Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 333 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:08 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de octubre de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 59 Aniversario del Derecho del Voto de la Mujer, que tendrá lugar el 17 de octubre a las 10:00 horas.

De la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados en la Cámara de Diputados.

Por el que remite el Reporte del Ejercicio de los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, correspondiente al segundo trimestre de 2012, en cumplimiento con el artículo 10, fracción IV, Apartado A, subinciso b), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

De la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012 de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.

Homenaje de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, a los medallistas de los juegos olímpicos y paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma los artículos 3° y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9° de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, a cargo de la diputada Maria Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley Minera, a cargo de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4° y 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 87 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Bueno Torio y suscrita por el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 48, y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)o

Que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los Gobiernos Estatales a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección del virus de papiloma humano en todo el territorio nacional; así como las acciones pertinentes para continuar con la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal y para que se amplie la red de laboratorios de biología molecular para la detección del mismo, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que solicita la integración de una Comisión plural de legisladores, al interior de la Comisión de Gobernación, para dialogar y negociar con las autoridades del estado de Chiapas, a fin de poner una solución al conflicto político que se ha dado, derivado del resultado de las elecciones llevadas a cabo el 1 de julio de 2012, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que modifique los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCGI-2012, para que se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos, por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país, a cargo de la diputada María Elia Cabañas Aparicio y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEP y del INAH, se declare a Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México, así como la casa donde nació y vivió Guadalupe Victoria, como monumento histórico y cultural de México, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de Fomentar y Vigilar que la Industria Eólica en la Región del Istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, Secretaría de Economía y de la SHCP, para que realicen diversas acciones en materia ambiental, respecto de la importación definitiva al territorio nacional de vehículos automotores, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo en la que participen autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, ONG´s, organismos internacionales y la sociedad civil, con la intención de contribuir al diseño de un nuevo modelo penitenciario eficiente, justo, digno y con apego a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa y de Conapesca, para que se liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, correspondiente al estado de Yucatán, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas intensifiquen las acciones para la promoción de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieren para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Seguimiento, Atención y Fomento a la Agroindustria Azucarera Mexicana, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención de la Región Centro Occidente, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob, instituya el día 30 de agosto como el Día Nacional de la Participación Ciudadana, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, ejerza su facultad de atracción para investigar los supuestos hechos delictivos de la desaparición en forma similar, de mujeres en el estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la CFE, establezca una tarifa especial para los hogares de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del Proyecto Aceite Terciario del Golfo en el Paleocanal Chicontepec, suscrito por los diputados Alma Jeanny Arrollo Ruíz y Jorge Del Angel Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a la problemática de los Telebachilleratos, a cargo del diputado Armando Contreras Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, ejecuten las medidas provisionales pertinentes de saneamiento en el vaso regulador El Cristo, a cargo de la diputada Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que revise y actualice el subsidio anual que otorga por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Mexicano para que a través de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía, eviten la importación de papa fresca a territorio nacional, suscrito por los diputados Jesús Antonio Valdés Palazuelos y Rubén Benjamín Félix Hays, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, respectivamente. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 12 de octubre, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes nueve de octubre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos setenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con ocho minutos del martes nueve de octubre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al Acta los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, en votación económica se aprueba.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del Día de la Resistencia y Dignidad de los Pueblos, que tendrá lugar el doce de octubre a las diez horas. Se designa una comisión de representación.

b) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

• Con la que informa que rindieron la protesta de ley los jefes delegacionales electos del Distrito Federal, para el periodo dos mil doce-dos mil quince. De enterado.

• Con la que remite acuerdo aprobado por el que se exhorta a los diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión a que de manera expresa y/o por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos. Se remite a la Comisión de Salud, para su atención.

c) Del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por la que remite el noveno Informe de Labores dos mil once. Se remite a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

d) De la Procuraduría General de la República, con la que informa la designación del Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional, del Director de Vinculación con el Congreso de la Unión, y de los Enlaces con las Cámaras de Senadores y Diputados. De enterado, se remite a la Mesa Directiva y a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite el documento titulado “Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la Educación Media Superior en la demanda futura por servicios educativos presupuestales”, de conformidad con el acuerdo R.30a.15, derivado de la Trigésima Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su atención.

f) De la Secretaría de Gobernación:

• Por la que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Rafaela Mendoza Bautista, Vladimir Espinosa Vázquez, Ana Elizabeth Briones Parra, Enrique Cornejo Robledo, Fernando Mejía Zavala, Laila Nelly Murillo Hernández, Humberto Hernández Menchaca, Nayeli Mayorga Acosta, Reynaldo Felipe González Medina, Adriana Robles Coello, Diana Patricia Ramos Portillo, Óscar Rutilo Pérez Martínez, Luis Raya Campos, José Luis Rodríguez Velázquez, Elie David Villeda Orozco, Luis Alberto González Pérez, Rogelio Quintero Díaz de León, Maricela Navarro Lima, Jacqueline Sánchez Pando, Maricarmen Concepción Ortega García, Carlos Botello Naranjo, Diego Humberto Mendiburu Contreras y Ana Laura Gallardo Méndez, puedan prestar servicios en las Embajadas de Austria, Estados Unidos de América y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México; e informa que los ciudadanos José Román Arizmendi Esquivel, Yolanda Enríquez Hernández, José Gerardo Olivares Méndez, Gilda Sánchez Trejo y María Luisa Tovar Hernández, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado en Guadalajara, Jalisco. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen; por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado en la Cámara de Diputados, relativa a la creación de un Fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A-H7N3. Se remite al promovente, para su conocimiento.

g) Del Congreso del estado de Baja California, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo trescientos treinta y dos-D de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

A las once horas con veintidós minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos sesenta diputadas y diputados.

b) Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

c) María Esther Garza Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

d) Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

e) Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos sesenta y cuatro, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

f) Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

g) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

h) Dora María Guadalupe Talamante Lemas, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

i) Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diecisiete, dieciocho y diecinueve de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

j) José Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y veintiuno del Código de Comercio. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

k) Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos trescientos veintidós y trescientos veintitrés, y adiciona un artículo trescientos veintitrés Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

l) Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

m) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veinte y veintitrés de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

n) María Sanjuana Cerda Franco, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

o) Leticia Calderón Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

p) Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento quince y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) María Rebeca Terán Guevara, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se entregue a las entidades federativas, la totalidad de los recursos pactados inicialmente para proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, y se respete lo establecido en los acuerdos de coordinación firmados con las entidades federativas y en el acuerdo de modificación de las reglas de operación de dicho Programa para el Ejercicio Fiscal dos mil doce. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México; Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática; Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional; y Alma Jeanny Arroyo Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Partido Acción Nacional; y J. Pilar Moreno Montoya, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

c) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, evalúe los programas que han sido insuficientes, a efecto de implementar un programa que permita dar respuesta a las enfermedades mentales. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática; Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional; y Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no fueron anunciadas, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia se turnan las de los diputados:

a) Javier Filiberto Guevara González, y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que revise y en su caso, modifique las variables de rezago social a que se refieren los artículos treinta y cuatro, y treinta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que su aplicación ha redundado en perjuicio de diversos municipios del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Arturo de la Rosa Escalante, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal de especies destinadas exclusivamente a la pesca deportiva y recreativa; así como para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se expida una NOM que regule la simulación de la pesca incidental. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

c) Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del estado de Tabasco. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, para que se declare el año dos mil trece, como el año de Don Belisario Domínguez Palencia, en virtud de la conmemoración del centenario de su muerte. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

e) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que apruebe el Programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

f) Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes de Nueva Alianza, por el que se solicita al Ejecutivo Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil trece, se dé cumplimiento al artículo veinticinco de la Ley General de Educación y al artículo nueve Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

g) Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, emita un Decreto para declarar a la Isla de la Roqueta, como área natural protegida. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

h) Arturo de la Rosa Escalante, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el fomento, protección y vigilancia de la Pesca Deportiva y Recreativa. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

i) Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que deje de vulnerar la autonomía del Municipio de Benito Juárez. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

j) Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Acceso Digital. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

k) Francisco Alfonso Durazo Montaño y suscrita por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, para que suspenda el procedimiento de destrucción de boletas del proceso electoral dos mil cinco-dos mil seis y en su caso, se dé la garantía de que no se van a destruir las boletas del proceso electoral dos mil once-dos mil doce. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

l) Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Denominación de Origen. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

m) Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública dos mil doce, o incorpore en la siguiente revisión, un análisis detallado sobre la situación que guarden las Finanzas de la Hacienda Pública del estado de Michoacán; asimismo se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que lleve a cabo las investigaciones y en su caso, emprender las acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para dictamen.

n) Salvador Arellano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los productores de maíz en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

o) Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Encargada de Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

p) Leslie Pantoja Hernández, y suscrita por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar dos mil trece como “Año Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos” y para que los legisladores, se comprometan a registrarse como potenciales donadores. Se turna el resolutivo uno a la Comisión de Gobernación, y los resolutivos dos al cuatro, a la Comisión de Salud, para dictamen.

q) Diputados integrantes de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Yucatán, para que destinen los recursos necesarios para impulsar y lograr la continuidad del programa vivienda y escuela segura. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es Efeméride con motivo del trigésimo octavo Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Intervienen para referirse al tema los diputados: Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Torres Flores, del Partido del Trabajo; Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional; y Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento y de apego al tema los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves once de octubre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y tres minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

Informamos a la asamblea que los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 59 aniversario del derecho al voto de la mujer, el miércoles 17 de octubre a las 10:00 horas, en el Museo de la Ciudad de México, situado en Pino Suárez número 30, esquina República de El Salvador, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Alejandra Serratos Zavala, secretaria de Cultura.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a las siguientes diputadas: diputada María de Jesús Huerta Rea, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos:

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame un momento la Secretaría. Suplicaría a los compañeros de los medios sean tan amables de retirarse a su lugar adecuado. Continúe la Secretaría.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-0044, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes original del similar número PFPA/ 3/ 8C.17.5/ 0401 -12, suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente

Me refiero a su atento oficio número DGPL 61-II-8-0046, de fecha 6 de septiembre de 2012, recibido en la Subprocuraduría de Inspección Industrial el 10 del mismo mes y año, a través del cual informó al doctor Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el mismo 6 de septiembre, que en su punto único a la letra dice: “ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a responder por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec y a desarrollar con la comunidad un efectivo plan de prevención y respuesta a las contingencias; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a informar del resultado de sus actuaciones por el mismo hecho”.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones y con motivo del derrame de hidrocarburo provocado por el hundimiento de la monoboya número 3, ocurrido el 11 de agosto de 2012, a consecuencia de una tormenta en las costas de Oaxaca, ha realizado sendas visitas de inspección, en las cuales se detectó la presencia de hidrocarburo en forma de grumos en diferentes playas, por lo cual ordenó a Petróleos Mexicanos que se emprendieran medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación, a efecto de retirar el hidrocarburo derramado y, en su caso, llevar a cabo la caracterización del sitio, a fin de conocer los efectos ambientales ocasionados, iniciando con ello el procedimiento administrativo correspondiente.

Por otra parte, le informo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la esfera de su competencia, continuará realizando los actos de inspección que se consideren necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas a Petróleos Mexicanos.

El procedimiento administrativo instaurado por esta procuraduría sólo podrá considerarse como información pública en los términos y con las condiciones determinados por el Instituto Federal de Acceso a la Información, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2012.— Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica), subprocurador de Inspección Industrial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago propicio este conducto para hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DGPL 61-II-8-0046, de fecha 6 de septiembre de 2012, recibido en la Subprocuraduría de Inspección Industrial el 19 del mismo mes y año, el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, informó al doctor Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el mismo 6 de septiembre, que en punto único a la letra dice: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a responder por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec y a desarrollar con la comunidad un efectivo plan de prevención y respuesta a las contingencias; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a informar del resultado de sus actuaciones por el mismo hecho”.

En atención de dicho documento, me permito comunicarle que mediante el oficio número PFPA/ 3/ 8C.17.5/ 0401- 12, de fecha 24 de septiembre de 2012, la subprocuraduría a mi cargo informó al diputado Arroyo Vieyra sobre las acciones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevó a cabo con motivo del derrame de hidrocarburo ocurrido el pasado 11 de agosto de 2012 en las costas de Oaxaca.

Acompaño al presente oficio a que se ha hecho referencia, solicitándole de la manera más atenta que, de no haber inconveniente para ello, se sirva hacerlo llegar al destinatario.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 25 de septiembre de 2012.— Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica), subprocurador de Inspección Industrial.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

TARIFAS ELECTRICAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-11-8-0078, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVEE.067/2012, suscrito por el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Me refiero a oficio SEL/UEL/311/2712/12, que contiene punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mediante el cual:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, todos de la Administración Pública Federal a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en consideración la sensación térmica, la temperatura y la humedad relativa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones incrementen la construcción de estaciones meteorológicas fortaleciendo la Red Meteorológica Nacional, para que proporcionen en tiempo real, sensación térmica, humedad relativa y vientos, por mencionar algunos datos, que hagan posible la formación de criterios reales para establecer las tarifas eléctricas, los niveles de consumo y los subsidios, respectivamente.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones beneficien y apoyen a las localidades del estado de Chihuahua y a los ciudadanos mexicanos otorgando la aplicación de la tarifa 1 F, toda vez que el estado, debido a que su clima extremoso obliga a que sus habitantes consuman cantidades muy altas de energía eléctrica, así como a las demás localidades de los Estados Unidos Mexicanos que han registrado de manera constante la temperatura media de 33°c, según las actualizaciones disponibles de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice el cobro correspondiente de forma mensual; sustituyendo el cobro bimestral del servicio por consumo de energía eléctrica.

Quinto. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, en las épocas de verano e invierno considere la sensación térmica para el cálculo de la temperatura por localidad y lleve a cabo la revisión de los topes de consumo de acuerdo a las tarifas, con el objetivo de minimizar las preocupaciones económicas a las que están expuestos los y las jefas de familia en las localidades del estado de Chihuahua y demás localidades consideradas zonas áridas y semiáridas de los Estados Unidos Mexicanos, como una medida previsora del tiempo que tarde la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones meteorológicas.

Sexto. Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que, en virtud de sus facultades, considere que las tarifas por el consumo de energía eléctrica sean determinadas en función del ingreso del usuario, o en su defecto que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación, sean exentados de dicho pago.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar la información que remite la Subsecretaría de Electricidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 8 de octubre de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director general de Vinculación y Enlace Energético.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciada Susana Gordillo Carrillo, subdirectora de Área de la Dirección General de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía.— Presente

Hago referencia al oficio SEL/UEL/311/2712/12 del 21 de septiembre de 2012, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remite a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 20 de septiembre del año en curso.

En dicho punto de acuerdo, se solicita, entre otros:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, todos de la Administración Pública Federal a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en consideración la sensación térmica, la temperatura y la humedad relativa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones incrementen la construcción de estaciones meteorológicas fortaleciendo la Red Meteorológica Nacional, para que proporcionen en tiempo real, sensación térmica, humedad relativa y vientos, por mencionar algunos datos, que hagan posible la formación de criterios reales para establecer las tarifas eléctricas, los niveles de consumo y los subsidios, respectivamente.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones beneficien y apoyen a las localidades del estado de Chihuahua y a los ciudadanos mexicanos otorgando la aplicación de la tarifa 1 F, toda vez que el estado, debido a que su clima extremoso obliga a que sus habitantes consuman cantidades muy altas de energía eléctrica, así como a las demás localidades de los Estados Unidos Mexicanos que han registrado de manera constante la temperatura media de 33°c, según las actualizaciones disponibles de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice el cobro correspondiente de forma mensual; sustituyendo el cobro bimestral del servicio por consumo de energía eléctrica.

Quinto. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, en las épocas de verano e invierno considere la sensación térmica para el cálculo de la temperatura por localidad y lleve a cabo la revisión de los topes de consumo de acuerdo a las tarifas, con el objetivo de minimizar las preocupaciones económicas a las que están expuestos los y las jefas de familia en las localidades del estado de Chihuahua y demás localidades consideradas zonas áridas y semiáridas de los Estados Unidos Mexicanos, como una medida previsora del tiempo que tarde la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones meteorológicas.

Sexto. Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que, en virtud de sus facultades, considere que las tarifas por el consumo de energía eléctrica sean determinadas en función del ingreso del usuario, o en su defecto que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación, sean exentados de dicho pago.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar la información que remite la Subsecretaría de Electricidad.

Al respecto, le informo que, mediante oficio 300.0.1.317/ 2012, del 25 de septiembre de 2012, esta subsecretaría remitió a CFE el punto de acuerdo de referencia para que enviara el informe necesario que permita dar respuesta al mismo.

En atención a lo anterior, se recibió el oficio DG/SP/ST/ 425/2012 del 4 de octubre de 2012, por medio del cual ese organismo descentralizado da respuesta al punto de acuerdo que nos ocupa, el cual se remite para los efectos procedentes.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2012.— Licenciada Ana Cristina Sánchez Muro (rúbrica), coordinadora de Asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— CFE Una empresa de clase mundial.

Licenciada Ana Cristina Sánchez Muro, coordinadora de Asesores del subsecretario de Electricidad.— Presente.

Me refiero a su oficio 300.0.1.317/2012 en el que envía el oficio SEL/UEL/311/2712/12 de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaria de Enlace Legislativo, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de septiembre, sobre la aplicación de tarifas en localidades del estado de Chinuahua.

Por instrucciones del maestro Jaime González Aguadé, director general, anexo le remito una nota informativa sobre dicho punto de acuerdo. Le agradezco, de ser procedente, ser el amable conducto para brindar respuesta al honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2012.— Ingeniero César Bustamante García (rúbrica), secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— CFE Una empresa de clase mundial.

Nota informativa

Respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el pasado 20 de septiembre

Comisión Federal de Electricidad es la entidad encargada de aplicar las tarifas eléctricas en el país, siendo de la exclusiva competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el aprobar las tarifas en todos sus apartados, con estricto apego a lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, todos de la Administración Pública Federal a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en consideración la sensación térmica, la temperatura y la humedad relativa..., Quinto. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, en las épocas de verano e invierno considere la sensación térmica para el cálculo de la temperatura por localidad y lleve a cabo la revisión de los topes de consumo de acuerdo a las tarifas, con el objetivo de minimizar las preocupaciones económicas a las que están expuestos los y las jefas de familia en las localidades del estado de Chihuahua y demás localidades consideradas zonas áridas y semiáridas de los Estados Unidos Mexicanos, como una medida previsora del tiempo que tarde la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones meteorológicas”.

En la normatividad vigente no está autorizado el empleo de los factores sensación térmica y la humedad relativa, para determinar la aplicación de las tarifas domésticas en una localidad.

Una situación de esa naturaleza tendría que ser evaluada por sus implicaciones de aplicación a nivel nacional, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la dependencia gubernamental responsable de ello.

“Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones incrementen la construcción de estaciones meteorológicas fortaleciendo la Red Meteorológica Nacional, para que proporcionen en tiempo real, sensación térmica, humedad relativa y vientos, por mencionar algunos datos, que hagan posible la formación de criterios reales para establecer las tarifas eléctricas, los niveles de consumo y los subsidios, respectivamente.”

El establecimiento de nuevas estaciones climatológicas, así como, la adquisición y la modernización de los instrumentos de medición existentes, depende exclusivamente del programa de inversión respectivo, que la Comisión Nacional del Agua de la Semarnat pueda destinar dentro del presupuesto que la Federación le asigne.

“Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones beneficien y apoyen a las localidades del estado de Chihuahua y a los ciudadanos mexicanos otorgando la aplicación de la tarifa 1 F, toda vez que el estado, debido a que su clima extremoso obliga a que sus habitantes consuman cantidades muy altas de energía eléctrica, así como a las demás localidades de los Estados Unidos Mexicanos que han registrado de manera constante la temperatura media de 33°c, según las actualizaciones disponibles de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.”

El acuerdo que la normatividad en vigor establece para aplicar a cualquier localidad las tarifas domésticas, es el descrito en el apartado relativo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fechas 7 de febrero y 8 de abril de 2002.

La aplicación de esas tarifas es de carácter general en el país, en el acuerdo citado se establece que se aplicarán en localidades cuya temperatura media mensual mínima en verano alcance los límites siguientes:

Criterio de aplicación de las tarifas domésticas

Tarifa                                           Temperatura

                                                  media mínima

                                                         en verano

1                                                menor a 25ºC

1 A                                                          25ºC

1 B                                                          28ºC

1 C                                                          30ºC

1 D                                                          31ºC

1 E                                                           32ºC

1 F                                                           33ºC

“Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de”, 25, 28, 30, 31, 32 o 33 “grados centígrados”, para tarifa 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E o 1 F según corresponda, “cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente,”

“Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa de verano sin haber cumplido con la normatividad anterior.

Atendiendo a lo indicado en los Diarios Oficiales mencionados, se aplica actualmente la tarifa 1, al 11 por ciento; 1 A, al 14 por ciento; 1 B, al 37 por ciento; 1 C, al 37 por ciento; y 1 D, al 1 por ciento de los usuarios domésticos de Chihuahua.

Lo anterior indica que a ellos se les aplica una tarifa doméstica acorde con las condiciones climáticas presentes en las distintas localidades de esa región.

Es importante señalar que CFE realiza anualmente la revisten de los registros termométricos de la Comisión Nacional del Agua de la Semarnat, a fin de constatar la correcta aplicación de las tarifas de verano cálido, y en su caso, proceder a la reclasificación tarifaría de las localidades cuyos registros lo avalen.

No obstante, atendiendo a este planteamiento, se hizo una profunda revisión de los registros termométricos de los cinco años disponibles más recientes, de 28 estaciones climatológicas y 4 observatorios meteorológicos indicados por la Comisión Nacional del Agua de la Semarnat, con influencia en los municipios de ese estado.

Los resultados del análisis efectuado con base en esos registros y atendiendo a la normatividad vigente, confirman la correcta aplicación de las tarifas domésticas en vigor y que no existen elementos que propicien su reclasificación a una tarifa más favorable.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las disposiciones indicadas en la norma actual, no es factible aplicar la tarifa 1 F solicitada.

“Cuarto. Se exhorta respetuosamente a titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice el cobro correspondiente de forma mensual; sustituyendo el cobro bimestral del servicio por consumo de energía eléctrica.”

La CFE factura bimestralmente en el estado de Chihuahua alrededor de un millón de usuarios en tarifa doméstica, de facturar mensualmente esos servicios, la cantidad de trabajadores de campo necesaria se duplicaría, con el consiguiente incremento en costos. Por esta causa, sería contraproducente facturar con periodicidad mensual.

“ Sexto. Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que, en virtud de sus facultades, considere que las tarifas por el consumo de energía eléctrica sean determinadas en función del ingreso del usuario, o en su defecto que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación, sean exentados de dicho pago.”

Respecto a ese planteamiento debo indicarle que en la normatividad referida al inicio de este comunicado, no se otorgan facultades a CFE para efectuar modificaciones a las tarifas de energía eléctrica, como el establecimiento de tarifas en función del ingreso del usuario ni realizar condonaciones sobre el importe de la facturación del consumo de energía eléctrica.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

INFLUENZA AVIAR

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.-62-II-8-0017, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 368-C-020/12, suscrito por la ciudadana Catalina Bonnefoi Monroy, directora general adjunta de Programación y Análisis del Sistema Financiero de Fomento y Coordinación con Entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al virus de influenza aviar A H7N3.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/2572/12, mediante la cual hace del conocimiento de la Unidad de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que con Oficio D.G.P.L. 62-II-8-0017, la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno en el que se exhorta a varias dependencias, entre ellas a esta secretaría, para que se proceda a la creación de un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A H7N3, a través del cual se apoye a los productores avícolas afectados.

Al respecto, me permito comunicarle que la creación de un fondo de recursos para atender la situación antes mencionada no se considera necesaria, ya que se cuenta con recursos suficientes para atender esta contingencia. En lo que respecta a esta Secretaría, con la debida oportunidad la Banca de Desarrollo, a través de FIRA y de Financiera Rural (FR) pusieron en operación un programa emergente que contempla diversas medidas de apoyo a la actividad avícola de huevo en los municipios de Jalisco donde se activó el “Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal” por el SENASICA, con la finalidad de otorgar apoyos financieros y tecnológicos a los productores de huevo que-se vieron afectados por la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, incrementar la oferta en el mercado nacional y mejorar las medidas de bioseguridad en las granjas. El programa contempla los siguientes apoyos:

• Reestructuración y Consolidación de Pasivos. Tanto el FIRA como FR facilitarán tratamientos de cartera a sus acreditados afectados con condiciones preferenciales.

Por primera vez FIRA consolidará pasivos bancarios y de proveedores.

• Nuevos Financiamientos.Se otorgará fondeo y garantía para el financiamiento de nuevos créditos que permitan el repoblamiento de las granjas; y nuevas inversiones.

Programa emergente para reactivar la producción de huevo en el estado de Jalisco

Sujeto de Crédito

Empresa con actividad primaria y de servicios de la cadena avicultura de huevo de Jalisco.

Destino

• Reestructuraciones y consolidaciones de adeudos

Con Intermediarios Financieros y de proveedores destinados a la actividad avícola.

• Nuevos financiamientos:

– Actividad primaria

- Largo plazo para: rehabilitación de infraestructura productiva y repoblamiento de granjas; crecimiento de capacidad de empresas no afectadas y granjas progenitoras.

- Corto plazo capital de trabajo y prendarios para insumos.

– Empresas de la cadena relacionadas

Capital de trabajo para proveedoras de insumos y servicios.

Tasa de descuento

• Reestructuraciones y consolidaciones de adeudos: con recursos del FIRA tasa de origen.

Para pasivos con proveedores: TIIE.

• Nuevos financiamientos

– Actividad Primaria: Nivel 1: TIIE - 6 pp, o la vigente al momento del descuento nivel 2: TIIE.

– Industria, Comercio y Servicios: TIIE o la vigente al momento del descuento

Garantías:

Acreditado

• Colaterales: de acuerdo a políticas del intermediario.

• Líquida: Fonaga y/o fondo de garantía mutual que establezca por el gobierno de Jalisco

Fonaga

• Créditos de hasta 160,000 Udi por socio.

• Créditos a la actividad primaria mayores a 160,000 Udi por socio activo y hasta 50 millones de Udi de financiamiento

FEGA

• Opcional. Cobertura nominal 80% o 50% de saldo no cubiertos por Fonaga.

Vigencia del programa

Inscripción al Programa 3 meses y 9 meses para disponer los apoyos.

La garantía Fonaga del Programa Especial de Garantía Fonaga para Proyectos o Sectores Prioritarios, hasta agotar los recursos asignados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación u otras entidades.

México, DF, a 5 de octubre de 2012.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

EDUCACION BASICA - EDUCACION TECNOLOGICA - EDUCACION DE ADULTOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, fracción IV, Apartado A, último párrafo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, me permito remitir copia del oficio número OM- 889, signado por Guillermo Bernal Miranda, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual remite el informe sobre el avance de las acciones comprendidas en el subinciso b) de dicho ordenamiento.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como los anexos que en él se citan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me refiero a la obligación trimestral de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de enviar un avance de la información a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión, establecida en el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF 2012), respecto de la fracción IV, inciso A, último párrafo, el cual a la letra se inserta para pronta referencia:

A. ...

La Secretaría de Educación Pública deberá enviar un reporte trimestral a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados sobre el avance de todas las acciones comprendidas en el subinciso b) del inciso a) de la fracción IV de este artículo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 de su Reglamento, y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se envía en forma anexa dos carpetas con los avances de las acciones para dar cumplimiento, la cual contiene los siguientes 3 puntos:

a) Comprobantes de la entrega del reporte de cumplimiento al artículo 10, fracción IV, Apartado A, inciso b), subinciso VI del PEF de 2012 (primer trimestre), que considera la atención a las observaciones identificadas de la información generada por las entidades federativas, dirigido a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública programada para la última semana de septiembre:

a) Oficio número SEL/UEL/311/2728/2012, dirigido a los Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de fecha 26 de septiembre;

b) Oficio número OM- 857, dirigido al Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, de fecha 25 de septiembre;

c) Oficio número OM- 858, dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de fecha 25 de septiembre, y

d) Oficio número OM- 859, dirigido al secretario de la Función Pública (SFP), de fecha 25 de septiembre;

b) Publicación del informe correspondiente al segundo trimestre de 2012:

a) Se envía carpeta y disco compacto con la información correspondiente al segundo trimestre del 2012, la cual también se encuentra publicada en la página de Internet de la SEP, dando cumplimiento a lo mandatado en el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.

c) Información del taller adicional para el Cumplimiento de los artículos 9 y 10 del PEF de 2012, de fechas 4, 5 y 6 de septiembre. Este taller se preparó especialmente para las entidades federativas que han presentado problemas con la calidad de la información:

a) Programa y Agenda del Taller para cumplimiento PEF de 2012, así como la relación de enlaces para la capacitación;

b) Correos electrónicos con la invitación a las entidades federativas a los talleres para cumplimiento PEF de 2012;

c) Presentación del Taller para cumplimiento PEF de 2012;

d) Acuerdos y lista de asistencia del Taller de FAEB de fecha 4 de septiembre;

e) Acuerdos y lista de asistencia del Taller de FAETA-Conalep de fecha 5 de septiembre, y

f) Acuerdos y lista de asistencia del Taller de FAETA-INEA de fecha 6 de septiembre.

d) Preparativos e inicio del proceso de recepción, carga y validación de archivos con información proporcionada por las entidades federativas/fondo (EF/F) correspondiente al tercer trimestre de 2012:

a) Boletín 15/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012.

b) Instructivo de Creación y Reporte de Archivos txt para las entidades federativas tercer trimestre 2012, y

c) Boletín 16/2012 de fecha 1 de octubre de 2012.

Le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2012.— Guillermo Bernal Miranda (rúbrica), oficial mayor.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Comisión Nacional del Agua.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de este ejercicio fiscal de los recursos asignados a los municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2012.— Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.»

Comisión Nacional del Agua

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores

Programa de Devolución de Derechos

Presupuesto de 2012

Importes asignados al 30 de septiembre de 2012

(Cifras en pesos)

Estado                                              Importe

Aguascalientes                                              0

Baja California                              34 040 663

Baja California Sur                                       0

Campeche                                            58 875

Coahuila                                                        0

Colima                                                           0

Chiapas                                           2 097 714

Chihuahua                                                     0

Distrito Federal                           190 527 348

Durango                                                        0

Guanajuato                                                    0

Guerrero                                             355 595

Hidalgo                                           2 399 997

Jalisco                                                            0

México                                                          0

Michoacán                                                     0

Morelos                                              981 723

Nayarit                                                          0

Nuevo León                                                  0

Oaxaca                                               270 820

Puebla                                                           0

Querétaro                                                      0

Quintana Roo                                                0

San Luis Potos                            10 981 342

Sinaloa                                                          0

Sonora                                                           0

Tabasco                                                         0

Tamaulipas                                      2 029 297

Tlaxcala                                           3 094 935

Veracruz                                          4 536 641

Yucatán                                              578 275

Zacatecas                                      16 885 038

Total nacional                            268 838 263

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.

MEDALLISTAS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE LONDRES, INGLATERRA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Compañeras diputadas y diputados, esta Cámara abre sus puertas a quienes representaron a nuestro país con entereza, disciplina y éxito en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, celebrados este año en Londres, Inglaterra. Sean bienvenidos, distinguidos atletas mexicanos medallistas olímpicos y paralímpicos.

En los Juegos Olímpicos y en la vida no debe medirse el mérito solo en función del lugar que se ocupe en las competencias; el esfuerzo, la disciplina y el pundonor de quienes compiten es la verdadera medalla del mérito.

Ustedes obtuvieron las medallas y las preseas, nosotros nos enorgullecemos por ello; uno de los principios fundamentales de la carta olímpica dice: el movimiento olímpico tiene por objetivo contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte, practicado sin discriminación de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico que exigen comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio.

En ese espíritu olímpico está un mensaje de vida para toda la sociedad, en su conjunto. Lo reconocemos en todos ustedes, que han demostrado la capacidad de competir y el orgullo de ganar, no solo para sí, sino para todo un territorio y una sociedad que se identifica con ustedes que triunfan, y que para ello compiten con disciplina, honor y constancia.

Ese espíritu de competencia, en igual de competencia, en igualdad de circunstancias, hace honrosa la victoria, pero sobre todo la competencia misma, porque surge entre iguales sin distingo, sin discriminación alguna, sujetos todos a reglas idénticas de las que emana la equidad que hace justa y digna la prueba, el premio y sobre todo, la participación colectiva de esfuerzos y talentos individuales en igualdad de circunstancias, que en ese espíritu olímpico ha de-sarrollado la capacidad de la competencia con valores.

Es eso lo que mueve a la Cámara de Diputados a reconocer en ustedes el ejemplo vivo de una juventud que contribuye a la construcción de un mundo mejor; por eso, su triunfo, siendo suyo, es de todos nosotros.

Distinguidos medallistas olímpicos, queremos dejar constancia plena del esfuerzo de quienes hoy representan al grupo de atletas que compitió en esta olimpiada, y para este efecto pido a la Secretaría dar lectura a los nombres de nuestros homenajeados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Le damos la más cordial de las bienvenidas a Eduardo Ávila Sánchez, medalla de bronce, judo, 73 kilogramos. Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, bronce, halterofilia, 82.5 kilogramos. Paola Espinosa, plata, clavados plataforma de 10 metros sincronizados. Iván Alejandro García Navarro, plata, clavados plataforma de 10 metros sincronizados. Salvador Hernández Mondragón, plata y bronce, atletismo 100 y 200 metros, respectivamente. Mauro Máximo de Jesús, plata y bronce, lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina, respectivamente. Leonardo de Jesús Pérez Juárez, bronce, atletismo 800 metros. Amalia Pérez Vázquez, oro, halterofilia 60 kilogramos. Juan Ignacio Reyes González, oro, natación 50 metros, estilo espalda. Aída Román Arroyo, plata, tiro con arco individual. Gustavo Sánchez Martínez, oro, natación 100 metros estilo libre; oro, natación 200 metros estilo libre; plata, natación 150 metros estilo libre; y bronce, natación 50 metros estilo espalda.

Germán Saúl Sánchez Sánchez, plata, clavados de 10 metros sincronizados; Laura Aleida Sánchez Soto, bronce, clavados trampolín individual; Daniela Eugenia Velasco Maldonado, bronce, atletismo 400 metros, y Luis Alberto Zepeda Félix, oro, lanzamiento de jabalina.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Javier Ignacio Aquino Carmona, medalla de oro en la disciplina de fútbol soccer. Néstor Alejandro Araujo Razo, medalla de oro, también de nuestro equipo de fútbol soccer. Mariana Avitia Martínez, medalla de bronce en tiro con arco individual. Arnulfo Castorena, medalla de plata en natación 50 metros de pecho. José de Jesús Corona Rodríguez, medalla de oro, fútbol soccer. Darvin Francisco Chávez Ramírez, medalla de oro en fútbol soccer. Javier Cortés Granados, medalla de oro en fútbol soccer. María del Rosario Espinoza Espinoza, medalla de bronce en taekwondo, en la categoría de más de 67 kilogramos. Jorge Enríquez García, medalla de oro en fútbol soccer. Marco Fabián de la Mora, medalla de oro en fútbol soccer. Jorge Benjamín González Sauceda, medalla de bronce en atletismo 400 metros. Héctor Miguel Herrera López, medalla de oro en fútbol soccer. Israel Sabdi Jiménez Nañez, medalla de oro en fútbol soccer.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, oro, fútbol soccer. Hiram Ricardo Míer Alanís, oro, fútbol soccer. Ángeles Ortiz Hernández, oro, atletismo mujeres, lanzamiento de bala. Alejandra Orozco Losa, plata, clavados plataforma sincronizados. Miguel Ángel Ponce Briseño, oro, fútbol soccer. Oribe Peralta Morones, oro, fútbol soccer. Pedro Rangel, bronce, natación, 100 metros estilo pecho. Diego Antonio Reyes Rosales, oro, fútbol soccer. José Antonio Rodríguez Romero, oro, fútbol soccer. Carlos Salcido Flores, oro, fútbol soccer. Giovanni dos Santos, oro, fútbol soccer. Patricia Valle, bronce, natación, estilo libre, para mujeres; y bronce en 50 metros, estilo libre. Néstor Vicente Vidrio Serrano, oro, fútbol soccer.

Asimismo, el señor Bernardo de la Garza, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, así como la presidencia de funcionarios del Comité Olímpico, invitados especiales y familiares de los medallistas.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para este propósito, esta misma razón, tengo el registro del uso de la palabra de los siguientes diputados y diputadas: Dora María Guadalupe Talamante, Magdalena Núñez, Víctor Manuel Jorrín, Ricardo Astudillo, Alliet Mariana Bautista, Flor de María Pedraza, y Felipe de Jesús Muñoz.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la doctora Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es un honor para los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza poder formar parte de este merecido homenaje a nuestros atletas paralímpicos; nos sentimos orgullosos de su desempeño y les agradecemos, a nombre de la ciudadanía, haber puesto el nombre de México muy en alto.

Que sirva este homenaje como un reconocimiento al mérito de cada uno de ustedes. Su compromiso, su disciplina y perseverancia deben servir como ejemplo a toda la sociedad, que el querer es poder y que el triunfo depende de uno mismo.

A nombre mis compañeras y compañeros legisladores queremos felicitarlos, porque su empeño en la justa olímpica nos demostró que no existen barreras cuando de cumplir una meta se trata. Estamos conscientes que llegar hasta donde llegaron implica un gran sacrificio y sobre todo, mucha dedicación.

Para Nueva Alianza es importante realizar este homenaje para reconocer sus triunfos, pero no solo para aquellos que obtuvieron medallas, el reconocimiento es extensivo a toda la delegación que participó en Londres 2012; para todo el grupo: nuestra admiración y respeto.

En Nueva Alianza estamos convencidos que el mejor homenaje que se les puede hacer a ustedes, como atletas, es responder a sus demandas que tienen, demandas que surgen de atender las necesidades de las personas con discapacidad en educación, salud, empleo, accesibilidad y movilidad urbana, entre muchas otras.

El mejor homenaje que podemos hacerles como sus representantes es legislar para erradicar toda expresión de discriminación, velar por sus derechos a la educación, salud, empleo y desarrollo integral, para que sean respetados, así como promulgar y vigilar que el respeto público se aplique en programas dirigidos a mejorar su calidad de vida.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito para que con el mismo ahínco demostrado en este homenaje establezcamos las prioridades de gasto de inversión en el próximo Presupuesto de Egresos de 2013, para lograr una mejor calidad de vida a nuestros atletas paralímpicos y las personas con discapacidad. Es cuanto, diputado presidente, gracias. Felicidades.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo felicita a los atletas que fueron galardonados con preseas en los XIV Juegos Paralímpicos y los XXX Juegos Olímpicos, celebrados en Londres, Inglaterra.

Nada más merecido que rendir este homenaje a deportistas que han hecho su mejor esfuerzo sorteando dificultades, que van más allá del empeño personal por obtener medallas, que ensalzan a todos los mexicanos.

La lección que debemos aceptar es que los galardones no se obtienen por mandato divino, se logran por anteponer lo mejor de nosotros mismos por sobre la adversidad; el entrenamiento y la disciplina que conllevan esas medallas son dignos de emular, sin distingos de ninguna especie, por el resto de los mexicanos. En esa virtud, sean bienvenidos los atletas con características como las ya descritas.

Es gratificante para el resto de los mexicanos saber que hay ciudadanos que se superan cada día y que el resultado es satisfactorio para ellos y para sus familias, que sin lugar a dudas los han impulsado para ser mejores hombres y mujeres.

Es indudable que adicionalmente al esfuerzo de cada atleta está el apoyo —no siempre oportuno y suficiente— de las autoridades del deporte mexicano, que aportaron su grano de arena para el logro de estas medallas.

Es momento propicio para reiterar que una vez que sea determinado que una comisión de esta Cámara sea la del Deporte, se obtengan, además de legislar en políticas públicas sobre este tema, una asignación presupuestal acorde a las necesidades del deporte nacional para 2013 y los años venideros.

Quisiera hacer también mención especial de lo que ha representado el deporte paralímpico para nuestro país; somos desde hace tiempo potencia mundial y nos ubicamos entre las primeras 15 naciones del orbe.

Contamos no solo con medallistas paralímpicos, sino con atletas élites, que son récords mundiales; contamos con multimedallistas, en disciplinas como la natación, el atletismo, el tenis de mesa.

A nombre de mi grupo parlamentario los felicitamos por estos logros y porque nos hacen recuperar el empeño por reconstruir a nuestra patria, renovar nuestra confianza en lo que es ser mexicanas y mexicanos.

Quisiera mencionar de manera especial a un atleta para-olímpico que en 2011 obtuvo cinco medallas: dos de oro, dos de bronce y una de plata en los Parapanamericanos y que en Londres obtuvo cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce, que es el joven Gustavo Sánchez Martínez. Así que, una felicitación especial.

Nuestro compromiso por legislar y dar los recursos que hagan falta para que continúen estos resultados positivos para nuestro deporte nacional. Felicidades a todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

Quiero agradecer la presencia en este homenaje, a los alumnos de la escuela Telesecundaria licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, de Tenancingo, estado de México que están en las Galerías.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. La fracción de Movimiento Ciudadano les saluda con mucho aprecio y reconocimiento a todos nuestros triunfadores y orgullo de todos los mexicanos. Sean ustedes bienvenidos.

En especial, reconocerles a ustedes la capacidad de emprender un proyecto deportista, en el cual nos han hecho sentir orgullosos; el haber obtenido en esta contienda 21 medallas: seis de oro, cuatro de plata y 11 de bronce, y en los Juegos Olímpicos siete medallas: una de oro, tres de plata y tres de bronce, que en total México consiguió 28 medallas, es un orgullo para todos los mexicanos.

Pero en especial, son ustedes un ejemplo para la niñez mexicana. Despertaron el orgullo, la capacidad y la fortaleza de que sí se pueden lograr las cosas.

Espero que esta Legislatura pueda hacer justicia a sus demandas, no del día de hoy ni de este año. Hay que reconocer todos los esfuerzos que están atrás del triunfo de ustedes.

No más limosnas para que puedan ir a un torneo, no más limosnas para que puedan conseguir ustedes los espacios deportivos; esta Legislatura y Movimiento Ciudadano se comprometen a ayudarles y a buscar los recursos necesarios para que ustedes puedan realizar todas sus actividades.

La sociedad mexicana tiene una deuda con ustedes y con toda la población especial, ¿por qué razón? Porque no es fácil conseguir empleo para una persona que cuenta con todas sus facultades; sin embargo, ustedes, con todas estas dificultades que les ha presentado la vida, las han transformado en un triunfo, en un éxito y en un ejemplo para México.

Nuestro reconocimiento de la fracción de Movimiento Ciudadano para ustedes y del Congreso. Muchas gracias. Felicidades a todos ustedes.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, México es un país de jóvenes hoy en día, así lo indican diversos estudios y estadísticas; México es también un país de retos, cambios y realidades; México es nación de honor y orgullo, reflejado en cada uno de ustedes, los deportistas olímpicos y paralímpicos, que tienen el mismo coraje para dejar en claro de qué estamos hechos las y los mexicanos.

Siete medallas en los Juegos Olímpicos: una de oro, tres de plata y tres de bronce; 21 medallas en los Juegos Paralímpicos: seis de oro, cuatro de plata y 11 de bronce, son el esfuerzo demostrado y la dedicación de ustedes hacia su país, que lucha día con día para alcanzar sus metas.

El sentido de vivir de cada uno de ustedes no es solo ser el más fuerte, el más alto o el más rápido, es saber que los muros se rompen, que los puentes se pueden cruzar y que incluso las amenazas se pueden convertir en oportunidades. Es ahí en donde estuvo y está el corazón de México y sus familias acompañándolos a ustedes.

En cada atleta sabemos que hay una historia de éxito de vida; por eso en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos hacia ustedes y sus familias, que independientemente del metal conseguido o logrado, para nosotros todas y todos ustedes son ya de oro, al igual que sus familias. Es ahí donde nosotros tendremos que poner mucha atención especial a lo que venga en un futuro para la autorización de nuestro presupuesto.

En este Congreso y en muchos Congresos estatales, al igual que en el gobierno, se podrán realizar diversas ovaciones, felicitaciones, entregas de medallas e incluso de incentivos económicos, pero jamás podríamos influir como influyeron sus familias en apoyarlos en estos Juegos Olímpicos: sus esposas, sus esposos, sus hijos, hijas, abuelas, abuelos, papás, mamás, amigos y demás, fue lo que marcó la diferencia en estos Juegos Olímpicos y que le dieron la vuelta al mundo demostrando que el apoyo y el orgullo de las familias mexicanas estuvieron con ustedes.

Son jóvenes que dicen sí al sacrificio y entrega diaria; que dicen sí a la disciplina y de dejar atrás el ya conocido sí se puede y cambiarlo por el ya se pudo.

Con ustedes México será más alto de quienes lo quieren ver abajo; será más fuerte que la inseguridad y corrupción que vivimos hoy en nuestro país, y más rápido para responder a las necesidades económicas y sociales que necesitamos.

Con ustedes vamos construyendo juntos la generación de campeones de vida que México necesita. Transformemos el futuro de la mano con ustedes, para todos nosotros. Vamos México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. En uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados; distinguidas invitadas, distinguidos invitados. En primer lugar quiero reconocer a la Junta de Coordinación Política, que cuando propusimos como partido que pudiéramos tener este día de hoy, tan honroso en esta soberanía, pudiera hacerlo suyo el punto de acuerdo que se los propusimos. Muchas gracias a la Junta de Coordinación Política.

Hoy la Cámara de Diputados se honra con la presencia de hombres y mujeres que logran lo que pocas mexicanas y mexicanos logran fuera de las fronteras de México: poner en alto el nombre de México.

Es para mí un honor darles la bienvenida en este recinto, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; a nombre de las y los integrantes de mi grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Definitivamente la historia la hacen los pueblos; sin embargo, los pueblos ansían contar con héroes y heroínas que les inspiren para forjar un mejor futuro para sus nuevas generaciones, y ustedes, jóvenes atletas, representan la inspiración para la patria, inspiración para ser más generosos en el ofrecimiento de esfuerzos para alcanzar el éxito y la felicidad.

Amigas y amigos deportistas, les expreso el reconocimiento y el agradecimiento de mi grupo parlamentario, porque con sus logros nos hacen sentir orgullosos de formar parte de este gran nación.

Sabemos que las finanzas son una de sus principales necesidades; sabemos que se necesitan financiamientos para material deportivo, para concentraciones, para personal de apoyo, para sustentar a sus familias; sabemos también que nos falta hacer más equipo con los organismos del deporte para estar al tanto de sus carencias; sabemos de la equidad y que la no discriminación sea necesaria y urgente en el otorgamiento de estímulos.

Sabemos que abandonan familias, amigos, vida social y en algunos casos, hasta la academia, para realizar todos sus sueños: ser medallistas olímpicos y paralímpicos.

Hoy ustedes lo han logrado, hoy pertenecen a la elite mundial del deporte; habiendo tantos seres humanos que practicamos alguna actividad física o algún deporte, ustedes son de los mejores tres del mundo. Eso no cualquiera lo logra, reitero mis felicitaciones para todas y todos ustedes.

Hago un respetuoso llamado a los organismos del deporte nacional, a las federaciones, a las entidades deportivas, a los municipios de toda la República, a las empresas, a que juntemos esfuerzos y talentos para hacer aún más grande nuestro deporte.

Tenemos hoy la oportunidad, desde la Cámara de Diputados, de mejorar el marco jurídico, de proveer de recursos económicos suficientes para que les falte lo menos posible y hacer de México un país de deportistas.

Señoras y señores, desde ésta, la más alta tribuna de la nación, hago un exhorto al presidente de la República, para que en la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 dote de partidas suficientes para el desarrollo del deporte nacional, y que de manera concreta dote de recursos a la partida de becas vitalicias para medallistas olímpicos y paralímpicos, previstas en el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Basta de que nuestros medallistas anden mendigando un derecho ante la Conade y la Secretaría de Hacienda; es recurso de ellos y nadie tiene por qué retener esos recursos. Desde la Cámara estaremos atentos para que esa partida se etiquete y se proporcione con celeridad y  pueda ser viable a todos ustedes.

Ratifico la convicción del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para emprender acciones que engrandezcan más nuestro deporte. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el turno, la diputada Flor de María Pedraza.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera:Con su venia, presidente. Compañeros diputadas y diputados, es para mí  un honor dirigirme ante los medallistas olímpicos y paralímpicos que representaron tan dignamente al país.

El día de hoy, en esta soberanía queremos hacer un reconocimiento, más que merecido, a los medallistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, queremos reconocer su entrega y determinación. Definitivamente son unos triunfadores, y esperemos que sus logros inicien una nueva era en el deporte de nuestro país.

Como representantes populares queremos decirles, a nombre de todos los mexicanos, que cada uno y cada una de ustedes que participaron y obtuvieron una medalla en la justa olímpica y paralímpica de Londres, son los máximos representantes de la excelencia del deporte nacional.

Estamos ciertos que los logros que obtuvieron representan un enorme sacrificio y mucha dedicación y es motivo de alegría para todos los mexicanos que obtuvieran la más alta de las recompensas.

Tener la satisfacción de representar a México ante el mundo y especialmente —en el caso de ustedes—, haber obtenido una medalla, estar entre los tres máximos exponentes de su disciplina y ver elevarse la bandera de México ante sus ojos y los de todo el mundo, todo esto gracias a su esfuerzo y tenacidad.

Sabemos también que los resultados alcanzados por cada uno de ustedes implica el esfuerzo de muchas personas; claro está, en primer lugar está el de ustedes, el de los atletas, pero también vale la pena hacer un merecido reconocimiento a sus familias, a sus entrenadores y a los institutos del deporte, que tuvieron que ver con su formación de atletas, para que nos representaran con tanta dignidad.

También es importante reconocer que fue durante esta administración que al deporte se le dio un trato de política pública de estado y a ese impulso ustedes han correspondido con grandes resultados.

En los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos los atletas mexicanos confirmaron ser los mejores mexicanos para representarnos, prueba de ello son las siete medallas olímpicas y las 21 medallas obtenidas en los Juegos Paralímpicos. Estas siete medallas olímpicas representan un resultado histórico. Nunca antes en la historia de México se había tenido tal cantidad compitiendo fuera de nuestro país. Además, se superó el objetivo de alcanzar 20 finales, lo que constituye toda una hazaña deportiva.

En este sentido, vale la pena también un reconocimiento para el resto de la delegación mexicana por su esfuerzo y su compromiso; si bien es cierto que no todos fueron medallistas, que no todos pudieron subir al pódium, pero sí muchos se ubicaron dentro de los mejores ocho de su deporte, y lo que es más importante, al igual que ustedes, representaron a México con honor y con dignidad, y eso ya es digno de reconocer.

Ciertamente las medallas son muy importantes, pero un valor agregado de sus logros son los millones de mexicanos, especialmente niños, niñas y jóvenes, que al verlos por televisión despertaron su interés por practicar su deporte y todo esto gracias a su desempeño.

Les reiteramos nuestra admiración y respeto, son los mejores atletas de México y del mundo; sea éste un modesto reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y entrega.

Por parte de la fracción del Partido Acción Nacional, nuestro más profundo agradecimiento por haber puesto muy alto el nombre de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Muñoz.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Con su permiso, señor presidente. Es muy honroso para un servidor dirigirme a mis amigas y amigos atletas, en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para unirnos en este merecido homenaje que la Cámara de Diputados acordó en esta ocasión.

Lo hacemos con un enorme gusto y con una profunda convicción, porque sabemos que el esfuerzo y el mérito deportivo de cada uno de ustedes es producto de semanas, meses y años de arduo trabajo cotidiano, de mucho sudor, a veces lágrimas y que se han entregado a él con disciplina, sin regateos, con un inquebrantable deseo de superación y una férrea voluntad, que no se explicaría sin el sustento de un profundo amor por su familia, el deporte y al país en que hemos tenido la fortuna de nacer, que es México.

Ser atleta de alto rendimiento no es fácil, requiere, sí, de cualidades individuales singulares, pero también tiene que rodearse de un ambiente propicio para que pueda desarrollarse a plenitud; se necesita de un trabajo en equipo, que incluya entrenadores, cuerpo médico, asistencia médica y el imprescindible apoyo de la familia, que también forma parte del equipo triunfador.

No se diga, el doble mérito de quienes, superando una desventaja física, han logrado sobresalir en competencias de elevadísima exigencia, dándonos el ejemplo de mentalidad triunfadora y de actitud positiva ante la vida.

El trabajo organizativo de las autoridades es un complemento necesario que se ve recompensado con lo que ustedes lograron en Londres, el mejor resultado deportivo de nuestro país, desde 1968. Logramos siete medallas: una de oro, tres de plata y tres de bronce.

De 101 deportistas que fueron a Londres, 26 regresaron a México con una medalla en el pecho. Entre ellos, los integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol, que por primera vez lograron una medalla en ese deporte y fue de oro. Nada menos que contra Brasil, con lo que colmaron las satisfacciones que nos dieron nuestros atletas.

En los Juegos Paralímpicos se ganaron 21 medallas, una más que en Beijín 2008: seis de oro, cuatro de plata y once de bronce, con lo que se logró ubicar a México en el lugar 23 del medallero, de un total de 167 países participantes.

Es justo también felicitar a los deportistas que sin obtener una medalla hicieron un magnífico papel y se situaron entre los mejores del mundo; nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos supieron superar la presión de competencias de estos niveles, controlar los nervios, confiar en su preparación y actuaron seguros de sus capacidades a la hora decisiva. Son triunfadores, tienen ahora nuevos retos y nuevos triunfos qué conseguir en próximas competencias o en las actividades que vayan a desarrollar en el futuro.

La vida deportiva es muy intensa pero de corta duración. Queda la responsabilidad de mantener una conducta ética que sirva a otros de ejemplo, sobre todo a los jóvenes, con la conciencia del privilegio que constituye la oportunidad que tuvieron, la medalla que ganaron para ustedes y para México.

Amigas y amigos deportistas, señoras y señores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deseo hacer ante ustedes un compromiso, el de impulsar desde la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que dé soporte a una etapa de renovado impulso al deporte mexicano, al del alto rendimiento, como el que ustedes practican, pero también al que se dirige a la gran mayoría de la población, sobre todo cuando somos un país de jóvenes, tenemos que ampliar las oportunidades y promover la práctica del deporte para todos, desde la infancia hasta la senectud; poner en acción programas de actividad deportiva, dirigidos a combatir la obesidad, extender los apoyos en el deporte de alto rendimiento, en equidad para los deportistas paralímpicos y para quienes no lo son.

Alentaremos desde el Congreso y estamos convencidos de que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto compartirá esa visión: el obtener en las próximas Olimpiadas y en los próximos Juegos Paralímpicos, los mejores resultados de la historia de nuestro país.

Sabemos que se puede lograr, tenemos el talento y la capacidad y la experiencia como país para plantearnos esa meta.

El deporte no lo es todo, pero es un elemento imprescindible en la vida social; cuando un pueblo es capaz de reconocerse en el espejo de sus mejores hombres y mujeres, en cualquier ámbito, renace su orgullo, que es aliento decisivo para enfrentar sus retos y superar sus adversidades.

Por eso, la alegría que estos atletas han logrado despertar en el pueblo de México merece nuestro aplauso, nuestro reconocimiento y nuestro renovado compromiso con el deporte mexicano. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Les pediría a los señores diputados que sean tan amables de tomar su lugar en sus asientos, para que podamos escuchar la intervención de la medallista Paola Espinosa.

La ciudadana Paola Espinosa Sánchez: Buenas tardes, diputadas y diputados, medallistas olímpicos y paralímpicos, señoras y señores. Es un honor estar aquí y hablar a nombre de mis compañeros, los medallistas olímpicos y paralímpicos que asistimos hace unos meses a la justa de Londres 2012.

Agradezco el reconocimiento que hoy nos hace la Cámara de Diputados en esta nueva Legislatura, preocupada por escuchar nuestra voz e inquietudes. Gracias por reconocer nuestra disciplina, dedicación, esfuerzo y el trabajo de nuestros entrenadores, nuestras familias, y a todos a quienes contribuyeron en nuestros resultados.

Estamos aquí no solo como medallistas, sino también en representación de todos los integrantes de la delegación mexicana que acudimos a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres, por los que logramos un metal y por los que fueron finalistas, por los que mejoraron sus marcas personales o nacionales, en los que significó la culminación de un ciclo histórico de buenos resultados, los últimos tres años y medio en el deporte mexicano.

Pero mejor aún, me gustaría que vieran en nosotros a las niñas y niños que viven en los municipios, en los estados, en cada rincón de este país y que sueñan con una medalla olímpica, como lo hicimos nosotros algún día, cuyo futuro está en sus manos.

El deporte no tiene colores ni partido; olímpico y paralímpico solo conocemos un equipo, México. Cuando ganas una medalla México te abraza, se alegra. El orgullo nacional te contagia y es indescriptible la emoción de admirar tu bandera tricolor y cantar el himno nacional. La gente hace suya su historia, su nombre, y los niños te imitan.

Los padres de familia y la población en general quieren saber la fórmula del éxito, cómo alcanzar la cima; una medalla olímpica y paralímpica se convierte en un fenómeno de inspiración, con un valor social incalculable, una motivación automática y un ejemplo para millones de niñas y niños, jóvenes y familias, que voltean a ver el deporte.

Imaginen las emociones que dejaron cada una de las siete medallas olímpicas en fútbol, clavados, tiro con arco y taekwondo, más las 22 históricas finales en deportes convencionales, o bien, las 21 medallas paralímpicas y más de 50 admirables finales.

Los deportistas de hoy representamos a una nueva generación que no se da por vencida y que está al tú por tú con los mejores del mundo, preparada física y mentalmente para superar retos, obstáculos, asistir a los eventos de calidad y poner el nombre de México muy alto; deportistas comprometidos con nuestra responsabilidad y país, que cumplimos día a día con nuestra profesión de seleccionados nacionales.

Nosotros ya entrenamos, ya nos preparamos, ya competimos, alcanzamos nuestros objetivos y cumplimos al escribir nuestro nombre en la historia de México.

Ahora ponemos en sus manos nuestros resultados, este fenómeno motivacional para que también hagan historia desde su curul, para que impulsen leyes que incentiven programas que nos permitan dejar de ser el país número uno en obesidad infantil, porque así como México entero espera siempre lo mejor de sus atletas, también lo esperamos de sus legisladores.

Busquen su propia medalla, trabajando para promover hábitos saludables para nuestros niños y hagan suya también la actitud ganadora que ha marcado a esta generación de deportistas de la que me siento muy orgullosa de ser parte.

Ustedes pueden hacer mucho por el deporte, por la niñez y la juventud, por México; hacer que realmente el deporte sea un derecho constitucional y al que tengan acceso todos los mexicanos; proveer de recursos suficientes al deporte para que estas medallas se multipliquen y existan más historias motivacionales.

A nosotros nos toca prepararnos bajo las condiciones que sean, pero cada quien debe poner su granito de arena; hacer lo que nos corresponde.

Ustedes, como legisladores, buscan nuevas oportunidades para las entidades que representan, además del trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), Comité Olímpico Mexicano (COM), Comité Paralímpico Mexicano (Copame), institutos estatales del deporte y federaciones; trabajar en equipo y bajo la filosofía del juego limpio, porque —les reitero— el deporte no tiene colores ni partidos.

Las buenas cuentas que hoy rinde el deporte son un enorme reto para el futuro y ojalá cada que hablen de activación física y deporte en este recinto tengan presente que ésa es la mejor bandera para combatir los problemas de salud, causados por la obesidad y el sedentarismo, problemas sociales como la delincuencia juvenil y el bullying en las escuelas, el alcoholismo y la drogadicción.

Los deportistas y todo México esperamos lo mejor de ustedes. Muchas gracias, y gracias por el reconocimiento.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señores diputados, esta Presidencia ve con enorme agrado la forma que los señores diputados se han acomodado para tener atenciones y sacarse fotos, pero en este momento vamos a proceder a la entrega de reconocimientos.

Les suplico sean tan amables de tomar su lugar e invitar a los señores coordinadores de las fracciones para que acompañen al presidente de la Mesa Directiva a entregarles los reconocimientos a quienes hoy representan al grupo de triunfadores de la anterior olimpiada.

(Entrega de reconocimientos)

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero agradecer, a nombre de la Mesa Directiva y creo que de todas mis compañeras diputadas y compañeros diputados, la presencia de nuestros invitados aquí el día de hoy.

Agradezco también la presencia de todos los dirigentes de organizaciones deportivas olímpicas, paralímpicas y en general, del deporte mexicano, que hoy nos han acompañado en esta sesión.

Para acompañar a nuestros invitados el día de hoy, se designan en comisión a los diputados: Ponciano Vázquez Parissi, a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, a la diputada Flor María Pedraza Aguilera, a la diputada Gabriela Medrano Galindo, al diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán y a la diputada Zuleyma Huidobro González, para que acompañen a nuestros homenajeados en el momento en que deseen retirarse del salón. Muchas gracias por su presencia el día de hoy.

RECESO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 12:14 horas): Declaramos un pequeño receso para continuar con el desarrollo de nuestra sesión.

(Receso)

VI INFORME DE GOBIERNO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 12:15 horas): Se reanuda la sesión.

Quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de las escuelas Xelhua y del Colegio General Nicolás Reyes Alegre, del estado de Puebla, que están invitados aquí por el diputado Julio Lorenzini Rangel. Bienvenidos todos y todas a la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su presencia.

También agradecemos la presencia de un grupo de empresarios de San Juan de los Lagos, Jalisco, invitados por el diputado Noel Pérez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Continuando con nuestro orden del día, voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a los puntos resolutivos de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política*, que tiene que ver con las preguntas parlamentarias.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7o., numeral 4; 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el 1o. de septiembre de 2012 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su VI Informe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cada Cámara podrá, con motivo del análisis del informe de gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.

III. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las preguntas parlamentarias deberán referenciarse por las áreas temáticas siguientes: a) política interior, b) política exterior, c) política social y d) política económica.

IV. Que la Cámara de Diputados inició, en su sesión del 4 de septiembre de 2012, el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, por lo que procede la formulación de las preguntas que determine el Pleno para ampliar la información relacionada con el análisis del informe de gobierno.

V. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 130, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, tras calificar la procedencia de los proyectos de preguntas parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios, será responsable de proponer al Pleno el acuerdo mediante el que se determine el número total de preguntas, el número de ellas que corresponda a cada grupo parlamentario y el texto de las mismas.

VI. Que para tal fin, la Junta de Coordinación Política solicitó al Pleno de la Cámara la aprobación del acuerdo mediante el que se establecieron el número total de preguntas a realizar, el número de ellas que correspondieron a cada grupo parlamentario, las características de las preguntas y la fecha límite en que los grupos podrían presentar sus propuestas,  fijándose las 19:00 horas del día 4 de octubre del presente año.

VII. Que dentro del plazo establecido, cada grupo parlamentario presentó sus propuestas por lo que se procedió a realizar la calificación a la que se refiere el numeral 5 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7 numeral 4; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se calificaron como legales el total de las 72 preguntas presentadas por los grupos parlamentarios para dirigirlas al Presidente de la República a efecto de que amplíe la información relativa al informe que presentó al Congreso de la Unión el 1o. de septiembre de 2012.

Segundo.Las preguntas parlamentarias, fueron formuladas por los grupos parlamentarios de acuerdo a lo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados por lo que se anexa al presente acuerdo el documento con el que cada uno de ellos hizo sus propuestas.

Tercero.Se aprueba formular las 72 preguntas parlamentarias propuestas por cada unos de los grupos representados en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva que, en su caso, se sirva ordenar la remisión de los pliegos que contienen las preguntas parlamentarias al titular del Ejecutivo Federal para que les dé contestación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputada Lucila Garfías Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el acuerdo. Me está solicitando la palabra el diputado Ricardo Monreal; tiene el uso de la tribuna para referirse a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, este punto de acuerdo que acaba de leerse y que está sometido a la consideración del pleno, tiene que ver con las preguntas parlamentarias que se le formulan al Ejecutivo año con año, con motivo del informe que rinde del estado que guarda la administración pública federal.

En la Junta de Coordinación Política decidimos que fueran 72 preguntas parlamentarias, que se formulan directamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que pueda responderlas la oficina del Ejecutivo o las dependencias a su cargo, de manera directa. Es con motivo de las dudas que surgen entre los legisladores o sobre temas que no fueron muy claros en el informe que se rindió ante esta soberanía.

Esto lo contempla como una obligación y una facultad del Congreso el artículo 69 de la Constitución, que establece que cada Cámara podrá, con motivo del análisis del informe de gobierno, solicitarle al titular del Ejecutivo federal que amplíe la información mediante preguntas por escrito. Éste es un ejercicio que debiera ser encomiado como un ejercicio de equilibrio de poderes.

Tiene la legislación poco, algunos años; sin embargo, en la práctica no ha sido tan eficaz y por eso me inscribí para llamar la atención de la asamblea y de la Mesa Directiva, porque, no obstante que voy a votar y el grupo parlamentario al que me honro en pertenecer va a votar a favor, quiero hacer una reflexión breve, que es la siguiente.

Estos últimos años se han formulado estas preguntas parlamentarias; sin embargo, cuando responde el Ejecutivo o una dependencia federal del Ejecutivo, nos remite groseramente al informe.

Es decir, un diputado tiene dudas sobre el número de muertos en la guerra contra el crimen organizado. Un diputado puede decir: tengo dudas y por tanto quiero que me digas exactamente cuántas personas han fallecido en esta guerra absurda contra el crimen organizado, y lo que le responde el titular de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Defensa Nacional o algún miembro del gabinete de seguridad pública es: en razón a su pregunta, diputado, lo remito al informe que el Ejecutivo proporcionó en la fecha tal, en el tal. Ésa es la llamada de atención.

Por eso deberíamos agregarle, en uno de los puntos resolutivos, lo siguiente: Evitar que los secretarios del ramo respondan remitiéndonos al informe; que sean concretos en la respuesta que les exigimos como miembros de un poder y como un equilibrio real de poderes entre Legislativo y Ejecutivo.

Eso es cuanto, presidente. En cuanto al voto, votaremos a favor, pero era importante razonar nuestra inconformidad de este ejercicio que se ha hecho verdaderamente ineficaz e inservible. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También solicitó la palabra y se le concede al diputado Domitilo Posadas, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias y muy buenas tardes para todos ustedes. Sin duda este mecanismo y el antecedente inmediato de la Legislatura LX Legislatura, nos dan pauta para lo que se puede y no se puede respecto a estas preguntas parlamentarias.

Para que no quede en un llamado a misa y que el señor Felipe Calderón, titular del Poder Ejecutivo federal, sea omiso en las mismas, de manera muy respetuosa, lo que nosotros proponemos como diputados del PRD, es que no solamente se publiquen todas las preguntas que esta Legislatura tenga a bien aprobar, sino lo más importante, que las respuestas de Felipe Calderón, también sean publicadas en los términos reglamentarios; es decir, en nuestra Gaceta Parlamentaria, y finalmente, que a las mismas, a estas preguntas y a sus respectivas respuestas se le dé un seguimiento respectivo para que se perciba o tengamos el pulso del cumplimiento de las mismas. Es cuanto, y muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego ahora a la Secretaría dar lectura a otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política*, solamente a los puntos resolutivos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados si es de aprobarse la presentación de la controversia constitucional en contra de la presentación por parte del titular del Ejecutivo federal de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con carácter de trámite preferente que remitiera el pasado 1o. de septiembre de 2012 a la Cámara de Diputados

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 numeral 1 y 34, numeral 1 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno la propuesta de acuerdo fundada en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el pasado 24 de septiembre, el Grupo Parlamentario del PRD, por conducto de su coordinador, presentó solicitud por escrito en el que manifestaron su intención de promover una demanda de controversia constitucional en contra de la presentación por parte del titular del Ejecutivo Federal de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con carácter de trámite preferente que remitiera el pasado 1o. de septiembre de 2012 a la Cámara de Diputados por medio de atento oficio suscrito por el licenciado Rubén Adolfo Fernández Aceves, en su calidad de subsecretario de Enlace Legislativo. Con ello, dio inicio el procedimiento especial previsto en el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. Que en cumplimiento de lo establecido en la fracción II del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acordó y solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitiera, en un plazo no mayor de cinco días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia del proyecto de demanda de controversia constitucional referido.

Tercera.El 1o. de octubre pasado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados presentó la opinión técnica que le fue solicitada.

Cuarta.Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 8 de octubre de 2012 se solicitó a la Mesa Directiva que, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se entregase a todas las diputadas y los diputados, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, copia del proyecto de demanda de controversia constitucional y copia de la opinión técnica.

Quinta.Que según el informe de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, el procedimiento a que se refiere la consideración anterior concluyó a las 19:46 horas del día 9 de octubre del presente, por lo que se cumple el plazo de anticipación a que se refiere la propia fracción III del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, la Junta de Coordinación Política propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. De acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del Pleno si es de aprobarse la presentación de la demanda de controversia constitucional en contra de la presentación por parte del titular del Ejecutivo Federal de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con carácter de trámite preferente que remitiera el pasado 1o. de septiembre de 2012 a la Cámara de Diputados.

Segundo.En caso de aprobarse la presentación de la controversia constitucional deberá ser presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, en términos del artículo 233, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputada Lucila Garfías Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Informo a la asamblea que la Junta de Coordinación Política acordó que para la discusión de este punto de acuerdo podrían hablar tres oradores en contra y tres oradores en pro, por un tiempo de tres minutos cada uno.

En consecuencia, informo a la asamblea que se han inscrito para hablar en contra el diputado Luis Antonio Roldán, la diputada Consuelo Argüelles y el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, y para hablar en pro el diputado Jorge Salgado, el diputado Silvano Blanco y el diputado Tomás Torres Mercado.

Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, le pido me registre como un orador a favor de presentar la controversia constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: Una vez que haya concluido la ronda de oradores de tres y tres, preguntaré a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Éste es un acuerdo que tengo aquí de la Junta de Coordinación Política.

Dígame. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Monreal y después el diputado Huerta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, usted no puede coartarme en mi derecho de expresarme en contra o a favor del proyecto que se discute; la Junta de Coordinación Política no puede sustituir mis derechos y le pido que me inscriba, porque es mi derecho y no estoy sometido al arbitrio ni al capricho de la Junta de Coordinación Política, por muy importantes que sean.

Le solicito de la manera más atenta y más respetuosa, me inscriba en el orden de oradores a favor. Me parece que esta Cámara está perdiendo toda su esencia y hasta este momento hemos sido tolerantes y cuidadosos para participar; si hasta esto se va a conculcar y no nos van a permitir debatir, me parece un exceso y me parece propio de las tiranías. No lo acepto y le pido de favor me inscriba a favor de la controversia constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): En el mismo sentido que el diputado Monreal, pedimos que se nos inscriba para estar a favor de la iniciativa de controversia. También hemos estado tratando de evitar que estos mecanismos de control que se pretenden tener en la Cámara, nos impidan a diputados ejercer nuestros derechos, como es el propio debate de esta iniciativa; entonces, también pido que no se me coarten mis derechos en esta Cámara, y pido la palabra para hablar a favor de la iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Gutiérrez de la Garza, por favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Creo que es totalmente claro para todos nosotros que a lo que tenemos que someternos es a la Ley y al Reglamento, no a la discrecionalidad o interpretación de la propia ley o del reglamento de cada uno de nosotros.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se presenta el día de hoy y que al parecer no todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política estuvieron presentes, señala de manera diáfana lo que usted acaba de precisar, pero faltó un pequeño detalle, diputado presidente, al final dice: e inmediatamente se someta a votación. Eso implica tres oradores en contra de la presentación de esta controversia constitucional y tres oradores a favor, en una discusión que el propio Reglamento establece.

Entonces, sobre todo para puntualizar la necesidad de otros oradores, en los que necesariamente tenemos que someternos a nuestra propia reglamentación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Hay muchos diputados que me están pidiendo la palabra desde su curul, no puedo negárselas. Solamente quiero decirles que el Reglamento, en su artículo 106, referente a los puntos de acuerdo, habla solo de un orador a favor y uno en contra. No de tres, como el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Mesa Directiva lo único que puede hacer es aplicar las reglas del juego que nos hemos dado todos y que todos aceptamos y protestamos cumplir, y más a quienes nos toca, en este caso, conducir las sesiones. Tendré que formular las listas que correspondan, pero después que concluya la ronda de oradores de tres y tres, preguntaré a la asamblea y que sea la asamblea la que decida. No puedo ir más allá de eso.

Sonido en la curul en que se encuentra el diputado José Luis Muñoz. Es que hay varios.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Por eso, nada más en cuanto me toque en el orden démela, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya la tiene, diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. En ningún artículo de nuestros reglamentos internos señala que antes de que se someta a votación alguna propuesta de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación, pase usted de manera inmediata a decir cómo se va a trabajar.

El artículo 143 menciona que cualquier propuesta de la Junta de Coordinación debe ser sometida a votación de este pleno; entonces, le pido de favor que antes de que diga cuántos oradores a favor y en contra va a haber, que se someta a consideración el punto de acuerdo y seguramente ahí habrá compañeras o compañeros diputados que puedan proponer una modificación a la propuesta de punto de acuerdo, para ver si son tres o más o menos diputadas y diputados que puedan hacer uso de la palabra. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido también en la curul en que se encuentra el diputado Morales y después también el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas(desde la curul): Gracias, compañero presidente. Aclararle que no es un punto de acuerdo, es la presentación de una controversia y requiere de un trámite especial.

Segundo. El derecho, precisamente, a quienes promovemos, de presentar esta controversia. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): No se puede, compañero presidente, coartar el derecho de los legisladores a expresarse sobre este tema, nos parece que se quiere poner una tapadera, un bozal a los representantes populares y no quiere que se debatan en esta máxima tribuna de la nación los temas que son de interés de la ciudadanía, de los electores.

Nosotros reiteramos la petición, le pido que me inscriba también para hablar a favor, porque además, vemos ahí que no abrió usted para que subiera un registro, simple y sencillamente leyó una lista; no preguntó a la asamblea quiénes se inscribían en contra o a favor, simple y sencillamente leyó una lista y nos parece advertir, entre los que se mencionan a favor, gente que nada más está robando espacios ahí para que se pueda argumentar a favor de la iniciativa, de partidos que han estado precisamente a favor de la reforma laboral que nosotros estamos, precisamente, impugnando.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Dígame, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, me parece verdaderamente lamentable que se nos pretenda privar del uso de la voz en un tema trascendente. Si así es y si usted persiste en negarme el derecho a participar le voy a pedir a los compañeros de la izquierda que me aludan tantas veces suban para poder subir en mi derecho. Eso no me lo va a prohibir, se lo aseguro, porque es mi derecho. Le voy a pedir a los compañeros de la izquierda que me aludan y así lo vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a aludirnos mutuamente para dar el debate que no quieren y que me parece es un absurdo lo que están haciendo.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidente, con todo respeto, hacer hincapié en que no se trata de un acuerdo parlamentario, se trata de la posibilidad de que esta Cámara ejerza una facultad que tiene, una potestad constitucional de presentar una controversia constitucional.

En tal sentido, señor presidente, respetuosamente le llamo a la reflexión para que no cerremos el debate en un tema trascendental y sobre todo, que tiene qué ver con que esta Cámara use a plenitud sus facultades. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Vamos a proceder a la discusión. Otra vez sonido en la curul en que se encuentra el diputado Huerta y después de eso abriremos la discusión.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Usted, señor presidente, tiene que vigilar los derechos de todos los diputados, no nada más los de los intereses del partido en el que usted milita y de sus aliados, sobre todo en este tema y en esta reforma.

No pueden conculcar nuestros derechos, insisto, nosotros estamos pidiendo que tengan mesura, que no conviertan esta Cámara en una tiranía y que nos permitan hablar, porque —al igual que el diputado Monreal— tenemos que solicitarle a los compañeros de la izquierda que nos aludan para poder hablar, cuando ustedes deberían cuidar el equilibrio y sobre todo, que no se violenten nuestros derechos; por tanto, le pido que reflexione y que nos dé la palabra.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Ricardo Anaya.

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): Gracias, presidente. Jamás nos opondremos a que un compañero haga uso de la voz, siempre y cuando esto esté fundamentado en nuestro Reglamento.

La práctica parlamentaria sí ha sido la de darle tratamiento de punto de acuerdo a los asuntos acordados en la Junta de Coordinación Política. Lejos de limitar, la Junta de Coordinación Política lo que estableció fue que desde una primera ronda hubiera tres oradores a favor y tres oradores en contra; y no solo un orador a favor y un orador en contra, como claramente lo establece el Reglamento.

Esta Cámara no puede, presidente, estar sujeta a chantajes. Le pedimos, presidente, que se aplique el artículo 106, fracción IV, se permita el uso de la voz a tres oradores a favor y a tres en contra, inmediatamente después se pregunte si el asunto está o no suficientemente discutido.

Si alguien es aludido en lo personal y con fundamento en el Reglamento pide la voz, que se le conceda. Nada fuera del Reglamento de esta Cámara de Diputados. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, Roberto López está pidiendo el uso de la palabra, después vamos a iniciar la discusión; es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde estuvieron los coordinadores.

El diputado Roberto López González(desde la curul): Señor presidente, solamente comentar —dándole la razón al diputado que me antecedió en la palabra—, que si esta Presidencia sesión tras sesión no abre la posibilidad de que se debatan todos los temas a fondo, así como usted coarta la libertad de expresión de los diputados, nosotros haremos lo necesario, apegado al Reglamento, para intervenir las veces que sean necesarias.

El Presidente diputado José González Morfín: Mi obligación es hacer cumplir la Ley y el Reglamento; y así voy a proceder, como lo he hecho siempre, no nada más en esta Legislatura.

En consecuencia, voy a...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado Huerta. Vamos a iniciar la discusión.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí, solamente le pregunto a la Presidencia en qué momento se abrió el registro de oradores o quién eligió a esos tres que van a hablar, porque en ningún momento se abrió.

El Presidente diputado José González Morfín: No tendría inconveniente en cambiarlos, si quienes están a favor se ponen de acuerdo, pero lo que vamos es respetar el acuerdo de la Junta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Pero mi pregunta es quién propuso esos nombres, en qué momento se abrió. Usted cuándo preguntó.

El Presidente diputado José González Morfín: Como siempre, se registran en la Mesa ante la Secretaría, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): ¿Cuándo preguntó?

El Presidente diputado José González Morfín: Se registraron en la Mesa ante la Secretaría.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): No preguntó a la asamblea, no preguntó a la asamblea; entonces, el deber del presidente es vigilar que se cumpla y se respeten los derechos, y no preguntó; por eso lo estamos haciendo en este momento desde la curul.

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a apegarnos a lo que dice el Reglamento. No tengo inconveniente en cambiar oradores, si así lo deciden quienes están a favor del punto de acuerdo.

En consecuencia, para iniciar la discusión, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para hablar en contra del punto de acuerdo.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. En Nueva Alianza estamos convencidos de que las reformas deben discutirse a partir del respeto y la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos y del reconocimiento de los equilibrios institucionales en los que se desarrolla la vida nacional.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, desde el primero de septiembre de 2012, fecha en que el titular del Ejecutivo federal envió a esta soberanía la iniciativa de reforma laboral, con carácter de trámite preferente, hemos sido conscientes de la responsabilidad que implica su procesamiento en un escenario inédito, resultado de la reforma constitucional en materia política, misma que entró en vigor apenas el 9 de agosto pasado.

Debemos considerar que ante el caso específico de la naturaleza jurídica de la iniciativa preferente cuya reglamentación está pendiente, la Junta de Coordinación Política asumió cabalmente sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para impulsar el entendimiento político entre los distintos grupos parlamentarios.

De este entendimiento se discutió y aprobó en el pleno la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y posteriormente el método para el dictamen de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, en su carácter de preferente.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de manera responsable y consciente de la necesidad de responder a una obligación constitucional de dar trámite a la iniciativa preferente, participamos en todas y cada una de las etapas, y con ello legitimamos la legalidad del procedimiento.

Rechazamos las acciones de quienes pretenden desvirtuar el trabajo realizado por esta soberanía; cuando los argumentos en el debate parlamentario no les alcanzaron, decidieron salirse por la puerta de atrás.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy más que nunca resulta imperativo reconocer que la actuación de cada uno de nosotros legitimó indudablemente cada una de las etapas descritas, como parte del proceso de análisis, discusión y dictamen correspondiente a la iniciativa de reforma laboral para trámite preferente en esta Cámara de Diputados.

Por ello, de acuerdo con los principios de responsabilidad ética y política de todo representante de la nación, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vota en contra de la demanda de controversia constitucional, por considerarlo infundado; tenemos plenos argumentos jurídicos.

Los conmino a continuar con el proceso de la reforma laboral para sentar las bases de un México moderno, progresista y liberal que demanda el siglo XXI. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame diputada Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Si me acepta una pregunta el diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Si acepta una pregunta el diputado González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con mucho gusto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada. Puede formular su pregunta.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Gracias. Desde este momento aludo al diputado Ricardo Monreal Ávila, y le pregunto al orador si él está de acuerdo en que a los diputados —a todos nosotros— se nos coarten nuestros derechos para poder subir a esta tribuna.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Muchas gracias. Señor presidente, doy respuesta puntual a la pregunta realizada por la señora legisladora. Cualquier derecho tiene límites y se encuentra consagrado en la ley. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Esa alusión, en términos del Reglamento, no procede, diputada, usted estaba formulando una moción.

Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Jorge Salgado Parra: Con el permiso de la Mesa. El Grupo Parlamentario del PRD, así como diputados de otro partido, como Manuel Huerta, Ricardo Monreal y Ricardo Mejía, estuvimos en contacto, acerca de la solicitud para que la Cámara de Diputados iniciara una demanda de controversia constitucional contra el procedimiento legislativo de la iniciativa con trámite preferente, relativa al proyecto de decreto de reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de  la Ley Federal del Trabajo, que el titular del Ejecutivo federal hizo llegar a esta representación popular el primero de septiembre de 2012.

El grupo parlamentario lo hizo con la convicción de defender las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso de la Unión, para desarrollar, en ley secundaria, la figura del trámite preferente introducida en la reforma constitucional contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2012, en materia de reforma política.

En base a esto, según la Dirección de Asuntos Jurídicos, el proyecto presentado por el PRD reúne los requisitos esenciales de forma, previstos en la ley reglamentaria en la materia y sugiere que es susceptible de ser mejorada. Asimismo precisa que la Cámara de Diputados se encuentra dentro del término legal para presentarla que fenece el próximo 15 de octubre.

La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las atribuciones de la Constitución General de la República, que prevé para las entidades, poderes u órganos que señala su artículo 105, fracción I, para resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órgano; por lo que para que en esa vía constitucional proceda, la norma o acto impugnado debe de ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio al promovente, en razón de la situación de hecho en que se encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y consecuentemente los conceptos de invalidez deben de dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado cuando menos le afecta como entidad, poder u órgano.

El argumento anterior se fortalece aún más con el criterio jurisprudencial que establece que el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en el que ésta se encuentra, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada para que se pueda exigir su estricta observancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Interés que sin duda alguna igualmente ostentan los representantes políticos y el titular de esta soberanía nacional; es decir, el pueblo, al preverse incluso en la propia Constitución federal mecanismos de garantía institucional para que la protección de los derechos fundamentales como parte de las minorías parlamentarias.

Pero además y en todo caso lo del impacto por demás negativo que representa la reforma legal, objeto de la referida iniciativa preferente para los derechos sociales en nuestro país, vuelve a enfatizar para que la discusión sobre una controversia constitucional en los términos propuestos por nuestro grupo parlamentario, no se debe limitar a analizar aspectos meramente de formalidad, sino más bien de fondo, al estar en riesgo de conculcarse los derechos laborales plenamente reconocidos y garantizados por nuestra Constitución federal.

De ahí que aunque falazmente se argumente que la iniciativa preferente no contraviene la Constitución al no preverse una modificación del texto de la misma, lo cierto es que veladamente se estaría modificando el orden constitucional al modificar los principios y valores constitucionales que protege y garantiza el trabajo en condiciones dignas mediante un ordenamiento secundario.

Por las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRD propone que la Cámara de Diputados inicie demanda de controversia constitucional contra el procedimiento legislativo preferente con el que se recibió, analizó, discutió y aprobó la iniciativa de la reforma laboral presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal el pasado primero de septiembre. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sé que proceden las alusiones personales, lo tengo registrado. Solamente quiero pedir la comprensión de la asamblea para que pudiéramos hacer un breve receso en esta discusión, en razón de que se encuentra aquí con nosotros y será recibido por el presidente de la Mesa Directiva de esta asamblea el presidente del Congreso brasileño.

Espero que entiendan que la cortesía nos obliga a abrir un pequeño receso en la discusión e inmediatamente después reanudaremos la discusión sobre este tema.

Antes de eso, quisiera —si me permiten— aprovechar también la ocasión para saludar aquí al excelentísimo señor Fernando Antonio Pérez Memen, embajador de la República Dominicana en nuestro país, que nos acompaña. Bienvenido, embajador.

También están aquí en el recinto un grupo de estudiantes de la carrera de ciencias políticas y administración pública de la Universidad Popular de la Chontalpa, del estado de Tabasco, invitados por el diputado Gerardo Gaudiano. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de asociaciones civiles que atienden y defienden los problemas de discapacidad visual, invitados por el diputado René Fujiwara. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

RECESO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 12:54 horas): Abrimos un breve receso para recibir al presidente del Congreso brasileño.

Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 12:57 horas): Se reanuda la sesión.

Señores diputados, señoras diputadas, nos acompañan en esta sesión, en una visita de cortesía, el excelentísimo señor diputado Marco Maia, presidente de la Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil. Agradecemos la presencia también del señor embajador de Brasil en México, don Marcos Raposo Lopes.

Señor diputado, señor embajador, a nombre de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados, quiero darles la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario.

México y Brasil son países que tienen la oportunidad geográfica de compartir una agenda común, a partir de razones históricas y geográficas que comparten nuestros Estados, pero también en razón de cuestiones fundamentales, como son la igualdad, el estado de derecho, la tutela y la vigencia de derechos fundamentales.

Ojalá que a partir de visitas como ésta entre nuestras naciones pueda robustecerse el intercambio en lo comercial, lo político, lo científico, lo social y lo cultural.

La presencia de brasileños en México nos genera siempre una estimulante expectativa en el arte, en la música, en las letras, en la política, en la ciencia, en casi en todos los campos y excepcionalmente hasta en el fútbol.

Las mujeres y los hombres de Brasil tienen un lugar ganado en México. Tenemos agendas propias como país, pero también una agenda común, que nos identifica a los latinoamericanos y en mucho, con todos los países como los nuestros, que trabajan por un mejor desarrollo nacional y regional.

A ello podemos abocarnos también los órganos legislativos de ambas naciones a partir de la diplomacia parlamentaria, que permite establecer y fortalecer vínculos con la mira de hallar alternativas que repercutan en mejores niveles de bienestar para la población.

Lo más saludable para todos los latinos es que aprendamos de nosotros mismos y que seamos capaces de entender nuestras raíces comunes.

Me permito traer a este foro palabras del entonces embajador Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, en 1982, quien también y en algún momento fue embajador de nuestro país ante el gobierno de Brasil y que definía nuestra relación diplomática como seguramente podemos seguirla definiendo en nuestros días; decía: lo que ha habido con Brasil ha sido la feliz conjunción de dos políticas independientes, cada una en su actitud internacional, y en el aspecto interno.

Programas hasta cierto punto paralelos de desarrollo económico y social con Brasil, al igual que con otras naciones americanas, intercambiamos ideas, realizamos consultas y nos comunicamos nuestros respectivos puntos de vista sobre problemas internacionales de interés común, pero conservando ambos países su completa libertad de decisión.

Esta es la respetuosa, cercana y enriquecedora relación que hasta la fecha ha prosperado entre nuestros países y que en la constante visita de misiones diplomáticas, empresariales y parlamentarias, estrecha lazos y fortalece nuestras miras de progreso y desarrollo.

Por ello, señor presidente Maia, su visita a esta Cámara de Diputados es de la mayor importancia; nos permite augurar una interlocución rica y franca entre nuestros Congresos y garantizar una colaboración abierta en el futuro inmediato para dar paso a los temas que nos son afines, no solo en el ámbito bilateral, sino en las muchas tareas multilaterales en las que Brasil y México tengan oportunidad de hacer causa común.

Los mexicanos sabemos que las razones profundas de nuestra historia, de nuestro continente, nos obligan a promover una relación en la que se busquen soluciones mucho más ligadas a las aspiraciones de justicia, de desarrollo y de abatimiento de la miseria y la desigualdad, porque son valores universales que deben de ser el punto focal de nuestra mira: el destino de todas las sociedades, que separadas por fronteras, están unidas por anhelos. Le agradecemos enormemente su visita a esta Cámara.

En el momento en que los señores visitantes deseen retirarse, le suplico a la comisión sean tan amables de acompañarlos a la salida. Es usted muy bienvenido a México. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 13:03 horas): Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra para contestar alusiones personales, por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, cuando se cierran los canales de expresión terminan por estallar las sociedades.

Le pregunto al PRI y al PAN, ¿quieren conducción institucional o quieren ruptura constitucional? No puede ser que ni aún siquiera nos permitan hablar, no puede ser que intenten mil formas de acallarnos; si hay una mayoría prefigurada, ¿a qué le temen? ¿A perder más tiempo en la discusión y en el debate? ¿A exhibirse, frente a la falta de argumentos o simplemente a ignorar a una oposición que intenta ser digna en el debate parlamentario?

¿Qué les ofende? ¿Por qué esta actitud de cerrazón? Qué pena me dan esos jóvenes que intentan ser complacientes con el poder y secundan esta actitud de obstaculizar a quienes pretendemos asumir una posición; qué pena me dan esos jóvenes viejos, y viejos no por la edad, sino porque practican lo peor de la política, las actitudes serviles, fascistas de descalificación. Qué lástima que copien a lo peor del priismo arcaico, qué lástima que se comporten como en la era del pitecantropus pekinensis en la política actual. Es lamentable, pobres jóvenes.

Es el procedimiento en el que nosotros insistimos; por esa razón, presidente, vamos a agotar todos los recursos legales y del Reglamento que nos permitan; vamos a agotar interminablemente a través de alusiones nuestro derecho a participar.

Fíjense ustedes, en la lista de oradores, hay cuatro que están a favor, o en contra, y dos a favor. Hasta chicanadas nos quieren hacer eliminándonos.

Ahí está el Bronx, ya los extrañaba. No generalizo, porque me he topado en las oficinas y en los pasillos con gente honesta que escucha con respeto. A ellos no los incluyo, porque creo que el día que nos respetemos todos, aun cuando estén en desacuerdo con lo que hacemos y lo que decimos, este país será diferente, pero ustedes ni aún siquiera nos permiten hablar, y eso es inadmisible.

El Presidente diputado José González Morfín: También para responder alusiones personales tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tres minutos.

Solamente a quienes están participando en la discusión. Voy a ser escrupuloso en el cumplimiento del Reglamento, en materia de alusiones personales. Perdón, ésta es una moción de alusiones personales y procede entre los que intervienen en la discusión. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La provocación es una táctica de halcones; espero que las sospechas que tenemos de los que llegan y de los que se van, no la confirmemos aquí en esta Cámara de Diputados, que deben de dejar un debate libre para no tener este tipo de problemas; espero que los halcones se retiren de la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de tesis de jurisprudencia, ha determinado que la finalidad de los preceptos transitorios, consiste en establecer los lineamientos provisionales o de tránsito, que permitan la eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las características de modo, tiempo y lugar, de manera que sea congruente con la realidad imperante.

Obviamente que la iniciativa que manda Calderoncito, no considera que a la fecha del día de hoy no ha emitido norma alguna que termine el procedimiento para estudiar y, en su caso, dictaminar las iniciativas de trámite preferente.

Con un fondo político real, el titular del Ejecutivo federal, en forma torcida y haciendo uso de las viejas prácticas presidencialistas y de la disciplina partidista, presenta una iniciativa con el carácter de preferente en materia laboral, dispuesto a asumir un costo político en beneficio del nuevo titular que lo relevará en el mes de diciembre, encaminados en un mismo proyecto de atender a los intereses depredadores de empresarios que buscan mayores ganancias, a través de lucrar con la fuerza de trabajo de los y las mexicanas.

Aunque estemos en la constitucionalidad y legalidad de la facultad de la iniciativa del Ejecutivo federal en materia preferente, ésta no puede ser ejercida a través de violar la misma Constitución, dado que no está desarrollado el segundo transitorio.

La disciplina partidista al viejo estilo presidencialista conllevó a la Junta de Coordinación Política para establecer un procedimiento especial para dar trámite a la iniciativa, que hoy se cuestiona; la Junta de Coordinación Política, sin competencia ni atribución legal, estableció en forma ilegal e inconstitucional el método para dictaminar la iniciativa en materia laboral.

Atendiendo al contenido del artículo segundo transitorio, publicado en el Diario de la Federación, corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en dicho decreto y no como lo están queriendo hacer aquí.

En consecuencia, el trámite de la iniciativa con carácter preferente se encuentra condicionada la legislación que emita el Congreso de la Unión, el cual a la fecha no determina el trámite que el Ejecutivo federal pueda presentar iniciativas con ese carácter.

Con este acto incide en el proceso legislativo ordinario de la Cámara de Diputados, generando inercias que afectan las atribuciones de la misma Cámara, en particular lo que establece el artículo 73, fracción X, constitucional, con lo que se acredita el interés legítimo de la Cámara para interponer la controversia constitucional que se presenta a este pleno.

Es obvio que estamos observando muchas chicanadas, muchas trampas. Nosotros queríamos hablar para manifestarnos a favor. Como miembro del PT, de la fracción parlamentaria, mi partido va a respaldar a favor de que se dé esta controversia, e insisto, no es a través de chicanadas, de trampas, de acciones de verdaderos halcones, que en esta Cámara de Diputados nos vamos a entender.

Por eso, aquí estamos, como ya lo dijo el diputado Ricardo Monreal, el compañero Mejía y la diputada Loretta Ahlf.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, que también fue aludido por quien estaba en uso de la palabra en la discusión.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, en esta Cámara se han venido presentando prácticas deleznables que apuntan a un inicio de fascismo parlamentario.

Ayer al diputado Alfonso Durazo, en plena intervención le cortaron el sonido y hoy vemos con vergüenza una práctica de esquirolaje legislativo, cuando se registra para hablar a favor de este punto de acuerdo un diputado de un partido, el Verde, que claramente han estado en contra de que haya esta controversia constitucional.

Es el mismo que salió en los periódicos y al que acusan de haber alterado la minuta de la reforma...

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, ruego que permitamos que se pueda dar la intervención de los oradores que están en uso de la tribuna con respecto de la asamblea, para podernos escuchar.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Todo esto pasa porque se quiere sacar adelante, a rajatabla, cueste lo que cueste, una iniciativa de reforma que nace con los peores augurios como un golpismo legislativo.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado Mejía. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Escobar y Vega.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): Le quisiera preguntar al orador si me permite hacer una pregunta.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, puede formularla.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Diputado, ¿me podría informar de qué diputado habla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Usted sabe a quién me refiero y se registró para hablar a favor después de los dos diputados del PRD. No le vamos a abrir el espacio, ustedes han generado esta dictadura en la discusión y no les vamos a hacer el favor. Alúdanse ustedes mismos.

Por esa razón, señalamos que esto que está pasando es producto de darle trámite preferente a una iniciativa que no cuenta con la legislación reglamentaria, como lo preveía y lo prevé el acuerdo, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de este año, donde claramente, en su artículo 2o. establecía y establece...

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado Mejía. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Señor presidente, ha entrado en una etapa de amnesia el diputado Mejía, a quien respeto y admiro, ya no recuerda mi nombre.

Pero fíjese usted que estábamos viendo el contenido de la lista para la participación en una ronda solo de seis grupos parlamentarios, cuando somos siete.

En interno habíamos, presidente, dicho que es pertinente escuchar a los proponentes de la controversia constitucional, y dijimos que el Partido Verde Ecologista, para poner en salvaguarda algo que es básico, compañeros, los pactos y los acuerdos políticos del órgano de gobierno.

Por eso, señor presidente, su servidor declina tomar la palabra en esta ronda, para que se escuche a los proponentes, sobre todo que recuerden que en las democracias se oyen a todos. Argumentos tenemos y no vamos a recurrir a la chicaneada de las alusiones, pero no cuando le tiene miedo y quieren huir al debate, porque no lo quieren dar. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tomo nota de su intervención. Puede concluir con su intervención, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Quien ha rehuido al debate han sido otros, el PRI, el PAN, el Verde y el Panal, sobre el tema de la reforma laboral. Eso quedó de manifiesto desde la sesión donde se aprobó esta reforma, que nosotros tildamos de inconstitucional porque está violando el artículo segundo transitorio del decreto del 9 de agosto, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, constitucionalistas prestigiados, como Elisur Arteaga, han dicho que se violará la Constitución si dictaminan y aprueban la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, haciendo a un lado el artículo segundo transitorio.

Por eso nosotros consideramos que procede la controversia constitucional, y en ese sentido coincidimos con lo dicho por el diputado Ricardo Monreal, Manuel Huerta, Aleida Alavez, José Luis Muñoz, Martí Batres, Roberto López, Zuleyma Huidobro, Alfonso Durazo, entre otros legisladores.

Reiteramos lo que aquí se ha dicho, ¿se quiere conducción institucional y apertura al debate o se está generando condiciones para una cerrazón, para una ruptura constitucional o para un fascismo?

Señores, abramos la discusión, no le tengan miedo, si tienen argumentos debatamos, pero como saben que esta es una imposición que daña a millones de trabajadores les urge cerrar el tema y nosotros no vamos a permitir que se cierre la discusión.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero saludar a un grupo de estudiantes de la maestría de derecho parlamentario de la Universidad Autónoma de Guerrero, que están aquí invitados por el diputado Manuel Añorve. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También a un grupo de alumnos del Conalep, plantel Gustavo Baz, del municipio de Tlalnepantla, en el estado de México, que están aquí invitados por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría. Bienvenidos.

También a un grupo de estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que se encuentran aquí invitados por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna, para hablar en contra, la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Martí Batres Guadarrama(desde la curul): Presidente, por alusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: Esas alusiones, en los términos del Reglamento, no proceden; proceden las que hicieron los que estaban interviniendo en el debate y lo he cumplido a cabalidad.

También tengo como facultad conducir y organizar el debate y lo voy a hacer, diputado. Adelante, diputada.

La diputada Consuelo Argüelles Loya:Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está en contra del punto de acuerdo que nos ocupa, ya que nos oponemos firmemente al uso faccioso y a la interpretación a modo para dejar de cumplir con la Constitución a través de la promoción de una controversia notoriamente improcedente y con miras de carácter mediático.

Antes que nada, debemos señalar que el trámite de iniciativa preferente es un procedimiento constitucional, válido, vigente e incuestionable, por lo que estamos obligados a respetar la supremacía de la Constitución que mandata un trámite legislativo preferente, sin la necesidad que su cumplimiento esté supeditado a la emisión de una legislación secundaria.

Señores legisladores, el texto del artículo 71 constitucional resulta muy claro y es puntual en el tratamiento, en plazos y en procedimiento que se le dará a las iniciativas del Ejecutivo federal con el carácter de preferente, por lo que no hay materia que desarrollar en alguna legislación secundaria, ya que solo se repetiría innecesariamente lo ya previsto en el texto constitucional.

La regulación que debe darse en una legislación secundaria en los términos del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones constitucionales en materia de reforma política, que entró en vigor el 10 de agosto de 2012, debe de ir dirigida a regular figuras de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y la consulta popular, entre otras, pero de ninguna manera a las iniciativas preferentes, ya que su propia regulación se encuentran en nuestra Carta Magna.

No hay que olvidar que la justificación constitucional de la iniciativa preferente es la promoción y la prontitud del trabajo legislativo; por lo que al haber aprobado las reformas a la Ley Federal del Trabajo, cumplimos responsablemente con ese mandato, dejando de lado cualquier interpretación formalista que ahora se pretende indebidamente judicializar distrayendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un asunto a todas luces improcedente.

A mayor abundamiento y en el supuesto —sin conceder— de que hubieren existido posibles vicios o irregularidades procedimentales en el trámite legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado mediante la tesis con el rubro: Formalidades del procedimiento legislativo, principios que rigen en el ejercicio de la evaluación de su potencial invalidatorio, en el sentido de que estos quedan superados si los temas fueron discutidos en el pleno de la soberanía del Congreso, por lo que hay que recordar que el pleno de la Cámara aprobó la integración e instalación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, misma que fue debidamente instalada el pasado 13 de septiembre, la cual formuló un dictamen que fue discutido y fue aprobado por dicha comisión, con la representación de todos los partidos políticos. Igualmente, es improcedente la controversia constitucional que nos ocupa.

En suma, estamos ante un absurdo jurídico en el que se pretende violentar el principio de la supremacía constitucional en relación al principio de fuerza vinculante de la Constitución, que valida la eficacia directa e inmediata de cualquier precepto constitucional.

En tal tesitura, en el Partido Acción Nacional nos oponemos tajantemente a la presentación de una controversia constitucional, cuyos argumentos son falaces y contrarios a la supremacía constitucional que juramos defender al momento de asumir nuestro cargo de diputados. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada Argüelles, el diputado Huerta desea formularle una pregunta, ¿la acepta usted?

La diputada Consuelo Argüelles Loya:No; denegado, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:En este sentido venimos nosotros a escuchar a los diputados del PAN y posteriormente, por supuesto que los del PRI, del Verde y del Panal harán lo propio.

Van a decir que en tribuna están honrando lo que protestaron, que es decir cumplí la ley, lo cual es totalmente falso. Ese cinismo es muy común en el PRI, pero también los legisladores del PAN están retomando parte de eso.

Es decir no se les ocurrió —cuando se aprobó— a los diputados poner ese artículo segundo transitorio en el artículo 71, no fue algo ocioso, era que debería de cumplirse; hacerse la ley reglamentaria de tal artículo en ese tramo de un año, ¿y por qué de un año? Simple y sencillamente era para dar tiempo para efectos de tener una ley reglamentaria adecuada y darle el tratamiento que debería de dársele a una iniciativa preferente de esta magnitud, como es esta contrarreforma laboral, que lesiona los derechos de los trabajadores mexicanos.

Por eso, digo, por supuesto que no debemos de erigirnos en jueces en este momento y decir que es totalmente improcedente; si ustedes consideran que es así, sí jurídicamente ya lo analizaron, pues permitan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si es procedente o no es procedente.

Señor presidente, quisiera pedirle una moción de ilustración y que se pudiera leer la siguiente tesis, por favor, por algún secretario de la Mesa.

El Presidente diputado José González Morfín: Con gusto, diputado. Voy a pedir que se detenga el reloj y que se lea el resolutivo de una tesis jurisprudencial. Pido a la Secretaría me auxilie dando lectura al punto resolutivo de esta tesis.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Los artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y en general de cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él. En ellos se fijan, entre otras expresiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado y no dé lugar a momento alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquellos también es de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Lo cual queda claro que el artículo transitorio, por supuesto, es parte de la ley y debe respetarse como tal, no es ocioso que estuviera ahí.

El Presidente diputado José González Morfín: Vuélvase a poner a funcionar el reloj.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: En ese sentido, se pretendió subsanar con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que hay que plantearlo con claridad, tal acuerdo nunca fue sometido al pleno; por lo tanto, está viciado de ilegalidad y ese acuerdo, una tesis de la propia Corte, señala que ningún acuerdo puede estar por encima de la ley. Por lo tanto, sostenemos que todo el proceso fue viciado y es anticonstitucional, por eso la Corte sí debe de conocer precisamente esa controversia.

Igual en la discusión de la comisión se planteó de acuerdo al artículo 177 del Reglamento, por parte del diputado Martí Batres, de que se estaba violentando precisamente dicho artículo, porque no se nos entregó a los integrantes de la comisión con cinco días de anticipación para analizarlo y posteriormente fuera discutido y votado. Es decir, esta serie de vicios en el procedimiento por supuesto que ahí están.

Voy nuevamente a solicitar de ese mismo artículo, el 114, otra moción de ilustración, derivado de un oficio que es del director general de Asuntos Jurídicos. Por favor, señor presidente, solicito que se lea la conclusión del artículo 5o., por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a dar la cortesía, pero su tiempo ya se agotó, diputado. Inmediatamente después le pediré que concluya su intervención. Le ruego a la Secretaría que me auxilie para dar lectura a ese 5o., resolutivo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: 5o. Con base en las consideraciones desarrolladas anteriormente, se estima que si el pleno aprueba la presentación de la controversia constitucional será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, en el ámbito de su competencia, determinará lo procedente en relación a la acción constitucional intentada.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. ¿Puede ahora sí concluir su intervención, diputado?

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Claro que sí, señor presidente. En ese sentido, por lo tanto, el propio jurídico de la Cámara está planteando que debe de ser la Suprema Corte de Justicia, no nosotros, diputadas y diputados.

Queda muy claro cuál fue la prisa en este sentido; queda muy claro que hubo vicios en el procedimiento. Pero bueno, Peña Nieto felicita rápidamente a la comisión por la aprobación totalmente incorrecto, al igual que lo hace Calderón.

En ese sentido, hemos planteado con claridad que el responsable —si esta ley entra en vigencia, que va a afectar a los millones de trabajadores— va a ser Peña Nieto y aquellas diputadas y diputados que de manera irresponsable vayan a respaldar una decisión totalmente viciada. Gracias por su atención, diputadas y diputados conscientes.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Martí Batres desea formularle una pregunta, diputado. Diputado Batres, le puedo dar la palabra para alusiones, si usted quiere; fue usted aludido.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Por supuesto, igual que de los diputados y diputadas del PRI y del PAN, si quieren.

El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): Sobre la base del artículo 114, quiero hacer dos mociones; una para solicitar la palabra por alusiones y para hacer una pregunta al orador.

La pregunta es la siguiente, quiero preguntarle al orador, si en el artículo segundo transitorio de la reforma del 71 constitucional se dice que la iniciativa preferente del Ejecutivo federal no está sujeta a la reglamentación de la que ahí se habla, porque este segundo transitorio dice que debe haber una legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto.

¿Se dice acaso en este segundo artículo transitorio que la iniciativa preferente del Ejecutivo federal queda eximida de esta reglamentación de la que se habla en este decreto?

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Por supuesto que eso no dice el artículo segundo transitorio; no queda eximida y estamos obligados a respetar la ley, diputados y diputadas. Ante la nación sabemos efectivamente que si efectivamente no le tienen temor las diputadas y diputados del PRI y del PAN y si son muy legalistas y si realmente respetan la ley, voten a favor de que se promueva la controversia constitucional. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para responder a alusiones personales, tiene el uso de la tribuna el diputado Martí Batres, por tres minutos.

El Diputado Martí Batres Guadarrama:Muchas gracias, señor presidente. Escuché a la diputada del PAN que habló hace un momento y prácticamente se arrogó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hizo una interpretación de la Constitución, ya nos dijo qué debe ser reglamentado y qué no, de acuerdo a su criterio.

Pero no le corresponde ni a ella ni a ningún otro legislador o legisladora ni al pleno de esta Cámara hacer esa interpretación. Esa interpretación corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que se está planteando con esta propuesta de controversia constitucional es precisamente solicitarle a la Corte que diga qué es lo que corresponde en derecho.

Lo que se está planteando con esta controversia es precisamente que la Corte tenga la última palabra, porque en efecto, el artículo segundo transitorio de la reforma al 71 constitucional dice a la letra: El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

Y aquí no dice que la iniciativa preferente del Ejecutivo federal está eximida de la reglamentación, porque aquí es una interpretación terrible la que se hace, porque ahora resulta que la iniciativa preferente no debe ser reglamentada. Pero la iniciativa ciudadana sí debe ser reglamentada, o sea, que la atribución del Ejecutivo no debe ser reglamentada, pero la de los ciudadanos sí.

Estamos en el mundo al revés. Si precisamente el control debe ser sobre el Poder y para eso es la reglamentación, y aquí el artículo segundo transitorio de la reforma al 71 constitucional no distingue qué parte de esa reforma sí debe ser reglamentada y qué parte no, sino que señala que el conjunto debe ser reglamentado para hacerse cumplir, y eso no se hizo. Y lo dijimos desde la primera discusión que tuvimos de la Mesa Directiva de la Comisión, y lo dijimos después en el pleno de la comisión y lo señalamos a lo largo de todas las reuniones y hasta el final, y está escrito, incluso, cuando firmamos bajo protesta las actas de esa comisión, porque aquí se está cometiendo otro atraco constitucional.

Y no nos hemos metido en el tema del contenido, eh. Todavía no hablamos de la violación a la progresividad que deben tener las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, y el trabajo es un derecho humano. Nada más estamos hablando del procedimiento y ni siquiera ese procedimiento respetaron; por lo tanto, es procedente la controversia y que la Corte diga la última palabra. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Aprovecho la oportunidad para saludar aquí a un grupo de alumnos de dos bachilleratos: del Xelhua y del Nicolás Reyes Alegre, de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en donde se encuentra la diputada Aleida Alavez, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente, es para pedirle la palabra por artículo 121, una moción de rectificación de hechos.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿A qué hecho se refiere, diputada?

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): A la presentación de la controversia.

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a concluir con el debate. Adelante, diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Felicito a la Mesa Directiva la conducción de este debate, y a su vez el respeto a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, que es fundamental para que este órgano decida y se conduzca adecuadamente. De igual modo, a mi compañero Tomás Torres, por la cortesía política que tuvo en este debate.

¿Qué es lo que están impugnando en esta controversia constitucional? Impugnan un acto del Ejecutivo, que pretenden que exista una intromisión de atribuciones con el Poder Legislativo; a su vez señalan que hay violaciones de procedimiento que impugnan este acto.

Quiero decirles que hay un sinnúmero de tesis, tesis jurisprudenciales que señalan de manera sumamente clara, que no proceden las controversias constitucionales en contra de supuestos vicios de procedimiento.

¿A qué vamos con esto? A que no tiene ningún fundamento la controversia constitucional presentada y la verdad sea dicha, al Grupo Parlamentario del PRI no nos parece adecuado, salvo que a algunos otros grupos parlamentarios les guste perder ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que desechen esta controversia, por notoriamente improcedente.

Esto de ninguna manera va a obstaculizar que esos argumentos de los que ahora se duelen, que han consentido en un sinnúmero de ocasiones durante el propio procedimiento, pueda ser impugnado posteriormente en acción de inconstitucionalidad.

Ojalá lo hagan, sería muy reconfortante que en su momento interpongan la acción de inconstitucionalidad, para que les digan lo que aquí estamos señalando en este momento.

Ya basta de mentiras y de medias verdades. Esta acción, esta controversia presentada el día de hoy, es un ejercicio mediático.

Diputado presidente, la realidad es que hay algunos compañeros legisladores que no hay que decirles que pasen a tribuna, sino a escena. Termina siendo esto una labor histriónica y venimos aquí a hablar jurídicamente, a hablar de una controversia constitucional en que de ninguna manera podemos permitirnos presentar para perder.

Hay algunos que ya se acostumbraron a perder, hay otros que queremos tener muy en alto la dignidad de esta Cámara de Diputados y eso es lo que el día de hoy aquí se está debatiendo, la dignidad y el ejercicio de esta Cámara de Diputados para —en un respeto entre poderes— que cada uno realice lo que le corresponde. No nos lleven a un debate falso, en el que la consecuencia final es obvia, van a perder la controversia; los esperamos en la acción de inconstitucionalidad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Diputado Gutiérrez de la Garza, el diputado Fernando Belaunzarán había solicitado formularle una pregunta, por supuesto, si usted la acepta.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:¿Qué diputado es? Lo noto inquieto. Claro, con muchísimo gusto.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Le agradezco la apertura para contestar mi pregunta, diputado.

Mire, la iniciativa preferente salió con otras reformas constitucionales de reforma política, entre ellas estaban las candidaturas independientes. Se aprobaron.

Fueron distintos ciudadanos que quisieron ser candidatos independientes; fueron al Instituto Federal Electoral, incluso ahí no les aceptaron las candidaturas y fueron al Tribunal Electoral. Les dijeron que no podían ser candidatos independientes, porque faltaba la reglamentación secundaria, que estaba el derecho constitucional, pero no tenían la reglamentación para hacerlas viables.

¿Por qué en este caso es distinto? ¿Por qué si ahora está la iniciativa preferente como reforma constitucional, pero no está la ley reglamentaria que la hiciera posible? ¿Por qué en este punto es distinto que con candidaturas independientes?

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de que dé respuesta, diputado Gutiérrez de la Garza, y solamente para sentar el criterio de la Mesa. Las preguntas se deben de formular durante la intervención del orador, aunque finalmente se concreten al final de la intervención.

El único que la solicitó en tiempo y forma, desde mi punto de vista, es el diputado Belaunzarán, las otras que están solicitando están en este momento ya fuera de tiempo. Puede dar respuesta, diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:Quiero preguntar, diputado presidente, qué tiempo tengo para contestar, porque normalmente lo que pasa es de que el reloj se detiene, ya había concluido mi intervención, sobre todo para que quede muy claro que nunca hemos rehuido al debate.

El Presidente diputado José González Morfín: La práctica había decidido dos minutos, pero no hay nada en las reglas, diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Muy sencillo, diputado. Quiero decirle que la impugnación a la que usted hace referencia es una impugnación procedimental, en la que no comparto la opinión de la controversia. Lo que sí les puedo asegurar es que hay tesis de jurisprudencia, que no es el momento oportuno, tendrán que esperarse a la acción de inconstitucionalidad. Les estoy diciendo cómo lo ejerciten posteriormente. Éste, éste es un falso debate. Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, para hablar en pro, el diputado Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Luis Antonio González Roldán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto, diputado González Roldán? Sonido en la curul del diputado González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán (desde la curul): Presidente, es una moción de orden, para que pudiera reencauzar el debate en términos de verdad.

Establecen premisas falsas en las preguntas. No se aplicó la norma, porque la norma entró en vigor en agosto. La iniciativa preferente y las candidaturas independientes fueron publicadas hasta agosto, en el Diario Oficial de la Federación.

El Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral registraron candidatos con mucho tiempo de antelación. Le solicitaría respetuosamente que el debate se condujese en base a veracidades.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, diputado, pero la conducción de debate nada tiene que ver con el contenido de las intervenciones y esta Presidencia será absolutamente respetuosa de lo que cada uno de los diputados quiera decir en tribuna. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Conversábamos, ciudadano presidente, hace un rato, con el diputado Durazo, con el diputado Marco Rosendo Medina y con Aleida Alavez, sobre el preopinante y su afirmación, y tiene razón, les dije yo: sí es cierto lo que dijo el diputado preopinante, sí están acostumbrados a ganar, a ganar con trampas, a ganar con robo, a ganar con dinero ilícito, a ganar con autoritarismo, a ganar aliados con lo peor, lo peor del caciquismo corrupto de este país y del mundo. Así es que quédense con esas victorias pírricas, nosotros vamos a seguir defendiendo la dignidad del pueblo de México y vamos a seguir actuando hasta la transformación de este país.

El hecho es que participamos con las reglas que existen y vamos a votarlas, porque creemos en el cambio pacífico, no en el cambio violento, y lo vamos a lograr, pese a ustedes y pese a su actitud cerrada y obtusa; por esa razón, presidente, este debate no se ha dado en los términos que debería darse.

¿Qué es lo que se discute? Señores diputados, señoras diputadas, lo que se discute es si presentamos o no una controversia constitucional, porque a juicio de un sector de diputados se ha violado la Constitución y no se ha respetado el segundo transitorio del 71 constitucional, que establecía la reglamentación de la iniciativa preferente para poder aplicarla.

En efecto, hay jurisprudencia de la Corte, hay tesis encontradas que no han definido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta contradicción de tesis; hay quienes sostienen que si no hay reglamentación es inaplicable la norma constitucional y hay quienes sostienen que es de aplicación directa, sin la necesidad de la reglamentación.

Así está la Ley de Amparo, ésa es la gran discusión del 93 constitucional y de las comisiones de investigación. Son debates inacabados, en los que no ha habido un acuerdo sobre lo que se debe llevar a cabo.

Pero venir a descalificar de que vamos a perder la controversia, venir a hacerle al adivino de rancho, me parece muy grotesco y muy torpe, por eso es que queremos ir a la Corte, porque son los únicos que pueden resolver sobre el fondo de la situación planteada.

Miren ustedes, los que leyeron la opinión jurídica, es muy claro, no la leyeron; la opinión jurídica dice: sí es procedente; segundo, estamos en tiempo; tercero, hay legitimación procesal, y cuarto —dice—, la Corte será la que determine en el caso de que la Cámara decida presentar la controversia que resuelva el fondo. Tenemos un departamento jurídico de cientos de abogados...

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Concluyo, presidente. De cientos de abogados, y nos dan una opinión jurídica corta, sencilla; creo que nada más les faltó decir: si decide la Cámara de Diputados interponer la controversia constitucional contraten un buen despacho de abogados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del acuerdo, voy a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se aprueba el acuerdo. En consecuencia, queda desechado.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En otro apartado del orden del día tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Adelante, eminencia.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti:Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Esta es una iniciativa que persigue la construcción de una política pública respecto a generar un estímulo para detonar la competitividad de la micro, pequeña y mediana industria.

En el país, como ustedes saben, una de las bases, el motor de la economía, es justamente la participación de los emprendedores; sin embargo, no hay una regla que facilite a que los emprendedores cuya dificultad económica se da en el marco de la clase media y cuyos objetivos persigue en la generación de empleos la creación de estímulos, que permita insertarlos en la actividad económica y por tanto, retirarlos a estos del esquema de la economía informal.

El paso fundamental para insertar al ser humano en la actividad económica que construya las bases generales...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor orador. Esta asamblea debe conducirse bajo los criterios de imparcialidad, de profesionalismo y de legalidad.

Les rogamos a los diputados, que están tratando con toda cordialidad de dialogar con el señor vicepresidente González Morfín, pasen a sus curules y que el orador pueda continuar con la presentación de tan importante iniciativa.

Continúe, señor orador. Continúe. En tal caso les rogamos el respeto, la consideración que el señor diputado, don José González Morfín nos merece a todos. Continúe. Permítame un segundo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Están pidiendo el uso de la voz, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Monreal, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, me parece que se actuó de manera incorrecta, porque yo aludí a tres compañeros diputados y tenían el derecho de solicitar la palabra para alusiones; me parece muy grave lo que está pasando. No creo que esto genere una mayor confusión.

Le pido que repongan el procedimiento, aun, aun cuando lo votaron apresuradamente y permita que la gente se exprese; habían sido aludidos tres compañeros, tres diputados, dos diputados y una diputada y nada se hubiera perdido.

Es más, mucho se hubiera ganado si se permite seguir debatiendo; dicen que quieren debatir y cierran los micrófonos; dicen que están dispuestos y que tienen argumentos y no nos quieren escuchar.

Le pido, presidente, que hagamos una reunión urgente, que usted como presidente convoque de inmediato a la Junta de Coordinación Política, a los coordinadores y tomemos una decisión, porque no puede seguirse conduciendo de esta manera la Cámara. Le pido que haga un llamado a los coordinadores para que de manera urgente podamos reconducir la sesión de la Cámara.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Monreal, quien tiene la responsabilidad de la conducción de los trabajos de la Cámara y tiene ante sí un acuerdo de la Junta de Coordinación Política puede instruir a la Secretaría para que pregunte a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Esta Presidencia respalda la actuación del señor vicepresidente González Morfín, porque pensamos que actuar reglamentariamente es también en bien de los propios trabajos. Continúe en la presentación de la iniciativa, don Fernando Castro Trenti.

El diputado Domitilo Posadas Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que habrán el sonido. Le ruego disculpe, diputado Castro Trenti.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Con todo el respeto que usted y el resto de mis compañeros diputados se merecen, el desorden no lo estamos poniendo quienes están o estamos acá abajo, el desorden lo ha puesto quien está conduciendo el debate, toda vez de que no ha habido un apego justamente a lo que apelan, que es el Reglamento.

Legalmente el presidente está obligado a dar la palabra cuando algún diputado es aludido y aquí, haciendo uso del micrófono ilegalmente, el presidente negó dicha palabra.

Creo, con todo respeto, señor presidente, que sí es procedente la petición del diputado Monreal, porque a los problemas políticos hay que darles respuestas políticas y aquí, a donde se supone que venimos a dialogar y a parlamentar estamos haciendo exactamente lo contrario. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La Presidencia de esta Cámara está obligada a actuar conforme al Reglamento y creo que el diputado González Morfín lo ha hecho. La asamblea se ha manifestado y recordamos todos que esta Presidencia está sujeta a la suprema voluntad de la asamblea.

¿Diputado, con qué objeto?

El diputado Silvano Blanco Deaquino(desde la curul): Señor presidente, plantearle que si hay ánimo de parte de usted, porque no va a ser la primera ocasión que ya inclusive después de haber votado, en alguna ocasión anterior se rectificó y se abrió la posibilidad de nuevas participaciones.

¿Cuál es el miedo al debate? Si ustedes dicen que efectivamente están con el ánimo de que la ciudadanía conozca el posicionamiento de cada partido político, deben de abrirlo, señor presidente. No se cierren en ese sentido.

Se están viendo como lo que realmente en este momento, son autoritarios. Esto no es válido al interior del Congreso, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Martí Batres.

El diputado Martí Batres Guadarrama(desde la curul): Señor presidente, simplemente para señalar que hace rato se cometió una arbitrariedad, porque ni siquiera se permitió solicitar una moción. El presidente podría rechazarla, denegarla, pero ni siquiera la escuchó ni siquiera sabía de qué se trataba; no sabía si se trataba de alusiones personales, si era para rectificación de hechos, si era para solicitar el uso del tablero electrónico para la votación.

No sabía de qué se trataba y simplemente no abrió el micrófono a los diputados. Eso no es correcto, es una forma arbitraria y autoritaria de conducir la sesión; por lo menos escuchen, quien esté al frente de la Presidencia de los debates, por lo menos escuche de qué moción se trata para que le puedan dar respuesta, porque ni siquiera abren el micrófono para conocer de qué se trataba.

Una votación como la que tuvimos hace un momento es de tal trascendencia, que debieron haber abierto el tablero electrónico y no lo hicieron.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta asamblea se ha manifestado respecto del asunto. Diputado Trinidad Morales, ¿con qué objeto?

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Compañero presidente, en protesta por el trámite que le dio, en términos del artículo 120 y 121. Quiero dejar asentado que el Grupo Parlamentario del PRD deja bien asentada esta protesta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está asentada. Don Fernando Rodríguez, del PAN.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Yo solo, presidente, para solicitar turnar esta iniciativa en respeto a la asamblea. Con su permiso.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, uno de los principales objetivos es el tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.

En este sentido, se dio un paso decidido con el establecimiento de una política integral de apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación.

Lo anterior se propuso, toda vez que, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que las Mipyme constituyen el 99 por ciento del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 50 por ciento del producto interno bruto y contribuyen a generar más del 70 por ciento de los empleos en México.

De esta forma, las estrategias generales para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, se pueden resumir de la manera siguiente:

Favorecer el aumento de la productividad de las Mipyme e incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades;

Consolidar los esquemas de apoyo a las Mipyme en una sola instancia;

Impulsar el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los insumos nacionales en los productos elaborados en México y consolidando cadenas productivas que permitan una mayor generación de valor agregado en la producción de bienes que se comercian internacionalmente, y

Revisar y ajustar los programas actuales de apoyo para que permitan lograr un escalamiento de la producción hacia manufacturas y servicios de alto valor agregado.

En este tenor y con ánimos de impulsar estas acciones, el 15 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme).

Dicha comisión, tiene por objeto emitir recomendaciones y proponer acciones, a las dependencias y entidades de la administración pública federal, que permitan una mayor participación, de las Mipyme, en los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios y obras públicas, que realiza el gobierno federal.

Las acciones emprendidas con la creación de esta Comisión, han estado orientadas a lograr el acceso equitativo de los proveedores de menor tamaño a las oportunidades de negocio que genera el mercado público, mejorar la relación calidad precio, así como el acceso público a la información de los contratos del Estado, todo ello requisitos indispensables de un sistema que persigue alcanzar las mejores prácticas en la gestión de las contrataciones públicas.

Con la creación de la Comisión, se propuso destinar a las Mipyme al menos el 20 por ciento de las compras del gobierno federal e incrementar, dicho porcentaje de forma gradual, hasta alcanzar el 35 por ciento en apego a las disposiciones aplicables, objetivo que ha sido alcanzado y, en algunos casos, rebasado ya que, en 2010, se destinó el 41.52 por ciento de las compras; en 2011, el 42.74 por ciento; y, para agosto de 2012, se ha destinado el 34.59 por ciento.

Así, desde julio de 2009, al mes de agosto de 2012, el esquema de compras de gobierno a Mipyme, ha registrado un monto acumulado de 219 mil 20 millones de pesos rebasándose la meta prevista en cada año.

En este sentido, y toda vez que reconocemos la importancia que las Mipyme revisten para el país, es que proponemos establecer previsiones legales que incidan en su fortalecimiento, con el claro objetivo de detonar el desarrollo económico del país, y del cual son parte realmente importante.

Para ello, se propone reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de establecer que sea la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, pequeña y mediana empresa, presidida por la Secretaría, quien emitirá las recomendaciones y propondrá las acciones necesarias para la mayor participación de la Mipyme en las contrataciones gubernamentales.

Asimismo, toda vez que actualmente coexisten dos diferentes criterios normativos para definir a las Mipyme, se propone establecer una sola definición de Mipyme, es decir, que la estratificación publicada por la Secretaría de Economía el 30 de junio de 2009, también se encuentre en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de contar con la certeza jurídica necesaria para identificar a las empresas hacia las cuales están dirigidos los beneficios de participación en las contrataciones públicas.

Debemos enfatizar que la actuación del Estado resulta indispensable para buscar un desarrollo integral, sostenible y competitivo, de tal suerte que se propicien equilibrios entre sectores, así como una mejor distribución del ingreso. Por ello, igualmente huelga recordar que el concepto de competitividad implica el análisis con base en núcleos comparativos que permitan medir ese conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un Estado en un ámbito internacional, y en el caso de un Estado federado, en su entorno nacional.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 3, fracción II y 10, fracción IX, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. y II. ...

III. Mipyme: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación siguiente:

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales en millones de pesos) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

...

De IV. a XVII. ...

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme debe atender los siguientes criterios:

I. a VIII. ...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las Mipymes de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35 por ciento, conforme a la normativa aplicable. Con el objeto de garantizar el cumplimiento del presente criterio, la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, pequeña y mediana empresa, presidida por la Secretaría, emitirá las recomendaciones y propondrá las acciones necesarias para la consecución de estos objetivos, así como las obligaciones de las dependencias y entidades en la materia.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 11 octubre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti, Faustino Félix Chávez, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Competitividad, para opinión.

Fernando Rodríguez ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Rodríguez Doval(desde la curul): Sí, gracias, señor presidente. Con el objeto de que la sesión pueda continuar, no sin antes recordarles a los compañeros de la izquierda que los únicos que han clausurado el debate y que incluso arrancaron físicamente el micrófono fueron ellos, cuando tomaron la tribuna de manera completamente ilegal el pasado 28 de septiembre.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Monreal, ¿con qué objeto? No me enojo, pero así como tiene el derecho de hablar el diputado Monreal —muchas veces, por cierto—, también lo tiene el diputado Raudel López López, que no nació atrás de las malvas.

Diputado Monreal, lo escucho con atención y respeto. Sonido en la curul del diputado Monreal, por favor. Ponga el dedito, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, le pido que cuando se refiera a mí no haga chistes, a mí me va a respetar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Yo a usted lo respeto. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul). Bueno, respéteme, porque yo siempre lo he respetado; le pido que a mí me respete y que sus chistes los guarde para su fracción. A mí no me va a tratar de esa manera.

Le digo otra cosa, presidente, usted violó la ley, usted no, el presidente violó la ley, porque yo estaba en el orden como orador a favor. Aludí a tres compañeros, pero además la diputada Aleida había solicitado la palabra para rectificación de hechos, que el presidente en turno había comentado que al final de la ronda de oradores en pro y en contra usaría el micrófono y la tribuna. No se hizo así.

Estoy haciendo una llamada de atención de que violaron flagrantemente la ley en detrimento de cuatro, de tres diputados, dos diputados y una diputada, y le pido de nueva cuenta que me respete, porque siempre lo he respetado.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, para darle continuidad a los trabajos de esta asamblea, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Raudel López López, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

Vamos a permitir que el diputado presente su iniciativa y lo escuchamos con un enorme gusto, diputado, por favor.

El diputado Raudel López López:Con su permiso, presidente, muchas gracias. Diputadas y diputados, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos reconocieron el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano; este mismo proporciona el bienestar social y apoya el desarrollo económico del país, por eso se valora su importancia como insumo y bien no renovable en las actividades productivas, por ejemplo, en la agricultura, en la generación de energía eléctrica, en el turismo y en la industria.

Sin embargo, según diversos estudios, a futuro el agua potable se perfila como uno de los bienes más preciados para los años y décadas venideras; en estudios elaborados por el Consejo Mundial del Agua se señala que los retos en materia de agua y sustentabilidad son la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su calidad y el uso sustentable de la misma.

Ante este panorama, la realidad es también que la disponibilidad de agua no está distribuida de manera homogénea en las diferentes zonas del país. En México existen diversos y amplios territorios con hidrografías muy variadas; la disponibilidad de agua muestra variaciones importantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto debido a la diferencia entre el patrón de lluvias, escurrimientos y la recarga de los acuíferos en las 13 regiones hidrológicas de nuestro país.

En las zonas norte y centro del país se concentra el 77 por ciento de la población, pero únicamente el 37 del agua utilizable; por el contrario, en las zonas sur y sureste, donde se encuentra el 23 por ciento de la población, existe el 69 por ciento del agua.

El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado continuamente de posibles sequías hidrológicas en la zona centro-norte del país, misma que está conformada por los estados de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes —de donde orgullosamente provengo— debido a la escasez de lluvia y a la poca acumulación de líquido en las presas, lo que significa una probable crisis de agua, si no se atiende esa situación y no se implementan acciones concretas.

A partir del año pasado se intensificó este fenómeno en la región centro del país, donde en los dos últimos ciclos las precipitaciones pluviales han sido menores a la media histórica.

La actividad agrícola es por sí sola la que más agua consume con el 77.8 por ciento del total; el restante 22 se distribuye en los siguientes usos: el 11.5 en el sector público doméstico, el 2.2 en la industria y el 8.5 en el sector pecuario.

A la escasez del recurso y a la mala distribución se agrega su contaminación. El deterioro de la calidad del agua altera sensiblemente la biodiversidad, lo cual pone en peligro la sostenibilidad ambiental, reduce la cantidad de agua aprovechable, limita su uso e incrementa los costos de tratamiento de la misma.

Uno de los temas que no se ha logrado atender de manera integral es el relativo a la calidad del agua. Prácticamente todos los cuerpos de aguas superficiales en nuestro país tienen distintos grados de contaminación.

Podemos señalar, a manera de conclusión, que son varios factores los que han ocasionado el deterioro y la disminución de las reservas de agua. Lo anterior nos lleva a concluir que es necesario y urgente llevar a cabo acciones para la protección y reutilización de la misma, reconociendo que hay medios y técnicas eficaces para hacerlo.

La realidad es que las acciones que ha implementado el gobierno federal a través de la Conagua son muy eficaces, pero una fuente alterna para el suministro de agua disminuiría la necesidad de seguir perforando pozos para la extracción del líquido, lo que permite proteger los mantos acuíferos.

Estudios realizados por diversos investigadores señalan que de recolectar las aguas pluviales éstas podrían utilizarse en un porcentaje que va del 30 al 50 por cierto para fines domésticos.

Ante este panorama, me veo en el deber de someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción LIV al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

La siguiente modificación serviría para inducir a las entidades federativas y a las municipales a tratar las aguas residuales, pero sobre todo a implementar técnicas eficaces y consistentes que permitan la captación y almacenamiento de aguas pluviales, ya que es lamentable ver como en años con lluvias atípicas y concurrentes como el 2008 pasado, vimos miles de millones de metros cúbicos de agua que se van a los océanos y no tienen retorno.

Compañeras y compañeros, en este sentido estamos proponiendo no solo una modificación a una ley, estamos siendo instrumento para que las futuras generaciones tengan uno de los derechos más preciados, que es el acceso al agua.

Por lo anteriormente y como representante del centro norte del país, y muy en especialmente del estado de Aguascalientes, no puedo menos que venir a esta tribuna a hacer partícipes —termino presidente— a todos ustedes, compañeros, de esta problemática y solicitarles su más alta consideración y solidaridad, ya que como representantes populares debemos atender necesidades primordiales de nuestra sociedad. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Raudel López López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción LIV, y la actual pasa a ser la LV, del artículo 9, de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos reconocieron el derecho de acceso a agua potable y saneamiento como un derecho humano en pie de igualdad con otros derechos sociales como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud.

Sin embargo, según diversos estudios a futuro, el agua potable se perfila como uno de los bienes más preciados para los años y décadas venideras. En diversos estudios elaborados por el Consejo Mundial del Agua se señala que los retos en materia del agua y su sustentabilidad son: la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su calidad, el uso sustentable de la misma, ante la realidad irrefutable que demuestra que la disponibilidad de agua no está distribuida de manera homogénea en las diferentes zonas del planeta.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, propuesto por el Presidente Felipe Calderón, asume como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano sustentable, es decir, que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

En este contexto, el adecuado manejo y preservación del agua cobra un papel fundamental, dada su importancia en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica de nuestro país.

Cuando vinculamos al agua con el bienestar social, básicamente nos referimos al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento de las aguas residuales.

En lo relativo al desarrollo económico, valoramos su importancia como insumo en las actividades productivas; por ejemplo, en la agricultura, la generación de energía eléctrica, el turismo o la industria.

Si bien se reconoce que el agua debe proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo económico, es necesario que también favorezca la preservación de la extraordinaria flora y fauna del país, única en el mundo.

Es importante que siempre tengamos presente que dos terceras partes del territorio nacional son áridas o semiáridas, lo que obliga al uso eficiente del agua en todas las actividades, tanto en el riego como en casa

Esta problemática no es ajena a nuestro país, ya que en las últimas décadas hemos sufrido una disminución importante en la disponibilidad de recursos hídricos por habitante. Tan sólo para ilustrar la escasez de agua subterránea, 101 acuíferos de un total de 600 están sobre explotados.

De acuerdo con trabajos realizados por la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional deEcología, se han identificado 1471 cuencas hidrográficas en el país, las cuales se han agrupado y/o subdividido en 728 cuencas hidrológicas.

Conforme a información de la Comisión Nacional del Agua, la disponibilidad natural media por habitante es de 4,841 metros cúbicos por año, aunque el problema más complicado es que no se distribuye de manera uniforme. La población se encuentra mayormente concentrada en la zona centro norte del país, donde habita 77 por ciento de la población y en donde se recibe sólo 28 por ciento de la precipitación pluvial. En esta zona del país se realiza alrededor de 92 por ciento del riego. En cambio, en la zona sur la concentración poblacional es menor y la disponibilidad de agua es mayor.

El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado continuamente de posibles sequías hidrológicas en la zona centro-norte del país, misma que está conformada por los estados de Guanajuato Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, estado del cual son orgullosamente originario; debido a las escasez de lluvia y la poca acumulación del líquido en las presas, lo que significa “una crisis de agua” si no se atiende esta situación y no se implementan acciones urgentes.

A finales del año pasado se intensificó este fenómeno en las regiones centro del país, donde no se tienen registros de lluvia desde octubre de 2010.

Existen tres fases de sequía: la meteorológica por escasez de lluvia, la agrícola por falta de humedad y la hidráulica, es decir, el abatimiento de los cuerpos de agua como la captada en las presas, pequeñas presas y bordos.

La actividad agrícola es por sí sola la que más agua consume, con 77.8 por ciento del total, el restante 22 por ciento se distribuye en los siguientes usos: 11.5 por ciento sector público, 2.2 por ciento la industria y 8.5 por ciento el sector pecuario.

A la escasez del recurso y a la mala distribución se agrega su contaminación. El deterioro de la calidad del agua altera sensiblemente la biodiversidad, lo cual pone en peligro la sostenibilidad ambiental, reduce la cantidad de agua aprovechable, limita sus usos y/o incrementa los costos de tratamiento del agua.

Uno de los temas que no se ha logrado atender de manera integral es el relativo a la calidad del agua. Prácticamente todos los cuerpos de aguas superficiales en México tienen distintos grados de contaminación.

Podemos señalar a manera de conclusión que son varios factores los que han ocasionado el deterioro y la disminución en las reservas de agua, y son varias e incluyen aspectos geográficos, cambios ambientales, demografía, contaminación y uso irracional de este recurso.

En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, se plantea “incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, y a “tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reúso e intercambio”.

Cabe destacar que en el periodo 2000-2008 el agua suministrada y desinfectada para consumo humano pasó de 94.4% al 96.7% de la población, y la cobertura de tratamiento de aguas residuales pasó de 23% a 40.2%. Los logros, aún cuando son considerables, no son suficientes.

A fin de lograr los objetivos trazados, el Gobierno Federal, a través de la Conagua, promueve la rehabilitación, ampliación y construcción de nuevas plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales en todo el país.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Conagua y otras entidades de gobierno, establecieron las siguientes normas que regulan los sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable:

• Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002.

• Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.

• Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998.

De acuerdo a información del año 2008, proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, en nuestro país existen 604 plantas potabilizadoras en operación, con una capacidad instalada de 130.9 metros cúbicos por segundo, que procesan y potabilizan un caudal de 87.3 metros cúbicos por segundo, principalmente de aguas superficiales. De los 328.2 metros cúbicos por segundo de agua suministrada a nivel nacional, se estima que 206.8 metros cúbicos por segundo 63.0% provienen de fuentes subterráneas, el resto del suministro se obtiene de fuentes superficiales, del cual se procesan para su potabilización del orden de 79.4 metros cúbicos por segundo.

Los esfuerzos por aprovechar para ciertos fines la captación de agua de lluvia todavía son iniciales, cuando el potencial de aprovechar estos recursos hídricos es para tomarse en cuenta. Por principio, es una fuente alterna para el suministro de agua, disminuye la necesidad de tener que perforar nuevos pozos para la extracción del líquido, lo que permite proteger los mantos freáticos.

Estudios realizados por diversos investigadores señalan que de colectar las aguas pluviales, estas podrían utilizarse en un porcentaje que va del 30 al 50 por ciento para fines domésticos.

En el caso de nuestro país nos enfrentamos a los siguientes problemas que han provocado que se haya avanzado muy poco en la implementación de sistema y aprovechamiento de las aguas residuales y pluviales.

La construcción de nuevas plantas potabilizadoras y la puesta en marcha de las que no están en operación por falta de recursos para su mantenimiento, aunado a que el municipio no dispone de financiamiento suficiente para subsidiar los costos de agua potable y saneamiento. Por lo que toca a la captación y utilización de agua pluvial se debe a la falta de información sobre los beneficios de la utilización de este recurso.

Para ambos recursos existen un número ilimitado de técnicas y métodos que pueden lograr que estas técnicas se puedan utilizar en gran escala y ayudar a satisfacer las necesidades de la población.

El panorama nos dice que es necesario buscar alternativas que garanticen el abasto de agua para toda la población y una opción viable es la del tratamiento de aguas residuales y la captación de agua pluvial.

Es necesario garantizar que la población tenga acceso al agua siendo esta un instrumento para el desarrollo del país, ya que sin el vital liquido diversos sectores productivos se verían seriamente afectados, ante este panorama proponemos las siguientes modificaciones a Ley de Aguas Nacionales para incluir a las entidades federativas a tratar las aguas residuales e implementar técnicas que permitan la captación y utilización de las aguas pluviales.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona la fracción LIV, y la actual pasa a ser la LV, del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue

Artículo 9. ...

...

...

a. ...

b. ...

...

Son atribuciones de “la Comisión” en su nivel nacional, las siguientes:

LIV. Fomentar en conjunto con las autoridades estatales y municipales, la captación y almacenamiento de aguas pluviales mediante el desarrollo de técnicas que permitan su uso o  aprovechamiento, y

LV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consejo Mundial del Agua, disponible en: http://translate.google. com.mx/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.worldwatercou ncil.org%2Findex.php%3Fid%3D139%26L%3D0%26tx_indexedsearch%255Bext%255D%3D1.

2 Programa Nacional Hídrico 2007-2012, Semarnat, Gobierno Federal

3 Estadísticas del Agua en México, edición 2010.

Comisión Nacional del Agua.

4 Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2009, Gobierno Federal, Semarnat, disponible en:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ LibroAnexosYTablas-Situaci%C3% B3nSAPAS.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputados: Raudel López López, Luis Miguel Ramírez Romero (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

LEY DE PENSION UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS DE SETENTA AÑOS DE EDAD O MAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por diez minutos, la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más.

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo:Con su venia, señor presidente. Iniciativa de Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad y Más. Los adultos mayores de la actualidad son los excluidos de los excluidos; quienes tienen 70 años nacieron en 1942, la mayor parte de ellos en el campo; sus posibilidades de ir a la escuela primaria eran reducidas, a la secundaria era un sueño que muy pocos alcanzaban; hablar de preparatoria o de un nivel universitario era una posibilidad reservada a unos cuantos. Uno entre mil, afirmó el eminente investigador Pablo Latapí.

En 1950, en plena niñez de nuestros adultos mayores de hoy, la mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza, había escasos servicios educativos; por ello existe un alto grado de analfabetismo y bajos niveles de educación y alta incidencia de desnutrición.

La mayor parte de ellos se ocupó de las labores del campo, como los jornaleros agrícolas, mal pagados, sin posibilidad de acumular antigüedad laboral y sin prestaciones sociales. Muchos de ellos nutrieron los cinturones de miseria de las ciudades al dejar el campo, ocupándose de actividades informales, si bien les iba, o en la indigencia.

En la década de los ochentas, producto de la política económica, los entonces despedidos trabajadores solo tuvieron como opción de sobrevivencia la economía informal, la cual ha crecido desde entonces a niveles exorbitantes, al grado de amenazar actualmente con ahogar la economía formal, por lo que no pertenecían a un sistema de pensión ni contaban con servicios médicos.

Al ver este fenómeno desde una perspectiva de género, la situación de la mujer de 70 años y más comparte todas las desventajas de los varones y se les agregan otras: menos posibilidades de estudiar y acceder a los trabajos remunerados, por lo que llegan a la adultez mayor en condiciones aún más deplorables que sus contemporáneos varones. Más aún, si consideramos que la esperanza de vida de la mujer es mayor, 81 años y 76.6 en 2010, respectivamente, lo cual incrementa la probabilidad de quedarse solas en sus últimos años.

En la primera edad, de cero a cuatro años, existen 103.2 niños por cada 100 niñas, mientras que de 70 y más, por cada 83.8 varones hay 100 mujeres, pero esta ventaja femenina se ve afectada porque históricamente las mujeres han presentado menores niveles educativos, baja participación laboral y remuneraciones inferiores; sus probabilidades de encontrarse en condición de pobreza en la edad adulta son más altas, en comparación con los hombres.

Desde la izquierda proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales, una política que coloque al ser humano en el centro en el momento de revertir la tendencia que va en detrimento de la calidad de vida de las y los mexicanos.

El modelo de seguridad social, basado en la contribución y en la condición de existencia de una relación de trabajo subordinado, resulta cada vez menos efectivo para alcanzar la cobertura universal de riesgos, como la vejez y la discapacidad. Dicho modelo está elaborado para un México inexistente, el México real es de altas tasas de desempleo y de una creciente economía informal.

México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población, las instituciones públicas de seguridad social han fallado en mitigar la desigualdad persistente en la sociedad mexicana. La razón fundamental de la exclusión de la cobertura es que muchos trabajadores que se encuentran fuera del sector formal de la economía no están en condiciones de cotizar un porcentaje de sus ingresos para financiar prestaciones de seguridad social.

Es prácticamente imposible que nuestros adultos mayores de hoy hayan cumplido con al menos mil 250 semanas de cotización en un trabajo formal, aproximadamente 25 años de trabajo, que es la exigencia de pensiones, estipulado en la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE.

La pobreza en el grupo de población de setenta y más en nuestro país es excepcionalmente alta, aún en el contexto de América Latina. Pero la compleja problemática que enfrentan las personas de la tercera edad, en nuestro país, va más allá de su condición económica, padecen el deterioro progresivo físico y mental, una mayor incidencia de enfermedades y discapacidad, son víctimas de abandono, maltrato y marginación.

Para el Banco Interamericano del Desarrollo, la incorporación de los adultos mayores a la seguridad social no puede alcanzarse con los esquemas vigentes. Hasta el Banco Mundial acepta que las reformas a los sistemas de pensiones deben incluir las pensiones no contributivas.

De los adultos mayores, solo el 20.1 por ciento recibe una pensión. En el caso de los adultos mayores, en situación de pobreza en las ciudades, esta proporción es de 7 por ciento y de 1 por ciento en el medio rural.

Con nuestra propuesta de reforma planteamos que el impacto positivo que ha tenido esta política en el Distrito Federal, entre los adultos mayores y en el conjunto de las familias que tienen la dicha de contar con uno o más de ellos, sea llevado a toda la República.

El reconocimiento del derecho a la pensión universal para las personas adultas mayores representa un reconocimiento de la nación a su contribución al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas.

¿Este tipo de pensión es viable? Financieramente sí. La población de adultos mayores de 70 años es de 4 millones 259 mil 547 personas, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo para el Distrito Federal, 31.16 pesos diarios, sería de poco más de 48 mil 453 millones 305 mil 523 pesos, que equivalen al 0.31 por ciento del producto interno bruto.

¿De dónde obtener los recursos necesarios para el financiamiento de este tan necesario programa? Con una política de austeridad presupuestal de los tres poderes de la nación.

El inicio de un nuevo gobierno abre la posibilidad de convertirla en una política de Estado; existe un consenso nacional de que hay gastos excesivos en los tres poderes; reducir recursos destinados a las elecciones y a los partidos políticos, y una reforma fiscal progresiva permitirá las condiciones necesarias y el impulso a la pensión universal.

La propuesta contenida en la presente iniciativa busca crear un modelo de pensión universal para las personas de 70 años o más, con equidad y sustentabilidad. Se trata de una ley de orden público y observancia obligatoria en todo el país.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refrenda su compromiso con los que menos tienen, su aspiración a una nación más justa y comprometida en la atención de sus problemas más urgentes y en un marco de responsabilidad busca dotar al Estado de los instrumentos que garanticen con realismo, pero también con equidad, la existencia de un instrumento que sea la base para hacer realidad el derecho humano a una seguridad social universal equitativa y viable financiera y socialmente.

Demos este paso histórico; la nación demanda en beneficio de quienes han vivido en ella y por ella. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita legisladora federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General, en uso de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los adultos mayores de la actualidad son los excluidos de los excluidos. Quienes tienen 70 años o más nacieron de 1942 hacia atrás. Lo cual significa que la mayor parte de ellos nacieron en el campo, que predominaba en el México de aquella época. Sus posibilidades de ir a la escuela primaria eran reducidas; a la secundaria, era un sueño que muy pocos alcanzaban; hablar de preparatoria o de nivel universitario era una posibilidad reservada a unos cuantos. Uno entre mil llegó a calcular el eminente investigador en el tema educativo Pablo Latapí.

Estudios bien documentados afirman que en 1950, en plena niñez de nuestros adultos mayores de hoy, la mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza: el 88 por ciento de la población se encontraba en pobreza patrimonial, 73 por ciento en pobreza de capacidades y 61 por ciento en pobreza alimentaria. Había en nuestro país insuficiente provisión de servicios educativos. Por ello existe un alto grado de analfabetismo y bajos niveles de educación, alta incidencia de desnutrición y recursos insuficientes para fortalecer las redes sociales de protección hacia los adultos mayores.

La mayor parte de ellos se ocupó de las labores del campo al llegar a los umbrales de la juventud, a finales de la años 50; como jornaleros agrícolas –mal pagados, sin posibilidad de acumular antigüedad laboral y sin prestaciones sociales- o como hijos de ejidatarios, cuyos padres habían recibido dotación de tierras del presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, pero que habían visto mermadas sus posibilidades de incrementar la productividad por la falta de  apoyos técnicos y financieros. Muchos de ellos nutrieron los cinturones de miseria de las ciudades al dejar el campo, ocupándose en actividades informales, si bien les iba, o en la indigencia.

Los menos, quienes residían en las ciudades, ocuparon los empleos producidos por el llamado “milagro mexicano”, pero que en la década de los 80, al bordear sus 40 años, tuvieron que sufrir los despidos producto de los recortes presupuestales ordenados por el presidente Miguel de la Madrid e implantados por su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, presidente a partir de 1988, y que como tal profundizó dicha política en perjuicio de las clases populares.

En la década de los años 80, producto de esa política económica, los entonces despedidos trabajadores, sólo tuvieron como opción de sobrevivencia la economía informal. Ante la falta de opciones en los sectores productivos formales se dedicaron –en el mejor de los casos– a la economía informal, la cual ha crecido desde entonces a niveles exorbitantes, al grado de amenazar actualmente con ahogar a la economía formal.

De esta manera, los mexicanos y mexicanas nacidos de 1942 hacia atrás, tanto en el campo como en la ciudad, vinieron a hermanarse en sus precarias condiciones laborales y de vida: predominio de la economía informal, no pertenencia a un sistema de pensión, ausencia de servicios médicos; entre otros. La enorme ventaja humana que ha significado el incremento de la esperanza de vida se ha transformado en desgracia al hacerlo en condiciones muy precarias.

Si vemos este fenómeno desde una perspectiva de género, la situación de la mujer de 70 años y más comparte todas las desventajas de los varones ya descritas, y se le agregan otras. En el México que les tocó nacer y desarrollarse a estas mujeres las posibilidades de estudiar y acceder a trabajos remunerados eran prácticamente inexistentes; por lo que llegan a la adultez mayor en condiciones aún más deplorables que sus contemporáneos varones; más aún si consideramos que la esperanza de vida de la mujer es mayor.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) Las mujeres mayores se ven particularmente afectadas por el proceso de envejecimiento en razón de que su expectativa de vida es más alta que la de los hombres (81 años y 76.6 en 2010, respectivamente), lo cual incrementa la probabilidad de quedarse solas en sus últimos años. Esta desventaja se refuerza porque los hombres, en caso de ser viudos o divorciados, tienen mayor probabilidad de contraer nuevas nupcias en la etapa adulta, en comparación con las mujeres. De hecho la tendencia ha sido al alza de manera sostenida: de acuerdo a Indicadores demográficos básicos de Conapo, de 1970 a 2010 la esperanza de vida pasó de 59.7 años a 76.6 años para hombres y de 63.6 años a 81.0 años para mujeres, cifras que se incrementarán de acuerdo a sus proyecciones a 79.9 y 83.9 años en 2050.

Es ilustrativo el dato aportado por el Inegi en cuanto a la relación hombre mujer en la primera edad y en la tercera edad. De 0 a 4 años existen 103.2 niños por cada 100 niñas; mientras que de 70 y más por cada 83.8 varones hay 100 mujeres; lo que nos indica una longevidad femenina mayor.

Pero esta ventaja femenina se ve afectada porque históricamente las mujeres han presentado menores niveles educativos, baja participación laboral y remuneraciones inferiores, por lo que sus probabilidades de encontrarse en condición de pobreza en la edad adulta son más altas en comparación con los hombres.

Desde la izquierda, proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales; una política que coloque al ser humano en el centro de su quehacer cotidiano. Consideramos que las políticas actuales de seguridad social van a contracorriente de este planteamiento, por lo que es el momento de revertir esta tendencia que va en detrimento de la calidad de vida de las y los mexicanos. La política social imperante demuestra cada vez más sus limitaciones ante el mercado de trabajo, las tendencias poblacionales y epidemiológicas y la situación financiera de los gobiernos. El modelo de seguridad social  basado en la contribución y en la condición de existencia de una relación de trabajo subordinado resulta cada vez menos efectivo para alcanzar la cobertura universal de riesgos como la vejez y la discapacidad. Dicho modelo está elaborado para un México inexistente. El México real es de altas tasas de desempleo y de una creciente economía informal que cada vez ahoga más a la economía formal.

Desafortunadamente las recientes reformas a la legislación laboral aprobadas por esta soberanía traerán, entre otras negativas consecuencias, una profundización de este fenómeno, pues incorpora a la economía formal características negativas del sector informal, tales como subcontratación, carencia de prestaciones, obstáculos para generar antigüedad en el trabajo, disminución de las cotizaciones en los seguros de retiro y las pensiones, entre otros. Así, el sector poblacional sin garantía de seguridad social para su vejez se va a incrementar.

México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución o cuya atención es muy reducida.

Al no cubrir a los hogares más pobres, las instituciones públicas de seguridad social han fallado en mitigar la desigualdad que persiste en la sociedad mexicana.

De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de la mitad de la población mundial está excluida de cualquier tipo de protección obligatoria de la seguridad social y sólo 20 por ciento disfruta de una protección social “verdaderamente adecuada”. En América Latina, la cobertura es irregular (de 10 a 80 por ciento), pero durante décadas no se ha ampliado.

La razón fundamental de la exclusión de la cobertura es que muchos trabajadores que se encuentran fuera del sector formal de la economía no están en condiciones de cotizar un porcentaje de sus ingresos para financiar prestaciones de seguridad social. A estos factores se suman las repercusiones de las políticas de liberalización económica y ajuste estructural, que “han originado la existencia de amplios grupos vulnerables que no pueden cotizar a los regímenes de seguro social y que no están dentro del campo de aplicación de otras políticas sociales”.

Es prácticamente imposible que nuestros adultos mayores de hoy hayan cumplido con al menos 1250 semanas de cotización en un trabajo formal (aproximadamente 25 años de trabajo), que es la exigencia del sistema de pensiones estipulado en la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE.

De acuerdo a estudios de la Secretaría de Desarrollo Social del Ejecutivo federal (Sedesol), solamente el 51.2 por ciento de adultos mayores (incluidos las personas entre 60 y 69 años) se encuentran  afiliados a la seguridad social, 15.8 por ciento que cuentan con algún tipo de asistencia social de gobierno y 33.1 por ciento que no cuentan con ninguna de las dos modalidades; seguramente entre las personas de 70 y más años este porcentaje de desprotegidos se incrementa.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2008 había un total de 10 millones 479 mil 385 adultos mayores en el país (de 60 y más años). De éstos, sólo 36.2 por ciento contaba con un empleo y entre aquellos ocupados solamente 87.3 por ciento recibía una remuneración por su trabajo.

La situación es aún más difícil cuando estos adultos mayores son jefes del hogar y su ingreso debe destinarse al consumo de todos los miembros del mismo. El ingreso laboral promedio de los hogares con adultos mayores en 2008 fue de 5 mil 958 mensuales. Además, 30.6 por ciento de la población mayor de 60 años cuenta con alguna pensión, a pesar de que 67.0% está afiliado al sistema de protección social. Sin duda que la situación es peor si tomamos en cuenta únicamente a las personas de 70 y más años. Como se demuestra con el hecho de que entre la población de 60 y más existe un 13% de personas con discapacidad, porcentaje que se incrementa notablemente entre la de 70 y más que prácticamente llega al 20 por ciento.

La pobreza en el grupo de población de 70 y más en nuestro país es excepcionalmente alta, aún en el contexto de América Latina. En México, la tasa de pobreza en la población mayor de 65 años es 70 por ciento superior a la tasa de pobreza para el total de la población, la diferencia más amplia entre 8 países de la región considerado en un estudio reciente del Banco Mundial. En contraste, en Brasil, donde se implementa una pensión básica con una cobertura amplia, la tasa de pobreza en la tercera edad es 25 por ciento menos a la tasa nacional.

De acuerdo con la más reciente medición de la pobreza por ingresos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) para 2008, 47.4% de la población del país se encontraba en condiciones de pobreza de patrimonio, cifra que en zonas rurales llegó a 60.8 por ciento. Es de destacar que, después de los niños menores de cinco años, el grupo más afectado por la pobreza de patrimonio es el de los adultos mayores.

Las viviendas con adultos mayores que se encuentran en condiciones de pobreza, solamente 37.1 por ciento pertenece a un miembro del hogar; y de ellas 61.8 por ciento se encuentran en estado precario; como por ejemplo la falta de acceso al agua entubada, la falta de drenaje y el piso de tierra. En el medio rural se agrega la falta de baño o letrina.

Más aún, los resultados de la ENIGH 2008 muestran que aquellos hogares en donde se encuentra al menos un adulto mayor en compañía de individuos de menor edad tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza que los hogares donde un adulto mayor vive solo; esto debido a la mayor dependencia económica de los demás miembros del hogar sobre el ingreso de los adultos mayores.

Pero la compleja problemática que enfrentan las personas de la tercera edad en nuestro país va más allá de su condición económica.

Aunado a esta desprotección tenemos que las personas de 70 y más padecen el deterioro progresivo físico y mental propio de su edad, lo que ocasiona una mayor incidencia de enfermedades y discapacidad que necesitan ser atendidas.

Las personas mayores son víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aún en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de los ancianos.

La anterior es una realidad reconocida socialmente. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que en conjunto tienen los ciudadanos en México con respecto de la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.

Ante la pregunta ¿Qué opinan las y los mexicanos sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en nuestro país? Casi la mitad de los entrevistados considera a los adultos mayores como el grupo de la población más desprotegido en nuestro país; 36 por ciento de los entrevistados reconoce que son las personas de la tercera edad los que sufren más por su condición; casi 90 por ciento de los adultos mayores opinan que en México sí hay discriminación en contra de ellos; tres de cada cuatro, considera que una persona de edad mayor tiene pocas, o nulas, posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; 40 por ciento de los adultos mayores se siente rechazado por la sociedad; los mayores sufrimientos de este grupo de población son la pobreza, la falta de trabajo, el abandono.

Los efectos de toda esta alarmante situación son devastadores: exclusión social, abandono, disminución de la autoestima, la depresión de los adultos, escasa autonomía económica que los convierte en una carga para el hogar; problemas de salud, pobreza, imposibilidad de hacer frente a gastos inesperados, baja calidad de vida, mayor dependencia funcional de terceros, familiares o no, abandono. En síntesis, deficiente calidad de vida y deterioro acelerado. Todo ello provocado por la insuficiencia de ingresos y  la falta de protección social.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo la incorporación de los adultos mayores a la seguridad social no puede alcanzarse con los esquemas vigentes: “ni los anacrónicos sistemas de pensión de reparto ni los sistemas más modernos y reformados brindan a los ancianos pobres una protección social adecuada”.

Las tendencias del mercado laboral y las tendencias demográficas sugieren que en los años venideros aumentarán las filas de los ancianos pobres y esto sucede mientras en países como el nuestro no existen sistemas básicos de protección social para los ancianos. Vivimos la paradoja de tener una proporción de personas adultas mayores comparable con la de las naciones desarrolladas, pero sin recursos para enfrentar esta situación.

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), este grupo es el que crece de manera más rápida desde hace 20 años y, en proyección, duplicará su tamaño en menos de dos décadas. El envejecimiento demográfico provocará en el largo plazo un desequilibrio entre la población trabajadora y la de las edades avanzadas, lo que impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación y a los servicios de salud.

Mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en 3.6 por ciento. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2008 había un total de 10 millones 479 mil 385 adultos mayores en el país (de 60 y más años), que representan casi el 10 por ciento de la población total. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 por ciento en 2050.

De la población adulta mayor, 29.1 por ciento participa en la población económicamente activa, PEA, ocupada. Sólo 19.5 por ciento desempeña actividades en el sector formal de la economía, 51.1 por ciento trabaja por su cuenta y 51.3 por ciento recibe por su trabajo menos de un salario mínimo.

De los adultos mayores, sólo 20.1 por ciento reciben una pensión. En el caso de los adultos mayores en situación de pobreza en las ciudades, esta proporción es de 7 por ciento, y de 1 por ciento en el medio rural.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre las personas de 70 años o más, 23 por ciento cuenta con una pensión; en el medio urbano, esta proporción es de 31 por ciento y en el rural, de 11 por ciento; entre los adultos mayores de 70 años que viven en situación de pobreza, esta proporción es de 5 por ciento.

Un estudio del Banco Mundial señala que 37.6 por ciento de los adultos mayores están en situación de pobreza.

Lograr los pactos fiscales indispensables para incrementar la inversión social y el aseguramiento requiere un sentido estratégico que oriente las acciones graduales en esa dirección, en el marco de coaliciones políticas que posibiliten reducir la pobreza y la desigualdad.

Con nuestra propuesta de reforma planteamos que el impacto positivo que ha tenido esta política pública del Distrito Federal, no sólo entre los adultos mayores sino en el conjunto de las familias que tienen la dicha de contar con uno o más de ellos, sea llevado a toda la república. Por supuesto, llevando a cabo los cambios necesarios para dar respuesta a los requerimientos específicos de un programa de acción a nivel nacional y estableciendo las previsiones financieras pertinentes.

En tal sentido, el reconocimiento del derecho a la pensión universal para las personas adultas mayores representa un reconocimiento de la nación en su conjunto a la contribución de ellas al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas.

¿Por qué entregarla dentro de un esquema universal? Las virtudes de la universalidad en este tipo de acciones públicas son múltiples y crecientemente reconocidas en el ámbito internacional. Un documento reciente del Banco Mundial anota: “Esta es probablemente la mejor manera de proteger a los adultos mayores contra la pobreza.” La universalidad de una política: primero, garantiza una cobertura completa de la población pobre, eliminando cualquier error de exclusión que son inevitables con la focalización. Segundo, evita desincentivar el trabajo y el ahorro privado, al no condicionar el ingreso de los beneficios a encontrarse en una situación de pobreza. Tercero, elimina los altísimos costos administrativos, al desaparecer los procesos de identificación y depuración del padrón de beneficiarios.

En el documento “Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la población de 70 años y más”, elaborado por la Secretaría de desarrollo Social del gobierno federal, de agosto de 2010, se lee:

En nuestro país, el nivel de ingreso y las bajas tasas de ahorro han reducido a la mayor parte de los adultos mayores a la situación pobreza, condición que se agravará en los próximos años debido a la transformación de la pirámide poblacional que implica una mayor cantidad de adultos mayores respecto a la población total.

En consecuencia, resulta de suma importancia elaborar políticas públicas adecuadas que atiendan de manera efectiva a este grupo de población para enfrentar su problemática tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.

Ahora, ¿este tipo de pensión es viable financieramente? Sí. Tomando los cálculos que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol hizo con base en los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, la población de adultos mayores de 70 años a nivel nacional para el año 2009 asciende a 4 millones 259 mil 547 personas, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo para el Distrito Federal (31.16 pesos diarios) sería de poco más de 48 mil 453 millones, 305 mil 523 pesos, que equivalen al 0.31 por ciento del PIB. Si consideramos el incremento de la población de adultos de setenta años y más en los próximos 45 años, y una tasa de crecimiento de la economía promedio de 3%, la pensión alcanzaría un máximo de 0.4% del PIB en el 2050, y luego comenzaría a decrecer.

¿De dónde obtener los recursos necesarios para el financiamiento de este tan necesario programa? Es importante implementar una política de austeridad presupuestal de los tres poderes de la nación. El inicio de un nuevo gobierno abre la posibilidad de convertirla en una política de Estado. Existe un consenso nacional de que hay gastos excesivos en los tres Poderes de la Unión. Gastos que pueden reducirse de manera importante para implementar un programa humano, justo, necesario, como el que hoy proponemos. Adicionalmente una reforma electoral puede reducir los recursos destinados a las elecciones y a los partidos políticos, y una reforma fiscal progresiva permitirá las condiciones necesarias y  el impulso a la Pensión Universal.

Es preciso encontrar modelos para atender las necesidades de las personas que no están incluidas en el campo de aplicación de las políticas de seguridad social del sector formal. Las pensiones no contributivas se presentan como una opción para mejorar la cobertura. Estas pensiones están vigentes en diversos países del orbe y se caracterizan por otorgar prestaciones monetarias asociadas a situaciones de pobreza y carencia.

El financiamiento de estas pensiones proviene de contribuciones generales que el Estado, por mandato legal, redistribuye entre las personas o familias a quienes mediante un apoyo monetario se les provee de un ingreso; por ende, las condiciones de acceso a este tipo de pensiones no se vinculan a una trayectoria laboral o a un registro de cotizaciones.

Las pensiones no contributivas son un pilar fundamental de la protección social contra los riesgos que conducen a las familias a la indigencia y a la pobreza. La eficacia y la eficiencia con que se diseñan y administran son cruciales para maximizar su impacto en la reducción de la pobreza y en su legitimidad por parte de quienes las financian (en la medida en que provienen de impuestos generales).

Hasta el Banco Mundial acepta que las reformas a los sistemas de pensiones deben incluir este componente. Existe una experiencia internacional considerable que puede aprovecharse para proporcionar a México diferentes modelos. La mayoría de los sistemas operan con una combinación de seguridad social contributiva y de asistencia social no contributiva estructurada alrededor de las prestaciones mínimas.

En varios países de América Latina están presentes este tipo de pensiones. En Argentina, datan de 1948 e incluyen, además de la pensión mensual, servicios médicos. Son varios los tipos de pensiones no contributivas que se otorgan en esa nación sudamericana: graciables del Congreso, asistenciales (por invalidez, para madres de siete hijos, por vejez), para ex combatientes de las Islas Malvinas, para familiares de desaparecidos, y otras establecidas en leyes especiales. Las pensiones de carácter asistencial están sujetas a un examen de ingreso que aplica a los solicitantes la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. El financiamiento está a cargo de impuestos generales.

En el caso de Brasil, hay dos tipos de pensiones no contributivas y asistenciales. Unas son las pensiones rurales, vigentes desde 1971 y que equivalen a un salario mínimo mensual. Se otorgan a las personas de 60 años o más, si son varones, o de 55 años o más si son mujeres. Además, se requiere que se compruebe un tiempo de trabajo rural aportando a la economía familiar. El financiamiento que soporta estas pensiones proviene en 91.6 por ciento de rentas generales y subsidios cruzados de trabajadores urbanos y 8.4 por ciento de la comercialización primaria de productos agrícolas.

Por otro lado, las pensiones asistenciales, creadas en 1974 y equivalentes a un salario mínimo mensual, se otorgan a las personas mayores de 67 años y discapacitados (incluyendo los discapacitados al nacer). El otorgamiento de la pensión está sujeto a un examen de ingreso familiar a cargo de la autoridad municipal y a un examen médico del Instituto Nacional del Seguro Social. El financiamiento se hace totalmente por contribuciones generales.

En Chile, se otorga desde 1975 una pensión mensual, que incluye atención médica gratuita, asignaciones familiares para los descendientes del beneficiario y una asignación única por muerte para cubrir los riesgos de vejez, invalidez y deficiencia mental. Estos beneficios se financian con impuestos generales y contribuciones de 1.5 por ciento de los cotizantes del régimen público de pensiones. El otorgamiento de esta cobertura está sujeto a una ficha socioeconómica aplicada por los comités de Asistencia Social de las intendencias regionales.

El sistema de seguridad social no contributivo de Costa Rica se creó en 1974. El beneficio incluye una pensión mensual, el pago de un décimo tercer mes, un seguro de salud y acceso a prestaciones sociales. Las pensiones no contributivas incluyen también a las personas que padecen parálisis cerebral profunda. Para tener acceso a estos beneficios, el solicitante debe someterse a la calificación de una ficha de información social a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Finalmente, en Uruguay existen este tipo de pensiones desde 1919. Además de la propia pensión se incluyen beneficios especiales para la rehabilitación de los pensionados por invalidez. El financiamiento total corre a cargo de rentas generales y está supeditado a un examen de ingreso familiar a cargo del Banco de Previsión Social.

La cobertura de estos sistemas latinoamericanos, como proporción de la población total, varía de 3.5 por ciento, en el caso de la pensión rural en Brasil, a 0.9 por ciento, en el caso argentino. Como proporción de estos grupos, la atención oscila entre el 66.6 por ciento de la población en vejez en el Brasil rural y el 11.4 por ciento de las personas adultas mayores en el caso de Argentina.

Como proporción del producto interno bruto, encontramos que el gasto en las pensiones no contributivas oscila de 1.0 por ciento en la pensión rural de Brasil a 0.2 por ciento en Argentina.

Algunas evaluaciones coinciden en que las pensiones no contributivas tienen un efecto positivo en la reducción de la pobreza. Según la OIT, la indigencia en Argentina sería de 30.4 por ciento, en vez del 10.0 por ciento observado en 1997. En el caso de Chile, sin esta cobertura de seguridad social, la indigencia sería de 12.0 por ciento, en vez de 3.7 por ciento en el año 2000. En Costa Rica se tendría una población indigente de 40.7 por ciento sin las pensiones no contributivas en lugar del 32.0 por ciento que se tenía en 2000. La reducción de la indigencia por esta modalidad pensionaria es más drástica en el caso brasileño: sin estas prestaciones, los indigentes en la nación sudamericana serían 26.6 por ciento de la población en vez del 1.2 por ciento que se registró en 1999. El mismo efecto se registra en el caso de la reducción de la pobreza.

Establecer un sistema de pensiones de este tipo en nuestro país debe ser congruente además con un cambio radical en el modelo económico vigente, de tal manera que la superación de la pobreza sea armónica y complementaria con políticas económicas que fomenten el crecimiento, generando empleos de calidad y mejores ingresos. Para mitigar la adversidad de la población actualmente ocupada en condiciones precarias, la alternativa urgente es ampliar sus ingresos.

El propio documento de Sedesol de 2010 ya anotado, afirma que “la falta de un sistema de protección social universal provoca condiciones de vulnerabilidad,  y desprotección ante imprevistos”, y concluye que “otorgar un apoyo monetario resulta un primer avance en la dirección deseada. Estos recursos permiten a los adultos mayores sentirse útiles en la sociedad dándoles autonomía y respeto; además, les ayuda a sufragar sus gastos y a contribuir con los de los hogares de los que forman parte. Apoyar a aquellos que no cuentan con ningún subsidio se vuelve aún más prioritario”.

Al respecto, es importante mencionar que en 1979 fue fundado en México, el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), el cual tenía como objetivo proteger a los adultos mayores de 60 años, prestando servicios de atención médica y asistencia social, entre otros. Después de varios cambios, el Insen se convirtió en el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen).

En 2002, el Inaplen se convierte en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que tiene como objetivos afiliar a adultos mayores al Instituto para obtener descuentos en distintos servicios; generar centros de atención integral; ofrecer capacitación para el tiempo libre; otorgar apoyos financieros e incorporar a los adultos mayores al mercado laboral.

Aspectos todos ellos de gran importancia, pero que han demostrado sus limitaciones, por lo que es necesario dar un salto cualitativo hacia la pensión universal para las personas de setenta años de edad o más.

En este contexto, el compromiso del Estado es ineludible. El poder público es el garante de la seguridad social, dado que tiene la potestad de regular su diseño y posee los recursos y la infraestructura administrativa necesarios para reglamentar y operar su ejecución.

La propuesta contenida en la presente iniciativa busca crear un modelo de pensión universal para las personas de setenta años o más con equidad y sustentabilidad. Se trata de una ley de orden público y observancia obligatoria en todo el país.

La propuesta de ley está dividida en cinco títulos que abordan disposiciones generales; la pensión universal; las competencias administrativas; la base de datos nacional de la pensión universal, la transparencia y el acceso a la información; y las responsabilidades de los servidores públicos.

La pensión normada por esta ley se entregará a las personas de setenta años o más residentes en territorio nacional. El monto de aquélla será de medio salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. La entrega no tendrá un costo para el beneficiario ni podrá estar sujeta a ningún tipo de condicionamiento.

El otorgamiento de la pensión y el control de la Base de Datos Nacional de la Pensión Universal, conformada por la información individual de cada pensionado que integra el padrón de beneficiarios se deposita en la Sedesol, dada la experiencia y el instrumental con que cuenta para el manejo de este tipo de apoyos.

En la Ley se considera imprescindible la colaboración institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e instituciones y organismos afines en los ámbitos estatal y municipal.

La Sedesol conformará un programa de beneficiarios y corroborará el cumplimiento de los requisitos. Para efectos administrativos, una vez dado de alta en el padrón, el beneficiario recibiría la pensión en un plazo no mayor a tres meses. Los medios de pago se determinarían administrativamente con el criterio de que sean los más viables y oportunos para los beneficiarios.

La ley establece causas de suspensión y cancelación de la pensión y prevé medios de impugnación, ya sea por baja justificada o por exclusión del padrón de beneficiarios si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.

Como instrumentos de concurrencia se establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta ley, coadyuven a la entrega de la Pensión Universal y que, cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de cada orden de gobierno, se aplicarán y ejecutarán convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas.

La Ley prevé que la Federación, a través de la Sedesol, garantice el derecho de las personas de setenta años o más a participar de manera activa y corresponsable en la gestión de la pensión, en los términos y condiciones que establezca el reglamento que al efecto se expida, y ordena a la Secretaría a establecer acciones tendientes a garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a la pensión presenten los beneficiarios, sus representantes o el público en general.

También se dota al Ejecutivo federal de la facultad de enviar al Congreso de la Unión las adecuaciones a la Ley que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y la ampliación de la cobertura de la pensión objeto de la presente ley, así como la inclusión de otros riesgos por cubrir, con el propósito de lograr la universalización de los beneficios de la seguridad social.

El financiamiento de la pensión para las personas de setenta años o más corre a cargo del gobierno federal, mediante contribuciones generales que serán especificadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el ramo general 19, Aportaciones a la Seguridad Social. En este rubro, se garantiza el pago de la obligación y su inafectabilidad. Se establece que los costos administrativos de esta pensión (radicados en el ramo administrativo 20, Desarrollo Social) no serán mayores a cinco por ciento del total de la partida que financie el pago de ésta.

La ley garantiza la transparencia y el acceso a la información de la pensión bajo las reservas y criterios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se establece una leyenda que debe contener la publicidad y la información relativa a la pensión para manifestar el carácter público de ésta y su no condicionamiento con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos por ley.

Finalmente, se obliga a los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente ley a observar principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad. También se invoca la responsabilidad de estos servidores públicos que deberá ser sancionada conforme a disposiciones vigentes.

Por último, en disposiciones transitorias, la presente iniciativa establece un lapso de no más de noventa días naturales para la expedición del reglamento de esta ley y para la emisión de la convocatoria pública para la inscripción de beneficiarios.

Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refrenda su compromiso con los que menos tienen, su aspiración a una nación más justa y comprometida en la atención de sus problemas más urgentes, y, en un marco de responsabilidad, busca dotar al Estado de los instrumentos que garanticen, con realismo, pero también con equidad, la existencia de un instrumento que sea la base para hacer realidad el derecho humano a una seguridad social universal, equitativa y viable social y financieramente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más

Artículo Único. Se crea la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, para quedar como sigue:

Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la república, en la forma y términos que la misma establece; sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto normar el otorgamiento de una pensión universal para las personas de setenta años de edad o más.

Artículo 3. La pensión universal es un instrumento de la seguridad social y tiene por finalidad garantizar el derecho a la protección de los medios de subsistencia para el bienestar de las personas de setenta años de edad o más.

Artículo 4. La organización, administración y entrega de la Pensión Universal, en los términos de esta ley, así como la interpretación de sus disposiciones, están a cargo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Base de Datos de la Pensión Universal: aquella conformada por la información individual de cada pensionado que integra el padrón de beneficiarios para el control, vigilancia, entrega y vigencia de derechos de los pensionados o beneficiarios.

II. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social.

III. Pensión Universal: prestación en dinero asignada a las personas de setenta años de edad o más.

IV. Pensionado o beneficiario asegurado: las personas de setenta años de edad o más beneficiarias de la Pensión Universal.

V. Representante acreditado: el familiar o la persona autorizada por el beneficiario para realizar trámites y cobros ante la Secretaría con motivo del otorgamiento y la vigencia de la pensión.

Artículo 6. Toda persona mayor de setenta años de edad o más residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir del gobierno federal, por conducto de la secretaría, una pensión, en los términos y condiciones que establece la presente ley y su reglamento.

Artículo 7. Los pensionados o beneficiarios asegurados para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de la Pensión Universal que esta ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en su reglamento.

Artículo 8. La inscripción en la base de datos nacional de la pensión universal que integra el padrón de beneficiarios, la entrega de la pensión y cualquier otro trámite o solicitud relacionado con la misma, serán gratuitos y no estarán sujetos a ningún tipo de condicionamiento.

Título SegundoDe la Pensión Universal

Capítulo 1Del Monto y periodicidad de la pensión universal

Artículo 9. La pensión universal es aquella que el Estado asegura a los adultos mayores de setenta años de edad o más residentes en el territorio nacional y su monto mensual no podrá ser inferior a 50 por ciento de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en los términos y condiciones que establece la presente ley y su reglamento.

Artículo 10. La pensión universal se otorgará de manera mensual a través de pagos directos en efectivo o transferencias monetarias por medios electrónicos, según resulte más accesible y oportuno para el pensionado o beneficiario, de acuerdo con los mecanismos reglamentarios que la secretaría determine.

Artículo 11. El otorgamiento de la pensión materia de esta ley, es compatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas otorgadas por instituciones de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales.

Capítulo 2De los Pensionados o Beneficiarios Asegurados

Artículo 12. Para ser sujeto de aseguramiento a la pensión universal, el adulto mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener setenta años de edad cumplidos o más, al momento de solicitar la inscripción al padrón de beneficiarios;

II. Haber residido como mínimo tres años en el territorio nacional;

III. Aceptar las obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento con motivo del otorgamiento de la pensión universal.

Artículo 13. La acreditación de los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, podrá realizarse mediante identificación oficial. A falta de lo anterior y en los casos previstos en la legislación común y en el reglamento de esta ley, la acreditación se hará mediante protesta de decir verdad.

Artículo 14. En caso de que el adulto mayor tenga algún impedimento físico, mental o de salud para presentar personalmente la solicitud de inscripción al padrón de beneficiarios, lo podrá hacer su representante acreditado mediante identificación oficial y documento expedido por la Secretaría, en los términos previstos por el reglamento de esta ley.

Artículo 15. Para la conformación del padrón de pensionados o beneficiarios, la secretaría podrá auxiliarse del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e instituciones y organismos afines estatales y municipales.

Artículo 16. La secretaría podrá realizar en todo momento visitas domiciliarias a los beneficiarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente capítulo.

Capítulo 3Del Financiamiento

Artículo 17. La Pensión Universal para las personas de setenta años de edad o más se financiará con recursos provenientes de las contribuciones generales.

Artículo 18. Los recursos para el otorgamiento de la pensión universal, se entenderán destinados al gasto público en materia de seguridad social.

Artículo 19. El Ejecutivo federal incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, una partida específica destinada a este fin, que se integrará al ramo general 19, Aportaciones a la Seguridad Social. La partida deberá ser suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas por el Ejecutivo federal en los términos de esta ley.

Artículo 20. Para los efectos presupuestales y fiscales que corresponda, la partida a que se refiere el artículo anterior será considerada un subsidio.

Artículo 21. Al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados no deberá afectar las obligaciones contraídas por el gobierno federal en los términos de esta ley.

Artículo 22. Los gastos de administración, verificación, manejo de la Base de Datos Nacional de la pensión universal, entrega de la pensión, comunicación social y todos los relativos a gasto corriente que tenga que erogar la Secretaría con motivo de la vigencia de la presente ley, se integrarán al ramo administrativo 20, Desarrollo Social, y no podrán ser mayores a cinco por ciento del total de la partida a que se refiere el artículo 19 de esta ley.

Capítulo 4De la suspensión y cancelación de la pensión universal

Artículo 23. La suspensión y, en su caso, cancelación de la pensión universal tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Cuando después de al menos tres visitas domiciliarias consecutivas en días y horarios diferentes, la persona adulta mayor no sea localizada en el domicilio reportado como residencia del mismo;

II. Cuando se compruebe la duplicidad del beneficiario en el padrón;

III. Cuando se compruebe que el beneficiario no cumple con los requisitos de edad y residencia establecidos en el artículo 12 de esta ley;

IV. Cuando el domicilio señalado por el solicitante o beneficiario como lugar de residencia no exista;

V. Cuando el adulto mayor haya fallecido y

VI. Cuando exista la imposibilidad de entregar la pensión a través de un representante.

Artículo 24. La cancelación de la pensión, con excepción de los fallecimientos que deberán ser notificados por el representante acreditado, será corroborada por la Secretaría mediante las visitas domiciliarias a que se refieren los artículos 30 y 31 de esta ley.

Artículo 25. La cancelación de la pensión deberá notificarse por escrito al beneficiario o a su representante acreditado.

Artículo 26. En caso de que el adulto mayor sea remitido a un asilo o sea hospitalizado, el representante acreditado o un familiar notificarán a la Secretaría esta situación, mediante documentación oficial.

Artículo 27. El rechazo a la inscripción en el padrón de beneficiarios o la baja del mismo podrán ser impugnadas por el beneficiario por sí o por su representante mediante los mecanismos jurídicos, administrativos y reglamentarios previstos en la Ley General de Desarrollo Social relativos a la denuncia popular, así como en la legislación común o directamente al órgano interno de control de la secretaría. La respuesta que al efecto emita la autoridad competente deberá estar debidamente fundada y motivada.

Capítulo 5De la vigencia de derechos

Artículo 28. Una vez que la secretaría haya corroborado el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la pensión universal, se dará de alta al adulto mayor en el padrón de beneficiarios y, en un periodo no mayor a tres meses, se iniciará la vigencia de la pensión.

Artículo 29. El beneficiario deberá acudir personalmente por su pensión al menos una vez cada 4 meses; de no ser así, su representante deberá comunicar las razones de la ausencia, y los responsables del programa deberán programar una visita para entrevistarse con el beneficiario. De no ser localizado éste la pensión será suspendida.

Artículo 30. Durante la vigencia, la Secretaría podrá realizar visitas de verificación, seguimiento y evaluación del otorgamiento de la pensión. El personal que realice estas visitas deberá contar con una identificación expedida por la Secretaría, la que deberá mostrar al pensionado, a su representante y a sus familiares al momento de la visita.

Artículo 31. Las visitas a que se refiere el artículo anterior tendrán como objeto verificar la residencia, el disfrute de la Pensión Universal, la sobrevivencia y atender dudas o problemas relacionados con la entrega de la pensión. Asimismo, durante las visitas se podrá recopilar información que requiera la secretaría para implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar el otorgamiento de la pensión.

Título TerceroDe la competencia, concurrencia y participación social

Capítulo 1De las atribuciones de la secretaría

Artículo 32. Corresponde al gobierno federal, a través de la secretaría:

I. Otorgar la pensión universal a las personas de setenta años de edad o más;

II. Administrar y actualizar la base de datos nacional de la pensión universal que integra el padrón de pensionados o beneficiarios asegurados;

III. Expedir el reglamento de esta ley;

IV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes, de los pensionados o beneficiarios asegurados, conforme a lo establecido en la presente ley;

V. Atender las solicitudes de inscripción al padrón de pensionados o beneficiarios, de asesoría y orientación a los solicitantes y beneficiarios, las peticiones de información pública y la resolución de recursos de quejas e impugnación;

VI. Realizar estudios e investigaciones, con apoyo de instituciones públicas y de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para mejorar las políticas de atención a las personas de setenta años de edad o más;

VII. Establecer mecanismos de participación social entre las personas de setenta años de edad o más, congruentes con la política pública dirigida a este grupo de la población;

VIII. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, así como con organizaciones civiles y privadas, para la mejor entrega de esta pensión y en general para la atención a las necesidades de las personas de setenta años de edad o más;

IX. Evaluar las políticas, procedimientos y aplicación relativos al pago de la pensión;

X. Rendir un informe anual al Congreso de la Unión en el mes de junio de cada año, en que detalle la situación financiera de la entrega de la pensión, el ejercicio del gasto administrativo relacionado con la misma, el número total de beneficiarios, su distribución por entidad federativa y las altas y bajas de la base de datos nacional.

XI. Evaluar la suficiencia de la pensión universal y los criterios de cobertura, a fin de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y la ampliación de la cobertura de la pensión así como la inclusión de otros riesgos por cubrir cuyo propósito sea lograr la universalización de los beneficios de la seguridad social.

XII. Las demás que le señale la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo 2De la concurrencia

Artículo 33. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta ley, coadyuvarán al pago de la pensión, tomando en cuenta las particularidades de la población de cada ámbito. Al efecto, cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de la Federación, las entidades federativas o los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas.

La anterior disposición se hará extensiva a los organismos descentralizados del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

Capítulo 3De la participación social

Artículo 34. El gobierno federal, a través de la secretaría, garantizará el derecho de las personas de setenta años de edad o más a participar de manera activa y corresponsable en la gestión de la Pensión Unviersal, en los términos y condiciones que establezca el reglamento que al efecto se expida. Este derecho se entenderá otorgado a los individuos, a las familias o a las organizaciones civiles y privadas que tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de setenta años de edad o más.

Artículo 35. Mediante convocatoria pública, el gobierno federal, a través de la Secretaría, invitará a los interesados a participar con propuestas relativas al otorgamiento de la pensión objeto de la presente ley y a la política pública concerniente a la problemática de los adultos mayores.

Artículo 36. La secretaría establecerá las acciones más adecuadas tendientes a garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a la pensión universal presenten los pensionados o beneficiarios asegurados, sus representantes acreditados o el público en general.

Título CuartoDe la Base de Datos Nacional de la Pensión Universal, la Transparencia y el Acceso a la Información

Capítulo Único

Artículo 37. La base de datos nacional de la pensión universal es aquella conformada por la información del padrón de pensionados o beneficiarios asegurados, que contiene la información individual de cada uno de éstos para el registro, control y certificación de la asignación, continuación, suspensión y/o cancelación de la pensión.

Artículo 38. La información contenida en la base de datos nacional de la pensión universal que integra el padrón de pensionados o beneficiarios será pública con las reservas y los criterios de confidencialidad que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 39. La información contenida en la base de datos nacional de la pensión universal no podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta ley.

Artículo 40. La publicidad y la información relativa al otorgamiento de la pensión universal para las personas de setenta años de edad o más, deberán identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la leyenda siguiente: “Esta pensión es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta pensión será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

Título QuintoDe las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 41. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 42. La falta de cumplimiento de los principios mencionados en el artículo anterior será sancionada, según sea el caso, por el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La convocatoria pública para la inscripción al padrón de pensionados beneficiarios se hará en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.

Cuarto. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente decreto contendrá las partidas a que hace referencia el capítulo 3 del título segundo de la presente ley. El pago de las pensiones que se hagan con anterioridad al inicio del año fiscal se contabilizará como adeudos fiscales anteriores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

¿Con qué objeto, señor diputado, don Silvano Aureoles? Sonido. Ponga la huella, por favor.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): No me vaya a decir que el dedito.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No, el dedito no, la huella.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente, con la facultad que me da el 115 del Reglamento, quiero hacerle una moción, pedirle una moción de orden por un asunto elemental, no nos gusta el trato que la Mesa Directiva y la Presidencia les da a los compañeros y compañeras diputadas y diputados.

En el trámite que ya concluyó, relativo a la controversia constitucional, se había establecido, se estableció más bien, en el acuerdo de la Junta, tres oradores en pro y tres en contra; sin embargo, durante el desarrollo de este debate hubo alusiones a compañeras y a compañeros, que de acuerdo al Reglamento, está obligado el presidente a darles la palabra.

Hubo diputadas, una diputada que pidió una intervención para rectificación de hechos y pudo haberla pedido por cualquier otra razón, en el marco del debate, y el presidente está obligado a darle la palabra.

La razón de la moción, presidente, es porque considero que el trato que se les da a las diputadas y los diputados que buscan un elemento, que solicitan hacer uso de un derecho básico del Parlamento, que es hablar, es fijar postura, es expresarse y ese simple derecho se violente, se limite.

Hago la siguiente moción, porque quiero que quede establecido, que se anote en el Diario que no estamos de acuerdo con ese trato. Mucho menos, presidente, con el trato irónico que puede traspasar la línea de la ironía para llegar a la intolerancia, cuando alguna diputada o diputado pide la palabra.

Dicho esto, quiero dejar establecido, entonces, y expresar nuestra protesta y nuestra inconformidad por el trato dado a las diputadas y diputados. Porque hoy ese trato se aplicó de este lado, se aplicó del lado de la izquierda, pero ese trato se puede dar del lado de la derecha.

De tal manera que no debe congratularse nadie de que en el desarrollo del pleno se tenga este manejo que violenta, presidente —y usted es conocedor de esta materia—, unos de los derechos básicos del Parlamento de la Cámara, de que haya debates en los temas.

¿Por qué tanta preocupación de que se agoten los temas en el menor tiempo posible? Creo que las diputadas y los diputados estaríamos en la disposición, incluso de que la sesión se alargue.

El Reglamento mismo nos da hasta cinco horas para debatir los temas, para abordar los temas que están en la agenda e incluso, si no es posible, eso no alcanza, bien podríamos sesionar el miércoles o el lunes, pero que el derecho sagrado de todo Parlamento y de las diputadas y de los diputados, de hablar y de expresarse, no se vea limitado.

Y que usted corrigiera —con mucho respeto se lo digo— el uso de palabras que pueden ser discriminatorias, ofensivas o que pueden caer en una actitud autoritaria de la Presidencia de la Mesa. Es cuanto, ciudadano, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, el Diario de los Debates y la asamblea recoge su dicho, lo valoraremos en la Mesa Directiva, de tal suerte de evitar alguna conducta que pueda ser lesiva.

En tal caso, esta Presidencia le recuerda a la asamblea que siempre estaremos sujetos a la decisión de la misma y que siempre tendremos el cuidado y la preocupación de preguntar a la asamblea, para que ésta externe su voluntad.

La diputada María Elena Cano Ayala(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María Elena Cano, ¿con qué objeto?

La diputada María Elena Cano Ayala (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente también para solicitarle que sea tan amable de que igual, se incluya en el Diario de los Debates y que quede subrayado que efectivamente coincidimos plenamente en que éste es un recinto y somos un órgano colegiado, en donde tenemos que dar un mensaje donde primen los valores de manera cotidiana.

Nuestro quehacer legislativo no está sujeto a que podamos nosotros expresarnos de manera despectiva de nadie.

Y que efectivamente, señor presidente, escuché con mucha atención, cuando solicitó el grupo de la izquierda —como se tienen identificados, con todo respeto— que iban a echar mano de todos los elementos para poder subir tribuna y precisar su posicionamiento y su argumentación, en relación al tema que nos ocupó, y lo hicieron. Lo hicieron en varias ocasiones.

No recuerdo, pero fueron más de 10 ocasiones en que subieron a tribuna, haciendo uso justamente de los elementos que nos brinda la práctica parlamentaria, que es justamente las alusiones personales.

Pero el derecho de cada uno de nosotros termina cuando empieza el derecho de los demás. Igualmente, la Mesa Directiva, la Presidencia tiene la facultad de que cuando, a criterio, no se puede llevar indefinidamente una postura, y por eso somete a la asamblea, a la asamblea, para que seamos nosotros quienes decidamos, quienes decidamos, si queremos que esto continúe de manera indefinida.

Voté justamente a favor de que ya no siguiéramos, y lo digo con todo respeto. He escuchado argumentos muy interesantes y he escuchado también una incidencia de referirse con desprecio. Curiosamente se pide respeto y en varias intervenciones se refieren a la asamblea de manera ofensiva.

Por eso es que en la asamblea decidimos que ya no podíamos seguir indefinidamente lo que llaman un debate, porque ya no vimos los elementos que pudieran incorporarse, novedosos, en este posicionamiento que quedó muy claro por parte de la izquierda.

Quisiera que esto también quedara señalado, señor presidente, en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y queda, diputada.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado don Ricardo Mejía. Sonido.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, para sumarnos a lo que comentó el diputado Silvano Aureoles y que también anteriormente había dicho el diputado Ricardo Monreal; se tiene que borrar este mal precedente de haber eludido darle la palabra, en términos del artículo 120 del Reglamento, a tres compañeros que fueron aludidos durante la discusión del punto de acuerdo anterior, me refiero al compañero Alfonso Durazo, a la compañera Aleida Alavez y al compañero Marco Rosendo Medina Filigrana, que indebidamente no se les dio la palabra.

Esto es un mal precedente y nos sumamos que sería muy sana la rectificación y reponer el procedimiento, aunque el asunto ya se haya agotado, para no dejar este ambiente enturbiado.

Lo que queremos es debate, lo que queremos es discutir; si finalmente nos van a mayoritear, pues no maten la discusión a menos que no quieran argumentos, a menos no quieran que se diga la verdad y que quede el registro histórico. Por eso nos sumamos a la petición que se pueda rectificar y que se les dé la palabra a estos tres compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Haremos las consultas a la Junta de Coordinación Política.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48, y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Está la diputada?

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señor presidente. Distinguidos y distinguidas diputadas y diputados, el consumo siempre creciente es ya una amenaza para los habitantes del planeta, así como para las futuras generaciones.

La crisis medioambiental actual hace evidente que hemos sobreexplotado los recursos naturales y hemos alterado el frágil equilibrio de la biósfera. Lo cierto es que debemos hacer que nuestros estándares de consumo sean más equitativos adoptando patrones sostenibles que podrán ser alcanzados solamente si el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil trabajamos estrechamente con algo que definitivamente es un objetivo común: conservar nuestros recursos naturales.

En nuestro país durante los últimos años se han adoptado un gran número de medidas regulatorias voluntarias, tal como la certificación en calidad 14 mil (ISO 14000) sobre la gestión ambiental para las empresas, así como instrumentos económicos o impuestos verdes, con el propósito de reorientar a los sectores públicos y privados hacia un desarrollo sustentable.

Sin embargo, uno de los mecanismos gubernamentales más importantes en el desarrollo de las actividades administrativas son los sistemas de manejo ambiental, que se definen como un conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de reducir los impactos negativos que dichas actividades tengan en el ambiente.

El artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que corresponde a los tres Poderes de la Unión expedir los manuales de sistemas de manejo ambiental que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir los costos financieros y ambientales. El sistema de manejo ambiental constituye un mecanismo de planeación, en el cual se lleva a cabo un diagnóstico de todas y cada una de las actividades que se realizan en una institución; este diagnóstico permite políticas de carácter ambiental, en el cual se busca reducir los patrones de consumo y una mayor eficiencia en el uso y aprovechamiento de bienes y servicios.

Compañeros diputados, disposiciones jurídicas como ésta no pueden dejarse de aplicar al Poder de la Unión del cual emanaron; el objetivo de esta iniciativa es que la Cámara de Diputados cuente con un sistema de manejo ambiental, de acuerdo a los lineamientos determinados por la Semarnat, con el fin de aplicar los procesos operativos y la toma de decisiones para mejorar su desempeño.

Para el Partido Verde la disminución de los impactos de las operaciones cotidianas es un tema prioritario; por ello se somete a la consideración de esta soberanía que la Secretaría General de la Cámara de Diputados cuente con las atribuciones necesarias para la instalación del sistema de manejo ambiental.

Con esta iniciativa propongo también la creación de una unidad de servicios ambientales adscrita a la Secretaría General. Dicha oficina será responsable de formular e instaurar el sistema de manejo ambiental al interior de la Cámara de Diputados y de integrar el comité interno de sistemas de manejo ambiental, como órgano de coordinación, consulta y evaluación de las acciones que se propongan y se ejecuten, en congruencia con los fines previstos en los lineamientos correspondientes.

Debo señalar que cuando fungí como secretaria de Medio Ambiente en el estado de Chiapas, implementé este sistema dentro de la dependencia y nos trajo grandes resultados, tanto económicos como ambientales.

Asimismo en este Congreso existe un caso exitoso, ya que durante la LX Legislatura la Comisión de Medio Ambiente diseñó e implementó este sistema y los resultados fueron positivos, ya que la comisión logró compensar al 100 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y en un año redujo al 73 por ciento la solicitud de artículos a proveeduría, aumentando una eficiencia en lo solicitado de un 60 a un 90 por ciento.

Compañeros legisladores, éste es solo un ejemplo de los resultados que podríamos obtener al implementar este sistema en toda la Cámara, porque además por ley estamos obligados a hacerlo.

Es necesario que el Poder Legislativo adquiera la responsabilidad de desarrollar sus actividades diarias, de forma tal que se asegure el uso sustentable de los recursos materiales utilizados y particularmente el consumo de energía, agua e insumos de papelería.

No tengo duda que esta iniciativa incitará a desarrollar la conciencia de los servidores públicos y dará ejemplo al sector con acciones congruentes con las leyes que el propio Congreso avala.

De igual forma se logrará demostrar que con base en buenas estrategias de comunicación interna y externa el compromiso de quienes trabajamos en esta Cámara de Diputados puede dar como resultado un sistema con el que crearemos mejores condiciones ambientales y el ahorro de recursos económicos.

Recordemos todos que en materia de medio ambiente todos hemos formado parte del problema y por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de formar parte de la solución. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 47 y 48, y adiciona el 52 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Lourdes Adriana López Moreno, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El pasado 13 de junio de 2003, se adicionó un artículo 17 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en esta reforma se establece que la Administración Publico Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial expedirán manuales de sistemas de manejo ambiental, lo anterior con el objeto de optimizar los recursos que se emplean en el desarrollo de sus actividades con el fin de reducir costos financieros y ambientales.

No obstante esta importante reforma, a la fecha este Poder Legislativo solo ha incorporado acciones ambientales en su funcionamiento de forma aleatoria, ya que el 13 de agosto de 2008, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, aprobó el Acuerdo mediante el cual se adicionó un artículo 27 Bis a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, en el que se estableció lo siguiente:

“Artículo 27 Bis. Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, se deberá requerir un mínimo de 50 por ciento de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro.

En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por la presente Norma y demás disposiciones aplicables.”

Es importante destacar que estas disposiciones operan aleatoriamente, y no abordan de forma integral la incorporación de criterios ambientales en todas las actividades administrativas que realiza esta H. Cámara; del mismo modo la complejidad que se requiere para desarrollar e instaurar estos sistemas de manejo, obliga a que exista un órgano especializado dentro de la estructura administrativa de la Cámara de Diputados que se encargue de ello, lo cual a la larga garantizará un ahorro significativo en términos económicos a esta soberanía.

Argumentación

El consumo siempre creciente es ya una amenaza para los habitantes del planeta, así como para las futuras generaciones. La crisis medioambiental actual hace evidente que hemos sobreexplotado los recursos naturales, y hemos alterado el frágil equilibrio de la biósfera. Los humanos debemos hacer que nuestros estándares de consumo sean más equitativos, y los países deben adoptar patrones de consumo sostenibles que podrán ser alcanzados solamente si el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil trabajan estrechamente con un objetivo común.

Los gobiernos son consumidores y productores significativos de bienes y servicios:

“El consumo de los gobiernos representa una gran parte del consumo total mundial (aproximadamente 15% del producto interno bruto en países occidentales) por lo tanto es importante que los gobiernos, en cuanto a consumidores, apliquen criterios ambientales dentro de sus procesos de licitación.”

En nuestro país, durante los últimos años se han adoptado un gran número de medidas regulatorias voluntarias, tal como la certificación en calidad 14000 sobre la gestión ambiental para las empresas, así como instrumentos económicos o “impuestos verdes” con el propósito de reorientar a los sectores públicos y privados hacia un desarrollo sustentable.

Así, los numerosos compromisos internacionales en materia ambiental y las recomendaciones que de ellos derivan, han impulsado el compromiso de mejorar el desempeño ambiental gubernamental a través de los Sistemas de Manejo Ambiental, que se definen como: conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federalcon el objeto de reducir los impactos negativos que dichas actividades tengan en el ambiente.

Los compromisos internacionales más importantes relacionados con los Sistemas de Manejo Ambiental, son con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE; con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) y con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro 1992).

La OCDE ha emitido recomendaciones acerca de los Sistemas de Manejo Ambiental

“Para mejorar el desempeño ambiental gubernamental con el propósito de integrar consideraciones ambientales en todas las facetas de las operaciones gubernamentales y sus estructuras y en particular, del establecimiento de programas objetivos, y metas en el uso de energía, del agua y de los materiales en las operaciones cotidianas sea eficiente y sustentable”.

Asimismo, los Sistemas de Manejo Ambiental se sustentan en los capítulos 9 y 18 de la Agenda 21, en párrafos 25 y 26 y 38 del Plan de Acción de Johannesburgo.

En conjunto, estos instrumentos internacionales favorecen el establecimiento de los Sistemas de Manejo Ambiental en la Administración Pública Federal; también, en el caso de compromisos vinculantes, ejercen cierta presión sobre los tomadores de decisiones para que cumplan con ellos; en general, ofrecen orientaciones y estrategias para que los poderes públicos asuman sus responsabilidades en sus actividades diarias.

Refiriéndonos al orden jurídico nacional y los mecanismos de planeación, encontramos que el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 dentro de su Objetivo 7 – Asegurar la utilización de criterios ambientales en la Administración Pública Federal, señala como estrategia:

“Establecer criterios de sustentabilidad ambiental en los programas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa l. El desarrollo sustentable debe regir toda la actividad de la Administración Pública Federal, por lo que los programas y estrategias de sus distintas dependencias y organismos serán diseñados tomando en cuenta los tres elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, esto es, el beneficio social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.”

Asimismo, con fundamento en el artículo 17 Bis, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, corresponde a los tres Poderes de la Unión expedir los manuales de sistemas de manejo ambiental que

“Tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales”.

Del mismo modo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos establece entre las facultades de la Federación formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del Gobierno Federal que apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en su artículo 28 establece que los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán a través de licitaciones públicas que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes.

El sistema de manejo ambiental, constituye un mecanismo de planeación en el cual se lleva a cabo un diagnóstico de todas y cada una de las actividades que se realizan en una institución, dentro de las cuales se considera el consumo de agua, la gestión de residuos, consumo de energía; así como, el uso y aprovechamiento de bienes y servicios.

Este diagnóstico permite implementar políticas de carácter ambiental, mediante las cuales se sustentará la implementación del Sistema de Manejo Ambiental, en el cual se busca reducir los patrones de consumo, y una mayor eficiencia en el uso y aprovechamiento de bienes y servicios.

La adopción de Sistemas de Manejo Ambiental dentro del ámbito gubernamental, conceptualmente también ha sido denominada como “gobiernos verdes”.

Este concepto determina que es necesario que los gobiernos adquieran la responsabilidad, de desarrollar sus actividades diarias de forma tal que aseguren el uso sustentable de los recursos y materiales utilizados, particularmente el consumo de energía, agua e insumos de papelería; así como que reduzcan el impacto de sus actividades en el ambiente.

En el ámbito regional, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), también ha venido trabajando en los mecanismos para implementar eficientemente el concepto de “gobiernos verdes.” En el Programa de Medio Ambiente, Economía y Comercio ha incorporado la iniciativa “Compras Verdes en América del Norte”.

De tal suerte que en materia de adquisiciones en México, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que:

“Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.”

Por su naturaleza, disposiciones jurídicas como estas, no pueden dejar de aplicarse al Poder de la Unión del cual emanaron, en congruencia con lo anterior, el 13 de agosto de 2008, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, aprobó el Acuerdo mediante el cual se adicionó un artículo 27 Bis a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, en el que se estableció lo siguiente:

“Artículo 27 Bis. Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, se deberá requerir un mínimo de 50 por ciento de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro.

En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por la presente Norma y demás disposiciones aplicables.”

El objetivo de esta iniciativa, es que la Cámara de Diputados cuente con un Sistema de Manejo Ambiental de acuerdo a los lineamientos determinados por Semarnat, con el fin de aplicar los procesos operativos y la toma de decisiones para mejorar su desempeño con base en los siguientes objetivos generales:

• Cumplir en el curso de sus operaciones cotidianas con la normatividad ambiental vigente.

• Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas de la institución.

• Incrementar la eficiencia en el uso de energía agua y recursos materiales en las operaciones cotidianas de todos los centros de trabajo de esa institución.

• Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de los recursos materiales utilizados en las operaciones cotidianas de la institución, así como asegurar su reciclaje en todos los casos que sea posible y su apropiada disposición final.

• Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental entre los servidores públicos para contribuir al desarrollo de una cultura ambiental en México.

• Ejercer, desde el Poder Legislativo, una posición de liderazgo ambiental.

En cuanto a la reglamentación interna, el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, que se constituye como un referente que define los objetivos, atribuciones, funciones y responsabilidades por cada órgano y unidad administrativa y que permite establecer las bases de organización y operación cotidiana de la Cámara, busca incorporar acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades. No obstante, la Cámara de Diputados no cuenta en su estructura administrativa con alguna oficina encargada de implementar, mantener y evaluar el Sistema de Administración Ambiental que estamos proponiendo.

Sin embargo, existe un antecedente que sirve como indicador al interior de la propia Cámara de Diputados. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura acordó en su programa de trabajo implementar un sistema de manejo ambiental durante la LX Legislatura.

Mediante el diagnostico previo a la implementación del Sistema de Manejo Ambiental, se logró determinar que, con un total de 17 empleados se consumían 79,042.33 litros de agua por año, 3,982.4 g de residuos por semana laboral, un consumo de energía de 1,136 kwh por mes, lo que aunado a la energía consumida por concepto de trasportación, se tradujo en la emisión de 24.41 ton de Co2eq,durante los dos primeros años.

En lo que correspondió a bienes y servicios, el diagnostico evidenció que durante los meses de enero y agosto de 2006 (LIX Legislatura), el promedio mensual en consumo de papel fue de 20,000 hojas, para el mismo periodo el promedio mensual en el consumo de vasos de polipropileno fue de 107.1 piezas, poliestireno expandido 135.7 piezas, botellas de PET para agua 48 piezas, y 86 piezas. De cucharas desechables.

Una vez elaborado este diagnostico, se determinó implementar una Política Ambiental, enfocada primordialmente en la filosofía de las 3 “R´s”, promover las compras verdes, la conciencia ambiental, erradicar el consumo de botellas de PET, vasos, platos y cucharas desechables, eficientizar los usos de energía y materiales, reducir el consumo de energía y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como resultado de la implementación del Sistema de Manejo Ambiental, la Comisión de Medio Ambiente logró compensar al 100% sus emisiones de gases de efecto invernadero, en un año redujo al 73% la solicitud de artículos a proveeduría, aumentando una eficiencia en lo solicitado de un 60% a un 90%.

Al 2007 se había eliminado el 80% el uso de bienes dese-chables.

Se sustituyo al 100% el papel de fibra nueva por papel reciclado.

La implementación del Sistema de Manejo Ambiental para toda la Cámara, repercutirá directamente en una disminución al consumo de energía eléctrica, así como la adquisición de bienes y servicios, lo que económicamente representará un ahorro presupuestal en materia de agua, energía y material de oficina.

Evitar el derroche de recursos naturales y económicos en las actividades que se desarrollan al interior de la Cámara de Diputados, puede motivar a otras instituciones a implementar el Sistema.

Los esfuerzos legislativos han sido varios con respecto al tema, otro de los antecedentes se dio en la LXI Legislatura, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen Sistemas de Manejo Ambiental para el año 2010. En su exposición de motivos señala lo siguiente:

“... estos Sistemas pueden ser una herramienta para compartir el compromiso de este Congreso de promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como detener y revertir el deterioro del medio ambiente, por medio de acciones y medidas al interior de los tres Poderes del Estado...”

Y reconoce que influirán en el comportamiento de mercados y proveedores, traerá consecuencias pedagógicas positivas entre los empleados públicos y entre los ciudadanos en general y se mejorará la eficiencia en el uso de los recursos.

Debemos estar ciertos de que las dependencias que integran el sector gubernamental, demandan grandes cantidades de bienes y servicios, por lo que son consumidores que tienen incidencia directa en el comportamiento de ciertos mercados. Es necesario que el Poder Legislativo adquiera la responsabilidad de desarrollar sus actividades diarias de forma tal que asegure el uso sustentable de los recursos y materiales utilizados, particularmente el consumo de energía, agua e insumos de papelería; así como que reduzca el impacto de sus actividades en el ambiente.

Para el Partido Verde, la disminución de los impactos de las operaciones cotidianas es un tema prioritario; por ello se somete a la consideración de esta Soberanía que la Secretaría General de la Cámara de Diputados cuente con las atribuciones necesarias para la instalación del Sistema de Manejo Ambiental.

Con base en el Estatuto de Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados se sabe que corresponde la Secretaría General las funciones que en otras dependencias realiza la Oficialía Mayor, pues supervisa el correcto funcionamiento de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros.

Con esta iniciativa se propone la creación de una Unidad de Servicios Ambientales adscrita a la Secretaría General, dicha oficina será responsable de formular e instaurar el Sistema de Manejo Ambiental al interior de la Cámara de Diputados, y de integrar el Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental, como órgano de coordinación, consulta y evaluación de las acciones que se propongan y se ejecuten en congruencia con los fines previstos en los lineamientos correspondientes para la Administración Pública Federal.

La Unidad de Servicios Ambientales que proponemos, será el órgano técnico responsable de:

• Diseñar e implementar el Programa Interno del Sistema de Manejo Ambiental, el cual deberá prever la política ambiental, las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.

• Diseñar los subprogramas de uso eficiente del agua, consumo responsable de material de oficina y ahorro de energía. Dirigir las reuniones del Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental (CISMA) y apoyarle en la realización de sus actividades.

Se sugeriría que el Comité, este integrado por:

• Un Presidente,

• Un Secretario Ejecutivo,

• Un vocal por cada unidad administrativa involucrada en la implementación del Programa Interno del Sistema de Manejo Ambiental

• Funcionarios representantes, (uno para cada enlace necesario del CISMA).

• Asesores internos y externos que aseguren el apoyo técnico especializado al CISMA.

Los integrantes del Comité podrán proponer actividades adicionales que puedan contribuir a mejorar el desempeño ambiental de la Cámara de Diputados, como pueden ser estaciones intermodales de transporte, centros de acopio, entre otros.

No tenemos duda que esta iniciativa incitará a desarrollar la conciencia de los servidores públicos, y dar ejemplo al sector público con acciones congruentes con las leyes que el propio Congreso avala. Se logrará demostrar que con base en buenas estrategias de comunicación interna y externa, el compromiso de los mandos superiores y del personal de la Cámara de Diputados, puede dar como resultado un sistema con el que crearemos mejores condiciones ambientales y el ahorro de recursos económicos.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 47 numeral 1 y se adicionan un numeral 3 al artículo 47, un inciso f) al artículo 48, y un artículo 52 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 47.

1. Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas, financieras y de desempeño ambiental, la Cámara cuenta con una Secretaría General.

2. ...

3. La Cámara tendrá una Unidad de Servicios Ambientales, para establecer las estrategias institucionales que incorporen criterios ambientales al funcionamiento cotidiano de la Cámara de Diputados; así como la instauración del sistema de manejo ambiental para la Cámara.

Artículo 48.

1. a 4.El Secretario General de la Cámara tiene las atribuciones siguientes:

a) a e)Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera; y

f) Formular e implementar el Sistema de Manejo Ambiental.

g)Informar trimestralmente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos y acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la prestación de los servicios parlamentarios y administrativos y financieros.

Artículo 52 Bis. La Unidad de Servicios Ambientales de la Cámara de Diputados, es el órgano técnico responsable de la instalación del Sistema de Manejo Ambiental. La Unidad está a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto del Servicio de Carrera, y su estructura con las oficinas que se requieran.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados propondrá el acuerdo para las reformas al Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, donde establecerá las funciones específicas de la Unidad de Manejo Ambiental, responsable de instaurar el Sistema de Manejo Ambiental al interior de la Cámara de Diputados y de integrar el Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental.

Tercero.Las adecuaciones reglamentarias a que se refiere el artículo anterior, deberán contemplar medidas tendientes a capacitar y especializar a asesores internos del Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental.

Notas:

1 Masera, Diego. “Hacia un consumo sustentable en América Latina y el Caribe. PNUMA . Orlac. 2001 p. 18

2 Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades administrativas de la Administración Pública Federal. DOF 26-03-1999.

3 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2851-II, miércoles 23 de septiembre de 2009.

4 lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos de las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de 2001

5 Cuyos lineamientos han quedado establecidos en la El Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua, Programa de Ahorro de Energía, Programa de Consumo Responsable de Materiales de oficina (compras verdes).

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de octubre del 2012.— Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL - LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, vengo a presentar una iniciativa relacionada con diversos aspectos de la salud; sin embargo, no puedo pasar por alto —y perdón, pido su comprensión— lo que sucedió hace unos momentos aquí en esta tribuna. Creo que es reamente penoso para todos. Quiero decirles que soy un hombre formado en la institucionalidad. Muchos años de priista —de los cuales no reniego— han dejado esa huella de la institucionalidad en mi cultura política.

Así es que lamento profundamente tener que buscar vías alternas a las reglamentarias para poder tener acceso a esta tribuna. Fui aludido y por razones de estrategia, que no de trampa —en sentido contrario a como aquí se expresaba hace un momento—, solicité el uso de la palabra.

Creo que tenemos que reflexionar más a fondo y que no lo veamos como un incidente de revoltosos. Debo decir que la mala política tiene destrozadas las relaciones políticas en el país, las tiene desestructuradas y por eso es que, no obstante las coincidencias políticas e ideológicas, no podemos sumar fuerzas para impulsar proyectos conjuntamente.

Creo que el debate es la única posibilidad, no solo de afinar y mejorar los productos legislativos, sino de entendernos mejor; sin embargo, el debate en esta Cámara está cerrado, cuando la esencia de la Cámara es debatir. Las circunstancias nos han llevado a los diputados a jugar un mero rol de observadores y si seguimos así, más de la mitad de los diputados, aun teniendo interés, no serán recibidos en esta tribuna.

Hoy, entiendo, todo pasa por la Junta de Coordinación Política, pero la Junta de Coordinación Política, por muchas atribuciones que tenga, no está entre ellas ninguna que pueda restringir la posibilidad de un diputado —como era mi caso— de acceder a esta tribuna.

El derecho de la mayoría para aprobar iniciativas nadie se los regatea, pero ese derecho no puede utilizarse para cubrir la incapacidad política para concertar; la mayoría es responsable de forjar los consensos necesarios para que salgan las iniciativas que aquí se proponen en los mejores términos.

Estamos viviendo el enanismo político en toda su expresión; hemos llegado a tal nivel de cerrazón, que ahora hasta la Dirección de Apoyo Parlamentario se da el lujo de decidir cuándo cortarle el sonido a un diputado. En esos niveles estamos, y tal vez pude haberles ahorrado a ustedes mi participación aquí, pero no me puedo ahorrar la indignidad que me produce, que siendo diputado no pueda tener acceso a esta tribuna.

Hay arrogancia y orgullo en las negociaciones y aquí, alguien que hizo uso antes que yo, en esta tribuna, hablaba de la necesidad de dignificar el debate y nada más de acuerdo que eso, pero para dignificarlo tiene que haber debate y no hay nada más indigno que cancelarlo y que nosotros que tenemos derecho a acceder a esta tribuna, lo aceptemos.

Yo les pregunto, ¿qué dignidad hay en asistir a esta Cámara para convertirla en un foro de levantadedos?

Como se me agotó el tiempo y no quiero ser nuevamente víctima de la sanción de algún técnico o funcionario por ahí, les diré a ustedes, finalmente, que hoy se conmemora el Día Internacional de las Niñas y que con ese motivo sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversos artículos de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Salud, para incluir a las madres solteras dentro de los sujetos de la asistencia social, esto con la finalidad de que las madres solteras sean sujetas de asistencia social preferente y reciban servicios básicos de salud en establecimientos especializados.

Señoras y señores legisladores, es tiempo de dignificar a nuestras madres solteras, que son una parte importante de los cimientos de nuestra sociedad y de dignificar también el debate con su apertura y la expresión respetuosa de quienes accedemos a esta tribuna. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, fracción II, inciso a), y 12, fracción X, de la Ley de Asistencia Social; así como el artículo 168, fracción II, de la Ley General de Salud para incluir dentro de los sujetos de la asistencia social a la madres solteras.

Exposición de Motivos

Las madres solteras no son reconocidas como parte de los grupos vulnerables, porque estos sólo incluyen a los menores y adolescentes, a los discapacitados y a los adultos mayores, sin embargo, es importantes señalar que ellas comparten ciertas características con estos grupos, como la desigualdad en las oportunidades laborales, las bajas posibilidades de desarrollo social y económico, la falta de seguridad social, las casi nulas opciones de superación en la educación y un presupuesto reducido que no alcanza para sostener un hogar.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano pensamos que es pertinente e imprescindible incluir a las madres solteras tanto en la Ley de Asistencia Social, como en la Ley General de Salud; entendiendo por madres solteras a las jóvenes, las indígenas, las que viven en las zonas urbanas y en las rurales.

A pesar de que las madres solteras han tenido apoyos tanto en el nivel federal como en el del Distrito Federal, por ejemplo a través de la operación del Programa Oportunidades, con el apoyo a los hijos de madres trabajadoras y por otra parte, con el Programa de Atención Integral para Madres Residentes en el Distrito Federal, consideramos que estos mecanismos no son suficientes.

Este segmento de la población nacional no cuenta con las herramientas y los instrumentos legales que garanticen los servicios de asistencia social, acceso al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda digna y a los apoyos económicos. Por lo que, es necesario hacer una revisión a los lineamientos de apoyos a madres solteras.

Las problemáticas que hacen que las madres solteras pertenezcan a los grupos vulnerables son los siguientes:

a) Tienen una baja escolaridad. Según datos del Inegi el 34.1 por ciento de las madres declararon tener al menos un año de secundaria cursado y solamente 9.6 por ciento están inscritas en educación superior. En el 2008, el Inegi indicó que en el Distrito Federal las madres tienen una escolaridad promedio de la secundaria terminada, en contraste, Chiapas registró que el promedio de escolaridad en las madres es de primaria inconclusa.

b) De cada 100 nacimientos que hubo en el 2008, 56 de las madres tuvieron a sus hijos entre los 20 y 29 años; 25 mujeres entre 30 y 39 años; 17 corresponden de 10 a 19 años de edad y 2 de 40 a 49 años de edad.

c) Tienen dependientes económicos. El 76.6 por ciento de las mujeres madres adolescentes de 12 años o más que no tienen escolaridad registrada tienen cuatro o más hijos. Las madres con estudios profesionales tienen uno o dos hijos. El nivel de escolaridad tiene una fuerte correspondencia con el número de hijos.

d) Son jefas de familia y único sustento. Un único salario no alcanza para ofrecer educación, vivienda, alimentos y vestimenta a dos menores en promedio por madre. En el 2008, las familias con jefaturas femeninas representan el 71.4 por ciento del total hogares en México.

e) Por otro lado, no hemos hecho referencia a las madres indígenas. Las adolescentes de 12 años y más hablantes de lengua indígena han tenido en promedio 3.5 hijos nacidos vivos. En el rango de 15 a 19 años, la madre indígena con un hijo es de más de 50 mil. Más del 80 por ciento de estas jóvenes sabe leer, pero únicamente 3.2 por ciento está inscrita en la escuela.

Las razones por las que no son suficientes estos programas están resumidas en estos puntos. Haciendo un análisis podemos concluir que las situaciones son diversas entre las jóvenes adolescentes, las indígenas y las mujeres que viven en el área urbana, pero todas participan del carácter de ser madres solteras.

No obstante, esto no es un obstáculo para descobijar a las madres solteras en la Ley de Asistencia Social, al contrario, es una prueba de que es requerido un cambio en la legislación. Hay que atacar estos índices negativos con educación, con oportunidades, con apoyos para las madres solteras.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, fracción II, inciso a), y 12, fracción X, de la Ley de Asistencia Social así como el artículo 168, fracción II, de la Ley General de Salud para incluir dentro de los sujetos de la asistencia social a la madres solteras

Primero. Se reforman y adicionan los artículos 4, fracción II, inciso a) y 12, fracción X, de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. ...;

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y las madres solteras;

b) ...

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. a IX. ...

X. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes y a las madres solteras en situación de vulnerabilidad;

XI. ...

Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 168 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 168. Son actividades básicas de asistencia social:

I. ...

II. La atención en establecimientos especializados a menores, madres solteras y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos;

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputadas: Merilyn Gómez Pozos, María del Socorro Ceseñas Chapa, Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Malú, ¿con qué objeto? Doña Malú Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente, por supuesto que aplaudimos la iniciativa del diputado Durazo, pero además con el cariño y el respeto que le tenemos a todas las compañeras y compañeros diputados.

Quisiéramos solicitar que el término madres solteras no fuera utilizado en el dictamen, que seguramente saldrá favorable, a favor de la iniciativa; ser madre y ser soltera para muchas personas en la sociedad ha sido un acto de discriminación.

Por supuesto que nos sumamos a esto, pero ser madre y presentar como madre, es correcto, pero presentar a alguien como madre soltera es discriminatorio. Nadie presenta a un hombre como un hombre soltero.

Creo, y pido por favor que eliminemos este término en nuestro lenguaje, en nuestra manera de expresarnos —y seguramente en esta iniciativa habremos de sumarnos—, pero celebramos también que utilicemos otro término como madres, jefas de hogar, otro término que antropológicamente o socialmente será aceptado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Malú. Doña Amalia García.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Gracias. También para adherirme a esta propuesta que presenta el diputado Durazo, y para —coincidiendo con la diputada Malú Mícher— señalar que el término que hoy se usa es jefas de familia, porque se hacen cargo del hogar, no solo de los hijos, en muchos casos de los padres adultos mayores y por lo tanto, adhiriéndome, pediría que considere quien ha hecho la propuesta y también en las comisiones, que utilicemos el término de jefas de familia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, la iniciativa. Don Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Señor presidente, nada más para comentarles a las diputadas que hicieron uso de la palabra inmediatamente antes que yo, que con muchísimo gusto incorporaremos sus propuestas. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para sumarme y pedirle que se abra la lista en esta propuesta para que también puedan suscribirla quienes así lo deseen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si el iniciante así lo autoriza, con mucho gusto. Ya nos lo dirán aquí en Apoyo Parlamentario. Túrnese a la Comisión de Salud, con estas intervenciones, de tal suerte de que en la Comisión sus integrantes sepan valorar la terminología adecuada que merecen nuestras jefas de familia.

LEY DE CAMINOS Y PUENTES DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el propósito es presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En la exposición de motivos queremos insistir que el propósito es proteger lo más importante, lo más trascendente para el ser humano, que es su propia vida, su propia existencia, y el tema es que producto de que por las carreteras y caminos del país transitan vehículos que rebasan condiciones de seguridad en cuanto a peso, tamaño, dimensión, traen como consecuencia también afectación en accidentes de la infraestructura carretera, y también traen daños al medio ambiente, cuando se producen colisiones múltiples que generan incendios.

Ha sido ya grande la cantidad de accidentes por las carreteras del país, que violando la norma 12 del reglamento de tránsito en carreteras federales, rebasando las condiciones de seguridad establecidas, provocan daños de consideración.

Hay estudios técnicos por parte de la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte que ha llegado a la conclusión de que cuando hay transporte de doble remolque, las condiciones de dificultad y de riesgo aumentan hasta 32 veces.

También he sabido que al transitar por las carreteras de nuestro país —particularmente en cuestas—, cuando van ascendiendo su velocidad disminuye prácticamente a veces hasta paralizarse a 10 o 20 kilómetros por hora y automóviles que transitan a velocidad moderada a 100, 120, no pueden frenar de manera oportuna y también ocasionan colisiones múltiples.

Este tipo de problema es recurrente en la carretera México-Puebla, en la carretera México-Toluca, la carretera México-Cuernavaca. Estos lugares, aunque son autopistas a veces de seis carriles, vemos que este tipo de accidentes se repiten con graves daños y causando víctimas.

Hubo una semana de seguridad vial del 9 al 13 de mayo de 2011, donde participaron 170 países de América Latina y el Caribe y el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dio a conocer que producto de este tipo de accidentes carreteros se produce un gasto con costo a salud que supera los 130 millones de pesos al año, cifra que duplica el presupuesto federal asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

También es sabido que la Policía Federal, asignada a cubrir y a vigilar las carreteras, muchas veces es sujeto de extorsión y eso significa que la velocidad, peso y dimensiones y a veces las condiciones del operador no garanticen estas situaciones de seguridad.

En ese sentido, a fin de proteger y evitar accidentes que son reiterados, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Alberto Anaya Gutiérrez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de esta iniciativa, se propone proteger el derecho fundamental de más envergadura  para el ser humano, que es la vida,  así como proteger el patrimonio nacional y el medio ambiente, enfocándose particularmente en el cuidado de la seguridad vial en las carreteras del país.

Años atrás, las mexicanas y los mexicanos han sido víctimas de un sinnúmero de accidentes  de tráileres con doble remolque que transportan cargas que exceden el peso y dimensiones autorizadas por los estándares internacionales, los mismos que en México son legales y de uso obligatorio.

Se tiene que reconocer que el sector industrial, a través de la producción en las fábricas, cementeras, fundiciones y diversos comercios ha logrado que se impulse el sector transporte y con ello lograr que ambos campos puedan cumplir sus objetivos y producir mayor riqueza, más no es justificable que se lo haga a costa de la vida de miles de mexicanos, que se convierten en víctimas de atropellos por parte de vehículos que en las carreteras exceden el peso en toneladas permitido.

El 90 por ciento del autotransporte de carga transporta bienes e insumos conforme a lo estipulado en la norma 012 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, sin embargo hay quienes no han entendido el daño que se produce a la Nación al cargar más de lo permitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) o al solicitar al transportista el uso del doble remolque.

La Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte ha elaborado estudios sobre los accidentes de tráileres en general  y la  conclusión  ha sido la suspensión de unidades doblemente articuladas al ser 32 veces más peligroso que un tráiler con un solo remolque.

En los últimos 40 años, la red carretera del país ha crecido tan sólo en un 30 por ciento y el parque vehicular se ha incrementado en el orden de 700 u 800 por ciento, convirtiendo a las vías generales de comunicación en grandes estacionamientos.

Al transportar más peso del permitido el tracto camión circula a una velocidad de 10 o 20 kilómetros por hora en subidas pesadas, esto representa un peligro constante, ya que un automóvil o un autobús que viaja a 110 kilómetros por hora no alcanza a detenerse en un alcance en curva, además por su sobrepeso causa el deterioro de las vialidades urbanas y rurales que son destrozadas.

Se presentan casos muy concretos en las carreteras de  México-Puebla, México-Toluca, México-Cuernavaca, que incluso son autopistas, es común observar dos o tres unidades de camiones con doble remolque y exceso de peso. Esto incide en que exista una larga fila de unidades que no puedan rebasarlos, peor aún cuando hablamos de carreteras de dos carriles y siete metros de ancho.

Poza Rica-Tulancingo es otra de las carreteras donde es imposible rebasar los tráileres con doble remolque que indebidamente circulan por esa carretera, provocando que el recorrido de un automovilista, autobús o tráiler con un solo remolque se incremente hasta en una o dos horas, consumiendo el doble de combustible y en caso de accidente llegan a romper tuberías y drenajes que con  la fuga y desperdicio de agua empieza a humedecer el pavimento y por tanto a romperse fácilmente.

El calentamiento global es un problema real y actual, cuyo principal detonante es la contaminación; en México lamentablemente no se ha resuelto nada para contrarrestarlo, mientras que en otros países los pesos y dimensiones se respetan y se manejan los estándares internacionales que ayudan a mejorar la viabilidad y reducir la contaminación.

Una expedición ecologista rusa que llegó a México denunció en mayo del presente año la severa contaminación en las carreteras de México. El líder de la expedición, Dimitri Merkulov, destacó que en su recorrido de 15.000 kilómetros encontró una gran diferencia entre la viabilidad de las carreteras  canadienses y estadounidenses con las de México, en las cuales encontraron una gran cantidad de tráfico vehicular y accidentes en las autopistas.

En la administración de Vicente Fox se hizo el estudio sobre la problemática del transporte y en especial de los puntos críticos. La Universidad del Transporte de Texas elaboró dicho estudio a un costo millonario, que en sus conclusiones subrayó la inhabilidad del exceso de peso y más aún del doble remolque.

En la Semana de la Seguridad Vial que se celebró en México del 9 al 13 de mayo de 2011, en la cual participaron 170 países de Iberoamérica, el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dio a conocer  que México ha gastado en servicios de salud para reparar miles de accidentes en ciudades y carreteras más de 130 mil millones de pesos al año, cifra que duplica el presupuesto federal asignado a la SCT.

Además México cuenta con una Policía Federal deficiente en materia de transportes, que escudándose tras la tutela de extorsión no controla velocidad, peso, dimensiones, operador de alcohol.

En un caso de emergencia por alguna de las causas ya citadas, un tráiler con 80 toneladas de peso requiere más del triple de distancia para detenerse, a diferencia de si cargara un peso de 25 toneladas; si la maniobra requiere de un movimiento brusco existe el riesgo de que el remolque de la parte de atrás en la coleada jale la unidad y que el operador no la controle, lo que termina desencadenando una volcadura o el arrastre a su paso de los vehículos pequeños, acto que ocurre con frecuencia.

Los accidentes fatales donde cinco estudiantes y un catedrático de la UNAM perdieron la vida en la carretera federal México-Toluca y el accidente donde murieron 44 personas entre ellas 5 menores de edad- jornaleros que viajaban con sus familias a trabajar a otra entidad ocuparon los estelares de los medios de comunicación por varios días, tal fue la preocupación y el sentimiento de culpabilidad que la propia SCT modificó la norma 012, beneficiando la seguridad vial.

En 2010 el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, decidió frenar la circulación del transporte de doble remolque, materiales y residuos peligrosos que circulaban por las principales vías de la ciudad y municipios conurbados, de inmediato sufrió el acoso de la Asociación Nacional del Transporte Privado  y algunas empresas socias de esta entidad que trataron de manipularlo, el gobernador priorizando la seguridad vial y la protección a la vida, fue firme en su determinación y el resultado ha sido desde entonces la reducción considerable de accidentes y la pérdida de vidas, además de un ahorro considerable cerca de los 50 millones de pesos en el mantenimiento carretero.

Por todos es conocido el descontento de la sociedad por la circulación de tráileres con doble remolque y la manipulación a las autoridades por los grandes industriales agrupados en asociaciones de transporte privado. Es importante hacer un alto a pequeños grupos de industriales que pretenden frenar la seguridad vial, utilizando a la industria y comercio del país con la desmedida búsqueda de ganancias en un corto plazo.

Cabe destacar que no existe una fracción que puntualice la prohibición de la circulación de los camiones con doble remolque en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cuyo artículo 50 contempla los permisos para el autotransporte de carga y  que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo general. Los términos y condiciones a los que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere el permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 50....

...

Queda estrictamente prohibida la circulación de camiones con doble remolque o que sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso en su carga. En el caso de los camiones, el peso de la carga no podrá exceder de un máximo de 22 toneladas y la longitud de dichas unidades no deberá exceder los 22 metros.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a once de octubre de dos mil doce.— Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Alberto. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a funcionarios de presidentes municipales del estado de Puebla, invitados por don Víctor Emanuel Díaz Palacios, y a estudiantes de licenciaturas en derecho y ciencias políticas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del estado de Hidalgo, invitados por doña Mirna Hernández Morales.

Le pido una disculpa a los diputados cuyas peticiones de saludos no se han procesado, en función del ambiente que privaba hace unos momentos en esta honorable Cámara.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado don René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 87 de la Ley de Aviación Civil.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, si podemos imaginarnos por un momento, como en la novela Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que por una extraña razón perdiéramos la vista, ¿qué es lo primero que haríamos? Buscaríamos en qué apoyarnos para no caernos; posteriormente, ante la imposibilidad de quedarnos inmóviles trataríamos de caminar. Si logramos evitar caernos, por lo menos estaríamos tropezando ante los innumerables obstáculos que hay: escalones, desniveles, objetos inesperados que encontramos en el camino.

De una manera muy ilustrativa, esto es a lo que se enfrentan muchas personas mexicanas que nacieron o se quedaron sin la capacidad de ver; quienes además de superar los problemas propios de su discapacidad se enfrentan a la discriminación, al rechazo y a la incomprensión.

A la discriminación, porque consideramos que las personas con esta discapacidad no tienen derecho a un empleo digno y bien remunerado, se les niega su derecho a una educación incluyente, pertinente y de calidad. Se les impide utilizar los apoyos y guías, aduciendo falta de reglamentación.

Les complicamos su movilidad cuando estacionamos el auto en la banqueta y las autoridades muchas veces son omisas para mantener el equipamiento urbano acorde a sus necesidades.

Se les rechaza, porque creemos equivocadamente que sus capacidades se ven limitadas ante su condición de ceguera o debilidad visual, sin considerar que por el contrario, esto los lleva a desarrollar nuevas habilidades.

Pero lo más grave es la falta de sensibilidad y comprensión. Desafortunadamente, muy pocas personas se ocupan de ellos, les ayudan a atravesar una calle o les acompañan para evitar que se vayan a lastimar.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta una iniciativa, una de una serie de propuestas para garantizar el pleno desarrollo de las personas con cualquier tipo de discapacidad en el plano educativo, en el plano laboral, en la movilidad y en el acceso a servicios.

En el marco del Día Mundial de la Visión, presento ante esta soberanía una adición a los artículos 33 y 87 de la Ley de Aviación Civil para que las personas con discapacidad visual puedan acceder con sus perros guías a los transportes aéreos, siendo la autoridad respectiva la responsable de que esta normatividad se cumpla.

Existen alrededor de 1 millón 300 mil personas que viven con limitaciones visuales en México y son muchos los pendientes que el Estado mexicano tiene con ellos. Los problemas asociados a la desigualdad y a la pobreza ocasionan que las personas que viven en países en vías de desarrollo —como lo es nuestro país— tengan entre cinco y 10 veces más posibilidades de quedarse ciegas, que las que viven en países altamente industrializados.

Es probable también que esta iniciativa provoque cuestionamientos sobre su viabilidad, para algunos resultará molesto que tal vez un perro viaje en la cabina, otros aducirán que requiere de medidas extras de higiene y seguridad, y otros más simplemente reforzarán su rechazo.

Lo cierto es que todos esos argumentos pierden peso moral si por un momento recordamos y nos reflejamos en el otro, y comprendemos la situación. Más aún cuando los problemas visuales no respetan edad, profesión, posición socio-económica, ideología política o género. Todos y cada uno de nosotros podríamos estar en esa situación.

Agradezco muy sinceramente a los representantes de las organizaciones que nos acompañan y que se encuentran aquí en el recinto legislativo; fue gracias a ellos que esta iniciativa es posible y como bien señalaba, es el principio de muchas más que tendrán que ver con el tema de la discriminación.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está convencido de la responsabilidad del Estado mexicano en la protección de los derechos fundamentales, de las personas con algún tipo de discapacidad.

No podemos quedarnos pasivos frente a la situación que viven muchos de ellos, pero no hay que olvidar tampoco que ninguna reforma legal cumple su propósito si no hay una internalización y concientización sobre la discapacidad en nuestro país. Ésa es una labor de todos los días y está basada en el ejemplo que demos a los demás. Muchas gracias, compañeros y compañeras; muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 33 y 87 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Las personas que integramos la sociedad, tenemos distintas formas de ver y entender el mundo, así como concepciones particulares del bien, definidas como el conjunto de intereses, preferencias, valores, creencias, contenidos éticos y culturales que cada persona considera valioso para llevar a cabo sus planes de vida de manera satisfactoria, acorde con sus propias metas y fines.

Las concepciones particulares del bien, son parte de lo que da sentido a la vida de cada ser humano. Sin embargo, estas concepciones no son necesariamente compartidas por otras personas, creando con ello diversidad de opiniones, y como consecuencia de esto, sociedades diversas.

En ese orden de ideas, la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de  libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan las mismas posibilidades de realizar sus vidas.  Es decir, la discriminación excluye a quienes sufren las desventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyan de forma desigual e injusta y son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos humanos en el futuro.

Así, cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos como las personas con discapacidad visual, se habla de grupos vulnerados que, al tener menores oportunidades y un acceso restringido a ejercer sus derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.

La principal barrera que padecen las personas con discapacidad es la percepción generalizada de que debido a sus características, es imposible su integración plena a la sociedad. Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves durante generaciones, pues en lugar de que se establezcan las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, se les margina y rechaza, al marcarlos como incapaces de formar parte esencial del desarrollo comunitario. Las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes estigmas, que los dejan fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos fundamentales y generan con ello, la exclusión en la sociedad.

Para comprender el problema de la discapacidad visual tenemos que establecer concretamente como se define. La discapacidad visual la podemos entender como el colectivo de personas que presenta una alteración en la función o estructura del órgano de la visión o del sistema nervioso que, provocando la pérdida total o parcial del sentido de la vista, limita o impide a la persona la ejecución de actividades para su desarrollo personal y social, a consecuencia de accidentes, patologías congénitas, infecciones, etc.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2006, ratificada por México el 7 de abril de 2007, reconoce en su artículo 1º párrafo segundo que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Esta misma Convención en su artículo 2º define el concepto de discriminación por motivos de discapacidad, entendiéndose por este cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece el término correcto para mencionar a la discapacidad visual, este concepto se denomina “AMAUROSIS”. El mencionado diccionario define a la amaurosis como la privación total de la vista, asociada por la lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, sin más señal exterior en los ojos que una inmovilidad constante del iris.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en México existen alrededor de 10 millones de personas con discapacidad. La propia Organización Mundial de la Salud, además de Organizaciones No Gubernamentales especialistas en la materia, consideran que la ceguera y debilidad visual es la segunda causa de discapacidad en nuestro país. A todo esto, se suma una serie de prejuicios en el sentido de que, este sector de la sociedad, está imposibilitado para incorporarse a la vida en sociedad, dejando como resultado una marginación difícil de superar.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que existen en México 1, 292, 201 (un millón doscientos noventa y dos mil doscientas un) personas padecen de limitaciones visuales, de los cuales, cerca de 110 mil se concentran en el Distrito Federal y más de 120 mil en el Estado de México, todo esto significa el establecimiento de un panorama con necesidades crecientes. Por estas razones, asumo la responsabilidad como representante popular de atenderlas y resolverlas.

La situación de vulnerabilidad y exclusión en que generalmente viven las personas con discapacidad ha llevado a la comunidad internacional a crear instrumentos para promover, proteger y asegurar todos sus derechos humanos de manera plena y en condiciones de igualdad.

Desde 2008, el Estado mexicano aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de este Protocolo radica en la defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre ellos, de los ciegos y débiles visuales, atendiendo sus principales necesidades en todos los aspectos.

En la celebración de este Protocolo, se concluyó que, el problema fundamental radica en mantener esta visión excluyente, que deja en estado de indefensión a las personas discapacitadas; este Protocolo menciona que, en realidad, el problema no está en la discapacidad, sino en la sociedad misma, en el entorno y en el gobierno, que han creado y fomentado las barreras de un modo en el que no pueden gozar y ejercer sus derechos humanos, civiles, sociales y políticos.

Argumentación

Para fundamentar y motivar esta Iniciativa, presento una serie de artículos de gran relevancia para sustentar la reforma que propongo ante esta Soberanía, dichos artículos pertenecen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando que el Estado mexicano forma parte de este Protocolo y que estos derechos serán reconocidos y garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 1. Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 3. Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b. La no discriminación;

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e. La igualdad de oportunidades;

f. La accesibilidad;

g. La igualdad entre el hombre y la mujer; y

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Artículo 4. Obligaciones generales

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de dis- capacidad. A tal fin, los Estados parte se  comprometen a

a. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c. Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d. ...

e. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;

f. a i. ...

• En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionada con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Artículo 5. Igualdad y no discriminación

1. Los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 9. Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b. ...

2. Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a. ...

b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c. ...

d. ...

e. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f. ...

g. ...

h. ...

Artículo 20. Movilidad personal

Los Estados parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a. ...

b. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

c. ...

d. ...”

De la transcripción de los artículos citados, se desprende que los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad tienen que estar garantizados por el Estado mexicano, esta Convención establece como principio fundamental, el derecho a la accesibilidad de estas personas.

El Estado mexicano, al celebrar y aceptar este Protocolo, se obliga a cumplir con lo establecido en esta Convención. Una de estas obligaciones, como vemos en el Artículo 4º, es que los Estados parte se comprometen a realizar las adecuaciones legislativas correspondientes al marco jurídico del país que aceptó esta Convención, con la finalidad de que sean efectivos los derechos para las personas con discapacidad reconocidos en este Protocolo.

A su vez, en cumplimiento a lo estipulado por el artículo establecido, he sostenido constantes consultas y reuniones con organizaciones no gubernamentales con el objeto de escuchar sus principales necesidades y peticiones, cuestión que ha coadyuvado para que esta Iniciativa sea incluyente y que atienda puntualmente a este sector de la población.

El objeto de la presente Iniciativa es permitir las condiciones de igualdad y respeto para las personas con discapacidad visual que buscan utilizar un perro guía en las aeronaves civiles, ya que son susceptibles de discriminación dentro de ellas.  Es frecuente que se les impida el libre acceso a la cabina de pasajeros a estos animales, a pesar de que son “los ojos” que les permiten desenvolverse de manera independiente y correcta.

En el artículo 9o. de esta Convención se establece que los Estados parte, garantizarán las medidas correspondientes para la accesibilidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, entre estas se encuentra el transporte. Para ello se eliminarán los obstáculos y barreras de acceso que les permitan utilizar adecuadamente los servicios abiertos al público, como en este caso establezco, dentro de las aeronaves civiles. El impedir el libre acceso de estos perros guía, constituye un impedimento claro para que estas personas puedan desempeñarse de manera independiente en las aeronaves civiles, ya que, como he señalado, estos animales representan los ojos que guían el camino de estas personas.

Finalmente, y con el respaldo de dos artículos fundamentales para esta Iniciativa, fundamento y expongo la importancia de permitir el libre acceso de los perros guía dentro de la cabina de pasajeros de las aeronaves civiles.

El inciso e) del numeral 2 del artículo 9 referente a la “Accesibilidad”, establece que los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para ofrecer formas de asistencia animal, incluidos guías, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público, como en este caso concreto hago referencia a las aeronaves civiles.

Complementando lo anterior, el artículo 20 referente a la “Movilidad Personal”, se establece que los Estados parte adoptarán las medidas necesarias para que las personas con discapacidad disfruten  de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia animal.

Estos artículos de la Convención, que deben ser reconocidos por el Estado mexicano, son la base para sustentar mi Iniciativa. Una persona con discapacidad visual debe de tener condiciones de igualdad en todos sus aspectos, entre ellos el de la accesibilidad y movilidad personal. Estas personas requieren necesariamente del apoyo de sus perros guía.

Los constantes obstáculos ejercidos por los prestadores de los servicios de las aeronaves civiles impiden en muchas ocasiones el acceso de estos animales a la cabina de pasajeros, y con esto se limitan los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad visual. Estos animales se encuentran perfectamente entrenados para convivir e interactuar con la sociedad de manera respetuosa y cordial, por lo tanto, no representa un peligro para los demás pasajeros.

Con la aprobación de esta Iniciativa en la Ley de Aviación Civil, la autoridad aeronáutica garantizará a las personas con discapacidad visual el ingreso de perros guía a la cabina de pasajeros de las aeronaves civiles, facilitando el espacio adecuado para permitir el traslado de aquellas personas que así lo requieran.

Asimismo, se establecen las sanciones correspondientes a quien impida el ingreso de perros guía de las personas con discapacidad visual, a la cabina de pasajeros de las aeronaves civiles, esto para garantizar que se cumpla lo dispuesto en el artículo que se propone reformar.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad que tenemos con la sociedad, y es por ello que nuestros esfuerzos dentro del Congreso de la Unión serán enfocados en el bienestar social, aplicando políticas públicas incluyentes y respetando los Derechos Humanos y libertades fundamentales de nuestra Constitución y los tratados internacionales del que el Estado mexicano forma parte.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un último párrafo al artículo 33 y una fracción VII Bis al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

“ Artículo 33. ...

...

...

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, los concesionarios y permisionarios facilitarán a las personas con discapacidad visual el uso de perros guía dentro la cabina de pasajeros de las aeronaves civiles, facilitando el espacio adecuado para permitir el traslado de aquellas personas que así lo requieran.

Artículo 87. ...

I. a VII. ...

VII Bis. Impedir el libre acceso de los perros guía en la cabina de pasajeros de las aeronaves civiles de las personas con discapacidad visual, multa de un mil a cinco mil salarios mínimos;

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2012.— Diputado René Fujiwara Montelongo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Transportes, para su dictamen.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el señor diputado Alfonso Inzunza Montoya para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene usted uso de la voz.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentan por mi conducto y que hoy sometemos a la consideración de este pleno, recoge un sentido reclamo de miles de pescadores del sector social.

Un segmento de la sociedad, que al paso de los años, a raíz de las políticas económicas neoliberales y ante el abandono gubernamental, ha sufrido los estragos que lo ha llevado a la ruina y a la desesperanza que hoy se vive en cientos de comunidades pesqueras.

La incongruencia de esta dramática situación es todavía más evidente si tomamos en referencia que de un padrón de 94 mil 111 embarcaciones, 90 mil 905 corresponden al sector pesquero ribereño, en su mayoría cooperativistas y las restantes, 3 mil 206, a la pesca de altura en su esencia privada.

A pesar de la operatividad de miles de pescadores, que tienen como sustento la organización cooperativista, este esquema les resulta ahora poco redituable, toda vez que enfrentan las limitaciones que les imponen trabajar con equipos y artes de pesca obsoletos y falta de financiamiento suficiente y oportuno. A ello hay que sumarle además las reducidas asignaciones presupuestales, la poca eficiencia de los llamados fideicomisos de fomento a la pesca, sin dejar de mencionar la regulación que les impone la normatividad, que los ha dejado fuera de las áreas y capturas de especies reservadas.

Frente a la situación que vive el sector social de la pesca, sus protagonistas demandan ser atendidos con prontitud para revertir el abandono en el cual han estado sumidos durante las últimas décadas.

Urgen medidas que además de garantizar acciones para alentar la productividad y rentabilidad pesquera, rescaten de la miseria a miles de pescadores que hoy sufren los estragos de la pobreza, que se refleja en sus comunidades.

Ante estos considerandos, que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de este pleno propone una adición al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de tal suerte que se establezca en este ordenamiento el Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca, el Propesca, como un instrumento a través del cual se otorgue un apoyo económico a aquellos pescadores que se encuentran en el Registro Nacional de Pesca y que se dedican de manera legal a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteros y riberas.

Estimamos que esta implementación habrá de convertirse en un instrumento presupuestal que haría justicia a un padrón estimado de 350 mil familias que integran el sector social de la pesca de México.

Se trata de una iniciativa que rescata a otra dada en el mismo sentido y que en su oportunidad fue presentada por ex diputados sinaloenses, la cual fue desechada, conforme al artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en virtud de no haber tenido el dictamen correspondiente.

Vale precisar que la pesca es una actividad productiva que genera alimento para la población y que con una política de planeación adecuada asumiríamos el papel que le corresponde en el ámbito productivo, principalmente en la generación de empleos, divisas y desarrollo comunitario y además de un combate a la pobreza.

En razón de estas consideraciones, solicitamos respetuosamente de todos los grupos parlamentarios el apoyo a la presente iniciativa. De la misma manera a la Presidencia de la Mesa Directiva que la presente intervención quede inscrita en el Diario de los Debates y que la iniciativa sea turnada para su análisis a la comisión de dictamen correspondiente, una vez que ésta sea instalada. Muchas gracias. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Alfonso Inzunza Montoya, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de crear un programa multianual de apoyos económicos directos a favor de miles de pescadores del sector social, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En la Gaceta Parlamentaria de Cámara de Diputados número 2994-III, de fecha 22 de abril de 2010, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, se publicó la iniciativa que reforma al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por los ex legisladores sinaloenses Rolando Bojórquez Gutiérrez y Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una iniciativa que en términos del artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quedó desechada el 16 de julio de 2012, en virtud de haber transcurrido el plazo para la entrega del dictamen correspondiente a la misma.

En lo fundamental, la iniciativa en referencia sustentaba que las condiciones económicas y sociales del país han lacerado la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las comunidades, campos y puertos pesqueros, motivo por el cual, se requiere de acciones de fondo a cargo de las diversas instancias de gobierno, que transformen estructuralmente esta situación.

Precisaba la iniciativa que la pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población y que con una política de planeación adecuada por parte del gobierno federal, asumirán el papel que les corresponde en el ámbito productivo; principalmente en la generación de empleos, divisas, desarrollo comunitario y portuario, además de un combate a la pobreza que induzca a una mejor calidad de vida de los que viven de la pesca.

Citaba uno de los preceptos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

Invocaba asimismo el artículo primero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el cual considera de interés público este propósito, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

En cumplimiento de estos mandatos, los ex Diputados proponían el establecimiento de un programa multianual de apoyos directos a la pesca y la acuacultura (Propesca), similar al Procampo para los campesinos y Progan para los ganaderos, como apoyo a la productividad de los pescadores ribereños, que en términos de justicia social, moral y política bien lo merecen y que contribuya a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca del país desde hace ya varios años.

Un programa, dijeron, que ante la oportunidad histórica de dignificar la pesca, vendría a combatir las asimetrías del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que hoy no son competitivas para los pescadores mexicanos.

En razón de estos considerandos y atendiendo además una inquietud recibida en campaña política, hacemos propia en sus términos la iniciativa en comento, debido a que la misma rescata sensibles planteamientos de miles de pescadores del sector social.

Estimamos que la implementación del programa multianual  de apoyos directos a la pesca que se denominaría Propesca, habrá de convertirse en un instrumento presupuestal que haría justicia a un padrón estimado de 350 mil familias que integran el sector social de la pesca de México.

Un segmento de la sociedad que a raíz de las políticas económicas neoliberales, ha sufrido los estragos y el abandono gubernamental y que el paso de los años, lo ha llevado a la ruina y a la desesperanza que hoy se vive en cientos de comunidades pesqueras.

La incongruencia de esta dramática situación es todavía más evidente si tomamos en referencia que de un padrón de 94 mil 111 embarcaciones, 90 mil 905 corresponden al sector pesquero ribereño, en su mayoría cooperativista y las restantes 3 mil 206 a la pesca de altura, en su esencia privada.

Las políticas privatizadoras en el sector pesquero han tenido como expresión el abatimiento del sector cooperativista, a favor de la producción comercial y de exportación, donde en el mejor de los casos, los pescadores pasaron a ser asalariados y otros más, ingresaron a las listas del desempleo.

A pesar de la operatividad de miles de pescadores que tienen como sustento la organización cooperativista, este esquema les resulta ahora poco redituable, toda vez que enfrentan las limitaciones que les impone trabajar con equipos y artes de pesca obsoletos y falta de financiamiento suficiente y oportuno.

A ello hay que sumarle además las reducidas asignaciones presupuestales, la poca eficiencia de los llamados fideicomisos de fomento a la pesca, sin dejar de mencionar la regulación que les impone la normatividad, que los ha dejado fuera de las áreas y capturas de especies reservadas.

Frente a la situación que vive el sector social de la pesca, sus protagonistas demandan ser atendidos con prontitud, para revertir el abandono en el cual han estado sumidos durante las últimas décadas.

Urgen medidas que además de garantizar acciones para alentar la productividad y rentabilidad pesquera, rescaten de la miseria a miles de pescadores que hoy sufren los estragos de la pobreza que se refleja en sus comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Primero.Se adiciona una fracción al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 20. El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y contemplará, entre otros aspectos:

I. a XIV. ...

XV. El Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca (Propesca), que será el instrumento a través del cual se otorgará un apoyo económico por pescador que se encuentre en el Registro Nacional de Pesca  y que se dedique de manera legal a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteros y riberas.

Transitorios

Artículo Primero. La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, elaborará el estudio de impacto presupuestal que corresponda a la creación del Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda a la creación del Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca, para el ejercicio fiscal del 2013.

Artículo Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, determinará y aprobará en el Dictamen correspondiente el monto de recursos presupuestales que correspondan al Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca, para el ejercicio fiscal del 2013.

Artículo Cuarto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Faustino Félix Chávez, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE PETROLEOS MEXICANOS - LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Juan Bueno, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscrita por el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN, y ya no le digo si está el diputado Bueno, porque me regaña. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Juan Bueno Torio: Estoy a sus órdenes, presidente, gracias. Le suplico, señor presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa, suscrita por el diputado Rubén Camarillo y su servidor, forme parte íntegra del Diario de los Debates.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así será.

El diputado Juan Bueno Torio:Estimadas señoras diputadas y señores diputados, una de las preocupaciones fundamentales y centrales de los gobiernos federales panistas ha sido el de modernizar nuestra economía para garantizar la estabilidad económica de la que hoy gozamos y al mismo tiempo asegurar el progreso a todas las familias mexicanas.

Un elemento básico, fundamental y determinante para la economía y las finanzas mexicanas es precisamente Petróleos Mexicanos; por esa razón, debemos continuar con la modernización de Petróleos Mexicanos.

Es un organismo público descentralizado, responsable de realizar de manera exclusiva las actividades estratégicas vinculadas a los hidrocarburos y reservadas en la Constitución al Estado mexicano.

La industria petrolera nacional actualmente enfrenta una situación crítica, que amenaza su viabilidad y su capacidad para hacer frente a los compromisos con la sociedad y con la economía mexicana.

Existe consenso generalizado de que esta situación es delicada y de continuar así, se pone en riesgo la rentabilidad de nuestra industria petrolera y como consecuencia del crecimiento económico y de su capacidad de contribución, al logro de los objetivos de la nación. También pone en riesgo la soberanía energética y la seguridad nacional.

En la reforma que realizamos en el año 2008, con el propósito de fortalecer el desempeño de Pemex, esta soberanía le otorgó a Petróleos Mexicanos un gobierno corporativo y mejores condiciones para eficientar su desarrollo.

Esta reforma que hoy presentamos está basada en el análisis del comportamiento de la paraestatal, en consultas que hemos realizado con funcionarios y consejeros de la misma dependencia y tiene como objetivo perfeccionar el desempeño de las tareas en el consejo de administración y fortalecer su gobierno corporativo.

En este sentido y para los propósitos de las modificaciones propuestas al marco normativo de la industria petrolera, presentamos esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Petróleos Mexicanos, que —entre otras cosas— considera que en cada uno de los consejos de administración de los organismos subsidiarios participe uno de los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos; fusionar —para hacerlos más eficientes— los comités de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, y el de estrategia e inversiones, así como el de auditoría y evaluación del desempeño y el de transparencia y rendición de cuentas.

Se agrega en la ley la obligación de difundir mensualmente, por Internet, los datos más relevantes de producción, ventas, exportaciones, ingresos e impuestos pagados por el organismo y la de presentar al Congreso de la Unión un informe semestral, detallando las condiciones operativas y financieras del propio Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, la flexibilización en actividades de operación y gestión, así como en sus regímenes de endeudamiento y presupuesto, y que deban cumplir con procedimientos y aprobaciones regulados en la propia Ley de Petróleos Mexicanos, con el propósito de fortalecer su autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas.

La iniciativa también propone reformas para la evaluación del desempeño, la responsabilidad de los funcionarios de Pemex y propone mecanismos para que el contenido nacional sea factor en las licitaciones y contrataciones de Pemex y sus organismos.

En la presente se establece la obligatoriedad de confirmar programas, informes y un presupuesto anual para la atención del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo sustentable.

Señoras, señores diputados, independientemente de las diferencias de criterio y de propuesta que tenemos en este Congreso los distintos partidos aquí representados, en Acción Nacional mantenemos la firme convicción de realizar reformas para el beneficio de todas y todos los mexicanos; en Acción Nacional no vamos a escatimar las reformas que se escatimaron a los gobiernos del Partido Acción Nacional en estos últimos 12 años.

La economía nacional y Petróleos Mexicanos necesitan de la adecuación del marco normativo para consolidar la estabilidad y para enfrentar los grandes retos de la economía y de la competencia mundial.

En nuestro partido político, como fuerza seria y responsable —concluyo señor presidente y muchas gracias por su tolerancia—, solo quiero informarles a mis compañeros que en el PAN seguiremos perseverando en la modernización de la economía mexicana, porque estamos profundamente comprometidos con la elevación del nivel de vida de nuestra población y ocupados en el estudio de las necesidades más apremiantes del desarrollo político, económico y social que nuestra patria necesita para defender el derecho de las familias a tener la garantía de un futuro promisorio. Muchas gracias por su tolerancia, señor presidente y gracias por su atención, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de Juan Bueno Torio y suscrita por Rubén Camarillo Ortega, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral I, 76, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado, responsable de realizar de manera exclusiva, las actividades estratégicas en materia de hidrocarburos, reservadas en la constitución para el Estado mexicano. Es una empresa integrada y participa en toda la cadena de valor de la industria además de cumplir con la función de satisfacer al 100 por ciento la demanda de petrolíferos, lo anterior con base en las directrices de la Secretaria de Energía, Pemex realiza estas actividades con el objetivo de maximizar el valor económico de largo plazo de los hidrocarburos para el país.

El reto de Petróleos Mexicanos no es sólo financiero, sino fundamentalmente operativo, tecnológico y de capacidad de ejecución, lo cual implica una mayor eficiencia en la gestión de las inversiones, en la operación e la empresa, y en su gestión corporativa. Asimismo requiere desarrollar mecanismos que permitan administrar e incorporar decisiones de peso lo cual requiere de adecuaciones al marco regulatorio correspondiente.

La industria petrolera nacional actualmente enfrenta una situación crítica que amenaza su viabilidad  y su capacidad de hacer frente a los compromisos con la sociedad y la economía mexicana. La situación es de tal gravedad que pone en riesgo las metas de crecimiento económico nacional a mediano y largo plazo, la capacidad del Estado para cumplir con rezagos y demandas sociales, así como la soberanía energética y la seguridad nacional, situación derivada, entre otros, de que la única fuente de recursos para la industria petrolera son fondos públicos; México es un caso de excepción en que la inversión social y privada no participa directamente.

La situación nacional que prevalece en el sector energético es resultado de problemas de rezago tecnológico, baja productividad e insuficiencia de recursos de inversión, que impiden un desarrollo sano y equilibrado del instrumento ejecutor del Estado en Petróleos Mexicanos.

En la actualidad existe consenso generalizado de que esta situación es insostenible, de continuar se pone en riesgo la rentabilidad del sector y de la industria petrolera y su capacidad de contribución al logro de los objetivos del desarrollo nacional.

La industria petrolera nacional al día de hoy se encuentra debilitada, con severos problemas de eficiencia y seguridad, graves desequilibrios financieros, déficit creciente para abastecer el mercado nacional con producción interna e importaciones e incapacidad para seguir apoyando la estrategia nacional de desarrollo.

La industria petrolera nacional necesita recuperarse del marasmo en que se encuentra, para lo cual se requieren urgentes decisiones de Estado derivadas de un consenso nacional, de las cuales puedan desprenderse acciones contundentes en diversos frentes de acción.

En las condiciones actuales, no tomar decisiones congruentes con la realidad, con firmeza y oportunidad puede implicar graves riesgos adicionales para la Nación y para el desarrollo del país.

Sin duda alguna, para reforzar la rectoría del Estado mexicano en razón de la industria petrolera es necesario el fortalecimiento del sector energético, lo cual difícilmente puede lograrse en las condiciones actuales.

Actualmente las necesidades presentes y futuras de la industria petrolera han rebasado las posibilidades de las finanzas públicas, lo cual hace que la industria compita por recursos con otras prioridades y urgencias por la disponibilidad de recursos.

Ahora bien si consideramos los montos y tiempos requeridos por los proyectos prioritarios, resulta muy difícil garantizar que el gobierno federal tendrá la capacidad de aportar los recursos que requiere el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y Pemex cuente con la capacidad de ejecución que aunque sus ingenieros y técnicos la tienen, la normatividad- la regulación existente lo hacen muy lento, limitan su agilidad en la toma de decisiones.

Los retos que requiere enfrentar el Estado, reclaman decisiones inteligentes y firmes con acciones derivadas de un consenso nacional, que eviten riesgos adicionales a la nación y fortalezcan el desarrollo económico del país, y con ello poder garantizar la seguridad energética y la rectoría sobre los recursos energéticos de la nación.

En este sentido y para los propósitos de las modificaciones propuestas al marco normativo de la industria petrolera se proponen reformas y adiciones a la Ley de Petróleos Mexicanos que entre otras cosas se pone a consideración lo siguiente:

Que en cada uno de los consejos de administración de los organismos subsidiarios, participe uno de los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos.

Se propone desaparecer el Comité de Remuneraciones y fusionar los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios y el de Estrategia e Inversiones, así como el de Auditoría y Evaluación del Desempeño y el de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Se pretende que en los organismos subsidiarios se fusionen los comités respectivos de adquisiciones, arrendamientos y obras, con los de estrategia e inversiones, considerando también la revisión de atribuciones.

Se plantea dar al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos la atribución de designar a los titulares de los órganos internos de control de la entidad y de los organismos subsidiarios. Estas designaciones serían a propuesta del Presidente del Consejo, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública.

Propone cambios en las atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para atender algunas cuestiones específicas. Una de ellas es la facultad de aprobar las transferencias, asignaciones y afectaciones de bienes entre sí de la entidad y de sus organismos subsidiarios, sin que esas operaciones tengan el carácter de enajenación de bienes.

La Ley que se reforma prevé un informe anual detallado en cada año, así como informes trimestrales con datos por línea o rama de negocios e indicadores usuales a nivel internacional; ambos al Congreso de la Unión y por internet. La propuesta es mantener el informe anual y agregar un reporte de las actividades enero-junio previo al inicio del proceso presupuestal.

Se agrega en Ley la obligación de difundir mensualmente por internet los datos más relevantes de producción, ventas, exportaciones, ingresos e impuesto pagados del organismo. Asimismo, la ley actual prevé un informe de Petróleos Mexicanos en materia de deuda, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los lineamientos establecidos por la dependencia.

Se propone profundizar en diversos cambios, así como realizar adecuaciones orientadas a facilitar el cumplimiento de la misión de Petróleos Mexicanos, relacionada con la operación y organización de la Entidad: redefiniendo el propósito central del conjunto de funciones otorgadas a cada uno de los órganos directivos.

En relación al régimen especial de operación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios la iniciativa propone que el régimen específico debe extenderse, sin distinción, a todas las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de la entidad paraestatal.

Igualmente, la iniciativa propone la flexibilización en materia de operación y gestión así como en sus regímenes de endeudamiento y presupuesto y sólo deban cumplir con procedimientos y aprobaciones regulados en la propia la Ley de Petróleos Mexicanos.

La iniciativa también propone reformas en materia de evaluación del desempeño, responsabilidad de los funcionarios de Pemex y en materia de Contenido Nacional. Se plantea el ejercicio de las facultades del Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia, de forma que también corresponda la evaluación del desempeño. En contenido nacional proponen que sea la Secretaría de Economía la que emita los criterios relevantes para el cumplimiento de estos objetivos.

En consistencia con la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos respecto a extender el régimen específico a todas las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de la entidad, resulta indispensable reformar las disposiciones conducentes en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, toda vez que, salvo los casos específicos previstos en la propia Ley de Petróleos Mexicanos, se excluye de su aplicación a las contrataciones del organismo.

Además se establece la obligatoriedad de conformar programas, informes y un presupuesto anual para la atención del medio ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.

Por todo lo anterior, es que requerimos asegurar la viabilidad de largo plazo de la industria petrolera nacional que nos permita garantizar al mismo tiempo la capacidad de crecimiento futuro del país y de cubrir las necesidades de México

Es claro que no todos los problemas de la industria petrolera se derivan del rezago de inversiones; pero también existen muchos frentes en los cuales es necesario actuar con  decisión y rapidez, para incrementar eficiencia, la productividad y la  rentabilidad.

Esta iniciativa propone actuar de manera decidida y con oportunidad para detonar el sector energético de nuestro país.

Sin duda alguna, la falta de decisiones objetivas y oportunas por parte de diversas instancias gubernamentales ha llevado a una situación inconveniente a todas luces y resulta prioritario tomar las acciones y diseñar las medidas responsables para contribuir no solo al principal postulado del Plan Nacional de Desarrollo, el Desarrollo Humano Sustentable, si no entre otros objetivos, a garantizar que las generaciones futuras dispongan con lo indispensable para asegurar su bienestar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Petróleos Mexicanos, así mismo, se reforman y adicionan los artículos transitorios octavo, noveno y décimo tercero todos de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008; para quedar como sigue:

Artículo 1o....

...

Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y, sólo en lo no previsto, a las disposiciones legales que por materia corresponda. Los organismos subsidiarios también se sujetarán a las disposiciones de los respectivos decretos del Ejecutivo federal.

La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría de Energía, misma que podrá solicitar la opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.

...

Artículo 6o....

...

...

Las actividades de Petróleos Mexicanos de fabricación de productos petroquímicos distintos de la petroquímica básica serán realizadas por organismos subsidiarios o empresas filiales, los cuales podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos señalados.

...

...

...

Artículo 7o....

I.y II....

...

Para efecto de lo anterior, el Consejo de Administración será responsable de definir las estrategias tendentes a que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios cumplan con sus objetivos, así como el seguimiento a su ejecución. Corresponderá al director general instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos que emita el Consejo de Administración, así como la administración y operación eficiente de la entidad. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que esta Ley confiere al Consejo de Administración y al director general de Petróleos Mexicanos.

Artículo 8o....

I.a III....

...

...

...

...

...

Los Consejeros deberán ejercer sus funciones atendiendo los intereses de Petróleos Mexicanos, con independencia de otros encargos que, en su caso, desempeñen.

Artículo 10. Las remuneraciones de los consejeros profesionales se determinarán conforme lo establezca el Consejo de Administración y se apruebe en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 11....

I.a IV....

Los consejeros a que se refiere el artículo 8o., fracción III, podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquéllos que impliquen un conflicto de interés, en términos del Reglamento de la presente Ley.

Artículo 15. ...

El Reglamento de la presente Ley establecerá las normas para la difusión de los acuerdos , para su revelación en los mercados financieros, sin perjuicio de la información que en términos de las disposiciones aplicables deba clasificarse como confidencial o reservada.

...

El pronunciamiento de los consejeros referidos en el párrafo anterior deberá ser en sentido afirmativo o negativo. Si el pronunciamiento fuera en sentido contrario al mayoritario, en ese momento se podrá emitir un voto razonado en el que se funde y motive la decisión.

En aquellos supuestos en que los consejeros emitan su voto negativo, deberán motivar sus razones en la misma sesión en la que se someta el asunto a consideración del Consejo de Administración.

Artículo 16....

...

...

El director general de Petróleos Mexicanos participará en las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto.

Artículo 19....

I....

a)y b)...

c) Determinará la estrategia general respecto de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, para que sean congruentes con la estrategia general del primero.

d)a f)...

II....

III.Aprobar anualmente, de conformidad con la política energética nacional, el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, de los organismos subsidiarios y de las filiales paraestatales, mismo que deberá elaborarse con base en una proyección a quince años y conforme a términos de referencia autorizados previamente por el propio Consejo, para definir su integración y desagregación;

IV....

a)y b)...

c) Se deroga.

d)Los tabuladores de sueldos y las disposiciones en materia de remuneraciones asociadas al desempeño, así como la política de recursos humanos de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

e)a i)...

j) A propuesta del director general, las disposiciones aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la presente Ley.

j) Bis. Los proyectos y programas de inversión de Petróleos Mexicanos, así como los propuestos por los organismos subsidiarios, que superen los montos que se establezcan en las disposiciones que emitan para tal efecto.

Dichas disposiciones determinarán también, por su monto, los programas y proyectos que corresponderá aprobar al director general de Petróleos Mexicanos, a los consejos de administración de los organismos subsidiarios y a los directores generales de estos organismos.

k) Los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales fundamentales de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, en los supuestos que determine.

...

V....

V Bis. Aprobar las previsiones presupuestarias para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo y revisar que el director general se haya sujetado a las mismas.

VI....

VI Bis. Aprobar las políticas de precios y tarifas de los bienes y servicios que produzcan, presten y comercialicen Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, con excepción de aquéllos que expresamente sean fijados de otra manera por las leyes o por acuerdo emitido por el Titular del Ejecutivo Federal;

VII.Aprobar anualmente, previa opinión del Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia y tomando en cuenta el Dictamen de los auditores externos, los estados financieros consolidados de la entidad, así como autorizar su publicación;

VIII. Aprobar el programa de financiamiento de Petróleos Mexicanos, constitutivo de deuda pública, de acuerdo con los lineamientos anuales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX....

Estas actividades de seguimiento incluirán la información de los contratos aprobados por el director general de Petróleos Mexicanos, y por los directores generales de los organismos subsidiarios y sus filiales.

X.a XII....

XIII.Aprobar el programa operativo y financiero anual de trabajo a que se refiere el artículo 31, fracción III, de esta Ley, el cual será dado a conocer por su Presidente, al igual que la evaluación que realice el propio Consejo, con base en indicadores objetivos y cuantificables;

XIV.a XVII....

XVIII.Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos que ocupen cargos en la jerarquía administrativa inmediata inferior a la de aquél,y concederles licencias;

XIX.Establecer las normas, bases y procedimientos para la adquisición, arrendamiento, enajenación, y transferencias de inmuebles, así como afectación de muebles, que requieran Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para el cumplimiento de su objeto. Las transferencias y afectaciones podrán realizarse siempre que sean entre dichos organismos descentralizados, los bienes sean útiles y permanezcan en el patrimonio de la industria petrolera, por lo que no se considerará que exista una enajenación;

XX....

XXI. Aprobar el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, que incluirá la estructura, bases de organización y las funciones que correspondan a las distintas áreas que integran Petróleos Mexicanos.

XXI Bis. Aprobar las reglas internas y políticas de comunicación del propio Consejo de Administración;

XXI Ter. Evaluar anualmente, con el apoyo de un tercero experto independiente, el funcionamiento del Consejo, así como el desempeño de los consejeros, y

XXII....

...

Artículo 22....

En todo caso, Petróleos Mexicanos contará con los siguientes comités:

I. Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia;

II. Estrategia, Inversiones, Medio Ambiente y Tecnología;

III. Remuneraciones y Política de Recursos Humanos;

IV. Política de Contrataciones; y

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

VII. Se deroga.

El Consejo de Administración designará de entre los consejeros representantes del Estado a los integrantes de los comités, salvo mención expresa en esta Ley. El Presidente del Consejo propondrá las designaciones. Con excepción del comité previsto en la fracción I anterior, los comités se integrarán con un mínimo de cinco consejeros del Estado, de entre los cuales, al menos uno será profesional.

Salvo disposición expresa de esta Ley o de su Reglamento, los comités tendrán facultades de análisis, opinión o apoyo al Consejo, y sus funciones se realizarán sin intervención alguna u obstrucción de las operaciones que realizan las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios.

...

Para el cumplimiento de sus funciones, los comités, previa autorización del Consejo de Administración, podrán contar con subcomités.

Artículo 23.El Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia estará integrado únicamentepor tres consejeros profesionales y será presidido de manera rotatoria por uno de ellos, en el orden que determine el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Realizará sus funciones respecto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. A las sesiones del Comité asistirá un representante de la Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, con voz pero sin voto.

...

I.Dar seguimiento a la gestión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, revisar la documentación concerniente y evaluar el desempeño financiero y operativo –general y por funciones– de los organismos descentralizados. Asimismo, deberá presentar al Consejo de Administración los informes relacionados con cada uno de estos temas;

II.Verificar el cumplimiento de las metas, objetivos, planes y programas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, incluyendo los plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman, así como los indicadores de desempeño;

III.Verificar y certificar la veracidad, racionabilidad y suficiencia de la información contable y financiera, así como rendir un informe anual al Consejo sobre dichos aspectos;

IV.Designar, supervisar y evaluar al auditor externo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios; decidir sobre la contratación de otros auditores, así como fijar su remuneración;

V.Emitir opinión respecto de la contratación de los auditores externos en actividades distintas a los servicios de auditoría externa de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiariosa fin de evitar el conflicto de intereses que pueda afectar la independencia de su acción;

VI....

VII.Supervisar la preparación del dictamen de auditoría de los estados financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;

VIII. Emitir opinión sobre la suficiencia y racionabilidad del dictamen de auditoría de los estados financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;

IX. Evaluar y dar seguimiento al sistema de administración de riesgos que puedan afectar la situación y operación financiera de la entidad e informar periódicamente al Consejo de Administración sus observaciones;

X.Proponer al Consejo de Administración, los lineamientos en materia de control interno y evaluación del desempeño, que regirán en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;

XI....

XII.Programar y requerir, en cualquier momento, las investigaciones y auditorías que estime necesarias en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, salvo por lo que hace a la actuación del Consejo de Administración. Para lo anterior, se podrá auxiliar de auditores externos o del Órgano Interno de Control del organismo de que se trate.

Cuando de las investigaciones o auditorías se advierta la comisión de presuntas irregularidades o delitos, se dará vista de inmediato a los órganos internos de control o a las instancias competentes del organismo correspondiente, respectivamente;

XIII....

XIV. Proponer al Consejo de Administración los mecanismos de rendición de cuentas en la gestión de Petróleos Mexicanos;

XV. Supervisar los procesos para formular, integrar y difundir la información contable y financiera, así como la ejecución de las auditorías que se realicen a los estados financieros de conformidad con los principios contables y las normas de auditoría que le son aplicables; y

XVI....

Artículo 24. El Comité de Estrategia, Inversiones, Medio Ambiente y Tecnología estará presidido por un consejero profesional y tendrá las funciones siguientes:

I. Analizar el Plan de Negocios y emitir la opinión correspondiente al Consejo de Administración.

II. Analizar los programas y proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios que determine el Consejo de Administración, y emitir la opinión respectiva;

III. Dar seguimiento y evaluar los programas y proyectos de inversión a que se refiere la fracción anterior, una vez que hayan sido realizados;

IV. Revisar y, en su caso, emitir recomendaciones al Consejo de Administración sobre la estrategia de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable;

V. Analizar y emitir opinión sobre los programas de prevención de derrames de hidrocarburos; de contingencia ambiental, así como de remediación de suelos y aguas afectados por las obras y las actividades relacionadas con la industria petrolera;

VI. Revisar y, en su caso, emitir recomendaciones al Consejo de Administración sobre la estrategia de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en materia tecnológica; así como proponer acciones de investigación y desarrollo de tecnología en los distintos campos propios y relacionados con las actividades de la industria petrolera; y

VII. Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento, el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y otras disposiciones aplicables.

Artículo 25. El Comité de Remuneraciones y Política de Recursos Humanos será presidido por un consejero profesional, esté comité tendrá a su cargo opinar la política de recursos humanos que proponga el director general, los tabuladores de sueldos y las disposiciones en materia de remuneraciones, incluidos los estímulos al desempeño de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Artículo 26. Las sesiones del Comité de Política de Contrataciones será presidido por un consejero profesional, a estas sesiones asistirá un representante de la Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, con voz pero sin voto.

Dicho comité tendrá las funciones siguientes:

I. Revisar y emitir opinión sobre la propuesta de disposiciones en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y obras, aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como sobre las propuestas de modificación a las mismas;

II. En los supuestos que determine el Consejo de Administración en las disposiciones a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, en su caso, atraer y dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y definir, con base en la justificación que para tal efecto presente el área requirente, el procedimiento para la contratación, que puede ser a través de invitación restringida o de adjudicación directa, de lo cual se dará cuenta al Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia;

III. Revisar y emitir opinión respecto de los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales fundamentales de los contratos que determine el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; y

IV. Se deroga.

V. Se deroga.

VI....

Se deroga.

Artículo 27. Los consejos de administración de los organismos subsidiarios podrán contar con los comités de apoyo que determinen establecer, sin perjuicio de lo establecido en el tercer párrafo de este artículo. Dichos comités estarán integrados por miembros de los respectivos consejos, de acuerdo con lo que establezcan los propios órganos de gobierno.

A las sesiones de estos comités asistirá un representante del director general del organismo subsidiario correspondiente como invitado permanente, con voz pero sin voto.

Los consejos de administración de los organismos subsidiarios contarán con comités de política de contrataciones que tendrán las funciones a que se refiere el artículo 26, fracciones II, III, y VI, de esta Ley, en relación con las actividades del organismo subsidiario de que se trate; así como proponer modificaciones a las disposiciones en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y obras, aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;

I.a III. Se derogan.

Artículo 28. Se deroga.

Artículo 30. Se deroga.

Artículo 31....

I....

II.Conducir la planeación estratégica y elaborar los proyectos de ingreso y presupuesto consolidados de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, con la participación de éstos;

III. a XIV....

XV. Establecer el sistema de administración de riesgos operativos y financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y

XVI. Las demás que se prevean en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

...

Artículo 33.La vigilancia interna y externa de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios se realizará por:

I.El Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia a que se refiere el artículo 23 de esta Ley;

II....

III. Los órganos internos de control;

IV. y V....

Artículo 35.La evaluación del desempeño de los organismos, respecto a sus metas, objetivos y programas de sus unidades corresponderá al Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia.

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios tendrán las funciones que los ordenamientos jurídicos les otorguen; sin embargo, no podrán evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios resolverán las inconformidades que se presenten en los procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras, así como los procedimientos de conciliación promovidos en estas materias, en términos de lo dispuesto por las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Si en el ejercicio de sus funciones la Secretaría de la Función Pública detecta situaciones que impacten en el desempeño o en el cumplimiento de las metas, objetivos y programas del organismo, lo harán del conocimiento del Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia, a efecto de que determine el inicio o continuación de las auditorías correspondientes.

La Secretaría de la Función Pública y el Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia, establecerán la coordinación necesaria para evitar duplicidades en el ejercicio de sus funciones.

La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia o el Comisario.

...

...

El Órgano Interno de Control deberá coordinarse con el Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia para la ejecución de sus funciones y programas.

Artículo 39.Los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren por escrito al Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia.

Los consejeros estarán obligados a informar al Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparenciay a la Auditoría Superior de la Federación, de las irregularidades de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 43....

También contratará, de acuerdo con los lineamientos que expida el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en favor de los integrantes de éste y de los miembros de los consejos de administración de sus organismos subsidiarios, de sus directores generales, directores corporativos y demás servidores públicos que se determinen, los seguros, fianzas o cauciones, que cubran la defensa legal correspondiente y el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a las leyes.

Artículo 49....

I.a IV....

V....

Para todos los efectos de esta Ley, incluyendo la autorización y ejercicio del presupuesto, se agruparán en un mismo proyecto de inversión de exploración o de extracción, respectivamente, las actividades y gastos correspondientes a:

a) Los trabajos y gastos de exploración de hidrocarburos a realizar en una misma área asignada por la Secretaría de Energía, en los términos del artículo 5° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, o

b) Los trabajos y gastos de extracción de hidrocarburos a realizar en un mismo campo de explotación, incluyendo actividades y erogaciones de transporte por ducto.

VI. Para efectos del registro en la cartera de inversión, no aplicará el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Una vez aprobados los proyectos de inversión de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y demás disposiciones reglamentarias y administrativas que deriven de las mismas, se remitirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que ésta, sin trámite o requisito adicional, los integre en la cartera de inversiones.

Únicamente en los proyectos de gran magnitud y alta prioridad, el Comité de Estrategia, Inversiones, Medio Ambiente y Tecnología, previsto en esta Ley, deberá contar con el dictamen costo y beneficio de un tercero experto independiente, conforme a las disposiciones que emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Artículo 50.Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público, Petróleos Mexicanos tomará las medidas necesarias para incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que requiere la industria petrolera, de una forma competitiva y sustentable, atendiendo para tal efecto las características, complejidad y magnitud de sus proyectos, con base en las políticas y los programas que en esta materia establezca el gobierno federal. Las actividades de Petróleos Mexicanos se organizarán en una estrategia que establezca metas de contenido nacional de las obras y adquisiciones que realice los siguientes diez años.

Artículo 51.Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionados con las mismas que requieran contratar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, se regirán conforme a lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que emita el Consejo de Administración en los términos establecidos en el artículo 53.

Artículo 52. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios contarán con comités internos de la administración, integrados conforme lo determine su respectivo Consejo de Administración, competentes en las materias de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, que tendrán las siguientes funciones:

I. Revisar, evaluar, dar seguimiento y formular las recomendaciones conducentes sobre los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, los cuales deberán ajustarse a los objetivos establecidos en el Plan de Negocios;

II. Dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y definir, con base en la justificación que para tal efecto presente el área requirente, el procedimiento para la contratación, que puede ser a través de invitación restringida o de adjudicación directa, con excepción de los casos a que se refiere el artículo 53, fracción XII, de esta Ley;

III. Someter a la consideración del consejo de administración de que se trate, la creación de subcomités, su integración y funciones, en las materias de su competencia;

IV. Emitir sus políticas, bases, lineamientos y reglas de operación; y

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 53.En términos del artículo 134 constitucional, las disposiciones administrativas que emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y observar las siguientes bases:

I....

II. Los comités respectivos de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios o, en su caso, los comités de Política de Contrataciones, dictaminarán, con base en la justificación que se les presente para tal efecto por el área requirente, sobre la procedencia de llevar a cabo los procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa;

III.a IX....

X.En los procedimientos de contratación, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán requerir porcentajes mínimos de contenido nacional para permitir la participación en los mismos, de conformidad con la estrategia que se emita en términos de las directrices que establezca al efecto la Secretaría de Economía; asimismo, en dichos procedimientos se deberán establecer preferencias en la calificación y selección, a favor de las propuestas que empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia nacional, de conformidad con dicha estrategia.

...

...

...

XI....

XII.Los términos en que se llevarán a cabo las licitaciones públicas, las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas; así como los supuestos en que los comités de política de contrataciones podrán ejercer su facultad de atracción para dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas y definir el procedimiento de contratación;

XIII.a XVII....

La interpretación para efectos administrativos de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, le corresponderá a la administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo que establezca el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.

Artículo 55. En las licitaciones públicas se tomará en cuenta al menos lo siguiente:

I.a II....

III....

a)a f)...

g)Los requerimientos sobre la incorporación de contenido nacional en las adquisiciones, servicios y obras, respetando lo que establezcan los tratados internacionales en la materia y de conformidad con la estrategia a que se refiere el artículo 50 de esta Ley; y

h)...

IV....

Artículo 56.En todo momento se cuidará que en los procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa, se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a los contratos; que sus actividades estén relacionadas con los bienes, servicios u obras objeto de los contratos, así como también que cuenten con experiencia en dichas actividades.

Artículo 57.Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo su responsabilidad y previo dictamen del Comité correspondiente que justifique que el procedimiento de licitación pública no satisface las mejores condiciones sobre precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adjudicación directa a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en los casos siguientes:

A)...

B)...

I. y II....

Asimismo, serán aplicables los supuestos de excepción a la licitación pública previstos en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59.Con motivo de las adquisiciones, y contrataciones , la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control competentes, podrán inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I.a V....

...

...

Artículo 62.Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios instrumentarán un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la producción agropecuaria un suministro estable y contratos a largo plazo, que contemplen el precio más competitivo con referencia al mercado de la Costa Norte Golfo de México y del Caribepara los insumos de esta industria.

Artículo 63.Conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Estrategia, Inversiones, Medio Ambiente y Tecnología, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios procurarán el uso de tecnologías eficientes en la producción de amoniaco.

Artículo 70....

I.a III....

IV.Un reporte sobre el ejercicio de los recursos en términos de esta Ley, en el que se incluyan las desviaciones en montos, tiempo y alcance de ejecución de los contratos que se lleven a cabo;

V.Al informe a que se refiere este artículo deberá adjuntarse la opinión del Consejo de Administración sobre la ejecución del programa anual y estratégico del organismo, los reportes que elabore el Comisario y el dictamen del auditor externo; y

VI. Un reporte sobre la ejecución de la estrategia a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, destacando los avances logrados.

...

...

Artículo 71.El director general de Petróleos Mexicanos enviará un informe a las Cámaras del Congreso de la Unión, en febrero y agosto de cada año, respecto de la operación y gestión de la entidad paraestatal, por conducto de la dependencia coordinadora de sector.

Los informes corresponderán respectivamente a las actividades del año anterior, así como del primer semestre del año y realizará la correspondiente exposición por línea o rama de negocios, debiendo emplear los indicadores o parámetros usuales a nivel internacional para la medición de los resultados. Dicho informe será público y se difundirá en la página de Internet de Petróleos Mexicanos.

El director general de Petróleos Mexicanos difundirá, mensualmente en la página de internet del organismo, la información más relevante de la producción, ventas, exportaciones, ingresos e impuestos pagados del organismo.

El director general de Petróleos Mexicanos remitirá un informe semestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de Energía, sobre el uso del endeudamiento, fundamentalmente respecto de la rentabilidad de los proyectos; sus condiciones financieras; el manejo de disponibilidades asociadas al endeudamiento; calendarios de ejecución y desembolsos y perfil de riesgos. Este informe se presentará de conformidad con los lineamientos que sobre el particular emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...

Artículo 73....

Asimismo, a partir de la aprobación del estudio o las actualizaciones a que se refiere el párrafo anterior, Petróleos Mexicanos deberá poner a disposición del público a través de medios electrónicos en el mes de octubre de cada año,los precios y las calidades de los hidrocarburos que hayan sido parte de transacciones entre sus organismos subsidiarios el año anterior y los primeros nueves meses del año que se reporta.

Artículos Transitorios

Octavo....

I.y II....

III.Estén en funcionamiento los Comités de Auditoría, Evaluación del Desempeño y Transparencia, de Estrategia, Inversiones, Medio Ambiente y Tecnología, de Política de Contrataciones, y de Remuneraciones y Política de Recursos Humanos.

...

Noveno....

I....

II.......

a)y b)...

c) Se deroga.

III....

IV....

...

a)...

b) Se deroga.

V....

...

...

Décimo Tercero.Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento, Petróleos Mexicanos establecerá la estrategia prevista en al artículo 50 de esta Ley, para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria petrolera, que formará parte del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, la cual, en su caso, será revisada y actualizada conforme al citado plan. Dicha estrategia deberá incluir un diagnóstico de la participación de los proveedores y contratistas mexicanos en las obras, las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, así como objetivos específicos y metas cuantitativas anuales a alcanzar del grado de contenido nacional en bienes, servicios y obras, respetando lo establecido en los tratados internacionales.

La estrategia tendrá como finalidad incrementar el grado de contenido nacional en un mínimo de 25 por ciento. En la estrategia deberá especificarse el periodo en el que se alcanzará el porcentaje indicado. Para ello, se tomarán en cuenta las subcontrataciones que realicen los proveedores.

...

...

...

I.a VII....

Se deroga.

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1....

I. a VI....

...

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.

...

...

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...

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 1....

I. a VI....

...

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, salvo la modificación prevista en el artículo 19, fracción XVIII, de esta ley, entrará en vigor una vez que el Consejo haya aprobado las políticas de recursos humanos correspondientes.

Segundo.A más tardar en treinta días hábiles de la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su presidente, revisará la integración tanto de sus comités de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. En tanto no se realicen las designaciones anteriores, los comités existentes seguirán sesionando con los mismos integrantes y funciones.

Tercero. A más tardar en sesenta días de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión un informe de la aplicación de las medidas dispuestas en los artículos Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo transitorios de la Ley de Petróleos Mexicanos, en las materias de presupuesto y deuda, incluyendo una exposición sobre el cumplimiento de metas, acciones y condiciones en general por parte de Petróleos Mexicanos, previstas en dichos artículos.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2012.— Diputados: Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo Ortega (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de la Función Púbica, para dictamen.

ARTICULOS 41 Y 99 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, en este capítulo de iniciativas, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La diputada Karen Quiroga Anguiano:Con su venia, diputado presidente. Solicito, por economía parlamentaria, sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates.

En las pasadas elecciones la reforma político-electoral de 2007 y 2008 fue sometida a su prueba más dura, quedando claro que la tutela de los principios rectores de la materia electoral ya es muy amplia, pero criterios de aplicación e interpretación la vuelven poco eficaz.

Los que integramos el Congreso de la Unión debemos exigirnos reformas, no solo al aspecto sustantivo, sino también al procesal; por lo que esta exposición de motivos la he agrupado en ocho temas que contienen el fondo de las reformas que propongo.

El primer tema puntualiza que nuestra Carta Magna establece que durante las campañas electorales y hasta la jornada comicial debe suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, pero prevé excepciones: las relativas a servicios educativos y de salud y las de protección civil, en casos de emergencia.

El pasado proceso electoral, el Instituto Federal Electoral, violando los principios de supremacía constitucional y de reserva de ley, añadió más excepciones a las antes mencionadas, permitiendo que durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral se difundiera propaganda de la Lotería Nacional, publicidad turística de México, entre otras.

El segundo tema a tratar se refiere a la designación de los últimos tres consejeros, lo cual generó suspicacia respecto a la imparcialidad y ciudadanización del Instituto Federal Electoral, no solo porque transcurrieron 14 meses para su elección, sino también por la violación al procedimiento establecido en la Constitución.

Para lograrlo, esta iniciativa propone que el procedimiento incluya una convocatoria pública, que la amplia consulta a la sociedad sea irrenunciable y obligatoria.

El tercer tema de esta iniciativa describe: en la reforma político-electoral del año 2007, el Constituyente Permanente añadió al apartado C la fracción VI del artículo 41 de nuestra Carta Magna, pero la misma fue duramente criticada por la Sala Superior del Tribunal Electoral; por lo que propongo subsanar esa falta de técnica legislativa y suprimir del apartado C la fracción VI antes mencionada y trasladarla al artículo 99 de la propia Constitución, pues este precepto legal es el fundamento del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

El cuarto tema aborda lo referente al artículo 60 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; establece que un proceso electoral donde se renueva el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del Congreso, cada partido debe destinar al menos un 30 por ciento de los mensajes de la campaña de uno de los poderes y no solo promocionar a los distintos candidatos presidenciales, afectándose con ello el derecho de los candidatos a diputados y senadores a difundir su plataforma electoral.

También necesitamos evitar que en los mensajes o propaganda electoral difundida a través de radio y televisión se incluya la imagen de servidores públicos en funciones.

Otro aspecto fundamental es no generar inequidad en el proceso electoral; por lo cual estimo pertinente establecer que del tiempo de radio y televisión que tienen asignados los partidos para sus precampañas, el 40 por ciento de sus mensajes tengan un contenido institucional y el 60 por ciento restante sea utilizado por los precandidatos participantes en proceso de selección interna.

En el quinto tema abordo el rebase de los topes de campaña, para lo cual se necesita una sanción ejemplar. El manejo de los recursos públicos destinados a las competencias electorales es un asunto de interés general, que no merece ser transparentado al año siguiente en que se celebran las elecciones; regularlo como causa de nulidad en una elección solo puede ser eficaz si se realizan ajustes necesarios a los plazos de fiscalización de los recursos y de solución de los medios de impugnación atinentes.

También propongo instaurar informes mensuales y ajustar el procedimiento para la presentación y revisión de los mismos. Deben ajustarse los plazos de resolución de los medios de impugnación que se interponen para anular una elección, no hacerlo traería como consecuencia una reforma sustantiva pero ineficaz.

Otro aspecto que se requiere modificar y resaltar es el tema tan polémico de las encuestas. La presente iniciativa no pretende coartar la libertad de expresión, sino únicamente limitarla en cuanto a su temporalidad, ya que no puede ser el único termómetro de la contienda electoral y fundamento para la emisión del voto de los ciudadanos.

Otro tema de vital importancia es que los representantes electos popularmente somos los únicos que debemos rendir cuentas a la ciudadanía, de manera directa no se justifica que los funcionarios de la administración utilicen esta figura.

Por último, planteo que la propaganda gubernamental y electoral, así como los actos anticipados de campaña y precampaña, pueden ser denunciados ante el Instituto Federal Electoral, ya que la ley prevé un procedimiento especial que sanciona dichas conductas en plazos breves.

En el pasado proceso electoral ninguna conducta denunciada fue resuelta en el plazo de cinco o seis días —concluyo, diputado presidente— que prevé la ley comicial, sino por el contrario, las mismas fueron resueltas en su totalidad en un promedio de dos meses y medio con posterioridad a la presentación de la denuncia. Para lograrlo se deben establecer plazos máximos de resolución.

No legislar en materia electoral sería una irresponsabilidad, por lo que además aprovecho para convocar a todos los que tenemos una responsabilidad, para que generemos los cambios necesarios y seguir avanzando en nuestra democracia, tan lastimada por las violaciones a la ley que se pretende ignorar.

Es cuanto, diputado presidente. Agradezco la tolerancia igualitaria al diputado que me antecedió.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LXII Legislatura y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados proponemos ante esta soberanía la presente iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Planteamiento del problema

La presente iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral pretende delimitar las autoridades que se ubican en las excepciones de difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial en atención al principio de supremacía constitucional y de imparcialidad en materia electoral; garantizar la participación de la ciudadanía en los procedimientos de elección del Consejero Presidente y de los consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Federal Electoral y establecer causales por las cuáles puede ser impugnado dicho procedimiento; el dar funcionalidad técnica a la propia Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerzan constantemente la plenitud de jurisdicción, privilegiando en todo momento el principio de impartición pronta de la justicia; que los medios de impugnación partidarios sean uniinstanciales; garantizar que los mensajes de campañas de cada uno de los poderes únicamente incluya la imagen y nombre de los candidatos que son postulados para los respectivos cargos de elección popular y que además, en atención al principio de imparcialidad se omita incluir el nombre o imagen de servidores públicos en funciones y de personalidades públicas; establecer como causa de nulidad de las elecciones de diputados, senadores y presidente de la república el rebase de topes de gasto de campaña y establecer un nuevo sistema de informes de gastos de campaña y plazos de presentación, investigación y resolución de los mismos, con la consecuente modificación a los plazos de resolución de los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración regulados en la ley procesal electoral; atendiendo al principio de equidad, establecer un tope para el acceso a propaganda electoral en radio y televisión por parte de los precandidatos; prohibir a servidores públicos que no hayan sido electos popularmente difundir un informe de labores o gestión en respeto al principio de imparcialidad; establecer límites a la difusión de encuestas por parte de personas físicas y morales; establecer plazos máximos al Instituto Federal Electoral para resolver los procedimientos especiales sancionadores así como las medidas cautelares solicitadas; asimismo, agilizar el trámite y establecer plazos máximos de resolución de los recursos de apelación promovidos con motivo de la resolución de los procedimientos especiales sancionadores por parte de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Exposición de Motivos

La reforma constitucional de 2007 y su consecuente reforma legal acontecida en el año 2008, tuvo origen con motivo de las elecciones presidenciales de 2006. El constituyente permanente recogiendo las diversas conductas acontecidas, tanto de los actores políticos como de las autoridades y los poderes fácticos, estableció nuevas reglas con el fin de tutelar con mayor amplitud y eficacia los principios rectores de la materia electoral.

Si bien estas reglas fueron aplicadas en los comicios intermedios celebrados en 2008-2009, lo cierto es que la prueba trascendental vendría a ser la elección presidencial de 2012, misma que puso a prueba su eficacia no sólo en la observancia por los destinatarios de la normatividad electoral, sino también, su eficaz aplicación por las autoridades.

La tutela de los principios rectores de la materia electoral ya es muy amplia, ahora, se debe garantizar su eficaz aplicación en los procesos electorales, esto solo puede lograse con base en lo siguiente:

Delimitación de las autoridades que se ubican en las excepciones relativas a la suspensión de propaganda gubernamental durante campañas electorales.

El artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política, así como diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, regula que durante campañas electorales y hasta la jornada comicial, debe suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental (ámbitos federal, estatal, municipal y de los órganos de gobierno del Distrito Federal; pero se prevén tres excepciones: las relativas a campañas de información de las autoridades electorales; a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

En el pasado proceso electoral federal 2011-2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero Y Xochicoatlán, en el estado de Hidalgo y el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán”.

En el numeral quinto de dicho acuerdo y, a pesar de los principios de supremacía constitucional y de reserva de ley, dicha autoridad administrativa efectuó excepciones sobre las excepciones reguladas en la Carta Magna, y en ese tenor, permitió que en el período que transcurrió del inicio de las campañas electorales al día de la jornada electoral, se difundiera:

• La propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la Lotería Nacional como Pronósticos para la Asistencia Pública;

• La publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país;

• La campaña de educación del Servicio de Administración Tributaria para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales;

• La propaganda que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emita para difundir los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales;

• Las campañas de comunicación social del Banco de México con contenido exclusivamente educativo;

• La transmisión publicitaria de la Conmemoración del 150 Aniversario de la batalla del cinco de mayo, entre el quince de abril y el seis de mayo de dos mil doce;

• Las campañas difundidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de prevención de accidentes, así como educación vial en carreteras y autopistas referente al periodo vacacional de semana mayor, misma que será transmitida del uno al catorce de abril de dos mil doce;

• La propaganda con motivo del inicio del Programa de Horario de Verano, a transmitirse del treinta de marzo al uno de abril de dos mil doce, inclusive;

• Las campañas relativas la difusión de las actividades y servicios en materia artística y cultural llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y

• La campaña educativa denominada “Cultura del agua, versión Nuevos Hábitos 2012”, a difundirse por la Comisión Nacional del Agua.

Si bien también puntualiza que la propaganda antes referida debía abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía, así como de referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, lo cierto es que este precedente, puede traer como consecuencia que diversas dependencias, en un afán “educativo”, de “información”, de “prevención”, de “asistencia”, etcétera, implementen programas que permitan ser difundidos durante campañas electorales, argumentando que se trata de temas educativos y de salud de interés general, logrando con ello una presencia constante de diversas dependencias del gobierno federal en el ámbito cognitivo de la ciudadanía, aun cuando no se vinculen estrictamente a una acción de gobierno, de política pública, de programas sociales o de contenido político-electoral, en contravención a la idea originaria del Constituyente permanente en el año 2007.

Para evitar este tipo de ilícitos constitucionales, de extralimitación en el ejercicio de la facultad reglamentaria por parte de la autoridad administrativa electoral y, de interpretación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presente reforma tiene como finalidad dejar claro que los servicios y contingencias educativas y de salud solo pueden ser difundidos por las autoridades competentes y encargadas de estos rubros, es decir, las que de conformidad con lo dispuesto por los artículo 3 y 4 de nuestra Carta Magna, están encargadas de las materias educativas y de salud, tales como la Secretaría de Educación Pública en el rubro educativo; la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el rubro de salud.

Asimismo, que dichos mensajes tengan por objetivo anunciar un servicio y contingencia en su acepción más estricta; que sólo estén referidas a casos de interés público y emergencia, por ejemplo, las campañas de vacunación, de información de epidemias, del período de inscripciones, de la práctica de exámenes a nivel nacional, etcétera, pues este fue el espíritu del constituyente permanente en la reforma electoral del año 2007.

Blindaje del procedimiento de designación de los Consejeros Electorales.

La designación de los últimos tres Consejeros Electorales, sin duda generó suspicacias respecto de imparcialidad y ciudadanización del Instituto Federal Electoral, no sólo por el lapso de 14 meses que transcurrió entre la salida en octubre de 2010 de tres consejeros electorales y la elección de quienes los sustituyeron, sino también por la violación al procedimiento establecido en la Constitución, que precisamente por la naturaleza de la autoridad administrativa electoral, debiera ser el más importantes, al ser un órgano ciudadano y autónomo.

Sí la soberanía residen originaria y esencialmente en el pueblo, es preciso blindar el procedimiento de designación de dichos consejeros, para ello se propone que el procedimiento de elección incluya una convocatoria pública; que la amplia consulta a la sociedad sea irrenunciable y obligatoria; que se dé certeza, mediante la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación con treinta días previos a la salida de los consejeros que terminarán su encargo y; que tales omisiones puedan ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De igual forma, con base en los principios de legalidad, certeza, igualdad y objetividad, sean impugnables los actos y resoluciones del Instituto Federal Electoral en la integración de los consejos locales y distritales de dicha autoridad.

Funcionalidad técnica y práctica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia electoral y, establecer como supremacía constitucional el principio de impartición de justicia pronta y completa.

Con motivo de la reforma electoral del año 2007, el Constituyente permanente añadió la Base VI del artículo 41 constitucional como fundamento del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Para que dicho cuerpo normativo, al menos en materia electoral, tenga funcionalidad técnica, operativa y práctica, debe suprimirse la Base VI antes mencionada y trasladarla al artículo 99 de la propia Carta Magna, mismo que regula las bases generales del máximo órgano jurisdiccional de la materia.

De igual forma, y ante la evidente judicialización de los procesos electorales, es necesario que la justicia electoral no siga la misma suerte de la justicia común, es decir, evitar que los procesos y procedimientos seguidos en forma de juicio sean tan largos, con la finalidad de evitar efectos político-electorales irreparables, por tanto, es necesario establecer como supremacía constitucional el principio de impartición de justicia pronta y completa en el ejercicio de la plenitud de jurisdicción por parte de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los medios de impugnación en materia electoral deben tener como fin resolver los conflictos de manera completa e imparcial, en ese tenor, la actual reforma pretende evitar el abundante dictado de las llamadas sentencias para efectos, las cuáles en muchas ocasiones son innecesarias, puesto que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen el ejercicio de la plena jurisdicción.

Simplificación de la justicia partidaria

No sólo a los órganos del Estado se les debe exigir una mayor eficacia en la aplicación de las normas, sino también, los partidos políticos deben asegurar a sus militantes, una simplificación en los medios impugnativos partidarios, por ello, es trascendental que la justicia partidaria sea uninstancial.

Utilización y asignación efectiva de los mensajes de la propaganda electoral

El artículo 60 del Cofipe establece que la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que se tiene derecho es libre, salvo cuando es un proceso electoral en el que se renueva el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras del Congreso, donde cada partido debe destinar, al menos, un 30% de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como una misma; pero la finalidad de esta disposición no significa que se pueda estudiar el contenido de los promocionales para verificar el estricto cumplimiento con la disposición legal.

En ese tenor y para que tenga eficacia dicha medida, se debe prohibir que los mensajes se refieran e incluyan única y exclusivamente los candidatos postulados por cada tipo de elección.

La reforma ahora propuesta, tiene como finalidad evitar los fraudes a la ley. La libertad de los partidos políticos para determinar el contenido de los spots no se justifica si con ella se trasgrede el derecho al voto activo y pasivo tutelado en el artículo 60, el cual, tiene por objeto que la ciudadanía conozca a todos los candidatos postulados a un cargo de elección popular y, que éstos gocen, efectiva y equitativamente de la prerrogativa de acceso al tiempo de radio y televisión.

De igual forma, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en la contienda electoral, es preciso que en los mensajes o propaganda electoral difundida a través de radio y televisión, los partidos se abstengan de incluir en los mismos a servidores públicos en funciones y personalidades públicas, ya que la propaganda electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, por tanto, la inclusión de personajes públicos y servidores públicos en funciones, tienen más una finalidad de marketing político, lo cual, debe limitarse.

Acceso a tiempos de radio y televisión por precandidatos, que no implique inequidad en relación con precandidatos únicos

Existe actualmente un tema trascendental en cuanto a lo difusión de spots en tiempos de precampañas, ya que en los precandidatos únicos, pudieran tener desventaja en el posicionamiento de su imagen en relación con los partidos que tienen un proceso interno de selección. Por otro lado, permitir que los precandidatos únicos tuvieran acceso a mensajes en radio y televisión, generaría de igual forma inequidad con respecto a otros precandidatos que participen en una contienda partidaria.

Con la finalidad de no generar iniquidades entre precandidatos, es importante regular lo siguiente:

a) Establecer que del tiempo de radio y televisión que tienen asignado los partidos políticos para sus precampañas, un cuarenta por ciento de sus mensajes tengan un contenido institucional, ya sea para promoverse como instituto político o para informar a los ciudadanos, militantes y simpatizantes sobre su proceso de selección interna

b) Que solo se pueda utilizarse por los precandidatos, en conjunto, el sesenta por ciento del tiempo de radio y televisión que tienen asignado, con la finalidad de no generar inequidad con posibles precandidatos únicos.

Rebase de topes de gastos de campaña como causa de nulidad de la elección tanto de diputados como de senadores y presidente de la República y en concordancia con ello ajustes en los plazos para la fiscalización de recursos de los partidos político, para la resolución de los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración respectivos

El rebase en los topes de gastos de campaña necesita una sanción ejemplar en nuestro sistema electoral. El manejo de los recursos públicos destinados a las competencias electorales es un asunto de interés público que no merece ser transparentado al año siguiente en que se celebran las elecciones.

En ese tenor, regularlo como causa de nulidad de una elección no puede ser eficaz, sino se hacen ajustes a los plazos de fiscalización de los recursos y de la solución de los medios de impugnación atinentes.

Por ello, la actual reforma propone instaurar informes mensuales y ajustar el procedimiento para la presentación y revisión de los mismos; pero al tratarse de una facultad administrativa, es importante ajustar los plazos de resolución de los medios de impugnación que se interponen para anular la votación recibida en casilla o la nulidad de una elección; no hacerlo, traería como consecuencia una reforma sustantiva, pero ineficaz.

Límites de temporalidad a la difusión y publicación de encuestas

Las encuestas son importantes y necesarias en un sistema democrático, pues su finalidad no solo es informativa para la ciudadanía, sino incluso más, para los candidatos. Precisamente por su trascendencia, es necesario establecer plazos para su difusión y producción. En ese tenor, toda persona física o moral no puede difundir y publicar más de una encuesta en un lapso de quince días, con la finalidad de que la ciudadanía no encuentre en ellas, el único termómetro de la contienda electoral y el único fundamento para la emisión de su voto.

Limitar el derecho de la ciudadanía a ser informada sobre la gestión de los servidores públicos que eligió y la obligación de éstos a hacerlo

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41de la Carta Magna, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo; la voluntad de este fue constituirse en una República representativa, democrática y federal y; el pueble ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, para hacer efectivo ese ejercicio, elige periódicamente a sus representantes, siendo éstos, únicamente, los pertenecientes a los poderes legislativo y ejecutivo.

Con base en esta representación son esto y sólo éstos, quienes deben rendir cuenta a la ciudadanía, por tanto, para garantizar el principio de imparcialidad, la presente reforma, tiene como objeto prohibir a los servidores públicos que no fueron electos popularmente, difundir por cualquier medio de comunicación social, un informe de labores o gestión, pues en todo caso, aquellos que forman parte del poder ejecutivo a quien le tienen que rendir cuentas es al titular del mismo y, en ocasiones, a los representantes de la nación, es decir, diputados y senadores de la República Mexicana, por tanto, no se justifica que dichos servidores utilicen la figura de rendición de cuentas, para fines meramente políticos o electorales.

Optimización del procedimiento especial sancionador.

El procedimiento especial sancionador tiene una génesis noble, ya que su finalidad es contener la realización de ciertas conductas trasgresoras de la normatividad electoral y de los principios rectores de la misma en un breve lapso.

Sin embargo, por diversas circunstancias, este procedimiento seguido en forma de juicio ha demostrado su ineficacia, por ello es necesario optimizar la misma, a través de diversas reformas tanto al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Uno de los principales problemas en la eficacia del procedimiento especial sancionador, consiste en la aplicación discrecional del artículo 368, párrafo 5, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió la jurisprudencia número 20/2009, la autoridad administrativa electoral, ha seguido aplicándola erróneamente, lo cual, retrasa la investigación de una conducta presuntamente trasgresora de la normatividad electoral y, también, insta al órgano jurisdiccional a resolver asuntos con un criterio ya superado. En ese tenor la presente reforma tiene como objetivo derogar la hipótesis regulada en el dispositivo normativo antes mencionado.

Otro aspecto importante, es el relativo a la difusión en radio y televisión de propaganda electoral de una campaña local, que si bien, ya también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que el Consejo General del Instituto Electoral es la autoridad competente, la poca claridad de la hipótesis contenida en el artículo 368, párrafo 1 de la ley comicial federal, hace que la presentación de una queja lleve más tiempo, que el plazo en que debe ser resuelta la misma.

Con el fin de garantizar la naturaleza del procedimiento especial sancionador, es preciso establecer como única autoridad competente para conocer de conductas infractoras relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión durante la realización de procesos electorales de las entidades federativas al Instituto Federal Electoral, así como que la presentación de las denuncias respectivas pueda hacerse indistintamente ante la autoridad comicial local o la federal.

Otro de los temas fundamentales del procedimiento especial sancionar es el tiempo de resolución. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-13/2009 y SUP-RAP-175/2009, ha establecido que el plazo para resolver el procedimiento especial sancionador es de 5 o 6 días máximo, pero lo cierto es que esto no es así. Diversas causas provocan que no lo sea, de entre las que destacan: procedimientos de investigación lentos e incompletos; desecamientos infundados; señalamiento de audiencias fuera de los plazos; citación a sesión de Consejo General fuera de los plazos; imposición de multas no acordes con la gravedad de la conducta; entre otras más.

Pero también la máxima autoridad jurisdiccional contribuye a ello, derivado entre otras cosas al dictado de sentencias para efectos por imposición de multas no acordes con la gravedad de la conducta, pero por un mal razonamiento y no por una inadecuada o ausencia de investigaciones relacionadas con la conducta infractora; la resolución de los medios impugnativos con un mes o más de distancia a la fecha de recepción de los mismos; cadenas impugnativas por la emisión de más de una sentencia para efectos. Para corroborar lo anterior, es preciso mostrar lo siguiente:

La anterior tabla contiene algunos de los Recursos de Apelación interpuestos en el año 2012, en contra de diversas resoluciones de procedimientos especiales sancionadores, a través de los cuales se denunciaron actos anticipados de campaña, de precampaña; difusión de propaganda gubernamental prohibida; de propaganda político-electoral en radio y televisión trasgresora de la normatividad electoral.

De este cuadro, desprendemos ningún procedimiento especial sancionador fue resuelto en el plazo máximo de 6 días regulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y que la resolución final de la Sala Superior fue pronunciada, en el mejor de los casos fue de veintiún días y en el peor de los casos de poco más de diez meses, lo cual pone de manifiesto, el fracaso del procedimiento especial sancionador en cuanto a su expedites en la inhibición de conductas trasgresoras de la norma.

En ese tenor, es preciso regular plazos máximos de resolución de las denuncias y medidas cautelares por parte de la autoridad administrativa electoral y agilizar el trámite y sustanciación del recurso de apelación, así como establecer un plazo máximo de resolución del medio impugnativo procedente, con la finalidad de darle eficacia a la naturaleza inhibitoria de conductas trasgresoras de la normatividad electoral, del procedimiento especial sancionador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de regulación de propaganda electoral.

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma el párrafo primero, Apartado C, Base III del artículo 41; el párrafo tercero, Base V, Apartado C; se suprime la Base VI, se adicionan los párrafos cuarto y quinto y reforma el párrafo séptimo del artículo 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. (...)(...)

I. (...)(...)(...)

II. (...)(...)

A) (...)

B) (...)

C) (...)(...)(...)

III. (...)

Apartado A (...)

A) (...)

B) (...)

C) (...)

D) (...)

E) (...)

F) (...)

G) (...)(...)(...)(...)

Apartado B (...)

A) (...)

B) (...)

C) (...)(...)

Apartado C. (...)

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en cualquier medio de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios y contingencias educativas y de salud por parte de las autoridades encargadas de estos rubros en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 4, párrafo segundo de esta Constitución y las respectivas autoridades locales y del Distrito Federal, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D (...)

IV- (...)

(...)

(...)

V.  (...)

(...)

El Consejero Presidente durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una convocatoria pública y amplia consulta a la sociedad, la cuales son obligatorias e irrenunciables. De darse la falta absoluta del consejero Presidente y de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el período del vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)

VI. (suprimir)

Artículo 99. (...)

(...)

(...)

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

(...)

I.(...)

II.(...)

(...)

III.(...)

IV.(...)

V.(...)

VI.(...)

VII.(...)

VIII.(...)

IX.(...)

Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, privilegiando el principio de impartición de justicia pronta y completa, tutelado en el artículo 17, párrafo segundo de esta Constitución, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción. Asimismo, harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Segundo. Se reforma el numeral 2 del artículo 2; el numeral 1 del artículo 3; el inciso g), numeral 1 del artículo 27; el inciso p) del numeral 1 del artículo 38; se adiciona el numeral 2 al artículo 60; se reforman las fracciones II y III, inciso d), numeral 1 del artículo 83; se reforman los incisos a), b), c) y, d), numeral 1 del artículo 84; se reforman los numeral 2 y 5 y se adiciona el numeral 11 al artículo 110; se reforma el numeral 4 del artículo 211; se reforma el numeral 5 del artículo 228; se adiciona el numeral 8 al artículo 237; se modifica el inciso d) y su contenido se recorre al inciso e) del numeral 1 del artículo 345; se reforma el inciso b), se modifica el inciso f) y su contenido se recorre al inciso g), numeral 1 del artículo 347; se reforma el numeral 1, se deroga el inciso b), numeral 5, se reforma el numeral 8 del artículo 368 y; se adiciona el numeral 3 al artículo 370 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; para quedar como sigue:

Artículo 2

1. (...)

2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios y contingencias educativas y de salud por parte de las autoridades encargadas de estos rubros en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 4, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las respectivas autoridades locales y del Distrito Federal, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

3. (...)

4. (...)

Artículo 3

1. La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia, privilegiando en todo momento el principio de impartición de justicia pronta y completa, tutelado en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. (...)

Artículo 27

1. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

IV. (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)

g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias. La resolución de conflictos internos será uninstancial.

Artículo 38

1. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)

g) (...)

h) (...)

i) (...)

j) (...)

k) (...)

l) (...)

m) (...)

n) (...)

o) (...)

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución y se privilegiara en todo momento, el principio de impartición de justicia pronta y completa tutelado en el artículo 17, párrafo segundo de la propia Constitución;

q) (...)

r) (...)

s) (...)

t) (...)

u) (...)

2. (...)

Artículo 60

1. (...)

2. En los mensajes de campaña de uno de los poderes, los partidos no podrán incluir el nombre o imagen de un candidato distinto de la elección de que se trate. Asimismo deberán abstenerse de utilizar la imagen de servidores públicos en funciones y de personalidades públicas.

Artículo 83

1. (...)

a) (...)

I)  (...)

II) (...)

III) (...)

IV) (...)

b) (...)

I) (...)

II) (...)

III) (...)

IV (...)

V (...)

c) (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

d) (...)

I. (...)

II. Los partidos políticos presentarán un informe mensual, con datos al día último de cada mes del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días del mes siguiente del mismo año;

III. El último informe mensual, deberá presentarse en conjunción con el informe final a más tardar dentro de los quince días siguientes al de la jornada electoral; y

IV. (...)

Artículo 84

1. (...)

a) La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales; treinta días para los de precampaña, y con quince días para revisar los informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; la notificación deberá realizarse en un plazo máximo de veinticuatros horas.

c) La Unidad está obligada a informar al partido político, en un plazo de cinco días posteriores a la presentación de las aclaraciones o rectificaciones, si las mismas subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane contados a partir de dicha notificación, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de veinticuatros horas. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de quince días para elaborar un dictamen consolidado y proyecto de resolución, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión. Una vez que se presente ante el dictamen consolidado y proyecto de resolución ante el Consejo General, éste deberá sesionar públicamente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para los efectos señalados en el inciso f) siguiente.

e) (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

f) (...)

g) (...)

h) (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

Artículo 110.

1. (...)

2. El Consejero Presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una convocatoria pública y amplia consulta a la sociedad, la cuales son obligatorias e irrenunciables. La convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, treinta días naturales previos a la fecha en que deba ser sustituido el Consejo Presidente saliente.

3. (...)

4. (...)

5. Los consejeros electorales serán elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados dentro de los treinta días siguientes, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad , la cual es obligatoria e irrenunciable. La convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, treinta días naturales previos a la fecha en que deban ser sustituidos los consejeros electorales salientes.

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)

10. (...)

11. La omisión en la realización de una amplia consulta a la sociedad y de la elección del Consejero Presidente y de los consejeros electorales por parte de la Cámara de Diputados, puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 211

1. (...)

2. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

3. (...)

4. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a este Código les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Federal Electoral. Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder como máximo, al sesenta por ciento del tiempo que corresponda al partido político por el que pretenden ser postulados en radio y televisión.

5. (...)

Artículo 228

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos electos popularmente, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. La difusión de tales informes sólo podrán realizarla servidores públicos electos popularmente, yen ningún caso podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Artículo 237

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. (...)

8. Ninguna persona física o moral podrá difundir por ningún medio, más de una encuesta en un lapso de quince días.

Artículo 345

1.  (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) Difundir más de una encuesta en un lapso de quince días.

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 347

1. (...)

a) (...)

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios y contingencias educativas y de salud por parte de las autoridades encargadas de estos rubros en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 4, párrafo segundo de esta Constitución y las respectivas autoridades locales y del Distrito Federal

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) La difusión, por cualquier medio, de informes de labores o gestión de los servidores públicos no electos popularmente, así como de los mensajes para darlos a conocer.

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 368.

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de las entidades federativas, la única autoridad competente es el Instituto Federal Electoral. La denuncia puede presentarse ante la autoridad electoral administrativa local correspondiente, quien deberá remitirla inmediatamente al Instituto.

2. (...)

3. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)

4. (...)

5. (...)

a) (...)

b) Se deroga

c) (...)

d) (...)

6. (...)

7. (...)

8. Si la Secretaría considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la fecha de recepción de la denuncia.

Artículo 370

1. (...)

2. (...)

3. Toda denuncia deberá ser resuelta en un plazo máximo de diez días contados a partir de la fecha de presentación de la misma.

Tercero.Se reforma el numeral 3 del artículo 6; se adiciona el artículo 46 Bis; se adiciona el artículo 46 Ter; se adiciona el numeral 3 al artículo 47; se reforma el numeral 1 del artículo 58; se reforma el numeral 1 del artículo 69; se adiciona el inciso d) al numeral 1 del artículo 76; se adiciona el inciso d) al numeral 1 del artículo 77; se adiciona el inciso d) al numeral 1 del artículo 77 Bis; se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 79 y; se adiciona la fracción V al inciso a) del numeral 1 del artículo 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para quedar como sigue:

Artículo 6

1. (...)

2. (...)

3. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, privilegiando el principio de impartición de justicia pronta y completa, tutelado en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción.

4. (...)

Capítulo IVDel Trámite y Sustanciación

Artículo 46. (...)

1. (...)

2. (...)

3. (...)

Artículo 46 Bis

1. Recibido el recursos de apelación, interpuesto con motivo de resoluciones dictadas por el Instituto Federal Electoral en los procedimientos especiales sancionadores regulados en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulo Cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral, lo remitirá de inmediato a la Sala competente junto con sus anexos, el expediente completo en que se haya dictado la resolución impugnada, el informe circunstanciado que, en lo conducente, deberá reunir los requisitos previstos por el párrafo 2 del artículo 18 del presente ordenamiento. Asimismo, lo hará del conocimiento público mediante cédula que fije en los estrados durante cuarenta y ocho horas. Los terceros interesados y coadyuvantes únicamente podrán formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes dentro de dicho plazo.

2. Al vencimiento del plazo antes mencionado, el Instituto Federal Electoral dará cuenta a la Sala competente, por la vía más expedita, de la conclusión del término respectivo, informando sobre la comparecencia o no de terceros interesados.

Artículo 46 Ter

1. Recibida la documentación a que se refiere el párrafo 1 del artículo 46 Bis de la presente ley, el Presidente de la Sala turnará de inmediato el expediente al Magistrado Electoral que corresponda. Asimismo, en cuando se reciba la documentación a que se refiere el párrafo 2 del artículo que antecede, se agregará a los autos para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 47

1. (...)

2. (...)

3. En el supuesto previsto en el artículo 46 Bis del presente ordenamiento, los recursos de apelación serán resueltos por la Sala competente del Tribunal Electoral, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de recepción del medio de impugnación. Tratándose de la adopción de medidas cautelares, los recursos de apelación serán resueltos en plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la fecha de recepción del medio de impugnación.

Artículo 58

1. Los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos el día 10 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 20 de septiembre, ambas fechas del año de la elección.

Artículo 69

1. Los recursos de reconsideración que versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senadores, deberán ser resueltos a más tardar el día 26 de agosto del año del proceso electoral. Los demás recursos deberán ser resueltos a más tardar tres días antes al en que se instalen las Cámaras del Congreso de la Unión.

2. (...)

3. (...)

Artículo 76

1. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) El rebase del tope de gastos de campaña.

Artículo 77

1. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) El rebase del tope de gastos de campaña.

Artículo 77 Bis

1.  (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) El rebase del tope de gastos de campaña.

Artículo 79

1. (...)

2. (...)

3. Es procedente en contra de la omisión, por parte de la Cámara de  Diputados del Congreso de la Unión, en la elección del Consejero Presidente y de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como de la emisión de la convocatoria pública y la amplia consulta a la sociedad a que se refiere el párrafo tercero, Base Quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar los consejos locales y distritales del Instituto Federal Electoral.

Artículo 83

1. (...)

a) (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

IV (...)

b) (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

IV. (...)

V. En los supuestos previstos en los párrafo 3 y 4 del artículo 79 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para dictamen.

Honorable asamblea, las demás iniciativas...

Diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Diputado presidente, solamente para cumplir con el Reglamento. Estaba publicada una iniciativa mía en la Gaceta, es para que sindicatos, partidos y grupos parlamentarios puedan ser sujetos de la Ley de Transparencia; en virtud de que no puedo exponerla hoy y ateniéndome al Reglamento en el artículo 102, quisiera que se pudiera agendar para la siguiente sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y así se hará, diputado, con mucho gusto.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las demás iniciativas serán turnadas a las comisiones que correspondan y se publicará el turno correspondiente y reglamentario.

GASOLINERAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, pasamos al último apartado del orden del día. De conformidad con el 76, fracción IV, tiene la palabra la diputada María Elia Cabañas Aparicio, a nombre propio y de diputados integrantes del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que se prorrogue la entrada en vigor de las Normas Oficiales Mexicanas 005-SCFI-2011 y Norma Oficial Mexicana 185-SCGI-2012, relacionadas con la actualización de gasolineras en el país.

La diputada María Elia Cabañas Aparicio: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, el pasado 30 de marzo la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 005-2011, instrumentos de medición, sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, especificaciones, métodos de prueba y de verificación, la que de acuerdo con sus artículos transitorios entrará en vigor el próximo 27 de octubre de 2012.

De acuerdo con información proporcionada por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, así como la Asociación de Gasolineros de Mexicali, Baja California, para cambiar un solo equipo se requiere una inversión de 10 mil dólares y si consideramos que en promedio cada gasolinera tiene cuatro o cinco, el costo por la renovación varía entre 40 mil a 50 mil dólares, y el cambio de los 50 mil dispensarios en el país representaría una inversión de 500 millones de dólares, en menos de 130 días, lo que resulta a todas luces imposible de cumplir en este plazo.

Como representantes populares sabemos la importancia de las normas que emite la autoridad, empero vemos con gran preocupación que los tiempos otorgados no se encuentran ajustados a la capacidad de respuesta de los que tienen que acatarlas.

Estamos convencidos que este tipo de medidas representan candados para garantizar que la venta del combustible se realice de la manera más honesta y transparente posible; sin embargo, también somos sensibles ante los reclamos de los empresarios gasolineros del país, quienes lejos de criticar las nuevas normas oficiales solo buscan estar en posibilidades reales de cumplirlas.

En este sentido, se propone exhortar a la Secretaría de Economía para que modifique los artículos transitorios de la Norma Oficial Mexicana 005-2011 y se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de estaciones de servicio.

Lo anterior, además de aplazar la iniciación de la vigencia de la Norma Oficial 005-2011, también prorrogaría la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 185-2012, cuestión que apoyaría de sobremanera a los operadores de gasolineras y les daría el tiempo requerido para que puedan acatar el 100 por ciento de dichas normas.

Por último, exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a revisar y modificar, en su caso, el marco regulatorio del Protocolo en Materia de Seguridad e Higiene que tienen que cumplir los operadores de estaciones de servicio de venta de combustibles, a efecto de otorgar un mayor plazo para su implementación. Por su atención, muchas gracias, compañeros y compañero diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a modificar los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCGI-2012 y así prorrogar al menos 180 días naturales su entrada en vigor, pues los proveedores y técnicos especializados no cuentan con capacidad ni infraestructura de servicio a fin de desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país, a cargo de la diputada María Elia Cabañas Aparicio y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al pleno la siguiente proposición, con carácter de urgente u obvia resolución, con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos- Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, la que, de acuerdo con sus artículos transitorios, entrará en vigor el 27 de octubre de 2012.

A la par de la entrada en vigor de la NOM-005-SCFI-2011, antes mencionada, entrará en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2012, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto pasado.

La NOM-185-SCFI-2012, introduce un nuevo software de dispensarios de combustible y, junto con la NOM-005-SCFI-2011, relacionada con los dispensarios de combustible, se busca proteger directamente a los más de 32 millones de consumidores de gasolina y diesel del país.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, este nuevo marco jurídico beneficiará, no sólo a los dueños de automóviles y camiones, sino también a miles de empresarios que utilizan dichos combustibles para el funcionamiento de sus equipos de transporte y maquinarias.

La entrada en vigor de estas disposiciones normativas permitirán que los dispensarios o bombas de combustible de las 10 mil gasolineras del país, cuenten con aditamentos y software que impedirán la manipulación en perjuicio de los compradores de gasolina y diesel.

Además, con la nueva normatividad, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá verificar que los 46 mil dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país, no estén alterados y que su software no envíe instrucciones para entregar menos combustible del que se está pagando.

No obstante lo anterior, la realidad es que actualmente los equipos dispensadores de combustible operan bajo la Norma NOM-005-SCFI-2005 y, para operar bajo la nueva NOM, se requiere cambiar unos 50 mil equipos y esto es gravosísimo para todos los operadores de gasolineras.

De acuerdo con información proporcionada por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AC (Amegas), la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, AC (APEGT), así como por la Asociación de Gasolineros de Mexicali, AC (ONEXPO), para cambiar un sólo equipo se requiere una inversión de 10 mil dólares y, si consideramos que en promedio cada gasolinera tiene 4 o 5, el costo por la renovación varía de entre 40 mil a 50 mil dólares y, el cambio de los 50 mil dispensarios, representaría una inversión de 500 millones de dólares, en menos de 130 días, lo que resulta, a todas luces, imposible.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Economía publicó el 20 de septiembre de 2012, en su portal de Internet, un comunicado en el que reconoce que “se han presentado obstáculos en la distribución de los paquetes de escalamiento para adecuar los dispensarios de gasolina, así como la sustitución de estos equipos, para cumplir con la nueva normatividad”.

Agrega “ Algunos empresarios recibirán la instalación del escalamiento o del dispensario con posterioridad a la entrada en vigor de las normas”.

La propia Secretaría de Economía dijo que (difiriendo la entrada en vigor de las normas oficiales ya descritas)... “ Se podrá garantizar la protección a los consumidores de combustible, sin dejar en estado de indefensión a los empresarios gasolineros que, aun pretendiendo cumplir con la nueva normatividad han encontrado retrasos no imputables a ellos.

La razón fundamental del remplazo de más de 50 mil bombas o dispensarios de gasolina, es que son equipos de fabricación extranjera, fundamentalmente de origen estadounidense como son la marca Bennett, Gilbarco, Dresser Wayne, que acaparan 95 por ciento del mercado nacional y las marcas de dispensarios o bombas de gasolinas que se fabrican en México son Pegasus, Supramax y Team, que representan sólo 5 por ciento del equipamiento nacional.

Estamos convencidos de que este tipo de medidas, representan “candados” para garantizar que la venta del combustible se realice de la manera más honesta y transparente posible; sin embargo, también somos sensibles ante los reclamos de los empresarios gasolineros del país quienes, lejos de criticar las nuevas normas oficiales, sólo buscan estar en posibilidades reales de cumplirlas.

Como representantes populares sabemos la importancia de las normas que emite la autoridad, empero, vemos con gran preocupación que, los tiempos otorgados, no se encuentran ajustados a la capacidad de respuesta de los que tienen que acatarlas.

El día de hoy hacemos nuestros los reclamos de los empresarios gasolineros del país, en especial los de nuestro estado, Baja California, los que, además de justos, redundarán en más beneficios para los consumidores.

En este sentido, se propone exhortar a la Secretaría de Economía para que modifique los artículos transitorios de la NOM-005-SCFI-2011 y se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos, por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de estaciones de servicio.

Lo anterior, además de prorrogar la iniciación de la vigencia de la NOM-005-SCFI-2011, también prorrogaría la entrada en vigor de la NOM-185-SCFI-2012, cuestión que apoyaría de sobre manera a los operadores de gasolineras y les daría el tiempo requerido para que puedan acatar al 100 por ciento dichas normas.

Además, derivado de la normatividad aplicable a actualización y modernización de estaciones de servicio, equipamiento y regulaciones en el ámbito de ecología, protección al consumidor y políticas hacendarias, resulta necesario solicitar una revisión urgente a las comisiones por venta de combustible, las que se encuentran sin modificación alguna desde hace más de diez años.

Por último, es menester hacer una revisión del marco regulatorio del Protocolo en Materia de Seguridad e Higiene de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya que emplaza al cumplimiento de diversas normas de protección civil, seguridad e higiene que requieren un mayor plazo para su implementación tanto por la especialización que requieren y el costo representado.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución,la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía para que modifique los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCFI-2012, para que se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una revisión integral de las comisiones por venta de combustible, las que se encuentran sin modificación alguna desde hace más de diez años y se ajusten a la realidad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar y modificar, en su caso, el marco regulatorio del Protocolo en Materia de Seguridad e Higiene que tienen que cumplir los operadores de estaciones de servicio de venta de combustibles (gasolineras), a efecto de otorgar un mayor plazo para su implementación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, diputada. En términos del 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución e inmediatamente voy a preguntar si hay oradores.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la asamblea. Esta Presidencia pregunta si hay oradores. ¿Hay oradores? Luego entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, por tres minutos.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso del presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos que la competitividad y normatividad deben guardar un equilibrio a favor de la inversión y principalmente, a favor de la sociedad mexicana en beneficio de los consumidores.

Es indudable que estas normas oficiales mexicanas tienen una particular importancia, ya que establecen las especificaciones, métodos de prueba y de verificación, que permitirán otorgar mayor certeza al consumidor en el suministro de gasolina y diesel que se comercializan en todo el territorio nacional.

Por otra parte, en Nueva Alianza estamos convencidos que la prevención de riesgos laborales es una actividad que debe fortalecerse en nuestra sociedad; la necesidad de elaborar una estrategia preventiva de seguridad y salud en el trabajo responde a una exigencia social, ya que los índices de siniestralidad laboral siguen situados en niveles no acordes con un mercado de trabajo que apuesta por más y mejores empleos.

Pero de igual forma, estas diversas normas de protección civil, seguridad e higiene requieren un mayor plazo para su implementación, tanto por la especialización y la inversión que representan.

Es indispensable generar una mayor coordinación entre el sector empresarial y Pemex para llevar a cabo estas modificaciones y el aplazar la entrada en vigor de estas normas; otorgará una mayor certeza y seguridad jurídica a las inversiones; fortalecerá realmente la prevención de riesgos de trabajo a favor de los trabajadores y usuarios del servicio.

Es por ello que Nueva Alianza está de acuerdo en solicitar también que se revise el tema de las comisiones de venta por combustible, ya que esto mejorará la estructura financiera y de costos para efectuar las inversiones necesarias a favor de los trabajadores y consumidores.

Asimismo —y esto es muy importante compañeros— consideramos fundamental que las autoridades que supervisan a los gasolineros eviten actos de corrupción y extorsión por el incumplimiento de estas medidas.

Por ello, nuestro voto es a favor de este punto de acuerdo para que se prorroguen las medidas de las citadas normas oficiales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT, tiene el uso de la voz.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Con la venia del pleno. Compañeros y compañeras diputadas, para clarificar un poco de qué es lo que estamos hablando. Las normas que hoy se pide se extiendan en plazo, que son la NOM-005-SCFI-2011 y la NOM-185-SCGI-2012, que sustituyen a otras de números igual de largos, plantean modificaciones en el tema de las siguientes características para las bombas dispensadoras de gasolina.

Primero, las etiquetas de identificación de software desregulan el sistema de control de distancia, sobre todo sancionan el salto de centavos cuando supere la tolerancia, la protección epóxica para el programa principal y la memoria, la verificación de los aditamentos de confiabilidad, e impide la existencia de los puentes eléctricos no documentados para el fabricante.

Estos cambios implicarían que en términos prácticos dejaran de vendernos litros incompletos en la gasolina; es decir, nosotros —además de ser diputados también somos ciudadanos— vamos a cargar gasolina y sabemos que hay un gran robo, por no decirlo de otra manera, en este tema. Lo que estas normas pretenden es que los empresarios que están, que tienen las concesiones, clarifiquen la forma en que están vendiendo la gasolina a los ciudadanos.

Se estima —para tener con claridad este tema— que el robo por la venta a los usuarios, por los litros incompletos es de 47 mil millones de pesos al año, donde Pemex también se ve afectado, ya que recibe menos recursos por la venta de este combustible. Esto significa más o menos cerca de 4 mil millones. La extensión en plazo que están pidiendo nos lleva a seis meses, que sería algo por ahí de 24 mil millones de pesos.

Entonces, actualmente solamente el 43 por ciento de las máquinas dispensadoras tienen mecanismos de confiabilidad. Esto quiere decir que más de la mitad de las bombas en este país no tienen mecanismos de confiabilidad, quiere decir que en una de cada dos gasolineras a las que ustedes lleguen a cargar gasolina obviamente les van a dar litros incompletos y les están robando su dinero. No solamente a ustedes, sino a los ciudadanos mexicanos.

Entonces, nosotros, en el PT, hemos decidido votar en contra este punto de acuerdo, porque no podemos permitir que por otro medio año u otros seis meses se siga tolerando este robo, que en realidad es un delito por estas empresas.

Entonces, ése es el planteamiento del Partido del Trabajo. Las normas tienen un plazo para su análisis, se les dio a los empresarios que se dedican a este rubro 210 días y hoy están pidiendo 180 días más. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se apeguen a la regulación, que se apeguen a la ley y que nosotros no podemos darles permiso para que la sigan rompiendo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, tres minutos.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el país existen en promedio más de 10 mil gasolineras, lo cual implica un crecimiento del 100 por ciento del inicio del sexenio a este año; sin embargo, esto no se ha traducido en el mismo incremento en producto, ya que en venta interna de gasolina Magna se creció tan solo 22.7 por ciento, en el diesel 11 por ciento y en Premium se observa un decrecimiento del 48 por ciento.

Si bien es cierto que atravesamos un panorama de crisis en este momento, el cual explica en gran medida que no se observen grandes impactos en el consumo de la gasolina, también es cierto que los precios no corresponden a los ingresos de la mayoría de los mexicanos.

Desde el 8 de septiembre del año en curso, la gasolina Magna tiene un precio de 10.54 pesos y la Premium de 11.10 pesos; ésa alza en los precios, así como el bajo crecimiento antes descrito, han mermado el ingreso de las gasolineras en el país. Aunado a esto existen numerosos casos y denuncias a gasolineras que no otorgan al cliente la cantidad que está pagando, muchos de los empleados roban dinero o manipulan las maquinas con el afán de quedarse con una cantidad extra para su beneficio.

Es por esto que el hecho de transcurrir a las normas NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCGI-2012 resulta beneficioso, ya que se implementará nueva tecnología con mejoras, como las siguientes: sanciones al salto de centavos cuando se supere la tolerancia, protección epóxica al sistema, verificación de aditamentos de confiabilidad e impedimentos a la existencia de puentes eléctricos no documentados por el fabricante.

Las normas oficiales mexicanas pautan las especificaciones de productos, procesos y servicios con el objetivo de incrementar el beneficio al consumidor, su aplicación es obligatoria y para su elaboración se utilizan procedimientos que incluyen una alta participación ciudadana a través de comités con consumidores, comerciantes e industriales involucrados.

La fecha fijada para la entrada en vigor de las normas aquí descritas es el 26 de octubre, pero la propia Secretaría de Economía ha manifestado a través de un comunicado que muchas gasolineras no contarán con el sistema para ese día. Esta dependencia propone que se mande una carta con un comprobante que demuestre que se pidió el sistema desde antes de esa fecha, para evitar las sanciones inherentes a esta falta administrativa. Vale la pena mencionar que la adquisición de un solo dispositivo del nuevo sistema implica una inversión de 10 mil dólares, lo cual para muchos empresarios en el plazo establecido resulta imposible, conforme a lo explicado anteriormente.

Creemos que si la cobertura del sistema será parcial, ya sea por obstáculos y errores de distribución de la Secretaría de Economía o por falta de recursos de los empresarios, lo más conveniente, tanto para consumidores como para dueños de estos negocios, es plantear una prórroga a la fecha de entrada en vigor.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Miguel Sámano, del Partido Verde.

El diputado Miguel Sámano Peralta:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, una de las funciones básicas del Estado mexicano consiste en garantizar el bienestar colectivo y velar por el interés superior de la nación.

Entre las vías para alcanzar este fin, destaca la creación de normas oficiales que contengan información, requisitos y especificaciones que contribuyan a regular distintos aspectos de la vida individual y colectiva, como lo es la comercialización de combustibles y donde la Secretaría de Economía ha impulsado normas específicas en materia de eficacia energética.

Sin duda siempre será positivo cualquier esfuerzo que busque garantizar la protección de los consumidores y al mismo tiempo atienda las necesidades de los empresarios del sector. Se trata de un asunto que impacta indirectamente a todos los mexicanos; por lo tanto, debemos asumirlo con gran responsabilidad desde la Cámara de Diputados. Ciertamente estamos conscientes de la existencia de normas específicas, así como de los esfuerzos emprendidos, tanto por las autoridades competentes como por la iniciativa privada. Pero también debemos reconocer las dificultades técnicas y económicas que conllevan a la modernización de más de 10 mil gasolineras instaladas en todo el territorio nacional.

Con base en lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos al punto de acuerdo en discusión, porque estamos convencidos de la importancia de contar con gasolineras modernas y confiables, porque sabemos de la importancia de generar confianza en los consumidores, certidumbre en los empresarios y seguridad en los centros de venta de combustibles.

En suma, porque estamos a favor de las propuestas que mejoren las condiciones de vida de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado.

Esta Presidencia saluda a presidentes municipales, diputados locales y ex presidentes de Puebla, invitados por el diputado Javier López Zavala. Sean ustedes bienvenidos. Don Javier, servido.

Don Roberto López González, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Roberto López González:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, he dicho en más de una ocasión en esta tribuna que en esta Cámara nos hemos empeñado en construir falsas armonías; los puntos de acuerdo que subimos a tribuna les queremos dar la apariencia de que son de fundamental importancia y pareciera que no pudiéramos estar en desacuerdo, salen por unanimidad votados por todos los presentes.

Me parece que estamos banalizando el uso de la tribuna para los acuerdos legislativos, cuando hay temas trascendentales que no se han discutido, pero para efectos de esto voy a hacer algunas consideraciones de este acuerdo legislativo.

¿Qué es la norma 005 y la 185? Ya lo dijo aquí la diputada del PT. Vamos tratando de hablar en castellano, por si alguno de las o los diputados no se dio tiempo de leer lo que hoy vamos a votar. Se trata de una norma, la 005, cuyo proyecto fue aprobado desde febrero del 2011 y que tiene como propósito tratar de que nos den litros de a litro en todos los expendios del país.

No nos cabe ninguna duda del enorme mal prestigio que tienen los gasolineros. Me parece que nos ganan, nada más que a ellos casi nunca los miden; me parece que todos y cada uno de nosotros, cuando vamos a una gasolinera, entramos con la desconfianza de si en este expendio nos van a servir litros de mil mililitros, como los vamos a pagar, y tenemos nuestras gasolineras consentidas, donde tenemos la confianza de que ahí sí nos atienden bien.

Estas normas, tanto la 185 como la 005, de eso tratan, de que en todo el país se pudiera regularizar y acotar la posibilidad de que nos esquilmen con menos producto al momento que vamos a cargar nuestra gasolina o diesel o cualquier otro combustible; se trata de que pueda estar con mayor seguridad acotado que algunos expendios tengan la posibilidad de comprar combustible robado, combustible sustraído a las ordeñas, como coloquialmente se dice, y pueda ser ilegalmente vendido.

Se trata de meter controles a todos los concesionarios, se trata de poder monitorear, de poder vigilar, de poder tener la oportunidad de proteger a los millones de usuarios que tiene este país de este tipo de combustible.

Darles una prórroga es consentir la probabilidad de que sigan con esas prácticas ilegales, con esas prácticas nocivas que mucho lamentamos y que se dan como una cotidianidad en todo el país.

En este honorable Congreso no se han identificado con claridad cuáles son los criterios para determinar que algo es de urgente u obvia resolución. Esto sí lo fue; el 25 de septiembre presenté un acuerdo legislativo que me dijeron que no era de urgente u obvia resolución y se trataba de conformar una comisión para esclarecer los hechos recientes en Reynosa, Tamaulipas.

¿Y que acaso es más importante proteger, cuidar que haya una prórroga para estos gasolineros, que investigar las causas y se sancione a los culpables de este lamentable y trágico incidente del mes de septiembre en Reynosa, Tamaulipas?

¿Quién marca los criterios? ¿El venerable consejo supremo de tlatoanis, perdón, la Junta de Coordinación Política? No, diputadas y diputados, debemos de buscar mecanismos para que efectivamente en esta tribuna, que es la máxima del país, se discutan los temas que realmente lastiman y lesionen y que sean de capital importancia para México.

Espero que con los elementos aquí vertidos pudiéramos normar la posibilidad de nuestro voto; me parece que alargar y prorrogar la vigencia de estas normas, sin lugar a dudas que daría pie a que pudieran seguirse cometiendo ilícitos en los miles de expendios que hay en el país.

Diputado presidente, muchas gracias; diputadas, diputados, por su atención, gracias, buenas tardes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, buenas tardes. Don Jorge Rosiñol Abreu, del PAN, tiene usted el uso de la tribuna, por tres minutos.

El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores, el tema que hoy nos ocupa no debe pasar desapercibido, puesto que representa un asunto del mayor interés para los mexicanos; se relaciona con la regulación a través de normas oficiales del despacho de combustible en las gasolineras del país, en donde se busca controlar y acabar con los abusos que en algunas de ellas se derivan en las prácticas de otorgar litros incompletos de gasolina y diesel.

Como sabemos, el punto de acuerdo en comento tiene el propósito de exhortar a la Secretaría de Economía para que modifique los artículos transitorios de las normas 005 del año 2011, y la 185 del 2012, y se prorrogue su entrada en vigor cuando menos por 180 días naturales más.

En este sentido, quiero resaltar que estas normas buscan eliminar el fraude de litros incompletos a través de facultar a la Profeco para que lleve a cabo la revisión del correcto funcionamiento de las gasolineras, mediante las bitácoras electrónicas de los dispensarios y la operación del software para proteger directamente a más de 32 millones de consumidores de gasolina y de diesel.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y la Profeco, se calcula que existen ganancias a favor de algunas de ellas de al menos 400 millones de pesos anuales, por despachos incompletos. No obstante esta cifra, del 2008 al 2010 Profeco inmovilizó el 26 por ciento de dispensarios de las estaciones verificadas, documentándose una afectación al consumidor por combustible pagado y no entregado de 600 millones de pesos anuales.

En Acción Nacional tenemos como prioridad la atención de las demandas de los consumidores antes de beneficiar a las gasolineras; por lo cual consideramos que no es posible demorar más la entrada en vigor de estas normas oficiales.

Cabe mencionar que actualmente no se tienen las condiciones para certificar y verificar el comportamiento continuo de los dispensarios de gasolina, ya que en las gasolineras aplican un mecanismo de verificación fotográfico, en el que la autoridad solamente observa la conducta comercial del establecimiento en el momento que se hace la visita.

Es por ello que se requiere de la instrumentación de estas normas, ya que así se podrá verificar si en una línea continua de tiempo ha habido alteraciones al software de los dispensarios, lo que sin duda generará mayor certidumbre y confianza en torno al despacho de gasolinas.

A lo antes expuesto, la Secretaría de Economía determinó que estas normas entrarán en vigor a partir del próximo 26 de octubre, lo que deriva en importantes beneficios a los consumidores, garantizándoles a plenitud que a partir de esta fecha recibirán completo el combustible que pagan en las gasolineras, o sea, litros de a litro.

Es por todo lo anterior que los diputados del PAN votaremos en contra del presente punto de acuerdo, al tiempo de manifestar nuestra inconformidad y severa crítica, por intentar aplazar una medida que beneficia a los consumidores de gasolina.

Para Acción Nacional resulta inconcebible que se antepongan los intereses de algunas gasolineras por encima de los intereses de la población; los legisladores estamos para proteger a los consumidores y tenemos que enviar una clara señal de que evitaremos cualquier tipo de ilícito. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y dijo mucho, señor diputado. Finalmente, don Gilberto Antonio Hirata. Adelante, por tres minutos.

El diputado Gilberto  Antonio Hirata Chico: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, continuando con lo expresado por mi compañera diputada, en el comunicado de la Secretaría de Economía del 20 de septiembre pasado, se dice que algunos empresarios recibirán la instalación del escalamiento o del dispensario, con posterioridad a la entrada en vigor de las normas.

Es más, la propia Secretaría de Economía dijo que difiriendo la entrada en vigor de las normas oficiales mexicanas ya descritas, se podrá garantizar la protección a los consumidores de combustible, sin dejar en estado de indefensión a los empresarios gasolineros, que aún con la voluntad de cumplir con la nueva normatividad, han encontrado retrasos no imputables a ellos.

Estamos ciertos que este nuevo marco jurídico beneficiará, no solo a los dueños de automóviles y camiones, sino también a miles de empresarios que utilizan dichos combustibles para el funcionamiento de sus equipos, en transporte y maquinaria.

Estas nuevas disposiciones permitirán que los dispensarios o bombas de combustible de las 10 mil gasolineras del país cuenten con aditamentos y software que impedirán la manipulación, en perjuicio de los compradores de gasolina y diesel.

Además, de acuerdo con la nueva normatividad la Procuraduría Federal del Consumidor podrá verificar que los 46 mil dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país no estén alterados y que su software no envíe instrucciones para entregar menos combustible del que se está pagando.

Es decir, sabemos que las nuevas normas serán beneficiosas para todos los consumidores, pero arriesgando sonar repetitivo, el beneficio de los consumidores no debe estar peleado con el apoyo a los gasolineros mexicanos.

No venimos a decir que la nueva norma o normatividad es excesiva o incongruente; por el contrario, tanto nosotros como los empresarios gasolineros vemos con buenos ojos las nuevas disposiciones reglamentarias en este sentido.

Este punto de acuerdo solo hace eco a la preocupación de los dueños de las gasolineras en el país, relativa a la necesidad de más tiempo para acatar las normas oficiales mexicanas.

Por eso, diputadas y diputados, acudimos el día de hoy ante esta soberanía, para solicitar su apoyo en esta proposición con punto de acuerdo, puesto que esto beneficiará a gasolineros de todos los estados de la República y a los propios usuarios. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos, por favor. Nada más que el diputado Hirata nos dé permiso.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Vuelva a preguntar, por favor. Vuelva a preguntar y si no, abrimos el sistema electrónico. Vamos a repetir la votación.

El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahorita lo atiendo, diputado, con un enorme gusto; permítame un segundo, estamos en un trámite.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, hay duda. Háganse los avisos y ábrase el sistema electrónico.

¿Diputado, con qué objeto? En tanto se abre el sistema electrónico, perdón, ¿con qué objeto?

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Presidente, le agradezco mucho. No puedo quedarme sin expresar lo que los ciudadanos me dijeron cuando busqué el voto. Este punto, no es un punto sencillo ni cualquiera, se trata de si permitimos que 180 días más se prorrogue; como lo están pidiendo los diputados del PRI, es permitir que 180 días más sigan robando a los ciudadanos en las gasolineras.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha quedado de manifiesto y le ruego ejerza su derecho de voto y ahí manifieste su voluntad, diputado.

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Prometí defender a los ciudadanos, no defender a los empresarios que tienen gasolineras. Voy en contra, voy en contra de este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento. Ábrase el sistema de votación, por tres minutos, para recoger la votación correspondiente.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, vamos a tomar la votación de quienes no alcanzaron a hacerlo. De don Silvano Albores, del diputado Aureoles Conejo, michoacano.

El diputado Antonio Altamirano Carol(desde la curul): En contra.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están tomando sus votaciones. Escuchamos y actuamos en consecuencia.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): En contra.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez(desde la curul): En contra.

El diputado Alejandro Carbajal González (desde la curul): En contra.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): En contra.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): En contra.

La diputada Jessica Salazar Trejo(desde la curul): En contra.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa(desde la curul): En contra.

La diputada Leticia Calderón Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítanos terminar la votación, diputada y con mucho gusto le escucho.

La diputada Angelina Carreño Mijares(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Macías Sandoval(desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiróga(desde la curul): A favor.

El diputado Raudel López López(desde la curul): En contra.

El diputado Francisco González Vargas(desde la curul): A favor.

El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva(desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Gómez Gómez(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dénos el resultado de la votación.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal(desde la curul): En contra

El diputado Alberto Coronado Quintanilla(desde la curul): En contra.

La diputada Marcelina Orta Coronado(desde la  curul): En contra.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación, diputado Castro. Les rogaría que me permitieran terminar este trámite y escucharía  a Malú Mícher y a usted.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras y señores diputados, esta Presidencia toma la decisión de volver a abrir el sistema electrónico de votación, por tres minutos. Se anula la actual para todos los registros. Les ruego, por favor, a las señoras y señores diputados, que estemos muy atentos y al pendiente de lo que estamos haciendo. Cinco minutos, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se informa que una vez cerrado el sistema electrónico de votación no se aceptará ninguno de viva voz; esperaremos hasta que todo mundo vote por sistema electrónico.

Me dicen que hay tres que no registraron y que están aquí, que avisaron antes del cierre: Luis Gómez Gómez, Huerta Ladrón de Guevara y Alejandro Carbajal. Dígame el sentido de su voto, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Bueno aparte del fraude que son estas máquinas, que no sirven y que están manipuladas, sabrá Dios, como ustedes, obviamente es en contra y contra el fraude que están haciendo con este tipo de artimañas; mapaches.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quién más.

El diputado Luis Gómez Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Carbajal González (desde la curul): En contra.

El diputado José Ángel Ávila Pérez(desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El sentido de la votación, señor secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Son 177 votos en pro, 163 en contra y 6 abstenciones. Aprobado el acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los resolutivos, Comuníquense.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Juan Carlos Flores Flores(desde la curul): Presidente, nada más, para seguir en la propuesta que hizo el diputado Martí Batres, solicitar que se le descuente al diputado Martí Batres Guadarrama, el día por esta hora que no se presentó a trabajar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se descontará, porque es una votación que en origen era económica. Luego entonces, reglamentariamente no se le descontará y no cuenta esta votación para estos efectos.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 16:17 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 16 de octubre de 2012, a las 11 horas, en punto. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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