Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sírvase la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 344 diputadas y diputados; por lo anterior, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:23 horas): Gracias, secretaria. En consecuencia, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 27 de noviembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Tres, de la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en su Consulado General de Guadalajara, Jalisco y en su Agencia Consular en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; e informa que los ciudadanos Bruma Annete Estrella Fong, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Leandro Eduardo López Schaper y Mercedes González Gutiérrez, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados Generales, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nogales, Sonora, y en Monterrey Nuevo León. (Turno a Comisión)

Con el que remite informe de avance del programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

Con el que remite el informe trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.

Con el que remite informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012.

Con el que remite el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al quinto bimestre del año 2012.

Con el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2012.

Dos, con las que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa; y a las tarifas eléctricas, de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua.

Del Gobierno del estado de Guanajuato

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el mes de octubre de 2012, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Del Congreso del estado de Baja California

Con el que remite acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asigne mayor presupuesto a la Secretaría de Salud del estado.

Del Congreso del estado de Durango

Con el que remite acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se otorguen recursos emergentes para el control y combate de la plaga de descortezadores que ataca a las zonas boscosas del estado de Durango.

Del Congreso del estado de México

Con el que remite acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asigne al ramo educativo un equivalente no menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Del Congreso del estado de Puebla

Dos, con los que remite acuerdos, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se incremente el presupuesto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; y se incorpore una partida suficiente para la realización de un catalogo de obras de arte sacro.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Leonardo González García, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se establecen los criterios para conformar y designar las delegaciones permanentes que representarán a la Cámara de Diputados ante organismos y asambleas parlamentarias internacionales, así como las que asistirán a reuniones interparlamentarias y a reuniones por invitación especial. (Votación)

Dictámenes a discusión

Doce de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

Agenda política

Comentarios relativos a la admisión a la ONU del Estado Palestino, libre, independiente y soberano con las fronteras anteriores al conflicto de 1967, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8o., 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el Decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE y de la Sagarpa, se proteja la producción nacional de maíz blanco y se brinde apoyo a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Ma. Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente a la Sagarpa, a la SE, Fira y Financiera Rural, para acordar las acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz, del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tabasco, para que etiquete y transparente los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso Estatal el 16 de noviembre de 2012, para inversiones públicas productivas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade, a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SFP, para que vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que cumpla con lo establecido en el Acuerdo A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, garantizando sus funciones de investigación de los delitos cometidos contra periodistas dentro del territorio nacional, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, implemente un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita el decreto correspondiente a efecto de que el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” de San Luis Potosí, sea reconocido y clasificado como “Hospital Regional de Alta Especialidad”, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar en la NOM-002-PESC-1993, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a negar la autorización del proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, dentro del Área Natural Protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, así como para que se apruebe y publique el programa de manejo correspondiente a dicha Área Natural, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la concesión del tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, para que a través de sus dependencias correspondientes, se realicen las acciones necesarias, a fin de verificar las condiciones laborales de las empresas instaladas en la entidad, el trato que otorgan a los trabajadores y sus condiciones de operación, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud, establezca las modificaciones necesarias en la NOM-007-SSA2 Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada a la mujer, a cargo de la diputada María del Roció Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que por medio de la SSP, garantice la integridad de los alumnos, personal e integrantes del Consejo Universitario que asisten a las instalaciones de la UACM, asimismo, solicitar a la rectora de la Universidad, convoque al consejo universitario para la expedición del Estatuto General Orgánico y demás estatutos, reglamentos y normas necesarias para el cumplimiento de los fines de la misma, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) Se ha retirado más de tres veces.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua, realicen las investigaciones necesarias para determinar en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del Río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros “Casasano La abeja” y “Emiliano Zapata”, ubicados en el estado de Morelos, se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo estatal de participar en el mismo, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP, para que durante los operativos del Programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que otorgue una prórroga a quienes tienen concesiones vencidas para el uso del agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, aumente la supervisión en las aduanas, y a la Segob, para que a través del Instituto Nacional de Migración, incremente y refuerce la vigilancia del Programa Paisano, suscrito por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la ASF, para que realice un análisis detallado sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos, y a la SFP para que realice las investigaciones y en su caso emprenda acciones legales contra los funcionarios públicos que resulten responsables por el daño patrimonial a la Hacienda Pública de dicho municipio, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los asuntos mineros, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación al predio conocido como “La Mexicana”, que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, ubicado en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice los trabajos necesarios para entregar la credencial para votar fuera del territorio nacional, a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, así como celebrar con la SRE los acuerdos correspondientes, en relación a la credencial de Elector, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, publique en el mes de noviembre, el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la Comisión Reguladora de Energía, para que se sancione o en su caso, se cancele el permiso de suministro dado a la empresa Gas Butano Propano de Baja California, S.A. de C.V. mejor conocida como Z Gas, por la suspensión del suministro de gas, que sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales se dio el pasado 18 de octubre, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ALDF, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a diversos jefes delegacionales para que transfieran instalaciones para la conformación de centros deportivos de alto rendimiento, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación a la situación de los migrantes repatriados a territorio nacional, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que suspenda el estado de sitio inconstitucional que se vive en los alrededores de la Cámara de Diputados y en su interior, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SSP, de a conocer a la opinión pública, la situación de las mujeres que se encuentran recluidas, y atienda la problemática que se suscita en los Ceresos con este sector de la población, apegándose a las leyes, tratados y convenciones que rigen la materia, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que actualice y expida el Diagnóstico Nacional sobre Todas las formas de Violencia contra Mujeres y Niñas, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora, el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica...

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame, sí hay quien haga uso de la palabra. Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): En relación al orden del día que está a consideración de este pleno, quiero hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Lo aprobamos antes, pero haga la consideración.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, es sobre el orden del día que se somete a consideración de este pleno. Nosotros planteamos que se agende, como un punto de urgente u obvia resolución, que modifique el orden del día, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que suspenda el estado de sitio inconstitucional que estamos viviendo en los alrededores de la Cámara de Diputados y también en su interior.

El punto de acuerdo es para pedir al Ejecutivo federal y a las autoridades competentes, que cesen el cerco y la vigilancia sobre domicilios, calles y trabajos; es evidente que esta medida viola los artículos 9o., que es el derecho a la manifestación; el artículo 11 constitucional, que es la libertad de tránsito; el artículo 16, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, en sus posesiones, salvo por una orden judicial, y desde luego, el artículo 29, que habla que no podrán suspenderse las garantías individuales.

Esta situación que estamos viviendo en las inmediaciones de la Cámara es una situación sin precedentes y no solamente es un grave atentado a este Poder Legislativo, sino sobre todo, a los vecinos de San Lázaro, de un perímetro muy amplio; a los trabajadores, empezando por los de esta Cámara; a los comerciantes, a la gente que tiene su negocio y que ha visto pérdidas económicas y una afectación a su dignidad personal de transitar.

Ayer también un distinguido comunicador de las redes, Robles Maloof, fue también golpeado aquí cerca y eso no puede seguir.

Ayer nosotros planteamos este punto en la Junta de Coordinación Política, pero hemos visto que lejos de prosperar la situación sigue avanzando y nosotros queremos que el pleno se pronuncie y pida que cese este cerco que está viviendo; los muros son la expresión del autoritarismo, reflejan el miedo de los autócratas a las manifestaciones del pueblo, y el muro de San Lázaro no puede seguir todavía.

Ayer decía usted, señor presidente de la Mesa Directiva, que usted no lo pidió, al menos eso reflejan declaraciones en diferentes medios, decían que a usted le parecía excesivo; queremos que informe qué está pasando y que en todo caso que se pida y se emita un exhorto para que se levante este cerco.

En consecuencia, pedimos que se agende en el orden del día y que haya un pronunciamiento de la Cámara de Diputados sobre el particular. Es cuanto, señor presidente.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Gracias, presidente. Ayer, en la Junta de Coordinación Política, nosotros solicitamos de manera formal que usted como presidente de la Cámara informara a este órgano de gobierno de la misma y de ser posible al pleno, cuál había sido el criterio para la solicitud del establecimiento de este cerco policiaco al Palacio Legislativo de San Lázaro; por un lado, estamos en espera de esa información, hemos conocido por los medios que usted se ha deslindado de ello, que ha dicho que usted es responsable del interior de la Cámara, no del exterior.

Pero como representante legal de esta Cámara, reitero mi solicitud, nuestra solicitud de que se nos informen los criterios para ello; si no fue una solicitud del presidente de la Cámara, pues entonces que el presidente de la Cámara solicite a las instancias que correspondan se informe al respecto, porque eso sí lo podemos hacer.

Porque no solamente se afecta el acceso de diputadas y diputados, o de trabajadoras y trabajadores al recinto o al Palacio Legislativo, sino que el daño principal es a los ciudadanos que habitan las colonias aledañas. Estamos hablando de más de 60 mil vecinos que expresan su inconformidad, porque tienen afectados comercios, el libre tránsito, por supuesto, que es un derecho constitucional.

Pero la dificultad para accesar a sus domicilios; si no traen una identificación, como la credencial de elector, no pueden accesar a su domicilio y creo que eso es muy grave.

La pregunta es, ¿para qué generamos un problema? Porque los vecinos y los ciudadanos no dicen: es el Estado Mayor el que cercó la Cámara o es la Policía Federal; dicen: miren los diputados el cerco que tienen. Pareciera ser que las diputadas y los diputados tenemos miedo, tenemos temor y por eso estamos pidiendo este cerco alrededor del Palacio.

Entonces, en consecuencia, nos sumamos a la petición que hace el compañero Ricardo, y si nos lo permiten, entregaríamos un texto de redacción para este exhorto al Ejecutivo federal para que retiren ese cerco excesivo, estas medidas excesivas; está cerrada la estación del Metro; está cerrada la estación del Metrobús, etcétera.

No es necesario, entendemos las razones de que haya medidas de seguridad, pero ni en otro momento, en tiempos de mayor tensión y crispación fue necesaria esta medida excesiva; por tanto, pedimos su comprensión, es un asunto de voluntad y no nos hace daño que esta Cámara apruebe un exhorto al Ejecutivo federal para que estas medidas extremas, este cerco a las calles, este bloqueo a las calles sea retirado y se permita el libre tránsito de los ciudadanos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Buenos días, señores diputados. En la sesión pasada dejábamos saber a la Presidencia que había personal con perros, evidentemente persiguiendo algo; decíamos que inclusive algunos compañeros trabajadores y algunos ciudadanos nos habían alertado que estaban haciendo investigaciones sobre algunos diputados.

Presumíamos que ya había una instrucción de la Presidencia de la Cámara para que, en coordinación con el Estado Mayor, empezar lo que días después, horas después se hizo público para todos los ciudadanos en el país, que fue este cerco a la Cámara de Diputados, que contrasta con la idea que algunos tenemos de que esta es la casa del pueblo.

Ayer para entrar aquí había que cruzar alrededor de 18 barreras custodiadas por personal de la policía, del ejército y sabrá Dios de quién más; el día de hoy hemos visto en los medios que cuando menos hubo sensibilidad por su parte en declarar que era excesivo y fuera de tiempo lo que estaba sucediendo.

Es por eso que la fracción del Partido del Trabajo estamos desde el jueves, junto con Movimiento Ciudadano, con el Partido de Movimiento Ciudadano, pidiendo que esto se discuta y que se emita el exhorto, que hoy queda más claro que nunca que esta Cámara de Diputados lo tiene que hacer.

Ustedes son responsables, no tan solo de la seguridad de los diputados, sino de que no se violente la Constitución, como ocurrió en las últimas 24 horas.

Quiero culminar diciendo que nosotros nos hemos pronunciado ahora y siempre por la no violencia, que somos personas pacíficas y que queremos que a esta Cámara esto no lo violenten los que están tomando estas decisiones; hemos llamado a la atención de que las medidas —que parecen de halcones— no avancen en esta Cámara de Diputados.

Creemos muy oportuno que esta Cámara emita ese exhorto y que la fracción de los otros partidos, en los que usted milita, el PRI y el PAN, vean esta voluntad y saquemos un punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Un momentito, por favor. Éste es un asunto en el que la Presidencia ya actuó. Les debo el informe, y eso es lo que voy a hacer en este momento, porque creo que eso puede clarificar las cosas.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Presidente, una pregunta.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Si me permite, le informo y después todas las preguntas que usted quiera.

En consecuencia, si prefieren que sea antes, tengo que sujetarme al orden del día y en consecuencia, tendría que ponerlo a votación. No quiero, quiero darles una explicación y me parece que es muy oportuno que se las dé.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputado. No oigo, ¿me lo quiere decir por el micrófono?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, una observación muy importante. Aquí estamos marcando una propuesta de Movimiento Ciudadano, en la página 32, en donde pedimos que se toque este asunto en los puntos de acuerdo. Pero en especial, me llama mucho la atención que nos acaban de informar que el día de mañana no vamos a poder entrar a nuestras oficinas a laborar, debido a la seguridad que va a imponer el estado de seguridad presidencial; sin embargo...

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Si me permiten, les informo para que no haya especulaciones, diputado.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Permítame terminar, presidente. Le quiero pedir que haga una reflexión sobre la seguridad que tiene el mismo Congreso, que siempre ha sido suficiente y que ha dado buenos resultados. Es una falta de respeto para nuestro equipo de seguridad, que nuestra gente sea desalojada —los mismos de seguridad— y que los de fuera vengan a dar la seguridad, los de la Presidencia vengan a dar la seguridad dentro de nuestras oficinas. Esto no es posible.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A ver, señores diputados, el día de ayer esta Presidencia no solo se enteró, vivió un bloqueo en las calles, que ante los medios y públicamente anuncié que nos parecía un exceso. Inmediatamente —no esperé a que hubiera un punto de acuerdo, porque tengo la facultad para hacerlo— me comuniqué con las autoridades para solicitarles que se restringiera el exceso que se estaba dando para efectos de seguridad. La gestión resultó exitosa...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Siguen las fallas.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Me deja hablar? En el sentido de que como ustedes pudieron verlo el día de hoy, como los pudimos ver todos, se eliminaron todos los bloqueos que había para el acceso a la calle.

Dije ayer también que es responsabilidad de esta Presidencia el custodio y la seguridad interior de la Cámara. Les puedo informar que adentro de la Cámara está funcionando nuestro equipo de seguridad y nada más, no hay ningún otro en este momento.

Si hay necesidad pediré auxilio de la fuerza pública, como me autoriza la ley para hacerlo, solo en caso de que haya necesidad, y lo pediré para una razón simple y sencilla: tengo la obligación de velar por la seguridad de los diputados, de los invitados, de los trabajadores y del público que entra a esta casa.

No hay en la Cámara ningunos perros que no sean de la Cámara y que vigilan que no haya explosivos y que no haya ninguna cuestión que pudiera poner en riesgo su seguridad, diputado. No se preocupe, que estoy al pendiente y seguiré estando al pendiente; no habrá ningún exceso y no habrá medidas de seguridad, hasta en tanto esté el tiempo necesario para tomar las que se han tomado de costumbre, generalmente y como de costumbre.

Ahora, si ustedes me permiten, pondría a consideración de todos los diputados el planteamiento que me hacen de modificar el orden del día y lo quiero poner a consideración del pleno.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A sus órdenes, diputado, dígame.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Gracias, presidente. He leído sus declaraciones, presidente y he escuchado su explicación en este momento.

El día de hoy, al trasladarme al Palacio Legislativo por la avenida Fray Servando, nos encontramos la barricada; pedimos el acceso, el agente de tránsito dijo que no podíamos accesar por esa parte, nos desviaron y muy amablemente se acercó otro joven, que se identificó como personal de Cámara.

Si esta Presidencia no ha dispuesto de ese bloqueo, ¿qué hace, señor presidente, el personal de Cámara allá, de aquél lado, más allá de Avenida Congreso de la Unión?

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Lo que usted señaló, diputado, ayudándole a acceder.

Tenga la seguridad, diputado, que el día de mañana estaré al pendiente de que puedan acceder con tranquilidad usted y todos, y además también los trabajadores de la Cámara, además, tenga la certeza.

Voy a poner a consideración el planteamiento que me hacen los diputados, en el sentido de incluir en el orden del día un punto de acuerdo para referirse al tema. Sírvase la Secretaría preguntar al pleno si aceptarían modificar el orden del día para agregar este punto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pregunta a la asamblea en votación económica si está de acuerdo en que se pueda modificar el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, secretaria. Continúe por favor con la aprobación del acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de noviembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con diez minutos del jueves veintidós de noviembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:

• Por la que se establece el formato de la Sesión de Congreso General, en la que el ciudadano Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión, el primero de diciembre de dos mil doce. Se concede el uso de la palabra para intervenir en contra al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se modifica el calendario legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Por la que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, y Rocío Yaneth Córdova Montijo, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de Bélgica, en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora; e informa que la ciudadana Mónica Gabriela Marquina Gaxiola, ha dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco. Las solicitudes de permisos, se turnan a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con las que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos: al consumo interno de frijol mexicano, al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, y a las Estaciones de Servicio de venta de combustibles. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, con las que remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

d) De los Congresos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco, con los que remiten siete acuerdos para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen e incrementen recursos a diversos ramos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Rodrigo Chávez Contreras, diputado federal electo en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley y entra en funciones.

e) De la Cámara de Senadores, con las que remite dos iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma las fracciones sexta y séptima del artículo noventa y cinco de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas, de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer las diputadas: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional; y María Esther Garza Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y once de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

b) Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos doscientos ochenta Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y ciento diez Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, para dictamen.

c) José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Competitividad, para dictamen.

d) Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo trescientos cincuenta Bis seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

e) René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

A las doce horas con cincuenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos setenta y nueve diputadas y diputados.

f) Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos setenta y tres, y trescientos de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

g) Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento siete Bis a la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

h) Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para dictamen.

i) Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo sexto de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

j) Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

k) Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo trece de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

l) Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos doce de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

m) Juan Manuel Diez Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a nombre de las Comisiones Unidas. El Presidente informa a la Asamblea que se han registrado dos mociones suspensivas y se les concede el uso de la palabra para presentarlas a los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admiten a discusión.

Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios a los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; y Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; y Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos séptimo, diez, veinticinco, veintiséis, veintisiete, treinta y uno, treinta y dos, treinta y siete, cuarenta y uno, cuarenta y cuatro, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo, Undécimo, Décimo Tercero, y Décimo Séptimo Transitorios, del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados por trescientos treinta y tres votos a favor; cincuenta en contra, y ochenta y cuatro abstenciones.

Para la discusión en lo particular se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo séptimo del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de orden y moción de procedimiento los diputados Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo diez del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Víctor Manuel Manriquez González, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo diez del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veinticinco del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Elizabeth Oswelia Yáñez González, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación al artículo veintiséis del proyecto de decreto. En votación nominal, por ciento cincuenta y cuatro votos a favor; doscientos treinta y dos en contra; y cuarenta y cuatro abstenciones, no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Rodrigo González Barrios, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiséis del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiséis del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Víctor Manuel Bautista López, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiséis del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiséis del proyecto de decreto. No se admite a discusión y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal, se aprueban en lo particular los artículos séptimo, diez, veinticinco y veintiséis, en los términos del dictamen, por trescientos trece votos a favor; y ciento nueve en contra.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción primera del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de orden los diputados Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima novena del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción vigésima primera del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción vigésima tercera del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de orden el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción vigésima octava del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción vigésima primera del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación:

– Al artículo veintisiete, fracción vigésima del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la Asamblea.

– Al artículo veintisiete, fracción vigésima tercera del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima octava y décima novena del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación:

– Al artículo veintisiete, fracciones décima tercera y décima octava del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

– Al artículo veintisiete, fracción décima novena del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• José Humberto Vega Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima novena del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima novena del proyecto de decreto. La Secretaría da lectura a la propuesta de modificación, en votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Marco Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima octava del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos de la modificación aceptada por la Asamblea.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción décima primera del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal, se aprueba en lo particular el artículo veintisiete, en términos del dictamen, excepto las fracciones décima octava, décima novena, vigésima, vigésima primera, vigésima tercera y vigésima octava, del artículo veintisiete por trescientos veintitrés a favor; noventa y uno en contra; y dos abstenciones. En votación nominal se aprueban las fracciones décima octava, décima novena, vigésima, vigésima primera, y vigésima tercera, del artículo veintisiete del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas por el Asamblea por cuatrocientos quince votos a favor; y cuatro en contra.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y uno del proyecto de decreto. En votación nominal no se admite a discusión, por ciento setenta y un votos a favor; doscientos veintiún en contra; y veinte abstenciones, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal se aprueba en lo particular el artículo treinta y uno en términos del dictamen por doscientos veinte a favor; ciento veinticuatro en contra; y cincuenta y siete abstenciones.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y dos, fracción primera, inciso C del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y dos, fracción primera, inciso C del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y siete del proyecto de decreto. En votación nominal no se admite a discusión por ciento sesenta y nueve votos a favor; doscientos dieciocho en contra; y dieciséis abstenciones, se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados Javier Orihuela García y Martha Lucía Mícher Camarena, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

En votación nominal se aprueba en lo particular el artículo treinta y dos del proyecto de decreto en los términos del dictamen por trescientos ochenta y tres votos a favor; y veintidos en contra. En votación nominal por doscientos diecinueve votos a favor; ciento treinta y tres en contra; y cincuenta abstenciones se aprueba en lo particular el artículo treinta y siete reservado en los términos del dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

• Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno, fracciones décima y décima séptima del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión el artículo cuarenta y uno, fracción décima, mismo que se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen; de igual forma, es admitido a discusión el artículo cuarenta y uno, fracción décima séptima, se acepta la propuesta de modificación, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Yazmin Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• María Fernanda Romero Lozano, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno fracciones décima, décima tercera, y décima novena del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y cuatro del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y cuatro y del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y cuatro del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Aleida Alavez Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo Tercero Transitorio, párrafo tercero, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos Cuarto, Quinto y Séptimo Transitorios del proyecto de decreto. En votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Desde su curul la diputada Yazmin Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, informa a la Presidencia que declina intervenir para presentar su propuesta de modificación al artículo Décimo Séptimo Transitorio del proyecto de decreto.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo Undécimo Transitorio del proyecto de decreto. Se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal se aprueba el artículo cuarenta y uno, fracción segunda, con la modificación aceptada por la Asamblea, y los artículos cuarenta y cuatro, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Undécimo, Décimo Tercero, Décimo Séptimo Transitorios, en los términos del dictamen por doscientos noventa y tres votos a favor; y noventa y cuatro en contra.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes veintisiete de noviembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las veintiuna horas con un minuto.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, secretaria. Continúe por favor.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Baja: Diputado Heberto Neblina Vega (integrante)

Alta: Diputado Alfredo Zamora García (integrante)

Comisión de Defensa Nacional

Baja: Diputado Alfredo Zamora García (integrante)

Alta: Diputado Heberto Neblina Vega (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García, Presidente (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Competitividad

Baja: Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (integrante)

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Baja: Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado.

COMISION DE INVESTIGACION PARA LA REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito comunicarle que en reunión de trabajo celebrada el miércoles 21 de noviembre del año en curso, este órgano de gobierno acordó modificar la integración de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) para quedar como sigue: 5 integrantes del GPPRI; 2 integrantes del GPPAN; 2 integrantes del GPPRD; 1 integrante del GPPVEM; 1 integrante del GPMC; 1 integrante del GPPT; y 1 integrante del GPNA, por lo que le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados...

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Sobre este punto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Antes de someterla a votación, quisiera hacer uso de la palabra para razonar mi voto en favor.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Desde luego, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, he solicitado el uso de la palabra para razonar mi voto en favor de estos movimientos que se registran en las comisiones legislativas; es un derecho de cada grupo parlamentario asignar, reasignar, mover o describir uno u otro puesto dentro de las comisiones.

Pero también quise hacer uso de la palabra, porque se está dando paso a un hecho histórico; los diputados —de conformidad con el 93 constitucional— han integrado una comisión de investigación en materia de movimientos financieros, se le ha denominado Condusef, pero en el fondo la gente popularmente la conoce como la Comisión de Investigación Monex, y por esa razón quise razonar mi voto, alegrándome que finalmente hoy se dé paso a la instalación de esa comisión, que nosotros hemos sostenido y sostenemos que es la punta del iceberg de la corrupción, del manejo indebido de recursos públicos en la campaña, de una triangulación financiera ilegal y que probablemente exista dentro de esta triangulación financiera ilegal dinero proveniente de actividades ilícitas.

La comisión de investigación tendrá a su cargo toda esta investigación. Estoy seguro que habrá rápidos resultados en esta materia, porque incluso el juicio está sub iúdice; hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado mexicano, por violación a la Constitución y por la denegación de justicia.

Quiero, presidente, decirle que lamento mucho que el PRI, el PAN y sus adláteres se hayan negado a firmar, a aceptar o a aprobar este punto de acuerdo anterior del cese a este estado de sitio. Es vergonzoso, es indignante que se suspenda toda actividad.

Prácticamente estamos en un estado de facto, una suspensión de garantías de facto, de acuerdo con el 29 constitucional, pero también debo de reconocer su actitud desde ayer, presidente, en donde usted afirmó que no había solicitado el uso de la fuerza pública ni tampoco de estar ocupando o invadiendo las áreas aledañas.

En efecto, es su obligación, porque es la principal facultad velar por los integrantes de esta Cámara y velar por la seguridad del personal de esta Cámara, pero resulta que a partir de mañana no podrán ingresar, incluso ni sus asesores ni el personal de Cámara.

Se ha anunciado que a partir del jueves no tendrá acceso nadie a entrar en su casa, ¿no les parece a ustedes un despropósito que no puedas ingresar a tu casa? Por eso, presidente, ojalá y usted siga haciendo uso de sus buenos oficios para poder eliminar esta suspensión de garantías de facto que está operando en San Lázaro y sus inmediaciones.

Si el gobierno quiere suspender las garantías, que venga a plantearnos la suspensión de garantías.

Por esa razón, presidente, agradezco su tolerancia y también agradezco los gritos de aquellos inconformes con la gente, de aquellos que se indignan porque protestamos contra este estado de sitio que vive la Cámara.

Que lamentable, que en lugar de defender a las personas, se conviertan en meros lambiscones del estado de cosas; qué lástima que usted grite, señorita, porque cuando usted habla, siempre la escucho con respeto...

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Voy a suplicar a los diputados y al orador, guarden respeto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:...si tiene algo qué hablar, venga a hablarlo a la tribuna; atrévanse a hablar en la tribuna, a debatirlo. Debatan, no griten en el anonimato, porque en sus distritos deben de sentirse muy tristes de que lo único que hacen es gritar, chiflar, pero no son capaces de venir a defender sus puntos de vista en esta tribuna.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le informo, diputado, que el día de mañana podrán entrar a la Cámara todos los diputados y todos los trabajadores, porque no lo ha prohibido nadie ni existe ningún estado de sitio en la Cámara.

El día jueves empezaremos a tomar medidas de seguridad, como se han tomado siempre, para garantizar la seguridad de ustedes y de los invitados, para darle final al informe en este tema. Están abiertas todas las estaciones del Metro y lo estarán mañana también.

El diputado Silvano Blanco Deaquino(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Señor presidente, primero, en el tema de esta comisión de investigación, que efectivamente el artículo 93 constitucional es un derecho que nos da la minoría de poderla conformar, a pesar de las resistencias del PRI, de manera fundamental.

Es un avance, por supuesto que sí, pero tampoco somos ilusos, sabemos que los alcances de esta comisión van a ser muy limitados; por un lado, por la información que van a tener que obtener de algunas instituciones públicas o privadas y que difícilmente se las van a otorgar en una forma correcta, y por otro lado, por la propia conformación de la comisión.

Sabemos, efectivamente, que el PRI y sus aliados tienen mayoría y lograron tener mayoría en esa comisión y lógicamente que no van a permitir que esa comisión investigue de una forma adecuada y dé los resultados esperados que el propio país requiere.

Por otro lado, presidente, efectivamente, inquieta mucho cómo este nuevo gobierno toma actitudes que lastiman y ofenden a la ciudadanía; si bien es cierto que en el DF la gran mayoría de la gente no vota por el PRI, pero deberían de ser más sensibles, y esperemos que en los hechos, se traduzca en que se reduzca esta situación de estado sitio y de molestia que tienen los vecinos del lugar y todos los diputados y el personal de esta Cámara.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, señor presidente. Lamentamos las y los diputados de izquierda que no haya sido modificado el orden del día, obviamente reconocemos lo que usted ha manifestado y que estará muy atento para resguardar esta Cámara de Diputados y de Diputadas a partir del jueves.

Quiero informarle —no sé si a usted le hayan dicho— que desde este momento ya hay personal del Ejército, con barretas dentro de esta Cámara. Nuestra insistencia tiene justificación y está reportada.

Señor presidente, sé que puede escuchar también a varias personas a la vez, tenemos la justificación, entendemos por qué no quieren debatir, no hay argumentos de cómo contrarrestar lo que hemos estado denunciando: el regreso autoritario y represivo del Estado mexicano con el próximo, que será impuesto.

¿Cómo van a argumentar este regreso? No tienen palabras, hay muestras evidentes, es un cerco totalmente insultante, no solamente hacia la Cámara, sino hacia la ciudadanía, como ya se expresó.

Sé que tiene usted la habilidad para leer y escuchar, y vuelvo a insistir, desde ahorita, en este momento, ya hay personal del Ejército dentro de la Cámara con barretas y eso no es correcto y no puede permitirse.

Lamentamos que no atiendan este reclamo del exhorto que tiene que hacer la Cámara de Diputados; lamentamos que no quieran entrar al debate.

Sabemos, ¿cómo van a decir que no es cierto que regresará un Estado autoritario y represivo, que no es cierto que obviamente quieran acallar las voces de la ciudadanía y que quieren seguir aplastando, como lo han hecho todos estos días, alrededor de este recinto? Señor diputado presidente, está el Ejército dentro.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Diputada, si fuera usted tan amable de acompañar al encargado de seguridad de la Cámara y me enseña dónde están, voy a sacarlos. Continúe, por favor, la Secretaría.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): No aceptaré su burla; es su obligación mandar a sacarlos.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Diputada, primer punto, de ninguna manera me burlo, no lo he hecho nunca y no lo haría con usted de ninguna manera, le tengo un gran respeto y lo sigo manteniendo; simplemente, no puedo sacar a quien no veo y si usted vio alguno, sea tan amable de mostrármelo y me encargo personalmente de ir a sacarlo. No es burla.

Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Déjeme nada más pasar al tema. Adelante, secretario.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahorita le doy la voz.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado.Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente, solamente una pregunta, si el día jueves no vamos a tener acceso, jueves y viernes, y va a estar aquí el Ejército, ¿qué garantía tenemos de que nuestras oficinas no van a ser cateadas?

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Compañero, el día jueves usted puede entrar a esta oficina y el viernes y el sábado y voy a estar al pendiente de que pueda hacerlo. Adelante, la Secretaría.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP- 1492/ 12, la licenciada Amparo Solano Garrido, directora general adjunta encargada de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Manuel Martínez Rabelero.

Puesto: Auxiliar administrativo/chofer en el Departamento de Justicia.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Leticia Marbella Matías Matías.

Puesto: Asistente de servicios consulares.

Lugar de trabajo: Agencia Consular de Estados Unidos de América en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Nombre: Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco.

Puesto: Asistente administrativa de instalaciones.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Elena Evelyn Terrazas Iglesias.

Puesto: Supervisor de la Unidad de Prevención de Fraude.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Leandro Eduardo López Schaper.

Puesto: Coordinador de guardias.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Mercedes González Gutiérrez.

Puesto: Empleada de la Oficina de Ciudadanía.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Bruma Annete Estrella Fong.

Puesto: Empleada de embarques.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.DGVE.078/2012, el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2012, así como las observaciones de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Por medio del presente oficio me permito enviarle adjunto el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2012, entregado por Pemex el 31 de octubre de 2012 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a este informe, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

Lo anterior con el objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director general.»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.DGVE.077/2012, el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el tercer informe trimestral 2012, respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Por medio del presente oficio me permito enviarle adjunto el informe trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, remitido a esta dependencia por et director general de la entidad paraestatal el 16 de noviembre de 2012, correspondiente al tercer trimestre del año 2012.

Lo anterior con el objeto de que, por su conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/114/2012, el Lic. Pedro Ordorica Leñero, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en él se cita, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012, tanto en impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su tercera sesión extraordinaria de 2012 y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a más tardar el 30 de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Licenciado Pedro Ordorica Leñero (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SNM/143/2012, el licenciado Álvaro Luis Lozano González, subsecretario de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, correspondiente al quinto bimestre del año 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Secretaría de Normatividad de Medios.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, así como a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por la fracción X del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de utilización de tiempos oficiales correspondiente al quinto bimestre del año 2012, así como el informe de los programas y campañas correspondientes al ejercicio fiscal 2012, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Licenciado Álvaro Luis Lozano González (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número 100. DGVE. 079/ 2012, el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Por el presente oficio me permito enviarle adjuntos los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2012, entregados por Pemex a esta dependencia el 31 de agosto de 2012.

Lo anterior, con objeto de que por su conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director general de Vinculación y Enlace.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0113, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 1520/12, suscrito por la licenciada Amparo Solano Garrido, encargada de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a actualizar las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, así como promover la autosustentabilidad del Instituto.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a la respuesta que brindó la Secretaría de Relaciones Exteriores a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión ordinaria, del pasado 2 de octubre, el cual se hizo llegar para la atención de esta dependencia federal con oficio SEL/UEL/311/2799/12 y que a continuación se describe:

“Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adaptándolas a las necesidades actuales, adecuando la estructura administrativa del Instituto para diversificar la generación de sus ingresos financieros, promoviendo la autosustentabilidad del instituto, procurando a su vez, la transparencia y rendición de cuentas, realizando una reingeniería administrativa.”

Al efecto, y por considerarlo del interés del legislador promovente –diputado Harvey Gutiérrez Álvarez (PRI-Chiapas) o legisladores interesados en el tema– ruego a usted considerar los documentos anexos y, en su caso, ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Licenciada Amparo Solano Garrido (rúbrica), directora general adjunta de Coordinación Política Encargada de la Dirección General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Señor director general:

Me es grato hacer referencia al convenio de cooperación entre la Secretarías de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, firmado en la Ciudad de México el 4 de abril de 2006, cuya vigencia concluyó el 3 de abril de 2009.

Tomando en consideración que ambas Partes han continuado colaborando al ampara de este instrumento integral, aun cuando no de prorrogó en ocasión del término de su vigencia, lo que pone de manifiesto el interés de ambas Partes en mantenerlo en vigor, propongo a usted, en su carácter de director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), prorrogado, por un periodo adicional de tres (3) años, con efectos retroactivos el 4 de abril de 2012 al 3 de abril de 2015.

Si lo anterior es aceptable para el ILCE, propongo que esta nota y la de respuesta en sentido afirmativo, constituyan una prórroga del convenio suscrito el 4 de abril de 2006, en los términos mencionados.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

México, DF, a 25 de octubre de 2012.— Embajadora Norma B. Pensado Moreno (rúbrica), subsecretaria para América Latina y al Caribe.»

«Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Estimada embajadora Pensado:

Con agrado hago referencia a su nota SSAL.-01824, de fecha 26 de octubre de 2012, sobre el convenio marco de cooperación suscrito entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que la misma señala prorrogar la vigencia del Convenio Marco por un periodo de 3 años con efectos retroactivos del 4 de abril de 2012 al 3 de abril de 2015; en mi carácter de director general de este organismo internacional acepto ampliar esta vigencia a fin de continuar colaborando en proyectos entre nuestras instituciones bajo el amparo de dicho instrumento internacional.

Sin otro particular, le reitero mi más alta estima y distinguida consideración.

México, DF, a 7 de noviembre de 2012.— Licenciado José Luis Espinosa Piña (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

TARIFAS ELECTRICAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0078, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.638, suscrito por la maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, directora general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/2713/12, del 21 de septiembre del año en curso, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, relativo a los siguientes resolutivos:

“Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad, y de la Comisión Nacional del Agua, todos de la Administración Pública Federal, a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en consideración la sensación térmica, la temperatura y la humedad relativa.

”Segundo....

”Tercero.Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, y de la Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones beneficien y apoyen a las localidades del estado de Chihuahua y a los ciudadanos mexicanos otorgando la aplicación de la tarifa 1 F, toda vez que el Estado, debido a que su clima extremoso obliga a sus habitantes consuman cantidades muy altas de energía eléctrica, así como a las demás localidades de los Estados Unidos Mexicanos que han registrado de manera constante la temperatura media de 33°C, según las actualizaciones disponibles de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

”Cuarto.Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de la Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice el cobro correspondiente de forma mensual; sustituyendo el cobro bimestral del servicio por consumo de energía eléctrica.

”Quinto.Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, y de la Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones, en las épocas de verano e invierno considere la sensación térmica para el cálculo de la temperatura por localidad y lleve a cabo la revisión de los topes de consumo de acuerdo a las tarifas, con el objetivo de minimizar las preocupaciones económicas a las que están expuestos los y las jefas de familia en las localidades del estado de Chihuahua y demás localidades consideradas zonas áridas y semiáridas de los Estados Unidos Mexicanos, como una medida previsora del tiempo que tarde la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones meteorológicas.”

Al respecto, la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad informa que, toda vez que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 31, fracción X, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la dependencia a la que corresponde establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijarlos, no es competencia de esta dependencia implementar las políticas sugeridas en el ramo.

Cabe señalar, que con base en lo estipulado en los artículos 31 de la LOAPF, y 30 de la Ley de Servicio Público de Energía, la Secretaría de Economía sólo participará, con opinión, en políticas del rubro, una vez que exista una propuesta por parte de CFE, y la SHCP solicite comentarios por escrito y convoque a reuniones para abordar el tema.

No obstante, se sugiere consultar a la Comisión Nacional del Agua, sobre el asunto, al ser ésta una dependencia estratégica, ya que, como menciona el punto de acuerdo, es la responsable de la medición de la temperatura, insumo considerado necesario para el establecimiento de tarifas.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del Acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en e1 presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2012.— Maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), directora general de Enlace.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para su conocimiento.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Secretaría de Gobierno.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra Presidente de la LXII Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L.-62-II-8-0148, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, a que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académica y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional», con base en lo anterior me permito manifestar lo siguientes:

Es destacable la encomienda que asume el Congreso de la Unión para fortalecer las instituciones educativas sobre todo en nivel medio superior, por ello es que me permito comentarle que el gobierno del estado de Guanajuato tiende dentro de su proyecto de gobierno, en sus estrategias relativas a la educación, hacer más eficiente la educación medio superior. Justamente, una de las visiones de este gobierno es llevar educación, oportunidades y mejores obras a los que menos tienen, en ese sentido, una de nuestras metas es crear un “un proyecto urbano integral” para colonias marginadas de zonas suburbanas, en los que cuenten con espacios educativos, recreativos, de infraestructura y de proyectos productivos. Teniendo además, como una de nuestras metras principales crear espacios educativos en zonas marginadas, en especial de nivel medio superior.

Por otra parte, le destaco que actualmente se encuentra en análisis en los ayuntamientos de la entidad la minuta de proyecto de decreto a efecto de prever la obligatoriedad de la educación media superior y superior, la cual tuvo como iniciativa al Poder Ejecutivo con lo que se patentiza el interés y compromiso con el tema.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de octubre de 2012.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino de las carreteras El Refugio a Higuera de Zaragoza en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramo de 4.05 kilómetros que van del camino a la carretera internacional México 15 al ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados el segundo y tercero.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.— Presente.

Francisco Salvador López Brito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destine los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino de las carreteras El Refugio a Higuera de Zaragoza en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramo de 4.05 kilómetros que van del camino a la carretera internacional México 15 al Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa.

Consideraciones

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado con su infraestructura; es por eso que el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de 2007 a 2012 ha destinado 3 billones 911. 3 miles de millones de pesos, sin embargo es insuficientes para terminar con los rezagos.

El problema de modernización de la infraestructura carretera, generalmente se asocia con la idea de mejorar las condiciones de operación y seguridad de la misma, por lo que una adecuada distribución de los recursos destinados repercutirá en un mayor tránsito de mercancías y personas.

En las últimas tres décadas, el crecimiento y modernización de la red de caminos rurales en México ha pasado del objetivo rector de integración territorial, consistente en que solamente exista una expansión mejorada de sus vías de comunicación, hacia el de la incorporación socio-económica, lo que conlleva a que las comunidades que se encuentran en zonas rurales además se benefician en sus aspectos económicos y sociales.

El país necesita contar con un sistema carretero de gran cobertura, calidad y seguridad, que apoye la competitividad y la eficiencia de la economía y los sectores que la componen, que contribuya a eliminar desequilibrios y a potenciar el desarrollo regional mejorando el acceso a zonas rurales marginadas.

El estado de Sinaloa cuenta en su territorio con vías de comunicación que lo unen con sus diferentes localidades, ubicadas principalmente paralelas a la costa; su longitud ascienda a 16 mil 397 kilómetros, de los cuales 3 mil 233 km están pavimentados, 7 mil 237 km son caminos de terracería, mientras que 5 mil 927 km están revestidas, por lo que se cuenta con un total de 28.6 km por cada 100 kilómetros cuadrados de densidad carretera.

Debido a su ubicación geográfica estratégica para el flujo comercial, en los últimos dos años, la Federación ha invertido junto con el gobierno de Sinaloa 10 mil 798 millones de pesos en obras carreteras, mejorando sustancialmente la conectividad del estado con las otras entidades federativas.

La proposición con punto de acuerdo que se plantea es para destinar los recursos necesarios para la modernización y ampliación de las carreteras El Refugio- Higuera de Zaragoza en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramo de 4.05 kilómetros que van del camino a la Carretera Internacional México 15 al Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa.

Estamos hablando de tan solo 7 kilómetros de carretera que se necesitan construir con una inversión aproximada de 22 millones de pesos, que en un contexto nacional pudiera tener una importancia ínfima, sin embargo para la región es de gran relevancia ya que estamos hablando de unas 14 mil personas beneficiadas, que habitan en comunidades indígenas y de alta marginación.

Conforme a los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, las localidades de El Refugio y Gabriel Leyva están catalogados como de Alta Marginación, así como Higuera de Zaragoza está considerada como de nivel media marginación.

En este sentido, la modernización y ampliación de los caminos El Refugio a Higuera de Zaragoza y Carretera Internacional México 15 Ejido Gabriel Leyva(El Venadillo), ayudaría en buena medida a hacer más accesible el otorgamiento de servicios básicos de salud y educación, transporte de personas y de productos. Por lo tanto, se requiere la construcción de estas vías de comunicación que permita enlazar a la población de manera más rápida y segura.

La mejora en la infraestructura en las comunidades rurales, significa que pueden alcanzar un mejor desarrollo económico, social y humano, por lo que estamos obligados a dotar de las mismas oportunidades que se le brinda a las grandes ciudades, a las comunidades rurales e indígenas con alta marginación. Por lo que se pide a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en lo correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se destinen los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino de las carreteras El Refugio a Higuera de Zaragoza en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramo de 4.05 kilómetros que van del camino a la carretera internacional México 15 al Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta honorable Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en ejercicio de sus facultades, al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino carretera El Refugio a Higuera de Zaragoza del Kilometro 0+000 al kilometro 3+293.935, así como la modernización y ampliación del camino carretera internacional México 15 Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo), del Kilometro 0+000 al Kilometro 4+056.66 ambas dentro del municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino carretera El Refugio a Higuera de Zaragoza del Kilometro 0+000 al kilometro 3+293.935, así como la modernización y ampliación del camino carretera internacional México 15 Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo), del Kilometro 0+000 al Kilometro 4+056.66 ambas dentro del municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.

Tercero. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la honorable Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 , para la modernización y ampliación del camino carretera El Refugio a Higuera de Zaragoza del Kilometro 0+000 al kilometro 3+293.935, así como la modernización y ampliación del camino carretera internacional México 15 Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo), del Kilometro 0+000 al Kilometro 4+056.66 ambas dentro del municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.

Atentamente

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 los recursos asignados al fortalecimiento de las capacidades municipales para la recolección y el manejo adecuados de los residuos sólidos urbanos, así como para la construcción de rellenos sanitarios, incluidos los intermunicipales o regionales.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Asimismo, se anexa oficio con fe de erratas suscrito por el coordinador de asesores del Grupo Parlamentario del PVEM.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 los recursos asignados al fortalecimiento de las capacidades municipales para la recolección y el manejo adecuados de residuos sólidos urbanos, así como para la construcción de rellenos sanitarios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

No puede negarse que en un mundo globalizado, la producción de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades aumenta a ritmos acelerados. Sin embargo, muy pocas veces se reflexiona acerca de que en su fabricación, distribución y consumo se utiliza un importante volumen de recursos naturales que, en el mediano plazo, pueden llegar a escasear de no ser utilizados en forma sustentable. De igual forma, muchas veces pasa inadvertido que a lo largo del ciclo de vida de esos bienes y servicios se generan residuos que, de no ser manejados adecuadamente, pueden llegar a diezmar la salud humana y afectar el equilibrio ecológico.

Los residuos son definidos como el “material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ella deriven”. Ello, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIX del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La ley en comento distingue tres tipos de residuos: a) de manejo especial; b) peligrosos; y c) sólidos urbanos. Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo cobran especial importancia los residuos sólidos urbanos, que de conformidad con la fracción XXXIII del artículo 5 son “los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias; y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados en esta ley como residuos de otra índole”.

El manejo y la disposición adecuados de ese tipo de residuos aún constituye uno de los principales retos en materia ambiental para muchas entidades federativas y municipios del país, no sólo porque la cantidad que se genera año con año aumenta a un ritmo constante sino porque las capacidades humanas y tecnológicas no son óptimas, por falta de recursos monetarios que permitan adquirir el equipo necesario y capacitar al personal encargado del servicio de limpia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2002 se generaron 32.1 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en el país; el estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Nuevo León fueron las entidades con mayor volumen generado de ese tipo de residuos. Para julio de 2012 se habían generado 42.1 millones de residuos sólidos urbanos y si bien aún no se cuenta con información desagregada por entidad federativa, si se toman como base los datos más recientes disponibles se asume que las entidades referidas continuaban ocupando los primeros lugares en la generación de ese tipo de residuos, como se ilustra en la tabla I:

Por lo que se refiere a la generación per cápita del tipo de residuos que nos ocupa, en 2002 en el país se generaron 322 kilogramos, cifra que para julio de 2012 se había incrementado en 41 kilogramos.

En cuanto al tipo y volumen de residuos sólidos urbanos generados a escala nacional, los orgánicos ocupan el primer lugar. En 2002 se generaron 16.8 millones de toneladas y en julio de 2012 el volumen generado ascendió a 22.1 millones de toneladas. El segundo lugar lo ocupan los residuos de papel y cartón, con 4.5 y 5.8 millones de toneladas generadas en 2002 y 2012, respectivamente. Por otra parte, los residuos de vidrio ocupaban el tercer lugar de generación en 2002, con 1.8 millones de toneladas; sin embargo, actualmente este lugar lo ocupan los residuos de plástico, con 4.5 millones de toneladas.

En el mejor de los casos, si los residuos sólidos urbanos generados no pueden ser aprovechados para recuperar parte de su valor económico mediante acciones como la remanufacturación, la reutilización, el reciclado o la recuperación de materiales secundarios, éstos son colectados por el servicio de limpia y depositados en un relleno sanitario, previa separación.

En 2006, en México se contaba con 88 rellenos sanitarios y para 2011 ya eran 196, a los cuales se sumaron 20 rellenos de tierra controlados. La mitad de los rellenos sanitarios que había en el país en 2011 se concentraba en 9 entidades federativas: Puebla (17), Nuevo León (14), Guanajuato (12), Tamaulipas (11), Hidalgo (10), México (10), Morelos (9), Querétaro (8) y Quintana Roo (8); mientras, el Distrito Federal y Jalisco, que se encabezaban la lista de los principales generadores, contaban sólo con 1 y 4 rellenos sanitarios, respectivamente. A ellos se suman los 24 rellenos sanitarios construidos en el último año de gestión de la actual administración, lo cual totaliza 234 rellenos sanitarios controlados, que han beneficiado a 12 millones de personas que habitan en 207 municipios de 26 entidades federativas.

Como se aprecia, falta mucho por hacer para que la mayoría de los municipios del país cuente con rellenos sanitarios controlados. En muchas ocasiones un solo municipio no es capaz de costear su construcción, por lo que además de la asignación de recursos presupuestales es necesario alentar la coordinación intermunicipal e incluso regional para que la construcción de este tipo de rellenos se lleve a cabo conjuntamente y de esta forma se asegure una disposición adecuada de conformidad con la normativa aplicable.

Por otra parte, como se ha mencionado, la carencia de equipo y personal impide a las autoridades municipales llevar a cabo la colecta y disposición adecuadas, por lo que una cantidad importante de esos residuos acaba en tiraderos a cielo abierto o, peor aún, en cuerpos de agua como ríos y lagos o en barrancas. De acuerdo con los datos disponibles, 12.9 millones de toneladas de residuos fueron dispuestos en 2002 en tiraderos a cielo abierto, mientras que para julio de ese año la cantidad de redujo a 11.4 millones de toneladas.

El estado de México, Veracruz de Ignacio de la Llave, Chiapas, Oaxaca y Michoacán de Ocampo son las entidades federativas que dispusieron más residuos sólidos urbanos en tiraderos a cielo abierto en 2002 y 2012. La tabla II ilustra esta situación.

Entre los problemas ambientales y de salud humana que la disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos ocasiona se encuentran los siguientes:

• Generación de fauna nociva, como ratas, cucarachas, moscas y mosquitos transmisores de enfermedades infecciosas y de vector;

• Contaminación del suelo por lixiviados;

• Contaminación de los mantos acuíferos subterráneos por lixiviados y por presencia de coliformes fecales;

• De igual forma, dependiendo del tipo de residuos y la cantidad dispuesta en los tiraderos, los suelos y mantos acuíferos pueden contaminarse por salinidad;

• La degradación de los residuos por efecto de la lluvia y el sol genera gas metano, el segundo de efecto invernadero de origen antropogénico;

• Según el tipo de residuo, por efecto del sol pueden producirse incendios que, además de poner en riesgo las zonas aledañas al tiradero, generan gases contaminantes a la atmósfera, dioxinas y furanos, éstos con efectos bioacumulables y cancerígenos; y

• La obstrucción del flujo natural de los cuerpos de agua y de cauces de río, lo cual incrementa el riesgo de inundaciones.

Sin demeritar los avances en materia de manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, debe reconocerse que hay mucho por hacer para que las entidades federativas y los municipios sean dotados de capacidades e infraestructura que les permitan construir rellenos sanitarios controlados, incluidos los intermunicipales o regionales, así como construir centros de transferencia, de tal suerte que puedan llevar a cabo un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos. No es casualidad que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 haya incorporado el manejo y la disposición adecuada como dos de los principales retos ambientales por resolver.

El plan reconoce: “La infraestructura para dar un manejo adecuado a los residuos sólidos urbanos y peligrosos es aún insuficiente. La capacidad instalada en el país debe ser optimizada para contar con sistemas efectivos de manejo”. Por ello, el objetivo 12, “Reducir el impacto ambiental de los residuos”, del eje 4, “Sustentabilidad ambiental”, consiste en “favorecer la valorización de los residuos, así como el diseño y la construcción de infraestructura apropiada que permita la recolección, la separación, el reciclaje y la disposición final de éstos”.

Los programas de gestión, las actividades de saneamiento, las obras complementarias, los estudios, la construcción de rellenos sanitarios, incluidos los intermunicipales o regionales, y el equipamiento, como el de los centros de transferencia, implantados no habrían sido posibles si no se hubiesen asignado recursos presupuestarios para tales efectos, y aun cuando se ha procurado incrementar los montos asignados, ello no siempre ha sido posible. La tabla III ilustra los recursos asignados a la gestión integral de residuos sólidos urbanos en los últimos cinco años:

Para poder avanzar en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 incremente el monto asignado. Ello, además de beneficiar a diferentes municipios al proporcionarles los medios para mejorar sus capacidades y la infraestructura para una disposición adecuada de los residuos, repercutirá en el bienestar de la población porque se reducirán los focos de infección y de contaminación de suelo, agua y atmósfera.

Por lo expuesto se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 los recursos asignados al fortalecimiento de las capacidades municipales para la recolección y el manejo adecuados de los residuos sólidos, así como para la construcción de rellenos sanitarios, incluidos los intermunicipales o regionales.

Notas:

1 Poder Ejecutivo federal, 2012, “Otros indicadores representativos del medio ambiente y recursos naturales”, en Anexo estadístico del sexto Informe de Gobierno,México, página 62.

2 Poder Ejecutivo federal, 2012, “Otros indicadores representativos del medio ambiente y recursos naturales”, en Anexo estadístico del sexto Informe de Gobierno,México, página 62.

3 Véase Poder Ejecutivo federal, 2012, “Generación y disposición de residuos sólidos urbanos”, en Anexo estadístico del sexto Informe de Gobierno,México, página 384.

4 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2011, “Rellenos sanitarios y de tierra, por entidad federativa, 2011”, en Estadísticas de medio ambiente, http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb130&s=est&c= 21639. Página consultada el 20 de noviembre de 2012.

5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012, “3.2.1. Residuos sólidos urbanos”, en Sexto informe de labores, México, página 91.

6 Se trata de sitios que no cumplen las condiciones mínimas que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio. Diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”.

7 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2011, “Disposición estimada de residuos sólidos urbanos en sitios no controlados más reciclaje, por entidad federativa, 2000 a 2011”, en Estadísticas de medio ambiente, http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.asex?t= mamb230&s=est&c=28932. Página consultada el 20 de noviembre de 2012.

8 Cortinas de Nava, C., 2001, “Problemas ambientales y sanitarios locales y globales”, en Hacia un México sin basura, Grupo Parlamentario del PVEM, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, México, páginas 31-34. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2009, “1.1. Residuos y salud”, en Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, México, páginas 22 y 23, http://www.semarnat.gob.mx/programas/Documents/ PNPGIR.pdf. Página consultada el 20 de noviembre de 2012.

9 De conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el lixiviado es un “liquido que se forma por reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión sustancias que pueden filtrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo parcial a la salud humana y de los demás organismos vivos”.

10 Poder Ejecutivo federal, “4.7. Residuos sólidos y peligrosos”, eje 4, “Sustentabilidad ambiental”, en Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,México, página 265.

11 Ídem.

Dado en el recinto del Senado de la República del Congreso de la Unión, a 22 de noviembre de 2012.— Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica).»

«Doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.— Presente.

Por instrucciones del senador Jorge Emilio González Martínez, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, y en alcance del oficio número CA-OD/ PVEM/ 17/ 12, de fecha 21 de noviembre del presente (anexo), me permito solicitar su gentil intervención a efecto de que se realice una fe de erratas a la tabla II de la proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 los recursos asignados al fortalecimiento de las capacidades municipales para la recolección y el manejo adecuados de residuos sólidos urbanos, así como para la construcción de rellenos sanitarios, presentada por la senadora María Elena Barrera Tapia.

La tabla II dice:

Debe decir:

Lo anterior, a efecto de que la información que se remita a Cámara de Diputados, así como la que se publique en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, sea la correcta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.— Javier Carreón Valencia (rúbrica), coordinador de asesores del GPPVEM.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a la Cámara de Diputados a aumentar los recursos al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la Cámara de Diputados el segundo y tercero.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la de laCámara de Senadores de la LXII Legislatura.— Presente.

Francisco Salvador López Brito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus atribuciones aumenten los recursos al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Tanto la investigación científica, como el desarrollo tecnológico y la innovación, generan conocimiento útil que permite mejorar la calidad de vida de los seres humanos, debido a que posibilita eficientar recursos, una mayor competitividad, lo cual en el mediano y largo plazo contribuye al desarrollo regional y fomenta la modernización de los procesos productivos.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países más desarrollados y competitivos del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología, al sector educativo y a la investigación.

La OCDE revela que los países que más invierten en innovación tecnológica son: Suecia, con el 3.49 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); Corea y Finlandia con 3.5%; Singapur y Taiwán 2.6%; China con 1.12% y Rusia, con el 1.12%.

En México, aún cuando el Artículo 25 de la Ley General de Educación, y el Artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología establecen que el Gobierno Federal debe destinar, al menos, el uno por ciento del PIB a ciencia y tecnología, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 sólo se destinaron recursos equivalentes al 0.29 por ciento del PIB nacional.

Los informes oficiales detallan que la inversión interna en investigación científica y desarrollo experimental en México fue en 2006 de apenas 0.38 por ciento del PIB; en 2007, 0.37; en 2008, 0.41; en 2009, 0.44; en 2010, 0.48, y en 2011, 0.46 por ciento.

Lo anterior contrasta con lo destinado en este mismo rubro durante el último año por Estados Unidos, que alcanzó 2.90 por ciento del PIB; Canadá, 1.74; Alemania, 2.82; España, 1.39; Japón, 3.26; Italia, 1.26 y Francia, 2.25 por ciento del PIB.

Esta ínfima inversión en ciencia y tecnología propició que el número de investigadores en México en 2010, último año registrado en los anexos del sexto Informe de gobierno, sea de 11 por cada 10 mil integrantes de la fuerza de trabajo, cuando en Estados Unidos esta proporción es de 95; en Canadá, 86; en Alemania, 81; en España, 72; en Japón, 104; en Italia, 43; en Reino Unido, 76 y en Francia, 91 investigadores pro cada 10 mil trabajadores.

En un estudio elaborado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, se expone que existe una relación directa entre el crecimiento de la actividad económica de un país con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ya que los factores tradicionales (tierra, trabajo y capital) incrementan su productividad ante la presencia de un mayor gasto en estos rubros.

Impulsar la innovación tendiente a la obtención de un mayor desarrollo tecnológico, hará menos dependiente a México de la importación de tecnología de países más desarrollados y elevaría la productividad y riqueza de una nación, con más empleos mejores remunerados.

De acuerdo al Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de 2012, referente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Al analizar el apartado del Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, se observa que fueron destinados 21 mil 235 millones de pesos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que significa 16.5 por ciento más que al gasto autorizado para el año 2011; sin embargo, diversos programas han sufrido de recortes presupuestales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señala como objetivos para integrar y superar los desequilibrios regionales, entre otros: el fomento a los mecanismos de coordinación intergubernamental; asistir a las entidades y municipios en el fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas; fomentar la competitividad y la infraestructura para el desarrollo.

En este sentido, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene determinadas estrategias para el desarrollo regional. Sin embargo, hasta 2008, el único instrumento para propiciar el desarrollo en las entidades federativas y fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas había sido el Fondo Mixto (Fomix), a través del cual se apoyaba a los Estados y Municipios y con ello contribuir a superar los desequilibrios y asimetrías regionales.

En ese contexto, se crea el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación y viene a complementar al Fomix en el trabajo de impulsar la política de descentralización y promoción del desarrollo regional basado en conocimiento.

Así, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se constituye el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación con el objetivo de promover acciones científicas, tecnológicas, de innovación de alto impacto y de alto valor estratégico, así como apoyar la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e integración de las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología e innovación.

La proposición con punto de acuerdo que se plantea, pretende que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respectiva destinen mayores recursos al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, a fin de que se apoyen más acciones que contribuyan al desarrollo armónico, sustentable y equilibrado de las regiones y sus comunidades.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en ejercicio de sus facultades gestione mayores recursos para el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, aumenten los recursos al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Tercero. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la honorable Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para otorgar mayores recursos destinados al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Atentamente

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la presa Picachos, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa Santa María.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Recursos Hidráulicos y a la Cámara de Diputados el segundo y tercero.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.— Presente.

Francisco Salvador López Brito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua; y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la presa Picachos, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa Santa María.

Consideraciones

A fin de administrar de manera eficiente el agua de lluvias para poder ser usada posteriormente en el abastecimiento de poblaciones, riego de cultivos, y producción de energía, es importante contar con un sistema de presas hidráulicas, reguladas por sus respectivos embalses, así como la existencia de sistemas de distribución suficientes y eficientes.

De esta manera, las grandes presas y embalses administran unos 4 mil kilómetros cúbicos al año, lo que significa alrededor del 31 por ciento de los recursos mundiales disponibles de agua.

Por ejemplo, las tierras de regadío suponen el 17% de las tierras cultivables, pero producen el 40% de las cosechas de alimentos.

También los embalses juegan un papel relevante en la mitigación de los daños producidos por las sequías e inundaciones, por lo que uno de los objetivos del 20% de las presas es la laminación y el control de las avenidas de agua.

Además, la hidroelectricidad, que es una energía renovable, limpia, y medioambientalmente amigable, produce el 20% del total de la generación eléctrica mundial.

En México, existen alrededor de 4 mil 800 presas distribuidas en todo el territorio de las cuales 677 se consideran como grandes, de acuerdo a los estándares internacionales de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD por sus siglas en inglés), es decir tienen una profundidad mínima de 15 metros o una capacidad mayor a los tres millones de metros cúbicos.

Dentro de la infraestructura hidráulica con la que cuenta el país para proporcionar el agua requerida para los diferentes usuarios nacionales, destacan además: 6.50 millones de hectáreas con riego, 2.9 millones de hectáreas con temporal tecnificado, 631 plantas potabilizadoras y 2 mil 29 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación.

En el caso del estado de Sinaloa, cuya actividad económica se sustenta principalmente en su agricultura, cuenta con 10 Distritos de Riego de los 86 existentes en el país, lo que le ha permitido una alta productividad que le permite participar en los mercados nacionales e internacionales como exportador de productos frescos de origen hortifrutícola, las que representan más del 65 por ciento de las exportaciones totales.

El pasado 12 de noviembre, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa inauguró la presa Picachos, que tendrá una capacidad de almacenamiento de 322 millones de metros cúbicos, permitirá incorporar al cultivo más de 22 mil 500 hectáreas una vez que se construya el sistema de riego que tendrá un costo superior a los 2 mil 500 millones de pesos, pero además garantiza el abastecimiento de agua para consumo humano a los habitantes de Mazatlán por al menos los próximos 20 años.

En la ceremonia inaugural, el Presidente Calderón destacó entre los objetivos de esta infraestructura hidráulica la creación de un distrito de riego que impulsará la producción agrícola para consolidar a Sinaloa como el principal granero de México, además facilitará el fomento a la piscicultura, la pesca, el desarrollo turístico y, en un futuro, la generación de energía eléctrica.

Cabe mencionar que uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del estado de Sinaloa, consiste en “fortalecer y modernizar la infraestructura hidroagrícola”, por tanto, la construcción del sistema de riego de la presa Picachos es primordial para abrir al cultivo las más de 22 mil hectáreas en esta zona.

La obra citada, llevará beneficio a más de 3 mil familias de agricultores de los municipios de Mazatlán, El Rosario y Concordia, al garantizarles el acceso al vital recurso por al menos dos décadas más.

La proposición con punto de acuerdo pretende exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que destine los recursos suficientes para concluir el sistema de riego de la presa Picachos, y con ello generar un mayor impulso al desarrollo regional.

Por otra parte, el proyecto de construcción de la presa Santa María forma parte del proyecto hidroagrícola Baluarte-Presidio en su segunda etapa, ya que la primera etapa lo constituye la presa Picachos recién inaugurada.

Según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa Santa María permitiría la incorporación al sistema de riego de 24 mil 250 hectáreas para beneficio de 2 mil 500 usuarios. Además, se podría generar energía eléctrica y una producción de 2 metros cúbicos ó dos mil litros por segundo de agua para el abastecimiento del centro integralmente planeado Playa Espíritu, cuya construcción se encuentra en proceso en la localidad de Teacapán del municipio de Escuinapa.

Playa Espíritu es el más reciente polo turístico que se está desarrollando, debido a su exuberante vegetación, grandiosidad de sus esteros llenos de pequeños islotes donde anidan exóticas aves para depositar sus huevos, de ahí la relevancia de garantizar el suministro de agua al destino vacacional.

De ahí a que la proposición con Punto de Acuerdo tiene por objetivo que la Federación libere 15 millones de pesos autorizados para que la Conagua licite la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de la presa Santa María, en el municipio de El Rosario.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura Hidráulica para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la presa Picachos y libere los recursos para la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de la presa Santa María, en el municipio de El Rosario.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, considere y destine los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la presa Picachos.

Tercero. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la presa Picachos.

Atentamente

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras que son las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de octubre de 2012, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por las autoridades aduaneras, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol, animales, flores y plantas, armas, artículos de limpieza y aseo, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, productos farmacéuticos y material de curación, productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de octubre de 2012 por las autoridades aduaneras fue de 29,767 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida tales como: kilogramo, cabeza, pieza y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador Central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Poder Legislativo del Estado de Baja California.— XXLegislatura.— El Poder Ciudadano.

Diputado Federal Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF

Por este conducto, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria de la honorable XX Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 31 de octubre del año en curso, se aprobó el siguiente:

Acuerdo

Primero. La honorable Vigésima Legislatura del Congreso del estado de Baja California exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a efecto de que en el marco de la próxima elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 se asigne mayor presupuesto a la Secretaría de Salud Pública en el estado de Baja California, cbn el objeto de basificar médicos y enfermeras para asignarlos al Issesalud en el estado.

Segundo. Remítase el presente acuerdo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado Jesús Murillo Karam, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Mexicali, BC, a 31 de octubre de 2012.— Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz (rúbrica), presidenta;diputado Fausto Zárate Zepeda (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— Poder Legislativo del Estado de Baja California.— XXLegislatura.— El Poder Ciudadano.

Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta de la mesa Directiva del Congreso de Baja California.

Compañeras diputadas; Compañeros diputados;honorable Asamblea;Pueblo de Baja California.

La suscrita diputada, Virginia Noriega Ríos, de la Vigésima Legislatura constitucional del Congreso del estado de Baja California, en nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, con las facultades establecidas en la ley y con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera de los artículos 27, fracción I, y 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 41, 55, 11, fracción III, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja California, me permito presentar a la consideración del pleno de esta honorable Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo con dispensa de trámite, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento, el estado de Baja California presenta grandes índices de crecimiento poblacional principalmente por causa de la migración de personas que vienen del centro y sur del país así como de personas extranjeras, principalmente de Centroamérica, las cuales, al no poder ingresar al vecino estado del norte deciden quedarse a radicar en las ciudades fronterizas del estado, como las ciudades de Mexicali, Tecate y Tijuana.

El crecimiento demográfico que presenta la entidad detona una serie de grandes necesidades a resolverse en corto tiempo como lo son vivienda, servicios públicos, educación, entre otros más, pero lo más importante es la necesidad de servicios médicos para proteger la vida humana.

Baja California requiere con urgencia de mayor número de plazas para la basificación de médicos en todas las especialidades, de igual forma de enfermeras y otro tipo de especialistas en el ramo de la medicina, los cuales se requieren para ser asignados en los diversos centros del sector salud, sobre todo los que se encuentran en poblaciones alejadas y marginadas en los diversos municipios del estado, dándose prioridad a las áreas rurales.

Es necesario combatir las principales enfermedades trasmisibles y no trasmisibles que flagelan la salud de los ciudadanos del estado, principalmente aquellas que son traídas de otras latitudes del país y del extranjero como las son: tuberculosis, virus del Nilo, sida, hipertensión, diabetes, enfermedades mentales entre otras más.

Es por ello que, por las condiciones especiales en que se vive en el estado a causa de las grandes necesidades que se requiere para dar atención médica a una población que va en constante crecimiento, debido al crecimiento demográfico, es necesario, de manera urgente, contar con mayor presupuesto, a efecto de canalizarlo a la basificación de médicos y enfermeras para el sector de salud pública en el estado.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en el artículo 119 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, se solicita a esta honorable asamblea que se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición con punto de acuerdo sea discutida y aprobada en esta misma sesión bajo el siguiente

Acuerdo

Primero. La honorable Vigésima Legislatura del Congreso del estado de Baja California exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a efecto de que en el marco de la próxima elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 se asigne mayor presupuesto a la Secretaría de Salud Pública en el estado de Baja California, con el objeto de basificar médicos y enfermeras para asignarlos al Issesalud en el estado.

Segundo. Remítase el presente acuerdo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado Jesús Murillo Karam, para los efectos conducentes.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones Licenciado Benito Juárez García, del honorable Congreso del estado, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil doce.— Diputada Virginia Noriega Ríos (rúbrica), Democracia y Justicia Social;Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Partido Verde Ecologista de México;Partido Estatal de Baja California;Partido del Trabajo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXV Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Durango.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En sesión ordinaria verificada el 6 de noviembre del presente año, la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó el punto de acuerdo que a la letra dice:

Único.La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Durango exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión a otorgar dentro de sus facultades recursos urgentes a efecto de que la Semarnat, la Conafor y la Profepa inicien de inmediato acciones para el control y combate de la plaga de descortezadores que actualmente ataca las zonas boscosas del estado.

Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Durango, a 7 de noviembre de 2012.— Diputado Alfonso Palacio Jáquez (rúbrica), secretario; diputado Miguel Ángel Olvera Escalera (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— Estado de México.— LVIII Legislatura.— “2012 Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional”

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, nos permitimos comunicar a usted que, la honorable LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar acuerdo, que en su parte conducente refiere lo siguiente:

“Único. La LVIII Legislatura del estado de México, exhorta, respetuosamente, a las comisiones legislativas encargadas de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, con el objeto de que consideren una ampliación presupuestal suficiente en el rubro de educación pública, concretamente en los ramos 11, 25 y 33, a fin de fortalecer los programas dirigidos a grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza de inglés, modernización de centros escolares, tecnología de información, profesionalización de docentes; a fin de avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación, respecto a la asignación presupuestal a educación, en un monto equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto.”

Por lo que, nos permitimos solicitar su valiosa intervención, para que por su conducto, se haga llegar el acuerdo respectivo, a las comisiones de estudio del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013.

Se acompaña al presente, texto íntegro del acuerdo, iniciativa del acuerdo y dictamen legislativo, correspondientes.

Sin otro particular, le expresamos nuestra elevada consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 15 de noviembre de 2012.— Diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado (rúbrica), secretario;diputado José Alberto Couttolenc Güemez (rúbrica), secretario; diputado Norberto Morales Poblete (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— Estado de México.— LVIII Legislatura.— “2012 Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional”

La honorable LVIII Legislatura del estado de México, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente

Acuerdo

Primero.La LVIII Legislatura del estado de México, exhorta, respetuosamente, a las Comisiones Legislativas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargadas de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, con el objeto de que consideren una ampliación presupuestal suficiente en el rubro de educación pública, concretamente en los ramos 11, 25 y 33, a fin de fortalecer los programas dirigidos a grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza de inglés, modernización de centros escolares, tecnología de información, profesionalización de docentes; para avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación, respecto a la asignación presupuestal a educación, en un monto equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas, a efecto de que se sumen al presente exhorto.

Transitorio

Único.Comuníquese el presente acuerdo a los presidentes de las comisiones legislativas de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, encargadas de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Atentamente

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado (rúbrica), secretario; diputado José Alberto Couttolenc Güemez (rúbrica), secretario; diputado Norberto Morales Poblete (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente nos permitimos enviar copia simple del acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla celebrada en esta fecha, por virtud del cual esta soberanía acordó lo siguiente:

Único.Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a incrementar el presupuesto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin otro particular reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de noviembre de 2012.— Mesa Directiva del honorable Congreso del estado: diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), presidente;diputado Ramón Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

El honorable Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Educación y Cultura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por virtud del cual se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a incrementar el presupuesto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un organismo público descentralizado del estado, mismo que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es contribuir a la prestación de los servicios educativos en los niveles medio superior y superior; realizar investigación científica, tecnológica y humanística; y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura.

Por decreto de fecha diecinueve de abril de mil novecientos treinta y siete, el antiguo Colegio del Estado se elevó a la categoría de Universidad de Puebla. Como reconocimiento a sus aportaciones en el campo de la educación, la investigación científica, tecnológica y humanística, así como en el de la preservación y difusión de la cultura, tanto nacional como universal, con fecha dos de abril de mil novecientos ochenta y siete, se declaró como “Benemérita” la Universidad de Puebla.

Con fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y uno se expidió la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, misma que con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve fue actualizada.

La Benemérita Universidad de Puebla atiende a 34 por ciento de los alumnos de licenciatura en el estado, y siete de cada diez egresados de bachillerato consideran a la Benemérita como la primera opción para continuar sus estudios. Además, representa la opción de educación media superior y superior más importante en la región centro-sur de la República Mexicana, por la calidad acreditada de sus programas, la habilitación de su planta académica y la eficiencia de sus servicios certificados.

Por sus altos niveles de calidad educativa, pertenece al Consorcio de Universidades Mexicanas. Cuenta con un modelo académico de vanguardia, el Modelo Universitario Minerva, que establece las estrategias y acciones necesarias para garantizar la calidad de los programas educativos, consolidar la vinculación social de la Institución y participar efectivamente en el desarrollo regional.

Actualmente esta institución cuenta con seis preparatorias, alrededor de 60 licenciaturas en sus diversas áreas, diversas especialidades, maestrías, doctorados y diplomados, así como educación semiescolarizada y a distancia.

Asimismo, tiene secciones regionales en Acatzingo, Atlixco, Chiautla, Chignahuapan, Cuetzalan, Libres, Tehuacán, Tetela de Ocampo y Zacapoaxtla, todas en nuestra entidad federativa; y tres unidades académicas foráneas, mismas que se encuentran en los municipios de Tecamachalco, Tlaatlauquitepec y Teziutlán.

Su lema “Pensar bien, para vivir mejor” es muestra del reconocimiento y la ardua labor académica que hace esta noble institución. A lo largo de la historia de nuestro estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha considerado como la máxima casa de estudios de esta entidad federativa siendo una de las instituciones más antiguas y prestigiadas de México.

Como lo ha expresado el rector Enrique Agüera Ibáñez, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene el objetivo de ratificar su compromiso de ser una institución líder a nivel nacional en su proceso de admisión al redoblar esfuerzos para incrementar la matrícula y brindar los mejores espacios a los estudiantes tanto de bachillerato como de licenciatura.

La media nacional de nuevo ingreso se encuentra en 28.5 de cada 100 aspirantes; sin embargo, este año la Benemérita Universidad hizo un esfuerzo e incrementó su matrícula, como lo señaló el rector: “De cada 100 estudiantes que aspiran entrar a la institución, en este año ingresará el 50 por ciento, lo que constituye un indicador sin precedente”.

Según datos de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Universidad, para el ejercicio fiscal de 2012, la institución contempló ingresos por 4 mil 473 millones 116 mil 22.08 pesos, los cuales provienen de tres fuentes principales: 1) Subsidio ordinario federal y subsidio ordinario estatal; 2) Apoyos extraordinarios; y 3) Ingresos propios, que se general a través de servicios escolares, presentación de servicios y productos financieros.

Sin embargo, los ingresos de esta institución son insuficientes para los servicios y el desarrollo académico que ha alcanzado, por lo que los diputados de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso del estado de Puebla consideramos indispensable y prioritario se incremente el presupuesto de esta institución para el ejercicio fiscal de 2013, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de su oferta académica y su matrícula, generar espacios adecuados para los estudiantes, realizar investigación científica, tecnológica y humanística; y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Educación y Cultura de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión celebrada con esta fecha, tuvo a bien considerar el contenido del acuerdo presentado por los diputados integrantes del Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción X, 135, 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 45, 46, 48, fracción X, 146 y 148 del Reglamento Interior del honorable Congreso del estado, se emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a incrementar el presupuesto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo en la heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a quince de noviembre de dos mil doce.— Diputados: Enrique Nacer Hernández (rúbrica), Presidente; Ramón Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente; Jesús Salvador Zaldívar Benavides (rúbrica), secretario; Alejandro Oaxaca Carreón (rúbrica, secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente nos permitimos enviar, copia simple del acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla celebrada en esta fecha, por virtud del cual esta soberanía acordó lo siguiente:

“ Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a que apruebe las reformas al Código Penal Federal, remitidas por la Cámara de Diputados, que tipifican el delito de robo de arte sacro como grave.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que diseñe programas destinados a preservar el arte sacro que se encuentra dentro de los templos e iglesias; y se instale sistemas de vigilancia y seguridad en las mismas, dentro del estado de Puebla y a que difunda información para prevenir la comisión de este delito con la comunidad eclesiástica del estado.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que implemente en coordinación con las autoridades estatales un catálogo de las obras de arte sacro existentes en todo el país.

Cuarto. Se exhorta al honorable Congreso de la Unión a que incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, una partida suficiente para la realización de un catálogo de obras de arte sacro, teniendo como primer estado a Puebla.”

Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin otro particular reitero a usted, la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de noviembre de 2012.— Mesa Directiva del Congreso del Estado: diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), presidente; diputado Ramón Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

El honorable Quincuagésimo Octavo Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Educación y Cultura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por virtud del cual se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a que apruebe las reformas al Código Penal Federal, remitidas por la Cámara de Diputados, que tipifican el delito de robo de arte sacro como grave.

Que la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional.

Que la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Congreso de la Unión para establecer los delitos y las faltas contra la federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.

Que el párrafo segundo del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede exclusiva facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de culto público, iglesias y agrupaciones religiosas.

Que el Capítulo I del Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal en sus artículos 367, 368, 368 Bis, 368 Ter, 368 Quáter, 369, 369 Bis, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 376 Bis, 377, 378, 379, 380, 381 y 381 Bis, contiene las disposiciones legales relativas al delito de robo en sus distintas modalidades.

Que la fracción I del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que son monumentos históricos los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, así como los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles.

Que los artículos 50, 51, 53 y 54 de la misma Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen penas pecuniarias y privativas de libertad que van desde los cien hasta los cincuenta mil pesos y de uno a doce años de prisión o hasta el triple en caso de reincidencia para quienes se apoderen de monumentos muebles sin consentimiento, a quienes tengan en su poder ilegalmente un monumento mueble o, comercie con uno, así como a quienes intenten o saquen del país sin permiso un monumento.

Que las sanciones privativas de la libertad en un estado de derecho se encuentran plasmadas en los códigos y no en leyes administrativas como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Que el párrafo tercero del artículo 2 de la misma Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la fracción segunda del artículo 1 de la Ley Reglamentaria de la misma establece la obligación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de organizar asociaciones, juntas o uniones como órganos auxiliares para preservar el patrimonio cultural de la nación y con el objeto de realizar una labor educativa entre los miembros de las comunidades sobre la importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la nación.

Que de la redacción de los artículos anteriores se desprende el hecho de que a pesar de que el robo de arte sacro es competencia de la federación ésta no lo ha tipificado aún como conducta antijurídica, punible y especial.

Que derivado del principio de legalidad la tipificación del robo de arte sacro como delito grave ayudaría a perseguir y posteriormente a procesar, con reglas e instrumentos jurídicos claros, a los delincuentes que lo cometen.

Que no obstante que el 15 de diciembre de 2011 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados la tipificación de este delito como grave, la Cámara de Senadores a la fecha no ha realizado lo propio.

Que si bien México es un estado laico, a lo largo de su historia siempre se han encontrado presentes, con gran fuerza, las instituciones religiosas. En el régimen jurídico actual se considera que tanto iglesias y templos, así como el contenido de los mismos son considerados monumentos históricos y artísticos.

Que de acuerdo con los medios de comunicación el robo de arte sacro ocurre en su mayoría en las zonas centro y occidente del país en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Colima.

Que la conservación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, es de interés nacional, por lo que todo acto que atente contra los mismos es una falta en contra de la federación en su conjunto.

Que Puebla posee una gran riqueza histórica vinculada a las instituciones eclesiásticas y que éstas representan una enorme fuente de turismo para el estado.

Que por ser uno de los estados de la república con mayor riqueza histórica religiosa y no tener un registro real de ésta, es también uno de los estados más azotados por la comisión del delito de robo a los templos.

Que al día de hoy los datos reportados por los medios de comunicación respecto a la cantidad exacta de piezas histórico religiosas robadas no son consistentes.

Que para combatir el delito de robo de arte sacro en Puebla, y en las demás entidades federativas, se requiere de acciones coordinadas de los tres poderes y órdenes de gobierno.

En virtud de lo anterior la Comisión de Educación y Cultura de la Quincuagésimo Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión celebrada con esta fecha, tiene a bien considerar el contenido del acuerdo presentado por los diputados integrantes del Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción X 135, 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 45, 46, 48 fracción X 146 y 148 del Reglamento Interior del honorable Congreso del estado, se emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Exhórtese respetuosamente, a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a que apruebe las reformas al Código Penal Federal, remitidas por la Cámara de Diputados, que tipifican el delito de robo de arte sacro como grave.

Segundo. Exhórtese al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que diseñe programas destinados a preservar el arte sacro que se encuentra dentro de los templos e iglesias; y se instalen sistemas de vigilancia y seguridad en las mismas, dentro del estado de Puebla y, a que difunda información para prevenir la comisión de este delito con la comunidad eclesiástica del estado.

Tercero. Exhórtese al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que implemente en coordinación con las autoridades estatales un catálogo de las obras de arte sacro existentes en todo el país.

Cuarto.Exhórtese al honorable Congreso de la Unión a que incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, una partida suficiente para la realización de un catalogo de obras de arte sacro, teniendo como primer estado a Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo en la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes de noviembre de dos mil doce.— Diputado: Enrique Nacer Hernández (rúbrica), Presidente; Ramón Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente; Jesús Salvador Zaldívar Benavides (rúbrica), secretario; Alejandro Oaxaca Carreón (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. XII. ...

XIII. Estudios Legislativos;

XIV. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XV. Gobernación;

XVI. Hacienda y Crédito Público;

XVII. Jurisdiccional;

XVIII. Justicia;

XIX. Marina;

XX. Medalla Belisario Domínguez;

XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXII. Para la Igualdad de Género;

XXIII. XXX. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF., a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro (rúbrica), vicepresidente;senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Leonardo González García pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Leonardo González García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 22 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ASAMBLEAS PARLAMENTARIAS INTERNACIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen los criterios para delegaciones permanentes y asambleas parlamentarias internacionales.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen los criterios para formar y designar las delegaciones permanentes que representarán a la Cámara de Diputados ante organismos y asambleas parlamentarias internacionales, así como las que asistirán a reuniones interparlamentarias y a las de invitación especial

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral uno, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 14 de los Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales de esta Cámara, somete a consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se conforman y designan las Delegaciones Permanentes que representarán a la Cámara de Diputados, de la LXII Legislatura, ante los siguientes Organismos y Asambleas Parlamentarias Internacionales:

I. Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)

La Delegación estará integrada por sesenta y seis miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: veintiocho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quince del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, catorce del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuatro del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, dos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y uno del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Cada Grupo Parlamentario, al formular sus propuestas de integrantes, informará en cuál de las comisiones permanentes que componen ese organismo, prefieren formar parte.

II. Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)

La Delegación estará integrada por once miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: cinco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tres del Grupo Parlamentario del. Partido Acción Nacional, dos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

III. Parlamento Centroamericano (PARLACEN)

La Delegación estará integrada por siete miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: tres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dos del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un rotatorio entre los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

IV. Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos/Unión Europea

La Delegación estará integrada por siete miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: tres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un rotatorio entre los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

V. Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)

La Delegación estará integrada por seis miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios, en la siguiente proporción: tres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un rotatorio entre los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

VI. Unión Interparlamentaria Mundial (UIP)

La Delegación estará integrada por cinco miembros, procurando la equidad de género, propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: dos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y un rotatorio entre los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

VII. Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF)

La Delegación estará integrada por cinco miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: dos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un rotatorio entre los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

VIII. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

La Delegación estará integrada por tres miembros, propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por cada uno de los integrantes, los Grupos Parlamentarios deberán proponer un suplente.

SEGUNDO. La Presidencia de la Junta de Coordinación Política gestionará ante los organismos internacionales a que se refieren las fracciones I a VII del punto anterior, el incremento del número de integrantes de las Delegaciones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hasta a siete miembros.

En los casos en que dichos incrementos sean autorizados, se utilizará el procedimiento descrito en el inciso a) del punto Cuarto de este Acuerdo, para designar a los integrantes.

TERCERO. Para la integración de las Delegaciones que la Cámara de Diputados acredite para participar en reuniones interparlamentarias, se utilizará el siguiente procedimiento:

a) Se determinará el número de integrantes que deban formar la Delegación de acuerdo a las características particulares de cada reunión.

b) Cada Grupo Parlamentario podrá acreditar el número de integrantes que le correspondan, conforme al criterio de proporcionalidad en relación al número de integrantes que tenga cada Grupo Parlamentario.

c) Con las propuestas de los Grupos Parlamentarios, la Junta de Coordinación Política someterá a la consideración del Pleno la integración de la Delegación.

CUARTO. Para la integración de las Delegaciones que la Cámara de Diputados acredite para asistir a reuniones por invitación especial, se utilizará el siguiente procedimiento:

a) Cuando la invitación sea para hasta siete integrantes, la designación será hecha a propuesta de los Grupos Parlamentarios, en la siguiente proporción: dos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y dos rotatorios entre los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

b) Cuando la invitación sea para hasta cinco integrantes, la designación será hecha a propuesta de los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: dos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un rotatorio entre los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza. La rotación será en orden decreciente en relación a la representación de cada partido ante el Pleno.

c) Cuando la invitación sea para hasta tres miembros, la designación será hecha a propuesta de los Grupos Parlamentarios con mayor número de integrantes en orden decreciente.

d) Cuando la invitación sea para más de siete integrantes, la designación se hará utilizando el procedimiento previsto en el punto segundo de este acuerdo.

QUINTO. Para el desarrollo de sus trabajos, las Delegaciones Permanentes materia del presente Acuerdo estarán a lo establecido por los Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales de esta Cámara.

SEXTO. La Junta de Coordinación Política, con base en las atribuciones que le confiere el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hará las designaciones de los lugares rotatorios que se prevén en este acuerdo a propuesta de los Grupos Parlamentarios a quienes les corresponda la designación de conformidad con los criterios establecidos en este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

SEGUNDO. En el caso de que se logren las autorizaciones para incrementar el número de integrantes de las Delegaciones de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política someterá a la consideración del Pleno los nombres de los integrantes de cada Delegación, a propuesta de los Grupos Parlamentarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil doce.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria y en sus pantallas se puede consultar, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones...

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, ciudadana secretaria de la Mesa. Como está a consideración el acuerdo de la Junta, tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para referirse al mismo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, resulta frecuente que los puntos de acuerdo, las comunicaciones o actos de autoridad de esta Cámara que se someten a la aprobación del pleno pasan de manera precipitada, apresurada, como si urgiera, sin discusión.

La Secretaría de la Cámara, por indicaciones del presidente tiene que darle el trámite primero de estar a discusión el punto que se está tratando. Pero normalmente no sucede así, lo pasan directamente a la votación y se elimina un paso procedimental importante, que es someter a la consideración del pleno si se está o no está de acuerdo, y hay un procedimiento en donde hay quienes miembros de la asamblea pueden estar en acuerdo o en desacuerdo. Pero ahora, frente a esta situación de premura, de precipitación, se elimina esta etapa procedimental y éste es un tema —presidente— clave.

Por cierto, tengo derecho a cinco minutos, porque estoy votando y estoy argumentando en contra, y siempre me dan tres minutos; de acuerdo con el Reglamento tengo derecho a cinco minutos para poder razonar mi voto y votar en contra. Siempre nos disminuye el tiempo, siempre la premura, siempre la prisa; no hay la oportunidad de argumentar, debatir, razonar ni siquiera saber de lo que se está votando. Éste es un tema fundamental.

Lo que el presidente de la Cámara está sometiendo a la consideración de ustedes es nada menos que todos los compromisos de carácter internacional que tiene la Cámara en el mundo, cuáles son los criterios de representación internacional de la Cámara, y pasa sin discusión, señores.

Al menos pónganle un poquito de meditación y de criterio. De verdad, ¿alguien sabe estos criterios de representación internacional de la Cámara de Diputados en el mundo?

Incluso haría un análisis más profundo; frente a la crítica y frente al país —que está en un deterioro económico permanente— y frente a un precipicio financiero, lo que deberíamos revisar es que si es conveniente que la Cámara asista a todos estos foros internacionales; cuanto le representa a la Cámara en gastos, en viáticos y en boletos de avión a asistir a estos organismos internacionales. Porque en estricto derecho, aunque no hemos renunciado a ser vigilantes de la política exterior mexicana, le corresponde al Senado ser vigilante y autorizar la política exterior del país. Es un tema de fondo.

¿Cuánto costará al año al país los viajes internacionales de representación parlamentaria de la Cámara de Diputados? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Son necesarios? ¿Es conveniente seguir pagando cuotas de inscripción a organismos multilaterales o internacionales? ¿Tienen alguna utilidad?

Hoy nosotros hemos declinado un compromiso internacional a Senegal, porque querían enviarnos antes del primero de diciembre a Senegal, y declinamos ir a Senegal, porque es más importante lo que está pasando en el país; es más importante estar discutiendo sobre este bloqueo criminal, la suspensión de garantías, que andar fuera del país viajando con dinero del erario. Ése es el tema de fondo, que los invito y que deberíamos debatir con profundidad.

He escuchado ahora voces del PAN, de individuos, de personas que respeto, que fueron compañeros del Senado, que son críticas y son racionales, y he escuchado también voces del PRI, ¿por qué nos negamos a hacer un análisis serio, si esa es nuestra obligación constitucional?

Por eso me opongo a que se estén dando estos trámites al vapor, sin discusión ni debate, simple y sencillamente con premura y falta de respeto. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Efectivamente, omití ponerlo a discusión, reconozco mi error. Lo hice, en razón de que el acuerdo que tengo aquí en mis manos viene firmado por todas las bancadas, pero reconozco que debió de haber sido puesto a discusión; lo lamento y ya se lo expresé al diputado Monreal. No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero dar la bienvenida y saludar a un grupo de ciudadanos del municipio de Monclova, Coahuila, que se encuentran hoy aquí invitados por el diputado Mario Dávila. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de 12 dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario; para aceptar y usar condecoraciones, que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 27 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Abraham Xacur pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Chipre, en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en Yucatán, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Abraham Xacur para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Chipre, en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el jueves 6 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Paul Octavio Henric Chávez y Luis Fernando Corona Alcalá, puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Chihuahua; y de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Paul Octavio Henric Chávez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Chihuahua, con circunscripción consular en el estado de Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Luis Fernando Corona Alcalá, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 10 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los expedientes con las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Abel Escartín Molina, Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, Carlos Espinosa Morales, Véronique Ramón Vialar y Miguel Ángel Mancera Espinosa para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros.

Consideraciones

1. De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento.

2. Esta Comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

3. Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

4. Que la condecoración “Cruz Olímpica por Servicios Distinguidos” del Comité Olímpico Guatemalteco es otorgada al ciudadano Abel Escartín Molina, en virtud del fomento de las relaciones amistosas entre la República de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, así como contribuir en el desarrollo de las relaciones económicas, culturales y deportivas apoyando en las gestiones necesarias a la delegación deportiva guatemalteca que participó en los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco, del 14 al 30 de octubre de 2011.

5. Que la condecoración “Medalla Especial y la Cinta con una Estrella Plateada” de la Junta Interamericana de Defensa y la Organización de los Estados Americanos es otorgada al ciudadano general brigadier DEM Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, como reconocimiento de los notables servicios prestados durante su permanencia en la Junta Interamericana de Defensa como delegado y asesor del Colegio Interamericano de Defensa, desde mayo de 2009 hasta enero de 2011.

6. Que la condecoración “Medalla de Encomio de la Fuerza Aérea” del Gobierno de Estados Unidos de América es otorgada al ciudadano capitán 1/o FAPA DEMA Carlos Espinoza Morales, en virtud de los servicios meritorios como instructor de Nación Asociada, sus habilidades de enseñanzas y conocimientos generales, así como su excepcional desempeño durante el curso de entrenamiento y educación del aire del comando de entrenamiento para inspector general de Inspección de Unidad, durante el periodo del primero de mayo de 2009 al ocho de enero de 2011.

7. Que la condecoración “Orden Nacional del Mérito en grado de Caballero” del gobierno de la República Francesa es otorgada a la ciudadana Véronique Ramón Vialar, en virtud de contribuir a las relaciones Francia-México, en instituciones privadas.

8. Que la condecoración “Al Mérito Policial” con distintivo blanco, en grado de Cruz, del gobierno del Reino de España, es otorgada al ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinoza, en razón de los servicios y merecimientos que concurren al nominado, según orden del 21 de septiembre de 2011 del Ministerio del Interior del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que el ciudadano Abel Escartín Molina, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz Olímpica por Servicios Distinguidos, que le otorga el Comité Olímpico de la República de Guatemala.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la Cinta con una Estrella Plateada, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que el ciudadano Carlos Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Encomio de la Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Cuarto. Se concede permiso para que la ciudadana Véronique Ramón Vialar, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto. Se concede permiso para que el ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Policial con Distintivo Blanco, en Grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), William Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión del dieciocho de octubre de dos mil doce en curso, la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional necesario al ciudadano Juan José Sabines Guerrero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

1. De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento.

2. Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas no conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

3. Que la condecoración, de acuerdo al análisis del expediente del ciudadano mencionado, es otorgada por la voluntad y beneplácito de la Cámara de Comercio de Guatemala en virtud de la trayectoria profesional o labor excepcional del nominado.

4. La condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que otorga la Cámara de Comercio de Guatemala al ciudadano Juan José Sabines Guerrero, es concedida por la excelente labor del nominado como gobernador, su espíritu de integración regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el estado de Chiapas y Guatemala.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica en abstención), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del dieciocho de octubre de dos mil doce en curso la Cámara de Diputados dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Omar León Arroyo, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, Lydia María Cacho Ribeiro, Marina Stevenhagen Vargas, Mirielle Susana Chabre y Audemar, Alfonso Muray Kobory y Ernesto Rivera Rojas para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diversos grados les otorgan gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas no conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

La condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto que otorga el gobierno de los Estados Unidos de América, se da en reconocimiento al mayor de artillería diplomado de estado mayor Omar León Arroyo por los servicios meritorios a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

La condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que otorga el gobierno de la República Francesa se da en reconocimiento a Gerardo Felipe Laveaga Rendón en recompensa al destacado jurista que durante once años ocupó el cargo de director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y por ser actor de las reformas en el sistema judicial mexicanos, además de ser promotor activo de la cooperación franco-mexicana en materia de justicia y por destacar gracias a sus obras históricas y políticas, artículos de reflexión, a menudo dedicados a personajes franceses. Con esta condecoración, el gobierno de la República Francesa se distingue a un profundo conocedor de los filósofos de la Ilustración y de la historia de Francia.

La condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de caballero, que otorga el gobierno de la República Francesa se da en reconocimiento a la Lydia María Cacho Ribeiro ya que, en el contexto de los recurrentes ataques y de las constantes amenazas de los cuales es objeto el gremio periodístico mexicano, y que la galardonada ha vivido en carne propia, se otorga como testimonio de la admiración por la destacada labor en defensa de los niños y de las mujeres víctimas de la violencia, por su denuncia valiente de las redes de tratas de personas y por la inestimable contribución a la libertad de expresión en México.

La condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de oficial, que otorga el gobierno de la República Francesa a la Marina Stevenhagen Vargas se concede en virtud de la promoción de las personalidades extranjeras que se distinguen por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que hayan aportado a las influencia de la cultura en Francia y en el mundo.

La condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que otorga el gobierno de la República Francesa, se da en reconocimiento a Mirelle Susana Chabre y Audemar por su compromiso y entrega hacia la comunidad francesa de Monterrey y la perseverancia en la transmisión de la lengua y cultura francesas hacia los jóvenes franceses francófonos de Monterrey, estando a la cabeza de la Asociación de Familias Francófonas de Monterrey, que lleva a cabo un programa de enseñanza del francés como lengua materna.

La condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, del gobierno de Japón se concede a Alfonso Muray Kobory en virtud de sus actividades en beneficio de la comunidad japonesa en México y del fomento de las relaciones de amistad México-Japón.

La condecoración Mérito Santos Dumont del gobierno de la República de Brasil se otorga al general de división P.A. DEMA. Ernesto Rivera Rojas en virtud de los destacados servicios prestados a la Fuerza Aérea Brasileña.

La condecoración Medalla 18 de Mayo de 1811 que otorga el gobierno de la República Oriental de Uruguay a Carlos Francisco del Socorro Espadas Ceballos es concedida en virtud de los servicios distinguidos y relevantes en su desempeño como agregado militar y aeronáutico en la Embajada de México.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C) fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que Omar León Arroyo, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que Gerardo Felipe Laveaga Rendón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que Lydia María Cacho Ribeiro, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Cuarto. Se concede permiso para que Marina Stavenhagen Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de oficial, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto. Se concede permiso para que Mirelle Susana Chabre y Audemar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Sexto. Se concede permiso para que Alfonso Muray Kobory, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno del Japón.

Artículo Séptimo. Se concede permiso para que Ernesto Rivera Rojas, pueda aceptar y usar la condecoración medalla Mérito Santos Dumont, que le otorga el del gobierno de la República Federativa de Brasil.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 18 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Carolina Rojas Cardiel, Mariela Escalona Luna, Jorge Antonio Camacho Ugalde, Rocío Yánez Ojeda, Francisco Javier Meléndez González, Mario Abram Meza Salas, Jesús Manuel García Monreal, Martha Lorena Parra Arteaga, Rodrigo Díaz García y Humberto Hernández Menchaca, puedan prestar servicios a diversos gobiernos extranjeros, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Rojas Cardiel para prestar servicios como administradora financiera en la Embajada de Nueva Zelanda en México, DF.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariela Escalona Luna para prestar servicios como operadora telefónica en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Camacho Ugalde para prestar servicios como Auxiliar del Área Financiera en la Embajada de Estados Unidos de América en México, DF.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yánez Ojeda para prestar servicios como asistente administrativo en el Departamento de Servicios a ciudadanos Americanos en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Meléndez González para prestar servicios como chofer/almacenista en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Mario Abram Meza Salas para prestar servicios como chofer/almacenista en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Manuel García Monreal para prestar servicios como cajero en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Lorena Parra Arteaga para prestar servicios como asistente de Investigaciones de Fraude, en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Díaz García para prestar servicios como especialista en adquisición y ayuda en la embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Décimo.Se concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca para que pueda prestar servicios como asistente consular en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 2 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Carlos Escobar Gutiérrez, Marianna Romero Fong, Faride Assad y Fabiola Sánchez Espinoza puedan prestar servicio de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; y de Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso al ciudadano José Carlos Escobar Gutiérrez para prestar servicios como técnico de conferencia video digital en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Marianna Romero Fong,para prestar servicios como auxiliar en el Departamento de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la Ciudadana Faride Assad Gómez para prestar servicios como asistente en el Departamento Político Económico, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Cuarto.Se concede permiso a la ciudadana Fabiola Sánchez Espinosa, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanía, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el martes 9 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rafaela Mendoza Bautista, Vladimir Espinosa Vázquez, Ana Elizabeth Briones Parra, Enrique Cornejo Robledo, Fernando Mejía Zavala, Laila Nelly Murillo Hernández, Humberto Hernández Menchaca, Nayeli Mayorga Acosta, Reynaldo Felipe González Medina, Adriana Robles Coello, Diana Patricia Ramos Portillo, Oscar Rutilo Pérez Martínez, Luis Raya Campos, José Luis Rodríguez Velázquez, Elie David Villeda Orozco, Luis Alberto González Pérez, Rogelio Quintero Díaz de León, Maricela Navarro Lima, Jacqueline Sánchez Pando, Maricarmen Concepción Ortega García, Carlos Botello Naranjo, Diego Humberto Mendiburu Contreras y Ana Laura Gallardo Méndez, puedan prestar servicios en las Embajadas de Austria, de los Estados Unidos de América, y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Rafaela Mendoza Bautista para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Austria en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Vladimir Espinosa Vázquez para prestar servicios como operador telefónico en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Elizabeth Briones Parra para prestar servicios como agregado adjunto de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Enrique Cornejo Robledo para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Fernando Mejía Zavala para prestar servicios como coordinador regional para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Laila Nelly Murillo Hernández para prestar servicios como recepcionista en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca para prestar servicios como asistente consular en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Nayeli Mayorga Acosta para prestar servicios como Oficial de Políticas de Cambio Climático en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Reynaldo Felipe González Medina para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Robles Coello para prestar servicios como oficial de Prensa y Mercadotecnia en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Diana Patricia Ramos Portillo para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Oscar Rutilo Pérez Martínez para prestar servicios como mozo-chofer en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Raya Campos para prestar servicios como agregado adjunto de Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Rodríguez Velázquez para prestar servicios como jefe de Oficina de Guadalajara en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Elie David Villeda Orozco para prestar servicios como Agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Luis Alberto González Pérez para prestar servicios como oficial de Visitas y Administración en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Rogelio Quintero Díaz de León para prestar servicios como oficial de Proyecto en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Maricela Navarro Lima para prestar servicios como contadora en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Décimo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Jacqueline Sánchez Pando para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en Energías Renovables y Medio Ambiente en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo. Se concede permiso a la ciudadana Maricarmen Concepción Ortega García para prestar servicios como agregada adjunta de Mercadotecnia, Educación y Salud en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Botello Naranjo para prestar servicios como agregado de Comercio e Inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Diego Humberto Mendiburu Contreras para prestar servicios como oficial de Prensa en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Vigésimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Laura Gallardo Méndez para prestar servicios como trade & investment research officer en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 10 de abril del. año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Espinosa Pérez, Lourdes Beatriz Meza Spíndola, Nuria Rangel Rivera, Ramón Chávez Prado, Karen Nallely García Delgado, Antonio de Jesús Pérez Rebollar, Felipe Lemus Zamorano, Juan Carlos Alvarado Herrera, Manuel Cuan Chin Yu, María del Carmen Lucas Zamora, Alfredo Morales Riou, Héctor Ramón Fernández Montiel y José Everardo Gaytán Salazar puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de la República de Filipinas en México, y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Conforme a lo dispuesto en artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados el dictamen quedo en calidad de proyecto, devolviéndose a la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura para su aprobación.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Claudia Espinosa Pérez para prestar servicios como empleada de Visas, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Lourdes Beatriz Meza Spíndola para prestar servicios como empleada de Visas, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Tercero.Se concede permiso a la ciudadana Nuria Rangel Rivera para prestar servicios en Atención al Cliente y Jefe de Equipo al Grado FSN-10/1, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ramón Chávez Prado para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Karen Nallely García Delgado para prestar servicios como AIC-E16 investigador, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Antonio de Jesús Pérez Rebollar para prestar servicios como chofer almacenista, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Lemus Zamorano para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Alvarado Herrera para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Noveno.Se concede permiso al ciudadano Manuel Cuan Chin Yu para prestar servicios como Supervisor Administrativo Inmobiliario, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, DF.

Artículo Décimo.Se concede permiso a la Ciudadana María del Carmen Lucas Zamora para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de la República de Filipinas, en México.

Artículo Décimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Morales Riou para prestar servicios como chofer del Embajador, en la Embajada de la República de Filipinas, en México.

Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Héctor Ramón Fernández Montiel para prestar servicios como traductor, en la Embajada de la República de Filipinas, en México.

Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Everardo Gaytán Salazar para prestar servicios como almacenista en la Oficina de Servicios Generales, en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 25 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Martín Gerardo Olaguibel Medrano, Julio César Sandoval Tovar, Roberto Arturo Moreno Arellano, Marcela Suárez del Real Estrada, Jesús Eduardo Marín Malacara, Laura Lilia Cisneros Torres, Miroslava Carolina López Cruz, Christian Rocha Castillo, Pablo Díaz Aguirre, Luis Alejandro Ahedo Arellano, Guillermo Nava Arzaluz, Kathrin Escobedo Luke, Diana Carolina Zúñiga López, Manuel Alejandro Hernández Flores y Pablo Antonio Prats Palma, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las embajadas de los Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania, en México y en los consulados generales de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua y en Mérida, Yucatán, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a Guillermo Nava Arzaluz, para prestar servicios como personal de mantenimiento y jardinero en la residencia oficial del embajador, en la embajada de la República Federal de Alemania, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a Kathrin Escobedo Luke, para prestar servicios como secretaria del área cultural, en la embajada de la República Federal de Alemania, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a Martín Gerardo Olaguibel Medrano, para prestar servicios como jefe de taller residencial, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a Julio César Sandoval Tovar, para prestar servicios como chofer, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a Roberto Arturo Moreno Arellano, para prestar servicios como empleado de visas, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México

Artículo Sexto. Se concede permiso a Marcela Suárez del Real Estrada, para prestar servicios como empleada de visas-enlace público, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a Jesús Eduardo Marín Malacara, para prestar servicios como contador al grado FSN-9/1, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso a Laura Lilia Cisneros Torres, para prestar servicios como empleada de recepción, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso a Miroslava Carolina López Cruz, para prestar servicios como auxiliar contable, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Décimo. Se concede permiso a Christian Rocha Castillo, para prestar servicios como asistente de contratos, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Undécimo. Se concede permiso a Pablo Díaz Aguirre, para prestar servicios como chofer, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Duodécimo. Se concede permiso a Luis Alejandro Ahedo Arellano, para prestar servicios como asistente senior de entrenamientos, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Decimotercero. Se concede permiso a Diana Carolina Zúñiga López, para prestar servicios como empleada de visas/subcajera, en el consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Decimocuarto. Se concede permiso a Manuel Alejandro Hernández Flores, para prestar servicios como chofer/bodeguero, en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Decimoquinto. Se concede permiso a Pablo Antonio Prats Palma, para prestar servicios como operador telefónico y asistente en sistemas, en el consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 18 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Diana Alejandra Jiménez Treviño y Claudia Zallas Colón, puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Diana Alejandra Jiménez Treviño, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Zallas Colón, para prestar servicios como afanadora, en la Embajada de la República de Bulgaria, en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el día 11 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josué Calva Romero, Ignacio Ruiz de León, Mario Reyes Jaramillo y Martha Susana Rosales Morales, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados Generales en Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Josué Calva Romero, para prestar servicios como agente de compras, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Ruiz de León, para prestar servicios como chofer en el Departamento de Seguridad en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Mario Reyes Jaramillo, para prestar servicios como guardia en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Susana Rosales Morales, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanía, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), William Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Lora (rúbrica), Luis Manuel Arias Paliares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que todos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, están a discusión, en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara, se pregunta si se reserva alguno en lo particular.

En virtud de que no hay ninguno reservado, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.

(Votación)

Se les recuerda a las diputadas y diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación, una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam(desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Gurrión Matías(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 409 en pro, 0 en contra, 14 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados en lo general y en lo particular por 409 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario; para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren gobiernos extranjeros, y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas en nuestro país. Pasan al Senado y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

ESTADO PALESTINO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la admisión a la ONU del Estado Palestino.

Informo a la asamblea que se han registrado para participar en agenda política el diputado Luis Antonio González Roldán, la diputada Magdalena Núñez Monreal, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, el diputado José Antonio León, el diputado Glafiro Salinas y el diputado Raymundo King de la Rosa.

En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México, fiel a su larga tradición internacionalista, debe conducirse en materia internacional según los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza, el uso de la fuerza, en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la operación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional. En fin, acatando el artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución General de la República.

Estos principios de la política exterior mexicana deben de ser la piedra angular para definir cualquier asunto en el escenario internacional y preservar la autodeterminación de los pueblos bajo cualquier circunstancia.

A pesar del terrible conflicto que se presenta en los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, Palestina ha logrado el reconocimiento de diferentes instancias internacionales; desde la Guerra de los Seis Días, en 1967, la ocupación del territorio palestino por parte de Israel ha sido un problema latente en la agenda internacional en la zona.

A diferencia de los conflictos comunes por las definiciones de las fronteras, el conflicto Israel-Palestina es un capítulo inconcluso de la Primera Guerra Mundial, que tras la disolución del Imperio otomano y los acuerdos de la Sociedad de las Naciones han impedido el surgimiento y reconocimiento de un Estado palestino libre, independiente y soberano.

Como consecuencia de la construcción de un muro en territorio palestino en el año 2002, por parte del gobierno de Israel, y a propuesta de la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión sobre las consecuencias jurídicas de dicho acto. En ella estableció que Israel había violado las normas e instrumentos internacionales al construir ese muro; las violaciones más graves detectadas fueron el confinamiento territorial, el traslado de civiles israelíes a territorio ocupado, la destrucción y requisa de propiedades, la obstrucción a la libertad de circulación, y el deterioro socio-económico de la población palestina.

En virtud de lo anterior, consideramos que la solicitud de Palestina para ser considerado un Estado observador no miembro de la Organización de las Naciones Unidas podría contribuir al entendimiento y alcanzar acuerdos de paz en el Medio Oriente, azotado por la violencia bélica y con ello, reanudar las pláticas de paz suspendidas desde hace dos años con Israel.

Al aceptar esta propuesta, a la cual se han adherido al menos 134 miembros, Estados miembros, Palestina sería un miembro con voz, pero sin voto en la Asamblea General, pero podría presentar propuestas, participar en los trabajos de la Organización y atender todas las asambleas del Consejo General.

Como parte de la comunidad internacional y miembro de las Naciones Unidas, estamos convencidos que la paz en el Medio Oriente debe basarse en el multilateralismo, el diálogo y la diplomacia; consideramos que los beneficios que pueden resultar de aceptar a Palestina como Estado observador no miembro de la ONU son mucho mayores para la resolución pacífica de conflictos, que el rechazar dicha solicitud. Por ello, la política exterior mexicana deberá favorecer en todo momento las acciones que conlleven a la pacificación en la región.

Resulta imperioso señalar que la población civil, los jóvenes, niños y mujeres son los más afectados de un conflicto que se ha preservado a través de décadas. Una resolución, como la que se presentará en próximas fechas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe de ser aceptada si aporta una solución permanente y duradera a favor de los ciudadanos de ambos lados de las fronteras. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, ocupo esta tribuna para posicionar a mi Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con relación a la postura de México en la Organización de las Naciones Unidas, con respecto a la solicitud de Palestina para ser admitida como Estado observador en dicho organismo internacional.

Mi grupo parlamentario expresa su beneplácito por el reciente cese al fuego que se decretó en el conflicto y hace votos porque la diplomacia internacional aproveche esta nueva oportunidad para preservar la vida y la seguridad de millones de inocentes inmiscuidos involuntariamente en el conflicto.

Este jueves se votará en la ONU si conceden o no a Palestina el estatuto de Estado observador, lo que equivale a un reconocimiento político del Estado palestino. El año pasado Estados Unidos de América, aliado de Israel, ejecutó su derecho al veto.

La Asamblea General de la ONU está constituida por 193 Estados; los palestinos estiman que pueden contar con unos 115 votos, principalmente de países árabes, africanos, hispanoamericanos y asiáticos, y que esperan unos 22 votos en contra —Estados Unidos de América a la cabeza—, así como 56 abstenciones. Palestina pretende, con la resolución, obtener el estatus de Estado observador no miembro en la ONU. De acuerdo con especialistas, el reconocimiento mutuo, el establecimiento de fronteras seguras, los derechos de agua, el terrorismo palestino, el control de Jerusalén, los asentamientos israelíes, la libertad del movimiento palestino y la legalidad en materia de refugiados, son problemas que han sido tratados en infinidad de reuniones, pero sin obtener resultados positivos.

Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PT coincide con el proyecto de resolución de la ONU, en el sentido de que se pronuncia por un arreglo pacífico en Medio Oriente, que ponga fin a la ocupación iniciada en 1967 y que realice la idea de dos estados; un estado palestino independiente, soberano, democrático, contiguo y viable, que viva a lado de Israel en paz y seguridad, sobre la base de las fronteras de antes de 1967.

Lo anterior es congruente con la tradición en política exterior del Estado mexicano, versa nuestra Carta Magna —y cito—: En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

El Partido del Trabajo se pronuncia porque esta Cámara haga un llamado al representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas a que se apegue al mandato constitucional y a que ponga al principio de la lucha por la paz y la seguridad internacionales y vote a favor de que el Estado palestino sea admitido como el Estado observador en ese organismo internacional. Un voto de abstención es un voto por la continuidad de la guerra en esa parte de nuestro mundo.

Miembros de esta honorable asamblea, en nuestro grupo parlamentario condenamos el uso excesivo, cruel e inhumano de alta tecnología militar en contra del pueblo palestino a lo largo de 40 años del conflicto; en el Partido del Trabajo no coincidimos en métodos alejados de la legalidad y de la paz para alcanzar las demandas, por muy justas que éstas sean.

Desde el Partido del Trabajo, en esta Cámara, convocamos a la próxima administración federal a que asuma una postura digna en el concierto mundial y le hacemos un llamado a que, por medio de una política exterior de Estado, coadyuve a que palestinos e israelíes logren un acuerdo que les alcance para una vecindad de paz y prosperidad.

Lo prolongado del conflicto palestino-israelí habla de la capacidad que tenemos la humanidad para hacernos entender y entender las razones de los demás. La capacidad que han demostrado es de poco alcance e influencia.

Hoy, la situación en Palestina e Israel es una derrota de la diplomacia mundial en la búsqueda de la paz constructiva, duradera, progresista y hermanada. El Partido del Trabajo se pronuncia por una pronta solución pacífica del conflicto y reitera su llamado al representante de México ante la ONU, a que contribuya con su voto al reconocimiento del Estado palestino y con ello, a negociaciones de alto nivel que estrechen las manos de palestinos e israelíes en el territorio en disputa. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, saludo con afecto a nuestro alcalde de Movimiento Ciudadano por Acapulco, el licenciado Luis Walton; bienvenido, reciba un caluroso saludo muy afectuoso y un abrazo.

El pueblo palestino ha sufrido un trato injusto y desproporcionado; el horizonte político y diplomático de Palestina se ha visto opacado en numerosas ocasiones por Israel.

Desde 1947, cuando la recién creada Organización de las Naciones Unidas nombra el Comité Especial para Palestina, compuesto por 11 países de mayoría occidental, para intentar resolver el conflicto se dictamina a cargo de la Asamblea General la aprobación de la resolución 181. Esta resolución estableció la fragmentación y las nuevas fronteras para la convivencia entre un Estado árabe y uno judío, dentro de un territorio que históricamente ha sido disputado por cuestiones religiosas, la llamada Tierra Santa; es sagrada, tanto para cristianos como para judíos y musulmanes; es un territorio de encrucijada religiosa.

En 1948 Israel se convirtió en nuevo Estado-nación con el apoyo de los aliados, convirtiéndose en el país satélite por excelencia. A inconformidad y la manera injusta ante los ojos árabes, se desata la primera guerra árabe-israelí por parte de los países miembros de la Liga Árabe, quienes se hicieron presentes con la invasión del recién creado Estado de Israel.

A partir de entonces se ha manifestado un sentimiento de rechazo por parte de la comunidad internacional y una indiferencia del mundo ante el conflicto. Si bien el pueblo palestino está fragmentado a lo largo y ancho del territorio, no significa que a su falta de reconocimiento internacional carezca de una identidad nacional.

La dura situación y la sangre vertida por el pueblo a lo largo de tantos años de conflicto armado, le ha ganado simpatizantes fuera del mundo árabe. En septiembre de 2011 Mahmud Abbas, presidente de Palestina, presentó una iniciativa ante la Asamblea General, donde finalmente pudiera votarse la adhesión de Palestina como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas; acto condenado y criticado arduamente por parte de Israel, al abogar que el solo reconocimiento por parte de la organización intergubernamental provocaría la violación de los acuerdos de paz y laceraría las negociaciones alcanzadas hasta entonces.

En octubre del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó a Palestina como Estado miembro de pleno de derecho; esta comisión contó con un respaldo de 107 países a favor, 14 en contra y 52 abstenciones. Frente a ese reconocimiento cabe recalcar la amenaza por parte de Estados Unidos de América para abandonar la organización.

De ser aprobada esa última iniciativa, Palestina pudiera asumir nuevos roles en las diversas instituciones que son dependientes de las Naciones Unidas. Los palestinos suponen que cuentan con un apoyo amplio para que su propuesta salga adelante.

Israel se opone abierta y frontalmente —una vez más— a esta iniciativa, quienes lo consideran un paso unilateral y que el Estado palestino solo puede ser digno de reconocimiento tras un proceso de negociación.

Es cuestión de simple supervivencia, pero no podemos ignorar la historia ni los principios del derecho internacional y sobre todo, los fundamentos por los que la Organización de las Naciones Unidas existe: cooperación, paz y seguridad internacional.

Debemos quitar los muros allá y sobre todo, en la frontera de México con Estados Unidos de América; frontera, refugiados y medidas de paz se encuentran en juego sobre la mesa. Más que un vacío de poder, podría peligrar una vez más la estabilidad de la región.

Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano creemos que México debe asumir un papel más proactivo dentro de las relaciones internacionales y conjugar los ingresos nacionales con responsabilidad global.

Respaldamos el reconocimiento de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas y expresamos nuestro apoyo para la continua construcción de negociaciones de paz para el único beneficio de ambos pueblos. Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, tiene usted el uso de la voz; de León, Guanajuato, para más señas.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero compartir con ustedes la relevancia de definirnos en este tema, la transparencia que tememos tener en controversias de tanto impacto mundial.

¿Por qué? Porque es lo que nos permite llegar en las mejores condiciones a negociar tratados de libre comercio de transparencia de tecnología, de intercambio académico, en general, de ser bienvenido en las actividades internacionales; a diferencia —si recuerdan— de hace un par de sexenios, cuando se quiso adelantar los tiempos en nuestra relación con Cuba y la actividad no encontró eco entre la ciudadanía. Ésa es la importancia de definirnos en este tema.

Israel y Palestina, ya nunca más. Dos pueblos, ambos con derechos y obligaciones; dos liderazgos históricos, Golda Meir y Yasser Arafat; dos grandes culturas, pero con dos grandes retos: vivir y convivir. Palestina, el hogar histórico de ambos. Israel, un sueño y derecho logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Palestina, una realidad que no se puede obviar.

Ambos pueblos tienen derecho a vivir y a convivir; dentro de ambos hay quienes niegan sin embargo el derecho de existir del otro pueblo hermano, y sí, pueblos hermanos, aunque muchos en el mundo creen que son diferentes, opuestos y hasta enemigos. Las raíces históricas de ambos están dentro de esos 22 mil kilómetros cuadrados.

México es un país de paz, hemos seguido la noble enseñanza de Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero ambos pueblos, Israel y Palestina, los israelís, los judíos y Palestina tienen derecho a existir, Palestina a ser reconocido. ¿Por qué? Porque cuando se reconocen ambos derechos nace la paz.

Han estado cerca de lograrlo a lo largo de 50 años, como cuando en 1994 se aceptó la denominación Autoridad Nacional Palestina. Pero la naturaleza humana, la debilidad humana, los grupos extremistas de ambos pueblos, las creencias fundamentalistas de grupos dentro de ambos pueblos han ganado a la cordura.

¿Y la comunidad internacional, qué? México no puede hacerse a un lado ante el reclamo de ambos pueblos, hay comunidades enteras, tanto de origen judío como árabe residiendo en nuestro país y aportan inmensamente a nuestra vida.

Quisiéramos optar por la prudencia, pero el compromiso con la paz mundial, a través del Sistema de Naciones Unidas, nos obliga a tomar una posición como país. Queremos ayudar en la paz en esta región tan lastimada, donde israelíes y palestinos conviven en las mismas calles, caminan en los mismos mercados, pero siempre en el límite de la dolorosa resignación de vivir en permanente alerta y aún así, vivir; es su tierra y ninguno de los dos se irá, es la tierra de ambos.

La prudencia, sin embargo, nos da luz en esta situación; ambos pueblos tienen derecho a existir y convivir. Se debe regresar a las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días en 1967; sus liderazgos históricos han buscado la coexistencia. El Estado de Israel ciertamente recurrió a ampliar su frontera respondiendo a acciones palestinas; es cierto, pero la comunidad internacional tardó años en ayudar a cicatrizar las heridas, solo Jimmy Carter y Bill Clinton lograron avances.

Nuestra posición, insisto, ambos pueblos tienen derecho a vivir y a convivir; Israel tiene derecho a que su existencia sea reconocida por los países árabes y respetada, y Palestina tiene derecho a ser reconocido también por el Sistema de Naciones Unidas; es necesario que este jueves el Sistema de Naciones Unidas tenga la capacidad y valentía de decir: ya nunca más ignoraremos el derecho de uno y otro a vivir y dejar vivir en paz.

Será hasta que este noble sentimiento sea cierto en el corazón y claro en la mente de ambas partes, incluso para los grupos radicales, que se podrá conciliar a negociar los términos y coordenadas geográficas de sus fronteras, donde ambas partes ganen, sin sentirse alienados, rebajados o amenazados. Solo así podremos los países del mundo ayudarles a negociar fronteras; nuestro apoyo, nuestra posición será ése: escucharlos y apoyar los puntos de consenso a los que ellos lleguen.

Abrimos de hecho nuestro país, incluso como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista extendemos la invitación a ser anfitriones —si así lo desearan ellos—, de ser anfitriones de sus pláticas.

Ése es el único posicionamiento al que los mexicanos podemos llegar: determinar las coordenadas geográficas de sus estados, de sus países, de sus grupos, que corresponden a ambos; arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, solo se determinan por la intención y la garantía de paz. Es todo, señor presidente, paisano.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Rosa Elba.

Esta Presidencia saluda con un enorme afecto a los alumnos de la Universidad Bicentenario, del municipio de Acambay, estado de México, invitados por don Miguel Sámano Peralta. Sean ustedes bienvenidos.

Don José Antonio León Mendívil, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Antonio León Mendívil:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU adoptó, en su resolución 181, el Plan de Partición de Palestina, mediante el cual se acordó crear dos estados: el Estado de Israel, que ocuparía el 56 por ciento del territorio, y el Estado Palestino, el cual se quedaría en el 42 por ciento del territorio, y el 1 por ciento restante correspondería a la ciudad de Jerusalén, la cual gozaría un estatuto especial administrado por las mismas Naciones Unidas.

El 15 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel, pero hasta esa fecha, 63 años después de la partición, el Estado de Palestina aún no se ha podido crear debido a la ocupación militar israelí de todo su territorio.

Palestina resulta ser el tema más antiguo en la agenda de las Naciones Unidas que no ha sido resuelto y por lo cual ha emitido miles de resoluciones que condenan al Estado israelí por ocupar militarmente ese territorio, por expropiar tierra y establecer más de 180 colonias militares en los territorios palestinos ocupados.

Ningún Estado del mundo ha aprobado la expropiación de los territorios palestinos para la creación de los asentamientos israelíes, ya que a la luz del derecho internacional las expropiaciones de territorios por parte de una potencia militar ocupante son totalmente ilegales.

Después de 63 años de espera y de sortear largas maniobras israelíes para evitar la creación de su Estado, la Autoridad Nacional Palestina ha tomado la histórica decisión de solicitar a la Asamblea General su ingreso a las Naciones Unidas como Estado observador no miembro; similar al estatuto que goza El Vaticano en el seno de esa organización multilateral.

Con ello los palestinos pretenden lograr que se les reconozca como Estado libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967, aunque solo sea como un Estado observador, lo cual les permitirá ingresar a los distintos órganos y agencias que conforman el Sistema de las Naciones Unidas, así como adherirse a todos los tratados y convenciones internacionales que les permita defender y proteger sus inalienables derechos nacionales.

En días pasados, el Estado de Israel, mediante una operación militar aérea y selectiva asesinó a Ahmed Yabari, jefe militar palestino de la Organización de Hamas, lo cual de-sató inmediatamente acciones de respuesta palestinas acelerando la confrontación israelí-palestina, lo cual fue escalando en magnitud.

Diversos analistas sostienen que la acción militar israelí solo constituye una burda maniobra de Tel Aviv para distraer la atención de la histórica petición que presentara la Autoridad Nacional Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas; sin embargo y debido a la intermediación del gobierno egipcio y de Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, se logró establecer un cese al fuego, que esperamos continúe para contribuir a una paz en la región.

Quiero señalar que todos los países de América Latina ya han reconocido plenamente al Estado Palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967 y solo tres países de América Latina no lo han hecho, nos referimos a Costa Rica, Colombia y México.

Resulta verdaderamente lamentable que nuestro país hasta el momento se haya negado a reconocer —como toda Latinoamérica— al Estado palestino, a pesar de que durante estos 63 años ha suscrito casi todas las resoluciones que reconocen los inalienables derechos nacionales palestinos y que el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece, como uno de los principios rectores de nuestra política exterior, la autodeterminación de los pueblos.

Reconocer como Estado libre, independiente y soberano, al Estado palestino, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967, constituye un acto totalmente congruente con nuestra política exterior.

Lograr que nuestra representación permanente vote a favor del ingreso del Estado palestino como miembro observador de las Naciones Unidas, sin duda contribuirá a lograr un acto pleno de justicia internacional a favor del hermano pueblo palestino.

Quiero recordar también que el 29 de noviembre de cada año, a partir de la resolución 181 de las Naciones Unidas, se determinó que cada 29 de noviembre se establecería una conmemoración de solidaridad con el pueblo palestino, con su lucha y a favor de todas sus peticiones.

Espero que la decisión del gobierno mexicano sea votar a favor para que en esta próxima asamblea de las Naciones Unidas pueda ser considerado como Estado observador no miembro el Estado palestino. Muchas gracias, señor presidente; gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don José Antonio León Mendívil. Lo escuchamos con una enorme atención.

Esta Presidencia saluda a los señores presidentes municipales del distrito III de Jalisco, invitados por la diputada Cecilia González. Sean ustedes muy bienvenidos y les deseamos, como a todos, que tengan éxito en sus gestiones.

Tiene el uso de la voz don Glafiro Salinas Mendiola, del PAN.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, la paz internacional es la convivencia en libertad, en la justicia, en la verdad y en la cooperación para bien de todas las naciones.

En Acción Nacional no estamos en contra de la existencia del Estado Palestino libre, independiente y soberano, estamos a favor de que palestinos e israelíes vean el día que puedan convivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Tal lo expresó la canciller Patricia Espinosa Cantellano, el día 25 de julio de 2011, ante la representante de la Autoridad Palestina en México, embajadora Randa Al Nabulsi.

En México hemos apoyado y apoyaremos todos aquellos esfuerzos internacionales que estén enfocados a encontrar una solución integral en el conflicto palestino-israelí, que favorezca a ambas partes y que esté cimentada en los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

En este tenor, consideramos de fundamental importancia que se reanuden las conversaciones de paz entre Palestina e Israel para que posteriormente puedan tener mejores condiciones para alcanzar ese futuro deseado por tantos millones de personas en el mundo, el día que sea ese sueño hecho realidad: la paz entre la nación Palestina y la nación de Israel.

Consideramos que México debe mantener su posición de evaluar los elementos presentados por ambas naciones y privilegiar la paz por encima de todas las posturas, por legítimas o viables que puedan parecer, ya que le corresponde a ambos estados recuperar las negociaciones para la paz y alcanzar acuerdos mutuos, que les beneficien a los dos países.

No podemos promover ninguna acción que viole nuestros principios de política exterior referentes a la igualdad jurídica de los estados, la libre autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de la controversias, la búsqueda de la paz y sobre todo, la seguridad internacional, así como tampoco debemos de favorecer ninguna postura que pueda poner en riesgo cualquier medida que pueda entorpecer cualquier establecimiento de paz en la región, afectando indirectamente a millones de personas que viven en las zonas de conflicto.

Es por ello que México debe de observar la evolución de los acontecimientos en el Medio Oriente, previo a una posible votación sobre la admisión del Estado Palestino como miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que uno de los temas prioritarios para México —en el LXVII periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas— fue el referente al conflicto de Israel-Palestino, en donde México consideró que israelíes y palestinos deben de adoptar medidas concretas para reanudar las conversaciones y alcanzar una paz duradera que resuelva los puntos de conflicto.

Compañeros y compañeras legisladores, para Acción Nacional la política exterior de México debe servir a la causa de la democracia auténtica y de la paz verdadera, rechazar cualquier falso pacifismo y ayudar a la organización y fortalecimiento de las instituciones que hagan posible la paz y la justicia internacional.

Así, nuestro país debe de permanecer atento a las iniciativas que para este fin se presenten por parte de las autoridades palestinas y apegarse a los principios de política exterior, buscando siempre contribuir a la lucha por la paz y la seguridad internacional.

En Acción Nacional estamos a favor de que Palestina sea un Estado soberano, independiente y libre, y sobre todo que viva dentro de sus fronteras seguras, conviviendo en la paz con Israel. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Glafiro. Raymundo King, de Quintana Roo, del PRI, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Raymundo King de la Rosa:Gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Los acontecimientos recientes en la Franja de Gaza, que causaron un gran sufrimiento a la población inocente, sobre todo mujeres y niños, nos hacen sentir y unir la voz para saludar el armisticio, que condujo el cese al fuego en esa región, y también a hacer votos porque ése sea el camino a seguir para conseguir una paz permanente y seguridad que merecen los pueblos de Israel y Palestina por igual.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que se puede conseguir mucho, si como país seguimos los principios que han guiado históricamente nuestra política exterior y que requieren ser retomados cuanto antes: solución pacífica de los conflictos, no intervención, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica en los Estados, la cooperación internacional y sobre todo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Deseamos que los israelíes y los palestinos logren alcanzar una paz duradera en la región, que garantice la existencia de dos Estados, que convivan con seguridad, en paz y con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente; que haya seguridad para el Estado de Israel, pero también lleve el restablecimiento del Estado Palestino soberano, que sea viable política y económicamente.

Lo urgente es conseguir que no se repitan los sucesos de violencia que causan un sufrimiento terrible en la población civil; es necesario que pueda llegar ayuda humanitaria a esas personas que sufren.

A lo largo de los años el Estado mexicano ha sido consistente, junto con decenas de miembros de la comunidad internacional, en su deseo de lograr la paz en la región; esperamos que México contribuya a todas aquellas iniciativas que traigan aparejada la solución del conflicto entre Israel y Palestina y que permita a la población de esa región acceder a los beneficios del desarrollo para esta misma región.

Durante las últimas semanas vimos con profunda preocupación y dolor el desarrollo de la operación Pilar Defensivo en la Franja de Gaza, una escalada bélica que ocasionó, no solo daños materiales cuantiosos, sino centenares de víctimas civiles a las dos partes en conflicto.

Refrendamos nuestro deseo de que en lo futuro el apego al derecho internacional, como norma de las relaciones internacionales, y el deber de los Estados a apegarse a él, así como el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas sean los criterios orientadores para cualquier proceso de negociación que se lleve a cabo en la región. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Raymundo.

ARTICULO 78 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del muy apreciable diputado don José González Morfín, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José González Morfín, diputado federal por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículo 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

Hay que traer a la memoria que la existencia de la Comisión Permanente responde fundamentalmente a la necesidad de que las labores del Poder Legislativo sean prolongadas en el tiempo, ya que por la naturaleza del trabajo parlamentario, los periodos de sesiones han sido concebidos temporalmente limitados.

De igual forma, es conveniente recordar que la Comisión Permanente es un organismo que reemplaza, continúa y complementa al Congreso de la Unión, operando en los recesos de este, extendiendo así la vida institucional del Poder Legislativo. Esa continuidad sólo se da en las atribuciones que la propia Constitución le encomienda, entre las que no se encuentra la de naturaleza materialmente legislativa.

A pesar de que las facultades de la Comisión Permanente se encuentran en diversos artículos constitucionales, el constituyente permanente consideró que la sección IV, del Capítulo II del Título Tercero, de nuestra Constitución fuera dedicada a la Comisión Permanente, conformada por el artículo 78, el cual constaba de un único párrafo, pues en el texto original de la Constitución, el artículo 79 era el que dotaba de cuatro facultades, a dicho órgano colegiado. Más tarde, el constituyente permanente decidió dar vida al segundo párrafo y sus ocho fracciones las cuales han sido objeto de diversas reformas, la última publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, la cual recayó en las fracciones IV, VI y VII.

De las ocho atribuciones que se le otorgan en dicho precepto Constitucional a la Comisión Permanente tres son facultades exclusivas del Senado de la República, las cuales son las siguientes:

• Prestar su consentimiento para el uso de la Guarda Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV.

• Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal.

• Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

De las cinco facultades restantes sólo una es facultad exclusiva de la Comisión Permanente, la cual es la convocatoria a sesiones extraordinarias, al Congreso de la Unión, a alguna de sus Cámaras o ambas. Por su parte, otras las cuatro las comparte con el Congreso de la Unión, o con ambas Cámaras.

Como es sabido, el artículo 76 Constitucional en su fracción III, faculta al Senado de la República, para autorizar al ejecutivo a fin de que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Sin embargo, en un mundo globalizado, como en el que hoy nos desenvolvemos, las naciones enfrentamos retos y desafíos compartidos, a los cuales debemos hacerles frente unidas.

Uno de ellos es sin duda el tema de los fenómenos naturales, pues son incidentes poco previsibles y traen aparejados grandes desastres e innumerables pérdidas humanas.

Basta recordar los tsunamis de que fueron víctimas Indonesia y Japón que conmovieron al mundo entero, los desafortunados sucesos ocurridos en la República de Haití en enero del 2010 en el que el Senado se encontraba en receso, o el caso del huracán Katrina, que dejó numerosas víctimas de las inundaciones, en el que nuestro ejército tuvo la noble misión de salir del país a ayudar al pueblo de Nuevo Orleáns.

Ahí el trabajo de nuestros heroicos connacionales brindó resultados invaluables a los afectados y dejó en alto no sólo el nombre de todos aquellos hombres y mujeres que con honor militar prestaron su ayuda oportuna, más allá de su nación, sino también el nombre de México se vio enaltecido ante la solidaridad prestada.

Incluso México ha vivido desastres que nos han marcado como nación, basta mencionar el terremoto que en septiembre de 1985 cobró un sin número de vidas humanas en la Ciudad de México y donde tuvimos innumerables muestras de solidaridad por parte de la comunidad internacional.

También, está el caso más reciente del virus de la influenza AH1N1, donde con el apoyo de diversas naciones se pudo combatir inmediata y puntualmente esta pandemia.

Estos trágicos acontecimientos requieren de atención inmediata y oportuna, pues para infortunio de la humanidad cada año algunas naciones son víctimas de fenómenos naturales y ninguna nación está excluida de la posibilidad de ser el nuevo deudor al que la naturaleza cobra la elevada factura de los daños hechos a nuestro planeta, ejemplo, de ello es lo ocurrido en días pasados en nuestro vecino del norte, con el paso del huracán Sandy, donde sabemos que muchos de nuestros connacionales que se encuentran en esos lares trabajando, vieron perder todas sus pertenencias e incluso a sus seres queridos.

No obstante, ante tan lúgubre escenario, la humanidad han dado grandes pasos en el desarrollo de la cooperación internacional, pues en los casos de catástrofes naturales es donde los avances de las relaciones internacionales han sido mayores y más fructíferos, ya que la cooperación fortalecida de las naciones al solidarizarse con un pueblo dañado, ayuda a abreviar el tiempo necesario para sobreponerse a los siniestros.

Es por ello que hay que tener presente que una de las labores más notables y heroicas que realiza la Fuerza Armada Mexicana es acudir al auxilio de nuestros connacionales cuando son afectados por fenómenos naturales. Sin embargo, su valiente labor ha tenido la altura de miras suficiente para no limitarse a nuestro territorio nacional.

Por lo cual, la solidaridad internacional debe darse a la brevedad posible. La ayuda de emergencia es de importancia vital para cualquier pueblo que ha sufrido el infortunio de ser víctima de la naturaleza, siendo esta una de las principales razones para poner a la consideración de este pleno, la consideración de la presente iniciativa.

Sin embargo, existen otras razones por las que la presente reforma no se circunscribe a fines exclusivamente de carácter humanitario. Una de ellas y quizá la de más reciente memoria es la ocurrida en meses pasados en la que la Marina de México fue invitada a acudir a los ejercicios navales de la Partnership of the America 2012 (POA-2012), los cuales se celebraron del 3 al 16 de septiembre en la base naval de Mayport y el campo Blanding en Florida, Estados Unidos.

Dichos ejercicios, permiten una mejor y mayor capacitación por parte de la Marina, lo cual trae aparejado que nuestros connacionales de desarrollen de forma más eficaz y eficiente en todas sus labores, pero prioritariamente en la que sin duda es la más importante en estos tiempos para nuestro pueblo; la función de brindar seguridad.

En diversas ocasiones, ambas Cámaras del Congreso han reconocido que las Fuerzas Armadas, ha desempeñado un papel de suma importancia en la seguridad nacional, incluso han sido el soporte de las instituciones en nuestro país, siempre actuando con patriotismo, heroísmo y profesionalización por honor y amor a México.

Por lo aquí expresado, debe hacernos reflexionar sobre la conveniencia de permitir que la Comisión Permanente tenga atribuciones para autorizar al Ejecutivo federal a fin de que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Por las razones antes expuestas, me permito presentar a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX del artículo 78 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 78. ..

...

I. a VIII. ...

IX. Dar su autorización para que el Ejecutivo federal a fin de que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, muy buenas tardes. Las condiciones materiales que guardan las escuelas constituyen un factor fundamental para garantizar el pleno ejercicio del derecho de la educación.

Cuando no existen escuelas dignas y funcionales es muy complicado alcanzar niveles de calidad aceptables y los alumnos se colocan en una situación de desventaja, respecto a quienes tienen la suerte o el privilegio de estudiar en buenos planteles educativos.

Es lamentable que en México el 20 por ciento de las escuelas de educación básica, de las 226 mil 734 que están registradas en el ciclo escolar 2010-2011, se encuentren registradas en estado malo, muy malo o pésimo, de acuerdo con el diagnóstico educativo de la República Mexicana, elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Esto significa que más de 33 mil planteles no cumplen con los requisitos mínimos para que los alumnos reciban educación.

El resto de las escuelas también presenta carencias, pues en 70 mil de ellas falta el agua y en 44 mil no hay energía eléctrica, además, el 44 por ciento de los planteles escolares se encuentra en un proceso acelerado de deterioro y casi la mitad tienen más de 20 años de antigüedad.

Los daños que esto ocasiona a la educación son muy obvios; diversos estudios, en particular uno realizado por la Auditoría Superior de la Federación, demuestra que las escuelas que presentan condiciones físicas malas o muy malas, el nivel de aprovechamiento de los alumnos es menor respecto a sus compañeros que estudian en planteles que han recibido mejoras o mantenimiento permanente.

Como se puede observar, las escuelas en malas condiciones no solo afectan la calidad de la educación, sino que pone en entredicho la equidad que debe existir en el acceso a los servicios educativos. Esta situación refleja que la educación no se ha asumido como una prioridad, indispensable para impulsar el desarrollo nacional.

En Nueva Alianza no estamos conformes con esta situación, al igual que todos ustedes, pues para nosotros la educación debe ser una prioridad nacional; por ello, presentamos esta iniciativa, con el fin de que la infraestructura física educativa del país cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, en consonancia con el espíritu del artículo 3o. constitucional.

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que es la instancia encargada de verificar que los planteles escolares cumplan los requisitos antes mencionados, no cuenta con instrumentos y controles claros, debidamente establecidos en la ley para cumplir cabalmente esta función.

En concreto, es necesario establecer una instancia y un mecanismo específico para que dicho instituto pueda certificar responsablemente la construcción, remodelación, mantenimiento o rehabilitación de los planteles educativos donde estudian nuestros niños.

En función de lo anterior, proponemos reformas y adiciones a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con el objeto de que se instituya un comité nacional de certificación de la infraestructura física educativa.

Este comité deberá estar integrado por el director del instituto en mención, quien lo presidirá, así como por especialistas y representantes de los consejos escolares de participación social; de tal forma que converjan diversas ópticas en el proceso de otorgar la certificación correspondiente a las obras de construcción, mejora o rehabilitación de la estructura física educativa.

Con estas reformas buscamos evitar que se habiliten escuelas con baños que se descomponen en un mes, pisos que se levantan al poco tiempo de instalarse, techos que se gotean a la menor llovizna, paredes que se cuartean, y lo más grave, edificios en riesgo de colapsarse por no haber verificado adecuadamente su proceso de construcción.

Finalmente, establecemos en la iniciativa que las entidades federativas realicen las adecuaciones necesarias a su legislación, a fin de que incorporen las disposiciones antes mencionadas.

De este modo, Nueva Alianza hace una aportación indispensable para mejorar la educación en México y esperamos que nuestra propuesta cuente con el valioso apoyo de todos ustedes. Es cuanto, señor presidente; muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Uno de los temas más recurrentes en el análisis de las prioridades para elevar la calidad de la Educación en México, lo constituye la infraestructura física educativa; es decir, aquellos muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares, así como los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación destinados al servicio del sistema educativo nacional; lo anterior, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Infraestructura Física, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.

Asimismo el artículo 7 del citado ordenamiento, establece que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, las leyes estatales de educación y del Distrito Federal, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial, los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional y, por último, que las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores sociales para optimizar y elevar la calidad de la infraestructura física educativa, en los términos que señalan esta ley y su reglamento.

Sin embargo, en el último Informe Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en febrero de 2012, páginas 134 a 136, se dio a conocer que el Sistema Educativo Nacional no contó con un diagnóstico del estado físico y el equipamiento de las 198.9 miles de escuelas públicas de educación básica existentes en ese año. La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) programaron sus acciones con base en los resultados de un cuestionario aplicado en 2007 en 161.9 miles de escuelas públicas de educación básica, el 83.4% de las 194.1 miles existentes en 2007 y el 81.4% de las 198.9 miles que operaron en 2010.

El Inifed no había emitido el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa que, de acuerdo con ésta, debió expedirse en octubre de 2008; tampoco elaboró los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, y no certificó la calidad de la infraestructura de las escuelas de educación básica.

El mismo informe detalla que con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2007, la SEP identificó que el 20.6%, es decir, 33.4 miles de escuelas se encontraban en estado malo, muy malo o pésimo en sus condiciones físicas, por lo que en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, programó su atención en el periodo 2008-2012.

En 2010, únicamente se habían atendido 20.5 miles de escuelas, el 61.4% de las programadas para 2012 y el 10.3% de las escuelas públicas de educación básica, sin que el Sistema Educativo Nacional realizara la evaluación de los planteles atendidos para determinar en qué medida se modificó su estado físico.

En cuanto al equipamiento de las escuelas, la SEP identificó que el 9.0% (14.5 miles) se encontraba en mal o pésimo estado, por lo que previó su atención en el periodo 2008-2012, aunque en 2010 no se habían registrado avances en la atención de este problema.

Los resultados de la Prueba ENLACE aplicada en el ciclo escolar 2009-2010 a los alumnos de las 33.4 miles de escuelas identificadas en estado malo, muy malo o pésimo, mostraron que, en primaria, los alumnos de las escuelas que tuvieron mejoras en su infraestructura en el periodo 2008-2010 obtuvieron resultados superiores en 40.5 puntos en español y en 22.6 puntos en matemáticas, respecto de los alumnos cuya escuela no recibió atención. En ambos casos, los alumnos se ubicaron en el nivel “elemental” de conocimientos en español y matemáticas. En secundaria, los resultados de los alumnos de escuelas atendidas en su infraestructura fueron superiores en 6.6 puntos en español y en 24.5 puntos en matemáticas, en relación con los estudiantes de escuelas que no recibieron mejoras en su infraestructura; los alumnos se ubicaron en el nivel “elemental” de conocimientos en español, y en el “insuficiente” en matemáticas.

Por otra parte, el Diagnóstico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 2010, entregado a la Cámara de Diputados en el marco del proceso de integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, reveló lo siguiente:

Ante esta radiografía del estado en el que se encuentra la infraestructura física educativa, por la ausencia de diagnósticos en materias de cobertura y calidad de la Infraestructura Física Educativa del país, la omisión en la expedición de un reglamento a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa desde 2008 y de los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, y la falta de certificación de la calidad de la infraestructura de las escuelas de educación básica. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos urgente adicionar diversos artículos a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa con el objeto de crear Comités de Certificación de la Calidad de la Infraestructura Física Educativa en materia de muebles, inmuebles, servicios e instalaciones conformados no sólo por las autoridades responsables, sino por representantes de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expertos en materia de Infraestructura Física Educativa y representantes de los consejos escolares de participación social.

Argumentación

La Cámara de Diputados al llevar a cabo su función de fiscalización externa a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha dejado constancia mediante el Informe Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, que el Inifed al día de hoy no ha expedido el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa que debió publicarse en octubre de 2008; como tampoco los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, por lo que a menos de 60 días de concluir el ejercicio fiscal de 2012, en México la mayoría de las escuelas de educación básica no han sido certificadas en término de calidad en su infraestructura física.

Por otra parte, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o., entre otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Artículo 4o. ...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

...

...

A partir del citado reconocimiento constitucional, el Estado mexicano confirma su responsabilidad internacional específicamente respecto al principio del interés superior de la niñez, previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, instrumento de naturaleza imperativa que no puede dejar de cumplirse y que en sus artículos 3º y 28 establecen:

“Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. y 3.

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. y 3.”

En este marco, consideramos oportuno citar lo relativo al análisis sobre el interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Miguel Cillero Bruñol, en http://www.iin.oea.org/ página 12:

“

...

7.2 Prioridad de las políticas públicas para la infancia: interés del niño e interés colectivo.

Como se ha señalado reiteradamente, la formulación del artículo tercero de la Convención proyecta el interés superior del niño hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial. Esto significa que la satisfacción de los derechos del niño no puede quedar limitada ni menoscabada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el interés colectivo.

Cuando la Convención señala que el interés superior del niño será una consideración primordial para la toma de decisiones que le afecten, sugiere que el interés del niño -es decir, sus derechos- no son asimilables al interés colectivo; por el contrario, reconoce que los derechos de los niños pueden entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, y que los derechos de los niños deben ponderarse de un modo prioritario.

Una correcta interpretación del precepto lleva a entender que en todas las decisiones los derechos de los niños deben primar por sobre otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación no puede ser menoscabado por intereses administrativos relativos a la organización de la escuela, o a los intereses corporativos de algún grupo determinado.

En el caso de conflicto entre los derechos del niño y los derechos de otras personas, como por ejemplo en las infracciones a la ley penal, los derechos del niño deberán tener una primacía no excluyente de los derechos de los terceros.

Es materia de resolución de cada Estado el grado de prioridad que otorga a la infancia en un sistema social donde los diversos grupos “compiten” por recursos escasos, sin embargo, la Convención exige considerar con alguna prioridad a la infancia. En este sentido parece adecuada la solución de la Constitución del Brasil que señala una prioridad absoluta referida a las materias más importantes y otorga, para éstos y otros asuntos, la posibilidad de acciones de interés público que pueden ejercerse contra la autoridad en caso de no respetarse la prioridad de la infancia.

...

...

8. Conclusión

De las ideas expuestas se desprende que desde la ratificación de la Convención existe una absoluta equivalencia entre el contenido del interés superior del niño y los derechos fundamentales del niño reconocidos en el Estado de que se trate. De este modo es posible afirmar que el interés superior del niño es, nada más pero nada menos, que la satisfacción integral de sus derechos.

Por su parte, la formulación del principio en el artículo tercero de la Convención permite desprender las siguientes características: es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática.”

Por último, en Nueva Alianza no perdemos de vista una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevista en el III Informe de México sobre la Niñez del 8 de junio de 2006, -pendiente de cumplimiento por parte del Estado mexicano- misma que consiste en lo siguiente:

“...

7. Educación, esparcimiento y actividades culturales (artículo 28, 29 y 31 de la Convención)

57. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Aumente la asignación presupuestaria y tome medidas eficaces para garantizar una educación gratuita de calidad a todos los niveles de la enseñanza primaria y secundaria y en todas las regiones;

b) ...”

En conclusión, derivado de las omisiones detectadas en el Informe Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, preceptos, opiniones y recomendaciones citadas, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos urgente y necesario que la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, debe garantizar eficazmente cada uno de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia como una medida, entre otras esencial, para fomentar la asistencia regular de millones de niñas, niños y adolescentes a la Escuela.

A través de la presente iniciativa queremos dejar claro que en Nueva Alianza, es fundamental replantear el mecanismo de certificación de la infraestructura física educativa con la finalidad de hacerlo operativamente viable y eficaz en su cumplimiento. Por ello, se propone adicionar los artículos3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 29 y 31 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa con el objeto de crear Comités de Certificación de la Calidad de la Infraestructura Física Educativa en materia de muebles, inmuebles, servicios e instalaciones conformados no solamente por las autoridades responsables, sino por representantes de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expertos en materia de Infraestructura Física Educativa y representantes de los consejos escolares de participación social. Lo anterior, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 4º constitucional, la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y por último, lo establecido en el artículo 7 de la ley objeto de la presente reforma, que prevé como una obligación de las autoridades en materia de infraestructura física educativa, la promoción de la participación de sectores sociales para optimizar y velar por la calidad de los muebles, inmuebles, servicios e instalaciones destinados a la educación impartida por el Estado.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos convencidos que para elevar la calidad de la educación, debemos recuperar y dignificar la Escuela como herramienta de transformación de millones niñas, niños y adolescentes orgullosos de su Patria y comprometidos con México en pleno siglo XXI.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6º numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Único. Se adicionan una fracción VII al artículo 3; los artículos 13,14, 15, 16, 17 y 18 recorriéndose en su orden los subsecuentes; los incisos a) b) y e) de la fracción IV del artículo 19; la fracción III del artículo 26; las fracciones I, IV y V del artículo 29 y, la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

“Artículo 3. ...

a VI. ...

VII. Comité: Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa.

Artículo 13. La certificación de la calidad de la INFE la llevarán a cabo el Comité de Certificación en materia de muebles, inmuebles, servicios e instalaciones del Instituto y en las entidades federativas a través de sus organismos responsables de la infraestructura física educativa, conforme a los lineamientos de esta Ley.

Artículo 14. El Comité nacional o estatal de Certificación de muebles, inmuebles, servicios e instalaciones nacional o estatal estará integrado por:

I. El Director General del Instituto nacional o estatal, quien lo presidirá;

II. Las autoridades educativas federales o estatales;

III. Representantes de los diversos sectores sociales involucrados en la educación a nivel nacional, estatal o municipal;

IV. Cuatro especialistas en materia de Infraestructura Física Educativa Infraestructura Física Educativa a nivel nacional, estatal o municipal;

V. Tres representantes de los consejos escolares de participación social a nivel nacional, estatal o municipal; y,

Para el apoyo de sus funciones, el Comité nacional o estatal de Certificación contará con el apoyo del secretario técnico del Instituto nacional o estatal.

Los integrantes del Comité de Certificación, contemplados en las fracciones I y II, acreditarán ante éstos a sus respectivos suplentes, que serán del nivel jerárquico inmediato inferior, quienes fungirán como miembros en las ausencias de aquellos.

Los integrantes del Comité de Certificación, contemplados en las fracciones III a V, serán invitados por el Director General del Instituto nacional o estatal, garantizando que en la selección se refleje la diversidad de los sectores correspondientes.

Artículo 15. Para obtener la certificación de la calidad de la INFE, los interesados deberán reunir los requisitos que se señalen en los programas y lineamientos generales que apruebe el Comité nacional o estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, de acuerdo con el tipo de establecimiento educativo de que se trate.

Los distintos tipos de certificados y su vigencia serán especificados en los lineamientos generales mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 16. El Comité nacional o estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 17. El Comité de certificación nacional o estatal de la Infraestructura Física Educativa, celebrará sesiones ordinarias una vez cada bimestre, de conformidad con lo que establezca el Estatuto Orgánico. El Presidente del Comité de Certificación de la Infraestructura Física Educativa nacional o estatal podrá convocar a sesiones extraordinarias para tratar asuntos cuya naturaleza lo amerite.

Artículo 18. Son atribuciones del Comité nacional o estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, las siguientes:

I. Emitir la certificación de la Infraestructura Física Educativa.

II. Analizar y aprobar los programas y lineamientos generales en materia de certificación de la calidad de la INFE de conformidad con el tipo de establecimiento educativo de que se trate;

III. Validar los distintos tipos de certificados prevista en los lineamientos generales del párrafo anterior;

IV. Aprobar la vigencia de los distintos tipos de certificados de la Infraestructura Física Educativa, y

V. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 19. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) Proponer para aprobación del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la INFE;

b) Proponer para aprobación del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa los requisitos que deberá reunir la INFE para ser evaluada positivamente;

c) a d) ...

e) Proponer para la aprobación del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa los criterios y la calificación que deberá cumplir la INFE para obtener el certificado;

Artículo 26. ...

I a II. ...

III. Supervisar y evaluar los planes, lineamientos y programas del Instituto;

Artículo 29. ...

I. Formular y enviar con la debida anticipación el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno y del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, así como las convocatorias a las mismas;

II. a III. ...

IV. Revisar el proyecto de acta de la sesión anterior, tomando en cuenta los comentarios de los miembros de la Junta de Gobierno y del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa a fin de incorporarlos en el documento definitivo;

V. Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa para hacerla del conocimiento de los integrantes de la misma;

VI. a VII. ...

Artículo 31. ...

I. a III. ...

IV. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y del Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa para informar a ésta sobre su cumplimiento;

V. a XII. ...”

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación en un plazo no mayor a 180 días hábiles, a fin de crear el Comité Estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa y llevar a cabo las modificaciones correspondientes al marco constitutivo y normativo en concordancia con el presente Decreto.

Artículo Tercero. El Comité nacional y estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, tendrá hasta 180 días hábiles a partir de su integración para expedir los lineamientos generales para obtener la certificación de la calidad de la Infraestructura Física Educativa.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 27 de noviembre de 2012.— Diputados: María Sanjuana Cerda Franco, Gabriel Gómez Michel, Oscar Bautista Villegas, Francisco González Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No, encantado Sanjuanita. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Dávila Delgado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero resaltar que la presente iniciativa también la suscriben los diputados José Guillermo Anaya Llamas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, la diputada Esther Quintana Salinas, el de la voz y todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

El pasado 4 de septiembre, el presidente, titular del Ejecutivo federal envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social una iniciativa con carácter de preferente, para que se revisaran algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

En el contenido de tan importantes reformas destaca la incorporación de un nuevo capítulo al Título Sexto de la Ley del Trabajo, para regular los trabajos que se realizan en las minas.

Se destaca, además, la importancia de considerar en las minas de carbón los accidentes que han ocurrido, sobre todo en los últimos años y que han cobrado la vida de numerosos trabajadores; por eso es indispensable hacer estas regulaciones.

En ese sentido, también destaca la prohibición expresa de los pocitos o pozos de carbón o tiros verticales, porque aquí es donde se han presentado el mayor número de accidentes y son los que presentan mayor riesgo, presentándose casos históricos, por ejemplo, en 1969, en Barroterán, Coahuila, fallecieron 153 mineros en la explosión de una mina. Además, recientemente el caso de la mina de Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros en Nueva Rosita, Coahuila, y durante los años de 2006 a 2011 ha habido 124 muertes relacionadas con las explosiones y los accidentes en las minas de carbón, según la Comisión de Derechos Humanos.

La minería del carbón en México, principalmente, se produce hasta un 90 por ciento en el estado de Coahuila, en las cuencas de Sabinas y la de Río Escondido.

Es importante mencionar que durante la discusión y el análisis de esta iniciativa, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, también se aprobó la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 343-A, donde se establecen las disposiciones con respecto al trabajo en las minas de carbón y en los tiros verticales.

No obstante que este dictamen fue aprobado en esta Cámara, ese párrafo no se incluyó y por eso en la minuta que se envió al Senado no se discutió este tema tan importante.

Es importante que no queden en el olvido todos los accidentes que han sucedido en Coahuila y en otros lados, y que se tome en cuenta este segundo párrafo relativo a la existencia en los tiros verticales de carbón en las minas, llamados pocitos también.

Es por todo lo anterior que someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes. En este caso la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados.

Asimismo, queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, extendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obra, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores.

Solicito a la Presidencia que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente; muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Dávila Delgado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, José Guillermo Anaya Llamas, Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por Coahuila y en nombre de los diputados del GPPAN de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 4 de septiembre del presente año, el titular del Ejecutivo federal envió a consideración del Cámara de Diputados iniciativa con carácter de preferente por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

En el contenido de tan importantes reformas, destaca la incorporación de un nuevo capitulo en el Título Sexto de la Ley, para regular los trabajos que se realizan en las minas.

El Ejecutivo federal destaca la importancia de regular tan importante tema, considerando los trágicos accidentes que se han presentado en los últimos años en la industria minera y que han cobrado la vida de varios trabajadores, por lo cual considera indispensable establecer disposiciones específicas para regular dicha actividad.

En ese sentido, se destaca la prohibición expresa del trabajo en tiros verticales de carbón, también llamados “pozos”, en razón de que en esta modalidad de explotación es en donde se presentan los mayores riesgos.

Por ello, propone incluir las siguientes obligaciones específicas para los patrones, en favor de los trabajadores mineros, que en los términos de la exposición de motivos de la iniciativa, se mencionan a continuación:

• Contar con planos, estudios y análisis apropiados para que las actividades se desarrollen en condiciones de seguridad.

• Contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterráneas, las que deberán tener dos vías de salida, por lo menos, desde cualquier lugar de trabajo, comunicadas entre sí.

• Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal necesario, a fin de evitar la ocurrencia de riesgos de trabajo y capacitarlos respecto de su utilización y funcionamiento.

• Establecer un sistema que permita saber con precisión los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como su ubicación.

• No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años para realizar trabajos en las minas, así como la obligación de los titulares de las concesiones de los lotes mineros de cerciorarse que en los centros de trabajo el patrón cumpla con sus respectivas obligaciones y que en caso de incumplimiento de éstos, serán considerados como solidariamente responsables.

Por otra parte, se propone que los trabajadores puedan negarse a prestar sus servicios cuando no cuenten con la debida capacitación o adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos, la forma de evitarlos y realizar sus labores en condiciones de seguridad, así como en aquellos casos en que el patrón no les entregue el equipo de protección personal o los capacite para su utilización. Estas acciones son consistentes con las disposiciones que prevé el Convenio 176 de la OIT, sobre la seguridad y salud en las minas, por lo que se avanzaría significativamente hacia su eventual ratificación, ya que la legislación nacional tendría disposiciones equivalentes, lo que favorecería la aplicación y cumplimiento de este instrumento internacional.

Destaca también la propuesta para fortalecer la coordinación interinstitucional para vigilar e inspeccionar este tipo de centros de trabajo, pues incluso se otorga a la Inspección del Trabajo la facultad de ordenar la suspensión de actividades y la restricción de acceso de los trabajadores a la mina, hasta en tanto se adopten las medidas de seguridad ante un riesgo inminente.

Finalmente, se incluyen sanciones y penas privativas de libertad, a los patrones que dolosamente o por culpa grave omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, cuando la omisión produzca la muerte de uno o varios trabajadores, o bien, los fallecimientos ocurran en los tiros verticales de carbón, a pesar de la prohibición a que se ha hecho referencia anteriormente.

Ahora bien, debemos mencionar que durante los trabajos de discusión y análisis de esta iniciativa en la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, se aprobaron dichas adiciones, sin embargo, también se aprobó la inclusión de un segundo párrafo al artículo 343-A, donde se establecen disposiciones complementarias para regular el trabajo en los tiros verticales para la extracción de carbón, mismo que a continuación se transcribe:

Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros a mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón, deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados. Asimismo, queda prohibido, el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras, se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores.

No obstante, en el dictamen que fue aprobado por ésta soberanía, no se incluyó tan importante adición, lo cual motivó que en la minuta enviada al Senado no se discutiera, aunque la Mesa Directiva de ésta Cámara enviara una fe de erratas para solventar dicha omisión, cuestionando nuestra colegisladora severamente dicho procedimiento, al grado de que la adición aprobada dentro de la Comisión del Trabajo no fue discutida ni aprobada.

Por tanto, considerando la importancia de la adición mencionada, estimamos conveniente no permitir que quede en el olvido dada la ampliación de garantías a favor de los mineros que trabajen en tiros verticales, por lo que, en aras de rescatar dicha disposición se presenta esta iniciativa, para adicionar un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo.

Es por lo anterior, que sometemos a la consideración de ésta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo

Para quedar como sigue:

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 343-A. ...

Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros a mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón, deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados. Asimismo, queda prohibido, el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras, se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores.

Transitorios

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputados: José Guillermo Anaya Llamas, Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y como dice el clásico, es mucho. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Está en el salón de sesiones don Heriberto Galindo?

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): Sí, por supuesto.

MEDALLA AL MERITO CIVICO EDUARDO NERI

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la voz, don Heriberto Galindo, de Sinaloa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para solicitar su atención y su apoyo para que aprobemos una iniciativa en homenaje al insigne mexicano Eduardo Neri Reynoso y a la propia Cámara de Diputados por tratarse de la máxima presea que otorga este órgano legislativo.

Hace 43 años, el 2 de diciembre de 1969, la Cámara de Diputados aprobó un decreto para establecer la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, para honrar y reconocer al licenciado Eduardo Neri Reynoso, quien siendo diputado federal a la XXVI Legislatura, desde la tribuna más alta de la nación enjuició al usurpador Victoriano Huerta, por la desaparición del senador chiapaneco Belisario Domínguez.

Con un extraordinario valor civil, el diputado Neri Reynoso, originario del estado de Guerrero, pronunció un discurso para exhortar a sus compañeros diputados a oponerse al usurpador del Poder Ejecutivo y así defender la dignidad del Congreso mexicano.

La respuesta de Victoriano Huerta fue aplastante: disolvió el Congreso, encarceló al diputado Eduardo Neri y a otros 82 legisladores de 1913. Más tarde, el valeroso y honrado abogado guerrerense fungió como procurador de la República, al lado del presidente Álvaro Obregón.

La propuesta que hoy formulo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es para que la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri Reynoso, Legisladores de 1913 sea —a partir de la aprobación con la que usted nos honre— una presea anual, en lugar de otorgarse cada tres años, como viene ocurriendo hasta la fecha, habida cuenta de que existen ciudadanas y ciudadanos mexicanos que merecen un reconocimiento anual de parte de esta Cámara de Diputados.

Para ello tenemos que modificar el decreto que crea la medalla y reformar el Reglamento que regula su otorgamiento; esos dos aspectos se contemplan en el proyecto de decreto que pongo a su consideración y que entregaré a la Secretaría de esta Cámara.

A continuación, enumero otros aspectos históricos de la vida del gran guerrerense Eduardo Neri, quien fue integrante del bloque renovador de la XXVI Legislatura, quien participó en el movimiento maderista de la Revolución Mexicana y que, como integrante del Partido Liberal Constitucionalista, propuso la candidatura del general Álvaro Obregón a la Presidencia de la República.

En síntesis, la actuación del diputado Eduardo Neri Reynoso fue sobresaliente en todos los órdenes, porque aun a riesgo de su propia vida enfrentó al dictador Victoriano Huerta y ello significó la defensa de la dignidad de este órgano legislativo, de sus miembros y por ello simboliza el más alto y elevado mérito cívico.

Compañeras y compañeros legisladores, les solicito su voto a favor de esta propuesta, que engrandece aún más la figura de un gran legislador y de la Cámara de Diputados; nos sentimos orgullosos de honrar a un mexicano, valeroso y de bien, y nos sentiremos orgullosos de honrar y de otorgar la Medalla Eduardo Neri Reynoso a los mexicanos que se distingan por su labor al servicio de la patria y de la humanidad.

Proyecto de decreto. Artículo primero. Se expide decreto por el que se instituye la entrega anual de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri Reynoso, Legisladores de 1913, y se abroga el decreto por el que se creó la medalla en mayo de 1969.

Decreto por el se instituye la entrega anual, y esta Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo decretará con la aprobación de ustedes.

Será la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la que procederá sobre este particular.

Por su atención, agradezco su voto, su respaldo y de antemano el reconocimiento que juntos haremos de Eduardo Neri Reynoso y del honor de la Cámara de Diputados para otorgar esta presea a los mexicanos y a las mexicanas que se distingan por el servicio a la patria y a la humanidad. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

En la Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre de 2012, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, acompañado por los diputados sinaloenses integrantes de la bancada del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide el decreto por el que se instituye la entrega anual de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos:

Acudo a esta tribuna para solicitar su atención y apoyo para que aprobemos esta iniciativa en homenaje al insigne Eduardo Neri y a la propia Cámara de Diputados por tratarse de la máxima presea que otorga este órgano legislativo.

Hace ya 43 años, el 2 de diciembre de 1969, esta Cámara de Diputados aprobó un decreto para establecer la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, para honrar y reconocer al Licenciado Eduardo Neri Reynoso, quien siendo diputado federal a la XXVI Legislatura, desde la tribuna más alta de la representación nacional, enjuició a Victoriano Huerta por la desaparición del Senador chiapaneco Belisario Domínguez.

Con un extraordinario valor civil, el diputado Neri pronunció un discurso para exhortar a sus compañeros Diputados a oponerse al usurpador del Poder Ejecutivo, y así defender la dignidad del Congreso Mexicano.

La respuesta de Victoriano Huerta fue aplastante, disolvió el Congreso, encarceló al Diputado Eduardo Neri y a otros 82 legisladores de 1913.

La propuesta que hoy formulo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, radica en que la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” que se entrega una vez por legislatura, ahora se otorgue una vez cada año de ejercicio de la legislatura habida en cuenta de que existen ciudadanas y ciudadanos que merecen un reconocimiento de parte nuestra.

Para ello tendríamos que modificar el decreto que crea la Medalla y reformar el Reglamento que regula su otorgamiento, esos dos aspectos se contemplan en el proyecto de decreto que pongo a su consideración.

A continuación enumero algunos pasajes históricos del Diputado Neri:

Eduardo Neri fue soldado del general. Canuto A. Neri, en su levantamiento contra el presidente Porfirio Díaz;

También participó en el movimiento maderista de 1910;

Fue integrante del Bloque Renovador de la XXVI Legislatura (1912 – 1914);

Derivado del discurso que pronunció el 9 de octubre de 1913, el usurpador Victoriano Huerta lo encarceló en la Penitenciaría de Lecumberri; primero lo mantuvo dos meses incomunicado y después tres meses más en dicha prisión;

Como integrante del Partido Liberal Constitucionalista, propuso la candidatura del General Álvaro Obregón a la presidencia de la República;

Y durante el gobierno de éste, fue Procurador General de la República, cargo en el que se distinguió por su capacidad, energía y honradez.

En síntesis, la actuación del Diputado Eduardo Neri, fue sobresaliente en todos los órdenes, porque aún a riesgo de su propia vida, enfrentó al dictador Victoriano Huerta, ello significa la defensa de la dignidad de este órgano legislativo, de sus miembros y simboliza el más elevado mérito cívico.

Una vez que han quedado atrás los tiempos para competir, espero que podamos encontrar los tiempos para coincidir, en favor de las más altas causas de México como es esta de cultivar la figura de un gran legislador del que nos sentimos orgullosos y la de honrar a los mexicanos de bien y de grandeza que entregan su vida a las causas del país y de la humanidad.

Proyecto de decreto

Artículo Primero. Se reforma el decreto legislativo por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de mayo de 2001.

Se reforma: el artículo primero; y se adiciona: un nuevo artículo 2 y se recorre la numeración; un nuevo artículo 5o. y 6o., para quedar como sigue:

Artículo 1o. Se instituye la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, con la cual la honorable Cámara de Diputados reconocerá cada año de ejercicio de las legislaturas, en sesión solemne a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional, a la República y a la humanidad, destacando por sus hechos cívicos, políticos o legislativos.

Artículo 2o. Pendiente de un listón de seda con los colores patrios, se otorgará una medalla con las siguientes características:

I. Metal: Oro;

II. En el anverso:

a) La efigie de Eduardo Neri Reynoso;

b) En el exergo las leyendas: en el semicírculo inferior “Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913” y en el semicírculo superior “Cámara de Diputados Legislatura ______” (espacio para grabar el número de Legislatura), y

“c) La ceca de la Casa de Moneda de México.

III. En el reverso:

a) El Escudo Nacional descrito en el artículo 2o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

b) En el exergo: en un semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Artículo 3o. Se otorgará un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se decide quién es la persona galardonada, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Artículo 4o. La Cámara de Diputados entregará a la persona que resulte galardonada una suma de dinero junto con la Medalla, que será equivalente a tres veces la dieta mensual de un ciudadano diputado.

Artículo 5o. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definirá, si el otorgamiento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, se realice en sesión solemne en el Salón del Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Artículo 6o. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, girará invitación a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos, para que asistan a la sesión solemne para el otorgamiento de la medalla.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se deroga el decreto legislativo por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de mayo de 2001.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 17 de febrero de 2009.

Se reforma: el artículo 4o., primer párrafo; el párrafo primero y la fracción primera del artículo 32. Se adiciona: al artículo 4o., un segundo párrafo; al artículo 7o. las fracciones I y II; al artículo 8o. las fracciones I y II; una fracción IV al artículo 32, para quedar como sigue:

Artículo 4. La Medalla tiene un solo grado y se otorgará, de acuerdo con el Decreto de su creación, en sesión solemne de la Cámara, el día 9 de octubre del segundo y tercer año de ejercicio de cada legislatura. La Cámara podrá acordar que la sesión solemne para entregar la Medalla se celebre un día distinto, pero siempre deberá ser en el mes de octubre del año señalado en este artículo.

En el primer año de ejercicio, la Medalla se entregará a más tardar en el mes de diciembre del año de ejercicio.

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la Convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva y usando los medios de comunicación social disponibles:

I. Al iniciar la legislatura en el mes de septiembre y el otorgamiento de la medalla a se realizará a más tardar en el mes de diciembre;

II. En los demás años de ejercicio, en el segundo periodo ordinario de sesiones (octubre).

Artículo 8. Los plazos para la recepción de candidaturas, serán los siguientes:

I. Al iniciar la legislatura comprenderá los meses de octubre y noviembre;

Para el segundo y tercer año de ejercicio, el plazo abarcará los meses de abril a septiembre.

Artículo 29. El pleno de la Cámara, previo dictamen de la Comisión, aprobará el decreto por que se conferirá la Medalla al ciudadano o ciudadana que se haya distinguido de manera relevante, sirviendo a la colectividad nacional, a la República y a la humanidad.

Artículo 30.- Durante el mes de septiembre de cada año de ejercicio, la Mesa Directiva encargará a la Casa de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la Medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares será el que se entregue a la persona galardonada y el otro será para el acervo histórico de la Cámara.

Artículo 32. La Medalla, el Pergamino alusivo al dictamen de la Comisión, un ejemplar original del Decreto de la Cámara y la suma de dinero respectivos, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara de Diputados para tal efecto, en la fecha prevista en el artículo 4 de este Reglamento.

I. En la sesión podrán hacer uso de la palabra un diputado miembro de la Comisión, la persona homenajeada y el Presidente de la Mesa Directiva.

II. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno un acuerdo que señale los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores.

III. La Mesa Directiva determinará el protocolo de la sesión.

IV. La Comisión publicará un folleto o un libro sobre la sesión solemne, ya sea mediante edición de la Cámara o coedición con otra casa editorial.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2012.— Diputados: Heriberto M. Galindo Quiñones, Sergio Torres Félix, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro, Faustino Félix Chávez, Emilse Miranda Munive, Silvia Márquez  Velasco, José Noel Pérez de Alba, Flor Ayala Robles Linares, Adriana Fuentes Téllez, José Ignacio Duarte Murillo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Luis Olvera Correa, Marina Garay Cabada, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Manuel Añorve Baños, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Faustino Félix Chávez, Héctor García García, Verónica Carreón Cervantes, Rosalba de la Cruz Requena, María Concepción Navarrete Vital, Erika Yolanda Funes Velázquez, Maricruz Cruz Morales, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Gabriel Gómez Michel, Cecilia González Gómez, Oscar Bautista Villegas, Francisco González Vargas, María Esther Garza Moreno, Dulce María Muñiz Martínez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Alfa Eliana González Magallanes, Víctor Manuel Manríquez González, Luis Ángel Xariel Cházaro Espinosa, Ángel Cedillo Hernández, Maricela Velázquez Sánchez, Salvador Ortiz García, Fernando Belaunzarán Méndez, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Don Manuel Añorve y don Fernando Belaunzarán, ínclitos y grandes amigos diputados, quieren adherirse, y don Alfonso Durazo, también ínclito y también muy buen amigo —y no es ironía, al contrario, lo digo con todo respeto y cariño—, y quienes se quieran adherir más, don Miguel Agustín Alonso Raya; entonces, le vamos a pedir a Apoyo Parlamentario que nos haga favor de pasar la iniciativa, si es que don Heriberto Galindo no se opone.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): Claro que no me opongo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues nada menos no se opone. Don Manlio Fabio Beltrones Rivera también; el diputado Salgado, guerrerense.

Bueno, va a Apoyo Parlamentario para que nos haga favor de firmar la iniciativa. Muchas gracias.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el señor diputado don Carlos Alberto García González, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Carlos Alberto García González:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, vengo a exponer los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal, y la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En nuestro país la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la administración pública federal, toda vez que otorgan certidumbre y legitimidad a las actividades que desarrolla el personal que ocupa algún puesto en el gobierno en todos sus niveles.

Cabe mencionar que nuestro país no contaba con una norma específica que permitiera la regulación de la transparencia, por lo que los ciudadanos no tenían mecanismos ni herramientas para saber cuál era el estado real de la gestión de los servidores públicos, motivo por el cual se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con la creación de este marco normativo se permitió accionar los mecanismos necesarios para garantizar que el Estado pudiera darnos a todos acceso a la información pública.

En la actualidad, como ustedes saben, diversos estados de nuestro país tienen enormes deudas por préstamos que solicitaron años atrás, principalmente a la banca comercial y sin embargo, el pago de las mismas es cuestionable.

Es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los estados y el Distrito Federal informen al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales correspondientes al Ramo 33; sin embargo, no especifica qué información deberán contener dichos informes.

Por lo que al ser la ley la que establece las reglas en que se repartirán los recursos, debe contener las bases mínimas que detallen su ejecución, con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación; la primera, la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto, y el detalle de su aplicación.

Por lo expuesto y a fin de que se disponga de un sistema de información más eficaz y oportuno, que permita conocer el estado del ejercicio del gasto de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal en turno, se presentan las modificaciones a las leyes referidas para que dicha información se haga llegar, además de a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también a la Auditoría Superior de la Federación. Con esto, durante cada año se conocerán los resultados y el impacto que el gasto público del Ramo 33 tiene en los estados y municipios, y no hasta que se realice —como ustedes saben— la revisión de la Cuenta Pública.

En mérito de lo expuesto es que el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea lo siguiente

Primero. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 48 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Voy a citar lo más importante. En el artículo 48 se prevé que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales, además de ser enviados al Ejecutivo, también sean enviados a esta soberanía, a través de la Auditoría Superior de la Federación, y que en dichos informes se incluya un apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales. En dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido.

En la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal se contempla que por lo que hace a la ejecución de los recursos, la Auditoría Superior de la Federación de esta honorable Cámara de Diputados realizará la verificación que corresponde, en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y segundo, respecto a las reformas propuestas en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se prevé que las entidades federativas envíen, tanto al Ejecutivo como a la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto a los recursos federales que le están siendo transferidos, tanto a los estados como a los municipios, y esto lo deberán de hacer a más tardar a los 20 días posteriores a la terminación de cada trimestre de cada ejercicio fiscal.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, y no fue mucho.

«Iniciativa que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, la transparencia y rendición de cuentas son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la administración pública federal, toda vez que otorgan certidumbre y legitimidad a las actividades que desarrolla el personal que ocupa algún puesto en el gobierno en todos los niveles.

En una nación como la nuestra, la participación ciudadana es trascendental en el desarrollo político, por lo que fomentar e impulsar mecanismos que permitan el acceso a la información se considera parte fundamental para consolidar la democracia que se ejerce en la vida cotidiana, teniendo siempre como principal finalidad que estas acciones vayan encaminadas a transformar el modo en que los servidores públicos desarrollan su trabajo cotidiano.

No obstante lo anterior, debe entenderse que la transparencia y la rendición de cuentas, así como el acceso a la información, debe dirigirse tanto al interior, con los funcionarios que son encargados del manejo de la información; así como al exterior de la administración pública, con la difusión y garantía que se debe otorgar para que los ciudadanos hagan valer su derecho a ser informados, percatándose de que los funcionarios de todos los niveles velen en todo momento por el beneficio de la población.

El país no contaba con una norma específica que permitiera la regulación de la transparencia, por lo que los ciudadanos no tenían mecanismos ni herramientas necesarias para saber cuál era el estado real de la gestión de los servidores públicos, incluyendo el gasto que realizaban las dependencias gubernamentales; motivo por el cual se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, con la finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Con la creación de este marco normativo se permitió accionar los mecanismos necesarios para garantizar la obligación del estado a fin de permitir el acceso a la información pública, teniendo como premisa fundamental el principio de máxima publicidad, de esta manera toda la información que emane de los organismos públicos, con excepción de los clasificados como reservados, podrá ser del dominio público a través de sus respectivos portales electrónicos.

En la actualidad, diversos estados de nuestro país, lamentablemente, tienen enormes deudas originadas por préstamos que solicitaron años atrás, principalmente a la banca comercial, sin embargo el pago de éstas es cuestionable. Esos cuantiosos adeudos han sido contraídos por diferentes entidades, específicamente en los últimos seis años, motivo por el cual es necesario que a la brevedad todos los servidores públicos encargados de la administración de esos préstamos que cometan u omitan alguna acción que se encuentre fuera de lo permitido, sean sujetos a una sanción.

En relación con lo anterior podemos mencionar datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales se deriva que Coahuila, Michoacán, Veracruz y Zacatecas son algunas de las entidades con mayor endeudamiento.

En 2011, la calificación presentada en cuanto a percepción de corrupción que otorga Transparencia Internacional a México, lo sitúa en el lugar 100 de 183 países, reflejando que se debe llevar a cabo la tarea pendiente que tenemos los legisladores, así como gobiernos estatales y municipales, por generar las herramientas necesarias que cambien esa percepción en los ciudadanos.

Con la participación de cinco naciones en 2011, México se colocó con 45 puntos en la tercera posición en el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, una disminución en comparación con 2009, en el cual nuestro país obtuvo el peor resultado en los últimos seis años, situándose con 48 puntos.

Por lo anterior, como legisladores debemos establecer las bases para que el endeudamiento de cualquier entidad, tenga como principal objetivo un proyecto productivo que refleje un impacto a favor de la ciudadanía, además de permitir que los gastos en todo momento se puedan consultar, fomentando una cultura de transparencia en el gasto público. Para ello, los ciudadanos deben contar con herramientas que les permitan evaluar la aplicación del presupuesto destinado a satisfacer sus principales necesidades.

La Ley de Coordinación Fiscal prevé que los estados y el Distrito Federal rindan informes al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales correspondientes al ramo 33, sin embargo no especifica qué información deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley que establece las reglas en que serán repartidos los recursos, debe contener las bases mínimas que detallen su ejecución, con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación: la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su aplicación.

Aunado a los informes cuantitativos que los estados deben rendir, es necesario que a fin de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se exija a los estados que informen de los avances y resultados de la aplicación de los fondos transferidos.

Resulta trascendental adecuar todos los marcos de actuación presupuestal, siendo indispensable para ello es indispensable modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el capítulo III del título IV establece la transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado, pero que de igual manera que la Ley de Coordinación Fiscal no especifica los contenidos mínimos de los informes que entreguen los estados al Ejecutivo federal.

A fin de que se disponga de un sistema de información más eficaz y oportuno que permita conocer el estado del ejercicio del gasto de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal en turno, se presentan modificaciones de las leyes referidas para que dicha información se haga llegar, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Auditoría Superior de la Federación. Con esto durante cada año se conocerán los resultados y el efecto que el gasto público del ramo 33 tiene en los estados y los municipios y no hasta que se realice la revisión de la Cuenta Pública.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, y la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero.Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 48 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 48. Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este capítulo. En los informes se incluirá un apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales que indica el artículo 25 de la ley, con los que se demuestre el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo por municipio y entidad federativa. De igual forma, en dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido.

Para los efectos del párrafo anterior, los estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la entidad federativa, como la de sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, en los fondos que correspondan, así como un apartado específico conlos resultados obtenidos que indiquen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo;asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Artículo 49...

..

...

I. a III. ...

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo federal cumplieron las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los fondos a que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del título tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y tomará en cuenta la información que se señala en los dos primeros párrafos del artículo 48 de la presente ley.

Segundo.Se reforman los tres primeros párrafos de la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

I. ...

II. Las entidades federativas enviarán tanto al Ejecutivo federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la secretaría, como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación,informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.

En los informes se incluirá un apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales que indica el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, con los que se demuestre el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo por municipio y entidad federativa. De igual forma, en dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido.

Para los efectos del párrafo anterior, los estados y el Distrito Federal reportarán la información relativa a la entidad federativa así como la de sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, en los fondos que correspondan, así como un apartado específico con los resultados obtenidos que indiquen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo; asimismo, remitirán toda la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, sí fue, cómo no. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

ARTICULOS 8o., 51 Y 56 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Martha Leticia Sosa Govea, de Colima, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o., 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la felicitamos por su cumpleaños del domingo; 30, si no me equivoco.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Gracias, presidente por su amabilidad y el recordatorio.

Honorable asamblea, la Constitución mexicana de 1917 dispuso que esta composición bicameral del Poder Legislativo quedaría estipulada en el artículo 50, en el que establece que se deposita éste en un Congreso General, dividido en una Cámara de Diputados y otra de Senadores y que hoy en día establece el Título Segundo, Capítulo I, De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno de nuestra Carta Suprema, y menciona que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Este Congreso de la Unión está compuesto por integrantes de la nación, electos por la ciudadanía y que de acuerdo a los términos que establece la Constitución, esta Cámara de Diputados es electa cada tres años y la de Senadores cada seis, y que para ser representantes deben de cumplirse criterios, requisitos que esta misma ley suprema estipula. De tal manera que estos representantes de la nación, conocidos como legisladores, deben de proponer, estudiar, discutir, votar, aprobar, rechazar iniciativas de ley; de igual manera tienen la facultad de supervisar y controlar los órganos de la administración pública federal, particularmente en el control presupuestal de la Cuenta Pública y de la política exterior.

Las facultades ya mencionadas de legisladores son realmente importantes para la estabilidad nacional. No olvidemos que la palabra legislar proviene del latín legislato-legisloris, usado como un adjetivo que denomina o califica, el que forma o prepara las leyes; el que aprueba, promulga y da fuerza a tales preceptos legales.

En este sentido, la naturaleza que encierra el legislador es el de hacedor de leyes, y éstas se han inventado para el bien de los ciudadanos y para la conservación de las ciudades; por lo que se debe de legislar lo justo y lo recto para que el derecho sea positivo. Por tanto, el legislador debe ser perceptivo, abierto a los cambios que la sociedad demanda y empático para atender dichas necesidades y poderlas plasmar en leyes.

Desde su raíz histórica, la acepción de legislador se entiende como un oficio que comunica lo que la ciudadanía demanda y que en lato sensu es entendido como representante de terceros, pues al ser un representante de la nación debe de hacer frente a la confianza que la ciudadanía le ha otorgado para dicho encargo, mismo que fue a través del sufragio y por ende, su principal función debe ser cumplida, pues no sería justo que el legislador tomara posesión y se olvidara de las promesas y planteamientos que hizo en campaña para quienes votaron por él o por ella, independientemente del partido que representa.

Es de mencionar que los reglamentos, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, prevén mecanismos para atender actividades de orientación informativa, conocimiento y atención de las peticiones que formulan la ciudadanía, los organismos o las organizaciones, en el que sabemos que los escritos ingresan por la oficialía mayor de partes o por las áreas específicas para atender esas peticiones. Sin embargo, deja de lado el estrecho acercamiento con el legislador, convirtiendo esa petición en un trámite que no garantiza que realmente sea atendido por estos legisladores, o peor aún, no garantiza que se le dé la atención debida.

Es por ello, legisladores, compañeras y compañeros, que hemos considerado necesario cambios para la modernización del sistema democrático acordes a la reforma política reciente, y por ello, en estos desafíos que se generan a las Cámaras, consideramos importante en el despertar de la conciencia colectiva que se reforme la Constitución Política para que los legisladores federales, además de legislar, procuremos un acercamiento más amplio, pues el valor de la participación ciudadana ha fortalecido la demanda de mayores espacios de acercamiento.

Necesitamos crear mecanismos de evaluación del desempeño y activar una democracia más participativa, pero sobre todo consolidar la dualidad del legislador como gestor social, y por ello proponemos modificar el artículo 8o., el 51 y el 56, para que se exprese claramente esa obligación de los legisladores y estreche más la relación con la ciudadanía.

Le pido, presidente, que en obvio del tiempo se inserte íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa, y solicito muy atentamente que la valoren y la reflexionen para poder tener el apoyo de ustedes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 8o., 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tradición del derecho romano, ha tenido una gran influencia en todos los códigos del mundo así como en el ejercicio para la creación de las leyes, que hasta el día de hoy muchos Congresos continúan tomando como base esa composición Parlamentaria Romana o hasta la estructura gubernamental para sus naciones. Recordemos que en el Derecho Romano es donde nacen las fuentes del derecho que se dividen en dos: la escrita y la no escrita, para el caso de la escrita es la que provenía del pleno acuerdo y voluntad del pueblo conocida como LEX, en la que quedaba plasmada las necesidades de la ciudadanía, y aunque cada fuente era importante de acuerdo al contexto histórico que estaba pasando la Ciudad de Roma, es necesario enfatizar que en cada una de estas se presentan dos características muy particulares 1 ) la voluntad del pueblo y 2) la actividad del legislador, por lo que corresponde a la no escrita son aquellos actos que con el transcurso del tiempo se consideran obligatorios aunque no estén plasmador en alguna ley pero la costumbre los hace obligatorios.

En este sentido, como ya se mencionó tenemos a la lex,en la que toda la población demandaba lo que requería y ésta se volvía un ordenamiento Jurídico de carácter público, siendo que la misma ciudadanía era quien legislaba; otra es la que era emitido a través de plebiscitos en la que sólo un sector de la población podría hacer leyes. La siguiente era por edictos de los magistrados ,en el que la soberanía no radicaba en el pueblo, por lo que el legislador era la autoridad máxima judicial, siendo el rey el ejecutor máximo; otro ejemplo son los senadoconsultos ,queno tuvo funciones legislativas sino solamente de asesoramiento y consejo, pero con el transcurso del tiempo, y dado que el crecimiento de la ciudad torno difícil la convocatoria del pueblo para que votará leyes en los comicios, la corporación senatorial adquirió atribuciones parecidas a las legislativas y pasó a dirigir los negocios públicos prácticamente a partir de la época de la República.

De ese modo se constituyó el Senado en director de los cónsules y pretores, del culto y del ejército, en el responsable de la celebración de tratados internacionales; era el encargado de decretar las contribuciones y estaba obligado a declarar la patria en peligro, con la consiguiente designación de dictador, y por último, las constituciones imperiales en el que el príncipe era él emperador y establecía por edicto, decreto, mandato y rescripto, sin que llegará a dudarse de que tenía fuerza de ley.

Así bien, estás fuentes del derecho de la época romano han sido un gran legado constituyéndose como la base de todas las leyes que están establecidas en las grandes naciones americanas y europeas y de muchas maneras el derecho mexicano, así como el de muchos otros países basan su estudio y práctica en el derecho romano, pues las figuras de este último todavía se aplican en nuestra legislación. Por ejemplo, la adopción, los juicios sucesorios y básicamente en todo lo que es el derecho civil. También influye en el derecho mercantil y en el hecho de que nuestros juicios sean escritos y no orales se tiene su influencia, aunque en estos días comienzan a darse dentro de nuestro país los polémicos juicios orales.

Con respecto a la influencia de la civilización Griega con el termino de “ Democracia” que permitió la participación ciudadana dentro de la política del Estado, permitió también la creación de la Asamblea Popular, que fungió como un órgano supremo que dirigía la vida política, tanto en los asuntos políticos internos como externos, que se reunía cada diez días y los ciudadanos encabezaban esas reuniones las que expresaban sus inquietudes, propuestas y si consideraban de importancia para la creación de leyes. También en Atenas hubo otras instituciones como es Heliea, que estaba compuesta por 6000 miembros que hacían tanto funciones judiciales como legislativas. Sin embargo, es de resaltar que el papel de legislador como jurisconsulto de la ciudadanía era fundamental, pues con él acudía la ciudadanía a demandar sus necesidades y ellos defendían los intereses de éstos a quienes representaban, como parte de una función social que les permitía poder conocer si el emperador o rey de esa época hacía un buen papel para sus gobernados

Lo anterior, nos permite reconocer que la ciudadanía siempre ha querido tener participación en la vida pública, que le gusta ser consultado y para a ello los jurisconsultos de esa época tenían que ser personas preparadas y comprometidas para atender las necesidades de las personas además de hacer posible sus demandas, a través de Leyes que pudieran resolver las problemáticas de la Urbis;no olvidemos que la creación de la leyes como las doce tablas, la Codex Theodosianus, Digesto y las siete partidas son muestra primeramente del contexto histórico y político que se vivía, pero también buscaban hacer la ley más perfecta para así crear a la ciudad más ordenada.

Atendiendo a este panorama histórico para nuestro derecho Mexicano, en el ámbito del quehacer legislativo se cumplió con la ideología de la ilustración en el que tomaron el Principio de la División de Poderes, que buscaba dar cabida a la existencia de un triple orden en el ejercicio de la soberanía- Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo-en el que se le otorga la primacía al Poder legislativo como una expresión de la voluntad general, por lo que el primer congreso de México fue instalado el 24 de febrero de 1822, en el que se concebía a esta figura del Congreso como a quién los pueblos manifiestan enérgicamente su voluntad: precisamente en el que éstos hacen lo que la ciudadanía les demanda y no otra cosa. Los constituyentes mexicanos tomaron la referencia bicameral en el que el Senado fue concebido como representante de las entidades federativas, a diferencia de la Cámara de Representantes que eran designados en función de la población de cada distrito electoral. Para la Base orgánica de 1843 se continuó con el sistema bicameral, aunque le añadieron algunas cláusulas como que en el Poder Legislativo se depositaría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y al papel del Presidente de la República se le atribuye la función de sancionador de las leyes emitidas por esas Cámaras.

Sin embargo, es necesario mencionar que el 10 de septiembre de 1856, el Congreso Constituyente de 1857 estableció un sistema Unicameral de manera formal en el que se suprimía a la Cámara de Senadores, hecho que duro 17 años, dado que se consideraba que la composición de la Cámara Alta era clasista, pues únicamente era integrada por las clases acaudaladas, así que la Ley suprema de ese entonces depositó todo en un sola cámara, constituyéndose el Poder Legislativo Federal; pero fue hasta el 13 de noviembre de 1874, con Sebastián Lerdo de Tejada, quien mediante una reforma de ley propone nuevamente un Poder Legislativo Bicameral y con esta reforma se le atribuyen facultades exclusivas a cada una de ellas por lo que, la Cámara Baja revisará la materia económica y la Cámara alta atenderá los asuntos concernientes de política exterior, así que este modelo fue ratificado por la Constitución de 1917.

La Constitución mexicana de 1917 dispuso que esta composición bicameral del Poder Legislativo quedaría estipulada en el artículo 50, en el que establece que se deposita éste en un Congreso General dividido en una Cámara de Diputados y otra de Senadores y que hoy en día establece el Título Segundo, Capítulo I, De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno, de nuestra Carta Suprema y menciona que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, así que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; en el que ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y que se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas que la ciudadanía elegirá a sus representantes para que integren a ese Poder legislativo.

Por lo que este Congreso de la Unión será compuesto por integrantes de la Nación, electos por la ciudadanía y que de acuerdo a los términos que establece la Constitución, la Cámara de Diputados será electa cada tres años y la Cámara de Senadores cada 6 años, y que para ser representante deben de cumplirse ciertos requisitos que esta misma ley suprema estipula. De tal manera, que estos representantes de la nación conocidos como “legisladores”, deben de proponer, estudiar, discutir, votar, aprobar, rechazar iniciativas de ley. De igual forma, tienen la facultad de supervisar y controlar los órganos de la administración pública federal, particularmente en el control presupuestal de cuenta pública y política exterior.

Así bien, las facultades de legisladores antes mencionadas, son realmente importante para la estabilidad nacional; no olvidemos que la palabra legislar proviene del latín legislato-roris,este es usado como un adjetivo, que denomina o califica, el que forma o prepara las leyes, el que aprueba, promulga y da fuerza a tales preceptos legales de carácter obligatorios. En este sentido, la naturaleza que encierra el legislador es el “hacedor de leyes”, y éstas se han inventado para el bien de los ciudadanos y para la conservaciones de las ciudades, por lo que se debe de legislar lo justo y lo recto para sea derecho positivo. Por lo consiguiente, el legislador debe ser perceptivo, abierto a los cambios que la sociedad demanda y empático para atender dichas necesidades y poderlas plasmar en leyes.

Desde su raíz histórica la acepción de legislador se entiende como un oficio que comunica lo que la ciudadanía demanda y que en la Lato Sensu es entendido como representante de terceros, pues al ser un representante de la Nación debe de hacer frente a la confianza que la ciudadanía le ha otorgado para dicho encargo, mismo que fue a través del sufragio y por ende, su principal función debe ser cumplida; pues no sería justo que el legislador tomara posesión y se olvidara de las promesas y planteamientos que hizo en campaña para quienes votaron por él o por ella independientemente del Partido al que representa.

Por otra parte, el derecho que tiene la ciudadanía le permite exponer a su legislador sus problemáticas y necesidades haciendo uso del derecho de petición, conforme lo que establece el artículo 8o. constitucional y este debe de dar respuesta además de servir de manera vigorosa y diligente a través de esa consulta popular, aunque cabe hacer una pausa pues es de señalar que tácitamente no está en ley que el legislador tenga que contestar ese derecho de petición; sin embargo la costumbre, la tradición y los hechos , han permitido que el legislador asuma el papel de gestor de las inquietudes y demandas populares a un grado tal, que la ciudadanía da por un hecho la obligación del legislador de atender y encauzar sus demandas; es decir, el legislador se convierte en elemento de comunicación entre la ciudadanía y su gobierno, labor que realiza en forma constante, permanente y con eficacia, en beneficio de sus representados, así que el pueblo ve en un diputado o un senador la manera de sustentar sus anhelos de progreso y de seguridad, que propicie su confianza y convicción en nuestro sistema que es republicano, democrático, representativo y popular.

Es de mencionar que los reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores, prevén mecanismos para atender actividades de orientación informativa, conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámaras u órganos, en el que los escritos ingresan por oficialía de partes o por las aéreas especificas para atención de la petición, sin embargo deja de lado ese estrecho acercamiento, convirtiendo esa petición en un trámite que no garantiza que realmente sea atendido por el legislador o peor aun que se le dé la atención debida.

Es de señalar que a partir de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión el 19 de abril 2012, surgieron nuevos preceptos que en suma se traducen como nuevos desafíos políticos y jurídicos como son las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadanía, la consulta popular y las iniciativas preferentes., no está demás mencionar que estos elementos son herramientas que permiten mejorar la relación entre los poderes con la ciudadanía.

Sin embargo, esta reforma política en nuestro país implica cambios indispensables para la modernización del sistema democrático y el gobierno en el que crean contrapesos entre los poderes por lo que promover una participación política en la Constitución Mexicana fue un acierto para ejercer derechos político, pero genera desafíos para la Cámara de Diputados y Senadores en el tenor de armonizar activamente las relaciones entre los poderes públicos y como vincularlos con la sociedad, impulsando la necesidad de ciudadanizar el trabajo legislativo.

Es por ello, que nuestro desafío es la comunicación con los gobernados a fin de despertar conciencia colectiva misma legitimará el actuar de los legisladores. En este sentido es necesario estrechar la relación entre los diputados y Senadores y sus electores, pues como bien mencionar el libro “El ABC del Congreso” de José Luis Camacho Vargas, la necesidad de reformar la Constitución Política para los legisladores federales, para que además de legislar, procuren un acercamiento más amplio pues el valor de la participación ciudadana ha fortalecido la demanda de mayores espacios de acercamiento, crear mecanismos de evaluación de desempeño y activar una democracia más participativa pero sobretodo consolidar la dualidad del legislador como gestor social, en el que los Congresistas cumplan con esa demanda ciudadana que en la actualidad ningún precepto constitucional ni ordenamiento legal lo estipula para que cumpla la obligación del representante popular haga uso de sus buenos oficios para solucionar particularidades de la población ante las instancias gubernamentales.

Así pues, la consulta popular que tiene un legislador es la fuente inagotable de su quehacer, pues como ya mencionamos, de las inquietudes y necesidades que recibe de la ciudadanía se realizan las leyes que hoy nos rigen, por lo que esa posición de gestor social la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los respectivos reglamentos de ambas Cámaras lo prevén de cierta manera, pues se entiende que son un servidor público, electo por voto público, secreto y directo de los ciudadanos, que ganó la confianza en virtud de los compromisos planteados durante el proceso de la campaña electoral y que en función del cargo, debe cumplir ; asimismo, esta Ley Reglamentaria establece la obligación que los legisladores, sin importar si son de mayoría relativa o representación proporcional, deben de mantener un vinculo permanente con sus representados, a través de una oficina de enlace legislativo en el distrito, estado, o circunscripción para el que hayan sido electos.

Este enlace debe de traducirse en una constante y nutrida comunicación entre los ciudadanos y el legislador, donde los primeros acuden a plantear los problemas, propuestas y requerimientos sociales, o incluso personales y el diputado debe de ofrecer informes sobre las actividades que ha llevado a cabo con el objeto de satisfacer las demanda de sus representados y esas actividades no deben de limitarse solo a la presentación de iniciativas, sino también al hacer como gestor social de sus representados, ante las instancias o autoridades que sean necesarias.

Es de señalar que Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, define a los legisladores como una especie de gestores de sus electores; sin embargo, también el Diccionario Jurídico del mismo Instituto , menciona que México tiene la carencia de un organismo que asuma la representación de los ciudadanos ante la administración o que realice funciones de intermediación, lo que ha propiciado que el Diputado o Senador sea también una especie de gestor social, ante órganos de la administración pública, sobre todo por lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos. Asimismo en el espacio que dedica la cátedra de la UNESCO, en su portal de internet, define: Se entiende por Gestión Social, el proceso completo de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que le permite incidir en los procesos de la toma de decisiones dentro la dimensión política. Es por esta razón que, el adjetivo social califica a la gestión.

Fortaleciendo la dualidad del legislador- gestor, existe un antecedente que fue elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la Legislatura L de esta honorable Cámara, que se puso en discusión el 18 de octubre de 1977, para crear un sistema electoral mixto que a la letra dice:

El aumento de diputados de mayoría para llegar a un número de trescientos, no sólo hace posible el sistema, sino que hará más estrecha la relación entre el Diputados y sus electores, Es cierto que el Diputado representa la voluntad nacional y ésta es su función social constitucional: pero no se olvide que en nuestra tradición política eso no basta. Debe de ser legislador y gestor social. Debe de actuar entregando su esfuerzo a la Nación, sin olvidar los intereses del Distrito donde fue electo.

En este sentido, los legisladores federales cuentan con ese poder político del que carece cualquier ciudadano y deben de emplearlo a favor de sus representados como hacer brigadas asistenciales, gestionar para mejoras en las colonias, realizar actos públicos en los que puedan ofrecer atención a los ciudadanos cumpliendo con los términos que la Ley menciona, pues es de destacar que en México menos de la mitad de la población conoce cuántos Diputados forman la Cámara y cuántos años duran; asimismo, menos del 40 % de población mexicana dice conocer cuáles son las funciones de un Diputado. Por otra parte los mexicanos expresan poca confianza hacia los legisladores, dentro de las instituciones de gobierno existentes, el Poder Legislativo junto con la Policía y los Partidos Políticos, gozan de menor confianza, por parte de los ciudadanos en general, sólo 4 de cada 100 ciudadanos afirma tener confianza en este Congreso, mientras que el 59% afirma que no siente nada de confianza o total desconfianza. Por último, para un porcentaje importante de los mexicanos, uno de los principales problemas en el desempeño de los legisladores, es que no representan los intereses de los ciudadanos y no contribuyen a resolver los problemas de sus comunidades (Mitofsky)

Con los argumentos antes planteados, se fundamenta a esta iniciativa así como con la imperante necesidad de la ciudadanía formada por diversos sectores , como obreros, campesinos, mujeres, migrantes y clases populares por mencionar algunos, que carentes de los conocimientos técnicos y jurídicos, demandan la cercanía de los legisladores con los gobernados , cada vez más indispensable para el eficiente ejercicio del derecho de petición consagrado ya como un derecho humano, es que se hace necesario que como parte de la representación popular de los legisladores, atendían y contesten las peticiones del ciudadano. Por ello propongo adicionar al artículo 8 Constitucional que se exprese la obligación de atender y contestar las peticiones de ciudadanos.

Por otra parte y a pesar de ser una encomienda popular que se atribuye a los congresistas que cumplan como gestores sociales, en la actualidad no existe ningún precepto constitucional ni ordenamiento legal aplicable que mencione dicha obligación del representante popular para hacer uso de sus buenos oficios a fin de solucionar problemas de los particulares, por ello propongo adicionar el concepto de Gestor Social en los artículos 51 y 56 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Así que el espíritu de esta propuesta es contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre los Diputados, Senadores y electores, haciendo palpable esa representación que nos fue asignada en estos curules o escaños en los que, con compromiso y responsabilidad, debemos atender a las demandas y necesidades de la ciudadanía, grupos y asociaciones privadas

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único: Se reforman el primer párrafo del artículo 8, el artículo 51 y el primer párrafo del artículo 56, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 8o. Los funcionarios , legisladores federales, así como locales y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

...

Artículo 51.La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, que además fungirán como gestores sociales, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente

Artículo 56.La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, que además fungirán como gestores sociales, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre de 2012.— Diputadas: Martha Leticia Sosa Govea, Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Ricalde Magaña se quiere adherir a su iniciativa, diputada Sosa. Sí se puede y le van a pasar a firma la iniciativa.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada María de Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la movilidad de las personas, los bienes animales, junto con los cambios en los sistemas agrícolas y el clima, también son causa del surgimiento de enfermedades, tanto para los seres humanos como para la flora y la fauna de nuestro ecosistema.

En este sentido, el debilitamiento de muchos servicios de sanidad agropecuarios ha provocado que en los países de-sarrollados y en vías de desarrollo sufran brotes de enfermedades. Es necesario decir que muchos de estos casos no logran ser detectados a tiempo por las autoridades veterinarias, lo que en definitiva provoca una pronta propagación y en ocasiones sin contención.

En México, la Sagarpa se ha encargado de prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y plagas que se han presentado en las actividades agropecuarias; sin embargo, cuando se tiene que controlar o erradicar algún riesgo, es necesario destruir o sacrificar los productos agropecuarios o el propio ganado, por ejemplo.

En esa situación, los dueños o productores agropecuarios representan una fuerte oposición, debido a las pérdidas económicas que presenta al deshacerse de sus cosechas o animales.

Lo anterior tiene mucho sentido, pues se trata de tomar una drástica decisión sobre el patrimonio familiar, por el cual la población dedicada a las actividades agropecuarias no permite que la Sagarpa lleve a cabo las medidas necesarias para el control y la erradicación de las enfermedades o plagas.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que el objeto de la presente iniciativa que estamos proponiendo va en el sentido de definir, establecer y contemplar los riesgos de toda y cada una de las actividades agropecuarias.

De igual manera, se contempla la creación de un fondo para riesgos agropecuarios, con la finalidad de que al presentarse un riesgo para esto se pueda controlar y erradicar; ello, atendiendo a la urgencia del riesgo y sobre todo, se apoye de una manera adecuada y eficiente a los afectados, pagando hasta el 85 por ciento del valor de los productos a destruir.

Asimismo en la presente iniciativa se contempla que el Fondo de Riesgo Agropecuario se constituirá mediante un fideicomiso, estableciéndose sus fines y formas en que los estados ascenderán a los mismos.

Finalmente, es pertinente también reconocer que los resultados actuales en esta materia solo han derivado en pérdidas innecesarias de la producción y una dificultad cada vez mayor para realizar campañas eficaces de lucha contra las enfermedades y erradicación de las mismas.

Estas tendencias indican que la advertencia oportuna es uno de los eslabones más débiles de los sistemas de vigilancia de las enfermedades en el ámbito nacional, regional e internacional.

Solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara, que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral I y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título quinto que contiene los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como reforma el tercer párrafo de la tercera fracción del artículo 9, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El incremento de urgencias veterinarias en todo el mundo está ligado al aumento de la movilidad de las personas, los bienes y el ganado, a los cambios en los sistemas agrícolas y en el clima, y al debilitamiento de muchos servicios de sanidad pecuaria.

Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, en ocasiones los brotes de enfermedades no han sido detectados por las autoridades veterinarias durante días o aún meses, lo que les ha permitido propagarse sin contención.

Los resultados han sido pérdidas innecesarias de la producción, y una dificultad cada vez mayor para realizar campañas eficaces de lucha contra las enfermedades y erradicación de las mismas. Estas tendencias indican que la advertencia oportuna es uno de los eslabones más débiles de los sistemas de vigilancia de las enfermedades, en los ámbitos nacional, regional e internacional.

Aunado a lo anterior, en el caso de México, una vez que se presentan enfermedades veterinarias, se tiene que recurrir a implementar medidas drásticas como el sacrificio del ganado, por ejemplo en la tuberculosis bovina, sin embargo, el problema al que se enfrentan la autoridades de la materia, radica en la negativa de los dueños, debido a las pérdidas económicas que se generan, sobre todo de aquellos en los que es el único patrimonio con que cuentan.

Lo mismo ha sucedido en nuestros campos y selvas, en los que desde tiempos prehispánicos ya existían enfermedades y plagas de las plantas, sin embargo, fue con la transformación del hombre en agricultor, al modificar las tierras y cultivarlas, cuando los agentes causantes de las mismas comenzaron a cobrar una notable importancia, incidiendo negativamente en la producción. El hombre, con su afán de obtener una gran variedad de productos vegetales con fines alimenticios, medicinales, industriales u ornamentales, así como con el aumento de la población, y con las facilidades del comercio mundial, ha introducido en sus lugares de asentamiento numerosas especies exóticas y, con ellas, sus plagas y enfermedades en muchos de los casos.

Al romperse los equilibrios naturales entre las plantas y sus enemigos, éstos han proliferado en ocasiones de forma alarmante, obligando al hombre a una continua lucha por medios diversos, caso dramático de ello puede ser el caso de la filoxera ( Peritymbia vitifolii), que se introdujo en Europa procedente de América a finales del siglo XIX y arrasó todos los viñedos, o el escarabajo de la patata ( Leptinotarsa decemlineata), que se ha extendido al mismo tiempo que lo hacía este cultivo en América y Europa.

Las pérdidas que ocasionan las plagas y enfermedades en los cultivos de los países desarrollados pueden cifrarse entre 10 y 20 por ciento del total de la producción, según los cultivos. Ello obliga a una constante lucha y al empleo de cantidades masivas de productos fitosanitarios, en ocasiones de efectos poco estudiados o controvertidos, tanto para la naturaleza como para el ser humano y los animales consumidores de las plantas tratadas.

Si bien es cierto, que el gobierno federal ha apoyado a las personas dedicadas a la actividades agropecuarias, dentro de las cuales se incluyen a la agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca), en aquellos casos, en los que se han tenido que enfrentar los diversos riesgos, menos verdadero resulta el hecho de que los apoyos han sido insuficientes, y en algunas regiones nulos, motivo por el cual existe una fuerte oposición para que, llegado el momento, se tenga que sacrificar o destruir la producción agrícola.

Por lo que, ante la insuficiencia de fondos económicos para afrentar los diversos riesgos, el objetivo de la presente iniciativa propone adicionar un título en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, dentro de la cual se establezcan y contemplen los riesgos de todas y cada una de las actividades agropecuarias, pero sobre todo, la creación de un Fondo para Riesgos Agropecuarios, mismo que será propuesto por el Ejecutivo federal en la Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año.

Por lo que en ese sentido, se hará uso de la figura del fideicomiso para la creación del referido fondo, con la finalidad de que, al presentarse un riesgo agropecuario se pueda controlar y erradicar, ello atendiendo a la urgencia del riesgo y sobre todo se apoye de una manera adecuada y eficiente a los afectados, pagando hasta ochenta y cinco por ciento del valor de los productos.

Lo anterior, ayudará a solucionar el problema al que se enfrentan las dependencias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), al momento de controlar y erradicar los riesgos, en el rubro de la negativa de los afectados para sacrificar o destruir su producción agropecuaria, por mínima que sea, lo que implica el detrimento de su nivel económico y social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un título quinto que contiene los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como reforma el tercer párrafo de la tercera fracción del artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un título quinto que contiene los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Título QuintoDe los riesgos

Artículo 191. Se entienden por riesgos, a los eventos exógenos producidos por enfermedades o plagas, que pongan en peligro la producción o comercialización de una o varias de las actividades agropecuarias a que se hacen referencia en la presente ley.

Artículo 192. Cuando el riesgo pueda ocasionar un problema a la salud o a la vida de los seres humanos, la Secretaría junto con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, implementarán las medidas para su prevención, control y manejo.

Artículo 193. El Ejecutivo federal al momento de realizar el proyecto de Presupuesto de Egresos, contemplará una reserva económica que se denominará Fondo para Riesgos Agropecuarios, mismo que se creará a través de un fideicomiso, el cual será utilizado para controlar y erradicar los riesgos que se presenten, ello con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 194. La Secretaría en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley en la materia, procurará incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda recursos para el Fondo para Riesgos Agropecuarios, tomando en consideración:

I. El saldo disponible en el Fideicomiso a que se hace mención en el artículo precedente;

II. Las recomendaciones que para tal efecto realice la Secretaría, con base en los pronósticos para el ejercicio fiscal que se presupuesta;

III. La evaluación de la suficiencia de los montos presupuestales asignados al Fondo en ejercicios anteriores; y

IV. Las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio que se presupuesta derivadas de la situación de las finanzas públicas.

Artículo 195. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados, la disponibilidad de recursos para la atención de los riesgos agropecuarios, incluido el saldo disponible en el Fideicomiso, será comunicado a las dependencias de la Secretaría y entidades paraestatales que suelen participar en la atención de los riesgos, y a la Función Pública.

Artículo 196. Los fines del Fondo para Riesgos Agropecuarios, son los siguientes:

I. Destinar recursos para controlar y erradicar las urgencias veterinarias que se presenten en el área de ganadería.

II. Consignar recursos para controlar y exterminar las plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas.

III. Canalizar recursos para controlar y eliminar los riesgos que se presenten en las actividades de la silvicultura y acuicultura.

Artículo 197. Cuando el riesgo se presente en alguna de las entidades federativas, la Secretaría a través de sus delegaciones, realizará un dictamen técnico de la situación y una vez efectuado, solicitará los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para controlar o erradicar el riesgo; los cuales serán aportados con dinero del fondo al que alude el artículo 193.

Artículo 198. En caso de que, para el manejo, control y erradicación de alguno de los riesgos, se tenga que destruir la producción agrícola o selvas, o sacrificar el ganado o peces, la Secretaría procurará que en todo momento, los afectados reciban 85 por ciento del valor de los destruido o sacrificado; logrando así la colaboración de la sociedad civil para los fines mencionados.

Artículo 199. La Secretaría expedirá cada año las reglas de operación para acceder a los recursos del Fondo contemplado en el presente título, los cuales no podrán oponerse a lo establecido en el mismo.

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo de la tercera fracción del artículo 9, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 9....

I. ...

II. ...

...

...

Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se constituirán y operarán conforme a lo previsto en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Insecto, parásito de la vid o uva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

VOLUMEN II

LEY GENERAL PARA EL COMBATE DE LA OBESIDAD Y TRASTORNOS EN LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por diez minutos, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y la Juventud.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre del diputado Noel Pérez de Alba y una servidora, iniciativa de Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud.

Reconozco el esfuerzo legislativo que precedió para atender este asunto, que es de interés nacional. Basta recordar que la obesidad y sobrepeso son un problema grave de salud pública y debemos ser perseverantes y no escatimar en la atención a las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. No basta con preguntarnos qué México queremos heredar a nuestros hijos, si no nos cuestionamos qué hijos queremos heredar a nuestro México.

No podemos permitir que México siga siendo primer lugar mundial con obesidad y sobrepeso, donde anualmente mueren más de 70 mil personas por diabetes, motivada por malos hábitos alimentarios y un estilo sedentario de vida.

No concibo un México donde más del 30 por ciento de su población infantil, entre 6 meses y 6 años, tenga sobrepeso y el 31 por ciento de sus adolescentes, entre 12 y 19 años, obesidad; no concibo un México donde 4 de cada 10 niños son obesos a los 10 años y el 70 por ciento de ellos lo seguirán siendo de adultos; no concibo un México, con una sociedad de pensamiento industrial, que ve a la infancia y adolescencia como consumidores potenciales y que ve la pérdida de sus valores históricos, ante el voraz progreso modernista, basado en una economía deshumanizada, que no ve personas con rostro.

El espíritu de esta ley es el interés nacional de la prevención y control de los trastornos alimentarios con la investigación de sus agentes causales, diagnóstico y tratamiento de enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación y las medidas tendentes a evitar su propagación.

Estamos frente a un grave problema que no se puede soslayar, recordemos que la salud o la enfermedad entran por la boca y no olvidemos que somos lo que comemos. De ahí la importancia del cuidado de la alimentación en nuestra niñez y sus hábitos dentro y fuera de la escuela.

Por ello, esta ley establece, entre otras cosas, considerar a la obesidad y al sobrepeso como enfermedades crónicas; fomentar y promover el consumo de agua potable simple e incentivar el consumo diario dentro de una dieta sana y balanceada; mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas, a través de un etiquetado útil, verídico y fidedigno, al momento de comprar lo que comemos o lo que se promociona para nuestro consumo.

Promover la prevención y control de los trastornos en la conducta alimentaria de nuestra niñez y adolescencia, es fundamental; establecer un programa nacional para la prevención, control y erradicación de los trastornos en la conducta alimentaria, como instancia de la Secretaría de Salud, que coordinará las acciones y políticas públicas con la finalidad de disminuir las enfermedades y mortalidad de este grave problema.

Ésta es una ley noble que nos invita a cuidar a nuestro organismo y que privilegia el derecho a decidir qué comprar y qué comer, pero que cuida que lo que se ofrece a la población infantil para su consumo sea lo adecuado y que lo que se promocione sea lo correcto.

Es un esfuerzo para que en cada estado exista, cuando menos, un centro gratuito de atención integral a trastornos en la conducta alimentaria, incluyente y con la voluntad de mejorar las condiciones de desarrollo y vida de la población; es un instrumento de corresponsabilidad para tomar las medidas necesarias sobre la comercialización, disponibilidad de alimentos saludables, bajo esquemas nutricionales y de alimentación balanceada dentro de los planteles educativos, y que prohíbe en los centros escolares distribuir, comercializar, publicitar o fomentar e inducir el consumo de alimentos chatarra.

Vamos por un programa de instalación de bebederos de agua potable con filtros en todas las escuelas de educación básica, con la finalidad de incentivar el consumo de agua potable, en lugar de bebidas azucaradas industrializadas y que de manera interinstitucional con la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades educativas, apruebe y publique un listado de productos permitidos, que deberá observarse de manera obligatoria en las escuelas del país; que den seguimiento de la talla, peso y circunferencia abdominal de la población escolar en educación básica, informando oportunamente al padre de familia o tutor de los alumnos que presenten prevalencia de sobrepeso y obesidad, para su conocimiento, atención, orientación y prevención.

Ésta es una ley que busca la certificación de escuelas saludables, que se otorgará a los planteles que apliquen los programas alimenticios y deportivos que incidan en un mejor control de peso de los educandos y que invita a la Secretaría de Salud la posibilidad de incluir los procedimientos, diagnósticos terapéuticos, de intervención clínica hospitalaria y quirúrgicos que se utilicen para curar la obesidad mórbida dentro del catálogo universal de servicios de la salud, del sistema de protección social de salud, denominado Seguro Popular.

Se propone el acceso libre y gratuito a niñas, niños y adolescentes a unidades deportivas, canchas, gimnasios u otros espacios públicos para incentivar la práctica del deporte o la recreación y a los espacios públicos de actividades artísticas, culturales y recreativas, como museos, teatros y centros culturales para contrarrestar el sedentarismo como estilo de vida.

Que la Secretaría de Educación Pública promueva las clases de educación física a nivel básico, ilustrando a los alumnos sobre los beneficios de erradicar conductas de inactividad física o falta de ejercicio en su jornada diaria.

En este dispositivo legal se prohíbe la venta de refrescos de más de medio litro por porción en restaurantes, establecimientos de comida rápida, cines, teatros, parques recreativos y máquinas expendedoras, así como el relleno sin límite del vaso por el mismo costo, mejor conocidos como refill.

Se prohíbe la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar, que no cuenten con la certificación de la Secretaría de Salud y el aval de un médico y de un nutriólogo.

Elimina todas las formas de discriminación y exclusión de los menores, por el hecho de tener obesidad o sobrepeso, y estipula que en la etiqueta y publicidad de alimentos con elevado contenido calórico y pobres de nutrientes esenciales deberá contener la leyenda: El consumo excesivo de este producto es causa de obesidad. Y señalar si contiene niveles altos en azúcar, altos en grasas, altos en sodio, según sea el caso.

Ésta es una acción legislativa por la salud, y mientras tengamos los índices de obesidad que nos destacan mundialmente por nuestra mala nutrición, el derecho a la salud será una quimera, un discurso y no una realidad a la que aspiramos; es una acción legislativa que trasciende motivaciones partidistas y se coloca en el centro del interés nacional por una niñez y juventud sana.

La obesidad mina el potencial desarrollo de la gente que la padece. No es cosa de juego, es una enfermedad mortal que acecha a nuestra población.

Ésta es una iniciativa perfectible, que con la participación de todos la vamos a enriquecer para darle al país una ley que verdaderamente incline la balanza a favor de la solución a un grave problema nacional.

Señor diputado, presidente, ruego se transcriba íntegramente el contenido de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Planteamiento del problema

En la actualidad en todo el mundo se tiene presente un problema de salud pública que amenaza la expectativa de vida de los seres humanos sin importar su género y se gesta en la mayoría de los casos, desde la etapa de niñez y juventud. La obesidad y el sobrepeso son un problema que tiene la particularidad de desarrollarse desde la edad infantil y juvenil, representando por ello un grave problema no solo de coyuntura sino con amplia prospectiva de proyectarse a largo plazo afectando por igual tanto a hombres como mujeres.

La obesidad es definida como una enfermedad crónica producida por varios motivos, y en síntesis se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo; puede ser clasificada como leve (del 20 al 40 por ciento de sobrepeso), moderada (del 41 al 100 por ciento de sobrepeso) o grave (más del 100 por ciento de sobrepeso) o bien clasificada conforme al índice de masa corporal o IMC como clase I (moderada), clase II (severa) o clase III (mortal).

Se puede afirmar, que este problema es el resultado del consumo de calorías en una cantidad mayor que las que el cuerpo requiere para el desempeño de sus funciones; aunque también especialistas afirman que existen además factores como los genéticos que influyen en el peso del cuerpo, pero la medida de incidencia de estos factores no es elevada.

La obesidad y el sobrepeso exponen al ser humano a diversas complicaciones, algunas mínimas y controlables y otras mortales; por ejemplo se tiene registrado que la acumulación de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer presión en los pulmones, dificultándole al paciente respirar y exponiéndolo al ahogo.

Además en su etapa leve, puede causar afecciones ortopédicas, en la zona inferior de la espalda, complicaciones de la artrosis en las caderas, rodillas y tobillos con tumefacción de los pies.

En casos moderados en edad adulta, se reconoce que la obesidad abdominal está altamente vinculada con afecciones coronarias y con tres de sus principales factores de riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes y las concentraciones elevadas de grasas (lípidos) registradas en la sangre.

Patologías asociadas a la obesidad y sobrepeso

• Cardiovasculares

- Opresión torácica y estenocardia.

- Desplazamiento cardíaco con disminución de la repleción de la aurícula derecha.

- Estasis vascular-pulmonar.

- Taquicardia de esfuerzo.

- Hipertensión arterial.

- Insuficiencia cardiaca.

- Angina de pecho.

- Infarto de miocardio.

- Estasis venoso periférico.

- Varices.

- Tromboflebitis.

- Ulceras varicosas.

- Paniculopatía edematofibroesclerosa (celulitis).

• Metabólicas

- Diabetes mellitus tipo II.

- Hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina.

- Hipercolesterolemia.

- Hipertrigliceridemia.

- Hiperuricemia.

• Respiratorias

- Hipoventilación alveolar.

- Incidencia de catarros, bronquitis crónica, neumonía.

- Síndrome de picwick (cuadro de insuficiencia cardio-respiratoria).

-Apnea nocturna.

• Osteo-articulares

- Aplanamiento de la bóveda de la planta del pie.

- Aplanamiento de los cuerpos vertebrales de la columna, con neuralgias y espondilitis deformante.

- Artrosis generalizada: especialmente en rodillas, caderas y columna lumbar.

- Atrofia muscular.

- Gota.

- Pie plano y desplazamiento de la epífisis de la cabeza femoral.

• Digestivas

- Dispepsia gástrica, con acidez, flatulencia, digestiones pesadas.

- Dispepsia biliar, con colecistitis y colelitiasis.

- Ulcera gastroduodenal.

- Estreñimiento con frecuentes hemorroides.

- Insuficiencia hepática en grado variable por infiltración grasa.

- Aumento de la frecuencia de cirrosis hepática.

- Insuficiencia pancreática.

• Renales

- Nefroesclerosis con hipertensión arterial.

- Albuminuria y cilindruria.

- Retención líquida con edemas.

• Gonadales

- Alteraciones menstruales variables: hipomenorrea, hipo e hipermenorrea, amenorrea.

• Gestacionales

- Mayor incidencia de toxemia preeclámpsica, mala posición fetal.

• Psicológicas

- Miedo e inseguridad.

- Baja autoestima.

- Desorden de conductas alimentarias.

- Perturbación emocional por hábitos de ingesta erróneos.

- Distorsión de imagen corporal.

- Depresión.

Como se puede ver con la lista anterior, el problema es grave y empeora si se reconoce que a nivel mundial, la prevalencia de la obesidad ha aumentado progresivamente durante los últimos cincuenta años y de modo inquietante en la última década, presentando porcentajes de 10 a 20 por ciento en la población total mundial en edad de infancia, 30 a 40 por ciento en la población total en edad de adolescencia y hasta 60 a 70 por ciento en el total mundial en edad adulta.

Además estudios específicos y desde un enfoque socio-económico nos muestran que una persona con problemas de obesidad y sobrepeso gasta aproximadamente un 25 por ciento más en atención a la salud, en comparación con una persona en peso normal en función de su estatura y edad.

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud –en 2010– estimó que la obesidad era ya considerada una patología epidémica a nivel mundial; al reconocer que poco más de mil millones de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones tienen prevalencia de obesidad.

Según estas estimaciones, se tiene proyectado que para el año 2015 habrá cerca de 2 mil 600 millones de adultos con sobrepeso y un poco más de 800 millones con prevalencia de obesidad.

En números concretos se puede afirmar que el 70 por ciento del total de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan una gran incidencia de muertes (3 millones de personas cada año); además genera el 49 por ciento de los casos mundiales de diabetes y el 33 por ciento de cardiopatía isquémica.

Esto ha motivado a los expertos a considerar a la obesidad infantil como uno de los principales problemas graves de salud pública; pues se estima que poco más de 15 por ciento de los niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) del mundo tiene índices elevados de masa corporal y 30 por ciento de ellos son considerados con obesidad moderada.

A pesar de todo esto pocos han sido los esfuerzos gubernamentales por detener esta problemática, omitiendo que en la actualidad se reconoce y así lo han dado a conocer diversos estudios que de cada 10 personas ya sea hombre o mujer en edad adulta, 9 han generado obesidad o sobrepeso a causa de una mala alimentación y por supuesto por el sedentarismo de su ritmo de vida; factores que son sujetos de incidencia directa de adecuadas políticas públicas enfocadas en la materia.

Estos factores detonantes y específicos, surgen desde edad temprana y son reproducidos hacia las nuevas generaciones por los adultos en el seno familiar o social; de tal forma que si queremos atender esta grave situación debemos de enfocarnos prioritariamente en la población infantil y juvenil.

La prevalencia de esta afirmación está justificada por el incremento de casos de obesidad infantil en todo el mundo; generado de igual forma por el exacerbado consumo de alimentos con alto contenido en grasas y azúcares y el sedentarismo de muchos niños a lo largo de su jornada diaria.

La práctica de actividad física es esencial para su crecimiento y su salud pero contraviene el estilo de vida que llevan los niños actualmente. La mayoría de sus actividades son ver la televisión, sentarse frente a la computadora y los videojuegos; sustituyendo los juegos al aire libre, las excursiones, los deportes.

Según encuestas, a nivel mundial en países industrializados, semi-industrializados y en vías de desarrollo los niños pasan en promedio 2 horas y media diarias viendo la televisión y hora y media jugando videojuegos o en su computadora.

Además, los niños de la escuela primaria o nivel básico carecen de una alimentación balanceada, por lo general evitan el ejercicio durante el horario de escuela y en el resto del día, prefiriendo entretenerse sentados.

Al igual que la obesidad y el sobrepeso en la edad adulta, las complicaciones generadas por la obesidad infantil son muchas y varias en cuanto a patologías; crea desde problemas psicológicos como marginación escolar, pérdida de autoestima, aislamiento, depresión clínica, bajo rendimiento escolar, nula integración social y alteración de la percepción del esquema corporal; hasta físico-medicas como necrosis séptica de la cadera por el excesivo peso, arqueamiento de las extremidades, artrosis de rodillas, insuficiencia pulmonar, apnea obstructiva del sueño, edad ósea adelantada, hipertensión arterial, aumento del volumen cardiaco, aumento de los índices de colesterol y triglicéridos, ateroesclerosis, hígado graso y mayor frecuencia de cálculos biliares entre otros.

La lista anterior no es ajena en nuestro país y se presenta cada vez más en nuestra población en edad infantil y adolescencia; es preocupante y sobre todo alarmante porque esto es resultado y consecuencia de los malos hábitos generados y transmitidos por los adultos bajo el esquema actual del estilo de vida y el consumo excesivo de comida hiper-calórica.

Hay que reconocer en principio de cuentas que en México el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios suelen estar asociados; ya que según estadísticas de niños y niñas de entre 7 a 10 años, sólo un 15 por ciento de ellos realiza alguna actividad física extraescolar.

Por todo esto, cobra especial relevancia el combate de la obesidad y el sobrepeso en los niños, ya que se tiene en ellos un margen mayor para corregir estos malos hábitos alimenticios y físicos; previendo estas afecciones en su edad adulta.

Tenemos que saber incidir positivamente con políticas públicas en los nuevos estilos de vida para corregir esos malos hábitos alimenticios en edad temprana, y detener ese proceso que permite que los videojuegos, las computadoras o los celulares sustituyan de manera definitiva a las actividades recreativas.

2. Argumentos de sustento

El derecho universal a la alimentación y a la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se dispone que

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Esto significa que el estado mexicano está obligado a garantizar condiciones de vida digna y asegurar el ejercicio pleno de los derechos básicos, como lo son el derecho a la alimentación y la salud; para toda la población.

Sin la satisfacción y atención integral de estos elementos, el individuo no tendría las condiciones mínimas requeridas para poder desarrollarse a plenitud y la sociedad a la que pertenece y de la cual forma parte, resentiría esta situación en la construcción de sus capacidades productivas-generadoras.

En nuestro país, la presencia de elevados índices de obesidad y sobrepeso (pesar un 10 por ciento más de lo que indican las tablas como el peso ideal para su edad se considera que es de complexión gruesa, es obeso cuando sobrepasa en un 20 por ciento (o en más) la cifra que estas tablas muestran como el peso adecuado) entre la población en general se ha convertido en un grave problema de salud pública; no solo por las afecciones graves a su condición física-médica y en sus capacidades de desarrollo a plenitud con los probables costos económicos, emocionales y sociales que conlleva; sino también, porque este problema afecta a las nuevas generaciones dejándolas expuestas en edad temprana a crecer con hábitos alimenticios y físicos dañinos, que con el tiempo derivarán irremediablemente en patologías crónico-degenerativas.

Este problema que se fue desarrollando por décadas a la par de la movilidad social, los nuevos roles de conducta y la evolución tecnológica; colocó a nuestro país en el año 2010 en primer lugar a nivel mundial con más personas con presencia de obesidad y sobrepeso.

Afortunadamente los órganos legislativos han detectado esta grave problemática e impulsaron importantes esfuerzos para atenderla de manera definitiva; es así que por ejemplo la legislatura pasada, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron un paquete de reformas a los artículos 65 y 66 de la Ley General de Educación, con la finalidad de erradicar aspectos que influyen como detonantes en la prevalencia de la obesidad y sobrepeso infantil en los centros escolares del país; sin embargo se hace necesario ampliar las medidas pertinentes para incidir y reforzar los logros alcanzados al respecto.

Basta destacar que es en las estadísticas sobre el sector infantil y juvenil de la población en nuestro país donde se ve la gravedad de la situación, ya que estos datos nos indican que México es uno de los países donde hay más casos de obesidad en infantes; el 31.5 por ciento de los niños de 6 meses a 6 años tiene sobrepeso, y un 10.4 por ciento de ellos es obeso; el 31.85 por ciento de los adolescentes entre 12 y 19 años y 26.35 por ciento de los niños de 5 a 11 años padece obesidad o sobrepeso; y alrededor de 40 por ciento de los niños y adolescentes en nuestro país no realizan actividad física.

El panorama que se vislumbra a futuro para nuestro país no es alentador, más aún si no contamos con un sistema de salud fortalecido, con un esquema solido de prevención y especializado en la atención de este tipo de problemas que estarán presentes siempre; esto debido a que los niños que son obesos a la edad de 6 años tienen un 27 por ciento de probabilidad de ser obesos cuando sean adultos y en los niños que son obesos a los 12 años, esta probabilidad aumenta al 75 por ciento; además la práctica nos ha indicado que 4 de cada 10 niños es obeso al llegar a los 10 años y un niño obeso tiene 13 veces más probabilidades de tener diabetes mellitus y 9 veces más probabilidades de ser hipertenso a edad temprana que niños no obesos. Finalmente 86 por ciento de quienes llegaron a la pubertad en esa condición, tienen una alta probabilidad de mantenerse así el resto de su vida.

Sin duda alguna las complicaciones son mayores al igual que la solución integral a estos padecimientos, esto está en función de las razones que originaron la prevalencia de altos índices de obesidad y sobrepeso infantil en nuestro país, estudios recientes han indicado que los principales factores (eliminando los factores genéticos y hormonales donde se tiene registrado que generan menos del 5 por ciento de estos casos) que motivaron este padecimiento son considerados psicosociales, ambientales o de estilo de vida; es decir por:

• El consumo de hidratos de carbono refinados, azucares y de grasas saturadas derivado de un aumento en el consumo de refrescos, jugos, botanas, golosinas y comidas rápidas.

• El aumento desmedido del consumo de alimentos industrializados y procesados.

• No desayunar y no consumir frutas.

• La ausencia de cultura en el consumo de raciones de alimentos y su calidad.

• Ausencia de horarios ordenados de alimentación y tiempo para sentarse a comer.

• Disminución de la actividad física dentro y fuera del horario escolar.

• El incremento del sedentarismo derivado un mayor tiempo destinado a la televisión, computadora y juegos electrónicos y de video.

Lamentablemente esta situación, está generando la aparición de enfermedades en la población infantil y juvenil, que sólo se tenían en la población adulta; como por ejemplo hipertensión en niños de entre 4 y 18 años de edad con altos niveles de triglicéridos y colesterol. Pero no son los únicos trastornos que la obesidad y sobrepeso generan; esto debido a que son padecimientos crónicos y progresivos, lo que los convierte en enfermedades incurables de forma inmediata pero con patologías de largo plazo, que entre otras se incluyen las siguientes:

• Incremento constante de la presión arterial (hipertensión).

• Altos índices de colesterol (hipercolesterolemia).

• Altos niveles de insulina en la sangre.

• Problemas respiratorios que se intensifican al dormir (apnea de sueño).

• Problemas ortopédicos y de articulaciones.

• Problemas hormonales.

Desafortunadamente, en México es limitada la información disponible sobre la incidencia de la obesidad en la población infantil, los pocos estudios que se han realizado nos han mostrado que un 19.7% de los niños que ingresaban al primer grado de primaria estaban en condición de obesidad generando desde esa edad y a lo largo de todo su desarrollo escolar hasta la adolescencia de problemas de baja autoestima, de bajo rendimiento escolar, una sensación de marcado rechazo social.

Pero el riesgo latente de la obesidad infantil en nuestro país, es el hecho de que mientras menor sea el niño obeso, mayor el riesgo de desarrollar las complicaciones señaladas durante el transcurso de su vida. En esta problemática la atención debe de ser integral y por ende el grado de responsabilidad compartido entre autoridades y sociedad, que tienen un papel preponderante en la regulación de la industria alimenticia y los medios de comunicación, por ejemplo.

Se debe establecer una regulación básica a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia y, también, se debe normar el contenido informativo en etiquetas de los envases de alimentos. La información al consumidor, incluso con imágenes explicitas relacionadas con las consecuencias de un consumo irresponsable, es una estrategia insoslayable en las acciones encaminadas al control de las enfermedades relacionadas con la obesidad.

No se debe perder de vista que la actividad física es un factor determinante del gasto de energía y, por lo tanto, del equilibrio energético y el control del peso. Reduce el riesgo relacionado con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes y presenta ventajas considerables en relación con muchas enfermedades, además de las asociadas con la obesidad. Sus efectos beneficiosos sobre el síndrome metabólico están mediados por mecanismos que van más allá del control del peso corporal excesivo. El ejercicio reduce la tensión arterial, mejora el nivel del colesterol de lipoproteínas de alta densidad, mejora el control de la hiperglucemia en las personas con exceso de peso, incluso sin que tengan que adelgazar mucho, y reduce el riesgo de los cánceres de colon y de mama en las mujeres.

Entonces, estamos frente a un grave problema que no se puede soslayar. Ya se tienen documentados algunos esfuerzos importantes en el país que deben ser revisados y, en su caso, emulados. La Secretaría de Salud de estado de México hizo un programa piloto en 200 escuelas primarias para reducir la obesidad infantil, debido a que 62 por ciento de los alumnos de este nivel educativo presentan dicho problema y podría extenderse a 500 planteles más. Se mide peso, talla y circunferencia abdominal de los menores; se regula lo que se vende dentro de las escuelas; se impuso 45 minutos de activación física obligatoria y se puso en marcha un programa de bebederos escolares.

Esta es una acción legislativa por la salud. Mientras tengamos los índices de obesidad que nos destacan mundialmente por nuestra mala nutrición, el derecho a la salud será una quimera, un discurso, y no una realidad a la que aspiran millones de mexicanos.

3. Fundamento legal

La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Denominación del proyecto de decreto

La iniciativa plantea la creación de la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud.

5. Texto normativo propuesto

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud

Artículo Único. Se crea la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud, para quedar como sigue:

Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de carácter público y de observancia general en la República Mexicana y tiene por objeto incidir en la prevención y control de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, así como también el propósito de regular de manera integral su diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación y las acciones necesarias procurantes a evitar su dispersión; esto en el marco de un asunto de salud pública de la niñez y juventud.

Artículo 2. Para el presente ordenamiento y en concordancia con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es un problema grave de salud pública y se considera como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se caracteriza por la prevalencia de un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 30, como resultado de dividir el peso del menor en kilos por el cuadro de su talla en metros.

Artículo 3. Para el presente ordenamiento y en concordancia con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso es un problema grave de salud pública y se considera como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se caracteriza por la prevalencia de un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25, como resultado de dividir el peso del menor en kilos por el cuadro de su talla en metros.

Artículo 4. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y de reglamentación a efecto de garantizar el apoyo a la niñez y la juventud sobre los trastornos de la conducta alimentaria y asumirán medidas presupuestales, administrativas y de fiscalización necesarias.

Artículo 5. Son principios rectores de la presente ley:

I. La intervención de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en la ejecución de políticas públicas encaminadas a la prevención y control de la obesidad que presentan la niñez y juventud en nuestro país.

II. Promover una cultura de vida saludable y alimentación equilibrada, entre los niños y jóvenes.

III. Incentivar la práctica del ejercicio y deporte a través de la realización de campañas de promoción y difusión, como una medida para incidir en la prevención del sobrepeso y la obesidad; dirigida a la población infantil y juvenil.

IV. La atención integral por parte del sector salud para la prevención, control, asistencia y tratamiento de la obesidad y sus derivaciones, que se presentan la niñez y juventud.

Capítulo IIDel Programa Nacional para la Prevención, Control y Erradicación de Trastornos en la Conducta Alimentaria

Artículo 6. El Programa Nacional para la Prevención, Control y Erradicación de Trastornos en la Conducta Alimentaria será la instancia de la Secretaria de Salud, que coordinará las acciones de la Federación, Entidades Federativas y el Distrito Federal en la ejecución de políticas públicas que tendrá por finalidad lo siguiente:

I. Disminuir significativamente las enfermedades, patologías y mortalidad asociadas a trastornos en la conducta alimentaria.

II. Instrumentar campañas informativas referentes a los trastornos alimentarios, su prevención, identificación, control y consecuencias;

III. Formular normas, reglamentos y protocolos para la identificación, evaluación y control de los trastornos alimentarios;

IV. Incentivar y promover el desarrollo de actividades encaminadas a la investigación y estudio de los trastornos alimenticios;

V. Promover conductas nutricionales saludables y la práctica del deporte diaria;

VI. Promover la creación y el acceso a espacios especializados de orientación y educación enfocados a quienes padecen estos trastornos;

VII. Promover acciones tendientes a eliminar todas las formas de discriminación y exclusión de los menores con la prevalencia de padecimientos alimentarios y sus consecuencias;

VIII. Promover la participación e involucramiento de la sociedad en su conjunto, en acciones referentes a la identificación y prevención de trastornos en la conducta alimentaria;

IX. Establecer las normas reglamentarias de etiquetado comercial en los alimentos envasados, que contengan recomendaciones sobre la prevención de trastornos en la conducta alimentaria;

X. Concientizar a la población sobre los riesgos en la salud de aplicar dietas y suministrar sustancias sin control médico tendientes a la reducción de peso y talla; en sustitución de hábitos alimenticios y de actividad física saludables, equilibrados y adecuados a cada etapa de crecimiento y ciclo de vida; y

XI. Definir los criterios y la reglamentación específica para la regulación de la comercialización de alimentos, bebidas y golosinas con elevados niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares, en los centros educativos.

Artículo 7. La Secretaría de Salud a través del Programa Nacional para la Prevención, Control y Erradicación de Trastornos en la Conducta Alimentaria impartirá actividades de difusión masiva por parte de expertos, que contribuyan a la instrucción y enseñanza de los problemas y patologías que se derivan de los trastornos en la conducta alimentaria, y las formas de prevención.

Artículo 8. La Secretaría de Salud a través del Programa Nacional para la Prevención, Control y Erradicación de Trastornos en la Conducta Alimentaria deberá normar y reglamentar el procedimiento de intervención clínica-hospitalaria y quirúrgico que se utilice para curar la obesidad mórbida, la cual podrá ser incluida dentro del Catalogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Sistema de Protección Social de Salud denominado “Seguro Popular”.

Artículo 9. En cada una de las entidades federativas del país deberá existir cuando menos un centro gratuito de atención integral a trastornos en la conducta alimentaria.

Artículo 10. El Programa Nacional para la Prevención, Control y Erradicación de Trastornos en la Conducta Alimentaria será evaluado con una regularidad anual por la Secretaría de Salud mediante el establecimiento de parámetros de cobertura, incidencia y resultados que permitan apreciar su efectividad.

Artículo 11. La Secretaría de Salud reglamentará y certificará los contenidos de ácido graso insaturados y de grasa saturadas prevalentes y admisibles en los alimentos industrializados comercializables en el territorio nacional, con la finalidad de prevenir su incidencia en el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población infantil y juvenil.

Artículo 12. La Secretaría de Salud establecerá la normatividad que regule los contenidos mínimos y las cantidades admisibles por porción de consumo balanceado de ingredientes específicos que puedan representar un riesgo a la salud.

Artículo 13. Los envases que contengan alimentos industrializados para su venta al público deberán contener la información nutrimental detallada de su consumo en el etiquetado señalando si es el caso en su etiqueta en forma legible y cara la leyenda: “El consumo excesivo de este producto es causa de obesidad” señalando e incluyendo si se requiere de igual forma la leyenda “contiene altos niveles en azúcar” “contiene altos niveles en calorías”, “contiene altos niveles en sodio”.

Capítulo IIICombate de Trastornos en la Conducta Alimentaria en los Centros Escolares

Artículo 14. La Secretaría de Salud en coordinación institucional con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados y el Distrito Federal, establecerán medidas sobre la comercialización y disponibilidad de alimentos saludables bajo esquemas nutricionales y de alimentación balanceada dentro de los planteles educativos.

Artículo 15. Se prohíbe distribuir, comercializar, publicitar o fomentar e inducir al consumo de alimentos, bebidas y golosinas con bajo valor nutrimental que contengan en su elaboración insumos o con resultado final en el producto de altos contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos grasos saturados y transaturados; denominados como “alimento chatarra” en el interior de todos los centros escolares de educación básica en el territorio nacional.

Artículo 16. Son organismos facultados para la aplicación de medidas para la atención de trastornos en la conducta alimentaría en los centros escolares, los siguientes:

I. Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud; y

II. La Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y los Consejos de Participación Ciudadana.

Artículo 17. la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación desarrollaran guías y programas de consumo balanceado y saludable de alimentos y de actividad física y práctica de deportes, que los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar obligatoriamente.

Artículo 18. Las instituciones educativas en las que se comercialicen alimentos, bebidas y golosinas dentro de sus instalaciones, deberán ofrecer exclusivamente aquellos que contengan de manera natural elevados estándares nutricionales.

Artículo 19. Para la certificación de comercialización de alimentos procesados, bebidas y golosinas en los centros escolares de educación básica públicos y privados, la Secretaria de Salud en coordinación con las autoridades educativas deberá publicar un listado de productos permitidos que deberá observarse de manera obligatoria.

Artículo 20. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas del país deberán promover las clases de educación física en la de educación básica, ilustrando a los alumnos sobre los beneficios de erradicar conductas de sedentarismo en su jornada diaria.

Artículo 21. La Secretaría de Salud en coordinación institucional con la Secretaría de Educación Pública establecerá la normatividad para la expedición de una certificación de “Escuela Saludable” que se otorgará a los planteles que apliquen exitosamente programas y esquemas, de enseñanza y orientación de alimentación saludable y actividad física a sus alumnos.

Artículo 22. La Secretaría de Educación Pública y autoridades educativas del país deberán implementar obligatoriamente un programa de instalación de bebederos en todos los centros educativos de educación básica públicos y privados, cuyo servicio será gratuito y se garantizará el uso de filtros y agua potable de calidad.

Artículo 23. La Secretaría de Educación Pública y autoridades educativas del país en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud deberá adoptar un programa de seguimiento de talla, peso y circunferencia abdominal de la población escolar en el nivel de educación básica; cuya información estadística será remitida de forma trimestral al centro gratuito de atención integral a trastornos en la conducta alimentaria que corresponda.

Asimismo, las autoridades educativas del plantel informarán responsable y oportunamente, a los padres de familia o tutor de los alumnos que presenten prevalencia de sobrepeso y obesidad; para su conocimiento, atención, orientación y prevención.

Capítulo IVDe las Acciones Gubernamentales

Artículo 24. La Secretaría de Salud es la dependencia del gobierno federal que tendrá la conducción de las políticas públicas para la atención de la obesidad, sobrepeso y trastornos en la conducta alimentaria de la niñez y juventud.

Artículo 25. La federación, las entidades federativas y el Distrito Federal; deberán facilitar el acceso libre y gratuito a niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional a los centros recreativos a su cargo como las unidades deportivas, canchas, gimnasios u otros espacios para la práctica del deporte y las actividades recreativas.

Artículo 26. Las dependencias encargadas del ámbito cultural de la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal; deberán fomentar mediante el acceso gratuito para la población infantil y adolescente en el país, a los espacios de actividades artísticas, culturales y recreativas; como museos, teatros y centros culturales; con la finalidad de incidir en la erradicación de estilos de vida sedentarios de esta población.

Artículo 27. Los productos, métodos, dietas o substancias para consumo con carácter estético que se comercialicen con el propósito de incidir en el peso o talla corporal, deberán estar certificados por la Secretaría de Salud bajo las reglas que para tal efecto establezca y deberán incluir en forma clara y legible en su etiqueta el siguiente texto: “El uso de este producto no sustituye ni suplanta los beneficios de la práctica de actividad física y una alimentación saludable y balanceada”.

Artículo 28. La publicidad o promoción en los medios de difusión de alimentos, bebidas o productos con un elevado contenido calórico y reducidos nutrientes básicos esenciales, deberá contener en su etiquetado de manera clara y legible el lema “El consumo excesivo de este producto está relacionado con factores que motivan sobrepeso y obesidad”.

Artículo 29. Los productos destinados al consumo humano que contengan entre sus ingredientes grasas o sus derivados denominados trans deberán especificar en su etiquetado de manera clara y legible el lema: “El consumo de grasas denominadas trans y sus derivados incluidas en la elaboración de este producto es perjudicial para la salud”.

La Secretaría de Salud elaborará una lista de alimentos industrializados, bebidas y golosinas que por su alta incidencia en la prevalencia de obesidad y sobrepeso, y deberán incluir imágenes explícitas de sus efectos en el consumidor.

Artículo 30. Queda prohibido a los prestadores de servicios de alimentación como restaurantes, establecimientos de comida rápida, complejos de cines, teatros o parques recreativos, ofrecer en venta bebidas azucaradas industrializadas con un volumen mayor a 500 mililitros por porción.

También se prohíbe el relleno de bebidas azucaradas industrializadas por pago único.

Esta disposición es aplicable a maquinas expendedoras de bebidas azucaradas industrializadas.

Artículo 31. La Secretaría de Salud vigilará que en los anuncios publicitarios de difusión masiva en el territorio nacional, no se muestren modelos femeninos y masculinos en condición de extrema delgadez que sugieran un patrón corporal de belleza, bienestar y salud.

Artículo 32. Se prohíbe categóricamente toda publicación o difusión en medios de comunicación de productos, substancias, dietas o mecanismos para adelgazar que no cuenten con la certificación de la Secretaría de Salud y el aval de un médico y nutriólogo.

Artículo 33. La Secretaría de Salud certificará que todo producto que sea publicitado o promocionado en el territorio nacional, cuente con un aval fidedigno de sobre su calidad y efectividad.

Artículo 34. Es obligatorio que todos los anuncios de publicidad y promoción en los medios de comunicación de productos para incidir en el peso y talla, estén dirigidos en su contenido exclusivamente a personas mayores de edad.

Artículo 35. La publicidad de alimentos, bebidas y golosinas a través de cualquier medio de difusión masiva con elevados contenidos calóricos y bajos niveles de nutrientes esenciales, deberán de incluir la leyenda auditiva o visible siguiente “El consumo excesivo de este producto es causa de obesidad” y además señalar si es el caso que “Contiene altos niveles de azúcar”, “Contiene altos niveles en grasas”, “Contiene altos niveles en sodio”.

Artículo 36. Queda prohibido en todo el territorio nacional a los proveedores de bienes o servicios al público en general, negar u omitir la atención a una persona con prevalencia de sobrepeso u obesidad, salvo aquellos señalados o advertidos que puedan comprometer su integridad física o poner en peligro su vida.

La negativa injustificada de este efecto será considerado como acto discriminatorio.

Artículo 37. Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas están obligadas a integrar estadísticas de incidencia de sus pacientes sobre afecciones y trastornos alimentarios a efecto de que la Secretaría de Salud integre una base de registros que apoyen la realización de estudios sobre la materia.

Artículo 38. La Secretaría de Salud en conjunto con las autoridades Estatales y del Distrito Federal en la materia, publicará anualmente las estadísticas de prevalencia de sobrepeso, obesidad, así como también informes sobre los resultados obtenidos de las acciones llevadas a cabo a nivel nacional en materia de prevención y control de los trastornos en la conducta alimentaria.

Capítulo VDe las Infracciones

Artículo 39. Se aplicará multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de que se trata a quien incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

I. Por omitir la observancia en los centros educativos privados de las guías y programa de educación alimentaría que emita la Secretaria de Salud;

II. A los centros educativos privados por no acatar los dispuesto en el listado de productos permitidos para su comercialización al interior de sus instalaciones elaborado por la Secretaría de Salud;

III. A quienes hagan caso omiso de las prohibiciones de venta y publicidad de alimentos, bebidas y golosinas señaladas en la presente ley;

IV.- Por comercializar productos estéticos o para consumo humano con el propósito de reducir peso corporal que no estén etiquetados como lo establece la presente ley;

V. A quienes difundan, realicen, produzcan o elaboren anuncios publicitarios con modelos hombres o mujeres con características en su peso y talla que no atiendan lo establecido en la presente ley;

VI. A quienes comercialicen dietas, substancias, productos o métodos para adelgazar sin observar lo establecido en la presente ley;

VII. A quien omita en los alimentos, productos o bebidas para comercialización o venta; lo estipulado en la presente ley;

VIII. A quien difunda, realice, produzca o elabore anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación, destinados a menores de edad, que promuevan productos para bajar de peso;

IX. A los prestadores de servicios de alimentación establecidos y automatizados señalados en la presente ley que no atiendan lo dispuesto en la misma;

X. A las instituciones privadas de atención médica que no omitan el registro estadístico de pacientes con prevalencia de sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios para efectos de lo estipulado en la presente ley;

XI. A quien promocione, comercialice y venda productos sin la especificaciones en la etiqueta establecidas en la presente ley; y

XII. A quien promocione o comercialice, productos con etiquetas sin las imágenes que se dispone en la presente ley.

Artículo 40. Además de la multa señalada en el artículo anterior se retirará la mercancía de toda exhibición al público, cuando incurra en alguna de las infracciones señaladas en las fracciones III, V, IX y X del artículo anterior.

Artículo 41. Las faltas a la presente ley cometidas por autoridades o servidores públicos serán sancionadas por las legislaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal emitirá el Reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. El Consejo Nacional a que se refiere esta ley, se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto. El Reglamento del Consejo deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados, municipios y Distrito Federal, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma.

Artículo Sexto. En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados y Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, promoverán las reformas necesarias para la consecución de los fines de la presente ley, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, José Noel Pérez de Alba, Flor Ayala Robles Linares, Adriana Fuentes Téllez, José Ignacio Duarte Murillo, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos,  Román Alfredo Padilla Fierro, Marco Antonio González Valdez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Luis Olvera Correa, Marina Garay Cabada, Verónica Carreón Cervantes, Rosalba de la Cruz Requena, María Concepción Navarrete Vital, Zita Beatriz Pazzi Maza, María del Carmen García de la Cadena Romero, Joaquina Navarrete Contreras, Ossiel Omar Niaves López,  José Valentín Maldonado Salgado, Gloria Bautista Cuevas, Ana Isabel Allende Cano, Felipe de Jesús  Muñoz Kapamas, Verónica Beatriz Juárez Piña, Leobardo Alcalá Padilla, Alfa Eliana González Magallanes, Víctor Manuel Manríquez González (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Con mucho gusto la iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen y a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Juárez.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias. Para felicitar a la proponente de esta iniciativa y preguntarle si tendría algún inconveniente de que su servidora pudiera suscribirla junto con ella.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Claro que sí.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se toma nota y dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón: Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón:Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los principales retos cuando se aborda la problemática hacendaria municipal es la debilidad financiera que lo caracteriza, debido a la escasa capacidad recaudatoria, producto de factores como la alta, y lo complicado, de la centralización del sistema fiscal mexicano, sustentado en el modelo de coordinación fiscal vigente.

El efecto de su aplicación, que deriva en el desmantelamiento de su estructura administrativa tributaria y principalmente a la falta pago del impuesto predial por parte de las delegaciones de las distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y de las entidades paraestatales y descentralizadas del gobierno federal y del estado, convirtiéndose esto en un tema complejo, recurrente y de impacto negativo en cada ejercicio fiscal.

La mayoría de los 2,440 presidentes municipales en nuestro país, y estoy seguro que aquí en el Congreso hay muchos diputados que han tenido y que han estado en cargos como presidentes municipales, coinciden que la falta de pago del impuesto predial por parte de las entidades paraestatales, organismos descentralizados de carácter federal o estatal, es uno de los mayores conflictos que enfrentan año con año y que en la mayoría de los casos las dependencias u organismos morosos se escudan bajo el argumento de que la Constitución lo exime de dicho pago.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación de impuesto predial en México representa solo el 0.23 por ciento del producto interno bruto, porcentaje notablemente inferior al registrado por países miembros del organismo, que en promedio recaudan 1.5 por ciento e incluso por debajo de lo registrado en países de desarrollo económico similares a México, como Brasil y Chile.

El día de se hoy presenta una iniciativa de ley para que los municipios puedan recaudar el impuesto predial de las dependencias federales y estatales que actualmente no lo pagan.

Por un lado, la federación cobra a los municipios el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, y por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el gobierno del estado cobra a los municipios el impuesto sobre nóminas y la tenencia de los vehículos oficiales. Pero por otro lado, el único impuesto que cobra el municipio, que es el impuesto predial, actualmente está exento en los inmuebles de dependencias federales y estatales.

Compañeros y compañeras, debe quedar claro que en México la fuente de financiamiento más importante para los gobiernos municipales es el impuesto predial.

Ante este panorama, es urgente que desde este Poder Legislativo se replantee un nuevo modelo de federalismo propio del siglo XX, que dé impulso a los municipios, a partir del fortalecimiento de sus finanzas públicas.

Por lo anterior, convencido que la descentralización hacendaria, como esquema de distribución de cargas tributarias y de las facultades recaudatorias, fortalecerá el presupuesto anual de cada uno de los 2,440 municipios de este país.

Pongo a consideración de esta honorable soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que tratándose de contribuciones establecidas por los estados sobre la propiedad inmobiliaria y de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios, únicamente queden exentos de pago del impuesto predial los bienes de dominio público de la federación, de los estados y municipios destinados estrictamente al cumplimiento de su objeto público, señalados en la ley de la materia. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

Uno de los principales retos cuando se aborda la problemática hacendaria del municipio, es la debilidad financiera que lo caracteriza debido a la escasa capacidad recaudatoria, producto de factores como la alta centralización del sistema fiscal mexicano, sustentado en el modelo de coordinación fiscal vigente,  el efecto de su aplicación que deriva en el desmantelamiento de su estructura administrativa tributaria y la falta pago del impuesto predial por parte de las delegaciones de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal y de las entidades paraestatales, convirtiéndose este último, en un tema añejo,  recurrente y de impacto negativo en cada ejercicio fiscal. Por ejemplo, el municipio de Monterrey Nuevo León, tiene la obligación de pagar impuestos a la federación y al estado por los conceptos siguientes:

Por ello, la mayoría de los 2440 presidentes municipales en México, coinciden que la falta pago del impuesto predial por parte de las entidades paraestatales u organismos descentralizados de carácter federal o estatal, es uno de los mayores conflictos que enfrentan año con año y que en la mayoría de los casos las dependencias u organismos morosos, se escudan bajo el argumento que la Constitución los exime de pago.

El artículo 115, fracción IV párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los artículos 27 párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen cuáles son los bienes de la nación, mismos que a continuación se transcriben:

Artículo 27. ...

...

...

...

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (el, sic DOF 20-01-1960)Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o interminentes (intermitentes, sic DOF 20-01-1960)y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

...

...

La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

Artículo 42....

I. a III. ...

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V.a VI. ...

Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, se consideran como bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público o de regulación específica que señalen las leyes respectivas, los bienes nacionales contenidos en los artículos constitucionales citados y los que a continuación se detallan:

II. Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley;

III. Las plataformas insulares en los términos de la Ley Federal del Mar y, en su caso, de los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte;

IV. El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores;

V. Los inmuebles nacionalizados a que se refiere el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

VII. Los terrenos baldíos, nacionales y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e imprescriptibles;

VIII. Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;

IX. Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;

X. Los inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de la forma de su adquisición;

XI. Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal;

XII. Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de las entidades que se extingan, disuelvan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación;

XIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;

XIV. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación;

XV. Los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;

XVI. Los bienes muebles determinados por ley o decreto como monumentos arqueológicos;

XVII. Los bienes muebles de la Federación al servicio de las dependencias, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, así como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación;

XVIII. Los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes; las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos o informáticos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonido, y las piezas artísticas o históricas de los museos;

XIX. Los meteoritos o aerolitos y todos los objetos minerales, metálicos pétreos o de naturaleza mixta procedentes del espacio exterior caídos y recuperados en el territorio mexicano en términos del reglamento respectivo;

XX. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que por cualquier vía pasen a formar parte del patrimonio de la Federación, con excepción de los que estén sujetos a la regulación específica de las leyes aplicables, y

XXI. Los demás bienes considerados del dominio público o como inalienables e imprescriptibles por otras leyes especiales que regulen bienes nacionales.

El artículo 7 de la ley en comento, determina que se considerarán bienes de uso común los siguientes:

Artículo 7. Son bienes de uso común:

I. El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional;

II. Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar;

III.El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar;

IV. Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

V.La zona federal marítimo terrestre;

VI. Los puertos, bahías, radas y ensenadas;

VII. Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público;

VIII. Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;

IX. Las riberas y zonas federales de las corrientes;

X.Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

XI. Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia;

XII. Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia;

XIII. Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y

XIV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.

Respecto a los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los municipios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado:

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XX, Diciembre de 2004; Pág. 1124

Predial municipal.Condiciones a las que deben sujetarse las legislaturas locales en la regulación del impuesto relativo (interpretación de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución federal).

La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece diversas garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarían soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo.

Pleno

Controversia constitucional 14/2004. Municipio de Guadalajara, estado de Jalisco. 16 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 122/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil cuatro.

Por otra parte, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación del Impuesto Predial en México representa sólo el 0.23% del PIB, porcentaje notablemente inferior al registrado por países de la OCDE que en promedio recaudan el 1.5%, e incluso por debajo de lo registrado en países de desarrollo económico similar como Brasil y Chile, tal y como se acredita en el estudio El impuesto a la propiedad, Financiamiento de las Ciudades con Suelo Urbano, del M. Urb.  Ismael López Padilla, al señalar “desigualdades en la capacidad recaudatoria per cápita en el país son notables por Entidad Federativa, donde sólo 4 entidades concentran el 55% del monto total recaudado por 23,760.9 millones de pesos en 2008 y los ingresos municipales son altamente dependientes de las transferencias federales, en promedio representan el 80% de sus ingresos totales. Por su parte, el impuesto predial participa con apenas el 13% de los ingresos municipales, y en la situación económica actual es la fuente de ingresos con mayor potencial de crecimiento. Ante la reducción en los ingresos municipales, una alternativa importante para incrementar los ingresos propios es mediante el fortalecimiento de la recaudación del Impuesto Predial”. Véase las gráficas siguientes:

El impuesto predial es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión inmobiliaria ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial. Este impuesto junto con el llamado impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, generan la mayor recaudación anual que obtienen los municipios a nivel nacional. Lo anterior se confirma en la Síntesis Metodológica de la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (Efipem) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la gráfica siguiente:

Derivado de la situación en la que se encuentran la mayoría de las haciendas municipales y de acuerdo con el modelo de Federalismo que se requiere en México en el siglo XXI, -basado en la construcción de sistemas tributarios que generen los recursos suficientes, en cada orden de gobierno, para garantizar la satisfacción de servicios a los que están obligados- en Acción Nacional consideramos urgente modificar el artículo 115, fracción IV párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de exentar del pago de las contribuciones únicamente a los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios que estén destinados al cumplimiento de su objeto público.

Argumentación

A partir de 1999, con la décima reforma al artículo 115 Constitucional, la figura del Municipio en México se fortalece al considerarse como la base de la división territorial, política y administrativa de las entidades federativas, tener un régimen interior republicano, representativo, popular y libre entre otras características.

Respecto al segundo párrafo del artículo 115 citado, es oportuno mencionar que dicha reforma se llevó a cabo para establecer explícitamente la prohibición para exentar u otorgar subsidios respecto de las contribuciones municipales a las que dicho párrafo se refiere, para dejar el término amplio de “personas” con lo cual se entiende que se trata de “personas físicas o morales” indistintamente, lo mismo que la denominación genérica de “institución”, refiriéndose a “instituciones públicas o privadas”.

Por tal razón, los bienes del dominio público de los tres órdenes de gobierno, que utilicen las entidades Paraestatales o cualquier forma de concesión, contrato o autorización mediante los cuales particulares hagan uso de dichos bienes para actividades accesorias al objeto público.

Lo anterior responde al hecho que dichos bienes e instituciones o personas que los utilizan, demandan los mismos servicios municipales que otros bienes que no tienen la calidad de bienes del dominio público y que sin embargo si tributan impuesto predial.

En conclusión, el espíritu de esta histórica reforma consistió en evitar que la Federación y sus organismos descentralizados tuvieran que pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria por las grandes obras: presas, refinerías, puertos, entre otras, pero no dejar de pagar el agua potable consumida.

Sin embargo, a más de una década de su vigencia, son unánimes las voces que se pronuncian sobre los insuficientes avances en la materia y la necesidad de posicionar desde el inicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el tema de la hacienda municipal como uno de los pendientes en la agenda política y hacendaria del país.

Para efectos de la presente iniciativa, se destaca lo previsto en la fracción IV del artículo 115 constitucional en la que se establece la facultad del municipio para administrar libremente su hacienda y también la exención de pago de contribuciones respecto de los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios salvo que éstos sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares con independencia del título, para fines administrativos o propósitos diferentes a los de su objeto público.

De igual forma, lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, en el capítulo III De los inmuebles de la Administración Pública Federal Paraestatal, que en su artículo 116 señala:

Artículo 116. Los inmuebles propiedad de las entidades no se encuentran sujetos al régimen de dominio público de la Federación que establece esta Ley, salvo aquellos inmuebles propiedad de los organismos descentralizados.

Las entidades podrán adquirir por sí mismas el dominio o el uso de los inmuebles necesarios para la realización de su objeto o fines, así como realizar cualquier acto jurídico sobre inmuebles de su propiedad, sujetándose a las normas y bases que establezcan sus órganos de gobierno, en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sin requerir autorización de la Secretaría. Tratándose de la enajenación de inmuebles propiedad de organismos descentralizados, se estará a lo dispuesto en el artículo 117 de la presente Ley.

Los inmuebles propiedad de las entidades, pueden ser objeto de todos los contratos que regula el derecho común.

Al respecto, se considera fundamental citar íntegramente lo establecido por el Tribunal Pleno de la SCJN en el sentido de la interpretación al impuesto predial y la excepción de pago a la que tienen derecho únicamente los bienes del dominio público de la Federación, los Estados o los Municipios, en los términos siguientes:

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXI, Enero de 2005; Pág. 6

Predial municipal. Reformas al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, y artículo quinto transitorio del decreto correspondiente. Las facultades que otorgan a los ayuntamientos para proponer a los congresos locales las bases y tasas de dicho tributo son de ejercicio discrecional, por lo que su omisión no constituye una violación al proceso legislativo que depare perjuicio a los contribuyentes.

Las reformas constitucionales mencionadas otorgan a los ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, entre otras contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial; dicha facultad municipal es concomitante con la obligación del Congreso de hacerse cargo de esa proposición para decidir motivadamente. La interpretación literal, sistemática y teleológica de las indicadas reformas permite considerar que esa facultad de proponer es discrecional y se estableció en beneficio de los Ayuntamientos; asimismo, que mediante ella, el Poder Reformador no otorgó a los Municipios la atribución de legislar en materia tributaria, sino que ésta sigue correspondiendo, esencialmente, a los Congresos Localesen los términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 constitucionales. Por tanto, la circunstancia de que un Ayuntamiento omita proponer al Poder Legislativo Estatal la base o las tasas del impuesto predial que regirá en su Municipio, o bien, que haciéndolo, la legislatura los desestime, no genera a los contribuyentes una violación al proceso legislativo que les depare perjuicio, de manera similar a lo que acontece cuando el Congreso, sea Federal o Local, no causa perjuicio a los gobernados si al expedir una ley no acoge las proposiciones que se le formularon en una iniciativa, de modo que los conceptos de violación formulados al respecto serán inoperantes. Lo anterior no es obstáculo para que si el estudio del proceso legislativo o de la ley en sí misma considerada, esto es como producto terminado, revelen vicios constitucionales que afecten al contribuyente quejoso, se conceda el amparo, el que, como es propio del amparo contra leyes, no tendría efectos generales, pues no obligaría al Congreso a legislar, sino que sólo protegería al quejoso y obligaría a las autoridades aplicadoras.

Pleno

Contradicción de tesis 45/2004-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 18 de enero de 2005. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de enero en curso, aprobó, con el número 1/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil cinco.

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Pág. 125

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XX, Diciembre de 2004; Pág. 1124

Predial municipal. Condiciones a las que deben sujetarse las legislaturas locales en la regulación del impuesto relativo (interpretación de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución federal)

La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece diversas garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarían soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo.

Pleno

Controversia constitucional 14/2004. Municipio de Guadalajara, estado de Jalisco. 16 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 122/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil cuatro.

[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Febrero de 2010; Pág. 10

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. La exención prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es aplicable respecto de la prestación del servicio público relativo, aunque el usuario de éste ocupe un inmueble de dominio público.

El citado precepto contiene tres enunciados normativos cuya finalidad es garantizar la libre administración de la hacienda municipal: 1) Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional -es decir, las instauradas sobre la propiedad inmobiliaria o sobre la prestación de servicios públicos municipales-, ni concederán exenciones en relación con las mismas; 2) Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, y 3) A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Ahora bien, del tercer enunciado normativo deriva que a partir de la reforma señalada la exención constitucional sólo opera en relación con las contribuciones establecidas sobre la propiedad inmobiliaria (inciso a), y no respecto de las contribuciones derivadas de los servicios públicos municipales (inciso c), pues para que opere dicha figura tributaria es determinante la calidad de bien de dominio público. En efecto, en el caso de los tributos sobre bienes raíces, el aspecto objetivo del hecho imponible consiste en la propiedad o posesión de un bien inmueble, la cual resulta necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria; en cambio, en los derechos el hecho imponible consiste en la recepción del servicio público y, por tal motivo, la calidad del bien inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la configuración del tributo. Esto es, en el primer caso la propiedad o posesión del bien inmueble es el elemento necesario de la figura tributaria que hace nacer la obligación, por lo que si es de dominio público, impedirá que ésta surja, ya que goza de la exención constitucional; en cambio, en el segundo caso, el bien inmueble no es parte de la figura tributaria y en nada le afecta si tiene la calidad de bien de dominio público, por lo que nace la obligación tributaria y no opera la exención. En consecuencia, respecto del pago de derechos por la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, no opera la referida exención constitucional, por el simple hecho de que el usuario de esos servicios ocupe un inmueble de dominio público, sea de la Federación, de un estado o de un Municipio, pues tal aspecto es irrelevante para la configuración del derecho respectivo.

Amparo directo en revisión 1678/2005. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 16 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo en revisión 1413/2008. Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 16 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo en revisión 1070/2005. Consejo de la Judicatura Federal. 23 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo 1/2007. Consejo de la Judicatura Federal. 23 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo 15/2008. Consejo de la Judicatura Federal. 23 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez.

Por último, convencido que la descentralización hacendaria, como esquema de distribución de cargas tributarias y de facultades recaudatorias, fortalecerá el presupuesto anual de cada uno de los 2440 municipios en México, propongo que tratándose de contribuciones establecidas por los estados sobre la propiedad inmobiliaria y de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios, únicamente quedarán exentos de pago del impuesto predial los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios destinados al cumplimiento de su objeto público.

Debe quedar claro que en México, la fuente de financiamiento más importante para los gobiernos municipales es el impuesto predial y por ello es urgente desde el poder Legislativo, replantear un nuevo modelo de Federalismo propio del siglo XXI caracterizado por el impulso al municipio y sus finanzas públicas

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6º numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) a c) ...

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona, institución , entidad paraestatal u organismo descentralizado de carácter federal o estatalalguna respecto de dichas contribuciones y los mismos estarán sujetos al pago de contribuciones federales en los términos de las leyes en la materia.Sólo estarán exentos aquellos bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios destinados estrictamente al cumplimiento de su objeto público, señalados en la Ley de la materia.

...

...

...

V. a X. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, José Luis Muñoz Soria, Mario Rafael Méndez Martínez, Joaquina Navarrete Contreras, José Valentín Maldonado Salgado, Yesenia Nolasco Ramírez, Fernando Cuéllar Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Eva Diego Cruz (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Jiménez, por favor.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): Señor presidente, pido que se amplíe el turno para que también se canalice esta iniciativa a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

El Presidente diputado José González Morfín: Solo que es una reforma constitucional y esas son dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, incluso para facilitar su trámite, diputada. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Enrique Flores.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Presidente, también promueve una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que sí compete a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo; aunque sea que se turne para opinión, y de igual forma a la Comisión recién creada de Desarrollo Municipal, también para opinión. No para dictaminarse, sino simplemente para opinión se pediría la ampliación de turno, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Si es para opinión, esta Presidencia no tiene inconveniente. No está aquí la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, ésa tendría que ir directa a Hacienda. Pero es la reforma solo al 115 de la Constitución. Que se turne también para opinión a las Comisiones del Federalismo y de Desarrollo Municipal.Sonido en la curul del diputado Orihuela.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Para felicitar al compañero diputado que acaba de plantear esta iniciativa, y si no tiene inconveniente, para adherirnos a esta iniciativa que mantiene a los municipios precisamente sin recursos económicos y los bienes muebles e inmuebles de la federación, los estados, así como los bienes de Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, ojalá también fueran parte de ese impuesto predial que deben recabar los ayuntamientos. Si no hay inconveniente, nos adherimos, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Le preguntaría al diputado Larrazábal, si no tiene inconveniente para que pueda ser suscrita por otros diputados que así lo deseen. No tiene inconveniente. Dejamos en manos de la Secretaría la iniciativa para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen. Muchas gracias.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que se propone ante esta soberanía adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consiste en elevar a rango constitucional el acceso a Internet, como un derecho fundamental que deben tener, en principio, todos aquellos estudiantes que se encuentran en un proceso de formación escolarizada en escuelas públicas en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior que imparte el Estado para que posteriormente sigamos luchando para que este derecho se haga extensivo a la población en su conjunto.

Sería un gran avance y apoyo para los estudiantes que el Estado coadyuve con mayores herramientas, como sería el proporcionarles Internet en todos los centros educativos públicos de forma gratuita, ya que esto permitirá mayor interés en el conocimiento y una mayor calidad educativa.

A nadie escapa el valor que tiene el Internet dentro de un sistema global de comunicaciones, puesto que ha comenzado a ser reconocido en el mundo dentro de la categoría de los derechos humanos denominados de la cuarta generación y ha cobrado especial relevancia por la relación que tiene con los derechos fundamentales, tales como la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, que a su vez contiene el derecho de difundir su libre pensamiento e ideas.

Es también una herramienta especial para difundir y garantizar la democracia e impulsar el desarrollo económico y social de cualquier país del mundo. De ahí la importancia de que esta tecnología sea accesible y asequible al total de la población del país.

Cabe señalar que el pasado primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano fundamental, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, así como el medio por el cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Además, consideró también que debería ser un derecho universal accesible para cualquier individuo y exhortó a los gobiernos a facilitar su acceso.

Desde el derecho internacional debe notarse que el acceso al Internet ya tiene el estatus de derecho humano fundamental en países como Finlandia, Estonia, Francia, Grecia y Costa Rica, países que se han acogido a este artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, teniendo como referencia las posibilidades comunicativas del Internet.

México no puede ni debe de ser la excepción; nuestro país también debe de buscar que el Internet sea un derecho fundamental para que quede plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su importancia en cuanto a la libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de desarrollo de la personalidad y de conciencia.

Antes el reto era tener una computadora o un teléfono celular, ahora el reto es contar con Internet, porque se ha convertido en una herramienta imprescindible para el conocimiento; más que una posibilidad de comunicación, es una necesidad debido a la globalización comunicativa que hoy se vive.

A diferencia de otros medios de comunicación, la accesibilidad a Internet permite que cualquier persona en el mundo pueda difundir sus ideas y aún más la información que considere relevante para sí y para los demás; sin embargo, al no tener acceso a esta tecnología, se enfrentan a situaciones de desigualdad frente a quienes sí tienen la capacidad económica de contar con el servicio.

Por ello, al ser un derecho fundamental abriría el espectro de igualdad a los sectores más pobres del país y proveería de nuevas herramientas tecnológicas a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales.

Discutir y en su caso, aprobar la presente iniciativa, representa una verdadera prueba de pluralismo democrático, así como el reconocimiento del derecho fundamental que debe de tener toda persona, especialmente las niñas, los niños y los adolescentes.

Por tal motivo, es necesario que las y los legisladores atendamos y dotemos a las y los estudiantes del país de un instrumento que contribuya a garantizar el derecho libre al Internet para que puedan integrarse con mayores competencias a la sociedad de la información.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo único. Se adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Fracción IX. El Estado garantizará a todo estudiante de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior el derecho al acceso a Internet gratuitamente, a fin de que puedan mejorar la calidad educativa y la accesibilidad a la información. Es cuanto.

Solicito sea inscrita de manera íntegra al Diario de los Debates, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatríz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa que se propone ante ésta soberanía, adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y consiste en elevar a rango constitucional el acceso a Internet como un derecho fundamental que deben tener todos aquellos estudiantes que se encuentran en un proceso de formación escolarizada en escuelas públicas en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior que imparte el Estado, como prioridad de inicio para, posteriormente se haga extensivo a la población en su conjunto.

Sería un gran avance y apoyo para los estudiantes que el Estado coadyuve con mayores herramientas como sería el proporcionarles Internet en los centros educativos públicos de forma gratuita, ya que esto permitirá mayor interés en el conocimiento y una mayor calidad educativa.

A nadie escapa el valor que tiene el Internet dentro de un sistema global de comunicaciones, puesto que ha comenzado a ser reconocido en el mundo dentro de la categoría de los derechos humanos denominados de la cuarta generación.

En la actualidad ha cobrado especial relevancia por la relación que tiene con los derechos fundamentales, tales como: la libertad de enseñanza y la libertad de expresión, que a su vez contiene el derecho de difundir su libre pensamiento e ideas, por citar tan sólo algunos ejemplos.

La Internet en el mundo se ha posicionado en los últimos años, como uno de los medios de comunicación que le permite a la sociedad acceder a un volumen importante de información y conocimientos.

Asimismo, Internet se ha convertido en una herramienta esencial para difundir y garantizar la democracia e impulsar el desarrollo económico y social de cualquier país del mundo, de ahí la importancia de que esta tecnología sea accesible y asequible al total de la población del país.

En la educación en cualquier nivel escolar el uso del Internet beneficia a los estudiantes, pues anima la curiosidad en el saber y el deseo de investigar, desarrolla nuevas habilidades para buscar, analizar y seleccionar la información necesaria para resolver un problema.

Cabe señalar, que el pasado 1 de junio de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), declaró el acceso a Internet como un derecho humano fundamental, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, así como el medio por el cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, consideró también, que debería ser un derecho universal accesible para cualquier individuo y exhortó a los gobiernos a facilitar su acceso.

Este reconocimiento de la ONU también debe ser un compromiso para el Estado mexicano y comprometerse a legislar para elevar al internet como un derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que nuestro país se coloque a la vanguardia de las transformaciones sociales actuales.

Desde el derecho internacional debe anotarse que el acceso a Internet ya tiene el estatus de derecho humano fundamental, en países como Finlandia, Estonia, Francia, Grecia y Costa Rica, países que se han acogido al artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo como referencia las posibilidades comunicativas de Internet.

Por supuesto, que México, no puede ni debe ser la excepción. Nuestro país también debe buscar que el internet sea un derecho fundamental para que quede plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su importancia en cuanto a lo que libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad y libre conciencia se refiere.

Por ello, hoy es imposible ignorar lo evidente, pues el mundo de las comunicaciones esta cambiando aceleradamente de modo que el Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también para asegurar el respeto de otros derechos, tales como: el derecho a la educación, la atención de la salud, el trabajo, el derecho de reunión y asociación y el derecho a elecciones libres, por ello, el legislador no puede pasar por alto estos cambios en el mundo.

Antes el reto era tener una computadora o un teléfono celular. Ahora, el reto es contar con internet porque se ha convertido en una herramienta imprescindible para el conocimiento. Más que una posibilidad de comunicación, es una necesidad debido a la globalización comunicativa que hoy se vive.

A diferencia de otros medios de comunicación, la accesibilidad de internet permite que cualquier persona en el mundo pueda difundir sus ideas y aún la información que considere relevante para sí y para los demás. Sin embargo, al no tener acceso a esta tecnología, se enfrentan a situaciones de desigualdad frente a quienes sí tienen la capacidad económica de contar con el servicio. Por ello, al ser un derecho fundamental abriría el espectro de igualdad a los sectores más pobres del país y proveería de nuevas herramientas tecnológicas a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales.

El número de hogares en México que cuenta con una computadora es aún reducido. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presenta un panorama general sobre el uso y aprovechamiento de Internet en los hogares y por los individuos, tomando como fuente la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, la cual reveló que en mayo de 2010, en el país 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tiene acceso a Internet.

Por otro lado, tenemos que el Inegi, informó que los usuarios de internet registraron un aumento del 20.6 por ciento respecto al 2009. En un rango de edad de 12 a 34 años, son quienes más utilizan el servicio de internet con una participación del 66.8 por ciento.

“En México existen 8.44 millones de hogares equipados con computadora, lo que representa un 29.8 por ciento del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 13.2 por ciento con relación a 2009.

La encuesta también registró que en entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California, cuatro de cada diez hogares cuentan con computadora, que significa un promedio de 43.4 por ciento; mientras que Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo uno de cada diez hogares tiene acceso a una computadora, en un promedio de 14 por ciento.

El Inegi informó que en cuanto a conectividad 6.3 millones de hogares cuentan con conexión a internet, lo cual representa 22.2 por ciento del total en México, lo que implica un crecimiento del 22.9 por ciento respecto de 2009.

La encuesta permitió identificar entre los diversos usos que se le dan a la computadora: labores escolares (53.4 por ciento); actividades vinculadas con la comunicación (44 por ciento); entretenimiento (37.9 por ciento), y trabajo (32.2 por ciento)”.

El Internet ya no puede ser para unos cuantos, ya que es una herramienta de desarrollo para nuestro país. A nuestro juicio, el Estado debe garantizar el acceso a Internet como un derecho fundamental, porque existen muchas voces que consideran que el acceso a Internet debe ser un principio fundamental en una democracia, así como un medio para promover la realización de otros derechos, fomentar el pluralismo y la participación pública, permitir que miles de millones de personas expresen sus opiniones y accedan más fácilmente al mundo del conocimiento y la información que desean.

Ante estos hechos, resulta imperativo adicionar a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un marco jurídico que contemple el acceso a Internet como derecho fundamental, tal y como lo han hecho otros países anteriormente mencionados.

Las mexicanas y los mexicanos ya no podemos seguir desconociendo el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas y de los países desarrollados, al declarar el acceso a Internet como un derecho humano fundamental.

Démosle al pueblo de México, el derecho de hacer suyo ese reconocimiento para que las y los mexicanos tengan acceso a Internet, a fin de que puedan mejorar la calidad educativa y el conocimiento de mayor información.

Discutir y, en su caso, aprobar la presente iniciativa representará una verdadera prueba de pluralismo democrático, así como el reconocimiento del derecho fundamental que debe tener toda persona, especialmente entre los sectores de estudiantes más pobres de niñas, niños y adolescentes.

Por tal motivo, es necesario que las y los legisladores atiendan a esta realidad y doten a las y los estudiantes del país de un instrumento que contribuya a garantizar el derecho libre al Internet para que puedan integrarse con mayores competencias a la sociedad de la información.

Llevar el acceso de Internet a cada estudiante de nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior es una causa importante que todos los gobiernos del mundo deben proponer, ya no como un derecho, sino como una meta de desarrollo para su nación.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. a VIII. ...

IX. El Estado garantizará a todo estudiante de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior el derecho al acceso a Internet gratuitamente, a fin de que puedan mejorar la calidad educativa y la accesibilidad a la información.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Comunicado de INEGI, Número 413/10, de fecha 08 de diciembre de 2010.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Fernando Cuéllar Reyes, José Valentín Maldonado Salgado,  Ossiel Omar Niaves López, Aleida Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya, Gloria Bautista Cuevas, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo, Gisela  Raquel Mota Ocampo, Segués Agustín Barrios Gómez, Hugo Tarquín, Purificación Carpinteyro Calderón, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, José Antonio León Mendívil, Carol Antonio Altamirano, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Rodrigo Chávez Contreras, Tomás Brito Lara, Luis Manuel Arias Pallares, Ángel Cedillo Hernández, Rosendo Serrano Toledo, Israel Moreno Rivera, Marino Miranda Salgado, Eva Diego Cruz, Alejandro Carbajal González, Roxana Luna Porquillo, Alfa Eliana González Magallanes, Claudia Elena Águila Torres, Víctor Manuel Bautista López, Joaquina Navarrete Contreras, Verónica García Reyes, Crystal Tovar Aragón, Antonio García Conejo, Valentín González Bautista, Guillermo Sánchez Torres, Silvano Blanco Deaquino, Roberto López González, Carlos de Jesús Alejandro, Catalino Duarte Ortuño, Roberto López Rosado, Gerardo Villanueva Albarrán, Uriel Flores Aguayo, María del Socorro Ceseñas Chapa, Loreina Iveth Valles Sampedro,  Guadalupe Socorro Flores Salazar, Julisa Mejía Guardado, José Luis Muñoz Soria, Teresa de Jesús Mojica Morga, Margarita Elena Tapia Fonllem, Trinidad Secundino Morales Vargas, Julio César Moreno Rivera, María del Rosario Merlín García, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roberto López González, Ramón Montalvo Hernández, Rodrigo González Barrios, Vicario Portillo Martínez, Josefina Salinas Pérez, Víctor Manuel Manríquez González, Marcelo Garza Ruvalcaba, Javier Orihuela García, Arturo Cruz Ramírez, Armando Contreras Ceballos, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Juana Bonilla Jaime, Alliet Mariana Bautista Bravo, Teresita de Jesús Borges Pasos, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Luis Esquivel Zalpa, Mario Miguel Carrillo Huerta, Pedro Porras Pérez, Yesenia Nolasco Ramírez, María de Lourdes Amaya Reyes, Mario Rafael Méndez Martínez, Fernando Belaunzarán Méndez, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Javier Salinas Narváez, Jorge Salgado Parra, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Carlos Augusto Morales López, José  Ángel Ávila Pérez, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, con mucho gusto, diputada. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a su atenta consideración la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso C, párrafo segundo.

Esta iniciativa tiene dos propósitos principales; por un lado, el de incrementar la recaudación de ingresos propios en los municipios; por el otro, el ir disminuyendo la dependencia de los gobiernos locales de las transferencias de recursos federales, con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas municipales y los ayuntamientos puedan cumplir de mejor manera con sus obligaciones constitucionales.

Esta iniciativa tiene que ver con algo de todos conocido: las dificultades financieras que enfrentan la gran mayoría de los municipios en el país, dificultades que se han venido agravando de manera alarmante.

Hoy tenemos municipios que con muchas dificultades proporcionan los servicios públicos municipales; municipios que incluso en ocasiones no tienen para pagar la nómina de sus empleados y la verdad, debemos voltear los ojos hacia los gobiernos locales por lo que representan para sus gobernados la instancia más cercana a la ciudadanía y por lo tanto, a los que más les exigen.

Por ello consideramos que debemos replantear este esquema de distribución de recursos, este federalismo fiscal, que ya es obsoleto en muchas de sus partes, para poder darle viabilidad y sobre todo viabilidad a los municipios y eficacia a nuestro régimen federal; eso por una razón fundamental, compañeras y compañeros, porque buena parte de los grandes problemas de este país pasan por los gobiernos locales.

La solución a muchos de los problemas nacionales tiene que ver con la participación activa de los gobiernos locales. Porque imagínense ustedes, cómo los municipios pueden contribuir a resolver los problemas de seguridad pública, si hay muchos de ellos que no tienen ni para pagar los sueldos de los policías; cómo contribuyen los municipios a mejorar la calidad de la educación, si a duras penas tienen recursos para proporcionar los servicios públicos; cómo motivamos la participación ciudadana, si muchos de estos ciudadanos ven a los gobiernos locales como incapaces e ineficientes, y finalmente, también, cómo enfrentamos los nuevos y grandes retos y desafíos que nos plantea la realidad actual, si no se tienen los recursos necesarios, los recursos suficientes para hacerles frente.

El esquema que estamos planteando nosotros es en el sentido de llevar a cabo esta modificación del artículo 115, para aprovechar al máximo las potestades tributarias de los municipios.

Si bien es cierto que el artículo 115 habla del municipio libre, que es la base de la división territorial y la organización política y administrativa de los estados; si bien es cierto que el artículo 115, en su fracción IV, habla de que los municipios administrarán libremente su hacienda y también, en el inciso c), en el párrafo segundo, que las leyes federales no limitarán el establecimiento de contribuciones en propiedad inmobiliaria y la prestación de servicios públicos, también lo es que habla en ese artículo 115 constitucional de que no habrá exenciones.

Eso lo dice en una parte; sin embargo, en la segunda parte de este párrafo segundo del inciso c) —ahí viene la exención—, habla de que estarán exentos solo aquellos bienes de dominio público de la federación, estados o municipios —dice—, salvo aquellos utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

La presente iniciativa de reforma tiene que ver con eliminar esa frase precisamente, donde dice: utilizados por entidades paraestatales o por particulares. Eliminando esta frase se permitirá que los municipios cobren el impuesto predial a aquellas dependencias federales y estatales que utilicen estos bienes para fines administrativos o propósitos distintos de su objeto público, con una excepción, salvo aquellos bienes que están sujetos al régimen de dominio público.

Es decir, no estamos planteando que se cobre el predial a las escuelas, a los hospitales, a los parques, a las carreteras, es decir, a aquellos bienes de uso común. No. Lo que se pretende es que se cobre el predial a dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, cuando sean utilizados estos bienes para fines administrativos o propósitos distintos de su objeto. Con esto vamos a fortalecer las finanzas municipales, con esto le vamos a dar viabilidad a los municipios.

Porque termino mi intervención preguntando, ¿qué pasa cuando un ayuntamiento no le paga los recibos de luz a la Comisión Federal? ¿Qué es lo que pasa cuando al Instituto Mexicano del Seguro Social no aportamos las cuotas? ¿O los municipios no le pagamos los impuestos a la Secretaría de Hacienda? Fácil, algunos se cobran a lo chino y otros cortan el servicio.

Aquí la idea finalmente es encontrar este camino, subir al debate un tema que tiene que ver —insisto— con la viabilidad institucional de los municipios. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Nabor Ochoa López, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La fracción IV del artículo 115 constitucional le determina al municipio la competencia de administrar libremente su hacienda; asimismo, en el inciso a) de esa misma fracción, estipula la facultad de éste para recibir las contribuciones establecidas por las entidades federativas sobre la propiedad inmobiliaria.

De este modo concluimos, por una parte, en la autonomía del municipio en la recaudación; más no así en la imposición de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

En este sentido, apreciamos constantemente en el ámbito municipal, la necesidad de recaudar más recursos y fortalecer la hacienda municipal, pues las demandas y necesidades de la ciudadanía van en aumento, lo que ocasiona frecuentemente que los municipios tengan que recurrir al endeudamiento. Es por ello importante vincular, primero, la necesidad de obtener más recaudación propia; y segundo, la realidad jurídica de la inexistencia de un apartado legal en la Constitución por virtud del cual se fundamente el cobro del impuesto predial a favor de los municipios de los inmuebles propiedad de la federación y los estados, cuya labor esté encaminada a una actividad diferente de la principal que realizan.

Concebimos esta opción como una vía justa para aumentar la recaudación en los municipios, consiguiendo así mejores ingresos para la implementación de políticas públicas cuyo objeto sea propiciar mayor cobertura y/o calidad de los servicios públicos de su competencia.

Exposición de Motivos

El Estado mexicano está constituido por tres órdenes de gobierno: el Estado federal, las entidades federativas y el municipio. Este último, materia que hoy nos ocupa, está regido por el artículo 115 Constitucional, en el cual se señala que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados; la administración del municipio está a cargo del ayuntamiento y es de elección popular directa; se haya investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley; administrará libremente su hacienda; formulará, aprobará y administrará sus planes de desarrollo urbano; además tiene intervención en procesos de conurbación y tiene el mando de la fuerza pública municipal.

De acuerdo con el Inegi, en México existen 2 mil 440 municipios distribuidos en 31 entidades federativas las cuales guardan importantes diferencias de concentración en número de municipios y en población asentada. Cuatro entidades tienen menos de 10 municipios; once entidades tienen entre 11 y 50 municipios; 8 entidades con más de 50 y menos de 100 municipios; 5 entidades tienen más de 100 municipios; dos entidades tienen más de 200; y el estado de Oaxaca tiene 570 municipios, que constituyen el 23 por ciento del total nacional.

A pesar de las distintas facultades que le brinda la Constitución a los municipios, en realidad son pocas las que ejerce, debido a la poca infraestructura con la que cuentan. En México, los municipios tienen características muy particulares desde el punto de vista económico, es decir, la manera en que se allegan de recursos y las potestades tributarias con los que cada uno cuenta son diversas, ya que, el papel que juegan las transferencias federales es fundamental para el desempeño de sus funciones. Las principales potestades tributarias de los municipios son el impuesto predial, derechos y aprovechamientos; además de que las bases gravables son muy pequeñas por lo que la recaudación propia es muy pobre y las necesidades son muy elevadas.

La centralización de los ingresos, dependió en mucho del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que data de 1980 y que se refleja en la Ley de Coordinación Fiscal. En la anterior, se estableció el conjunto de disposiciones y órganos que regularían la cooperación entre la federación y las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental, estableciendo y distribuyendo las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales (ramos 28 y 33, respectivamente).

En otras palabras, se cedieron potestades tributarias a cambio de mayores transferencias federales. Sin embargo, ese conjunto de disposiciones, lejos de beneficiar a los municipios, no les ha permitido avanzar para poder satisfacer las demandas de sus pobladores, debido a que, en los últimos años se ha recurrido al endeudamiento para llevar a cabo la infraestructura necesaria y hacer frente a las necesidades particulares de cada uno. En la mayoría de los casos, las transferencias que le brinda la federación son insuficientes, ya que depende de los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal como se lleva a cabo la distribución de los recursos. Actualmente, la mayoría de los Municipios presentan carencias graves en muchos temas básicoscomo es la salud, educación, desarrollo social, servicios públicos, entre otros.

La manera en que se distribuyen recursos a los estados y municipios es a través de los ramos 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) y 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios). En el caso del ramo 28, el Fondo General de Participaciones es el componente principal del sistema de participaciones ya que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo segundo menciona que del total de la Recaudación Federal Participable que obtenga la federación en un ejercicio, se asigne 20% al Fondo General de Participaciones, el cual tiene como criterios de asignación de recursos principalmente la población de las Entidades Federativas como medida para promover la equidad; el criterio de territorialidad con base en los impuestos asignables, y el resto en proporción inversa a las participaciones por habitante.

De acuerdo con cifras del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos del Inegi y datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 82 por ciento de las participaciones la concentran sólo trece entidades federativas como se observa en el cuadro siguiente:

También se observa en la información anterior, que el criterio poblacional de distribución de recursos no ha sido promotor de un desarrollo más equitativo ya que no toma en cuenta las diferencias que se observan en la Entidades Federativas respecto de sus necesidades, los costos de prestar servicios y su capacidad fiscal; como es el caso de los Estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Colima, Zacatecas, Tlaxcala por mencionar algunos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, en 2010, las cinco entidades federativas más competitivas fueron el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, y Aguascalientes. Las primeras tres, están intrínsecamente relacionadas con las Participaciones Federales asignadas, y las dos últimas con el nivel de inversión extranjera directa.

Por otro lado, un factor fundamental para hacer frente a la debilidad presupuestal de los municipios ha sido la contratación de deuda, que ha derivado en un descontrol de las administraciones municipales, convirtiéndose en un tema de prioridad en la agenda nacional. En el cuadro siguiente se observa el nivel de endeudamiento de los municipios de acuerdo a cada entidad federativa a la que pertenecen; por lo que, de las diez entidades federativas con mayor endeudamiento de sus municipios, ocho son a las que mayor nivel de recursos se les asignan según el criterio de población, pero que no necesariamente son eficientes en el uso y destino de los mismos.

Actualmente, el municipio es considerado una pieza fundamental en el federalismo Mexicano; sin embargo, éste no ha tenido el respaldo institucional suficiente para funcionar correctamente. Es por ello, que se necesita fortalecer las haciendas municipales mediante esfuerzos claros y precisos, de manera que se lleven a cabo acciones concretas que permitan mejorar la recaudación de ingresos propios.

Esos recursos adicionales permitirían, no solo satisfacer las demandas ciudadanas, sino que se estimularía el crecimiento económico de los municipios y se atraería inversión que genere empleos y un bienestar en la población, disminuyendo los índices de marginación y así, generar competitividad entre los municipios, a efecto de que los beneficiados de ésta planeación sean siempre los ciudadanos.

Un fenómeno que cada vez es más frecuente es el hecho de que los gastos operativos en los municipios van cada vez en aumento y su recaudación es menor. Por lo que el balance fiscal de la hacienda municipal es deficitario en algunas entidades federativas. Este hecho representa riesgos para asignación de un préstamo crediticio, lo que hace aún más difícil solventar los compromisos establecidos.

Para evitar que los municipios aumenten sus gastos operativos y recurran al endeudamiento, así como también aumenten y mejoren su recaudación y es necesario el aprovechamiento máximo de sus potestades tributarias. En el caso del Impuesto predial, suponiendo que se recaudara sin excepciones, sería una variable importante que incrementaría considerablemente los ingresos propios y el municipio tendría efectivamente la libre administración hacendaria y autonomía municipal, logrando además una menor dependencia de las participaciones federales.

El derecho fiscal señala que el impuesto predial es un tributo principalmente a favor de los gobiernos municipales; al igual que otro tipo de gravámenes inmobiliarios bien puede ser una fuente importante de ingresos, por lo que es de particular interés que los municipios puedan aprovechar los beneficios que esta facultad pueda hacer llegar a su hacienda.

El artículo 115 de nuestra Constitución establece en su fracción IV la exención de pago de contribuciones a “los bienes de dominio público de la federación, de los estados o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.”

Los municipios han tenido diversos problemas al interpretar este precepto constitucional, pues los usuarios de dichos bienes fundamentan el no pago de sus contribuciones en el hecho de que los bienes mencionados se encuentran dentro de la denominación “de dominio público”, argumentando junto con ello que están destinados a un servicio público, ocasionando procesos judiciales burocráticos, costosos y resoluciones que afectan los ingresos de los Municipios.

Actualmente, la forma de exención para estos gravámenes impide el que muchos de los inmuebles que se encuentran dentro del territorio municipal cumplan con estas obligaciones fiscales, lo que provoca un injustificado subsidio de este orden de gobierno, es decir el municipal, que es el que menor proporción recibe del ingreso fiscal en comparación con el Estatal y desde luego Federal.

Al eliminar estas exenciones se podrá contribuir a una mejor y más ordenada contribución, así como fortalecer la capacidad de gestión pública municipal en términos de eficacia y eficiencia.  Además, esta propuesta va en total congruencia con la idea de fortalecer la hacienda pública Municipal, a través de incrementar los ingresos municipales; lograr una menor dependencia de los recursos transferidos por la federación y avanzar hacia un federalismo fiscal más justo y equitativo con los municipios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo, inciso c), fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I...III.

IV...

c)...

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas estatales deberán modificar su marco legal para hacer posible la implementación del cobro predial correspondiente, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete de noviembre de 2012.— Diputados: Nabor Ochoa López, Tanya Rellstab Carreto, Luis Olvera Correa, Maricela Velázquez Sánchez, Salvador Ortiz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Luis Olvera Correa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Luis Olvera Correa, por favor.

El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): Sí, diputado presidente, preguntarle al diputado proponente el poder suscribir la iniciativa que está presentando, si no tiene inconveniente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No tiene inconveniente; le pido que pueda pasar a la Secretaría a suscribir la iniciativa, al igual que algunos otros diputados que así lo desearan.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Desarrollo Municipal, para opinión.

ARTICULO 1o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente; con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Someto a la consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones.

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a nuestra propia naturaleza, que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica, siendo uno de ellos, sin duda, el derecho reconocido en el artículo 5o. de la propia Carta Magna, relativo a la libertad de trabajo; esto es, a la profesión, oficio o trabajo lícito que nos permita el obtener, además, el recurso económico necesario para vivir con dignidad, conjuntamente con nuestros seres queridos.

Sin embargo, derivado de la aplicación del sistema penal mexicano, miembros de nuestra sociedad, en forma institucional y social, dichos derechos fundamentales se les ven violentados por el estigma de las llamadas cartas de antecedentes penales.

En México, aquellos que son condenados por la comisión de un delito que amerite pena privativa de la libertad son sometidos a un tratamiento institucional en alguno de los cientos de centros penitenciarios que existen y dicho tratamiento tiene la finalidad de lograr la reinserción social del individuo, concepto que según la Organización de las Naciones Unidas es el proceso por el cual las personas en rehabilitación o rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos.

Congruentemente con lo anterior, el segundo párrafo del artículo 18 de la propia Carta Magna contempla algunas premisas al respecto.

Por lo anterior, uno pensaría que solo deben ser encerradas las personas cuyo delito esté plenamente comprobado y que una vez que tengan el carácter de compurgadas, no volverán a transgredir las leyes. Sin embargo, hoy en día muchos de los internos de los sobrepoblados centros penitenciarios están pagando condenas respecto de delitos que no cometieron, violentándose su derecho fundamental al principio de presunción de inocencia.

En otros casos, las penas de prisión son excesivas, a consecuencia de las deficiencias en la defensa de los inculpados, además existen muchos casos en que los internos tienen que tolerar ser sometidos a prisión preventiva por no tener los recursos para pagar una fianza.

La Organización de las Naciones Unidas, hace más de 20 años, tomó la iniciativa de proponer a los Estados nuevos mecanismos para que el individuo que ha cometido algún delito menor no sea necesariamente apartado de la sociedad.

Sin embargo, ¿qué pasa en México, cuando las personas que fueron sentenciadas a una pena privativa de la libertad compurgan su sentencia en su totalidad, o son favorecidas con un beneficio, como el de la pre liberación? Además de sufrir el flagelo de un sistema penitenciario, que en la práctica no procura la reinserción social de los individuos, que no persigue satisfactoriamente su reinserción y que por el contrario, alimenta el estigma de la otredad, la exclusión y la inmolación, propia de sistemas retrógradas meramente punitivos, los que han compurgado una pena privativa de la libertad tienen que arrastrar el pesado lastre de los llamados antecedentes penales.

Existe una marcada discriminación en contra de quienes pisaron la cárcel, hayan estado pocos o muchos años, siendo culpables o no; la carta de antecedentes penales o carta de policía es muestra de ello. Este documento es requerido obligatoriamente en múltiples fuentes de trabajo para efectos de acceder al mercado laboral.

Por increíble que parezca, la discriminación, la marginación y la exclusión, con la que se estigmatiza a los que compurgaron una pena de prisión, no solo se manifiestan en la esfera de los particulares, sino incluso en la esfera gubernamental, en los tres órdenes de gobierno; las áreas o dependencias encargadas de la contratación de personal ponen especial énfasis en la ausencia de antecedentes penales para ofrecer una oportunidad de trabajo.

El Estado mexicano está obligado a respetar a estas personas, a respetar estas premisas establecidas en la Carta Magna y en disposiciones internacionales, como la propia Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Económicos y Sociales, y el Convenio sobre la Discriminación de la Conferencia General de la OIT.

Derivado de lo anterior, la propuesta que se somete a su consideración en esta iniciativa con proyecto de decreto es en reformar el último párrafo del artículo 1o. de nuestra Carta Magna, con objeto de reforzar la prohibición de prácticas discriminatorias en atención a los antecedentes penales de las personas.

Por ello, se pretende adicionar la no exigencia de los antecedentes penales en el texto constitucional de referencia, como parte de los motivos específicos por lo que se prohíbe tajantemente la discriminación en el Estado mexicano e institucional, ayudando con ello al propósito final de eliminar el estigma del que son objeto los compurgados al momento de que querer insertarse en el mercado laboral, formal y al mismo tiempo, a la sociedad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 1o. constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos son precisamente ese conjunto de prerrogativas inherentes a nuestra propia naturaleza que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica, siendo uno de ellos sin duda el derecho reconocido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la libertad de trabajo, esto es profesión, oficio o trabajo licito que nos permita el obtener además el recurso económico necesario para vivir en dignidad conjuntamente con nuestros seres queridos.

Sin embargo derivado de la aplicación del Sistema Penal Mexicano, miembros de nuestra sociedad en forma institucional y social dicho derecho fundamental se ve violentado por el estigma de las llamadas carta de antecedentes penales.

En México, aquellos que son condenados por la comisión de un delito que amerite pena privativa de libertad, son sometidos a un tratamiento institucional en alguno de los cientos de centros penitenciarios que existen, dicho tratamiento tiene la finalidad de lograr lareinserción social del individuoconcepto que según la Organización de Naciones Unidas es:

“El proceso por el cual las personas en rehabilitación o rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social, en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos”.

Es indispensable lograr dicho objetivo, pues es la garantía que tiene la sociedad de que aquellos individuos no volverán a transgredir el mítico pacto social, –el cual es según Ludwig Wittgenstein, la serie de acuerdos y reglas inteligibles, a los que se somete la voluntad del individuo, reconociendo su importancia para la estabilidad de la sociedad–; es causa inicial de haber sido sometido al tratamiento penitenciario.

Congruentemente con lo anterior, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contemplan algunas premisas al respecto:

Artículo 18. ...

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Los centros penitenciarios o cárceles, cuyo antecedente se pueden encontrar en los calabozos, han sido desde tiempos remotos la forma más aceptada de represión, contención y eliminación del delito.

El objetivo original de la reclusión es primeramente de carácter punitivo (de modo que quienes pretendan cometer un delito se inhiban o se abstengan a sabiendas del castigo), y al mismo tiempo evitar que quienes delinquen, reincidan.

Por lo anterior, uno pensaría que solo deben ser encerradas las personas cuyo delito esté plenamente comprobado, y que una vez que tengan el carácter de compurgados, no volverán a trasgredir las leyes. Sin embargo, hoy en día, muchos de los internos de los sobrepoblados centros penitenciarios, están pagando condenas respecto de delitos que no cometieron.

En otros casos, las penas de prisión son excesivas a consecuencia de las deficiencias en la defensa de los inculpados. Además, existen muchos casos en los que los internos tienen que tolerar ser sometidos a prisión preventiva por no tener recursos para pagar la fianza.

Aunado al problema de la sobrepoblación penitenciaria, potenciado por el gran número de internos sujetos a prisión preventiva, tenemos el problema de la equiparación fáctica de los presos de alta y baja peligrosidad.

No es lógico ni conveniente que los internos no sean separados de acuerdo a las categorizaciones necesarias para procurar su readaptación y su reinserción social.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace más de 20 años, tomó la iniciativa de proponer a los Estados-nación nuevos mecanismos para que el individuo que ha cometido algún delito menor, no sea necesariamente apartado de la sociedad.

El 14 de diciembre de 1990, en el documento titulado “Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad”, se establecieron premisas para orientar la labor de los centros penitenciarios. Privilegiando el carácter de proceso de educación social que debe ser inmanente a toda pena privativa de libertad, con el propósito de procurar la disminución de las reiteradas conductas criminales.

Los lineamientos de la ONU son fundamentales, pero no han tenido el efecto esperado, a pesar de que en nuestro marco legal se contemplan sanciones penales que no necesariamente se relacionan con el encierro de las personas que comenten delitos menores. El Código Penal Federal, en su artículo 70 dice a la letra:

Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:

I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años;

II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años, o

III. Por multa, si la prisión no excede de dos años.

Lamentablemente, estos dispositivos son objeto del desdén por parte de nuestro sistema de impartición de justicia, e indirectamente por parte de la sociedad. Ya que en el imaginario social predomina la idea de que a los transgresores de la ley es mejor encerrarlos, a que permanezcan en libertad.

Lo anterior cobra especial relevancia si caemos en cuenta que la inmensa mayoría de los centros penitenciarios del país están sobrepoblados. En la mesa redonda “ Las cárceles a reventar” realizada en el Instituto de Ciencias Penales (INACIPE) en febrero de 2011, la directora ejecutiva de Prevención y Readaptación Social capitalina, aseguró que esto dificulta aún más la rehabilitación de los internos, la cual consta de actividades escolares, recreativas y/o laborales.

La reinserción social debe estar basada en medidas integrales que permitan a los internos tener la posibilidad de comprender el por qué están ahí, y aprovechar su estancia para llegar a superarse, para que en el momento en que salgan de su encierro, su reinserción a la sociedad sea una realidad.

Tristemente la realidad es otra. Foucault en su análisis del sistema penitenciario, llega a la conclusión de que éste, es solo una institución basada en la exclusión. Indudablemente castiga la diferencia y, al centrarse en eso, elimina la posibilidad de reinsertar, pues alecciona y no educa. Nos dice Foucault, si algo enseña a los internos la prisión o cualquier otra institución “total”, es el qué no son, por qué no lo son y por esto mismo dónde deben estar.

Ergo, queda claro que resulta necesario cambiar el enfoque del sistema penitenciario en general, pero sobre todo, por lo que ve a los modelos de rehabilitación, reinserción o readaptación social.

Empero ¿qué pasa en México, cuando las personas que fueron sentenciadas a una pena privativa de la libertad, compurgan su sentencia en su totalidad o son favorecidos con un beneficio como el de la preliberación.

Además de sufrir el flagelo de un sistema penitenciario que en la práctica no procura la reinserción social de los individuos, que no persigue satisfactoriamente su reinserción, y que por el contrario, alimenta el estigma de la otredad, la exclusión y la inmolación propia de sistemas retrogradas meramente punitivos, los que han compurgado una penaprivativa de la libertad, tienen que arrastrar el pesado lastre de los llamados “antecedentes penales”.

Existe una marcada discriminación en contra de quienes pisaron la cárcel, hayan estado pocos o muchos años, siendo culpables o no. La carta de no antecedentes penales o “carta de policía” es muestra de ello. Este documento es requerido obligatoriamente en múltiples fuentes de trabajo para efectos de acceder al mercado laboral.

Situación que hace patente el rechazo de la sociedad a los ex convictos y la desconfianza en el sistema de reinserción social. Lo que al mismo tiempo constituye una forma de conculcar los derechos humanos de éstos, en clara contravención a lo establecido en el último párrafo del artículo 1 constitucional.

Tal discriminación y exclusión de que son objeto los compurgados carece totalmente de fundamentación, habida cuenta de que el internamiento en los centros penitenciarios lleva ínsito un proceso de rehabilitación y readaptación social. El cual tiene como finalidad proveer los medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

En tal virtud, el Estado mexicano está obligado irremisiblemente a diseñar, desarrollar y mantener los mecanismos necesarios para garantizar la reinserción social de los sentenciados y compurgados. Por lo que esta obligación no se agota con las políticas criminológicas y penitenciarias que son aplicadas en los centros de internamiento, sino que trasciende a la etapa posterior a la liberación de los sentenciados. Que es en donde precisamente se encuentran los mayores obstáculos para lograr su reinserción social.

Por increíble que parezca, la discriminación, la marginación y la exclusión con la que se estigmatiza a los que purgaron pena de prisión, no solo se manifiestan en la esfera de los particulares, sino que incluso en la esfera gubernamental (en los tres órdenes de gobierno), las áreas o dependencias encargadas de la contratación de personal, ponen especial énfasis en la ausencia de antecedentes penales para ofrecer una oportunidad de trabajo.

Cuestión que raya en lo absurdo, al evidenciar que el mismo Estado desacredita y desconfía de su propio sistema penitenciario. Es contradictorio e irónico que las dependencias gubernamentales no validen el trabajo de las instituciones encargadas de la reinserción social de los sentenciados, las cuales están a cargo del gobierno central.

El propio secretario de Seguridad Pública Federal, aseguró que hasta hace apenas tres años, el personal de seguridad con el que cuentan las cárceles tenía un promedio de escolaridad hasta secundaria, pero hoy en día el 60% de ellos cuentan con licenciatura.

Así lo dio a conocer al encabezar la inauguración de la 14ª Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales (International Corrections and Prisons Asociation-ICPA) realizada en la ciudad de México el día lunes 29 de octubre del año en curso. Si en todo caso, el propio gobierno reconoce que el personal de las cárceles ha sido “mejor” capacitado, en base a un mayor nivel de escolaridad, las sospechas sobre la nula rehabilitación o readaptación de los internos, encontrarían menos fundamentos.

Por otra parte, lo cierto es que el Estado mexicano no ha atacado adecuadamente los orígenes del delito. Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, (CIDE), en el texto Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, indica que en las cárceles creció la población de niños y adolecentes que trabajaban antes de ser encarcelados.

Es un rasgo compartido el hecho de que estos niños y adolescentes tuvieron que trabajar y esa situación les restó posibilidades educativas. Asimismo, se sabe que el 98% de los internos de estas edades son de escasos recursos.

Como se puede apreciar, existe una desatención sistemática de las obligaciones del Estado mexicano a lo largo de las etapas de la vida de quienes caen en las manos del sistema punitivo estatal; la falta de condiciones de desarrollo social, de oportunidades de empleo y de educación; las deficiencias serias en el sistema penitenciario, y el estigma social que acompaña a los compurgados dan cuenta de ello.

La reinserción social se puede alcanzar utilizando mecanismos que no excluyan, sino que, por el contrario sean incluyentes y privilegien las interrelaciones formales y directas del compurgado con la sociedad. La finalidad de esta reinserción estriba en modificar el comportamiento de los considerados “delincuentes”, de forma que estos internalicen los marcos normativos y los códigos conductuales de la sociedad, y así se transformen en “entes” sociales que no solo no delincan nuevamente, sino que además, reproduzcan los modelos del correcto comportamiento, respetando las instituciones sociales y estatales.

El 13 de agosto del 2003, la ONU lanzó un comunicado exhortando a las naciones a crear leyes que afronten el problema de la discriminación de que son objeto los ex convictos. Asimismo, se incluyó en dicho comunicado lo relacionado con el derecho que estos tienen a laborar, sin que se les vea como un posible problema.

El Estado mexicano está obligado a respetar estas premisas y las disposiciones establecidas en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en los artículos 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos y Sociales, y en los artículos 1 y 2 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958 de la Conferencia General de la OIT.

Por ello, el Estado está obligado a garantizar que los derechos de quienes purgaron sus penas en prisión sean respetados, y a que prácticas como la exigencia de “la carta de no antecedentes penales” sean suprimidas. Pues tales prácticas además contravienen flagrantemente lo estipulado en los artículos 1 y 5 de nuestra Carta Magna, y en el artículo 4o de la Ley Federal del Trabajo.

En la parte atinente de este último dispositivo se establece:

Artículo 4o. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:...

Argumentación

La propuesta que se somete a consideración, consiste en reformar el último párrafo del artículo 1o de nuestra Carta Magna, con el objeto de reforzar la prohibición de prácticas discriminatorias en atención a los antecedentes penales de la persona.

Por ello, se pretende adicionar el sintagma “los antecedentes penales” en el texto constitucional de referencia, como parte de los motivos específicos por los que se prohíbe tajantemente la discriminación en el Estado mexicano. Ayudando con ello, al propósito final de eliminar el estigma de que son objeto los compurgados, al momento de querer reinsertarse en el mercado laboral formal, y al mismo tiempo a la sociedad.

Cabe hacer el señalamiento que la presente iniciativa se encuentra correlacionada con la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma el último párrafo del artículo 1o. constitucional

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 1o constitucional en los términos siguientes:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones Filosóficas, México, Grijalbo, 1988, p. 39.

2 Rodríguez García, Clementina, Las cárceles a reventar, 2011, INACIPE.

3 SSP, El sistema penitenciario federal referencia a nivel mundial que cuenta con perfiles y estándares internacionales con recursos humanos, infraestructura y tecnología de vanguardia [en línea], 29 de octubre 2012, disponible en: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c; jsessionid=fTpcQXFpJSzn2cVByBnryHPsN210YJYDBxHJJQNqwJXTMVy8vwWM!157901634?__c=e a62 fecha de consulta: 7 de noviembre 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Con su permiso, presidente. Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscribieron esta iniciativa, particularmente a los diputados que forman parte de la Comisión de Reglamentos.

Actualmente la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión tiene bases constitucionales vigentes, fundamentalmente en el artículo 78 de nuestro máximo ordenamiento.

La Comisión Permanente también tiene bases legales vigentes en los 14 artículos que conforman el Título Cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero sus bases reglamentarias en muchos sentidos son obsoletas, ya que parten del viejo ordenamiento del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 1934.

Esta iniciativa contiene el proyecto para expedir un nuevo Reglamento específico para la Comisión Permanente, que armoniza con los marcos normativos vigentes del propio Congreso de la Unión, organizando y dinamizando los trabajos de este importante órgano de representación que se integra en los recesos de los periodos ordinarios de las Cámaras de Diputados y Senadores.

La Comisión Permanente ha jugado un papel muy importante y ha sido protagonista en muchos momentos cruciales de nuestra historia. Fue ésta la que acompañó al presidente Juárez, en su gobierno itinerante en los duros años de la intervención francesa; fue la Comisión Permanente la que nombró a Emilio Portes Gil, presidente provisional de la República, tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón.

La Comisión Permanente es un órgano que se ha distinguido también por ratificar a los funcionarios del cuerpo diplomático mexicano, a varios integrantes de los órganos autónomos y de los órganos reguladores del Estado, y también se ha convertido en un foro de debate político nacional dinámico y muy interesante.

El proyecto de Reglamento para la Comisión Permanente que ponemos a consideración de esta soberanía está construido a partir de la recuperación de varios proyectos que se han trabajado en las Cámaras del Congreso en las últimas legislaturas y por tanto, tiene muchos elementos que han aportado las bancadas del PRD y de los demás grupos parlamentarios, tanto de diputados y diputadas, como de senadores y senadoras.

Este proyecto en particular también recupera trabajos de investigación desarrollados por los equipos técnicos de amplia experiencia legislativa, y que fueron parte importante del trabajo técnico que permitió sacar adelante los nuevos reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

El proyecto que aquí presentamos pretende armonizar con el resto de los marcos normativos vigentes del propio Congreso de la Unión al de la Comisión Permanente.

Es convicción del PRD y de sus grupos parlamentarios impulsar este proyecto de reglamento, incorporando el lenguaje de género al mismo, reconociendo y honrando la presencia de hombres y mujeres, legisladores y legisladoras, que encarnan la representación nacional y el pacto federal e integran las Cámaras del Congreso de la Unión.

Nuestro grupo parlamentario hizo una tarea tenaz, que al final resultó exitosa, en incorporar el lenguaje de género en el Reglamento de la Cámara de Diputados hoy vigente.

En las últimas cuatro legislaturas —cuando menos— la Comisión Permanente se ha regido por una serie de acuerdos parlamentarios, basados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, y en el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, aún vigente para la Comisión Permanente y para el Congreso General, y en los últimos dos años también se ha regido de manera supletoria con los nuevos reglamentos de las Cámaras del Congreso de la Unión.

La instauración de estos acuerdos parlamentarios se tradujo en una conducción mucho más ágil y viva que la que ofrecía el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las dos Cámaras del Congreso y a la propia Comisión Permanente, en la época previa a la aparición de los nuevos reglamentos de ambas Cámaras.

De hecho, el llamado Reglamentillo, que fue un nombre coloquial que se le daba a estos acuerdos parlamentarios para el funcionamiento de la Comisión Permanente, fijó criterios para acotar el rezago legislativo de las sesiones de la Comisión Permanente, estableciendo la descarga total de los asuntos agendados en el orden del día de sesión a sesión; se estableció la última hora de la sesión para el debate político en la agenda política y se estableció la prelación y priorización en las proposiciones con punto de acuerdo propuestas por los grupos parlamentarios.

Estos acuerdos parlamentarios cuidaron mucho el tiempo de exposición de las iniciativas, pero también privilegiaron el debate político en la agenda política y el debate en relación a los dictámenes que emiten las comisiones de trabajo, sobre las proposiciones con punto de acuerdo aprobadas en las comisiones de trabajo.

Sin la menor duda, la pluralidad del Congreso mexicano del siglo XXI, fue reflejando de manera más vívida el debate y la agilidad del trámite parlamentario en la Comisión Permanente gracias a estos acuerdos parlamentarios y la constante búsqueda de acuerdos y al espacio instrumentado para el debate político.

En cambio, en las Cámaras del Congreso, sí era evidente que el viejo Reglamento no estaba previsto para una era de pluralidad política, y el aumento en la producción legislativa de los propios legisladores hizo que las Cámaras empezaran a acumular un rezago impresionante en el orden del día de las sesiones.

Justamente este gran cúmulo de asuntos hacía que el tiempo para el debate fuera muy escaso y cuando se daba este debate, normalmente ya estaba desfasado respecto a los sucesos impuestos por la realidad.

Todo este rezago legislativo en el pleno, en comisiones y en el propio espacio del debate político constituía la llamada congeladora legislativa. Todo ello ocasionaba que cuando un legislador presentaba una proposición con punto de acuerdo y la leía tres meses después en tribuna, debido al rezago perdía su vigencia, con oportunidad y muchas veces, su sentido político.

En la Comisión Permanente se instalaron prácticas novedosas, que incluso superaron el alcance de lo suscrito en los acuerdos parlamentarios, como lo fue el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno a las declaratorias de reformas constitucionales, reivindicando el momento cumbre de uno de los procedimientos legislativos más complejos y más significativos, que es justamente, la etapa culminante del Constituyente Permanente.

Es de destacar que estos acuerdos parlamentarios que se han venido construyendo desde hace mucho para agilizar y dinamizar las sesiones de la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión Permanente, por las razones que ya hemos comentado, fueron precursores de la modernización de los reglamentos de las Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores.

Es muy importante dejar asentado en la memoria legislativa que estos elementos nutrieron muchos de los contenidos de los nuevos reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ahora la tarea y el reto es inverso, las Cámaras ya tienen sus reglamentos y la Comisión Permanente no puede seguir rigiéndose por los acuerdos parlamentarios, puesto que esta importante, histórica e interesante institución del Congreso merece tener su propio Reglamento, que le dé certeza jurídica y procedimental a todo el trámite legislativo de los asuntos que ahí se tratan y resuelven, y que siga siendo el ámbito del acuerdo político y del debate parlamentario por excelencia, como en muchas ocasiones lo ha sido durante los recesos de las Cámaras del Congreso de la Unión, por el bien de la democracia y de la República.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Asimismo solicito a esta Presidencia sea inscrita de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Actualmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene bases constitucionales vigentes fundamentalmente en el artículo 78 del máximo ordenamiento, aunque también se señalan sus facultades en los artículos 26, 27, 28, 29, 37, 67, 69, 72, 74, 76, 84, 87, 89, 102, 105, 122 y 135 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Permanente también tiene bases legales vigentes en los 14 artículos que forman el título cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero sus bases reglamentarias en muchos sentidos son obsoletas, ya que parten del viejo ordenamiento del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1934.

Esta iniciativa contiene el proyecto para expedir un nuevo reglamento específico para la Comisión Permanente que armoniza con los marcos normativos vigentes del propio Congreso de la Unión, organizando y dinamizando los trabajos de esta importante Comisión Permanente que se integra en los recesos de los periodos ordinarios de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Argumentos

La Comisión Permanente ha jugado un papel muy importante y ha sido protagonista en muchos momentos cruciales de nuestra historia. Fue la Comisión Permanente la que acompañó al Presidente Juárez en su gobierno itinerante en los duros años de la intervención francesa y del gobierno imperial de la casa de Habsburgo impuesto en México; fue la Comisión Permanente la que nombró a Emilio Portes Gil presidente provisional de la República tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, y la Comisión Permanente ha hecho un sin número de declaratorias de reformas constitucionales de gran envergadura en los últimos años.

La Comisión Permanente es un órgano que se ha distinguido también por ratificar a una gran cantidad de funcionarios del cuerpo diplomático mexicano, a los varios de los integrantes de los órganos autónomos y de los órganos reguladores del Estado y también se ha convertido en un foro de debate político nacional dinámico y muy interesante.

Por todo ello es imprescindible fortalecer el marco jurídico de esta institución y esta responsabilidad nos motiva a presentar la presente iniciativa. El proyecto de Reglamento para la Comisión Permanente que ponemos a consideración de esta soberanía está construido a partir de la recuperación de varios proyectos que se han trabajado en las cámaras del Congreso en las últimas legislaturas y por tanto tiene muchos elementos que han aportado las bancadas del PRD y de los demás grupos parlamentarios, tanto de diputados y diputadas como de senadores y senadoras.

Este proyecto en particular también recupera trabajos de investigación desarrollados por los equipos técnicos de amplia experiencia legislativa que han trabajado en comisiones e incluso en conferencia, y que fueron parte importante del trabajo técnico que permitió sacar adelante los nuevos reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

El proyecto que aquí presentamos pretende armonizar con el resto de los marcos normativos vigentes del propio Congreso de la Unión al de la Comisión Permanente, organizando y dinamizando los trabajos de este importante órgano legislativo que se integra en los recesos de los periodos ordinarios de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Es convicción del PRD y de sus grupos parlamentarios impulsar este Proyecto de Reglamento incorporando el lenguaje de género al mismo, reconociendo y honrando la presencia de hombres y mujeres, legisladores y legisladoras, que encarnan la representación nacional y el pacto federal e integran las cámaras del Congreso de la Unión.

Nuestro grupo parlamentario hizo una tarea tenaz, que al final resultó exitosa, en incorporar el lenguaje de género en el Reglamento de la Cámara de Diputados hoy vigente. Impulsaremos el mismo enfoque en la construcción colectiva de este importante Reglamento de la Comisión Permanente, en la Ley del Congreso pendiente, y en todos los ordenamientos y sus reformas que expidamos en las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En las últimas cuatro legislaturas cuando menos, la Comisión Permanente se ha regido por una serie de “acuerdos parlamentarios” basados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, y en el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General aún vigente para la Comisión Permanente y para el Congreso General, y en los últimos dos años, también se ha regido de manera supletoria con los nuevos Reglamentos de las cámaras del Congreso de la Unión.

La instauración de estos “acuerdos parlamentarios” que normaba los trabajos de la Comisión Permanente fue muy novedosa cuando se estableció, ya que aportó una conducción mucho más ágil y viva que la que ofrecía el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las dos cámaras del Congreso y a la propia Comisión Permanente, en la época previa a la aparición de los nuevos reglamentos de ambas cámaras. De hecho el llamado “Reglamentillo” que fue un nombre coloquial que se le daba a estos “Acuerdos Parlamentarios” para el funcionamiento de la Comisión Permanente, fijó criterios para acotar el rezago legislativo de las sesiones de la Comisión Permanente, estableciendo la descarga total de los asuntos programados en el orden del día de sesión a sesión; estableció también la última hora de la sesión para el debate político en la agenda política, estableció la prelación y priorización en la proposiciones con punto de acuerdo propuestas por los grupos parlamentarios, para que las más importantes se leyeran en tribuna y las demás se turnaran directo a comisión y estableció la proporcionalidad en las intervenciones en tribuna de acuerdo a la representatividad de cada grupo parlamentario, sobre todo para la lectura de las proposiciones con punto de acuerdo. Sin embargo, muchas veces en este capítulo de proposiciones en los hechos prevalecía la paridad, siempre defendida por las izquierdas, ya que por la premura de tiempo, cada grupo parlamentario terminaba exponiendo sólo una proposición en tribuna.

Estos acuerdos parlamentarios cuidaron mucho el tiempo de exposición de las iniciativas, pero también privilegiaron el debate político en la agenda política y el debate con relación a los dictámenes que emiten las comisiones de trabajo sobre las proposiciones con puntos de acuerdo, aprobadas en las comisiones de trabajo.

Sin duda, la pluralidad del Congreso mexicano del siglo XXI la fue reflejando de manera más vívida el debate y la agilidad del trámite parlamentario en la Comisión Permanente, gracias a estos acuerdos parlamentarios y la constante búsqueda de acuerdos y al espacio instrumentado para el debate político. En cambio, en las Cámaras del Congreso, la pluralidad política impulsó la función legislativa de este importante poder, ya que en tiempos del hegemonismo priísta, la función legislativa la concentraba el titular del Ejecutivo. El viejo Reglamento no estaba previsto para una era de pluralidad política y el aumento en la producción legislativa de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo de los propios legisladores hicieron que las cámaras empezaran a acumular un rezago impresionante en el Orden del Día de las sesiones, y, justamente, este gran cúmulo de asuntos hacía que el tiempo para el debate fuera muy escaso y cuando se daba este debate normalmente ya estaba desfasado respecto a la realidad.

En los primeros 10 años de este siglo, de 2000 a 2010, los documentos con el orden del día de las Cámaras del Congreso llegaban a contener más de 100 iniciativas rezagadas para lectura en tribuna, más de 150 proposiciones con punto de acuerdo rezagadas para lectura, muy pocos dictámenes y una agenda política inexistente.

Los debates en las Cámaras fueron pactados en esos años por la coyuntura política o en torno de dictámenes de ley, que entonces no eran muy abundantes. Memorables pero escasos fueron los debates en torno de reformas electorales, el Fobaproa, los desafueros, la reforma energética, la integración del IFE, las batallas por el presupuesto, algunas comparecencias, etcétera.

Todo este rezago legislativo en el pleno, en comisiones y en el propio espacio del debate político, constituía la llamada “congeladora legislativa”. Todo ello ocasionaba que cuando un legislador presentaba una proposición con punto de acuerdo y la leía tres meses después en tribuna debido al rezago, perdía su vigencia, su oportunidad y muchas veces su sentido político.

El rezago en las Cámaras incluso llegó a administrarse por las Juntas de Coordinación Política como auténticas “cortinas de humo” que no permitían el paso a tribuna de la mayoría de los legisladores y legisladoras y sí se podía privilegiar los asuntos de unos cuantos cercanos a los círculos de poder en los grupos parlamentarios, cuyos asuntos jamás hacían fila en el orden del día. Era común que algún diputado o diputada estuviera haciendo fila con su asunto en el orden del día, ya fuera iniciativa o proposición, y que se encontrara una semana en el lugar 50, y al cabo de varias sesiones, en vez de avanzar en el orden del día, éste retrocedía, debido a la “neblina legislativa” que producía el rezago que facilitaba los acuerdos cupulares para pactar privilegios a los menos, y generaba aburridas esperas a los más.

En la Comisión Permanente se instalaron prácticas novedosas que incluso superaron el alcance de lo suscrito en los “acuerdos parlamentarios” como lo fue el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno a las declaratorias de las reformas constitucionales, reivindicando el momento cumbre de uno de los procedimientos legislativos más complejos y más significativos, que es justamente, la etapa culminante del Constituyente Permanente. Recordemos que este hecho fundamental casi siempre pasaba inadvertido en el orden del día, ya que simplemente llegaba el aviso de declaratoria como una comunicación que daba cuenta del cómputo de la mitad más uno de los congresos locales que habían ya aprobado la reforma constitucional que les habían sido remitidas por las cámaras del Congreso de la Unión, en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente.

Es de destacar que estos “acuerdos parlamentarios” que se han venido construyendo desde hace mucho para agilizar y dinamizar las sesiones de la Comisión Permanente, por las razones que ya hemos comentado, fueron precursores de la modernización de los reglamentos de las Cámaras tanto de Diputados como de Senadores por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque varios legisladores de diversos grupos parlamentarios, muy conocedores de la materia y del proceso legislativo hicieron aportaciones en diferentes momentos a estos famosos “Acuerdos Parlamentarios”, y en segundo lugar, varios asesores y asesoras de los grupos parlamentarios y personal del cuerpo técnico de las dos cámaras, también expertos en el proceso legislativo y en la mecánica parlamentaria, aportaron en diferentes oportunidades elementos para construir estos acuerdos.

Es muy importante dejar asentado en la memoria legislativa que estos elementos nutrieron muchos de los contenidos de los nuevos Reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores, y que varios de los actores mencionados participaron de hecho en su dictamen.

Ahora la tarea es inversa, las cámaras ya tienen sus reglamentos y la Comisión Permanente no puede seguir rigiéndose por los “Acuerdos Parlamentarios” o “Reglamentillo”, puesto que esta importante, histórica e interesante institución del Congreso merece tener su propio Reglamento que le dé certeza jurídica y procedimental a todo el trámite legislativo de los asuntos que ahí se tratan y resuelven, y que siga siendo el ámbito del acuerdo político y del debate parlamentario por excelencia, como en muchas ocasiones lo ha sido, durante los recesos de las Cámaras del Congreso de la Unión, por el bien de la democracia y de la República.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71 fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Reglamento de la Comisión Permanente

Título PrimeroPreliminares

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1

1. Este Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sus órganos y los procedimientos que desahoga.

Artículo 2

1. Lo no previsto en el presente Reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias aprobadas por el pleno de la Comisión Permanente, a propuesta de la Mesa Directiva.

2. En las sesiones de Comisión Permanente se aplicará supletoriamente el Reglamento de la Cámara sede.

Artículo 3

1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por

I. Comisión Permanente: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II.Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Gaceta: La Gaceta de la Cámara de Diputados o la Gaceta del Senado, según corresponda.

IV.Legislador o legisladora: Un diputado o diputada o senador o senadora indistintamente, titular o sustituto, de la Comisión Permanente.

V.Ley: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

VI.Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la Comisión Permanente;

VII.Pleno: La asamblea compuesta por los diputados, diputadas, senadores y senadoras que forman la Comisión Permanente.

VIII.Presidente o presidenta: El presidente o la presidenta de la Comisión Permanente.

IX.Quórum: El número mínimo de legisladores o legisladoras requerido para que la Comisión Permanente pueda sesionar válidamente.

X.Reglamento: El Reglamento de la Comisión Permanente.

XI. Reglamentos: Los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

XII. Salón de sesiones: El lugar en el cual se llevan a cabo las sesiones de la Comisión Permanente.

XIII. Secretario o secretaria: El legislador o legisladora que es elegido con ese cargo para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

XIV.Sesión: La reunión en pleno de los integrantes de la Comisión Permanente.

XV. Sistema Electrónico: El sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado; y

XVI. Vicepresidente o vicepresidenta: El legislador o legisladora que es elegido con ese cargo para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Artículo 4

1. Los derechos, obligaciones y prerrogativas de los legisladores y de las legisladoras son los que se establecen en la Constitución, la ley, y los reglamentos respectivos de cada Cámara del Congreso.

Artículo 5

1. Salvo disposición legal en contrario, para el cómputo de los plazos señalados en días, se consideran días hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento.

Artículo 6

1. La interpretación del Reglamento está a cargo de la Mesa Directiva.

2. En caso de duda o controversia, el Pleno determina lo conducente.

3. La interpretación del Reglamento se realiza conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, o de acuerdo a los principios generales de derecho.

Artículo 7

1. Para reformar este Reglamento se presenta iniciativa o, en su caso, proyecto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados o de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores.

2. Este Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios.

Artículo 8

1. Durante las sesiones de la Comisión Permanente, la inviolabilidad del recinto y las facultades del presidente para protegerlo, serán las mismas que al respecto establecen la Ley, el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento de la Cámara de Senadores, según corresponda.

Capítulo SegundoDe la Comisión Permanente

Artículo 9

1. La Comisión Permanente es un órgano colegiado del Congreso de la Unión que se integra en los recesos de éste para desempeñar las funciones que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que le confieren las leyes.

2. La Comisión Permanente se integra por 37 legisladores y legisladoras, 19 diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras, quienes son designados y designadas por sus respectivas Cámaras, previo a la clausura de cada período ordinario. Cada una de las Cámaras nombra de entre sus integrantes en ejercicio el mismo número de integrantes sustitutos para suplir en sus ausencias a los titulares.

3. Durante el primer receso de cada año legislativo, la Comisión Permanente celebra sus sesiones en el recinto de la Cámara de Diputados, sujetándose de manera supletoria, en lo que no disponga este Reglamento, a las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Durante el segundo receso de cada año legislativo, la Comisión Permanente celebra sus sesiones en el recinto de la Cámara de Senadores, sujetándose de manera supletoria, en lo que no disponga este Reglamento, a las disposiciones contenidas en el Reglamento del Senado de la República.

Título SegundoDe la Mesa Directiva

Capítulo PrimeroDe su Integración y Funcionamiento

Artículo 10

1. La Mesa Directiva es el órgano colegiado de dirección que funciona de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. La elección de la Mesa Directiva se realiza por mayoría de los legisladores y las legisladoras presentes y en votación por cédula.

Artículo 11

1. La Mesa Directiva se integra con una presidencia, tres vicepresidencias y cuatro secretarías.

2. La elección de la Mesa Directiva se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 118, numeral 2, de la Ley.

Artículo 12

1. La presidencia y vicepresidencias de la Mesa Directiva se ejercen por diputados y diputadas en el primer receso de cada año legislativo y por senadores y senadoras en el segundo receso.

Artículo 13

1. En el caso de ausencia del presidente o presidenta, ejerce las funciones, uno de los vicepresidentes o de las vicepresidentas o, en su caso, alguno de los secretarios o secretarias.

Artículo 14

1. La Mesa Directiva sesiona cuando la convoca su presidente o presidenta, o cuando así lo acuerda la mayoría de sus integrantes si existe la necesidad de conocer y resolver sobre algún asunto de su competencia, conforme a la Constitución, la Ley, y el presente Reglamento.

2. La Mesa Directiva se reúne previamente a cada sesión para efectos de la formulación del orden del día, en los términos de este Reglamento.

3. Las reuniones de la Mesa Directiva son privadas, salvo que sus integrantes acuerden lo contrario.

4. En las reuniones de la Mesa Directiva, los órganos técnicos de la Cámara que corresponda brindan el apoyo necesario y asisten si son convocados, igual que un asesor o asesora designada por cada grupo parlamentario.

Artículo 15

1. Cuando un integrante de la Mesa Directiva en funciones desea tomar la palabra en la discusión de algún asunto en el pleno, es sustituido por el integrante que corresponda del propio órgano colegiado.

Capítulo SegundoDe sus Facultades

Artículo 16

1. Para la conducción de las sesiones, la Mesa Directiva tiene las facultades que le confiere la Ley, este Reglamento y los reglamentos a cada una de las Cámaras, según el receso que corresponda.

Capítulo TerceroDe la Presidencia, Vicepresidencia y Secretarías

Artículo 17

1. Para la conducción de las sesiones, el presidente o la presidenta, tiene las atribuciones previstas en la Ley que se refieren a la presidencia de cada Cámara y se aplican supletoriamente en función del receso de que se trate. Además, tiene las siguientes:

I. Garantizar los derechos de las y los legisladores y de los grupos parlamentarios;

II. Convocar a las sesiones del pleno y de la Mesa Directiva;

III. Acordar el orden de intervención de los vicepresidentes y vicepresidentas y secretarios y secretarias en la conducción de las sesiones plenarias, para lo cual se procurará su participación de manera equitativa;

IV. Ordenar la publicación en la Gaceta, en función del receso de que se trate, de los documentos que se refieren en las disposiciones correspondientes de este Reglamento;

V. Designar las comisiones que ordena el ceremonial; y

VI. Declarar en el pleno la existencia de quórum o su falta.

Artículo 18

1. La presidenta o el presidente está subordinado en sus decisiones al voto del pleno.

2. Este voto se consulta cuando lo solicite algún legislador o legisladora, en cuyo caso se requiere que cuando menos cinco legisladores o legisladoras se adhieran a dicha solicitud.

3. La consulta se hace durante la misma sesión en la que haya sido adoptada la decisión del presidente, mediante una moción de procedimiento.

4. Dicha consulta procede siempre que no haya mediado votación sobre el mismo asunto.

5. El trámite y desahogo de dicha moción de procedimiento son los siguientes:

I. La presidenta o el presidente precisa los términos de la consulta que se somete al pleno, conforme a la moción presentada;

II. Se forma una lista hasta con dos oradores a favor y dos en contra. Cada uno de ellos interviene hasta por cinco minutos; y

III. Concluidas las intervenciones se consulta al pleno si es de aprobarse o no la moción, a fin de proceder en consecuencia.

Artículo 19

1. Las y los vicepresidentes y asisten al presidente en el ejercicio de sus funciones y pueden ejercer la representación protocolaria de la Comisión Permanente en los casos que así lo determine la Mesa Directiva.

Artículo 20

1. Los secretarios y secretarias llevan el registro y control de asistencias y de las votaciones de las y los legisladores de la Comisión Permanente, con el auxilio del órgano técnico respectivo.

2. Los secretarios y secretarias tienen, en cuanto a la conducción de las sesiones, las atribuciones previstas en la Ley para los secretarios y secretarias de la Mesa Directiva de cada Cámara del Congreso, en función del receso de que se trate, y las demás que les asigne este Reglamento.

Artículo 21

1. Los integrantes de la Mesa Directiva pueden ser removidos de sus cargos por las siguientes causas:

I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones de la Constitución, de la Ley y del presente Reglamento;

II. Incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y del pleno; y

III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las reuniones de la Mesa Directiva.

Título TerceroDel Pleno

Capítulo PrimeroDel Salón de Sesiones

Artículo 22

1. El salón de sesiones de la Comisión Permanente es el lugar ubicado en las instalaciones de la Cámara que corresponda destinado al trabajo del pleno.

Artículo 23

1.En el salón de sesiones hay un lugar reservado para la Mesa Directiva y la tribuna de los oradores y las oradoras.

2.Los lugares de las y los legisladores están ubicados en un área regular y continua de acuerdo con el tamaño del grupo parlamentario representado en la Comisión Permanente.

3.Sólo las personas autorizadas por la Mesa Directiva pueden tener acceso al salón de sesiones.

4.Cuando asisten a las sesiones de la Comisión Permanente invitados especiales, legisladoras o legisladores federales o locales y servidoras y servidores públicos de los poderes Ejecutivo o Judicial, ocupan el lugar que les asigna la Mesa Directiva.

5.En el salón de sesiones hay un espacio destinado al público que concurre a presenciar el trabajo del pleno.

Artículo 24

1.El uso de la tribuna de la Comisión Permanente corresponde exclusivamente a las y los legisladores, las y los servidores públicos y las y los invitados especiales, en los términos que señalan este Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

2.La presidenta o el presidente concede el uso de la tribuna conforme al orden del día, los turnos y los tiempos establecidos en este Reglamento.

Capítulo SegundoDe las Sesiones

Artículo 25

1. Las sesiones inician a las 11:00 horas y duran hasta cinco horas. Esta duración se amplía por acuerdo del pleno, a propuesta de la presidenta o el presidente, a fin de permitir el despacho de todos los asuntos programados en el orden del día.

Artículo 26

1. La Comisión Permanente celebra sus sesiones, preferentemente, los miércoles de cada semana y en caso de requerirlo, la Mesa Directiva convoca a sesiones en día diferente.

Capítulo TerceroDe la Asistencia y el Quórum

Artículo 26

1. La sesión inicia una vez que se declara el quórum, el cual se constituye con la asistencia de al menos 19 legisladores y legisladoras integrantes de la Comisión Permanente.

2. Si en el transcurso de la sesión se produce la falta de quórum en alguna votación nominal, el presidente o la presidenta declara un receso hasta por cinco minutos y si al término de éste se comprueba la falta de quórum, la Presidencia da por concluida la sesión.

3. Si durante el desarrollo de una sesión algún legislador reclama el quórum y la falta de éste es notoria, la Presidencia puede declarar un receso hasta por cinco minutos y si al término de éste se comprueba la falta de quórum, la Presidencia da por concluida la sesión.

4. Los asuntos que quedan pendientes en una sesión así concluida, se integran en el orden del día de la siguiente sesión.

Artículo 27

1. Para la participación de las y los legisladores en las sesiones, se permite la sustitución indistinta de propietarios y propietarias o sustitutos y sustitutas, siempre y cuando pertenezcan a la misma Cámara. La Mesa Directiva recibe las notificaciones que hagan los grupos parlamentarios sobre las sustituciones, a efecto de elaborar la lista de asistencia correspondiente.

2. Una vez declarada abierta la sesión, el legislador o legisladora que haya pasado lista de asistencia no puede ser sustituido, por lo que, en caso de retirarse de la sesión, no se permite que otro legislador o legisladora cubra su ausencia para efectos de votaciones o participación en los debates.

Artículo 28

1. La asistencia y votación de legisladores o legisladoras se registra mediante el sistema electrónico existente en el salón de sesiones; en los casos en que los legisladores no utilicen este sistema, el secretario o la secretaria tomará el registro de manera directa.

2. El sistema electrónico se abre una hora antes de la prevista para el inicio de la sesión y se cierra media hora después de iniciada.

3. Si un legislador o legisladora no registra su asistencia a través del sistema electrónico, puede hacerlo ante la Secretaría, hasta treinta minutos después de cerrado el mismo.

4. Los secretarios y las secretarias ordenan hacer avisos cinco minutos antes del inicio de la sesión para que los legisladores pasen al salón de sesiones. Los avisos se hacen con la misma anticipación para reanudar una sesión o efectuar una votación.

5. Los avisos a que se refiere el párrafo anterior deben ser perceptibles en el edificio donde se ubica el salón de sesiones.

Capítulo CuartoDel Orden del Día

Artículo 29

1. El orden del día de una sesión es el listado que formula la Mesa Directiva con los asuntos que se presentan para el conocimiento, trámite o resolución del pleno.

Artículo 30

1. Para la integración del orden del día se listan, en primer término, los asuntos que las disposiciones constitucionales y legales establecen como materia de la Comisión Permanente.

2. Se pueden incluir otros asuntos, siempre que en su registro se observen las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Artículo 31

1. El orden del día que formula la Mesa Directiva se integra a partir de los informes, asuntos, dictámenes, solicitudes y comunicaciones que, en su caso, presentan

I. La Mesa Directiva;

II. Los órganos de las Cámaras;

III. Las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente;

IV. Los grupos parlamentarios;

V. Los diputados y senadores sin grupo parlamentario;

VI. La Cámara de Diputados;

VII. La Cámara de Senadores;

VIII. Los otros Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas;

IX. Los órganos constitucionales autónomos;

X. Otras instituciones públicas, nacionales o del exterior; y

XI. Los particulares.

Artículo 32

1. El orden del día de las sesiones ordinarias se integra, en lo conducente, por los apartados que se indican y con la prelación siguiente:

I. Aprobación del acta de la sesión anterior;

II. Comunicaciones de legisladores y legisladores y órganos de gobierno de cada Cámara del Congreso;

III. Comunicaciones oficiales;

IV. Solicitudes de licencia;

V. Solicitudes o comunicaciones de particulares;

VI. Iniciativas de ley o decreto que presentan el presidente de la República, las legislaturas de los estados y los diputados, diputadas, senadores y senadoras al Congreso de la Unión;

VII. Dictámenes de primera lectura;

VIII. Dictámenes a discusión y votación;

IX. Proposiciones de grupos parlamentarios;

X. Proposiciones con punto de acuerdo de diputados y senadores;

XI. Solicitudes de excitativas;

XII. Agenda política; y

XIII. Efemérides.

2. En el orden del día se distinguen los asuntos a votación de aquellos con carácter sólo deliberativo o informativo.

3. En casos justificados, previamente a la sesión o durante la misma, la Mesa Directiva puede modificar la prelación en el desahogo de apartados o asuntos incluidos en el orden del día.

Artículo 33

1. La solicitud para incluir un asunto en el orden del día se remite a la Presidencia, con la indicación del grupo parlamentario, legislador, legisladora, legisladores o legisladoras sin grupo parlamentario que lo promueven, observando los siguientes requisitos:

I. Se presenta por escrito a más tardar a las 14:00 horas del día anterior a la sesión; y

II. Se acompaña con el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa firmada por el autor, autora, autoras o autores.

2. El presidente o la presidenta, por conducto del órgano técnico, a más tardar a las 18:00 horas del día previo a la sesión, envía un proyecto del orden del día a los demás integrantes de la Mesa Directiva y a los representantes de los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente, para su revisión y, en su caso, recibe las observaciones que formulen.

Artículo 34

1. Previa instrucción de la Presidencia, el proyecto de orden del día es publicado en la Gaceta a más tardar a las 22:00 horas del día anterior a la sesión.

2. En la Gaceta en que se publica el proyecto de orden del día se acompañan también los documentos relativos a los asuntos que habrán de desahogarse, a efecto de que los legisladores cuenten con la información pertinente en forma previa a la sesión.

Artículo 35

1. La Mesa Directiva se reúne a las 9:00 horas del día de la sesión, con objeto de formular el orden del día de la sesión que corresponda.

2. La Mesa Directiva puede incluir en el orden del día, previo consenso de los grupos parlamentarios, asuntos recibidos con posterioridad a la publicación en la Gaceta y antes del inicio de la sesión.

Artículo 36

1. Durante el desarrollo de la sesión se pueden agregar al orden del día otros asuntos, si el pleno lo aprueba por mayoría de votos de las y las y los asistentes. En su caso, previamente al desahogo del asunto de que se trata, los documentos relativos se distribuyen entre los legisladores.

Capítulo QuintoDel Uso de la Palabra

Artículo 37

1. Los legisladores y las legisladoras hacen uso de la palabra en tribuna, previa autorización del presidente o de la presidenta, de acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica:

I. Presentación de iniciativas, hasta por diez minutos;

II. Presentación de voto particular, hasta por cinco minutos;

III. Posicionamiento de los grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos;

IV. Intervenciones en contra o a favor, hasta por cinco minutos;

V. Respuestas a preguntas que se le formulen durante su intervención, hasta por tres minutos, adicionales a la misma;

VI. Referencia a alusiones personales, hasta por cinco minutos;

VII. Rectificación de hechos, hasta por cinco minutos;

VIII. Presentación de proposiciones con punto de acuerdo, hasta por cinco minutos;

IX. Intervenciones en agenda política, hasta por cinco minutos; y

X. Conmemoración de efemérides, hasta por cinco minutos.

2. Los legisladores y legisladoras hacen uso de la palabra desde su lugar, previa autorización del Presidente, por un máximo de tres minutos, en los siguientes casos:

I. Para formular observaciones al orden del día;

II. Para realizar precisiones al acta de la sesión anterior;

III. Para presentar mociones;

IV. Para formular preguntas al orador en tribuna;

V. Para solicitar aclaraciones de procedimiento, rectificación o ampliación de turno; y

VI. Para solicitar verificación del quórum.

3. Los legisladores y legisladoras, sea desde su lugar o en tribuna, pueden solicitar al presidente instruya a la Secretaría dar lectura a algún texto breve relacionado con el tema de que se trata. De ser procedente, el tiempo de la lectura no excede de cinco minutos y es adicional al que tiene derecho el orador.

4. Si durante su intervención un legislador o legisladora presenta al pleno cualquier material o documento relativo al tema de que se trata, el presidente instruye a la Secretaría se resguarde para los efectos a que haya lugar.

Artículo 38

1. Los legisladores y legisladoras pueden solicitar al presidente o a la presidenta que les permita hacer al orador u oradora preguntas relacionadas con el asunto de que se trata. Si el presidente o la presidenta admite la solicitud y el orador u oradora acepta la pregunta, se desahogan en los tiempos reglamentarios.

Artículo 39

1. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un legislador o legisladora cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos el solicitante o la solicitante interviene inmediatamente después del orador u oradora.

2. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales.

Artículo 40

1. La rectificación de hechos se limita exclusivamente a enunciar los que, si fueran referidos, se estima que requieren más comentarios; el orador u oradora expone clara y concisamente las razones que tiene para rectificarlos.

Artículo 41

1. Las observaciones al orden del día las formulan los legisladores y legisladoras y la Presidencia las atiende en lo conducente.

Artículo 42

1. Las precisiones al acta de la sesión anterior las hacen los legisladores y legisladoras previo a que se someta a votación el proyecto correspondiente, señalando, de forma breve y directa, las modificaciones que se sugieren o las incorrecciones observadas. En su caso, la Presidencia ordena a la Secretaría hacer las modificaciones conducentes.

Artículo 43

1. La solicitud de un legislador o legisladora para aclaración de procedimiento, rectificación o ampliación de turno es, en su caso, atendida por la Presidencia.

Artículo 44

1. En el uso de la palabra, los legisladores y legisladoras sólo pueden ser interrumpidos por el presidente en los siguientes casos:

I. Al concluir el tiempo autorizado para su intervención;

II. Al agotarse el tiempo adicional que, en su caso, se le conceda;

III. Al apartarse del tema de que se trata;

IV. Ante una pregunta relacionada con su intervención;

V. Para dar lectura a algún documento relativo al tema;

VI. Ante la formulación de alguna moción; y

VII. Para llamar al orden al pleno, a alguno de sus integrantes, al personal de apoyo o al público asistente al salón de sesiones.

Artículo 45

1. En el uso de la palabra el legislador o legisladora se dirige al pleno; por tanto, no deben entablarse diálogos.

Artículo 46

1. Al legislador o legisladora que no se encuentra en el salón de sesiones cuando es su turno en el uso de la palabra, se le otorga al final de la lista de oradores en el apartado que corresponde del orden del día.

2. En el supuesto de que el legislador o legisladora no esté presente al finalizar la lista de oradores, se considera que declina su participación.

Artículo 47

1. En la presentación de proposiciones en tribuna sólo se concede la palabra al legislador o legisladora que la promueva.

2. Las proposiciones se turnan a comisiones, salvo que la asamblea determine su urgente resolución.

3. Para que una proposición se considere de urgente resolución se requiere la aprobación, de al menos las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Capítulo SextoDe los Debates

Artículo 48

1. Los debates en el pleno inician con la presentación de dictámenes, proposiciones, mociones, informes, temas de agenda política o demás asuntos, que se someten a la deliberación y, en su caso, a votación.

2. Ningún asunto es objeto de debate en el pleno sin la previa publicación en los medios electrónicos de los documentos relativos o, en su caso, la oportuna distribución de los mismos.

3. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos, ni los que se turnan a comisiones, salvo que por acuerdo del pleno se les considere de urgente resolución.

Artículo 49

1. El número y el orden de participaciones en los debates los establece la Presidencia conforme a este Reglamento.

2. En los debates que por su trascendencia así lo ameritan, el pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, determina que se desarrollen bajo acuerdo especial que los regule en cuanto a número, orden y duración de las intervenciones.

Artículo 50

1. Previo al desahogo del orden del día, para los asuntos que requieran debate, la Presidencia, en consulta con los grupos parlamentarios, elabora la lista de oradores y oradoras que intervienen y el sentido en que lo hacen.

2. Los legisladores y legisladoras que hacen uso de la palabra en un mismo sentido pueden cederse el turno entre sí, o ser sustituidos o sustituidas por alguien más de su grupo parlamentario, previa comunicación al presidente o presidenta.

3. Los legisladores y legisladoras no incluidos en la lista de oradores pueden solicitar el uso de la palabra para responder alusiones personales, formular preguntas, rectificar hechos, presentar mociones o solicitar lectura de documentos.

4. En los asuntos sólo deliberativos, el orden de los oradores y oradoras se determina según se inscriben en la lista respectiva.

Artículo 51

1. Para el debate en los asuntos que se votan, se listan los oradores y oradoras en contra y en pro de manera alternada conforme se solicita el uso de la palabra.

2. El debate inicia siempre con un orador u oradora en contra.

3. En los asuntos en que sólo se registran oradores y oradoras a favor, puede haber una sola intervención por cada grupo parlamentario.

4. En los asuntos en que sólo se registran oradores y oradoras en contra, puede intervenir uno por cada grupo parlamentario.

5. De no registrarse oradores u oradoras o de considerarse suficientemente discutido el asunto, se somete de inmediato a votación.

Artículo 52

1. El presidente o la presidenta, tomando en consideración el desarrollo del debate, informa sobre la lista de oradores u oradoras pendientes en el uso de la palabra y anuncia que al agotarse dicha lista ordenará preguntar al pleno si el asunto se considera suficientemente discutido.

2. Una vez consultado el pleno, en caso de respuesta negativa, continúa el debate; basta que transcurra una intervención en contra y otra a favor para repetir la pregunta.

3. De no registrarse oradores u oradoras a favor ni en contra, el asunto se vota inmediatamente.

Artículo 53

1. Un debate sólo se suspende por cualquiera de las siguientes causas:

I. Cuando el asunto, por acuerdo del pleno, se considera suficientemente discutido;

II. Al concluir la sesión conforme al Reglamento, salvo que se prorrogue por acuerdo del pleno;

III. Cuando el pleno dé preferencia a otro asunto de mayor urgencia;

IV. Por moción suspensiva aprobada por el pleno; y

V. Por desorden grave en el salón de sesiones o por fuerza mayor.

Artículo 54

1. La agenda política es el apartado del orden del día en el que se inscriben los asuntos de interés nacional o internacional, a propuesta de los grupos parlamentarios.

2. Los temas de la agenda política son exclusivamente para deliberación y en ellos no se permite la presentación de proposiciones que ameriten algún trámite o que deban ser votados por la asamblea.

3. Se destina, por lo menos, la última hora de cada sesión para discutir los temas de la agenda política.

4. La Mesa Directiva acuerda los temas de la agenda política y el orden de su presentación, considerando las propuestas que presentan los grupos parlamentarios, conforme al criterio de proporcionalidad y atendiendo la integración plural de la Comisión Permanente.

5. En el orden del día sólo se inscriben un máximo de dos temas de agenda política por sesión, salvo en los casos en que la Mesa Directiva acuerde abordar temas adicionales.

6. Los temas que no se discutan en la sesión en la que fueron inscritos se vuelven a inscribir en la siguiente sesión, sólo si así lo acuerda la Mesa Directiva.

7. Inicia el debate el representante del grupo parlamentario que haya propuesto el tema en la agenda política; las intervenciones que continúen ocurren en orden creciente de acuerdo con la representación de los grupos parlamentarios.

8. Una vez finalizada una ronda de oradores, se concede la palabra para hechos a quien lo solicite. En esta ronda pueden formularse preguntas al orador, y también se concede la palabra por alusiones personales.

Artículo 55

1. La Mesa Directiva programa las efemérides en atención al calendario cívico nacional e internacional; y a sugerencia de los grupos parlamentarios, respecto de fechas o sucesos memorables.

2. En consulta con los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva acuerda el orden y el número de intervenciones.

Capítulo SéptimoDe las Votaciones

Artículo 56

1. El voto se emite a favor, en contra o en abstención. En las resoluciones que requieren votación solo cuentan los votos emitidos a favor o en contra.

Artículo 57

1. Las decisiones en el pleno se acuerdan por mayoría de votos de los legisladores y legisladoras presentes en la sesión de que se trate, salvo que los ordenamientos aplicables determinen otro tipo de mayoría.

Artículo 58

1. Se someten a votación los asuntos previamente dictaminados y publicados; los proyectos de decreto, las proposiciones con punto de acuerdo considerados de urgente resolución; y los dispuestos así por ley o este Reglamento.

2. El pleno puede dispensar la publicación en la Gaceta o, en su caso, la lectura de dictámenes o proyectos de decreto, a propuesta justificada de la Presidencia.

Artículo 59

1. Antes de cada votación, el presidente o la presidenta explica el objeto de la misma al pleno.

2. Iniciada una votación no se interrumpe por ningún motivo.

Artículo 60

1. La votación puede ser: nominal, económica o por cédula.

2. El legislador o legisladora que solicite el cambio de una votación económica por nominal debe contar con el apoyo de al menos cinco legisladores.

3. Su procedencia, ejercicio y cómputo se rige por lo dispuesto en los Reglamentos de cada Cámara del Congreso, según el receso de que se trate.

Capítulo OctavoDe las Mociones

Artículo 61

1. Las mociones son propuestas al presidente o a la presidenta de la Mesa que se formulan por los legisladores o legisladoras para plantear una cuestión específica relacionada con el desarrollo de la sesión en general o con la discusión de un asunto en lo particular.

2. Sus modalidades, características, presentación, tramitación y desahogo se rigen por las disposiciones reglamentarias de cada Cámara del Congreso, según el receso que corresponda.

Título CuartoDe las Comisiones

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 62

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, las comisiones son órganos constituidos por el pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la Comisión Permanente.

2. Las comisiones dictaminan, analizan, debaten y resuelven sobre las materias de sus competencias.

Artículo 63

1. En lo procedente, son aplicables a las comisiones las reglas establecidas para el pleno y de manera supletoria las disposiciones reglamentarias de cada Cámara del Congreso relativas a las comisiones.

Capítulo SegundoDe su Competencia

Artículo 64

1. La Comisión Permanente para el ejercicio de sus funciones cuenta con tres comisiones de trabajo y su competencia corresponde en lo general a las siguientes materias:

I. Primera Comisión: Gobernación y Seguridad Pública, Justicia, Defensa Nacional, y Marina;

II. Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Equidad y Género, Juventud y Deporte, Salud, Seguridad Social, Trabajo y Vivienda.

III. Tercera Comisión: Economía, Hacienda, Presupuesto, Cuenta Pública, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Desarrollo Rural, Energía, Desarrollo Sustentable y Turismo.

Capítulo TerceroDe su Integración e Instalación

Artículo 65

1. En la sesión posterior a la instalación de la Comisión Permanente, la Mesa Directiva propone al pleno la integración de las comisiones.

2. La integración de las comisiones refleja la composición del pleno de la Comisión Permanente.

3. Las comisiones de trabajo se integran hasta con quince legisladores y legisladoras.

Artículo 66

1. Las modificaciones en la integración de comisiones se realizan en cualquier tiempo, observando los criterios de la Ley y este Reglamento.

2. Los grupos parlamentarios proponen a la Mesa Directiva la sustitución de integrantes en comisiones.

Artículo 67

1. Las comisiones se instalan dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo que las integra.

2. Para la instalación e inicio de actividades de las comisiones, cada junta directiva acuerda la fecha, hora y lugar de la reunión respectiva. El presidente o la presidenta de la comisión de trabajo emite la convocatoria y solicita su publicación en la Gaceta.

3. Una vez instalada la comisión, su presidente o presidenta lo comunica a la Presidencia de la Mesa Directiva para que lo haga del conocimiento del pleno.

4. Los órganos técnicos auxilian a las comisiones en el ejercicio de sus funciones.

Capítulo CuartoDe su Junta Directiva

Artículo 68

1. La junta directiva de cada comisión se constituye con un presidente o presidenta y tres secretarios o secretarias.

2. En la integración de las juntas directivas se deben considerar los criterios de pluralidad, proporcionalidad, experiencia e idoneidad.

Artículo 69

1. La junta directiva tiene las atribuciones siguientes:

I. Elaborar el programa de reuniones de la comisión;

II. Determinar el carácter público o privado de las reuniones;

III. Desahogar los asuntos de su competencia;

IV. Formular el proyecto de orden del día para las reuniones de la comisión, y acordar el trámite a los asuntos programados; y

V. Preparar el informe final de actividades.

Artículo 70. La presidencia de la junta directiva desempeña las funciones siguientes:

I. Informar a los y las integrantes de la comisión sobre los asuntos turnados y el trámite que les corresponda;

II. Convocar a las reuniones ordinarias de la comisión;

III. Convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulte necesario, o lo solicite al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión;

IV. Informar por escrito al presidente o a la presidenta de la celebración de las reuniones y solicitar los apoyos técnicos y administrativos necesarios;

V. Presidir y conducir las reuniones de la comisión, conforme al orden del día aprobado;

VI. Firmar junto con los secretarios o las secretarias las actas de las reuniones de la comisión y los informes;

VII. Solicitar al presidente, o a la presidenta, previo acuerdo de la comisión, convoque a servidores públicos de las dependencias o entidades de la administración pública federal o de órganos constitucionales autónomos, a reunión de trabajo para tratar los asuntos de su competencia;

VIII. Solicitar la publicación en la Gaceta de las convocatorias a las reuniones de la comisión, así como de los documentos que correspondan; y

IX. Las demás que se derivan de la Ley, de este Reglamento, de los acuerdos de la Comisión Permanente y de otras disposiciones aplicables.

Artículo 71

1. Los secretarios y secretarias de las juntas directivas cumplen las funciones siguientes:

I. Sustituir al presidente o presidente de la comisión en sus ausencias temporales;

II. Auxiliar al presidente o presidenta de la comisión en el ejercicio de su cargo;

III. Levantar las actas de las sesiones y firmarlas junto con el presidente o presidenta de la comisión; y

IV. Las demás que se derivan de la Ley, de este Reglamento y de otras disposiciones aplicables.

2. Por cada ausencia del presidente o presidenta de la comisión, éste designa al secretario o secretaria que lo sustituye; de no hacerlo, se hace cargo el secretario o secretaria que forma parte del grupo parlamentario con mayor número de integrantes.

Capítulo QuintoDe sus Atribuciones

Artículo 72

1. Las comisiones tienen las atribuciones siguientes:

I. Aprobar su programa de reuniones;

II. Realizar consultas y audiencias relacionadas con las materias de su competencia;

III. Aprobar el orden del día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos programados;

IV. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos para desahogar los asuntos que les competen;

V. Desahogar los asuntos que les son turnados;

VI. Presentar al pleno informe final de actividades, por conducto del presidente o presidenta, el cual se publica en la Gaceta y en la página de Internet de la Cámara que corresponda; y

VII. Las demás que se derivan de la Ley, de este Reglamento y de otras disposiciones aplicables.

2. El informe final incluye la relación ordenada de asuntos turnados y el estado en que se encuentran, los trabajos realizados, la documentación generada, el cumplimiento del programa de reuniones, los asuntos pendientes de resolver que se turnan a las Cámaras y las actas de las reuniones.

3. El informe final se entrega a la Mesa Directiva y se hace del conocimiento de la Comisión Permanente en la última sesión del receso.

4. Los expedientes de los asuntos resueltos se turnan al archivo histórico de las Cámaras según el receso que corresponda.

Capítulo SextoDe sus Reuniones

Artículo 73

1. Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del pleno. En las convocatorias se especifica el carácter público o privado de las reuniones. De ello se notifica a la Mesa Directiva.

2. Cuando las comisiones acuerdan el carácter privado de alguna de sus reuniones, la convocatoria respectiva se emite a través de la Gaceta, en la que se asienta tal carácter.

Artículo 74

1. Las reuniones de las comisiones son ordinarias y extraordinarias.

2. Las reuniones ordinarias se convocan al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, mediante la publicación de la respectiva convocatoria en la Gaceta.

3. Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la junta directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión. De ser posible, la convocatoria se publica en la Gaceta.

Artículo 75

1. Todas las convocatorias deben contener:

I. Nombre de la comisión que convoca;

II. Fecha, hora y lugar de la reunión;

III. Tipo de reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria;

IV. Proyecto de orden del día; y

V. Rúbrica del presidente de la junta directiva o, en su caso, de quien convoca.

2. Junto con la convocatoria, se envían a los y las integrantes de cada comisión los documentos que sustentan el desahogo del orden del día.

Artículo 76

1. El presidente o la presidenta de la comisión, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, puede declarar permanente una reunión cuando la urgencia en el despacho de un asunto así lo amerita.

2. Cuando se abre un receso durante la reunión, su presidente o presidenta señala día, hora y lugar de reanudación y se asegura que todos los integrantes sean notificados.

3. La reunión concluye hasta que el presidente de la junta directiva declara que se han agotado los asuntos listados en el orden del día.

Artículo 77

1. Todos los legisladores o legisladoras del Congreso de la Unión pueden asistir con voz a las reuniones de comisiones; sólo las y los integrantes de las comisiones de trabajo de la que forman parte pueden votar los asuntos a consideración, o en su caso solo los legisladores o legisladoras sustitutas que estén acreditados mediante notificación para alguna reunión específica.

Artículo 78

1. Para la realización de audiencias, reuniones de trabajo o comparecencias con servidores públicos, las comisiones acuerdan, en cada caso, las reglas correspondientes.

2. Para la realización de sus reuniones, las comisiones tramitan con la oportunidad debida el local adecuado y los apoyos necesarios ante los órganos técnicos.

3. Las reuniones de las comisiones son transmitidas por el Canal del Congreso de acuerdo con su programación, salvo que la reunión sea privada.

Artículo 79

1. Las actas de las reuniones contienen el nombre de quien las haya presidido y de las y los secretarios actuantes, la relación de los legisladores y legisladoras presentes y, en su caso, de invitados o invitadas las horas de inicio y de conclusión, la síntesis de asuntos tratados conforme al orden del día, con referencia a los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados.

2. Las actas son suscritas por las y los integrantes de la junta directiva de la comisión y se publican en la Gaceta.

Capítulo SéptimoDe la Asistencia y el Quórum

Artículo 80

1. La asistencia a las reuniones de comisión se acredita por sus integrantes presentes mediante el registro de su firma.

Artículo 81

1. Previo a la reunión, el grupo parlamentario notifica oportunamente al presidente o a la presidenta de la comisión que corresponda, la participación que tendrá el legislador, la legisladora, los legisladores o las legisladoras sustitutos en alguna de las reuniones de trabajo. Las sustituciones no implican un incremento de la representación partidista en la comisión.

2. La notificación debe hacerse por cada reunión en que se pretenda la participación de un legislador sustituto.

3. Una vez acreditada la participación de un sustituto o sustituta, no puede ser reemplazado por otro legislador.

4. El legislador sustituto o la legisladora sustituta tiene los mismos derechos y obligaciones del titular.

Artículo 82

1. Para que una reunión de comisión sea válida se requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes.

2. Cuando no se forma quórum después de dos convocatorias sucesivas a reunión, el presidente o la presidenta de la comisión lo hace del conocimiento de la Mesa Directiva para que coadyuve a la solución correspondiente.

Capítulo OctavoDel Orden de los Asuntos, de las Discusiones y de las Votaciones

Artículo 83

1. En las reuniones de comisión, los temas listados se desahogan en el orden siguiente:

I. Aprobación del acta de la reunión anterior;

II. Oficios y comunicaciones en general;

III. Asuntos a tratar, diferenciando los que únicamente tienen carácter deliberativo de los que se someten a votación; y

IV. Asuntos generales.

Artículo 84

1. En las reuniones, el presidente o la presidenta de la junta directiva conduce las discusiones con el auxilio de los secretarios y secretarias.

2. Para el desarrollo de las discusiones las y los integrantes de la comisión hacen uso de la palabra bajo las siguientes reglas:

I. Lectura del proyecto de dictamen o resolución hasta por diez minutos. De ser necesario, la comisión puede ampliar dicho lapso;

II. Cada legislador o legisladora interviene hasta por un tiempo máximo de diez minutos;

III. Una vez que hacen uso de la palabra quienes la han solicitado, la Presidencia consulta si el asunto está suficientemente discutido. Si la respuesta es negativa, se continúa la discusión mientras haya legisladores o legisladoras en la lista de oradores; y

IV. Concluida la discusión de un proyecto de dictamen o resolución, se procede a su votación.

Artículo 85

1. Las decisiones en la comisión se adoptan con el voto de la mayoría de sus integrantes presentes.

2. Las votaciones sobre dictámenes requieren de la firma de la mayoría de los y las integrantes de la comisión.

Artículo 86

1. Cuando en una votación sobre un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la misma reunión.

2. Si resulta empate por segunda vez, se trata el asunto en una reunión posterior, previo acuerdo de la comisión.

3. Si el empate persiste en la segunda reunión, se informa de ello a la Mesa Directiva para que coadyuve a la solución correspondiente.

Artículo 87

1. El integrante o la integrante de una comisión que tiene interés directo en un asunto debe excusarse de participar en la discusión y votación del mismo, debiendo informar por escrito a la presidencia de la comisión.

2. En caso de no hacerlo, la junta directiva propondrá a la comisión un resolutivo para solicitar al grupo parlamentario respectivo la sustitución temporal del legislador o legisladora.

3. En este caso, el grupo parlamentario que corresponda designa al legislador sustituto o legisladora sustituta sólo para los efectos de dicho asunto.

Título QuintoDel Trabajo en el Pleno

Capítulo ÚnicoDe las Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, Dictámenes y Solicitudes

Artículo 88

1. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, solicitudes, y comunicaciones se regirán en cuanto a sus requisitos, presentación, turno y dictamen, por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de cada Cámara del Congreso, en lo que sea aplicable.

2. Los procedimientos especiales que no estén regulados en este Reglamento y que se deriven de facultades constitucionales o legales se atienden conforme lo establece el reglamento de la Cámara que corresponda y de acuerdo con los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 89

1. Las iniciativas se publican previamente en la Gaceta.

2. Son leídas en tribuna por la o el proponente hasta por un tiempo de diez minutos, se insertan en el Diario de los Debates y se turnan a comisiones de la Cámara correspondiente.

3. Sólo se concede la palabra al promovente o a la promovente para referirse a la iniciativa presentada.

4. En cada sesión se procura la presentación en tribuna, en orden progresivo, de una iniciativa de las registradas por los grupos parlamentarios; las que no sean presentadas, el presidente o la presidenta les asigna turno a comisiones en la misma sesión en que se publiquen.

Artículo 90

1. En cada sesión se registran todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a las y los legisladores. Sólo se presentan en tribuna aquéllas que cuenten con el apoyo del respectivo del grupo parlamentario.

2. Para la comprobación de la existencia de apoyo del grupo parlamentario, la proposición se entrega al presidente de la Mesa Directiva el día previo a la sesión, firmada en original por el proponente y por el representante del grupo parlamentario respectivo.

3. Las proposiciones que no cuenten con el apoyo del grupo parlamentario se registran en el orden del día, se publican en la Gaceta y la Presidencia les asigna el turno a comisiones en la misma sesión en que se publiquen.

Artículo 91

1. Los dictámenes que se someten a consideración del pleno deben reunir la mayoría de firmas de los integrantes de la comisión.

2. Ningún asunto se somete a votación sin que se dictamine y sólo el pleno podrá dispensar este trámite con la aprobación de al menos las dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

3. Los dictámenes se votan nominalmente en caso de contener proyectos de decreto; de manera económica si contienen punto de acuerdo; o por cédula si se refieren a elección de personas.

Título SextoProcedimientos Especiales

Capítulo ÚnicoDeclaratoria de Reforma Constitucional

Artículo 92

1. Para efectos de que la Comisión Permanente emita la declaratoria de reforma constitucional, se procede de la siguiente forma:

I. El presidente o la presidenta recibe de cada legislatura estatal los decretos correspondientes, conforme se vayan pronunciando respecto de la aprobación o no del proyecto de reforma constitucional;

II. A partir de la recepción de un mínimo de dieciséis decretos aprobatorios de las legislaturas estatales, se ordena su inscripción en el orden del día inmediato siguiente a la recepción;

III. En sesión plenaria, el secretario o la secretaria realiza el cómputo correspondiente e informa al pleno del resultado del mismo;

IV. El presidente o la presidenta formula la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional;

V. Durante la declaratoria, las y los asistentes en el salón de sesiones deben permanecer de pie;

VI. El presidente o la presidenta y un secretario o secretaria firman el decreto y se remite al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 93

1. Al término del procedimiento anterior, durante la misma sesión hace uso de la palabra un legislador por cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente para pronunciarse sobre la reforma constitucional.

Título SéptimoDisposiciones Complementarias

Capítulo PrimeroDe la Transparencia y el Acceso a la Información Pública

Artículo 94

1. En materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, las actividades que realice la Comisión Permanente se rigen en lo conducente por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como por las disposiciones reglamentarias de cada Cámara.

Capítulo SegundoDe la Difusión de la Comisión Permanente

Artículo 95

1. Para el ejercicio de las funciones de la Comisión Permanente, se cuenta con la Gaceta de cada Cámara como órgano de difusión de la información, dependiente de la Mesa Directiva.

Artículo 96

1. Los asuntos que no se publican previamente en la Gaceta, no se incluyen en el orden del día de la sesión, salvo acuerdo de la Mesa Directiva para autorizar su inclusión.

Artículo 97

1. La Gaceta se publica todos los días en que sesione la Comisión Permanente y en los que así lo acuerde la Mesa Directiva.

Artículo 98

1. Los criterios a los que se ajustan las y los legisladores, las comisiones, los grupos parlamentarios y, en general, todos los órganos de la Comisión Permanente para la publicación de documentos en la Gaceta, son los siguientes:

I. Los documentos que envían para su publicación en la Gaceta se entregan a la Presidencia de la Mesa Directiva, en formato digital;

II. Las iniciativas de ley o decreto, los dictámenes de comisiones, las comunicaciones de los legisladores y legisladoras y las proposiciones con punto de acuerdo y propuestas deben enviarse al menos el día anterior al de la sesión. Debe remitirse también una copia impresa con firma autógrafa, en cada una de sus hojas;

III. Las convocatorias y orden del día de las reuniones de comisiones deben enviarse al menos tres días antes de su reunión; y

IV. Las actas y acuerdos de las comisiones deben enviarse al menos dos días antes de la fecha de su publicación en la Gaceta.

Artículo 99

1. En el Diario de los Debates de cada Cámara, según el receso de que se trate, se hace constar la siguiente información de las sesiones del pleno de la Comisión Permanente:

I. Lugar, fecha y hora del inicio y término de cada sesión;

II. Carácter de la sesión;

III. Declaratoria de quórum;

IV. Orden del día;

V. Nombre del presidente y de quienes presidan la sesión durante su desarrollo;

VI. Copia fiel del acta de la sesión anterior;

VII. Transcripción de los debates en el orden en que se realizan;

VIII. Intervenciones de los legisladores en tribuna y desde su lugar;

IX. Textos leídos;

X. Textos no leídos cuya inserción ordenan la Presidencia o el pleno;

XI. Documentos a los que se dé turno;

XII. Propuestas y resoluciones aprobadas;

XIII. Dictámenes y votos particulares; y

XIV. Resultado de las votaciones nominales.

2. El Diario de los Debates se publica dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la sesión, en medio impreso y en la página electrónica de internet de la Cámara que corresponda.

Artículo 100

1. Cada una de las Cámaras, según el receso que corresponda, debe crear un sitio en su página electrónica que contenga la información generada por los trabajos de la Comisión Permanente para su consulta en todo momento.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento deroga las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren al funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: Alfa González Magallanes, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya, Roberto López Suárez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Luis Ángel Espinosa Cházaro, Verónica Beatriz Juárez Piña, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Trinidad Secundino Morales Vargas, Fernando Belaunzarán Méndez, Julio César Moreno Rivera, José Valentín Maldonado Salgado, Mario Rafael Méndez Martínez, Pedro Porras Pérez, Eva Diego Cruz, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Zárate Salgado, Rodrigo González Barrios, Roberto López González, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Rosendo Sancho Toledo, Sebastián de la Rosa Peláez, Jessica Salazar Trejo, Arturo Cruz Ramírez, Carla Reyes Montiel, Ramón Montalvo Hernández, Luis Arias Pallares, Vicario Portillo Martínez, Josefina Salinas Pérez, Juana Bonilla Jaime, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Mario Alejandro Cuevas Mena, Víctor Manuel Manríquez González, Joaquina Navarrete Contreras, Graciela Saldaña Fraire, Armando Contreras Ceballos, Silvano Blanco Deaquino, Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel Bautista López, Margarita Elena Tapia Fonllem, Teresa de Jesús Mojica Morga, Purificación Carpinteyro Calderón, Israel Moreno Rivera, Antonio García Conejo, Amalia Dolores García Medina, Crystal Tovar Aragón, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, José Ángel Ávila Pérez, Fernando Cuéllar Reyes, Carlos Augusto Morales López, Mario Miguel Carrillo Huerta, Guillermo Sánchez Torres, Martha Lucía Mícher Camarena, Marino Miranda Salgado, Alejandro Carbajal González, Roberto López Rosado, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Víctor Nájera Medina, Carlos de Jesús Alejandro, Rodrigo Chávez Contreras, Gerardo Villanueva Albarrán, José Luis Muñoz Soria, Gisela Raquel Mota Ocampo, Socorro Ceseñas Chapa, Edilberto Algredo Jaramillo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Claudia Elena Águila Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, así se hará. Se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. La violencia de género es uno de los fenómenos sociales más extendidos y a la vez más silenciados; el maltrato a las mujeres es el crimen más oculto, por su difícil investigación, al quedar relegado al espacio privado. Sus dimensiones culturales, políticas y personales nos conducen a abordarla desde sus consecuencias y afectos, dentro de una sociedad que desvaloriza a las mujeres y legitima la violencia, como medio de relación humana.

Esta iniciativa tiene el objeto de fortalecer a las mujeres indígenas por medio del conocimiento y del reconocimiento de sus derechos humanos; de saber que no están solas y que pueden cambiar situaciones que las lastiman y las excluyen.

Por ello y derivado del instrumento internacional: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, nos pareció importante integrar a esta ley el apartado que realizan sobre las mujeres en las zonas rurales.

Las comunidades rurales dependen de la agricultura y de actividades relacionadas con ésta, como la ganadería y la agroindustria. Un gran porcentaje de la población total está representada por mujeres del área rural, las cuales, fuera del trabajo doméstico, participan activamente en tareas agrícolas pecuarias, realizando casi todo el ciclo de producción.

La mujer rural está incorporada en los procesos de producción, junto a los de reproducción, sin contar en la mayoría de los casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el hogar, además de otras tareas.

Los problemas de salud en la mujer rural se centran en el aspecto reproductivo y se agudizan por la desnutrición, el exceso de trabajo físico y la carga emocional, por las precarias condiciones de servicios que incrementan su jornada y provocan enfermedades infectocontagiosas, que traen consigo la mortandad infantil, lo que agudiza la presión sobre la mujer, que tiene bajo su cuidado a la familia enferma y el maltrato físico, por la violencia intrafamiliar que enfrenta en numerosas ocasiones.

Ante la necesidad de llevar recursos a la familia, la mujer rural ha desarrollado diversas tareas económicas; existe una fuerte tendencia a tratar de vincular labores domésticas con actividades remunerativas que ayuden en la economía familiar, como tejidos, confección de prendas de vestir, elaboración de accesorios para el hogar, y se ha incrementado el trabajo de maquila casera y el aprovechamiento de esta mano de obra con un manejo de las relaciones laborales entre mujeres y empleadores que están al margen de la ley, con lo que no se comprometen prestaciones que las beneficien, tales como el contrato, el Seguro Social o las primas vacacionales.

Estas mujeres tienen el potencial para participar en el desarrollo social y económico de sus comunidades y regiones. Pero la atención y el apoyo que reciben para lograrlo son insuficientes. La mujer rural demanda capacitación, participar en las decisiones de una sociedad, desarrollar actividades económicas que le generen ingreso y mejor nivel de vida para su familia.

Demanda servicios e infraestructura para su pueblo y para descargar las pesadas jornadas de trabajo doméstico y así progresar en su desarrollo personal, e integrarse y participar en la dignificación de la calidad de vida del sector rural.

Las mujeres indígenas están luchando por los derechos colectivos de sus comunidades, al mismo tiempo que se manifiestan en rechazo de los aspectos de las costumbres que atentan contra su dignidad, en donde entra la violencia de género, la imposición de matrimonios y su marginación del gobierno comunitario, entre otros.

Si bien es cierto que hemos logrado avances legislativos y esfuerzos por capacitar al personal encargado de la justicia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia, también es cierto que estos esfuerzos poco se reflejan en la atención cotidiana hacia la población rural y especialmente, hacia las mujeres indígenas.

Al respecto y con el objeto de erradicar esta práctica violatoria de los derechos humanos de las mujeres y que sigue siendo común en nuestro país, nos vemos en la necesidad de presentar esta iniciativa encaminada a reformar y a adicionar algunos artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que de esta manera la comunidad femenina y en especial, la comunidad femenina rural, se desenvuelva en un ambiente de progreso y dignidad, así como para que la sociedad mexicana reconozca y aplique los derechos de las mujeres.

Así pues, en esta propuesta agregamos una adición al artículo 4o., en relación a los derechos humanos de las mujeres, en referencia a los principios rectores que deberán ser observados en la elaboración de las políticas federales y locales.

La mujer es el grupo excluido más grande del mundo, padece de toda clase de marginación, y a pesar de las mejoras obtenidas en las legislaciones, no ha sido posible conseguir las mismas oportunidades que los hombres; es por ello que consideramos necesario adicionar en la lista de definiciones del artículo 5 del mencionado ordenamiento, en la fracción XIII, la definición de discriminación de la mujer.

Por último, pretendemos adicionar en el título II, el capítulo III Bis, donde se hace referencia a la violencia en la comunidad rural, y se propone adoptar medidas para evitar la discriminación en zonas, con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, respetando en todo momento —termino presidente— sus derechos a seguridad social, acceso a atención médica, educación, igualdad en oportunidades económicas, obtención de créditos y préstamos agrícolas, así como a tener condiciones de vida adecuadas en sectores, como vivienda, electricidad, agua y transporte.

El apoyo que nos toca brindar como legisladoras y legisladores, es generar las condiciones óptimas para que las mujeres tengan más y mejores oportunidades educativas y laborales, con el único y claro objetivo de disminuir esta terrible discriminación hacia nuestras hermanas indígenas. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Gabriela Medrano Galindo, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4, fracción V, y 5, fracción XII, así como el capítulo III Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La violencia de género es uno de los fenómenos sociales más extendidos y, a la vez, silenciados. El maltrato a las mujeres es el crimen más oculto, por su difícil investigación al quedar relegado al espacio privado. Sus dimensiones culturales, políticas y personales nos conducen a abordarla desde sus consecuencias y efectos en una sociedad, que desvaloriza a las mujeres y legitima la violencia como medio de relación humana.

Exposición de Motivos

Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (diciembre de 1993), se considera violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Como Estado parte, en esta declaración estamos obligados a “aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”, y a legislar en materia civil, penal, laboral y administrativa para sancionar las ofensas realizadas a las mujeres que sean objeto de violencia.

México firmó la Convención Belém do Pará el 6 de junio de 1995, y fue aprobada por el Senado en 1998. Esta convención constituye el primer instrumento regional cuyo propósito específico es dirigirse y remediar la violencia basada en el género.

La convención constituye un paso definitivo para el avance en la condición de las mujeres, que obliga a los países miembros a modificar y adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección de la mujer contra la violencia de género, perpetrada en el ámbito público como en el privado, por cualquier persona, incluyendo al Estado.

No obstante que la Convención de Belém do Pará tiene el mayor número de ratificaciones entre todos los tratados de derechos humanos, la violencia contra las mujeres constituye una violación de esos derechos y de las libertades individuales; es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desigual entre mujeres y hombres.

Las diferencias entre la violencia contra la mujer y otras formas de agresión y coerción residen en que en este caso el factor de riesgo o vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. Es una realidad que las mujeres suelen ser víctimas de diversas formas de violencia a manos de sus parejas, familiares, o sus empleadores, así como de otros actores o hasta de manera institucional, pero como condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida, debemos eliminar cualquier tipo de violencia de género.

Generalmente, los autores de estos actos de violencia atribuyen su comportamiento violento a la pobreza, el desempleo, problemas de drogadicción y alcoholismo, sin embargo, ninguna razón justifica el maltrato de mujeres o niñas en el seno familiar.

La violencia surge como una seria violación de los derechos humanos, que revoca el derecho de la mujer a la dignidad, la igualdad, la autonomía y el bienestar tanto físico como emocional, los derechos de las mujeres son universales e indivisibles, este deber de respeto incluye a las políticas económicas que pueden afectar derechos inalienables.

La violencia no es sólo una manifestación de relaciones de poder desiguales, abusivas e injustas, sino que también es un fenómeno de alto costo económico que trae como resultado, pérdidas significativas de potencial productivo. Ésta constituye la forma más abusiva de victimización de que son objeto las mujeres durante toda su vida. Este fenómeno tiene grandes implicaciones en la sociedad y genera problemas que a menudo empiezan en el nacimiento y continúan a lo largo de su ciclo de vida, afecta a mujeres de todo el mundo: pobres, rurales y de cualquier grupo racial y económico.

Esta iniciativa tiene el objeto de fortalecer a las mujeres indígenas, por medio del conocimiento y del reconocimiento de sus derechos humanos, del saber que no están solas y que pueden cambiar situaciones que las lastiman y las excluyen, por ello y derivado de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, nos pareció importante integrar a esta ley el apartado que realizan sobre las mujeres en las zonas rurales.

Hace más de tres décadas muchas de las formas de violencia en contra de la mujer eran aceptadas. A medida de que organizaciones o grupos comunitarios, alientan a las mismas mujeres a hablar sobre sus problemas, se comienza a hacer más evidente que la violencia contra ellas ocurre a grandes dimensiones y que ninguna es inmune, y que las instituciones han sido insensibles ante tal acontecimiento.

En muchos lugares de México se ha tolerado durante largo tiempo, la violencia contra la mujer, y la violación a sus derechos humanos permitiendo con ello la impunidad de los agresores.

Las comunidades rurales dependen de la agricultura y de actividades relacionadas con esta como la ganadería, la agroindustria. Un buen de porcentaje de la población total está representada por mujeres del área rural, las cuáles fuera del trabajo doméstico, participan activamente en tareas agrícolas y pecuarias, realizando casi todo el ciclo de producción.

Ellas se preocupan de la producción de alimentos, cría de ganado y aves de patio, hortalizas, cereales y frutas. Las mujeres participan ocupándose también de la siembra, abono de la tierra, recolección, deshierbe, almacenamiento y comercialización de los productos obtenidos. Tienen a su cargo, además, todas las tareas del hogar como: el acarreo de agua, búsqueda de leña, lavado de la ropa, preparación de alimentos, molida del maíz, cuidado de los niños, etcétera.

Existe una división sexual del trabajo que realizan las mujeres rurales, así como grandes diferencias en los ingresos económicos obtenidos.

La población rural vive en condiciones de pobreza superiores a la población urbana. Las entidades federativas con mayores índices de marginalidad coinciden con las de mayor porcentaje de población rural, lo cual repercute directamente en las condiciones de vida de la mujer campesina, singularmente en las de la mujer indígena.

La mujer rural está incorporada en los procesos de producción junto a los de reproducción, sin contar en la mayoría de los casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea, emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el hogar, además de otras tareas.

En este contexto, los problemas de salud, educación y empleo, adquieren características constantes con los de las mujeres urbanas.

Los problemas de salud en la mujer rural se centran en el aspecto reproductivo y se agudizan por la desnutrición, el excesivo trabajo físico y la carga emocional, por las precarias condiciones de servicios que incrementan su jornada y provocan enfermedades infectocontagiosas que traen consigo la mortandad infantil, lo que agudiza la presión sobre la mujer que tiene bajo su cuidado a la familia enferma, y el maltrato físico por violencia intrafamiliar que enfrenta en numerosas ocasiones.

Ante la necesidad de llevar recursos a la familia, la mujer rural ha desarrollado diversas tareas económicas. Exista una fuerte tendencia a tratar de vincular labores domésticas con actividades remunerativas que ayuden en la economía familiar: tejidos, confección de prendas de vestir, elaboración de accesorios para el hogar. Se ha incrementado el trabajo de maquila casera y el aprovechamiento de esta mano de obra con un manejo de las relaciones laborales entre mujeres y empleadores que está al margen de la ley, con lo que no se comprometen prestaciones que las beneficien tales como contrato, seguro social, primas vacacionales, etcétera.

Estas mujeres tienen potencial para participar en el desarrollo social y económico de sus comunidades y regiones. Pero la atención y el apoyo que recibe para lograrlo son insuficientes. La mujer rural demanda capacitación, participar en las decisiones de su sociedad, desarrollar actividades económicas que le generen ingreso y mejor nivel de vida para su familia; demanda servicios e infraestructura para su pueblo y para descargar las pesadas jornadas de trabajo doméstico y así progresar en su desarrollo personal e integrarse y participar en la dignificación de la calidad de vida del sector rural.

Cuando se aborda la problemática de los indígenas el asunto de la exclusión es de significada importancia, ya que el ser excluido significa no tener la posibilidad de compartir un espacio y un tiempo común en la comunidad. Una sociedad producirá exclusión, cuando sea menos capaz de crear un sentido compartido por todos los miembros que la integran, y cuanto más reduzca las posibilidades de la mayoría de influir dentro de las relaciones sociales. La exclusión está determinada por diferentes factores, entre los que destacan: la generación, la condición de género, la situación geográfica, la pertenencia étnica, el estrato socioeconómico, el partido político, la clase social, etc., de los sujetos que se encuentran dentro de una sociedad.

Para tener más claro este fenómeno, basta con referirnos a la temática de la exclusión que experimentan las mujeres rurales, quienes por condiciones en las que se encuentran, la viven cotidianamente; por su nivel socioeconómico, género, zona geográfica en la que viven y en algunos casos la pertenencia a alguna etnia.

Las mujeres indígenas están luchando por los derechos colectivos de sus comunidades, al mismo tiempo que se manifiestan al rechazo de los aspectos de las costumbres que atentan contra su dignidad en donde entra la violencia de género, la imposición de matrimonios y su marginación del gobierno comunitario, entre otros.

Si bien hemos logrado avances legislativos y esfuerzos por capacitar al personal encargado de la justicia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia, esos esfuerzos poco se reflejan en la atención cotidiana hacia la población rural, y especialmente hacia las mujeres indígenas.

Con objeto de erradicar esta práctica violatoria de los derechos humanos de las mujeres y que sigue siendo común en el país, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos vemos en la necesidad de presentar esta iniciativa encaminada a reformar y adicionar algunos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que de esta manera la comunidad femenina y en especial la comunidad femenina rural, se desenvuelva en un ambiente de progreso y dignidad, así como para que la sociedad mexicana reconozca y aplique los derechos de las mujeres.

Así pues, en esta propuesta agregamos una adición al artículo 4, en relación a los derechos humanos de las mujeres en referencia a los principios rectores que deberán ser observados en la elaboración de las políticas federales y locales.

La mujer es el grupo excluido más grande del mundo, padece de toda clase de marginación, y a pesar de las mejoras obtenidas en las legislaciones, no ha sido posible conseguir las mismas oportunidades que los hombres, es por ello que consideramos necesario adicionar en la lista de definiciones del artículo 5 del mencionado ordenamiento, en la fracción XIII, la definición de “discriminación de la mujer”.

Y por último, pretendemos adicionar en el título II el capítulo III Bis, donde se hace referencia a la violencia en la comunidad rural, y se propone adoptar medidas para evitar la discriminación en estas zonas con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres respetando en todo momento sus derechos a seguridad social, acceso a atención médica, educación, igualdad en oportunidades económicas, obtención de créditos y préstamos agrícolas, así como a tener condiciones de vida adecuadas en sectores como vivienda, electricidad, agua, transporte, etcétera.

El apoyo que nos toca brindar como legisladoras y legisladores, es generar las condiciones óptimas para que las mujeres tengan más y mejores oportunidades educativas y laborales, con el único y claro objetivo de disminuir esta terrible discriminación hacía nuestras hermanas indígenas.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan las fracciones V al artículo 4 y XII al 5, así como el capítulo III Bis en el título II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 4....

I. a IV. ...

V. Los derechos humanos de la mujer.

Artículo 5. ...

I. a XI. ...

XII. Discriminación contra la mujer: denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Título IIModalidades de la Violencia

Capítulo III BisDe la Violencia en la Comunidad Rural

Artículo 17 Bis. El Estado mexicano tendrá en cuenta los problemas especiales a que hace frente a la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía.

Se adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a

I. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

II. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

III. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

IV. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

V. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

VI. Participar en todas las actividades comunitarias;

VII. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los plantes de reforma agraria y de reasentamiento; y

VIII. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Deberían de aprovechar su capacidad silbatina para presentar iniciativas. Miren, Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Me alegra que usted presida. Voy a presentar a esta asamblea mermada —me temo que no hay quórum, pero vamos a presentarla porque es muy importante—; es una iniciativa con proyecto de decreto sobre deuda de los estados. Estoy planteando una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, porque en los últimos años las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado en la última década 200 o hasta 900 por ciento.

Al observar dichas tendencias de crecimiento, resulta innegable que la falta de monitoreo y leyes efectivas, pero también la subordinación de los poderes legislativos locales, judiciales, a cacicazgos gubernamentales y una presidencia débil, han dado como resultado una libertad absoluta e impune a las entidades federativas para endeudarse sin tener ningún límite.

Este problema resulta gravísimo, ya que de no tomar acciones en el caso, que incluye fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, se corre el riesgo de poner en jaque a la estabilidad macroeconómica de todo el país y puede desembocar en una crisis financiera. De hecho, algunas entidades federativas ya están en un precipicio financiero, están en un hoyo financiero.

Debería preocuparnos a todos, porque ahora, a propósito de las próximas discusiones sobre el Presupuesto y la Ley de Ingresos, tendremos las peticiones de gobernadores y presidentes municipales, que están al borde de la quiebra o que están simple y sencillamente en estado de emergencia, con quiebras de las finanzas públicas.

Por esa razón, nosotros estamos planteando modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que le solicitaría al presidente pueda ordenar se plasme íntegra la exposición de motivos de esta iniciativa, porque nuestros argumentos son contundentes.

Movimiento Ciudadano busca con esta iniciativa de ley romper con una viciada correlación existente entre la deuda pública local y la inversión destinada a intereses particulares.

Es por esto que con el fin de transparentar los estados de deuda de entidades y municipios, se exige con esta iniciativa la rendición de cuentas periódica de las obligaciones contraídas, las cuales deben incluir montos reales, intereses, condiciones de contratación y la notificación de la Secretaría de Hacienda sobre los préstamos a corto plazo contraídos con la banca comercial, que ustedes saben que los créditos de corto plazo normalmente no son inscritos en la Secretaría de Hacienda como deuda, porque se contratan por varios meses y hasta un año, de acuerdo con las legislaciones locales.

Pero además, lo que estamos planteando es que el saldo local debe sumar estos pasivos de corto plazo en el estado financiero, debido a que implica restricciones presupuestales, entre ellos los famosos PPS, que se componen con servicios de largo plazo financiados a través del gobierno con particulares.

Lo que estamos planteando también es agregar en la rendición de cuentas los déficits actuariales correspondientes a sistemas de pensiones locales, a instituciones estatales de educación superior, ya que —según las principales calificadoras— representan importantes componentes del impacto en la solvencia y la capacidad de pago de las entidades que solicitan préstamos.

También en la misma iniciativa estamos planteando que se castiguen, que se sancionen a todos aquellos funcionarios que no respeten estos lineamientos fundamentales; se están generando grandes sectores de impunidad, y en los estados y municipios están generándose grandes problemas de quiebras técnicas financieras y están resultando incapaces para prestar los servicios públicos fundamentales a los que tienen derecho los ciudadanos y a los que están obligados prestar el gobierno municipal o estatal.

Es una exposición de motivos interesante; me gustaría que la leyeran los que tengan oportunidad, pero también, presidente, me gustaría que esta iniciativa fuera discutida con rapidez, para efecto de que en el momento de presentar y aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, pudiéramos dictaminarla.

Por su atención, presidente, a usted y a todos los legisladores y legisladoras, muchas gracias. Reitero, es una asamblea mermada. Muchas gracias, por indicarme el tiempo.

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa que contiene el proyecto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios (deuda subnacional). Mientras que en 1994, el monto del endeudamiento subnacional representaba 1.6 por ciento respecto del producto interno bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto a las mismas.

Es así que, en los últimos años, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles teniendo casos donde las deudas han aumentado 200, 900 o incluso, como en el escandaloso caso de Coahuila, 8 mil 591 por ciento.

Al observar dichas tendencias de crecimiento resulta innegable que la falta de monitoreo y leyes efectivas; la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial locales a cacicazgos gubernamentales, y una presidencia débil; han dado como resultado una libertad absoluta e impune a las entidades federativas para endeudarse sin tener conocimiento de un límite.

Este problema resulta gravísimo, ya que de no tomar acciones en el caso, que incluyan la transparencia y fiscalización de créditos, se corre el riesgo de poner en jaque a la estabilidad macroeconómica del país desembocando en una crisis financiera.

La razón por la que la deuda se ha incrementado tanto se debe principalmente: primero, a mayores participaciones federales que se traducen en mayores ingresos y por lo tanto en mayores oportunidades de crédito al ser garantía de pago. (De 2000 a 2010 éstas aumentaron su valor nominal 2.5 veces). Segundo, se han emitido certificados bursátiles en el mercado de valores, lo cual se puede hacer a partir de las reformas a la Ley del Mercado de Valores en 2001, que permitieron a los gobiernos locales obtener ingresos en el mercado bursátil. Tercero, las instituciones financieras aceptan ahora como aval de ingreso las denominadas “garantías colaterales” que incluyen cuotas de recuperación de agua potable, de peaje vehicular y la recaudación sobre nómina y tenencia. Por último, la tasa de contratación de financiamientos, es decir, la tasa de interés interbancaria de equilibrio TIIE, ha disminuido de 17 por ciento a 4.9 por ciento en promedio anual.

De acuerdo con Arrating, firma especializada en la evaluación de entidades públicas, a finales de 2010, la deuda directa de las entidades federativas representaba en promedio 56.6 por ciento de las participaciones federales, aunque en los casos de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Jalisco, estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, dicho porcentaje fluctuaba entre 71.06 por ciento, correspondiente a Tamaulipas, y 176.34 por ciento, para el caso de Quintana Roo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha realizado análisis de evaluación que involucran la sostenibilidad y flexibilidad de las deudas. Se clasifican las legislaciones locales, para observar semejanzas y diferencias entre ellas, y se examinan los pasivos y riesgos. Como resultado, se obtiene que la deuda de los municipios crece a menor ritmo por año que la de los estados. Los primeros representan 11.6 por ciento de la deuda total conjunta mientras que las entidades 88.4 por ciento restante.

Los pasivos de los estados y municipios se componen principalmente de cuatro mecanismos: emisiones bursátiles, fideicomisos, obligaciones con banca de desarrollo y con banca comercial. Es el último de estos factores el que está sirviendo como fuente inagotable de recursos para las entidades. (El monto contratado por esta vía asciende a unos 50 mil millones de pesos).

Tal como lo publica el periódico Reforma, muchos estados han rebasado el nivel de deuda porque el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal los obliga sólo a notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los adeudos contratados a largo plazo, en especial los que se garantizan con participaciones federales. Esto no sucede con los de corto plazo, para los que normalmente se recurre a la banca comercial y que son utilizados para hacer frente a su gasto corriente.

Dada la poca contribución que aporta la recaudación fiscal a los recursos estatales, la mayor fuente de ingreso para hacer frente a los compromisos financieros que adquieren son las participaciones federales que reciben. Es por esto que es de suma importancia determinar la proporción de estas con respecto a la deuda para conocer la capacidad de solvencia con la que se cuenta.

Para que los estados y municipios del país gocen de libertad en el ejercicio de su gasto es necesario mejorar el poder recaudatorio y romper la altísima dependencia de las aportaciones federales. La columna vertebral con la que se sostienen las entidades federativas son los impuestos a nóminas y turismo. En el caso de los municipios la fuente más importante de ingresos es el impuesto predial. Como consecuencia, la recaudación total de los gobiernos subnacionales fluctúa entre 3 y 4 por ciento de los ingresos tributarios totales de México, a diferencia de países como Brasil, en la que asciende a 30 por ciento; o de Argentina y Colombia, donde es de alrededor de 15 por ciento.

En nuestro país los lineamientos constitucionales para la contratación de deuda pública son los siguientes:

“ Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Fracción VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

Fracción XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

Fracción VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

En la Ley de Coordinación Fiscal se incluye:

“Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las obligaciones de los municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los municipios y las obligaciones que tengan con la federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

En el reglamento que expida el Ejecutivo federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.”

El problema con este diseño surge al depositar en legislaturas locales la autorización de pago de obligaciones. La división de poderes estatales existe, en muchas entidades federativas, tan sólo en papel. El control hegemónico de algunos gobernadores sobre las Cámaras de sus estados es innegable. Las deudas contraídas se vuelven demandas de intereses particulares que no satisfacen las necesidades de la ciudadanía en general.

El ejemplo más claro de esta situación es la “misteriosa” correlación entre elecciones gubernamentales o locales y el incremento sistemático del gasto operativo. La calificadora Moody´s encontró que en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco existe una correspondencia entre haber elegido funcionarios y la contratación de deuda.

Como se explicó anteriormente los préstamos a corto plazo no requieren de registro en la SHCP ni de aprobación de congresos locales por lo que es de esperarse que este tipo de instrumentos sean los que se utilizaron para financiar campañas. Como consecuencia, según analistas de esta empresa, dichas entidades experimentarán un rápido deterioro financiero seguido por problemas de liquidez.

Aunque todos los estados enfrentan este problema, existe una clara tendencia en las entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a endeudarse exorbitantemente. El caso más representativo es el “Moreirazo” en Coahuila, donde se pasó de una deuda estatal nula a un saldo negativo de quince mil millones de pesos, pero también se tienen antecedentes en Nayarit, o el municipio de Acapulco, donde los montos son impagables. Hemos llegado a una situación en la que existen municipios que no tienen ni para pagar la nómina.

Con base en esto podemos concluir que si bien el endeudamiento puede darse para el desarrollo de proyectos que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, también puede ser el resultado de un mal manejo financiero utilizado para beneficios personales que impliquen corrupción. De allí la importancia de que al lado de los controles basados en reglas se establezcan medidas para mejorar la gestión financiera y para contar con información actualizada y de buena calidad. Es urgente un monitoreo eficaz sobre los gastos de los estados, sólo así se podrá termina con este vicio.

Resulta necesaria la creación de incentivos adecuados que tengan como finalidad sanear y manejar prudentemente las finanzas públicas. Las mejoras estructurales a realizar deben tomar en cuenta el riesgo moral de que los gobiernos locales no se conduzcan con cautela debido a la creencia de que el gobierno federal debe rescatarlos en caso de urgencia.

Argumentación

Movimiento Ciudadano busca con esta iniciativa de ley romper con la viciada correlación existente entre deuda pública local y la inversión destinada a intereses particulares.

Es por esto que, con el fin de transparentar los estados de deuda de entidades y municipios, se exige la rendición de cuentas periódica de las obligaciones contraídas; las cuales deben incluir montos reales, intereses, condiciones de contratación y la notificación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los préstamos a corto plazo contraídos con la banca comercial. El saldo local debe sumar estos pasivos de corto plazo en el estado financiero debido a que implican una restricción presupuestal, entre ellos el de los proyectos de prestación de servicios (PPS), que se compone de un contrato de servicios a largo plazo financiado a través de una coinversión entre un proveedor privado y un ente público, cuyo valor a 2010 asciende a 25 mil 929.1 millones de pesos.

Se pide agregar en la rendición de cuentas los déficits actuariales correspondientes a sistemas de pensiones locales y a instituciones estatales de educación superior ya que, según las principales calificadoras, representan importantes componentes de impacto en la solvencia y capacidad de pago de las entidades que solicitan préstamos.

Por último se solicita se castigue con las implicaciones necesarias a los funcionarios que no respeten estas disposiciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

...

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar el último día de cada mes su información con respecto a los registros de su deuda; incluyendo montos reales, intereses, condiciones de contratación, préstamos a corto plazo contraídos con la banca comercial y déficits actuariales de sistemas de pensiones locales y de instituciones estatales de educación superior.

...

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Texto vigente

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las obligaciones de los municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los municipios y las obligaciones que tengan con la federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

En el reglamento que expida el Ejecutivo federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

Reforma propuesta

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las obligaciones de los municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar el último día de cada mes su información con respecto a los registros de su deuda; incluyendo montos reales, intereses, condiciones de contratación, préstamos a corto plazo contraídos con la banca comercial y déficits actuariales de sistemas de pensiones locales y de instituciones estatales de educación superior.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los municipios y las obligaciones que tengan con la federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

En el reglamento que expida el Ejecutivo federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

Notas

1. Periódico Reforma, edición 22 de marzo 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir sonido en la curul del diputado Larrazábal, por favor.

El diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (desde la curul): Sí, diputado, pedirle al diputado Monreal si nos podemos adherir a su propuesta, pero también pedir —si es posible— que sea turnada a la Comisión de Federalismo.

El Presidente diputado José González Morfín: Es una iniciativa fiscal, que tiene que ser dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público; no tendría inconveniente en que la Comisión de Federalismo la tuviera para opinión, pero si no, no se va a dictaminar.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Me parece que está bien, además tengo una buena opinión de sus integrantes, así es de que estaría de acuerdo con la opinión técnica.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo; entonces, si no tiene inconveniente, también quedará suscrita la iniciativa por el diputado Larrazábal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Federalismo, para opinión.Quienes quieran adherirse a la iniciativa.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. A ver, sonido en la curul del diputado Enrique Flores.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul ): Sí, para preguntarle al diputado Monreal, si es correcto que plantea reformas a la Ley de Coordinación Fiscal; entonces, también pediría, en ese sentido, para la Comisión de Federalismo, pero para dictamen, señor presidente, en Comisiones Unidas con la de Puntos Constitucionales, me parece que es la que turnó.

El Presidente diputado José González Morfín: No. Ésa va a la Comisión de Hacienda para dictamen, diputado.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Entonces, pediría que fuera también para dictamen en Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y para opinión a la de Desarrollo Municipal, si la Directiva no tiene inconveniente y el diputado tampoco.

El Presidente diputado José González Morfín: Es para que no se dictamine, pero bueno. Yo digo que es para opinión a la Comisión de Federalismo, para que quede en una sola comisión y los plazos de dictamen puedan surtir efecto; si no, no se va a dictaminar, pero bueno.

Entonces, queda turnada así. Para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y para opinión a la Comisión de Federalismo.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada Cecilia González Gómez:Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas, desde esta tribuna me dirijo a ustedes para alzar —de nueva cuenta— la voz a favor de nuestro campo y de sus productores; mexicanas y mexicanos que trabajan día a día por producir nuestros alimentos, por alimentar a México; mexicanas y mexicanos que requieren que la voz de sus necesidades haga eco en cada uno de nosotros y resuene en las paredes de este recinto.

Compañeros y compañeras diputadas, nuestro campo se encuentra hoy en una situación de amenaza ante el cambio climático, fenómenos sociales y ahora, como una nueva cuenta importantísima a atender ante fenómenos biológicos; amenazas que por separado o en su conjunto, sin la debida atención y sin los recursos públicos necesarios derivan en graves daños en la economía de los productores agropecuarios y repercuten en los bolsillos de todos los consumidores.

Es por ello que estoy aquí ante ustedes, para traer esta iniciativa que beneficiará a los sectores agrícolas y a los sectores pecuarios en esta importante tarea de tantos millones de mexicanos que dedican a ello su vida.

Cuando nos referimos al campo, generalmente parcializamos o tenemos la idea que es todo aquello que se produce vía la agricultura; cuando nos referimos al campo olvidamos muchas veces que también éste encierra la parte del sector pecuario de la producción de alimentos que alimentan a nuestro pueblo mexicano, y en este sector se encierra la ganadería, la porcicultura, la avicultura, la piscicultura, entre otros.

Esta propuesta, que reformará dos artículos de leyes federales distintas, en caso de su aprobación, consistiría, la primera de ellas es sobre el artículo 129 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que el gobierno federal cree un fondo que sirva para atender las afectaciones a los productores por contingencias sanitarias agropecuarias, fondo que no existe, que se requiere con urgencia y que se sumaría al ya regulado por el mismo numeral para atender contingencias de tipo climatológico.

Por lo que la redacción del texto del artículo 129 señalaría lo siguiente: el gobierno federal, con la participación de las dependencias que considere necesarias, el presidente de la República creará un fondo administrado y operado con criterios de equidad social para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas, y otro para atender a los productores afectados por contingencias sanitarias agropecuarias.

Con base en los recursos de dichos fondos y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas se apoyará a los productores afectados, a fin de atender los efectos negativos de las contingencias climatológicas o sanitarias de tipo agropecuario y reincorporarlos a la actividad productiva. También hay que decir el cómo.

El segundo artículo que se modifica o se intenta modificar y se solicita, es el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al que se propone añadir una fracción XX, recorriendo la numeración actual para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación esté facultada para participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el apoyo a los productores afectados en los casos de contingencias naturales o sanitarias, agropecuarias, así como evaluar sus resultados.

No podemos perder de vista que igual de importante es proteger al sector agropecuario de los efectos generados por el cambio climático, como de las amenazas surgidas por los agentes biológicos de índole sanitarios.

Un claro ejemplo, lo sufrimos, lo tuvimos en Jalisco, cuando el 20 de junio de este año los productores de huevo a nivel nacional tuvieron que sacrificar a más de 23 millones de aves.

En esta ocasión tocó a los productores avícolas, bien podrían ser los productores porcícolas, los productores ganaderos o los productores de cualquier tipo del ramo agropecuario.

Este fenómeno representó un duro reto, pero más reto es a esta producción, a este lugar que conocemos como el campo, donde vive más de una tercera parte; es gente que está en pobreza y que se siente sola ante este tipo de eventualidades, por lo que las propuestas de estas dos reformas al artículo 129 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las considero trascendentes.

Un pueblo que no cuida, que no protege lo que consume es un pueblo dependiente. Hay proyecciones de que si la tendencia de esta amenaza en el campo continúa, para 2030 México estará importando más de 80 por ciento de lo que consume.

Esto es grave, diputadas y diputados, por lo que confío que con la entrada del ciudadano Enrique Peña Nieto y la ayuda de los Congresos tendremos aliados para proteger de esta decadencia que amenaza al pueblo, a los productores, de lo que México se nutre y consume.

Señor presidente, solicito que se inserte íntegro el presente discurso en el Diario de los Debates. Por lo escuchado, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

Cecilia González Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que deberá ser sometida a discusión y a votación del pleno al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país tiene una deuda con el campo, el cual ha sido motor de luchas históricas que desembocaron en la consolidación de los derechos sociales que ahora gozamos; ha sido incesante fuente de sustento para nuestros conciudadanos e inclusive para otras naciones; la calidad de sus productos es reconocida internacionalmente y nos ha colocado en el mapa de los primeros productores y exportadores de productos agropecuarios. Sin embargo, el día de hoy, nuestro precioso campo y las valiosísimas mexicanas y mexicanos que lo trabajan, están sufriendo. No pueden, ni deben esperar más. Los resultados son necesarios y la falta de ellos es inexcusable.

El campo mexicano se encuentra en una situación de constante vulnerabilidad y rezago, según cifras del Boletín de Información Oportuna del Sector Agropecuario del Inegi, de junio de 2012, el 65 por ciento de la población rural nacional se encuentra en situación de pobreza patrimonial, esto representa 17 millones de personas, de las cuales 6.3 millones viven bajo el flagelo de la pobreza extrema.

La situación descrita se vuelve inexplicable, paradójica, cuando se conocen los datos del Coneval de 2011 sobre la vastedad del campo mexicano. En él se cuentan poco más de 108 millones de hectáreas destinadas a la producción de 208 cultivos de naturaleza cíclica y otros 198 perennes. En cuanto a la actividad pecuaria nos encontramos con dos millones de ejidatarios propietarios de 84.5 millones de hectáreas, 608 mil comuneros dueños de 16.8 millones de hectáreas y 1.6 millones de propietarios rurales tenedores de 73.1 millones de hectáreas, de todas estas dimensiones 27.6 millones de hectáreas pertenecen a indígenas.

Sin embargo, 89 millones de hectáreas presentan suelos degradados, un millón de hectáreas se encuentran deforestadas y 110 millones de hectáreas carecen de agua para riego, por lo que su uso es de temporal, la situación es tan alarmante como dramática.

Recientemente se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de garantizar a las mexicanas y a los mexicanos el derecho a la alimentación. Sin embargo, en México nos encontramos lejos de contar con la capacidad presupuestaria y los programas para consolidar la soberanía alimentaria. La población rural mexicana constituye una tercera parte de la población total del país, y en ella confluyen la mitad del total de mexicanos en situación de hambre, 8.9 millones de mexicanos con rezago educativo y otros 8.8 millones que sin estar en situación de pobreza sufren de carestía en los alimentos.

Según informes oficiales, el aumento de la pobreza en el país responde al incremento en el precio de los alimentos, lo que constituye un riesgo terrible pues existe desde los últimos tres meses una tendencia acelerada a la alza en los precios de los mismos. Según el Inegi, de julio de 2011 a julio de 2012 la inflación de alimentos aumentó en 6.53 por ciento; las mercancías alimenticias incrementaron un 3.45 por ciento; el precio de frutas y verduras sufrieron un alza de 10.22 por ciento; los productos ganaderos presentaron una inflación de 13.29 por ciento.

A las cifras expuestas hay que agregar que el precio de la canasta básica, según el Coneval, incrementó en el periodo 2005-2011, en el sector rural, de 492.64 a 798.58 pesos, esto representa un alza del 62 por ciento en el valor de la canasta alimentaria,  y si a este escenario agregamos las consideraciones del párrafo anterior y aumentos particulares, como el del huevo de un 127 por ciento, como se registró en algunas zonas del país como La Laguna, el panorama se vuelve desolador.

El cambio climático, el calentamiento global, los fenómenos meteorológicos, tanto sequías como inundaciones constituyen una amenaza latente a nuestro sector agropecuario. El nivel de riesgo es importante y ha sido considerado ya por la legislación, particularmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, previendo un apoyo para los productores afectados. Sin embargo, igual de importante es proteger al campo de la naturaleza y de los efectos generados por el hombre en ella, como del desajuste de los mercados tanto nacionales e internacionales, la economía es el nuevo reto del sector.

En este sentido, como lo dijimos en esta tribuna el pasado 4 de septiembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el 20 de junio de este año la presencia de un virus de influenza aviar de alta patogenicidad exótico para México, identificado por pruebas diagnósticas moleculares como tipo A, subtipo H7N3, el cual es trasmisible a las aves a través de contacto directo o indirecto por animales, productos y subproductos derivados de animales expuestos e infectados. Este fenómeno representó un duro reto para la avicultura del país, sector que hasta entonces se había distinguido por su prosperidad y dinamismo.

La Secretaría de Agricultura ordenó inicialmente el sacrificio de unas 2.5 millones de aves contagiadas con el virus H7N3, y mantuvo un cerco sanitario en la zona donde se ubicó el padecimiento, los municipios de Acatic y Tepatitlán, Jalisco, el occidente del país.

La despoblación de aves ocasionada por la contingencia, trajo como consecuencia una baja importantísima en la producción de huevo, lo cual, a su vez, provocó un aumento vertiginoso en el precio de este producto, habiéndose registrado incrementos de hasta un 100 por ciento.

La postura del gobierno federal ante este fenómeno ha consistido en achacar el alza a la especulación y el acaparamiento. Sin embargo, no debemos olvidar que el precio del producto depende de una cadena de distribución que permite llevarlo a las mesas de los consumidores finales, por lo que si existiera tal fenómeno especulativo, éste no podría ser atribuible por completo a los productores, sino también a los intermediarios.

El huevo no sólo constituye una de las principales fuentes de proteína de origen animal para la población, sino que su producción deriva en importantes beneficios para la economía nacional. Para explicar más a fondo el alza en el precio del huevo, debe establecerse que a pesar de que el virus se contuvo dentro del cerco sanitario, se comenzó a registrar un problema de menor oferta de huevo para plato en el mercado, pues la producción se contrajo hasta en la mitad.

Por otra parte, desde hace cinco años los precios internacionales de los granos, que constituyen los insumos básicos que ocupa la industria avícola, iniciaron una curva ascendente que no se ha detenido. El precio del kilogramo de maíz para los productores se ubica actualmente en 5.50 pesos; en tanto que el de la pasta de soya en casi 9.60 pesos por kilogramo, lo que representa en promedio 40 por ciento de incremento de julio a la fecha, y estos dos insumos representan el 50 por ciento del costo de la producción.

Como respuesta a la contingencia planteada por la influenza, la actual administración determinó abrir los cupos de importación libre de arancel a 211 mil toneladas de huevo fresco para consumo humano, y 24 mil 400 toneladas de huevo para uso industrial. Hasta el 26 de agosto de 2012 habían ingresado, procedentes de Estados Unidos, casi 1,650 toneladas de huevo.

Según el citado Boletín de Información Oportuna del Sector Agropecuario del Inegi entre 2011 y junio de 2012 la balanza de importaciones y exportaciones del sector presenta un saldo negativo, lo que representa un escueto crecimiento del 3 por ciento en las exportaciones y un incremento considerable del 13.4 por ciento de las importaciones en el mismo lapso.

Debe señalarse que la importación no va a solucionar por sí misma la tragedia generada por la influenza en el sector avícola, pues por principio de cuentas, el intercambio internacional de huevo de gallina a nivel mundial es muy escaso y representa menos del 1 por ciento de la producción mundial.

Lo que resulta imprescindible, es proteger la producción nacional de huevo, toda vez que la popularidad de este alimento ha traído consigo la pujanza de la industria avícola nacional, derivando en la autosuficiencia alcanzada hasta hace pocos meses y en importantes aportaciones de este sector a la economía nacional y regional. En este sentido, de conformidad con datos de la Unión Nacional de Avicultores, durante el año 2009 la producción avícola generó 1 millón 142 mil empleos, de los cuales 190 mil fueron directos y 952 mil indirectos. Dicha producción representó casi el 20 por ciento del producto interno bruto agrícola y 0.8 por ciento del producto interno bruto nacional.

En el caso concreto del estado de Jalisco, con 80 millones de aves de postura hasta antes de la contingencia, esta actividad representa para la entidad una derrama económica de aproximadamente 2 mil millones de dólares al año y genera 250 mil empleos. Sin embargo, después de la gripe aviar, de acuerdo con el dirigente de la Unión Nacional de Avicultores, Jaime Criveli, los avicultores del país perdieron casi 9 mil millones de pesos y 24 millones de gallinas ponedoras hasta el 24 de octubre de 2012.

El brote del virus de la influencia aviar se ha contenido. El propio presidente Calderón reconoció el apoyo de los avicultores de Los Altos de Jalisco, quienes “en todo momento mostraron responsabilidad y madurez para superar la contingencia”. Sin embargo, y aun cuando valoramos las acciones emprendidas por el gobierno federal, entre las que se cuentan algunas tales como el apoyo a para recuperar la parvada que tenían antes del brote de influenza aviar y la integración de apoyos financieros a favor de los productores afectados por la contingencia, no podemos dejar de señalar que tales acciones deben ser complementadas con otras adicionales que contribuyan a la solución del problema en forma integral.

Afirmamos lo anterior, toda vez que las medidas en comento se encuentran demasiado focalizadas en lo referente al otorgamiento o restructuración de créditos por parte de la banca de desarrollo, siendo el caso que buena parte de los adeudos de los productores son una consecuencia de créditos concedidos por instituciones crediticias privadas, respecto de los cuales no existe una política oficial que busque la restructuración de los empréstitos contratados.

No desconocemos que el otorgamiento de créditos por parte de los bancos hacia los productores constituye, en esencia, un asunto entre particulares, pero tampoco podemos dejar de lado que la quiebra de las granjas avícolas del país podría convertirse en un problema de graves consecuencias sociales para diversas regiones del México, por lo que se vuelve necesario el apoyo del gobierno para ayudar al sector avícola a enfrentar esta contingencia.

La situación de emergencia se ha podido superar gracias al esfuerzo del gobierno, los productores, los científicos y los técnicos. Ahora es momento de tomar providencias para atender el daño sufrido, recuperar la capacidad productiva y dar más oportunidades de crecimiento a las comunidades. Políticas de mediano y largo plazo, que vayan más allá de garantizar el abasto y estabilizar el precio en el mercado. Por ello hemos concluido que se hace necesario establecer un mecanismo de apoyo a los productores en el caso de que se presenten fenómenos de contingencias sanitarias de tipo agropecuario como el antes relatado, situación que hoy en día no se encuentra prevista en la ley vigente.

En efecto, el artículo 129 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable establece a la letra que el gobierno federal, con la participación de las dependencias que considere necesarias el presidente de la República, creará un fondo administrado y operado con criterios de equidad social, para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas. Los recursos se aplican a eventos tales como heladas atípicas en su diferentes formas: helada de advección, helada de radiación, helada mixta, helada blanca y helada negra; sequía atípica e impredecible; granizada; nevada; lluvia torrencial; inundación significativa; tornado y ciclón, en sus diferentes manifestaciones.

Sin embargo, dicho fondo no está diseñado para contingencias sanitarias de tipo agropecuario, tales como la influenza aviar detectada este año o la fiebre aftosa que causó millones de muertes entre el ganado hace varias décadas, por lo que se hace necesario contemplar en la ley esta clase de fenómenos, los cuales, a diferencia de los climatológicos, no se presentan en forma cíclica.

Por lo anterior, proponemos reformar el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de que el gobierno federal, con la participación de las dependencias que considere necesarias el presidente de la República, cree un fondo administrado y operado con criterios de equidad social, para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas y a los productores afectados por contingencias sanitarias agropecuarias.

Asimismo,se sugiere añadir una fracción al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recorriendo las actuales y las siguientes en el mismo orden, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación este facultada a fin de participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el apoyo a los productores afectados en los casos de contingencias naturales o sanitarias agropecuarias, así como evaluar sus resultados.

En atención de lo expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como añadir una fracción al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Primero.Se reforma el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 129.  El gobierno federal, con la participación de las dependencias que considere necesarias el presidente de la República, creará un fondo administrado y operado con criterios de equidad social, para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas y otro para atender a los productores afectados por contingencias sanitarias agropecuarias.

Con base en los recursos de dichos fondos y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas, se apoyará a los productores afectados a fin de atender los efectos negativos de las contingencias climatológicas o sanitarias de tipo agropecuario y reincorporarlos a la actividad productiva.

A estos fondos se sumarán recursos públicos del gobierno federal y de los estados, cuando así lo convengan, acompañados de los destinados a los programas de fomento.

Segundo.Se añade una fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recorriendo la actual fracción XXII, convirtiéndose en la XXIII, para quedar como sigue:

Artículo 35.A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXI. ...

XXII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el apoyo a los productores afectados en los casos de contingencias naturales o sanitarias agropecuarias, así como evaluar sus resultados;

XXIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor a partir el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede de la honorable Cámara de Diputados, durante el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, a veintisiete de noviembre de dos mil doce.— Diputados: Cecilia González Gómez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Zita Beatriz Pazzi Maza, Verónica Carreón Cervantes, María Esther Garza Moreno (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Todo lo dicho por usted se registra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Secundaria de la Zona Escolar S11, de Chalco, invitados por Juan Manuel Carbajal Hernández. Sean ustedes bienvenidos.

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, nuestra muy apreciable y respetada compañera doña Aleida Alavez Ruiz, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Muchas gracias. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió hace tan solo cuatro días las observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, en donde da cuenta de la presencia de esta práctica violatoria de los derechos humanos en distintas partes de nuestro país. Pero en especial, destaca la utilización de la figura del arraigo penal como un instrumento ineficaz, en términos de persecución del delito y que además permite la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos.

En dicho informe, el Comité contra la Tortura señala textualmente: El comité observa con preocupación que, a pesar de lo recomendado en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008.

A este respecto, el comité expresa su preocupación por los informes que documentan denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.

El comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo; constata también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura.

A la luz del párrafo dos del artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como a nivel estatal.

Elevado a rango constitucional en el 2008, el arraigo ha sido una herramienta legal que permite y facilita la violación de los derechos humanos, pues violenta flagrantemente el derecho de presunción de inocencia, de debido proceso legal, de dignidad y honra, de libre tránsito y sobre todo de integridad personal, asumida como una prisión preventiva sin ningún control legal y sobre lo cual no procede siquiera el amparo.

El arraigo se constituye como una herramienta legal para cometer actos ilegales. El uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y bajo el escrutinio del Ministerio Público se les impongan tratos crueles, degradantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas, con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas.

Nuestro país no puede mantener en la legislación y frente a la comunidad internacional una figura cautelar que facilita la violación de los derechos humanos y que constituye una herramienta para violar el debido proceso legal.

El arraigo como medio para cometer actos de tortura debe desaparecer de nuestro sistema legal, iniciando por el propio texto constitucional.

Diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de México presentaron, en marzo de 2011, un informe sobre el impacto en México de la figura del arraigo penal en los derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde destacaron que conforme a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, facilitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, entre enero de 2008 y mayo de 2010, tan solo el 20.24 por ciento de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, indicador que revela la baja eficacia de esta medida.

La anterior cifra demuestra estadísticamente que la figura del arraigo tampoco resulta ser una herramienta efectiva para combatir la delincuencia y si puede convertirse —y de hecho se ha convertido— en la puerta para la violación de los derechos humanos.

Aunado a la ineficacia que representa esta medida, debemos observar que diversas instancias internacionales protectoras de los derechos humanos, además del ya citado Comité contra la Tortura, han recomendado a México el regular e incluso desaparecer esta figura del marco jurídico nacional.

El 22 de marzo de 2010, en el marco del quinto examen periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el comité instó al Estado mexicano, en relación al arraigo, a lo siguiente: El comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada; el comité subraya que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos.

En virtud de que esta figura ha demostrado estadísticamente su ineficacia y de que su utilización abusiva ha abierto una puerta para la violación de los derechos humanos y particularmente para la comisión de actos de tortura, se propone la derogación de esta figura del texto constitucional para impulsar con ello que el Ministerio Público haga una debida y efectiva investigación previa a la acusación o imputación de cargos contra cualquier persona, respetando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al libre tránsito, al debido proceso legal, a la integridad personal y a la dignidad y honra. La labor de investigación del Ministerio Público no puede estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos.

La eliminación de este párrafo del texto constitucional permitirá, en el marco del nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, fortalecer las tareas científicas y periciales de investigación criminal, asegurando con ello el mejoramiento de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

Solicito, presidente, se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates para mejor conocimiento de este pleno de lo que implicaría la desaparición de esta figura en nuestro texto constitucional. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo VIII del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

El día 31 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, en representación del Estado Mexicano, comparecieron ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra para defender una figura jurídica indefendible y violatoria de los derechos humanos: el arraigo.

La constitucionalización de la figura cautelar del arraigo en la Reforma Penal del año 2008, permitió no sólo integrar esta figura al texto Constitucional, sino que además permitió incorporarla al sistema jurídico nacional y estatal, creando un subsistema de franca violación a los derechos humanos, particularmente de los derechos de libertad personal y de tránsito; a la presunción de inocencia; al debido proceso legal; y a la dignidad y honra.

El uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y bajo el escrutinio del Ministerio Público, se les impongan tratos crueles, degradantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas, con la finalidad de obtener una confesión auto-inculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas.

Nuestro país, no puede defender a nivel internacional una figura cautelar que facilita la violación a los derechos humanos y que constituye una herramienta para violar el debido proceso legal, el arraigo como medio para cometer actos de tortura debe desaparecer de nuestro sistema legal iniciando por el propio texto constitucional.

Argumentación

Uno de los argumentos que ha enarbolado el Gobierno Federal y algunos gobiernos estatales para defender esta medida cautelar, se basa en que dicha figura constituye una “herramienta efectiva” para combatir la delincuencia común y en especial la delincuencia organizada, sin embargo, esta premisa resulta falsa.

Diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de México presentaron en el mes de marzo del año 2011, un “Informe sobre el impacto en México de la figura del arraigo penal en los derechos Humanos” ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos donde destacaron que:

“61. Conforme a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) facilitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), entre enero de 2008 y mayo de 2010 tan sólo el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, indicador que revela la baja eficacia de la medida”.

La anterior cifra demuestra estadísticamente que la figura del arraigo tampoco resulta ser una herramienta efectiva para combatir la delincuencia y si se puede convertir y de hecho se ha convertido en una puerta para la violación de los derechos humanos.

Los ministerios públicos utilizan esta figura, como una herramienta para ejercer presión y coaccionar a las personas que son presuntas o probables responsables de la comisión de algún delito, en muchos casos se ha logrado demostrar que durante el periodo del arraigo, las personas han sido torturadas tanto física como psicológicamente con la finalidad de extraer una confesión autoinculpatoria o bien para obtener información de las operaciones de algún grupo delictivo, misma que después es utilizada para realizar otras investigaciones e incluso detenciones.

Actualmente nuestro texto Constitucional recoge en el artículo 16 párrafo VIII dicha figura de la siguiente manera:

“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.”

Aunque la reforma constitucional de 2008 en donde se modificó el texto constitucional para quedar como se transcribió en líneas precedentes contemplaba la utilización del arraigo para combatir exclusivamente los delitos relacionados con la delincuencia organizada, por virtud del artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se publicó la reforma, se faculta para que dicha medida sea aplicada para todos los delitos considerados graves en la legislación penal hasta 2016.

Esta disposición, que funda un desempeño anormal del aparato de justicia penal por virtud de un decreto, carece de una justificación que dé cuenta de su necesidad, pero sobre todo, contraviene el propósito y fin del texto constitucional, conducente a fijar una norma restrictiva y excepcional para los casos señalados.

El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio. Es decir, la investigación no se lleva a cabo previa a la detención de una persona, sino que ésta es detenida arbitrariamente para ser investigada, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia.

Un principio básico del sistema de justicia democrática es la seguridad jurídica, que se constituye en la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad; si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La existencia de esta seguridad no sólo implica un deber para las autoridades y el Estado; si bien estas deben abstenerse de vulnerar los derechos de los gobernantes estos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto por la Constitución Federal y las leyes, es decir, que pueden y deben ejercer su libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social, pero siempre respetándoseles las mínimas certezas sobre el procedimiento.

Los derechos humanos conasagrados en la Constitución son derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados, que pueden oponerse a los órganos Estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de acto que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que estos no caigan en la indecisión o en la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones.

La certeza jurídica es un principio rector de todo Estado que se diga respetuoso de los postulados humanistas y dicho principio determina las características de la ley, la cual debe cumplir los aspectos siguientes:

a) La norma debe permitir al individuo tener seguridad sobre su esfera jurídica y para el caso de afectación por parte de la autoridad, entonces dicha norma debe ordenar un procedimiento preestablecido.

b) Toda ley secundaria debe observar los mandatos consagrados en la Constitución, incluso ésta última debe ser respetuosa en si misma de los principios que le dieron vida, en tal sentido los Poderes Constituidos no deben apartarse ni traicionar el origen de la norma constitucional que a ellos mismos les otorga sus facultades, ya que de aceptarse lo contrario se entendería que se colocan por encima del Poder Constituyente.

c) La norma jurídica secundaria debe ser constitucional, esto es, cumplir de forma expresa y en espíritu con la ley fundamental. Derivado de lo anterior puede ocurrir que algunos preceptos de la Constitución pueden ser inconstitucionales en sí mismos, -lo cual se ha dicho que no puede ocurrir-, toda vez que no puede existir otra norma fundamental como comparativo, lo cual es parcialmente correcto, pero sin embargo existe la posibilidad de que una norma sea emitida violando principios básicos de la propia Constitución, pero puede ser corregida por un acto legislativo posterior, incluso esa es la una de las principales razones por las cuales los órganos colegiados legislativos cada determinado tiempo se sustituyen sus miembros, para no ser presa de arrebatos legislativos.

En suma, la certeza jurídica asegura la existencia de normas emitidas previamente a la realización de los actos, asegurando la permanencia del estado natural, sin alterar la libertad y derecho individuales que toda persona tiene.

Así, la persona afectada queda sin derechos ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora. La persona arraigada vive en un universo paralelo al democrático, donde rigen las excepciones y no las reglas.

Diversas instancias internacionales protectoras de los derechos humanos, han externado su preocupación sobre el uso y abuso de esta figura cautelar y han recomendado al Estado Mexicano en su conjunto la eliminación de esta medida por lo nocivo y perjudicial que puede resultar en la investigación penal.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU precisó en los párrafos 45 y 50 del informe que emitió en el marco de su visita a México en 2002 lo siguiente:

“48. (...) existe una suerte de preproceso o anteproceso que se lleva de facto no ante un juez, sino ante funcionarios de la Procuraduría General de la República que adquieren así la facultad de actuar y valorar pruebas o desahogar medios de prueba con preinculpados.

50. El Grupo de Trabajo considera, después de haber visitado una de estas “casas de arraigo”, que la institución es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de la insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la medida en lugares que, si bien no son secretos, sí son “discretos”. El Grupo de Trabajo pudo constatar que informar sobre su ubicación exacta era más o menos una cuestión “tabú”, incluso entre miembros de la administración.”

Por su parte, el Comité contra la Tortura de la ONU señaló y recomendó lo siguiente en su informe de Conclusiones y Recomendaciones a México el 7 de febrero de 2007:

“15. Al Comité le preocupa la figura del ‘arraigo penal’ que, según la información recibida, se habría convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo) custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Público, donde se pueden detener indiciados durante 30 días —hasta 90 días en algunos Estados— mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. Aun cuando el Comité toma nota con satisfacción de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2005 en la que se declara inconstitucional la figura del arraigo penal, le preocupa sin embargo que la decisión judicial se refiere únicamente al Código Penal del estado de Chihuahua y carecería de eficacia vinculante para los tribunales de otros Estados.

El Estado parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal.”

Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes observó y recomendó lo siguiente en el párrafo 238 del Informe sobre su visita a México:

“238. El SPT considera que la figura jurídica del arraigo puede llegar a propiciar la práctica de la tortura al generar espacios de poca vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen ninguna condición jurídica claramente definida para poder ejercer su derecho de defensa. El SPT recomienda la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para evitar que la práctica del arraigo genere situaciones que puedan incidir en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

En el mismo sentido, el 22 de marzo de 2010, en el marco del Quinto Examen Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité instó al Estado mexicano, en relación al arraigo a lo siguiente:

“15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del “arraigo” en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas según lo prescrito por el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de “arraigo”. El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del “arraigo” corren peligro de ser sometidas a malos tratos. (arts. 9 y 14)

A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el “arraigo” de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal. (En negritas en el original).”

A su vez, la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados señaló en su declaración de prensa al concluir su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de octubre de 2010:

“Considero que la figura del arraigo -que permite la detención para investigar, cuando lo apropiado es investigar rápida y eficazmente para detener– es resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en una dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad y viola el principio de la presunción de inocencia.”

Aunado a estas recomendaciones de organismos internacionales, destacamos el propio análisis elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que esta figura cautelar fuera elevada a rango Constitucional:

Arraigo penal. El artículo 122 Bis del Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua que lo establece, viola la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del citado precepto constitucional se advierte que la garantía de libertad de tránsito se traduce en el derecho que tiene todo individuo para entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, permiso o autorización, libertad que puede estar subordinada a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal y civil. Ahora bien, tratándose del arraigo civil, las limitaciones o restricciones a la libertad de tránsito consisten únicamente en que el arraigado no puede abandonar el país o la ciudad de residencia, a menos que nombre un representante y otorgue garantía que responda de lo demandado, pero tal restricción no llega al extremo, como sucede en el arraigo penal, de impedir que salga de un inmueble, y menos aún que esté bajo la custodia y vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora de delitos. En ese sentido, tratándose del arraigo previsto en el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, si al arraigado se le impide salir de un inmueble es obvio que también le está prohibido salir del lugar donde se encuentre, lo que atenta contra su libertad de tránsito.

Acción de inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua. 19 de septiembre de 2005. Mayoría de cinco votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Víctor Miguel Bravo Melgoza.

El Tribunal Pleno, el cinco de enero en curso, aprobó, con el número XXIII/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil seis.

Datos de Localización:

Clave de Publicación. P. XXIII/2006

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Febrero de 2006, Página: 1171

Órgano emisor: Pleno, 9a. Época.

Tipo de documento: Tesis Aislada

Arraigo domiciliario, orden de. Afecta la libertad personal.

La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.

Precedente(s):

Contradicción de tesis 3/99. Entre las sustentadas por una parte, por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito y Primero del Décimo Octavo Circuito y, por otra, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 20 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Óscar Mauricio Maycott Morales.

Tesis de jurisprudencia 78/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.

Datos de Localización:

Clave de Publicación. 1a./J. 78/99

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Noviembre de 1999, Página: 55

Órgano emisor: Primera Sala, 9a. Época.

Tipo de documento: Jurisprudencia

Aunque originalmente dicha figura del arraigo, sólo estaba permitida para delitos relacionados con delincuencia organizada, actualmente esta figura se ha extendido a un sinnúmero de delitos, logrando que su uso se constituya en una práctica común y no en una excepción como lo preveía el espíritu de la Reforma Constitucional del año 2008.

En virtud, de que esta figura ha demostrado estadísticamente su ineficacia y de que su utilización abusiva ha abierto una puerta para la violación de los derechos humanos y particularmente para la comisión de actos de tortura, se propone la derogación de esta figura del texto Constitucional para impulsar con ello, que el Ministerio Público haga una debida y efectiva investigación previa a la acusación o imputación de cargos contra cualquier persona respetando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al libre tránsito, al debido proceso legal, a la integridad personal y a la dignidad y honra.

La labor de investigación del Ministerio Público no puede estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos, la eliminación de este párrafo del texto Constitucional permitirá en el marco del nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, fortalecer las tareas científicas y periciales de investigación criminal, asegurando con ello el mejoramiento de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se deroga el párrafo VIII del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16. ..

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(Derogado)

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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no podrá exceder de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán reformar y/o derogar aquellas disposiciones que incluyan la medida cautelar del arraigo o medida análoga a efecto de armonizarlas con la Constitución Federal.

Tercero. Las personas que se encuentren en arraigo al momento de la publicación del presente Decreto, concluirán dicha medida sin que pueda ser ampliada bajo ninguna circunstancia.

Notas:

1 Este informe fue elaborado por las siguientes organizaciones: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, AC, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC, Federación Internacional de Derechos Humanos, i(dh)eas – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, y puede consultarse en línea en http://www.cmdpdh. org/index.php?option=com_content&view=article&id=329%3Ainforme-impacto- en-mexico-de-la-figura-del-arraigo-penal-en-los-derechos-humanos-en-mexico& catid=37%3Acomunicados&Itemid=162&lang=es

2 http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/textoReforma.html

3 Gutiérrez Juan Carlos y Cantú Silvano, artículo “ El Arraigo y la seguritización de la justicia penal”, Revista DFensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, febrero de 2012, puede consultarse en línea en http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_02_2012.pdf

4 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3, párr. 50 Disponible en: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e0d30fad39c92e5fc1256ccc0 035bb0a?Opendocument

5 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4, párr. 15, Disponible en: http://www. unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2e3ffd18d95b0739c12572b30042e140?Opendocument

6 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT/OP/MEX/R.1, párr. 215 - 238

7 Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 2010, http://www.hchr.org.mx/Documentos/Invitaciones/2010/05/I070510.pdf p. 6.

8 Disponible en: http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/10/DDP151010.pdf

México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 2012— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Simón Valanci Buzali, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, del Servicio Público de Energía Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Simón Valanci Buzali, a nombre de los diputados del estado soberano de Chiapas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 73, fracciones X, XI, XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al tenor de los siguientes

Argumentos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la entidad que, conforme lo establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fija las tarifas de energía eléctrica, con la participación, en el análisis de la propuesta de costes que hace la Comisión Federal de Electricidad, de las Secretarías de Energía y de Economía, para la venta de este servicio a la población mexicana.

Conforme al marco normativo en vigor, también le corresponde el ajuste o reestructuración tarifaria, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, así como el consumo racional de energía; sin embargo en ningún instrumento legal se señala que con el incremento de las tarifas del servicio de energía eléctrica se deba cubrir el gasto corriente de la administración federal o que las cuotas a pagar por concepto de energía eléctrica tengan carácter recaudatorio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27 y 28 que otorgan exclusividad para la explotación de las áreas estratégicas al estado, establecen como el objeto de la Comisión Federal de Electricidad la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos de la Ley Reglamentaria, lo que incluye, tanto el abasto de energía eléctrica de forma permanente, regular y uniforme, como la racionalización del uso de los bienes estratégicos y el cuidado de la seguridad energética de la nación.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad tiene estructuradas tarifas de uso doméstico clasificadas en 7 tipos según el valor de la temperatura media anual,que es utilizada como parámetro diferencial de la región donde se encuentren los usuarios.

Tarifa 1 de Servicio Doméstico, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.

Todas las tarifas de uso doméstico, excepción de la tarifa 1, en su cuerpo principal contienen un requerimiento común cuya diferencia la hace el valor de la temperatura media anualy cuya cláusula dice:

“Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de (-) grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua.”

Determinando los siguientes rangos:

Tarifa 1 de Servicio Doméstico, 1A: Temperatura límite 25 grados centígrados (°C); 1B: Temperatura límite 28°C; 1C: Temperatura límite 30°C; 1D: Temperatura límite 31°C; 1E: Temperatura límite 32°C y 1F: Temperatura límite 33°C.

Dicha clasificación de temperaturas da lugar a diferentes rangos de kilowatts-hora (KWH) de consumo y diferentes precios con los que las tarifas intentan (sin lograrlo), favorecer a las clases populares con menores precios y consumos de KWH y que, según menciona la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son por debajo del costo de producción, manteniendo un subsidio pagado por el gobierno federal, y que es complementada con la tarifa domiciliaria más alta DAC (domiciliaria de alto consumo).

Es importante destacar que antes de 1986 existían dos tarifas de uso doméstico, la 1 y la 1A autorizada, esta última para ser aplicada durante seis meses en las regiones con climas calurosos. En el acuerdo de ajuste de tarifas publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de diciembre de 1986, se da el reconocimiento a la necesidad de consumos mayores por motivos climáticos y para el efecto se autoriza la implantación de 2 tarifas más (1B y 1C) y se adopta el término de temperatura media anual. Este parámetro diferencial de las tarifas se ha mantenido desde entonces sin ser modificado, no obstante que han surgido nuevas formas de medir con mayor precisión el parámetro, la necesidad de un mayor consumo de energía eléctrica por razón de salud pública, de acuerdo a las condiciones climáticas más extremas en distintas regiones del país.

Posterior a eso y abundando sobre el reconocimiento de clima extremo, la CFC solicitó y obtuvo la autorización de tres tarifas más, 1D (31°C), 1E (32°C) y 1F (33°C) todas ellas estableciendo el mismo parámetro de medición: la temperatura media anual.

Cabe mencionar que la incomprensión social de las tarifas de la energía eléctrica de consumo doméstico, tiene su explicación en el hecho de que el parámetro medido por la Comisión Nacional del Agua, de la temperatura media diaria, y que es el promedio del registro de las temperatura máxima y mínimas del día, resulta ser muy aproximada a la temperatura que se registra alrededor de las 8 horas (por la mañana) en los distintos lugares y ésta no refleja el grado de confort del ser humano durante las horas en que se incrementa la temperatura, hasta llegar a su valor máximo y que resulta ser el motivo de la inconformidad de la población.

Hay muchos estudios que relacionan las condiciones del medio ambiente con la temperatura y humedad relativa, factores que inciden en las condiciones de bienestar del cuerpo humano, habiendo límites tolerables de ellos, los cuales al ser rebasados llegan a repercutir en la salud del ser humano.

El calor es mucho más que la temperatura del aire: Una manera de medir el calor es determinar cómo se siente el calor, eso se llama índice de calor, índice de tensión del calor o factor de sensación térmica, y está compuesto por los efectos combinados de la temperatura del aire y la humedad relativa, la humedad en el aire o incluso las combinaciones de éstas con el factor viento.

Un aumento en la humedad puede hacer que el día se sienta más caliente y que suba el índice de calor. Por ejemplo: una temperatura de 32°C se siente como 32°C con una humedad del 30 por ciento, pero un aumento hasta al 50 por ciento de humedad hace que la misma temperatura se sienta como si fuera 36°C, mientras que un nivel de humedad de 80 por ciento hace que se sienta como de 40°C.

La forma de estructurar las tarifas eléctricas de uso domestico data del año 1982 con modificaciones en el año de 1986, cuando es establecida la temperatura media anual de la localidad como parámetro diferencial. Desde la implantación de esta estructura tarifaria, en que fue tomando como su parámetro base, la temperatura media anual no ha sufrido modificaciones sustantivas; no así las condiciones climáticas globales, mismas que han sido reconocidas, estudiadas y prevenidas por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1990, y a la que nuestro país está suscrito.

Por otra parte, en años recientes; el interés por la valoración del nivel de confort térmico nació como una consecuencia de la aparición de las técnicas de acondicionamiento de aire, cuyo fin era justamente lograr que las personas se sintieran saludablemente confortables y precisaban por tanto, de métodos que permitieran evaluar en qué medida se alcanzaban sus objetivos; el más reconocido a nivel internacional, es el de la Sensación Térmica, desarrollado por R.G. Stedman (USA) quien desarrolló este parámetro de sensación térmica como efecto combinado del calor y la humedad, a partir de estudios sobre la fisiología humana y sobre la transferencia de calor entre el cuerpo, la vestimenta, el entorno y este parámetro.

El término sensación térmica es usado para describir el grado de incomodidad que un ser humano siente como resultado de la combinación de la temperatura y el viento en invierno; y de la temperatura, la humedad y el viento en verano; dicho parámetro incluye las repercusiones de orden fisiológico que experimenta el cuerpo humano al estar sometido a índices inadecuados de sensación térmica, que pueden variar según la edad, el estado de salud y las características corporales de cada persona.

Adicionalmente, al desarrollo de la investigación en el campo de la fisiología humana y que ha dado lugar a la adopción de nuevos parámetros de confort, en nuestro país existen diferentes dependencias oficiales que reconocen la existencia de otros índices relacionados con la sensación de comodidad del hombre ante condiciones determinadas de temperatura y humedad, tal como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que tiene como referencia al del Servicio Meteorológico de Estados Unidos de América. Y otra más lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que a través de sus normas se reconocen también los efectos fisiológicos, de la combinación de la temperatura y la humedad relativa, reconociendo incluso los límites que tienen efecto directo sobre la salud de la población.

Estas clasificaciones (del Inegi e IMSS) reconocen al factor humedad como una variable que incide directamente en el confort humano.

La práctica ha demostrado que la temperatura media del día resulta ser muy próxima a la que se presenta entre las 8 y las 9 horas de la mañana, contraponiéndose a la sensación térmica que se experimenta en las horas más calientes del día, que ocurren entre las 12 y las 17 horas de la tarde y que, es cuando se está expuesto a los efectos del calor sobre el cuerpo humano, con los posibles malestares fisiológicos.

Los avances tecnológicos y la necesidad natural de mejorar su hábitat, explica el porqué los habitantes de las regiones más cálidas y húmedas de nuestro país se ven en la necesidad de hacer uso de enseres domésticos tales como equipos de aire acondicionado, lavadoras de aire, para mejorar las condiciones ambientales en su hogar, origen del aumento de los consumos de energía eléctrica durante los meses cálidos.

No obstante lo anterior, es importante hacer notar que aún así la respuesta de miles de familias para proteger su salud y conservar adecuadamente los alimentos destinados al consumo familiar es muy reducida, porque deben de invertir ingresos familiares en pagos de gastos fijos, muchos de los cuales como la energía eléctrica y el gas de consumo doméstico, absorben la mayor parte del salario, y deben de posponer la inversión para la conservación de los alimentos, dejándolos en estado latente de peligro, ante la exposición a las altas temperaturas o fauna nociva.

La importancia que tiene la energía eléctrica relacionada con la salud de la población, es manifiesta mayormente en los estados de climas extremos en donde más de la mitad del año se presentan temperaturas muy altas durante una buena parte del día, teniendo con ello riesgos potenciales para la salud con enfermedades relacionadas directamente con el calor y que deben ser prevenidas por el sector salud.

En este momento, no es muy claro el procedimiento de asignación o clasificación de los parámetros de las temperaturas por parte de CFE, que sirven para determinar el límite territorial de la influencia de las estaciones meteorológicas respecto de las distintas localidades o municipios del país.

La aplicación de la regla de asignación por las temperaturas medias anuales, encuentra que algunas localidades no están dentro de las tarifas que les corresponde al asignar esta regla, quedando algunas de ellas con una mejor tarifa de las que les corresponde con la mencionada aplicación, notando en muchos casos que estos parámetros se han usado como métodos de favorecimiento político hacia algunos gobernantes o munícipes de poblaciones afines.

Los cambios climáticos globales que se han presentado por la variación de los niveles de contaminación y otros fenómenos reconocidos por las organizaciones mundiales (Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS), WMO), así como muchos países y el nuestro, han variado los parámetros de medición de confort y bienestar de las poblaciones, siendo más relevantes en las regiones con climas cálidos.

Lo anterior pone de manifiesto que el parámetro de medición de la temperatura media anual, tomado como medida que dicte las tarifas diferenciales de energía eléctrica de servicio doméstico resulta obsoleto, ya que no refleja adecuadamente el propósito del concepto inicial de estas tarifas diferenciales, que por motivo de las condiciones climáticas, se aceptó al intentar balancear las repercusiones económicas que representan las facturaciones de energía eléctrica a las poblaciones de climas extremosos.

Esta obsolescencia del parámetro de medición, aunado a las variaciones climáticas, hace que las manifestaciones de inconformidad de los habitantes de estas regiones sean muchas, más frecuentes y recurrentes.

Además, no existe un procedimiento real y efectivo de protesta, queja o revisión, en el que la sociedad, las cámaras empresariales, municipios o gobiernos de los estados, puedan sustentar o reconocer los parámetros de medición de la temperatura media anual, clasificadas por la Conagua y de las que dependen el confort y la salud de los habitantes de las poblaciones, dejándolas en estado completo de indefensión ante los arbitrios de la autoridad responsable de ellas, séase la CFE, la SHCP, el Meteorológico Nacional, la Conagua o la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En la actualidad, el gobierno federal ha instaurado un ajuste en las tarifas a efecto de que adquieran el nivel de costo real de la prestación del servicio, por ello el recurrente ajuste tarifario que la Comisión Federal de Electricidad necesita hacer para mantener su equilibrio financiero; esta medida involucra también el análisis de las tarifas eléctricas de uso doméstico, cuyo volumen de usuarios representa 82 por ciento y generan 23 por ciento de sus ingresos, pero a las que tienen catalogadas como “tarifas deficitarias” por las que el gobierno federal paga dicha diferencia en forma de subsidio, lo que les obliga a aplicar una política de sobreprecios de tarifas eléctricas que garantice la sustentabilidad de la empresa. Sin embargo, la práctica común de los últimos años nos muestra que el precio y las tarifas han pasado a ser enclave particular que el gobierno utiliza con otros propósitos, pues dicen ser aumentadas porque suben los precios de los combustibles internacionales y aumentan los costos de producción y, luego dicen ser aumentadas porque bajan los precios de los combustibles internacionales y bajan los ingresos de las arcas nacionales.

Es de entender que la política tarifaria debe guardar congruencia entre el precio y el costo de suministro, y debe contribuir a generar los recursos para los proyectos de inversión, al menor costo posible que permitan responder a las necesidades de crecimiento de la empresa, por lo que se pudiese comprender la inamovilidad del parámetro seleccionado para la clasificación de las tarifas domésticas, de temperatura media anual; pero es también justo señalar que esta política de precios no se puede sustraer a las acciones que en política social y económica el gobierno federal tiene la obligación de implantar; además de transparentar al máximo posible los parámetros de medición y cálculo tarifario para esclarecer un tema tan sensible a la sociedad, tratando de que existan métodos de comprobación, ajuste, queja y revaloración en la ley.

En este sentido, la reforma que se propone a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, permitirá la estructuración de un nuevo esquema social en la relación del gobierno federal con los ciudadanos, dada la lucha añeja por combatir el alto costo de las tarifas eléctricas y los recursos de queja y revisión a los que los ciudadanos tienen derecho.

La fracción X, del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal. En este sentido, la iniciativa propone restringir esta facultad en lo que se refiere a los precios y tarifas de energía eléctrica, y que sea la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la intervención del suministrador del servicio público, la encargada de determinarlas. Ello en virtud de la necesidad de que sean fijadas con criterios administrativo productivos y no meramente recaudatorios.

Actualmente la CRE es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía encargado de promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas en materia de gas y energía eléctrica, establecido mediante un decreto del Poder Ejecutivo en 1993. Su creación fue determinada por el artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992. Mismo que ordenó facultar al órgano para decidir y resolver las cuestiones que origine la aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Posteriormente, en octubre de 1995, el Congreso aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, en donde se aumentan y definen claramente sus facultades que, en materia de energía eléctrica, consisten en: la participación en la aprobación, fijación, ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, facultad que, sin embargo, conserva la SHCP; expedir los procedimientos para calcular las contraprestaciones que deban cubrirse por la energía eléctrica que se adquiera para el servicio público y por los servicios de conducción, transformación y entrega así como emitir opinión sobre las necesidades de crecimiento o de sustitución de capacidad de generación de energía eléctrica; entre otras.

Además, la ley de 1995 que convierte a la CRE en un órgano con autoridad resolutiva, concentró en este órgano especializado las actividades de regulación de energía eléctrica y gas, derivadas de la reforma constitucional de ese año.

Lo importante es resaltar que la CRE nació como parte de las modificaciones de 1992, y que aún con la ampliación de facultades de 1995 ese órgano se encarga básicamente de regular las actividades que se ejercen en materia energética.

Esta iniciativa que se propone, faculta a la CRE en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica. El nivel de especialización de la CRE permite que el cálculo de las tarifas mencionadas sea encargado a este órgano. La fracción primera del artículo 3o. de la Ley de la CRE vigente establece que la comisión participará en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, la propuesta en cambio establece que la comisión deberá determinar tales cifras manteniéndolas siempre en los niveles más bajos que sea posible, dentro de la norma oficial mexicana correspondiente, y tomando en cuenta los factores que aumentan o disminuyen el costo de producción, atendiendo las necesidades financieras y de expansión del servicio público y considerando en su integración cuando menos los siguientes factores:

• Nivel de consumo.

• Temperatura.

• Humedad.

• Clase de servicio: doméstico, industrial o de riego.

• Variaciones horarias y estacionales del costo de generación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 73, fracciones X, XI, XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 numeral 1, fracción I; 77 numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea, reforma, modifica, adiciona y deroga, diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el sector energético

Artículo Primero. Se reforma la fracción X, del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios de las tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan; en tratándose de tarifas correspondientes al servicio de energía eléctrica, deberá estarse a lo dispuesto en la ley de la materia;

XI. a XV. ...

Artículo Segundo. Se deroga la fracción VII, del artículo 12; se reforma el primer párrafo del artículo 30; se reforma el primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, y el segundo párrafo pasa a ser tercero del artículo 31; y se adicionan los artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 quater, todos de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a V. ...

VII. Se deroga.

VIII. a XII. ...

Artículo 30.La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Comisión Reguladora de Energía.

...

Artículo 31.La Comisión Reguladora de Energía, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que, tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público que no sean satisfechas con los recursos asignados para tal efecto a la Comisión Federal de Electricidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para ello tomará en cuenta la zona geográfica de que se trate, la humedad relativa, las condiciones climatológicas, así como la situación salarial, condiciones económicas y sociales, y estimulará el consumo racional y ahorro de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado la Comisión Reguladora de Energíapodrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o en combinación de ambas.

Artículo 32. ...

Artículo 32 Bis .A efecto de lo dispuesto en el artículo 31, la Comisión Reguladora de Energía, fijará las tarifas para la venta de energía eléctrica de uso doméstico, conforme a la siguiente estructura:

Servicio Doméstico

Se aplicará a todos los servicios que destinen energía para uso exclusivamente doméstico, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.

Para reflejar las diferentes necesidades de consumo en localidades con promedios de temperatura aparente o índice de calor de veinticinco grados centígrados (25º C) o mayores, se establecerá la temporada de verano, durante el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año. Dichas localidades recibirán un tratamiento preferencial, tomando en cuenta los reportes elaborados por la Comisión Nacional del Agua y detallados para cada tarifa, es decir, la 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F. Para el caso de aquellas regiones consideradas como de clima cálido extremo y húmedo, este periodo podrá extenderse hasta por dos meses más.

En la temporada de verano la clasificación se basará en los factores de temperatura y humedad, que determinan el índice de calor o temperatura aparente. Esta misma clasificación, pero con diferente correlación, servirá para designar la temporada fuera de verano para cada tarifa.

Se considerará que durante la temporada de verano una localidad alcanzó el límite promedio indicado de índice de calor, cuando en ésta se haya registrado ese límite durante dos, de los últimos tres años. Se considera que en un año se alcanzó el límite promedio de índice de calor, cuando se hubiere registrado ese límite en dos meses consecutivos de temperatura aparente más elevada, según los reportes elaborados por la Comisión Nacional del Agua.

La estructura tarifaria, con criterios de justicia y equidad orientados a favorecer el ahorro y uso racional de energía, permite a todos los usuarios pagar su consumo eléctrico de acuerdo con una escala de precios que, en cada una de las tarifas, inicia con el rango de consumo básico, para seguirle con los rangos de consumo Intermedio 1, Intermedio 2 y Excedente.

Tarifa 1 Servicio Doméstico

Rangos de consumo aplicados mensualmente:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 75 (setenta y cinco) kilowatts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 65 (sesenta y cinco) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 60 (sesenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Tarifa 1 A

Servicio doméstico para localidades con índice de calor en verano equivalente a temperatura media mínima de 25, 26 y 27 grados centígrados.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 100 (cien) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 50 (cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 100 (cien) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada fuera de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 75 (setenta y cinco) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 75 (setenta y cinco) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 50 (cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Tarifa 1 B

Servicio doméstico para localidades con índice de calor en verano equivalente a temperatura media mínima de 28 grados centígrados.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 125 (ciento veinticinco) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 100 (cien) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 75 (setenta y cinco) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada fuera de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 100 (cien) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 80 (ochenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 60 (sesenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Tarifa 1 C

Servicio doméstico para localidades con índice de calor en verano equivalente a temperatura media mínima de 29 grados centígrados.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 150 (ciento cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 150 (ciento cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 450 (cuatrocientos cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada fuera de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 120 (ciento veinte) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 120 (ciento veinte) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 260 (doscientos sesenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Tarifa 1 D

Servicio doméstico para localidades con índice de calor en verano equivalente a temperatura media mínima de 30 grados centígrados.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 175 (ciento setenta y cinco) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 225 (doscientos veinticinco) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 600 (seiscientos) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada fuera de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 140 (ciento cuarenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 180 (ciento ochenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 380 (trescientos ochenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Tarifa 1 E

Servicio doméstico para localidades con índice de calor en verano equivalente a temperatura media mínima de 31 grados centígrados.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 300 (trescientos) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 450 (cuatrocientos cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 750 (setecientos cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada fuera de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 240 (doscientos cuarenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 360 (trescientos sesenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 400 (cuatrocientos) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Tarifa 1 F

Servicio doméstico para localidades con índice de calor en verano equivalente a temperatura media mínima de 32 grados centígrados o más.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 750 (setecientos cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 500 (quinientos) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 1250 (mil doscientos cincuenta) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Rangos de consumo aplicables mensualmente en temporada fuera de verano:

• Consumo Básico. Para cada uno de los primeros 240 (doscientos cuarenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 1. Para cada uno de los siguientes 360 (trescientos sesenta) kilo watts-hora.

• Consumo Intermedio 2. Para cada uno de los siguientes 900 (novecientos) kilo watts-hora.

• Consumo Excedente. Para cada kilo watts-hora adicional a los anteriores.

Artículo 32 Ter. En caso de inconformidad con las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía, en lo correspondiente a las tarifas de consumo doméstico fijadas con fundamento en esta ley, el interesado podrá solicitar, por él mismo o representante legal, ante la propia Comisión Reguladora de Energía, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación, la reconsideración de dicha resolución.

En este recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas y al interponerse deberán acompañarse los documentos en que se sustente las pruebas inherentes a la inconformidad contra la resolución recurrida y acreditarse la personalidad de quien promueva.

Para el desahogo de las pruebas ofrecidas se concederá al recurrente un plazo no mayor de 30 días hábiles ante la Comisión Reguladora de Energía, quedando a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este párrafo, será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los recursos serán resueltos por los funcionarios que corresponda, de conformidad con lo previsto en el reglamento interior de la respectiva dependencia; o en los acuerdos delegatorios de facultades.

Las resoluciones no recurridas dentro del término de 15 días hábiles, las que se dicten durante el trámite del recurso o al resolver éste, así como aquéllas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida por cuanto a la aplicación de la nueva tarifa o clasificación zonal hasta por un término de 180 días, tiempo durante el cual la Comisión Reguladora de Energía resolverá el recurso de manera definitiva. De continuar la inconformidad el recurso será apelable por el recurrente en los términos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y surtirá efectos hasta que el oficio o a petición del propio recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión.

Artículo 32 Quater. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica gozarán de los siguientes derechos:

I. Que las lecturas de los medidores por el uso de energía eléctrica se efectúen cada bimestre, caducando el cobro de energía eléctrica después de transcurridos cuatro meses sin que se haya realizado la lectura respectiva ni entregado el recibo correspondiente;

II. Que no se apliquen “estimados” para el cobro de energía eléctrica, siempre y cuando cuenten con el medidor respectivo;

III. Elegir el tipo de medidor de consumo de energía eléctrica:

a) Con sistema automatizado de radiofrecuencia para lectura electrónica.

b) Con sistema tradicional para lectura personal;

IV. Optar por consumir energía eléctrica mediante prepago;

V. Acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor para ser asesorado y lograr la conciliación con la Comisión Federal de Electricidad por inconformidad en la lectura o el cobro del consumo de energía eléctrica. En caso de no lograr la conciliación, ser patrocinado jurídicamente, en forma gratuita, ante los tribunales jurisdiccionales competentes, actuando dicha procuraduría como abogado procurador del usuario para ejercitar las acciones u oponer excepciones conducentes en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos previstos en las fracciones II y III del artículo 24 de su ley; y

VI. Recibir normalmente el suministro de energía eléctrica mientras se tramitan sus inconformidades por el cobro del consumo de la misma, conforme a lo establecido en la fracción anterior.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 3o. y se adiciona el artículo 3 Bis de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. Determinar, establecer, ajustar, modificar y reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica escuchando la opinión de la Comisión Federal de Electricidad.

II. a XXII. ...

Artículo 3 Bis. A efecto del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 3o. de esta ley, las tarifas deberán cubrir las necesidades financieras de operación y las de ampliación del servicio público, y propiciar el consumo racional de energía, para lo cual deberán mantenerse en los niveles más bajos que sea posible dentro de la norma oficial mexicana correspondiente para lo cual deberán considerar:

I. En el caso de las tarifas para suministro y venta, el costo total del suministro, abarcando todas las etapas del proceso, incluyendo tanto la energía generada por el propio suministrador como la que adquiera de terceros;

II. Los requerimientos de inversión para la expansión o recuperación de instalaciones, así como las necesidades de mantenimiento.

III. Las tarifas eléctricas deberán ser justas y asequibles a la población mexicana. Las tarifas domésticas se podrán incrementar sin exceder el porcentaje de incremento al salario mínimo de la zona geográfica de que se trate.

IV. Las tarifas reconocerán las variaciones de los costos económicos a través del tiempo, sus diferencias regionales y las derivadas de las condiciones de operación del sistema durante periodos de distintos niveles de demanda, que resulten relevantes.

V. Los ajustes de las tarifas podrán incorporar mecanismos que incentiven mejoras en la productividad y eficiencia de los procesos.

VI. Se fijarán tarifas especiales de bajo costo para aquellas entidades en que se genere energía hidroeléctrica o que sufran las consecuencias y afectaciones por su generación.

VII. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación los criterios para el cálculo de las tarifas, especificando, de ser el caso, su carácter progresivo. En dichos criterios deberá procurarse, en la medida de lo posible, la inclusión de incentivos para el ahorro energético.

Transitorios

Primero. El índice de calores el parámetro que representa la temperatura que percibe el cuerpo humano bajo una determinada combinación de temperatura y humedad relativa. El índice de calor,que resulta de incorporar el factor de humedad a la temperatura en la temporada de verano, será el criterio utilizado para la nueva clasificación de las localidades.

La Comisión Reguladora de Energía establecerá la estructuración y mapeo geográfico con delimitaciones naturales y regionales, cuyas variaciones limítrofes sean reconocidas de una manera natural, comprobable y perceptible por el humano, para fijar los diferentes rangos y parámetros a ser usados para la determinación inicial de las tarifas eléctricas del servicio doméstico usando el factor índice de calor, en un término no mayor a noventa días a la publicación de este decreto.

Para ello, se deberán tomar en cuenta los índices de calordesarrollados por R. G. Steadman en 1979, cuyos indicadores son utilizados desde 1984 por el Servicio Nacional del Tiempo en los Estados Unidos de América, para evaluar el impacto que tiene la combinación de la temperatura y la humedad ambientales sobre el confort, la salud y las actividades humanas.

Una vez entrado en vigor el presente decreto, la Secretaría de Energía deberá de revisar y expedir la norma oficial mexicana, de conformidad con los artículos 29; 30, fracción VI y X; 38, fracciones I y II; 39, fracción V; 40, fracciones III, IV, VIII, y XI; 43 a 48 de la Ley Federal de Metrología y Normalización vigente.

Segundo. En tanto se cumplen los supuestos del artículo transitorio primeroy para atender el reclamo de las localidades y municipios en los que es mayor la urgencia de su reclasificación, la Comisión Federal de Electricidad utilizará provisionalmente los siguientes criterios:

Tarifa 1. Localidades con una temperatura media mínima hasta con 24º C.

Tarifa l A. Localidades con una temperatura media mínima de 25º C, 26º C y 27°C.

Tarifa 1B. Localidades con una temperatura media mínima de 28º C, así como localidades con una temperatura media mínima de 27º C y 60 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1C. Localidades con una temperatura media mínima de 29º C así como localidades con una temperatura media mínima de 28º C y 40 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1D. Localidades con una temperatura media mínima de 30º C así como localidades con una temperatura media mínima de 29º C y 35 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1E. Localidades con una temperatura media mínima de 31º C así como con una temperatura media mínima de 30º C y 35 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1F. Localidades con una temperatura media mínima de 32º C o más, así como con una temperatura media mínima de 31º C y 30 por ciento o más de humedad promedio.

Segundo Bis.A efectos del cumplimiento del artículo 32 Ter de esta ley y sólo a partir de la publicación en el diario oficial se contará con 180 días naturales para interponer los recursos de inconformidad inherentes a éste.

Tercero. La Comisión Nacional del Agua, adecuará sus sistemas de medición para poder calcular el índice de calor con el registro de la temperatura y de la humedad y determinar sus promedios diarios. Dicha información deberá publicarse diariamente en la página de Internet de la Comisión Nacional del Agua.

Las inconformidades de las localidades respecto de la medición y/o la ubicación de las estaciones de medición de la Comisión Nacional del Agua, serán atendidas por la Comisión Federal de Electricidad, quien podrá, en su caso, valorar la información de otras fuentes confiables para resolver, tales como universidades, institutos tecnológicos, colegios u organismos nacionales o internacionales especializados en la materia. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá concertar la instalación de nuevas estaciones de medición que satisfagan la necesidad de una medición objetiva y confiable y se resuelvan de una manera clara, rápida y eficiente, los recursos de queja, revisión o inconformidad que las comunidades presenten.

Cuarto. Cuando el usuario del servicio doméstico solicite la facturación mensual de sus consumos, en lugar de la facturación bimestral, la Comisión Federal de Electricidad deberá acceder sin que esto implique cargo alguno para el usuario.

Quinto. A los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a partir de los sesenta y cinco años se les otorgará un descuento de 20 (veinte) por ciento sobre el consumo facturado en su servicio doméstico, en los rangos básico e intermedio Tarifa 1de Consumo Doméstico.

Sexto. Con el objeto de incrementar la participación de energías renovables en la producción eléctrica, el Ejecutivo federal establecerá programas opcionales para los usuarios que deseen incorporarse al uso y/o producción-generación de este tipo de fuentes.

Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Octavo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: Simón Valanci Buzali, Francisco Grajales Palacios, Pedro Gómez Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, para dictamen.

En tanto, saludamos al señor licenciado don Adrián Rubalcava, delegado de Cuajimalpa, invitado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sea usted bienvenido.

Proceda la Secretaría con una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la integración de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de noviembre de 2012.—  Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación, don Ricardo. A ver, tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, que quiere perorar al respecto, hablar.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Es para razonar el voto a favor de la integración de esta comisión y como integrante propuesto por mi grupo parlamentario hacer un llamado a quienes habremos de conformar esta comisión para que actuemos con toda responsabilidad, atendiendo al mandato del artículo 93 de nuestra Constitución, que nos da facultades para investigar a detalle y presentar un informe a esta Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de la Condusef. Pero a través de ella lo que queremos es llegar al fondo sobre temas del proceso electoral pasado.

Evidentemente, nos interesa conocer a fondo el tema de Monex, el tema de Soriana, el fraude también con una transferencia del ex secretario de Finanzas del gobierno del estado de México, de Scotiabank, donde estuvo involucrado Luis Videgaray Caso; nos interesa llegar al fondo.

Por ahí otros compañeros de otros partidos han dicho que también les interesa revisar temas de la coalición de Movimiento Progresista. Evidentemente que a nosotros nos parece bien, porque el que nada debe nada teme y nosotros actuamos con toda responsabilidad en el marco de la ley.

Por eso no vamos a actuar como tapadera y queremos que tampoco el PRI, el Verde y el Panal actúen como tapadera de nadie; que se llegue al fondo en el caso Monex, que se actúe en lo que el Instituto Federal Electoral no ha querido actuar, en lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no quiso revisar exhaustivamente, como era su facultad.

Por eso queremos que esta comisión actúe con toda libertad. No recibir consigna, sobre todo quienes tienen mayoría, para actuar como una tapadera del ex candidato presidencial Enrique Peña Nieto y sus coordinadores de campaña. Vamos a llegar al fondo y vamos a informar a este pleno.

Saludamos que finalmente, después de una ardua batalla, haya habido voluntad de todos para constituir esta comisión. Pero no queremos que quede solamente en una fachada, sino que queremos que se vaya al fondo y que los mexicanos conozcan la verdad. Por eso, vamos a votar a favor. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba su integración.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

* INICIATIVA Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, la iniciativa y las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Las proposiciones de urgente u obvia resolución listadas para hoy tendrán un lugar de privilegio en el orden del día de la sesión de mañana.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 15:01 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 28 de noviembre de 2012, a las 11. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

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