Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría informar a la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:10 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que éste se encuentra publicado.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de noviembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo por el que comunica la integración de las comisiones bicamerales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y de Seguridad Nacional.

Por el que comunica que se remite al Ejecutivo federal, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con los artículos aprobados por ambas cámaras.

Con el que remite el texto de los artículos 388 Bis y 390 aprobados de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de lo dispuesto en la última parte de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Con el que remite acuerdo para que se establezca un mecanismo interparlamentario que se encargue de elaborar las iniciativas de ley que permitirán dar cumplimiento a las reformas contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012.

Con los que remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Informe Final de la Evaluación Específica de Costo-Beneficio 2011-2012 del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.

De los congresos de los estados de Chiapas y de Hidalgo

Con los que remiten acuerdos, para que en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se incrementen los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de octubre de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2011.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se propone la constitución de una Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), en término de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Votación)

Declaratoria de publicidad

Doce de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Sergio Cedeño Villerías, Patricia Espinosa Cantellano y Vicente Fernández Gómez, para aceptar y usar condecoraciones que gobiernos extranjeros les otorgan en diferentes grados.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la medida de las posibilidades del país, se brinde la ayuda técnica, humana y material a los gobiernos y a la población de los países afectados por el paso reciente del huracán Sandy.

Agenda política

Comentarios relativos a la emisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafort, para que inicien acciones y destinen los recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que están atacando a las zonas boscosas en el estado de Durango, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SSP y de la SEP, se realicen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, a fin de que se conduzca con estricto apego a la legalidad, civilidad, respeto y tolerancia a la pluralidad política, y solicita a la ASF para que audite los recursos del Ramo 33 que el estado otorga a dicho municipio, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Iniciativas

Que reforma los artículos 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 65, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por el Dip. Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8°, 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SHCP, instrumenten un programa emergente de agricultura por contrato, para el ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que publique en el DOF el Decreto por el que se declara como Área Natural Protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, a Balandra, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la STPS, de la Sedesol, de la Sener y de la SE, para que implementen un programa de evaluación, relativo a la industria minera en los temas de seguridad y salud, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivos federal y estatales, establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignidad del Adulto Mayor, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que elabore la NOM e implemente los programas y políticas públicas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad al transporte público a las personas con discapacidad, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que a través de la Senasica, detenga las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y de Tamaulipas, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SHCP, de la Sedesol, del Conapo y del INEGI, reconozcan, incluyan y consideren como zonas metropolitanas a las ciudades de Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o municipios, pertenecientes al estado de Chihuahua, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, para que en coordinación con la SHCP, la SEP, la Sener y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias para eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de país, a cargo del diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua, realicen las investigaciones necesarias para determinar en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del Río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instrumente un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en la Ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros “Casasano La abeja” y “Emiliano Zapata”, ubicados en el estado de Morelos se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo Estatal de participar en el mismo, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP, para que durante los operativos del Programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta soberanía manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación del estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diversas diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que otorgue una prórroga a quienes tienen concesiones vencidas para el uso del agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención y prevención de las adicciones en México, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves quince de noviembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del jueves quince noviembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, relativa a modificaciones de turno de iniciativas y proposiciones. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por las que invita a las Ceremonias Cívicas Conmemorativas:

• Del centésimo octogésimo octavo Aniversario de la Expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal, que tendrá lugar el dieciocho de noviembre. Se designa una comisión de representación.

• Del centésimo segundo Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, que tendrá lugar el veinte de noviembre. Se designa una comisión de representación.

• Del nonagésimo Aniversario Luctuoso de Ricardo Flores Magón, que tendrá lugar el veintiuno de noviembre. Se designa una comisión de representación.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con las que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al operativo “Rápido y Furioso”, y al Virus de Influenza Aviar AH7N3. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Por las que solicita permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas:

– Susana Canales Clariond, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de la República Francesa en la Ciudad de Monterrey, con Circunscripción Consular en el estado de Nuevo León.

– Miriam Vachez Plagnol, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de la República Francesa en la Ciudad de Guadalajara, con Circunscripción Consular en el estado de Jalisco.

Se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Con la que remite los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondientes al segundo semestre de dos mil once. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores, con las remite un acuerdo y doce proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece se destinen mayores recursos a diversos rubros. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

e) Del Congreso de los estados de:

• Chihuahua, con la que remite acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asigne al ramo educativo un equivalente no menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto, en cumplimiento a los compromisos contraídos como estado miembro de la OCDE.

• Guerrero, con la que remite acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se destinen recursos extraordinarios a las entidades federativas y municipios tomando en cuenta sus poblaciones y comunidades indígenas con mayor rezago, marginación y pobreza extrema.

• San Luis Potosí, con la que remite acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se prevean recursos suficientes que permitan al Poder Ejecutivo Federal, decretar al Hospital Regional de Alta Especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto” del estado de San Luis Potosí, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

f) De la Comisión Reguladora de Energía, con la que remite el Informe de Labores dos mil once, sobre el desempeño de sus funciones. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

g) Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la que remite el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dos mil doce. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

h) Del Congreso del estado de Baja California, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del Titulo Quinto, y los artículos ciento veintisiete, ciento sesenta y ocho, y ciento sesenta y nueve, de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción cuarta, del artículo veintiocho, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría da lectura al encabezado del dictamen con proyecto de decreto que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Sergio Cedeño Villerías, Patricia Espinosa Cantellano y Vicente Fernández Gómez, para aceptar y usar condecoraciones que gobiernos extranjeros les otorgan en diferentes grados. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a que dé cabal cumplimiento al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal doce, de tal manera que libere los recursos correspondientes a los distintos proyectos culturales que tienen impacto en los estados, municipios y asociaciones no gubernamentales. Se somete a discusión y se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión la diputada Margarita Licea González, e interviene en pro la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Desde su curul la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de los mineros fallecidos en la explosión en la mina Santa Rita, en Sonora. El Presidente concede dicha solicitud.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes los diputados Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza;

A las once horas con cuarenta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados.

María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional: y Silvia Márquez Velasco, del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) José Sergio Manzur Quiroga, a nombre propio y de los diputados integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, que reforman los artículos veintinueve, y treinta y siete de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

c) Israel Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

d) Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.

e) Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos doscientos diecinueve, y doscientos veinte del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

f) Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

g) Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

h) Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo, y cuarenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

i) María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos setenta y tres Bis, setenta y tres Bis uno y setenta y tres Bis dos, a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

j) Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

k) Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

l) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veintitrés de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

m) Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

n) Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cuarenta del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

o) Consuelo Argüelles Loya, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciséis de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

p) Purificación Carpinteyro Calderón, a nombre propio y de los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, de Comunicaciones, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

q) Adolfo Bonilla Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, y Jesús Murillo Karam, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

r) Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos noventa y nueve, y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.

s) Fernando Belaunzarán Méndez, a nombre propio y del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se da cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Procuraduría General de Justicia, a llevar a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y se castigue al o a los responsables de los hechos ocurridos en el Cinépolis de Plaza Ermita, donde perdió la vida el niño de diez años Hendrik Cuacuas. Desde su curul realiza comentarios con relación al tema el diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba el acuerdo.

• Por el que se designan cuatro integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados Víctor Manuel Jorrín Lozano, Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa a la Asamblea que se devuelve a la Junta de Coordinación Política, para que determine lo conducente.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas cuyos proponentes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que expida y publique en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

b) María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine a la brevedad de las iniciativas en materia de desechos electrónicos, presentadas en la Sexagésima Primera Legislatura. Se remite a la Cámara de Senadores.

c) Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Revisión y Análisis de la Legislación y Política en Materia de Minería y su Impacto en los Ámbitos Social, Económico y Ambiental. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a crear un modelo que otorgue atención e investigación que permita mejorar la salud de los adolescentes, concretamente en lo que respecta a salud reproductiva. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

e) Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones para prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

f) Juan Manuel Diez Francos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que realicen las acciones correspondientes para homologar el cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, estado de Veracruz y se integre como servicio de llamada local. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

g) José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, para que agilicen la investigación de los delitos y actos cometidos por Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria en esa entidad. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

h) Martha Beatriz Córdoba Bernal, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga los mecanismos para hacer extensivo el pago extraordinario del denominado Bono Sexenal, a todos los trabajadores jubilados y pensionados de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

i) Marina Garay Cabada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas Transmisibles, a que en el marco del Día Mundial de la Diabetes, difunda a través de los principales medios de comunicación, medidas para la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

j) Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Jitomate Mexicano. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

k) Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de atender las graves situaciones de contaminación que se están generando en el estado de Hidalgo. Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Salud, y el segundo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

l) Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, para que instrumenten una campaña exhaustiva de prevención para inhibir el consumo de inhalables entre la población joven del país. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

m) Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las gestiones necesarias para que la región conocida como “Cráter de Chicxulub”, ubicada al noroeste del estado de Yucatán, sea declarada patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

n) Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, amplié la vigencia de la NOM-EM-047-FITO-dos mil nueve, para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para combatir y mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) de los cítricos en todas las entidades afectadas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, para dictamen.

o) Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que lleve a cabo las acciones necesarias, en colaboración con las autoridades de los Estados Unidos de América, en relación con las deportaciones que se realizan en la frontera norte. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

p) Tomás Brito Lara, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario Luctuoso del Presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

q) Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para que establezca una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, declarado pueblo mágico, ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

r) Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, para que reconsidere la demanda presentada en contra de los periodistas, Fabián Gómez Hernández, Director del Portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, y encabece un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

s) Gerardo Peña Avilés, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración. Se turna a la Comisión de Transparencia, para dictamen.

t) Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, a que de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población mexicana, particularmente entre las y los jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

u) Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento de la opinión pública la situación de la deuda del estado de Tabasco, así como la información de los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario estatal y el costo total de las emisiones de deuda a corto y largo plazo contraída en el periodo dos mil siete- dos mil doce. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Rafael Acosta Croda, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; y Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes veinte de noviembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con quince minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, el 11 de septiembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Equidad y Género, para opinión.”

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la. Ley General de Salud, presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el 11 de octubre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, ya la Comisión de Equidad y Género, para opinión.”

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia, presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de octubre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género, para opinión.”

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 31 de octubre de 2012.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, para dictamen.”

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

LXI LEGISLATURA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que el Pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver.

La Mesa Directiva con fundamento en los artículos 20, numeral 2, inciso b) y 21, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260 del Reglamento de la Cámara de Diputados y

Considerando

I. Que la Mesa Directiva garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Que a la Mesa Directiva corresponde realizar la interpretación de las normas de la Ley Orgánica y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de las sesiones.

III. Que la Mesa Directiva tiene la atribución de cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.

IV. Que se encuentran en poder de la Mesa Directiva 79 dictámenes que el Pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver, 44 de ellos como Cámara de origen y 35 como Cámara revisora, de los cuales 63 tuvieron declaratoria de publicidad y 16 no fueron conocidos por la Asamblea.

V. Que de conformidad con lo que establece el artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados, están bajo resguardo de la Mesa Directiva y deberán de ser discutidos y votados en el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la presente Legislatura.

VI. Que los integrantes de este órgano de gobierno coinciden en el ánimo de resolver conforme a la normatividad vigente estos temas, no obstante consideran conveniente realizar una nueva valoración de dichos dictámenes, toda vez que por tratarse de asuntos generados en la anterior Legislatura, las y los diputados en funciones no conocen su contenido, por lo cual de llevarse a Pleno de manera inmediata, no sería posible que los legisladores se allegaran de los elementos necesarios que les permitieran pronunciarse sobre los mismos, de ahí la importancia de remitirlos a las comisiones ordinarias para su revisión, procurando priorizar el análisis y en su caso, dictaminación, de aquellos que resuelven minutas remitidas por la Colegisladora.

VII. Que de acuerdo con las modificaciones aprobadas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas los días 8 y 17 de octubre del presente año, se aumentó el número de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, y en algunos casos se modificó su denominación.

VIII. Que en relación con los proyectos materia de este acuerdo, las Comisiones revisarán su procedencia o en su caso, reiniciarán su trámite legislativo procurando que en un plazo breve se proceda a su dictaminación de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

Por lo anteriormente expuesto, la Mesa Directiva adopta el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se turnan a las comisiones correspondientes para su revisión y, en su caso, dictaminación, los 79 proyectos de dictamen que el Pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver, mismos que se mencionan en el anexo del presente Acuerdo.

Segundo. Los plazos reglamentarios para resolver sobre los proyectos de dictamen materia del presente Acuerdo, correrán a partir de su recepción oficial.

Tercero.Publíquese la relación de proyectos en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente; Francisco A. Arroyo Vieyra (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica) vicepresidentes; Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Xavier Azuara Zuñiga (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica) secretarios.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a las comisiones correspondientes y actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Carla Alicia Padilla Ramos cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como integrante en la Comisión del Deporte.

• Que el diputado Tomás Torres Mercado cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Tomás Torres Mercado cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause alta como integrante en la Comisión de Jurisdiccional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el 13 de noviembre de 2012, se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con los siguientes resolutivos, entre otros:

Decimoséptimo. Se designa a los senadores Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

Decimoctavo. Se designa a los senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Decimonoveno. Se designa a los senadores Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como integrantes de la Comisión Bicamaral de-Seguridad Nacional.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su debida atención.Continúe.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, transcribo el acuerdo aprobado en la sesión de esta fecha, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aprobado por el Senado este día:

“Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se remite al Ejecutivo federal el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con los artículos aprobados por ambas Cámaras.

”Único. Con fundamento en el artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, como Cámara revisora, manifiesta su acuerdo para remitir al Ejecutivo federal, para su sanción, promulgación y publicación, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, única y exclusivamente con los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.”

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la última parte de la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito remitir a ustedes el texto de los artículos 388 Bis y 390 que esta Cámara aprobó en sesión celebrada en esta fecha para reformar la Ley Federal del Trabajo.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Artículos 388 Bis y 390 aprobados por el Senado de la República para reformar la Ley Federal del Trabajo

Artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes:

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado, por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

II. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta ley, para que dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la notificación, le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberá ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al en que la hubiere recibido.

III. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción II de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presten los servicios, así como en el boletín oficial de la Junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y, al efecto, exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo y, en su caso, podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.

IV. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano.

V. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que señalará fecha y hora para la realización de un recuento a que se refiere el artículo 931 de esta ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante el voto libre, directo y secreto. Los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.

b) Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda “no acepto el contrato colectivo de trabajo” y un círculo a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.

c) La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes represente la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.

d) La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o los sindicatos, dando un plazo de diez días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

VIII. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo; en consecuencia, no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 390....

...

No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 Bis.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 13 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para los efectos de lo dispuesto en la última parte del inciso E del artículo 72 constitucional. Y no es precisamente de la Ley Federal del Trabajo, sino del proyecto que la reforma.Continúe la Secretaría.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Gobernación, con el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a que dé a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos a fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país.

”Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a crear una plataforma electrónica en la que los ciudadanos puedan dar seguimiento puntual a todas las actividades de las organizaciones que deseen obtener su registro legal como partidos políticos y en la que puedan corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley comicial, lo que permitirá preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos en nuestro país.

”Tercero. Se propone a la Cámara de Senadores y de Diputados que establezcan un mecanismo interparlamentario que se encargue de elaborar, a la brevedad posible, las iniciativas de ley que permitirán dar cumplimiento a las reformas contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012.

”Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que a la brevedad posible, trabajen en las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria a fin de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en .materia política, publicado el 9 de agosto de 2012.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su debida atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se mantenga el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un monto de por lo menos 3 mil 875 millones de pesos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta soberanía, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se sostenga el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un monto de por lo menos 3 mil 875 millones de pesos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El extensionismo rural consiste en difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, para que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación.

Es socializar el conocimiento, incluido el de los productores, que lo han acumulado a lo largo de muchos años de trabajo.

De acuerdo con datos recabados por Jaime Arturo del Río Monges, en el texto Extensionismo en Agronegocios, el extensionismo agrícola ha sido una práctica milenaria. Por ejemplo, cerca del año 800 antes de nuestra era, el ministro responsable de la agricultura durante la dinastía Zhou en China, organizó la capacitación de los campesinos en relación con la rotación de cultivos.

El surgimiento de los servicios modernos de extensión agrícola se dio tras la severa hambruna producida en Irlanda entre 1845-51 ocasionada por plagas que afectaron el cultivo de la papa. Como respuesta, el gobierno británico organizó grupos de instructores prácticos para que viajaran a las áreas rurales con la finalidad de enseñarles a los campesinos cómo producir cultivos alternativos.

En México, el extensionismo rural fue pieza fundamental de los proyectos productivos del país y base del éxito, en otros tiempos de los productores del campo en nuestro país, que sustentaron la seguridad alimentaria y autonomía en este rubro.

Las políticas públicas cambiaron y con los años el extensionismo dejó de existir en los presupuestos nacionales, con lo que se perdió la asesoría técnica directa a los productores.

Con esto, también se perdió buena parte de la garantía de éxito en el campo, además de dejar en letra muerta el vigésimo párrafo del artículo 27 de la Carta Magna, que entre otras cosas mandata al Estado a promover el desarrollo rural y garantizar el bienestar de la población campesina mediante servicios de capacitación y asistencia técnica.

Así, de poco sirve de otorgar muchos créditos, si no se cuenta con la asesoría que lleve a la producción exitosa, que garantizaba el extensionismo rural en el país.

De muy poco han servido los apoyos otorgados a los productores, si no hay quien vigile su adecuada aplicación y, más importante aún, si no hay quien oriente técnicamente y promueva el aprendizaje.

La experiencia dice que la capacitación y asistencia técnica para los productores del campo garantiza la eficiente utilización de los apoyos que se otorgan al agro y son factores indispensables para su éxito.

Se estima, según datos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura-Banco de México, que la asistencia técnica representa 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es el punto de partida, para impulsar las actividades económicas en las diferentes regiones y microrregiones. El crédito sólo influye en 17 por ciento.

En esta consideración es indispensable mantener programas como el de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, pues extender el conocimiento a los demás, representa un tercio del éxito en la producción, lo que depende de los conocimientos que juntos, técnicos y productores, pueden ir teniendo.

El ejercicio que concluye dicho Programa recibió para su ejercicio presupuestal, la cantidad de 3 mil 100 millones de pesos, en virtud de lo expuesto es necesario que dicho programa continúe con el recurso necesario ya que debido al impacto que este tiene en el desarrollo de las capacidades de la población rural, especialmente la más desprotegida es indispensable que cuente con un incremento de al menos el 25 por ciento en el subsidio en relación al ejercicio fiscal que concluye situándose al menos en 3 mil 875 millones de pesos, a ser distribuidos en los siguientes componentes Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye Apoyos a Organizaciones Sociales, Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas Producto); Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, que incluye Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural y Capacitación Integral a Productores, Jóvenes y Mujeres Rurales, Desarrollo de Zonas Áridas, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional; Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria; Programa de Apoyo a Maíz y Frijol (incluye producción, variedades de alto rendimiento y semillas de frijol y maíces mexicanos criollos y de consumo nacional), e Innovación y Transferencia de Tecnología.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se sostenga el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación, Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un monto de por lo menos 3 mil 875 millones de pesos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre de 2012.— Senadores: Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Arauja Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se conmina al titular del Ejecutivo federal a la creación de un fondo contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios; asimismo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, destine mayores recursos a los fondos de aportaciones federales.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, y el segundo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben senadores, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Manuel Humberto Cota Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos de manera urgente a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Al día de hoy, legisladores de todos los grupos parlamentarios hemos presentado en esta tribuna más de 40 proposiciones con punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que destinen mayores recursos para los fondos y ramos presupuestales que tienen incidencia o destino en los gobiernos locales y municipales.

Dejando de lado las diferencias en las posturas,  y sus respectivas connotaciones, todas y cada una de ellas redundan en un problema de estructura, que es la crisis financiera por la que atraviesan estos niveles de gobierno. Lo anterior hace evidente, que el incremento de la deuda de los estados y municipios está llegado a límites críticos.  Cada día, aumenta la lista de gobiernos que declaran abiertamente, déficit  e insolvencia en sus finanzas públicas.

Frente a este escenario, la discusión ha girado en torno a la deuda financiable y declarada ante Hacienda. Sin embargo, aunque existe suficiente evidencia de quiebras financieras, se ha desvirtuado la complejidad de dicha situación, y la realidad es que los gobiernos locales no cuentan con recursos para su mínimo funcionamiento, como por ejemplo, el pago de nómina, proveedores, alumbrado público, limpieza, servicios de salud, etcétera.

Cabe puntualizar, que la deuda declarada ante la Secretaría de Hacienda no refleja la deuda real, como lo expuse en un Punto de Acuerdo que presenté el pasado mes de septiembre.

Haciendo un análisis de las proposiciones, encontramos que la constante en todas ellas es la solicitud de recursos para palear la insuficiencia presupuestaria y la crisis financiera. Con lo anterior damos cuenta que la situación es generalizada y a pesar  de la premura y urgencia, a mi juicio no se le ha considerado en su justa dimensión. En este sentido, considero oportuno venir a ésta máxima tribuna para compartir mi preocupación e invitar a los actores políticos e integrantes de los grupos parlamentarios, sumemos esfuerzos y hagamos valer nuestro deber moral y político, de representar los intereses de los mexicanos, que inevitablemente se verán afectados.

De no tomar acciones preventivas e inmediatas, seremos testigos del futuro caótico, de la inestabilidad económica, política y social que vivirá nuestro país en los próximos años.

Para dimensionar esta problemática y sin el afán de trillar con cifras, cito nuevamente datos estadísticos que convalidan mi preocupación. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal, en el transcurso de la administración que está por concluir, pasó de 14 mil 600 millones de pesos en diciembre del 2006 a 44 mil 800 millones de pesos al segundo trimestre del 2012, lo cual representa un incremento real de 176  por ciento. Paralelamente, la deuda estatal creció de 145 mil a 353 mil millones, con un crecimiento de 93 por ciento, casi el doble de la observada en las administraciones municipales.

De los 2,456 ayuntamientos que existen en el país, 981 tienen deuda reportada ante ésta Secretaría y 10 concentran el 33.5 por ciento de la deuda municipal. El 51 por ciento de la deuda se concentra en la banca comercial, el 42 por ciento con la banca de desarrollo, y el resto, con sociedades financieras de objeto limitado y objeto múltiple, además de otros acreedores.

Es oportuno precisar, que la mayor parte del endeudamiento a largo plazo es destinado a proyectos de infraestructura, mientras que la deuda a corto plazo se utiliza para mitigar las presiones financieras inmediatas por falta de recursos. Ésta última situación, es la constante en buena parte de los municipios que se encuentran en quiebra técnica.

Sin el ánimo de victimizar a los estados y municipios, ni tampoco librarlos de culpas. Hay que decirlo con todas sus letras, parte de las quiebras y  endeudamientos son resultado de  las malas administraciones, el mal uso de los recursos y  la corrupción. Pero también, es consecuencia de la reducción de las participaciones federales, el incremento de sus poblaciones y por ende en los servicios que brindan, la inequidad en las fórmulas de distribución y asignación de los recursos federales, entre otros. Como podemos dar cuenta, es un problema multifactorial y la realidad es que si no tomamos las medidas pertinentes, el escenario que se avecina evidentemente será negativo.

Ante tal situación, coincido con los especialistas en finanzas públicas, gobernadores, alcaldes, asociaciones de municipios y legisladores que ante esta crisis económica, es preponderante que el Ejecutivo Federal considere la creación de un Fondo Contingente que permita afrontar la insuficiencia financiera de los estados y municipios. En la misma dirección, y en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente los recursos destinados a los Fondos de Aportaciones Federales que permitan en el mediano plazo, prestar los servicios básicos y restructurar sus finanzas públicas.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de ésta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República conmina al Ejecutivo federal para que de manera urgente autorice la creación de un fondo contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, destine mayores recursos a los diversos fondos de aportaciones federales para los gobiernos estatales y municipales.

Dado en el Senado de la República, a los 14 días de noviembre de 2012.— Senadores: María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se considere la creación de un fondo con recursos presupuestales suficientes para apoyar la transición de los medios públicos a la televisión digital terrestre.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se considere la creación de un fondo con recursos presupuestales suficientes para apoyar la transición de los medios públicos a la televisión digital terrestre.

Lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de septiembre de 2010, el titular del Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre. En tal instrumento, se prevén diversas acciones que deberán llevar a cabo distintas autoridades en el ámbito del propio Ejecutivo federal con el propósito de concretar la transición a la televisión digital terrestre (TDT). Es importante mencionar que este instrumento, además de lo señalado anteriormente, tuvo como objeto central adelantar las fechas en las que las estaciones de televisión de nuestro país dejarán de emitir señales radiodifundidas bajo el estándar analógico, para sólo continuar transmitiendo señales bajo el estándar digital, en este caso, el estándar elegido por el propio Ejecutivo federal.

En complemento con lo anterior, con fecha 4 de mayo del presente año, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó el acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adoptan el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004. Mediante este acuerdo, el órgano regulador estableció un escalonamiento de fechas en las que cada una de las estaciones de televisión que operan en nuestro país apaguen su señal analógica.

Al día de hoy existen 282 estaciones de televisión consideradas como medios públicos, tanto de índole federal como local. Entre estos, existen también otro tipo de diferencias, en algunos casos se trata de estaciones de televisión asignadas a universidades o instituciones de educación superior, en otros se trata de estaciones de televisión con fines culturales, o bien, las hay que forman parte de un gobierno local.

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo del 4 de mayo del 2012, la siguiente tabla indica el orden en que los medios públicos tendrán que realizar la migración al sistema digital:

Cabe destacar que para este tipo de estaciones, el marco legal de nuestro país establece una prohibición expresa para que comercialicen publicidad, por tanto, dependen de manera exclusiva de recursos públicos, tanto para su operación como para el despliegue de infraestructura. Este último aspecto es fundamental de cara al proceso de transición a la televisión digital terrestre, proceso para el que todas las estaciones de televisión, independientemente de si son comerciales o públicas, tienen que invertir en la infraestructura de transmisión, así como en la habilitación de estudios de televisión de alta definición y otros gastos relacionados.

El éxito de esta política pública depende de manera fundamental de dos vertientes: a) que las estaciones de televisión, comerciales o públicas, hayan instalado los equipos de transmisión digital necesarios para dar continuidad a las obligaciones previstas en sus títulos de concesión o permisos, según sea el caso; y b) que los hogares cuenten con el equipo adecuado para captar y ver las señales de televisión bajo el estándar digital.

Desafortunadamente, el decreto del titular del Ejecutivo federal publicado el 2 de septiembre de 2010, es omiso respecto a los medios públicos, tanto en la parte considerativa como en su articulado. En cambio, el mismo decreto reconoce tanto en sus considerandos como en su articulado, la necesidad de destinar recursos públicos para ayudar a la población a contar con los equipos receptores necesarios para poder seguir captando señales de televisión al momento en que las estaciones de televisión apaguen sus señales analógicas, o lo que es lo mismo, dejen de transmitir bajo dicho estándar.

De acuerdo con algunos cálculos preliminares, se estima que para apoyar a los cerca de 19.4 millones de hogares de nuestro país que no cuentan con televisiones capaces de recibir y reproducir señales de TDT, se requieren 34,000 millones de pesos, a efecto de dotar a cada uno de ellos con un aparato decodificador que les permita bajar la señal digital y convertirla al formato analógico y en consecuencia, que las señales de TDT puedan verse, convertidas a analógicas, en esos hogares.

De acuerdo con información difundida de manera reciente por Cofetel, tan sólo para equipar a los 205 mil hogares de Tijuana que están en esa situación, se requieren 360 millones de pesos. La ciudad de Tijuana es la primera en la que se apagarán las señales analógicas en nuestro país en marzo de 2013.

En este contexto, las estaciones de televisión pública, afiliadas a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC (en lo sucesivo “la Red”) han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por entorno complejo en el que se desenvuelven, particularmente por lo que hace a la disponibilidad de recursos suficientes, particularmente para invertir en el equipamiento necesario de cara a la transición a la TDT.

En tal virtud, en opinión de quien propone este punto de acuerdo, ante la ausencia de una política de apoyo bien delineada por el Ejecutivo federal para el caso de los medios públicos, por ser quien impulsó el adelanto del apagón analógico, es imperativo que la Cámara de Diputados adopte las medidas presupuestales necesarias con la finalidad de que los permisionarios oficiales y concesionarios de medios públicos tengan la posibilidad de llevar a cabo las medidas previstas por el Decreto del 2010 y el acuerdo de Cofetel de mayo de 2012; en este sentido, para concretar la transición anticipada es necesario contar con recursos adicionales a lo enviado en el Anteproyecto de Presupuesto, toda vez que los requerimientos financieros impuestos evitan que se concrete la transición anticipada a la televisión digital terrestre dentro de los plazos establecidos por el titular del Ejecutivo federal.

En este punto, los representantes de los medios públicos afiliados a la Red han manifestado en diversas ocasiones que no existe oposición a la digitalización por parte de ellos, pero que sus preocupaciones fehacientes y enfáticas estriban en contar con la certidumbre presupuestal para instrumentar tecnológicamente sus estaciones para tales efectos y en los tiempos previstos, en cara de los múltiples recortes presupuestales que ellos mismos han sufrido.

El decreto publicado por el Poder Ejecutivo para adelantar la digitalización fija plazos que desde la perspectiva de los medios públicos será difícil cumplir, debido a la falta de recursos por lo que es indispensable que la Cámara de Diputados realice una valoración minuciosa de las necesidades técnicas y presupuestales requeridas por aquellos medios que no cuentan con suficiencia presupuestaria para atender el compromiso de la conversión tecnológica y así asignen un monto razonable de recursos para atender las obligaciones impuestas por el Ejecutivo federal.

En tal virtud, se solicita a la Cámara de Diputados que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013, considere el establecimiento de un fondo destinado a apoyar exclusivamente a los medios públicos oficiales, educativos o culturales, distintos a los coordinados por el Ejecutivo federal; para fines de instrumentar exclusivamente proyectos de inversión en infraestructura necesaria para iniciar el tránsito a transmisiones de televisión terrestre abierta bajo el estándar digital, para cuyo efecto, deberá considerarse el establecimiento de reglas especificas para evitar que dicho fondo sea distribuido o asignado en forma discrecional.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se considere la creación de un fondo con recursos presupuestales suficientes para concretar la transición digital de los medios públicos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a quince de noviembre de dos mil doce.— Senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 fortalezca los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales asignados.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 fortalezca los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales asignados, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país es un complejo y rico entramado de colores, sabores, tradiciones y paisajes por lo que es y se confía seguirá siendo uno de los diez principales destinos turísticos del mundo. Por ello, no es casualidad que en el Plan Nacional de Desarrollo de 2007-2012 se reconozca al turismo como una prioridad nacional. Sobre este sector, el referido plan nacional reconoce que su crecimiento debe garantizar el respeto de: “los entornos naturales, culturales y sociales... [porque] [e]s justamente la riqueza de México en términos de una cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora endémicas, y su sociedad vibrante y abierta lo que atrae y diferencia a nuestro país de otras naciones del mundo.”

Al ser uno de los motores del desarrollo nacional, toda vez que contribuye con el 8.6 por ciento, es decir, 76 mil 619 millones de pesos al producto interno bruto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reitera que el papel del turismo como detonante del progreso local debe diversificar sus mercados, productos y destinos: “La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y capacitación a Mipyme.”

El turismo de naturaleza comienza a ganar espacios, a ser apreciado y demandados por el turismo nacional e internacional. Éste se enmarca dentro del concepto de Turismo Sustentable, que de conformidad con la fracción XIX del artículo 3o. de la Ley General de Turismo es:

XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.”

Para la promoción del turismo sustentable y, en particular del turismo de naturaleza, en el año 2007 se suscribió el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012.

En congruencia con la Estrategia 12.1. del Plan Nacional de Desarrollo del Eje 2 Economía Competitiva Generadora de Empleos, en la implementación del convenio general aludido participan diversas dependencias de la administración pública federal. Las principales son la Secretaría de Turismo a través del Consejo de Promoción Turística de México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. También participan en su ejecución la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad; las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; Financiera Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El Convenio General estableció como meta la consolidación de 30 rutas de turismo de naturaleza. De éstas, la operacionalización de 15 está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo se planteó la meta de implementar en 15 circuitos la Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006. Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo.

Los más recientes datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informan sobre la consolidación en el presente año de dos circuitos, el primero en el Mezquital, Hidalgo; y el segundo en la costa de Veracruz. Aunado a lo anterior se dieron los primeros pasos para implementar la NMX aludida en otros circuitos, a saber: La Encrucijada, Chiapas; Delegaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco del Distrito Federal y en Celestún, Dzilam, de Bravo, Progreso, Tecoh, Telchac Puerto, Uman y Yaxcaba, Yucatán.

En el marco del Convenio General de Colaboración Interinstitucional se ha promovido la certificación de las empresas prestadoras de servicios de turismo de naturaleza. A la fecha se tienen registradas 37 empresas en 9 entidades federativas.

A estas empresas se les ha dado difusión mediante su publicidad en páginas de Internet y en directorios de productos sustentables certificados.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, en el marco del Programa de Ecoturismo y Turismo Rural canalizó 2.5 millones de pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia para la elaboración del estudio de viabilidad del proyecto “Estancias Vivas Natura Metzabok”, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. El proyecto concluyó exitosamente y el 18 de octubre del año 2011, la Semarnat emitió el resolutivo de la autorización de impacto ambiental al desarrollo ecoturístico aludido, que se llevará a cabo en una superficie de 3.9 hectáreas en el área natural protegida con categoría de área de protección de flora y fauna Metzabok. El desarrollo ecoturístico contará con 15 habitaciones, de las cuales 5 serán suites.

Asimismo se ejercieron 800 mil pesos para diseñar las marcas turísticas de promoción internacional “Santuarios Naturales de México” y “Ruta de la Selva Lacandona”. Como parte de la primera marca turística también se invirtieron 24 millones de pesos para filmar el documental “Vuelo de las Mariposas Monarcas” y de esta forma atraer a los turistas internacionales a las zonas de los estados de México y Michoacán donde hibernan las monarcas.

No obstante lo anterior, los beneficios que conlleva la promoción del turismo de naturaleza mediante la implementación de diversos proyectos turísticos no se distribuye uniformemente en el territorio nacional ya que la mayoría de las rutas se encuentra en el Sureste. Aunado a ello, existen zonas con un alto potencial de desarrollo pero que necesitan recursos presupuestales para poder llevar a cabo los estudios de factibilidad, la capacitación a las comunidades, la construcción de los desarrollos, entre otros.

Más aún los recursos presupuestales no abundan y los asignados no son suficientes para satisfacer la demanda de apoyos. Tan sólo la Secretaría de Turismo asignó 140 millones de pesos para el desarrollo de proyectos y actividades asociadas al turismo de naturaleza en el año 2012, aunque las estimaciones de los recursos requeridos que se calculan son superiores.

Los beneficios que aporta el turismo de naturaleza no sólo contribuyen al desarrollo de las comunidades locales o de las empresas cooperativas que los implementan, sino que también favorecen la conservación y protección de la riqueza natural del país. Además, los turistas que participan en este segmento turístico se sensibilizan respecto de los servicios ambientales que los destinos ofrecen y llegan a conocer un poco más las actividades y costumbres de las comunidades locales. En ese sentido y para dar continuidad a su implementación y expansión es importante que se destinen mayores recursos presupuestales al turismo de naturaleza.

Aunado a lo anterior es importante señalar que la asignación de recursos presupuestales para el desarrollo de actividades y proyectos de turismo de naturaleza será fundamental para cumplir con las disposiciones de la Estrategia 8 “Valoración de los Servicios Ambientales” del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio; ya que, en dicha estrategia se prevé el fomento del turismo de naturaleza en las Áreas Naturales Protegidas.

Por lo expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 fortalezca los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales asignados, con objeto de ampliar su cobertura, beneficiar a la población que los implementa y propiciar la conservación de los servicios ambientales y escénicos de las zonas donde esos se desarrollen.

Notas:

1 Organización Mundial del Turismo. 2012. “Principales Destinos Turísticos del Mundo.” Panorama OMT del Turismo Internacional. p.ágina 6. En: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto _highlights12_sp_lr.pdf. Los datos son para el año 2011. Página consultada el 12 de noviembre de 2012.

2 Poder Ejecutivo Federal. 2007. “2.8. Turismo”. Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, página 119.

3 Cifra para el año 2010, la más reciente disponible. Consúltese Secretaría de Turismo. “3.1.1 La Importancia Económica del Turismo en México”. Sexto Informe de Labores. México, página 18.

4 Poder Ejecutivo Federal. 2007. Op. Cit., p. 119.

5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. “1.3.2. Turismo de Naturaleza”. Sexto Informe de Labores. México, páginas 50 y 51.

6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. “Cuadro. Beneficios Derivados de la conservación de Circuitos de Naturaleza 2007-2012”. Sexto Informe de Labores. México, página 51.

7 La marca se denomina “Ecoturismo Certificado” y fue registrada ante el Instituto de Propiedad Industrial en el año 2011. Las empresas certificadas y los servicios que ofrecen pueden consultarse en: http://www.wcoturismocertificado.mx.

8 Para mayor información consúltense las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos “Natura Miramar” MIA 07CH2011TD023 y “Estancia Vivas Natura Metzabok” MIA 07CH2011TD021 en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en: http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=125.

9 Las entidades son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Secretaría de Turismo. 2012. “6.1.2. Turismo de Naturaleza.” Sexto Informe de Labores. México, p. 58.

10 Ídem.

11 El Programa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012.

Dado en el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de noviembre de 2012.— Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 una partida especial con recursos suficientes a fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México, SA.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proceso de desincorporación de las empresas públicas ha desembocado en la generación de poderosos grupos industriales privilegiados y, en muchos casos, en francos monopolios. En México, el proceso privatizador incluyó importantes empresas públicas a las que, en preparación de su privatización, se deterioró presupuestalmente, lo cual desató una fuerte movilización de trabajadores contra esas privatizaciones. Es el caso de Altos Hornos de México, SA de CV, vendida como chatarra en 1991.

Una de las ofertas que se hizo a los trabajadores para que aceptaran la privatización fue un porcentaje del precio de venta del conjunto AHMSA, en el entendido de que participarían como copropietarios en ese proceso de desincorporación. Pagar algunas acciones a los trabajadores era una práctica común en aquellos procesos privatizadores. Sin embargo, en los ajustes supuestamente necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa se despidió a 12 mil trabajadores y nunca se cumplieron los ofrecimientos. En los procesos privatizadores, los trabajadores de esas empresas han sido vulnerados en sus derechos y, muchas veces, liquidados de manera injustificada.

Los ex trabajadores de esta empresa se han organizado desde hace años para requerir el pago prometido. La petición ha sido hecha por diversos representantes populares e incluso en 2012 fue signada por diputados de Coahuila, el 19 de junio de 2012, y acompañaron la solicitud con diversas listas de trabajadores.

En nuestro carácter de representantes populares, los miembros del Congreso no podemos ser omisos ante esos sucesos. Es necesario desde las facultades conferidas en la Constitución a los legisladores federales subsanar el incumplimiento del compromiso y pagar a ex obreros, reajustados, viudas y terminados de Altos Hornos de México, planta Monclova, Coahuila, en el Presupuesto de Egresos de 2013.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 una partida especial con recursos suficientes a fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México, SA.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.— Senador Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

FONDO NACIONAL DE APOYOS PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.2012.DGE.658, la maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, directora general de Enlace de la Secretaría de Economía, envía el informe final de la evaluación especifica de costo-beneficio 2011-2012 del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes).

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 78 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2010, el 32 del PEF 2012, el décimo sexto, fracción I, inciso e, el décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como a los numerales 7 y 21 del Programa Anual de Evaluación 2010 emitido conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, adjunto encontrará el informe final de la evaluación específica de costo-beneficio 2011-2012 del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.

Al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito su valiosa intervención para enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el informe final de la evaluación en comento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), directora general de Enlace.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado de Chiapas.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre del año en curso, emitieron el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. El honorable Congreso del estado de Chiapas, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, se incrementen significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas conforme a lo dispuesto por el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de alcanzar en el menor tiempo la inversión anual del 1% por ciento del producto interno bruto.

Se comunica el presente resolutivo, a efectos de que se realicen los trámites legislativos correspondientes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Noviembre 8 de 2012.— Por el Congreso del Estado:Diputado Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso.

«La Honorable Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución política local; y

Considerando

En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo, es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia-y la tecnología.

Hoy en día, la ciencia y la tecnología son parte del sistema de vida de todas las sociedades; se están sumando a su voluntad social y política de controlar sus propios destinos, sus medios y el poder de hacerlo; por lo que a la vez le están proporcionando a la sociedad una amplia variedad de opciones en cuanto a lo que podría ser el destino de la humanidad.

Sin duda, estamos convencidos de que una de las características del momento actual es la conexión indisoluble, la muy estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia, ya que ésta última es uno de los factores esenciales del desarrollo social y está adquiriendo un carácter cada vez más masivo.

La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad y la sociedad de hoy no está cautiva en las condiciones pasadas o en las presentes, sino que se orienta hacia el futuro; por tanto la ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social, que penetra cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida.

La realidad es que vivimos en una era tecnológica pues se atribuye a la tecnología el crecimiento económico sin precedentes de los países industrializados y el aumento consiguiente de la riqueza material, por lo que la tecnología no es un hecho aislado en la civilización actual, sino que está presente en la todas las sociedades.

La importancia de la ciencia y la tecnología aumenta en la medida en la que el mundo se adentra en lo que se ha dado en llamar “la sociedad del conocimiento”, es decir, sociedades en las cuales la importancia del conocimiento crece constantemente por su incorporación a los procesos productivos y de servicios, por su relevancia en el ejercicio de la participación popular en los procesos de Gobierno y también para la buena conducción de la vida personal y familiar.

Es por ello, que si se busca promover una cultura científica en la población es imperativo aumentar la inversión en ciencia y tecnología, así como en la comunicación de la misma. También se deben buscar otros medios que promuevan la culturización científica y permitan el acceso a los beneficios de la ciencia en todos los estratos sociales.

Sin embargo, no sólo es responsabilidad del Estado ni de los productores de la ciencia el difundirla, hay una responsabilidad ciudadana de tener cierto grado de comprensión sobre el funcionamiento de la ciencia y la tecnología, ya que están modificando todos los aspectos de nuestras vidas constantemente, entre mayor sea nuestro entendimiento de lo que está sucediendo, mayor será nuestra habilidad para asegurar que la ciencia y la tecnología sean utilizadas para beneficio de la sociedad.

En ese sentido, cabe destacar que la ciencia mejora la calidad de vida diaria, trae consigo prosperidad e incrementa nuestra preparación hacia los retos del futuro. Es por ello que se debe vincular la ciencia con la sociedad, potenciar la vocación científica, fomentar la participación ciudadana y así generar opiniones científicas que nos permitan crear mejores políticas públicas.

Atendiendo a todo lo anterior los diputados que integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Sexagésima Quinta Legislatura, consideramos necesario presentar el presente punto de acuerdo por medio del cual exhortamos a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se incrementen significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas lo cual es de vital importancia para la sociedad chiapaneca como ejes que impulsan el crecimiento económico y, sobre todo, el desarrollo social; además de encontrar soluciones a los problemas cotidianos y determinantes para mejorar la calidad de vida.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. El honorable Congreso del estado de Chiapas, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, se incrementen significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnol6gicas conforme a lo dispuesto por el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de alcanzar en el menor tiempo la inversión anual del1 % por ciento del producto interno bruto.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Fernando Castañón Ramírez (rúbrica), presidente;diputado Sain Cruz Trinidad (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.

Los diputados integrantes de las Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Hacienda y Presupuesto, y de Ciencia y Tecnología de la Sexagésima Primera Legislatura emitieron acuerdo económico relativo al planteamiento realizado por el diputado Adrián López Hernández, con el tema “exhorto a la Cámara de Diputados”, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, a 25 de octubre de 2012.— Licenciado Lamán Carranza Ramírez (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.

Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Hacienda y Presupuesto, y de Ciencia y Tecnología

Integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo:

A los diputados Reynaldo Pérez Soní, Óscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, Adrián López Hernández, Nora Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán, Carlos Alberto Anaya de la Peña, Adrián López Hernández, Luis Alberto Marroquín Morato y Óscar Damián Sosa Castelán, integrantes de las Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Hacienda y Presupuesto, y de Ciencia y Tecnología, por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado nos fue turnado el planteamiento del diputado Adrián López Hernández con el tema “exhorto a la Cámara de Diputados”, anexando el planteamiento del diputado Óscar Damián Sosa Castelán, por lo que con fundamento en los artículos 75, 77 fracciones III y XXIV, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se procedió al estudio con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. El asunto en cuestión se quedó registrado en los Libros de Gobierno de las comisiones actuantes bajo los números 132/2012 y 10/2012 respectivamente.

Segundo. En su intervención, el diputado Adrián López Hernández, menciona que “es con relación a la Ciencia Tecnología, que nuestro país cuenta con un marco jurídico integrado, de manera jerárquica, por la Constitución Política de los Estado unidos Mexicanos, que en su atículo3, fracción V, estipula como obligación del Estado apoyar la investigación científica y tecnológica”.

Tercero. De igual forma, refiere que “se cuenta con la Ley de Ciencia y Tecnología, reglamentaria de la Carta Magna; en la que en su artículo 981 dispone que el monto a invertir en ciencia y tecnología sea del 1% del producto interno bruto nacional, así como con la Ley General de Educación, que con relación al gasto anual destinado a la investigación científica y desarrollo tecnológico, en su artículo 25 reitera lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología”.

Cuarto. En este contexto, señala que “en nuestro país, el gasto en ciencia y tecnología ha sido inferior a este 1%, tal y como se muestra en los indicadores de actividades científicas y tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt”.

Quinto. Asimismo, menciona que “el Foro Económico Mundial en el índice de competitividad global de 2010-2011, indicó que, en materia de innovación, México ocupó el lugar 78 de 132 economías”.

Sexto. En este tenor, el diputado Adrián López Hernández resalta que “el gasto en nuestro país en ciencia y tecnología continúa muy por debajo de los estándares internacionales, así como por lo ordenado por nuestra legislación nacional, lo que repercute en el bajo crecimiento de la investigación científica e innovación tecnológica necesarios para el desarrollo de nuestro país”, por lo que resulta necesario incrementar el gasto en ciencia y tecnología, aunque el porcentaje del 1% del producto interno bruto no se alcance de inmediato.

Séptimo. En su intervención el diputado Óscar Damián Sosa Castelán recalcó la importancia de la ciencia y tecnología para el país, señalando que “sin duda, apostarle a ciencia y tecnología es apostarle al desarrollo a corto, mediano y largo plazo... pero si nosotros, como diputados no le damos el soporte necesario y el recurso necesario para apostar a esa Comisión de Ciencia y Tecnología, para que haga la investigación necesaria, desgraciadamente los proyectos se truncan, así que por supuesto nos sumamos a la propuesta”.

Octavo. Por lo que el diputado Adrián López Hernández solicitó se suscriba un acuerdo económico mediante el cual se exhorte de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen a la ciencia y tecnología los recursos que sean suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología, a efecto de impulsar un mayor desarrollo científico y tecnológico.

Por lo anteriormente expuesto; y

Considerando

Primero. Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75, 77, fracciones III y XXIV, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones que suscriben son competentes para conocer sobre el presente asunto.

Segundo. Que el desarrollo de cualquier sociedad no puede percibirse sin la ciencia y la tecnología, pues el crecimiento de las actividades económicas de cualquier país, van en función del desarrollo científico y tecnológico que exista en éste.

Tercero. Que en los últimos años se logró incrementar la .inversión en ciencia, tecnología e innovación, pasando de 32 millones en 2005 a 376 millones en 2012, sin embargo, los diputados integrantes de las comisiones actuantes consideramos que es necesario invertir más en este campo, pues estamos convencidos que un instrumento importante para la consecución del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza es la ciencia y el saber.

Cuarto. Que las nuevas tecnologías no sólo traen avances significativos en todos los campos de la actividad humana, sino que son esenciales para lograr una mayor producción de bienes y servicios en todos los sectores de la actividad económica, lo que se traduce en acciones encaminadas a construir una economía fuerte y competitiva, capaz de ofrecer las oportunidades que la población demanda para vivir mejor.

Quinto. Que quienes integramos las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Ciencia y Tecnología, consideramos que un factor estratégico adicional que permite detonar el desarrollo en un país, estado o región es impulsar la ciencia, tecnología e innovación, como lo demuestra la experiencia internacional.

Sexto. Que la aplicación del conocimiento, la formación de capital humano de alta calidad, el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, el desarrollo de excelencia en las áreas estratégicas regionales, así como el fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica en la sociedad hidalguense, son las bases para robustecer el desarrollo educativo, económico y social de nuestro país, por lo que las comisiones actuantes estimamos de suma importancia impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo.

Por lo que atendiendo a lo expuesto y con fundamento en el artículo 55 de la Constitución Política del estado de Hidalgo, así como los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno, el siguiente:

Acuerdo Económico

Primero. Los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a que en la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen a la educación, ciencia y tecnología, los recursos que sean suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología, de destinar, de manera concurrente, al menos el 1% del producto interno bruto, lo cual permitirá la creación de nuevos centros de investigación, el incremento del número de estudiantes de posgrado, tanto en programas nacionales como extranjeros, así como duplicar el número de becas otorgadas por Conacyt, con lo cual se impulsará el desarrollo científico y tecnológico, base para alcanzar un mayor crecimiento económico y el fortalecimiento de modernización nacional.

Segundo. A efecto de lo anterior, gírese oficio a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, anexando copia del presente instrumento, para los efectos precisados.

Tercero. De igual forma, gírese oficio con copia del presente acuerdo, económico, a las legislaturas de los estados de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo pertinente, se sumen al acuerdo propuesto por esta soberanía.

Dado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintitrés días del mes de octubre del año 2012.— Por la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, diputados: Reynaldo Pérez Soní, Óscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, Adrián López Hernández, Nora Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán, Carlos Alberto Anaya de la Peña (rúbrica); por la Primera Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, diputados: Adrián López Hernández, Luis Alberto Marroquín Morato, Óscar Damián Sosa Castelán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2011.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con propuestas de la Junta de Coordinación Política.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la constitución de una comisión investigadora sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 33, 34, incisos a) y c), y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el presente acuerdo al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, señalando además que los resultados de las investigaciones deben hacerse del conocimiento del Ejecutivo federal.

Segundo. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 33 y 34, incisos a) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas para alcanzar acuerdos a fin de que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, teniendo entre otras atribuciones, la facultad de proponer al Pleno la integración de comisiones, así como determinar la conformación de sus respectivas mesas directivas.

Tercero. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

Cuarto. Que en virtud de que existe el interés por parte de los distintos grupos parlamentarios que suscriben el presente acuerdo, en conocer a cabalidad el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de de Servicios Financieros (Condusef), el cual es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica y jurídica para ejercer las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y las demás leyes, reglamentos y disposiciones aplicables, se colige que la Cámara de Diputados tiene plena facultad de integrar una comisión de investigación para revisar el funcionamiento de dicho organismo descentralizado a fin de verificar su correcto funcionamiento y dar seguimiento a las investigaciones que actualmente se encuentra realizando el Instituto Federal Electoral, dentro de los diversos procedimientos de queja en materia de fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos durante el pasado proceso electoral de 2012.

Quinto. En virtud de que se cumplen todos los requisitos de procedencia previstos en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima procedente la comisión de investigación antes referida.

Expuestas las anteriores consideraciones, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda constituir e integrar una Comisión de Investigación para la revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en términos de los dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar seguimiento a las investigaciones que actualmente se encuentra realizando el Instituto Federal Electoral, dentro de los diversos procedimientos de queja en materia de fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos durante el proceso electoral de 2012.

Segundo. La Mesa Directiva e integrantes de la Comisión de Investigación a que se refiere el resolutivo anterior, así como su vigencia y demás previsiones que se estimen necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Junta de Coordinación Política, a propuesta de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión se conformará por once integrantes propuestos por los Grupos Parlamentarios conforme a lo siguiente:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 4 integrantes;

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 2 integrantes;

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 2 integrantes;

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 1 integrante;

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: 1 integrante;

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza: 1 integrante.

Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;dputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a consideración de la asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el jueves 6 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Paul Octavio Henric Chávez y Luis Fernando Corona Alcalá, puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Chihuahua; y de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Paul Octavio Henric Chávez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Chihuahua, con circunscripción consular en el estado de Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Luis Fernando Corona Alcalá, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 27 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Abraham Xacur pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Chipre, en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en Yucatán, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Abraham Xacur para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Chipre, en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del dieciocho de octubre de dos mil doce en curso la Cámara de Diputados dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Omar León Arroyo, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, Lydia María Cacho Ribeiro, Marina Stevenhagen Vargas, Mirielle Susana Chabre y Audemar, Alfonso Muray Kobory y Ernesto Rivera Rojas para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diversos grados les otorgan gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas no conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

La condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto que otorga el gobierno de los Estados Unidos de América, se da en reconocimiento al mayor de artillería diplomado de estado mayor Omar León Arroyo por los servicios meritorios a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

La condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que otorga el gobierno de la República Francesa se da en reconocimiento a Gerardo Felipe Laveaga Rendón en recompensa al destacado jurista que durante once años ocupó el cargo de director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y por ser actor de las reformas en el sistema judicial mexicanos, además de ser promotor activo de la cooperación franco-mexicana en materia de justicia y por destacar gracias a sus obras históricas y políticas, artículos de reflexión, a menudo dedicados a personajes franceses. Con esta condecoración, el gobierno de la República Francesa se distingue a un profundo conocedor de los filósofos de la Ilustración y de la historia de Francia.

La condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de caballero, que otorga el gobierno de la República Francesa se da en reconocimiento a la Lydia María Cacho Ribeiro ya que, en el contexto de los recurrentes ataques y de las constantes amenazas de los cuales es objeto el gremio periodístico mexicano, y que la galardonada ha vivido en carne propia, se otorga como testimonio de la admiración por la destacada labor en defensa de los niños y de las mujeres víctimas de la violencia, por su denuncia valiente de las redes de tratas de personas y por la inestimable contribución a la libertad de expresión en México.

La condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de oficial, que otorga el gobierno de la República Francesa a la Marina Stevenhagen Vargas se concede en virtud de la promoción de las personalidades extranjeras que se distinguen por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que hayan aportado a las influencia de la cultura en Francia y en el mundo.

La condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que otorga el gobierno de la República Francesa, se da en reconocimiento a Mirelle Susana Chabre y Audemar por su compromiso y entrega hacia la comunidad francesa de Monterrey y la perseverancia en la transmisión de la lengua y cultura francesas hacia los jóvenes franceses francófonos de Monterrey, estando a la cabeza de la Asociación de Familias Francófonas de Monterrey, que lleva a cabo un programa de enseñanza del francés como lengua materna.

La condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, del gobierno de Japón se concede a Alfonso Muray Kobory en virtud de sus actividades en beneficio de la comunidad japonesa en México y del fomento de las relaciones de amistad México-Japón.

La condecoración Mérito Santos Dumont del gobierno de la República de Brasil se otorga al general de  división P.A. DEMA. Ernesto Rivera Rojas en virtud de los destacados servicios prestados a la Fuerza Aérea Brasileña.

La condecoración Medalla 18 de Mayo de 1811 que otorga el gobierno de la República Oriental de Uruguay a Carlos Francisco del Socorro Espadas Ceballos es concedida en virtud de los servicios distinguidos y relevantes en su desempeño como agregado militar y aeronáutico en la Embajada de México.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C) fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que Omar León Arroyo, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que Gerardo Felipe Laveaga Rendón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que Lydia María Cacho Ribeiro, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Cuarto. Se concede permiso para que Marina Stavenhagen Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de oficial, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto. Se concede permiso para que Mirelle Susana Chabre y Audemar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Sexto.Se concede permiso para que Alfonso Muray Kobory, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno del Japón.

Artículo Séptimo. Se concede permiso para que Ernesto Rivera Rojas, pueda aceptar y usar la condecoración medalla Mérito Santos Dumont, que le otorga el del gobierno de la República Federativa de Brasil.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión del dieciocho de octubre de dos mil doce en curso, la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene la minuta  proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional necesario al ciudadano Juan José Sabines Guerrero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

1. De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento.

2. Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas no conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

3. Que la condecoración, de acuerdo al análisis del expediente del ciudadano mencionado, es otorgada por la voluntad y beneplácito de la Cámara de Comercio de Guatemala en virtud de la trayectoria profesional o labor excepcional del nominado.

4. La condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que otorga la Cámara de Comercio de Guatemala al ciudadano Juan José Sabines Guerrero, es concedida por la excelente labor del nominado como gobernador, su espíritu de integración regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el estado de Chiapas y Guatemala.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica en abstención), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 10 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los expedientes con las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Abel Escartín Molina, Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, Carlos Espinosa Morales, Véronique Ramón Vialar y Miguel Ángel Mancera Espinosa para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros.

Consideraciones

1. De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento.

2. Esta Comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

3. Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

4. Que la condecoración “Cruz Olímpica por Servicios Distinguidos” del Comité Olímpico Guatemalteco es otorgada al ciudadano Abel Escartín Molina, en virtud del fomento de las relaciones amistosas entre la República de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, así como contribuir en el desarrollo de las relaciones económicas, culturales y deportivas apoyando en las gestiones necesarias a la delegación deportiva guatemalteca que participó en los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco, del 14 al 30 de octubre de 2011.

5. Que la condecoración “Medalla Especial y la Cinta con una Estrella Plateada” de la Junta Interamericana de Defensa y la Organización de los Estados Americanos es otorgada al ciudadano general brigadier DEM Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, como reconocimiento de los notables servicios prestados durante su permanencia en la Junta Interamericana de Defensa como delegado y asesor del Colegio Interamericano de Defensa, desde mayo de 2009 hasta enero de 2011.

6. Que la condecoración “Medalla de Encomio de la Fuerza Aérea” del Gobierno de Estados Unidos de América es otorgada al ciudadano capitán 1/o FAPA DEMA Carlos Espinoza Morales, en virtud de los servicios meritorios como instructor de Nación Asociada, sus habilidades de enseñanzas y conocimientos generales, así como su excepcional desempeño durante el curso de entrenamiento y educación del aire del comando de entrenamiento para inspector general de Inspección de Unidad, durante el periodo del primero de mayo de 2009 al ocho de enero de 2011.

7. Que la condecoración “Orden Nacional del Mérito en grado de Caballero” del gobierno de la República Francesa es otorgada a la ciudadana Véronique Ramón Vialar, en virtud de contribuir a las relaciones Francia-México, en instituciones privadas.

8. Que la condecoración “Al Mérito Policial” con distintivo blanco, en grado de Cruz, del gobierno del Reino de España, es otorgada al ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinoza, en razón de los servicios y merecimientos que concurren al nominado, según orden del 21 de septiembre de 2011 del Ministerio del Interior del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que el ciudadano Abel Escartín Molina, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz Olímpica por Servicios Distinguidos, que le otorga el Comité Olímpico de la República de Guatemala.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la Cinta con una Estrella Plateada, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que el ciudadano Carlos Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Encomio de la Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo cuarto. Se concede permiso para que la ciudadana Véronique Ramón Vialar, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto. Se concede permiso para que el ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Policial con Distintivo Blanco, en Grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), William Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el día 11 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josué Calva Romero, Ignacio Ruiz de León, Mario Reyes Jaramillo y Martha Susana Rosales Morales, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados Generales en Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Josué Calva Romero, para prestar servicios como agente de compras, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Ruiz de León, para prestar servicios como chofer en el Departamento de Seguridad en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Mario Reyes Jaramillo, para prestar servicios como guardia en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Susana Rosales Morales, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanía, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), William Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 18 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Diana Alejandra Jiménez Treviño y Claudia Zallas Colón, puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Diana Alejandra Jiménez Treviño, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Zallas Colón, para prestar servicios como afanadora, en la Embajada de la República de Bulgaria, en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 2 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Carlos Escobar Gutiérrez, Marianna Romero Fong, Faride Assad y Fabiola Sánchez Espinoza puedan prestar servicio de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; y de Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso al ciudadano José Carlos Escobar Gutiérrez para prestar servicios como técnico de conferencia video digital en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Marianna Romero Fong,para prestar servicios como auxiliar en el Departamento de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la Ciudadana Faride Assad Gómez para prestar servicios como asistente en el Departamento Político Económico, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Cuarto.Se concede permiso a la ciudadana Fabiola Sánchez Espinosa, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanía, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el martes 9 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rafaela Mendoza Bautista, Vladimir Espinosa Vázquez, Ana Elizabeth Briones Parra, Enrique Cornejo Robledo, Fernando Mejía Zavala, Laila Nelly Murillo Hernández, Humberto Hernández Menchaca, Nayeli Mayorga Acosta, Reynaldo Felipe González Medina, Adriana Robles Coello, Diana Patricia Ramos Portillo, Oscar Rutilo Pérez Martínez, Luis Raya Campos, José Luis Rodríguez Velázquez, Elie David Villeda Orozco, Luis Alberto González Pérez, Rogelio Quintero Díaz de León, Maricela Navarro Lima, Jacqueline Sánchez Pando, Maricarmen Concepción Ortega García, Carlos Botello Naranjo, Diego Humberto Mendiburu Contreras y Ana Laura Gallardo Méndez, puedan prestar servicios en las Embajadas de Austria, de los Estados Unidos de América, y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Rafaela Mendoza Bautista para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Austria en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Vladimir Espinosa Vázquez para prestar servicios como operador telefónico en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Elizabeth Briones Parra para prestar servicios como agregado adjunto de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Enrique Cornejo Robledo para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Fernando Mejía Zavala para prestar servicios como coordinador regional para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Laila Nelly Murillo Hernández para prestar servicios como recepcionista en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca para prestar servicios como asistente consular en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Nayeli Mayorga Acosta para prestar servicios como Oficial de Políticas de Cambio Climático en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Reynaldo Felipe González Medina para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Robles Coello para prestar servicios como oficial de Prensa y Mercadotecnia en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Diana Patricia Ramos Portillo para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Oscar Rutilo Pérez Martínez para prestar servicios como mozo-chofer en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Raya Campos para prestar servicios como agregado adjunto de Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Rodríguez Velázquez para prestar servicios como jefe de Oficina de Guadalajara en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Elie David Villeda Orozco para prestar servicios como Agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Luis Alberto González Pérez para prestar servicios como oficial de Visitas y Administración en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Rogelio Quintero Díaz de León para prestar servicios como oficial de Proyecto en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Maricela Navarro Lima para prestar servicios como contadora en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Jacqueline Sánchez Pando para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en Energías Renovables y Medio Ambiente en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo. Se concede permiso a la ciudadana Maricarmen Concepción Ortega García para prestar servicios como agregada adjunta de Mercadotecnia, Educación y Salud en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Botello Naranjo para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Diego Humberto Mendiburu Contreras para prestar servicios como oficial de Prensa en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Laura Gallardo Méndez para prestar servicios como trade & investment research officer en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 18 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Carolina Rojas Cardiel, Mariela Escalona Luna, Jorge Antonio Camacho Ugalde, Rocío Yánez Ojeda, Francisco Javier Meléndez González, Mario Abram Meza Salas, Jesús Manuel García Monreal, Martha Lorena Parra Arteaga, puedan prestar servicios a diversos gobiernos extranjeros, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Rojas Cardiel para prestar servicios como administradora financiera en la Embajada de Nueva Zelanda en México, DF.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariela Escalona Luna para prestar servicios como operadora telefónica en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Camacho Ugalde para prestar servicios como Auxiliar del Área Financiera en la Embajada de Estados Unidos de América en México, DF.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yánez Ojeda para prestar servicios como asistente administrativo en el Departamento de Servicios a ciudadanos Americanos en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Meléndez González para prestar servicios como chofer/almacenista en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Mario Abram Meza Salas para prestar servicios como chofer/almacenista en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Manuel García Monreal para prestar servicios como cajero en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Lorena Parra Arteaga para prestar servicios como asistente de Investigaciones de Fraude, en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 25 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Martín Gerardo Olaguibel Medrano, Julio César Sandoval Tovar, Roberto Arturo Moreno Arellano, Marcela Suárez del Real Estrada, Jesús Eduardo Marín Malacara, Laura Lilia Cisneros Torres, Miroslava Carolina López Cruz, Christian Rocha Castillo, Pablo Díaz Aguirre, Luis Alejandro Ahedo Arellano, Guillermo Nava Arzaluz, Kathrin Escobedo Luke, Diana Carolina Zúñiga López, Manuel Alejandro Hernández Flores y Pablo Antonio Prats Palma, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las embajadas de los Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania, en México y en los consulados generales de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua y en Mérida, Yucatán, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a Guillermo Nava Arzaluz, para prestar servicios como personal de mantenimiento y jardinero en la residencia oficial del embajador, en la embajada de la República Federal de Alemania, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a Kathrin Escobedo Luke, para prestar servicios como secretaria del área cultural, en la embajada de la República Federal de Alemania, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a Martín Gerardo Olaguibel Medrano, para prestar servicios como jefe de taller residencial, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a Julio César Sandoval Tovar, para prestar servicios como chofer, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a Roberto Arturo Moreno Arellano, para prestar servicios como empleado de visas, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México

Artículo Sexto. Se concede permiso a Marcela Suárez del Real Estrada, para prestar servicios como empleada de visas-enlace público, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a Jesús Eduardo Marín Malacara, para prestar servicios como contador al grado FSN-9/1, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso a Laura Lilia Cisneros Torres, para prestar servicios como empleada de recepción, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso a Miroslava Carolina López Cruz, para prestar servicios como auxiliar contable, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Décimo. Se concede permiso a Christian Rocha Castillo, para prestar servicios como asistente de contratos, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Undécimo. Se concede permiso a Pablo Díaz Aguirre, para prestar servicios como chofer, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Duodécimo. Se concede permiso a Luis Alejandro Ahedo Arellano, para prestar servicios como asistente senior de entrenamientos, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Decimotercero. Se concede permiso a Diana Carolina Zúñiga López, para prestar servicios como empleada de visas/subcajera, en el consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Decimocuarto. Se concede permiso a Manuel Alejandro Hernández Flores, para prestar servicios como chofer/bodeguero, en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Decimoquinto. Se concede permiso a Pablo Antonio Prats Palma, para prestar servicios como operador telefónico y asistente en sistemas, en el consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 10 de abril del. año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Espinosa Pérez, Lourdes Beatriz Meza Spíndola, Nuria Rangel Rivera, Ramón Chávez Prado, Karen Nallely García Delgado, Antonio de Jesús Pérez Rebollar, Felipe Lemus Zamorano, Juan Carlos Alvarado Herrera, Manuel Cuan Chin Yu, María del Carmen Lucas Zamora, Alfredo Morales Riou, Héctor Ramón Fernández Montiel y José Everardo Gaytán Salazar puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de la República de Filipinas en México, y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Conforme a lo dispuesto en artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados el dictamen quedo en calidad de proyecto, devolviéndose a la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura para su aprobación.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Claudia Espinosa Pérez para prestar servicios como empleada de Visas, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Lourdes Beatriz Meza Spíndola para prestar servicios como empleada de Visas, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Tercero.Se concede permiso a la ciudadana Nuria Rangel Rivera para prestar servicios en Atención al Cliente y Jefe de Equipo al Grado FSN-10/1, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ramón Chávez Prado para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Karen Nallely García Delgado para prestar servicios como AIC-E16 investigador, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Antonio de Jesús Pérez Rebollar para prestar servicios como chofer almacenista, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Lemus Zamorano para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Alvarado Herrera para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Noveno.Se concede permiso al ciudadano Manuel Cuan Chin Yu para prestar servicios como Supervisor Administrativo Inmobiliario, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Décimo.Se concede permiso a la Ciudadana María del Carmen Lucas Zamora para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de la República de Filipinas, en México.

Artículo Décimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Morales Riou para prestar servicios como chofer del Embajador, en la Embajada de la República de Filipinas, en México.

Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Héctor Ramón Fernández Montiel para prestar servicios como traductor, en la Embajada de la República de Filipinas, en México.

Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Everardo Gaytán Salazar para prestar servicios como almacenista en la Oficina de Servicios Generales, en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros. Estos se encuentran publicados. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 6 de noviembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los expedientes con las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Sergio Cedeño Villerías, . Patricia Espinosa Cantellano y Vicente Fernández Gómez para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros.

Consideraciones

1. De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento.

2. Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas no implican la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

3. Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

4. Que la condecoración “Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN” de la Secretaría de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales del Gobierno de los Estados Unidos de América es otorgada al ciudadano 2/do MTRE. SIA. T. INF. Rodolfo Vergel Gordillo, en virtud de haber cumplido con los requisitos que lo hacen acreedor a la condecoración mencionada, de acuerdo al capítulo 4, artículo 401, del Reglamento de Condecoraciones y Distintivos de la RITN.

5. Que la condecoración “Medalla al Mérito I Clase” del Gobierno de la República de Honduras es otorgada al ciudadano general de brigada DEM Sergio Cedeño Villerías, en virtud de su desempeño como agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Honduras, del 16 de marzo de 1991 al 15 de marzo de 1993.

6. Que la condecoración “Orden de San Carlos”, en grado de Gran Cruz, del Gobierno de la República de Colombia es otorgada a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano en reconocimiento a la encomiable labor de la galardonada a favor del fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Colombia y que será entregado en ceremonia especial en el mes de noviembre de 2012 en el marco de la Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico, a realizarse en la República de Colombia.

7. Que la condecoración “Orden de los Libertadores y Libertadoras”, en grado de Primera Clase, es otorgada al ciudadano Vicente Fernández Gómez por voluntad y beneplácito del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que el ciudadano Rodolfo Vergel Gordillo pueda aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Segundo.Se concede permiso para que el Ciudadano Sergio Cedeño Villerías pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Mérito I Clase, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.

Artículo Tercero.Se concede permiso para que la Ciudadana Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Artículo Cuarto.Se concede permiso para que el Ciudadano Vicente Fernández Gómez pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a ocho de noviembre de dos mil doce.

Por la Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en contra), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a consideración del pleno. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 371 votos en pro, 3 abstenciones, 8 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones, que en diversos grados les otorgan gobiernos extranjeros.

Diputado Durazo, lo estoy escuchando, solamente estoy dictando un trámite. A sus órdenes.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Perdón, presidente, pero en ese momento no estaba dirigiéndome a usted. Ya que me dio la palabra, lo aprovecho.

La había solicitado precisamente para señalar primeramente que me parece un poco irregular, si no es que tramposo, el procedimiento para pasar la votación de este dictamen que incluye la condecoración a la secretaria de Relaciones Exteriores.

En la Comisión de Gobernación lo voté en contra y era mi deseo argumentarlo, en virtud, primeramente, de que a este tipo de procedimientos se les ha dado un trámite de rutina y no sería eso grave si quien es propuesto para recibir un reconocimiento lo merece.

Lamentablemente no es el caso de la secretaria de Relaciones Exteriores. No podemos desvincular su desempeño del programa Rápido y furioso; no podemos desprender su desempeño del caso Wikileaks, que tuvo repercusiones en todo el mundo y que exhibió su entreguismo, su indignidad y su mediocridad, en el desempeño como secretaria de Relaciones Exteriores; no podemos desvincular su desempeño de los muertos en la frontera y de los acuerdos con Estados Unidos de América para aprobar la presencia de agentes extranjeros en nuestro país. Consecuentemente, creo que no es posible que Patricia Espinosa cierre con broche de oro, con un reconocimiento no merecido y con el respaldo de esta asamblea, precisamente por su lamentable mediocridad, indignidad y entreguismo en el desempeño de su función. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Su dicho queda asentado en el Diario de los Debates. Diputado Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Como usted sabe, presidente, estábamos con usted viendo el trámite y no quedó asentado el sentido de mi voto. Quiero que lo registre, por esta circunstancia: que es contra; no por los demás compañeros o ciudadanos que reciben condecoración, sino en contra del canciller. No estamos de acuerdo, y son los mismos argumentos que expresó el diputado Alfonso Durazo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho queda asentado, diputado. Ya se cerró, perdón, diputado nayarita y buen amigo. Sí, ¿quién más?

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante. ¿Con qué objeto?

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más preguntarle si es posible darle a conocer el sentido de mi voto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Cómo votó?

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Le pregunto que si es posible darle a conocer el sentido de mi voto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A mí no me va a servir de mucho, el voto hay que externarlo en el momento en que se abre el sistema electrónico, diputado.

Continúe la Secretaría.

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Precisamente por eso la pregunta, debido a que no lo expresé en el momento, y si todavía es posible el poderlo dar a conocer.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No.

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Gracias, presidente.

HURACAN SANDY

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de un dictamen con punto de acuerdo. Proceda la Secretaría a dar lectura; los resolutivos, por favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a brindar en la medida de las posibilidades del país ayuda técnica, humana y material a los gobiernos y a la población de las naciones afectadas por el paso del huracán Sandy

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la medida de las posibilidades del país, se brinde ayuda al gobierno y pueblo de Cuba para superar los daños materiales causados por el huracán Sandy a su paso por dicha isla los últimos días de octubre, presentada por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. El 6 de noviembre de 2011, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que en medida de las posibilidades del país, se preste ayuda al gobierno y Pueblo de Cuba, que les permita reparar los daños materiales causados por el huracán Sandy.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

Contenido

El proponente, solicita se exhorte al Ejecutivo federal a que se brinde el apoyo en medida de lo posible para que el gobierno de Cuba, se encuentre en condiciones de superar los daños materiales ocasionadas por el paso del huracán Sandy.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

El proponente menciona que el pasado 25 de octubre el huracán denominado Sandy durante su paso por territorio cubano dejo grandes afectaciones en las provincias del sureste de la isla, como en Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

Asimismo, señala que se perdieron cultivos diversos y la población civil se vio seriamente afectada, alrededor de 340 mil personas tuvieron que ser evacuadas para garantizar su integridad física.

Destacó que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo están seguros de que el gobierno y el pueblo de México sabrán ser solidarios con el hermano pueblo de Cuba y en otros países donde también hubo afectaciones.

Por ello solicitan al gobierno de México, se pueda dar toda la ayuda material que éste pueda brindar, para paliar en lo posible las graves necesidades que en este momento se tienen en Cuba.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, considerando que no sólo para la nación objeto del presente sino para todas aquellas que resultaron afectadas y no únicamente en recursos materiales, sino con la ayuda en recursos humanos experimentados en la atención de este tipo de desastres con los que nuestro país cuenta, por lo que se realizan las adecuaciones correspondientes y se somete a la consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la medida de las posibilidades del país, se brinde la ayuda técnica, humana y material a los Gobiernos y a la población de los países afectados por el paso reciente del huracán Sandy.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a los 14 días del mes de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Caria Alicia Padilla Ramos (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno.

Tengo registrados a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, ¿quiere hacer uso de la voz? Adelante, y luego el diputado Roberto López Rosado. En términos reglamentarios cerramos la lista de oradores.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy, ante el pleno de este Congreso de la Unión, se somete a su consideración un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, el cual contiene un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para brindar ayuda a los países afectados por el huracán Sandy, que provocó la muerte de 147 personas, 5.9 millones de personas sin fluido eléctrico y alrededor de dos millones sin casa. A la fecha ya suman 700 mil mexicanos con pérdidas.

Debemos tener un monitoreo de nuestros paisanos que viven en estas zonas y brindarles el apoyo que necesitan; una vez más esta Cámara de Diputados debe tener un gesto de solidaridad con nuestros hermanos de Cuba, Haití, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos de América, afectados por este fenómeno climatológico. No tenemos porqué ser indiferentes ante la tragedia humana por la que atraviesan estos países.

Cabe recordar que el pueblo mexicano siempre se ha caracterizado por su gran apoyo con las naciones hermanas en momentos difíciles. La tragedia por la que atravesamos el 19 de septiembre de 1985 dejó una huella imborrable en los corazones de los mexicanos, ya que vivimos en carne propia el terror y la angustia de tener un país devastado por las inclemencias climatológicas.

Este Congreso debe dejar de trabajar con una disfuncionalidad perfectamente diseñada en cámara lenta; el mecanismo que utiliza la Junta de Coordinación Política no favorece la atención de problemas de coyuntura política que se presentan minuto a minuto, sino por el contrario, está entrampada en una serie de cuotas parlamentarias de asuntos a tratar, por lo que se retrasa y desvirtúan los asuntos de urgente u obvia resolución.

El pasado 31 de octubre se presentó ante el pleno un punto de acuerdo, el cual exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, particularmente las radicadas en las zonas afectadas, puedan redoblar sus esfuerzos para la atención de los connacionales afectados por este desastre natural.

Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano creemos que es de suma importancia que se rescate la esencia del debate que esta Cámara ha perdido, consecuencia de la aplicación de un marco normativo restrictivo, que no permite ir más allá de lo que la burocracia parlamentaria señale. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Don Roberto López Rosado.

El diputado Roberto López Rosado:Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de todos. Vengo ante ustedes a expresar que efectivamente el sismo del 85 nos hizo sensibles ante una tragedia de esa magnitud, a ser solidarios, y fuimos también motivo de una amplia solidaridad de los pueblos del mundo.

En virtud de ello y en razón de que la política internacional de nuestro país siempre ha sido de una solidaridad expresa, que ha contribuido en las tragedias que se han dado en el mundo con material, con recursos humanos, en este caso la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática respalda este exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que se pueda brindar la solidaridad técnica, humana, material, en la medida de nuestras posibilidades, a los países hermanos que fueron afectados por el huracán Sandy.

De igual manera, aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la comunidad internacional para frenar la agresión al pueblo de Palestina; el Partido de la Revolución Democrática ha expresado siempre su respaldo al derecho que tienen nuestros hermanos a tener un Estado palestino propio y en tal razón, creemos que el camino de la agresión y de la guerra no es el camino adecuado para la solución de los diferendos internacionales, y apegado a la política internacional de México pedimos un alto a la guerra en Palestina y el reconocimiento al Estado palestino. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día —y esta Presidencia pregunta a la asamblea, porque nos llegan informaciones muy cruzadas—; el siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la emisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas.

Hasta donde nos dijeron, la Junta de Coordinación Política acordó un cambio de tema, pero no nos ha llegado nada; luego entonces, tiene el uso de la palabra doña Lucila Garfias Gutiérrez, para referirse, en calidad de agenda política, a tan importante y trascendente evento.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, representa el esfuerzo colectivo rea-lizado durante décadas para que los niños y niñas fuesen reconocidos como sujetos de derecho.

La importancia de esta convención radica en que es el primer instrumento internacional que reconoce que los niños y las niñas necesitan protección y cuidados especiales y no son propiedad de la familia ni objetos, sino seres humanos, titulares de sus propios derechos cuyo cumplimiento ya no es una opción para los Estados parte, sino una obligación.

La Convención constituye una aportación fundamental al marco internacional de los derechos humanos y se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista de la infancia.

Es el primer instrumento internacional que regula todos los derechos humanos de la infancia: económicos, políticos, civiles, culturales y sociales. La comunidad internacional ha utilizado este instrumento para proteger los derechos de los niños y las niñas, que aun cuando hace más de 20 años de haber entrado en vigor, se han logrado avances importantes, todos los años siguen muriendo cerca de 9 millones de niños antes de su quinto cumpleaños. Más de 140 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición. Alrededor de 100 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria se hallan desescolarizados, y según estimaciones de la OIT, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, de los cuales más de la mitad se encuentran expuestos a las peores formas de trabajo infantil.

De acuerdo con la Unicef, los progresos han sido desiguales en el mundo y algunos países se encuentran más atrasados que otros para dar la importancia que merecen a los derechos de la infancia, consagrados en tan importante instrumento internacional.

Por su parte, en México, desde el 21 de septiembre de 1990, fecha en que se ratificó la convención, se ha impulsado la promoción y defensa de los derechos de niños y niñas, alcanzando aciertos importantes, como haber logrado una de las tasas más altas de matriculación en niños de cuatro años de edad entre los países de la OCDE, o la disminución de la mortalidad infantil por enfermedades respiratorias e infecciosas.

No obstante los múltiples avances logrados por México en la protección de los derechos de la infancia, aún existen muchos retos que hay que atender. Por ejemplo, aun cuando en materia educativa la cobertura en la educación primaria ha llegado a casi universal, todavía 5.5 por ciento de la población de cinco a 14 años, no asiste a la escuela; por tanto, no se le da un cumplimiento a la obligatoriedad de la educación preescolar.

Esta población infantil en edad escolar no matriculada para nosotros no representa un número, sino niños y niñas cuyo derecho a la educación, aspecto fundamental para su desarrollo y bienestar, no se atiende cabalmente.

Por eso, desde nuestro grupo parlamentario promoveremos en la discusión del Presupuesto que se dé cumplimiento a la inversión educativa para alcanzar el 8 por ciento del producto interno bruto, establecido en la Ley General de Educación, para cumplir con la cobertura, mejorar la calidad y equidad en el servicio educativo que se imparte.

Otro aspecto de mi grupo parlamentario, que observa con preocupación, es la migración infantil; si bien la presente administración tuvo avances importantes, en la atención de menores no acompañados a través del DIF Nacional la estrategia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, y los Oficiales de Protección a la Infancia, conocidos como OPI, los retos no son menores, ya que tan solo en el 2011 Estados Unidos de América deportó a 11 mil 519 menores mexicanos no acompañados, y durante 2012, en julio, ya se habían deportado 8 mil 256 menores no acompañados.

La niñez tiene derecho a la integridad física y psicológica, a ser protegida contra toda forma de violencia. La Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 19, obliga a los estados parte a adoptar las medidas para proteger al niño contra toda forma de abuso.

Las cifras demuestran la constante violación de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes, en temas como pobreza alimentaria, trabajo infantil, explotación sexual, trata, adicciones.

Los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños solo se harán en realidad cuando autoridades, sociedad y familia trabajemos conjuntamente y transformemos nuestras actitudes en relación con la infancia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia —en estos menesteres de maestro de ceremonia— da la más cordial bienvenida a los alumnos del CETIS 67, San Pedro Cholula, estado de Puebla, invitados por don Julio Lorenzini Rangel. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, la Convención de los Derechos del Niño defiende al niño, como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Al igual que los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el eje central de la Convención de los Derechos del Niño es el principio de no discriminación; por tal motivo, se obliga a los estados parte a asegurar los derechos regulados en el instrumento a todo niño que se ubique dentro de su jurisdicción, sin realizar distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico, social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición de niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Dentro de los estados parte que firmaron esta Convención se encuentra nuestro país y es triste observar que son pocas las obligaciones internacionales que con relación a los derechos del niño cumple México.

Dentro de los derechos que se deberían de asegurar se encuentran: el derecho a la vida, a su registro, nombre, nacionalidad y a conocer a sus padres; a preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre y relaciones familiares; a no ser separado de sus padres, a la reunificación familiar, relaciones personales y contacto directo con ambos padres; a ser escuchado en un proceso judicial que le afecte; a la expresión, incluida la de buscar, recibir y difundir ideas de todo tipo, de pensamiento, de conciencia y religión, de asociación y de celebrar reuniones pacíficas; a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, a la protección que su condición de menor exige cuando sean privados temporalmente o permanente de sus padres.

En caso de adopción que se cuide siempre el interés superior del niño; a garantizar que se obtenga el estatuto de refugiado; a la salud, los niños impedidos física o mentalmente a recibir cuidados especiales; en caso de internamiento del menor a recibir protección, atención o tratamiento que su salud física o mental exijan; a la seguridad social y seguro social. En fin, un sinnúmero de derechos, los cuales no son satisfechos ni cubiertos por el Estado mexicano.

Pero más grave la situación es actualmente, por todos esos niños, que a raíz precisamente de la guerra contra el narcotráfico se han quedado sin madre o sin madre y padre, y estos niños han quedado al total desamparo, sin que el Estado mexicano haya iniciado una política pública o tomado las medidas legislativas necesarias para hacer frente a la situación de desamparo en la que se encuentran estos niños.

Hago votos para que precisamente en este día, dentro de la agenda política, se tomen cartas en el asunto y se protejan a estos niños que han quedado en desamparo. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de entrar de lleno a lo relacionado con la emisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, cabe rastrear sus antecedentes y las fuentes de su origen para comprender mejor su naturaleza y su aspecto teleológico.

Dicha convención forma parte del derecho internacional de los derechos humanos; asimismo, respecto de éstos últimos podemos decir que tienen sus antecedentes directos en el advenimiento de la Revolución Francesa y los movimientos sociales en América, los cuales marcaron un nuevo rumbo en el esquema clásico de derecho internacional, entre otras cosas, porque con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se pretendía extender a todas las demás naciones la obligación de respetar tales derechos fundamentales.

Se puede hablar desde entonces del inicio de una doctrina que lleva implícitamente la contraposición al criterio de la soberanía estatal en las relaciones internacionales, al propugnar por un régimen especial de derechos; por su importancia y trascendencia debían tener una aplicación general, a través de las fronteras nacionales y cuya observancia era obligatoria.

Con la mundialización de las teorías de Estado occidentales cobraron cada vez más relevancia los conceptos de nacionalidad, ciudadanía y posteriormente, se produjeron importantes avances teórico-prácticos en torno al constitucionalismo.

De este modo, se trataba de delimitar las atribuciones o facultades del aparato estatal; se establecían restricciones a las potestades de dicho órgano y al mismo tiempo, se perseguía la posibilidad de asegurar la estipulación de un cuadro básico de derechos fundamentales oponibles al Estado y de carácter general y permanente, con lo cual se fortaleció el concepto de soberanía estatal y el principio de no intervención y respeto del régimen interior de cada uno de los Estados, situación que en el plano del derecho internacional mostró con mayor fuerza sus insuficiencias y carencias para asegurar la estabilidad en las relaciones internacionales, una vez que estallaron los conflictos bélicos conocidos como la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, al término de los cuales se optó por la creación de organismos internacionales: ONU, BID; BM, FMI, OEA, encargados de proveer la debida estabilidad política, comercial y financiera en las relaciones internacionales y de procurar la paz internacional.

Con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en el seno de la OEA, a nivel regional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comenzó a gestarse, en un ánimo cada vez más formal, un régimen especial de derecho internacional relativo a los derechos humanos.

De este modo, una vez que pasaron los años más intensos de la Guerra Fría, comenzaron a proliferar los tratados y acuerdos internacionales en la materia, que definieron con mayor precisión cada uno de los derechos enunciados en las declaraciones en comento y crearon organismos de vigilancia, competentes en materia de interpretación de dichos tratados.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento internacional considerado, en el cual se establecen los derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir y que se basan en el respeto a la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad, y por tanto, se aplican a todos los seres humanos en todas partes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, elaborada en 1989, recogió el interés de los líderes mundiales por poner especial interés en los niños, como un grupo vulnerable que requiere de cuidados y protección especial; por lo que la convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Dicho instrumento establece estos derechos en 54 artículos y dos protocolos facultativos.

Por otro lado, los cuatro principios fundamentales de la convención son: la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño.

Todos los derechos que se definen en la convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y las niñas; por lo tanto, la misma UNICEF se rige bajo las disposiciones y principios de la convención en comento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde el turno de hacer uso de la voz a la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Con su venia, señor presidente. En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que establece en 54 artículos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes.

Es importante, compañeros, señalar que de acuerdo a este documento de las Naciones Unidas, se considera como niño a los menores de 18 años. Esto es relevante, por un comentario que vamos a hacer.

Los niños han dejado de ser objeto tutelar para convertirse en sujetos de derecho; existen sus derechos porque ellos los pueden exigir y el Estado tiene la obligación legal de darles educación, salud, y los particulares de ser sancionados, si no lo hicieren así.

México adquiere el compromiso para defender los derechos de los niños ratificando la Convención en 1990 y tenemos la obligación de adoptar las medidas necesarias que garanticen el bienestar de nuestra infancia.

Nuestra Carta Magna reformó su artículo 4o., en el que se incluye el concepto de interés superior de la infancia, y dicha reforma dio lugar a la creación y aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, desde el 30 de mayo del 2000.

Cierto, existen avances logrados, pero hay muchos retrasos. Tenemos un avance en materia legislativa, pero falta asegurar la aplicación efectiva y que algunas normas, como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, queden integradas en las legislaturas locales.

Aprovechando que estamos celebrando el 102 aniversario de la Revolución mexicana, quiero hacer un comentario sobre esto; han pasado 102 años e interminables eventos del bicentenario, calles, plazas, eventos y tenemos hasta un viaducto Bicentenario, ¿para qué? Para que después del grito Tierra y Libertad, y que fuera grito de guerra, nos quedemos con esta reflexión.

Me quedo con la libertad; la libertad es la posibilidad de elegir. ¿Qué libertad tienen nuestros niños después de 102 años de esta guerra? La realidad del 2012 nos plantea estos retos para los niños y su posibilidad de elegir.

En términos de salud, ¿qué tanta libertad tendrán los niños nacidos después del 2012 y los antes del 2007, si el Seguro Popular del presidente Felipe Calderón solamente garantiza la universalidad de derechos de salud a los nacidos en su sexenio? ¿Qué pasa con los de antes? Son derechohabientes de segundo nivel.

En la guerra contra el narcotráfico, que también llamamos: la estrategia contra la delincuencia organizada, tenemos decenas de miles de nuevos huérfanos.

Otros retos, que son dilemas: bajar o no bajar la edad penal; si bajamos la edad tendremos tal vez menos monchis, ese pequeño sicario de 14 años. ¿Bajamos o no bajamos la edad penal?

¿Habrá —por otra parte— que endurecer las políticas de planificación familiar; es decir, endurecer los programas de distribución de anticonceptivos, de tal manera que la edad de 14 a 16 años deje de ser la edad de mayor riesgo para las mujeres y sus embarazos no deseados? Cuando estuve en campaña recibí decenas de peticiones de las madres que son abuelas jóvenes.

Los artículos también hablan de la separación de los niños y los padres. Esto ocurre claramente entre Estados Unidos de América y México. Tendremos una próxima generación de dreamers, porque mientras no exista una reforma migratoria, o llamémosla honestamente una segunda amnistía, se seguirá con el riesgo de ser separados de sus padres y con una identidad cultural muy ambigua.

Está otro tema, ¿está realmente el Estado mexicano defendiendo a esos niños que están pendientes en los orfanatorios, al no permitirles ser adoptados por parejas homosexuales? El tema ahí está, inclusive, en las agendas estatales.

Ahora, está el derecho a la educación y el acceso a la información que tienen los niños, ¿qué padre mexicano puede pagar el altísimo costo de Internet al que los niños normalmente tendrían derecho, si consideramos que éste es un derecho de los niños?

Finalmente, está el bullying, finalmente está la obesidad infantil, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién va a ser sancionado por la obesidad infantil, si la salud es un derecho que los niños tienen?

Compañeras de izquierda, ¿qué pasa con la verdad silenciosa de la prostitución infantil, entre las niñas que vienen desde el centro del país y desde Centroamérica? Los niños que practican religiones diferentes a las predominantes en México, son también discriminados.

Finalmente, nuestros niños heredaran un planeta, un hábitat con inundaciones y sequías causadas por el cambio climático que ellos no provocaron.

En la fracción de mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, estamos trabajando, vamos despacio para lograr la sustentabilidad, para lograr el derecho al medio ambiente, que también es un derecho de todos los niños de México.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Compañeras y compañeros diputados, la lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución General de la República y en la Convención de los Derechos del Niño se remonta más allá del siglo pasado. Pese a ello, aún ahora continuamos buscando que dichos derechos sean reconocidos plenamente.

Sabemos que la primera declaración de los derechos del niño fue la de Ginebra, aprobada en la Sociedad de Naciones, el 26 de diciembre de 1924. Posteriormente, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluía los derechos del niño, pero no es sino hasta el 20 de noviembre de 1989, que la Asamblea General de la ONU adoptara, en la ciudad de Nueva York, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se reconoce como el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia.

La Convención de los Derechos del Niño parte de reconocer que en todos los países del mundo hay niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que necesitan especial atención. De ahí la relevancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en todos los países, particularmente de los que viven en los países en desarrollo.

Hoy, a 23 años de que fue promulgada la Convención sobre los Derechos de los Niños y de la cual nuestro país es signatario, para la mayoría de los casi 40 millones de menores de 18 años de nuestro país, sus derechos son vulnerados y aún cuando se contemplan en la legislación nacional muchos de ellos continúan siendo letra muerta.

De acuerdo con el Coneval, la violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes persisten, si consideramos que en la actualidad más de la mitad son pobres y más del 25 por ciento viven en condiciones de pobreza alimentaria, siendo las comunidades indígenas las más afectadas.

A la fecha, nuestro país ha logrado adelantos a favor de su infancia, como el acceso a servicios esenciales de educación, salud y seguridad social. Pese a ello, hay aún espacios, que lejos de ser solucionadores representan día a día mayor riesgo para nuestros infantes, como son su seguridad personal y social.

También es importante tomar en cuenta que en el mundo cerca de 215 millones de niñas y niños trabajan, muchos de tiempo completo y que México aporta 3.4 millones de esa cifra. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar, no reciben alimentación ni cuidados apropiados; se les niega la oportunidad de ser felices y de disfrutar de los derechos, que a su edad le corresponden.

También más de la mitad de esas niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso. Asimismo se insertan en actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y explotación sexual comercial infantil, así como su participación involuntaria en conflictos armados.

Con lo anterior, reconocemos que nos enfrentamos a un gran reto para las y los legisladores, como es el alcanzar mejores condiciones de vida para la niñez mexicana; que es difícil garantizar un futuro mejor para todos los niños y niñas; que los avances generales no han estado a la altura de las obligaciones nacionales ni de los compromisos internacionales que nuestro país debe cumplir; que no es solo ser signatario de la convención, que es urgente y necesario que en el marco del 23 aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño asumamos la oportunidad histórica de visualizar a la niñez y sus derechos, así como proponer y ejecutar acciones a favor de los niños, las niñas y los adolescentes.

Para concluir, manifestamos que nos congratulamos por el movimiento revolucionario que hoy también festejamos, y que desde la Comisión de los Derechos de la Niñez estamos decididas y decididos a iniciar un nuevo movimiento, para que junto con cada integrante de esta LXII Legislatura, con acciones concretas logremos reivindicar, dignificar, respetar y garantizar el interés superior de la infancia y por esa vía asegurar el bienestar y la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Hoy las convocamos y los convocamos a sumarse a la cruzada nacional por la reivindicación por los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, que iniciaremos desde la Comisión de los Derechos de la Niñez, para que hagamos desde ahora un compromiso y que en cada diputado y diputada podamos encontrar un defensor de los derechos de la niñez, la adolescencia y la adolescencia mexicana. Que lo hagamos por nuestros hijos y por nuestras hijas. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes es un compromiso primordial en nuestros días, por ser el centro de la familia y el futuro de cualquier sociedad; ello obliga a emprender acciones, con el fin de lograr que gocen plenamente de sus derechos, que se les respeten y de los beneficios propios de su edad, así como para que se les proteja de su natural vulnerabilidad.

En este sentido, el 20 de noviembre de 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener una convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especial.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Este ordenamiento internacional define los derechos humanos básicos, que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia, el desarrollo pleno a la protección contra las influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior de niño; el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo; el respeto por los puntos de vista del niño.

Hoy, en el marco del 23 aniversario de este importante acontecimiento, es una tarea obligada reflexionar sobre lo alcanzado, pero también sobre los muchos retos que restan por conseguir para que todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean una realidad.

Recordemos que al ratificar la convención o un protocolo facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la convención.

El 19 de junio de 1990, el Senado de la República ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, con lo que —de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional— se convirtió en Ley Suprema. Con ello nuestro país adquirió el compromiso de implementar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de la niñez.

Atendiendo a esta obligación, México ha avanzado en el proceso de adecuaciones legislativas tendientes a armonizar el marco jurídico nacional con los principios previstos en dicha convención, con la aprobación de la reforma y adición al artículo 4o. constitucional, publicada en el año 2000.

En dicha reforma se establece que todas las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, promoviendo que sea el Estado el que proporcione lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio de sus derechos.

Esta reforma constitucional motivó la expedición de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a emitir leyes a los estados y al Distrito Federal, con el objeto de tener un sistema jurídico integral que garantice la protección de los menores.

Ciertamente, en diversos estados de la República existen ordenamientos que contribuyen a reforzar la ley en la materia; sin embargo, es necesaria una norma integral, que abarque una verdadera protección a nivel federal y local.

Un aspecto muy importante de esta reforma es que nos faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México es parte.

Compañeras y compañeros legisladores, con esta reciente reforma tenemos la oportunidad de crear la legislación especial para uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Se requiere de un marco legal que considere a los menores como sujetos de derecho y no solo de protección. Que proteja y haga exigibles sus derechos humanos.

Para Acción Nacional los derechos humanos son la expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a estos derechos humanos no hay democracia. En este día conmemoremos, sí, pero también actuemos; además de proteger y promover, cumplamos y respetemos todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabajemos para crear las condiciones necesarias que les permitan exigir sus derechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a esta sesión y a la Cámara de Diputados, a un grupo de alumnas y alumnos del Colegio Peterson Internacional, de Tlalpan, que están hoy aquí invitados por la diputada Carla Padilla Ramos. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas: Gracias. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gabriela Mistral.

Diputado presidente; diputadas y diputados, este día conmemoramos la Declaración y la Convención por los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas; nuestra Carta Magna establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

La Declaración y la Convención por los derechos de los niños amplían y legitiman sus derechos, ofreciendo las bases legales para su bienestar. México firmó y plasmó su voluntad de trabajar a favor de sus infantes.

Los Estados reconocen el derecho de los niños al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas. La falta de inversión en nuevos mecanismos de protección en el mejoramiento de las instituciones y de las personas que conforman estas instituciones puede convertirse en el problema más serio del futuro.

El Partido Revolucionario Institucional tiene en su plataforma para los derechos de la niñez fortalecer la educación básica, mediante el impulso de reformas que atiendan la cobertura, calidad y eficiencia; promover su acceso a todos los niveles y asegurar su permanencia, en especial en el medio rural y en las zonas urbanas pobres; mejorar para ellos los servicios de salud; promover políticas públicas para el cuidado infantil, para la prevención y erradicación de la violencia y para lograr las escuelas de tiempo completo; promover acciones de apoyo al cuidado infantil entre las madres jóvenes que deseen seguir estudiando; impulsar las actividades físicas y el deporte para contribuir a la reducción de la obesidad infantil.

Diputadas y diputados, los problemas de nuestra niñez son las enfermedades de la sociedad. La situación de la infancia mexicana dista muchos de ser la ideal; una niña o un niño no deseado; un niño de una madre de 14 años; un niño que nace con muy bajo peso por falta de atención o negligencia médica; uno que nace con malformaciones congénitas y deformidades o anomalías cromosómicas.

Un niño de un hogar desintegrado; un niño mal alimentado, maltratado física o emocionalmente; un niño o una niña sujetos al abuso y a la explotación sexual comercial; un niño con una discapacidad física o mental, como al autismo, sin diagnóstico, tratamiento ni inclusión alguna; un niño indígena analfabeta o anémico; un niño metido en el narcotráfico, en situación de pobreza.

Un niño que no asiste a la escuela, y si asiste es un niño que no entiende lo que lee ni las matemáticas; una niña o un niño abandonado, vendido, uno víctima del secuestro de la trata, uno que se dedica a las labores domésticas cuidando a otros todavía menores; niños que trabajan; niños en conflicto con la justicia; niños de la calle; niños víctimas del bullying.

Todos ellos serán definitivamente niñas y niños con problemas cuando crezcan, serán niños y niñas que si no los atendemos nunca irán a la universidad, no tendrán un trabajo digno, no formarán familias sólidas, no serán ciudadanos libres. Es un tema de gobernabilidad. Ésa es nuestra agenda, señores diputados.

Nuestros niños están naciendo en una sociedad enferma, llena de violencia. Tenemos que reconocerlo y buscar el tratamiento. ¿Qué ambiente les estamos generando? Hay un contexto en el que todos tenemos que actuar. Esa sí es una discapacidad que todos tenemos, es una deuda que tenemos con los niños de México.

La democracia y los derechos de los niños no es un asunto de partido, se trata de una actitud en la vida cotidiana, en la casa, en la escuela, en la comunidad. Necesitamos armonizar las leyes nacionales y locales, y el Presupuesto, de manera transversal para que sean compatibles con la convención.

Para el Grupo Parlamentario del PRI llevar a la práctica los postulados de nuestra Constitución y de la convención que ahora conmemoramos tiene que ser una de las principales tareas del Estado mexicano.

Revisemos cómo están nuestros niños; trabajemos desde esta soberanía para que se respeten sus derechos y México será capaz de superar sus problemas; de otra manera, compañeros diputados, no hay cómo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 46, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor para que se protejan las zonas boscosas del estado de Durango.

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos:Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, comparezco ante esta soberanía para someter a su consideración un problema urgente que aqueja a más de 25 mil silvicultores en el estado de Durango.

Durango tiene una superficie total de 12 millones 318 mil 100 hectáreas, de las cuales cuatro millones 989 mil 401 son bosque, lo que representa el 41 por ciento de la superficie.

Desde hace varios años Durango ha ocupado el primer lugar en producción maderable a nivel nacional, con un promedio aprovechado en la última década cercano a los dos millones de metros cúbicos de madera en rollo, beneficiando a más de siete mil 562 productores ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que se dedican a esta actividad y a la industria forestal, la cual genera un total de 17 mil 714 empleos directos. Adicionalmente, se estima que esta actividad genera alrededor de 35 mil empleos de manera indirecta.

La riqueza de la biodiversidad en materia forestal en el estado es inmensa, ya que su inventario florístico reporta que existen 27 especies de coníferas, 40 especies de encino y varias especies tropicales, además de diversas especies de flora y fauna, que solamente se encuentran en esta región; por lo que su importancia no solamente es económica, sino también ecológica.

Por tal motivo, urge que a la brevedad se implementen medidas de control y combate de las plagas y enfermedades que en este momento están causando grave daño a los ecosistemas y la economía del sector forestal.

El reporte de la Comisión Nacional Forestal señala que en el estado de Durango se han registrado más de 160 incendios que han causado daño a más del 10 por ciento de la superficie forestal, derivado de la falta de lluvia por la que atravesó el norte de nuestro país el año pasado y los primeros seis meses del presente año, lo que provocó un fuerte estrés hídrico a los bosques y plantaciones forestales del estado.

El daño no es menor, ya que los bosques tienen una función en la regulación del sistema hidrológico, puesto que sirven para retener y propiciar la infiltración del agua en beneficio de las comunidades del propio estado, así como de las entidades aledañas.

Recordar que Durango es la primera reserva forestal del país y como consecuencia, el primer productor de madera. Pero además, es un gran generador de servicios ambientales que benefician, no solamente a los duranguenses, sino a la sociedad en general, por lo que es apremiante el esfuerzo de los diferentes órdenes de gobierno para controlar el problema fitosanitario que se ha generado por el ataque de diversas plagas, principalmente por los insectos descortezadores, que se tienen identificados de los géneros dendroctonus e ips, considerados de las plagas forestales más dañinas que han causado pérdidas considerables, no solamente a los propietarios de los bosques, sino a todos los eslabones de la cadena productiva forestal y otras también importantes para la actividad económica de estas regiones, como el ecoturismo, dejando al desamparo a las comunidades que ejercen dicha actividad, y no solo eso, sino el problema más importante es la pérdida de cubierta vegetal.

Por lo antes expuesto, es necesario y urgente que las autoridades federales implementen acciones que permitan controlar y erradicar las plagas mencionadas, con la finalidad de que los propietarios de los bosques y los que se dedican a la actividad forestal no pongan en riesgo su patrimonio.

Por otro lado, se requiere que se implemente un programa de empleo temporal, con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

En virtud de las razones antes expuestas y a la importancia que tiene la actividad forestal en Durango, les solicito, compañeros diputadas y diputados, para que consideremos este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el cual se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada y al director general de la Comisión Nacional Forestal, Conafor, doctor Juan Manuel Torres Rojo, para que de manera inmediata inicien acciones y destinen recursos suficientes y sobre todo, de aplicación inmediata para el control y combate de las plagas de insectos descortezadores, que actualmente están atacando la zona boscosa en el estado de Durango. Por su atención y apoyo, compañeros, gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para controlar y combatir la plaga de insectos descortezadores en las zonas boscosas de Durango, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada, Sonia Catalina Mercado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Durango tiene una superficie total de 12 millones 318 mil 100 hectáreas, de las cuales 4 millones 989 mil 401 son bosques, lo que representa el 41 por ciento de la superficie.

Desde hace varios años Durango ha ocupado el primer lugar en producción maderable a nivel nacional, con un promedio aprovechado en la última década cercano a los 2 millones de metros cúbicos de madera en rollo; beneficiando a más de 7 mil 562 productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que se dedican a esta actividad y a la industria forestal la cual genera un total de 17 mil 714 empleos directos, adicionalmente se estima que esta actividad genera alrededor de 35 mil empleos de manera indirecta.

La riqueza de la biodiversidad en materia forestal en el estado es inmensa ya que en su inventario florístico reporta que existen 27 especies de coníferas, 40 especies de encino y varias especies tropicales, además de diversas especies de flora y fauna solamente se encuentran en esta región, por lo que su importancia no solamente es económica, sino también ecológica; por tal motivo urge que a la brevedad se implementen medidas de control y combate de las plagas y enfermedades que en este momento están causando graves daños a los ecosistemas y a la economía del sector forestal.

El reporte de la Comisión Nacional Forestal señala que en Durango se han registrado más de 160 incendios, que han causado daños a más de 10 por ciento de la superficie forestal, derivado de la falta de lluvias por la que atravesó el norte del país el año pasado y los primeros seis meses del presente año, lo que provocó un fuerte estrés hídrico a los bosques y plantaciones forestales del estado.

El daño no es menor, ya que los bosques tienen una función en la regulación del sistema hidrológico puesto que sirven para retener y propiciar la infiltración del agua, en beneficio de las comunidades del propio estado, así como de las entidades aledañas. Recordar que Durango es la primera reserva forestal del país y como consecuencia el primer productor de madera, pero además es un gran generador de servicios ambientales que beneficia no solamente a los duranguenses, sino a la sociedad en general por lo que es apremiante el esfuerzo de los diferentes ordenes de gobierno para controlar el problema fitosanitario que se ha generado por el ataque de diversas plagas, principalmente por los insectos descortezadores que se tienen identificados de los géneros Dendroctonus e Ips considerados de las plagas forestales más dañinas y que han causando pérdidas considerables no solamente a los propietarios de los bosques sino a todos los eslabones de la cadena productiva forestal y otras también importantes para la actividad económica de estas regiones como el ecoturismo, dejando al desamparo a las comunidades que ejercen dicha actividad y no sólo eso, sino el problema más importante es la pérdida de la cubierta vegetal provocando grandes impactos ecológicos y poniendo en riesgo la biodiversidad de sus ecosistemas, contribuyendo con esto a acelerar el proceso de desertificación.

Por lo expuesto, es necesario y urgente que las autoridades federales implementen acciones que permitan controlar y erradicar las plagas mencionadas, con la finalidad de que los propietarios de los bosques y los que se dedican a la actividad forestal no pongan en riesgo su patrimonio.

Por otro lado, se requiere que se implante el Programa de Empleo Temporal, con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

En virtud de las razones antes expuestas y a la importancia que tiene la actividad forestal en Durango, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada y al director general de la Comisión Nacional Forestal, doctor Juan Manuel Torres Rojo para que, de manera inmediata, inicien acciones y destinen recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que actualmente está atacando a las zonas boscosas en el estado de Durango.

Segundo. Con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.— Diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada proponente. Los diputados que se quieran adherir a esta propuesta, será por medio del voto.

Para efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de esta proposición con carácter de urgente u obvia resolución; entendemos la urgencia de atender y destinar los recursos necesarios para el control y combate de la plaga descortezadora, que impacta las zonas boscosas en el estado de Durango.

El 20 de julio del presente año, Miguel Ángel Olayo, delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), daba a conocer que el bosque duranguense estaba afectado por la plaga del gusano descortezador y que se tenían más de 40 mil hectáreas de superficie afectadas.

Informó que de éstas solo a 7 mil se les tendría que dar el saneamiento adecuado para exterminar la plaga. Se buscó actuar durante los meses posteriores a esta declaración; sin embargo, las últimas cifras con las que cuenta la delegación de la Conafor —al 30 de octubre— informa de 113 mil hectáreas boscosas afectadas; es decir, un aumento del 182 por ciento con relación a la superficie afectada en el mes de julio.

Sobre las hectáreas a tratar, informó también que se elevó considerablemente el área, al pasar de siete mil hectáreas en julio, a 23 mil 680 hectáreas al cierre del mes de octubre, lo que representa un aumento del 237 por ciento.

Desafortunadamente, a pesar de que la presencia de la plaga se detectó desde el mes de noviembre del año pasado, fue hasta el mes de julio del presente año que se empezaron a llevar a cabo acciones para su control y combate.

La urgencia de este tema nos obliga a exigir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que actúe de inmediato, que implemente las acciones necesarias para erradicar esta plaga, que además genera un impacto económico negativo en el estado.

Compañeras y compañeros diputados, es de vital importancia que se aproveche la temporada de invierno para erradicar esta plaga, pues las bajas temperaturas podrán disminuir la población de este insecto.

Exhortamos a las autoridades para que procedan de manera eficaz; si la plaga persiste para la temporada de primavera del próximo año, se producirá nuevamente y el problema se agravará significativamente.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de los ecosistemas en México, de lo necesario que es cuidarlos, preservarlos sanos y utilizarlos, con criterio de sustentabilidad, sobre todo por el bien de nuestras futuras generaciones.

Por ello votaremos a favor de esta proposición para que se implementen acciones urgentes e inmediatas, con el fin de controlar esta terrible plaga que se encuentra flagelando los bosques del estado de Durango. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho diputada oradora. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, estamos ante un problema en el estado de Durango, que si no lo atendemos, va a continuar acrecentándose; estamos en el sistema de atender lo urgente y no lo importante. Por ello, el Partido del Trabajo se suma a este punto de acuerdo.

El gusano barrenador o gusano descortezador —que es de la misma familia— afecta al árbol en la corteza, ya no le deja tomar su alimentación y el agua y el árbol se seca. Pero se reproduce muy fácilmente y ante la sequía que hubo en Durango de 21 meses, se acrecentó.

Tenemos que tener en cuenta que no nada más es un problema ecológico que rompe el ciclo de la lluvia, porque el bosque es como una esponja: cuando llega la lluvia recarga los mantos acuíferos y los mantos freáticos y con ello se conserva la diversidad, lo que es muy importante, y luego la captación del carbono, que también nos ayuda como oxigenación de nuestro México.

El 41 por ciento de la superficie de Durango es bosque; por ello también tenemos que tomar en cuenta que es un área para la que debemos canalizar recursos, porque el problema también es económico y social. De ahí dependen siete mil 500 productores y también dependen 17 mil 500 trabajadores de empleo directo, pero también hay más de 35 mil empleos que se generan indirectamente.

Entonces, es obvio que nosotros estamos muy de acuerdo y hacemos nuestro este punto de acuerdo; el Partido del Trabajo exhorta a Semarnat y a la Conafor, que son las dependencias que realmente tienen a su cargo los bosques y el problema del campo.

También conminamos a la Secretaría de Desarrollo Social para que se implemente el empleo temporal, como a la Secretaría del Trabajo, ¿para qué? Para que ayude a esta gente que ahorita tiene problemas económicos, pero que también nos ayude a resolver un problema ecológico y también un problema social, porque a falta de eso, se van a descargar los mantos acuíferos y freáticos, y va a haber problemas con el agua. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tiene el uso de la voz don José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, nuestro país es centro de diversidad con más del 50 por ciento de todas las especies de pino y más de 150 especies de encinos del planeta, aparte de otras especies maderables distribuidas en todo el país.

Sin embargo, los bosques tienen entre sus principales problemas aquellos causados por insectos y patógenos, que afectan y amenazan severamente su existencia; uno de esos insectos son los escarabajos, que atacan a los árboles mediante la perforación de la corteza de la cual se alimentan y en la que ponen sus huevos. Las larvas o gusanos son muy agresivos en su proceso de crecimiento.

La población del escarabajo de pino de montaña ha aumentado en forma exponencial, deforestando grandes extensiones en varios estados de la República.

Otro caso, aparte de Durango, es el estado de Chihuahua, en el que recientemente se dio otra plaga de dimensiones importantes que apenas pudo ser controlada. Las consecuencias medioambientales de esta plaga no son solo la pérdida de los árboles centenarios y su inmenso valor, sino también la calidad y el suministro del agua se ve afectado, incendios más voraces y todo el ecosistema se altera incrementando el calentamiento global, con las devastadoras consecuencias sobre la fauna silvestre.

El impacto que causa en la producción de madera es relevante, pues con frecuencia obliga a realizar cortes de sanea-miento y desaprovechamiento de maderas. Un árbol adulto permite la generación de oxígeno; captura de partículas sólidas y contaminantes suspendidos en la atmósfera, como el CO2; disminuye el impacto de fenómenos naturales; facilita una mayor infiltración de agua al subsuelo y esto se traduce en recarga de acuíferos y disponibilidad de agua potable, así como control de la erosión. Además, es fuente de alimento y hábitat para muchas especies más pequeñas.

Durante su vida, un árbol absorbe aproximadamente 750 kilogramos de dióxido de carbono y los gases tóxicos que emiten 100 coches al día. Se requiere cerca de 2.56 toneladas de madera para fabricar una tonelada de papel y 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona al día. Estas cifras ponen en evidencia la importancia de los árboles en nuestro ecosistema.

Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo, para evitar que la plaga de insectos descortezadores siga propagándose causando más daños al medio ambiente, no solo en Durango, sino también en otros estados del país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Ricardo Astudillo.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, el tema de medio ambiente sin duda ha sido uno de los grandes temas de la agenda nacional que quedan, y tenemos hoy grandes huecos, muchas veces por ignorancia, muchas veces por el exceso de tramitología, pero también por la falta de atención de las autoridades correspondientes.

Asimismo nos parece, al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que una de las grandes razones de estos vacíos es el pensar que lo que no sucede en donde nosotros estamos no nos afecta, y por supuesto que es una contradicción y un error pensar de esa forma.

El día de hoy hago uso de esta tribuna, a nombre del grupo que represento, para alzar la voz y sumarnos a la de muchos mexicanos que hoy están necesitando que los apoyemos, y me refiero por supuesto a lo que está sucediendo en el estado de Durango, en donde es uno de los estados que tenemos más ricos en masa forestal, en bosques y que por supuesto el aprovechamiento de los recursos maderables es indiscutible e importantísimo, no solamente para nuestro país, sino para la economía regional.

Hoy lo que está sucediendo no solamente es la suma de factores que tenemos en el ámbito natural, que son derivados también de la tala clandestina, de los efectos del cambio climático, que hoy vemos las consecuencias terribles en las grandes sequías al norte de nuestro país y que, por supuesto, hoy están causando grandes problemas.

Tenemos hoy un problema, el cual está acechando a gran parte de nuestro país, desde la frontera norte a la frontera sur, en lo que tiene que ver con esta plaga del gusano descortezador, en el cual para los compañeros y hermanos de Durango —que hoy vienen a presentar este punto de acuerdo— toda nuestra solidaridad, por supuesto, y solicitar el apoyo a más de 25 mil productores, a cerca de 200 predios, más de 100 mil hectáreas, como lo han mencionado, en que podamos exhortar a las autoridades correspondientes, Semarnat y Conafor, que podamos reforzar el apoyo que ellos están necesitando en estos momentos y que el gobierno del estado de Durango ya ha tomado acciones en el ámbito local y necesita nuestro apoyo para que podamos fortalecer esta ayuda.

Asimismo con el compromiso, por supuesto, que dotemos de mayores recursos para este tipo de acciones que se deban tomar para el año que entra.

Recordemos, compañeros y compañeras, que en el tema del medio ambiente todos somos México y debemos preservar y conservar nuestros bienes naturales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Graciela Saldaña Fraire, del PRD.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el deterioro ambiental ha alcanzado en México niveles sin precedentes; la pérdida de capital natural que se ha experimentado conlleva costos inaceptables e imposibles de sufragar para la sociedad, en su conjunto.

En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que se requiere construir una estrategia que logre frenar el acelerado daño de los ecosistemas forestales del país, lo cual ha profundizado el empobrecimiento de muchas comunidades, como sucede en el estado de Durango y como ya ha sido expuesto en esta tribuna.

Se agrava este asunto cuando se reconoce que en México se tienen registradas más de 200 especies de insectos y patógenos que provocan daños en los ecosistemas forestales. Estas afectaciones llegan a ser cuantiosas en términos económicos debido a la pérdida directa de productos forestales, así como en términos ambientales, por la pérdida de cobertura arbórea y el consecuente impacto a los distintos hábitat.

En relación con los diagnósticos fitosanitarios podríamos decir que se ha avanzado con relación a épocas anteriores, pero es evidente que esto todavía no es suficiente.

El punto es evidente, que esto todavía debe de ser una muestra de manera ejemplar; si no queremos de manera sistemática estar realizando puntos de acuerdo, diputadas y diputados, para que el Ejecutivo federal haga bien su tarea, o lo que es lo mismo, dejar de llamar a misa, es necesario realizar un profundo viraje a la política forestal en su conjunto.

Hay que entender que muchas plagas y enfermedades forestales se originan por falta de cultivo y aprovechamiento del bosque; un bosque bien manejado no tiene porqué tener plagas ni enfermedades, como se ha expuesto.

Por eso, estamos convencidos y así lo mencionamos en la iniciativa del jueves pasado que se presentó en esta tribuna, que el eje de la política pública al respecto debe ser fortalecer el manejo forestal comunitario.

En todo caso, lo que deben realizar los gobiernos de los tres órdenes es reforzar las habilidades y conocimientos que requieren las comunidades para la planeación y manejo, mejoramiento y aprovechamiento sostenible del bosque.

Dentro de esta nueva política pública se puede continuar con programas de sanidad forestal mucho más efectivos a los que el día de hoy existen, pero debe ser dentro de un concepto de manejo integral, forestal comunitario, donde se engloben desde los aspectos de producción, conservación, restauración y el propio saneamiento de los bosques y selvas de México.

Por lo anterior, evidentemente, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dará el voto a favor de este punto de acuerdo, en solidaridad con el estado de Durango y con todas las comunidades forestales del país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, y es mucho. Don Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Gracias, presidente. Cuando en este recinto legislativo se presentan o plantean temas relevantes para la vida de nuestra sociedad y la convivencia sustentable, en armonía con el medio ambiente, nuestro grupo parlamentario no tendrá objeción ni justificación alguna para no respaldar los mismos.

Basta que revisemos las estadísticas comparadas que nos presentan los organismos internacionales especializados en los temas ambientales y los problemas que a nivel nacional tenemos, para asegurar que en esta materia resulta necesario actuar de manera precisa, responsable, sin visiones partidistas y con respuestas eficientes. La norma, pero sobre todo las condiciones ambientales, así nos lo demandan.

El problema fitosanitario que se suscita en gran parte del territorio forestal del estado de Durango, que ha venido a esta tribuna a plantearnos la diputada del PRI, representante de ese distrito, en su gran mayoría forestal, Cati Mercado, y los eventuales problemas de deforestación que se visualizan requieren acciones concretas e inmediatas, con el objeto de apoyar a la entidad a salir de inmediato del problema.

La plaga de insectos denominado escarabajo, gusano o insecto descortezador, terminó con el 7 por ciento de la zona forestal en Durango, rebasando las capacidades de las autoridades locales.

Por otro lado, las pérdidas materiales se estima rebasen los 100 millones de pesos en valor de madera y podrían triplicarse en los primeros meses de 2013, según los especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la propia Comisión Nacional Forestal.

Hasta octubre se tenían registrados daños en 109 mil hectáreas de bosque; sin embargo, existen estimaciones de que este daño forestal podría llegar a las 140 mil hectáreas. También se estima que la plaga ha provocado la tala o incineración de más de 540 mil árboles.

El problema que hoy abordamos en esta tribuna no resulta menor, si consideramos que a la fecha 550 mil hectáreas de bosque en el país se han visto afectadas por los insectos descortezadores en muchos estados del territorio nacional, como Nuevo León, Coahuila, Michoacán, estado de México y Chihuahua, en los últimos años.

En Acción Nacional reconocemos que en México es necesaria la conservación de nuestros bosques y su cuidado permanente ante las contingencias que amenacen su sustentabilidad.

Por tanto, a nombre de mi grupo parlamentario, manifestamos que estamos de acuerdo con el trámite inmediato de la proposición con punto de acuerdo y votaremos a favor de la misma. Adelante con la urgente u obvia resolución, y nuestro reconocimiento a la diputada Cati Mercado, quien además es y será digna representante de este distrito electoral eminentemente forestal.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, es posible que sin la consolidación de una cultura ambiental y políticas públicas con una visión preventiva continuemos en los primeros lugares a nivel mundial, entre los países con los mayores índices de deforestación a causa de la intervención humana, o por contingencias imprevistas, como la plaga que afecta a gran parte del territorio forestal del país y por supuesto, al estado de Durango.

Insisto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Don Julio César Flemate Ramírez. Adelante.

El diputado Julio César Flemate Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos escuchado con atención la proposición de la diputada de Durango, Cati Mercado Gallegos, y debemos sumarnos a este proyecto por el bien de la ecología, de las comunidades y de la gente que vive en el bosque, y de los beneficios que los bosques generan a las ciudades, siendo además los pulmones que abastecen el oxigeno y el agua.

Este problema no solamente se ha dado ya en Durango, hay los indicios por los que pedimos que la Semarnat y la propia Conafor hagan los estudios necesarios para tener un diagnóstico en la Sierra Fría de Zacatecas, colindando con Aguascalientes; en la Sierra de Órganos de Sombrerete, colindando con Durango; en la Sierra de Valparaíso y de Monte Escobedo, colindando con Jalisco, Durango, Nayarit; así como la Sierra de Morones y de Nochistlán.

En la Sierra de Morones existe una especie endémica de pino, que es conocido como el pino azul o piñón gigante, por su nombre científico, que es maximartinezii, y esta proposición que están subiendo los diputados de Durango será apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, pero pedimos que se amplíe a través de Semarnat y Conafor para esos estados que ya están siendo afectados.

Pese a los esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y sociales en México, al menos el 50 por ciento de la superficie original forestal del país ha desaparecido o se ha deteriorado, de tal manera que se ha perdido su papel ecológico original a escala nacional; las áreas naturales protegidas han sido reducidas a pequeños parques o manchones de vegetación natural, rodeados de tierras agrícolas o de otras formas de uso.

Diversos estudios resaltan la importancia y distribución de los bosques de México, principalmente en el sobrepastoreo.

Es por ello que en el daño de las hectáreas afectadas ya en Durango es necesario que las autoridades federales implementen acciones que permitan controlar y erradicar las plagas mencionadas — el gusano descortezador está acabando con ellas—, con la finalidad de que los propietarios de los bosques y de los que se dedican a la actividad forestal no pongan en riesgo su patrimonio, ya que en este momento están expuestos a ello.

Agradezco a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, la solidaridad de esta soberanía al apoyar este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado orador. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado.

SEGURIDAD DE COMUNIDADES ESCOLARES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, doña Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Educación Pública, se realicen acciones coordinadas, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia que impera en el país se ha hecho presente en las escuelas.

En algunas regiones sabemos de situaciones en la que la delincuencia está cobrando derecho de piso, tanto a los maestros, para poder cumplir con su labor de dar clases, como al personal administrativo de las escuelas.

En el último año, en diferentes entidades de la República, tales como Guerrero, Durango, Oaxaca, estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Morelos, Monterrey, Coahuila, Distrito Federal, etcétera, se han suscitado de manera preocupante la extorsión a profesores, autoridades educativas y alumnos, lo que ha ocasionado manifestaciones enérgicas por parte de las comunidades escolares para exigir que el gobierno federal y los gobiernos de los estados garanticen condiciones suficientes de seguridad, con el fin de hacer énfasis sobre esta situación que lacera a la población, en particular al sector educativo.

Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. Encontramos que en Piedras Negras, Coahuila, el cierre de escuelas y comercios es usual cuando existen persecuciones y tiroteos en la ciudad. Además, las actividades fuera de los recintos escolares, como visitas guiadas y recorridos, han sido canceladas por el riesgo de realizarlas sin poder garantizar la seguridad mínima de los alumnos.

La situación de las escuelas que se encuentran cerradas debido a los amagues de la delincuencia en el estado de Guerrero es uno de los casos más graves en el país, puesto que a lo largo de un año se han cerrado actividades en más de 100 planteles de diferentes zonas escolares, dejando a más de 50 mil niños sin poder atenderlos. Las acciones del gobierno del estado no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los profesores para que éstos puedan regresar a las aulas en su totalidad.

En respuesta, los maestros y padres de familia han empezado un movimiento, con el objetivo de exigir mayores resultados al operativo Guerrero Seguro e intensificar las acciones contra los secuestros de profesores y sobre todo, el establecimiento de condiciones de seguridad y paz en las escuelas de la entidad.

Desgraciadamente la delincuencia ha escalado, de los enfrentamientos en los alrededores de los planteles hacia las escuelas. Los maestros y los directivos se han vuelto objetivo del crimen organizado.

Es responsabilidad primordial del Estado velar por los derechos y libertades del ciudadano y entre los derechos, el relativo a la seguridad, a la protección, a la integridad física de la persona y a la salvaguarda de sus bienes.

Constituye la base y condición necesarias para el ejercicio de los demás derechos indispensables para gozar de una vida digna.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública, se realicen acciones coordinadas, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.

Es cuanto, diputado presidente. Solicito que el texto completo de este punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeras y compañeros, esperando su apoyo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SSP y la SEP acciones coordinadas para garantizar la seguridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscriben, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la última década México ha vivido un incremento alarmante en los índices de criminalidad, mismo que no ha podido detenerse ni disminuirse; los delitos totales se han aumentado sensiblemente, en 2004 se reportaron 81 mil 539 delitos, mientras que en 2008 se registraron 136 mil 091 ilícitos del fuero federal. En el mismo periodo se aumentaron ciento vente por ciento los delitos contra la salud o narcotráfico (INEGI, Seguridad pública y justicia, 2010, principales indicadores). Pero además el tipo de delincuencia que se reporta es llevada a cabo por organizaciones dedicadas a delitos sumamente nocivos como la extorsión, secuestro o narcotráfico.

Los homicidios totales reflejan claramente el aumento de la violencia y criminalidad que vive el país. En 2009 se cometieron diecinueve mil ochocientos nueve homicidios, en 2010 aumentó la cifra considerablemente a treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete; y en 2011 a treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete; por mucho, el año más violento en la historia reciente de México. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, más de cincuenta por ciento de los homicidios tienen relación con rivalidades del crimen organizado.

En toda sociedad existen márgenes tolerables de criminalidad que pueden ser controlados por la fuerza pública de los gobiernos; pero, cuando la delincuencia rebasa los índices normales, es que se puede decir que la sociedad presenta niveles patológicos de delincuencia.

Las acciones del gobierno federal han traído como consecuencia que las bandas criminales busquen diferentes formas de costear sus actividades y para ello, han dejado el narcotráfico y se han dedicado a amenazar, extorsionar y secuestrar a ciudadanos, empresas e incluso a organizaciones propias del gobierno. Tan sólo en 2010 la extorsión ocupó el segundo lugar en número de delitos, con siete mil doscientos veintiséis extorsiones por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En el caso del secuestro, este delito se disparó de forma alarmante, entre 2006 y 2011 los plagios aumentaron en trescientos ochenta y cuatro por ciento, llegando a la cifra de dos mil novecientos setenta y nueve secuestrados, de los cuales ciento doce víctimas fueron asesinadas. Con esto, México llega a la tasa más alta en la historia, incluso por encima de Colombia, afirma el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Desgraciadamente la cifra negra, es decir la cantidad de delitos que no se denuncian, todavía es muy alta, a pesar de que se presentó un aumentó de cuarenta y siete por ciento en el periodo de 2004 a 2009 de delitos federales denunciados. ( INEGI, Seguridad pública y justicia, 2010, principales indicadores).

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que entre 2007 y agosto de 2010 habían muerto en enfrentamientos con el Ejército seiscientos cincuenta y seis civiles, número que crece día con día, mientras los enfrentamientos con las organizaciones criminales se desarrollan en el entorno de las ciudades.

En el último año, en diferentes entidades de la república, se ha suscitado de manera preocupante la extorsión a profesores y autoridades educativas; lo que ha ocasionado manifestaciones enérgicas por parte de las comunidades escolares para exigir que el gobierno federal y los gobiernos de los estados garanticen condiciones suficientes de seguridad.

En 2011, en Monterrey Nuevo León, la maestra Martha Rivera Alanís fue reconocida por cumplir puntualmente los procedimientos de seguridad en contingencias, mientras se desarrollaba un tiroteo en los alrededores de la escuela preescolar Alfonso Reyes. La coordinación del Programa Nacional Escuela Segura ha informado que se suscitaron cuando menos veinte reportes de balaceras en el entorno de escuelas en Tamaulipas y Nuevo León.

En Piedras Negras, Coahuila, el cierre de escuelas y comercios es usual cuando existen persecuciones y tiroteos en la ciudad; además, las actividades fuera de los recintos escolares como visitas guiadas y recorridos han sido canceladas por el riesgo de realizarlas sin poder garantizar la seguridad mínima de los alumnos.

Desgraciadamente la delincuencia ha escalado de los enfrentamientos en los alrededores de los planteles, sino que las escuelas, los maestros y los directivos se han vuelto el objetivo del crimen organizado.

La situación de las escuelas que se encuentran cerradas debido a los amagues de la delincuencia en el estado de Guerrero, es uno de los casos más graves en el país, puesto que a lo largo de un año han cerrado actividades más de cien planteles de diferentes zonas escolares, dejando sin clases a más de cincuenta mil niños. Las acciones del gobierno del estado no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los profesores para que estos puedan regresar a las aulas en su totalidad. En respuesta, los maestros y padres de familia han empezado un movimiento con el objetivo de exigir mayores resultados al operativo Guerrero Seguro, intensificar las acciones contra los secuestros de profesores, y sobretodo el establecimiento de condiciones de seguridad y paz en las escuelas de la entidad.

Caso similar sucede en Salina Cruz, Oaxaca, donde las comunidades escolares de más de treinta y un centros educativos han organizado marchas para pedir mayor tranquilidad y seguridad.

En Gómez Palacio, Durango, debido al clima de violencia, se están tomando las medidas preventivas de reducir horas de clase y recorrer el horario vespertino con el objetivo de tener más horas de luz y evitar riesgos a los alumnos.

El 6 de septiembre del presente año, fue evidente la falta de protocolos de seguridad en contingencias en la mayoría de las escuelas del estado de México y Distrito Federal, al desatarse una alarma en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y en la delegación Iztapalapa, que puso en sobresalto a los maestros y padres de familia.

Además, en el mismo municipio de Nezahualcóyotl, personal docente de más de diecisiete escuelas incorporadas a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se manifestaron en las instalaciones de la presidencia municipal para denunciar la violencia de la que han sido víctimas.

Escuelas en los municipios de Chicoloapan, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Amecameca y Tepetlixpa en el estado de México, han recibido llamadas de extorsión amenazando a maestros y alumnos. Los criminales poseen información detallada de las plantilla de maestros, sus familiares y de las actividades que se realizan. Con causa justificada, los miembros de las comunidades escolares temen que se cumplan las amenazas.

A principios de febrero de 2012, el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, cerró los centros escolares a todos los niveles por amenazas del crimen organizado. Asimismo, en marzo, en Cuernavaca, Morelos, se dieron cierres de los planteles ante amenazas de balaceras; estudiantes de nivel bachillerato y secundaria fueron víctimas de bandas criminales.

En las ciudades de Pachuca, Matamoros y Ciudad Juárez, se han debido desalojar escuelas por amenazas de bomba, con el objetivo de atemorizar a la población. Este tipo de acciones del crimen organizado pone a prueba la gobernanza de las diferentes autoridades, pero sobretodo al gobierno Federal.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en los 358 municipios con mayor índice delictivo del país están ubicadas cuarenta y dos mil trescientas escuelas públicas, es decir veintidós por ciento de todas las escuelas del territorio nacional, mismas que están más expuestas al narcotráfico, extorsión y secuestros. De los once estados que la SEP ha identificado como focos rojos, según los índices delictivos, siete de ellos son los que concentran cincuenta y siete por ciento del total de homicidios en el país (Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas).

Si bien es cierto que el Programa Escuela Segura es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el cual se han podido diseñar acciones interinstitucionales para evitar condiciones de violencia en el entorno de los planteles, dicho programa no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de las escuelas que han sido blanco de los criminales.

Por tratarse de una delincuencia con gran capacidad de organización y de violencia, de tratarse en muchos casos de escuelas federales, por el tipo de delitos de jurisdicción federal, así como por el contexto nacional de un combate al narcotráfico y al crimen organizado, la federación debe asumir de forma determinante su responsabilidad y tomar acciones eficaces para acabar con estas prácticas delictivas que están lesionando la educación en el país. Según Fernando Escalante Gonzalbo, investigador y catedrático de El Colegio de México, el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado podría ser consecuencia de la presencia de las fuerzas federales, sobre todo en entidades de la república donde se han desplegado operativos conjuntos, además de fuerzas militares para preservar el orden, tales como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero.

Es deber imperante del gobierno federal, en coordinación con autoridades municipales y estatales, garantizar la seguridad e integridad de todos los maestros, alumnos y autoridades escolares en los centros educativos.

El gobierno es el encargado de establecer y mantener el orden y la paz social, haciendo uso legítimo de la fuerza pública. Esta es una de las funciones centrales de todo gobierno.

Es de gran importancia que se coordinen acciones conjuntas de diferentes dependencias de gobierno, para garantizar la seguridad de las escuelas, de los profesores y de los alumnos, en el marco de la violencia generalizada y del crimen organizado que se presenta en diferentes entidades de la república.

El Estado mexicano no puede permitir que la educación se desarrolle en un entorno de violencia para los estudiantes. Además deberá garantizar el ejercicio de la profesión de los maestros y directores con plena seguridad del respeto a la integridad física de todos los individuos pertenecientes a la comunidad escolar.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública se realicen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.— Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y pregunte la Secretaría, en términos del 100, si considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En ese contexto, es que se le da el uso de la voz, hasta por tres minutos, a don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Consultoría Jurídica, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es vergonzoso tener que reconocer que en nuestro país se han alcanzado niveles de delincuencia jamás antes vistos; hoy en día no deja de ser algo común el saber de algún caso en el que por lo menos no haya existido un homicidio o bien, algún acto delictivo con lujo de violencia o sanguinario.

De todos es conocido que la mayoría de estos fenómenos suceden por una falta completa de estrategias, que contemplen fórmulas para inhibir y erradicar este tipo de actos. No obstante los esfuerzos en todos los estados por controlar el incremento delictivo, se percibe que cada día crece más y sin sentido.

Lo anterior, se sujeta a distintas condiciones que han comenzado a permear la forma de vida de miles de ciudadanos; es lamentable tener que reconocer que incluso entre la población infantil existen grupos que ya se dedican a la formación de cuadros de avanzada para informar a los mandos de los grupos criminales de qué es lo que sucede a los alrededores de ciertas zonas, como lo es en este caso las escuelas, o bien, si están dadas las condiciones adecuadas para cometer sus fechorías.

Es cierto que la violencia ya forma parte del modo de ser de un niño, que busca encontrar el reconocimiento de sus semejantes, distinguirse entre sus conocidos, o bien, adoptar algún aire de grandeza; éste es el caso de los halcones, por ejemplo. Esto ha sido parte importante también de los acontecimientos donde se reflejan actos de delincuencia y crimen organizado.

En el presente punto de acuerdo se discuten diversas formas de delincuencia, pero marcadamente se comenta que cuando la delincuencia rebasa los índices normales es que se puede decir que la sociedad presenta niveles patológicos de delincuencia. Ante dichos argumentos, muchos estamos de acuerdo.

Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguimos insistiendo que el implementar mecanismos represivos, no solo es parte de la represión, pues precisamente es un tema que debe ser atendido desde el aspecto patológico, cultural, educativo y de principios para poder diluir este fenómeno, que tanto daña a nuestros hijos.

Compañeras y compañeros, prácticamente a lo largo y ancho de nuestro país se han dado casos de enfrentamientos, donde en sus inmediaciones existe alguna escuela. Hemos conocido incluso actos en los que el personal de dichas escuelas ha tenido un comportamiento excepcional y ha logrado controlar una situación de emergencia, en medio de una balacera, para salvar la vida de muchos pequeños. Lo paradójico es que ni los patrullajes ni los operativos de seguridad han sido lo suficientemente eficaces para prevenir este tipo de acontecimientos.

Finalmente, queremos decirles que votaremos a favor del presente acuerdo; sin embargo, debemos lograr que se haga el mejor esfuerzo para erradicar la criminalidad y la violencia, con ayuda de otras estrategias basadas en la educación, la cultura y el respeto hacia nuestros semejantes, más que mantener el orden y la paz social, haciendo uso legítimo de la fuerza pública. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, el Movimiento Ciudadano se adhiere a este punto de acuerdo y no solamente considera que son éstos los puntos que se deben de tratar, creo que es más de fondo atender el problema que vivimos en las escuelas, en especial en el caso de Guerrero y en especial Acapulco; no solamente es un problema de seguridad, sino también de administración.

En el caso de Acapulco —en especial—, la violencia se recrudece porque la policía no cuenta con los recursos ni con el armamento suficiente, y la administración municipal saliente deja en quiebra un ayuntamiento, en donde no hay recurso para pagar a la policía, mucho menos para el armamento.

¿Qué seguridad le podemos ofrecer a los maestros, si su policía municipal no tiene, ni cuenta con los seguros ni con los recursos del Subsemun, como estaba marcado? Es, pues, un asunto integral; se tiene que ver el tema de economía, el tema de educación, el tema de salud y el tema de seguridad.

Quiero preguntar a la nueva administración entrante, ¿cuál será el programa emergente que pondrá la nueva súper Secretaría de Gobernación, que va a controlar todas las policías y va a tener el mando único de la seguridad del país? Quisiera preguntar, ¿cuál va a ser su estrategia para resolver los problemas?

En Acapulco, la Universidad de Guerrero entregó 4 millones de pesos para la seguridad de sus planteles; sin embargo, hace unos días, uno de estos funcionarios fue asaltado y está a punto de la muerte, precisamente cercano a una universidad. Los maestros se encuentran en una situación complicada.

A las escuelas les roban el cable, los equipos de cómputo, se meten a robar el material didáctico, ¿qué seguridad puede ofrecerse, si no hay un plan integral en donde se genere empleo y se genere también una nueva estrategia de educación? Por lo que el secretario de Educación entrante deberá ser una persona sumamente creativa y sensible para atender estos problemas, y Economía, atender el empleo de los padres y de los jóvenes.

Por otra parte, es importante también entender que es un problema de salud, en donde se tiene que atender a aquellos jóvenes que están cayendo en el problema de las adicciones y de la delincuencia. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Ana Lilia Garza Cadena.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con el permiso de la Presidencia. Estimados diputados y diputadas, el orden público es un elemento común en la redacción de los textos normativos; es frecuente leer la leyenda al inicio de algún Código: Esta ley es de orden público. Curiosamente, la referencia de este concepto no atiende un ámbito estrictamente legislativo, tampoco a uno civil, sino al espacio de lo administrativo y lo constitucional.

Sin embargo, para conceptualizar este término no basta con ubicarlo dentro del área de desarrollo, pues la Suprema Corte lo ha expresado en distintas jurisprudencias, que el orden público es un concepto jurídico indeterminado; es decir, no se puede definir, pero sí conceptualizar.

El orden público es valioso, porque solo a través de éste es que se puede asegurar la estabilidad social.

En este sentido y en un marco eminentemente teórico, consideramos a la pérdida del orden público como la antesala de la anarquía y con ello, a la llegada de todas las consecuencias indeseables.

En el punto de acuerdo —que hoy estamos analizando— apreciamos dos elementos integradores del orden público, como lo son la educación y la seguridad; la educación está concebida como un derecho fundamental. Recientemente nuestro texto supremo reconoció la educación media superior como obligatoria.

Por su parte, la seguridad es una función pública; es decir, labor exclusiva del Estado, representándose como la ausencia de delitos en las calles.

Tanto la educación como la seguridad son actividades propias del Poder Ejecutivo federal, ejercidas éstas a través de las secretarías de Educación y de Seguridad.

Por todo lo expresado y sabiendo de la delicadeza del asunto tratado, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sensible a esta problemática, manifiesta su preocupación y apoya este punto de acuerdo, haciendo énfasis en tener particular cuidado en salvaguardar la integridad de los estudiantes, profesores y todos aquellos que laboran al interior de los planteles, ya que su protección es la esencia que no debemos perder de vista, pero siempre sin que esto interfiera con su derecho preponderante de privacidad y libertad.

Fallas en el ejercicio de la educación, más falta de seguridad, conducen al peor de los escenarios sociales y ello sin contar con lo irreparable, como lo son la pérdida de las vidas humanas.

Es inconcebible llegar a tolerar el uso de armas de fuego y consecuentes balaceras al exterior de las escuelas o de cobros económicos, como medida de chantaje a sus maestros, y que las autoridades encargadas de propiciar la seguridad no hagan nada.

En tal virtud, es nuestra intención el que todos los grupos parlamentarios actuemos en conjunto en la implementación de medidas preferentemente preventivas, pero también correctivas eficaces.

Por último, reiteramos nuestro apoyo para que el Poder Ejecutivo federal genere acciones coordinadas entre las Secretarías de Educación y de Seguridad, tendientes éstas a garantizar el orden, paz y seguridad en nuestros planteles educativos, que constituyen el motor de nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Don Catalino Duarte Ortuño, del PRD.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Señoras legisladoras, señores legisladores, en nuestro grupo parlamentario coincidimos con los planteamientos en este punto de acuerdo que presenta el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ya que expresa de manera categórica el absoluto rechazo a todas las manifestaciones de criminalidad, que ya en estos momentos va más allá de cualquier límite tolerable, toda vez que presenta verdaderas formas de patología criminal, que deben ser combatidas por la fuerza pública y por todos los órdenes de gobierno.

En ese sentido, es claro que las acciones del gobierno federal han traído como consecuencia que las bandas criminales busquen diferentes formas de complementar sus actividades delictivas, producto del narcotráfico, con la amenaza, la extorsión y el secuestro que aquejan a los ciudadanos, a sus actividades económicas y a los mismos tres órdenes de gobierno.

Ahora estamos sufriendo el embate de una nueva vertiente de la actividad delincuencial, ya que en diferentes entidades de la República se han suscitado de manera preocupante la agresión y extorsión a profesores y autoridades educativas, o la amenaza latente de la violencia a centros escolares, que ponen en riesgo la integridad física de niños y niñas, quienes laboran en los planteles educativos y de los padres de familia, lo que ha ocasionado manifestaciones enérgicas por parte de las comunidades escolares, para exigir al gobierno federal y a los gobiernos de los estados que garanticen las condiciones suficientes de seguridad.

Como caso emblemático debemos recordar, el año pasado, en Monterrey, Nuevo León, la maestra Martha Rivera Alanís, fue reconocida por cumplir con los procedimientos de seguridad en casos de contingencias, mientras se desarrollaba un tiroteo a los alrededores de su centro educativo Alfonso Reyes.

Lamentablemente, estos hechos se han repetido con diferente intensidad en diferentes partes de la República, en diversas ciudades de Tamaulipas, Monterrey, Piedras Negras, Gómez Palacio, Nezahualcóyotl, Pátzcuaro, por citar solamente a algunos de estos preocupantes hechos.

En mi estado de Guerrero se han cerrado actividades en muchos planteles, en diferentes zonas escolares, dejando sin clases a miles de estudiantes. En ese sentido, las acciones del gobierno del estado han sido orientadas con toda responsabilidad para garantizar, tanto la seguridad de los profesores y los educandos, como el regreso a clases, en atención a justas demandas de la ciudadanía. Asimismo se ha intensificado la coordinación con el gobierno federal, en el marco del operativo Guerrero Seguro, para restablecer condiciones de seguridad y paz en las escuelas de la entidad guerrerense.

Sin embargo, en relación con esta proposición, en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que para privilegiar la seguridad pública y restablecer el orden se requieren acciones coordinadas que verdaderamente garanticen la seguridad e integridad de las comunidades escolares.

Debemos insistir que estos operativos deben establecerse, deben regirse estrictamente, por lo que establece el artículo 16 de nuestra Constitución General de la República. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ernesto Alfonso Robledo Leal.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Gracias, con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional ha promovido desde sus orígenes que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. De ahí que para el Grupo Parlamentario del PAN la seguridad en las escuelas sea una condición imprescindible para que niñas, niños y adolescentes estudien y aprendan; por consiguiente, para nosotros la seguridad en la escuela se instituye en una garantía para hacer efectivo el ejercicio del derecho de las niñas y niños, y además, adolescentes en la educación.

Reconocemos que esta seguridad no se refiere únicamente al resguardo de su integridad física, afectiva y social en la escuela, sino también —y muy importante— al entorno comunitario que la rodea.

Las niñas, niños y adolescentes que estudian en una escuela, al igual que las personas adultas que trabajan en ella, tienen derecho a que se les ofrezca protección contra los múltiples peligros de distinto origen que los puedan amenazar, y los padres y las madres de familia tienen derecho a saber y a confiar en que si sus hijos e hijas se encuentran en la escuela, la institución está en condiciones de garantizarles seguridad y protección, en caso de que alguna amenaza conocida o desconocida se llegue a concretar.

Por ello, hoy subo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario a manifestar nuestra postura a favor del punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se realicen acciones, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.

Sin embargo, también tomo la palabra para hacer algunas precisiones sobre el mismo, que en nombre de la subsidiaridad que defendemos en Acción Nacional creo pertinente enunciar, porque para nosotros es deber del Estado promover la participación de las personas, los grupos intermedios y de sí mismo, en la construcción del orden social y del bien común.

En primer lugar, quiero comenzar subrayando que la comunidad educativa se integra por diversos actores que incluyen, sí al secretario de Educación, pero también a las autoridades educativas de nivel local, al presidente o presidente municipal, a las familias vecinas al edificio escolar y en general, a la comunidad en donde se encuentra la escuela a la cual los alumnos y alumnas pueden o no pertenecer.

Ante ello, la capacidad de la escuela para ofrecer seguridad depende de decisiones tomadas desde diversos ámbitos y por ello, resulta imposible que la construcción y fortalecimiento de la seguridad de los ambientes escolares puedan estar a cargo, exclusivamente, de un actor, aun siendo éste el gobierno.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que la prevención, el tratamiento y la erradicación de la violencia que afecta a las escuelas y a su entorno, requieren la participación de múltiples actores situados en diversos ámbitos y estamos convencidos de que para emprender acciones exitosas se requiere partir de consensos y acuerdos sólidos, de los cuales emanen metas colectivamente construidas.

Termino, presidente. Aquí para nosotros lo pertinente sería que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, lleve a cabo acciones de prevención y atención de las conductas delictivas para garantizar que los mexicanos disfruten plenamente de sus derechos; es decir, acciones que promuevan el bienestar y el fortalecimiento de la seguridad de la comunidad escolar, bajo un esquema de corresponsabilidad en las familias, la sociedad, en general, los organismos de educación y seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la autoridad en el ámbito social debe ser la más responsable; no hay mejor fuente para la dinámica social que la capacidad de iniciativa personal y comunitaria, apoyados, respetados y promovidos por el Estado.

Por ello, solo de manera corresponsable y coordinada se logrará cumplir con el compromiso del Estado mexicano de proteger a las niñas, niños y jóvenes que estudian, de brindarles espacios seguros, confiables y propicios para la formación integral de los alumnos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Sergio Armando Chávez Dávalos, del PRI, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos. Jalisciense de origen.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos:Saludo a los habitantes del municipio de Tonalá, Jalisco. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Instituto para la Economía y la Paz en el presente año ubica a nuestro país en el sitio 135 de 158 países, como una de las naciones más violentas del mundo, como consecuencia del incremento del número de muertos por el conflicto interno tendiente a la lucha contra el crimen organizado.

En el 2007, cuando se hizo el primer índice de paz global, nuestro país ocupó la posición 78 de 120 naciones; el año pasado ocupó el lugar 119 de 153 países.

Sin duda hemos descendido varios lugares —las cifras no mienten—, tan solo de diciembre de 2006 a marzo del año en curso, 120 mil 692 personas fueron víctimas de secuestro, extorsión u homicidio, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo alarmante es que esta inseguridad e intranquilidad se ha trasladado a la sociedad civil, sobre todo a los grupos más vulnerables, como son los niños y los jóvenes que se encuentran en los centros educativos.

Ha llegado al grado desorbitante de que en las escuelas se realicen simulacros, no contra incendios ni sismos, sino en especial, en el caso de Guerrero, donde se ha venido nada más administrando el tema de la inseguridad en las escuelas, que no ha venido una coordinación de los tres niveles de gobierno, donde ha habido una ineficiencia y una incapacidad.

Varios centros escolares de las diversas entidades federativas se encuentran en situaciones similares, ya que suspenden clases por posibles enfrentamientos de los grupos colectivos, o porque ya se consumaron dichos enfrentamientos, colocando a los alumnos en dicha indefensión.

Debemos actuar en este grave problema, ya que los maestros, los padres de familia y los alumnos demandan tranquilidad en las instituciones educativas, y solo desean estudiar en un entorno sin violencia, asistir a las escuelas sin preocuparse por su integridad física.

Ante ello, el Grupo Parlamentario del PRI se une al punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de Educación Pública, realicen acciones de manera coordinada, tendientes a garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado de Tonalá. A ver, pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura a la licencia de don Martí Batres Guadarrama.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio solicito a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados licencia al cargo de diputado federal a partir de esta fecha.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Licenciado Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, no está ni fundamentada ni razonada. Pero esta Presidencia considera que es derecho de los legisladores el pedir licencia; por cierto, no a la Mesa Directiva, sino a la asamblea, lo que hacemos en este momento, y supliendo la queja del diputado Martí Batres, vamos a fundamentarla en términos de la fracción V del artículo 12 de nuestro Reglamento.

Se ruega a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Martí Batres Guadarrama, para separarse de sus funciones como diputado federal electo, en la cuarta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están a la consideración.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Para hablar a favor, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Quiero saludar la decisión del diputado Martí Batres, de separarse. Hoy por la mañana él participó en una asamblea constitutiva de una nueva organización política denominada Morena, que muchos de ustedes han escuchado de ella; es una organización política que está destinada a la transformación profunda del país, se los aseguro.

Martí Batres fue electo hoy presidente de esta nueva agrupación; por eso, para ser congruente con los estatutos, dado que esta naciente organización no permite que legisladores, funcionarios públicos o dirigentes de otros partidos participen en Morena, tendrán que separarse antes de ser electos como dirigentes.

Martí Batres actuó como siempre, con congruencia. Y ha decidido separarse del cargo para incursionar en esta nueva responsabilidad política como dirigente nacional de esta nueva organización denominada Morena, que el día de ayer decidió convertirse en partido político e iniciar los trámites correspondientes para la obtención del registro.

Por eso, ciudadano presidente, quise hacer referencia para saludar la congruencia de uno de nuestros miembros, de los miembros de esta asamblea; un diputado que fue electo en una circunscripción plurinominal y que prefirió hoy encabezar políticamente este esfuerzo enorme del Movimiento de Regeneración Nacional. Enhorabuena para él, enhorabuena para el país.

Saludamos, de verdad, con honestidad y seriedad, el nacimiento de esta nueva organización política. Agradezco que hoy no haya habido expresiones silbatinas tempranas. Es impresionante. Ya tengo ubicado a todo ese que chifla. No quiero generalizar, lo tengo muy bien ubicado.

Saludamos a Morena y que sea para bien del país. Va a ser la organización política más poderosa, más importante del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la licencia por tiempo indefinido, fundamentada y razonada en la fracción V del artículo 12 del Reglamento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Llámese al suplente.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Rafael Acosta Croda, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, a fin de que se conduzca con estricto apego a la legalidad, civilidad, respeto y tolerancia en la pluralidad política.

El diputado Rafael Acosta Croda: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes señoras legisladoras y legisladores, no vengo a tirar un discurso demagogo, vengo definitivamente a denunciar la persecución política, la opacidad en el uso de los recursos públicos del ayuntamiento de Veracruz; no vengo tampoco a criticar partidos políticos, porque no es mi función y aparte sabemos que esta Cámara —por lo que hemos visto— está unida para sacar a México adelante.

Vengo como representante popular de más de 80 mil votos que sacamos en la pasada elección de diputado federal, y vengo por ellos, porque durante mi campaña vi la realidad, la opacidad, la falta de oficio político y el saqueo sistemático de recursos que ha hecho el municipio de Veracruz.

Perdónenme mujeres, de ahí nací, de ahí fui parido, no puedo hablar mal de una de ellas, las quiero a todas, pero aquí tengo que hablarlo.

¿Qué ha hecho Carolina Gudiño Corro, de este ayuntamiento? Invito a todos los que quieran ir a Veracruz para que constatar mis dichos; las colonias están sin pavimento, sin luminarias, con baches; las escuelas nada más están pintadas, pero sin equipamiento.

Bueno, una vez que vimos eso, una vez que ganamos, recogimos las demandas de todos los ciudadanos y a ellos nosotros nos debemos.

Un grupo de amigos, compañeros del PAN, del PRI y del PRD, de muchos lados, y empresarios, juntamos fondos y con recursos propios empezamos a hacer bacheos, reparación de luminarias, sustitución de las mismas, equipamiento de escuelas, becas, lentes, apoyos económicos, porque esto es lo que debe de hacer también un legislador, no nada más venir aquí a la curul a levantar el dedo o a hacer reformas, iniciativas, tiene uno que estar en su municipio y eso es lo que estamos haciendo.

Para muestra, el día 9 de noviembre estuvimos el diputado Germán Pacheco, de Tampico, Tamaulipas y un servidor, diputados federales, y fuimos agredidos por personal del ayuntamiento; porros y vendedores ambulantes, personal de Carolina, y así ha sido sistemáticamente durante todos los actos que hemos hecho.

No me voy a retirar, a mí no me van a parar; no soy de las personas que se salen, soy una persona de convicciones firmes y vamos adelante.

Creo que Peña Nieto, el presidente entrante, va a gobernar para todos los mexicanos, no nada más para un partido y hay que darle el beneficio de la duda y así lo creo.

Por lo tanto, señor presidente, exhorto y pido tres puntos:

Primero. Que esta Cámara de Diputados exhorte a la alcaldesa del municipio de Veracruz, a fin de que se conduzca con civilidad, con pleno respeto a la legalidad, al estado de derecho, a la pluralidad y al cese de persecución política a toda persona que no comparta la misma posición e ideología política.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al ayuntamiento de Veracruz a que cesen de utilizar las instituciones públicas en contra de adversarios políticos, así como que los funcionarios y servidores públicos se conduzcan con absoluto y pleno respeto a la legalidad y al Estado de derecho, y;

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de auditar los recursos otorgados vía ramo 33 al municipio Veracruz, en específico los recursos otorgados al mismo de los fondos Fortamun, Subsemun, incluyendo los relacionados con el capítulo de obras y gastos personales. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la alcaldesa de Veracruz a conducirse con estricta sujeción a la legalidad y la civilidad, así como con respeto y tolerancia de la pluralidad política; y a la ASF, a fiscalizar los recursos del ramo 33 que el estado otorga a dicho municipio, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Rafael Acosta Croda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, Veracruz, Carolina Gudiño Corro, a fin de que se conduzca con estricto apego a la legalidad y el estado de derecho, civilidad, respeto y tolerancia a la pluralidad política.

Consideraciones

Un país en donde se respete la legalidad y el estado de derecho exige invariablemente conducirnos con civilidad, tolerancia y respeto de la pluralidad política, asumíendolos como valores imprescindibles de la cultura democrática.

México, sin lugar a dudas, es un país plural y multicultural, en donde se hace indispensable el diálogo y los valores democráticos para la construcción de una sociedad ordenada. No podemos y no debemos conducirnos bajo la ley del más fuerte ni bajo argumentaciones de absolutos.

La tolerancia consiste en aceptar al otro con sus diferencias, reconociendo que dichos rasgos pueden ser enriquecedores; significa respetar el legítimo derecho que tienen los demás a expresarse y actuar. Este concepto, incluso implica soportar lo que no es común y lo que nos parece extraño.

Desde el proceso electoral, los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz nos comprometimos con las y los veracruzanos a desarrollar con recursos propios un programa de “rebacheo” de calles y vialidades en el municipio, así como otras actividades como reparación de luminarias, equipamiento de escuelas, becas, etcétera para contribuir a darles solución a las quejas más sentidas de las y los ciudadanos.

Acorde a las facultades de gestoría con las que contamos los diputados federales y a los principios de Acción Nacional, ideamos un programa innovador para mejorar las condiciones del pavimento de nuestras calles. Este programa es una respuesta subsidiaria ante un problema grave de la ciudad que sólo ha despertado la inactividad y el poco interés del gobierno municipal por responder a sus promesas de campaña.

Es importante mencionar que en tiempo y forma y en repetidas ocasiones presentamos por oficio varios exhortos a las autoridades correspondientes para que cumplan con esta responsabilidad que tienen encomendada y están obligados a cumplir, sin recibir respuesta.

El pasado viernes 9 de noviembre del presente año el suscrito, acompañado de varios diputados federales del PAN, personal, camiones de asfalto, maquinaria compactadora y cuadrillas de trabajo, nos dirigimos a la esquina de las calles Francisco I. Madero y Juan Soto, para iniciar con el programa de “rebacheo”.

A punto estaba de dar el “banderazo de salida” al programa, cuando fuimos agredidos en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz por un grupo de personas encabezadas por personal del ayuntamiento, entre los que destacaban inspectores de comercio, incluido concretamente el señor Jonathan Vicarte, fotógrafo personal de la alcaldesa Carolina Gudiño Corro.

Mis compañeras y compañeros diputados, así como ciudadanas y ciudadanos simpatizantes con este proyecto, fuimos objeto de la intolerancia de quienes piensan distinto. Sufrimos agresiones físicas y verbales. Lo lamentable no son estas conductas que les describo, lo más grave es que exista quien considera que puede seguir apegando sus acciones a los valores antidemocráticos y dictatoriales del viejo régimen priista.

México ya cambió y no es el mismo de hace ochenta años. Los diputados del PAN no permitiremos que vuelva ese sistema antidemocrático de funcionarios públicos desprovistos de toda responsabilidad que siguen pagando a los más necesitados para manifestarse y agredir. Es indignante que existan políticos que sigan lucrando con la necesidad de la gente.

Mucho nos ha costado alcanzar mejores niveles de democracia en el país, no podemos permitir que las autoridades del ayuntamiento de Veracruz sigan utilizando en el quehacer político la denostación, la violencia y la sinrazón como estrategias para dirimir diferencias ideológicas.

Debe condenarse que las instituciones públicas construidas para todas y todos, sean utilizadas en contra de los adversarios políticos y se impida que los esfuerzos redunden en beneficios para la sociedad.

En Acción Nacional así lo hacemos y exigimos, la generosidad del PAN alcanza para reconocer en otros, incluso a quienes se considera adversarios políticos, su capacidad de aportar ideas y esfuerzos para contribuir a resolver los problemas que aquejan a nuestra comunidad.

Desde esta tribuna, convocamos a todos los actores políticos a conducirse bajo los valores de la democracia y el respeto a la legalidad. Son los ciudadanos quienes pueden otorgar el respaldo a las acciones de los servidores públicos, son ellos quienes nos otorgan o no la confianza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, Veracruz, a fin de que se conduzca con civilidad y pleno respeto a la legalidad, al estado de derecho, a la pluralidad, y cese en su persecución política a toda persona que no comparta la misma posición ideológica política.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al ayuntamiento de Veracruz, a que cese en utilizar las instituciones públicas en contra de adversarios políticos así como a que los funcionarios y servidores públicos se conduzcan con absoluto y pleno respeto a la legalidad y el estado de derecho.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de auditar los recursos otorgados vía Ramo 33, al municipio de Veracruz, en específico los recursos otorgados al mismo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo los relacionados con el capítulo de obras y gastos personales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.— Diputado Rafael Acosta Croda (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Monreal, nada más déjeme preguntarle si acepta. Diputado, ¿acepta usted una pregunta?

Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 100, si acepta la urgente y obvia resolución...

A ver, sonido en la curul de don Ricardo Monreal.

El diputado Rafael Acosta Croda:Dígame, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): ¿Me acepta una pregunta?

El diputado Rafael Acosta Croda:Claro que sí.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Eso que usted está planteando; primero, me parece que normalmente aquí acuden lambiscones sin oficio, pero es su problema.

Segundo. Mi pregunta es, en los tres puntos que usted contempla, ¿no le parece demagogia lo que la Constitución previene? Usted tiene fuero, ¿ya presentó usted la denuncia penal contra la presidenta municipal?

Le estoy preguntando si ya acudió a la Procuraduría y si ya hizo del conocimiento ante la Mesa Directiva para que velen por su fuero constitucional, que la Constitución consagra y que debe defenderlo el Presidente de la Mesa Directiva, o simple y sencillamente es un ardid de tipo político para descalificar a la presidenta, que ni conozco.

Eso sí es demagogia, eso sí es descalificación absurda y torpe; por eso le pregunto.

Enseguida, presidente, le pido me permita hacer también mención a los comentarios que haga el diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, por favor, diputado.

El diputado Rafael Acosta Croda: No, ninguna de las precisiones que hizo usted, señor diputado. No necesito para nada ir a la Procuraduría a poner mi denuncia, la quise poner aquí en la Cámara, porque son actos consumados, actos reales.

Si usted no creé, lo invito con todo gusto a que usted constate las demandas de los ciudadanos de Veracruz; no necesito que me defiendan, me defiendo solo y la verdad es que si usted lo ve así es muy su punto de vista. Le agradezco mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 100, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Repita la votación, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se acaba de recibir de la Junta de Coordinación Política la petición de incorporar otro tema de agenda política, que tiene que ver con el 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Tiene el uso de la voz don Ricardo Cantú Garza, del PT, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, 20 de noviembre, los mexicanos conmemoramos el 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, al menos como fue concebido por Francisco I. Madero, en el Plan de San Luis, el 5 de octubre de 1910, en cuyo último considerando se convocó a los mexicanos para que el domingo 20 de noviembre, desde la 6 de la tarde, se levantaran en armas.

En estricto sentido, las hostilidades dieron inicio el 18 de noviembre en la ciudad de Puebla, con el ataque que sufrieron los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Serdán, en su domicilio en la capital del estado.

La dictadura de Porfirio Díaz tenía hartos a los mexicanos, en virtud de la sistemática entrega de los recursos naturales del país a compañías extranjeras, como ocurrió en el caso del petróleo, la minería o los ferrocarriles, por citar solo algunos ejemplos.

En materia política, el grupo de oligarcas impedía el ascenso de las clases medias a las funciones del gobierno, aunado al último fraude electoral cometido por Porfirio Díaz, el llamado de Francisco I. Madero cundió rápidamente entre la población.

No podemos pasar por alto el que Madero creía que los problemas de la nación se resolverían con un solo cambio de gobierno, dejando intocado el aparato burocrático y militar de la dictadura.

Madero no entendió que lo que los mexicanos reclamaban era una auténtica revolución social, en donde la clase campesina y obrera tuviera un reconocimiento mínimo a sus derechos; nunca entendió que las huelgas de Cananea y Río Blanco se dieron en búsqueda de mejores condiciones laborales, sin importar quién gobernara el país en la Ciudad de México.

En noviembre de 1911, Emiliano Zapata expide el Plan de Ayala, documento que reconoce el derecho de los campesinos a la tierra y en donde se expresa el desconocimiento de Madero como presidente de la República, por no haber cumplido con su compromiso contenido en el artículo 3o., párrafo tercero, del Plan de San Luis, en lo relativo a la restitución de la tierra a quienes habían sido privados de su propiedad.

Las propias contradicciones entre la clase gobernante y la injerencia indebida del embajador de los Estados Unidos de América trajo como consecuencia el golpe de estado y el asesinato del presidente Madero.

Los grupos revolucionarios, con excepción de Zapata, que luchó solo en contra de Victoriano Huerta, se unieron en torno al entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien expidió en marzo de 1913 el Plan de Guadalupe.

Como resultado de la segunda etapa de la Revolución se convocó a un Congreso Constituyente, mismo que expidió la Constitución que actualmente nos rige, en la que se estableció por primera vez en el mundo el estado social de derecho, con el reconocimiento de los derechos de la clase obrera y campesina, así, la propiedad originaria de la nación sobre los bienes del subsuelo, en particular sobre el petróleo.

A 102 años del inicio de la Revolución Mexicana, desde el gobierno se ha auspiciado la vulneración de los derechos de los trabajadores, como lo vimos en la aprobación de las recientes reformas a la ley laboral del trabajo (Ley Federal del Trabajo); se ha vulnerado —con la contrarreforma de 1992 al artículo 27 constitucional— la propiedad social, y ahora desde el gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre se pretende dar reversa a la propiedad de los mexicanos de nuestros recursos naturales que se encuentran en el subsuelo.

Debemos preguntarnos si el lema de Francisco I. Madero, de hace 102 años, de sufragio efectivo, se cumple, porque todos pudimos apreciar cómo en el pasado proceso electoral para elegir presidente de la República la elección presidencial fue comprada.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su reconocimiento a quienes hace 102 años iniciaron una lucha armada en la que muchos perdieron la vida por legarnos un país más justo, democrático y con oportunidades. Hoy refrendamos nuestro compromiso por continuar con la misma lucha a favor de todos los mexicanos.

La mejor manera de honrar a nuestros héroes y mártires de la Revolución mexicana es luchando por mantener las conquistas, fruto de la Revolución y seguir, ¿por qué no? Profundizándola. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Bribiesca, tiene el uso de la voz.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy conmemoramos el 102 aniversario del inicio oficial de la Revolución Mexicana, a partir del llamado Plan de San Luis, publicado en San Antonio Texas, por Francisco I. Madero, en el que se denunciaba el fraude electoral en la elección en la que se reelegía una vez más Porfirio Díaz.

Lo que comenzó como una lucha por el poder y el respeto al sufragio efectivo, dio lugar a la primera gran revolución social del siglo XX, porque más allá de cuestionar si lo que se inició en ese momento fue o no fue un proceso revolucionario, como hasta entonces lo habíamos entendido, lo cierto es que en el devenir de la historia podemos confirmar un antes y un después en la construcción de nuestro país.

Es difícil entender nuestro presente y aún más complicado visualizar nuestro futuro, si no comprendemos a cabalidad lo que la Revolución Mexicana significó en la historia de las instituciones de nuestro país.

Muchas ideas actuales en México están basadas —es importante reconocerlo— en los logros de la Revolución, que produjo grandes avances, en materia como la cobertura educativa, el acceso a la atención médica, en la cultura y en la economía, pero desgraciadamente no creó una política que evolucionara y cuyos actores respondieran a las necesidades del entorno.

La Revolución se enfocó en solucionar problemas inmediatos, en el plano agrario, el laboral, el educativo y el económico, y buscó asentar las bases para un futuro mejor del país, dejando como uno de sus legados la estructuración en varias materias, como las sociales, la consolidación de un Estado rector, así como el presidencialismo y una Constitución que marcara los cambios.

Más allá de interpretaciones ideológicas, de fobias o filias, el proceso revolucionario permitió el surgimiento de un país con unidad e identidad nacional, con instituciones que actualmente desempeñan una función primordial en el sistema social.

Como resultado de lo que inició aquel 20 de noviembre de 1910, surge la Constitución de 1917, en la que incorporaron aspectos fundamentales en la estructuración económica, social, laboral, política y cultural del país. A la luz del presente, podemos juzgar si la revuelta que sumió al país en una guerra civil durante una década cumplió o no cumplió los objetivos.

Para el Partido Nueva Alianza, la Revolución Mexicana cumplió su propósito, si atendemos al contexto histórico de principios del siglo XX, pero fue insuficiente para cumplir sus objetivos sociales, principalmente en cuanto a disminuir la desigualdad y la pobreza de nuestro país.

Recordemos que algunas de las causas sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana fueron la explotación de los peones en las haciendas, el latifundismo, una pobreza extrema en las zonas rurales y un sistema injusto, en el que prevalece la desigualdad y la exclusión social.

De acuerdo con los resultados recientes del Coneval, hay 11.7 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza extrema y 52 con algún grado de pobreza.

Compañeros y compañeras diputadas, conmemorar el aniversario de un acontecimiento tan importante para nuestro país, no se puede reducir a actos protocolarios o festejos de parafernalia; la mejor forma de celebrar esta fecha es aceptar y hacer nuestro trabajo, para combatir de manera frontal la desigualdad, que aún impera en nuestro país.

Solamente un cambio profundo que abre el camino a un nuevo sistema puede lograr la justicia social que las y los mexicanos estamos buscando. No podemos dar ni un paso atrás hasta que no hayamos logrado, como parlamentarios, influir de forma decisiva en reducir los índices de pobreza y desigualdad en nuestra gran nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, diputadas y diputados, a 102 años del movimiento social más importante del siglo XX, hay una involución política autoritaria en nuestro país. Más allá de vanagloriar el pasado y exaltar la fecha, debemos preocuparnos porque seguimos padeciendo los mismos problemas, las mismas circunstancias, en muchos territorios que le dieron origen a esta revolución.

De qué sirvieron las vidas de las y los revolucionarios, cuando hoy tenemos 52 millones de mexicanos en la pobreza, millones de mexicanos en la economía informal y como carne de cañón del narcotráfico y hay 100 mil muertos, resultado de esta fallida guerra.

Para constatar los retrocesos que hemos vivido, basta hacer una rápida revisión de temas que dieron origen a la Revolución; en 1906, en Cananea, Sonora y al año siguiente en Río Blanco, Veracruz, los obreros de aquellos lugares tenían como banderas de lucha la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de salarios mínimos, indemnizaciones por accidentes laborales, la abolición de tiendas de raya de las haciendas, entre otras cuestiones.

Estas demandas son ahora letra muerta, pues justo la reforma laboral que aprobó el PRIAN precariza el empleo, disuelve los derechos sociales de los trabajadores, condena a los jóvenes a aspirar a la contratación por horas y temporadas, sin prestaciones básicas; establece los despidos exprés y limita la justicia laboral a un año de salarios caídos.

Otro de los grandes motores de esta Revolución fue tierra y libertad. Que la tierra es de quien la trabaja y hoy el campo mexicano se encuentra en el abandono, por falta de inversión, por políticas que privilegian la importación de productos del campo y que solo hacen llegar las subvenciones a grandes empresarios y por las cuales millones de campesinos han tenido que emigrar a las ciudades, a cinturones de miseria en las periferias de las ciudades para no morir de hambre, mientras se sigue fomentando el neolatifundismo, con acaparamiento de tierras en muchos lugares del país.

Qué decir de la bandera de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, de sufragio efectivo, no reelección, que llevó bajo el Plan de San Luis al derrocamiento de la dictadura en la Revolución Mexicana.

Durante más de 34 años, Porfirio Díaz se mantuvo en el poder y los ciudadanos no tuvieron la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes. El poder se concentró en unas cuantas familias.

Hoy de nueva cuenta los poderes fácticos determinan el rumbo del país, vivimos en un porfirismo colectivo; el poder hegemónico que demostró el PRI por 70 años sigue permeando en las diferentes estructuras caciquiles que se viven en todos los niveles de gobierno y en diferentes partes de la vida política, económica y social. Esto ha desembocado en una democracia cínica, donde se exaltan las virtudes de la libre elección, pero se designa arbitrariamente a los gobernantes.

No se puede hablar de sufragio efectivo, cuando se lucra con la pobreza y se acude a prácticas, como la compra de votos y la coacción del voto, o el rebase de topes de gastos de campaña, cuando el poder del dinero define el resultado de la elección e impone a su candidato.

¿Qué pensarían Madero, Zapata, Villa, Carranza, los hermanos Serdán, si vivieran en el México de nuestros días, atado a los caprichos de los monopolios, de sindicatos charros, de medios de comunicación excluyentes y de gobernadores autoritarios?

¿Qué dirían cuando en esta misma Cámara de Diputados nuevamente se entroniza la reacción y hay una contrarreforma permanente de postulados esenciales, cuando hoy muchos espacios son ocupados por aquellos que en su tiempo lucharon en contra de la Revolución Mexicana?

El gobierno entrante ya da avisos de lo que será su gobierno, profundizando esta regresión autoritaria, al darle facultades policiacas a la Secretaría de Gobernación, que en los hechos va a pasar a ser la secretaría de la policía política y va a generar una postura autoritaria, que no conviene en un país con tantos problemas, como el nuestro.

Por otro lado, se vuelve a la política de dádivas, fortaleciendo la política asistencialista de Sedesol —termino, presidente—, en síntesis, la política de la zanahoria y la política del garrote.

Por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, conmemorar la Revolución Mexicana no puede ser un mero recurso retórico, se tiene que avanzar en una revolución concreta, porque vivimos en una revolución interrumpida y vivimos en los hechos en una contrarrevolución. El sufragio efectivo se ha cambiado por un sufragio en efectivo, y esto es un retroceso autoritario inadmisible. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar:Con su venia, señor presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, honorable asamblea, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, sin duda, fue el levantamiento armado de parte de Francisco I. Madero contra el general Porfirio Díaz.

Fueron una serie de eventos y movilizaciones protagonizadas por distintos actores políticos y sociales; las desigualdades sociales y la marginalidad fueron una constante que afectaba a la mayoría de la población mexicana y los estragos de estos avances fueron resentidos por las clases más necesitadas.

Sin embargo, no podemos negar que durante el porfiriato nuestro país experimentó un importante crecimiento económico, progreso industrial y cierta estabilidad política, a quien le denominaron paz porfiriana.

Quiero invitarlos a una reflexión sobre la gestión del presidente Porfirio Díaz: la defensa de la soberanía de nuestra República en tiempos de la intervención francesa; la dignidad que mantuvo frente a Estados Unidos de América; la paridad del peso frente al dólar; por lo que sería pertinente hoy, que se conmemora un año más nuestra Revolución, el traslado de los restos del general Porfirio Díaz a nuestro país.

La Revolución Mexicana que hoy conmemoramos fue uno de los principales eventos de lucha social en la historia de la humanidad y que tuvo como consecuencia nuestra Constitución de 1917; sin embargo, a la fecha la desigualdad sigue vigente, por eso seguimos siendo un país de fuertes discrepancias sociales.

La clase más desprotegida sigue siendo la misma: sin oportunidades de crecimiento, ha tenido que sortear momentos muy complicados, y pese a todos nuestros esfuerzos no lo hemos podido revertir, lo seguimos arrastrando, como legisladores, como representantes del pueblo y como mexicanos esa deuda todavía la tenemos con nuestra sociedad.

Este movimiento demostró solidaridad entre el pueblo; se conjuntaron esfuerzos y voluntades. Pero también es cierto que la historia la escriben los vencedores. Se logró transformar el sistema político y social y se abrió paso a un México contemporáneo y se sentaron las bases para un desarrollo democrático. Fue un gran movimiento social, liberal, burócrata, populista y agrario, que logró mediante ideales y principios, aun en los ciudadanos, respetar la ley y sobre todo concebir el Estado moderno. Debemos hacer una pausa para reflexionar y retomar los verdaderos principios de nuestra Revolución, seguir construyendo día a día la vida democrática de nuestro México. No podemos y no debemos fallarles a nuestras futuras generaciones.

En el Partido Verde deseamos que México sea nuevamente un país seguro, con paz para todos los ciudadanos. Debemos recuperar nuestras libertades. Queremos enaltecer a nuestro país y que el nacionalismo y la solidaridad vuelvan a ser el eje principal entre nosotros los mexicanos.

Hagamos una revolución pacífica, educativa, generadora de empleos, de oportunidades para todos; que abra las puertas del futuro a las generaciones venideras, y hagamos una reflexión profunda de nuestra historia, de nuestros grandes mexicanos, que le han aportado a la vida institucional de nuestro país, que han aportado a través de sus batallas la educación y la lucha permanente en contra de aquellos grandes enemigos que este país enfrenta, que es la marginación, la pobreza y la desigualdad. Vayamos juntos a resolver el futuro de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Mario Miguel Carrillo Huerta, del PRD.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sin duda, no se puede recordar para honrar la Revolución Mexicana de 1910, sin hacer mención de sus características y de las de quienes participaron en ella.

Lo que inició como un movimiento político, pronto se convirtió en el primer movimiento social mundial —por lo menos de ese siglo— debido a que se conjuntaron dos situaciones; por un lado, la decisión de un número suficiente de líderes sociales mexicanos de salir de una buena vez de la desesperanza, en la que se vive cuando hay impotencia por mejorar las posibilidades de supervivencia, con bienestar de la población, y por otro, la insensibilidad de los gobernantes, que colocaron al pueblo ante la disyuntiva de morirse de hambre en paz o buscar un cambio arriesgando la vida, que era prácticamente lo único que controlaban entonces.

Fue un inicio muy doloroso de un cambio para el país, por el número de vidas que se perdieron, como también porque todos los procesos sociales y económicos se trastocaron, poniendo muchas veces en riesgo la viabilidad de la nación.

Pero es necesario, además de honrar siempre a todos los responsables del inicio y la continuación de nuestra Revolución, y me refiero a los Arriaga, Flores Magón, Carranza, Cabrera, Orozco, Villa, Zapata, Pino Suárez o los hermanos Serdán, entre muchísimos otros, es necesario, insisto, reflexionar sobre las características y el significado de esa revolución social, del cual quisiera destacar tres:

Primero. La Revolución Mexicana debe de reconocerse como un proceso social con cambio de paradigmas; como tal, debe reconocerse también que ese nuevo paradigma evoluciona de manera permanente con altibajos, con discontinuidades, con sobresaltos, pero evoluciona.

Segundo. La Revolución Mexicana se inició como movimiento violento, por la acumulación del descontento en el seno de prácticamente todos los grupos sociales, aunque fue notorio que quienes más vidas ofrecieron provenían del sector campesino, que era el más relevante, en términos económicos en aquel tiempo.

Tercero. En la evolución social los paradigmas tienen que responder a los retos que les presenta la realidad, so pena de llegar a una situación donde sea sustituido por otro paradigma que sí responda a los requerimientos sociales.

Si esas premisas son correctas, entonces los mexicanos deberíamos, por lo menos de vez en cuando, reflexionar si nuestro paradigma actual está respondiendo adecuadamente a los retos, o estamos ante una acumulación de no respuestas, llámese descontentos, que pueden orillar a un cambio brusco de paradigmas; es pasar de una evolución a una revolución.

Es aquí donde vale la pena hacer un recuento rápido de lo que ha estado pasando en México durante por lo menos los últimos 20 años y que ya los oradores que me antecedieron han dado buena cuenta de ello.

Aquí ya escuchamos, de todos los colores, cómo nos ha faltado resolver problemas tan lacerantes como la pobreza, tanto entre sectores como entre regiones; cómo no hemos podido resolver el problema de educación, la salud, el transporte, todo; la familia precisamente que tiene que vivir cada vez mejor, veamos en términos específicos qué es lo que ha pasado.

El sello bélico —digamos— de la gestión gubernamental reciente, dio como resultado la proliferación de la violencia y la ausencia de justicia social; el gasto superfluo y suntuario, al más puro estilo de don Porfirio —perdón, sin el don—, ha generado una gran desconfianza en el gobierno y un alto descrédito en las instituciones por parte de la ciudadanía. Eso también debería, en cierta manera, preocuparnos.

Ahora bien, si pudiéramos identificar que hay herederos de la Revolución, podemos decir que hoy abanderan ciegamente al libre mercado, sin ver precisamente el tipo de problemas que genera y que por sí solo no va a poder resolver.

Segundo, los artífices del sindicalismo hoy lo desmantelan; los promotores de la expropiación y nacionalización de bienes hoy subastan el patrimonio de todos, y quienes salvaguardaron los derechos obreros, campesinos y populares hoy dejan a todos al garete, a su suerte, presas de la ferocidad de este mercado.

Termino, diputado presidente. Por todo ello, quiero, desde esta tribuna, arengar, llamar a las dirigencias políticas del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena para que de nuestras trincheras, desde nuestras diversas maneras de militar sigamos en la bola.

Como decían hace 102 años: no importa lo que hagas y con quién lo hagas, lo importante es hacer algo para superar la pobreza y la injusticia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, tiene el uso de la palabra don Alberto Coronado Quintanilla, del PAN. Posteriormente don Jesús Morales e inmediatamente después, esta Presidencia informa que vamos a una ronda de iniciativas y levantaremos la sesión.

El diputado Alberto Coronado Quintanilla:Con su permiso, señor presidente. Amigas y amigos todos, hoy celebramos un siglo más del inicio de la Revolución Mexicana, revolución que costó muchas vidas, vidas de hombres, mujeres, niñas y niños que entregaron su vida con el deseo, con el anhelo de ver un México con igualdad para todos, un México con justicia, un México con salud, un México con educación, en suma, un México sin carencias materiales.

Los sueños de Zapata, de Madero, de Villa, de Carranza, de muchos más siguen sin cumplirse a plenitud.

Si bien hemos avanzado, hemos logrado servicios de salud, como nunca en la historia; vivienda, como nunca en la historia; apoyo a más de seis millones de familias en pobreza; infraestructura, como las mejores; hemos avanzado en libertad de expresión, hemos avanzado en democracia, hemos avanzado en transparencia; hemos resuelto los conflictos agrarios por los que luchó Zapata, hemos logrado tener estabilidad económica, como las mejores del mundo, inclusive de los vecinos del norte, seguimos ofendiendo a los mexicanos y más aún a los que menos tienen, con casos de corrupción inaceptables, inadmisibles.

Vemos mexicanos corruptos, con un cinismo que generan sentimientos de odio de la gran mayoría de los mexicanos; corrupción que se presenta en todos los niveles de gobierno, pero también en los demás sectores sociales, en líderes sindicales, en líderes campesinos y también en líderes empresariales.

Esta corrupción, junto con la falta de talento, es una clara razón por la cual seguimos con millones de mexicanos en pobreza; esta corrupción ha generado que la brecha entre los que más tienen y menos tienen, siga siendo inaceptable.

Celebremos la Revolución Mexicana honrando a todos nuestros héroes, a los héroes públicos y también a los héroes anónimos. Los miles de millones de héroes anónimos que en la Revolución Mexicana y también antes y después han entregado su talento, su tiempo, su esfuerzo y hasta su vida por ese México que sabemos que podemos lograr, por ese México que merecemos, por ese México ganador del cual tenemos múltiples vivencias, este México que cada uno de nosotros queremos ver, empezando por nuestras familias, con esa convivencia que nos llena de energía y satisfacción, esa convivencia que nos permite estar aquí, nos permite tener el ánimo y la energía para llegar a ser diputados.

Nos encontramos ahora en la realidad de la vida democrática. Ciertamente hace falta, todavía, muchas acciones para consolidar la democracia y llevarla a ser práctica cotidiana de todos los municipios y distritos del país; hace falta que los actores políticos tengamos un mayor grado de madurez y de responsabilidad; hace falta que la política mexicana, entendida como el conjunto de actores políticos, sociales y económicos asumamos visión de futuro; hace falta reemplazar instituciones que históricamente no han funcionado y construir las que eleven nuestros niveles de bienestar y desarrollo.

Lo importante es que ya disponemos de instrumentos básicos para construir las soluciones que necesitamos. Tenemos que aprender a usarlos con la eficacia y la rapidez que reclama el futuro de México.

Amigas y amigos todos, para mí —y estoy convencido que para todos mis compañeros que soñamos algún día trabajar por México—, hoy Dios nos da la oportunidad, hoy estamos en el aquí y ahora, hoy nos corresponde a nosotros responder a cada mexicano que no ha tenido esta oportunidad, a cada mexicano que sale cada día en busca de lograr sus sueños, responder a nuestros maestros que han soñado en un mejor México, responder a nuestros padres que han entregado lo que más tienen, su vida por nosotros.

Para lograr ese México es indispensable exigir y vivir una escrupulosa honradez, por honor a nuestros padres, visión de largo plazo y abierto a adoptar las que han acabado con la pobreza en todos los países, prácticas que reconocen la naturaleza humana con virtudes y defectos.

Hagamos de la revolución de este siglo una revolución pacífica —termino, señor presidente—, una revolución de talentos, una revolución de comunicación, una revolución donde tomemos riesgos, privilegiemos la comunicación y el consenso con la única intención de dar respuesta a todos y cada uno de los mexicanos, sobre todo a los que cuentan con menor bienestar. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, en este punto del orden del día, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Morales Flores:Señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores, conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana no es un acto nostálgico, sino un necesario ejercicio de memoria colectiva de un pueblo libre que sabe reconocerse en su historia.

El movimiento armado de 1910 es expresión de una profunda transformación con la que se perfiló el rostro del México del siglo XX; el reformismo social de la revolución está en la base que minó las estructuras del antiguo régimen del porfiriato e integraron en el pacto social, que establece la Constitución de 1917, la síntesis programática de las fuerzas políticas y sociales que intervinieron en el movimiento armado.

Sus efectos transformaron para siempre la relación del Estado con los campesinos, los empresarios, los obreros, las clases populares, el agro, la educación, la defensa de los recursos naturales y la orientación de la inversión pública y privada. Sentaron las bases de una radical transformación del México contemporáneo, que logró consolidar una posición soberana en el mundo.

Sin embargo, y a pesar de los logros en materia de seguridad social y servicios públicos, la construcción de un sistema financiero y carretero, de la generación de vivienda popular para trabajadores, de la casi universalización de la educación, aún tenemos pendientes importantes que atender para vencer nuestros atrasos más seculares.

No obstante nuestros enormes recursos y potencial creativo, aún existen pobreza y marginación extremas; el campo mexicano está depauperado, las haciendas públicas estatales y municipales están en números rojos, el sistema de salud pública y seguridad social está en crisis; tenemos una baja calidad educativa, que se traduce en bajos niveles de productividad, y a este diagnóstico se suma nuestra incapacidad alimentaria, con la siguiente importación de inflación y los altos índices de criminalidad y violencia, que han inhibido la inversión privada y el adecuado funcionamiento de la economía formal.

Es momento para conmemorar la Revolución Mexicana con visión renovada, viendo hacia el futuro para lograr las reformas necesarias que fortalezcan una gobernabilidad democrática, recuperar la seguridad pública, afianzar la certeza jurídica y asegurar crecimiento y empleo; reconocer lo que nos identifica y nos une en la pluralidad y los valores que compartimos, producto de nuestra historia común.

Necesitamos inspiración e imaginación política de los valores más genuinos que inspiraron el movimiento armado del 20 de noviembre de 1910 y decir que en estricto sentido tenemos un ideario y una ideología política vigente.

Actuemos con convicción y congruencia democráticas, con visión histórica y de futuro, eso nos permitirá evitar que esta fecha sea una simple remembranza histórica. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tenemos las iniciativas de los ciudadanos diputados. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 65, 67 y 69 de la Ley General de Educación.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Buenas tardes. Con la venia, señor presidente. Presento esta iniciativa junto con mi compañero diputado Abel Salgado Peña, quienes estamos convencidos que la educación es una de las soluciones a la mayoría de los males de este país.

En la práctica, las escuelas de padres constituyen un espacio de apoyo y sostén profesional para hacer frente a las dificultades de ser padre, en que se concurre cuando tienen necesidades de orientación, información o asesoramiento.

Es claro que aún cuando la maternidad y paternidad no constituyen planes de estudio de alguna universidad, tampoco hay un manual o recetas para su mejor desempeño.

En México, el concepto escuela de padres fue acuñado por la maestra especialista Margarita Garza Tijerina, directora del Instituto Médico Pedagógico, en 1959; para el desarrollo del concepto citado, se dedicó a organizar reuniones quincenales, en las que se abordaban temas solicitados por los mismos jefes de familia, quienes trabajaban con apoyo de un equipo interdisciplinario. A partir de entonces hay un progreso gradual en la concepción y organización de este tipo de programas.

Actualmente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha incorporado el concepto de escuela de padres de familia, a manera de pláticas en lugares públicos.

No omitimos en comentar que por tratarse de un área de las ciencias sociales, la ciencia que otorga el apoyo para la formación de las escuelas para padres la constituye la psicología.

Todo lo anterior es un ejercicio en que los objetivos del programa son: sensibilizar a los padres de las diferentes problemáticas que afectan a la familia y del papel que tiene en la prevención y atención de las mismas; ofrecer datos y conocimientos básicos sobre los temas que permitan una mayor capacitación de los padres de familia para que cuenten con más recursos en el desempeño de sus funciones; propiciar en ellos actitudes y conductas que les permitan generar el bienestar familiar y social, por medio del conocimiento del desarrollo de sus hijos; hacer partícipes a los tutores del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, entre otros.

Este programa ha sido implementado por gobiernos de varias entidades federativas, como Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, en un ejercicio por llevar prácticas de valores al núcleo familiar, como la célula de la sociedad.

Ahora bien, se propone incorporar en este esquema a los maestros, así como a los alumnos, ya que la escuela de padres no es un concepto bilateral en la que solo participan padres de familia, creemos que la multilateralidad del concepto y de la educación involucra a maestros, padres de familia y alumnos; los maestros se incorporan de manera académica, social y psicológica; los padres participan con su asistencia y colaboración en las diferentes actividades.

Uno de los factores que está relacionado con la capacidad de las escuelas para logar más y mejores resultados de aprendizaje de los alumnos es la participación y colaboración de los padres.

Prosiguiendo, el último escalafón de la triada funcional de la escuela de padres —los alumnos— participan monito-reando las actividades para padres en un esquema en que la retroalimentación surge para corregir desviaciones.

Además de lo anterior, la participación de los padres produce alumnos con mejores notas, mejores rendimientos académicos a largo plazo, mejores actitudes y conductas en el colegio, programas académicos más exitosos, escuelas más efectivas y en consecuencia, mejores mexicanos para consigo mismo, con su comunidad y con su país.

Existen factores que intervienen para que se lleve a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, entre otros, el nivel socioeconómico, escolaridad de los padres, infraestructura educativa, preparación de los maestros; sin embargo y es de recalcar, el factor más importante que existe para que un alumno pueda aprender es la interrelación que puedan tener padres, alumnos y lógicamente, los maestros.

Así las cosas, creemos que el concepto de escuelas para padres puede incorporarse en el sistema educativo nacional, ya que con su implementación podría aportar mejores condiciones a la superación de los educandos, por las siguientes razones: debe ser de libre participación; de integración familiar en su comunidad; en su seno es posible advertir problemas de contenido familiar o social; se instituye como la oportunidad de corregir anomalías.

De conformidad con el espíritu constitucional, estas escuelas para padres serán laicas y de ningún modo pueden construirse como espacios de ideologización política o religiosa, entre otras.

Con esta iniciativa buscamos convertir a cada escuela para padres en un espacio donde converjan el esfuerzo de los maestros, directivos y padres de familia, en las que se generan nuevas formas de apoyo en la formación como ciudadanos de los educandos, que son parte del sistema educativo nacional y se tomen en conjunto decisiones para hacer de cada plantel un modelo a escala de la educación y de la nueva sociedad que queremos y necesitamos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 14, 65, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo de Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por Gabriel Gómez Michel, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Abel Octavio Salgado Peña y Gabriel Gómez Michel, diputados federales a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la práctica, las escuelas de padres constituyen un espacio de apoyo y sostén profesional, para hacer frente a las dificultades de ser padre, en que se concurre cuando tienen necesidades de orientación, información o asesoramiento.

Es claro que aún cuando la maternidad y paternidad no constituyen planes de estudio de alguna universidad, tampoco hay un manual o recetas para su mejor desempeño.

En México, el concepto “escuela para padres” fue acuñado por la maestra especialista Margarita Garza Tijerina, directora del Instituto Médico Pedagógico, en 1959.

Para el desarrollo del concepto citado, se dedicó a organizar reuniones quincenales, en las que se abordaban temas solicitados por los mismos jefes de familia, quienes trabajaban con apoyo de un equipo interdisciplinario. A partir de entonces hay un progreso gradual en la concepción y organización de este tipo de programas.

Actualmente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha incorporado el concepto de escuela de padres de familia, a manera de pláticas en lugares públicos. Otras entidades públicas, como el DIF de Guadalajara, presenta a la ciudadanía, el curso – taller sobre el particular.

No omitimos en comentar, que por tratarse de un área de las ciencias sociales, la ciencia que otorga el apoyo para la formación de las escuelas para padres, la constituye la psicología.

Todo lo anterior es un ejercicio en el que los objetivos del programa son:

• Sensibilizar a los padres de las diversas problemáticas que afectan a la familia, y del papel que tienen en la prevención y atención de las mismas;

• Ofrecer datos y conocimientos básicos sobre los temas que permitan una mayor capacitación a los pater familias, para que cuenten con más recursos en el desempeño de sus funciones;

• Fomentar en ellos actitudes y conductas que les permitan generar el bienestar familiar y social, por medio del conocimiento del desarrollo de sus hijos;

• Hacer partícipes a los tutores, del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, entre otros.

El mismo ha sido implementado por los gobiernos de varias Entidades Federativas, como Jalisco, Tamaulipas o Guanajuato, en un ejercicio por llevar prácticas de valores al núcleo familiar, como célula de la sociedad.

Ahora bien, se propone además incorporar en este esquema, a los maestros así como a los alumnos, ya que la escuela de padres no es un concepto unilateral, en el que sólo participen padres de familia.

La multilateralidad del concepto y de la educación, involucra a maestros, padres de familia y alumnos. Los maestros se incorporan de manera académica, social y psicológica; los padres participan con su asistencia y colaboración en las diversas actividades.

Uno de los factores que está relacionado con la capacidad de la escuela para lograr más y mejores resultados de aprendizaje de los alumnos es la participación y la colaboración de los padres, según la Secretaría de Educación de Jalisco (2003).

Los padres de familia presentan un desencuentro con la escuela, según Cabrera Muñoz (2009). Entre otras, se encuentran las siguientes causas:

“Comodidad: Existen padres y madres que consideran que las reuniones con el profesorado, son una molestia que no les aporta nada.

Inhibición: Muchos padres y madres no quieren colaborar, ya que piensan que no les incumben los temas escolares.

Incapacidad o inseguridad. Algunos padres y madres que no colaboran, es porque creen que no cuentan con una preparación adecuada para hacerlo.

Ignorancia. Algunos padres y madres no saben en qué pueden colaborar [...].”

Prosiguiendo, el último escalafón de la triada funcional de la escuela de padres, -los alumnos-, participan monitoreando las actividades para padres, en un esquema en el que la retroalimentación surge, para corregir desviaciones.

No sólo lo anterior. La participación de los padres produce alumnos con mejores notas, mejor rendimiento académico a largo plazo, mejores actitudes y conductas en el colegio, programas académicos más exitosos, colegios más efectivos y en consecuencia, mejores mexicanos para consigo mismo, con su comunidad y con su país.

No obstante lo anterior, en un módulo de apoyo para las escuelas de calidad, según la Secretaría de Educación de Jalisco (2003), “el discurso de los profesores expresa claramente que ellos requieren del apoyo de la familia para educar a los niños. Este apoyo estaría asociado al ámbito social (cuidar del aspecto externo de niños y niñas), emocional (estimularlos, darles refuerzo positivo), escolar (reforzar aspectos del aprendizaje, especialmente la lectoescritura) y valórico [...]”.

Así las cosas, creemos que el concepto de escuelas para padres puede incorporarse al sistema educativo nacional, ya que su implementación podría aportar mejores condiciones a la superación de los educandos, por las siguientes razones:

• De libre participación;

• De integración familiar y en su comunidad;

• En su seno es posible advertir problemas de contenido familiar o social;

• Se instituye como la oportunidad de corregir anomalías;

• De conformidad con el espíritu constitucional, estas escuelas para padres serían laicas, y de ningún modo pueden constituirse como espacios de ideologización política o religiosa, entre otros.

Hacemos énfasis en uno de los puntos arriba citados y que probablemente sea el que más ha lacerado a nuestro país, y que tiene que ver con la inseguridad.

La escuela para padres podría erigirse, como el espacio natural de detección de inconsistencias o conductas ajenas a la convivencia social, en el que con una adecuada política pública de asistencia psicosocial, es posible corregir o subsanar a tiempo, aquellas deficiencias que en lo futuro podrían convertirse en conductas delictivas.

Creemos que el establecimiento de mecanismos institucionales de participación social, es  clave en el proceso de transformación educativa. Aún cuando la actual política en el sector educativo mexicano se ha preocupado y ocupado por impulsar un nuevo marco institucional que favorezca el ejercicio de la corresponsabilidad entre la sociedad y los distintos órdenes de gobierno de la República con la finalidad de garantizar la  calidad, pertinencia y equidad en la educación básica.

Aún así consideramos que es posible perfeccionar los instrumentos jurídicos aplicables, con la aportación del Constituyente Permanente, como lo hacemos por este conducto.

Con esta iniciativa buscamos convertir a cada escuela para padres, en un espacio donde converjan el esfuerzo de maestros, directivos y padres de familia, en el que se generen nuevas formas de apoyo en la formación como ciudadanos de los educandos que son parte del sistema educativo nacional, y se tomen en conjunto decisiones para  hacer de cada plantel un modelo a escala de la educación y de la nueva sociedad que queremos y necesitamos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III y el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 14, 65, 67, 69 de la Ley General de Educación

Para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XIII. ...

...

En la función social educativa a que se refiere la presente sección, se incorporará la participación las asociaciones de padres mediante la implementación de las escuelas para padres.

Artículo 65. ...

I. a V. ...

VI. Conocer la capacidad profesional de la planta docente así como el resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de presente Ley ;

VII. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar , y

VIII. Participar en las escuelas para padres que implemente la autoridad educativa.

Artículo 67. ...

I. a III. ...

IV. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores ;

V. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos , y

VI. Participar en las escuelas para padres, informando y organizando a los padres de familia, de las actividades propias para su desarrollo que lleve a cabo la autoridad.

Artículo 69. ..

...

a) a h) ...

i) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos, en las que participarán las asociaciones de padres, en los términos de lo dispuesto del artículo 67 fracción VI de esta Ley;

j) a o) ...

Artículo Transitorio.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía:

Cabrera Muñoz, María. (2009). La importancia de la colaboración familia – escuela en la educación. Revista digital “Innovación y experiencias educativas”. Consultado el 15 de octubre de 2012 y recuperado de internet de http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ ense/revista/pdf/Numero_16/MARIA_CABRERA_1.pdf

Secretaría de Educación de Jalisco. (2003). Escuelas de calidad. “Para promover la participación de los padres de familia en la educación: de la colaboración a la asociación”. Consultado el 17 de octubre de 2012 y recuperado de internet de http://portalsej.jalisco.gob.mx/programa-escuelas-calidad/sites/portalsej.jalis co.gob.mx.programa-escuelas-calidad/files/pdf/mpadres.pdf

Sánchez Escobedo Pedro Antonio, Valdés Cuervo Ángel Alberto, Reyes Mendoza Nayely Melina y Carlos Martínez Ernesto Alonso. (2010). “Participación de padres de estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos en México”. Consultado el 16 de octubre de 2012 y recuperado de internet de http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n1/a08v16n1.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de dos mil doce.— Diputados: Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, María del Rocío Corona Nakamura, Francisca Elena Corrales Corrales, Ossiel Omar Niaves López (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerles a los coordinadores, vicecoordinadores e integrantes de todos los grupos parlamentarios que suscribieron esta iniciativa; gracias de verdad por este apoyo, el tema es verdaderamente importante.

¿A quién de los aquí presentes nos gustaría que en este momento estén molestando a nuestros hijos, nietos, sobrinos o familiares? ¿Quién tiene la certeza de que en este preciso instante alguno de sus familiares no esté sufriendo algún tipo de violencia psicológica o física, llamado bullying? ¿Quién tiene esa certeza?

Quiero iniciar mi intervención haciendo referencia a la nota periodística de un lamentable suceso que aconteció en mi estado, el estado de Puebla; en el municipio de Zacatlán, donde estudiaba un menor de tan solo nueve años de edad, el pasado 5 de mayo este pequeño se suicidó víctima del acoso escolar.

El pasado 5 de mayo su madre, la señora Hortensia Vázquez Nicanor —una madre como cualquiera de nosotras—, llamó a las autoridades ministeriales de Zacatlán. A decir de la madre del menor su hijo participó en el desfile del 5 de mayo, pero al regresar a casa lo vio triste. Al buscarlo lo encontró muerto, colgado de un árbol de mora, a través de un pedazo de tela. La madre de la víctima declaró que su hijo se quitó la vida víctima del bullying, víctima del acoso escolar.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, todos los aquí presentes tenemos hijos, nietos, sobrinos y demás familiares, o hijos de amigos, que se encuentran en su etapa escolar, y no nos gustaría verlos amenazados por este mal social, denominado bullying o acoso escolar, sobre todo porque los estudios han demostrado que sufrirlo causa baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, pérdida de interés por la escuela, fobias de difícil solución.

Además, no debemos pasar por alto que en México el 50 por ciento de los suicidios de los jóvenes son consecuencia del acoso escolar. Sí, el 50 por ciento de los suicidios de los jóvenes son causa del acoso escolar.

Quiero compartirles los datos escalofriantes de la primera encuesta nacional de exclusión, tolerancia y violencia en las escuelas públicas de nivel medio superior, la cual se rea-lizó a 13 mil 104 estudiantes, de entre 15 a 19 años de edad.

Se reportó que el 54 por ciento de los estudiantes manifestaron que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de sida; el 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; otro 38.3 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; el 16.3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana, ya escuchamos hace un rato algunos casos, y otro 16 por ciento justifica la agresión a alguien porque le quitó algo; mientras que el 13 por ciento aceptó que los hombres que les pegan a las mujeres lo hacen por instinto. Éste es el reflejo de una encuesta a jóvenes entre 15 y 19 años.

Pero del mismo modo las y los jóvenes encuestados expresaron —el 44.6 por ciento de los hombres y el 26.2 por ciento de las mujeres— que alguna vez han abusado de alguno de sus compañeros.

Entre las formas de maltrato más comunes y frecuentes se identifican los insultos, los apodos, los golpes, las agresiones directas, los robos, las amenazas, los rumores y la exclusión o el aislamiento social. De hecho, recientemente ha aumentado de manera muy importante el llamado bullying cibernético, en el cual se maltrata y se agrede a los estudiantes a través de las redes sociales de Internet y de los blogs.

Como legisladores es necesario reconocer que el bullying o el maltrato escolar es un fenómeno complejo, que emerge en el contexto de la convivencia y que dicho fenómeno social nos está afectando; por lo tanto, no podemos permitir que nuestros niños y nuestros maestros acepten este fenómeno: la ley del más fuerte.

El comportamiento agresivo e intolerante no debe de formar parte de la educación en este país. Debemos garantizarles una educación libre de violencia mediante la adecuación de las normas que regulan el sistema educativo. Este problema se esconde en las aulas. Nosotros como legisladores tenemos que trabajar para resolverlo.

No quisiera alargarme, presidente, solamente quisiera hacer referencia, este tema se está tratando inclusive en las salas de cine, pueden ustedes visitar cualquier cine y ver la película Después de Lucía, y yo les diría lo que estamos proponiendo es adicionar el artículo 33 de la Ley General de Educación con una fracción XVI, que dice así:

Artículo 33, fracción XVI: Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todas las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia.

Y en el artículo 49, que se habla del proceso educativo, le agregamos como un principio fundamental dentro del proceso el tema de la tolerancia.

Quisiera simplemente cerrar, diciéndoles que lo que formemos en nuestros niños y en nuestros jóvenes directamente se verá reflejado en la sociedad mexicana del mañana. Muchas gracias, presidente. Le solicito que sea integrada toda esta exposición en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Isabel Ortiz Mantilla, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVI al artículo 33 y se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley General de Educación en materia de acoso escolar, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El carácter agresivo y violento de la interacción que se da entre los estudiantes dentro de las escuelas se ha constituido en un tema prioritario en la agenda pública, que de un tiempo a la fecha busca el apoyo de todos los actores políticos a fin de lograr hacer de este un tema de atención en la agenda gubernamental, debido, sobre todo, a sus consecuencias en el desarrollo, desempeño y resultados académicos de los niños, niñas y jóvenes en formación.

El bullying (palabra inglesa) es el equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado (Mendoza, 2011).

Entre las formas de maltrato más comunes y frecuentes, se identifican distintos tipos de insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento social. De hecho, recientemente ha aumentado de manera importante el llamado bullyingcibernético mediante el cual se maltrata y denigra al estudiante de distintas formas a través de teléfonos celulares, páginas web, blogs, redes sociales (Facebook, hi5, Twitter, YouTube) u otros medios compartidos y utilizados por los escolares en internet.

Estas prácticas que empiezan a constituirse en hechos cotidianos, conocidos y, en cierto modo, avalados por adultos y los propios estudiantes, entran en total contradicción con aquello que se espera sea una escuela: un espacio de formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos.

Según Gabriela Román y Javier Murillo, en el estudio América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar, desde su origen, estas prácticas responden a patrones culturales de dominio-sumisión que emergen entre iguales y en espacios institucionalizados de estrecha convivencia cotidiana.

Del mismo modo, señalan que a estas prácticas subyacen conductas, creencias y actitudes de todos los actores involucrados, sean estas de afecto, valoración, satisfacción, amistad, colaboración o tolerancia, como asimismo de desafección, prejuicios, discriminación, exclusión o intolerancia.

Lo cierto es que las situaciones o actos de violencia entre pares son mayoritaria y habitualmente invisibles para los docentes, lo que hace más complejo poder reaccionar e intervenir para prevenirlas o erradicarlas, pues el comportamiento violento por parte de algunos miembros de las escuelas puede ser resultado de muchos y variados factores como: ciertas medidas de control y disciplina, del clima escolar que éstas configuran, de las formas en que los alumnos, docentes y las autorida­des escolares son tratados, así como de los criterios de injusticia/justicia, parcialidad/imparcialidad, subjetividad/objetividad predominantes en la aplicación de esas dispo­siciones.

Al respecto, han surgido dos enfoques de atención a este problema social, con los que se procura mejorar la convivencia dentro de las escuelas. Por un lado se encuentran aquel que únicamente fijan la atención en la institución y buscan normar —desde los adultos formadores— aquello que es aceptable o deseable en la conducta de los estudiantes.

Por el otro, existen otras que han atribuido este tipo de violencia a la rebeldía de las alumnas y, alumnos propia de, por ejemplo, la edad, el sexo, la identidad sexual, el estatus socioeconómico familiar, el tipo de familia, la etnia; o bien, del carácter conflictivo e inconforme de otro tipo de personajes escolares, como algunos docentes.

Así, resulta evidente que el primer enfoque carecerá de efectividad si no toma en cuenta a los propios estudiantes, sus dinámicas y subjetividades, sus intereses y motivaciones, sus fortalezas y debilidades. Y que el segundo, probablemente fracasará al omitir la posible responsa­bilidad del sistema educativo o del modelo vigente de escuela que pudie­sen ser causantes de determinadas formas de violencia escolar.

Una aportación esencial del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, es la identificación de un conjunto de aspectos significativamente asociados con las manifestaciones de violencia, entre los cuales destacan aspectos personales, de interacción del alumno con el centro escolar, de la familia y la escuela.

Dentro de los factores personales, los hallazgos muestran que el género es un factor importante; claramente se observa que los hombres participan y son víctimas de violencia en mayor medida que las mujeres. Asimismo, también se encuentra que el tipo de agresiones difieren entre hombres y mujeres, lo cual no significa que sean exclusivas de uno u otro género. En los varones, son más evidentes y frecuentes las agresiones físicas y verbales así como el uso de lenguaje soez; en cambio, las mujeres utilizan, especialmente, otras formas de agresión verbal como la burla y algunas más sutiles, con un fuerte componente actitudinal (o de lenguaje no verbal), como la marginación.

Por otra parte, los alumnos que presentan alguna condición personal desfavorable (como dificultad para desplazarse, ver, oír, etcétera) manifiestan, en general, ser objeto de mayor agresión por parte de sus compañeros, lo cual sugiere que los alumnos quienes no cuentan con esta condición son poco sensibles hacia este tipo de diferencias.

En el conjunto de factores que se refieren a la interacción del alumno con la escuela; en todos ellos entran en juego rasgos personales pero también dinámicas y prácticas escolares que los influyen; en todos destacan: el bajo desempeño académico, la extra edad, la repetición o reprobación de grados escolares y, finalmente, el cambio de escuela, tanto en primaria como en secundaria.

Con respecto a los factores escolares, la disciplina y la exigencia en los estudios tienen una influencia significativa en la magnitud en que los alumnos exhiben actos violentos y en la medida en que los profesores perciben mayor o menor violencia en su escuela.

Cuando ambos –estudiantes y profesores– perciben que en su escuela hay exigencia académica y la disciplina es razonablemente estricta, las manifestaciones de violencia son menores. Sin embargo, cuando los alumnos perciben que la disciplina es muy exigente hay un sensible aumento de conductas violentas; lo anterior parece estar relacionado con el hecho de que los estudiantes que presentan problemas de conducta tienden a valorar como muy exigente la disciplina en sus escuelas ya que son, precisamente ellos, los más sancionados. También se encontró que cuando la disciplina es extremadamente rígida y se aplica discrecionalmente, produce efectos contraproducentes en los estudiantes y en el personal escolar, disminuyendo con ello la efectividad del sistema disciplinario y vulnerándolo.

Por otro lado, la composición y dinámica familiar aparecen también como elementos que influyen en la manifestación de conductas violentas de los estudiantes. Cuando los jóvenes viven en hogares monoparentales o en donde no están los padres, el nivel de violencia se incrementa; lo mismo sucede cuando perciben que al interior de sus hogares la convivencia es conflictiva, y cuando los padres no están atentos a lo que hacen sus hijos fuera de la escuela.

Del mismo modo, la primera Encuesta Nacional Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior la cual se realizó a 13 mil 104 estudiantes de 15 a 19 años de subsistemas federales, estatales y autónomos, muestra resultados coherentes con los que señala el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sólo que para la modalidad educativa de media superior.

Así, reporta que el 54 por ciento de los estudiantes manifestaron que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de sida; otro 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; otro 38.3 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1  por ciento con jóvenes que tengan una religión diferente.

Además, el 16.3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y otro 16 por ciento justifica la agresión a alguien porque le quitó algo y el 13 por ciento de los encuestados aceptó que los hombres les pegan a las mujeres por instinto.

Del mismo modo el referido instrumento estadístico permite conocer que de los y las jóvenes encuestados el 44.6 por ciento de los hombres y el 26.2 por ciento de las mujeres reconoció haber abusado de sus compañeros; mientras que el 40.4 por ciento y 43.5, en el mismo orden, aceptaron que han ignorado; el 39.3 por ciento y el 18.5 por ciento han puesto apodos ofensivos; el 36.5 por ciento y 35.3 por ciento han rechazado; y el 22.5 por ciento y el 31.3  por ciento habla mal de sus compañeros.

La encuesta permite conocer también que un 56.9 por ciento de los alumnos se sintió muy criticado en su casa, un 58.5 por ciento le es difícil hacer amigos, un 62 .9 por ciento se asusta con facilidad, 65.6 por ciento se pone nervioso cuando los mayores le dicen algo, 72 por ciento se siente nervioso y 84.9 por ciento se pone nervioso por muchas cosas.

Asimismo, en la encuesta se muestra que el porcentaje de alumnos que afirma que con sus padres no se lleva bien es de 61. 8 por ciento; un 58.6 por ciento  afirma que sus padres les presta atención cuando le hablan; el 49.9 por ciento les cuentan sus problemas, 47.8 por ciento les habla de lo que piensan sin sentirse mal, 45.5 por ciento  les demuestra afecto con facilidad, 36.7 por ciento les cree lo que le dicen, el 37.2 por ciento por ciento saben cómo se sienten sin preguntárselo; y un 36.7 por ciento les expresa un sus verdaderos sentimientos e intentan comprender su punto de vista.

Como legisladores es necesario reconocer que violencia, el bullying o el maltrato escolar son fenómenos complejos que emergen en el contexto de la convivencia y, por tanto, se enmarcan en las normas, rutinas, procesos, sistemas de interacción e intercambio, subjetividades y pautas culturales propias de cada institución escolar.

Atendiendo lo anterior, y tomando en consideración la existencia de otras propuestas que refieren al tema y el enfoque con el que han sido atendidas, propongo se reforme la Ley General de Educación adicionando una fracción XVI al artículo 33 de la Ley General de Educación, ello con el fin de establecer que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen e implementen programas y acciones para prevenir, detectar, atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todos los agentes involucrados en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia.

Con el anterior planteamiento considero que los alcances del mismo son tales que los programas y acciones a los que las autoridades educativas se verán obligadas a desarrollar e implementar en el tema, abordarán las dimensiones de la prevención, pero también de la detección y atención del acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico.

Asimismo, las autoridades deberán enfocar sus esfuerzos en desarrollar intervenciones que no únicamente se enfoquen a la violencia escolar, sino también a cualquier otra forma de maltrato físico o psicológico en el cual pueden caber formas de violencia como el acoso sexual y el hostigamiento.

Del mismo modo, señalo que las intervenciones de las autoridades educativas respecto de este problema, no sólo se enfocarán en atender aquellas que se dan entre estudiantes, sino hacia los mismos. Por ello propongo que en los programas y acciones que se desarrollen e implementen, se involucren a todos aquellos agentes que intervienen en el entorno escolar, que como ya vimos, tiene injerencia clara en un fenómeno tan complejo como el bullying, como son: todos aquellos que forman parte del sistema educativo nacional como los educandos y educadores, las autoridades educativas, así como, los padres de familia y los Consejos Escolares de Participación Social, por mencionar algunos.

Finalmente, establezco que estas acciones deben perseguir el fin último de tener una escuela libre de violencia, ello en concordancia con lo establecido en el artículo 8 de la ley a reformar –disposición a la que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 32 como parte de los términos en los que se enmarcarán las medidas enunciadas en el artículo 33- , en el que se establece, entre otras cosas, que uno de los criterios que orientará la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, será la lucha contra la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños.

Propongo que se establezca la reforma como una fracción del referido artículo 33, ya que éste pertenece al capítulo II, De la Equidad en la Educación, y es a través de él que se instituyen las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Finalmente se plantea reformar el artículo 49 a fin de establecer que el proceso educativo se base también en el principio de tolerancia, por ser ésta no sólo un preciado principio, sino además, una necesidad para la paz y el progreso económico y social de las sociedades. Considero pues muy pertinente esta reforma, pues la tolerancia implica en el marco concreto de la escuela, cambios profundos en el modo de pensar por parte del profesorado, en las actitudes de éstos hacia la institución escolar, en los contenidos y estrategias de la enseñanza, y en las estructuras y dinámicas escolares.

El que los procesos educativos deban basarse en principios como el de tolerancia, implica la adquisición de competencias o habilidades sociales que faciliten la comunicación y el diálogo, ponerse en el lugar del otro y asumir las diferencias como un hecho normal en una sociedad compleja y diversa, pues ser tolerante, tolerar las manifestaciones legítimas de los otros, es también objeto de aprendizaje.

Poder aprender sin miedo, en un clima confiable y seguro, se constituye en una de las condiciones fundamentales para que cada estudiante fortalezca habilidades de todo tipo y se apropie de aquellos aprendizajes que le asegurarán el pleno desarrollo y la participación social.

Lo cierto es que la formación en escuelas y sistemas donde la violencia y el maltrato pasan a ser la norma, no podrá fortalecer la tolerancia, la cooperación, la solidaridad u otros principios y valores que constituyen pilares fundamentales para sociedades más justas, democráticas e inclusivas.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de

Decreto

único.Se adiciona una fracción XVI al artículo 33 y se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a XV. ...

XVI. Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todos las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia.

Artículo 49.El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad y tolerancia que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas federal, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto en un plazo de ciento ochenta días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre  de 2012.— Diputados: María Isabel Ortiz Mantilla, Carla Alicia Padilla Ramos, Judit Magdalena Guerrero López, Martha Edith Vital Vera, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Raquel Jiménez Cerrillo, Flor de María Pedraza Aguilera, Ana Isabel Allende Cano, Alfredo Zamora García, Adolfo Bonilla Gómez, Luis Olvera Correa, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Blanca Estela Gómez Carmona, César  Reynaldo Navarro de Alva, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Verónica Carreón Cervantes, Luis Miguel Ramírez Romero, Fernando Zamora Morales, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Leticia Calderón Ramírez, Blas Ramón Rubio Lara, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Angelina Carreño Mijares, José Alejandro Llanas Alba, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Raudel López López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Gilberto Antonio Hirata Chico, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Ossiel Omar Niaves López, Eligio Cuitláhuac González Farías, Salvador Ortiz García, José Ángel González Serna, José Valentín Maldonado Salgado, María Celia Urciel Castañeda, Roxana Luna Porquillo, Roy Argel Gómez Olguín, Samuel Gurrión Matías, Jorge Herrera Delgado, María Fernanda Schroeder Verdugo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Margarita Licea González, Martha Leticia Sosa Govea, María de Jesús Huerta Rea, Tania Margarita Morgan Navarrete, Lilia Aguilar Gil, Lourdes Adriana López Moreno, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Leslie Pantoja Hernández, Ricardo Cantú Garza, Arturo Escobar y Vega, Luis Alberto Villarreal García, Salvador Romero Valencia, J. Jesús Oviedo Herrera, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Fernando Zárate Salgado, Agustín Miguel Alonso Raya, Zuleyma Huidobro González, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Francisco Coronado Rodríguez, Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Sonia Rincón Chanona, Cristina Olivera Barrios, José Angelino Caamal Mena, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Adriana González Carrillo, José Luis Márquez Martínez, Javier Filiberto Guerrero González, Juan Pablo Adame Alemán, Heberto Neblina Vega, Raúl Paz Alonzo, Leobardo Alcalá Padilla, Erick Marte Rivera Villanueva, Mariana Dunyaska García Rojas, María del Carmen García de la Cadena Romero, Sergio Augusto Chan Lugo, José Alfredo Botello Montes, Julio César Flemate Ramírez, Patricia Elena Retamoza Vega, María Rebeca Terán Guevara, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Aurora Denisse Ugalde Alegría, José Everardo Nava Gómez, Gerardo Francisco Liceaga Artega, Blanca María Villaseñor Gudiño, Francisca Elena Corrales Corrales, José Manuel Gastélum Buenrostro, Sergio Torres Félix, Rodimiro Barrera Estrada, José Luis Esquivel Zalpa, Antonio García Conejo, Rafael González Reséndiz, Laura Barrera Fortoul, Silvia Márquez Velasco, Francisco Javier Fernández Clamont, Joaquina Navarrete Contreras, Gabriel Gómez Michel, Eduardo Román Quian Alcocer, Raymundo King de la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song, Zita Beatriz Pazzi Maza, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Jorge del Ángel Acosta, Ponciano Vázquez Parissi, Amalia Dolores García Medina, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Noé Barrueta Barón, Juan Manuel Carbajal Hernández, María del Carmen Ordaz Martínez, José Pilar Moreno Montoya, Verónica Beatriz Juárez Piña, Marco Antonio González Valdez, Alberto Coronado Quintanilla, Norma Ponce Orozco, Cristina González Cruz, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Mario Alberto Dávila Delgado, Maricela Velázquez Sánchez, Salvador Romero Valencia, Claudia Elena Águila Torres, Tanya Rellstab Carreto, Xavier Azuara Zúñiga, Landy Margarita Berzunza Novelo, Víctor Rafael González Manríquez, Leopoldo Sánchez Cruz, Francisco Alberto Zepeda González, Miguel Ángel Aguayo López, María Rebeca Terán Guevara, Miriam Cárdenas Cantú, Héctor  Narcia Álvarez, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Alfonso Inzunza Montoya, Regina Vázquez Saut, Benito Caballero Garza, (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada, así se hará. La iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates.

Voy a pedir que se abra el sonido en la curul de la diputada Rocío Adriana Abreu, por favor.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Antes que nada, señor presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Felicitar la intervención de nuestra compañera diputada Marisa sobre un tema tan importante, que tanto daño ha hecho a nuestros niños y a nuestra sociedad. La felicito por la propuesta y solicitar que por su conducto pregunte a la promovente si podemos anexarnos a esta iniciativa una servidora y algunas de nuestras compañeras.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Sonido ahora en la curul en que se encuentra la diputada María Guadalupe Moctezuma.

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (desde la curul): Muy buenas tardes. Para felicitar a la diputada por su iniciativa y solicitar, de la misma manera, que se me suscriba en su iniciativa, si ella así lo permite.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. La diputada no tiene inconveniente. Vamos a dejar la iniciativa en manos de la Secretaría para que quienes deseen adherirse lo puedan hacer en este mismo momento. Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ARTICULO 1o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Vengo a esta alta tribuna a presentar una iniciativa que ojalá todos y todas me apoyen, ya que la diputada que me antecedió habla precisamente de los niños y jóvenes y es un problema que está afectando, sobre todo ella mencionaba en las escuelas y en todos los ámbitos de nuestra vida.

También agradecerles a todas aquellas diputadas y diputados, que amablemente me apoyaron; les doy las gracias y tengo la confianza plena que todas y todos me van a apoyar.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., fracción I; 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a esta más alta tribuna para someter a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando el maltrato y la violencia, bajo la siguiente exposición de motivos.

Diversas leyes mexicanas describen el maltrato y la violencia, pero lo hacen solo en referencia al objeto de la ley de que se trata. No se aplica en general a todos los mexicanos en materia de violencia, abuso de poder y discriminación.

El llamado bullying o acoso escolar, es uno de los temas que se busca regular. En la sociedad mexicana la violencia, en todas sus facetas, recorre desde el ámbito escolar hasta la familia, el barrio y la colonia, el trabajo, el taller del padre o el abandono de los padres por la migración, en la ciudad, los hermanos, los tíos, el abuso de los familiares, de los hermanos mayores, los primos y los vecinos, o en el hacinamiento de la vida urbana.

A raíz de la guerra contra la delincuencia organizada, de la delincuencia, de declarar culpables de delitos graves a jóvenes desde los 14 años, los y las policías estatales y federales, las autoridades ministeriales y judiciales ven en cada joven un delincuente potencial. Estos servidores públicos han desarrollado una cultura de agresión permanente contra estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes.

Es por ello que se propone la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Decreto por el que se reforma y adiciona el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. Queda prohibido el maltrato, la violencia y toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las diferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro a 20 de noviembre del 2012.

Muchísimas gracias por su atención a todas y a todos los legisladores. La sociedad mexicana requiere de todos noso-tros para que nuestros jovencitos y niños tengan una vida digna. Efectivamente la violencia en la familia y en las escuelas está afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país.

Tenemos la esperanza puesta en esos niños y jóvenes. Es cuanto. Espero me apoyen. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

Joaquina Navarrete Contreras, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando el maltrato y la violencia, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Diversas leyes mexicanas describen el maltrato y la violencia y han propuesto medidas contra estos males sociales, pero lo hacen solo en referencia al objeto de la ley de que se trata, no se aplica en general a todos los mexicanos.

Estas leyes, hacen referencia a la violencia en todas sus generalidades, vinculándola a la delincuencia cuando se llega al extremo en el que “cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Si nos referimos al caso específico de las mujeres, se adiciona, cuando ésta “les cause sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Ahora bien, la violencia psicológica se define como “cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad mental de las personas; puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, lo que lleva a la víctima a estados de depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”. A este respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las incluye al señalar que esta ocurre cuando se daña “la dignidad, integridad o libertad”. Además, en la misma, se especifican los ámbitos de violencia familiar refiriéndola como: “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.

Por otra parte en el caso de la violencia laboral y docente, la ley citada señala que esta, “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”; violencia que puede “consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual”.

En el caso específico de la violencia docente, la legislación que se ha venido citando refiere que ésta consiste en “aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y, o, características físicas, que les infligen maestras o maestros” si se adiciona lo relativo al acoso u hostigamiento sexual en las aulas y oficinas, la norma define este trato como, “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y, o, escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.

Otros tipos de violencia que en las últimas décadas se han venido incrementando y por tanto legalizando, son la Violencia en la Comunidad y la Violencia Institucional; en el caso de la primera la ley la define como, “los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”. En el mismo tenor, el segundo tipo señala como violencia, “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, define a ésta como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”, incluyendo la xenofobia y el antisemitismo.

Ejemplo claro de lo antes expuesto, es el que se señala en la fracción I, capítulo II de la ley en comento, sobre las conductas discriminatorias y el impedimento del ejercicio de los derechos en igualdad de oportunidades, en este caso se refiere a la negativa de acceder al derecho a la educación pública o privada, así como a la obtención de becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos.

En el uso y abuso del poder contra el más débil por su edad, color, raza, formación cultural, condición económica y familiar, entorno de convivencia, tipo de instrucción escolar, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 5o. lo siguiente:

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.”

En el mismo sentido se dirige la exposición de motivos de la Ley General de Estancias Infantiles, sin embargo ésta es más especializada al referirse únicamente a una parte de la población, señalando lo siguiente: “pero existe otra población de menores de edad que van desde los 4 años y hasta los 15, a quienes también se les debe prestar atención constante, de orientación y apoyo por parte de sus familiares directos. Las madres trabajadoras con hijos de estas edades se ven en la necesidad de buscar cuidado informal para sus hijos o pedir el apoyo de amigos o familiares, como pueden ser incluso los hermanos mayores. En muchos de los casos no hay de por medio una persona adulta al cuidado de estos menores o se corre el riesgo de contratar a personas poco profesionales, por lo que es latente el peligro de que e?stos cometan un abuso de cualquier i?ndole contra los menores.

Ahora bien, de acuerdo a las estadísticas, México ha tenido una población del 45 por ciento de cero a 14 años entre 1950 y 2000, 35 millones, son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33 por ciento del total de la población mexicana es joven. 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan. El 50 por ciento de los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud. El 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes.

Y es precisamente, y de acuerdo a lo antes expuesto, que en la LXI Legislatura fueron presentadas diversas iniciativas en materia de violencia, abuso de poder y discriminación; siendo el llamado bullying o acoso escolar, uno de los temas que se busco regular. No obstante, y pese a la buena mira de los legisladores, no es posible pretender que el maltrato y la violencia que se da entre escolares se tome como un fenómeno mundialmente generalizado.

Por consiguiente y afortunadamente, la legislatura rechazó toda la reglamentación en relación con estas propuestas, ya que los datos que se utilizaron para su fundamento y elaboración, en su mayoría provenían de estudios y fenómenos europeos totalmente distantes y extraños a nuestra cultura. Hay que tomar en cuenta que en Noruega, algunos países de Europa e incluso en Estados Unidos de América y Cuba el problema que en México es muy recurrente y que preocupa a la sociedad es el de la falta de cobertura escolar; problemática que la gran mayoría de estos países tienen resuelto, pues su inversión en educación es muy alta en relación con el PIB, lo que no ocurre en nuestro país.

En México, los niños y jóvenes tienen una realidad muy distinta, que parte del entorno familiar, social, cultural, económico y político en el cual se desenvuelven. En esta sociedad, el abuso del poder es parte de nuestra cultura y la violación a las leyes cumple desde la época colonial con el precepto de que “acátese, pero no se cumpla” que se imponía a las ordenanzas reales, que llegaban a la Nueva España después de varios años de dictadas.

Oscar Lewis, en su famosa obra literaria “Los hijos de Sánchez”, nos refleja de forma fría y por demás realista, como la violencia en todas sus facetas recorre desde el ambiente escolar, hasta la familia, el barrio y la colonia; en el trabajo, en el taller del padre o en el abandono de los padres por la migración; en el cuidado del abuelo, los hermanos, los tíos; en el abuso de los familiares, de los hermanos mayores, los primos o los vecinos; la comadre y el compadre que se inmiscuye en la vida familiar o en el hacinamiento de la vida urbana.

Lo anterior, lleva a determinar que el abuso y maltrato que sufren los niños y jóvenes, proviene de la sociedad violenta, de la cultura de la inseguridad, del abuso, la corrupción, el tráfico de influencias, el corporativismo, el clientelismo, el compadrazgo, el peculado y el caciquismo. En este último caso, la enorme influencia que ha creado el caciquismo sindical, llamado charrismo, para ascender al liderazgo y al enriquecimiento ilícito se complementa con la pobreza de los municipios, la debilidad del federalismo y la corrupción de los funcionarios, policías municipales, estatales y federales. Este entorno explica mejor el maltrato y la violencia hacia los niños y niñas, hacia las y los adolescentes y hacia las y los jóvenes.

Otra de los factores que ha dejado a nuestros niños y jóvenes en un estado de total indefensión, es la guerra contra la delincuencia organizada; una ofensiva absurda que ha involucrado a las zonas rurales y urbanas del país. A raíz de esta guerra, y de la decisión de declarar culpables de delitos graves a jóvenes desde los 14 años, los y las policías municipales, estatales y federales, las autoridades ministeriales y judiciales ven en cada joven un delincuente potencial, ensañándose principalmente con aquellos que se reúnen en pequeños grupos. Sistemáticamente los y las policías detienen como posibles consumidores de drogas, traficantes, asesinos o integrantes de la delincuencia organizada, a todos los jóvenes a partir de los 14 años. Dejando al descubierto que estos servidores públicos, han desarrollado una cultura de agresión permanente contra estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que encuestó a poco más de 39 mil estudiantes, encontró que 17 de cada 100 alumnos de escuela primaria y 14 de cada 100 estudiantes de escuela secundaria, son lastimados físicamente por sus compañeros durante el periodo escolar. El hecho de que el “11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero”, y que en el nivel de secundaria ese porcentaje alcance a poco más de 7 por ciento, y además de que el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido víctimas de robo en su escuela sea de 40.24 por ciento es una realidad Mexicana, producto de lo que anteriormente se ha venido citando y no del extraño y exótico bullying.

“Las humillaciones –como dice una de las iniciativas–, que incluyen agresiones físicas, verbales, sicológicas, exclusión social y hasta acoso electrónico, y va desde poner apodos, insultar, golpear, injuriar, excluir, ridiculizar, esconder cosas, rechazar, ignorar, robar, amenazar, romper sus cosas, tocamientos erotizados, insultos sexuales, amenazas con arma de fuego, y otros hostigamientos”, tienen que ver con la discriminación, el maltrato y la violencia contra los niños, las niñas, las mujeres, las personas de la tercera edad, los pobres, los indígenas, los migrantes, entre muchos otros grupos vulnerables que son discriminados. Es más bien una cultura de humillación social y generalizada en la que nos encontramos y que lamentablemente no se ha superado desde la época de la Colonia.

Es por ello que se propone la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Decreto por el que se reforma y adiciona el quinto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el quinto párrafo del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibido el maltrato, la violencia y toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Joaquina Navarrete Contreras, Mario Alberto Dávila Delgado, Angelina Carreño Mijares, José Valentín Maldonado Salgado, Claudia Elena Águila Torres, María Celia Urciel Castañeda, Israel Moreno Rivera, Salvador Romero Valencia, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Sonia Rincón Chanona, Cristina Olivera Barrios, Fernando Cuéllar Reyes, Aleida Alavez Ruiz, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Crystal Tovar Aragón, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Roxana Luna Porquillo, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Víctor Manuel Bautista López, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronado Rodríguez, José Antonio Hurtado Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Tomás Brito Lara, Teresa de Jesús Mogica Morga, Petra Barrera Barrera, Marcelo Garza Ruvalcaba, Alliet Mariana Bautista Bravo, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Carol Antonio Altamirano, Juan Manuel Fócil Pérez, Verónica García Reyes, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Silvano Blanco Deaquino, María Fernanda Schroeder Verdugo, Maricela Velázquez Sánchez, José Antonio León Mendívil, Alejandro Carlos de Jesús, Mario Alejandro Cuevas Mena, Josefina Salinas Pérez, Ángel Cedillo Hernández, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Uriel Flores Aguayo, Segués Agustín Barrios Gómez Salvador Arellano Guzmán, Graciela Saldaña Fraire, Martí Batres Guadarrama, Amalia Dolores García Medina, Guillermo Sánchez Torres, Jorge Salgado Parra, Verónica Beatriz Juárez Piña, Francisco Tomás Rodríguez Montero, María Concepción Navarrete Vital, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de administración pública de la Universidad Cuauhtémoc, de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos.

También a un grupo de alumnos y maestros del Colegio de Bachilleres del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, invitados por la diputada Alicia Ricalde. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la procuración de la salud en nuestro país es un lujo que pocos pueden darse y que si bien existe un sistema de salud gratuito a través de un seguro popular, también lo es que nuestro sistema de seguridad social para los trabajadores del Estado, la insuficiencia de los recursos para la atención integral de la salud en toda la República es clara.

Actualmente una gran cantidad de personas tiene que desplazarse a esta noble ciudad capital y no tienen considerados los gastos de alimentación, de hospedaje, de medicamento; por ello resulta un gasto que enfrentan las familias mexicanas, que se ven ante problemas financieros.

En la política de desarrollo social en nuestro país, de conformidad con nuestra Carta Magna, está garantizada la educación, la vivienda. En este régimen de libertades y de derechos, se encuentra plasmada la salud. Esto sin duda representa para nuestro país y para las familias mexicanas, el hecho todavía de no tener consagrado y respetado este derecho.

Todos ellos, sin duda, son importantes; sin embargo, la salud de los mexicanos es primordial, básica y condición necesaria para el disfrute y ejercicio de una vida plena en materia de garantías individuales, como ya lo hemos manifestado en diversas ocasiones.

Para nuestro Grupo Parlamentario la procuración de la salud de nuestro país debe ser uno de los principales ejes, y es que si bien existe un sistema de seguridad social para los trabajadores en general, la insuficiencia de recursos para la atención integral de la salud en toda la República resulta insuficiente.

En promedio nuestro país cuenta con 74 camas disponibles por cada 100 mil habitantes, existiendo estados como Chiapas, que solo cuentan con 42, en contraste con el Distrito Federal, que tiene 170 camas por cada 100 mil habitantes.

Esta insuficiencia de recursos pone en circunstancias y en problemas a las políticas de desarrollo social, porque también se enfrentan los jóvenes que salen de diferentes partes de nuestra República mexicana llegando a estudiar y buscando mejores condiciones de vida, tanto educativas como para su futuro, y nos encontramos que nuestro país cuenta con un poco más de 4 millones de estudiantes que cursan el nivel medio superior y 2.6 millones de educación superior. De ellos, el 45 por ciento se concentra en el Distrito Federal, estado de México, Puebla, Nuevo León y Veracruz.

De manera que como siempre, observamos que los recursos y los medios de desarrollo se encuentran conglomerados en las principales ciudades.

Esta situación se polariza aún más si tomamos en consideración las condiciones en los niveles educativos de los municipios más alejados. A nivel nacional, se cuenta solo con mil 48 escuelas que imparten educación profesional técnica, 13 mil 19 bachilleratos, 268 instituciones de normal licenciatura y 675 de licenciatura universitaria y tecnológica.

Por ello es que también proponemos hacer una modificación a la Ley General de Desarrollo Social, para que también la Secretaría de Desarrollo Social promueva la creación y habilitación de albergues estudiantiles gratuitos, que permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Los legisladores de nuestro grupo parlamentario consideramos esta iniciativa, no solo viable, sino de suma importancia, pues implica un paso hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios médicos y educativos, que por una parte representa una importante ayuda para miles de mexicanos, que involucra grandes cuidados y enormes gastos que sobrepasan la capacidad de cualquier persona trabajadora, y por otra parte, también ofrece la esperanza de un porvenir con mejores expectativas.

Con la propuesta del Partido Verde, de generar albergues, tanto para la salud como para jóvenes estudiantes, estaríamos dando un gran paso significativo que debe quedar plasmado en la Ley General de Desarrollo Social. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La procuración de la salud en nuestro país, es un lujo que pocos pueden darse. Y es que si bien existe un sistema de salud gratuito a través de un seguro popular, y hay sistemas de seguridad social para los trabajadores del estado, la insuficiencia de recursos para la atención integral de la salud en toda la República es clara.

Actualmente, una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas degenerativas, que implican una atención de alta especialidad, se ven en la obligación de desplazarse de sus estados o municipios de residencia original, a la capital o estados con gran urbanización.

Esta situación involucra la necesidad de viajar con algún miembro del núcleo familiar, ya que por su condición les resulta imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí solos.

Todo esto representa un importante gasto para las familias, las cuales tienen que cubrir diversos gastos como servicios de hospedaje y alimentación durante el tratamiento de sus pacientes.

Argumentación

La política de desarrollo social en nuestro país, de conformidad con la Carta Magna y el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, garantiza derechos fundamentales como son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación.

Todos ellos sin duda son importantes, sin embargo, la salud de los mexicanos es primordial, básica y condición necesaria para el disfrute y ejercicio de una vida plena en materia de garantías individuales.

Como ya lo hemos manifestado en diversas ocasiones, para nuestro grupo parlamentario la procuración de la salud en nuestro país, debe ser uno de los principales ejes. Y es que si bien existe un sistema de salud gratuito a través de un seguro popular y hay sistemas de seguridad social para los trabajadores en general, la insuficiencia de recursos para la atención integral de la salud en toda la república es clara.

Actualmente, una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas degenerativas, que implican una atención de alta especialidad, necesitan desplazarse de sus lugares de origen, a la capital o a los estados con gran urbanización y desafortunadamente, la infraestructura de salud a nivel nacional es totalmente insuficiente

Desafortunadamente, la infraestructura de salud a nivel nacional es insuficiente. México sólo cuenta en sus principales urbes como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, y el estado de México, con instituciones de alta especialidad para la atención de enfermedades como el cáncer, sida, diabetes, operaciones especializadas, trasplantes, etcétera.

En promedio, nuestro país cuenta con 74 camas disponibles por cada 100 mil habitantes en el Sistema Nacional de Salud, existiendo estados como Chiapas que sólo cuentan con 42, en contraste con el Distrito Federal que tiene 170 camas disponibles por cada 100 mil habitantes..

Esta insuficiencia de recursos pone en circunstancias de mayor vulnerabilidad a la población proveniente de municipios marginados y alejados de la gran urbanización.

Es por esta razón, que el Partido Verde presenta esta iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de que la Secretaría de Desarrollo Social, garantice el pleno y adecuado derecho a la salud, a través de la construcción y habilitación de albergues gratuitos que permitan el resguardo de algún acompañante, miembro del núcleo familiar, de las personas procedentes del interior de la República, que, a causa de una enfermedad crónico degenerativa se vean en la imperiosa necesidad de desplazarse fuera de su estado o municipio de residencia original, para la obtención de servicios de salud de alta especialidad.

Es una realidad, que la atención integral de las necesidades de salud para pacientes foráneos, implica inevitablemente la consideración de sus familiares acompañantes.

Es de destacar que existen estados que ya han comenzado a tomar medidas en esta dirección, como es el caso de Hidalgo, en donde, con capacidad para 54 personas, existe un  albergue del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, ubicado a un costado del Hospital General, y que ofrece servicios a familiares de derechohabientes que se encuentren hospitalizados.

El IMSS cuenta con otros albergues de este tipo en municipios de otros estados como Huejutla, Zacualtipán, Metepec, Ixmiquilpan y Tepeji del Río, todos en el régimen de IMSS-Oportunidades.

Sin embargo, a pesar de que existen albergues como el del Hospital General, la posibilidad de que los acompañantes de los pacientes puedan pasar la noche ahí, se ve reducida pues existe un cobro de $20 pesos por noche, lo que genera que estas personas tengan que decidir entre tener un lugar para pasar la noche, o poder comprar algo de comer.

Como ya hemos mencionado, muchos de estos pacientes y sus familiares provienen del interior de la República, y no cuentan con los suficientes recursos, además, las estadías pueden ir desde 1 día hasta meses.

Esta desafortunada situación, no sólo ocurre con personas que están enfermas y tienen que viajar para atenderse en Hospitales especializados, por lo que se refiere a los servicios de educación, particularmente de los de niveles medio superior y superior, es de señalar la gran concentración y pocas instituciones, públicas y privadas, que existen para la impartición de los mismos.

Nuestro país cuenta con poco más de 4 millones de estudiantes que cursan el nivel medio superior y 2.6 millones educación superior. De ellos, el 45 por ciento se concentra en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. De manera que, como siempre, observamos que los recursos y medios de desarrollo se encuentran conglomerados en las principales ciudades.

Y esta situación se polariza aún más si tomamos en consideración las condiciones  en los niveles educativos de los municipios más alejados. Estos estudiantes frecuentemente se ven obligados a cruzar grandes distancias si quieren acceder a niveles educacionales superiores, pues es difícil encontrar escuelas e instituciones que los impartan.

A nivel nacional se cuenta con sólo 1,408 escuelas que imparten educación profesional-técnica, 13,019 bachilleratos, 268 instituciones de Normal licenciatura y 675 de licenciatura universitaria y tecnológica.

Es así que las políticas educativa y social de nuestro país,  han dejado de lado la enorme dificultad, que por simple geo-grafía, representa el acudir a una escuela que imparta educación media superior o superior.

Es por todo lo anterior, que se requiere con urgencia un programa del gobierno federal y los estados, a través del cual se creen albergues estudiantiles gratuitos a los cuales puedan recurrir los estudiantes de los estados y municipios más alejados y  marginados, que quieran obtener una educación media superior y superior.

Por ello, es que también proponemos una modificación a la Ley General de Desarrollo Social, para que también la Secretaría de Desarrollo Social, promueva la creación y habilitación de albergues estudiantiles gratuitos que permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Si bien no es posible generar una mayor infraestructura de educación pública  de niveles superior y medio superior, sí es posible establecer instalaciones de apoyo que permitan a los jóvenes más alejados de la urbanización, acceder a un sistema educativo de calidad y acorde a sus necesidades.

Esto ha sido una de las razones por las que no ha sido posible disminuir el problema de deserción y reprobación que ocurre tanto en el nivel básico como en el medio superior.  El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en nuestro país es de 8.6 grados, es decir, ni siquiera llegan a terminar la secundaria.

Por otro lado, es de destacar que el grado de deserción en los niveles medio superior es de 21.2 por ciento en profesional técnico, y 15.6 en bachillerato y con una eficiencia terminal del 50.2 y 62.2 por ciento respectivamente. Todo ello, tiene como consecuencia el bajo aprovechamiento de los recursos que son invertidos en los jóvenes que no concluyen sus estudios.

Es importante mencionar que, aún cuando el porcentaje de absorción de egresados de secundaria es alto, se presentan variaciones considerables entre una entidad federativa y otra, mientras que en algunas el indicador supera el 100 por ciento, en otras es inferior al 80 por ciento.

Otro señalamiento relevante está relacionado con los recursos presupuestales destinados al nivel medio superior, comparativamente menores –en proporción a la matrícula– a los canalizados a la educación básica, y a la superior y en monto decreciente en términos reales.

Esta situación puede hacerse crítica en los próximos años ante las expectativas de crecimiento de la demanda, basadas en el impacto de las reformas implantadas en el nivel básico.

Uno de las condiciones para ampliar la cobertura del servicio a toda la población demandante, es establecer mecanismos de equidad para apoyar de manera particular a la población de bajos recursos económicos, y a la que reside en regiones apartadas o zonas de marginación, ya que en esta población se ubica el mayor rezago educativo, no sólo del nivel medio superior, sino de todos los niveles.

Los legisladores de nuestro grupo parlamentario consideramos esta iniciativa no solo viable, sino de suma importancia, pues implica un paso hacia el mejoramiento en la calidad de los servicios médicos y educativos, que, por una parte, representaría una importante ayuda para miles de mexicanos que se encuentran en la desgracia de padecer una enfermedad que involucra grandes cuidados y enormes gastos que sobrepasan la capacidad de cualquier persona trabajadora, y por otra parte, también ofrece la esperanza de un porvenir con mejores expectativas para millones de jóvenes estudiantes.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un artículo 10 Bis y un artículo 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único.Se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis. La Secretaría de Desarrollo Social para garantizar el pleno y adecuado derecho a la salud, promoverá la construcción y habilitación de albergues gratuitos que permitan el resguardo de algún acompañante, miembro del núcleo familiar, de las personas procedentes del interior de la República, que a causa de una enfermedad crónico degenerativa se vea en la necesidad de desplazarse fuera de su estado o municipio de residencia original, para la obtención de servicios de salud de alta especialidad.

Artículo 10 Ter. La Secretaría de Desarrollo Social para garantizar el pleno y adecuado derecho a la educación, promoverá la construcción y habilitación de albergues gratuitos que permitan la estadía de estudiantes del interior de la república que cursen los niveles de educación media superior y superior, y que para la obtención de los servicios educativos correspondientes, se hayan visto en la necesidad de desplazarse fuera de su estado o municipio de residencia original.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 INEGI. Recursos para la Salud. 2008.

2 INEGI. 4,054,709 estudiantes de nivel medio superior ciclo escolar 2009-2010.

3 INEGI. Datos 2009.

4 INEGI 2010.

5 INEGI. Ciclo escolar 2009-2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA DE LAS VICTIMAS DE DELITOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados; me robaron mi libertad, me robaron mis sueños, me engañaron; me sentía secuestrada y cada día más muerta, rodeada de personas que estaban acostumbradas a vivir en este mundo tan vil, tan inhumano y tan hostil. Relatos como éstos lamentablemente se han convertido en una situación recurrente en nuestro país.

Así lo indica el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asegura que este ilícito se ha posicionado como el segundo más y mejor redituable para la delincuencia, en especial para la delincuencia organizada, desplazando el tráfico de armas y solo por debajo de drogas.

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que México ocupa el lugar número tres en toda América Latina y El Caribe, en el tema de trata de personas. Esta tendencia alcista es impulsada como respuesta a la gran demanda internacional que ejerce el mercado asiático y europeo.

Nuestro país sufre dos grandes problemas en el problema de trata; por un lado, se tiene la facilidad por medio de la cual los grupos criminales organizados ingresan y movilizan a las víctimas de un estado a otro y de una nación a nuestro territorio o viceversa, con la finalidad de obtener beneficios financieros y materiales; por otra parte, tenemos a las personas indígenas en situación de vulnerabilidad, víctimas de amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso. Este punto, motivo de la presente iniciativa, se ha mantenido en una brecha de crecimiento constante y alarmante. En su momento, la entonces diputada Rosi Orozco, dio a conocer que en nuestro país el 45 por ciento de las víctimas del delito de trata eran niñas indígenas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales un 70 por ciento son personas indígenas y migrantes.

Lo anteriormente expuesto me permite poner a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma la fracción II del artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mediante la cual se incorpora la obligatoriedad de proporcionarle a la o a las víctimas información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Martha Beatriz Córdoba Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforma la fracción II, adiciona una fracción VIII y recorre en orden progresivo las fracciones subsecuentes  del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, resolvió que nuestro país ocupa un peldaño verdaderamente alarmante en lo que a trata de personas significa; pues este ilícito se ha posicionado como el segundo más redituable para la delincuencia, en especial para la delincuencia organizada, desplazando el trafico de armas y sólo por debajo del trafico de drogas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que, México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata de personas.

El tema de trata de personas ha venido convirtiéndose en una forma novedosa de ejemplificar la violencia en deterioro de las mujeres, niños y niñas, incluso catalogándose como una nueva modalidad de esclavitud, teniendo como coparticipe a la sociedad en su conjunto.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), el problema de trata de personas genera una movilidad promedio de 6 mil 600 millones de dólares anualmente tan sólo en América Latina, y en todo el mundo un promedio de 32 mil millones de dólares.

Existen diversos patrones de trata, la interna, la cual se identifica por evitar el cruce de fronteras y la externa o internacional, cuya principal característica es el cruce regular o irregular de las fronteras.

Debemos definir la trata de personas como un modelo de esclavitud de antaño, pero con estrategias novedosas y fructíferas.

Existen antecedentes desde la época de la colonia, en donde las mujeres y niñas eran comercializadas como mercancía para servicio en casa, explotación laboral e incluso como objeto sexual.

Posteriormente se conceptualiza como trata de blancas, el cual tenía la característica de comercializar en su mayoría a las mujeres con fines de prostitución.

Actualmente se ha venido generando un incremento de víctimas de prostitución, sobre todo de mujeres de raza negra y/o sudafricanas, chinas, tailandesas etcétera; ubicándolas en el mercado asiático.

Las altas cifras del mercado latinoamericano en materia de trata de personas, responden a la gran demanda internacional que ejerce el mercado asiático y europeo.

La carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas en la región de América Latina y el Caribe, ha propiciado que países como México, Brasil, Colombia y Argentina, entre otros, se conviertan en un centro de captación y reclutamiento bastante redituable y peleado por los tratantes de personas.

Las mujeres víctimas de trata sufren periodos de emociones severos y con secuelas por los traumas que heredan posterior a estos hechos, sumado que se documentaron hechos en los cuales padecían los acosos y malos tratos de los órganos administrativos y judiciales de los lugares de destino y de origen a los que eran dirigidas, enfrentándose con una gran insensibilidad y pésimo trato por parte del personal de las dependencias encargadas de su cuidado y protección, sobre todo las mujeres y niñas que habían sufrido agresiones sexuales.

Debido a ello, se realizó un trabajo en conjunto con los tres Poderes de la Unión por alcanzar las mínimas medidas de atención, prevención, protección y sanción de la trata de personas, el trabajo conjunto de los tres Poderes de la Unión permitió transitar hacia la promulgación de una ley específica, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Nuestro país con la finalidad de coadyuvar a la prevención y atención de víctimas de este delito ha sido firmante de varios acuerdos, protocolos y convenciones, dentro de los cuales podemos citar:

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; la cual estimula promover la cooperación para prevenir y combatir, de manera más eficaz, la delincuencia organizada transnacional.

• El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente la de mujeres y niños, este protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

• La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; en la cual los países firmantes, como México, hacen un llamado a los países firmantes y no firmantes, para eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres.

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; la cual insta a los estados que forman parte a tomar medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; en la que se dispone que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Nuestro país se comprometió a estimar el problema de trata como un formato de violencia hacia la mujer, como la violación, el abuso sexual, la prostitución y acoso sexual, tal cual lo constituye la convención Interamericana.

La Convención sobre los Derechos de la Niñez, constituye las normas legislativas, administrativas y sociales, apropiadas para tutelar los derechos de las niñas y niños y velar contra toda estructura de abuso físico y mental, la explotación y los malos tratos.

México sufre dos grandes problemas en materia de trata, por un lado se tiene la facilidad por medio de la cual los grupos criminales organizados ingresan y movilizan a las víctimas de un estado a otro y de una nación a nuestro territorio o viceversa, esto con la finalidad de obtener beneficios financieros o materiales.

Por otra parte tenemos a las personas indígenas en situación de vulnerabilidad, víctimas de amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso de poder. En su momento la entonces diputada Rosi Orozco, dio a conocer que en nuestro país 45 por ciento de las víctimas del delito de trata eran niñas indígenas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales 31 por ciento son menores de edad de entre 5 y 17 años, y 70 por ciento son personas indígenas y migrantes, los cuales realizan trabajos que atentan contra su seguridad y salud.

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II, adiciona una fracción VIII y recorre en orden progresivo las fracciones subsecuentes del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Único. Se reforma la fracción II, adiciona una fracción VIII y recorren en orden progresivo las fracciones subsecuentes del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, de los estados, municipales, del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos, para lo cual deberán:

I. Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y posibles víctimas;

II. Proporcionarle a las víctimas, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

III. ...;

IV. ...;

V. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con base en el presente proyecto, somete a la consideración de esta soberanía que a través de las reformas en el articulado de la Ley Federal del Trabajo se reconozca como forma de contratación laboral la denominada teletrabajo, el cual permitirá que a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación se fomente el empleo, al ser aplicada como una política de desarrollo económico y social, así como facilitar la descentralización de las actividades económicas en el territorio nacional.

El teletrabajo ha venido evolucionando hasta acoplarse de manera conveniente en una tendencia hacia la flexibilidad de las estructuras empresariales en todo el mundo. En otras palabras, el teletrabajo o home office, como se conoce en otros lugares del mundo, replantea la forma tradicional del trabajo que siempre se ha vinculado a un lugar y horario específico.

En Nueva Alianza estamos seguros que es posible crear una auténtica política pública de incorporación al teletrabajo de toda la población, que en especial beneficiará a los grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, la población en situación de desplazamiento forzado, la población en situación de aislamiento geográfico, las mujeres jefas de familia.

Para las madres trabajadoras tener la posibilidad de laborar a distancia es sinónimo de aumentar su autonomía, la flexibilidad de sus horarios y la cercanía con la familia, que dará lugar a un incremento en la productividad.

Una de las mejores formas de dignificar a los seres humanos es a través del acceso al empleo y ésta es precisamente una de las principales ventajas del teletrabajo.

Presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona una fracción III del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.

Artículo 15, fracción III. Teletrabajador es la persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.

De igual forma, proponemos se adicione un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Segundo párrafo. Con la finalidad de tener mayor eficiencia y ahorros en gasto y transporte, los teletrabajadores en situación de discapacidad, en situación de desplazamiento forzado o de aislamiento geográfico, así como mujeres cabeza de hogar, trabajarán un día a la semana fuera del lugar de trabajo, sin que por ello represente que les sea negado el pago del día completo. El día que se trabaje en casa será acordado previamente en el centro de trabajo.

Tercero. Los empleadores deberán promover y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamiento ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.

Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo en buen estado, salvo el deterioro natural.

Esta propuesta no significa cerrar las oficinas y mandar a todos a casa; por el contrario, estamos conscientes que es necesario utilizar con inteligencia las instalaciones de las empresas para aquellas actividades que requieren interacción personal, permitiendo que los empleados laboren desde la casa el resto del tiempo.

Lo expuesto permitirá que las empresas obtengan importantes ahorros en energía y servicios, y los empleados economizarán también gastos, como el de transporte.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza el teletrabajo es una nueva forma de aumentar la productividad en un marco de inclusión social, en beneficio, sobre todo, de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, diputado presidente.

Solicito que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Desde hace 30 años, ante el acelerado desarrollo tecnológico y la búsqueda de soluciones a las necesidades del entorno, aparece en Estados Unidos la noción del teletrabajo. Dicha actividad laboral busca evitar desplazamientos y ahorrar costos innecesarios, trasladando las cargas de trabajo a los espacios no organizacionales, propios de los trabajadores.

Esta noción ha venido evolucionando hasta acoplarse de manera conveniente en una nueva tendencia hacia la descentralización y flexibilidad de las estructuras empresariales, lo que supone además, una ruptura con la noción tradicional de organización del trabajo intraorganizacional. En otras palabras, el teletrabajo o “home office” plantea un cuestionamiento hacia la forma tradicional del trabajo que siempre se ha vinculado a un lugar y horario específico.

Según una encuesta de la Agencia Ipsos, en la actualidad el teletrabajo es especialmente popular en la India, donde más de la mitad de los empleados trabaja desde casa, seguido del 34 por ciento en Indonesia, el 30 por ciento en México y algo menos en Argentina, Sudáfrica y Turquía. En cambio, esta opción laboral tiene menos éxito en Hungría, Alemania, Suecia, Francia, Italia y Canadá, con menos del 10 por ciento.

Los encuestadores concluyeron que ven muchas ventajas. Europa y América del Norte están de acuerdo en que el teletrabajo es un gran método para retener a las mujeres. Es menos estresante porque hay menos desplazamiento al trabajo y permite un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo. Es una tendencia que ha crecido y que parece que seguirá haciéndolo. El 34 por ciento de los empleados conectados dijo que si pudieran, lo harían a tiempo completo.

En México, esta práctica cada día es mas común en grandes corporativos y los beneficios hablan por sí mismos: ahorro de energía, gasto en papelería, ahorro en alimentos y transporte, etc. Ahora bien, el artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de los casos en los que los trabajadores no laboran en todos los días hábiles, y su correspondiente salario, por lo que consideramos que el teletrabajo puede entrar sin problema en la legislación laboral en beneficio de las madres trabajadoras con las ventajas que ello representa para las dependencias y entidades tanto del gobierno federal como de gobiernos locales y empresas privadas, así como para las madres de familia que pueden trabajar desde casa y cuidando a sus hijos.

Ahora bien, debemos tener presente que tenemos que incorporar la noción de teletrabajo a la Ley Federal del Trabajo antes de sugerir la modificación al artículo 72 del citado ordenamiento legal. Para ello, proponemos incorporar una fracción III al artículo 15 de la LFT y con ello definir a que personas entenderemos por teletrabajadores.

La única referencia que tenemos del teletrabajo en nuestra legislación la encontramos en la Ley Federal del Trabajo en el Título Sexto denominado “Trabajos Especiales”, prevé un Capítulo específico que abarca de los artículos 311 a 330 para hacer referencia al “trabajo a domicilio”.

Así, se indica que el “trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo anterior se regirá por las disposiciones generales de esta Ley” (artículo 311 de la LFT).

Como nota relevante, nuestra legislación señala que los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en el “Registro de patrones del trabajo a domicilio”, que funcionará en la Inspección del Trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos (artículo 317 de la LFT).

Además, los patrones están obligados a llevar un “Libro de registro de trabajadores a domicilio”, autorizado por la Inspección del Trabajo en la que constarán diferentes datos vinculados con las características del trabajo, como lo son:

a) Datos generales del trabajador.

b) Domicilio o local donde se ejecutará el trabajo.

c)Días y horarios para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los salarios.

d)Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo, entre otros.

Como podemos ver, desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970 y seguramente sin saber el resultado de las nuevas formas de contratación en el siglo XXI, los legisladores dejaron bases sólidas para que con la introducción de las tecnologías de la información pudiéramos tener cabida a que el teletrabajo sea considerado como una opción real de empleo para millones de trabajadores, muchos de ellos en situación de desventaja.

En Nueva Alianza pretendemos crear una auténtica política pública de incorporación al teletrabajo de la población vulnerable (Personas en situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar).

Para la madre trabajadora, tener la posibilidad de trabajar a distancia es sinónimo de aumentar tanto su autonomía como la flexibilidad de sus horarios. De ahí que se produzca un incremento de la productividad. Por otro lado, otra de las principales ventajas del teletrabajo es la posibilidad de pasar más tiempo en familia, facilitando así la conciliación entre vida privada y vida laboral.

Como se ha advertido en otras iniciativas afines, existen diversas formas de proteger a la trabajadora en su condición de madre, una de ellas es evitar la limitación, restricción o privación de sus derechos laborales con motivo de la maternidad y otra es cuidar de su salud y la de sus hijos.

Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, las madres mexicanas se han visto forzadas a optar por la privación de sus derechos, aun cuando la legislación aplicable prevé evitar que la actividad laboral ponga en peligro su salud o la del producto, bien sea durante el Estado de gestación o en aquel de lactancia (artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo). En otras palabras, esta iniciativa es también un reconocimiento a la multiplicidad de actividades que realizan las madres para subsistir y darle lo mejor a su familia.

Del mismo modo, trabajar desde casa permite una mejor integración laboral de personas con capacidades diferentes, que se ahorrarían tener que pasar por innumerables pruebas y obstáculos para poder acceder a su lugar de trabajo. Y, por último, hay menos estrés y menos tiempo desaprovechado en desplazamientos, lo que se traduce en la consecución de una mayor calidad de vida.

Para el centro de trabajo, también presenta una serie de ventajas: hay menos problemas entre empleados, mayor productividad por parte de los “teletrabajadores”, menos costos de producción, menos infraestructuras necesarias, mejora de los plazos de entrega, subsanación casi total del ausentismo laboral, facilidad de expansión geográfica, ventajas medioambientales y, por último, implementación de nuevas tecnologías en el desarrollo de la actividad.

En una encuesta de la Agencia Reuters, el 65 por ciento de los encuestados consideran que las personas que participan en empresas que aplican esquemas de teletrabajo son más productivas porque pueden administrar mejor su jornada laboral, gozando al mismo tiempo de mejor salud y una vida familiar más estable.

En Nueva Alianza coincidimos en que implementar un programa de teletrabajo no significa cerrar las oficinas y mandar a todos a casa, sino utilizar con más inteligencia las instalaciones de una empresa para actividades que requieren interacción personal, permitiendo que los empleados trabajen desde casa el resto del tiempo. De esta forma una empresa puede obtener interesantes ahorros en energía y servicios, y los empleados pueden también economizar en gastos de transporte. También, todo ese tiempo que se pierde en traslados puede utilizarse para producir.

Como podemos apreciar, el teletrabajo es una opción que está a la orden del día, por lo que es importante saber todo sobre él para optimizar el rendimiento y sacarle el máximo partido a la ventaja de trabajar fuera del centro de trabajo.

Las diferencias con el trabajo habitual son:

• Permite trabajar desde cualquier lugar;

• Permite trabajar en cualquier momento;

• Reducción de costos: Se refiere a los gastos fijos como renta de inmueble, mantenimiento, etc., a los que se enfrentan las organizaciones laborales. En el caso de trabajadores del sector público no tiene impacto presupuestal alguno, por lo que puede aplicarse de manera inmediata;

• Aumento de productividad: Debido a la disminución de tiempo perdido y de la tensión provocada por los desplazamientos hacia la organización. Al trabajar medio tiempo, saldrán en una hora en que los traslados a casa son con menor tránsito, así como ser un elemento capaz de disminuir la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica.

Por último, debemos ser muy claros de que el teletrabajo por ningún motivo significa día libre, por lo que se deberá acordar en el centro de trabajo el tipo de actividades (que no incluyan llevarse documentos a casa) que puedan realizarse desde casa o fuera de la oficina.

En Nueva Alianza, reconocemos que implementar esta medida de contratación vía técnicas de la información con los núcleos de población señalados, coadyuvará a atender el desempleo de ciertos grupos sociales y/o como política de desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas, y descentralizar la actividad económica en el territorio, etcétera.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se adiciona una tercera fracción al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. ...

II. ...

III. Teletrabajador es la persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.

Segundo. Se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

Con la finalidad de tener mayor eficiencia y ahorros en gastos y transporte, los teletrabajadores en situación de discapacidad, en situación de desplazamiento forzado y/o de aislamiento geográfico, así como mujeres cabeza de hogar, trabajarán un día a la semana fuera del lugar de trabajo, sin que ello represente que les sea negado el pago del día completo. El día que se trabaje en casa será acordado previamente en el centro de trabajo.

Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.

Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro natural.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 20 de noviembre de 2012.— Diputado Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. El texto íntegro de la iniciativa se insertará en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Compañeras y compañeros diputados, el resto de las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán registradas en el orden del día de la próxima sesión.

En términos de... Dígame, diputado.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Aparece en el orden del día, en el punto de proposiciones, en el número 9, una propuesta de su servidor, tiene que ver con una propuesta de acuerdo parlamentario que no ha sido posible leer. Solicito que se pueda trasladar a la siguiente sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: La reagen-damos con mucho gusto para la próxima sesión, diputado.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: La número 9. Muchas gracias.

* INICIATIVA Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones, con excepción de la número 9 —la que está en el número 9 y alguna otra que se solicitara que se pospusiera—, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:12 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de noviembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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