesto al Valor Agregado, además de la revisión de aranceles, ya que este tipo de barreras no han sido eficientes para proteger a la industria nacional; aranceles con porcentajes tan altos que hacen atractivo el contrabando, sería preferible establecer cuotas con las que se cubran los impuestos y se reduzca el contrabando.

Los problemas en este rubro no se reducen a un tema puramente financiero, pues sobra evidencia que apunta más a la corrupción y la impunidad. En este sentido, la reforma fiscal es necesaria, pero no será suficiente si no existe el imperio de la ley y si no existe una estrategia integral que sea capaz de combatir frontalmente este tipo de mafias asiáticas que se han convertido en organizaciones criminales, que como el narcotráfico atentan contra la seguridad nacional.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta las siguientes proposiciones con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, a aclarar la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros, especialmente de origen coreano que son presuntos miembros de organizaciones delictivas que trafican con productos de contrabando.

Segunda. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria, eficientice esfuerzos en el combate al contrabando de mercancías y de evasión fiscal.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar estrategias efectivas que promuevan el ingreso a la cadena productiva formalmente establecida para aquellas personas que comercien con bienes de procedencia ilícita.

Cuarta. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional y al Servicio de Administración Tributaria, a crear una estrategia coordinada que sea capaz de combatir a estas organizaciones delictivas en nuestro país, tratando este problema como un asunto prioritario para la seguridad nacional.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias federales competentes a que se tomen medidas urgentes contra la infiltración de productos de contrabando por parte de ciudadanos y de mafias extranjeros, principalmente coreanos, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y Derechos Humanos, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La mafia coreana, como una extensión de las mafias asiáticas, se ha establecido en nuestro país, teniendo como centro de operaciones las calles del Centro Histórico, principalmente Tepito, La Lagunilla, República de Argentina, El Carmen y hasta en departamentos de la Unidad Habitacional Tlatelolco.

Como parte de su estrategia de infiltración al mercado nacional, observan negocios establecidos y hacen ofertas atractivas para comprarlos, presionan a los propietarios hasta que aceptan vender sus negocios.

Después de arreglos y modificaciones a los locales, los usan como bodegas para almacenar diversas mercancías de procedencia ilícita, en su gran mayoría de origen chino.

Dicha mercancía ingresa al país con documentación apócrifa, para evadir impuestos y encubrir el contrabando, con la complicidad de las autoridades aduanales. La mercancía se puede observar y adquirir en las calles de esta ciudad y en los negocios ya establecidos, así como en todo el territorio nacional.

Esta mafia coreana contrata a menores de edad para vender y distribuir el contrabando, como parte de sus necesidades operativas.

Los coreanos, miembros de esta organización criminal ingresan a territorio mexicano, en su mayoría, en calidad de turistas, y ante la indiferencia de las autoridades migratorias permanecen y se establecen para cumplir sus fines ilícitos.

Hay quienes aseguran que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se mantiene una tarifa de 5 mil dólares por cada coreano que ingresa de manera ilegal; esto, en presunto contubernio de agentes federales y de migración.1

Mientras esta mafia extiende sus tentáculos a lo largo y ancho del territorio nacional, se apropia de negocios, utiliza a menores y a trabajadores nacionales, y crea una competencia desleal que destruye el comercio y la industria nacional, las autoridades desconocen el número de ciudadanos asiáticos que se encuentran en el país, cuándo entraron y cuándo deben abandonarlo.

La forma en que han evolucionado las organizaciones de contrabandistas es sorprendente. En menos de diez años, la mafia coreana ancló en México, y desde aquí ha extendido sus redes hasta Centroamérica, el sur de California y la Florida.

Todo ingresa al país a través de pequeñas bandas, pero también en barcos y furgones del ferrocarril, desde las fronteras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, así como los puertos marítimos de Veracruz y Manzanillo.

El poder económico de estas organizaciones es tal, que son dueños de sus propias embarcaciones y tienen un sistema logístico muy complejo y especializado.

De hecho, reportes de las mismas autoridades dicen que el control del barrio de Tepito pasó a manos de chinos y coreanos desde hace siete años, un dato que posteriormente confirmó un estudio que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM difundido en mayo de 2001.

En el estudio difundido en 2001 por la Universidad Nacional Autónoma de México se señala que tan sólo en el Distrito Federal radican cerca de 10 mil coreanos, la tercera parte de ellos en los alrededores de la Zona Rosa. De los aproximadamente 3 mil coreanos del área, encontraron que 2 mil trabajan en Tepito. Las otras dos terceras partes, dice el estudio, son de dudosa residencia y ocupación.

Los coreanos, de hecho, han afianzado su presencia en las tres principales ciudades del país. En Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, sus operaciones acentúan la violencia a la hora de aplicar sus métodos, y han llegado incluso a confundirse con los ajustes de cuentas que realizan los narcotraficantes.

En materia fiscal, agrupaciones empresariales y académicas coinciden con la necesidad de una simplificación administrativa, sencillez en el cálculo de impuestos, revisión de regímenes especiales y exenciones, reducción de la tasa del ISR (Impuesto Sobre la Renta) y el establecimiento de una tasa uniforme del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Además de la revisión de aranceles, ya que este tipo de barreras no han sido eficientes para proteger a la industria nacional.

Aranceles con porcentajes tan altos que hacen atractivo el contrabando, sería preferible establecer cuotas con las que se cubra el impuesto y se reduzca el contrabando.

El tema lleva más de tres décadas debatiéndose en los medios gubernamentales y académicos. En su esencia, hay dos razones elementales: una es que el gobierno tiene una excesiva dependencia fiscal respecto a los recursos petroleros y la otra razón es el sinnúmero de rezagos que caracterizan al país en materia de infraestructura física y social, así como en seguridad pública y educación, aunado a exigencias financieras producto del Fobaproa, los Pidiregas, las pensiones y el rescate carretero.

Por supuesto que los problemas en estos rubros no se reducen a un tema puramente financiero, pues sobra evidencia que apunta más a la corrupción, y la impunidad.

En este sentido, la reforma fiscal es necesaria, pero no será suficiente si no existe el imperio de la ley, y si no existe una estrategia integral que sea capaz de combatir frontalmente a este tipo de mafias asiáticas que se han convertido en organizaciones criminales que, como el narcotráfico, atentan contra la seguridad nacional.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a aclarar la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros, especial- mente de origen coreano, que son presuntos miembros de organizaciones delictivas que trafican con productos de contrabando.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través del Servicio de Administración Tributaria, haga eficientes los esfuerzos en el combate al contrabando de mercancías y de evasión fiscal.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar estrategias efectivas que promuevan el ingreso a la cadena productiva formalmente establecida para aquellas personas que comercian con bienes de procedencia ilícita.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al Servicio de Administración Tributaria a crear una estrategia coordinada que sea capaz de combatir a estas organizaciones delictivas en nuestro país, tratando este problema como un asunto prioritario para la seguridad nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.

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ESTADO DE QUINTANA ROO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para promover y crear en el estado de Quintana Roo, un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dado el estado de indefensión en el que se encuentra el ciudadano en materia de justicia fiscal y administrativa.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Ciudadanas y ciudadanos diputados:

Punto de acuerdo con exhorto al Congreso del estado de Quintana Roo, para promover y crear un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dado el estado de indefensión en el que se encuentra el ciudadano en la materia de Justicia Fiscal y Administrativa.

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Considerandos

El estado de Quintana Roo alcanzó el estatus jurídico-político de entidad federativa el 8 de octubre de 1974, fecha desde la cual se rige con su propia Constitución Política y según el ordenamiento federal que prescribe también la división de poderes en el orden local, por lo que ese importante estado cuenta con un Poder Legislativo facultado para emitir las leyes necesarias para mantener la vigencia del orden jurídico en sus relaciones internas.

A pesar de la riqueza del estado en cuanto a recursos naturales, pródiga en hospitalidad y poseedora de gran cultura autóctona y colonial, la administración pública en la entidad ha venido a menos y parecería que a medida que los grandes y espléndidos centros turísticos del estado se han desarrollado, principalmente en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra el desarrollo turístico de Cancún, más evidente resulta el atraso administrativo, fiscal y conocimiento en estas materias cruciales en la vida de un polo de desarrollo de esta dimensión.

Es el caso evidente que el estado de Quintana Roo no cuenta con una instancia jurisdiccional administrativa para revisar los actos de autoridad en esa especialidad y a la fecha sea ya de los pocos estados que no han creado un tribunal de lo contencioso-administrativo que permita a los ciudadanos recurrir los actos arbitrarios en esa vía, por cierto cada día más notorios en el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, quien parece tener el deliberado propósito de situar en la Secretaría de Hacienda y en la Procuraduría Fiscal del estado a personas notoriamente incapaces y arbitrarias, a sabiendas de que contra sus actos violatorios de la garantía de legalidad no hay un recurso administrativo al cual recurrir y, necesariamente, el afectado tiene que interponer el juicio de amparo, con los gastos, las tardanzas y la falta de especialidad del juzgador federal que ello implica para resolver los conflictos.

Por esas razones y en vista de que Quintana Roo recibe cada día mayor número de inversiones en el ramo turístico, se hace indispensable que, en cumplimiento de las garantías de defensa del ciudadano, constituya el tribunal de lo contencioso-administrativo para la impartición de justicia fiscal y administrativa, en consonancia con el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución General de la República y su correlativo inciso 21 del artículo 75 de la Constitución del estado que resuelva las controversias tan constantes en la administración pública estatal y que sirva de contrapeso al crecimiento de la improvisación y del despotismo de las autoridades del Estado.

Esto se hace ineludible en el momento en que los estados solicitan mayor cuantía de recursos de la Federación, cuando en su régimen jurídico interno los ciudadanos contribuyentes carecen de instancias expeditas de justicia.

Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita respetuosamente al H. Congreso del estado de Quintana Roo que se sirva estudiar, aprobar y emitir la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa, para la constitución de un tribunal con facultades jurisdiccionales a fin de dirimir los conflictos que se presentan en la materia.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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INEGI
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Javier Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se busque la solución más adecuada al conflicto laboral que un grupo de trabajadores del INEGI tiene con esa dependencia.

El diputado Roberto Javier Vega y Galina:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Roberto Javier Vega y Galina:

Compañeras y compañeros diputados:

Proposición con punto de acuerdo para que exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se resuelva dentro de los ordenamientos legales conducentes el conflicto que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) tiene con un grupo de sus trabajadores que se encuentran en plantón permanente desde el 22 de julio del presente año.

El suscrito, diputado federal Roberto Javier Vega y Galina, en ejercicio de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a resolver el conflicto laboral y económico con algunos de sus trabajadores que se encuentran en plantón permanente ante las oficinas de dicha secretaría en el Distrito Federal, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Desde 1997, un grupo de trabajadores del INEGI interpuso demandas laborales ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo de diversas irregularidades de carácter laboral, ante las cuales la dirección de dicho instituto intentó realizar convenios de retiro voluntario con los demandantes, para que mediante el pago de una liquidación se desistieran de sus demandas laborales.

Aunado a lo anterior, los trabajadores eventuales se encuentran limitados en cuanto a los derechos a recibir las mismas prestaciones que los trabajadores de planta. El instituto no cubre al ISSSTE las cuotas correspondientes a los seguros de invalidez, vejez y muerte; adeuda a la fecha una cantidad que se estima en alrededor de 240 millones de pesos.

Los trabajadores no tienen estabilidad en el empleo y, en general, la situación laboral que priva deja mucho que desear.

Como consecuencia de lo anterior, desde el 22 de julio un grupo de esos trabajadores se encuentra en plantón permanente ante las oficinas de la SHCP en espera de ser atendidos y resuelta su problemática, sin que hasta la fecha hayan tenido avances.

Por esas razones apelo a su sentido de responsabilidad en busca de su apoyo para que la Cámara. de Diputados apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión formula un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dentro de los cauces legales, realice las gestiones necesarias para que se resuelva el conflicto laboral que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática tiene con un grupo de sus trabajadores que se encuentra en plantón permanente ante las oficinas centrales de dicha secretaría en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2003. --- Dip. Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica).

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señores diputados.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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REPUBLICA DE CUBA
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se propone que la Cámara de Diputados se manifieste en contra de las declaraciones realizadas por el Presidente de Estados Unidos de América, George Bush, en relación con las cuatro medidas de endurecimiento, anunciadas por su gobierno, contra Cuba.

La diputada Cristina Portillo Ayala:

Con su venia, señor Presidente:

Punto de acuerdo por el que se propone que la Cámara de Diputados se manifieste en contra de las declaraciones realizadas por el Presidente de Estados Unidos, George Bush, en relación a las cuatro medidas de endurecimiento anunciadas por su gobierno, contra la República de Cuba.

Hago mención, señor Presidente, que este punto de acuerdo tiene algunas modificaciones previamente acordadas por los partidos políticos, respecto a la publicación de hoy día en la Gaceta Parlamentaria.

Las y los legisladores suscritos integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

El día 9 de octubre el Presidente George Bush reiteró públicamente la política estadounidense de bloqueo e intervención en los asuntos internos de la República de Cuba.

Fueron anunciadas cuatro medidas de endurecimiento hacia Cuba, en el orden de restringir e inclusive evitar el turismo estadounidense hacia Cuba; mejorar y facilitar el proceso de visado a los disidentes cubanos que salen de la isla; crear una comisión de ayuda llamada ``A una Cuba Libre''; que acelere y planifique el término del actual régimen cubano. Por último propone incrementar las emisiones de radio y televisoras disidentes para intervenir la política informativa del gobierno cubano.

El Senado de la República aprobó recientemente un proyecto de ley que suspende la prohibición a ciudadanos norteamericanos, de realizar viajes a Cuba.

Considerandos

1. Que como país soberano, tenemos el deber moral de alzar nuestra voz cada vez que corresponda, para manifestarnos en pro del resguardo y respeto a la soberanía de nuestra propia nación y las naciones hermanas.

2. Que en este orden de ideas, debemos oponernos moral y políticamente, a cualquier intento de intervención por parte de un tercer país, que vulnere los preceptos en los que coincidimos y que fundamentan nuestra relación con naciones soberanas.

3. En atención a la tradicional política de paz y de respeto a la soberanía de las naciones, del Estado mexicano, expresamos nuestra preocupación porque una alteración a los equilibrios regionales incide directamente en la agenda internacional de nuestro país.

Como país no podemos exponernos a posiciones extremas y ajenas a la política de solución negociada y pacífica de los conflictos que ha honrado a nuestra diplomacia.

4. Resulta inadmisible en el marco de las relaciones entre países soberanos definidas por el sistema de naciones del que somos parte que un país pretenda intervenir en los asuntos internos de otro, planificando, acelerando, financiando un cambio de régimen.

5. Que aunque es evidente que la postura del gobierno norteamericano obedece a cálculos electorales internos de la administración estadounidense, los diputados abajo firmantes rechazamos esta política porque introduce un elemento intervencionista, cuyas consecuencias, de no ser detenidas, pueden poner en peligro la paz de la región.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta Cámara de Diputados manifieste su rechazo a las recientes declaraciones injerencistas hacia Cuba por parte de la actual administración estadounidense, que ponen en riesgo la paz en nuestra región.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados saluda la iniciativa aprobada por el Senado de Estados Unidos que suspende la prohibición a ciudadanos norteamericanos de realizar viajes a la república cubana.

Atentamente.

México, D.F., a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Cristina Portillo, Alejandro González Yáñez, Alberto Aguilar, Jorge Kahwagi, Jesús González Schmal y Pedro Vázquez.

Gracias, señor Presidente.

«Punto de acuerdo, por el que se propone que la Cámara de Diputados, se manifieste en contra de las declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos de América, George Bush, en relación a las cuatro medidas de endurecimiento anunciadas por su gobierno contra Cuba.

Las y los legisladores suscritos, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

El 9 de octubre el Presidente George Bush reiteró públicamente la política estadounidense de bloqueo e intervención en los asuntos internos de la República de Cuba.

Fueron anunciadas cuatro medidas de endurecimiento hacia Cuba, en el orden de restringir e inclusive evitar el turismo estadounidense hacia Cuba; mejorar y facilitar el proceso de visado a los disidentes cubanos que salen de la isla; y crear una comisión de ayuda llamada ``a una Cuba libre'', que acelere y planifique el término del actual régimen cubano; por último, propone incrementar las emisiones de radios y televisoras disidentes para intervenir la política informativa del gobierno cubano.

El Senado de la República aprobó recientemente un proyecto de ley que suspende la prohibición a ciudadanos norteamericanos de realizar viajes a Cuba.

Considerando

1.- Que como país soberano tenemos el deber moral de alzar nuestra voz, cada vez que corresponda, para manifestarnos en pro del resguardo y respeto a la soberanía de nuestra propia nación y de las naciones hermanas.

2.- Que, en este orden de ideas, debemos oponernos, moral y políticamente, a cualquier intento de intervención por parte de un tercer país, que vulnere los preceptos en los que coincidimos y que fundamentan nuestra relación como naciones soberanas.

3.- En atención a la tradicional política de paz y de respeto a la soberanía de las naciones del Estado mexicano, expresamos nuestra preocupación, porque una alteración de los equilibrios regionales incide directamente en la agenda internacional de nuestro país. Como país no podemos exponemos a posiciones extremas y ajenas a la política de solución negociada y pacífica de los conflictos, que ha honrado a nuestra diplomacia.

4.- Que resulta inadmisible, en el marco de las relaciones entre países soberanos definidas por el sistema de naciones del que somos parte, que un país pretenda intervenir en los asuntos internos de otro, planificando, acelerando, financiando un cambio de régimen.

5.- Que aunque es evidente que la postura del gobierno norteamericano obedece a cálculos electorales internos de la administración estadounidense, los diputados abajo firmantes rechazamos esta política porque introduce un elemento desestabilizador, cuyas consecuencias, de no ser detenidas, pueden poner en peligro la paz de la región.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que esta Cámara de Diputados manifieste su rechazo a los recientes intentos desestabilizadores hacia Cuba por parte de la actual administración estadounidense, que ponen en riesgo la paz en nuestra región.

Segundo: Que esta Cámara de Diputados salude la iniciativa aprobada por el Senado de Estados Unidos que suspende la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar viajes a la República Cubana.

Atentamente.

México, DF, a 4 noviembre de 2003.--- Diputados: Cristina Portillo Ayala, Alejandro González Yáñez, José Alberto Aguilar_Iñárritu, Pedro Vázquez González, Francisco Javier Saucedo Pérez, María Guadalupe Morales Rubio, Arturo Robles Aguilar, Jesús Porfirio González Schmal, Sergio Augusto Magaña Martínez, Israel Tentory García, Enrique Torres Cuadros, Pascual Sigala Páez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Rafael García Tinajero Pérez, Rogelio Franco Castán, María Elba Garfias Maldonado, Abdallán Guzmán Cruz, Margarito Fierros Tano, Omar Ortega Alvarez, César Antonio Chávez Castillo, Inelvo Moreno Alvarez.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición. Se han anotado en pro de la propuesta el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT y el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Pregunto si hay algún orador en contra.

En consecuencia, se le concede el uso de la voz al diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores: Cuba sigue siendo el símbolo de la lucha de independencia de los pueblos de América Latina contra el imperio norteamericano.

Ni el embargo económico impuesto por Estados Unidos hace más de 40 años ha doblegado la valentía y el arrojo del pueblo cubano. Han valido más los principios, la convicción y el espíritu revolucionario de los cubanos que el golpeteo sistemático y el intento por hacer retroceder a la revolución socialista.

La razón histórica está del lado de Cuba. El pueblo definió su rumbo y sólo él decidirá su destino. No valen intromisiones, no valen intentos desestabilizadores, no valen chantajes ni amenazas.

El mismo pueblo norteamericano ha reconocido que el embargo y los ataques por parte del gobierno norteamericano contra Cuba ya no tienen razón de ser. Prueba de ello es la decisión que tomó la Cámara de Representantes de esa nación cuando aprobó, en el curso del pasado mes de septiembre, el levantamiento de las restricciones aplicadas a ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba.

Compañeras y compañeros: el gobierno del Presidente Bush quiere seguir vendiendo la idea, al pueblo norteamericano y al mundo, de que Cuba representa una amenaza a su seguridad nacional.

El propósito imperial de Bush lo llevó incluir a Cuba entre los países considerados con capacidad de poseer armas de destrucción masiva, a raíz de los ataques del 11 de septiembre.

Sabido es que la única investigación que se realiza en Cuba es la orientada a la aplicación médica para favorecer a millones de seres humanos que padecen enfermedades que las transnacionales farmacéuticas con sus multimillonarios recursos han sido incapaces de curar.

Ahora el Presidente Bush ha lanzado la amenaza de vetar la medida que permite viajar a los ciudadanos norteamericanos a la isla de Cuba, quiere intensificar su intervención en los asuntos del gobierno cubano, al haber anunciado la creación de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, con el propósito demagógico de supuestamente acelerar y planificar la transición democrática en Cuba.

Asimismo planteó incrementar las emisiones de Radio y TV Martí hacia esa nación con la clara intención de fortalecer la campaña mediática de desprestigio contra el régimen de Castro.

En síntesis, el gobierno de Bush busca por todos los medios redoblar su política hostil y agresiva hacia el pueblo cubano, así como intensificar el bloqueo impuesto hace más de 40 años.

Con base en las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la proposición con punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para rechazar la intervención del gobierno norteamericano en los asuntos internos de Cuba, por violar las normas del derecho internacional y por querer imponer a un país una forma de gobierno ajena a los intereses del pueblo cubano.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está con Cuba.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la palabra para hablar en pro, al diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez:

Con su permiso, señor Presidente:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera coincidente con su doctrina humanista, el condenar y estar en contra de un embargo injusto; está de acuerdo con celebrar la disposición del Congreso norteamericano para que termine esa restricción a la libertad de tránsito de ciudadanos norteamericanos hacia esa isla.

También es coincidente con el espíritu de tener las mejores relaciones posibles con la isla. Sin embargo, tenemos que ser claros: el Partido Acción Nacional que se suma a este acuerdo, que lo apoya en su urgente y obvia resolución, tiene que distinguir que en Cuba también hay cuestiones que considerar, que no es posible tener una actitud parcial con respecto a estos dos países; así como es injusto ese embargo, también considera el Partido Acción Nacional, que es injusto embargar la libertad política en Cuba.

Consideramos que a la par que tiene que haber una preocupación por estas cuestiones de injusticia hacia Cuba, tiene que haber una preocupación por el respeto a los derechos humanos fundamentales en Cuba.

Consideramos que un país que no hace caso de las resoluciones de las Naciones Unidas, es un país que es reprobable en ese aspecto. Países como: Estados Unidos, como Israel, que no apoyan y no respetan resoluciones, son reprobables en ese aspecto. También lo es Cuba, Cuba tiene que abrirse al mundo, pero empezando por abrirse a la libertad de expresión de sus mismos ciudadanos. No podemos saludar con el mismo beneplácito que en ese país el opinar distinto al régimen que está por encima de los cubanos sea considerado como un delito penal y esté en un código penal sobre el nombre de delincuente de disidencia.

Creo que todos los que estamos aquí lo estamos porque podemos expresarnos a favor o en contra de lo que haga nuestro propio Gobierno. Eso es una libertad que debemos valorar y considerar como algo precisado y como algo directamente relacionado con los derechos fundamentales y con los derechos cívicos y políticos. No podemos noso-tros decir que está mal Estados Unidos y que está bien Cuba, como si estuviéramos hablando de una realidad maniquea.

Estamos poniendo el tamiz, estamos razonando nuestro voto, apoyamos lo que está en este punto de acuerdo. Sin embargo, tenemos que dejar claro, en esta tribuna, que Cuba tiene que respetar también las resoluciones de Naciones Unidas, ubicar que debe haber una apertura para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que tiene que abrirse a la libertad política de sus mismos ciudadanos.

En este punto de acuerdo nos estamos quejando por la falta de libertad de los ciudadanos norteamericanos para que vayan y visiten Cuba, pues también habrá que pensar sobre la libertad de los ciudadanos cubanos para que visiten cualquier parte del mundo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Dígame señor diputado ¿con qué objeto? Por favor, activen el sonido en la curul del señor diputado Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Para que me haga favor de conceder el uso de la palabra en la tribuna para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En los términos del 122 para este tema se han registrado solamente dos oradores porque han hablado en pro, señor diputado. En esos términos yo preguntaré y consultaré a la Asamblea si le dan el uso de la palabra.

Se instruye a la Secretaría para el efecto de que consulte a la Asamblea si se le concede o no el uso de la palabra al señor diputado Moreno Garavilla para hablar sobre este tema.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se le consulta a la Asamblea si están de acuerdo en que el diputado participe.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias a mis compañeras y compañeros que enfatizaron esta libertad de expresión.

Simplemente para recordar que hace muchos años en nuestro país se esgrimieron principios inveterados que se dan a conocer ante el concierto de las naciones bajo la fórmula de la Doctrina Estrada. Estos principios de la libre autodeterminación de los pueblos, la solución por la vía jurídica institucional de los conflictos entre las naciones, no pueden soslayarse, no pueden olvidarse a propósito de intereses coyunturales.

Algo que ha hecho respetable a nuestro país, precisamente frente a ese concierto de las naciones, es el ser respetuoso y cuando se trata de hablar de derechos humanos y del respeto a éstos hay que ser muy cautelosos, hay que analizar qué sería más violatorio a los derechos humanos: si padecer analfabetismo y hambre en el marco del 50% de la población sumido en la pobreza extrema o lo que ocurra en otras naciones, no quiero pensar en cuál.

¿Tenemos facultad moral para estar señalando con el índice, cuando tres dedos de la mano apuntan a nosotros? ¿Se respetan los derechos humanos a cabalidad entre nosotros? Se podrá estar de acuerdo o no con el régimen de Fidel Castro, pero el señor mientras esté donde está, es un jefe de Estado y el señor merece consideraciones y respeto como jefe de Estado; el día que ya no lo sea, es porque su pueblo quiso quitarlo de tal condición.

¿Se puede argumentar a favor o en contra de Cuba, hechos de violación de derechos humanos y de fomentar el terrorismo, cuando precisamente en las comunidades anticastristas, con sede en Miami, se han venido fomentando a lo largo de casi 50 años hechos delictivos y terroristas?

¿No es terrorismo derribar un avión de Cubana de Aviación con 74 pasajeros, dentro de los cuales iban 24 niñas del equipo nacional de Esgrima, que recientemente habían obtenido el triunfo internacional? ¿No es terrorismo el poner una bomba en un hotel de Varadero en plena época de turismo? ¿No es terrorismo advertir que hubo más de 637 ataques en contra de la integridad personal del Presidente Fidel Castro? ¿Eso no es violatorio de los derechos humanos; no es violatorio de los derechos humanos lo que está ocurriendo con los cinco cubanos detenidos en Miami, a quienes se les incoó un proceso a propósito de un tribunal, cuya parcialidad en el mejor de los casos está dudosamente consagrada? ¿Eso no es violatorio de los derechos humanos?

¿Que no sería mejor que nosotros emitiésemos desde aquí, desde esta tribuna, un respetuosísimo exhorto a las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos de América, para que la calidad moral que se les ha reconocido en los círculos académicos y jurisdiccionales del mundo, la vuelvan a refrendar corrigiendo si es que detectan tergiversación o errores en la información y destrucción del proceso?

Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos al hablar de violación de derechos humanos en otros pueblos, y así como impedimos que se ventilen los nuestros en el extranjero, así seamos muy cautos para no ventilar los del extranjero entre nosotros.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados, que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada, comuníquese.

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NIÑOS Y JOVENES DE LA CALLE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a incorporar dentro de sus objetivos y programas la atención a niños y jóvenes de la calle.

La diputada Alejandra Méndez Salorio:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Juventud y Deporte, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En el Partido Verde Ecologista de México reafirmamos nuestro compromiso con la juventud mexicana y asumimos como nuestras, sus causas, sus anhelos, sus ideales y sus luchas.

Sin lugar a dudas, nuestro partido se ha constituido como el partido joven de México. En la Cámara de Diputados, nuestro grupo parlamentario tiene, proporcionalmente, el mayor número de diputados jóvenes, y hemos presidido en anteriores Legislaturas la Comisión de Juventud y Deporte, posición desde la cual trabajamos con el Instituto Nacional de la Juventud de manera coordinada y respetuosa, logrando importantes acuerdos y reformas.

Cada día, millones de jóvenes reclaman oportunidades para apuntalar su presente y su futuro con opciones de estudio, capacitación y empleo que les ayuden a desarrollar su máximo potencial.

Sabemos que muchos de los problemas que enfrenta la juventud están en función de las características propias de los grupos sociales a los cuales pertenecen. En el medio rural, la falta de oportunidades los hace migrar fuera de sus comunidades para encarar situaciones de incertidumbre que generan frustración y desesperanza. En el medio urbano, los jóvenes estamos expuestos a innumerables riesgos, tales como delincuencia, deterioro social, violencia informativa, alcoholismo y drogadicción, entre otros.

Desafortunadamente, el Estado mexicano no ha podido responder a las demandas de empleo, salud y educación de millones de jóvenes en todo el país, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes de la calle, cuya situación de miseria y pobreza convierte en víctimas fáciles para los traficantes, las mafias de la delincuencia organizada y las redes de prostitución.

Estos niños y jóvenes, que por diversas razones han recurrido a la prostitución, no tienen conocimiento de los riesgos en que se encuentran al incurrir en este tipo de prácticas, ya que, por ejemplo, no aplican ninguna medida de prevención contra el VIH-SIDA.

Las edades de estos infantes y adolescentes fluctúan entre los 12 y los 17 años de edad, por lo que, al ser población objetivo del Instituto Mexicano de la Juventud, se deben desarrollar programas que atiendan sus necesidades, tomando en cuenta que su problemática no solamente se debe a la desintegración familiar, sino principalmente a la pobreza.

Debemos construir un espacio en el que confluyamos los jóvenes que tengamos propuestas y soluciones a los problemas que nos aquejan, en donde pongamos como mira hacia el futuro la sustentabilidad, la autogestión de las comunidades, la autodeterminación y la soberanía de todos los pueblos e individuos.

La solución a los problemas que enfrentan los niños y jóvenes de la calle es un asunto que a todos nos concierne, pues sus consecuencias sociales socavan los fundamentos sobre los cuales se ha de construir nuestra sociedad futura.

Por todo lo anterior, y procurando atender las demandas de la población mexicana, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a incorporar dentro de sus objetivos la atención a niños y jóvenes de la calle y a que desarrolle programas que combatan las diferentes problemáticas que enfrentan estos sectores de la población.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

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MUJERES DEL MEDIO RURAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos del año 2004, se destinen recursos suficientes a los programas del sector salud que beneficien a las niñas y mujeres del medio rural.

La diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados federales, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para incrementar los recursos federales destinados a los programas del sector salud enfocados a las mujeres en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La marginación, el trato inequitativo, la falta de oportunidades y los obstáculos para acceder a los servicios públicos es uno de los principales problemas que aún enfrentaban las mujeres.

Al igual que en otras áreas, en materia de salud presentan grandes deficiencias en términos cuantitativos y cualitativos.

De acuerdo a los datos presentados en el libro mujeres y hombres de 2002, el Instituto Nacional de las Mujeres, en el caso se encuentran los últimos datos oficiales del INEGI en 1999. Se observa que a nivel nacional las principales causas de muerte entre las mujeres y los hombres son similares, presentándose diferencias en el orden de las mismas.

De esta manera las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte entre la población del país, el 14.1% de las defunciones masculinas y el 17.5% de las femeninas se deben a padecimientos de este tipo.

Los tumores malignos representan la segunda causa de muerte entre las mujeres y la tercera entre los hombres, éste registra valores del 14.3% y el 10.4% respectivamente.

La segunda causa de muerte entre la población masculina corresponde a los accidentes que es el 11.1%. En conjunto las tres primeras causas de muerte agrupan el 35.6% de las defunciones masculinas y el 44.7% de las femeninas.

En nuestro país, a pesar de los distintos programas llevados a cabo durante los últimos 13 años no escapa a la inmovilidad en las tasas de mortalidad materna, la mayor incidencia de muertes maternas son debidas a déficit en el funcionamiento del riñón. Edemas, proteinuaria y trastornos hipertensivos durante el parto y el puerperio que es el 33.8% y hemorragias durante el embarazo, parto y posparto que es del 12.3%.

El tratamiento de las primeras depende de labores de prevención y atención médica adecuada en la etapa anterior al parto. La capacidad resolutiva y la calidad en la atención médica que se otorga podría prevenir las segundas.

Otras de las causas que impactan notablemente la mortalidad materna, son las complicaciones del puerperio, los decesos de ocho de cada 10 mujeres que fallecen por problemas reproductivos se deben a causas atribuibles, a com- plicaciones dentro de los 42 días posteriores al parto.

Las entidades donde la proporción de mujeres usuarias del servicio médico es mayor, son el Distrito Federal, Hidalgo y Aguascalientes. Por el contrario, Chiapas, Durango y Oaxaca, son los estados donde se registran las menores proporciones de usuarias.

Las mujeres representaron el 68.4% del total de egresos hospitalarios de 1999. La mayor parte de éstos se originaron por causas relacionadas con el proceso del parto, como se puede apreciar en el estado de las tres primeras causas de egresos hospitalarios, embarazo, parto y puerperio, las afecciones asépticas directas y el parto único espontáneo.

Destacan también de inmovilidad femenina, los abortos, los traumatismos, envenenamientos y enfermedades del sistema circulatorio.

El porcentaje de las mujeres con SIDA oscila alrededor del 14% del total de los casos. El porcentaje de casos acumulados de SIDA en mujeres a nivel nacional, representa sólo el 14% de la población total infectada por el virus.

Los porcentajes más altos de hombres con SIDA de 1983 al 2000 se localizan en Durango, Nuevo León y Baja California Sur. para el caso de las mujeres en Puebla, Morelos y Tlaxcala.

El cáncer mamario es uno de los tumores cancerosos que es objeto de particular atención por la comunidad internacional, debido al impacto que tienen en la mortalidad femenina en países subdesarrollados y a la existencia de tecnología médica que permite disminuir su incidencia.

Los datos de los centros de atención de la Secretaría de Salud, muestran un incremento constante en los exámenes aplicados entre 1992 y 1999 para la identificación y la atención del cáncer de mama. El número de ingresos de casos nuevos de cáncer y de mama es fluctuante en tanto que el de las mujeres en control por la misma enfermedad, se incrementan de manera continua.

Al analizar la relación entre estas dos categorías se observa que el número de mujeres con cáncer de mama que se encuentran en control en el año de 1999 representa 37.4% de los ingresos nuevos, desde 1992 hasta 1999. El número de casos de cáncer de mama atendidos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia entre 1992 y 1999 se incrementó de 4 a 16 por cada 100 mil mujeres de más de 15 años.

Los tumores malignos fueron la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 y 64 años en 1998. El cáncer cérvico uterino a su vez es el que provoca el mayor número de muertes dentro del conjunto de tumores malignos en las mujeres. Los exámenes preventivos como el papanicolaou, reducen en forma significativa el impacto que tienen los tumores malignos sobre las condiciones de salud de la mujer.

En la Secretaría de Salud...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Le ruego concluir diputada, por favor.

La diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa:

Ya concluyo, señor Presidente:

El número de casos atendidos en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se incrementó gradualmente entre 1992 y 1995 de 13 a 19 por cada 100 mil mujeres de más de 15 años. La estructura de los niños y de las niñas asociada con su edad, es un indicador eficaz que da cuenta de su historia alimentaria y de las condiciones de salud en las que se desa-rrolla la familia y la población de la que forman parte. Sin embargo, la diferencia entre el promedio de la talla general y el promedio de la talla baja es mayor para las niñas, lo que significa un retraso en el incremento de las niñas.

Es una realidad que en México, la situación de un gran sector de las mujeres sigue siendo precaria en aspectos de salud, por lo que el diputado y las diputadas de la LIX Legislatura debemos alzar la voz y sensibilizarnos en esta realidad.

Los recursos destinados a los programas de salud para las mujeres, aún resultan insuficientes...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputada, en virtud de que se le agotó el tiempo, le ruego dedicar un poco de tiempo a leer el punto de acuerdo y vamos a pedir que se transcriba íntegro el documento en el Diario de los Debates.

La diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa:

Termino, señor Presidente.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004, se etiqueten y destinen recursos suficientes en el área de salud que beneficien a todas las niñas y mujeres del medio rural.

Segundo. En cabal cumplimiento con la alta función representativa que la ciudadanía le ha conferido a esta Cámara, proponemos signe un acuerdo en donde se exprese claramente el compromiso de las diferentes fracciones parlamentarias a hacer lo conducente, para aprobar en el Presupuesto de Egresos correspondiente al 2004 recursos suficientes para que todas las mujeres y niñas del país puedan acceder a servicios de salud eficientes, oportunos y de calidad.

Atentamente, diputado y diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.

Es todo, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos del año 2004 se destinen recursos suficientes a los programas del sector salud que beneficien a las niñas y mujeres del medio rural, a cargo de la diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, del grupo parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados y diputadas federales, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para incrementar los recursos federales destinados a los programas del sector salud enfocados a las mujeres, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La marginación, el trato inequitativo, la falta de oportunidades y los obstáculos para acceder a los servicios públicos son algunos de los principales problemas que aún enfrentamos las mujeres. Al igual que en otras áreas, la materia de salud presenta grandes deficiencias en términos cuantitativos y cualitativos.

De acuerdo con los datos presentados en el libro Mujeres y hombres del 2002, del Instituto Nacional de las Mujeres, en el cual se encuentran los últimos datos oficiales del INEGI, en 1999 se observa que a nivel nacional las principales causas de muerte entre los hombres y las mujeres son similares, presentándose diferencias en el orden de las mismas. De esta manera, las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte entre la población del país, 14.1% de las defunciones masculinas y 17.5% de las femeninas se deben a padecimientos de este tipo.

Los tumores malignos representan la segunda causa de muerte entre las mujeres y la tercera entre los hombres, ésta registra valores de 14.3% y 10.4%, respectivamente. La segunda causa de muerte entre la población masculina corresponde a los accidentes (11.1%).

En conjunto, las tres primeras causas de muerte agrupan el 35.6% de las defunciones masculinas y el 44.7% de las femeninas.

Nuestro país, a pesar de los distintos programas llevados a cabo durante los últimos trece años, no escapa a la inmovilidad en las tasas de mortalidad materna. La mayor incidencia de muertes maternas es debida al déficit en el funcionamiento del riñón (que se manifiesta con hinchazón), edema, proteinuria y trastornos hipertensivos durante el parto y el puerperio (33.8%) y a hemorragias durante el embarazo, parto y posparto (12.3%). El tratamiento de las primeras depende de labores de prevención y atención médica adecuada en la etapa anterior al parto; la capacidad resolutiva y la calidad en la atención médica que se otorga, podrían prevenir las segundas.

Otras de las causas que impactan notablemente en la mortalidad materna son las complicaciones de puerperio; los decesos de 8 de cada 10 mujeres que fallecen por problemas reproductivos son atribuibles a complicaciones dentro de los 42 días posteriores al parto.

Las entidades donde la proporción de mujeres usuarias de servicios médicos es mayor son el Distrito Federal, Hidalgo y Aguascalientes (98.1%); por el contrario, Chiapas (92.1%), Durango (93.8%) y Oaxaca (94.9%) son los estados donde se registran las menores proporciones de usuarias.

Las mujeres representaron 68.4% del total de egresos hospitalarios en 1999; la mayor parte de éstos se originaron por causas relacionadas con el proceso del parto, como se puede apreciar en el listado de las tres primeras causas de egreso hospitalario: embarazo, parto, y puerperio; las afecciones obstétricas directas y el parto único espontáneo. Destacan también en la morbilidad femenina los abortos, los traumatismos y envenenamientos y las enfermedades del sistema circulatorio.

El porcentaje de mujeres con sida oscila alrededor del 14% del total de los casos.

El porcentaje de casos acumulados de sida en mujeres a nivel nacional representa sólo 14% de la población total infectada por el virus.

Los porcentajes más altos de hombres con sida de 1983 al 2000 se localizan en Durango, Nuevo León y Baja California Sur; para el caso de las mujeres en Puebla, Morelos y Tlaxcala.

El cáncer mamario es uno de los tumores cancerosos objeto de particular atención por parte de la comunidad internacional, debido al impacto que tiene en la mortalidad femenina en países subdesarrollados y a la existencia de tecnología médica que permite disminuir su incidencia.

Los datos de los centros de atención de la Secretaría de Salud muestran un incremento constante de los exámenes aplicados entre 1992 y 1999 para la identificación y la atención del cáncer de mama.

El número de ingresos de casos nuevos de cáncer de mama es fluctuante; en tanto que el de mujeres en control por la misma enfermedad se incrementa de manera continua.

Al analizar la relación entre estas dos categorías se observa que el número de mujeres con cáncer de mama que se encuentran en control (2,974) en el año de 1999 representa 37.4% de los ingresos nuevos desde 1992 hasta 1999.

El número de casos de cáncer de mama atendidos por la Ssa entre 1992 y 1999 se incrementó de 4 a 16 por cada 100 mil mujeres de 15 años y más.

Los tumores malignos fueron la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 64 años en 1998. El cáncer cérvico-uterino, a su vez, es el que provoca el mayor número de muertes dentro del conjunto de tumores malignos en las mujeres

Los exámenes preventivos (como el papanicolau) reducen en forma significativa el impacto que tienen los tumores malignos sobre las condiciones de salud de la mujer. En la Secretaría de Salud (Ssa) se observa un aumento importante en el número de exámenes de cáncer cérvico-uterino, al casi triplicarse de 979 mil a 2.5 millones entre 1992 y 1999, con el consecuente aumento de los ingresos nuevos y los casos en control en las áreas de atención de la Ssa.

El análisis total de ingresos nuevos en el periodo (45,470) y los casos en control en 1999 (29,165), sugieren que posiblemente 64.1% de las mujeres a las que se les detectó cáncer cérvico-uterino entre 1992 y 1999 continúa bajo control en este último año.

El número de casos atendidos en la Ssa se incrementó gradualmente entre 1992 y 1995, de 13 a 19 por cada 100 mil mujeres de 15 años y más. A partir de 1996 el aumento es significativamente mayor, de 37 a 136 por cada 100 mil.

La estatura de los niños y de las niñas, asociada con su edad, es un indicador eficaz que da cuenta de su historia alimentaria y de las condiciones de salud en que se desarrollan la familia y la población de las que forman parte.

Sin embargo, la diferencia entre el promedio de la talla general y el promedio de la talla baja es mayor para las niñas, lo que significa un retraso en el incremento de las niñas.

Es una realidad que en México la situación de un gran sector de las mujeres sigue siendo precario en aspectos de salud. Por lo que las diputadas y diputados de esta LIX legislatura debemos alzar la voz y sensibilizarnos ante esta realidad.

Los recursos destinados a programas de salud para mujeres aún resultan insuficientes, siguen en aumento las muertes y las enfermedades crónicas, que de haber sido diagnosticadas y atendidas a tiempo no hubieran tenido fatales desenlaces.

Abundando, puedo señalar que alrededor de mil 300 mujeres, sobre todo rurales e indígenas, fallecen cada año en México por causas relacionadas con la maternidad. Por cada muerte materna hay cerca de 30 mujeres que se salvan, pero quedan con lesiones irreversibles en su salud, este tipo de muerte es ``prematura e injustificada'': en el país la mayor parte de las mujeres que pierden la vida tienen entre 35 y 39 años, cuando en países desarrollados casi nadie muere por ser madre. La mayoría de estas muertes se presentan entre el trabajo de parto y las 24 horas posteriores, también fallecen en otros momentos: durante el aborto, hemorragia del embarazo y del parto, toxemia y complicaciones del puerperio.

El Ejecutivo admitió en un reciente informe sobre salud que la mortalidad materna es cinco veces más alta en las entidades federativas pobres que en los estados con mayores recursos, esto da como resultado pensar en que es necesario ubicar esos focos rojos en el país y aumentar los recursos que se destinen para este rubro.

Ante estas circunstancias, la Cámara de Diputados debe implementar medidas concretas, desde su propio ámbito de competencia, tendientes a mejorar las condiciones de salud de las mujeres.

Es necesario invertir más presupuesto en médicos y especialistas, en medicamentos, en enfermeras, en paramédicos y en infraestructura. Pongamos nuestra voluntad política y logremos acuerdos a favor del sector femenino, que representa más del 50% de la población total.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004 se etiqueten y destinen recursos suficientes al área de salud que beneficien a las niñas y mujeres del medio rural.

Segundo. En cabal cumplimiento con la alta función representativa que la ciudadanía le ha conferido a esta Cámara, propongo que se signe un acuerdo donde se exprese claramente el compromiso de las diferentes fracciones parlamentarias a hacer lo conducente para aprobar en el Presupuesto de Egresos correspondiente al 2004 recursos suficientes para que las mujeres y niñas del país puedan acceder a servicios de salud, eficientes, oportunos y de calidad.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputada.

Este asunto del orden del día ha sido publicado como de urgente resolución, en tal virtud consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión la proposición.

Se han registrado para hablar en pro, la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez:

Con su venia, señor Presidente:

La salud es esencial para acceder al desarrollo de las capacidades personales y a mejores condiciones de vida, aspectos sobre los que descansa el bienestar de la sociedad y el tan anhelado bien común. De ahí, que para Acción Nacional el acceso a los servicios de salud debe tener el carácter de universal, con base en las necesidades de cada persona sin que la capacidad de pago, el género, la raza o cualquier otra condición, dé lugar a diferencias.

En este sentido, el derecho de toda mexicana y todo mexicano a recibir prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, debe ser garantizado por el Estado; aun así, reconocemos que desde su constitución el Estado mexicano arrastra entre sus pendientes el garantizar el ejercicio pleno del derecho consagrado en el párrafo tercero del artículo 4º constitucional, dicha deficiencia es más evidente entre los grupos y zonas más atrasadas del país.

Ser mujer, indígena y vivir en el área rural, incrementa las posibilidades de que ella y sus hijos padezcan o mueran por causas ligadas a la pobreza, la marginación y el rezago.

Es por ello, que el Programa Nacional de Salud 2001-2006, estableció como uno de sus tres retos el atender los problemas de equidad que enfrenta el Sistema Nacional de Salud en lo concerniente a la salud de la mujer, combatiéndolos a través de programas como Mujer y Salud, Arranque Parejo en la Vida, Prevención y Control del Cáncer Cérvico-Uterino, Prevención y Control de Cáncer Mamario, Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente, Atención en el Climaterio y la Menopausia, Atención a la Infancia y a la Adolescencia y Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas.

De igual manera, el Congreso aprobó el Sistema de Protección Social en Salud el cual constituye uno de los mecanismos sobre el que se basa la estrategia del Estado mexicano para atender las desigualdades en salud que enfrentan los estados del sur, las comunidades alejadas y las mujeres y niños en dichas regiones.

Asimismo, establece que en sus inicios se abocará a afiliar a las familias más pobres del país, así como que aquellas que no puedan cubrir la aportación que marca la ley, estarán exentas de cualquier pago. Esta reforma es consciente de los problemas de equidad que arrastra nuestro Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, que no quepa la menor duda de que Acción Nacional se manifiesta a favor de reducir la iniquidad en el acceso a los servicios de salud de toda la población y de manera prioritaria, a los grupos que presentan mayor vulnerabilidad y que son las mujeres y las niñas a las que se refiere la diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa.

En el marco de estas consideraciones y siendo fiel al compromiso que asumimos con nuestros electores de manejar los recursos de todos los mexicanos de manera responsable, eficaz y eficiente, nos comprometemos a analizar el Proyecto del Presupuesto para el 2004 que envía el Ejecutivo, relativo a los programas federales de salud para las mujeres y niñas, buscando de manera primordial la transversalidad de género en el presupuesto de la Secretaría.

Esperamos el mismo compromiso de las fuerzas políticas para encontrar las fuentes de recursos permanentes y predecirles que fortalezcan la hacienda del Estado, a fin de contar con los recursos que hagan frente a las demandas de salud, educación, vivienda, seguridad social y empleo de todos los mexicanos, pero sobre todo, de las mujeres que enfrentan un rezago injusto que estamos obligados a combatir, aquellos comprometidos con la búsqueda del bien común.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio:

Con su permiso, señor Presidente:

Comentarios al punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos del año 2004 se destinen recursos suficientes a los programas del sector salud, que beneficien a las niñas y mujeres del medio rural.

Hemos estado atentos y atentas, a la propuesta planteada por nuestra compañera diputada Norma Sotelo, del Partido Revolucionario Institucional, en la cual expresa la grave deficiencia por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud, sin lograr ofrecer una alternativa real para la población. Sabemos que los que están en mayor riesgo de padecer enfermedades, son los de escasos recursos, los que aún siguen muriendo de las enfermedades del subdesarrollo.

En el III Informe del Ejecutivo Federal, plantea que se han conseguido diversos logros sanitarios que se expresan en una mayor esperanza de vida, pero reconoce que es necesario avanzar en problemas de rezago en salud de la población marginada y que son aquellos relacionados con la nutrición insuficiente; las infecciones comunes y los que tienen qué ver con la reproducción, que aquejan principalmente a la población menor de cinco años y a las mujeres en edad reproductiva.

Por su parte, la compañera que presentó el punto de acuerdo expresó que alrededor de 1 mil 300 mujeres sobre todo rurales e indígenas, fallecen cada año en México por causas relacionadas con la maternidad. Por cada muerte materna hay cerca de 30 mujeres que se salvan, pero quedan con lesiones irreversibles en su salud. Ese tipo de muerte es prematura e injustificada, en el país la mayor parte de las mujeres que pierden la vida tienen entre 35 y 39 años.

Segundo. Los recursos destinados a programas de salud para niños y mujeres aún resultan insuficientes, siguen en aumento las muertes por las enfermedades crónicas que de haber sido diagnosticadas y atendidas a tiempo no hubieran tenido fatales desenlaces.

Como representantes de la ciudadanía sabemos que es nuestro deber sensibilizarnos ante una situación que viven nuestros niños y mujeres indígenas. Estas últimas padecen de problemas de salud sexual y reproductiva por falta de una cultura de prevención y el desconocimiento de su propio cuerpo. La esperanza de vida de las mujeres rurales es de 3 años menor que el promedio y el riesgo de morir de parto, que representa el doble.

Sabemos que la aplicación de cualquier programa con un alto contenido social que permita reducir los rezagos que afectan a los pobres, debe implicar la planeación del presupuesto a ejercer, según las grandes necesidades a satisfacer de la población a quien será enfocado.

El Partido de la Revolución Democrática considera necesario insistir para que se siga incrementando el gasto social, particularmente el destinado a salud, ya que éste no ha alcanzado en los últimos años ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto. Es por ello que el día de hoy consideramos necesario sumar esfuerzos por parte de todas las fracciones parlamentarias, para apoyar este punto de acuerdo que plantea exhortar al Ejecutivo Federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004 se etiqueten y destinen recursos suficientes al área de salud, que beneficien a las niñas y mujeres del medio rural.

Atentamente.

Rosario Herrera Ascencio.

Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señora Secretaria.

Dígame, diputada. Por favor activen el sonido en la curul de la diputada María Avila Serna, del Partido Verde.

La diputada María Avila Serna (desde su curul):

Muchas gracias. Simplemente quiero hacer una intervención para hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputada, las intervenciones para hechos en los términos del acuerdo parlamentario, no están permitidas. Puedo concederle el uso de la palabra a favor de la proposición, si la Asamblea lo permite.

Instruyo a la Secretaría consulte a la Asamblea si permite la intervención de la diputada María Avila Serna para hablar en pro de la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se le consulta a las diputadas y diputados si están de acuerdo a la intervención de la diputada.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputada. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro.

La diputada María Avila Serna:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La equidad plantea como principio básico la posibilidad de favorecer a todas las personas y de coadyuvar con una búsqueda de la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias.

De esta manera, debemos de implementar acciones legislativas y gubernamentales que nos conduzcan como país a ayudar a todos los ciudadanos por igual.

Para la mayoría de las mujeres del mundo, la buena salud y el bienestar siguen siendo difíciles de alcanzar. A lo largo de todo su ciclo vital, las mujeres de muchos países no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de salud; las niñas a menudo reciben menos atención en la prevención y tratamiento de enfermedades infantiles, contrario a lo que sucede con los varones.

En la adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad, la mujer carece de asesoramiento adecuado y de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el resultado es un aumento de riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, así como de contraer el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y de abortar en condiciones peligrosas.

Es vergonzante reconocer que todavía la primer la causa de muerte hospitalaria acorde a los datos del INEGI, es embarazo, parto y puerperio.

La segunda causa, son las demás afecciones obstétricas, problemas que se hubiesen evitado si las mujeres que recurren a los servicios de salud hubieran recibido un servicio en tiempo.

La mayoría de las veces este servicio no se les puede dar en tiempo, porque por motivos culturales y desconocimiento la mayoría de las niñas y mujeres rurales no acuden al servicio, además de que es insuficiente el servicio proporcionado para lograr atender a toda la población rural.

Es necesario que el Poder Ejecutivo Federal implemente una campaña de salud en los medios masivos de comunicación, que haga énfasis en la prevención de esta problemática.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país. Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México, consciente de la situación de indefensión en salud, en el cual se encuentra la mayoría de las mujeres y niñas del país, ya que cada minuto de cada día muere una mujer debido a complicaciones derivadas del embarazo y del parto.

La mayoría de esas muertes se pueden evitar, por lo que demandamos que en proyecto de Egresos para el año 2004, se etiqueten y destinen recursos suficientes en el área de salud, que beneficien a las niñas y a las mujeres del medio rural.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaría diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada, comuníquese.

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para que en el presupuesto del año 2004 se realicen los ajustes que permitan que los recursos autogenerados por el Instituto Politécnico Nacional, sean considerados como parte de su patrimonio.

El diputado Marcos Morales Torres:

Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el apoyo de otros diputados, como Dolores Padierna Luna, Gilberto Ensástiga Santiago, Emilio Serrano, Salvador Martínez Della Rocca, Rosa María Avilés Nájera, Susana Manzanares, Alfonso Ramírez Cuéllar, Lizbeth Rosas Montero, Minerva Hernández, Edgar Torres Baltazar, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

El Instituto Politécnico Nacional, fundado en el año de 1936, fue concebido como parte de un proyecto nacional de desarrollo definido en la Constitución Política de 1917.

De acuerdo a las razones históricas que le dieron origen, sus egresados no solamente deben estar debidamente preparados profesionalmente, sino además ser conscientes de su compromiso con las aspiraciones del pueblo, participar en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y contar con un elevado sentido de solidaridad social, que les permita contribuir eficientemente a fortalecer nuestra independencia económica, de ahí la importancia de las actividades de vinculación que hace la comunidad y que se traducen en los recursos autogenerados, para alcanzar los fines de su origen histórico.

A partir del año 2000 el Instituto Politécnico Nacional ha sido requerido, a efecto de que en interpretación contraria a lo que dispone su Ley Orgánica y la Ley de Ciencia y Tecnología entere sus ingresos propios en la Tesorería de la Federación, por estimarse dichos ingresos como recursos fiscales.

Efectivamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado la normatividad, de tal manera que se considere a los ingresos propios autogenerados por el IPN como excedentes, que deberán ser depositados en la Tesorería de la Federación.

Dada la precaria situación económica y presupuestal que viven las instituciones de Educación Pública Superior, el Instituto Politécnico Nacional, con esfuerzo, imaginación y con la colaboración de toda la comunidad politécnica, ha venido complementando los insuficientes recursos presupuestales que recibe mediante la obtención de ingresos propios, alrededor de 200 millones de pesos en 2003, aplicándolos a resolver en alguna medida las múltiples necesi- dades que enfrenta.

La interpretación equivocada de la Secretaría de Hacienda es contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto Politécnico y en la Ley de Ciencia y Tecnología, lesionando seriamente el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y por consiguiente, los intereses de la nación.

Conforme a los anteriores considerandos y argumentos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. En el dictamen de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2004 y del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán precisarse con toda claridad la calidad y destino, que conforme a su naturaleza jurídica deben tener los ingresos propios autogenerados del Instituto Politécnico Nacional, reconociéndole su carácter patrimonial y la libre disposición que de ellos, puede hacer la institución educativa para el cumplimiento de sus fines, con un artículo que señale lo siguiente:

Los ingresos autogenerados del Instituto, en ningún caso podrán ser considerados recursos de carácter fiscal de la Federación y por lo tanto, no se entregarán al Gobierno Federal.

Lo anterior, sin demérito de que tales recursos deben ser sujetos de la normatividad y los mecanismos corrientes de control y fiscalización del Gasto Público Federal.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.

Diputado Presidente, por razones de tiempo no se dio lectura a todo el texto del punto de acuerdo, por lo que solicito de la manera más atenta, pudiera ser publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el presupuesto del año 2004 se realicen los ajustes que permitan que los recursos generados por el Instituto Politécnico Nacional se consideren parte de su patrimonio, presentada por el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD.

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El Instituto Politécnico Nacional, fundado en el año de 1936, fue concebido como parte de un proyecto nacional de desarrollo definido en la Constitución Política de 1917; sus objetivos son democratizar la enseñanza para darle un carácter popular a la educación superior, formar técnicos al servicio del Estado y de esta manera impulsar la economía del país, mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial, que afiance la independencia nacional y mejore los niveles de vida de las clases más necesitadas.

De acuerdo con las razones históricas que dieron origen al Instituto Politécnico Nacional, sus egresados no solamente deben estar debidamente preparados profesionalmente, sino además ser conscientes de su compromiso con las aspiraciones del pueblo, participar en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y contar con un elevado sentido de solidaridad social que les permita contribuir eficientemente a fortalecer nuestra independencia económica, de ahí la importancia de las actividades de vinculación, que se traducen en recursos autogenerados para alcanzar los fines de su origen histórico.

El artículo 27 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que:

Las entidades paraestatales que no sean reconocidas como centros públicos de investigación, los órganos desconcentrados y las instituciones de educación superior publicas reconocidas como tales por la Secretaría de Educación Pública que no gocen de autonomía en los términos de la fracción VII del artículo 3º de la Constitución, que realicen investigación científica o presten servicios de desarrollo tecnológico, podrán constituir fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico en los términos de lo dispuesto por el artículo 50 de esta ley. La dependencia a que corresponda la coordinación de la entidad, órgano desconcentrado o institución y el Conacyt dictaminarán el procedimiento de la creación de dichos fondos, en los cuales podrá ser fideicomitente la propia entidad, órgano desconcentrado o institución.

De acuerdo con la fracción segunda del artículo 50 de la misma ley:

El establecimiento y operación de los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico se sujetará a las siguientes bases

II. Se constituirán con los recursos autogenerados del propio centro público de investigación de que se trate, pudiendo recibir aportaciones de terceros;

La Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece en su artículo segundo que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública; por lo tanto, aunque el artículo sexto de la misma ley menciona cuál es el patrimonio del Instituto, éste no tiene autonomía en su administración presupuestal.

Para el cumplimiento de sus fines, contenidos en el artículo 3º de su Ley Orgánica, el ordenamiento le dota de diversas atribuciones y características. De igual forma, según el artículo 6º del citado ordenamiento, el patrimonio del Instituto Politécnico Nacional estará constituido, entre otros elementos, por los ingresos que obtenga por los servicios que preste.

Independientemente de su origen, cabe señalar que en todo momento los recursos patrimoniales del Instituto Politécnico Nacional son y han sido sujetos de la normatividad y procedimientos administrativos de control y fiscalización del gasto público por parte de las instancias correspondientes.

No obstante todo lo anterior, a partir del año 2000 el Instituto Politécnico Nacional ha sido requerido a efecto de que, en interpretación contraria a lo que dispone su Ley Orgánica y la Ley de Ciencia y Tecnología, entere sus ingresos propios en la Tesorería de la Federación, por estimarse dichos ingresos como recursos fiscales. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado la normatividad de tal manera que se considere los ingresos propios o autogenerados por el IPN como ``excedentes'' que deberán ser depositados en la Tesorería de la Federación.

Dada la precaria situación económica y presupuestal que viven las instituciones de educación pública superior, en lo general el Instituto Politécnico Nacional, con esfuerzo e imaginación y con la colaboración de toda la comunidad politécnica, ha venido complementando los insuficientes recursos presupuestales que recibe mediante la obtención de ingresos propios (200 millones de pesos en 2003) y aplicándolos a resolver, en alguna medida, las múltiples necesidades que enfrenta. Verse ahora obligado a enterar sus recursos autogenerados a la Tesorería de la Federación significaría, en términos reales, un decremento respecto de lo que pudiera plantear el proyecto de asignación presupuestal sometido a la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio fiscal, además de colocarlo en condiciones de discriminación, desventaja y desigualdad frente a otras instituciones públicas de educación superior.

La interpretación equivocada de la Secretaría de Hacienda es contraria a las disposiciones arriba mencionadas, lesionando seriamente el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y, por consiguiente, los intereses de la nación.

Conforme a las anteriores consideraciones y argumentos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. En el dictamen de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2004 y del Presupuesto de Egresos de la Federación deberán precisarse con toda claridad la calidad y destino que, conforme a su naturaleza jurídica, deben tener los ingresos propios o autogenerados del Instituto Politécnico Nacional, reconociéndoles su carácter patrimonial y la libre disposición que de ellos puede hacer la institución educativa para el cumplimiento de sus fines.

Con un artículo que señale lo siguiente: los ingresos autogenerados del Instituto en ningún caso podrán ser considerados recursos de carácter fiscal de la Federación y, por lo tanto, no se entregarán al Gobierno Federal.

Lo anterior, sin demérito de que tales recursos deben ser sujetos de la normatividad y los mecanismos corrientes de control y fiscalización del gasto público federal.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Dolores Padierna Luna, Gilberto Ensástiaga Santiago, Emilio Serrano Jiménez, Salvador Martínez Della Rocca, Rosa María Avilés Nájera, Susana Manzanares Córdova, Alfonso Ramírez Cuéllar, Lizbeth Rosas Montero, Minerva Hernández Ramos, Edgar Torres Baltazar (rúbricas). »

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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VENTA DE PETROLEO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para extender la vigencia del fideicomiso de inversión en infraestructura en los estados e integrar el financiamiento de proyectos municipales de impacto social y económico.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Me dirijo a ustedes para presentar a su consideración un proyecto de punto de acuerdo, en torno a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que en breve estudiaremos, se prevea la continuación del apoyo a las entidades federativas y a los municipios con recursos frescos, de ésos que vienen y que son de los excedentes de la venta al exterior de los hidrocarburos.

Existe un gran número de obras que los gobiernos locales no han podido concluir por falta de financiamiento y que representan acciones de dignificación y elevación en la calidad de vida de muchas comunidades.

Lo hago con la certeza absoluta de que la LIX Legislatura pasará a la historia como la legislatura del federalismo mexicano, por los acuerdos que habremos de tomar a lo largo de estos tres años, para favorecer el papel de los estados y de los municipios. Que esto se dé en el desarrollo nacional y que recordemos que en nuestro país aspiramos a detonar el crecimiento y lograr una mejor distribución de la riqueza a partir de la revisión de las relaciones fiscales, sociales y de Gobierno entre los tres órdenes políticos que se señalan y que define nuestra Constitución.

Esta aspiración sólo será viable si logramos una mejor distribución de los recursos públicos y si apostamos de manera decidida a reducir la actual dependencia financiera de los gobiernos locales, respecto del Gobierno Federal.

La vía del desarrollo regional es una alternativa seria y rea-lista para que logremos el crecimiento, las obras, los empleos y los servicios que se expandan en todo el país y que no se continúen solamente concentrándose en unas cuantas metrópolis.

Una de las respuestas al desarrollo sostenido en los países industrializados, ha sido el fortalecimiento de sus gobiernos regionales y locales, constituyéndolos en auténticos subsistemas económicos sociales y en ese régimen, los gobiernos locales puedan ejercer cerca del 40% del ingreso público nacional y aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto en promedio.

Cabe preguntarnos: ¿cuándo será posible una situación similar en México señalada como la octava economía del planeta, con una participación del 2% del Producto Interno Bruto y del 5% del ingreso nacional para nuestras regiones?

Por eso es que afirmamos que la gobernabilidad y la viabilidad futura del país pasa por poner en manos de los gobiernos locales una parte más sustancial del ingreso y de las responsabilidades del ejercicio de las políticas del desa-rrollo nacional.

Bajo estos antecedentes recuerdo a ustedes, compañeros legisladores, que en el año pasado por disposición de esta soberanía, se dispuso en el artículo 21 inciso j), del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2003, que los recursos excedentes derivados de la venta del petróleo mexicano al extranjero, se destinaran de la siguiente manera: 25% al fondo de estabilización de los ingresos petroleros; 25% al balance económico del sector público federal y 50% en gasto de inversión en infraestructura a las entidades federativas, distribuido conforme a la estructura porcentual del Fondo General de Participaciones, reportado en la Cuenta Pública del año 2001.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal manifestó que la expectativa del precio de la mezcla mexicana de petróleo era de 24 dólares el barril, para todo el año. Esto permitiría al Gobierno Federal obtener ingresos extraordinarios por un importe aproximado a los 44 mil 565 millones de pesos, de los cuales, de acuerdo a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal señalado, se distribuirían: 15 mil 440 millones de pesos al gasto no programable, fundamentalmente al pago de intereses de la deuda; 15 mil 125 millones de pesos a cubrir el déficit de los ingresos por una sobreestimación de la recaudación.

De esta forma se tendrían 14 mil millones de pesos de ingresos excedentes netos, de los cuales 7 mil millones de pesos se entregarían a las entidades federativas para infraestructura; 3 mil 515 millones de pesos ingresarían al Fondo de Estabilización Petrolera y 3 mil 515 millones de pesos irían para pagar la deuda señalada...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, le ruego concluir.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Por lo tanto podemos señalar que conforme a lo anterior la Secretaría de Hacienda creó un fideicomiso de inversión para los estados. Y es en el mes de julio que por falta de tiempo que no se ha ejercido el 52% de los recursos y esto es una situación muy grave.

Por lo anterior como punto de acuerdo se pide que esta soberanía apruebe que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 se mantenga la previsión de canalizar los ingresos excedentes por la venta del petróleo en inversión en infraestructura en los estados, considerando que estos ingresos también se apliquen al financiamiento de proyectos de infraestructura de impacto social que presenten los ayuntamientos del país dentro, dentro de los requerimientos de los gobiernos de los estados.

Es cuanto. Firman 180 compañeros diputados del PRI, del PRD, del Verde Ecologista y del PT.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para extender la vigencia del fideicomiso de inversión en infraestructura en los estados e integrar el financiamiento de proyectos municipales de impacto social y económico, presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

Con su permiso diputado Presidente; honorable Asamblea:

Me dirijo a ustedes para presentar a su consideración un proyecto de punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que en breve estudiaremos, se prevea la continuación del apoyo a las entidades federativas y a los municipios con recursos frescos provenientes de los excedentes de las ventas de hidrocarburos al exterior.

Existe gran número de obras que los gobiernos locales no han podido concluir, por falta de financiamiento y que representan acciones de dignificación y elevación de la calidad de vida de muchas comunidades.

Lo hago con la certeza absoluta de que la LIX Legislatura pasará a la historia como ``la Legislatura del federalismo mexicano'', por los acuerdos que habremos de tomar a lo largo de estos tres años, para favorecer el papel de los estados y de los municipios en el desarrollo nacional.

Recordemos que en el país aspiramos a detonar el crecimiento y lograr una mejor distribución de la riqueza, a partir de la revisión de las relaciones fiscales, sociales y de gobierno entre los tres órdenes políticos que define la Constitución.

Esta aspiración será viable sólo si logramos una mejor distribución de los recursos públicos y si apostamos de manera decidida a reducir la actual dependencia financiera de los gobiernos locales respecto del federal.

La vía del desarrollo regional es una alternativa seria y realista para que el crecimiento, las obras, los empleos y los servicios se expandan en todo el país y no continúen concentrándose en unas cuantas metrópolis.

Una de las respuestas al desarrollo sostenido en los países industrializados ha sido el fortalecimiento de sus gobiernos regionales locales, constituyéndolos en auténticos subsistemas económicos y sociales.

En esos regímenes, los gobiernos locales ejercen cerca de 40 por ciento del ingreso público nacional y aproximadamente 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en promedio.

Cabe preguntarnos cuándo será posible una situación similar en México, señalado como la octava economía del planeta, con una participación de 2 por ciento del PIB y 5 por ciento del ingreso nacional para nuestras regiones.

Por eso afirmamos que la gobernabilidad y la viabilidad futura del país pasan por poner en manos de los gobiernos locales una parte más sustancial del ingreso y de las responsabilidades del ejercicio de las políticas del desarrollo nacional.

Con esos antecedentes, recuerdo a ustedes, compañeros legisladores, que el año pasado, por disposición de esta soberanía, se estableció en el artículo 21, inciso j), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 que los recursos excedentes derivados de la venta del petróleo mexicanos al extranjero se destinaran de la manera siguiente: 25 por ciento, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; 25 por ciento, a mejorar el balance económico del sector público federal; y 50 por ciento, a gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas, distribuido conforme a la estructura porcentual del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública de 2001.

El secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal manifestó que la expectativa del precio de la mezcla mexicana de petróleo era de 24 dólares el barril para todo el año.

Eso permitiría al Gobierno Federal obtener ingresos extraordinarios por un importe aproximado a 44 mil 565 millones de pesos, de los cuales -conforme a lo indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal señalado- se distribuirían 15 mil 440 millones de pesos al gasto no programable, fundamentalmente al pago de intereses de la deuda; y 15 mil 125 millones de pesos, a cubrir el déficit de los ingresos por una sobreestimación de la recaudación.

De esa forma se tendrían 14 millones de pesos de ingresos excedentes netos, de los cuales 7 mil millones de pesos se entregarían a las entidades federativas para infraestructura, 3 mil 515 millones de pesos ingresarían en el Fondo de Estabilización Petrolera y 3 mil 515 millones de pesos servirían para pagar la deuda.

Además, se buscaría un esquema para tratar de entregar dichos recursos antes de diciembre de 2003.

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Hacienda creó un fideicomiso de inversión en infraestructura en los estados, que no entró en operación hasta mayo del presente año, señalando los lineamientos de operación correspondientes.

Hasta entonces, cada entidad se dio a la tarea de preparar sus requerimientos, pero resultaron de su aplicación los problemas siguientes:

1. Hasta julio, por falta de tiempo para preparar los proyectos, no se había ejercido 52 por ciento de los recursos, lo cual es grave frente a la necesidad de financiamiento de los gobiernos locales.

2. Por la naturaleza del Presupuesto de Egresos de la Federación, este fideicomiso se extinguirá el 31 de marzo del próximo año; y

3. Por no haberse señalado en el texto de su disposición la participación de los municipios, éstos han sido por lo general excluidos de esa fuente de financiamiento con recursos de la Federación.

Por lo anterior, y como hay posibilidades de que continúen favorables las ventas de petróleo mexicano al exterior, con una intención de justicia y verdadero federalismo incluyente, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta soberanía apruebe que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se mantenga la previsión de canalizar los ingresos excedentes por la venta de petróleo a inversión en infraestructura en los estados, considerando que esos ingresos se apliquen también al financiamiento de proyectos de infraestructura de impacto social que presenten los ayuntamientos del país, dentro de los requerimientos de los gobiernos de los estados.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 4 de octubre de 2003.--- Diputados: Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Abel Echeverría Pineda, Abraham Velázquez Iribe, Adrián Villagómez García, Ady García López, Alberto Jiménez Merino, Alejandra Méndez Salorio, Alejandro González Yánez, Alfonso González Ruiz, Alfonso Rodríguez Ochoa, Alfonso Sánchez Hernández, Alfredo Gómez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Guillén Quiroz, Angel Buendía Tirado, Antonio Mejía Haro, Armando Leyson Castro, Armando Neyra Chávez, Arturo Alcántara Rojas, Arturo Nahle García, Arturo Osorio Sánchez, Arturo Robles Aguilar, Belizario Herrera Solís, Benjamín Sagahón Medina, Blanca Estela Gómez Carmona, Carlos Blackaller Ayala, Carlos Mireles Morales, Carlos Rovirosa Ramírez, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, César Amín González Orantes, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Concepción D. Castañeda Ortiz, Consuelo Rodríguez de Alba, Cristina Díaz Salazar, Cruz López Aguilar, David Hernández Pérez, Dolores Gutiérrez Zurita, Eduardo Bailey Elizondo, Eduardo Olmos Castro, Elizabeth Sotelo Ochoa, Emilio Badillo Ramírez, Emilio Chuayfett Chemor, Emilio Serrano Jiménez, Enrique Burgos García, Enrique Escalante Arceo, Enrique Torres Cuadros, Ernesto Alarcón Trujillo, Esteban Valenzuela García, Eugenio Mier y Concha Campos, Evelia Sandoval Urbán, Federico Barbosa Gutiérrez, Félix González Canto, Fernando Ulises Adame de León, Filemón Arcos Suárez, Florencio Collado Gómez, Florentino Domínguez Ordóñez, Francisco Arroyo Vieyra, Francisco Frías Castro, Francisco Grajales Palacios, Francisco Herrera León, Gaspar Avila Rodríguez, Gonzalo Alemán Migliolo, Gonzalo Guízar Valladares, Gonzalo Rodríguez Anaya, Gonzalo Ruiz Cerón, Guillermo Aréchiga Santamaría, Guillermo del Valle Reyes, Guillermo Huízar Carranza, Guillermo Zorrilla Fernández, Gustavo Moreno Ramos, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Heliodoro Díaz Escárraga, Homero Díaz Rodríguez Humberto Cervantes Vega, Humberto Filizola Haces, Inelvo Moreno Alvarez, Israel Tentory García, Ivonne Ortega Pacheco, J. Miguel Luna Hernández, Jacobo Sánchez López, Jaime Fernández Saracho, Jesús Angel Díaz Ortega, Jesús Lomelí Rosas, Jesús Morales Flores, Jesús Ramón Valdés, Jesús Zúñiga Romero, Jorge Kahwagi Macari, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Jorge Ortiz Alvarado, Jorge Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, José Alarcón Hernández, José García Ortiz, José Luis Flores Hernández, José Luis Naranjo Quintana, José Mario Wong Pérez, José Rangel Espinosa, Juan Antonio Gordillo Reyes, Juan Manuel Dávalos Padilla, Juan Pérez Medina, Juan Vega Rayet, Julián Nazar Morales, Julio César Córdova Martínez, Laura Martínez Rivera, Lázaro Arias Martínez, Leticia Gutiérrez Corona, Lino Celaya López, Luis Antonio González Roldán, Luis Antonio Ramírez Pineda, Luis Felipe Madrigal Hernández, Luis Medina Lizalde, María del Carmen Izaguirre Francos, María Isabel Maya Pineda, Manlio Fabio Beltrones, Manuel Velasco Coello, Marcela Guerra Castillo, Marcelo Tecolapa Tixteco, Marco Antonio García Ayala, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Marco Antonio Torres Hernández, Margarita Martínez López, Margarito Fierros Tano, María de Jesús Aguirre Maldonado, María Hilaria Domínguez Arvizu, Mario Carlos Culebro Velasco, Mario Moreno Arcos, Mayela Quiroga Tamez, Miguel Angel Yunes Linares, Miguel Osorio Chong, Moisés Jiménez Sánchez, Nora Elena Yu Hernández, Omar Bazán, Oscar Bitar Haddad, Oscar Félix Ochoa, Oscar Pimentel González, Oscar Ramos Salinas, Oscar Rodríguez Cabrera, Pablo Anaya Rivera, Pablo Bedolla López, Pablo Pavón Viñales, Pascual Sigala Páez, Paulino Canul Pacab, Paulo Tapia Palacios, Pedro Avila Nevares, Quintín Vázquez García, Rafael Galindo Jaime, Raúl Mejía González, Raúl Pompa Victoria, Rebeca Godínez y Bravo, René Meza Cabrera, Roberto Campa Cifrián, Roberto Vega y Galina, Rogelio Rodríguez Javier, Rogelio Rueda Sánchez, Roger Alcocer García, Rómulo I. Salazar Macías, Rosalina Mazari Espín, Rosario Herrera Ascencio, Rubén Figueroa Smutny, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Sara Rocha Medina, Sergio A. Magaña Martínez, Sergio Posadas Lara, Sonia Rincón Chanona, Ubaldo Aguilar Flores, Valentín González Bautista, Víctor Alcerreca Sánchez, Víctor González Huerta, Wintilo Vega Murillo, Zeferino Torreblanca Galindo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado y se pospone para sesión futura, a petición del grupo parlamentario que lo promovió.

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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Bitar Haddad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal que instruya a la Sedesol y a la Secretaría de Hacienda se considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la ampliación de una partida presupuestal para el fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal.

El diputado Oscar Bitar Haddad:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2004 se considere la ampliación de la partida destinada al fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal (PET), con base en los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

El PET fue implantado para generar oportunidades de ingreso en el medio rural, con acciones dirigidas al desarrollo de capital humano de la población que vive en pobreza extrema, así como al desarrollo de infraestructura social, productiva, de comunicaciones y preservación del ambiente, mejorando las opciones de inserción en el mercado laboral de las familias mediante acciones intensivas de mano de obra, que generen beneficios de corto, mediano y largo plazos.

Por su importancia, esa política deberá elevar y diversificar el ingreso permanente, al aumentar el valor, la capitalización y la rentabilidad de los activos que poseen los habitantes de las microrregiones, generándoles, al mismo tiempo, oportunidades de ingresos en los periodos de menor demanda de mano de obra.

En el marco de la coordinación intersectorial previsto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, el PET integra y aplica recursos provenientes de los ramos administrativos 20, Desarrollo Social; 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales; 08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 09, Comunicaciones y Transportes.

El 23 de julio de 2003, el Comité Técnico del PET acordó la modificación de las Reglas de Operación para éste, con el propósito de adecuar y reconocer el sector rural como una prioridad para la sociedad mexicana y un imperativo de justicia social, por lo que se busca fortalecer el tejido social, económico y productivo de la sociedad rural, con objeto de lograr su incorporación al desarrollo nacional.

El Ejecutivo Federal reitera en el plano discursivo que se apoyará a los que menos tienen y, por tanto, se fortalecerán los programas sociales, lo cual no ha ocurrido en esa dirección, pues para el PET se ha registrado un ingreso decreciente, como se ve al comparar el recurso destinado para dicho programa en 2000, que ascendió a 4,002 millones de pesos, y para 2002 se destinaron sólo 3,867 millones de pesos.

Con base en las más recientes comparecencias de funcionarios del Gobierno Federal, la situación económica del país presenta un panorama adverso y complejo.

Además, la tasa de desempleo abierto, de 3.9%, anunciada recientemente es la más alta de los últimos ocho años.

Detrás de ese crítico panorama, la situación social y económica de las familias es particularmente preocupante, pues hay serias amenazas para la adquisición de bienes básicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a la alta consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Hacer que las instituciones y las entidades gubernamentales relacionadas directamente con el asunto se aboquen a diseñar políticas públicas acordes y realistas encaminadas a resolver el problema de la pobreza y la marginación en nuestro país.

Segundo. Exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2004 se considere la ampliación de la partida destinada al fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal.

México, DF, a 4 de noviembre de 2003.--- Diputados: Oscar Bitar Haddad, Federico Barbosa Gutiérrez, Miguel Angel Osorio Chong (rúbricas).

Este punto de acuerdo fue avalado por los diputados de los estados de: México, Guerrero, Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán, Oaxaca y de muchos más y obviamente del estado de Hidalgo.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrados como oradores, al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia y al diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional.

Concederé en primer término el uso de la palabra a los señores diputados mencionados. Como se han registrado otros tres oradores, en su oportunidad se consultará a la Asamblea si se permiten sus intervenciones.

Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:

Gracias, señor Presidente; compañeros:

El Programa de Empleo Temporal (PET) surgió en 1995 como una real alternativa a la fuerte crisis económica, denominado originalmente este Programa como ``Especial de Empleo'' (PEE), con el objetivo de crear alternativas de ocupación e ingresos y reducir los niveles de pobreza extrema, enfocándolo a las regiones con mayores índices de marginación.

En su origen sólo dos secretarías de Estado participaban en su ejecución: la SCT y la Sedesol. Pero para 1996 este programa se transformó en el PET, mismo que se ha venido ajustando y enriqueciendo.

Es desde 1999 donde el programa es operado en forma intersecretarial con la participación de cuatro secretarías: Sedesol, Sagarpa, SCT y Semarnat.

El PET, compañeros, es uno de los pocos programas transversales del Gobierno Federal que se ejecuta con acciones de complementariedad de cuatro secretarías que conforman un comité técnico y en cada entidad federativa se cuenta con un comité estatal y es en el comité de beneficiarios donde se determinan las obras o acciones a realizar, lo que ofrece esquemas de corresponsabilidad que tanto deseamos en los programas sociales.

Este programa se considera de fácil ejecución, rapidez en la atención de desastres naturales y tiene el objetivo de mejorar las alternativas de inserción en el mercado de trabajo de las familias rurales mediante un ingreso temporal, teniendo una población-objetivo de personas en extrema pobreza mayores de 16 años que habitan en localidades rurales de hasta 5 mil habitantes, dando especial énfasis a las microrregiones.

El PET apoya obras, acciones y proyectos de infraestructura productiva que tanta falta hacen, pero con participación comunitaria y de enfoque social. Del total de recursos que se destina a proyectos la mezcla es del 70% para jornales y el 30% a materiales y herramientas, con lo que las comunidades realizan un trabajo real que por supuesto es necesario seguir reorientando, como es el caso de las situaciones de emergencia, donde se dispone hasta del 20% de los recursos asignados.

Llamo aquí a la atención de los compañeros y compañeras diputadas pues en los últimos años se ha disminuido el presupuesto asignado para el PET, especialmente en Sedesol, Secretaría encargada de superar la pobreza. Como ejemplo en el 2000 sólo en la Sedesol pasaron asignaciones de 1 mil 840 millones de pesos, en el 2001 de 1 mil 800, en el 2002 1 mil 500 generando 35 millones de jornales. Pero para el 2003 tuvo solamente una asignación de 400 millones de pesos para alcanzar apenas, de esos 35 millones de jornales, sólo 7.4 millones.

Esta disminución en Sedesol vislumbra peligrosamente la tendencia del programa que sabemos debe fortalecerse, considerando que existe año con año sobredemanda por parte de los estados y municipios, ya que nos comentan que se ha demostrado que estas acciones bien ejecutadas y orientadas de manera transparente y en las regiones marginadas tienen impactos importantes que debemos de reconocer como la contribución al desempleo en el medio temporal abatiéndolo. Es un instrumento de ágil ejecución que atiende en forma eficaz las emergencias por desastres naturales, atenúa la migración de la población beneficiaria, apoya la detonación de actividades productivas y contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población en extrema pobreza mediante acciones como el caso de piso firme.

Por lo anterior, la fracción de Convergencia se une a los demás diputados y en particular al diputado Bitar, que en esta honorable Cámara de Diputados ha presentado para que se exhorte al Ejecutivo a que se considere la ampliación de este programa en el ejercicio fiscal y que no siga disminuyendo como el 40% que se ha dado el caso.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Luis Treviño Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Para el Partido Acción Nacional es importante reconocer que enfrentamos un escenario social difícil. Los recientes informes sobre el desempleo muestran que el nivel que ha alcanzado es preocupante. Una de las demandas más sentidas de la población es que se requieren más y mejores empleos.

Por ello pensamos en el Partido Acción Nacional que mientras se reactiva la economía y se llevan a cabo las reformas estructurales necesarias para que esto ocurra, necesitamos fortalecer los programas como el de Empleo Temporal.

Por ello creemos que debemos de fortalecer la acción positiva del Estado y las condiciones de nuestro mercado interno en aras de lograr mejores condiciones de bienestar para la población. En este sentido no podemos negar que las grandes reformas estructurales que las diversas fuerzas políticas en nuestro se han comprometido a impulsar, son hoy más que nunca necesarias.

Mientras tanto, tenemos que avanzar en los instrumentos e instituciones que hemos generado. Por ello coincidimos con la propuesta de fortalecer la política social que instrumenta el Ejecutivo Federal, la cual tiene un enfoque integral que busca incidir en los diversos aspectos del desarrollo humano.

Por ello, además de fortalecer los programas como el de Empleo Temporal, es necesario mantener el alto porcentaje de participación de las mujeres en este esquema de financiamiento, pues son ellas quienes han demandado ya no sólo ser objeto de la política, sino demandan ver reflejados en sus bolsillos el cambio por el cual votaron.

En la vertiente de oportunidades de ingreso debemos de fortalecer programas no sólo como el del Empleo Temporal, debemos de fortalecer el programa de opciones productivas, del Fonaes, de microcréditos, debemos de apoyar que el Fonaes debe de pasar de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Desarrollo Social, porque ésa es la vocación de este programa.

Fortalecer programas de crédito y ahorro que garanticen la capitalización de los beneficiarios, partimos del reconocimiento de las serias limitaciones económicas y de las grandes desigualdades sociales que enfrenta nuestro país, pero afortunadamente aceptamos el reto de que dichas condiciones no tienen por qué ser vistas con resignación.

Para nosotros, en Acción Nacional, es claro que se requieren más recursos para los programas de empleo, pero estamos en contra que por fortalecer a un programa se afecte a otros programas de desarrollo social. Si seguimos haciendo lo mismo, lo único que vamos a obtener son los mismos resultados. Requerimos fortalecer el esquema financiero del país, y para que existan más y mejores empleos, más escuelas, maestros mejor pagados, más hospitales y mejor equipados y con las medicinas necesarias, necesitamos llegar a los consensos necesarios, para llevar a cabo las reformas estructurales que el país requiere, la fiscal, la energética, la del Estado, la laboral.

Esto, nosotros lo sabemos, es urgente, es importante, porque como legisladores sabemos que se requiere mayor gasto social, pero ¿de dónde va a salir?, porque si no generamos más ingresos con las reformas, nosotros tenemos que anteponer los intereses de México a los de nuestros partidos.

En este contexto, nuestra fracción parlamentaria se pronuncia a favor del punto de acuerdo, porque representa nuestra voluntad para generar los consensos y acuerdos necesarios, para encontrar las mejores soluciones a la problemática de la pobreza, y porque marca un precedente en los trabajos que habremos de realizar en el análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el Ejercicio Fiscal del 2002.

En Acción Nacional queremos una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado.

Esta Presidencia tiene registrados para intervenir también en pro, no obstante que ya se agotaron los dos oradores a que hace referencia el 122 del Reglamento, a los diputados Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, y Gelacio Montiel Fuentes, del grupo parlamentario del PRD.

Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se permite la intervención de estos tres oradores.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se permiten las intervenciones de los tres diputados que acaba de mencionar el diputado Presidente.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Muchas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativas, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia se concede el uso de la palabra para hablar en pro, al señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido de Trabajo.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

En el empleo, como en otras cosas relacionadas con la economía de nuestro país, las cosas no marchan bien; por el contrario, enfrentamos el más grave desempleo equiparable sólo a la crisis histórica de 1995.

No crece la economía, no crece el sector exportador, no crece la pequeña y mediana industria y, para colmo, China está tomando una ventaja que se antoja insuperable desplazando a México del mercado estadounidense.

La industria maquiladora ha tenido un desplome vertical y no se vislumbra su recuperación ni a corto ni a mediano plazos.

El Producto Interno Bruto por habitante para el 2004 será igual que el que teníamos en el año 2000.

Los tres años de este gobierno son equiparables a la funesta década perdida de los años ochenta, pero eso sí, los indicadores macroeconómicos presentan un equilibrio impecable, digno de las mejores causas.

El país tiene una incapacidad crónica para crear empleos. Recientemente la tasa de desempleo alcanzó la cifra de 3.97%, tal como lo dice el punto de acuerdo que hemos suscrito.

La apuesta de la inversión externa como panacea de todos nuestros males, entre ellas el empleo, sólo ha generado mayor dependencia y pérdida de la soberanía nacional.

La política de Estado generadoras de empleo, brilla por su ausencia, no se ha podido lograr la más mínima coherencia entre las dependencias públicas para articular una estrategia viable que permita estimular los sectores que generan mayor empleo, la micro, pequeña y mediana empresas.

Por eso nuestro punto de acuerdo llama la atención para que los funcionarios de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, consideren la ampliación de la partida presupuestal para el fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal. Y aunque sabemos que éste es un paliativo ante la desesperante situación del empleo en México, no queremos dejarlo pasar por alto.

Las medidas de fondo para crear empleos estables y bien remunerados, las deberemos tomar entre todos en el momento en que se presente el paquete económico en los próximos días.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 tendrá que orientarse a reactivar el mercado interno y a generar los empleos que desesperadamente demanda la población como todas las fracciones parlamentarias hemos coincidido aquí en este Congreso.

Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya la proposición con punto de acuerdo que demanda mayores recursos públicos para ampliar el Programa de Empleo Temporal en el 2004.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alejandro Agundis Arias:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En México el crecimiento económico y la generación de empleo han sido insuficientes. Esta realidad resume la incapacidad del Gobierno Federal para poner en marcha las políticas económicas necesarias que mejoren el bienestar de los mexicanos.

La realidad contradice el optimismo de los funcionarios de la presente administración, cuyas cifras difieren de las estimadas por el INEGI y el Banco de México, instituciones que frecuentemente tienen que corregir los datos del Ejecutivo.

El crecimiento del Producto Interno Bruto en los tres años de esta administración alcanzará un promedio de menos del 0.70% anual, considerando que recientemente el Banco de México modificó su estimación de crecimiento a 1.5% para este año. Esto representa uno de los desempeños económicos más pobres del país, situación que se traduce en la pérdida de los empleos.

En consecuencia, en materia laboral llevamos casi tres años sin creación de nuevas fuentes de empleo y el rezago acumulado es uno de los más serios en mucho tiempo. Actualmente la cifra de desempleo abierto general es del 3.9%, según cifras del INEGI en septiembre de 2003, con un aumento del 20% respecto al mismo mes del año anterior, convirtiéndose en uno de los más grandes problemas nacionales.

En materia de empleo temporal, programa cuya misión es generar oportunidades de ingreso en el medio rural, principalmente para personas en extrema pobreza, la tendencia no es diferente.

Los recursos destinados a este programa han disminuido cerca del 10% en términos reales durante los últimos 3 años, lo anterior a pesar de que es un programa netamente social.

Además el Programa de Empleo Temporal es muy importante en la conservación y restauración del medio ambiente, gran parte de sus recursos provienen del Ramo 16, por lo que reducir sus recursos representa disminuir el presupuesto destinado a este Ramo y también a la Función 5 que es el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Consideramos que las estrategias seguidas por el Gobierno requieren de un replanteamiento que involucre las condiciones reales por las cuales atraviesa nuestro país, sólo así se podrán alcanzar las metas que permitan el verdadero desarrollo de los mexicanos.

Por estas razones, es que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del punto de acuerdo presentado por el diputado Bitar.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gelacio Montiel Fuentes. del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gelacio Montiel Fuentes:

Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El jueves pasado en esta Cámara de Diputados se acordó por unanimidad exhortar al Ejecutivo Federal para fortalecer e incrementar las acciones presupuestales para las funciones de desarrollo social, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2004.

De manera particular se llamó a fortalecer los programas productivos y alimentarios para superar la pobreza por lo que se debe considerar en el Presupuesto de Egresos del 2004.

Es por lo anterior, que congruentes con la postura que ha asumido en esta Cámara, el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia a favor de aprobar la proposición de punto de acuerdo que hoy aquí se discute.

A nuestro partido le preocupa las declaraciones de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social que señalan, que dicho Programa le serán asignados los mismos recursos que fueron ejercidos en este año, es decir, los 400 millones de pesos lo que representa un decremento real del presupuesto y obligará a disminuir sus metas en cuanto a la cobertura.

Además, se contradice el discurso oficial que ubica como prioridad la estrategia de combatir y superar la pobreza ya que al disminuir el Programa de Empleo Temporal, se limita de forma importante las capacidades de los municipios para realizar esas pequeñas obras en sus localidades y se aleja a ese instrumento de la política social de los objetivos que se plantea, es decir, contener el desempleo rural y la migración de las zonas de alta marginación.

Actualmente el Programa de Empleo Temporal otorga apoyos de tan solo 38 pesos por un máximo de 88 jornales a los beneficiarios del programa que significan en el mejor de los casos, 3 mil 444 pesos al año, que es una cantidad a todas luces insuficiente para detener la migración y combatir el desempleo, pero que serán aún más insuficientes de contrarrestar nuevamente si tenemos disminución de recursos en este programa, que este programa ha sido castigado presupuestalmente por el actual Gobierno durante el 2003. Los programas de vertiente de generación de opciones que tiene que ver con la superación productiva de la pobreza, se reduce al 27.1% en términos reales. Por tercer año consecutivo este programa se ha reducido resultando una caída real del 70.8% de lo presupuestado, los 1 mil 800 millones de pesos aprobados para su ejercicio en este año representan menos de la mitad de los 4 mil millones de pesos que se designaron en el 2002, esto significa que el Programa de Empleo Temporal ha dejado de generar 599 mil ocupaciones en este año.

La política antiproductiva de combate a la pobreza diseñada por el actual Gobierno, no sólo ha afectado este programa, también ha reducido los recursos contra programas como los productores de bajos ingresos e incluso contra los programas de apoyo a la pequeña, micro y mediana empresa.

La supuesta aportación del Gobierno foxista al combate a la pobreza que se ha reducido año con año hasta acumular una caída del 34.3% en sus tres años de funcionamiento.

No existe explicación clara que dé cuenta de las razones de esta disminución, ya que mientras el coordinador de programas señala que obedeció a una necesidad de reasignar recursos para oportunidades, el coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social refiere que es el resultado de evaluaciones que son desconocidas por esta Cámara; por ello, el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia a favor del punto de acuerdo y solicita que los resultados de las evaluaciones a este programa y otros, sean compartidos con esta Cámara para que cuente con los elementos necesarios para analizar el incremento o disminución de sus asignaciones presupuestales.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

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PETROLEOS MEXICANOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En el siguiente punto del orden del día, el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo solicita a la Presidencia que consulte a la Asamblea si se le permite excederse del tiempo de cinco minutos por requerimiento propio, dada la naturaleza del asunto.

En tales condiciones, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se le permite excederse del tiempo... Un momento, diputado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se permite hacer uso de más de cinco minutos al orador en turno; por lo tanto, se pregunta a los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Disponen de cinco minutos, señores diputados.

El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo:

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Hace ya casi 25 años Pemex arribó a Ciudad del Carmen, Campeche, para explorar y explotar la riqueza que yacía en el subsuelo de nuestra plataforma continental y por el bien de México, los recibimos con el mejor ánimo.

La zona de Campeche donde se encuentra el Complejo Cantarell, considerado por propios y extraños como ``La Joya de la Corona Mexicana'', produce para nuestro país 75% del crudo nacional y 30% de gas natural en sus 225 plataformas.

Se ha restringido el 80% de nuestras áreas de pesca identificadas por el Atlas Camaronero en 1960; se ha sacrificado a las 650 embarcaciones camaroneras que atracaban en Carmen y Lerma y de las que actualmente no hay más de 160 barcos. Por si fuera poco, la Secretaría de Marina mediante acuerdo publicado el 11 de septiembre del presente año, ha ampliado las áreas de restricción en aras de la seguridad de nuestra industria petrolera con lo que la restricción llega al 95%.

El sector pesquero generaba, entre 1975 y 1980, alrededor de 27 mil empleos directos e indirectos, de los cuales quedan menos de tres mil y de los cuales el 50% son temporales.

De las 19 plantas procesadoras que habían en Campeche sólo operan cinco y solamente 120 días al año, de los 15 astilleros que enriquecían nuestra flota, se han reducido a tres, el número de varaderos que eran 20, ahora solamente son siete.

Tomando como base la cifra de captura de 1989 que fue de 12 mil toneladas hasta 2001, se han dejado de pescar 62 mil toneladas, cuyo valor comercial en el mercado internacional considerando su procesamiento, hubiera alcanzado una cifra que supera los 750 millones de dólares americanos.

La problemática que genera la industria petrolera en mi estado, no sólo ha afectado al sector pesquero, también a la sociedad que ha padecido sus estragos al crear un espejismo de empleo en Ciudad del Carmen. La migración hacia este punto ha rebasado los límites de cualquier autoridad municipal para la provisión de bienes y servicios públicos.

El sector agrícola ha sufrido desbandada y hoy hacemos grandes esfuerzos por recuperar el potencial que nuestro campo solía tener. Siendo Campeche la entrada a la península de Yucatán, no cuenta aún con un confiable amalgamiento carretero con el resto del país, esta cintura geográfica en la cual está situada la entidad, la hace ser una auténtica bisagra en el desarrollo y modernización de las comunicaciones de la región.

La relación Campeche-Pemex no debe ser considerada como un matrimonio mal avenido, tendremos que coexistir, Campeche comprendiendo y pervive este severo problema únicamente por el bienestar de México y en la Secretaría de Hacienda siendo la palanca y mancuerna detonante junto con Pemex para el desarrollo económico del estado y en particular del rescate de nuestro sector pesquero.

Que quede muy claro, Pemex no es nuestro enemigo, sino nuestro mejor aliado, así lo ha dicho el gobernador de Campeche Jorge Carlos Hurtado Valdés y así lo secundamos. Han fracasado todos los intentos de resarcir estos males para cubrir la deuda histórica que México ha contraído con Campeche, pues actualmente mi estado sólo recibe de nuestra empresa insignia el equivalente a 130 millones de pesos en efectivo y en especie, lo que no representa ni el 4% de nuestro presupuesto anual.

De la Secretaría de Hacienda, Campeche sólo ha recibido paliativos, fundándose en que el Complejo Cantarell se ubica en la zona económica exclusiva de México y que el artículo 27 constitucional no permite a Campeche el mismo trato que se da a otros estados que tienen sus pozos en tierra firme.

Por lo tanto, señor Presidente, someto a la consideración del pleno, el siguiente

Proyecto de Decreto

Primero. Se crea la Comisión Especial que revise a profundidad la debacle del sector pesquero y otros sectores colaterales afectados en el estado de Campeche, relacionados con la expansión de Pemex en la zona del mismo nombre, para instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral.

Segundo. La constitución de la presente Comisión Especial deberá realizarse conforme a lo previsto por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 43 de la Ley Orgánica de nuestro Congreso.

Tercero. La Comisión Especial en comento, deberá rendir informe sobre los aspectos generales de las afectaciones causadas por la expansión de Pemex, especialmente por causa del Complejo Cantarell en el estado de Campeche.

Cuarto. El informe que rinda la Comisión Especial deberá con toda oportunidad hacerse del conocimiento del pleno antes de ser aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación y turnado a comisiones ordinarias respectivas, a efecto que resuelvan lo conducente.

Artículo Transitorio

Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación.

Y firma la bancada plural de Campeche representada en este Congreso por el de la voz, por los diputados: Guadalupe Fonz Sáenz, Oscar Rodríguez Cabrera, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI; por Acción Nacional, Yolanda Balladares Valle y Sebastián Calderón Centeno; por el Partido de la Revolución Democrática y Abraham Bagdadi Estrella.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para integrar una comisión especial que revise la debacle de los sectores pesquero y otros colaterales afectados en Campeche, relacionados con la expansión de Pemex en la sonda del mismo nombre, e instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral, presentada por el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del PRI.

Exposición de Motivos

En ocasiones diversas hemos escuchado con atención las demandas vertidas en esta tribuna a efecto de establecer comisiones especiales o tratos mejores a los ingresos de las entidades federativas, e incluso de los ayuntamientos, todos relacionados con la actividad de Pemex y con los excedentes por la venta del hidrocarburo.

Los mexicanos de Campeche siempre hemos apoyado esas iniciativas considerando que el petróleo y sus beneficios son de la nación de todos los mexicanos y que por justicia las entidades federativas petroleras merecen un mejor trato.

Hace casi ya 25 años Pemex arribó a Ciudad del Carmen, Campeche, para explorar y explotar la riqueza que yacía en el subsuelo de nuestra plataforma continental, y por el bien de México los recibimos con el mejor ánimo. Ahora bien, actualmente la sonda de Campeche, donde se encuentra el complejo Cantarell, considerado por propios y extraños como ``la joya de la corona mexicana'', produce para nuestro país 75% del crudo nacional y 30% de gas natural, en sus 225 plataformas.

Campeche y su pueblo no puede más que ser solidario con el resto de los estados hermanos, aun cuando se ha restringido el 80% de nuestras áreas de pesca; es decir, de los 38,674 kilómetros cuadrados, identificados por el Atlas Camaronero, en 1960 para la captura del camarón quedaban en el 2001 únicamente 8,825 kilómetros cuadrados; aun cuando se ha sacrificado a las 650 embarcaciones camaroneras que atracaban en los puertos de Carmen y Lerma, Campeche, y de los que actualmente no hay más de 160 barcos. Por si fuera poco, la Secretaría de Marina, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de septiembre de 2003, ha ampliado las áreas de restricción en aras de la seguridad de nuestra industria petrolera, por temor a los ataques terroristas, con lo que la restricción llega al 95%. Y los campechanos lo entendemos pacientemente y continuamos sacrificando nuestro sector pesquero, sustento de nuestra economía local.

Pero el rosario de problemas no cesa ahí. El sector pesquero generaba entre 1975 y 1980 alrededor de 27 mil empleos directos e indirectos de los que sólo quedan menos de 3 mil, y de los cuales el 50% son temporales.

De las 19 plantas procesadoras que existían en la geografía estatal, sólo quedan 5 y operan únicamente 120 días por año.

De los 15 astilleros que cada temporada enriquecían nuestra flota, se han reducido a 3.

El número de varaderos ascendía a 20, actualmente subsisten 7.

En 1950, año en que se levantó el primer registro de captura, se obtuvo un total de 3,772 toneladas. Nuestra cifra récord llegó felizmente en 1978 a más de 25 mil toneladas. La debacle inició en los ochenta, y para 1990 la captura del crustáceo decreció hasta las 8 mil toneladas. La cifra de 2001 es verdaderamente penosa: solamente alrededor de 1,200 toneladas. Se han perdido muchos millones de dólares en todos estos años, y con ello, la esperanza de miles de familias vinculadas al sector.

Tomando como base la cifra de captura de 1989 que fue de 12,123 toneladas, hasta 2001, se ha dejado de pescar 62,582 toneladas, cuyo valor comercial en el mercado internacional, considerando su procesamiento, habría alcanzado una cifra que supera los de 750 millones de dólares americanos. Esta cifra quizá sea pequeña comparada con las que obtiene algún otro estado por sus procesos industriales.

La problemática que genera la industria petrolera en mi estado no sólo ha afectado al sector pesquero, también la sociedad ha padecido sus estragos al crear un espejismo de empleo en Ciudad del Carmen. La migración hacia este punto ha rebasado los límites de cualquier autoridad municipal para la provisión de bienes y servicios públicos.

El sector agrícola ha sufrido desbandada, y hoy hacemos grandes esfuerzos por recuperar el potencial que nuestro campo solía tener.

Siendo Campeche la entrada de la península de Yucatán, no cuenta aún con un amalgamiento carretero confiable con el resto del país. Esta cintura geográfica, en la cual está situada la entidad, la hace ser una auténtica bisagra en el desa- rrollo y modernización de las comunicaciones de la región.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 12 de mayo de 1981, en su artículo 1, numeral 2, señala lo siguiente: ``Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia''.

El artículo 15, numeral 2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México y publicado en el DOF de fecha 24 de enero de 1991, establece en su parte conducente que: ``Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades''.

La Carta de la Organización de Estados Americanos, suscrita por México y publicada en el DOF el día 13 de enero de 1949, conviene en su artículo 34: ``...la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo...''

La relación Campeche-Pemex no debe ser considerada como un matrimonio mal avenido. Tendremos que coexistir en paz: Campeche, comprendiendo hiper vide este severo problema únicamente por el bienestar de México; y Pemex y la SHCP siendo la mancuerna detonante y palanca del desarrollo económico del estado, y en particular del rescate de nuestro sector pesquero.

Que quede muy claro, Pemex no es nuestro enemigo, sino nuestro mejor aliado. Así lo ha dicho el gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, y así lo secundamos.

Han fracasado todos los intentos de resarcir estos males para cubrir la deuda histórica que México ha contraído con Campeche, pues actualmente mi estado sólo recibe de nuestra empresa insignia el equivalente a 130 millones de pesos en efectivo y en especie, lo que no representa ni el 4% de nuestro presupuesto anual.

De la SHCP, Campeche sólo ha recibido paliativos, fundándose en que el complejo Cantarell se ubica en la zona económica exclusiva de México y que el artículo 27 constitucional no permite a Campeche el mismo tratamiento que se da a otros estados de nuestra región, ya que éstos tienen sus pozos en tierra firme.

El bienestar de las regiones de nuestra nación no puede construirse exclusivamente basándose en argumentos legalistas e ignorar pasivamente la urgencia de los ciudadanos de donde quiera que éstos sean; también se requiere sumar a este criterio el factor invaluable de la justicia, por la que ahora Campeche clama.

Consideraciones

I) Que el complejo Cantarell, ubicado en la sonda de Campeche, produce 75% del crudo nacional y 30% del gas natural en sus 225 plataformas;

II) Que dada la expansión de dicho complejo petrolero las áreas de pesca identificadas por el Instituto Nacional de la Pesca se han restringido hasta en un 95%;

III) Que la merma ocasionada en el sector pesquero de Campeche en el número de embarcaciones, así como los empleos e infraestructura que éste generaba ha afectado el cimiento de la economía local;

IV) Que es necesaria la colaboración Federación-estado para impulsar la recuperación del sector pesquero, el fortalecimiento de la infraestructura carretera, así como para reforzar la hacienda pública de los municipios más afectados por la industria petrolera;

V) Que para lograr este esquema de colaboración es necesaria la comprensión sobre las afectaciones y disposición para solucionarlas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos;

VI) Que el estado de Campeche valora en toda su dimensión la importancia de nuestra industria petrolera y los beneficios de la expansión de Petróleos Mexicanos en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 42 y 43, así como lo establecido en los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulo al Pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para integrar una comisión especial que revise a profundidad la debacle del sector pesquero y otros sectores colaterales afectados en el estado de Campeche relacionada con la expansión de Pemex en la sonda del mismo nombre, para instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral, conforme al siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial que revise a profundidad la debacle del sector pesquero y otros sectores colaterales afectados en el estado de Campeche relacionados con la expansión de Pemex en la sonda del mismo nombre, para instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral.

Segundo. La constitución de la presente comisión especial deberá realizarse conforme a lo previsto por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La comisión especial en comento deberá rendir informe sobre los aspectos generales de las afectaciones causadas por la expansión de Pemex, especialmente por causa del complejo Cantarell, en el estado de Campeche.

Cuarto. El informe que rinda la comisión especial deberá, con toda oportunidad, hacerse del conocimiento del Pleno antes de ser aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, y turnado a las comisiones ordinarias respectivas a efecto de que resuelvan lo conducente.

Transitorio

Unico. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

México, DF, a 4 de noviembre de 2003.--- Por el Partido Revolucionario Institucional: Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Dip. Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas; por el Partido Acción Nacional: Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Dip. Sebastián Calderón Centeno (rúbrica); por el Partido de la Revolución Democrática: Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se turna a la Junta de Coordinación Política; señoras y señores legisladores:

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia ha recibido dos documentos, uno con punto de acuerdo sobre una proposición sobre el cambio de las fechas de comparecencias, el otro una proposición firmada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, para un exhorto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su gira de trabajo a desarrollarse los días 4 al 6 de noviembre del año en curso, en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas.

Como no están agendados estos dos puntos en el orden del día, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza que se toquen en esta sesión.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados si se aceptan las propuestas, por lo que se pide a las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se consideran dentro del orden del día.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la primera de las proposiciones, sobre el cambio de comparecencias.

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ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la programación de comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal en comisiones, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno.

La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7°, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, y

Considerando

1. Que, con objeto de completar y ahondar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado necesario citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.

2. Que, en términos del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo quinto, las comparecencias en comisión de llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.

3. Que en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 13 de octubre del presente se establecen las fechas para la realización de las comparecencias de los titulares de Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. Que, con base en diversas solicitudes recibidas por esta Junta, se revisó el calendario con objeto de reprogramar dichas comparecencias de modo que la fecha elegida fuera la más conveniente para ambas partes.

5. Que la Comisión de Reforma Agraria sometió a la consideración de la Junta el acuerdo para citar a comparecer al secretario del ramo en el seno de dicha Comisión, que fue aprobado por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Con objeto de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, las comparecencias ante comisiones ordinarias de los funcionarios del Ejecutivo federal que se indican a continuación se realizarán en las fechas que se señalan:

Director de la Comisión Federal de Electricidad: Ing. Alfredo Elías Ayub. Comisión de Energía. Miércoles 5 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.

Director de Petróleos Mexicanos: Ing. Raúl Muñoz Leos. Comisión de Energía. Jueves 6 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.

Director de Luz y Fuerza del Centro: Lic. Luis de Pablo Serna. Comisión de Energía. Martes 11 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.

Director del Instituto Mexicano del Seguro Social: Dr. Santiago Levy Algazi. Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Salud; y de Trabajo y Previsión Social. Martes 11 de noviembre de 2003, a las 18:00 horas.

Secretario de la Reforma Agraria: Lic. Florencio Salazar Adame. Comisión de Reforma Agraria. Miércoles 19 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.

Segundo. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. En términos del artículo 93 constitucional y del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice las comunicaciones correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre del 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica) coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo.

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ACUERDO MIGRATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Martín Carrillo Guzmán, que a nombre de todos los grupos parlamentarios presentará el punto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que durante su gira de trabajo en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América, exhorte a los gobernadores de dichos estados, con objeto de que otorguen su apoyo para alcanzar a la brevedad un acuerdo migratorio entre ambas naciones.

El diputado Martín Carrillo Guzmán:

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

«Proposición con punto de acuerdo que presentan los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y del Trabajo, por el que exhorta al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada con objeto de que durante su gira de trabajo a desarrollarse los días 4 al 6 de noviembre del año en curso en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas en Estados Unidos de América, exhorte a los gobernadores de dichos estados con objeto de que otorguen su apoyo ante las instancias competentes del gobierno de aquel país, a favor de alcanzar a la brevedad un acuerdo migratorio entre ambas naciones.

Honorable Asamblea:

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios citados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos ante esta soberanía con objeto de solicitar que se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a que durante su gira de trabajo que realizará del 4 al 6 de noviembre del año en curso por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América, exhorte a los gobernadores de dichos estados a que otorguen su apoyo ante las instancias competentes del gobierno de aquel país a favor de alcanzar a la brevedad un acuerdo migratorio entre ambas naciones, en particular para que se dicten las disposiciones pertinentes a efecto de garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales que trabajan en esas entidades, independientemente de su situación migratoria.

Dicho punto de acuerdo se plantea al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mediante decreto emitido por el honorable Congreso de la Unión en fecha 30 de octubre del año en curso, se autorizó la solicitud del ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentase del territorio nacional con objeto de rea-lizar entre los días 4 y 6 de noviembre del año en curso una gira de trabajo por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, Estados Unidos de América.

Al autorizar la referida solicitud, tanto la colegisladora como esta soberanía consideraron que el propósito fundamental de la referida visita será ampliar y profundizar las relaciones políticas, comerciales y sociales de México con tres de los estados de la Unión Americana colindantes con nuestro país a los que emigra una gran cantidad de connacionales.

La agenda de trabajo que propone realizar el Ejecutivo Federal se constituirá principalmente en tres puntos principales:

1) Diálogo político: donde impulsará la reflexión con las autoridades locales sobre la importancia de establecer mecanismos que permitan una migración legal, segura y ordenada, subrayando la importancia de las autoridades locales y estatales para la contribución significativa del debate nacional de ese país en torno al fenómeno migratorio y las acciones en las que pueden contribuir para elevar la calidad de vida de las comunidades mexicanas que habitan en ese país. Sin lugar a dudas, el instrumento por antonomasia para alcanzar los anhelos de ambas naciones a este respecto será alcanzar un acuerdo migratorio entre ambas naciones que sea equitativo, apegado a las reglas del derecho internacional y respete, de manera rigurosa, los derechos humanos de las personas que participan en el fenómeno migratorio.

2) Promoción económica y de inversión; donde expondrá la necesidad de reactivar las economías con el impulso del comercio bilateral y regional, sosteniendo reuniones de trabajo con organismos empresariales y empresarios en lo particular. Asimismo, el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos llevará la preocupación por contar con una frontera en la que el flujo de bienes y de personas sea expedito y ordenado, conciliando las preocupaciones de seguridad que existen entre ambas naciones.

3) Diálogo y atención a las comunidades mexicanas; con el motivo del crecimiento constante de la población mexicana en los Estados Unidos de América desde la década de los setenta se requiere de una mayor atención y articulación de las mismas, por tal motivo sostendrá un diálogo franco con dicha comunidad para el conocimiento de sus principales problemas y evaluar los avances del recientemente creado Instituto de los Mexicanos en el Exterior y su Consejo Consultivo, además de que divulgue el avance en el proceso de reforma constitucional relativa a nacionalidad que recientemente aprobó esta soberanía y que se encuentra actualmente en su fase de análisis y discusión en las Legislaturas de los estados.

Esta soberanía considera, desde luego, la importancia que para la inserción de México en el contexto internacional tienen las giras que realiza en el extranjero el Ejecutivo de la Unión, sin embargo, no deja de considerar que a raíz de lamentables sucesos que sufrió el hermano país vecino, la política migratoria ha enfrentado serias restricciones y que la posibilidad de un acuerdo entre ambas naciones que permita la migración de personas hacia aquel país en condiciones de seguridad y respeto de sus derechos humanos se ha visto postergado.

En razón de lo anterior, los grupos parlamentarios en esta honorable Cámara de Diputados antes señalados reconocen la importancia de nuestra relación con los tres estados de la Unión Americana que visitará el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, por lo que en atención a los argumentos antes referidos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico: Se exhorta al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a que en la gira de trabajo que realizará del 4 al 6 de noviembre del año en curso por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América, exhorte a los gobernadores de los mismos con objeto de que otorguen su apoyo ante las instancias competentes del gobierno de aquel país a fin de agilizar las gestiones para que a la brevedad pueda concretarse un acuerdo migratorio que permita el tránsito de personas en condiciones de seguridad y respeto para sus derechos humanos y en particular para que se dicten las disposiciones pertinentes a efecto de garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales que trabajan en esas entidades, independientemente de su situación migratoria.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2003.--- Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia. »

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La diputada Secretaria Amalín Yabur Elías:

Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, para hablar en pro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez:

Con la venia señor Presidente:

El grupo parlamentario de Acción Nacional, apoya este punto de acuerdo y dice lo siguiente:

La prioridad del Gobierno Federal ha sido sin lugar a duda el diálogo y la atención a las comunidades mexicanas en el exterior y con especial atención a nuestros connacionales en Estados Unidos.

El Gobierno Federal en esta gira, va a escuchar y sostener un diálogo político con la autoridades locales para defender a través de todos los instrumentos diplomáticos, los derechos humanos y civiles de nuestros connacionales.

El Gobierno Federal y Acción Nacional, impulsamos que en Estados Unidos se dé prioridad a una migración legal, ordenada y segura. Nunca un trato a nuestros hermanos que sea indigno. No hay nada por encima de los derechos humanos, ni la seguridad ni ninguna otra política pública.

Apoyamos la estrategia del Gobierno para enfocar sus esfuerzos en las autoridades locales, organizaciones sociales y empresariales, que ellos mismos reconocen el esfuerzo laboral de millones de mexicanos que fortalecen la economía de aquel país.

Queremos reconocer también la labor y el consenso de todos nuestros compañeros diputados que dan un mensaje muy positivo. En esto no hay tintes ni colores. Esto realmente nos une y sacamos un punto de acuerdo conjunto para que se respete y se le dé trato digno a todos nuestros hermanos que están en el vecino país.

No podemos tampoco dejar a un lado el esfuerzo que están haciendo los legisladores de los gobiernos de los estados de referencia, en apoyo también a nuestros migrantes. Es un trabajo que nos tiene que unir a las dos naciones en pro y en el beneficio de nuestros compañeros mexicanos, connacionales que están trabajando en ese país.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

Continúe las Secretaría.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de noviembre de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Iniciativa de diputados

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite el expediente proyecto de declaratoria que adiciona una fracción XXIXM al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

Cuatro, de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco, para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país, en México.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón, en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Erika Silvia Rempenig Rico, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada, para prestar servicios como asesores jurídicos, en la Embajada de Belice, en México.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Edith Islas Pineda, Alfa Sol Ceceña Castro, Arturo Martínez Avila, Ignacio Cortés Llamas y Magdalena Mendoza Mendoza, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mónica Rocío Martínez Romero, Mónica Adriana Martínez Hernández, Luis Torres Palomares y Antonio Gracia Delgado, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, en el Consulado General en Guadalajara, Jalisco y en el Consulado en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación con proyecto decreto que concede permiso a los ciudadanos María Catalina Gurrola Ponce y Felipe Homero Saldaña López, para prestar servicios en la Embajada de Australia, en México.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema por seis minutos para verificar la asistencia.

Señor Presidente, hay 461 diputadas y diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:09 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 6 de noviembre, a las 10:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 49 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 279 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 475.

Asistencia al final de la sesión: 461.

Proposición de la Junta de Coordinación Política, con anteproyecto de Presupuesto de la Auditoría

Superior de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.

Puntos de acuerdo, aprobados: 4.

Proposiciones con punto de acuerdo: 8.

Oradores en tribuna: 30

PRI-7; PAN-5; PRD-7; PVEM-4; PT-3; PC-4.

Se recibió:

1 comunicación del Congreso del estado de Zacatecas;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite informe correspondiente al tercer trimestre de avance físico y financiero del Programa de Empleo Temporal y del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de contestación, en relación con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 iniciativa del Congreso de Jalisco;

1 iniciativa del PRD;

1 iniciativa del PT;

5 iniciativas del PC.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Erika Silvia Rempenig Rico para desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz;

4 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden permisos a 13 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Belice; Estados Unidos de América en México y de Australia, respectivamente.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Seguridad Social con puntos de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Jalisco, a que en el proceso de desahogo de la eventual reforma a la Ley de Pensiones local, considere la pertinencia de incluir entre sus actividades, la consulta a los servidores públicos estatales y a sus organizaciones sindicales.

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Agundis Arias, Alejandro (PVEM) Programa de Empleo Temporal: 85

Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD) Estado de Jalisco: 49

Avila Serna, María (PVEM) Mujeres del medio rural: 72

Bitar Haddad, Oscar (PRI) Programa de Empleo Temporal: 80

Brugada Molina, Clara Marina (PRD) Ley de Coordinación Fiscal: 20

Carrillo Guzmán, Martín (PRI) Acuerdo Migratorio: 93

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) República de Cuba: 62

Escalante Arceo, Enrique Ariel (PRI) Petróleos Mexicanos: 87

Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Programa de Empleo Temporal: 84

Espinoza Pérez, Luis Eduardo (PRD) desde curul Acta de la sesión anterior: 16

García Laguna, Eliana (PRD) Suprema Corte de Justicia: 50

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Estado de Quintana Roo: 56

González Yáñez, Oscar (PT) Declaraciones patrimoniales: 27

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Mujeres del medio rural: 71

Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo (PRI) Venta de petróleo: 76

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Productos de contrabando: 53

Maldonado Venegas, Luis (PC) Sistema penal: 30

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Niños y jóvenes de la calle: 64

Montiel Fuentes, Gelacio (PRD) Programa de Empleo Temporal: 85

Morales Torres, Marcos (PRD) Instituto Politécnico Nacional: 74

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) República de Cuba: 63

Ortiz Domínguez, Maki Esther (PAN) Mujeres del medio rural: 70

Padilla Peña, Joel (PT) República de Cuba: 61

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Programa de Empleo Temporal: 82

Portillo Ayala, Cristina (PRD) República de Cuba: 59

Sánchez Pérez, Rafael (PAN) Estado de Jalisco: 48

Sandoval Urbán, Evelia (PRI) Estado de Jalisco: 47

Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth (PRI) Mujeres del medio rural: 66

Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel (PAN) Acuerdo Migratorio: 94

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Programa de Empleo Temporal: 82

Vega y Galina, Roberto Javier (PRI) INEGI: 57