Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:07 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de noviembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que envía el Informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo enero-junio de 2012.

Con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a:

La modificación de los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCFI-2012, que regulan las especificaciones y la verificación de los dispensarios para el despacho de gasolina y diesel.

La defensa al principio de laicidad de la educación.

Pago de la liquidación final por parte del grupo azucarero Gargonz.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2012; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2012; la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2011.

De la Cámara de Senadores

Con el que remiteacuerdo aprobado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen mayores recursos a programas que combatan la propagación de Plagas, y se ponga atención al Programa de Empleo Temporal.

Con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

Se asigne una partida para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Incremente los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud y amplíe el anexo 22. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se erogue un presupuesto adicional a la Secretaría de Salud, para la construcción, modernización y/o ampliación de infraestructura hospitalaria, presentada por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal (PET) para el sector pesquero, presentada por el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Asigne un incremento al Programa de Atención Oportuna a las mujeres con cáncer de ovario operado por el Instituto Nacional de Cancerología, presentada por las senadoras Martha Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Del Congreso del Estado de Guerrero

Con los que remite dos acuerdos aprobados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

Se incorpore un rubro específico para establecer a nivel federal un programa general de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles.

Se asignen mayores recursos para fortalecer la infraestructura y competitividad del campo guerrerense.

Minutas

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rodolfo Vergel Gordillo, para aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, y la Placa distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sergio Cedeño Villerías, para aceptar y usar la Condecoración de la Medalla al Mérito I Clase, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Espinoza Cantellano, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fernández Gómez, para aceptar y usar la Condecoración Orden de los Libertadores y Libertadoras, en Grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (Turno a Comisión)

Iniciativas de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gabriel Gómez Michel y suscrita por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De Decreto, para emitir una moneda conmemorativa, alusiva al centenario de la asunción del General Francisco Villa al Gobierno del estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se requiera al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sagarpa, para que se entreguen los recursos del programa Procampo del ciclo primavera-verano a todos los beneficiarios, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, y a los gobiernos de diversas entidades federativas, intensifiquen las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico, a cargo del diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conagua, intervenga a fin de que se lleve a cabo una revisión integral y en su caso, reencausar oportunamente la inversión del Fonden en la construcción de bordos al Río Palizada, en el estado de Campeche, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados productos milagro, a través de un monitoreo masivo de medios de comunicación, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta solicita la creación de una Comisión Especial de Programas Sociales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en la medida de las posibilidades del país, se preste ayuda al Gobierno y Pueblo de Cuba, que les permita superar los daños materiales causados por el Huracán Sandy, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SCT, para que liberen los recursos para la ejecución y conclusión de los programas y proyectos de inversión del sector de comunicaciones y transportes para el estado de Jalisco, aprobados por esta soberanía en el PEF 2012, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a garantizar la seguridad del personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo, debido a la violencia e inseguridad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, para que salvaguarde los derechos humanos y la integridad física de los habitantes de la unidad Lomas del Parque, localidad de San Francisco Chilpan en el municipio de Tultitlán, de esa entidad, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conagua y a la Dirección General del Organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, atiendan la problemática referente a la concesión, asignación, y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que se vive en el país, y en particular, el caso que presenta en las cuencas y acuíferos de los altos, Jalisco, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial del Agave, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que se sigan todas las acciones pertinentes a fin de crear una estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Primera Sala de la SCJN y a la CNDH, para que revisen la legalidad de la detención y sentencia, del profesor Alberto Patishtán Gómez y en su caso, se emita la resolución, a fin de declarar su libertad, a cargo del diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, para que haga públicas las causas de la explosión del pasado 18 de octubre en la refinería Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz y a la STPS, para que realice una inspección de las instalaciones de dicha refinería y verifique las condiciones en las que opera, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, para que reconsidere la demanda presentada en contra de los periodistas, Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, y encabece un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno, a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo de la conmemoración de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 1o. de noviembre, Día Mundial de la Ecología, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, someta la Secretaría a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con ocho minutos del miércoles treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; desde sus curules realizan comentarios con relación al Orden del Día y sobre diversos temas legislativos los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Con fundamento en el artículo setenta y siete, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se retiran las iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintinueve, y treinta y dos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, turnada el veinticinco de octubre de dos mil doce. Retírese de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintidós de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, turnada el veinticinco de octubre de dos mil doce. Desde su curul el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, hace comentarios sobre el trámite de de la iniciativa. Retírese de la Comisión de Seguridad Pública.

Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del centésimo quinto Aniversario Luctuoso de Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”, Sonora, que tendrá lugar el siete de noviembre a las diez horas. Se designa una comisión de representación.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remite a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Con la que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Tercer Trimestre de dos mil doce. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De los Congresos de los estados de:

• Guanajuato, con la que remite acuerdo aprobado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos once, veinticinco, y treinta y tres.

• Coahuila, con la que remite acuerdo aprobado, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se eleven y diversifiquen los recursos en materia de educación, deporte, cultura y emprendimiento, a favor de la juventud de México.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

En el capítulo de Agenda Política, la diputada Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios relativos a la caravana de madres de inmigrantes desaparecidos procedente de Centroamérica. Intervienen con relación al tema los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática; Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Partido Acción Nacional; y Norma Ponce Orozco, del Partido Revolucionario Institucional.

A las once horas con cuarenta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo, tercero, y octavo, y deroga el artículo dieciocho-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y seis, y ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) María Concepción Navarrete Vital, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Reglamentaria del artículo sexto Constitucional, en Materia de Derecho de Réplica, y reforma el artículo cincuenta y tres de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

c) José Ángel Ávila Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio de los diputados de diversos grupos parlamentarios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

e) Merilyn Gómez Pozos, a nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género, para dictamen.

f) María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

g) Lucila Garfias Gutiérrez, a nombre propio y de los diputados de Nueva Alianza, que adiciona un artículo doscientos once Bis ocho al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derecho de la Niñez, para opinión.

h) Samuel Gurrión Matías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

i) Juan Francisco Cáceres de la Fuente, a nombre propio y de los diputados del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

j) Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

k) Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

l) Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

m) Salvador Arrellano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo treinta y tres Bis a la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

n) Adriana González Carrillo, a nombre propio y del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

o) Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Desarrollo Rural, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el que la Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo norteamericano afectado por el huracán Sandy; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la embajada y consulados mexicanos establecidos en las zonas afectadas, redoblen las acciones de apoyo a la comunidad de mexicanos que radican en esa zona. Intervienen con relación al tema los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional; y Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Abraham Montes Alvarado, a nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se otorguen facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, quien realiza una propuesta de modificación; María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Rosalba de la Cruz Requena, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta la propuesta de modificación al punto de acuerdo. El Presidente declara un receso para votación del punto de acuerdo, mientras se recibe la propuesta.

b) David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que constituya el Fondo para el Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, antes del seis de diciembre. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional; y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se continúa con la votación del punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se otorguen facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario. Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a la modificación del tercer resolutivo propuesta, la cual se acepta en votación económica, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

c) Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que esta Soberanía expresa su condena por el asesinato de los activistas del Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el veintitrés de octubre de dos mil doce en el estado de Chihuahua, y se solicita el esclarecimiento de los hechos. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional; Kamel Athie Flores, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con cambios en Juntas Directivas e integrantes de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo la que la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Secretaría sea inscrita en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes:

a) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Soberanía, para que promuevan que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y excepciones que establezca la Ley, no sea utilizada como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral de nuestro país. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

b) Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Atención de las Rutas Gastronómicas de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

c) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, de selección de personal y en las evaluaciones periódicas a los miembros de las corporaciones policiacas, de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

d) Julio César Flemate Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se implemente un mecanismo a nivel nacional que permita el cruce de padrones de sus afiliados. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

e) Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a participar en el Análisis del “Tercer Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir en el año dos mil catorce con el compromiso nacional de la década de la educación para el desarrollo sustentable. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

f) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la Defensa de la Libertad de Expresión. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

g) Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desarrollo metropolitano. Se remite a la Cámara de Senadores.

h) Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, en relación a los asesinatos suscitados en el estado de Chihuahua en contra de la niñez. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

i) Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Desarrollo Integral de la Familia. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

j) Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la Industria Vitivinícola y productos derivados de la Vid. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

k) Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, para que implemente las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del quince de diciembre del presente año. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

l) Lourdes Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua, para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la infancia. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que la Comisión de Trabajo y Previsión Social hace convocatoria formal para su sesión ordinaria de trabajo, el próximo lunes a partir de las doce horas.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes seis de noviembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con veintitrés minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se aprueba.Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Tomás Torres Mercado cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Rosa Elba Pérez Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que el diputado David Pérez Tejada Padilla cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que el diputado Tomás Torres Mercado cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado David Pérez Tejada Padilla cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado. Comuníquese.

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 4.3. 771 /2012, el licenciado Arturo Rivera Magaña, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo enero-junio de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Transporte, para su conocimiento.

GASOLINERAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0161 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.600 suscrito por la maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, directora general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la modificación de los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCFI-2012.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/2864/12, del 12 de octubre del año en curso, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados por el que exhorta a la Secretaría de Economía, para que modifique los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCFI-2012 con el fin de que se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos, por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país.

Al respecto, la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad informa que conforme a la NOM 005, vigente desde 2005, que regula las especificaciones y la verificación de los dispensarios para el despacho de gasolina y diesel, no es obligatorio que éstos cuenten con los instrumentos que transparenten su operación (aditamentos de confiabilidad), y tampoco existe ninguna norma que regule el software (programas informáticos) que envía las instrucciones para su operación. Dicha circunstancia, a pesar de que el artículo 9 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) define que, a través de la Dirección General de Verificación de Combustibles, se realizan verificaciones a Estaciones de Servicio, para constatar el cumplimiento de las leyes y normas en el rubro, ha evitado en el pasado que haya la posibilidad de verificar el historial de operación de los dispensarios, ni el software que controla los dispensarios, y, con ello, proteger de manera más eficaz a los consumidores de gasolina y diesel.

Cabe señalar, empero, que de 2008 a 2010 la Procuraduría en mención in movilizó el 26.02 por ciento de dispensarios de las estaciones verificadas, documentándose una afectación al consumidor por combustible pagado y no entregado de 622 millones de pesos anuales. Es por esto, que desde el 26 de octubre del presente año entró en vigor la modificación a la Norma Oficial Mexicana 005 (NOM005) y la nueva Norma Oficial Mexicana 185 (NOM185), que protegerán el bolsillo de los consumidores garantizándoles a plenitud que a partir de esta fecha recibirán completo el combustible que pagan en las gasolineras.

No omito señalar que los trabajos para la modificación de las normas referidas comenzó en el mes de noviembre de 2010 y en los trabajos participaron además del Comité de Normas de la Secretaría de Economía, diferentes asociaciones de gasolineros e instancias empresariales como la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, AC, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur). En consecuencia, con la nueva normatividad la Profeco tendrá facultades legales plenas para verificar los 43 mil dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país, y sancionar, multar y clausurar a aquellas gasolineras que no cumplan con lo establecido por las nuevas normas oficiales mexicanas.

Derivado de esta situación los dispensarios o bombas de combustible de las 10 mil gasolineras del país podrán contar con aditamentos y software que impedirá la manipulación en perjuicio de los compradores de gasolina y diesel. Con ello se generará a los consumidores un beneficio de aproximadamente 3 mil 111 millones de pesos durante los 5 años que estará en vigor. Se calcula que el sector gasolinero invertirá en total mil quinientos cuarenta millones de pesos, pero el beneficio para el consumidor de gasolina y diesel será más del doble. Cabe hacer mención que según cifras del Inegi de 2007 a 2010 ha aumentado el número potencial de clientes para las estaciones de gasolina, con los beneficios que ello conlleva para el ramo.

Es importante precisar, por otra parte, que actualmente existen únicamente en operación 46 mil dispensarios en todo el país; y que al día de hoy, a partir de estimaciones más certeras, realizadas en coordinación con Pemex, se considera que sólo 5 mil dispensarios de ellos se deben remplazar y aproximadamente 35 mil dispensarios requieren actualizarse únicamente. Es decir, desde 2006 se realizaron esfuerzos para que los gasolineros incorporaran voluntariamente los aditamentos de confiabilidad que ahora serán obligatorios, destacando el hecho que en estos esfuerzos se ofrecieron incentivos fiscales que les permitían deducir el 100 por ciento de la inversión para remplazar los dispensarios en dos años.

Actualmente, la Secretaría de Economía, a través del Fideicomiso México Emprende, otorgó un fondo de garantía de 50 millones de pesos para apoyar a los empresarios gasolineros en equipamiento, remodelación y renovación de planta y equipo, adquisición de activos fijos y para capital de trabajo. Nacional Financiera, Nafin, por su parte, ya cuenta con la acreditación del Banco Santander como intermediario financiero para aplicar dicho fondo y facilitar el crédito a los empresarios. Este banco ya se encuentra operando y puede atender las solicitudes correspondientes. Adicionalmente, Nafin se encuentra trabajando con algunas otras instituciones bancarias en su acreditación, como lo es Banorte y Unión de Crédito de Gasolineros.

Ahora bien, dentro de los argumentos del exhorto aprobado por la Cámara de Diputados se señala que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país. Sobre el punto, es importante apuntar que desde hace varios años en el mercado nacional están disponibles los dispensarios que ya cumplen con la nueva normatividad y pueden ser adquiridos en cualquier momento. Desde junio de 2012 se encuentran, en el sitio de internet de la Secretaría de Economía, los diversos paquetes de esclarecimiento que permiten adecuar los dispensarios instalados; y están disponibles en el mercado desde hace nueve meses. Una muestra de lo anterior es que desde el mes de febrero pasado diversas empresas familiares, Pyme, y grandes grupos, iniciaron ya el remplazo y adecuación de sus dispensarios con paquetes de esclarecimiento en sus gasolineras instaladas en todo el país. No obstante lo anterior, se tiene conocimiento que algunos empresarios gasolineros recibirán la instalación del escalamiento o del dispensario con posterioridad a la entrada en vigor de las normas.

Reconociendo estas dificultades, esta secretaría y la Profeco, implementarán un esquema de reconocimiento para identificar las estaciones de servicio que se encuentren en esta situación. Para la aplicación de dicho esquema será indispensable que las estaciones de servicio estén en los siguientes supuestos: i) que reporten a la Secretaría de Economía, directamente o a través de la organización en la que están agremiados, la fecha en que se contrató el escalamiento o remplazo de su dispensario y ésta sea anterior al 26 de octubre de 2012; ii) que den a conocer la fecha en que su distribuidor hará la instalación; y, iii) que cuenten con la documentación que acredite las fechas mencionadas.

De esta forma, tanto la Secretaría de Economía, como la Profeco, podrán garantizar la protección a los consumidores de combustible, sin dejar en estado de indefensión a los empresarios gasolineros.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del Acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2012.— Maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), directora general de Enlace.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

LAICIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0057, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0418/12, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la defensa al principio de laicidad de la educación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/UEL/311/2681/12, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados en la sesión del 13 de septiembre de 2012, referente al exhorto a esta Secretaría para que en el ámbito de su competencia y ante la ofensiva de que es objeto la educación pública, garantice su defensa, rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación, así como la pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento.

Atentamente

México, DF, 29 de octubre de 2012.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Me refiero a su atento oficio número UR 120 UCE/CECU/0377/12, referencia 0197, mediante el cual remitió a esta Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas copia simple del oficio número SEL/UEL/311/ 2681/12, mediante el cual la unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de diputados en la sesión del 13 de septiembre de 2012, que señala lo siguiente

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que en el ámbito de su competencia y ante la ofensiva de que es objeto la educación pública, garantice su defensa y rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados reconoce que los libros de Texto Gratuitos, constituyen un instrumento fundamental para la equidad y calidad de la educación pública; ésta constituye un derecho y es obligación del Estado garantizar el acceso de todos los mexicanas (sic) y mexicanos a una educación pública, laica y gratuita.

En cuanto al resolutivo primero en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que en el ámbito de su competencia y ante la ofensiva de que es objeto la educación pública, garantice su defensa y rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento, se comenta lo siguiente:

CPEUM

En primer término el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte conducente lo siguiente:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado–federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios

Además:

a) a c). ...

III. ...

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

De lo citado con anterioridad y en uso del método de interpretación gramatical, el precepto constitucional señala en primera instancia que la educación que imparte el Estado, deberá tener como característica principal la laicidad, es decir; la función social del Estado de impartir educación debe ser independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

En este mismo tenor, la fracción IV del artículo en comento alude a la educación gratuita como una característica más que conforma la base de la educación que imparte el Estado.

Ahora bien, es toral en el presente punto de acuerdo señalar el contenido del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creen-cia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

De lo anterior, y en uso del método gramatical, podemos denotar que el artículo 24 tiene contenido el principio de libertad religiosa, libertad de creencia y libertad de cultos.

Asimismo, en uso del método de interpretación sistemática el artículo en comento establece una serie de derechos como la libertad de creencias, su manifestación, la asociación con motivos religiosos, la no discriminación por tener alguna creencia especifica, la celebración del culto privado o en templos.

Cabe destacar, que el párrafo segundo expresamente señala que el Poder Legislativo no puede dictar leyes que prohíban o en su caso favorezcan religión alguna, con lo cual es posible constatar el principio de laicidad que debe privar en toda organización estatal.

En este orden de ideas, es necesario señalar el contenido del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala expresamente:

Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados,

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al Que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez Que las mismas les atribuyan.

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.

El artículo 130 establece expresamente la separación del Estado y las iglesias con base en el principio histórico, asimismo las iglesias y agrupaciones religiosas quedan sujetas a las disposiciones jurídicas aplicables a la materia.

De tal suerte se regula la facultad, del Congreso para legislar sobre la materia de culto público, así como de iglesias y agrupaciones religiosas de conformidad con la ley especial cuyo contenido debe obedecer a la personalidad jurídica de las asociaciones previo registro y con las condiciones y requisitos que la Ley de la materia establezca.

De igual forma el artículo en análisis alude a la no intervención de la vida interna de las asociaciones religiosas, el ejercicio de cualquier culto y sus requisitos, la prohibición de los ministros de culto para desempeñar cargos públicos, para asociarse con fines políticos, para heredar testamentaria mente, la taxativa de los actos civiles y su competencia.

Así las cosas, y como es posible observar, la normativa en comento establece diversas hipótesis que son fundamento de las disposiciones de orden público que deberán desarrollar y concretar por mandato constitucional la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

En consecuencia, consideramos importante hacer mención del contenido de las diversas disposiciones a que alude la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a saber:

Artículo 1o. La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.

En este tenor, es factible percibir que la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público corresponde al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobernación.

De tal suerte que la misma normativa en análisis, regula una serie de infracciones y sanciones en el tenor siguiente:

Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:

I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos;

II. Agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo;

III. Adquirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas, por si o por interpósita persona, bienes y derechos que no sean, exclusivamente, los indispensables para su objeto, así como concesiones de la naturaleza que fuesen;

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos;

V. Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos;

VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del registro constitutivo otorgado por la Secretaría de Gobernación;

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier titulo, a un fin distinto del previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente;

VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa;

IX. Convertir un acto religioso en reunión de carácter político:

X. Oponerse a las Leyes del País o a sus instituciones en reuniones públicas;

XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural del país. y que están en uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las acciones que sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y valor;

XII. Omitir las acciones contempladas en el artículo 12 Bis de la presente ley;

XIII. La comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones; y

XIV. Las demás que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

Ley Orgánica de la Administración Pública

Por lo antes señalado y determinada que fue la competencia en cuanto al tema toral del presente asunto, es indispensable señalar que de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, corresponde a la Secretaría de Educación Pública lo siguiente:

Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural.

b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del artículo 123 constitucional.

c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos.

d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

e) La enseñanza superior y profesional.

f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general;

II. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares;

III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias;

IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la república, dependientes de la federación, exceptuadas las que por la ley estén adscritas a otras dependencias del gobierno federal;

V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;

VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito en el artículo 3o. constitucional;

VII. Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostenga la propia Secretaría o que formen parte de sus dependencias;

VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico;

X. Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XI. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro, y crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo de personal;

XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria y artística;

XIII. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero;

XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el país y organizar concursos para autores, actores y escenógrafos y en general promover su mejoramiento;

XV. Revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que acrediten;

XVI. Vigilar con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones;

XVII. Organizar misiones culturales;

XVIII. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;

XIX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;

XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;

XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;

XXII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural;

XXIII. Determinar y organizar la participación oficial del país en competencias deportivas internacionales, organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos, cuando no corresponda hacerlo expresamente a otra dependencia del gobierno federal;

XXIV. Cooperar en las tareas que desempeñe la Confederación Deportiva y mantener la Escuela de Educación Física;

XXV. Formular normas y programas, y ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo; promover y en su caso, organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte; fomentar los estudios de posgrado y la investigación de las ciencias del deporte; así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal;

XXVI. (Se deroga).

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;

XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal;

XXIX. Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial;

XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centro de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran, y

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisaras pertenecientes al Ejecutivo federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de Estado; y

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Ley General de Educación

En este mismo sentido, y determinada la competencia de la Secretaría de Educación Pública; en cuanto al tema central del punto de acuerdo el artículo 5o. Ley General de Educación, establece lo siguiente:

Artículo 5o. La educación que el Estado imparta será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Conforme a lo anterior, es notorio que la Ley General de Educación recoge el principio constitucional del artículo 3o., de tal guisa que el derecho a la educación que imparte el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– que impartan educación será laica y por lo tanto se mantiene ajena a cualquier doctrina religiosa.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Por otra parte, dentro de las políticas públicas de la materia en comento, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el cual en el Eje 3, “Igualdad de Oportunidades” y en cuanto al desarrollo integral 3.3, “Transformación Educativa”, refiere lo siguiente:

El Constituyente de 1917 estableció en el artículo tercero de la Carta Magna el derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. La educación en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando a plenitud las facultades humanas.

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

En cuanto a las políticas públicas relativas a la educación, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 establece dentro del objetivo 4, relativo a “ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural”, lo siguiente:

Una política pública que en estricto apego al artículo tercero constitucional, promueva una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad cultural.Una educación que promueva ante todo el desarrollo digno de la persona, que pueda desenvolver sus potencialidades, que le permitan reconocer y defender sus derechos, así como cumplir con sus responsabilidades. Para realizar esta prioridad, se implementarán programas de estudio y modelos de gestión que equilibren la adquisición de conocimientos y el desarrollo habilidades en las áreas científica, humanista, de lenguaje y comunicación, cultural, artística y deportiva, con el desarrollo ético, la práctica de la tolerancia y los valores de la democracia.

Jurisprudencia SCJN

Resulta entonces importante por los comentarios anteriores, aludir al criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de la Nación que se expresa en los términos siguientes:

Época: Quinta Época

Registro. 314839

Instancia: Primera Sala

Tipo Tesis: Tesis Aislada

Fuente. Semanario Judicial de la Federación

Localización XXVIII

Materia(s): Constitucional

Tesis

Página 1426

[TA]; 5a. Época; 1a Sala; S.J.F; XXVIII; página 1426

Libertad de Enseñanza

El artículo 3o. de la Constitución no impone obligación alguna a los particulares, sino que, respecto a éstos, consagra y reconoce una de las garantías que la naturaleza les otorga como hombres, proclamando, en primer término, la libertad de enseñanza, y añadiendo la taxativa de que será laica la que se imparta en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria; por consiguiente, esta taxativa no entraña una prevención para los particulares, sino para los educadores. Por otra parte, si bien el artículo 31 de la Constitución, impone a los mexicanos la obligación de hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas y privadas, para obtener la educación primaria elemental, también lo es que el mismo precepto tiene en cuenta para los efectos consiguientes, las leyes del lugar, puesto que agrega: que esa concurrencia a las escuelas deberá ser “durante el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada estado” y si esa ley sólo castiga con leve pena administrativa la falta de asistencia a las escuelas, es evidente que la excitativa que se haga para no asistir, no puede constituir el delito de provocación a la desobediencia de una ley, porque no puede haberla, cuando sólo se recomienda acogerse a una franquicia o excepción que la misma ley consigna.

Primera Sala

Amparo penal directo 4453/27 Ballesteros Jesús. 13 de marzo de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Enrique Osorno Aguilar. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Por lo antes expuesto y fundado, se concluye lo siguiente:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de forma taxativa en el artículo 3o. el derecho a recibir educación, misma que garantizada por el artículo 24 será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

2. Por su parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en atención a los principios que establecen los artículos 3, 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reitera el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, y acota de forma tajante el principio de derecho, asimismo reafirma que el Estado mexicano es laico, lo que se traduce en que el Estado es quien ejerce la autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, lo anterior a efecto de constreñir a los sujetos obligados a observar la normativa inherente a la materia.

3. Ahora bien, como fue posible observar, la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley General de Educación en el ámbito y cumplimiento de sus atribuciones, coadyuva a que la educación que el Estado imparta sea laica y, por tanto, se mantenga por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

4. En este sentido, la materialización de las políticas educativas en materia de educación laica se desarrollan en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2012 y el Programa Sectorial Educativo 2007-2012 conforme a lo expuesto en el cuerpo del presente ocurso.

No es óbice de lo anterior señalar que esta Secretaría de Educación Pública, consciente de la ofensiva que se presume es objeto la educación pública, con base en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley General de Educación y demás ordenamientos legales, estará al pendiente de continuar protegiendo y cumpliendo con los principios que establece el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos con 1a finalidad de que la educación que imparta el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– continúe siendo laica y por tanto se mantenga ajena a cualquier doctrina religiosa, en todos y cada uno de las actividades emanadas del ejercicio de sus atribuciones.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2012.— Licenciado Roberto Martínez Becerril (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

GRUPO AZUCARERO GARGONZ

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-11-8-0103, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-787/2012, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al pago de la liquidación final de la zafra 2011-2012, por parte del Grupo Azucarero Gargonz, a los productores afectados.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio No. SEL/UEL/311/2745/12 del 28 de septiembre de 2012, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el Grupo Azucarero Gonzas, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, pague la liquidación de la zafra 2011-2012, a los productores afectados, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, mediante oficio número AFU/DG/2012/0316 del 25 de octubre de 2012, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2012.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica).»

«Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Licenciado Mariano Ruiz Funes Macedo, subsecretario de Agricultura en la Sagarpa.— Presente.

Hago referencia al oficio número 112.2.-742/2012, de fecha 15 de octubre de 2012, signado por el Licenciado Salvador Moreno Cerda y remitido para su atención a este Comité Nacional mediante el Sistema de Control y Administración de Gestión de la Sagarpa, mismo que contiene el resolutivo contenido en el punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el Grupo Azucarero Gonzas pague la liquidación de la zafra 2011-2012, a los productores afectados, al respecto me permito comentar lo siguiente:

1. De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, así como en el Estatuto Orgánico del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el Comité Nacional no tiene facultades coactivas para solicitar al propietario del ingenio Nuevo San Francisco ni al de ningún otro ingenio, que pague la liquidación de la zafra 2011-2012, o cualquier otra deuda que se tenga entre particulares.

2. En el mismo tenor, el Comité Nacional establece el precio de referencia del azúcar que rige anualmente, mismo que se publica en el mes de octubre del primer año de cada zafra, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; el cual sirve para el pago de la caña de azúcar, acto que se da entre particulares y no representa un precio oficial, como se expone en el punto de acuerdo en estudio

3. En el punto de acuerdo a que se hace referencia, en ningún momento se hace mención ni se incluye constancia de que quien se dice afectado en la controversia planteada haya acudido ante las instancias correspondientes para dirimir este asunto, autoridades que se encuentran claramente establecidas en el artículo 119 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; en primer lugar el Comité de Producción y Calidad Cañera correspondiente al ingenio como instancia de conciliación o, en su defecto, los tribunales correspondientes que actúen en suplencia de la Junta Permanente, al no existir ésta.

4. Si bien el Comité Nacional no cuenta con facultades coactivas para obligar a los particulares como se establece en el punto uno del presente, y no se demuestra que el agraviado haya acudido ante las autoridades señaladas por el ordenamiento aplicable, suponiendo sin conceder que al comité le corresponde dirimir dicha controversia, en el punto de acuerdo en cuestión no se especifica claramente el conflicto a tratar, es decir, no se menciona cuál es el concepto específico que se les adeuda a los abastecedores de caña, el porcentaje que se adeuda, la cantidad exacta que se adeuda, la fecha exacta con que se debió haber pagado, la cantidad que ya se pagó, o algún dato que permita establecer claramente concepto y/o cantidad del adeudo. De la misma manera, tampoco se exhibe documento alguno que acredite dicho adeudo, o algún otro medio que permita acreditar la falta de pago que se reclama, y mucho menos calcular la cantidad que se dice que se adeuda, por lo cual resulta inviable realizar, por ejemplo, alguna comunicación a dicho ingenio exhortándolo a dicho pago.

Lo que comunico a usted, con fundamento en los artículos 17, fracción I, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y 14 del Estatuto Orgánico de este Comité Nacional.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2012.— Ingeniera Rocío de las Mercedes Nieves Bermúdez (rúbrica), directora general del Conadesuca.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para cumplir lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012; y 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2012.

Adicionalmente, en atención de lo dispuesto en el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes a septiembre de 2012.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como su pago, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente a septiembre de 2011.

Para cumplir los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

México, DF, a 30 de octubre de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen el siguiente punto de acuerdo:

“ Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para combatir la plaga conocida como ‘dragón amarillo’. Asimismo, ampliar la vigencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-047-FITO-2009, para que sigan vigente las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) de los cítricos en el territorio nacional.

” Segundo, El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a que se modifiquen las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 2012 y sean consideradas para el año 2013, a efecto de que se incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas por fenómenos climáticos y/o fitosanitarios.

” Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos 2013 se asignen mayores recursos a programas que combatan la propagación de plagas y que se ponga atención en el presupuesto asignado para el Programa de Empleo Temporal.

” Cuarto. El Senado de la República solicita al gobierno federal informe a esta soberanía, a través de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, de las acciones realizadas para combatir la plaga conocida como dragón amarillo y que se instale una mesa de trabajo con la participación de productores y autoridades.”

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.—  Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 asigne una partida para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se asigne una partida para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que de acuerdo a los compromisos de la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos y ratificados por el Estado mexicano, a partir de 2015, el gobierno federal y los estatales serán evaluados por su capacidad de contar con conectividad de banda ancha y sus beneficios en al menos el 51 por ciento de su población, toda vez que estos objetivos acrecientan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a través de aplicaciones educativas desarrolladas en Internet, mejoras en los servicios de salud a través de aplicaciones como el expediente clínico electrónico y la telemedicina, así como acercar el gobierno a la gente a través de procesos y trámites agiles en línea.

Sin embargo, derivado de la costosa oferta de servicios de conectividad y los altos niveles de pobreza existentes, el país enfrenta un enorme rezago en materia de brecha digital que imposibilitaran cumplir con los compromisos pactados con la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De manera enunciativa y para ubicar el tema en el contexto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que tan solo en Oaxaca, de 934 mil viviendas particulares, el 39.6% de ellas cuenta con al menos un teléfono celular (lugar 32 nacional); 20.7% dispone de telefonía fija (lugar 31), 14.4% tiene computadoras (lugar 31) y el 7.8% cuenta con acceso a Internet (lugar 31).Datos ilustrativos, pero que representan un atraso cuantitativo en materia de tecnología.

A partir del año 2002, el Gobierno federal puso en marcha la firma de cinco convenios de colaboración intersecretarial, que son: SEP-SCT; INEA-SCT; Salud-SCT; Sedesol-SCT y Segob-SCT y suscribió la Declaratoria de Conectividad para el Sistema Nacional e-México, así como la constitución del Fideicomiso público E-México, instrumentos legales a cargo de la ejecución, supervisión y operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El propósito del Fideicomiso E-México fue precisamente combatir la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet de impacto social a toda la población, en plena armonía con los objetivos de la sociedad de la información.

Al cierre del segundo trimestre de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el Fideicomiso E-México tuvo ingresos por 5 mil 39.7 millones de pesos, rendimientos por 167.3 millones de pesos, egresos por 163.1 millones, quedándole una disponibilidad por 8 mil 854 millones de pesos. A pesar del elevado rendimiento y acceso a los recursos, la Auditoría Superior de la Federación, al cierre del ejercicio 2010, consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso e-México, al no ejecutar recursos comprometidos en 28 proyectos evaluados y autorizados por el comité técnico.

De acuerdo con dicha auditoría, la carencia de políticas o procedimientos específicos que regulen la planeación, percepción, evaluación, aprobación, ejecución, control y administración financiera de los proyectos apoyados por el Fideicomiso e-México implicó que se negaran la asignación de proyectos, así como un mal manejo de los recursos destinados. De igual forma, el órgano fiscalizador detectó que la titular del Fideicomiso e-México no contaba con facultades legales o autorización del comité técnico para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios, con lo cual se actualiza la malversación de los recursos.

Bajo ese panorama, la Auditoría Superior de la Federación ha solicitado al Congreso de la Unión analice la viabilidad de suspender la asignación de recursos presupuestales para el Fideicomiso e-México cuando conserve fondos presupuestales no asignados.

Lo anterior significa que no ha existido capacidad y visión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para aplicar los recursos destinados año tras año al Fideicomiso E-México, pues desde su creación 2002, con una aportación inicial de 120 millones de pesos, no ha existido la capacidad por parte de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT para aplicar los recursos del Fideicomiso llegando hoy en día a los más de 8 mil 854 millones de pesos, asimismo, el área técnica de la Sociedad de la Información y el Conocimiento no ha cumplido con el abatimiento de la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet y de impacto social a toda la población.

Propuesta

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre ha propugnado por permitir el acceso a la información y la posibilidad de estar comunicados con el resto de la sociedad a través de la evolución tecnológica, así como de todas las herramientas técnicas que concreten el desarrollo de nuestro país. De esta forma, consideramos que resulta urgente acrecentar el conocimiento de las fuentes de desarrollo y permitir el acceso igualitario a las tecnologías de la información y comunicaciones a la población, por lo que resulta imperativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asigne la partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, considerando para ello, los recursos del propio Fideicomiso E-México y como parámetro, la base los datos del Inegi en materia de rezago en brecha digital, para crear una fórmula de distribución que permita canalizar estos recursos a los estados para que aceleren la construcción de su propia banda ancha y aplicaciones sobre internet de impacto social.

Adicionalmente, consideramos necesario que a partir de la creación del mencionado fondo y en atención al Pacto Federal, en cada entidad federativa debe prever un instituto de la sociedad de la información y el conocimiento el cual pueda tener plena coordinación y ejecución de programas de forma eficiente con la referida Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de las redes estatales de educación, salud y gobierno.

En suma, con la presente propuesta, el PRD considera que el Estado mexicano tendrá mayores posibilidades para asegurar a sus gobernados el acceso a los servicios electrónicos y digitales que actualmente existen en la sociedad.

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con la finalidad de abatir el rezago en brecha digital y aplicaciones de Internet de impacto social.

Dado en el salón de sesiones, a los 30 días del mes de octubre de dos mil doce.— Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, que presenta el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Honorable Asamblea

El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población mexicana asciende a 112 millones 336 mil 538 personas, de las cuales el 32 por ciento son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

Históricamente México se ha caracterizado por tener una población con un alto porcentaje de niños y jóvenes. Entre 1950 y 2000 los niños entre cero y 14 años representaron más del 45 por ciento del total de la población; y si bien durante los años setenta se redujo el crecimiento demográfico, para 2008 el número de jóvenes todavía representó 27.3 por ciento del total, según datos del Consejo Nacional de Población.

Resalta que en términos absolutos, el número de jóvenes se ha elevado sensiblemente hasta alcanzar en 2010, 36 millones 210 mil 692. El crecimiento, de acuerdo con dicho consejo, será constante hasta el año 2020 y a partir de ese momento, la pirámide poblacional comenzará a cambiar y la proporción de jóvenes comenzará a disminuir.

Este fenómeno demográfico da a México el privilegio de contar con un verdadero bono demográfico que, de aprovecharlo adecuadamente, permitirá que nuestro país alcance un desarrollo económico y social histórico durante los próximos años.

Lamentablemente, estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente.

Las cifras estadísticas revelan la situación por la que atraviesan los jóvenes mexicanos:

En educación y empleo, 8 millones de jóvenes no estudian y no trabajan. De éstos, algunos son migrantes (2 millones); otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón), como el empleo informal con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad en el trabajo y perspectivas de mejora laboral negativas. Otros más están en los reclusorios (119 mil) y el resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado.

De las y los jóvenes con empleo, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 arrojó que 61.43 por ciento ganan entre 1 y 3 salarios mínimos.

Por lo que hace a la cobertura educativa, en el nivel medio superior cada año miles de jóvenes quedan sin oportunidad de estudiar. Baste recordar que para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla tuvo la oportunidad de ingresar.

Respecto de la salud, 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio y, adicionalmente, 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tiene contacto con alcohol y drogas, lo cual, para algunos especialistas, convierte a las adicciones en el principal problema que podría enfrentar la juventud.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca de 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes..

Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país, en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno, particularmente los Poderes Legislativo y Ejecutivo federales, han realizado importantes esfuerzos para destinar recursos y llevar a cabo programas y acciones de atención a la juventud, también es verdad que dichos esfuerzos no han sido suficientes para atender sus necesidades. Necesitamos más trabajo, más recursos y más eficacia para garantizar el desarrollo de la juventud.

En 2011 el presupuesto destinado al Instituto Mexicano de la Juventud fue de 368 millones de pesos; mientras que para 2012 esta cifra disminuyó en 24 millones de pesos, es decir tuvo un decremento de 6.7 por ciento respecto de 2011. Se trata de una disminución de recursos con efectos reales en las acciones que puede realizar el instituto a favor de la juventud, pero, sobre todo, en condiciones de bienestar presente y oportunidades futuras para nuestros jóvenes. Más aún: no basta con mantener el presupuesto para este sector de nuestra población: necesitamos más recursos, mejor distribuidos y con eficacia en sus resultados, para hacer justicia a la tercera parte de nuestra población.

Por otro lado, debemos insistir en la urgencia de mejorar la información sobre la totalidad de los recursos que se destinan a los jóvenes y sobre sus resultados. Sabemos que el gobierno federal, a través de distintas secretarías y entidades de la administración pública, implementa diversos programas orientados a la juventud; sin embargo, no se conoce con certeza la totalidad ni la distribución del presupuesto que se destina para dicho fin. Además, todavía es incierto el número de los programas y acciones que se implementan en la materia.

Por ello, es trascendental avanzar en el trabajo que la Cámara de Diputados realiza desde la LXI Legislatura, para sistematizar estos datos mediante el anexo denominado “Programas para el desarrollo integral de los jóvenes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de ese apartado del presupuesto es conocer la totalidad de los recursos dirigidos a este sector, así como identificar, dar seguimiento, evaluar y corregir los programas y acciones implementadas y operadas a favor de la juventud.

Hay que recordar que el mencionado anexo se creó para el ejercicio presupuestal del 2010, y que ello permitió identificar recursos por 9 mil 719 millones de pesos, así como 8 programas implementados por 2 secretarías de Estado. En el mismo tenor, en 2011 se hicieron visibles 125 mil 041 mdp y se identificaron 29 programas a cargo de 2 secretarías; para 2012, se hicieron visibles 135 mil 731 mdp y se conocieron 31 programas implementados por 5 secretarías.

Este anexo constituye un instrumento fundamental de transparencia, seguimiento y evaluación no sólo para el gobierno federal, sino para la población mexicana y para el trabajo que los legisladores tenemos, por lo que su permanencia y ampliación en el presupuesto es fundamental.

Por lo expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incremente los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Segundo.La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que amplíe y apruebe el Anexo 22. Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes del PEF de 2012, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Notas:

1 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

2 Inegi, conteo 2005.

3 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

4 SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

5 Encuesta Nacional de Juventud 2005.

6 Encuesta Nacional de Salud 2006.

7 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

Senado de la República, a 30 de octubre de 2012.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la construcción de hospitales de especialidades.

La presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Salud y a la Cámara de Diputados el segundo resolutivo.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«David Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presentó ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los hospitales son instituciones encargadas de diagnosticar y otorgar un adecuado tratamiento a los enfermos, así como realizar investigaciones y otorgar constantes capacitaciones a los médicos y enfermeras.

Los avances tecnológicos en la medicina, obligan a los hospitales a adaptarse a los nuevos cambios en la ciencia de salud, no obstante, el proceso evolutivo de hospitales modernos en México se encuentra rezagado.

Un claro ejemplo lo tuvimos con la contingencia del virus de la influenza AH1N1 que vivimos en 2009, dicha patología dejó al descubierto la falta de médicos, la saturación de servicios y la poca coordinación entre instituciones de salud carentes de infraestructura.

Lo anterior se debe en gran parte a la poca inversión que hay en el sector salud, al respecto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del reporte Health en el año 2008, mencionó que México destina al sector salud sólo 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), cuando el promedio de los países miembros, es de 8.9 por ciento del PIB.

Lo anterior es sólo uno más de los factores que originan que contemos con un sistema de salud anacrónico, que no atiende las verdaderas y justas demandas de los ciudadanos, lo cual viola uno de los principios establecidos en nuestra Carta Magna, la cual establece en su artículo 4o. constitucional que: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el año 2010 en nuestro país había más de 35 millones de personas sin seguridad social, esta cifra genera que el sueño de tener acceso a la seguridad social se convierta en una pesadilla.

En definitiva el Estado mexicano no cumple cabalmente ni con su legislación, ni con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se señala a la salud como el goce máximo y el derecho a la vida que puede alcanzar un ser humano, de igual manera, establece que es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad entre los estados.

Cabe mencionar que en nuestro país sólo existen tres instituciones que otorgan seguridad social a nivel nacional: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular.

Si bien es cierto, que la administración federal ha robustecido la seguridad médica por medio del Seguro Popular, ésta sigue resultado insuficiente, pues no se han construido los suficientes centros hospitalarios que la población mexicana requiere, y mucho menos clínicas y hospitales de especialidades, donde se traten enfermedades crónico-degenerativas que la ciudadanía no puede enfrentar por su cuenta. Además de la falta crónica y sistemática del cuadro básico de medicinas y de equipo técnico para la atención médica.

A grosso modo, podemos decir que las enfermedades crónico-degenerativas, están relacionadas directamente con la forma de vida de los ciudadanos, dichos padecimientos afectan cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, siendo los más comunes en México la obesidad y la diabetes, así como el aumento en los niveles tanto de colesterol como de la presión arterial, los cuales, como lo mencioné anteriormente, no son atendidas en el Seguro Popular.

Por su parte, en el ISSSTE sólo 35.5 por ciento de sus quirófanos cuentan con instrumentos médicos modernos, lo que deja ver que las instituciones de salud necesitan ser renovadas, principalmente los hospitales que tienen entre 30 y 50 años de antigüedad.

Lo que no se explica es cómo la actual administración federal ha otorgado el doble de recursos económicos al sector salud (más de 1.2 billones de pesos), y aún no se ha logrado garantizar el derecho de la salud de todos los mexicanos.

En 2007 había 0.8 camas por cada 100 mil habitantes, tristemente en 2011 la cifra fue la misma, los números no cambiaron, a pesar que la actual administración federal ha construido seis hospitales de alta especialidad: el del Bajío; de Oaxaca; de la Península de Yucatán; de Chiapas; de Ciudad Victoria “Bicentenario 2011”, y el de Ixtapaluca.

No obstante, es urgente que se continúe la construcción de más hospitales de especialidades, a fin de que por lo menos exista uno de estos nosocomios en cada estado de la República Mexicana.

Con la creación de más hospitales de especialidades, se mejoraría la infraestructura hospitalaria de México, la cual según la OCDE cuenta con 20 médicos, 9 enfermeras y 16 camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes.

Tan sólo en el Distrito Federal existen 26 hospitales y 210 centros de salud, cuyos principales problemas son la falta de personal médico, el desabasto de medicamentos y el material quirúrgico.

Específicamente en la delegación Álvaro Obregón, los centros de salud tienen de entre 2 a 4 consultorios médicos, pero solamente dan consulta en 2 de ellos; los centros de salud carecen de servicios como rayos X, ortopedistas, terapeutas, ginecólogos y pediatras.

Las largas filas en los centros de salud y hospitales no han disminuido, al contrario van en aumento, lo que provoca que sólo los pacientes más favorecidos económicamente puedan atenderse de urgencia en alguna institución privada, absorbiendo por completo su costo.

Lo expuesto anteriormente es una radiografía de lo que sucede a nivel nacional, muy por el contrario de lo que realmente se ha pregonado por parte del Poder Ejecutivo, quien presume sistemáticamente haber mejorado la infraestructura hospitalaria y el acceso a los servicios médicos.

Por tal razón, es substancial e inaplazable realizar acciones con el objetivo de mejorar la infraestructura de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud, para contar con una base sólida con la que se pueda garantizar el derecho a la salud establecido en nuestra Constitución.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Salud y en coordinación con los gobernadores de las entidades federativas mexicanas y el jefe de gobierno del Distrito Federal, realicen los estudios necesarios enfocados a la construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la materia.

Segundo. Que esta soberanía exhorte respetosamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se erogue un presupuesto adicional a la Secretaría de Salud, etiquetado exclusivamente para la construcción, modernización y/o ampliación de infraestructura hospitalaria en el país.

Notas:

1. Véase Perfil de México a través de indicadores clave, disponible en: www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones.../perfil_2011.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2012.

Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Cámara de Diputados para que, en uso de sus atribuciones, destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Pesca y los resolutivos segundo y tercero a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.— Presente.

Francisco Salvador López Brito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal (PET) del Sector Pesquero.

Consideraciones

En México contamos con unas 350 mil personas empleadas en la pesca y si se añade a las familias de los pescadores, así como a los trabajadores en ocupaciones relacionadas con el sector, se estima es una población cercana a los dos millones la que depende de dicha actividad.

Si bien es cierto, el sector pesquero aporta una pequeña contribución a la economía nacional, 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en algunas entidades tiene una destacada importancia. Así por ejemplo, en Sinaloa y Sonora, la pesca contribuye al PIB estatal en casi el 4 por ciento.

Cabe mencionar que existe un alto número de pequeñas comunidades rurales que se dedican a la pesca artesanal y es representa la principal fuente generadora de ingresos para todos sus pobladores, por lo que una situación de captura baja de especies acuáticas o bien el establecimiento de vedas temporales, afecta de manera considerable a la economía local.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2000, los pescadores de los estados colindantes al Golfo de California registraron un ingreso cinco veces mayor al obtenido en el Golfo de México.

Al respecto, según un estudio realizado en el 2009 por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat) denominado “Política Nacional de Mares y Costas de México”, se revela que los trabajadores pesqueros del Pacífico y Mar de Cortés perciben entre dos a cinco salarios mínimos, con excepción de Oaxaca y Chiapas, mientras que en los pescadores del Golfo de México, obtuvieron hasta 2 salarios mínimos, excepto Quintana Roo y Tamaulipas.

Por otro lado, la flota ribereña y costera, representa el 60 por ciento del total de las embarcaciones nacionales, la cual a su vez abastece un 50 por ciento del total del mercado nacional; sin embargo, debido al bajo valor comercial de las especies capturadas y al volumen respectivo, obtienen tan sólo un 3 por ciento del total de los ingresos generados en el sector.

Lo anterior, derivado a que es la pesca de altura la que captura las especies de mayor valor comercial, tales como camarón y el atún, y de elevado volumen, como la sardina.

De acuerdo a una investigación realizada por la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el 2008, titulada “diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre posibles soluciones a los problemas que afectan al sector pesquero en México”, los niveles de bienestar de las comunidades pesqueras están sustancialmente por debajo de los promedios nacionales en los principales indicadores reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

Los problemas identificados que abonan esta situación, principalmente en lo que respecta al ingreso, son la disminución del ciclo de capturas para el establecimiento de vedas y los bajos precios de los productos pesqueros.

Según el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola del 2011, entre las principales problemas que enfrenta el sector se encuentra el sobreesfuerzo pesquero en embarcaciones de altura y ribereñas, al identificarse una captura excesiva de organismos acuáticos juveniles, violaciones a las épocas y zonas de veda y la falta de oportunidades de trabajo y créditos.

Por tal motivo, el Estado mexicano, en el marco de estrategia de combate a la pobreza, así como a la protección de los recursos naturales, está obligado a implementar acciones para elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras, por lo que cuando establezca una veda en la captura de alguna especie debe generar las condiciones para diversificar los ingresos de los pobladores de los campos pesqueros más marginados.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desde el año 1995 opera el Programa de Empleo Temporal (PET), el cual está orientado a beneficiar a hombres y mujeres de 16 años de edad o más, mediante el pago de jornales equivalentes al 99 por ciento de un salario mínimo, esto para afrontar los efectos de una baja demanda de mano obra o de una emergencia, como contraprestación por su participación al ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias.

El PET, de enero de 2007 a junio de 2012, ha beneficiado a un millón 923 mil 458 mujeres y hombres.

El Comité Técnico del PET tiene como función determinar los sectores de la población beneficiadas y está integrado por los directores generales de: Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol, de Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el coordinador general del Servicio Nacional del Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Nacional.

Actualmente, la Sedesol y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura Pesquera (Conapesca), tiene implementado el Programa de Empleo Temporal para el Sector Pesquero 2012.

El programa en referencia tiene por objetivo el apoyar el ingreso temporal de las familias de pescadores, contribuir al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia instrumentadas por la Conapesca, así como contribuir a la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

El PET Pesquero opera en los estados con litoral y en aguas interiores, específicamente donde se han implementando estrategias de vigilancia previstas por Conapesca. En este sentido, el V Informe de Gobierno Federal señala que durante el 2010 se generaron 8 mil 305 empleos, que resultan insuficientes si se toma en cuenta la necesidad existente de vigilar nuestros mares y erradicar la pesca furtiva, por lo que convendría ampliar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro del Programa de Empleo Temporal  para el sector pesquero y así beneficiar por un lado a un mayor número de familias de pescadores en condiciones de pobreza, y por otro lograr proteger el desarrollo de las pesquerías y el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

La explotación racional de los recursos sustentables de la pesca y acuacultura, permitirá al país contar con un factor estratégico para su desarrollo a largo plazo, generando alimento, empleo y divisas con uno de sus recursos con más amplias perspectivas.

En virtud de que la fracción III del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que son prioritarios y de interés público los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, me permito solicitar se destinen mayores recursos para el PET del sector pesquero y sea aplicado en las poblaciones de alta marginalidad afectados por bajas capturas y por el periodo de vedas impuestas para la captura de diferentes especies.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación del Programa de Empleo Temporal del sector pesquero para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren un incremento substancial en los recursos que se destinan e incluyan como beneficiarios a las poblaciones afectadas por una disminución en las capturas de especies y por el establecimiento de periodos de vedas impuestas para la captura de diferentes especies.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente los recursos asignados al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero.

Tercero. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la honorable Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 mayores recursos destinados al Programa de Empleo Temporal para el sector pesquero.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Martha Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo relativo a la atención y prevención del cáncer de ovario.

La Presidencia dispuso que los resolutivos primero y cuarto de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnaran a la Comisión de Salud y los resolutivos segundo y tercero a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Las que suscriben, Martha Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz Domínguez, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el goce del grado máximo de salud que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza, religión, ideología política o condición económica o social.

Las mujeres enfrentamos hoy grandes dificultades para ejercer nuestro derecho ciudadano a la salud. Aún cuando estamos insertas en mayor medida en la esfera pública, la toma de decisiones y el ejercicio del poder sigue teniendo un rostro masculino.

En las mujeres, el cáncer de ovario (caov) se encuentra entre los seis cánceres más frecuentes a nivel mundial, con aproximadamente 205,000 nuevos casos al año, sin embargo, representa el 47% de las defunciones, por lo que se convierte en la primera causa de mortalidad entre los cánceres de origen ginecológico a nivel mundial.

En México, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), reporta 3900 nuevos casos por año, ocupando el tercer lugar de los cánceres ginecológicos, después del cáncer de mamá (cama) y del cáncer de cérvico uterino (cacu).

Existen tres tipos principales: epitelial, germinal y del estroma. El primero, representa el 96% de los casos y es el más frecuente en mujeres mayores de 40 años. El segundo, representa el 4% de los casos y es más frecuente en adolescentes y adultas jóvenes, no obstante, resulta tener la posibilidad más alta de ser curable. El cáncer de estroma es un tipo de cáncer que se origina en las células productoras de hormonas sexuales y muy poco frecuente, razón por la cual no se cuentan datos oficiales que reflejen su índice de morbilidad o mortalidad.

La mayoría de los casos de cáncer epitelial se diagnostican entre los 45 y los 75 años de edad y se encuentran asociados con diversos patrones de riesgo que podrían ayudar a su detección temprana, tales como la menopausia, cuando el ovario ha perdido su función fisiológica y en consecuencia, la función anormal del ovario no produce síntomas; no haber tenido hijas/os; endometriosis; antecedentes personales o familiares de cáncer de ovario; mama o colon principalmente. No obstante, hay un número significativo de casos desde los 30 años.

El cáncer epitelial del ovario es un tumor que se clasifica dentro de las neoplasias malignas del ovario y constituye el 90% de todos los casos, además de ser el más letal debido a su propensión a formar tumores que se diseminan en el abdomen superior.

Sus síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes para la mujer, tales como colitis, cistitis, enfermedad pélvica inflamatoria, parasitosis, dispepsia. Por lo cual, pueden pasar de 6 a 12 meses para recibir el diagnóstico correcto. Es por ello, que 8 de cada 10 mujeres es detectada en etapas avanzadas.

De acuerdo con datos del Incan, pese a que el cáncer de ovario es altamente curable si se diagnostica en etapas tempranas, no obstante la mayoría de las mujeres es diagnosticada cuando el tumor ya se ha diseminado fuera del ovario por lo que el 50% de las pacientes muere antes de los 5 años del diagnóstico. Esto se debe a que el cáncer de ovario generalmente no forma parte del diagnóstico diferencial del médico del primer contacto y la mayoría de las mujeres desconocen su existencia, creyendo que los quistes son comunes y benignos. Además, existe la creencia generalizada de que el papanicolaou es suficiente para detectar cualquier malignidad ginecológica.

El impacto de cáncer de ovario en la sociedad en general no se ha cuantificado aunque se piensa que es muy alto, ya que la mayoría de las mujeres que lo padecen son el único soporte económico y sustento emocional de la familia. La mayoría de las mujeres que son atendidas en el Incan tienen hijas e hijos adolescentes.

El derecho de las mujeres al nivel más elevado de salud física es reconocido por la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer. En la plataforma de acción, aprobada por la Conferencia, se destacó la necesidad de garantizar a las niñas y a las mujeres el acceso universal a la atención y a la salud asequible, oportuna y de calidad.

En este marco el 43° periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, propuso que se adoptaran nuevas medidas para mejorar la calidad de la salud de la mujer, incluida la incorporación de la perspectiva de género en los programas y políticas públicas del sector de la salud, incluido los presupuestos públicos.

En abril de 2011, gracias al esfuerzo de las diputadas que integramos la Comisión de Equidad y Género de la sexagésima primera legislatura, da inicio el Programa de Atención Oportuna a las Mujeres con Cáncer de Ovario con la asignación de 5 millones de pesos a través del anexo 10, correspondiente a erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Los recursos se distribuyeron a partir de dos objetivos estratégicos: tratar a la mujer en forma oportuna, adecuada y completa, y el segundo diagnosticar el cáncer de ovario en etapas tempranas. Para el año 2011, se atendieron 211 mujeres con cáncer de ovario, lo cual represento el 85% de la cobertura total. Cabe mencionar que el 95% del presupuesto fue destinado a la atención médica.

Para el año 2012, la Comisión de Equidad y Género asigna 22.9 millones de pesos para este Programa, y establece 3 nuevos objetivos: El primero, otorgar tratamiento completo y adecuado, impartido por médicos expertos, a las mujeres con Cáncer de Ovario; el segundo, identificar y difundir a todas/os los especialistas del país, las mejores prácticas en el diagnóstico, tratamiento y control y el tercero, establecer programas de detección oportuna dirigidos al médico de primer contacto y a la mujer de alto riesgo.

En este año, gracias al aumento de recursos, el Incan brinda el tratamiento completo que incluye cirugía, quimioterapia, medicamentos de apoyo, hospitalización, terapia intensiva y de atención inmediata.

Sin duda, no es una tarea fácil, la salud de las mujeres es responsabilidad de todas y todos los mexicanos, por ello desde esta tribuna debemos demandar la congruencia en la realización del bien común como prioridad del actuar político. Garanticemos que la legislación y las políticas públicas reflejen un criterio de igualdad de oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, acorde a los derechos humanos reconocidos por el marco jurídico nacional e internacional suscrito por el Estado Mexicano.

En este sentido, cabe destacar que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), es el instrumento internacional más importante en materia de derechos humanos de las mujeres, cuyo fin principal es observar la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres. De acuerdo con ella, la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión a restricción basada. en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Es por ello, que el numeral 1del artículo 12 de la CEDAW establece que los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para la eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica.

No obstante la recomendación general número 24 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer procura detallar la interpretación del artículo 12 en la que se contemplan medida encaminadas a eliminar la discriminación a fin de que la mujer pueda ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud. Estas medidas, no se consideraran apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer.

En este sentido, los Estados Partes deberán abordar los derechos de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las necesidades e intereses propios de la mujer y en qué forma la atención médica cuenta con estas características y factores privativos propios de la mujer en relación al hombre, tales como los factores biológicos (menstruación, función reproductiva y la menopausia).

Para el ejercicio fiscal 2013, es necesario continuar con el tratamiento gratuito a las mujeres que padecen cáncer de ovario en el Incan; que se continúe la difusión de las mejores prácticas entre los médicos especialistas del país; que los gobiernos estatales dentro de sus presupuestas asignen recursos para la ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y atención del cáncer de ovario; reforzar los programas de capacitación a los médicos de primer contacto y continuar creando conciencia entre la población de mujeres.

Sin duda, en la actualidad los estilos de vida insalubres, como el consumo de tabaco, las comidas poco nutritivas y la falta de actividad física, resultan factores esenciales para el crecimiento de la mortalidad y la morbilidad reflejado por los índices crecientes de enfermedades crónicas y letales como el cáncer. En este sentido, resulta indispensable que existan recursos dirigidos a la investigación de este padecimiento, para lograr acciones preventivas contundentes y oportunas para las mujeres.

México se encuentra en la segunda región de mayor prevalencia de cáncer de ovario en el mundo, el derecho a la vida y a la salud de las mujeres es hoy un tema vigente en la agenda pública por ello no podemos retrasar, escatimar o negar los recursos necesarios para enfrentar esta grave enfermedad.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del pleno de la honorable Cámara de Senadores el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de Republica exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud, destine mayores recursos al Instituto Nacional de Cancerología, para continuar con el programa de acceso para la prevención, atención y tratamiento completo a las mujeres con cáncer de ovario.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, a que asigne dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un incremento al Programa de Atención Oportuna a las Mujeres con Cáncer de Ovario operado por el Instituto Nacional de Cancerología.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la a las Comisiones de Equidad y Género de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, a que asigne dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un incremento al presupuesto en salud a efecto de que la Secretaria de Salud en el ámbito de su competencia lo destine a reforzar los programas de capacitación a los médicos de primer contacto y a la difusión dirigida a la población de alto riesgo en materia de cáncer de ovario.

Cuarto. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y a sus respectivos Congresos Locales a que dentro de sus presupuestos destinen recursos para la ejecución de políticas públicas destinados a la prevención y atención del cáncer de ovario.

Notas:

1 Celebrada en Beijing en 1995.

2 Cirugía y Quimioterapia para mujeres en primera línea de tratamiento con cáncer de ovario epitelial y germinal.

3 Tratamiento completo, en primera línea y recaídas para mujeres con cáncer de ovario epitelial y germinal.

4 Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, suscrita por el Estado Mexicano el 1979 y ratificada por el Senado de la Republica el 23 de marzo de 1981. La cual fue publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981.

5 Recomendación general número 24 (20° periodo de sesiones, 1999)

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 31 días del mes de octubre de 2012.— Senadoras: Martha Elena García Gómez (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnense a la Comisión de Presupuesto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incorpore un rubro específico y suficiente para establecer a nivel federal un programa general de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles.

Aprobado en sesión celebrada el día jueves 18 de octubre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 18 de octubre de 2012.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 18 de octubre del 2012, el diputado Daniel Esteban González, presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que la LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incorpore un rubro específico y suficiente para establecer a nivel federal un programa general de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles, en los siguientes términos:

Primero. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en junio del año 2011, sin duda ha sido un hito en la historia de nuestro país; lo es así, en virtud de que esta enmienda, elevó a rango constitucional el goce de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por México.

Entre los derechos humanos fundamentales de los mexicanos, es importante resaltar el de la educación, el cual se encuentra consagrado en el artículo 3 de la CPEUM, que en su primera parte reza:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Segundo. La trascendencia de algunos derechos ha motivado que muchos países coincidan en sus esfuerzos para hacerlos realidad; por ello, en septiembre del año 2000, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los representantes de varios países aprobaron la Declaración del Milenio, documento en el cual se plasmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales figura: Lograr la enseñanza primaria universal. La meta de este objetivo es que en el año 2015, todos los niños y las niñas puedan terminar un ciclo completo de educación primaria.

Tercero. En un estudio realizado y presentado recientemente por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, la situación de analfabetismo en México es dramática. Aproximadamente, seis millones de mexicanos, mayores de 15 años, se encuentran en esa condición; de ellos, poco más de tres millones y medio son mujeres, y dos millones 300 mil, hombres. Incluso hoy, en números absolutos, hay más analfabetas en el país que hace poco más de 10 años. En el año 2000 teníamos cinco millones 742 mil, en 2005, cinco millones 747 mil y en el 2010, sumaban cinco millones 948 mil.

Lo anterior significa que los porcentajes de analfabetismo han permanecido casi estáticos a lo largo de una década: 40 por ciento varones, 60 por ciento mujeres. Por ello, esta situación es preocupante, una realidad lacerante e indignante. Un país con esa cifra, muestra que no ha logrado concretar sus esfuerzos educativos de manera adecuada.

Por su parte el Informe de seguimiento de la educación para todos 2010, “Llegar a los marginados” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales. Estas Cifras dan cuenta de la marginación y la penuria educativa.

A nivel mundial, México tiene el lugar 55 en el índice educación para todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.

Cuarto. Garantizar la educación universal es una tarea difícil para los gobiernos de los países que suscribieron este objetivo del milenio, pero se torna aún más complicado para la población más marginada y vulnerable, como son los indígenas.

En el informe “Llegar a los marginados”, señala que la población indígena de México cursa tan sólo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los 8 años. 8 de cada 10 indígenas no cuentan con educación básica. La tasa de analfabetismo alcanza hasta al 50 por ciento de la población en las zonas rurales; sin embargo, de los 1.5 millones de indígenas en rezago educativo, sólo se atiende a 66 mil. A diferencia del 17 por ciento de la población nacional que ingresa a la universidad, únicamente el 1 por ciento de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios a nivel superior, circunstancia que hace visible la baja eficacia educativa para este sector.

En otro apartado de este informe, se menciona que las mujeres mexicanas tienen de 1.5 a 1.7 veces más probabilidades de ser analfabetas que los hombres. En el caso de las mujeres que hablan una lengua indígena, hay 15 probabilidades más de ser analfabetas que aquellas que hablan español. Por ello los estados del sur del país tienen un pobre desempeño para combatir la desigualdad educativa.

Como dato ilustrativo, las entidades federativas con mayor proporción de analfabetas son Chiapas, con 18.41 por ciento; Guerrero, 17.53; Oaxaca, 16.92, y Veracruz, 12.02; entidades que tienen población indígena muy significativa, y en donde su esta tus de marginación y analfabetismo oscila entre el 50 y 60 por ciento.

Quinto. Ahora bien, con el derecho a la educación no se pretende que únicamente las personas sean alfabetos, sino también, que con ella, se pueda obtener una profesión u oficio para enfrentar la vida y tener mejores condiciones de vida para el beneficiario y su familia.

En esta lógica, el tema educativo, se debe ponderar como vital en la agenda política y social del país, de los estados y de los municipios, porque éste constituye uno de los puntos críticos que demandan ser incluidos como parte de una política de Estado moderno y democrático.

Estamos ciertos que el gobierno federal ha puesto en marcha algunos proyectos para coadyuvar a mejorar el tópico expuesto, a través de diversos proyectos: el Programa de Apoyo A Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, el impulsado, recientemente, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena. Incluso por otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del programa universitarito Nación Multicultural. Es importante poner de relieve que el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, concedió a estudiantes indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el 5, 7 y 18 por ciento de las becas, respectivamente.

Sexto. No obstante las acciones anteriores, consideramos que no son suficientes para satisfacer plenamente el derecho a la Educación, y en particular, para el acceso educativo de los indígenas; por ello, es injustificable implementar un programa integral de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles, y de esta manera dar cumplimiento al contenido del artículo 2, apartado a, fracción 11 de la Constitución Federal, que reza lo siguiente:

Artículo 2, Apartado B, fracción II:

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Reafirman el anterior fundamento legal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por México desde hace más de dos décadas. Este tratado, en su artículo 26 declara:

Artículo 26

Deberán adaptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Los ordenamientos jurídicos citados, constituyen el fundamento legal para obligar a los tres niveles de gobierno al acceso efectivo al derecho de la educación para los indígenas.

Indudablemente, para lograr este objetivo se debe destinar un mayor presupuesto al rubro educativo. La Ley General de Educación, estipula que para este ámbito se deben destinar recursos cuando menos equivalentes al 8 por ciento del producto interno bruto, inclusive, un punto más a lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); por ello, exhortamos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, destine para la educación el presupuesto que por ley le corresponde.

Séptimo. El pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización. La mejor manera de honrar ese día, es que los órganos y gobiernos en turno, desde el ámbito federal, estatal y municipal, asuman su responsabilidad y pugnen coordinadamente destinen más presupuesto al rubro de la educación, y con ello, establecer un programa general de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles.

Los considerandos señalados en esta proposición, hacen viable la instauración de una política social en pro de uno de los sectores más vulnerados como lo son los indígenas; acción con la cual estaremos dando cumplimiento al contenido de la Carta Magna y contribuyendo para que este país sea más justo e incluyente.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 18 de octubre del 2012, la LX Legislatura al honorable Congreso del estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el diputado Daniel Esteban González.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, expide el siguiente:

Acuerdo Parlamentario

Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incorpore un rubro específico y suficiente para establecer a nivel federal un Programa General de Becas para Estudiantes Indígenas de todos los niveles.

Segundo: Se exhorta al honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, para que de acuerdo a sus facultades, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, un rubro especifico y suficiente para establecer a nivel federal un programa de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles.

Tercero: Se exhorta al Titular del poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a efecto de que en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013, incorpore un rubro específico y suficiente para establecer a nivel estatal un programa general de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles.

Cuarto: Se exhorta a los H. Ayuntamientos Municipales, donde exista población indígena, que al momento de formular su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013, incorporen un rubro específico y suficiente para establecer un programa general de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles.

Transitorios

Primero. Gírese el presente acuerdo parlamentario al Ejecutivo federal, estatal, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y a los 81 honorables ayuntamientos municipales, para sus efectos legales a los que haya lugar.

Segundo. Gírese el presente acuerdo parlamentario a las legislaturas de los estados a efectos de su adhesión correspondiente.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en un diario de circulación estatal.

Notas:

1 A cargo del investigador Ruga Casanova Cardiel.

2 Informe de seguimiento de la educación para todos 2010, “Llegar a los marginados” de la UNESCO.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce.— Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria;diputada Delfina Concepción Oliva Hernández (rúbrica), secretaria.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión para que a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; y Pesca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, asignen mayores recursos para fortalecer la infraestructura y competitividad del campo guerrerense, con una inversión 1,537.7 millones de pesos, particularmente en el Programa. Especial Concurrente.

Aprobado en sesión celebrada el día jueves 18 de octubre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 18 de octubre de 2012.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 18 de octubre del 2012, los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, presentaron la Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; y Pesca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, asignen mayores recursos para fortalecer la infraestructura y competitividad del campo guerrerense, con una inversión 1,537.7 millones de pesos, particularmente en el Programa Especial Concurrente, en los siguientes términos:

Exposición de Motivos

El sector agrícola es un pilar fundamental en la economía y el desarrollo del país.

Su importancia radica en las funciones que desempeña como la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el paisaje rural; además que contribuye a la viabilidad de las áreas rurales al favorecer un desarrollo territorial más equilibrado.

En 2011, las Actividades Primarias lograron un monto de 570,329 millones de pesos corrientes. Así, la aportación del Producto Interno Bruto Nacional a valores básicos fue de 4.2%, por parte de la Agricultura, la Ganadería, el Aprovechamiento forestal, así como la Pesca y Caza.

Al analizar la estructura agraria nacional, se observa que de 5.5 millones de unidades de producción que existen en México, sólo 3.7 millones han tenido actividad agrícola. Apenas 10.8% dispone de sistemas de riego; mientras 83% es de temporal y 6.2% combina áreas de riego y de temporal, causando dificultades para la siembra como para la cosecha en 78% de las unidades de producción. En Guerrero, apenas se siembran 861,417 hectáreas, para 3,388,768 habitantes.

De acuerdo con los índices de marginación, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son las entidades federativas con grado de marginación muy alto, donde vive 10.7 por ciento de la población nacional, esto es, 12.0 millones de personas.

Guerrero es la entidad con mayores niveles de pobreza y marginación, 4 de cada 10 guerrerenses viven en el medio rural, con bajo nivel de ingresos y ocupación formal, sus localidades están dispersas, por lo que existe una escasa organización productiva.

En Guerrero existen actores rurales de muy diversa escala en productividad, rentabilidad y competitividad, ubicándolos en 3 grandes segmentos:

• 04% de la población son productores empresariales que dedican la totalidad de su producción agropecuaria al mercado; el tamaño de su parcela varía de 5 a 20 hectáreas. La mayoría son de riego y se trabaja en forma mecanizada.

• 20.9 son productores de transición, dedican parte de su producción agropecuaria al autoconsumo y otra parte la destina al mercado. La superficie que atiende oscila entre las 3 y 5 hectáreas. La mayor parte son de temporal.

• 78.7 son productores de menores ingresos. Se caracteriza por producir para el autoconsumo. Su parcela varía de menos de 1 a 3 hectáreas. En esta categoría queda comprendida la totalidad de la población indígena agropecuaria y la mayoría de los campesinos de Guerrero.

La problemática y necesidad del campo guerrerense es grande, pero con políticas públicas sustentables y acordes a las realidades sociales, se pueden mitigar proporcionando los implementos necesarios en su ejecución.

El campo guerrerense tiene sus potencialidades: 16.5% de la superficie del Estado es adecuada para la agricultura, 6.8% es de temporal y 9.7 para riego. En Guerrero se produce a un nivel nacional competitivo el mango, jamaica, coco, mamey, maguey-mezcal, café, limón, aguacate, maíz, con una representatividad importante a nivel nacional.

En la actividad pecuaria, 12.5 de la superficie del Estado es destinada a la ganadería. Con producción de caprinos, abejas miel, porcinos y bovinos, ocupando los lugares 5°, 8°, 11° y 18° a nivel nacional, respectivamente.

El estado de Guerrero posee una gran extensión de litoral, ubicándolo como la octava entidad con mayor longitud en el país. Sin embargo, la producción pesquera extraída no puede considerarse acorde con las posibilidades o capacidades potenciales productivas que la extensión del litoral refiere, ya que el deficiente equipo con el que se cuenta no ha permitido una explotación óptima de este recurso.

Estas potencialidades dependen de la inversión financiera que se destina año con año. Guerrero, al igual que la mayoría de los Estados de la República, depende de los recursos que le son asignados por la Federación, por lo que el recurso que se destina al campo guerrerense es en su mayoría federalizado, ya que el Estado sólo aporta el 25%.

Pero esta inversión, como sucede en la mayoría de los rubros que inciden en los indicadores de’ desarrollo humano, es insuficiente, por eso resulta prioritario que Guerrero pueda contar para el próximo ejercicio fiscal 2013, con una aportación de recursos federales que le permita atender las necesidades básicas del campo guerrerense. Se deben fortalecer y garantizar inversiones suficientes en las acciones de concurrencia con el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para ampliar la cobertura de atención a los Programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural; el de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, y los acuerdos específico de: sanidades; Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, Prevención y Manejo de Riesgos; Modernización’ de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero; así como el convenio con la Comisión Nacional del Agua para la Rehabilitación y Modernización de Distritos y Unidades de Riego.

Como parte de las facultades de este Poder Legislativo, resulta prioritario que de forma coordinada, estableciendo una política transversal en acciones que permitan al agro local, contar con los recursos financieros para el próximo ejercicio fiscal, se hace necesario exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se destinen mayores recursos presupuestarios que permitan fortalecer la infraestructura y elevar la competitividad del campo guerrerense asignando una inversión de 1,537.7 millones de pesos, de los cuales 850 millones de pesos se orientarán para la atención integral de 2,500 localidades de alta y muy alta marginación a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria”.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 18 de octubre del 2012, la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por los Diputados integrante de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este Honorable Congreso del estado de Guerrero, expide el siguiente:

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en pleno respeto a la división de Poderes, exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; y Pesca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, asignen mayores recursos para fortalecer la infraestructura y competitividad del campo guerrerense, con una inversión 1,537.7 millones de pesos, particularmente en el Programa Especial Concurrente, bajo la siguiente distribución:

• 687.7 millones de pesos, para fortalecer los programas de atención al sector agropecuario y pesquero etiquetados en dependencias del sector como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Conapesca y la Comisión Nacional del Agua.

• 850 millones de pesos para atender a 2,500 localidades de alta y muy alta marginación en capacitación, asistencia técnica, obras de conservación de suelo yagua y proyectos productivos de traspatio, a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

Segundo. La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del estado, en pleno respeto a la división de Poderes, exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen recursos para fortalecer el Programa de Fertilizante que se aplica en el estado de Guerrero, con una aportación igual a la inversión estatal directa.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su aprobación.

Segundo.Túrnese a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para su observancia y efectos legales a que haya lugar.

Tercero.Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página web del Congreso del estado, para el conocimiento general y efectos legales procedentes.

Notas:

1 Determinación de la competitividad del sector agropecuario en México, 1980-2009.- Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, volumen 2, número 4, 1 de julio-31 de agosto, 2011 p. 501-514.

2 Inegi.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce.— Diputado Antonio Gaspar Beltrán (rúbrica), presidente;diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria;diputda Delfina Concepción Oliva Hernández (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnense a la Comisión de Presupuesto.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Sergio Cedeño Villerías para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Mérito I Clase, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Sergio Cedeño Villerías pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Mérito I Clase, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Vicente Fernández Gómez pueda aceptar y usar la condecoración Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Vicente Fernández Gómez pueda aceptar y usar la condecoración Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CODIGO DE COMERCIO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1708-LlX-12, en el que se aprueba enviar a su representación, iniciativa de acuerdo legislativo por la que se propone derogar la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio por los razonamientos vertidos en el cuerpo del acuerdo legislativo en comento.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del acuerdo legislativo de referencia, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de octubre de 2012.— Licenciado José Manuel Correa Ceseña, secretario general del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Dictamen de acuerdo legislativo

Asunto: Se aprueba presentar ante el honorable Congreso de la Unión la iniciativa que pretende reformar el artículo 1132 del Código de Comercio.

Comisión dictaminadora: Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos

Ciudadanos diputados:

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, le fue turnada, por acuerdo de la asamblea, la iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual se deroga la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio presentada por la diputada Elisa Ayón Hernández.

Por lo que se tomaron en cuenta para la elaboración del presente dictamen los siguientes:

Antecedentes

I. Que en fecha 14 de agosto del 2012, la diputada Elisa Ayón Hernández presentó la iniciativa de acuerdo legislativo que nos ocupa.

II. Que también en fecha 14 de agosto del 2012 le fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, por acuerdo de la asamblea, la presente iniciativa de acuerdo legislativo, para su estudio y formulación del proyecto de dictamen, de conformidad con lo señalado en el artículo 107 de la Ley Orgánica de este Poder.

Ubicados los antecedentes de la iniciativa en estudio, es viable señalar que se tomaron en cuenta por esta comisión al momento de dictaminar conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativos, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política para el estado de Jalisco y el artículo 22, fracción I, de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

II. Que es facultad del Congreso del estado, presentar iniciativas de ley o decretos ante el Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 153, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.

III. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es atribución de las Comisiones Legislativas recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaminar los asuntos que le turnen la asamblea.

IV. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento del presente asunto, en los términos del artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

En este orden de ideas, se surte los extremos legales en los que la autora de la iniciativa cuenta con facultades para presentar propuestas a través de Iniciativas de ley, decreto, o acuerdo Legislativo, asimismo, la comisión legislativa que suscribe cuenta con facultades para conocer del asunto planteado, por lo cual, de la iniciativa de acuerdo legislativo presentada se destaca la siguiente:

Exposición de Motivos

“I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 71, fracción III, que compete a las legislaturas de los estados iniciar leyes o decretos, lo cual viene a complementarse con lo previsto en nuestra Ley Orgánica en el artículo 153, numeral 2, donde se establece que los diputados, pueden plantear reformas de leyes federales, sin embargo las cuales deben aprobarse mediante acuerdo legislativo para ser remitidas al Congreso de la Unión y sigan el tramite previsto en nuestra Ley Suprema.

II. La reforma que realizo es al Código de Comercio, el cual fue expedido mediante decreto del 4 de junio de 1887, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 del octubre al 13 de diciembre de 1889, entrando en vigor el 1 de enero de 1890, teniendo su última reforma el 17 de abril de 2012. La reforma que pretendo hacer deroga la fracción III al artículo 1132, del Libro Quinto “De los Juicios Mercantiles”, Título Primero, “Disposiciones Generales”, Capítulo IX, “De los impedimentos, recusaciones y excusas”.

III. El ordenamiento jurídico que derogo mediante este acto legislativo, es el que transcribo a continuación con letra negra cursiva, esto para un mejor entendimiento del presente acuerdo legislativo:

Artículo 1132. Todo magistrado, juez o secretario se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:

I y II. ...

III. Cuando tengan pendiente el juez o sus expresados parientes un pleito semejante al de que se trate;

...

Como bien es sabido por los conocedores del derecho, los encargados de impartir justicia, en este caso los magistrados, jueces o secretario, tienen impedimentos para el estudio de ciertos asuntos, los cuales en materia de comercio se encuentran en el artículo que anteriormente cité, siendo la actual fracción tercera del artículo 1132 del Código de Comercio un impedimento que no genera una afectación, ya que, en el supuesto comentado no hay un interés o intervención directa del juzgador o sus familiares, como si ocurre en todos los demás impedimentos, sino al contrario se depende de un resultado de un juicio distinto, para generar según lo actualmente contemplado un impedimento en el juzgador, lo cual resulta erróneo, ya que, cada juicio es diferente y tiene características peculiares, que hacen que varíen las determinaciones de los juzgadores y esto es bien sabido por los antes mencionados, por lo cual no es posible que un juzgador ejemplo de la certeza y legalidad en nuestra nación, vaya a actuar o dejar de actuar de cierta manera por tener un pleito similar al que esté estudiando y mucho menos si es de uno de sus expresados parientes, por lo tal considero que dicha causal de impedimento, establecida en el Código de Comercio es inoperante, por tanto, es necesaria derogarla de la legislación ya citada. Para mejor entendimiento de lo anterior transcribo una tesis referente al asunto:

Impedimentos en el amparo. Interés en el asunto debe ser directo para que tenga el carácter de personal.

Debe considerarse infundada la causal de impedimento consistente, en la existencia de interés personal en el asunto, a que se refiere la fracción II del artículo 66 de la Ley de Amparo, si no se alude a un interés que directamente tenga el juzgador que va a resolver el caso, sino que pretenda derivarse dicho interés del que se atribuya a otra persona con la que el juzgador tenga alguna vinculación, en virtud de que ello le quitaría el carácter de personal a dicho interés, máxime si no se aporta prueba alguna que demuestre que, efectivamente, la otra persona tenga interés en el asunto.

Impedimento 96/83. Ana Rebell de del Valle. 31 de mayo del 1984. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Nota: En el informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro “Impedimento. La causal consistente en la existencia de un interés personal en el asunto se refiere al que directamente pudiera tener el juzgador y no alguna otra persona relacionada, pues ello le quitaría el carácter de personal”.

Con la reforma continua prevaleciendo el sentido de imparcialidad con la que deben actuar los juzgadores, puesto que, en el supuesto antes expuesto no hay ninguna afectación, que pueda dañar dicho sentido.

Para mejor entendimiento de lo anterior, me permito transcribir la definición de impedimento, conforme o lo establecido en el diccionario de derecho de Rafael de Pina Vara:

“Cualquier circunstancia susceptible de afectar la imparcialidad con que los jueces y funcionarios judiciales, en general, deben proceder en el ejercicio de sus cargos, y que les obliga legalmente a inhibirse en el caso en que se produzca”.

Así también de la definición señalada, podemos analizar que en el supuesto comentado no existe una circunstancia que genere una afectación a la imparcialidad, debido a que los juzgadores están perfectamente consientes de que cada juicio es un mundo y que varían las circunstancias de un juicio a otro aunque sean similares, por lo tanto no se verán influenciados.

IV. Para complementar los motivos antes expuestos realicé un estudio de derecho comparado, estudiando las Leyes Adjetivas Civiles de los principales Estados de la República, dejándonos como conclusión que el impedimento que pretendo derogar esta en desuso, pues estados como Sonora, Veracruz, el DF, Nuevo León y el Código de Procedimientos Civiles Federal, no lo contemplan, por lo cual en base al derecho comparado se fortalece nuestra propuesta.

V. La presente Iniciativa de Acuerdo Legislativo, la realizo con la finalidad de adecuar uno de los principales ordenamientos jurídicos del país que es Código de Comercio, esto para dejar de tener preceptos jurídicos en desuso, dentro de nuestras leyes, es decir, para tener un Código de Comercio eficaz y eficiente, adecuado a las necesidades de nuestros ciudadanos, por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente:

Acuerdo Legislativo

Único. Remítase el presente acuerdo legislativo al Congreso de la Unión, mediante el cual se deroga la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio, para que se le dé el trámite correspondiente conforme a las leyes aplicables a la materia, quedando dicho artículo como a continuación se presenta:

Artículo 1132. ...

I. y II. ...

III. Derogado.

IV. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En base a lo anterior, la comisión dictaminadora emite las siguientes:

Conclusiones

La iniciativa presentada por la diputada Elisa Ayón Hernández propone derogar la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio, dispositivo que habla de los impedimentos que tienen los juzgadores para el estudio de ciertos asuntos, y en particular la fracción III, que refiere el supuesto de “...cuando tengan pendiente el juez o sus expresados parientes un pleito semejante al de que se trate...”, por lo que considera que dicho impedimento no genera una afectación ya que, en el supuesto comentado no hay un interés o intervención directa del juzgador o de familiares, como es el caso del resto de los impedimentos que se relatan en el numeral precitado.

Analizada que fue la iniciativa los suscritos dictaminadores coincidimos con la autora de la misma, en el sentido de que no existe una circunstancia que genere una afectación a la imparcialidad en caso de entrar al supuesto que se pretende derogar, debido a que los juzgadores están perfectamente conscientes de la individualidad de cada juicio y de que varían las circunstancias de un juicio a otro aunque sean similares. Es así que estimamos que dicha causal de impedimento establecida en el Código de Comercio es totalmente inoperante ya que, insistimos, no es posible que el juzgador vaya a actuar o dejar de actuar de cierta manera por tener un juicio similar al que está estudiando y mucho menos si es de uno de sus expresados parientes.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos sometemos a la elevada consideración de esta honorable asamblea legislativa el siguiente proyecto de:

Acuerdo Legislativo

Único. Se aprueba enviar al honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual se deroga la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1132. ...

I. a la II. ...

III. Derogada

IV. a la XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a septiembre de 2012.— Sala de comisiones del honorable Congreso del estado de Jalisco.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: Mariana Fernández Ramírez (rúbrica), presidenta; Javier Gil Olivo (rúbrica), Noa Zurisada Acosta Esquivias (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres, Blanca Estela Fajardo Durán (rúbrica), José Antonio de la Torre Bravo (rúbrica), Abraham Kunio González Uyeda, Raúl Vargas López, vocales.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gabriel Gómez Michel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Abel Octavio Salgado Peña.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, ya lo decía Platón, el más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud.

En este orden de ideas, la iniciativa que sometemos a su consideración, el diputado Abel Salgado Peña y un servidor, propone reformas a la Ley General de Educación, con el objetivo de que las autoridades educativas otorguen, a través de gabinetes psicopedagógicos y nutricionales, a los alumnos, padres de familia y profesorado, todo tipo de orientación y atención que fortalezca y preserve el sistema educativo.

La educación debe de ser el eje rector que nos permita adquirir los conocimientos y las habilidades para enfrentar la competitividad que exige la globalización; la educación, como una política de Estado, no debe estar sujeta a periodos de gobierno, razón por la cual debemos de analizar, discutir y aprobar acciones que nos permitan alcanzar el pleno desarrollo.

Entre los factores que influyen para que el sistema educativo en México no alcance los resultados recomendados y los estudiantes no concluyan sus estudios son: la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la calidad educativa, la salud, entre otros factores.

Consideramos que la salud es uno de los factores más importantes que se encuentra estrechamente ligado con la educación, en razón de que ésta afecta el buen desarrollo y funcionamiento de las personas.

Al respecto, en México el estado de nutrición, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 de la población, señala que cada uno de tres adolescentes de entre 12 y 19 años de edad presenta obesidad, mientras que la desnutrición, que también es un rubro muy importante en niños, entre 5 y 14 años, es de 7.25 de la población en las zonas urbanas y se duplica en las zonas rurales.

¿Qué hacer para alcanzar una escuela sana, saludable, en la que sus integrantes, profesores, alumnos y padres de familia trabajen de manera conjunta para alcanzar la calidad educativa que requiere nuestro país?

Los gabinetes psicopedagógicos son un grupo de profesionales con una amplia gama de disciplinas que trabajan coordinadamente en apoyo de los alumnos, profesores y familiares, con el fin de favorecer la orientación, la evaluación, la intervención educativa, y la solución de problemas en distintos niveles del sistema educativo.

Los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales tendrán como objetivo asesorar a las escuelas, principalmente en todas aquellas acciones que permitan fortalecer el proceso de enseñanza, aprendizaje y conducta, mediante la orientación, prevención, atención y diagnóstico de los estudiantes; crear espacios de reflexión y orientación para el desarrollo social de los alumnos, maestros y padres de familia; organizar y realizar jornadas, talleres, seminarios, que permitan conocer y encontrar soluciones de los problemas que afectan a la comunidad estudiantil.

Llevar a cabo evaluaciones y valoraciones psicopedagógicas, que permitan estudiar, prevenir y corregir las dificultades que puedan presentar los alumnos en los procesos de aprendizaje y realizar campañas y aplicar programas que impulsen el desarrollo integral de los estudiantes a través del ejercicio y de una buena nutrición; coordinarse con los demás gabinetes para llevar a cabo acciones que reduzcan la desigualdad entre las diferentes escuelas.

Dentro de la problemática que deben resolver los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales serán la deserción escolar, el acoso escolar o bullying, la mala nutrición, el bajo rendimiento. En sí, deberán resolver problemas de comportamiento, aprendizaje y nutrición.

Es de todos sabido que México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en niños; por ello la intervención tanto del psicólogo, nutriólogo, como el licenciado en educación física tendrán un papel muy importante al establecer programas de prevención desde edades muy tempranas, que es la etapa en que los niños y niñas adquieren los hábitos alimenticios, disminuyendo así, a largo plazo, el problema de la mala nutrición en México.

De igual forma, se evitará el bajo rendimiento de los alumnos, en razón de que mediante una buena alimentación y un buen ejercicio físico se buscará un sano desarrollo al cerebro y al aprendizaje, favoreciendo un buen desempeño escolar y una mejor autoestima, disminuyendo las probabilidades de tener ansiedad y depresión, y finalmente, favorecer el buen crecimiento de los huesos y la musculatura.

Si hacemos una reflexión sencilla, con la formación de los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales estamos previniendo el 60, el 80 por ciento de los problemas de la patología de México.

Dentro de las primeras cinco causas de muerte, cuatro se relacionan con la obesidad, como lo son la hipertensión, la diabetes, el infarto al miocardio y el cáncer, y hasta un 70 por ciento de las enfermedades de los adultos son psicosomáticos.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía reformar el artículo 33, fracción V de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes.

I. a IV. ...

V. Otorgar, a través de gabinetes psicopedagógicos y nutricionales a los alumnos, familiares y profesorado, todo tipo de orientación y atención, que fortalezca y preserve el sistema educativo.

No más embarazos en adolescentes; no más niños tocados por el narcotráfico; no más drogadictos; no más alcohólicos.

Tenemos que fortalecer la personalidad de nuestros niños; debemos enseñarles a decir no a las agresiones externas y decir sí a las oportunidades de vida. Muchas gracias por su atención.

Agradeceré a la Mesa Directiva que registre en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que presento en este mismo momento. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de Gabriel Gómez Michel y suscrita por Abel Octavio Salgado Peña, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Gabriel Gómez Michel y Abel Octavio Salgado Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad constitucional que les otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción V, de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Ya lo decía Platón “El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud”.

Por ello, la educación como una política de Estado debe ser una prioridad para México. Debemos realizar acciones que permitan al país alcanzar más y mejores niveles educativos, logrando con ello los cambios que la sociedad necesita.

La educación debe ser el eje rector que nos permita adquirir los conocimientos y las habilidades para enfrentar la competitividad que exige la globalización. La educación como una política de Estado, no deben estar sujeta a periodos de gobierno, por ello, debemos analizar, discutir y aprobar acciones que permitan alcanzar el pleno desarrollo.

Es así, que tenemos la obligación de impulsar que la educación, como eje rector, no sea un proyecto, sino acciones de largo plazo que permitan sentar las bases para futuras generaciones.

Las acciones que México ha implementado respecto de la educación, no han dado los resultados deseados, basta recordar la investigación realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, conocida por sus siglas OCDE, en la que se dio a conocer que en México existen 7 millones 248 mil 400 (22 mil 400 más que el año pasado) de jóvenes que no estudian ni trabajan, solo por debajo de Israel y Turquía.

En nuestro país, de cada 10 pesos destinados a fines educativos, 9 de se destinan a cubrir el pago de los profesores, y el restante lo asigna para el gasto por alumno; es decir, se invierten 2 mil 875 dólares, mientras que otros países como Suiza invierte 14 mil dólares por alumno.

No obstante, nuestro país asigna el 6.3 por ciento del producto interno bruto en educación, también lo es que la mayor parte se asigna al gasto corriente, situación que ha impedido que exista un verdadero avance en la educación.

Por su parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señala, que de cada 100 niños que inician su educación, sólo 64 terminan la escuela primaria, 24 el bachillerato, 10 una licenciatura y sólo 2 o 3 concluyen un posgrado. Si a lo anterior le agregamos que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 informa que en México cerca de 3.1 millones de niños y niñas entre los 5 y 17 años no asisten a la escuela, el problema es mucho más complicado.

Entre los factores que influyen que el sistema educativo en México no alcance los resultados recomendados y por consiguiente, que los educandos no concluyan sus estudios, son: la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la calidad educativa, la forma en cómo el Estado invierte en la educación, la salud, entre otros más.

Consideramos que la salud es uno de los factores más importantes que se encuentra estrechamente ligado con la educación, en razón de que ésta afecta el buen desarrollo y funcionamiento de las personas.

Al respecto, en México el estado de nutrición de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 de la población señala que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años de edad presentan obesidad, mientras que la desnutrición en niños de entre cinco y catorce años es de 7.25 por ciento de la población en las zonas urbanas y se duplica en las zonas rurales.

¿Qué hacer para alcanzar una escuela sana, saludable, en la que sus integrantes (profesores, alumnos y padres de familia), trabajen de manera conjunta para alcanzar la calidad educativa que requiere nuestro país?

Debemos buscar alternativas que impidan, en la medida de lo posible, la deserción escolar y la mala nutrición de nuestros jóvenes en edad para estudiar, por ello, se propone modificar el artículo 33 de Ley General de Educación en su fracción V, con el fin de crear gabinetes psicopedagógicos y nutricionales dentro de las escuelas de nivel básico en una primer etapa, y en una segunda abarcar todos los niveles educativos.

La implementación de los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales en las escuelas de nivel básico, permitirá que los programas nacionales educativos: Escuelas de Tiempo Completo, Ingles en Educación Básica, Escuela para Padres, Conectividad-Aula Digital, Escuelas de Calidad Infraestructura Deportiva Municipal, Mejores Escuelas y Polideportivos, encuentren en ellos, una herramienta que favorezca el aprendizaje y potencialice el capital humano.

Los antecedentes en México de los gabinetes psicopedagógicos datan de 1912, en la que los doctores Rafael Santamarina y José González Padilla, iniciaron la investigación psicopedagógica, creando nuevas rutas que permitieron conocer las deficiencias de la educación del niño mexicano y los problemas que le afectan. Para 1924 se creó el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, con varias subsecciones: la de antropología infantil, la de estadística, la de psicognosis, la de escuelas especiales para anormales físicos y mentales. Ya en 1940, pasó de departamento a Instituto Nacional de Psicopedagogía, prestando servicios en las siguientes áreas: psicofisiología, psicometría, orientación profesional, higiene mental y clínica de conducta.

De igual forma en Jalisco, en el año de 1926 el gobernador Silvano Barba González, comunicaba que se había establecido el primer gabinete de psicología educativa; para los años treinta, se crearon los departamentos de Enseñanza Primaria y Normal, de Archivo Estadística y Control, de Instituciones Especiales, de Acción Social, de Inspección Médico-Escolar y de Experimentación Psicopedagógica, esta última es actualmente la Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación.

No obstante estos esfuerzos, poco se ha logrado en esta materia, por ello se plantea la creación de gabinetes psicopedagógicos y nutricionales a nivel nacional, con el objetivo de buscar alternativas que permitan a los estudiantes encontrar respuestas a sus necesidades, para que de manera sistemática, en coordinación con otras acciones se alcancen las metas en la educación.

A efecto de convencer a esta soberanía sobre la pertinencia de crear los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales, es necesario conocer qué son, cuál es su funcionamiento y cómo se integran.

En primer lugar, los gabinetes psicopedagógicos son un grupo de profesionales con una amplia gama de disciplinas que trabajan coordinadamente en apoyo de los alumnos, profesores y familiares, con el fin de favorecer la orientación, la evaluación, la intervención educativa, la solución de problemas, en los distintos niveles del sistema educativo.

Respecto de su conformación, no existe una fórmula exacta que nos permita determinar qué profesiones son las apropiadas para su buen funcionamiento. Por ejemplo, en Panamá, que es en donde ha tenido mayor aceptación la implementación de estos gabinetes, están integrados, en su mayoría por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes de planta, docentes de educación especial, fonoaudiólogos, médicos, especialistas en estimulación temprana, especialistas en problemas de aprendizaje.

Por su parte Argentina, realizó una convocatoria para conformar los gabinetes psicopedagógicos de la Dirección de Orientación y Apoyo Psicopedagógico Comunitario de la Provincia de Mendoza a: psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, sociólogos, técnicos y licenciados en minoridad y familia y terapeutas del lenguaje.

En México, la Secretaría de Educación Pública en el año 2008 emitió las normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación y certificación para escuelas de educación pre-escolar oficiales y particulares incorporadas al sistema educativo nacional, en las que reconoce la existencia de los Centros de Atención Psicopedagógica en las escuelas de educación preescolar, como aquellos establecimientos destinados para apoyar el proceso de integración educativa de los alumnos, con necesidades educativas especiales en las escuelas de educación preescolar. Este servicio tiene las funciones de asesorar a los docentes, orientar a los padres de familia o tutores y atender directamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, en caso de ser necesario.

Es importante mencionar que Jalisco fue la primera entidad federativa, que impulsó la creación de los gabinetes psicopedagógicos en México. Actualmente, sigue siendo el estado que más ha invertido en esta política pública en la que participan psicólogos, pedagogos, médicos y trabajadores sociales, que están adscritos en la Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación de Jalisco.

Como se puede observar en la mayoría de los casos, prevalecen cinco carreras: psicología, trabajo social, medicinas, pedagogía y psicopedagogía.

En ese orden de ideas la propuesta que se somete a su consideración es que los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales estén integrados por un grupo profesional multidisciplinario, que influya en el abatimiento de la deserción escolar, que garantice un óptimo nivel de habilidades y conocimientos, impulsando con ello un crecimiento económico y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, para lo cual deberá estar integrado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, nutriólogos, profesores de educción educación física y deporte, médicos, psicopedagogos, sin que esto limite que puedan participar más profesionistas en otras materias.

Los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales tendrá como objetivos asesorar a las escuelas de nivel básico principalmente en todas aquellas acciones que permitan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la orientación, prevención, atención y diagnóstico de los estudiantes; crear espacios de reflexión y orientación para el desarrollo social de los alumnos; organizar y realizar jornadas, talleres, seminarios que permitan conocer y encontrar soluciones a los problemas que afectan a la comunidad estudiantil; llevar a cabo evaluaciones y valoraciones psicopedagógicas que permitan estudiar, prevenir y corregir las dificultades que puedan presentar los alumnos en el proceso de aprendizaje; realizar campañas y aplicar programas que impulsen el desarrollo integral de los estudiantes a través del ejercicio y una buena nutrición; coordinarse con los demás gabinetes para llevar a cabo acciones que reduzcan las desigualdades entre las diferentes escuelas.

Dentro de las problemáticas que deberán resolver los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales serán la deserción escolar, el acoso escolar, la mala nutrición, el bajo rendimiento; en sí, deberá resolver problemas de comportamiento, aprendizaje y nutricionales.

Por lo que hace a la mala nutrición relacionada con la obesidad y el sobrepeso, es un tema que debe ser atendido desde sus inicios. De acuerdo a la OCDE en su Informe Obesidad y la Economía de la Prevención de 2010, señala que México ocupa el segundo lugar de 40 países, en donde 3 de cada 7 personas tienen la cintura más grande de lo que deberían, de los cuales 34 por ciento son mujeres y el 24.2 son hombres.

Dentro de las repercusiones económicas que tienen la obesidad y el sobrepeso, son que estas personas ganan 18 por ciento menos en promedio que las demás, tienden a pedir mucho más incapacidades médicas y por ende a ser menos productivos, aunado a que gastan más en salud.

Existen diversos informes y estadísticas sobre la obesidad infantil en México, dentro de los que destacan los realizados por la Asociación Mexicana de Naciones Unidas, señalando que es un hecho, ahora México ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad infantil, aun por arriba de Estados Unidos de América.

El Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública en una investigación realizada, señala que respecto a los menores de edad, México ocupa el cuarto lugar, pues 1 de cada 5 de entre los 5 y 17 años tiene problemas de obesidad y sobrepeso, es decir, existen aproximadamente más de 4 millones de niños y niñas que sufren estas enfermedades.

Por su parte la Secretaría de Salud estima que el sobrepeso y la obesidad afecta a 4 millones 249 mil 217 entre niños y niñas de 5 y 11años; y a 5 millones 109 mil 420 adolescentes de entre 12 y 19 años, generando problemas de tipo emocional y psicológico, aunado a las enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta, problemas del corazón y de sueño, cáncer, entre otros.

Respecto de la desnutrición la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, de una muestra de 7 mil 722 menores de edad de cinco años, que al aplicar los factores de expansión representan 9 millones, 442 mil 934 menores de 5 años de edad, 472 mil 890 niños fueron clasificados con bajo peso; 1 millón 194 mil 805 fueron clasificados con baja talla y 153 mil niños fueron clasificados con emaciados.

Por ello la intervención tanto del psicólogo, nutriólogo como del licenciado en educación física, tendrán un papel muy importante al establecer programas de prevención desde edades muy tempranas, que es la etapa en la que los niños y niñas adquieren los hábitos alimenticios, disminuyendo así a largo plazo, el problema de la mala nutrición en México.

De igual forma se evitará el bajo rendimiento en los alumnos, en razón de que mediante una buena alimentación y un buen ejercicio físico, se buscará un sano desarrollo al cerebro y al aprendizaje, favoreciendo el buen desempeño escolar y una mejor autoestima, disminuyendo las probabilidades de tener ansiedad y depresión; y finalmente favorecer el buen crecimiento de los huesos y la musculatura.

Otro de los beneficios que podemos alcanzar respecto de la implementación de los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales, es sin lugar a dudas, evitar la deserción escolar.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Juventud en enero de 2008, Perspectiva de la Juventud en México, con datos obtenidos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Encuesta Nacional de Juventud 2005, señala que la edad promedio en la que los jóvenes abandonan la escuela es a los 16 años, dejando entre ver que el 24 por ciento de los jóvenes que abandonan la escuela lo hacen antes de cumplir los 15 años y sólo el 4 por ciento abandona la escuela al cumplir los 20 años.

De igual forma señala que las causales pueden ser muy variables y complejas, como se desprende de los siguientes datos: 9 de cada 1,000 dejaron al escuela por problemas de salud; 3 de cada 100, lo hicieron porque no había escuelas; 42 de cada 100 porque tienen que trabajar; 29 de cada 100 porque ya no les satisface seguir estudiando; y 12 de cada 100 porque sus padres ya no quisieron que continuaran estudiando.

Por otro lado, existe el problema de acoso escolar, conocido comúnmente como bullying escolar. Según datos de la OCDE México ocupa el primer lugar en acoso escolar a nivel secundaria.

Esta práctica genera entre las niñas, niños y adolescentes que la padecen, cambios bruscos de estados de ánimo, baja autoestima, aislamiento con sus compañeros, golpes, ausentismo en la escuela, bajo rendimiento en el aprendizaje, entre otros, por ello, es importante contar con especialistas, como psicólogos y médicos que detecten de manera oportuna estos síntomas.

Es por ello, que la creación de los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales, deberán ser una estrategia en la política pública que sirva de eje para que los actores (las escuelas, los docentes, los alumnos y los padres de familia) fortalezcan el sistema educativo, tal y como lo ha recomendado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al señalar que México debe llevar a cabo mejoras significativas e integrales que requieren de una estrategia polifacética.

Reconocemos los avances que se han alcanzado en el sector educativo, sin embargo, debemos utilizar lo mejor posible, estas acciones e impulsar esas estrategias que logren reformas profundas en el que el éxito de las escuelas y de los estudiantes sea el centro del diseño de la política pública, tal y como lo recomienda la OCDE.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 33, fracción V de la Ley General de Educación, para queda como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a IV. ...

V. Otorgar, a través de Gabinetes Psicopedagógicos y Nutricionales a los alumnos, familiares y profesorado, todo tipo de orientación y atención, que fortalezca y preserve el sistema educativo.

VI. a XV. ......

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá emitir, a más tardar en un año, el Reglamento que regule el funcionamiento de los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales, en el que deberá considerar entre otras profesiones la de psicólogos, médicos, trabajadores sociales, psicopedagogos, nutriólogos, pedagogos, licenciados en educación física y el deporte.

Notas:

1 En octubre de 2011, el Instituto Nacional de Salud Pública comenzó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2012, la cual se dividió en tres fases, por lo que aún no se cuentan con datos actualizados.

2 La Ley que Regula los Gabinetes Psicopedagógicos en Panamá, establece en su artículo 5 que los gabinetes psicopedagógicos estarán integrados por psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en dificultades en el aprendizaje y los especialistas que se requieran por necesidades del servicio.

3 http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/transparencia/normasCE/norma_contro l_escolar_ preescolar_2008_2009.pdf

4 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Jalisco, http://portalsej.jalisco.gob.mx/sites /default/files/pdf /reglamento_interior_ de_la_secretaria_de_educacion_del_estado_de_jalisco.pdf

5 La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso como un índice de masa corporal (IMC) igual o mayor a 25; mientras que la obesidad es 30 mayor o igual en su IMC

6 http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/obesidadylaeconomiasdelaprevencion.ht m

7 http://www.amnu.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=31: articulo-2&catid=10:articulos.

8 El Reto de la Obesidad Infantil en México, Aguirre Quezada, Juan Pablo, Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública, junio 2012, página 5.

9 http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&c at=1&id_nota=813837

10 http://www.insp.mx/encuesta-nacional-salud-y-nutricion-2006.html

11 http://cendoc.imjuventud.gob.mx/investigacion/docs/Perspectiva%20de%20la%20juve ntud% 20en%20M%C3%A9xico.pdf páginas 14 y 15.

12 Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Mejorar las Escuelas: Estrategias para la Acción en México, Resumen ejecutivo. 2010.

Dado en Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, María del Rocío Corona Nakamura, María Rebeca Terán Guevara, María Angélica Magaña Zepeda, Ossiel Omar Niaves López, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como bien sabemos, Petróleos Mexicanos es la empresa facultada para realizar la conducción central y la dirección estratégica de las actividades de la industria petrolera en los términos que le confiere la Constitución, por tal motivo asume la responsabilidad de abastecer el mercado nacional de productos derivados del petróleo, gas natural y materias primas para la industria petroquímica.

En virtud de ello, es Pemex quien en el mercado mexicano se encarga de garantizar el abasto de combustibles automotrices a través de las estaciones de servicio o gasolineras, que día a día realizan ininterrumpidamente sus operaciones a lo largo del país, siendo dichas estaciones donde millones de consumidores diariamente encuentran la mayor interacción con la paraestatal y al mismo tiempo donde se encuentran muchos de sus más importantes retos en regulación.

Las gasolineras prestan el servicio de abasto de combustible, en virtud de un contrato de franquicia que les otorga la paraestatal. Sin embargo, la territorialidad en la franquicia no tiene establecida una distancia mínima entre una estación de servicio y otra; es decir, no se encuentran definidas las zonas territoriales de las estaciones de servicio.

Derivado de esta falta de regulación, Pemex ha otorgado y puede seguir otorgando franquicias en zonas donde ya existen una o más estaciones de servicio, afectando la libre competencia económica, pero lo más importante, aumentando significativamente el riesgo de una tragedia por la indebida concentración de establecimientos de esta naturaleza que se encuentran ubicados tan cercanos unos de otros, contraviniendo a todas luces las normas mínimas de protección civil.

Un claro ejemplo del riesgo que esto representa es la tragedia ocurrida en la ciudad de Guadalajara en el 92, en el barrio céntrico de Analco, donde las explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado destruyeron 14 metros de calles. Según cifras oficiales las explosiones provocaron la muerte a 209 personas, dejaron 500 heridos y 15 mil personas quedaron sin hogar. El daño económico estimado fue de entre 700 y mil millones de dólares.

El hecho más reciente, aunque por motivo distinto, ocurrió el martes 18 de septiembre de este año en el estado de Tamaulipas, donde hubo una explosión ocurrida en las instalaciones de una planta de gas de Pemex, provocando el fallecimiento de trabajadores de la paraestatal.

Este hecho, a pesar de que no se produjo en una gasolinera, nos demuestra claramente el riesgo latente que representa el manejo de combustibles y es precisamente la minimización de este riesgo lo que esta propuesta de iniciativa pretende.

Esta iniciativa se justifica plenamente, si tomamos en cuenta que según un informe técnico del Sistema Nacional de Protección Civil, el mayor número de accidentes con gasolina ocurren precisamente en las estaciones de servicio.

Según datos del Instituto Nacional de Ecología, se determinó que una explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles, que pueden causar la muerte o lesiones a los individuos que se encuentran ubicados dentro del radio de afectación, así como daño estructural a las construcciones, colapso de muros, ventanas y estructuras de soporte.

Conforme al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, dentro de los criterios de importancia para el manejo de combustibles se encuentra el que establece las características sobre áreas para usos industriales y ductos, en donde se indican las distancias mínimas para el resguardo del desarrollo urbano. Con respecto a las plantas de recibo o distribución de energéticos, la distancia mínima es de entre 50 y 500 metros.

Partiendo de la necesidad de mitigar los riesgos y en consecuencia, los accidentes con las gasolinas, se requiere reformar la ley de forma concreta y específica garantizando la seguridad para la salud pública y para el ambiente; por lo que ante la falta de una normatividad, se hace necesario regular que en la celebración de los contratos de franquicia, Pemex establezca una distancia mínima entre estaciones de servicio para que se respeten los derechos adquiridos, pero sobre todo para proteger la seguridad de las personas que viven en dicha zona, evitando la concentración indebida de instalaciones, que por su propia naturaleza representan un riesgo innecesario para la población.

Compañeros diputados, mucho hemos abordado el tema de los combustibles y su relación con la protección civil en este recinto. Partiendo de una genuina preocupación por la seguridad de nuestros conciudadanos, hemos lamentado aquí la recién ocurrida tragedia en Tamaulipas y de igual manera nos hemos pronunciado por detener el saqueo a Pemex y el robo de combustibles; se han aprobado aquí diversos puntos de acuerdo y se han alcanzado consensos unánimes en este tema.

Con esa misma preocupación y en virtud de los argumentos aquí vertidos, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por virtud del cual se adiciona el artículo 14 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del petróleo, para establecer que los organismos subsidiarios de Pemex no puedan celebrar los contratos de franquicias cuando la ubicación propuesta para nueva estación se encuentre a una distancia menor a 50 metros de una estación preexistentes, de acuerdo a las normas civiles y de protección a la ciudadanía. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa nacional facultada para realizar la conducción central y la dirección estratégica de las actividades que abarca la industria petrolera, en los términos que le confiere la Constitución en el ramo del petróleo; por tal motivo asume la responsabilidad de abastecer el mercado nacional de productos del petróleo, gas natural y materias primas para la industria petroquímica.

La presencia de Pemex en el mercado se denota al abastecer los combustibles automotrices que demanda la sociedad mexicana. A través de las estaciones de servicio Pemex interactúa cotidianamente con los clientes, en las miles de operaciones que día tras día se realizan ininterrumpidamente a lo largo del país; ahí se encuentran también los retos más amplios en su regulación.

No obstante, la territorialidad en la franquicia Pemex en materia de competencia económica no tiene establecida una distancia mínima entre las estaciones de servicio, no se encuentran definidas las zonas territoriales de las estaciones de servicio.

Si bien las más de 10 mil 150 estaciones del país están incorporadas al sistema de la franquicia Pemex, en la que participan los inversionistas mexicanos bajo los marcos regulatorios que se tienen establecidos en materia de franquicia en donde no se tienen determinados los requisitos y elementos mínimos que los contratos de franquicia u otros esquemas de comercialización deben contener.

El concepto de “franquicia Pemex” se refiere a la concesión que hace Petróleos Mexicanos a particulares para la prestación de servicio de abastecimiento de combustibles.

Por lo que se refiere al contrato de franquicia, éste se regula en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 142. Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

El artículo 142 Bis, fracción I, de la citada ley establece los requisitos que debe contener el contrato de franquicia:

Artículo 142 Bis. El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato.

También el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 65, fracción VII, dispone lo siguiente:

Artículo 65. Para los efectos del artículo 142 de la ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

...

VII. Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia.

En el texto anterior se observa que en el contrato de franquicia se establece cierta exclusividad en la zona territorial donde operan los establecimientos, por lo que el franquiciante debe proporcionarle la libertad de venta de bienes y servicios al franquiciatario en una zona determinada.

Asimismo, viola el artículo 25 constitucional, que establece la rectoría económica por parte del Estado, debiendo procurar siempre la justa distribución de la riqueza, como a continuación se cita:

Artículo 25.Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Hay una amplia demanda por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros porque se establezca la territorialidad en la otorgación de franquicias de estaciones de servicios.

Sin embargo, Pemex ha otorgado y de no regularse puede seguir otorgando franquicias en zonas donde ya existen una o varias estaciones de servicios lo que afecta la libre competencia económica del establecimiento, además de aumentar significativamente el riesgo de un accidente por la concentración indebida de establecimientos de esta misma naturaleza que se encuentran ubicados tan cercanamente, lo que contraviene las normas mínimas de protección civil.

Tal como se establece en los artículos 4, fracciones I y III, y 10 de la Ley General de Protección Civil, que disponen lo siguiente:

Artículo 4.Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación;

...

III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción.

Artículo 10.La gestión integral de riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos; y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Un ejemplo del riesgo que puede presentar el acaparamiento de estos establecimientos en la misma zona territorial son los hechos acontecidos en Guadalajara en 1992, en el céntrico barrio de Analco, donde las explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado destruyeron 14 kilómetros de calles. Según cifras oficiales, las explosiones provocaron la muerte a doscientas nueve personas, dejaron 500 heridos y 15 mil personas quedaron sin hogar, el daño económico estimado fue de entre 700 millones y mil millones de dólares.

El hecho más reciente aunque por motivo distinto ocurrió el martes 18 de septiembre del presente año en Tamaulipas, donde una explosión en las instalaciones de la planta de gas de Pemex provocó el fallecimiento de trabajadores de la paraestatal.

Sin embargo, pese a que este último suceso al que se hace referencia la explosión fue ocasionada en el centro receptor de gas y no por una estación de servicio de gasolina nos demuestra el riesgo del tan complejo manejo del material que conduce este tipo de establecimientos, pudiendo ocurrir una desgracia aun mayor al concentrarse dos establecimientos de esta misma naturaleza, y la finalidad de esta modificación a la ley es evitar precisamente que este tipo de tragedias se repitan.

En el informe técnico del Sistema Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) Prácticas apropiadas para disminuir los riesgos ambientales por el manejo de gasolina en estaciones de servicio se indica que el mayor número de accidentes con gasolina ocurren en estaciones de servicio, y que las fugas y los derrames son los más abundantes en las instalaciones de éstas.

El artículo 2, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Económico y la Protección al Ambiente establece que se considera de utilidad pública “el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas”.

Encima, el artículo 3, fracción XXIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como material peligroso a los “elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas”.

El artículo 145 de la citada ley dispone que la secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente tomándose en consideración:

I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas;

II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos;

III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;

IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.

Según datos del INE, en 2001 se determinó que una explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles que pueden causar la muerte o lesiones a los individuos que se encuentre ubicados dentro del radio de afectación, ocasionar daño estructural a las construcciones por el colapso de muros, ventanas y estructuras de soporte. Efectos similares, aunque en algunos casos con mayores áreas de afectación, son el resultado de la explosión de nubes de gases o vapores combustibles, liberadas por la ruptura de contenedores o de ductos.

De acuerdo con el informe técnico del Sistema Nacional de Protección Civil del Cenapred Modelos de radios de afectación por explosiones en instalaciones de gas, para evitar afectaciones a asentamientos humanos, en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 se incluyen criterios de desarrollo urbano de tipo complementario a los reglamentos de construcciones y de seguridad estructural actualmente vigentes en los estados con la finalidad de evitar situaciones críticas ocasionadas por el crecimiento de-sordenado de los centros de población.

Conforme al programa de entre los criterios de importancia para el manejo de gas LP, se encuentra el criterio D (apartado 3), que establece las características sobre áreas para usos industriales y ductos, en donde se indican las distancias mínimas para el resguardo del desarrollo urbano, con respecto a las plantas de recibo o distribución de energéticos o derivados del petróleo. Para el caso de poliductos, la distancia mínima para el resguardo es de entre 50 y 500 metros.

El criterio señalado con la letra O(apartado 9) indica que no se debe permitir el desarrollo urbano en zonas de extracción petrolera, previa determinación precisa de sus límites.

En el criterio U(apartado 3) indica las distancias mínimas para establecer cualquier uso habitacional, para el caso de cualquier ducto de petróleo o sus derivados: 50 metros.

Sin embargo, en los subsecuentes Programas Nacionales de Desarrollo no se han tomado en consideración los criterios antes señalados, aunque dentro del diagnostico de la planeación del desarrollo urbano en el ámbito nacional se determinó que sólo 20 estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) han concluido la adecuación de sus leyes de desarrollo urbano de acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos.

Dada la necesidad de mitigar los riesgos y, en consecuencia, los accidentes con las gasolinas, se requiere reformar la ley de forma concreta y específica, que garantice la seguridad para la salud pública y el ambiente.

Por ello, ante la falta de una normatividad jurídica aplicable, se hace necesario regular que en la celebración de los contratos de franquicia Petróleos Mexicanos establezca una distancia mínima entre las estaciones de servicio con la finalidad de que se respeten los derechos adquiridos por los propietarios de estas estaciones otorgando mayor seguridad jurídica a los propietarios, además de proteger la seguridad de las personas que viven en dicha zona geográfica, y la protección del ambiente, y evitar la concentración indebida de instalaciones que, por su propia naturaleza, representa un riesgo innecesario para la población.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Único. Se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

Artículo 14 Bis. La gasolina y los demás combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se vendan directamente al público, a través de las estaciones de servicio, deberán distribuirse y expenderse o suministrarse sin alteración, de conformidad con lo que establece esta ley y demás disposiciones aplicables.

...

Los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no podrán celebrar los contratos de franquicias cuando la ubicación propuesta para la nueva estación de servicio se encuentre a una distancia mínima de 50 metros radio de una estación preexistente, de acuerdo con las normas mínimas de protección civil.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Energía.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Buenos días. Con su venia, diputado presidente. Tal como me comprometí el día de la instalación de la Comisión de Deporte de esta Cámara de Diputados, vengo el día de hoy a proponer un proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en los siguientes elementos:

El párrafo 12 del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es derecho de los mexicanos el acceso a la cultura física y a la práctica del deporte, lo cual implica que de principio cada mexicano puede exigir tales facilidades al mismo nivel que el derecho a la educación pública, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación.

En otras palabras, la práctica del deporte y la cultura física es un derecho humano y social constitucional, inalienable del mexicano.

Lo anterior es justificable por cuanto a la importancia de tales prácticas para el desarrollo integral del ser humano, para prevenir enfermedades, adicciones, para lograr la integración social y la creación de la armonía comunitaria, con la cual se pueden evadir conflictos personales y conductas antisociales.

Por estas razones, la educación pública, igualmente inspirada en el artículo 3o. constitucional, contiene un carácter integral cuyos elementos son el laicismo, la visión científica y progresista afín al desarrollo tecnológico, la formación cultural y claro, la visión de la cultura física y el deporte; es decir, desde niños nuestros ciudadanos tienen y pueden ejercer el derecho al deporte y el Estado la obligación de garantizarlo.

Precisamente el mismo párrafo 12 del artículo 4o. constitucional, otorga la responsabilidad al Estado mexicano para asegurar el cumplimiento de tal derecho social; en el caso del Ejecutivo federal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, de acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte, es la encargada de coordinar e instrumentar los esfuerzos gubernamentales para tal objetivo.

Para ello se vale —según la citada ley— de órganos como el Sistema Nacional del Deporte, Sinade, en el cual intervienen actores nacionales y estatales, organismos públicos y miembros de los sectores privados y sociales, entre otros, que coadyuvan en la tarea deportiva.

Por parte del Poder Legislativo de la Unión, en cada Cámara se han creado Comisiones de Deporte para realizar seguimientos a las labores del Ejecutivo en la materia y para proponer reformas, solicitar presupuestos, realizar investigaciones, entre otras actividades.

No obstante lo anterior, este órgano legislativo debe acercarse más al quehacer deportivo nacional en aras de comprender mejor sus dinámicas y buscar las mejores formas de contribuir en su óptimo desarrollo.

No obstante que quisiera que se integrara el documento tal cual en la versión estenográfica, quiero señalar que en el Distrito Federal, en el año 2011, tuvimos la experiencia exitosa de incorporar a la Asamblea Legislativa al Consejo del Deporte; el Consejo del Deporte del Distrito Federal lo encabeza el jefe de Gobierno y logramos que representantes populares se incorporaran a este órgano colegiado.

Lo que propongo con la adición de la fracción VIII del artículo 10 de esta ley general es que se incorporen senadores y diputados miembros de la Mesa Directiva o integrantes al Sistema Nacional de Deporte de este país.

Agradezco mucho a mi presidente de la comisión, Felipe Muñoz, quien de inmediato, al escuchar esta propuesta, se comunicó con el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y por lo pronto, de manera cordial, de manera amable e institucional, se nos va a invitar a los integrantes de ambas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara, al Sistema Nacional del Deporte.

Sin embargo, consideré muy pertinente, que una vez que en la comisión iniciemos la revisión de toda la ley —como lo mandata un transitorio que reformó precisamente y adicionó el párrafo 12 del artículo 4o. constitucional—, presentar esta iniciativa que permita, a la brevedad, que la Cámara de Diputados tenga voz, tenga voto, tenga participación y sea parte de esa obligatoriedad del Estado mexicano en las responsabilidades que tienen que ver con la promoción y desarrollo del deporte en general. Muchísimas gracias; dejo aquí la iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración del pleno de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en los siguientes elementos

Planteamiento del problema

Entendido como tal por el párrafo 12 del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de los mexicanos el acceso a la cultura física y a la práctica del deporte, lo cual implica que de principio cada mexicano puede exigir tales facilidades al mismo nivel de la educación pública, el agua, la vivienda, el trabajo o la alimentación. En otras palabras, la práctica del deporte y la cultura física es un derecho humano y social constitucional inalienable del mexicano.

Lo anterior es justificable por cuanto a la importancia de tales prácticas para el desarrollo integral del ser humano, para prevenir enfermedades y adicciones y, sobre todo, para coadyuvar en la integración social y la creación de la armonía comunitaria, con lo cual se pueden evadir conflictos personales y delitos de todo tipo. Por estas razones, la educación pública –igualmente inspirada por el artículo 3o. de la Constitución federal– tiene un carácter integral cuyos elementos son el laicismo, la visión científica y progresista afín al desarrollo tecnológico, la formación cultural y, claro, la adición de la cultura física y el deporte. Es decir, desde niños nuestros ciudadanos pueden y deben hacer ejercicio y es obligación del Estado garantizarlo.

Precisamente el párrafo 12 del artículo 4o. constitucional otorga la responsabilidad al Estado mexicano para asegurar el cumplimiento de tal derecho social. En el caso del Ejecutivo federal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte, es la encargada de coordinar e instrumentar los esfuerzos gubernamentales para tal objetivo. Para ello se vale, según la citada ley, de órganos como el Sistema Nacional del Deporte (Sinade), en el cual intervienen actores nacionales y estatales, organismos públicos y miembros de los sectores privados y sociales, entre otros, que coadyuvan en la tarea deportiva.

Por parte del Poder Legislativo de la Unión, en cada Cámara se han creado Comisiones de Deporte para realizar seguimientos a las labores del Ejecutivo en la materia y para proponer reformas, solicitar presupuestos, realizar investigaciones, entre otras actividades. No obstante lo anterior, este órgano legislativo debe acercarse más al quehacer deportivo nacional en aras de comprender mejor sus dinámicas y buscar las mejores formas de contribuir en su óptimo desarrollo.

Argumentación del problema y exposición de motivos

En los Juegos Olímpicos celebrados este año, México obtuvo resultados reconocibles: siete medallas en deportes como clavados, tiro con arco, tae kwon do y fútbol, y más de 10 finalistas entre los primeros lugares en varias disciplinas como atletismo, gimnasia, equitación, natación, boxeo y canotaje; además de la siempre extraordinaria participación de nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos con 21 medallas en total. Sin duda alguna estos resultados, en comparación con otros años, hacen reflexionar sobre la ebullición nacional deportiva y la proyección de nuestro país como una futura potencia olímpica.

Justamente estos resultados sirven para observar que procesos como la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, previsto por la ley e implantado por la Conade y otros actores en la materia, generan resultados que deben ser fortalecidos; cabe mencionar que, menos la medalla de oro en fútbol varonil, todos los medallistas tienen carrera en Olimpiada Nacional. Esta labor de refuerzo institucional a la cultura física y al deporte recae en el Ejecutivo y necesariamente también en el Legislativo.

Por otro lado, basta con darse una vuelta por los gimnasios, campos deportivos o parques y jardines públicos; nada más hay que ver cuántos niños tienen sobrepeso y obesidad en las escuelas, para darse cuenta de que no es suficiente el esfuerzo institucional hasta ahora implementado; falta mucho todavía para realizar una integración social para que toda la población disfrute de este derecho. Hay que implantar más actividades escolares, comunitarias y sociales en torno de la cultura física, hay que equipar mejor las instalaciones deportivas, necesitamos más y mejores entrenadores y profesores de educación física. Y en ello el Congreso de la Unión también debe hacerse responsable.

El Sinade, instalado desde el 28 de agosto de 1989, ha contribuido de forma importante en el diseño y la organización de las tareas institucionales de formación de talentos deportivos óptimos para los tiempos olímpicos. Desde entonces han pasado seis Juegos Olímpicos y prácticamente se puede observar un crecimiento tanto en la cantidad de medallas obtenidas como en el número de atletas mexicanos participantes. La importancia de este sistema radica en la combinación de los esfuerzos federales y estatales, así como de la estructura de federaciones, asociaciones y demás entes deportivos y del sector privado, entre otros participantes.

En este sistema, en el que se puede lograr un acercamiento a las tareas y dinámicas de la cultura física y el deporte nacionales, el Poder Legislativo debe participar de forma activa y cercana. Por eso, se propone que las Comisiones de Deporte de ambas Cámaras participen para enriquecerse de las labores del Sinade, buscando que la población mexicana acceda a la cultura física y a la práctica del deporte, que se desarrolle el deporte de alto rendimiento y que México ocupe los primeros lugares como potencia deportiva, como ordena el artículo 4o. constitucional.

En el Distrito Federal hicimos un esfuerzo parecido: en 2011 se reformó la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal para que los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fueran parte del Consejo del Deporte, con lo que los diputados locales ahora están más cerca de las dinámicas deportivas capitalinas y así pueden obtener mejor información para, por ejemplo, hacer propuestas consistentes en los presupuestos locales de cada año.

Por lo expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Para quedar como sigue:

Artículo 10. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del Sistema Nacional del Deporte, se encuentran entre otros:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. Los presidentes de las Comisiones de Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión o, bien, integrantes designados por ésta.

Transitorio

Único. La presente entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://londres2012.deporte.gob.mx/Paginas/jo.html

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, para presentar iniciativa que reforma los artículos 34 Bis y 75 de la Ley General de Educación.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Frecuentemente observamos casos de deserción escolar de menores de edad embarazadas, situación que presenta una tendencia a la alza.

En este momento existen aproximadamente 9 mil 600 mexicanas, entre los 12 y 18 años de edad, en riesgo de abandonar la primaria o la secundaria por estar embarazadas o ser madres.

Esa situación es provocada, entre otros factores, por conductas sociales de severa condena hacia las niñas y adolescentes embarazadas o madres, expresiones que adquieren tal magnitud, que acaban por obligarlas a dejar sus estudios, que por lo regular, jamás los retoman.

Las implicaciones que presentan estos casos, como la discriminación e inequidad de oportunidades, hacen de éste un asunto de importancia mayor, en un México que exige justicia, educación, tolerancia y equidad de género para cimentar su desarrollo en todos los ámbitos.

La presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley General de Educación para que el embarazo y la maternidad no constituyan un impedimento para cursar la educación básica y sancionen a quienes se nieguen a proporcionarla.

En nuestro país la mujer aún continúa sufriendo casos de discriminación, asumiéndose que la maternidad es la razón de ser de ella, excluyéndose de actividades educativas, económicas, culturales, políticas y muchas otras.

La pobreza, los abusos sexuales cometidos contra infantes y adolescentes y la falta de una correcta educación sexual, elevan la preocupante cifra de casos de menores embarazadas.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la mitad de los adolescentes en América Latina y El Caribe son sexualmente activos y como consecuencia, entre el 35 y 52 por ciento de las jóvenes tienen embarazos no deseados.

En México anualmente se presentan en menores de 18 años, 400 mil embarazos; es decir, 17 por ciento del total; 14 mil de esas madres abandonan la escuela.

El estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y el Distrito Federal, son las entidades que concentran el mayor número de adolescentes convertidas en madres o en condiciones de embarazos tempranos, sumando más de tres mil casos.

Según la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50 por ciento superior.

Expertos convienen que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el tiempo de recuperación, para preservar su salud y la de sus bebés. Desgraciadamente, cuestiones culturales y económicas evitan frecuentemente que esos cuidados en sus hogares se den, por lo que las instituciones educativas debieran ser también vínculo para proporcionárselos.

Las consecuencias del embarazo no planificado se extienden a la vida escolar de la madre y del padre adolescente, por lo que es obligación del Estado garantizar el derecho a la educación de este muy importante sector de la población.

La situación descrita motiva la presentación de esta iniciativa, con el fin de que la maternidad no constituya impedimento para que niñas y jóvenes tengan acceso al derecho de la educación, sustento de la esperanza de cualquier país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 34 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma laLey General de Educación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Frecuentemente se observa que la deserción escolar de niñas y adolescentes embarazadas es provocada por la gran desaprobación social en las instituciones educativas, el escarnio al que son sometidas genera que abandonden sus estudios y la mayoría jamás retoma lo que dejaron pendiente.

La presente iniciativa tiene la finalidad de reformar la Ley General de Educación, para que el embarazo y la maternidad no constituyan un impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, así como para que las autoridades educativas promuevan las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la educación, en especial, de las niñas menores embarazadas.

Asimismo, se propone infraccionar y sancionar a quienes nieguen la educación y el acceso a los centros educativos a menores embarazadas.

Esta enmienda nos parece de la mayor relevancia, ya que existe una vinculación muy alta entre embarazo adolescente y deserción escolar, y la relación de este vínculo con la pobreza.

Argumentación

Ser madre y padre infantil o adolescente suele iniciar, sin distinciones sociales, con una gran cadena de problemas: abandono escolar, inserción laboral prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas, y posibles riesgos biológicos para la madre y el bebé, sumado a la pérdida de vivencias propias de la adolescencia.

El embarazo adolescente es cada día más común en estos tiempos. Los jóvenes crecen dentro de una cultura donde la mayor influencia viene por parte de los compañeros, la televisión, las revistas y medios de comunicación, en donde el mensaje entregado muchas veces se confunde.

Según estadísticas, los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 o 5 años antes de ser emocionalmente maduros. Lo que colabora para que no se encuentren preparados para conocer sus opciones anticonceptivas.

De igual forma la pobreza y los abusos sexuales infantiles elevan la preocupante cifra de casos de niñas y adolescentes embarazadas.

Esto, sumado a la falta de una correcta línea de educación sexual en las escuelas, es el detonante de nuestra realidad.

Actualmente, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la mitad de los adolescentes en América Latina y el Caribe, son sexualmente activos y, como consecuencia, entre 35 y 52 por ciento de las jóvenes tienen embarazos no deseados.

En México se presentan al año 400 mil embarazos de menores de 18 años, las cuales tienen que cambiar sus libros por biberones y pañales. Esta cifra representa 17 por ciento del total de nacimientos; y catorce mil de estas madres se ven en la necesidad de abandonar la escuela, lo cual es la principal motivación de esta iniciativa; asegurar el derecho a la educación de estas jóvenes.

En nuestro país existen 9 mil 579 adolescentes, entre los 12 y los 18 años, que están en riesgo de abandonar la primaria o la secundaria por estar embarazadas o ya ser madres jóvenes.

El estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y el Distrito Federal, son las entidades que concentran al mayor número de mujeres adolescentes en estas condiciones de embarazos “tempranos” o de adolescentes que se convirtieron ya en madres, al sumar más de tres mil casos.

Aunado a la argumentación anterior, es de destacar que la cultura mexicana se caracteriza por la variedad de tradiciones que hasta hoy se conservan; sin embargo, este prisma cultural, también tiene un lado obscuro: la discriminación de la mujer.

En nuestro país es muy común que se piense que la maternidad es la razón de ser de la mujer, y por eso, erróneamente, se le ha excluido de las actividades educativas, económicas, culturales, políticas, deportivas y muchas otras. Y como se dice coloquialmente “el lugar de la mujer está en su casa”, a la mujer se le han asignado actividades “propias de su sexo” que se resumen al cuidado del hogar y de los hijos.

Sin embargo, la situación económica que ha caracterizado a nuestro país ha hecho indispensable, que tanto hombre como mujer adquieran un trabajo que les permita dar sustento a la familia. Para ello se requiere de una buena preparación educativa.

A pesar de los diversos cambios socio-económicos que ha experimentado el país, y en los que tanto hombres como mujeres han participado, las mujeres continúan encontrando barreras que le impiden lograr su desarrollo, y que, por ende, retrasan al país. Uno de estos obstáculos es la discriminación de la mujer en la educación a causa del embarazo.

Es así, que el embarazo en una etapa adolescente, conlleva a consecuencias más dramáticas a causa de la discriminación de jóvenes y niñas embarazadas que se encuentran cursando educación básica.

Es por lo anterior que consideramos necesario presentar este proyecto con el fin de que la maternidad no constituya un impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación, así como para que se promuevan las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la educación y particularmente para las menores de edad.

Al respecto, la pobreza no sólo es causa, sino también resultado de los embarazos adolescentes, convirtiéndose en un círculo vicioso imposible de romper a causa de la discriminación y poca atención de este problema por las autoridades escolares.

Es claro que las consecuencias del embarazo no planificado se extienden, obviamente, a la vida escolar de la madre y del padre adolescente, y es obligación del estado garantizar el derecho a la educación de este sector de la población.

Concebir a los adolescentes como sujetos de derechos, implica también respetar y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. Esto significa asegurarles el acceso a la educación sexual, a la información adecuada para evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/Sida y a los servicios de salud, que deben garantizar un clima de confianza, privacidad y confidencialidad.

Por otro lado, es por demás señalar que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50 por ciento superior, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los expertos en salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia salud y la de sus bebés, pero desagraciadamente estos cuidados frecuentemente no los pueden encontrar en casa, por lo que las instituciones educativas debieran ser un vínculo para que las autoridades de salud puedan dar seguimiento a estos casos.

Por ello, en nuestra propuesta de reforma se establece como obligación de las autoridades educativas vincular los casos de jóvenes y niñas embarazadas con el sector salud.

Lo anterior es muy importante, porque las consecuencias frecuentes de las niñas y jóvenes embarazadas son el uso temprano de alcohol u otras drogas por la falta de un grupo de apoyo, producido por el abandono de la escuela, familia, o actividades comunitarias, así como un alto riesgo en el parto.

El comité promotor de Maternidad sin Riesgo estima que en México ocurren aproximadamente 4 millones 200 mil embarazos por año, de los cuales solamente 60 por ciento llega a término de la gestación, los demás embarazos terminan con abortos espontáneos o abortos inducidos. Aunado a lo anterior, la edad promedio de iniciación sexual de las mujeres es entre los 15 y 16 años, en la mayoría de los países de la región, por lo tanto, el grupo de mayor riesgo se encuentra entre los 14 y los 18 años, según el Centro Latinoamericano de Salud y Mujer (Celsam).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) agrega que, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, entre 15 y 25 por ciento de los nacimientos provienen de madres adolescentes, pero el embarazo a temprana edad es una de las principales causas de muerte en esta etapa de la vida.

Por otra parte, se observa que el problema ha pasado de generación en generación, ya que 67 por ciento de las jóvenes embarazadas menores de 18 años son hijas de madres que tuvieron el mismo problema cuando eran adolescentes. De hecho, una tercera parte de las mujeres mexicanas tuvo a su primer hijo durante la pubertad.

Con esto último queda claro que las políticas públicas para atacar este problema han sido deficientes, así como las autoridades educativas siguen cometiendo cada día atropellos a los derechos de las y los jóvenes que viven un embarazo a corta edad.

Por todo ello, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 34 Bis y se reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación

Artículo Único.Se adiciona un artículo 34 Bis, se adiciona una nueva fracción XII al artículo 75 y se recorre la fracción XII actual a la fracción XIII del artículo 75, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis. Las autoridades educativas promoverán las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la educación, en especial, de las niñas menores embarazadas, a quienes otorgarán las facilidades académicas del caso y vincularán con el sector salud para dar el seguimiento requerido.

El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel.

Artículo 75.Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. - XI. ...

XII. Negar la educación y el acceso a los centros educativos a menores embarazadas, así como la no vinculación de los casos registrados con el sector salud.

XIII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1. Pulsomed (2003) Tema: Embarazo en la adolescencia. Documento en línea: www.tuotromedico.com. Consultado 09/09/04.

2. Cifras de 2004.

3. SEP 2005.

4. López R. El aborto como problema de salud pública. En: Elu MC, Langer A, eds. Maternidad sin Riesgos en México. México: Comité Promotor de la Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos en México/Instituto Mexicano de Estudios Sociales; 1994. pp. 85-90.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: Bárbara Gabriela Romo Fonseca, María del Rocío Corona Nakamura, Verónica Beatriz Juárez Piña, Gabriel Gómez Michel, María Angélica Magaña Zepeda, María Rebeca Terán Guevara, Carla Alicia Padilla Ramos, Ossiel Omar Niaves López (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A sus órdenes, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, presidente. Para adherirme a la iniciativa que acaba de presentar la compañera diputada, por favor.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tome nota la Secretaría.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, buenos días. El tema que sustenta la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía es sin duda alguna prioritaria para la conservación y supervivencia de todos los seres vivos, y forma un rubro sustantivo en la agenda mundial de los gobiernos; me refiero a la gestión del agua y el manejo de los recursos hídricos, ya que tienen una relación directa con la seguridad nacional y el desarrollo sustentable del territorio.

Debemos estar conscientes que en las últimas décadas el acceso al agua ha sido reducido de manera preocupante, tanto en calidad como en cantidad, provocando efectos negativos en todos los ecosistemas.

A esta situación, que de por sí es crítica, de los recursos hídricos, se suman los daños ambientales derivados del cambio climático, consecuencia del incremento de los desastres naturales.

Estos daños los observamos en las recientes sequías, heladas e inundaciones que impactaron a más de 20 estados del país y causaron la pérdida de millones de hectáreas en la producción agrícola, la muerte de miles de cabezas de ganado, la acentuación de la pobreza y la desigualdad en las comunidades rurales, mismas donde la producción agrícola es casi única para la subsistencia.

Es menester señalar que millones de mexicanos carecen de acceso al agua, o en el mejor de los casos recorren grandes distancias para obtenerla, resultando que el sector más pobre de la población es quien paga más por el vital líquido, agudizando con esto los problemas de pobreza y desigualdad social, generando innumerables conflictos sociales con los pueblos originarios y los habitantes de todas las entidades federativas.

En agosto de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, señalando que los ejes principales de este ambicioso programa serían: mejorar la productividad del agua en el sector agrícola; incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua; promover la cultura de su buen uso; prevenir los riesgos derivados de fenómenos naturales y atender sus efectos; evaluar las consecuencias del cambio climático, entre otros muchos más.

Al momento, pocos resultados se observan de este programa, solo hace falta prestar atención a los problemas que enfrentan los estados y municipios que no logran dar sustentabilidad a los proyectos hídricos o hidráulicos.

Los organismos de cuenca —según información de la propia Conagua— operan con números rojos, las concesiones autorizadas superan la capacidad hídrica del país y no existe la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que permitan concretar una política hídrica que dé respuesta a las necesidades locales, y nacional.

Lo anterior, hace urgente la revisión de la política hídrica, partiendo de una visión que integre los problemas económicos, políticos, medioambientales y sociales en el manejo de este recurso.

En Movimiento Ciudadano planteamos que esta revisión contemple, como principios básicos, el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente como un derecho humano; frenar y revertir la sobre explotación de los mantos acuíferos; atender de manera prioritaria la condición vulnerable de la población más desprotegida o de los estados expuestos a daños por fenómenos meteorológicos; garantizar que el manejo integral de los recursos hidráulicos se sustente en una estrategia real de descentralización, como lo establece el artículo 115 constitucional. Estrategias que resultarían posibles con la participación de los legisladores que integramos el Congreso de la Unión, en el diseño e implementación del Programa Nacional Hídrico.

Compañeras y compañeros legisladores, su servidor les invita respetuosamente a sumarse a esta iniciativa para garantizar una gestión integral y responsable del agua. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Antonio Hurtado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La gestión del agua y el manejo de los recursos hídricos son dos de los problemas que ocupan las agendas mundiales de los gobiernos, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, pues tienen relación directa con la seguridad nacional y el desarrollo sostenible de los territorios.

El agua constituye parte esencial de todo ecosistema. Por tanto, la reducción de su disponibilidad, ya sea en cantidad, calidad o en ambas, provoca efectos negativos graves en la supervivencia de todas las especies, incluida la humana.

A esta situación crítica de los recursos hídricos se suman los daños ambientales derivados del cambio climático, originando un incremento en la presencia de desastres naturales, pues las inundaciones aumentan donde la deforestación y la erosión del suelo impiden la neutralización natural de los efectos del agua. El drenaje de humedales para la agricultura (de los que se perdió 50 por ciento en el siglo XX) y la disminución de la evapotranspiración (por desmonte de tierras) causan otras perturbaciones en los sistemas naturales, con graves repercusiones en la futura disponibilidad de agua.

El ejemplo más cercano de estos daños lo observamos en las recientes sequías, heladas e inundaciones en 20 estados del país, que causaron la pérdida de millones de hectáreas para la producción agrícola, la muerte de miles de cabezas de ganado y la acentuación de la pobreza y la desigualdad en las comunidades rurales donde la producción es casi exclusiva para la subsistencia.

Partiendo del hecho de que el planeta está cubierto en 70 por ciento por agua, la mayor parte del líquido, 97 por ciento, es salobre y se sitúa en mares y océanos, y sólo 2.5 por ciento es dulce. De esta última proporción casi 70 por ciento está congelada y 30 por ciento es subterránea; la mayoría a distancias casi inasequibles, por lo que no es aprovechable. En sentido estricto sólo 0.3 por ciento del agua dulce es potable y está disponible.

Tan sólo en México, la disponibilidad anual es de mil 500 kilómetros cúbicos, de los cuales alrededor de mil 84 se evapotranspiran, 350 van a escurrimientos y 77 a la recarga de acuíferos. Es decir, la disponibilidad per cápita como promedio nacional ha disminuido aceleradamente desde 1955, cuando era de 11 mil metros cúbicos por habitante por año, en la actualidad es de 4.2 mil y se estima que para 2025 será de 3.8 mil metros cúbicos.

Estas cifras tienen un efecto especial para México, pues aún no se alcanza la cobertura total de agua potable y drenaje. Las últimas cifras oficiales revelan que al cierre de 2011 la cobertura fue de 90 por ciento en drenaje, agua entubada y energía eléctrica. Sin embargo, 25 millones de mexicanos carecen de acceso al agua o, en el mejor de los casos, recorren grandes distancias para conseguirla.

En el marco del Día Mundial del Agua 2012, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) señaló que cerca de 30 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados en el país con sustancias químicas, residuos de medicamentos, narcóticos, excremento y metales pesados. Además, refirió que 95 por ciento de los ríos y lagos de México tiene algún grado de contaminación.

La COMDA denunció que los sectores más pobres de la población pagan más por el vital líquido, lo que profundiza cada día los problemas de pobreza y desigualdad social. A esto debemos sumar la advertencia de las ONG sobre el despojo de manantiales realizado por empresas transnacionales en Chiapas y Oaxaca, originando conflictos sociales ante los que el Ejecutivo federal ha respondido con represión para las comunidades y los pueblos originarios.

Actualmente, 104 de los poco más de 600 acuíferos se encuentran sobreexplotados. A esto debemos sumar la política de sometimiento a los intereses de mercado que ha favorecido la privatización, a través de la figura de concesiones, de los manantiales y pozos que suministran el agua a la población. No perdemos de vista el rezago en materia de tratamiento y reúso de aguas residuales, tratamiento que sólo llega a 30 por ciento en zonas urbanas.

En agosto de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. Señaló los ejes principales de tan ambicioso programa: a) mejorar la productividad del agua en el Sector Agrícola; b) incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; c) promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; d) mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; e) consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua; f) promover la cultura de su buen uso; prevenir los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos; g) evaluar los efectos del cambio climático; y h) crear una cultura contributiva y de cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa.

Al momento, escasos resultados se observan del programa: sólo hace falta echar una mirada a los problemas que enfrentan estados y municipios, que no logran dar sustentabilidad a los proyectos hídricos e hidráulicos. Los organismos de cuenca (según información de la propia Conagua) operan con números rojos, las concesiones autorizadas superan la capacidad hídrica del país y no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno que permita concretar una política hídrica que responda a las necesidades locales y nacionales.

Lo anterior hace urgente la revisión de la política hídrica, a partir de una visión integral que integre los problemas económicos, políticos, ambientales y sociales en el manejo del recurso. Planteamos que esta revisión considere como principios básicos el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes, como un derecho humano; frenar y revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, atender de manera prioritaria la condición de vulnerabilidad de la población más desprotegida, o de los estados expuestos a daños por fenómenos meteorológicos y garantizar que el manejo integral de los recursos hidráulicos se sustente en una estrategia real de descentralización, como establece el artículo 115 constitucional.

Esta nueva visión de la gobernabilidad hidráulica que plantea Movimiento Ciudadano incluye un nuevo marco jurídico que considere la obligatoriedad de su cumplimiento, fortaleciendo los mecanismos de participación social y gubernamental, descentralizando funciones y recursos, así como el arreglo a los instrumentos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Dichas estrategias resultarían posibles con la participación del Congreso de la Unión en el diseño y la implantación del Programa Nacional Hídrico.

Por lo anterior se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 5, 6, 8, 14 Bis 5 y 15 de la Ley de Aguas Nacionales, para que el Congreso de la Unión, en coordinación con el Ejecutivo federal, apruebe el diseño y la implantación del Programa Nacional Hídrico

Único. Se reforman las fracciones I del artículo 5, VII del artículo 6 y I del artículo 8; se adicionan las fracciones VII del artículo 8 y VIII Bis al artículo 14 bis 5; y se reforma la fracción I del artículo 15 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 5.Para el cumplimiento y la aplicación de esta ley, el Ejecutivo federal

I. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de los consejos de cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las disposiciones contenidas en esta ley y sus reglamentos. Esta coordinación incluirá la participación del Congreso de la Unión en el diseño e implementación de las estrategias y acciones derivadas de la política hídrica, acciones que serán fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

II. y III. ...

Artículo 6. Compete al Ejecutivo federal

I. a VI. ...

VII.Aprobar , con la anuencia del Congreso de la Unión, el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos.

Artículo 8.Son atribuciones del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales

I. Proponer al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión la política hídrica del país;

II. a VI. ...

VII. Enviar al Congreso de la Unión un informe semestral detallado relativo a los avances en las metas de obra pública, los resultados de las acciones implantadas y la ministración de los recursos financieros.

Artículo 14 Bis 5.Los principios que sustentan la política hídrica nacional son

I. a VIII. ...

VIII Bis. El Ejecutivo federal, en coordinación con el Congreso de la Unión, realizará, cuando sea necesario, las adecuaciones al Programa Nacional Hídrico, con el propósito de generar una política ambiental sustentable que se encamine a resolver los problemas hídricos regionales y nacionales;

IX. a XXII. ...

Artículo 15. ...

I. El Programa Nacional Hídrico, aprobado por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, cuya formulación será responsabilidad de la comisión, en los términos de esta ley y de la Ley de Planeación; dicho programa se actualizará y mejorará periódicamente bajo las directrices y prioridades que demanden el bienestar social y el desarrollo económico, sin poner en peligro el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de los procesos involucrados;

II. a X. ...

Transitorios

Primero.Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará los cambios correspondientes al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

Notas:

1 www.presidencia.gob.mx

2 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, en el marco del Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se concede el uso de la palabra al diputado José Guillermo Anaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor presidente. Vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 constitucional, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

El combate a la corrupción en el servicio público y la función de gobierno es un tema que ha sido tratado desde los inicios de nuestra historia, como nación independiente; por ello, debemos garantizar que quienes son funcionarios o servidores públicos cumplan con su cargo observando la ley y ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz.

Ha sido y es una de las exigencias que permanentemente exige la sociedad; por ello, desde nuestra Constitución se establece que quienes tienen el carácter de servidores públicos están obligados a observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus encargos.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece diversos supuestos por los cuales los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad y señalan que pueden imponerse sanciones económicas, cuando por el incumplimiento de las obligaciones se produzcan beneficios o lucro con ellos.

Aunado a ello, las legislaturas estatales también han legislado en esta materia y se han implementado programas, que tienen como objetivo principal combatir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo y pese a todos los esfuerzos implementados, vemos con pesar que las prácticas de corrupción siguen realizándose. Los medios de comunicación han dado a conocer diversos casos en los que los servidores públicos se han enriquecido o beneficiado de forma desmedida con recursos públicos o utilizando su empleo.

Hemos sido testigos también, amigas y amigos, de escandalosos casos de corrupción en los cuales sujetos deshonestos y sin moral alguna llegan, incluso, a solicitar créditos a nombre del gobierno para beneficio personal, como sucedió con el ex secretario de Finanzas o el ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, al parecer también con el conocimiento y consentimiento por parte del gobernador —en aquel entonces— del estado de Coahuila, Humberto Moreira, en donde llegaron al extremo de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios a nombre del propio gobierno del estado de Coahuila y después convertirlos en deuda pública, 37 mil millones de pesos, utilizando esos cuantiosos recursos en negocios propios que benefician directamente a dichos sujetos, a sus familias ya prestanombres.

En estos últimos meses reiteradamente se han publicado también noticias que dan cuenta de la desviación o ejercicio irregular de recursos públicos en todos los niveles de gobierno, y aún cuando se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas, o en su caso, lleguen a imponerse sanciones penales, en la gran mayoría de los casos el erario público no ve resarcido el daño o el prejuicio causado en común, que se utilicen los prestanombres o testaferros, que generalmente quedan impunes, gozando del dinero que pagan los contribuyentes para los propósitos.

En el año 2008, como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, se modificó la Constitución, realizándose unas reformas más importantes en materia de seguridad pública, y gracias a ello se ha comenzado a implementar el nuevo proceso penal acusatorio y el Estado tiene mayores herramientas para combatir la delincuencia.

El artículo 22 constitucional fue modificado sustancialmente, y entre otras, se adicionó la posibilidad de que en determinados casos relacionados con delitos señalados en el propio artículo, mediante un juicio pueda decretarse la extinción de dominio de bienes utilizados por la delincuencia para cometer los ilícitos.

Esta acción de extinción de dominio permite que, aun y cuando los bienes utilizados por la delincuencia se encuentren registrados a nombre de una tercera persona, dichos bienes se apliquen a favor del Estado, erradicando la impunidad.

La sociedad está cansada de la impunidad que impera, de ver cómo en tres o seis años, personas que fungieron como servidores públicos se enriquecen inexplicablemente y que, en el caso de que hubiere una denuncia y un proceso donde el sujeto que era servidor público es detenido, los recursos desviados nunca son devueltos.

Razón por la cual —señor presidente, le pido un minuto de tolerancia— presento esta iniciativa; propongo reformar la fracción II del artículo 22 constitucional, para establecer que proceda la extinción de dominio en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos cometidos por servidores públicos que causen daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa.

Por cuestiones de tiempo, señor presidente, dejo en esta Secretaría la presente iniciativa, con la súplica de que ordene usted sea incorporada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

El combate a la corrupción en el servicio público y la función de gobierno es un tema que ha sido tratado desde los inicios de nuestra historia como nación independiente.

Garantizar que quienes son funcionarios o servidores públicos cumplan con su cargo observando la ley y ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz ha sido y es una de las exigencias que permanentemente exige la sociedad, por ello, desde nuestra Constitución Política de establece que quienes tienen el carácter de servidores públicos están obligados a observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

La propia Constitución Federal establece en el título cuarto diversas disposiciones relativas a las responsabilidades de los servidores públicos, faculta tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas estatales para legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos y refiere al ámbito de la ley los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Y señala las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece diversos supuestos por los cuales los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad y señala que pueden imponerse sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Aunado a ello, las legislaturas estatales también han legislado en esta materia, y se han implementado programas que tienen como objetivo principal combatir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos implementados, vemos con pesar que las prácticas de corrupción siguen realizándose, los medios de comunicación han dado a conocer diversos casos en los que servidores públicos se han enriquecido o beneficiado de forma desmedida con recursos públicos o utilizando su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios económicos excesivos e injustificados.

Hemos visto noticias de escandalosos casos de corrupción en los cuales sujetos deshonestos y sin moral alguna llegan a pedir créditos a nombre del gobierno para beneficio personal, como sucedió con el ex secretario de finanzas y el ex presidente del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, al parecer con el conocimiento y consentimiento por parte del gobernador en turno del estado Humberto Moreira, en donde llegaron al extremo de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios en nombre del Gobierno y después convertirlos en deuda pública, utilizando esos cuantioso recursos en negocios propios que beneficiaron directamente a dichos sujetos y sus familias.

En estos últimos meses reiteradamente se han publicado noticias que dan cuenta de la desviación o ejercicio irregular de recursos públicos en todos los niveles de gobierno y aun y cuando se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas o, en su caso, lleguen a imponerse sanciones penales, en la gran mayoría de los casos el erario público no ve resarcido el daño o perjuicio causado dado que es común que se utilicen prestanombres o testaferros que generalmente quedan impunes gozando del dinero que pagan los contribuyentes para otros propósitos.

En la mayoría de los casos, por estar los bienes y beneficios a nombre de terceros, el embargo e incluso el decomiso de los bienes del infractor no alcanza para resarcir el daño causado, consecuentemente, la hacienda pública no es indemnizada y al final, se dejan de prestar de forma adecuada servicios públicos o implementar programas cuyo objetivo es beneficiar a la población.

En el año 2008 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizándose una de las reformas más importantes en materia de Seguridad Pública y gracias a ello se ha comenzado a implementar un nuevo proceso penal acusatorio y el Estado tiene mayores herramientas para combatir a la delincuencia.

En ese año, el artículo 22 constitucional fue modificado sustancialmente y, entre otras, se adicionó la posibilidad de que en determinados casos relacionados con delitos señalados en el propio artículo mediante un juicio pueda decretarse la extinción de dominio de bienes utilizados por la delincuencia para cometer los ilícitos.

Posteriormente, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 constitucional, para determinar las reglas aplicables en dicho procedimiento que es independiente de la causa penal y que consiste, prácticamente, en una acción real que extingue el dominio de un bien ligado a la delincuencia y al delito, en favor del Estado.

Esta acción de extinción de dominio permite que, aun y cuando los bienes utilizados por la delincuencia se encuentren registrados a nombre de una tercera persona, dichos bienes se apliquen a favor del Estado, erradicando la impunidad.

Si bien los servidores públicos están sujetos a diversos mecanismos que permiten el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, el Estado y la sociedad en su conjunto se ven dañados cuando en el desvío de recursos públicos tiene como destinatario un tercero que presta su nombre para cobijar el acto de corrupción y garantizar la impunidad en el lucro obtenido a costa del erario.

Es necesario y más que justificado aplicar la extinción de dominio cuando haya de por medio la utilización de recursos públicos porque si bien el daño no se causa a una persona en lo particular, sí se da de forma grave para la sociedad mexicana y hoy más que nunca debe evitarse a toda costa que alguien se beneficie de la conducta ilícita de lesionar a la hacienda pública y, en tal caso, deben recuperarse los bienes suficientes para el pago de los daños y perjuicios generados.

El manejo de los fondos y recursos públicos debe aplicarse al destino para el cual se les comisionó, y en caso contrario, es necesario garantizar el resarcimiento del daño o perjuicio ocasionado, aun y cuando los bienes se hayan registrado como propiedad de un tercero.

La sociedad está cansada de la impunidad que impera, de ver cómo en tres o seis años, personas que fungieron como servidores públicos se enriquecen inexplicablemente y que, en el caso de que hubiere una denuncia y un proceso donde el sujeto que era servidor público es detenido, los recursos desviados nunca son devueltos y sus familiares y amigos siguen gozando de la riqueza mal habida, aun y cuando con ello la sociedad en su conjunto padece las consecuencias nocivas de la corrupción.

Por ello, es más que justificado que existiendo un delito patrimonial en perjuicio de la hacienda pública, no exista duda o pretexto alguno para que proceda la acción de extinción de dominio sobre los bienes ligados a ese delito patrimonial, con lo que se garantizará que el dinero público debe siempre ser aplicado y destinado para los fines concretos que correspondan.

Es decir, quien puede cometer estos delitos es una persona que se desempeña como servidor público y que pasando por alto la normatividad que rige sus acciones va en contra de la funciones que tiene encomendadas.

Razón por la cual se propone reformar la fracción II del artículo 22 constitucional, para establecer que procede la extinción de dominio en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y delitos cometidos por servidores públicos que causen daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal.

Debemos tener presente que cada peso que es objeto de un desvío de recursos, deja de destinarse a un programa determinado que tiende a beneficiar a la sociedad, que ese peso es producto del esfuerzo hecho por los contribuyentes en el pago de sus impuestos y sobre todo implica una violación al estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma  la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 22....

...

I. ...

II.Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y delitos cometidos por servidores públicos que causen un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal siempre y cuando se cumplan las formalidades del procedimientorespecto de los bienes siguientes:

a)a d)...

III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán realizar las reformas a la legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar dentro de los seis meses contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: José Guillermo Anaya Llamas, José Alejandro Llanas Alba, Alberto Coronado Quintanilla, Marcos Aguilar Vega, Consuelo Argüelles Loya, Glafiro Salinas Mendiola, Humberto Armando Prieto Herrera, Juan Jesús Aquino Calvo, Adriana González Carrillo, Xavier Azuara Zúñiga, José Enrique Reina Lizárraga, Leslie Pantoja Hernández, Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante, Tania Margarita Morgan Navarrete, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Esther Quintana Salinas, Margarita Licea González, Víctor Rafael González Manríquez, Heberto Neblina Vega, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Ricardo Villarreal García, Genaro Carreño Muro, Marcelina Orta Coronado, Patricia Lugo Barriga, Sergio Augusto Chan Lugo, Lázara Nelly González Aguilar, Carlos Fernando Angulo Parra, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Máximo Othón Zayas, Gavilán Rodolfo Dorador Pérez, Jorge Iván Villalobos Seañez, Erick Marte Rivera Villanueva, Raudel López López, Omar Antonio Borboa Becerra, María Teresa Jiménez Esquivel, Juan Pablo Adame Alemán, Blanca Jiménez Castillo, Cinthtya Noemí Valladares Couoh, Eufrosina Cruz Mendoza,  Juan Carlos Uribe Padilla, Gerardo Peña Avilés, Germán Pacheco Díaz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María Celia Urciel Castañeda, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Verónica Sada Pérez, Flor de María Pedraza Aguilera, María Isabel Ortiz Mantilla, Leticia López Landero, Tomás López Landero, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Mariana Dunyaska García Rojas, José Alfredo Botello Montes, Purificación Carpinteyro Calderón (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.Inscríbase, como lo solicitó el diputado.

Permítanme un segundo, un segundo, por favor.

Nada más quiero dar la bienvenida a dos grupos; uno, de la Universidad Politécnica de Texcoco, estado de México, y otro, de adultos mayores del municipio de Chalco, también del estado de México, invitados por los diputados Brasil Alberto Acosta Peña y Juan Manuel Carbajal Hernández, que están en la tribuna.

Ahora sí.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): Sí, presidente. Por su conducto quisiéramos, el diputado Marcelo Torres y un servidor, considerar que los 113 diputados del PAN podamos, junto con el diputado Guillermo Anaya, suscribir la iniciativa que acaba de presentar, si usted nos lo permite.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Instruméntelo en la Secretaría. Los demás ya no, ¿verdad? Era para lo mismo.

ARTICULOS 2O., 3O. Y 4O. CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene el uso de la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados de esta honorable Legislatura, la raza africana compone la tercera raíz del mestizaje en nuestro país, con notable presencia en 13 estados de nuestro México, pero sobre todo en las costas de Oaxaca y Guerrero, que es donde se encuentra la mayor concentración de estos pueblos.

Se consideran afromexicanos los hombres y mujeres descendientes de la diáspora africana, que fueron traídos a México en tiempos de la Conquista en calidad de esclavos; aquellos que se establecieron como grupos cimarrones o libertarios en nuestro territorio y que obtuvieron su libertad mediante su participación activa en la lucha por la Independencia del país, asentándose en diversos estados de la República Mexicana.

En el distrito XI del estado de Oaxaca, al cual represento, al igual que en otras entidades federativas se observan numerosas comunidades de afromexicanos, comunidades que no cuentan con un reconocimiento jurídico específico, como el que actualmente tienen los pueblos y las comunidades indígenas, pero que viven en condiciones de pobreza y desigualdad extremas, que ofenden y lastiman a todos los mexicanos y mexicanas.

El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afromexicanos es una necesidad que no puede esperar más y que está más que justificada, ya que tiene su origen en la demanda social de dichas comunidades, quienes buscan su reivindicación en el Estado y exigen a éste el cumplimiento de los derechos fundamentales, como educación, salud, desarrollo económico y reconocimiento cultural por parte de los tres niveles de gobierno; además del reconocimiento en el sistema jurídico nacional.

La presente iniciativa busca que los pueblos afromexicanos sean vistos por el Estado y por el orden jurídico; ser contemplados expresa y explícitamente en la historia y en el sistema legal como forjadores de la nación mexicana, porque son pueblos a los que se les ha olvidado y marginado, tanto así que la historia nacional vigente no narra con suficiencia el papel que han desempeñado los pueblos mexicanos en el devenir histórico.

La legislación no reconoce la diferencia cultural de los pueblos negros o afromexicanos y ello limita el ejercicio de sus derechos, principalmente para fortalecer su identidad, generar espacios de difusión que reconstruyan su cultura y en la recopilación y aprovechamiento de sus conocimientos. Además, los excluye de las políticas públicas que les permitirían participar en los procesos de desarrollo económico, político y social del país.

Existe una total ignorancia por parte del Estado mexicano para reconocer y valorar la presencia africana y su aportación a la cultura y a la historia de México, actitud que se ve reflejada en la ausencia de un marco jurídico que reconozca los derechos, la identidad y la diversidad cultural afromexicana.

Esta iniciativa es de suma importancia, porque pretende reconocer oficialmente la presencia de afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida de nuestro país, visibilizarlos y provocar con ello el goce de políticas que combatan, tanto la discriminación racial como las carencias de instituciones para la promoción eficaz y desarrollo de sus comunidades.

Reconocerlos como parte fundamental e innegable de la nación mexicana al incluir, después de la mención a los pueblos indígenas, el reconocimiento expreso de los pueblos negros o afromexicanos y sus comunidades, como sujetos colectivos de derecho en los artículos 2o, 3o. y 4o. de nuestra Carta Magna.

Es ésta la manera de saldar la deuda histórica que la nación tiene con los afromexicanos y hoy, compañeros diputadas y diputados, es el momento de hacerlo aprobando esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3 y penúltimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos afromexicanos.

Exposición de Motivos

Se consideran pueblos negros o afromexicanos a aquellos conformados por descendientes de la diáspora africana que fueron traídos a México en tiempos de la Conquista en calidad de esclavos, aquellos que se establecieron como grupos “cimarrones” o libertarios en nuestro territorio, y que obtuvieron su libertad mediante su participación activa en la lucha por la independencia del país asentándose en diversos estados de la República Mexicana.

De acuerdo con los datos que aporta la etnóloga Luz María Martínez Montiel, la población afrodescendiente que habita en México se encuentra ubicada principalmente en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En menor proporción, la hay en los estados de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Querétaro y el Distrito Federal.

El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afromexicanos es una necesidad que no puede esperar y que está más que justificado. Se origina, de la demanda social creciente de esas comunidades y organizaciones enfocadas en la defensa de dichos pueblos, quienes buscan su reivindicación en el estado, y la exigencia a éste el cumplimiento de los derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo económico, a la cultura y, a la participación política; además del reconocimiento en el sistema jurídico nacional para que estas organizaciones sociales puedan realizar o exigir el cumplimiento de derechos de carácter colectivo y aún individual.

La iniciativa pretende que los pueblos afromexicanos se “visibilicen” por el estado y por el orden jurídico, por lo que deben ser contemplados expresa y explícitamente en la historia y en el sistema legal como forjadores de la nación mexicana. Son pueblos a los que se les ha olvidado y marginado, tan es así que la historia nacional vigente no narra con suficiencia el papel que en nuestra historia y en la vida contemporánea han desempañado y aún desempeñan los pueblos afromexicanos. Como se puede advertir, en nuestro país existe un amplio número de población negra o afromexicana diseminada a lo largo y ancho de nuestro territorio, misma que no cuenta con un reconocimiento jurídico específico como el que actualmente tienen los pueblos y las comunidades indígenas, pero que viven en condiciones de pobreza y desigualdad extremas que ofenden y lastiman a todos los mexicanos y mexicanas.

La legislación no reconoce la diferencia cultural de los pueblos negros o afromexicanos y ello limita el ejercicio de sus derechos, principalmente para fortalecer su identidad, generar espacios de difusión que reconstruyan su cultura y en la recopilación y aprovechamiento de sus conocimientos. Además, los excluye de las políticas públicas que les permitan participar en los procesos de desarrollo económico, político y social.

Esta iniciativa es de suma importancia porque pretende reconocer oficialmente la presencia afrodescendiente en todos los ámbitos de la vida de nuestro país, visibilizarlos, y provocar el goce de políticas que combatan tanto la discriminación racial como las carencias de instituciones para la promoción eficaz y desarrollo de sus comunidades.

En virtud del olvido y escasa atención a nuestra tercera raíz, resulta apremiante su reconocimiento jurídico porque se trata de pueblos que fueron en sus orígenes esclavizados; posteriormente afectados, tanto ellos como sus descendientes en su dignidad; y, hoy en día, son excluidos, segregados y eliminados de cualquier reconocimiento identitario que les brinde acceso con suficiencia al resto de los derechos fundamentales, principalmente a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, los pueblos afrodescendientes están presentes en nuestra realidad. Las poblaciones negras se encuentran en diversas entidades federativas: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal, aunque materialmente en todas ellas están en una situación de inferioridad en relación con el resto de la población mayoritariamente mestiza.

No obstante los fundamentos internacionales y nacionales expuestos, los pueblos afromexicanos no cuentan con el apoyo institucional debido. Así, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) celebra reuniones de conciliación cuando se produce algún fenómeno de discriminación pero no contempla sanciones ni indemnizaciones que permitan resarcir el daño que provocan a las víctimas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha logrado establecer una metodología para censar a las poblaciones negras. Y en general existe una violencia institucional y estructural hacia estas poblaciones y comunidades que pretende volverlas invisibles ante el resto de los sectores sociales y del propio estado, negándoles sus derechos colectivos que ya se encuentran consagrados en el ámbito internacional.

La iniciativa que se propone busca aliviar la desigualdad material y formal de los descendientes de los africanos, atender los problemas de discriminación hacia las poblaciones afromexicanas y, erradicar el racismo que sufren. Sus fundamentos jurídicos en el ámbito internacional se localizan en los siguientes instrumentos: El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que postula la igualdad y la prohibición de la discriminación; el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En el ámbito interno, sus fundamentos son: El artículo 1 de la Constitución que prohíbe la esclavitud y la discriminación; y, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además de lo previsto en el artículo 2 de la Constitución que reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana.

Este último reclamo tiene como las demás reivindicaciones fundamentos jurídicos. La Declaración de los Principios de la Cooperación Internacional, adoptada en 1966 en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aboga por la igualdad entre las culturas, el deber de desarrollar la cultura propia y el respeto a la variedad y diversidad de las culturas. Por eso, en un país como México que ha reconocido constitucionalmente la pluriculturalidad de la nación y ha elevado al rango de la ley fundamental el derecho a la cultura tiene que plantear los mecanismos para que esta igualdad entre las culturas pueda expresarse a través de la asunción de las diferencias. Esto es, aceptar que la diferencia es el derecho de los individuos a ser reconocidos como miembros de cierto grupo social y a gozar de determinados beneficios en virtud de ellos.

En el derecho comparado, la Ley 70 de Colombia, define a la comunidad negra de la siguiente manera: “Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la población campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que la distingue de otros grupos étnicos”. Este ejemplo en Iberoamérica da cuenta del reconocimiento de los derechos de los pueblos afromexicanos y debe servir de marco a seguir por otras naciones como la nuestra.

En este tenor, un fundamento contundente para reconocer en nuestro país constitucionalmente los derechos de los pueblos afrodescendientes el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1987, que desarrolla la tercera generación de derechos fundamentales, que son los derechos colectivos que apoyan los derechos de los pueblos a la propiedad y disfrute de la tierra, a las prácticas culturales, al uso de la lengua y a la libre determinación. También la Declaración de los Derechos de los Pueblos de la Organización de las Naciones Unidas propone para los pueblos los siguientes derechos: Derecho a la existencia; Derecho a la autodeterminación política; Derecho económico; Derecho a la cultura; Derecho al medio ambiente y los recursos comunes; Derechos de las minorías; y, el establecimiento de garantías y sanciones para hacer efectivos los derechos anteriores.

En virtud de los fundamentos anteriores, los derechos de los pueblos Afromexicanos de México deben ser reconocidos porque la existencia de estas comunidades no ha tenido efectos jurídicos en su convivencia con la cultura mayoritaria; porque es su camino para su sobrevivencia física y cultural; porque es un mecanismo para paliar una injusticia histórica; porque no ha sido asumida de manera expresa su existencia en el territorio nacional; porque deben tomar parte en las decisiones que les atañen directamente; porque deben hacer efectivo el principio constitucional a la igualdad jurídica; para que puedan tener acceso a los recursos naturales; y, porque requieren de la existencia jurídica para defender sus derechos.

El 26 y 27 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el foro nacional Poblaciones Afrodescendientes en México 2012, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cual se propone como un espacio de diálogo entre las instituciones del estado, los colectivos de afrodescendientes y la academia, que permita hacer un balance sobre lo que hasta ahora se ha realizado en relación con este tema y construir una nueva plataforma para reconocer los enormes desafíos que supone la atención a esta población, ahora animados e interpelados por los compromisos del Estado mexicano en la materia.

Por lo expuesto, proponemos a esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 2, 3, y el penúltimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos afromexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

“ Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y pueblos afromexicanos que están asentados en el territorio nacional desde el inicio de la conquista.

Los pueblos indígenas son aquellos...

La conciencia de su identidad...

Los pueblos afromexicanos son aquellos que descienden de poblaciones africanas que fueron traídas en condiciones de esclavitud al territorio actual del país desde el inicio de la conquista y que conservan sus propias culturas, de conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de esta Constitución.

La comunidad negra se conforma por el conjunto de individuos y familias que se consideran afrodescendientes con una cultura propia, que comparten una historia, tienen tradiciones y costumbres que los identifican entre sí y los diferencian de los pueblos indígenas y de otros pueblos.

La conciencia de identidad cultural será criterio fundamental para la identificación de los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho y para invocar la aplicación de sus derechos colectivos.

A. ...

B. ...

C. Los pueblos afromexicanos tienen derecho a:

I. La preservación de su identidad, sus tradiciones, costumbres, conocimientos y todos los elementos que contribuyan a fortalecer y desarrollar su cultura y su patrimonio cultural material e inmaterial.

II. La protección y promoción de la diversidad de sus expresiones culturales, y de sus actividades, bienes y servicios culturales.

III. No ser víctima de racismo ni discriminación racial.

IV. Aplicar sus sistemas normativos internos para la resolución de conflictos y para la organización de sus comunidades.

V. La protección de su hábitat, tierras, territorios y recursos naturales así como el acceso a las concesiones de la franja costera aledañas a sus asentamientos.

VI. Participar en las decisiones de los aspectos sociales, culturales, económicos, de desarrollo y políticos que les afecten.

VII. La protección, preservación, difusión y promoción de sus aportaciones artísticas, históricas y culturales a la conformación del Estado mexicano, principalmente en los programas de educación básica y en los medios de comunicación.

VIII. El acceso a los programas sociales que les beneficien.

IX. Participar en el progreso científico y tecnológico en todos los aspectos que les afecten.

X. Decidir sobre sus propias formas de desarrollo humano, económico, social y cultural.

XI. Participar en la conservación, protección, explotación y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y del medio ambiente, de las playas, de la alta mar y del fondo de los mares.

XII. Disfrutar de los derechos derivados de su identificación como miembros de los pueblos afromexicanos o comunidades equiparables.”

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 3 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación...

La educación...

...

II. El criterio que orientará...

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestras culturas , y ...

...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos- incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestras culturas.

...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir las culturas de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;...

VIII....”

Artículo Tercero. Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 4 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 4o. Toda persona tiene derecho al acceso a las culturas y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de las culturas, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.

Tercero . El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y del Distrito Federal en el plazo de seis meses después de la entrada en vigor de este decreto harán en el ámbito de sus respectivas competencias las adecuaciones secundarias correspondientes para darle a éste plena eficacia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada doña Carla Alicia Padilla Ramos.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente, para adherirnos...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada? Se quiere sumar a la...

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Así es, presidente

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada iniciante doña Delfina, se quieren sumar a su iniciativa varios compañeros.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Los diputados de Movimiento Ciudadano de Oaxaca, queremos sumarnos a la iniciativa de la diputada Delfina Guzmán.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto. Tendrán que venir a firmarla aquí a Proceso Legislativo.

La diputada Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Muchas gracias.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Aceptamos y quisiéramos que fuera toda la Legislatura quien se sumara a esta iniciativa. Gracias, compañeros de Movimiento Ciudadano.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, ya quedamos; ya no le di a usted la palabra.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra doña Carla Alicia Padilla Ramos, del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente; compañeros, hoy tengo el gusto de subir a esta tribuna a nombre de mi compañero Enrique Aubry, para plantearles una problemática alarmante en materia de salud; la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos.

Según la Secretaría de Salud, la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso y segundo en adultos.

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles; por ello es que necesitamos darle prioridad a la prevención de la obesidad infantil.

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud.

Estas enfermedades son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo; cada año fallecen cerca de tres millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, un 44 lo hacen por diabetes, otro 23 por ciento por cardiopatías sistémicas y entre el 7 y el 14 por ciento provienen de algunos cánceres, que se atribuyen al sobrepeso y obesidad.

Tan solo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico degenerativas, como son: diabetes mellitus tipo II, enfermedades sistémicas del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas.

México gasta el 7 por ciento de su presupuesto destinado a la salud para atender la obesidad, debajo de Estados Unidos de América, que invierte el 9 por ciento.

La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud se ha vuelto uno de los peores enemigos del bienestar físico en estos tiempos, cuando el 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad necesaria para mantener su cuerpo en condiciones aceptables.

A pesar de los grandes avances que nuestro país ha experimentado en los últimos años, la desnutrición y la obesidad infantil siguen siendo un problema en México. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que una de cada tres adolescentes, de entre 12 y 19 años, presenta sobrepeso y obesidad.

Para los escolares la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió a un promedio del 36 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de cuatro millones de escolares conviviendo con este problema.

Esta enfermedad resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, aunque está asociada a factores sociales conductuales, culturales, fisiológicos, metabólicos y genéticos. Está acompañado por problemas derivados del exceso de peso corporal, entre los que se encuentran dificultades para respirar, ahogo, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad coronaria.

En México, de acuerdo a esta Encuesta Nacional de Nutrición, el sobrepeso y la obesidad se incrementan en el país al alcanzar alrededor del 30 por ciento en los niños y hasta un 70 por ciento en los adultos.

Los niños con obesidad pueden sufrir de hipertensión, colesterol elevado y resistencia a la insulina desde la infancia o pubertad y continúan con el riesgo en la etapa adulta; en varones aumenta el riesgo de arterioesclerosis, infartos al miocardio, accidentes vasculares cerebrales, diabetes, cáncer de colon; las mujeres, en cambio, son proclives a padecer artritis degenerativa, aumento de la presión arterial en el embarazo y predisposición de fracturas de cadera.

Es por lo anterior, que son necesarias y urgentes las propuestas legislativas que coadyuven a transformar nuestros sistemas educativos de salud y deportivos, a fin de que la población tenga mejores hábitos alimenticios, una mayor práctica deportiva y una óptima atención médica para evitar efectivamente los problemas de obesidad.

Por lo anterior, proponemos reformar el artículo 28, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la enfermedad de la obesidad también sea combatida mediante la promoción de una alimentación adecuada. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma laLey para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos. Este incremento se explica por la incorrecta alimentación y la vida sedentaria.

Los niños obesos y con sobrepeso, tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por ello es que necesitamos darle prioridad a la prevención de la obesidad infantil.

Argumentación

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, el sobrepeso se define como un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30.

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, 44 por ciento de la carga de diabetes, 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas y entre 7 por ciento y 41 por ciento de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Tan sólo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes mellitus tipo 2, enfermedades isquémicas del corazón, cerebro-vasculares e hipertensivas.

Según la página de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.

México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, sólo debajo de Estados Unidos que invierte 9 por ciento.

La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad se ha vuelto uno de los peores enemigos del bienestar físico en estos tiempos, cuando 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad necesaria para mantener su cuerpo en condiciones aceptables.

A pesar de los grandes avances que nuestro país ha experimentado en los últimos años, la desnutrición y la obesidad infantil siguen siendo un problema en México.

Según la Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la desnutrición afecta mucho más a la región sur, y la obesidad afecta a la región norte y se extienden a lo largo de todo el territorio mexicano, poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos para promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad con atención especial en niños, niñas y adolescentes.

Las cifras siguen creciendo y son alarmantes, de 5 a 14 años la desnutrición crónica es de 7.25 por ciento en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las poblaciones rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena.

Pero también está la obesidad infantil, ésta ha ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y en la adolescencia, sino también en población de edad preescolar.

Datos de Ensanut (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), indican que uno de cada 3 adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso y obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 36 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

Esta enfermedad resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, aunque también está asociada a factores sociales, conductuales, culturales, fisiológicos, metabólicos y genéticos.

Está acompañada por problemas derivados del exceso de peso corporal entre los que se encuentran: dificultades para respirar, ahogo, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies y los tobillos, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar.

Los habitantes de México nos encontramos en una transición nutricional, en la que aún no resolvemos el problema de la desnutrición y ya tenemos el padecimiento de la obesidad.

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición (Ensanut) realizada en 2006, el sobrepeso y la obesidad se incrementaron en el país, al alcanzar alrededor de 30 por ciento en los niños y hasta 70 por ciento en los adultos. Los niños obesos tienen una morbilidad y mortalidad superior a aquellos niños que no lo son.

Es importante saber que es normal que a los cuatro meses de edad se tenga gran cantidad de grasa, que disminuya de forma constante entre los dos y seis años y aumente alrededor de los siete años.

Sin embargo, si un niño es obeso entre los seis meses y siete años de edad, la probabilidad de que sigan siendo obesos en la edad adulta es de 40 por ciento. Si un niño es obeso entre los diez y trece años, las probabilidades son de 70 por ciento. Esto se explica porque las células que almacenan grasa (adipositos) se multiplican en esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del niño de ser obeso cuando adulto.

Los niños con obesidad pueden sufrir de hipertensión, colesterol elevado y resistencia a la insulina desde la infancia o pubertad y continúan con el riesgo en la etapa adulta. En varones, aumenta el riesgo de ateroesclerosis, infartos al miocardio, accidentes vasculares cerebrales, diabetes así como cáncer de colon. Las mujeres en cambio, son proclives de padecer artritis degenerativa, aumento de la presión arterial en el embarazo y predisposición de fracturas de cadera.

Especialistas del Instituto Nacional de Pediatría, calculan que niños con sobrepeso de 25 por ciento adicional al normal tienen mayor probabilidad de presentar alteraciones hormonales. En la mujer, puede generar infertilidad, ovarios poliquísticos y alteraciones del ritmo menstrual.

Se calcula que la hipertensión arterial es un problema que no se detecta en la etapa de niñez y adolescencia, presentándose cifras de 120/70 milímetros de mercurio, cuando lo normal es de menos de 100/60 milímetros de mercurio antes de empezar la pubertad. Tampoco se identifica el incremento del colesterol que suele tener cifras normales de adultos, pero que en niños y adolescentes pueden ya estar elevados.

Por problemas de obesidad durante la pubertad son más proclives al suicidio, a las adicciones al alcohol, tabaco y otras drogas y a desarrollar alteraciones de la alimentación como anorexia y bulimia.

El sobrepeso y la obesidad infantil están detonando la aparición de diversas enfermedades que anteriormente sólo se veían en la población adulta. En un estudio que lleva a cabo el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en los niños con sobrepeso y obesidad de 4 a 18 años de edad, se observó que de 100 niños estudiados 16 por ciento son hipertensos, 50 por ciento tienen problemas de hipertensión, altos niveles de triglicéridos y colesterol, lo que se conoce como síndrome metabólico.

Es por lo anterior que son necesarias y urgentes las propuestas legislativas que coadyuven a transformar nuestros sistemas educativos, de salud y deportivos, a fin de que la población tenga mejores hábitos alimenticios, una mayor práctica deportiva y una óptima atención médica, para abatir efectivamente los problemas de obesidad.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Único.Se reforma el artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

A. - C. ...

D. Combatir la desnutrición y la obesidad mediante la promoción de una alimentación adecuada.

E.- J. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1. http://www.dee.edu.mx/web/?source=w_estescolares

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: Enrique Aubry de Castro Palomino, María del Rocío Corona Nakamura, Gabriel Gómez Michel, María Rebeca Terán Guevara, Carla Alicia Padilla Ramos, María Angélica Magaña Zepeda (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Carla Alicia. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el señor diputado don José Francisco Coronato Rodríguez, del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5o., 7o., 8o., 36 y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Como bien saben, todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad en cuanto a que somos personas, seres racionales dotados de valores intrínsecos, sin distinción alguna.

A raíz de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, promulgada el 9 de junio de 2011, se incorporó a nuestra Carta Magna un abanico de derechos contenidos en tratados y convenios internacionales, que abarcan a toda la sociedad, pero que particularmente van dirigidos a aquellos grupos y sectores de la población que han visto vulnerados, violentados o retrasados sus derechos, en razón de su condición social, género, raza, creencias religiosas o contar con alguna discapacidad.

En consecuencia, la tarea legislativa, que procede en una visión garantista del derecho mexicano, es iniciar un proceso de armonización entre los derechos contenidos en tratados y convenios internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos y nuestras leyes, para hacer estos mecanismos específicos para el ejercicio y goce de esos derechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, si nos permiten, un poco de orden en la Mesa Directiva.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:La armonización legislativa implica un proceso minucioso de revisión del contenido, tanto en tratados y convenios como de las leyes, a fin de que cada una se adecue al nuevo marco constitucional; por tanto, requerirá de importantes esfuerzos para ir incorporando uno a uno los mecanismos legales que permitan garantizarlos.

En ese sentido, el contenido de esta iniciativa es justamente la de contribuir al proceso de armonización en un tema sensible y prioritario, como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.

Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas; recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales derivado del derecho a la libertad que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, como en las declaraciones Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 8o., respectivamente, las cuales son normas supremas para las y los mexicanos.

Congruentemente con lo anterior, la accesibilidad y desplazamiento son necesarios para garantizar otros derechos, como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros, ya que todos ellos implican tener movilidad para desplazarse y poder hacerlos efectivos.

Solo para dimensionar la gravedad e injusticia de la discriminación existente para quienes conforman el sector social tan vulnerable, como es el de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, la Organización de las Naciones Unidas señaló que en el mes de septiembre del año anterior eran más de siete mil millones de personas en el mundo, de las cuales el 10 por ciento presentan alguna discapacidad.

Esto sería, que si fuera cierto, 700 millones de personas la representarían; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señaló que son más de mil millones de personas. Lo anterior representaría que en nuestro país tendríamos más de 12 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

Es menester destacar que a nivel mundial —como bien se sabe— la pirámide poblacional tiende a invertirse, por lo cual tendremos más personas de la edad de oro, de las cuales un número importante de ellos podrán alcanzar algún tipo de discapacidad en forma natural.

La reforma propuesta a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal tiene como fin generar las adecuaciones físicas y arquitectónicas que permitan la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad, tanto en el transporte público como en las terminales, estableciendo como un requisito para las concesiones contar con esas adecuaciones.

También contempla que los trabajadores y los operadores del transporte estén debidamente capacitados para la atención y tratamiento de las personas con discapacidad, rompiendo con las barreras, tanto mentales como físicas, que hasta el momento existen en contra de las personas con discapacidad.

En suma, compañeras y compañeros diputados, la discapacidad no está en nuestras hermanas y hermanos que la tienen, sino está sin duda en nosotros, por la discriminación e injusticia para ellos. Es tiempo de romper con estas barreras, respetando, protegiendo y tutelando los derechos de nuestras hermanas y hermanos. Es cuanto.

Solicitándole respetuosamente, señor presidente, sea incorporada esta iniciativa completa al Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 5o., segundo párrafo, y fracción X; 7, fracciones III y VIII; 8, segundo párrafo; 17, fracciones XIV y XV; 36, segundo párrafo, y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de lo siguiente:

Todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad, en cuanto a que somos personas, seres racionales dotados de valores intrínsecos, sin distinción alguna.

Planteamiento del problema

A raíz de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro país, promulgada el 9 de junio de 2011, se incorporaron a nuestra Carta Magna un abanico de derechos contenidos en tratados y convenios internacionales que abarcan a toda la sociedad, pero que particularmente van dirigidos a aquellos grupos y sectores de la población que han visto vulnerados, violentados o retrasados sus derechos en razón de su condición social, género, raza, creencias religiosas, preferencia sexual o discapacidades.

La misma reforma estableció, además, obligaciones específicas para quienes somos los responsables de salvaguardar esos derechos, es decir, las instituciones del Estado mexicano. Al Poder Legislativo, por tanto, en el ámbito de nuestra competencia, nos corresponde legislar y dotar de presupuestos para garantizar que esos derechos cuenten con mecanismos eficaces que los hagan exigibles por todas las personas.

En consecuencia, la tarea legislativa que procede, en una visión garantista del derecho mexicano, es iniciar un proceso de armonización entre los derechos contenidos en tratados y convenios internacionales, ratificados por México, en materia de Derechos Humanos, y nuestras leyes, para hacer de éstas mecanismos específicos para el ejercicio y goce de esos derechos.

La armonización legislativa implica un proceso minucioso de revisión del contenido tanto de tratados y convenios, como de las leyes a fin de que cada una se adecue al nuevo marco constitucional, por tanto requerirá de importantes esfuerzos para ir incorporando uno a uno los mecanismos legales que permitan garantizarlos.

En ese sentido, el cometido de esta iniciativa es justamente la de contribuir al proceso de armonización en un tema sensible y prioritario como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la marginación y vulnerabilidad social en la que se encuentra la población con discapacidad, se pueden observar situaciones como las siguientes: el desempleo para este grupo de población es entre dos y tres veces más elevado que el de las personas sin discapacidad; no existe un sistema de transporte completamente accesible en los países, ni legislación referente al acceso a los edificios, además de la discriminación a la que se enfrentan diariamente.

Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas. Recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales, derivado del derecho a la libertad, que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, como en las Declaraciones, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 8o. respectivamente, las cuales son normas supremas para las y los mexicanos.

Congruentemente con lo anterior, la accesibilidad y desplazamiento son necesarias para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros, ya que todos ellos implican tener movilidad para desplazarse y poder hacerlos efectivos.

La accesibilidad a los inmuebles, las formas y costos de transportación, la disposición de servicios y atención especializada, así como la posibilidad de contar con personal capacitado para la atención de las personas con diversos tipos de discapacidad, así como el desplazamiento, para poder hacerlos una realidad, son factores decisivos en la integración social de las personas con discapacidad, pero sobre todo para poder alcanzar su propio desarrollo al que tienen derecho, sin distinción.

Por ello, se hace necesario que la ley sea el instrumento para equiparar los derechos entre los seres humanos con y sin discapacidad. De acuerdo a la ONU “Equiparación de oportunidades”significa “el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad ?tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo, hacerlas accesible para todos”.

Hacer esto una realidad es parte, sin duda, de nuestra responsabilidad, que hoy la vida nos da la maravillosa oportunidad de afrontar con la más absoluta convicción y congruencia.

Argumentación

Por el carácter progresivo de los derechos humanos y debido a un importante activismo de organizaciones de la sociedad civil, se ha venido avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que hasta hace poco eran vistas, desde el punto de vista legal, sólo como sujetas de tutelaje, es decir no se les concedían capacidades propias para ejercer todos sus derechos, sin dejar de reconocer la deleznable discriminación y violación a sus derechos humanos, que sufren las personas con discapacidad.

Fue el 13 de diciembre de 2006 que se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y México la suscribió el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre de 2007.

La convención establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, es decir, que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.

Esta convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

Este instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

Aunque no hay una definición universalmente aceptada de discapacidad en la Convención, sin embargo, establece en el artículo 1o. que:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Es importante destacar los principios generales de la Convención, establecidos en su artículo 3o.:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar la identidad.

De estos principios se desprenden las responsabilidades que el poder legislativo tiene para poder garantizarlos. Y con respecto al tema de esta iniciativa, específica la necesidad de garantizar la accesibilidad que, como se ha visto antes, se hace necesaria para evitar la discriminación y hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Solo para dimensionar la gravedad e injusticia de la discriminación existente, para quienes conforman el sector social tan vulnerable como lo es el de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, la Organización de Naciones Unidas señaló que en el mes de septiembre del año anterior, eran más de 7,000 millones de personas en el mundo, sin embargo la Organización Mundial de la Salud señaló que son más de 1,000 millones de personas, lo anterior representaría que en nuestro país tendríamos más de 11 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

Es menester destacar que a nivel mundial como bien se sabe, la pirámide poblacional tiende a invertirse, por lo cual tendremos más personas de la edad de oro, de los cuales un número importante de ellos podrán alcanzar algún tipo de discapacidad en forma natural.

Asimismo, la Convención establece que los “Estados parte” se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad; adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales; así como elaborar y aplicar legislaciones y políticas para hacer efectiva la Convención.

Sin duda, estos compromisos, contraídos al firmar y ratificar la Convención, nos hacen corresponsables de las acciones que en materia legislativa y presupuestal deban implementarse para su aplicación y ejercicio, independientemente de la obligatoriedad originaria del estado mexicano, derivado de su reconocimiento en nuestra norma suprema.

Aunado a lo anterior, en México, el 3 de marzo de 2011 se aprobó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Esta Ley establece las bases para armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y afirma la necesidad de propiciar el desarrollo integral e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con respecto a la salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, transporte, acceso a la justicia, cultura, recreación, deporte y acceso a la información.

Ambos instrumentos legales presuponen una importante tarea de armonización legislativa que permitan incorporar a cada ley o reglamento, los mecanismos para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, pero como en todo se debe comenzar por algún lado.

Esta iniciativa, como se ha mencionado antes, pretende contribuir a ese proceso de armonización, pero sobre todo a contribuir para hacer una realidad este derecho fundamental, con la incorporación de las bases para la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad mediante la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Dotar de mecanismo para la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad tiene el objetivo de cambiar la visión meramente asistencialista que se ha desarrollado en torno a este grupo de la sociedad, con el fin de equiparar las oportunidades que les permitan su plena integración a la sociedad, y ejercer sus derechos plenamente, a efecto de lograr su desarrollo integral.

Las reformas propuestas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal tienen como fin generar las adecuaciones físicas y arquitectónicas que permitan la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad tanto en el transporte público como en las terminales, estableciendo como un requisito para las concesiones contar con esas adecuaciones. También contempla trabajar con los operadores del transporte, a fin de capacitarlos adecuadamente para la atención y tratamiento de las personas con discapacidad, rompiendo con las barreras tanto mentales como físicas que hasta el momento existen, violentándoles sus derechos humanos a nuestras hermanas y hermanos con alguna discapacidad.

Fundamento legal

Primero. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 9 que:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.

Segundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 11 el derecho que tenemos todos los seres humanos para transitar libremente.

Tercero. Estos derechos humanos de igual manera son reconocidos por las declaraciones Americana de los Derechos y Deberes de Hombre, y Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13 y 8o., respectivamente.

Cuarto. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece en el capítulo V sobre el Transporte Público y Comunicaciones, que:

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo.

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado.

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo.

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

Quinto. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5o. segundo párrafo, y fracción X, 7, fracciones III y VIII, 8, segundo párrafo, 17, fracciones XIV y XV, 36 segundo párrafo y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforman y adicionan los artículos 5o. segundo párrafo, y fracción X, 7o., fracciones III y VIII, 8o., segundo párrafo, 17, fracciones XIV y XV, 36 segundo párrafo y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

(Segundo párrafo)

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I. a IX. ...

(Se agrega fracción)

X. Promover el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de información, y las comunicaciones particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral.

Artículo 7o. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público, conforme a lo siguiente:

I. al II. ...

III. Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, las que garanticen accesibilidad y desplazamiento a las personas con discapacidad, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión.

(Se agrega fracción)

VIII. En la concesión del servicio de transporte público las unidades e instalaciones deben garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado.

Artículo 8o. ...

(Segundo párrafo)

Los reglamentos respectivos señalarán los requisitos para el establecimiento, construcción, operación y explotación de las instalaciones y servicios antes citados garantizando la accesibilidad y desplazamiento a las personas con discapacidad.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

(La fracción XIV se convierte en XV, para quedar como sigue)

XIV. Dejar de garantizar accesibilidad a las personas con discapacidad.

XV. Las demás...

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán ...

(Segundo párrafo)

El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que se establezcan en el reglamento respectivo, así como capacitación y sensibilización para la atención a personas con discapacidad.

Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, accesibilidad para personas con discapacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Esta Presidencia saluda con afecto a los alumnos de la escuela preparatoria oficial número 94, de Ecatepec, estado de México, y a los alumnos de la Universidad La Salle, campus Cuernavaca, invitados por don José Luis Cruz Flores Gómez y por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Sean ustedes bienvenidos.

MONEDA CONMEMORATIVA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada doña Diana Karina Velázquez Ramírez, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para emitir una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa —faltaba más— al gobierno del estado de Chihuahua.

La diputada Diana Karina Velázquez Ramírez:Con su venia, señor presidente, y con la atenta súplica que se inserte íntegramente al Diario de los Debates el contenido total de la presente iniciativa con proyecto de decreto.

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI por el estado de Chihuahua, pongo a la atenta consideración de las señoras y señores diputados del mismo, al tenor de las siguientes consideraciones.

Hoy más que nunca, como sociedad, necesitamos mirarnos y reconocernos en los grandes hombres que forjaron la patria mexicana; los convulsionados tiempos que vivimos nos llaman a rescatar la memoria de los acontecimientos que fijaron los derroteros de una nación libre y justa.

En estos momentos tan cruciales de nuestra historia, ciudadanos y gobernantes debemos inspirarnos en la altura de miras y de los valores patrióticos de los héroes, que en los momentos más críticos de México dieron muestra de una privilegiada inteligencia, de una profunda sensibilidad, de un valeroso arrojo y, sobre todo, de una lealtad inquebrantable ante los ideales y las instituciones democráticas.

El general Francisco Villa, gobernante, es una de las facetas poco estudiadas por los historiadores especialistas; sin embargo, vale decir que los meses de su gobierno representan, por mucho, el tránsito de la violencia a la paz y a la civilidad.

Villa lo entendió como nadie, él sabía que el derrocamiento de la dictadura no debería de generar una dictadura peor; por ello gobernó conciliando intereses, resolviendo problemas antiquísimos, distribuyendo responsabilidades, combatiendo el hambre, combatiendo a la población a pensarse de otro modo, como una sociedad que tenía muchos agravios que cobrar y otros tantos compromisos que asumir.

El gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Villa, es una referencia histórica de la indudable actualidad. México vive 100 años después la expresión de una sociedad nacional agraviada por la insensibilidad social de muchos gobernantes; México sufre la violencia criminal y el derramamiento de sangre inocente; México padece, además, la escasez de oportunidades para unas nuevas generaciones, que irrumpen en las calles y en las plazas de sus voces indignadas.

Las heridas del México contemporáneo son dolorosas y profundas. Sin embargo, el Villa civil y civilista nos muestra que el respeto por el orden legal, el arreglo conciliado de los problemas y la unidad nacional en torno de objetivos justos y duraderos, es ese marco histórico donde debemos vernos, sabiendo que la violencia no es, en una democracia, un camino válido para nadie.

Antes bien, la lección de Villa, gobernador de Chihuahua, consiste en trascender las diferencias mediante una nueva civilidad, que exalte la cultura de la debilidad, la disminución de la desigualdad social y el combate institucional y legal a los verdaderos enemigos de nuestra patria, que son la delincuencia organizada, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, la injusticia manifiesta, la falta de oportunidades, el hambre, las enfermedades y la exclusión.

En el binomio libertad-justicia, Francisco Villa puso la muestra ejemplar, que hoy retomamos en el centenario de su toma de posición como gobernador de Chihuahua; como en un momento Villa lo advirtió: la libertad sin justicia es una quimera y la justicia sin libertad es una dictadura.

Compañeras y compañeros diputados, con el más grande los respetos, solicito a todos ustedes, sin distingo de origen partidista o posición ideológica, se sumen a esta iniciativa que solo busca honrar la labor desempeñada de Villa, como gobernador y autorizar la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno del estado de Chihuahua, toda vez que el próximo 8 de diciembre de 2013, se conmemorarán 100 años de que el general Francisco Villa asumió la gubernatura del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa de decreto, para emitir una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno de Chihuahua, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y artículo 2, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno del estado de Chihuahua, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Esta iniciativa que hoy someto a su consideración compañeros diputados y diputadas, ya había sido presentada en fecha 4 de junio de 2012, por el diputado Luis Carlos Campos Villegas ante la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, siendo turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, en donde quedó como asunto archivado o concluido. Sin haber logrado el objetivo de la misma.

Exposición de Motivos

El motivo de retomar y presentar nuevamente esta iniciativa se debe a que el próximo año se conmemoran 100 años de que el general Francisco Villa asumió la gubernatura del estado de Chihuahua de manera provisional. Por una junta de generales constitucionalistas, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, el 8 de diciembre de 1913.

El general Villa, como nuevo gobernador autoriza una emisión en papel moneda y además decreta la fundación del Banco de Chihuahua con carácter de institución oficial para financiar a los agricultores y a las empresas populares.

Aunque breve, el gobierno de Villa mostró su verdadero rostro; el de un hombre preocupado por restañar las disputas y encaminar los esfuerzos a la normalidad productiva y social y sobre todo unir al país en la búsqueda de objetivos justos y perdurables.

Dicho por historiadores como Friedrich Katz, “el gobierno villista de Chihuahua, en algunos sentidos, fue el más honrado que ha tenido Chihuahua, porque es el único que repartió una parte de la riqueza a las capas más desheredadas de la población, lo que hasta entonces no había hecho nadie”.

El maestro Carlos Betancourt, director de Investigación y Documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México de la Secretaría de Educación Pública, afirma que como gobernador, a Villa se le debe recordar por haber sido, “inerme ante la ambición del poder, pero convencido de conquistar sus anhelos y vivir por ellos. El Villa amigo, protector de los desheredados, el Villa enemigo de matar por matar, el Villa que por instinto sintió la urgencia de encabezar una reforma social que pusiera fin a la miseria, a la explotación y a la injusticia en que se hallaban sus hermanos de patria”.

La sociedad chihuahuense ha manifestado durante mucho tiempo su deseo de honrar la memoria del general Francisco Villa y qué mejor homenaje que mediante una moneda conmemorativa alusiva al centenario de haber sido nombrado gobernador del estado de Chihuahua, mismo que tendrá verificativo el 8 de diciembre de 2013.

Esta moneda conmemorativa representa reconocer y no olvidar las acciones encabezadas por uno de los grandes hombres que forjaron lo que es hoy la patria mexicana, una nación libre y justa.

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno del estado de Chihuahua Para quedar como sigue:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno del Estado de Chihuahua.

Artículo Segundo. La moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno del estado de Chihuahua, se emitirá en tres variantes, una moneda de oro y dos de plata, con las características señaladas en el siguiente artículo.

Artículo Tercero.Se establecen las características de una moneda de oro conmemorativa del centenario de la asunción del general Francisco Villa, como gobernador del estado de Chihuahua, con las siguientes especificaciones:

Valor nominal: cien pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 34.50 milímetros.

Ley: 0.999 gramos (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

Peso: 31.103 gramos.

Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o menos.

Tolerancia en peso: Por unidad, 2.4 gramos (dos gramos cuatro decigramos).

Canto: estriado continuo.

Cuños

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos nacionales utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso. El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México a propuesta del gobierno del estado de Chihuahua. Dicho motivo deberá relacionarse con la figura del héroe revolucionario general Francisco Villa, y con el valor que representa el centenario de su asunción como gobernador del estado de Chihuahua.

Artículo Cuarto.Se establecen las características de una moneda de plata conmemorativa del centenario de la asunción del general Francisco Villa, como gobernador del estado de Chihuahua, con los mismos cuños señalados en el artículo anterior, pero con las variantes continuación se señalan:

Valor nominal: cien pesos.

Forma: circular.

Diámetro: 65 milímetros.

Ley: 0.999 gramos (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

Peso: 155.515 gramos, equivalente a 5 onzas de plata pura.

Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o menos.

Tolerancia en peso: Por unidad, 2.4 gramos (dos gramos cuatro decigramos).

Canto: estriado continuo.

Artículo Quinto. Se establecen las características de una moneda de plata conmemorativa del centenario de la asunción del general Francisco Villa, como gobernador del estado de Chihuahua, con los mismos cuños señalados en el artículo anterior, pero con las variantes que a continuación se señalan:

Valor nominal: cien pesos.

Forma: circular.

Diámetro: 33 milímetros.

Ley: 0.999 gramos (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

Peso: 15.552 gramos, equivalente a 5 onzas de plata pura.

Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o menos.

Tolerancia en peso: Por unidad, 2.4 g (dos gramos cuatro decigramos).

Canto: estriado continuo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El gobierno del estado de Chihuahua enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que el gobierno del estado no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el presente decreto se acuñará a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el gobierno del estado de Chihuahua, en los términos de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto.Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Diana Karina. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, don Rubén Camarillo Ortega, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sea usted bienvenido, don Rubén.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace unas semanas atrás, en esta misma tribuna, vine a denunciar un hecho que en lo particular me pareció vergonzoso en la dinámica del Congreso mexicano y particularmente de la Cámara de Diputados.

Hace unas semanas aquí vine a decir —con todas las letras— que el proceso para la conformación de las comisiones, aquí en la Cámara de Diputados, había seguido un proceso que lo menos lo podía calificar de vergonzoso.

Creo que para un legislador hacer una denuncia en un proceso que le compete a los legisladores no es suficiente; hay que plantear y hay que proponer las alternativas de solución al problema que plantee.

Por eso es que el día de hoy vengo a presentar una iniciativa que modifica el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso, en su numeral 5, que dice lo siguiente:

A fin de lograr que la integración de las comisiones maximice la productividad de la Cámara y la mejor atención de los asuntos turnados a cada una de ellas, los grupos parlamentarios deberán presentar las propuestas de integración de sus miembros a las diversas comisiones a la Junta de Coordinación Política, tomando en consideración los siguientes criterios:

Primero, experiencia legislativa; segundo, la formación académica; tercero, la trayectoria profesional; y cuarto, cualquier otro elemento relevante del candidato que pueda ser tomado en cuenta para su integración a la comisión a la que es propuesto.

La Junta de Coordinación Política, con base en las propuestas hechas por los grupos parlamentarios, previa justificación y de acuerdo a los criterios antes mencionados, las presentará al pleno de la Cámara y éstas deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente.

¿Cuál es el fondo de esta propuesta, compañeras y compañeros? Primero, que dejemos muy claro que en la Cámara pretendemos trabajar con eficiencia; que nunca más en este recinto la repartición de las comisiones sea un reparto de un botín; que no sea el instrumento político que se utilice para ganar, a través de una Presidencia, emolumentos adicionales para un diputado.

Porque fíjense ustedes —no sé si todos los que son miembros de esta asamblea lo sepan, pero voy a poner algunos datos a su consideración—, ¿sabían ustedes que algunas comisiones que se han conformado aquí tienen presupuestos por encima de los 20 millones de pesos al año? Escúchenlo, 20 millones de pesos. Las más pobrecitas andan por ahí entre los 2 y los 3 millones de pesos.

El dinero, compañeros, que se reparten las comisiones y particularmente las presidencias, es un incentivo perverso, es un incentivo perverso para la integración de las comisiones en el Congreso.

Pareciera ser que es la manera de premiar a los miembros de una bancada y no necesariamente, y no en todos los casos, que se asignen las presidencias a aquellos que tengan la mayor experiencia o la mayor capacidad en tales o cuales asuntos.

Reitero, los presidentes de las comisiones, además de estos recursos, fíjense que tienen adicionalmente otros 38 mil 990 pesos adicionales para organizar foros, tienen adicionalmente un chofer, dos secretarias, asesores; unos de ellos ganando 38 mil pesos, otros 25 mil.

Ahí está el porqué se pelean las presidencias de las comisiones. No es otro. Ojalá —y no hay que ir muy lejos— volteemos a lo que se hace en el Senado de la República, ahí el presupuesto que ejercen los senadores está distribuido entre los 128 senadores en sus oficinas, para sus asesores. Ahí no hay diferencia entre los diputados de a pie y los que son miembros de las burbujas o de las presidencias de las comisiones.

Los senadores de la República ya en este otro órgano legislativo tienen un trato mucho más justo y mucho más igualitario. Allá no hay como aquí, diputados de a pie y quienes ejercen a través de las presidencias poder político. Ojalá y esto no se quede solamente en una buena iniciativa y la hagamos efectiva para la próxima legislatura.

Por cierto —y con esto termino, presidente—, es una vergüenza también que un tema tan importante, como es la conformación de las comisiones, se vote a mano alzada, en una votación económica, en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Estoy proponiendo que sea con voto de las dos terceras partes de esta asamblea para que verdaderamente esas comisiones representen el trabajo de los 500 diputados. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Rubén Camarillo Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 76, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El origen de la palabra “comisión” se encuentra en la expresión latina sommissio-comissionis, que significa “encargar o encomendar a otro, el desempeño o ejecución de algún servicio o cosa”.

La creación de las comisiones legislativas supone el principio de la repartición del trabajo en el Congreso; las comisiones son divisiones por temas para la organización camaral: su finalidad hacer más fácil el análisis de los asuntos de la nación en condiciones de especialización.

A través de las comisiones, se cumplen las funciones que de otra forma sería difícil que una legislatura llevara a cabo. La Constitución Política delega a favor de las comisiones, ciertos actos parlamentarios para constituir las decisiones que más tarde serán llevadas al pleno.

El entendimiento que las comisiones legislativas generan sobre el tema que les corresponde, se equipara a la figura de los peritos que son empleados en un juicio, para comprobar los elementos necesarios para emitir un fallo. Por lo tanto, puede hacerse suficiente énfasis en la importancia de las comisiones legislativas para el trabajo de la Cámara. En todo el mundo, el trabajo de los parlamentos recae en comisiones pues difícilmente podrían llevarse a cabo en el pleno las tareas que implica la revisión y el estudio de los proyectos de ley. El tamaño y la composición de las comisiones permite la discusión plural y detallada de los asuntos de la Cámara, a la vez que fomenta el intercambio de opiniones.

En el caso de México, fue el 30 de septiembre de 1997, cuando la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentó al pleno de la Cámara la propuesta para la integración de las comisiones ordinarias y especiales, así como comités de la LVII Legislatura. El proyecto de acuerdo estuvo suscrito por los coordinadores parlamentarios del PAN, Carlos Medina Plascencia; PRD, Porfirio Muñoz Ledo; PVEM, Jorge Emilio González Martínez; PT, Alejandro González Yáñez y, en contra del proyecto, el del PRI, Arturo Núñez. En la sesión estuvieron presentes 499 diputados de todas las fracciones parlamentarias.

La composición pluripartidista de la LVII Legislatura implicó cambios sustanciales para el trabajo de las comisiones, tanto en términos de su composición como en el de su organización. A pesar de que la Ley Orgánica exige que en las comisiones estén representadas las diferentes fuerzas políticas de la Cámara, la norma no se había cumplido a cabalidad. Hasta 1988, en que la oposición presidió 4 comisiones, los partidos políticos de oposición habían quedado marginados de las presidencias de las comisiones, y desde entonces habían ocupado 8 y 16 presidencias respectivamente en las LV y LVI Legislaturas. Para conciliar los intereses de los diferentes partidos, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentó un punto de acuerdo en el que, además de proponer la lista de comisiones permanentes y su composición, se dictaron los lineamientos para repartir las presidencias y las secretarias entre los partidos políticos.

Es menester tomar en cuenta que la democracia en México es un escenario de consensos y acuerdos, donde la política es una herramienta frecuentemente utilizada en el congreso de la Unión. Esta circunstancia se acrecienta, cuando se trata de revisar, negociar, aprobar o detener, iniciativas de ley diseñadas por la burocracia del poder Ejecutivo. Por ello, es importante la intensa participación de las comisiones en el procedimiento legislativo, ya que es el momento principal del consenso político y técnico.

De ahí que de acuerdo a los estipulado en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Sin embargo, cada inicio de una nueva legislatura, los diputados y senadores se disputan la presidencia de las más de 100 comisiones ordinarias de trabajo en el Congreso, que les traen desde poder político, control financiero, poder de negociación y consenso, hasta un ingreso mensual adicional a sus dietas y recursos humanos, que puede incluir asistentes, secretarias, chofer, oficinas y presupuestos para viajes, foros y contratación de todo tipo de servicios.

El número de integrantes de cada bancada es proporcional al porcentaje de comisiones a repartir, pero hay una selección de temas que son los más disputados pues significan poder político.

En la lista del top de comisiones están las relacionadas con recursos financieros: la de Presupuesto y Cuenta Pública, que decide cómo se reparte cada peso del presupuesto federal anual y que en 2012 ascendió a más de 3 billones de pesos; la de Hacienda, en la que se cabildean los ingresos y cualquier modificación fiscal, principalmente en materia de impuestos, y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la que se revisa y se conoce el uso de los recursos públicos.

Entre las comisiones de carácter político está la de Puntos Constitucionales, que suele integrar los mejores perfiles en materia de derecho y humanismo; Gobernación, y Estudios Legislativos, que en el Senado filtra casi todos los temas que llegan al pleno.

También se encuentra la comisión de Relaciones Exteriores, que incluye una agenda interminable de invitaciones para recorrer el mundo, pues es la representación legislativa en foros y encuentros internacionales.

Hay una lista de comisiones que se mueve según la coyuntura. Por ejemplo, actualmente las más solicitadas son las del Trabajo; Energía; de Seguridad, Justicia y Defensa Nacional; de Comunicaciones y Transportes y Derechos Humanos.

En esta disputa por presidir una comisión legislativa no sólo está en juego la obtención de recursos millonarios para la operación y funcionamiento de estos cuerpos deliberativos, sino el fracaso o éxito de una reforma o creación de una ley.

Ulises Corona, académico del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en funcionamiento del Congreso, comentó que el partido o grupo que preside una comisión es el que “administra” el tiempo político para frenar o acelerar la aprobación de una iniciativa.

“Las comisiones legislativas de trabajo se han convertido en cotos de poder, cotos de decisión política”, expresó.

Así, el presidente de una comisión puede citar a una sola reunión para discutir un tema, convocar con poco tiempo y provocar que no haya quórum o simplemente no agendar un encuentro de trabajo y dejar que una iniciativa muera.

El politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Guillermo M. Cejudo, cuya línea de investigación es la rendición de cuentas en México, lamentó que tanto en el Congreso como en las legislaturas locales hay un “incentivo perverso” debido a que presidir una comisión da “prebendas presupuestarias y burocráticas”, como una secretaria, una oficina más grande o un chofer.

“Las razones para decidir el número de comisiones tienen más que ver con arreglos políticos, que con la importancia de la sustancia”, expresó el especialista.

La distribución de es controlada de manera “discrecional” por los grupos parlamentarios entre los presidentes y secretarios de un cuerpo legislativo.

Lamentablemente, aseveraciones como las anteriores son comunes no solo por expertos en el tema, sino entre la población en general, quienes tienen muy mala impresión del trabajo que se realiza en el Congreso, asegurando que “no se trabaja” y solamente se busca un puesto para obtener poder y recursos económicos, sin que sea su principal interés el solucionar las necesidades urgentes y cotidianas de la ciudadanía.

Tal es así que la reciente integración de comisiones que se aprobó hace unas semanas suscitó un sin fin de comentarios negativos y de inconformidad por parte de los ciudadanos por la conformación de las comisiones en esta legislatura que comienza, ya que después de semanas de retraso, se logró integrar las 56 Comisiones Ordinarias que se encargarán de revisar las iniciativas de la LXII Legislatura; ha sido un comentario recurrente que no en todos los casos la integración obedeció a criterios objetivos como la experiencia profesional o legislativa de los integrantes y particularmente de presidentes y secretarios, sino que obedecieron a otros criterios, entre ellos no solo la discrecionalidad con la fue hecha la conformación, sino que son intereses de carácter económico o administrativo para la disposición de recursos las que guiaron las designaciones de algunas de la comisiones más solicitadas por los miembros de la Cámara de los Diputados.

Esto no deja de ser un grave problema para la eficiencia en el trabajo del Congreso, pues la formación de comisiones, parte del principio de división del trabajo ya que es comprensible que un grupo más pequeño, teóricamente integrado por personas informadas sobre el tema y que cuentan con recursos humanos y materiales apropiados, va a conseguir mejores resultados, en tiempo y calidad, que si el mismo asunto es tratado por el Pleno. Otra de las razones para esta división del trabajo es la gran cantidad de labores a las que se enfrenta el Legislativo en los modernos Estados de derecho, en los que esta rama es la productora de normas y procedimientos para la administración y la ejecución de políticas públicas. De modo que las comisiones contribuirían a distribuir el trabajo, a la vez que permitirían un tratamiento más particular de los asuntos y actuarían como un filtro, dando la posibilidad al Congreso de priorizar entre las muchas iniciativas que entran y se atienden en las secretarías.

Por lo tanto, en las comisiones se debe analizar, debatir y transformar las iniciativas de todo tipo que llegan a las Cámaras, con profundidad, con tiempo y con un grado de discreción que facilitaría acuerdos. Todo lo cual permitiría que aquéllas puedan tomar decisiones más razonadas y eficaces.

Por tal motivo, y ya que hoy día pareciera que la entrega de comisiones es un reparto de botín y pago de prebendas; resulta urgente, imperativo, que mostremos nuestra responsabilidad y compromiso como legisladores para lograr la eficiencia y resultados en materia legislativa, pues justamente nuestro trabajo es lograr que a través del adecuado proceso legislativo se desahoguen de manera correcta e inmediata todos aquellos pendientes que correspondan a nuestras funciones como diputados federales, logrando un buen espacio para optimizar la representación del Congreso, permitiendo la aproximación de los ciudadanos con los legisladores en temas de interés mutuo.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley y se recorren los numerales 5, 6 y 7 de la Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 43.

1. ...

2. ...

3. ...

4.Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno.

5. A fin de lograr que la integración de las comisiones maximice la productividad de la Cámara y la mejor atención de los asuntos turnados a cada una de ellos, los Grupos Parlamentarios deberán presentar las propuestas de integración de sus miembros a las diversas comisiones a la Junta de Coordinación Política, tomando en consideración los siguientes criterios:

a) La experiencia Legislativa,

b) La formación académica,

c) La trayectoria profesional

d) Y cualquier otro elemento relevante del candidato que pueda ser tomado en cuenta para su integración a la comisión a la que es propuesto.

La Junta de Coordinación Política con base en las propuestas hechas por los Grupos Parlamentarios, previa justificación y de acuerdo a los criterios antes mencionados, las presentará al Pleno de la Cámara y éstas deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente.

6.En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.

7.Si un diputado se separa del Grupo Parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del propio Grupo podrá solicitar su sustitución.

8.Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.

Palacio Legislativo federal, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Rubén Camarillo Ortega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Secundaria 49 del municipio de Tototlán, estado de Jalisco, invitados por el diputado Ossiel Omar Niaves López.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoció que el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, exhortando a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y saneamiento.

Así, la anterior resolución plantea, en estricto sentido, que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna y que a la par es fundamental para materializar otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación y a la salud. En pocas palabras, el acceso al agua y su saneamiento es una condición natural para la realización de estos derechos.

En el caso particular de nuestro país, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, dicta que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

Bajo este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su cuarto eje rector la sustentabilidad ambiental, como tema fundamental de política pública, ya que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.

Tal y como se ha señalado anteriormente, el acceso al agua potable y saneamiento es fundamental para que todas las personas puedan tener una vida digna y próspera, ya que actúa como catalizador indirecto para que las sociedades incrementen sus indicadores de salud pública, educación y reducción de la pobreza, permitiendo incrementar su desarrollo económico y social.

Sin embargo, uno de los retos que enfrenta nuestro país para asegurar el abastecimiento de agua es la creciente concentración de la población en las localidades urbanas, implicando presiones sobre el medio ambiente y las instituciones, ya que según datos de la Comisión Nacional del Agua, casi ocho de cada 10 personas se concentran en las regiones donde se cuenta solo con el 31 por ciento de la disponibilidad hídrica natural.

Lo anterior señalado se ve reflejado en que la disponibilidad natural media per cápita del agua ha disminuido considerablemente en los últimos 60 años.

Respecto a esto, al año 2010, a nivel nacional se colectó mediante el sistema de alcantarillado el 89.9 por ciento de las aguas residuales y de las cuales solo recibió tratamiento el 43.3 por ciento en las dos mil 186 plantas instaladas. Se estima que para el presente año esta cobertura se ampliará al 60 por ciento de las aguas residuales colectadas.

En este escenario, en donde en el año 2030 —según estimaciones de la Comisión Nacional de Población— la población del país se incrementará en 12.3 millones de personas, el principal problema de calidad de agua en todo el país será la falta de infraestructura de tratamiento de las aguas residuales.

El Estado tiene el deber, no solo de reducir las brechas de acceso al agua, también debe atender el saneamiento y tratamiento de las mismas, a efecto de garantizar ese derecho universal y una mejor calidad de vida a las próximas generaciones; por ello resulta indispensable que en el tema de dotación de agua y su correspondiente tratamiento, sean los gobiernos municipales quienes asuman el compromiso de reducir las brechas de acceso, pero de igual manera contar con los mecanismos ambientales suficientes para reducir los impactos negativos que genera el uso del vital líquido.

Entre los conceptos de uso de los recursos del fondo encontramos la inversión en tres temas relacionados con el agua: inversión en proyectos de agua potable, inversión en proyectos de alcantarillado, inversión en drenajes y letrinas. Sin embargo, la ley no considera en ningún momento el tratamiento de aguas residuales, rubro importante si pensamos en el ciclo de inversión y cuidado del recurso natural.

El problema podría erradicarse, si dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33, inciso a), especificamos como un rubro adicional de inversión el tratamiento y disposición de las aguas residuales.

Es importante señalar que el tema es de suma relevancia para nuestro grupo parlamentario; por ello, en legislaturas anteriores y partiendo de las demandas fundadas de los presidentes municipales, se han presentado una serie de iniciativas orientadas a dar solución a la problemática planteada.

Por lo anterior señalado, la presente iniciativa tiene por objeto que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los municipios puedan financiar obras para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de consolidar la política hídrica de sustentabilidad de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Xavier Azuara Zúñiga, con el carácter de diputado a la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción I, del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la Naciones Unidas, a través de la resolución 64/292 reconoció que el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, exhortando a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y saneamiento.

Así, la anterior resolución plantea en estricto sentido que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna, y que a la par es fundamental para materializar otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentación y a la salud. En pocas palabras el acceso al agua y su saneamiento es una condición sine qua nonpara la realización de estos derechos.

En el caso particular de nuestro país, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo dicta que “ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable...”.Bajo este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su cuarto eje rector la sustentabilidad ambiental como tema fundamental de política pública, ya que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.

Tal y como se ha señalado anteriormente, el acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental para que todas las personas puedan tener una vida digna y próspera, ya que actúa como catalizador indirecto para que las sociedades incrementen sus indicadores de salud pública, educación y reducción de la pobreza, permitiendo incrementar su desarrollo económico y social.

Sin embargo, uno de los retos que enfrenta nuestro país para asegurar el abastecimiento de agua, es la creciente concentración de la población en las localidades urbanas, implicando presiones sobre el medio ambiente y las instituciones, ya que según datos de la Comisión Nacional del Agua casi 8 de cada 10 personas se concentran en las regiones donde se cuenta solo con el 31% de la disponibilidad hídrica natural.

Lo anterior señalado se ve reflejado en que la disponibilidad natural media per-cápita del agua ha disminuido considerablemente en los últimos 60 años, pasando de 18 mil metros cúbicos por habitante en 1950, a 4,422 metros cúbicos por persona en el año 2010.

Así como se ha incrementado de manera considerable el consumo de agua en nuestro país, se registró un crecimiento en el volumen de aguas residuales, mismas que, en un volumen muy sustancial, son vertidas sin previo tratamiento, ocasionando una contaminación del suelo y aguas superficiales, presentando un panorama de riesgo para la población y el medio ambiente.

Respecto a esto, al año 2010 a nivel nacional se colectó mediante el sistema de alcantarillado el 89.9% de las aguas residuales, y de las cuales solo recibió tratamiento el 43.3% en las 2,186 plantas instaladas; se estima que para el presente año esta cobertura se ampliará al 60% de las aguas residuales colectadas.

En éste escenario, en donde en el año 2030, según estimaciones de la Comisión Nacional de Población, la población del país se incrementará en 12.3 millones de personas, el principal problema de calidad de agua en todo el país, será la falta de infraestructura de tratamiento de las aguas residuales. Revertir esta situación requiere inversiones por 114 mil millones de pesos al año 2030.

Así pues, el Estado tiene el deber no solo de reducir las brechas del acceso al agua, también debe atender el saneamiento y tratamiento de las mismas a efecto de garantizar este derecho universal y una mejor calidad de vida a las próximas generaciones, ya que según la Organización Mundial de la Salud por cada dólar gastado en saneamiento genera, de media, beneficios por 9 dólares de ahorro de costes y aumento de la productividad, lo cual la convierte en una de las intervenciones de desarrollo más rentables.

De igual manera, en tan importante trabajo el orden Federal debe entender que podrá tener éxito mientras no exista coordinación con los órdenes locales, ya que son éstos gobiernos los que se encuentran mucho más cerca de las demandas de cada una de sus regiones.

Por ello, resulta indispensable que en el tema de dotación de agua y su correspondiente tratamiento, sean los gobierno municipales quienes asuman el compromiso de reducir las brechas de acceso pero de igual manera, contar los mecanismos ambientales suficientes para reducir los impactos negativos que genera el uso del vital líquido.

Actualmente, la Federación destina recursos a estados y municipios a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con el objeto de que éstos puedan invertir en diferentes rubros de infraestructura y así, en el mediano y largo plazo trasladar a los ciudadanos a mejores condiciones de vida mediante dicha inversión.

Entre los conceptos de uso de los recursos del fondo encontramos la inversión en tres temas relacionados con el agua: 1) Inversión en proyectos de agua potable; 2) Inversión en proyectos de Alcantarillado y 3) Inversión en drenajes y letrinas. Sin embargo, la ley ha no considera en ningún momento el tratamiento de aguas residuales, rubro importante si pensamos en el ciclo de inversión y cuidado del recurso natural.

Actualmente, a pesar de que muchos gobiernos municipales con una población importante por su tamaño, tienen la necesidad natural de invertir en el tratamiento de aguas residuales, y terminan incurriendo en mecanismos de fondeo diferentes a las aportaciones federales como consecuencia de la limitante de inversión que establece la ley en materia de inversión para el rubro señalado.

De igual manera, los gobiernos municipales que deciden hacer uso de dichos recursos, afrontan las observaciones que de manera eventual les señala la Auditoría Superior de la Federación por el “uso indebido de los recursos del fondo en conceptos no especificados en la ley”, lo que genera de igual forma, problemas a los gobiernos locales.

El problema podría erradicarse, si dentro de la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33 inciso a), especificamos como un rubro adicional de inversión el tratamiento y disposición de las aguas residuales. Con ello, lograremos que los municipios de mayor población fundamentalmente, accedan sin problema a los recursos públicos que les son entregados y a su vez estos resolverían un problema como el de la dotación de agua potable y su tratamiento.

Es importante señalar que el tema es de suma relevancia para nuestro Grupo Parlamentario, por ello en Legislaturas anteriores y partiendo de las demandas fundadas de los presidentes municipales, se han presentado una serie de iniciativas orientadas a dar solución a la problemática planteada. La presente, busca retomar un tema que no debe ser aplazado.

Por lo anterior señalado, la presente iniciativa tiene por objeto que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los Municipios puedan financiar obras para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de consolidar la política hídrica de sustentabilidad de nuestro país.

En virtud, de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Sereforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, tratamiento y disposición de aguas residuales,alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) .........

I. a V. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Resultados de la Reunión de Expertos Internacionales sobre el derecho humano al agua, UNESCO, París, 2009.

2 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental. html

3 Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2006.

4 Estadísticas del Agua en México, edición 2011, Conagua.

5 Agenda del Agua 2030, Conagua.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Resultado de la Reunión de Expertos Internacionales sobre el Derecho Humano al Agua, UNESCO, París, 2009.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Martí Batres Guadarrama, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Martí Batres Guadarrama:Muchas gracias, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, la legislatura anterior creó la figura de iniciativa preferente como nueva atribución del Poder Ejecutivo federal. De suyo se trata de una suerte de retroceso, de regreso por nuevas vías a la época del presidencialismo legislativo, pues le da primacía al Ejecutivo federal, como legislador preferente, por encima de las y los legisladores.

Los más recientes acontecimientos expresan con claridad el desastre que ha significado esta figura; se ha discutido una propuesta de reforma laboral con la forma de iniciativa preferente sin la legislación reglamentaria sobre dicha figura que ordena la propia Constitución.

En su momento presentamos propuesta de controversia constitucional, por la ausencia de la reglamentación, para que fuera la Suprema Corte de Justicia quien resolviera, pero el PRI y el PAN la rechazaron y, sin embargo, ocurrió un supuesto no previsto en el texto constitucional y entonces, la bancada del PRI reconoció que faltaba una reglamentación de la iniciativa preferente. Es más, incluso reconoció que la iniciativa del Ejecutivo federal había dejado de ser preferente.

Pero la iniciativa que el PRI propuso para reglamentar la llamada iniciativa preferente es todavía un retroceso peor, pues plantea prácticamente una dictadura del Ejecutivo, pues propone que sean desechadas todas las iniciativas que se presenten sobre el mismo tema sobre el que el Ejecutivo federal envíe una iniciativa preferente.

Esto es inadmisible, esto es prácticamente aniquilar al Congreso de la Unión para que discuta sobre temas menores y los grandes temas solo se discutan sobre las iniciativas que envíe el Ejecutivo federal.

Pero no ha acabado ahí el problema, ahora el PRI dice que la iniciativa de Calderón, sobre reforma laboral ya volvió a ser preferente, como si tuvieran la varita mágica de la preferencia y pudieran decir cuándo sí y cuándo no es preferente; por eso es que proponemos que se reglamente con seriedad la llamada iniciativa preferente, salvaguardando los derechos fundamentales de las y los legisladores.

Una iniciativa preferente que envíe el Ejecutivo federal debe ser aquella que reúne y represente tal consenso, que en efecto se pueda aprobar rápidamente por el Congreso de la Unión, y cuando eso no suceda, será precisamente porque no reúne ese consenso y porque debe tener el trámite de cualquier otra iniciativa.

De tal manera que proponemos reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para establecer lo siguiente, entre otros textos, en el artículo 131, lo siguiente: Deberán acumularse al dictamen de las iniciativas preferentes otras iniciativas que versen sobre el mismo tema, con el fin de considerar la pluralidad de propuestas vertidas, de tal forma que cuando se discute un tema —como el de la reforma laboral, en este caso— se tomen en cuenta las propuestas que presentan los grupos parlamentarios —que ahora están completamente excluidas—.

Proponemos, también, que si transcurrido el plazo de 30 días naturales, conforme a lo establecido en el artículo 130 de esta ley, sin que se haya emitido y aprobado el dictamen correspondiente, las iniciativas preferentes sean consideradas como iniciativas de trámite ordinario, y de igual manera, cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto con carácter preferente sea desechada en todo o en parte, o modificada por la Cámara revisora, ésta al devolverse a la Cámara de origen, acompañada de las observaciones pertinentes, se considerará una iniciativa ordinaria y se seguirá un trámite ordinario para la culminación de su aprobación, modificación o desechamiento. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reglamentar la iniciativa preferente establecida en el artículo 71 constitucional.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

Se propone reglamentar el derecho de iniciativa preferente para el Presidente de la República establecido en los tres últimos párrafos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de impedir el uso abusivo que puede llegar a suplantar la voluntad popular expresada en la composición del Congreso de la Unión.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

El 9 de agosto del año en curso, fue publicada fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la denominada reforma política propuesta por el titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Como parte de dicha iniciativa se propuso el derecho de iniciativa preferente para el presidente de la República.

Se trata de tres párrafos añadidos al artículo 71 de la Constitución:

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

La motivación del dictamen aprobado por el Senado en materia de la reforma política que incluyó la iniciativa preferente señala respecto de esta figura:

Iniciativa preferente

La facultad del Poder Ejecutivo para presentar proyectos de leyes y decretos al parlamento, se remonta al sistema inglés de los siglos XI y XII.

El modelo presidencial –adoptado originariamente en Estados Unidos de América y, posteriormente, por la gran mayoría de las naciones iberoamericanas– retomó la facultad del Ejecutivo para presentar iniciativas ante la representación popular. Así, nuestra Carta Magna en su artículo 71 establece la facultad del Presidente de la República para iniciar leyes o decretos. Asimismo, establece la remisión inmediata a comisiones de las iniciativas. Sin embargo, la reglamentación de trámite legislativo posterior no garantiza que dichas iniciativas se discutan en un periodo determinado o que lleguen siquiera a dictaminarse. Es decir, no existe certidumbre respecto de la resolución del proyecto legislativo presentado.

Hoy la existencia de un sistema democrático, plural, incluyente y abierto hace necesario adoptar mecanismos de colaboración entre los Poderes de la Unión y entre las fuerzas políticas; en un contexto plural, como el que vive México actualmente, la capacidad del Ejecutivo Federal para generar acuerdos con el Congreso se dificulta por la falta de mayorías. Con base en esto se justifica la revisión de la facultad de iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo anterior con el fin de fortalecer la cooperación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y para beneficio del funcionamiento general del régimen de gobierno mexicano.

En ese contexto, se propone que el Presidente de la República, como responsable de la acción del gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas para trámite preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en un breve lapso.

Lo que se propone es un instrumento que fortalezca la colaboración entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal. Se trata de prever la atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que la ameriten, cuando se trate de asuntos cuya relevancia, trascendencia y urgencia a juicio del Presidente de la República, así lo justifiquen.

La propuesta es crear la figura del “proceso legislativo preferente”, que ya existe con variaciones y matices, en algunas democracias consolidadas –como Francia y Alemania– así como en varios países de América Latina –Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay–, la cual consiste en acotar los tiempos para la votación de una iniciativa presentada por el Ejecutivo, a partir del establecimiento de plazos específicos que agilicen la discusión y votación correspondientes.

Lo anterior, porque el Poder Ejecutivo, en esta nueva etapa de equilibrio de poderes, necesita contar con nuevos instrumentos constitucionales que le permitan que su mandato sea más eficaz, con el propósito de responder a las tareas de Estado más apremiantes.

El carácter de preferente no limita de modo alguno las facultades del Congreso de modificar o rechazar en su totalidad las propuestas que presente el Ejecutivo, sino que simplemente incide en el plazo para el desahogo y resolución de las mismas, es decir, el Congreso General conserva, intocada, su potestad de aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo.

Con esta nueva figura se trata de darle mayor certidumbre al proceso legislativo, dónde los Poderes Ejecutivo y Legislativo sean coadyuvantes en asuntos de gran relevancia para la sociedad y el Estado mexicanos.

La transformación del sistema político mexicano que se dio a partir del año 2000 y la dinámica democrática que se derivó de este proceso, para su consolidación requiere de una profunda apertura y pluralidad de los actores políticos, por lo cual exige adoptar mecanismos de colaboración entre los poderes de la Federación, en este caso, en lo que respecta al Legislativo y al Ejecutivo.

El trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que formule el Presidente de la República. Al respecto, conviene precisar que no se trata de un trato preferente respecto del contenido de los argumentos o del sentido de la votación; por el contrario, la preferencia consiste exclusivamente en la obligación del Congreso de pronunciarse sobre las iniciativas, como ya se ha referido, para aprobarlas en sus términos, modificarlas o rechazarlas.

Con el objetivo de establecer el trámite preferente se propone reformar el artículo 71 constitucional para establecer que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República pueda presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen.

Recibida la iniciativa en la cámara de origen, ésta deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días naturales y, en caso de que no lo haga, la iniciativa del Ejecutivo, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del pleno.

En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá discutirla y votarla en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas para la cámara de origen.

Asimismo, la propuesta contempla la restricción de que no puedan ser objeto de este tratamiento preferencial las iniciativas que pretendan reformar o adicionar la Constitución Federal, ello debido a que tales iniciativas están sujetas a un procedimiento diverso al que siguen las relativas a la creación o reforma de las leyes.

Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que discutan aquellos asuntos que por su naturaleza representen prioridad nacional.

En conclusión, la reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, en la construcción de la democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiere la Nación.”

A pesar de esta argumentación del Dictamen que explica la aprobación de la iniciativa preferente con base en la colaboración de poderes, la iniciativa original planteaba su verdadero objetivo de suplantación del Congreso de la Unión, pues proponía, refiriéndose a la consecuencia de que las iniciativas presidenciales no siguieran el procedimiento señalado: De lo contrario éstas se considerarán aprobadas en los términos en que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal...

Aun y cuando no quedó en dichos términos la redacción vigente, la iniciativa preferente es una figura lesiva para el correcto equilibrio de poderes en nuestro país, pues no se justifica que el Poder Ejecutivo, cuyas funciones se constriñen a la ejecución de las normas jurídicas que apruebe este Congreso de la Unión, tenga preferencia sobre 628 legisladores y 31 congresos estatales que también tienen derecho a iniciar leyes.

El estreno de esta figura confirma que se trata de una figura injustificada.

Al iniciar este primer periodo de sesiones de la LXII Legislatura, y a unos días de terminar su gobierno, Felipe Calderón utilizó este derecho preferente con dos iniciativas remitidas a sendas Cámaras legislativas. Una de ellas, una contrarreforma laboral, fue presentada ante esta Cámara como su primer, y hasta ahora único tema, de debate legislativo.

¿Qué urgencia podría tener el Poder Ejecutivo en funciones para que se apruebe esta iniciativa? Después de décadas de estar en discusión la modificación de los derechos laborales en nuestro país, el Congreso ahora ha sido obligado a discutir en dos meses y sin procesamiento social alguno una reforma rapaz para los trabajadores mexicanos.

Más allá de su carencia de necesidad política y social, advertimos en su momento que dicha contrarrreforma laboral no podía someterse a discusión como iniciativa preferente sin que estuviera reglamentada esta figura, pues el artículo segundo transitorio del Decreto que reformó el artículo 71 constitucional para establecer la iniciativa preferente ordena al Congreso de la Unión expedir la legislación reglamentaria en un plazo máximo de un año.

No obstante dicha disposición, la iniciativa fue declarada preferente y turnada para ser resuelta en el plazo establecido por el artículo 71 como tal.

Al agotarse este plazo, dada la ausencia de aprobación de la reforma calderonista, tuvo que ser reconocida la necesidad de reglamentar la iniciativa preferente, con la propuesta presentada el pasado 30 de octubre por el Partido Revolucionario Institucional, cuyo numeral 7 de la exposición de motivos señala:

7. Que es necesario y urgente que esa legislación secundaria quede aprobada en el primer periodo ordinario de sesiones de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, con el propósito de que al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones, el 1º de febrero de 2013, tanto el Congreso de la Unión, como el próximo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuenten con un marco normativo que otorgue certidumbre al trámite legislativo que se dará, en su caso, a las iniciativas preferentes de quien será, a partir del 1 de diciembre de 2012, el titular del Poder Ejecutivo federal.

Dado este reconocimiento de ausencia de normas reglamentarias de la figura de iniciativa preferente, y con el fin de que constituya la menor merma a las facultades del Congreso de la Unión y de los mexicanos, al verse suplantada la voluntad popular por una imposición de agenda y de contenidos indebidos, me permito proponer a esta honorable asamblea una propuesta de regulación alterna a la presentada por el Partido Revolucionario Institucional.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de reglamentar la iniciativa preferente establecida en el artículo 71 constitucional

Único. Se reforma la denominación del Título Quinto; se adicionan en él los artículos 130, 131, 132, 133, 134 y 135; se adiciona el Título Sexto, con la denominación y artículos contenidos en el Título Quinto previo a la entrada en vigor del presente decreto, para que sus artículos anteriores pasen a tener los numerales 136, 137, 138 y 139, todo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Quinto

Capítulo únicoDel trámite de las iniciativas con carácter preferente

Artículo 130.

1. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con ese mismo carácter hasta dos que hubiese presentado con anterioridad, cuando estén pendientes de dictamen. Para tal efecto, a través de la dependencia competente, el titular del Ejecutivo Federal presentará ante el Presidente del Congreso de la Unión el oficio correspondiente con indicación indubitable de la Cámara de origen, a la que serán turnadas sin mayor trámite para los efectos dispuestos en el penúltimo párrafo del artículo 71 de la Constitución. Para el cómputo del plazo que establece la citada norma constitucional, se considerará como día inicial aquel en que comience su discusión en la Comisión dictaminadora a que sea turnada por la Mesa Directiva, la iniciativa o minuta respectiva.

2. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 131.

1. En la Cámara de origen las iniciativas señaladas como preferentes serán turnadas a la comisión o comisiones que resulten competentes, para su análisis y dictamen.

2. Para la elaboración, discusión y votación del dictamen, serán aplicables las normas y procedimientos que establecen los reglamentos de cada Cámara.

3. Deberán acumularse al dictamen de las iniciativas preferentes otras iniciativas que versen sobre el mismo tema con el fin de considerar la pluralidad de propuestas vertidas.

4. Una vez aprobado, el dictamen será turnado al presidente de la Mesa Directiva, para su inclusión en la orden del día de la siguiente sesión ordinaria.

5. Si transcurrido el plazo de treinta días naturales, conforme a lo establecido en el artículo 130 de esta ley, sin que se haya emitido y aprobado el dictamen correspondiente, las iniciativas preferentes serán consideradas como iniciativas de trámite ordinario y seguir el curso que respecto de cualquier dictamen disponga la normatividad correspondiente.

6. Para la discusión y votación del dictamen en el pleno, se estará a lo que disponen los reglamentos de cada Cámara y, en su caso, a los acuerdos específicos que apruebe el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política respectiva.

Artículo 132.

1. El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara de origen será enviado, de inmediato, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 72, Apartado A, de la Constitución, a la Cámara revisora, la que deberá observar para su tramitación las reglas y el plazo señalados en el artículo anterior.

2. Tratándose del procedimiento de dictamen en la Cámara revisora, si agotado el plazo no se hubiere emitido dictamen, será aplicable a la minuta respectiva el trámite establecido en el artículo anterior.

3. Si las iniciativas con carácter preferente fuesen rechazadas en su totalidad por la Cámara de origen, se observará lo dispuesto en el Apartado G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 133.

1. Cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto con carácter preferente sea desechada, en todo o en parte, o modificada por la Cámara revisora, ésta deberá devolverla, acompañada de las observaciones pertinentes, a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, Apartados D y E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales casos, seguirán un trámite ordinario.

Titulo Sexto

Capítulo únicoDe la difusión e información de las actividades del Congreso

Artículo 134.

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta Ley les encomiendan.

Artículo 135.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

Artículo 136.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal.

4. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable del Canal copia de las videograbaciones transmitidas a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la comisión bicamaral.

Artículo 137.

1. Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado “Diario de los Debates” en el que se publicará la fecha y lugar en que se verifique la sesión, el sumario, nombre del que presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los documentos a los que se les dé lectura.

2. Las actas de las sesiones secretas no serán publicadas.

3. El titular de la unidad administrativa responsable del Diario de los Debates en cada Cámara, será responsable de la custodia, salvaguarda y archivo de los expedientes, y deberá remitirlos en su oportunidad, conforme a los acuerdos que dicten las respectivas mesas directivas, al Archivo General de la Nación.

Artículo 138.

1. El Congreso de la Unión tendrá un Sistema de Bibliotecas que estará a cargo de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

2. Las Cámaras conformarán, mantendrán y acrecentarán los acervos bibliográfico y de otros contenidos científico, cultural o informativo, para contribuir al cumplimiento de las atribuciones de las propias Cámaras, sus comisiones y de los legisladores. Esos acervos tendrán carácter público.

3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios establecidos en cada Cámara, conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por tres diputados y tres senadores, electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

Artículo 139.

1. Las Cámaras podrán establecer instituciones de investigación jurídica y legislativa para la mejor información y realización de los trabajos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente de aquél en que sea enviado para los efectos anteriores.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero. Si a la entrada en vigor del presente decreto, aún estuvieran en trámite las iniciativas preferentes presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal el día primero de septiembre de 2012, será aplicable lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley reformada por el presente decreto.

Artículo Cuarto. Cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión, deberá ajustar su respectivo Reglamento a lo dispuesto en el presente Decreto a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, por su presentación. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, doña María del Socorro Ceseñas Chapa, para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de que se requiera al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que emita a la brevedad un nuevo laudo al resolutivo y se resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto, suscrita por las diputadas: la propia María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y doña Luisa María Alcalde Luján, de los grupos parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas; con su permiso, señor presidente. Las y los suscritos, integrantes de esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones.

Manteniéndose dignamente en pie de lucha, por el respeto de sus derechos laborales, desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores, en el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010, en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.

Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del gobierno federal en contra de los trabajadores del SME, comenzando con el decreto del Ejecutivo federal del 11 de octubre de 2009, por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores, que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la recesión de laboral como ineludible.

Sobresalen anomalías flagrantes y aberrantes, arbitrarias, como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva del trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta causa de fuerza mayor, lo que equivalía decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el decreto fue ajeno a su competencia.

Al respecto, hay que recalcar que la Junta Federal también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE; declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la Comisión Federal de Electricidad pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.

Sobre estas consideraciones, el Tribunal concede el amparo al sindicato, porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico y no de causas de fuerza mayor; el Tribunal establece que si se da la sustitución patronal, la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aún cuando el decreto no lo establezca expresamente, y también los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro y se siguen empleando para ello.

El amparo del Tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran la reinstalación de los trabajadores, el respeto y su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.

Lo anterior constituye un triunfo de las y los trabajadores en tribunales; sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo, que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.

Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no solo de las y los trabajadoras y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura hacemos un llamado al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad, en relación al juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, el pasado 13 de octubre del presente.

Se requiere al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade Salaverría, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el laudo de agosto de 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.

Dado en el Palacio Legislativo, de esta LXII Legislatura, el día 6 de noviembre.

Aclarando que esta proposición fue solicitada —termino, señor presidente— desde la semana antepasada. A disposición de todos ustedes y esperando su voto a favor. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a requerir al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita con la mayor brevedad un laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nuevo lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que otros dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano

Las suscritas y suscritos, integrantes de esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral l, fracción II, y numeral 2, fracción III, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Manteniéndose dignamente en pie de lucha, por el respeto de sus derechos laborales, desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.

Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación, que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME. Comenzando con el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores, que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental presentó la recisión laboral como ineludible.

Sobresalen, anomalías flagrantes y aberrantemente arbitrarías como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta “causa de fuerza mayor”. Lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el Decreto fue ajeno a su competencia.

Al respecto hay que recalcar que la Junta Federal, también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual, emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE, declaró terminadas las relaciones laborales, así como no aceptó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.

Sobre estas consideraciones el Tribunal, concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o inconsteabilidad, y no de una causa de fuerza mayor.

El Tribunal establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el decreto no lo establezca expresamente. Y También, los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello.

El amparo del Tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran, la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.

Lo anterior constituye un triunfo de los trabajadores, en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo, que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.

Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social no sólo de las y los trabajadores y trabajadores del Sindicato de Mexicanos Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura hacemos un llamado al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad, en relación al juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado trece de octubre del presente, se requiera al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo, que deje sin efectos al laudo de agosto de 2010; y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón substituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Secundaria No. 118, Ricardo Flores Magón, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada doña Irazema González Olivares. Sean ustedes bienvenidos.

En términos del 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud, tiene el uso de la voz don Angelino Caamal, de Nueva Alianza, por tres minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de los derechos de los trabajadores y en contra de las acciones que los vulneren.

Consideramos que la reinstalación de los trabajadores, el respeto al contrato colectivo de trabajo y el pago de salarios caídos son justos cuando la liquidación de una empresa es por razones económicas y no se justifica por causas de fuerza mayor.

El asunto que hoy nos ocupa, en este punto de acuerdo, es de la mayor relevancia cuando es la propia autoridad quien intenta lesionar a la clase trabajadora. Es cierto que el Ejecutivo federal tiene la facultad de emitir decretos que considere necesarios para tomar una decisión. Lo que no procede es que con argumentos, que no compartimos, atente contra los derechos adquiridos de las y los trabajadores.

Con la resolución del fallo del tribunal colegiado esta sentencia queda como un precedente en las relaciones del Estado con sus trabajadores; además de la resolución que favorece a los trabajadores, ésta pone en evidencia el problema estructural que existe en la justicia laboral de nuestro país.

En primer lugar, muestra las implicaciones negativas de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sigan siendo parte del Ejecutivo, debido a que surge la duda razonable sobre la confiabilidad de sus resoluciones.

En segundo lugar, el rezago y lentitud que caracterizan a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por el excesivo burocratismo y falta de celeridad, puede llevar a que el laudo que sustituya al emitido el 30 de agosto de 2010 tarde al menos los dos años que ha durado este juicio.

Por lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque la defensa de los derechos laborales es sin cortapisas y está más allá de los colores o afinidades ideológicas.

Hoy más que nunca la defensa de los derechos de los trabajadores requiere del compromiso de las organizaciones sindicales, y a nosotros, como representantes de la sociedad, nos queda muy claro, completamente claro, que no hay ninguna razón de fuerza mayor que pueda vulnerar los derechos adquiridos de la clase trabajadora. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Angelino. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Por tres minutos, don Manuel, lo escuchamos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el problema generado por el decreto por el cual se extingue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, muestra una de las constantes del gobierno de Calderón: la falta de sensibilidad para atender los problemas sociales, con miras de estadista, atento al bien común de la sociedad.

La percepción de la ineficiencia de la política implementada en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifiesta, no solo por la resistencia en la defensa de sus derechos que han soportado tres años de ignominia política y mediática, también se manifiesta en el alto número de quejas ciudadanas en contra de las tarifas y del servicio que actualmente proporciona la CFE —entre comillas—, “Una empresa de clase mundial”, que recientemente colocó una deuda de 13 mil 500 millones de pesos, que se suman a los 67 mil 395 millones de pesos que tenía al cierre de julio de este año.

El pasado 10 de octubre, el secretario de Gobernación declaró —en forma por demás irresponsable— que Luz y Fuerza del Centro es un asunto concluido para el gobierno de Felipe Calderón. Declaración que confirma falta de oficio político, ya que en el ámbito judicial aún no se ha emitido la última palabra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este momento, tiene en sus manos la resolución del recurso de revisión interpuesto por el gobierno de Calderón, a través del SAE, contra la resolución del juicio de amparo que determina que la CFE sería considerada como patrón sustituto tras la desaparición de la Luz y Fuerza del Centro.

Confiamos en la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión, porque de resolverse en derecho el intento de frenar los derechos de los trabajadores, reconocidos en el amparo emitido en el expediente 1337/2010, serán infructuosos.

En el ámbito de la justicia federal el recurso de revisión procede, cuando con toda claridad se advierte que en el cuerpo de la sentencia se fijó el alcance de un precepto de la Constitución.

La resolución que se impugna a través del recurso de revisión no versa sobre la interpretación de disposiciones constitucionales, por lo que la suerte de dicho recurso está marcada por su improcedencia en la Segunda Sala de la Corte Suprema.

Apoyamos la iniciativa del punto de acuerdo que nos ocupa, porque viene a posicionar de nueva cuenta la importancia de la defensa de los derechos de los trabajadores, a través de los cauces legales, defensa que pesa a los detractores de la ley, puesto que acredita que no tienen razón al actuar falsamente en nombre del Estado y del interés público.

Con una máscara de legalidad han violentado el derecho de los trabajadores, que resisten la actuación arbitraria del gobierno federal, quien ha llegado a la represión de la lucha con el procesamiento penal de 10 de los trabajadores.

Considerando que la resolución final al amparo que reconoce los derechos de los trabajadores del SME está en la espera de la Suprema Corte de Justicia, la ejecución de la sentencia queda en suspenso para la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que es necesario reformular el exhorto, el cual deberá de dirigirse con pleno reconocimiento a su autonomía y actuación en la más amplia defensa y garantía de los derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que es nuestra máxima autoridad jurisdiccional que resolverá el recurso de revisión interpuesto por el gobierno federal.

Es por ello que he propuesto a las diputadas del PRD y del Movimiento Ciudadano, para que reformulen el punto de acuerdo en los términos siguientes:

Punto de acuerdo. Se exhorta, con pleno respeto a la autonomía y autoridad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la salvaguarda de las garantías constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas y resuelva el recurso de revisión interpuesto por el SAE en contra de la resolución del amparo directo 1337/2010, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito.

Quiero decirle al presidente, que en base —sí, estoy culminando para abreviar el trabajo— al artículo 113, fracción IV, y para que no vaya haber problemas, como la otra vez, que ya los diputados promoventes y los coordinadores parlamentarios de los que promovieron este punto han acordado estar de acuerdo en esta modificación para lo que ocurra, y lo dejo en la Secretaría.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De acuerdo. Tiene usted la garantía de que revisaremos y cumpliendo los requisitos lo presentamos a la asamblea.

Doña Luisa María Alcalde Luján, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Gracias, presidente. El 8 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitió sentencia en el juicio 1337/2010, mediante la cual otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión al Sindicato Mexicano de Electricistas.

En dicha sentencia se establece que al no haber existido alguna causa de fuerza mayor que justificara la terminación de las relaciones laborales con más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en patrón sustituto de los trabajadores.

El tribunal resolvió además, que a los trabajadores se les debe pagar los salarios vencidos, desde el momento de la ilegal terminación de las relaciones laborales hasta el momento de la sentencia; jubilar a quienes hayan obtenido ese derecho en el tiempo que duró el juicio y reinstalar al resto de las y los trabajadores a la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, a pesar de estar en juego la estabilidad y subsistencia económica de 16 mil 599 familias mexicanas que dependen de su trabajo y las indemnizaciones que legalmente les corresponden, el servicio de administración pública federal de bienes ha promovido un recurso de revisión de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un evidente acto que solamente intenta retrasar aún más el cumplimiento de la sentencia, ya que no existe argumento de constitucionalidad que lo justifique en la interpretación del recurso.

Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no solo de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas cuyas familias y proyectos de vida fueron truncados y puestos en suspenso, apoyamos el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución propuesto por el Grupo Parlamentario del PRD, para que no se pongan más trabas en el camino para la solución de un conflicto que ha sido ya dolorosamente largo.

Las y los trabajadores del SME, con determinación y apoyados por la justicia, han reconquistado su legítimo derecho al trabajo y a la felicidad. No permitamos que por la vía administrativa o judicial se retrase aún más lo que por derecho les corresponde.

Es por ello que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya ha admitido el recurso de revisión a que resuelva lo más pronto posible, confirmando la sentencia del tribunal colegiado para los efectos establecidos en la misma, y por otro lado, exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que dé cabal e inmediato cumplimiento a la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo 1337/2010 a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y evitar incurrir en prácticas ilegales tendientes a atrasar el cumplimiento de la sentencia, en detrimento de las y los trabajadores electricistas y sus familias.

No permitiremos que esa injusticia se perpetúe impunemente ni un instante más. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, sin duda resulta inocuo expresarles que el presente punto a discusión es espinoso, pues está vinculado con uno de los actos administrativos representativos de la administración ejecutiva terminal: la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro.

Al respecto, la bancada al cual pertenezco —y entro a posicionar en esta tribuna—, no puede postular premisas intrascendentes; por el contrario, debemos de ser firmes y claros respecto a este fino asunto, el cual repercute en bastantes personas en una cuestión de interés social: la fuente de empleo de los trabajadores afectados.

En este sentido, exponemos que los principios del Partido Verde Ecologista de México están a favor de los ideales libertarios del siglo XVIII, que fueron plasmados en nuestra Constitución de 1857 y en la Constitución de 1917; en ambos casos, el derecho fundamental de acceso a la justicia a través de tribunales, puestos especializados, es toral para el adecuado desempeño de un orden jurídico, el cual provee seguridad a las personas.

En este tenor, reconocemos la independencia de los tribunales federales y asimismo los autentificamos como autoridades en la materia; por lo cual somos recios defensores de la correspondiente resolución dictada en el amparo 1337/2010, obsequiada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo.

De idéntico modo, aceptamos las argumentaciones vertidas en el último considerando cuando identifica como características de patrón sustituto a quien se le transfiere sus actividades y utiliza a la misma industria para proveer, en este sentido, energía eléctrica de consumo para el servicio público.

Por todo lo manifestado, somos una voz más que exige la emisión, a la brevedad, de la resolución correspondiente que debe de reconocer las consideraciones vertidas por el tribunal colegiado.

No obstante, también alimentamos ideas, dando cuenta de la autonomía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y no como pretende hacerlo ver el autor del punto de acuerdo a discusión en este momento, de una labor maniatada por el Poder Ejecutivo federal, pues las Juntas, si bien no forman parte del Poder Judicial, sí son órganos materialmente jurisdiccionales integrados por profesionistas probos en su labor.

En consecuencia, mi representación exige el cumplimiento a la resolución dictada por el Poder Judicial; para ello, la Junta Especial No. 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá volver a valorar las determinaciones del asunto y con deóntica (lógica deóntica), pero con autonomía, solucionar la correspondiente con base en nuestro derecho.

Por eso el Partido Verde Ecologista se posiciona a favor de la autonomía de las autoridades jurisdiccionales laborales, a favor del cumplimiento de la resolución dictada por el Poder Judicial. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Tiene el uso de la voz doña Aleida Alavez Ruiz, del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Según el tratadista Luis Recasens Siches, que sostiene que los hombres han establecido el derecho motivado, no por los valores éticos superiores, sino en virtud de un valor de rango inferior, que es el de la seguridad en la vida social, ya que el derecho no ha surgido por virtud del deseo de rendir culto a la justicia, sino para colmar una urgencia de seguridad y certeza en la vida social.

La ausencia de seguridad jurídica repercute directamente sobre el bienestar de toda nación que aspira a un verdadero desarrollo democrático; es por eso que hoy apoyamos y esperamos que todos los grupos parlamentarios tengan la sensibilidad de reconocer este punto, que plantea la diputada Socorro Ceseñas, para recuperar la seguridad jurídica a favor de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Convalidar acciones en perjuicio de la clase trabajadora, no solo daña a un gremio en particular, pone freno al desarrollo de un país.

Este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución considera que es ineludible que se reconozca a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que implicaría transferir todos los derechos laborales, como seguridad, antigüedad, pago de salarios caídos y demás obligaciones patronales.

Compañeras y compañeros diputados, diputadas, un estado de derecho se asienta en el respeto irrestricto de la ley, las instituciones y los derechos de toda persona; desde esta perspectiva y al haberse pronunciado el tribunal colegiado a favor de los trabajadores, en esta resolución debe reconocerse el derecho contra actos arbitrarios de un gobierno autoritario.

Hacemos pues un llamado respetuoso a la sensibilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sin más dilación emitan resolución sobreseyendo el recurso de revisión, pues en el mismo no se plantean cuestiones de constitucionalidad o de interpretación constitucional, que le darían la competencia para conocer de este medio de defensa para que, de esta manera, cesen los injustos jurídicos y se evite continuar trasgrediendo y lesionando a los trabajadores y a sus familias, que han sido afectadas por un injusto decreto que de un plumazo desapareció a la Compañía de Luz y Fuerza y mandó a la calle a 45 mil trabajadores.

Apelamos a la sensibilidad de todas y todos los diputados que integramos esta Cámara, en un solo llamado; no dejemos agotar este llamado para que haya justicia y las 45 mil familias tengan certeza jurídica. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Aleida. Tiene el uso de la voz doña Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional.

La diputada Karina Labastida Sotelo:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el punto de acuerdo que hoy abordamos es un tema de vital importancia para la vida de nuestro país, porque implica repercusiones en la vida económica, laboral y política.

Es interés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional establecer que la propuesta se estructura bajo consideraciones erróneas y promueve la intromisión del Poder Legislativo en la vida del Poder Judicial, faltando así al respeto entre los poderes de la federación.

El fallo del tribunal colegiado de ninguna manera pone en evidencia —como se dice— una serie abultada de ilegalidades por parte del gobierno federal en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas; el fallo es una muestra de que en nuestro país vive hoy en día un régimen de democracia plena, en donde el Poder Judicial no está subordinado al Poder Ejecutivo. Este acontecimiento ejemplifica el vigor en que se encuentran nuestras instituciones encargadas de impartir y administrar justicia.

En cuanto al exhorto a las autoridades responsables que deben dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 1337/2010, relativo a la sentencia de marras, se da dentro del marco de un juicio de amparo seguido ante los tribunales de la federación, procedimiento judicial que tiene sus reglas y plazos procesales en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo; por lo que consideramos que esta Cámara de Diputados carece de toda legitimación procesal para poder intervenir en dicho juicio de amparo, ya que no es parte quejosa, autoridad responsable o tercero perjudicado ni Ministerio Público federal, sirviendo de fundamento el artículo 5o. de la propia Ley de Amparo.

Es importante resaltar que el cumplimiento de un fallo protector de la justicia federal, como el que refieren, es de orden público y se rige bajo el principio de persecución judicial; por lo que no solo sería ilegal la participación de la Cámara de Diputados, sino innecesaria, ya que ninguna sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal puede quedar sin cumplirse.

Señoras y señores legisladores, Acción Nacional les hace una atenta invitación a confiar en nuestras instituciones republicanas, a refrendar el respeto entre los poderes de la federación, a esforzarlos, a defender a toda costa el régimen de democracia plena que hoy en día se vive en México y esperemos la conclusión de las autoridades competentes en este proceso, que aún continúa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Finalmente, don Fernando Alfredo Maldonado Hernández.

El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, el tema a que se refiere este punto de acuerdo tiene implicaciones a favor de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sin duda alguna, y por eso debemos de actuar con la mayor prudencia y responsabilidad para dejar que la justicia que se busca sea efectiva y que el tema no se convierta en un espectáculo político.

Se sabe que el gobierno federal promoverá un recurso de revisión al amparo directo concedido por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual dejó sin efecto el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 30 de agosto de 2010, por el que se dieron por terminadas las relaciones de trabajo entre dicha empresa y sus trabajadores.

Se trata de un asunto de la mayor importancia, no solo por lo que significa en el ámbito de la justicia laboral, sino por las implicaciones que esto tiene en la prestación de un servicio público vital para la economía del país, así como en las finanzas del Estado y en el cumplimiento de sus responsabilidades.

En caso de que el máximo tribunal de justicia del país confirme la resolución en comento, ésta tendrá que acatarse en sus términos y quienes no previnieron debidamente en consecuencias deberán asumir sus responsabilidades; implicaría un resultado desastroso, producto de una decisión mal planteada y peor ejecutada, tomada desde un irreflexivo ejercicio del poder y basada únicamente en la pretensión de que todo acto de autoridad es, por el solo hecho de serlo, infalible, lo cual sería refutado por la intervención inobjetable de la justicia.

Por eso, es primordial dejar que el Poder Judicial de la Federación y las autoridades implicadas en el asunto actúen sin presiones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos una importante responsabilidad, que debemos dejar que cumpla alejada de todo rejuego político y de todo interés que no sea el de hacer justicia y el de la aplicación de la ley.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tan malo sería afectar los legítimos intereses de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como pretender que no se desahoguen todos los recursos y procedimientos, que en un caso como éste proceden y que aún están pendientes.

Permitamos, compañeras y diputadas y diputados, que esos recursos se cumplan; confiemos en las decisiones que el máximo tribunal pueda adoptar en cumplimiento de sus responsabilidades y esperemos a que esas decisiones se hagan del conocimiento de las partes en conflicto.

La Junta Federal tendrá que acatar lo que dicte la Suprema Corte de Justicia, sin dilación alguna, en cuanto se agoten todos los recursos pendientes.

Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción se abstendrá de votar este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura al resolutivo que propone adicionar don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Modificación del punto de acuerdo que presentan los diputados María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los grupos parlamentarios PRD y Movimiento Ciudadano.

Se exhorta, con pleno respeto a la autonomía y autoridad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la salvaguarda de las garantías constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas y resuelva el recurso de revisión interpuesto por el SAE en contra de la resolución del amparo directo 1337/2010 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputadas y diputados que estén en abstención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, tenemos duda en la votación, porque tenemos abstenciones, votos en contra y votos a favor. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación, en el entendido de que lo que estamos votando es si se admite a discusión el añadido propuesto por don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se pide a los legisladores hacer uso del sistema electrónico de votación, en virtud de que por las características del debate no aceptaremos emisiones de votos posteriores.

Esta Presidencia informa a los legisladores que posteriormente, de viva voz, no aceptaremos emisión de votos, por tanto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se cierra el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 109 en pro, 111 en contra y 167 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Ahora vamos a preguntarle a la asamblea, vamos a preguntarle a la...

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada Ceseñas?

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Quiero votar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia anunció que por las características de la votación y del debate no íbamos a aceptar de viva voz votación. Si usted gusta, lo que podemos hacer es, en esta segunda votación ampliamos el término a seis minutos. Es la de fondo.

Ricardo Monreal, lo escucho.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Bueno, presidente, con todo respeto, presidente, le solicitaría en forma atenta que pudiera repetirse la votación. El día de ayer, presidente, en la Junta de Coordinación Política señalamos —todos los grupos parlamentarios— que hay deficiencias con el sistema de votación y solicitamos una auditoría al sistema de votación.

Todos en la Junta de Coordinación Política, incluyendo al vicecoordinador del grupo al que usted pertenece, coincidimos. Nada se pierde, presidente, en que se repita la votación. Son cinco minutos más.

Le pediría, en razón de sus facultades, pueda usted, con justicia, simple y sencillamente ordenar que se repita la votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores, esta Presidencia fue, por demás, precisa en las reglas de la votación; estamos nosotros, simplemente votando si se acepta a discusión o no el añadido de Manuel Huerta Ladrón de Guevara. No estamos votando todavía de fondo.

En este momento vamos a instruir la apertura del sistema electrónico de votación, por seis minutos, si lo requieren; de tal suerte de votarlo de fondo, si se aprueba o no el punto de acuerdo presentado por la diputada Ceseñas, por doña Luisa María, en fin.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por seis minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del 144 del Reglamento...

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Silvano Aureoles, ¿con qué objeto?

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente, hay dudas sobre la votación que se acaba de concluir, y hay un número muy importante de diputadas y diputados que no pudieron votar.

No hay necesidad de que quede duda sobre el resultado de la votación, no importa que sea solamente el agregado. Me sumo a la solicitud que ha hecho el compañero Monreal, de que se repita la votación para evitar tener dudas al respecto. Gracias, presidente.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Raúl Gómez, ¿con qué objeto? El diputado Raúl Gómez ha estado pidiendo la palabra y no lo hemos escuchado, permítanme hacerlo. ¿Con qué objeto?

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente, con todo el debido respeto que se merece, creo que también ya nos merecemos el respeto todos los compañeros diputados y todas las compañeras diputadas, de que día con día quieran hacer lo que quieran los demás grupos de fracción; si usted está diciendo que son cinco minutos, ¿quieren que se abra más? No puede ser posible. Creo que hay que darle respeto a este pleno. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Nada más para decirle, señor presidente, que no es cualquier agregado, es una cuestión de fondo, está en el derecho que el Reglamento me permite, lo firmaron los coordinadores parlamentarios de los grupos promoventes, las diputadas promoventes, y con honestidad tenemos dudas, porque ha habido un manejo no tan transparente, justamente, ya tenemos el antecedente que le comenté a usted.

Quisiera que tuviera interés en que se transparente esta votación y se permita que se abra por más tiempo, para que los compañeros que no han votado puedan votar. No es cualquier cosa, como usted lo quiere trivializar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará en la segunda votación.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Alberto Villarreal, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. La obligación legal y la responsabilidad que tenemos las señoras diputadas y los señores diputados, los martes y los jueves, es estar en este pleno atendiendo las sesiones. Dar más de cinco minutos me parece un abuso, una falta de respeto y me parece innecesario.

Es absolutamente falso lo que dice el diputado que me antecedió en la palabra, del PRD, que hayamos los coordinadores parlamentarios votado un documento para aprobar o para apoyar su propuesta. Miente categóricamente, no es así.

Nosotros le pedimos que se abra de manera inmediata el sistema electrónico y se vaya a votación y que sea en un plazo no mayor de cinco minutos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico, por seis minutos, a efecto de recabar votación nominal sobre los resolutivos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del artículo 144...

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Presidente, presidente, le estoy pidiendo la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítanos votar, diputada, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: ... del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por seis minutos.

(Votación)

Hasta este momento el diputado López Cándido, del PT, ha reportado que no funciona su biométrico para votar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Una vez cerrado el sistema de votación no aceptaremos, salvo el diputado López Cándido, que ha avisado que no pudo votar.

Tómele la votación al diputado López Cándido, antes de cerrar. Cerrado no podremos tomar votación. El diputado López Cándido.

El diputado José Arturo López Cándido(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cante el resultado, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En pro, 145; en contra, 110 y 199 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Anaya.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. Para que conste en acta, presidente, le pido nos informe qué mayoría es la que usted está requiriendo de acuerdo al Reglamento, si mayoría relativa o mayoría absoluta, y segundo, presidente, si es que en su interpretación las abstenciones se suman a la mayoría, nos informe en qué artículo del Reglamento está usted basando esa interpretación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En el artículo 3, en su fracción XIII, que como buen conocedor usted la entenderá a cabalidad.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí. Es para pedirle que ilustre a un servidor y a la asamblea sobre qué fue lo que se votó, porque hasta donde oí, en el caso de la propuesta que dice usted, lo que votó era si se abría la discusión o no, pero no se ha votado el fondo del asunto que hemos planteado.

Quiero saber en qué sentido, qué fue lo que se votó. No es la primera vez que tenemos alteraciones en las actas y en los acuerdos y en las interpretaciones. Le pido, que informe qué fue lo que votó.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo propuesto de fondo por la diputada Ceseñas, diputado. Está en la Gaceta publicado. Acuda a ella para ver lo que votó. Usted voto a favor, por cierto.

Dejo la conducción en manos expertas de don José González Morfín.

Presidencia del diputado José González Morfín

PROGRAMA PROCAMPO

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Sagarpa, para que se entreguen los recursos del programa Procampo.

El diputado Salvador Arellano Guzmán: Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Salvador Arellano Guzmán: Compañeras diputadas y compañeros diputados; amigos todos. Desde ésta, la más alta tribuna del país, saludo con afecto y amistad a todos los agricultores de México, hombres y mujeres, y muy en especial a los agricultores de mi municipio, Zapopan, Jalisco.

Con las facultades que me otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes consideraciones.

A las diputadas y a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y muy en especial a las diputadas y a los diputados de la Confederación Nacional Campesina, nos preocupa demasiado la situación precaria que se vive en el campo de México.

En la historia, el campo ha sido el sector más castigado, sufrido y golpeado en todos los aspectos.

El trabajo del campo es el más imprevisto y el más arriesgado, compañeros; desde el momento que siembras tienes el problema de que se te pegue la siembra y tienes que volver a sembrar; la falta de agua, las sequías, las heladas. Todo eso y lo más importante que sucede en el campo: el precio y la comercialización de nuestros productos.

El campo es un asunto de prioridad nacional, que no ha tenido la importancia debida y la voluntad política del gobierno federal para que México deje de ser un país que importe los granos básicos para la alimentación de los mexicanos.

México tiene playas, tiene valles, tiene bosques; México tiene todo para ser el granero de todos los países en el globo terráqueo.

Hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no es la panacea ni es la solución a los problemas que tiene el campo.

Les digo a los campesinos de México y a las mujeres: no le tenemos miedo a la competencia, podemos competir y podemos trabajar de igual manera que los gringos, de igual manera que los de Canadá, pero siempre y cuando nos pongan en un mismo nivel en tecnología, en maquinaría y en apoyo de los gobiernos de cada uno de los países.

Los países de Norteamérica nunca le dan la espalda al productor, siempre le dan la importancia que debe de tener la producción en cada uno de los países; por eso sentimos los agricultores de México que no tenemos el apoyo del gobierno federal.

Hoy en este momento, en toda la República, no se nos ha entregado el apoyo de Procampo, un apoyo que es por ley y que además ya estaba autorizado ese dinero. Ese apoyo debieron de entregarlo a los campesinos en el mes de junio.

En aquel entonces se nos dijo que no podía ser entregado por las elecciones, en el mes de julio. Hoy estamos en noviembre, estamos ya cosechando nuestras parcelas y es tiempo que todavía no llega el apoyo de Procampo.

¿Cómo quiere el gobierno federal que los productores nos arraiguemos en nuestras parcelas, si no hay el apoyo necesario para motivar la agricultura en los campos de México? ¿Cómo les podemos decir a nuestros hijos que se arraiguen y que quieran la tierra como la queremos nosotros, cuando no es un negocio la producción del campo y no es redituable la misma?

Eso es lo que los campesinos manifestamos; por eso es que queremos a la tierra, por eso es que no abandonamos la producción, pero queremos que el gobierno federal verdaderamente le dé importancia al campo.

El tiempo me está comiendo. Simplemente decirles que nos apoyen, que apoyemos a los productores de México para que en esta iniciativa se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se entreguen los recursos económicos destinados al Procampo del ciclo primavera-verano 2012, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar la entrega de los recursos de Procampo del ciclo primavera-verano del año 2012. Gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sagarpa a entregar a todos los beneficiarios los recursos del Procampo del ciclo primavera-verano, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México, la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado.

La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen carácter estratégico: son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El campo mexicano ha desempeñado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población: también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, el resto de la economía.

El Procampo se regula por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994 y su fe de erratas del 26 de septiembre del mismo año.

El Procampo es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), el cual tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales y consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el programa; o bien, la mantiene en explotación pecuaria o forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple lo establecido en la normatividad operativa.

Dicho programa está orientado principalmente a atender a los pequeños productores. Muestra de ello es que 85 por ciento de los empadronados es propietario de cinco o menos hectáreas. Lo anterior es un elemento fundamental que motiva la existencia del Procampo.

La operación se ha realizado con base en un conjunto de reglas, establecidas en el decreto referido, que son de observancia obligatoria y constituyen la base para que la asignación del subsidio sea transparente.

El pasado año sufrimos las peores sequías de los últimos tiempos y más del 86 por ciento del territorio nacional fue impactado por este fenómeno causando estragos en la agricultura y ganadería, recurriendo al sacrificio de animales, lo que trajo consigo la pérdida de más del 40 por ciento del hato ganadero nacional debido a la falta de agua. En el caso de la agricultura se ha visto reflejada en el hecho de que se han dejado de producir más de 1.6 millones de hectáreas de los granos básicos y productos que la población y la industria requiere.

Las condiciones en que se encuentra todavía el campo mexicano exigen disponer de todos los esfuerzos para que ayudar a palear las necesidades que se requieren y que la aplicación de los recursos del Procampo a la totalidad de sus beneficiarios del ciclo primavera verano no es la excepción.

La motivación que induce al presente punto de acuerdo, es el de solicitar al titular de la Sagarpa que instruya al titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a que cumpla con la entrega de los apoyos a que se tienen derechos todos los beneficiarios del Procampo del ciclo primavera verano 2012.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable tiene la producción agropecuaria del país, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entreguen los recursos económicos destinados al Procampo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Segundo.Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar la entrega de los recursos del Procampo del ciclo primavera-verano, una vez que hasta le fecha no se han hecho entrega la totalidad a los beneficiarios.

Tercero.Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente u obvia resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, conforme al artículo 115, pido que se retiren las palabras, por ser ofensivas para las mujeres.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Luis María Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Compañeros, me parece verdaderamente penoso y ofensivo para todas las mujeres aquí presentes que se planteen ese tipo de cosas en la tribuna. Pedimos e insistimos que se retire eso del Diario de los Debates y ofrecer una disculpa pública a todas las presentes y a todas las mujeres mexicanas. ¿De qué se tratan esos comparativos?

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Juárez, por favor.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): De igual forma, me sumo a las expresiones de las diputadas que me han antecedido en el uso de la palabra. Que sean retiradas las palabras de la comparación que hizo el diputado.

Las mujeres somos ciudadanas con plenos derechos y las mujeres sabemos conducirnos y somos ciudadanas auténticas, que sabemos ejercer nuestros derechos; por consecuencia, solicitamos que se retire esa comparación que hizo el diputado que hizo uso de la tribuna.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Beatriz Zavala, por favor.

La diputada Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Presidente, para solicitarle nos sume a la petición que se ha hecho, al Grupo Parlamentario del PAN, en el sentido de que las mujeres no somos comparables al campo, porque no estamos solamente para dar productos, como expresó el diputado en tribuna. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Salvador Arellano, por favor.

El diputado Salvador Arellano Guzmán(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Simplemente decirles a mis compañeras —como lo ratifiqué— y a todas las mujeres de México, no lo hice con mala intención. Quiero decirles que si les ofenden esas palabras, que de una u otra manera puse en comparación, las retiro. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Arellano. Serán retiradas esas expresiones del Diario de los Debates.

Para continuar con la sesión y para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto planteado se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo, porque para nuestro Grupo Parlamentario el campo mexicano es un sector estratégico del desarrollo nacional, y por lo tanto, es necesario cumplir con los programas de apoyo a los productores agropecuarios.

Las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, porque son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña en su esencia la satisfacción de los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población.

Sin embargo, la Sagarpa ha estado impedida para entregar los recursos del Procampo correspondientes al ciclo primavera-verano del 2012 cuyo presupuesto anual aprobado por esa soberanía fue de 17 mil 968 millones de pesos, aun cuando la mayoría de los campesinos, principalmente de los estados del norte del país, enfrentan una crítica situación debido a los estragos que provocó en las cosechas y en la ganadería las intensas sequías.

Ante la desesperación, por falta de recursos financieros, para iniciar la siembra del ciclo otoño-invierno y cansados de promesas incumplidas de las autoridades, productores del estado de Sinaloa llevaron a cabo una movilización con la toma de las instalaciones de la delegación Sagarpa.

Una de las principales exigencias de los manifestantes, por supuesto, es el pago de los apoyos del Procampo. Estamos hablando de adeudos que no les han cubierto por la contingencia de las heladas de 2011.

Como en Sinaloa, numerosos productores del resto del país han solicitado la intervención de diputados federales y senadores, buscando el apoyo a la causa que enfrenta el sector campesino.

En virtud de lo anterior, los diputados de Nueva Alianza nos solidarizamos con sus demandas y exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lograr a la brevedad la entrega de los recursos destinados al Procampo.

Compañeras y compañeros diputados, sabemos que el problema no se soluciona únicamente con el hecho de que el titular de Sagarpa instruya al titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, denominada Aserca, a que cumpla con la entrega de los apoyos a que tienen derecho todos los beneficiarios del Procampo, el ciclo primavera-verano 2012, la Secretaría de Hacienda tiene más de 15 días sin asignar recurso alguno para el pago de Procampo a nivel nacional.

En virtud de lo anterior, hacemos un atento llamado al titular de la Secretaría de Hacienda, a no demorar la entrega de estos apoyos. Los productores y campesinos mexicanos no pueden esperar más. Estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.

En Nueva Alianza consideramos que las autoridades federales deben ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso con los agricultores en espera de la entrega de los recursos para poder promover el desarrollo de su actividad agrícola. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar cordialmente y darle la bienvenida a la Cámara de Diputados al alcalde de Acapulco, Luis Walton, que se encuentra aquí invitado por nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Bienvenido a la Cámara, alcalde.

También le damos la más cordial bienvenida a un grupo de compañeros del área de desarrollo social del ayuntamiento de Nicolás Romero, que se encuentran aquí invitados por la diputada Angelina Carreño Mijares. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el programa Procampo nació en 1994 para apoyar principalmente a pequeños productores, propietarios de cinco o menos hectáreas de superficie, siendo el 85 por ciento de los beneficiarios de dicho programa de apoyo.

Es una verdad que en general el apoyo al sector agropecuario en este gobierno se ha mediatizado, al grado de que los recursos que esta soberanía determinó se entregaran a los afectados el año pasado y principios del actual, para recompensar en parte las pérdidas sufridas por heladas, sequías e inundaciones, aún es letra muerta.

En este orden de ideas, es la fecha que los fondos que Procampo debió destinar a los pequeños propietarios, por las causas antes señaladas por el ciclo primavera-verano, aún no son entregados a los beneficiarios del programa.

Mencionar que los pequeños productores han estado esperando por meses los recursos sería acudir a un recurso retórico gastado, porque el gobierno sabe muy bien cuáles son sus tareas y obligaciones para con ese sector de la producción nacional y la necesidad que está presente en la economía de ese segmento de la población mexicana.

Por otra parte, si el gobierno tratara de argumentar que no existen fondos para hacer frente a la obligación referida, también estaríamos hablando de un pretexto banal para incumplir con una obligación que está prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por ello, resulta indispensable que tanto la Secretaría de Hacienda como Sagarpa se aboquen a la dispersión de los fondos multicitados en este documento.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda el exhorto que compañeros legisladores han presentado a la consideración del pleno de esta soberanía, para solicitar al Ejecutivo federal ordene que de inmediato se hagan las entregas de los apoyos a los beneficiarios del Procampo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Valle Magaña: Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años, el abandono del campo por parte del gobierno federal y las contingencias climatológicas, principalmente la sequía, han agudizado la crisis en el campo mexicano.

La falta de interés por parte del Ejecutivo federal en atender los estragos de la sequía extrema, que golpeó a varios estados de nuestro territorio, agudizó el desplome de la producción y abasto de granos básicos de primera necesidad para el consumo de los mexicanos, como son el frijol y el maíz.

Las anquilosadas medidas realizadas por el Ejecutivo federal no han sido suficientes para contener la terrible agonía por la que atraviesa el campo mexicano. Hasta la fecha se tiene reporte de daños en más de 3.2 millones de hectáreas y pérdidas calculadas hasta por 150 mil millones de pesos, así como más de un millón de productores y ganaderos al borde del colapso en 26 estados de la República Mexicana. De continuar con esta lamentable situación, se pronostica un aumento constante en la importación de alimentos y un alza en los precios de productos de primera necesidad pondría en jaque la economía popular.

De acuerdo al plan de gran visión para el desarrollo sustentable del sector alimentario mexicano, de la Comisión de Agricultura de esta honorable Cámara de Diputados, el 35 por ciento de la población vive en el campo.

Al rezago en la producción nacional para satisfacer las necesidades alimentarias de la población hay que sumarle los retrasos por parte del Ejecutivo federal en la entrega de recursos en beneficio de los productores rurales.

El gobierno federal no puede darse el lujo de retener recursos. La delicada condición en la que se encuentra el campo no puede esperar; si bien los mil 300 pesos que se destinan por hectárea en el ciclo agrícola no son la respuesta suficiente que necesita el sector, sí sirven como un parche austero para amortiguar los estragos que provocaron las intensas sequías en las cosechas y en la ganadería.

Nos parece absurdo que esta honorable Cámara de Diputados le tenga que estar recordando a cada momento al Ejecutivo federal sus compromisos y deberes con la ciudadanía.

En lo que va de esta Legislatura, diputados de diferentes grupos parlamentarios han presentado cinco proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, exhortando al Ejecutivo federal tenga a bien considerar la liberación de recursos para los productores más necesitados del país.

Esperamos que este reclamo no se deposite en saco roto, tal y como ha sucedido con la liberación de recursos tendentes a la mejora en la producción de la papa, el frijol y demás productos importantes para los mexicanos.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —concluyo, señor presidente—, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, liberen de manera urgente los recursos destinados al Procampo, correspondientes al ciclo primavera-verano 2012, ya que les permitirán a los productores tener la seguridad de adquirir, de manera inmediata, insumos y servicios que requieren para sus cultivos y para la producción de granos, tales como son fertilizantes, herbicidas e insecticidas, además de otros productos e insumos para el sector ganadero. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Nabor Ochoa López:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una de las grandes deudas históricas de este país es precisamente la que tenemos con aquellos sectores que viven en la marginación, con aquellos sectores más desprotegidos.

Somos conscientes de que en muchas zonas urbanas del país existen cinturones de miseria, de pobreza extrema, pero también nos queda claro que donde más se recrudecen los aspectos de pobreza y marginación es precisamente en el sector rural.

En los discursos oficiales escuchamos una y otra vez que el campo mexicano ha sido fundamental para el desarrollo económico del país; que el sector agropecuario es una actividad estratégica y prioritaria para México, pues producen buena parte de los alimentos que consumimos las familias mexicanas.

Pero, ¿qué hemos hecho para revertir la situación crítica que desde hace muchos años viven quienes se dedican a esta noble actividad? Entre las cosas que se han hecho —y que se han hecho bien— es entregar apoyos, como el Procampo, que son apoyos importantes; sin embargo, debemos reconocer que son todavía insuficientes.

Pero que además, programas como éste en muchas ocasiones, o llegan a destiempo o definitivamente no llegan, y no llegan principalmente a aquellos que más lo necesitan, los pequeños productores.

Porque los grandes productores, que legítimamente también se benefician de este programa —dentro de los que tenemos funcionarios e incluso secretarios y ex secretarios de Estado, con sus buenas relaciones, con sus equipos de trabajo— siempre reciben a tiempo estos apoyos.

Desafortunadamente nuestro país se ha vuelto una especie de regla de operación no escrita, que los recursos de los programas federales no lleguen con oportunidad a los estados y municipios, aún cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación se ha aprobado a más tardar en diciembre.

En este Congreso hay ex presidentes municipales, ex funcionarios de los distintos órganos de gobierno, incluso ex gobernadores, y nos ha tocado oír reclamos de la ciudadanía relacionados precisamente con el retraso de la entrega de los programas federales.

A quién de nosotros —que tuvimos una responsabilidad municipal— no nos cuestionaba la gente diciendo, ¿por qué empezar las obras en plena temporada de lluvia, por ejemplo? Bueno, pues la razón era sencilla, porque los programas de Sedesol, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, por lo general llegan en julio, agosto, septiembre.

Pero donde existen los mayores retrasos —y eso también lo hemos vivido en los municipios y en los estados— es en la entrega de recursos federales precisamente destinados al campo; en el caso del campo —y lo digo con mucho conocimiento de causa—, en ocasiones entregábamos los apoyos hasta el año siguiente de su ejercicio, de su puesta en operación.

Creemos que para ir dando soluciones de fondo a esta triste realidad debemos pasar de los exhortos, de las peticiones, pasar a las sanciones para aquellos funcionarios que no están cumpliendo con su obligación.

Así como se han contemplado en las reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental sanciones para aquellos funcionarios que no hagan la difusión pública de la información presupuestal y financiera.

Valdría la pena también establecer sanciones para aquellos funcionarios, de cualquier orden de gobierno, que por negligencia u omisión no entreguen los recursos destinados al campo de manera oportuna.

Termino, señor presidente. De esta manera, estoy seguro que estaríamos en camino de corregir de fondo esta problemática.

Por todo ello, manifestamos nuestro respaldo a este exhorto del diputado Salvador Arellano, a fin de que se haga efectiva la entrega de los recursos pendientes del programa Procampo ciclo primavera verano 2012. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel:Con su permiso, señor presidente. El Partido de la Revolución Democrática demanda un Estado social que promueva el bienestar de los mexicanos, que combata las desigualdades y fomente la producción, a través de políticas públicas oportunas y eficientes.

En este sentido, hemos apoyado las propuestas orientadas a incrementar los recursos fiscales destinados al apoyo de los productores, a aumentar el consumo y mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Pero de nada sirven los mejores programas ni el incremento de presupuestos, si estos recursos se les regatean a los beneficiarios, si no se entregan a tiempo o simplemente no se entregan. Es lo que está sucediendo ahora con el Procampo.

Sin embargo, lo verídico es que de todos los estados del país llueven quejas y exigencias de los productores, porque los recursos del ciclo agrícola primavera verano aún no se entregan. Inclusive reportes extraoficiales, difundidos en los medios de comunicación, que dan como fuente de financiamiento de la Sagarpa, indican que apenas se ha entregado un 40 por ciento del total, cuando a la misma administración sexenal le queda escasos días de operación.

El programa Procampo surgió como un mecanismo de transferencia de recursos públicos para apoyar a los productores del campo, específicamente está orientado a apoyar el ingreso de los productores del campo en la adquisición de insumos en sus prácticas agropecuarias.

Para que los apoyos cumplan su cometido es claro que deben de entregarse antes de la siembra y previo al periodo de lluvias.

Al parecer es una enfermedad endémica de los gobiernos federales el aplazar o inclusive, en ocasiones, simplemente no entregar los recursos autorizados en los presupuestos por esta soberanía.

Por tercer año consecutivo la Sagarpa está tardando la entrega del Procampo, con la suspicacia inevitable y tal vez justificada de los campesinos, de que la institución está jineteando estos recursos, pues no hay una explicación lógica para lo cual no se hayan entregado.

Sea o no verdad las suspicacias de los productores, el hecho es que dichos recursos no han bajado al campo y que deben ser entregados de inmediato a los destinatarios del programa.

El campo mexicano está en la peor crisis de su historia, no solo por las políticas neoliberales que lo descapitalizaron, sino también por un gobierno ineficiente, por la tramitología interminable y por la insensibilidad de la burocracia.

Bajo estos considerandos, el Grupo Parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo propuesto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga:Con la venia, señor presidente. Para los trabajadores del campo las burocracias, los partidos políticos, los intereses de grupo y su capacidad de respuesta y nulo acuerdo, es algo que no puede ni debe seguir deteniendo la competitividad y la modernización del campo.

Para Acción Nacional y sus gobiernos, especialmente el del presidente Felipe Calderón, no deja lugar a dudas que el Estado mexicano tiene un gran compromiso con el sector agroalimentario.

Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de impulsar políticas y acciones y programas destinados al medio rural, que redunden con el desarrollo del país y con el sector.

A principios de la década pasada se ha venido fomentando el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, el PEC, como instrumento de política pública que aglutina y organiza los programas y componentes destinados al desarrollo rural y que tiene como centro de dicha política el desarrollo integral del ser humano.

Durante el periodo 2001-2006, a través de este programa especial, se dirigieron más de 1 billón de pesos al medio rural, y del 2007 al 2012, una cifra de recursos destinados al sector rural registra un aumento sin precedentes, en más del 60 por ciento en términos reales con respecto a la administración anterior, lo que significa más de 1.6 billones de pesos al desarrollo rural.

En este marco, el Procampo constituye uno de los apoyos más importantes para los campesinos y sus familias; con un total de recursos durante estos seis años de más de 88.6 millones de pesos. Cubre la superficie de 14 millones de hectáreas, que representa el 64 por ciento de toda la tierra cultivable de siembra en este país y que beneficia a una población de 2.7 millones de productores.

Durante esta administración y la pasada, este programa —ahora componente— ha sido objeto de mejoras e innovaciones constantes, con el propósito de que las transferencias gubernamentales lleguen a las manos correctas de las trabajadoras del campo, que lleguen de forma eficaz, de forma transparente, para lo cual se han simplificado las normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo y se ha hecho un pago anticipado de siembra, la actualización del directorio, la bancarización de los apoyos y el establecimiento de nuevas cuotas en beneficio de los pequeños productores; se ha tenido un desarrollo informático para mejor transparencia y viabilidad en el programa, entre otras mejoras que dan cuenta de la responsabilidad asumida de estos gobiernos con el campo mexicano.

Bajo este escenario, el presupuesto asignado, con modificaciones, para los subsidios del Procampo en el ejercicio fiscal del 2012, es de un poco más de 14 millones de pesos. De enero a septiembre se tiene un avance del pago del 88.9 respecto a la superficie estimada para 12.9 millones de hectáreas del 89.1 del monto pagado.

En el ciclo primavera-verano del 2012, el indicador arroja un avance del 79 por ciento y una meta del 89 por ciento.

Debido a este adelanto que se dio en el presupuesto en el pago de los apoyos del componente Procampo, para el ciclo primavera verano de 19 estados y en una operación normal de 13 estados restantes, no existió disponibilidad presupuestal en los meses julio, agosto y septiembre.

A razón de lo anterior, los diputados de Acción Nacional estamos a favor de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informen a esta soberanía sobre los adeudos pendientes de la compensación a nuestros productores mexicanos, a fin de resolver esta situación a favor de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Sergio Torres Félix:Con su permiso, presidente, con el permiso de todos. Como todos ustedes saben, como todos los productores de México saben, el campo mexicano está sufriendo una severa crisis de productividad. Esta crisis ha sido ocasionada por el incremento del costo de los insumos agropecuarios y la errónea política social del gobierno que termina.

La producción agrícola y ganadera nacional ha padecido el olvido y la falta de sensibilidad del gobierno federal. Sin medir las consecuencias, se ha preferido proteger con subsidio a las importaciones, lo que ha provocado un injusto desplazamiento de los campesinos mexicanos en el mercado.

La política nacional para el campo debe de ser radicalmente reformulada. Es urgente aumentar la producción y la oferta interna. Se tiene que poner un remedio eficaz y eficiente a la precaria situación de los pequeños productores, protegiéndolos de las prácticas monopólicas que los condenan a la marginación.

El maíz, el frijol, el huevo, los cárnicos han sufrido brutales embestidas climáticas y económicas; por eso no podemos permitir que a este difícil panorama se sume el incumplimiento irresponsable de las obligaciones gubernamentales.

No permitamos que a nuestro campo se le sigan negando condiciones dignas y necesarias de financiamiento y crecimiento; no permitamos que las prácticas especulativas y la intermediación sigan siendo un impedimento para la libre y justa competencia.

No olvidemos que la situación del campo tiene que ver de manera determinante en las personas de menos recursos, ya que éstas destinan más de la mitad de su ingreso en alimentos para así poder comer ellos y sus familias.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a sacar al campo del abandono en que se encuentra? Es momento ya de empezar a resolver años de sobre explotación, de olvido gubernamental, de desabasto y de desorden.

La política social se ha limitado a sobrellevar la pobreza que padece casi la mitad de la población de nuestro país. Es realmente lamentable que las obligaciones ya establecidas del gobierno con los productores no se hayan cumplido. Resulta preocupante que el mismo gobierno sea el primero en vulnerar los acuerdos jurídicos, como ha sido su actitud frente a los beneficiarios del programa Procampo. Como se ve a todas luces, este gobierno ha sido insensible y ha sido incapaz para atender al campo mexicano.

Son 12 años ya de que el campo mexicano está en el olvido. Queremos que el secretario de Hacienda y el titular de la Sagarpa no se vayan sin resolver este problema a favor de los pequeños productores del país; por eso exigimos que paguen Procampo antes que dejen su responsabilidad en el gobierno federal.

Exigimos que el titular de Hacienda y el titular de Sagarpa cumplan con los pendientes, cumplan con los compromisos y cumplan con sus obligaciones que tienen con el campo mexicano.

Por estas y otras razones, compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI apoya total e incondicionalmente el punto de acuerdo en comento para que se entreguen los apoyos a que tienen derecho todos los beneficiarios del programa Procampo.

Apoyamos el punto de acuerdo, porque no es justo que se les regateen los apoyos mínimos a nuestros pequeños productores; apoyamos el punto de acuerdo, porque tenemos un compromiso moral con ellos, y en el Grupo Parlamentario del PRI siempre apoyaremos todas aquellas propuestas que tiendan a favorecer al campo mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Habiendo concluido la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

DENGUE CLASICO Y HEMORRAGICO

El Presidente diputado José González Morfín: A continuación y de conformidad con el artículo 76, fracción V del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de diversas entidades federativas que intensifiquen las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dengue es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por mosquitos del género Aedes; el agente etiológico es el dengue virus con cuatro serotipos.

La infección viral puede producir un cuadro asintomático, cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre clásica de dengue, dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue; es considerado como la enfermedad más común transmitida por artrópodos (arbovirosis), de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con miles de muertes en más de 100 países y aproximadamente dos mil millones de personas en riesgo.

Para la difusión, manejo e información respecto a este padecimiento, en México se cuenta con un manual en el que se estructura, con base en la norma oficial mexicana, que establece el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, de tal manera que en los diferentes capítulos se agrupan los conceptos para cumplir con la vigilancia epidemiológica del dengue, establecidos por la Dirección General Epidemiológica.

Del total nacional de trasmisiones en el presente año, se ha concentrado en la región sur-sureste del país, que incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con el 88.1 por ciento, así como casi la totalidad de las defunciones, 94 por ciento, a diferencia de 2011, que en la región representó el 82.69 por ciento de la trasmisión y el 71 por ciento de las defunciones. Aunque son 25 estados los que reportan la presencia del dengue, existe el riesgo de extenderse al resto del país.

Esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública nacional y considerando que el estado de salud de la población y sus necesidades están a cargo de la Secretaría de Salud del gobierno federal y de las secretarías o servicios de salud de los estados, estas instituciones tienen la obligación de desarrollar las mejores políticas de salud y garantizar la prestación de los servicios sanitarios, haciendo énfasis de la prevención, atendiendo con meticulosidad los factores de riesgo y a los determinantes socioeconómicos de la salud, teniendo una aproximación permanente y multidisciplinaria con la población en riesgo, para no tener que lamentar un problema epidemiológico de grandes consecuencias y sobre todo, no tener que lamentar más decesos, que lamentablemente recaen en los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En el caso de Oaxaca, se ha agravado por una tardía respuesta de las autoridades sanitarias correspondientes; las regiones de la cuenca, valles centrales, la costa y el istmo de Tehuantepec están en una verdadera contingencia por la presencia del dengue.

Ahora el cambio climático se convierte en un factor determinante, que propicia las condiciones idóneas para la presencia del mosquito transmisor del dengue. Esta enfermedad aparece en zonas donde nunca antes se había presentado. Las secretarías de Salud de la entidades federativas afectadas por este azote han implementado medidas, como fumigación, limpieza de zonas de reproducción y visitas a las colonias afectadas; sin embargo, la epidemia se sigue extendiendo.

Deben tomarse medidas para instrumentar una campaña a nivel nacional para el combate, que inhiba la propagación de la enfermedad. Se corre el riesgo de que nuevos municipios y regiones repliquen contagios e incluso que la enfermedad se extienda a zonas o regiones en las que nunca se habían registrado brotes previos, pues se estudia la posibilidad de una mutación del mosco trasmisor para aclimatarse en zonas a más de  1200 metros de altura sobre el nivel del mar, además de que las medidas de control sean tardías y se generen pérdidas humanas, que es la parte más lamentable de esta omisión de la autoridad.

Por las razones expuestas, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición.

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, a intensificar las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y del hemorrágico, a fin de eliminar las tasas de incidencia y la de mortalidad causadas por la misma.

Solicito a la Presidencia que el texto íntegro del punto de acuerdo sea publicado en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a diversos gobiernos locales a intensificar la prevención, la atención, el control y la erradicación del dengue clásico y hemorrágico, a cargo del diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Rafael González Manríquez, diputado por el estado de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Primera.El dengue es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por mosquitos del género Aedes. El agente etiológico es el Denguevirus con cuatro serotipos. La infección viral puede producir un cuadro asintomático, cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre clásica de dengue, dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue.

Es considerado como la enfermedad más común transmitida por artrópodos (arbovirosis); de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con miles de muertes en más de 100 países y aproximadamente dos mil millones de personas en riesgo.

Para la difusión manejo e información respecto a este padecimiento en México se cuenta con un Manual en el que se estructura con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la Vigilancia Epidemiológica, La Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades Transmitida por Vector y los lineamientos para el diagnóstico que actualmente establece el Instituto de Referencia y Diagnostico Epidemiológicos (INDRE); de tal manera que en los diferentes capítulos se agrupan los conceptos para cumplir con la vigilancia epidemiológica del Dengue establecidos por la Dirección General de Epidemiología.

Segunda.El aumento en este año de casi tres veces el número de casos confirmadas de fiebre por dengue, en el 2011, con 6008 casos y en el 2012, con 21200, al 9 de octubre del presente año, lo que representa un incremento de 296.8% y de cuatro veces de fiebre hemorrágica por dengue, en el 2011, de 2169 casos y en el 2012 con 11,245 que representa una variación del 418.4%. En 2011 uno de cada cinco casos probable era confirmado y actualmente uno de cada tres debido al cambio de circulación de serotipo.

Tercera.Del total nacional, la transmisión en el presente año se ha concentrado en la región sur del país, que incluye a los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán con el 88.1%, así como casi la totalidad de la defunciones 94%, a diferencia del 2011 que en la región represento el 82.69% de la transmisión y el 71% de las defunciones, y aunque son 25 estados los que reportan la presencia del dengue, existe el riesgo de extenderse al resto del país.

Cuarta.Esta enfermedad, se ha convertido en un problema de salud pública nacional, y considerando que el estado de salud de la población y sus necesidades están a cargo de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y de las Secretarías o Servicios de Salud de los estados; estas instituciones tienen la obligación de desarrollar las mejores políticas de salud y garantizar la prestación de los servicios sanitarios, haciendo énfasis en la prevención, atendiendo con meticulosidad los factores de riesgo y a los determinantes socioeconómicos de la salud, teniendo una aproximación permanente y multidisciplinaria con la población en riesgo para no tener que lamentar un problema epidemiológico de graves consecuencias y sobre todo no tener que lamentar más decesos, que lamentablemente recaen en los sectores más desprotegidos de la sociedad, en el caso de Oaxaca se ha agravado por una tardía respuesta de las autoridades sanitarias correspondientes, en las regiones de la cuenca, valles centrales, la costa y el istmo de Tehuantepec, están en una verdadera contingencia por la presencia del dengue.

Quinta.Ahora el cambio climático se convierte en un factor determinante que propicia las condiciones idóneas para la presencia del mosquito transmisor del dengue, esta enfermedad aparece ahora en zonas donde nunca antes se había presentado, las secretarías de Salud de la entidades federativas afectadas por este azote, han implementado medidas como fumigación, limpieza de zonas de reproducción y visitas a colonias afectadas, sin embargo, la epidemia se sigue extendiendo.

Sexta.Deben tomarse medidas para instrumentar una campaña a nivel nacional para el combate, que inhiba la propagación de la enfermedad, se corre el riesgo de que nuevos municipios y regiones repliquen contagios, e incluso que la enfermedad se extienda a zonas o regiones en los que nunca se habían registrado brotes previos, pues se estudia la posibilidad de una mutación del mosco transmisor para aclimatarse en zonas con más de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, de que las medidas del control, sean tardías, y se generen pérdidas de vidas humanas, que es la parte más lamentable ante la omisión de la autoridad.

Por las razones expuestas, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición:

Punto de acuerdo

Único:La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados de Colima, Chiapas, Guerrero Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, a intensificar las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y del hemorrágico a fin de eliminar la tasa de incidencia y la de mortalidad causada por la misma.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. El texto íntegro de la proposición con punto de acuerdo se inserta íntegro en el Diario de los Debates. Ahora, para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Señoras y señores legisladores, buenas tardes. El punto de acuerdo que se discute en este momento merece todo nuestro apoyo, ya que es necesario que cualquier riesgo epidemiológico sea detenido a tiempo para evitar daños mayores a la salud de los mexicanos y de las mexicanas.

El dengue transmitido por mosquito está registrando uno de los picos más altos en los últimos años, de manera especial en el sureste de la República, donde se concentra casi el 90 por ciento de los casos registrados, aunque en el resto de las entidades federativas comienzan a presentarse con mayor frecuencia casos confirmados de algunas de las variantes del dengue, ya sea el clásico o el hemorrágico.

El propio gobierno federal ha informado y reconocido que existen alertas en 170 municipios del país, donde hay siete millones de viviendas y 70 mil planteles educativos. Esta realidad es potencialmente peligrosa, ya que puede desencadenar un brote epidemiológico de grandes magnitudes, que rebasaría las capacidades del sistema de salud mexicano, generaría enormes daños a la salud de la población y ocasionaría serios perjuicios a la economía.

En este sentido, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica considera que el dengue se puede convertir en el principal factor de preocupación en el sector salud, en estos meses, de no ser combatido de manera eficaz y oportuna.

Es verdad que no hemos llegado a los niveles del 2010, cuando se registraron 50 mil casos de dengue, ahora tenemos un registro de 21 mil casos, pero el riesgo de mutación de serotipo es una amenaza latente. Además, los 23 muertos ocasionados por esta enfermedad son razón suficiente para que el Estado actúe de manera enérgica, eficaz e inmediata para hacer frente a la contingencia o emergencia.

Por esas razones, en Nueva Alianza apoyamos plenamente este punto de acuerdo, para que la Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados intensifiquen las acciones de prevención, atención, control y erradicación del dengue clásico y del dengue hemorrágico.

Que no se escatimen esfuerzos ni recursos; que se contemple la necesidad de acelerar las investigaciones y las pruebas para contar con una vacuna contra esta enfermedad; que se incluya a la comunidad científica en la búsqueda de soluciones, como es el caso del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que ya diseñó un insecticida biológico que elimine las larvas del mosquito transmisor del dengue.

Este insecticida es un producto altamente específico sobre las víctimas que va a atacar y no se afecta a otros organismos, además de que no contamina el ambiente. Así como éste, todos los esfuerzos sean bienvenidos.

Nueva Alianza apoya plenamente el punto de acuerdo en comento. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Se somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para realizar el exhorto correspondiente a las autoridades de salud y sanitarias, para que apliquen las medidas necesarias para contrarrestar el incremento de los casos de dengue clásico y hemorrágico.

La situación es delicada, ya que en el año 2011 se registraron poco más de seis mil casos y hasta el mes de octubre de este año se registran más de 21 mil; es decir, se ha triplicado la incidencia. Los casos se han concentrado en los estados del sureste del país, como son Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

A nivel mundial, este padecimiento afecta a más de 50 millones de personas en 100 países en un año, de los cuales 500 mil en promedio tienen que ser hospitalizados y puestos en cuarentena. Mientras tanto, se alcanza un nivel de mortalidad de 20 mil personas.

Como puede verse, este es un problema de salud que rebasa el aspecto territorial interno, por lo que deben llevarse a cabo acciones coordinadas con otros países para atacar este mal.

La situación se complica por el incremento de los viajes aéreos, por la falta de planificación de desarrollos urbanos; las dificultades en el abastecimiento de agua y el deterioro de los programas de control del mosco; la carencia de insecticidas, con buena relación de costo-efectividad y la falta de educación sanitaria.

Compañeras y compañeros diputados, es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalezcan las medidas de carácter sanitario y de prevención para que este padecimiento se extienda a otras zonas y se corra riesgo de que el mosquito transmisor pueda adaptarse en condiciones climáticas diferentes a las que hay en el sureste del país.

Coincidimos en la preocupación que se señala en el punto de acuerdo, pues esta enfermedad prácticamente se considera como un mal plenamente controlado y en vías de ser erradicado; sin embargo, las cosas no suceden así.

Una propuesta efectiva es —sin duda— intensificar la aplicación de programas sanitarios que eviten la reproducción del mosco y prevengan la propagación del virus. Aunado a dichos programas, es de considerar los costos de los insumos que por necesidad tengan que ser distribuidos en la población, pues uno de los principales problemas para aplicar fumigantes de manera constante son los elevados precios de los productos, que en definitiva quedan fuera del alcance de la gente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, para los diputados, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, queda claro que para controlar este grave problema la educación sanitaria juega un papel importante, pues solo con medidas preventivas diseñadas desde el seno de la familia y los núcleos sociales los problemas que tanto aquejan de forma común a los pueblos también pueden ser solucionados.

En ese sentido, votaremos a favor del presente acuerdo. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La Organización Mundial de la Salud define al dengue como una infección transmitida por mosquitos que se presentan en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta.

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo, más del 40 por ciento de la población mundial está en riesgo de contraer el dengue.

Antes de 1970 solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue graves; sin embargo, ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de África, las Américas, el Mediterráneo oriental, Asia sudoriental y el Pacífico occidental. Las regiones más gravemente afectadas son Asia sudoriental y el Pacífico occidental.

La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen enter 50 y 100 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo.

Actualmente México ocupa el segundo lugar en casos de dengue en América, solo por debajo de Brasil, que es el país más afectado por este virus en la región. Además que en nuestro territorio circulan los cuatro serotipos de este virus, lo cual se considera un factor de riesgo para la aparición de casos de dengue hemorrágicos.

La fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue son problemas de salud pública vigentes en México. Se ha trabajado ampliamente en el control de vectores a través de la participación comunitaria; sin embargo, al contar con zonas endémicas, se sigue presentando un alto número de casos en el país.

Aunque actualmente esta cifra ha bajado, es fundamental mantener e impulsar los programas y acciones que limiten el daño a la salud. Tan solo el año pasado aumentaron los casos confirmados de fiebre hemorrágica por dengue, ya que de acuerdo con cifras oficiales durante las primeras semanas de agosto se presentaron 14 mil 150 casos en todo el país; es decir, el 23.6 por ciento más que en 2011.

La transmisión del dengue ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. Esta enfermedad no cuenta con un tratamiento específico para su curación, aunque su detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen la tasa de mortalidad por debajo del 1 por ciento.

Las acciones dirigidas a la prevención de la enfermedad deben ocupar un lugar preponderante en los estados con mayor riesgo, que permitan incrementar los niveles de salud de la población. Es importante tener una visión preventiva, que si bien no va a evitarlas, si ayudará a disminuir su aparición y eventualmente su extensión, severidad y consecuencias.

Es por eso que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano apoya las políticas de prevención para todos los estados de la República con riesgo a la propagación del dengue clásico hemorrágico. Intensificar los cuidados en la atención primaria de salud e implementar programas de prevención primaria reducen la mortalidad, la tasa de enfermedades y los costos asociados a enfermedades crónicas. Muchas gracias, Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Martha Edith Vital Vera: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputados y diputadas, éste es un tema sumamente complicado, pero para todo México.

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo, más de dos mil 500 millones de personas están en riesgo de contraer esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen entre 50 y 100 millones de infecciones por este virus.

El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembras infectadas, tras un periodo de incubación de entre cuatro y 10 días. Un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida; personas que son portadoras y multiplicadoras principales del virus, los mosquitos se infectan al picar a estas personas que ya padecieron el dengue.

La relevancia de esta enfermedad se ubica en el contexto de la prevención para evitarlo en sus formas más severas; es decir, el dengue hemorrágico y el síndrome de choque por dengue, los cuales se pueden convertir, a corto o mediano plazo, en una urgencia epidemiológica cuya magnitud rebasa la capacidad de respuesta de los servicios médicos asistenciales.

Subrayé las limitaciones de las estrategias de control emergente y resultó en un incremento en la mortalidad, sobre todo en menores de 15 años de edad.

Al respecto, en México, a diferencia del año pasado, al mes de septiembre se habían reportado cuatro mil 511 casos vinculados a esta enfermedad.

En este año, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), se ha registrado un total de 20 mil 290 casos de dengue en nuestro país. Eso significa cinco veces más que el año pasado, compañeros.

Un ejemplo de ello es el estado de Nuevo León, que no siendo un clima tropical ya ha registrado casos de dengue y no solamente al sur-sureste, compañeros, ya está en todo México.

En muchas unidades médicas la atención de esta enfermedad es el principal motivo de consulta, pero en algunas el servicio puede llegar a desbordarse por el incremento del caso de dengue.

El dengue puede convertirse en el principal factor de preocupación en el sector salud al cierre de este sexenio, ya que se han registrado 23 muertes en este 2012.

Chiapas es una zona de muy alto riesgo. Se llevan a cabo diversas acciones, tales como mayor vigilancia epidemiológica, ampliación del Abate granulado casa por casa, más promoción a la salud como Escuelas sin mosquito, atención de nebulizaciones con mochila, maquinaria pesada y dos avionetas, pero por supuesto, utilizando en todos éstos insecticidas biodegradables para conservar el medio ambiente, pero sobre todo, contamos con la participación ciudadana.

Este problema de salud pública vigente en nuestro país tendrá que seguirse trabajando ampliamente en el control de estos vectores, a través de la participación ciudadana; sin embargo, al contar con zonas endémicas, se sigue presentando un alto número de casos y por ello es fundamental mantener y seguir impulsando programas y acciones que limiten el daño a la salud.

Es por todo lo anterior, que el Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de este punto de acuerdo, exaltando la imperiosa necesidad de implementar acciones que permitan prevenir la enfermedad, pero sobre todo brindar la debida atención a las personas que la padecen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. Compañeros, hablar de enfermedades tropicales va aunado a la pobreza o a la riqueza, son polares, ¿por qué lo comento? Porque es justamente en los estados tropicales donde se tiene la mayor incidencia de esta enfermedad, que es un flagelo mundial convertido hoy en pandemia.

Hablamos de más de 50 millones de ciudadanos que padecen esta enfermedad, pero en México hay zonas tan apartadas, y lo digo porque ya tuve la oportunidad de ser jefe sanitarista de más de 22 municipios y tiene mucho que ver con el movimiento migratorio hacia el interior del país y de los estereotipos existentes ya del dengue hemorrágico.

El posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD se orienta a no tan solo tener un sitio, como es la ciudad de Tapachula, de centro de investigación de salud pública, sino que en cada estado de los que hoy estamos involucrados en lo que es esta enfermedad tengamos un centro de investigación para poder conseguir la vacuna que pueda prevenir.

Recordemos que hoy, por máximo que sea el esfuerzo, no hay recurso económico que alcance para prevenir este tipo de enfermedades, enfermedades que sí matan, enfermedades que cuestan más caro atenderse cuando ya está la complicación existente; por eso, la mejor forma de prevenir es la educación.

Tenemos nosotros un gran compromiso con México. Esta máxima tribuna tiene que pugnar para que en los domicilios donde no permitan el acceso a los promotores de salud, podamos nosotros ingresar y poder hacer las medidas, que van a hacer que sea posible prevenir y abatir esta enfermedad, que se ha convertido ya en un lastre, que no hay recurso que alcance para detenerla.

No podemos dejar pasar desapercibido que las enfermedades tropicales tuvieron un instituto que previno en los años sesenta y que fue desaparecido.

¿Cómo olvidar nosotros el trabajo de Rafael Lucio, con la lepra lepramatosa? ¿Cómo olvidar el trabajo del doctor Viaje, que estuvo en el ferrocarril del sureste, en la zona de mayor incidencia de la istmania en este país? ¿Cómo podemos no estar fijándonos que hay onchocerca, que hay enfermedad de Chagas? Que no precisamente el dengue, sino que todas las enfermedades que son tropicales se pueden llegar a prevenir, y ésa es nuestra obligación, porque son flagelo ya de esta humanidad y de nuestros escolares.

Me antecedía la maestra, la diputada Sanjuana, del Panal, y hablaba de los centros escolares. Imagínense ustedes que esta enfermedad es tan mutante, que se consideraba solo de las zonas conurbadas y de los cinturones de miseria; hoy está en la selva y se reproduce en el agua que se deposita en las plantas; hoy está por encima de 1200 metros de altura, o sea que no tan solo es del trópico, sino que también de las latitudes por encima de los 1200 metros sobre el nivel del mar y tenemos una franja, la franja mesoamericana, y habemos más de ocho estados de la República que lo estamos padeciendo y que no tenemos el presupuesto suficiente para la educación y para abatirlo.

Se requiere aspersión, se requiere aspersión aérea, se requiere aspersión local y se requiere mucha voluntad y conciencia de clase de todos nosotros para poder servir y servirnos mejor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Marcelina Orta Coronado:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dengue es una infección vírica, transmitida por el mosquito.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en las últimas décadas ha aumentado enormemente su incidencia en el mundo, y de acuerdo con esta organización mundial —que es la máxima autoridad en salud—, más de dos mil 500 millones de personas están en riesgo de contraer el dengue. Esto representa más del 40 por ciento de la población mundial.

Al momento no hay tratamiento específico para el dengue clásico ni hemorrágico, solamente dependemos de la atención oportuna y del acceso a la asistencia médica adecuada que pueda proporcionar nuestro sistema nacional de salud.

Sin embargo, es importante mencionar que podría disminuir la tasa de mortalidad por debajo del 1 por ciento. En este momento, para México y para todo el mundo, la prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de la lucha antivectorial, que incluye la protección personal, medidas constantes de control del vector y control de los químicos.

Compañeros diputados, la lucha contra el dengue involucra a las autoridades sanitarias federales, a las de las entidades federativas y a las del Distrito Federal.

Aunque se han implementado las medidas indicadas por la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia y el control de la enfermedad, año con año seguimos padeciendo fuentes de brotes de esta misma; aunque actualmente no se cuenta con una vacuna, sí hay aproximaciones que permitan abrigar la esperanza de que en pocos años podemos contar con ello.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional los invita, compañeras legisladoras y legisladores, a no perder de vista el tema en la definición del próximo Presupuesto, a fin de dotar de los recursos necesarios a los gobiernos federales y locales para que se haga frente a esta letal enfermedad.

Asimismo, en esta tribuna me permito sugerir respetuosamente a la Secretaría de Salud que es necesario una planeación respectiva para tomar la prevención presupuestal necesaria para que en los próximos años se apoye a la investigación en la salud, y para que a la brevedad contemos con una vacuna contra el dengue en nuestro sistema nacional de salud.

Compañeros legisladores y legisladoras, con todo respeto, los invito a que actuemos en consecuencia, con la defensa del derecho a la protección de la salud y votemos a favor de esta proposición con punto de acuerdo, a fin de que la población residente y visitante de las zonas endémicas por esta enfermedad reciban la protección de salud a la que todos tienen derecho.

No quiero pasar por alto y aprovechar esta tribuna para decir que Yucatán es el número uno en este problema, del problema del dengue desde hace seis años, y que también mi estado, Tamaulipas, está padeciendo este grave problema.

Por eso les pido que se sumen a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, en la lista de oradores corresponde el uso de la tribuna, por tres minutos, al diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor García García:Con su permiso, diputado presidente. Como todos sabemos, el dengue es un problema de salud presente en nuestro país desde hace ya varias décadas; su evolución podría resumirse en tres grandes fases: su surgimiento en 1941, año que datan los primeros registros y que se sigue una fase decreciente hasta 1963, cuando se logra su erradicación; la reinfestación a finales de la década de los sesenta, y la emergencia como problema de salud pública, caracterizada por especialistas como un fenómeno de contra-transición en la década de los noventa.

Hace 17 años el doctor José Narro Robles, entonces subsecretario de Servicios de Salud y el doctor Héctor Gómez Dantés, director de Investigación Epidemiológica del estado, en un estudio sobre el dengue en México explicaron claramente la importancia de incluir este padecimiento en la agenda de los temas prioritarios de salud pública; señalaron que debían tomarse en cuenta las posibilidades de que dicho mal pudiera convertirse en una emergencia de primer orden y rebasar la capacidad de respuesta de los servicios médicos.

Es interesante analizar los factores con base a los cuales se advirtieron los riesgos en los noventa y vislumbrar los que hoy significan nuevas amenazas. Entonces, los fenómenos demográficos asociados al proceso de industrialización, el crecimiento de las zonas urbanas, el auge de los centros de playa, el desarrollo de puertos industriales, el consiguiente crecimiento de de población en zonas propicias para el desarrollo del vector, la creciente movilidad humana intercontinental, el aumento de focos de infección en el ambiente doméstico por la producción masiva de artículos manufacturados desechables, entre otros, han favorecido el resurgimiento del dengue.

Hasta la segunda quincena de agosto del presente año ya se habían contabilizado nueve mil 300 casos de fiebre por dengue, contra dos mil, en el mismo periodo de 2011.

De igual forma, los casos por dengue hemorrágico, que es la forma más grave de la enfermedad, pasó de 500, en 2011, a cuatro mil 700, en este año, siendo los estados más afectados Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán; sin embargo, entre ellos, Nuevo León no escapa al problema.

Hoy —como se ha señalado— a pesar de los esfuerzos realizados para erradicar esta enfermedad, el avance de los cambios en los perfiles demográficos, aún el componente de complejidad que añade el cambio climático, perfilan nuevos retos para impedir la ascensión del dengue y los costos en materia de salud para su tratamiento.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional compartimos la preocupación por este asunto y asumimos plenamente la gravedad que reviste. De igual forma, nos comprometemos al diálogo y trabajo conjunto para lograr los consensos necesarios en dicha materia.

En este sentido, suscribimos la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado González Manríquez, para que las autoridades refuercen las acciones de prevención, atención, control y erradicación, señalando que a este respecto la participación de la sociedad será un factor fundamental. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

*INICIATIVA Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Honorable asamblea, en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con ratificación de la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y también con algunos cambios en comisiones.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murilllo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicarle los movimientos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Baja

Diputado Noé Hernández González (secretario)

Diputado Abraham Montes Alvarado (integrante)

Diputado Alfredo Zamora García (integrante)

Diputada Karina Labastida Sotelo (integrante)

Alta

Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (secretario)

Diputado Tomás Torres Mercado (integrante)

Diputado Heberto Neblina Vega (integrante)

Diputadz Karina Labastida Sotelo (secretaria)

Por lo anterior, la integración definitiva, a esta fecha, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es la siguiente:

Diputados:Carlos Humberto Aceves del Olmo (PRI), presidente; Luisa María Alcalde Luján (MC), Martí Batres Guadarrama (PRD), José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza), Arturo Cruz Ramírez (PRD), Jorge del Ángel Acosta (PRI), Francisco Grajales Palacios (PRI), Karina Labastida Sotelo (PAN), José Arturo López Cándido (PT), Rafael Alejandro Micalco Méndez (PAN), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), Fernando Salgado Delgado (PRI), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI), Elsa Patricia Araujo de la Torre (PRI), Marco Antonio Barba Mariscal (PRI), Silvano Blanco Deaquino (PRD), José Alfredo Botello Montes (PAN), Juan Bueno Torio (PAN), Alejandro Carbajal González (PRD), María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD), Patricio Flores Sandoval (PRI), Blanca Estela Gómez Carmona (PRI), Gaudencio Hernández Burgos (PRI), Esther Angélica Martínez Cárdenas (PRI), María Leticia Mendoza Curiel (PRI), Heberto Neblina Vega (PAN), Esther Quintana Salinas (PAN), Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN), Tomás Torres Mercado PVEM.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Secretaría, consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los cambios y ratificaciones, comuníquense.Faltan tres.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murilllo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Heberto Neblina Vega cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Alfredo Zamora García cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murilllo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murilllo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, me permito solicitarle se realice la siguiente fe de erratas, en los cambios leidos en la sesión ordinaria del pasado 30 de octubre de 2012, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Alta: Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (integrante)

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Alta: Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De enterado.

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marino Miranda Salgado:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 27 de octubre se conmemoró el 163 aniversario de la fundación del estado del cual tengo el honor de provenir y de venir a representar a este recinto, el estado de Guerrero, el único cuyo nombre se eligió en honor a un ex presidente de la nación, el general Vicente Guerrero, por su incansable labor e innegable contribución al logro de nuestra Independencia; uno de los primeros en responder al llamado de Independencia y gestar la consolidación de la nación como un estado libre y federalista, y un activo militante de la lucha de la Revolución a favor de la causa campesina y los derechos y la justicia sociales. Creador de una frase que está aquí, en este recinto: Mi patria es primero.

Los hombres y mujeres de Guerrero, compañeras y compañeros, han sido responsables y partícipes directos de los cambios sociales y políticos de la más alta trascendencia para la consolidación y evolución de nuestra nación como un Estado democrático.

Sin embargo, a más de 200 años de la Independencia y más de 150 de su fundación como estado integrante de la nación mexicana, las y los guerrerenses siguen en espera de los frutos de estas victorias, siguen teniendo sed de justicia, igualdad y oportunidades, dignas de desarrollo.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, concretamente el sur de México fue un espacio representativo y decisivo, tanto para el levantamiento como para la consumación del movimiento de Independencia; solo 15 días después de iniciado el movimiento se levantaron en armas los insurgentes en Tepecoacuilco, donde ya funcionaba una junta revolucionaria, encabezada por Valerio Trujano.

A la muerte de Morelos, quien apoyado por las bravas huestes sureñas logró integrar un importante contingente con la colaboración de José María Izazaga, de Coahuayutla; de los hermanos Galeana de Técpan y de Juan N. Álvarez, de Atoyac, el segundo momento más importante de la lucha fue dirigido por el general Vicente Guerrero Saldaña, quien en un espacio de resistencia a cargo de la guerrilla permitió mantener vivo el deseo de la libertad e independencia y recobrar la iniciativa militar en varios frentes, hasta que culminó la patriótica empresa de convertirla en realidad en 1821.

En este contexto, los intentos por conformar el estado sureño fueron diversos; el primero, en 1810, en el que Morelos hizo conocer a sus tropas la intención de erigir una provincia en el sur del país llamada Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, con territorios de las intendencias de México, Puebla y Valladolid; el segundo, en 1823, a cargo de los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Pero no fue sino hasta 1848 que se puso a consideración de los estados afectados —México, Puebla y Michoacán— la propuesta de erección de la entidad con los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco.

Los estados de México y Puebla aceptaron ceder el territorio solicitado, pero Michoacán se pronunció en contra, lo que provocó que Tierra Caliente protestara, decidiendo pertenecer al estado en gestación; de tal forma que el 25 de febrero de 1849 fue suscrita en Coyuca un acta de adhesión al nuevo estado, mientras que Tlapa y Costa Chica se sublevaron también en apoyo a la formación de la entidad.

Ante esta situación, el presidente José Joaquín de Herrera intervino como mediador y el 15 de mayo de 1849 envió al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero. La Cámara de Diputados recibió esta propuesta y el 20 de octubre del mismo año aprobó el decreto, y seis días después lo aprobó la Cámara de Senadores.

El 27 de octubre de 1849, en sesión solemne, la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el estado de Guerrero, y Juan Álvarez fue designado, provisionalmente, comandante general.

Termino, señor presidente.

Guerrero ocupa el segundo lugar en porcentaje de población en pobreza extrema y es la primera entidad cuya población presenta mayor número de carencias sociales; es decir, donde la pobreza es más profunda; es asimismo el estado cuyos habitantes viven con los mayores niveles de marginación.

Estos datos reflejan, que la federación no ha sido lo suficientemente solidaria con las contribuciones que nuestro estado ha realizado a la conformación de la nación, y nos habla, al mismo tiempo, de la urgencia inaplazable de traducir la vulnerabilidad, el atraso y el olvido en que muchos guerrerenses viven, en un Presupuesto más justo y equitativo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

A nombre de la Mesa Directiva le damos la más cordial bienvenida a los presidentes municipales del distrito de ciudad Serdán, Puebla, que están aquí invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

DIA MUNDIAL DE LA ECOLOGIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto es la efeméride con motivo del primero de noviembre, Día Mundial de la Ecología. Tiene para ello la palabra la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, la ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes; es una ciencia de análisis y síntesis para comprender la compleja trama de retrorrelaciones que existen en un ecosistema; integra conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas, como la física, la química y la geología.

El pasado primero de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ecología, fecha en la cual se resalta la importancia de concienciar a los pueblos sobre los temas ambientales y sociales.

Estamos padeciendo una crisis bajo condiciones de cambio climático: la desertización, el aumento de la temperatura, la erosión de los suelos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y de alimentos, así como la contaminación del aire, suelo y agua.

En México necesitamos promover de manera urgente una cultura ambiental que nos permita generar conciencia y responsabilidad en todas las personas, a fin de poder darle a las futuras generaciones un mejor planeta; el Día Mundial de la Ecología se debe recordar a diario con el único fin de valorar y cuidar nuestro patrimonio natural.

Una gran biodiversidad es la que se alberga en nuestro país, diversos paisajes compuestos por una gran variedad de especies animales y vegetales. Tenemos el segundo país en tipos de ecosistemas y el cuarto en riqueza de especies; en México existen unas 500 especies de importancia pesquera, casi 600 especies que se utilizan para la reforestación, unas cuatro mil especies con propiedades medicinales registradas y decenas de miles con potencial biotecnológico.

Ocupamos el segundo lugar en el mundo por la riqueza en reptiles, con 804 especies; el tercero en mamíferos, con 535; el quinto en anfibios, con 361, así como el octavo en aves, con mil 96 y casi dos mil 500 especies se encuentran protegidas por la legislación.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nuestro país tiene alrededor de 70 por ciento de la diversidad biológica conocida en el planeta y alerta que cada día se pierden hasta 100 especies animales y vegetales en los bosques tropicales.

En el marco del Día Mundial de la Ecología venimos a esta tribuna a solicitar a todos nuestros compañeros y compañeras legisladores apoyo en la elaboración de normas y leyes, que nos permitan implementar acciones contundentes para sostener y restaurar los ecosistemas, luchando desde nuestra trinchera contra los factores que amenazan la biodiversidad, como la destrucción, el deterioro y la fragmentación del hábitat a causa de la minería, la agricultura extensiva, la ganadería, la construcción de presas, el desarrollo urbano, carreteras, gaseoductos, oleoductos, entre otros.

Tenemos hoy una enorme responsabilidad desde ésta, que es la máxima tribuna de la nación, de hacer algo por salvar nuestro planeta y con ello salvar a la especie humana. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Saludamos también a los presidentes de Concepción de Buenos Aires y de Teocuitatlán de Corona, del distrito VII de Jalisco, que se encuentran con nosotros invitados por la diputada Angélica Magaña. Bienvenidos a la Cámara.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:29 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de noviembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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