Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A las 11 horas con 6 minutos es que le pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados; por lo tanto, existe quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:07 horas): Por lo tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de octubre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con el que remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2012, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que informa que en el mes de septiembre de 2012, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente dieron destino a mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

Del Congreso del Estado de Morelos

Dos con los que remite Acuerdos, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos:

A la obra en proceso del Encauzamiento de la Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Estado de Morelos; y

Para la infraestructura educativa del estado.

De la Cámara de Senadores

Dos, con los que remite acuerdos, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

Se incremente el Presupuesto Educativo equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto; y

Se destinen mayores recursos a los Programas de Acción “Cáncer de Mama” y “Cáncer Cérvico uterino”.

Tres, con los que remite proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

Se considere la creación de un Fondo Compensatorio para Municipios Indígenas de muy Alta Marginalidad, presentada por los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Se asignen recursos para el sector cultural, presentada por los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Javier Lozano Alarcón, Víctor Manuel Camacho Solís, Daniel Amador Gaxiola y María Marcela Torres Peimbert, integrantes de la Comisión de Cultura. (Turno a Comisión)

Se asignen recursos a la Secretaría de Salud, independiente a su presupuesto ordinario, para el aumento de la planilla laboral de personal médico y su capacitación en la utilización de los equipos para la detección del cáncer mamario, presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos a la Celebración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

De decreto, para declarar al año 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Josefina García Hernández y suscrita por el diputado Carlos Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 99 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia, a cargo de la diputada Maria del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 108 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex y a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, para emprender y eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados, para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la SEP y el Gobierno del estado de Michoacán, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se condena el brutal asesinato del C. José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la Frontera entre México y los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Citricultura, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, para que cumpla la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió el recurso de apelación 405/2012 que sanciona al Presidente Municipal de Mexicali, por la violación al principio de equidad e imparcialidad durante el pasado proceso electoral federal, asimismo se exhorta al citado Tribunal, para que verifique el cumplimiento de dicha sentencia, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Impulso de la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cumplimiento a la sentencia dictada a favor del SME, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ALDF, para que considere en la aplicación de la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un presupuesto congruente con el crecimiento de la matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y estudios, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade, a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit, para que garantice la seguridad de los jóvenes profesionistas, que prestan su servicio social en zonas rurales apartadas o aún en poblaciones pequeñas, a cargo de la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Plural para la educación media superior en México, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar, para que cumplan con las recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que se realicen las gestiones necesarias, a fin de garantizar el cumplimiento del pago de pensiones a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, a través de los recursos depositados en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para fortalecer el cultivo y comercialización del producto Plátano, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a partir de la declaratoria de desastre natural, se realicen diversas acciones y se liberen los recursos del Fonden, para atender la zona dañada por el huracán del estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Alfredo Zamora García y suscrito por los diputados Francisco Pelayo Covarrubias y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Feminicidios, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que cumpla con la normatividad en las estaciones migratorias de la Frontera Sur, asimismo, para que al interior de las Comisiones de Asuntos Frontera Sur-Sureste, de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, se integre un grupo plural de trabajo con el objetivo de supervisar las instalaciones de las estaciones migratorias de la frontera sur, así como de la normatividad aplicable sobre la materia, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, suscrita por el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán, para que establezca una mesa de diálogo, para que por esa vía se resuelvan los conflictos suscitados con los normalistas de ese estado y las demandas de mejora de las condiciones de estudio que reclaman los estudiantes y padres de familia, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Michoacán para que libere a los normalistas rurales detenidos en los eventos de represión del 15 de octubre de 2012 y para que retome el diálogo con los normalistas michoacanos desde una postura de respeto a la diversidad y de conciliación entre las partes, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para impulsar el desarrollo en infraestructura de transporte público de pasajeros en Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada Maria del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se requiera al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta, suscrita por las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa y Aleida Alavés Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la Defensa de la Libertad de Expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara, para que celebren un convenio para constituir un fideicomiso público para contar con una reserva urbana destinada al repoblamiento estratégico de esa zona, a cargo de la diputada Maria del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al Gobierno del estado de Veracruz, para que haga público el resultado de las actividades que ha realizado para prevenir los actos de secuestro a indocumentados centroamericanos, y para que se investigue el paradero de los 40 migrantes desaparecidos el pasado 3 de octubre, en Medias Aguas, Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Fomento y Desarrollo de los Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, contenidas en las sentencias dictadas al Estado Mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados productos milagro, a través de un monitoreo masivo de medios de comunicación, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada también el acta de la sesión anterior, proceda la Secretaría conforme a Reglamento.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciocho de octubre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos dieciséis diputadas y diputados, a las once horas con siete minutos del jueves dieciocho de octubre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios con relación al Orden del Día y sobre diversos temas legislativos los diputados María del Carmen Martínez Santillán, Lilia Aguilar Gil, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, Francisco Alfonso Durazo Montaño, ambos de Movimiento Ciudadano, quienes solicitan la modificación del Orden del Día. El Presidente hace aclaraciones y somete a consideración de la Asamblea la propuesta de modificación del Orden del Día, en votación económica no se autoriza.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Alejandro Carlos de Jesús, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la problemática que enfrentan los productores mexicanos de tomate. Se remite al promovente, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores:

• Con las que remiten proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece:

– Se etiqueten mayores recursos para las políticas públicas relativas al rubro alimentario, presentada por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional.

–Se destinen mayores recursos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el rubro de infraestructura deportiva y municipal, presentada por el senador Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Con las que remite Minutas con proyecto de decreto que conceden permisos a los ciudadanos:

– Omar León Arroyo, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

– Gerardo Felipe Laveaga Rendón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Lydia María Cacho Ribeiro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Marina Stavenhagen Vargas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Mirielle Susana Chabre y Audemar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Alfonso Muray Kobory, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en Grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el Gobierno de Japón.

– Ernesto Rivera Rojas, para aceptar y usar la condecoración Medalla “Mérito Santos-Dumont”, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

– Juan José Sabines Guerrero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en Grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

– Carolina Rojas Cardiel, Mariela Escalona Luna, Jorge Antonio Camacho Ugalde, Rocío Yanez Ojeda, Francisco Javier Meléndez González, Marco Abram Meza Salas, Jesús Manuel García Monreal y Martha Lorena Parra Arteaga, para prestar servicios en las Embajada de Nueva Zelanda y de los Estados Unidos de América y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

– Rodrigo Díaz García, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

– Humberto Hernández Menchaca, para prestar servicios en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

c) De la diputada María Elia Cabañas Aparicio, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas como diputada federal electa del estado de Baja California, a partir del veintidós de octubre del año en curso. Desde su curul realiza comentarios la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba.

A las once horas con veintisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos a la celebración del quincuagésimo noveno Aniversario del Sufragio Femenino en México, las diputadas: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional; y Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Adolfo Bonilla Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero y diecisiete de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

b) Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

c) Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, para dictamen.

d) Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos tercero y noventa y tres del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

e) María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo catorce de la Ley de Extradición Internacional. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

f) Lucila Garfias Gutiérrez, a nombre propio y de los diputados de Nueva Alianza, que reforma los artículos cuarenta y uno, ciento dieciséis, y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

g) José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

h) Raúl Paz Alonso, del Partido Acción Nacional, que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

i) Carol Antonio Altamirano, a nombre propio y de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para opinión.

j) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

k) María Sanjuana Cerda Franco, a nombre propio y de los diputados de Nueva Alianza, que reforma los artículos segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo cuarenta de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

l) Faustino Félix Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

m) Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

n) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos setenta y tres, setenta y cuatro, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde sus curules realizan moción de apego al tema los diputados: Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones.

o) Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

p) Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo mil cuatrocientos catorce Bis siete del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

q) Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo dieciséis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Se recibe de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, y suscrita por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, ambos de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo cuarenta y cuatro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de la Sexagésima Segunda Legislatura a dictaminar las iniciativas que les correspondan, dando prioridad al interés superior del niño. En votación económica se aprueba.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que detenga los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso así como los programados para el futuro próximo. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Gil Aguilar, del Partido del Trabajo; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Rafael González Manríquez, del Partido Acción Nacional; y Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al tema los diputados: José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica no se aprueba y se desecha la proposición.

b) Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Augusto Chan Lugo, del Partido Acción Nacional; y Landy Margarita Berzunza Novelo, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul la diputada Verónica Beatriz Juárez, Piña, del Partido de la Revolución Democrática, realiza moción de ilustración.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no fueron anunciadas, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas de los diputados Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Carol Antonio Altamirano, Marino Miranda Salgado, y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, quienes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes de los diputados:

a) Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realicen las acciones conducentes para reducir el peaje de la Autopista del Sol. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

b) Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través del Servicio de Administración Tributaria, preste el servicio de la expedición de la firma electrónica avanzada en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, para quienes por primera vez requieran realizar dicho trámite. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

c) Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Presidente de la República, a los titulares de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a desistir de la adquisición de la aeronave Dreamliner setecientos ochenta y siete-nueve, para uso del Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

e) María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo del estado de Michoacán y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación a la solución del conflicto derivado de las exigencias de los alumnos normalistas y para crear una Comisión Plural de Legisladores, para que se trasladen a dicha entidad y coadyuven a la construcción de una salida a dicho conflicto. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

f) Fernando Castro Trenti y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se establezca una tarifa para el suministro de energía eléctrica justa, que tome en cuenta las necesidades y carencias de los usuarios, en especial de los bajacalifornianos, así como la capacidad real de producción de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

g) David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional, con relación a los recientes y lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Nogales, Sonora, que derivaron en la muerte de un menor a manos de un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

h) Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria Aeroespacial Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

i) Miguel Sámano Peralta, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que se hagan del conocimiento público las cifras oficiales pobreza con las que concluirá la administración dos mil seis- dos mil doce, así como fortalecer las estrategias encaminadas a superarla. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

j) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Michoacán, a que frene la represión de su gobierno a los estudiantes, les otorgue las garantías constitucionales y dirija sus esfuerzos para otorgar seguridad a los habitantes del estado y poner un alto a la delincuencia. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

k) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la aplicación integral y el fomento a nivel nacional de la Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

l) Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo, expida el Reglamento de Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

m) Claudia Elena Águila Torres y Jorge Federico de la Vega Membrillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para transparentar e investigar el llenado de los socavones de las minas de Texcoco del año dos mil diez a la fecha. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

n) William Renán Sosa Altamira, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que libere los recursos de la segunda etapa del teatro de la Ciudad de Valladolid “José María Iturralde y Traconis”, aprobados por esta Soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil doce. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

o) Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar Solución a la Problemática de los Trabajadores Mineros en Cananea y en toda la República Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

p) Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que intervengan en la solución del conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, y por el que solicita la creación de una Comisión Especial de Análisis, Seguimiento y Conciliación Pacífica del Conflicto Territorial de los Chimalapas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

El siguiente punto del orden del día es Efeméride con motivo del dieciséis de octubre, celebración del Día Mundial de la Alimentación, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintitrés de octubre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con veintiséis minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Se ruega a la Secretaría dar lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política.

Y en cuanto nuestros amigos representantes de los medios cumplan con una entrevista, les rogamos pasar a ocupar el lugar que con toda atención les hemos asignado. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el resolutivo cuarto del acuerdo por el que se integran 54 comisiones ordinarias de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se ratifica la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aprobado por el Pleno el día 16 de octubre del año en curso, me permito remitir a usted los nombres de los integrantes de las comisiones ordinarias pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 22 de octubre de 2012.— Licenciado Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), secretario ejecutivo.»

« Listado de integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura

1. Agricultura y Sistemas de Riego

Diputado                                            Cargo

Algredo Jaramillo Edilberto            Secretario

Porras Pérez Pedro                          Secretario

Guzmán Díaz Delfina Elizabeth     Integrante

Contreras Ceballos Armando         Integrante

Méndez Martínez Mario Rafael     Integrante

González Bautista Valentín            Integrante

2. Agua Potable y Saneamiento

Diputado                                            Cargo

Orihuela García Javier                     Secretario

González Bautista Valentín            Secretario

Méndez Denis Lorena                    Integrante

Bautista López Víctor Manuel       Integrante

Mojica Morga Teresa de Jesús        Integrante

Cruz Ramírez Arturo                      Integrante

3. Asuntos Frontera Norte

Diputado                                            Cargo

Valles Sampedro Lorenia Iveth      Secretaria

Garza Ruvalcaba Marcelo              Integrante

Morales Vargas Trinidad Secundino Integrante

                                                       Integrante

                                                        Integrante

4. Asuntos Frontera Sur Sureste

Diputado                                            Cargo

Duarte Ortuño Catalino                  Secretario

Mojica Morga Teresa de Jesús        Secretaria

Jarquín Hugo                                  Integrante

Antonio Altamirano Carol              Integrante

Diego Cruz Eva                              Integrante

5. Asuntos Indígenas

Diputado                                            Cargo

De Jesús Alejandro Carlos              Secretario

Portillo Martínez Vicario                Secretario

Nolasco Ramírez Yesenia               Integrante

López Rosado Roberto                  Integrante

Copete Zapot Yazmín de los Ángeles Integrante

Borges Pasos Teresita de Jesús       Integrante

6. Asuntos Migratorios

Diputado                                            Cargo

Valles Sampedro Lorenia Iveth      Secretaria

Ceseñas Chapa Socorro                  Integrante

Miranda Salgado Marino                Integrante

Méndez Denis Lorena                    Integrante

7. Atención a Grupos Vulnerables

Diputado                                                 Cargo

Salinas Pérez Josefina                     Secretaria

López Rosado Roberto                  Integrante

Moctezuma Oviedo María Guadalupe Integrante

Juárez Piña Verónica Beatriz          Integrante

                                                        Integrante

8. Cambio Climático

Diputado                                                 Cargo

Nolasco Ramírez Yesenia               Secretaria

Orihuela García Javier                    Integrante

Saldaña Fraire Graciela                  Integrante

De La Vega Membrillo Jorge Federico Integrante

9. Ciencia y Tecnología

Diputado                                            Cargo

Martínez Rojas Andrés Eloy           Secretario

Borges Pasos Teresita de Jesús       Secretaria

Carrillo Huerta Mario Miguel         Integrante

Garza Ruvalcaba Marcelo              Integrante

Tovar Aragón Crystal                     Integrante

López González Roberto                Integrante

10. Competitividad

Diputado                                            Cargo

Posadas Hernández Domitilo         Secretario

Contreras Ceballos Armando          Secretario

Flores Aguayo Uriel                       Integrante

Carpinteyro Calderón Purificación Integrante

Gaudiano Rovirosa Gerardo          Integrante

                                                        Integrante

11. Comunicaciones

Diputado                                            Cargo

Garza Ruvalcaba Marcelo               Secretario

Carpinteyro Calderón Purificación Secretaria

Bautista Cuevas Gloria                   Integrante

Moctezuma Oviedo María Guadalupe Integrante

Martínez Rojas Andrés Eloy          Integrante

Alonso Raya Agustín Miguel         Integrante

12. Cultura y Cinematografía

Diputado                                            Cargo

Jarquín Hugo                                   Secretario

López González Roberto                Secretario

Bonilla Jaime Juana                        Integrante

Reyes Gámiz Roberto Carlos         Integrante

Sandoval Martínez Hugo               Integrante

Águila Torres Claudia Elena          Integrante

13. Defensa Nacional

Diputado                                            Cargo

Manríquez González Víctor Manuel Secretario

Rodríguez Montero Francisco Tomás Secretario

Nájera Medina Víctor Reymundo Integrante

Rosas Montero Lizbeth Eugenia    Integrante

Morales Vargas Trinidad Secundino Integrante

Espinosa Cházaro Luis Ángel Xariel Integrante

14. Deporte

Diputado                                            Cargo

Bonilla Jaime Juana                         Secretaria

Maldonado Salgado José Valentín Secretario

Villanueva Albarrán Gerardo         Integrante

Salgado Parra Jorge                        Integrante

Brito Lara Tomás                            Integrante

Duarte Ortuño Catalino                  Integrante

15. Derechos de la Niñez

Diputado                                            Cargo

Villanueva Albarrán Gerardo          Secretario

                                                       Integrante

Merlín García María Del Rosario   Integrante

16. Derechos Humanos

Diputado                                            Cargo

Amaya Reyes María de Lourdes     Secretaria

Tapia Fonllem Margarita Elena       Secretaria

Luna Porquillo Roxana                   Integrante

Muñoz Soria José Luis                   Integrante

López Suárez Roberto                    Integrante

Portillo Martínez Vicario                Integrante

17. Desarrollo Metropolitano

Diputado                                            Cargo

Flores Salazar Guadalupe Socorro Secretaria

Barrios Gómez Segués Agustín      Integrante

Moreno Rivera Israel                      Integrante

Maldonado Salgado José Valentín Integrante

De La Rosa Peláez Sebastián Alfonso Integrante

18. Desarrollo Rural

Diputado                                            Cargo

Contreras Ceballos Armando          Secretario

De La Rosa Peláez Sebastián Alfonso Secretario

De Jesús Alejandro Carlos             Integrante

Martínez Rojas Andrés Eloy          Integrante

Manríquez González Víctor Manuel Integrante

Méndez Martínez Mario Rafael     Integrante

19. Desarrollo Social

Diputado                                            Cargo

Flores Aguayo Uriel                        Secretario

Salazar Trejo Jessica                        Secretaria

Esquivel Zalpa José Luis                Integrante

Salinas Pérez Josefina                     Integrante

Guzmán Díaz Delfina Elizabeth     Integrante

20. Distrito Federal

Diputado                                            Cargo

Quiroga Anguiano Karen                Secretaria

Sandoval Martínez Hugo                Secretario

Carrillo Huerta Mario Miguel         Integrante

Morales López Carlos Augusto      Integrante

Moreno Rivera Israel                      Integrante

21. Economía

Diputado                                            Cargo

Nolasco Ramírez Yesenia               Secretaria

Méndez Martínez Mario Rafael      Secretario

Sánchez Torres Guillermo              Integrante

Algredo Jaramillo Edilberto           Integrante

Morales López Carlos Augusto      Integrante

22. Educación Pública y Servicios Educativos

Diputado                                            Cargo

Nájera Medina Víctor Reymundo  Secretario

Luna Porquillo Roxana                   Integrante

Flores Salazar Guadalupe Socorro Integrante

López González Roberto                Integrante

Cuellar Reyes Fernando                 Integrante

23. Energía

Diputado                                                 Cargo

Bojórquez Javier Claudia Elizabeth Secretaria

González Magallanes Alfa Eliana   Secretaria

Cuevas Mena Mario Alejandro      Integrante

Orihuela García Javier                    Integrante

Alonso Raya Agustín Miguel         Integrante

24. Equidad y Género

Diputado                                            Cargo

Guzmán Díaz Delfina Elizabeth     Secretaria

Bautista Bravo Alliet Mariana        Integrante

Valles Sampedro Lorenia Iveth      Integrante

Mejía Guardado Julisa                    Integrante

                                                        Integrante

25. Fomento Cooperativo y Economía Social

Diputado                                            Cargo

Merlín García María Del Rosario    Secretaria

Bautista Cuevas Gloria                   Integrante

León Mendívil José Antonio          Integrante

Mota Ocampo Gisela                      Integrante

26. Fortalecimiento al Federalismo

Diputado                                            Cargo

Jarquín Hugo                                   Secretario

Fócil Pérez Juan Manuel                 Integrante

Miranda Salgado Marino                Integrante

Medina Filigrana Marcos Rosendo Integrante

                                                       Integrante

                                                        Integrante

27. Función Pública

Diputado                                            Cargo

Reyes Gámiz Roberto Carlos          Secretario

García Reyes Verónica                    Secretaria

Navarrete Contreras Joaquina        Integrante

Belaunzarán Méndez Fernando      Integrante

Salinas Narváez Javier                    Integrante

Gaudiano Rovirosa Gerardo          Integrante

28. Ganadería

Diputado                                            Cargo

Cuevas Mena Mario Alejandro       Secretario

Brito Lara Tomás                            Secretario

García Conejo Antonio                  Integrante

                                                       Integrante

Copete Zapot Yazmín de los Ángeles Integrante

Portillo Martínez Vicario                Integrante

29. Gobernación

Diputado                                                 Cargo

Rosas Montero Lizbeth Eugenia     Secretaria

Belaunzarán Méndez Fernando      Secretario

Ávila Pérez José Ángel                   Integrante

Arias Pallares Luis Manuel             Integrante

González Barrios Rodrigo              Integrante

Moreno Rivera Julio César             Integrante

30. Hacienda y Crédito Público

Diputado                                            Cargo

Blanco Deaquino Silvano               Secretario

Sánchez Torres Guillermo               Secretario

Serrano Toledo Rosendo                Secretario

Quiroga Anguiano Karen               Integrante

Cuevas Mena Mario Alejandro      Integrante

Antonio Altamirano Carol              Integrante

Cuellar Reyes Fernando                 Integrante

Salinas Narváez Javier                    Integrante

Jardines Fraire Jhonatan                 Integrante

31. Infraestructura

Diputado                                            Cargo

Medina Filigrana Marco Rosendo  Secretario

Miranda Salgado Marino                Secretario

Melchor Vásquez Angélica Rocío  Integrante

García Conejo Antonio                  Integrante

Montalvo Hernández Ramón         Integrante

Diego Cruz Eva                              Integrante

32. Jurisdiccional

Diputado                                                 Cargo

Carbajal González Alejandro          Secretario

Posadas Hernández Domitilo         Integrante

33. Justicia

Diputado                                            Cargo

Carbajal González Alejandro          Secretario

Tapia Fonllem Margarita Elena       Secretaria

González Magallanes Alfa Eliana  Integrante

Moreno Rivera Julio César             Integrante

Villanueva Albarrán Gerardo         Integrante

Romero Lozano María Fernanda    Integrante

34. Juventud

Diputado                                            Cargo

Tovar Aragón Crystal                      Secretaria

                                                       Integrante

Romero Lozano María Fernanda    Integrante

Reyes Montiel Carla Guadalupe    Integrante

                                                        Integrante

35. Marina

Diputado                                            Cargo

Jardines Fraire Jhonatan                  Secretario

Amaya Reyes María De Lourdes    Secretario

López Suárez Roberto                    Integrante

                                                       Integrante

Flores Aguayo Uriel                       Integrante

36. Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputado                                            Cargo

Saldaña Fraire Graciela                   Secretaria

Águila Torres Claudia Elena           Secretaria

Esquivel Zalpa José Luis                Integrante

Carrillo Huerta Mario Miguel         Integrante

González Barrios Rodrigo              Integrante

Fócil Pérez Juan Manuel                 Integrante

37. Participación Ciudadana/Ordenamiento Territorial

Diputado                                            Cargo

Moreno Rivera Israel                      Secretario

Mota Ocampo Gisela                      Integrante

Sandoval Martínez Hugo               Integrante

                                                        Integrante

38. Pesca

Diputado                                            Cargo

Melchor Vásquez Angélica Rocío   Secretaria

Águila Torres Claudia Elena           Secretaria

Reyes Gámiz Roberto Carlos         Integrante

Nájera Medina Víctor Reymundo  Integrante

De La Rosa Peláez Sebastián Alfonso Integrante

39. Población

Diputado                                            Cargo

Montalvo Hernández Ramón          Secretario

Muñoz Soria José Luis                   Integrante

Bonilla Jaime Juana                        Integrante

Mejía Guardado Julisa                    Integrante

                                                        Integrante

40. Presupuesto y Cuenta Pública

Diputado                                            Cargo

Ceseñas Chapa María Del Socorro  Secretaria

Antonio Altamirano Carol              Secretario

Salgado Parra Jorge                        Secretario

Bojórquez Javier Claudia Elizabeth Integrante

Morales López Carlos Augusto      Integrante

Manríquez González Víctor Manuel Integrante

Jardines Fraire Jhonatan                 Integrante

Posadas Hernández Domitilo         Integrante

Serrano Toledo Rosendo                Integrante

41. Protección Civil

Diputado                                            Cargo

Méndez Denis Lorena                     Secretaria

Cruz Ramírez Arturo                      Secretario

Sansores Sastre Antonio                 Integrante

Zarate Salgado Fernando               Integrante

González Barrios Rodrigo              Integrante

42. Puntos Constitucionales

Diputado                                            Cargo

Mejía Guardado Julisa                    Secretaria

García Medina Amalia Dolores      Integrante

Ávila Pérez José Ángel                   Integrante

Zarate Salgado Fernando               Integrante

Espinosa Cházaro Luis Ángel Xariel Integrante

43. Radio y Televisión

Diputado                                            Cargo

Luna Porquillo Roxana                   Secretaria

Carpinteyro Calderón Purificación Secretaria

                                                       Integrante

Belaunzarán Méndez Fernando      Integrante

Juárez Piña Verónica Beatriz          Integrante

De La Vega Membrillo Jorge Federico Integrante

44. Recursos Hidráulicos

Diputado                                            Cargo

García Conejo Antonio                   Secretario

Bojórquez Javier Claudia Elizabeth Integrante

Mícher Camarena Martha Lucia     Integrante

Melchor Vásquez Angélica Rocío  Integrante

León Mendívil José Antonio          Integrante

45. Reforma Agraria

Diputado                                            Cargo

Copete Zapot Yazmín de los Ángeles Secretaria

Esquivel Zalpa José Luis                 Secretario

Sánchez Torres Guillermo              Integrante

León Mendívil José Antonio          Integrante

                                                        Integrante

46. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputado                                            Cargo

López Suárez Roberto                    Secretario

Medina Filigrana Marcos Rosendo Integrante

González Magallanes Alfa Eliana  Integrante

                                                        Integrante

47. Relaciones Exteriores

Diputado                                            Cargo

López Rosado Roberto                   Secretario

Zárate Salgado Fernando                Secretario

Medina García Amalia Dolores      Integrante

Reyes Montiel Carla Guadalupe    Integrante

Tovar Aragón Crystal                     Integrante

Barrios Gómez Segués Agustín      Integrante

48. Salud

Diputado                                            Cargo

Sansores Sastre Antonio                 Secretario

Diego Cruz Eva                               Secretaria

Flores Salazar Guadalupe Socorro Integrante

Mícher Camarena Martha Lucia     Integrante

Bautista Bravo Alliet Mariana        Integrante

Salazar Trejo Jessica                       Integrante

49. Seguridad Pública

Diputado                                            Cargo

Ávila Pérez José Ángel                   Secretario

Romero Lozano María Fernanda    Secretaria

Navarrete Contreras Joaquina        Integrante

Morales Vargas Trinidad Secundino Integrante

Rodríguez Montero Francisco Tomás Integrante

Maldonado Salgado José Valentín Integrante

50. Seguridad Social

Diputado                                            Cargo

Bautista Cuevas Gloria                   Secretaria

Serrano Toledo Rosendo                Integrante

Arias Pallares Luis Manuel             Integrante

Sansores Sastre Antonio                 Integrante

Alonso Raya Agustín Miguel         Integrante

51. Trabajo y Previsión Social

Diputado                                            Cargo

Batres Guadarrama Mart              Secretario

González Bautista Valentín            Secretario

Blanco Deaquino Silvano               Integrante

Tapia Fonllem Margarita Elena      Integrante

Carbajal González Alejandro         Integrante

Ceseñas Chapa María Del Socorro Integrante

52. Transporte

Diputado                                            Cargo

Arias Pallares Luis Manuel             Secretario

González Bautista Valentín            Secretario

Duarte Ortuño Catalino                  Integrante

Merlín García María del Rosario    Integrante

Rodríguez Montero Francisco Tomás Integrante

Cuellar Reyes Fernando                 Integrante

53. Turismo

Diputado                                            Cargo

Barrios Gómez Segués Agustín      Secretario

Reyes Montiel Carla Guadalupe     Secretaria

De Jesús Alejandro Carlos             Integrante

Blanco Deaquino Silvano               Integrante

Salazar Trejo Jessica                       Integrante

Amaya Reyes María De Lourdes   Integrante

54. Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Diputado                                            Cargo

Espinosa Cházaro Luis Ángel Xariel Secretario

Rosas Montero Lizbeth Eugenia    Integrante

Bautista López Víctor Manuel       Integrante

García Reyes Verónica                   Integrante

Porras Pérez Pedro                         Integrante

55. Vivienda

Diputado                                            Cargo

Navarrete Contreras Joaquina         Secretaria

Quiroga Anguiano Karen                Secretaria

Salinas Pérez Josefina                     Integrante

Algredo Jaramillo Edilberto           Integrante

Porras Pérez Pedro                         Integrante

Borges Pasos Teresita de Jesús       Integrante

56. Desarrollo Municipal

Diputado                                            Cargo

Bautista López Víctor Manuel        Secretario

Montalvo Hernández Ramón          Secretario

Brito Lara Tomás                            Integrante

Saldaña Fraire Graciela                  Integrante

Mojica Morga Teresa de Jesús        Integrante

García Reyes Verónica                Integrante.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La lista completa de esta representación de los compañeros y amigos del Partido de la Revolución Democrática está publicada en un alcance que se está repartiendo en estos momentos; está también a su disposición en las pantallas de sus curules.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-0102, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número Inmujeres/ SE/ 1288/ 2012, suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual atiende el punto de acuerdo relativo al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno federal.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2738/ 12, mediante el cual hace del conocimiento del Instituto Nacional de las Mujeres el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 27 de septiembre del año en curso, el cual a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.

Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que considere reasignar esos recursos en subejercicio a fin de cumplir su objetivo a

1. Las entidades federativas que no recibieron el recurso del programa Transversalidad de 2012, otorgándoles 100 por ciento del recurso que les corresponde; tal es el caso de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.

2. De manera homogénea a los 32 estados para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.

3. De los recursos del Fodeimm a las instancias municipales de las mujeres que durante el periodo de vigencia de la convocatoria de 2012 presentaron proyectos y no les fueron asignados recursos.

Le agradezco el envío de este punto de acuerdo y le ruego hacer extensivo mi agradecimiento a la Cámara de Diputados, pues el interés y la preocupación que tiene por impulsar la equidad de género en los municipios se hace patente con estos puntos de acuerdo. La Secretaría de Hacienda tiene procesos que impiden reasignar recursos; sin embargo, se reitera el agradecimiento.

Reciba mis cordiales saludos.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2012.— Doctora María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número 100.2012.DGE.591, la maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, directora general de Enlace de la Secretaría de Economía, envía el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2012, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 181 y 285 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en cumplimiento a los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 181 y 285 de su Reglamento (RLFPRH), solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2012 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esta secretaría.

Los fondos y programas son:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

• S017 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad.

• S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto.

• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología.

• U002 Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas.

• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales.

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico).

• U005 Fondo Sectorial de Innovación.

No omito señalar que en apego al artículo 181 del RLFPRH, los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, término que para el presente caso se cumple el 19 de octubre de 2012.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre, 2012.— Maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), directora general de Enlace.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras que son las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante septiembre de 2012, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes que fueron destinados por las autoridades aduaneras, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol, animales, flores y plantas, artículos de limpieza y aseo, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, productos agrícolas y agropecuarios, productos farmacéuticos y material de curación, productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en septiembre de 2012 por las autoridades aduaneras fue de 103 mil 754 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida tales como: kilogramo, pieza, cabeza, y litros, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 18 de octubre de 2012.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo del Estado de Morelos.— Poder Legislativo.— LXII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del diputado Humberto Segura Guerrero, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, se remite en copia simple el acuerdo aprobado en sesión celebrada el día de hoy, por medio del cual se les solicita que consideren la cantidad de 70 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, a fin de destinarlos a la obra en proceso de encauzamiento de la Barranca Salada, municipio de Puente de Ixtla, estado de Morelos, ejecutada por la Comisión nacional del Agua, Organismo de Cuenca Balsas.

Asimismo, se les solicita que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, estimen en el dictamen del presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 la cantidad de 70 millones de pesos para la obra antes mencionada.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, octubre 10 de 2012.— Maestro Tomás Osorio Avilés (rúbrica), secretario general del Congreso.»

«Escudo del Estado de Morelos.— Poder Legislativo.— LXII Legislatura.

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión de fecha 10 de octubre del 2012, la diputada Rosalina Mazari Espín, integrante de la LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos, presentó ante el pleno propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, considere 70 millones de pesos de recursos federales para continuar la obra en proceso del encauzamiento de la Barranca Salada, en Puente de Ixtla, Morelos, que ejecuta la Comisión Nacional del Agua como obra del tipo presupuestal llamado K.29, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, bajo los siguientes términos:

Exposición de Motivos

La: barranca Salada atraviesa la ciudad de Puente de Ixtla y, es el cuerpo receptor de buena parte de todos los escurrimientos que se dan en esta zona y en cuyas márgenes se encuentran asentadas varias colonias, que en cada temporada se ven afectadas ante la presencia de fenómenos meteorológicos extremos. El cauce de la Barranca Salada resulta insuficiente y genera inundaciones aún cuando existen precipitaciones de baja o mediana magnitud, afectando, según los estudios de la Comisión Nacional del Agua, a 300 viviendas ubicadas en las inmediaciones del cauce así como a un plantel educativo de nivel básico. También debe resaltarse el grave problema de contaminación ambiental producto del agua estancada, al no contar con el nivel de escurrimiento y que provoca malos olores.

En el año 2009 la diputación federal del 04 distrito en Morelos, inició una serie de solicitudes a la-Comisión Nacional del Agua, Organismo Cuenca Balsas, quienes accedieron a realizar el proyecto ejecutivo concluyendo que el proyecto consiste en la sobre elevación de los bordos de ambas márgenes de la Barranca Salada, fundamentalmente con producto de banco de préstamo lateral, con un ancho de plantilla de 6 metros para ampliar la actual de la barranca. Las velocidades que se presentaran en el cauce requieren que los terraplenes sean protegidos contra los efectos de la erosión de ambas márgenes de la Barranca Salada mediante la colocación de tapete flexible de concreto. El costo total del proyecto asciende a 140.8 millones de pesos, con costos de conservación y mantenimiento casi nulos.

La obra fue registrada ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que permitió que se ejercieran a finales del año 2010 la cantidad de 20 millones de pesos y en el año 2011 otros 20 millones de pesos lo que en suma tiene una inversión real ejecutada de 40 millones de pesos.

Las gestiones han seguido ante la federación y directamente ante la Comisión Nacional del Agua, en sus oficinas centrales de la avenida Insurgentes Sur en la Ciudad de México y ante el propio Organismo de Cuenca Balsas en Cuernavaca, para lograr la liberación de recursos federales y avanzar en los trabajos. Se debe hacer notar que la estructura de la obra permite que se haga en tramos o secciones y que de contar con los recursos totales ya se hubiera terminado porque varias empresas de forma conjunta pueden trabajar al mismo tiempo los diferentes tramos, el total de largo de la Barranca Salada es de 1.4 kilómetros, que es lo contemplado por el proyecto ejecutivo y que abarca la cabecera de Puente de Ixtla. Los avances de la obra son significativos y su construcción ha impactado de forma positiva a los habitantes de Puente de Ixtla, porque se resuelve ese viejo problema de contaminación ambiental y de las inundaciones que perjudicaban a cientos de familias pobres.

La obra es del tipo presupuestal llamado K.29, que significa recurso 100 ciento federal, donde no existen aportaciones del estado y de los municipios, este tipo de obra es para resolver problemas de inundaciones al interior de zonas urbanas o centros de población; el solicitar este recurso le permite al estado de Morelos verse beneficiado con más dinero federal, sin que afecte o limite otros proyectos o programas del estado de Morelos en partidas federales, al contrario ganamos recursos que, de no solicitarlos se van a otros proyectos, de la misma naturaleza pero de otras entidades federativas.

En busca de avanzar·o poder concluir esta obra en proceso que es necesaria e importante para Puente de Ixtla le solicito su valioso apoyo a este Pleno para que se solicite de forma formal por esta soberanía a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos, quienes en este mes de octubre inician los trabajos de asignación de recursos para ser posteriormente subido al pleno, como dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, y ser votado.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 18, fracción IV, de la ley Orgánica para el Congreso, y 111 de su Reglamento, se aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, considere la cantidad de 70 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación año 2013, para la obra en proceso del encauzamiento de la Barranca Salada, municipio de Puente de Ixtla, estado de Morelos, ejecutada por la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Balsas.

Artículo Segundo. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, estimen en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la cantidad de 70 millones de pesos para la obra antes mencionada.

Transitorio

Artículo Único. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados y a los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de octubre de dos mil doce.— Los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado:diputado Jordi Messenguer Gally (rúbrica), secretario;diputada Amelia Martín Méndez (rúbrica), secretaria.»

«Escudo del Estado de Morelos.— Poder Legislativo.— LXII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del diputado Humberto Segura Guerrero, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, se remite en copia simple el acuerdo aprobado en sesión celebrada el día de hoy, por medio del cual se les exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Educación de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2013, se autoricen mayores recursos a los autorizados en el 2012 para infraestructura educativa en los municipios y demarcaciones territoriales, con especial interés en Morelos.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, octubre 10 de 2012.— Maestro Tomás Osorio Avilés (rúbrica), secretario general del Congreso.»

«Escudo del Estado de Morelos.— Poder Legislativo.— LXII Legislatura.

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En sesión de fecha 10 de octubre del 20l2, el diputado Alfonso Miranda Gallegos, integrante de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentó ante el Pleno propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Educación de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondiente al año 2013, se autoricen mayores recursos a los autorizados en el añó.2012 para infraestructura educativa, asimismo, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto de Educación Básica de Morelos y al Instituto de Infraestructura Educativa, realicen supervisiones a los centros escolares de la entidad, a efecto de conocer la situación en que se encuentran las instalaciones de los centros educativos y tomar las medidas necesarias para mejorarlas, bajo los siguientes:

Considerandos

La educación es una de claves de la evolución de la sociedad y de casi todos los aspectos de la calidad de vida. Ante todo consiste en el desarrollo de la curiosidad intelectual y hábitos de reflexión. Mejora la calidad de la vida y ayuda a los individuos a resolver problemas sociales y de medio ambiente de todo tipo; incluye la difusión de los valores, tanto en los programas de la enseñanza pública como en el aprendizaje de lo cotidiano.

En nuestro país la educación encuentra su base jurídica en lo dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 24, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se advierte que los Estados partes siempre actuaran atendiendo al interés superior del niño, lo cual implica proporcionarles a los menores un adecuado, ambiente educativo, en donde encuentren condiciones de seguridad y desarrollo.

Bajo esta tesitura, debemos establecer que uno de los elementos para el bienestar y el desarrollo de las competencias en los niños y las niñas es, la infraestructura educativa, pues la infraestructura en los plantes educativos comprende aquellos servicios y espacios que permiten el desarrollo de las tareas educativas.

Lo anterior, se corrobora con un estudio elaborado por la UNESCO con los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo realizado en el año dos mil ocho, que revela que las condiciones físicas de las escuelas pueden tener un efecto importante en el desempeño del estudiante y puede contribuir significativamente a la reducción de la brecha de aprendizaje asociada con la desigualdad social. Otro estudio reciente (Duarte, Bos y Moreno, 2010) basado también en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo buscó identificar factores escolares que se asocian con los aprendizajes de los alumnos en América Latina, en particular aquellos relacionados con los docentes y el contexto escolar en el que ejercen la docencia. El estudio encontró que la infraestructura física de las escuelas y la conexión con los servidores públicos básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado y teléfono) resultan altamente asociadas con los aprendizajes, aun después de controlar por edad los maestros, formación docente, tiempo efectivo de clase, índice de violencia y discriminación y otras variables socioeconómicas de las familias de los estudiantes. Ambos estudios sugieren que mejores instalaciones y servicios básicos en las escuelas podrían crear ambientes de enseñanza mucho más propicios para lograr mejores aprendizajes. Estos resultados son importantes porque indican que las inversiones en infraestructura escolar y condiciones físicas básicas no son un lujo sino una necesidad.

En este orden el compromiso de este Congreso es trabajar a favor de mejorar las condiciones de la educación en nuestra entidad a efecto de sumar esfuerzos para mejorar la infraestructura educativa, puesto que de diversos recorridos que se han realizado en algunos centros escolares de los municipios de Puente de Ixtla y Amacuzac, nos hemos percatado de la carencia de elementos de infraestructura educativa, tales como: falta de pintura; baños en malas condiciones, principalmente con carencia de agua; falta de bodegas escolares y techumbres en las canchas deportivas, lo que provoca que los menores realicen sus actividades deportivas en condiciones que afectan su salud, toda vez que hacen sus ejercicios bajo los rayos del so1; falta de cercos perimetrales, y como ejemplo de ello tenemos la Escuela Primaria 17 de Abril del año 1869, ubicada en la colonia Las Palmas de Alpuyeca, Morelos, la cual sufre de la carencia de cerco perimetral, lo cual produce que las actividades de enseñanza y aprendizaje no se puedan proporcionar a los menores en condiciones seguras, puesto que no se les protege de los peligros que puedan representar el ,entorno donde se encuentra la escuela, además de que no debemos olvidar que el cerco perimetral es considerado corno un elemento más que contribuye a la seguridad de los plantes, .pues permite a la comunidad educativa protegerse de riesgos presentes en su contexto inmediato.

En este tenor, consideramos que al ser uno de los elementos más importantes de la educación la infraestructura; nuestro compromiso con la educación será gestionar y exhortar a las instancias correspondientes para el mejoramiento de nuestras escuelas con el objeto de poder tener una educación de calidad que ayude a contribuir el crecimiento político, social y económico de nuestra población, porque estamos convencidos que solo a través de una educación de excelencia nuestro entidad y nuestro país saldrán adelante de la crisis que enfrentamos.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso, y 111 de su Reglamento, se aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de, Educación de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2013, se autoricen mayores recursos a los autorizados en el año 2012 para infraestructura educativa en los municipios y demarcaciones territoriales, con especial interés en el Estado de Morelos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación del gobierno del estado, el Instituto de Educación Básica del estado de Morelos y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, para que realicen .supervisiones en tos centros educativos del Estado, con el objeto de conocer las necesidades de infraestructura que sufren los planteles educativos de la entidad y se tomen las medidas necesarias para mejorar las instalaciones educativas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación del gobierno del estado, el Instituto de Educación Básica del estado de Morelos y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, a efecto de que remitan a esta soberanía un informe detallado del resultado de las supervisiones a los centros escolares.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de octubre de dos mil doce.— Los ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que en el ejercicio de análisis y aprobación respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se considere, bajo dispositivos eficaces y oportunos, en las erogaciones para la educación pública, un conjunto de mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas, de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación y asignar a este rubro un presupuesto equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“ Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se modifiquen, de acuerdo con la NOM 041, los programas para combatir el cáncer de mama, con el fin de hacer efectiva la disposición de incluir a las mujeres de 40 a 49 años.

”Segundo. La Cámara de Senadores exhorta a las secretarías de salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas, a fin de que elaboren material gráfico que contenga la adecuada técnica de auto exploración mamaria, con el objeto de ser distribuida entre la población femenina en todo el país.

”Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en el Presupuesto de 2013 se etiqueten e identifiquen los montos destinados especialmente a los Programas de Acción ‘Cáncer de Mama’ y ‘Cáncer Cérvico Uterino’ haciendo énfasis a la prevención con la vacuna del papiloma humano, pertenecientes al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva dependiente de la Secretaría de Salud.

”Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne una partida presupuestal de treinta millones de pesos a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal independientes de su presupuesto ordinario, a fin de que estos recursos sean destinados para el aumento de la plantilla laboral de personal médico y para la capacitación de los mismos en la utilización y manipulación de los equipos para la detección del cáncer mamario, así como para la implementación de un mecanismo de evaluación y funcionamiento de dichos equipos, tanto en clínicas y hospitales a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, como de las que se encuentran administradas por los gobiernos de las entidades federativas.

”Quinto. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que con el resultado de la evaluación de los equipos para la detección del cáncer de mama, se asignen los recursos necesarios para que tanto la Secretaría de Salud del Gobierno Federal como las secretarías de salud de las entidades federativas, adquieran los equipos nuevos necesarios para satisfacer la demanda requerida”.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 la creación de un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben, Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Alejandro Robledo Aburto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

Si bien los lacerantes estragos de la pobreza y la marginación se encuentran latentes a lo largo y ancho de la república, ninguna población los padece de manera tan acuciosa y prominente como la población indígena del país.

Las razones que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación de la población indígena son ante todo corolario de una errada estrategia de desarrollo nacional y un equivocado esquema de redistribución de la riqueza, un proyecto que ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias, con el México profundo, y que actualmente sitúa a millones de connacionales en un claro estado de postración económica.

Los indígenas en el país habitan mayoritariamente en los estados del sur. Alrededor de la mitad vive en ciudades y localidades pequeñas, de menos de 15 mil habitantes: cuanto más pequeña la localidad, mayor la probabilidad de que vivan indígenas que hablan alguna lengua originaria.

La población indígena tiene indicadores educativos por debajo de la población no indígena; por ejemplo, mayores tasas de analfabetismo y menores logros educativos. Los indígenas tienen menos acceso a mercados de trabajo formales que el resto de la población y, por tanto, un porcentaje menor tiene acceso a las prestaciones derivadas del empleo.

La población que habla y se considera indígena en México representa 14.9 por ciento de la que hay en el país. Las entidades federativas que tienen la mayor concentración de población hablante y autoadscritos son Yucatán (62 por ciento), Oaxaca (58), Quintana Roo (34), Chiapas (33) y Campeche (32). Las principales lenguas habladas en México, como porcentaje de la población hablante, son náhuatl (23), maya (11.5), tzeltal (7), mixteco (6.09) y tzoltzil (6.5).

En materia de educación, según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, alrededor de un tercio de niños indígenas en edad escolar (6-14 años) no asisten a la escuela, mientras que alrededor de la mitad de dicho sector de la población reporta escolaridad primaria, un claro rezago educativo.

La proporción de analfabetos de la población indígena es mayor que la de la población no indígena en todos los rangos de edad. En dicho grupo, la población hablante de alguna lengua indígena tiene tasas de analfabetismo más altas que el resto de la población.

El promedio de escolaridad de los indígenas hablantes de lengua (5.1 años) es mucho menor que el promedio de los no indígenas (9) y los indígenas autoadscritos (7.9).

En salud, de acuerdo con los datos del censo del Inegi de 2010, la población indígena acude en mayor proporción a los servicios de salud de cobertura a la población abierta, como el Seguro Popular.

La poca cobertura de los sistemas de salud a la población indígena relacionados con el sector formal de la economía indica la poca penetración de este grupo de población en trabajos con seguridad social. Solamente la quinta parte de la población indígena reporta adscripción a alguno de los sistemas de seguridad que cubren a los trabajadores en el sector formal.

Cuando se presenta una enfermedad, la población indígena acude principalmente a instituciones públicas como el IMSS, el Seguro Popular o la red de centros de salud operados por los sistemas estatales de salud.

Un padre indígena deberá enfrentar además una probabilidad 60 por ciento mayor que el nacional de ver a sus hijos morir en su primer año de vida; una madre indígena tendrá una probabilidad tres veces mayor de morir al dar a luz.

Aunque casi la mitad de la población indígena trabaja en el sector terciario, es pertinente hacer notar que una tercera parte lo hace en el primario, lo que vincula a la población indígena a localidades y poblaciones en el medio rural.

Una proporción importante de indígenas hablantes de lengua (69 por ciento) recibe menos de dos salarios mínimos o no recibe salario por su trabajo. En cuanto a las prestaciones laborales, los datos del censo muestran que la proporción de indígenas que recibe prestaciones es menor que la de la población no indígena.

De los datos del censo se desprende que los indígenas acceden en menor porcentaje que los no indígenas a prestaciones que están ligadas al empleo formal como servicio médico, aguinaldo, vacaciones, ahorro para el retiro o reparto de utilidades.

Consideraciones

De acuerdo con el estudio de medición de la pobreza de 2010 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tuvieron el mayor porcentaje de población en pobreza San Juan Tepeuxila, Oaxaca (97.4); Aldama, Chiapas (97.3); San Juan Cancuc, Chiapas (97.3); Mixtla de Altamirano, Veracruz (97.0); Chalchihuitán, Chiapas (96.8); Santiago Textitlán, Oaxaca (96.6); San Andrés Duraznal, Chiapas (96.5); Santiago el Pinar, Chiapas (96.5); Sitalá, Chiapas (96.5); y San Simón Zahuatlán, Oaxaca (96.4).

El estudio refiere que los municipios que tuvieron el mayor porcentaje de población en condición de pobreza extrema, es decir, la que tiene tres o más carencias sociales como falta de acceso a servicios de salud, de educación y alimentación, junto con un ingreso menor que la línea de bienestar mínimo, de 684 pesos mensuales por habitante para las zonas rurales, fueron Cochoapa el Grande, Guerrero (82.6); San Simón Zahuatlán, Oaxaca (80.8); San Juan Cancuc, Chiapas (80.5); Mixtla de Altamirano, Veracruz (80.3); Chalchihuitán, Chiapas (79.8); Coicoyán de las Flores, Oaxaca (79.7); Aldama, Chiapas (78.8); Santos Reyes Yucuná, Oaxaca (77.4); San Juan Petlapa, Oaxaca (77.2); y Metlatónoc, Guerrero (77.0).

En todos los municipios anteriores, 70 por ciento o más de su población es hablante de lengua indígena; es decir, son municipios indígenas.

Queda claro que la situación es insostenible. Las condiciones actuales de subdesarrollo y miseria que sufren las poblaciones indígenas son testamento del más abyecto olvido gubernamental.

Algo debemos hacer por supuesto, acciones que partan del entendimiento de la urgencia actual de contar con nuevos esquemas de desarrollo.

Por todo lo anterior, resulta indispensable instaurar un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad, un acto de justicia redistributiva que se reflejaría en un apoyo decidido por el gobierno a los municipios más desolados del país.

Este fondo estaría regido por los siguientes criterios o lineamientos:

- Constaría de un monto de 0.28 por ciento de la recaudación federal participable de 2013.

- Monto total: 6 mil 98 millones 308 mil 832.

- Criterio de distribución nacional: Fórmula acorde con el número de población indígena por estado.

- Criterio de distribución estatal: Fórmula que considera tres criterios:

a) Número de población indígena del municipio;

b) Los municipios de más alta marginalidad del estado; y

c) Municipios que tienen más de mil habitantes hablantes de lengua indígena.

En tenor con lo aquí expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal y a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 la creación de un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad.

El fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad deberá guardar los siguientes criterios de operación:

- Constaría de un monto de 0.28 por ciento de la recaudación federal participable de 2013.

- Monto total: 6 mil 98 millones 308 mil 832.

- Criterio de distribución nacional: Fórmula acorde con el número de población indígena por estado.

- Criterio de distribución estatal: Fórmula que considera tres criterios:

a) Número de población indígena del municipio;

b) Los municipios de más alta marginalidad del estado; y

c) Municipios que tienen más de mil habitantes hablantes de lengua indígena.

Senadores: Benjamín Robles Montoya, Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Blanca Alcalá Ruiz, Javier Lozano Alarcón, Víctor Manuel Camacho Solís, Daniel Amador Gaxiola y María Marcela Torres Peimbert, integrantes de la Comisión de Cultura, presentaron propuesta con punto de acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asignen para el sector cultural de nuestro país recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.— Presente.

Los suscritos, Blanca Alcalá Ruiz, Javier Lozano Alarcón, Víctor Manuel Camacho Solís, Daniel Amador Gaxiola y María Marcela Torres Peimbert, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, así como los artículos 108 y 109, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo dirigido a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asignen para el sector cultural de nuestro país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio; y para que se adopten las previsiones necesarias para que se alcancen de forma gradual, mediante asignaciones anuales crecientes, los niveles de recursos recomendados por la UNESCO para ese sector.

Consideraciones

México está colocado en América Latina como el país con la mayor diversidad, riqueza y pluralidad por sus manifestaciones artísticas, arqueológicas e históricas; y se encuentra, a nivel mundial, entre las seis naciones más importantes por las aportaciones culturales que ha legado a la humanidad; es importante destacar que a partir de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de éste, se han realizado esfuerzos en preservar, proteger y acrecentar ese vasto patrimonio que fue forjando desde la época precolombina, en las etapas colonial, independentista, posrevolucionaria y en tiempos más recientes.

Se trata de un acervo que se manifiesta en bienes culturales de diferente índole: 27 expresiones materiales que la UNESCO ha catalogado como patrimonio de la humanidad, entre las que se encuentran sitios arqueológicos prehispánicos, diez ciudades cuyos centros históricos han quedado inscritos en la lista del patrimonio mundial como es el caso de México, Xochimilco, Puebla, Zacatecas, Morelia y Guanajuato, o expresiones más modernas como el espacio arquitectónico que delimita al campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM y la casa del Arquitecto Luis Barragán en Tacubaya, de lo cual nos sentimos genuinamente orgullosos. Adicionalmente forman parte de ese caudal, bienes naturales como los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán, el de las Ballenas del Vizcaíno en Baja California Sur o la Reserva de Sian Ka’an en Quinta Roo; y, por supuesto otros bienes inmateriales que se derivan de ricas tradiciones nacionales como la gastronomía de nuestro país, la ceremonia de Los Voladores de Papantla y más recientemente, el mariachi con su música de cuerdas, canto y trompetas; además de la obra de innumerables mexicanos universales como Diego Rivera, el Doctor Atl, Siqueiros, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes o Elena Garro, por citar algunos integrantes de la gran pléyade intelectual de nuestro país.

Nuestra identidad nacional forjada a lo largo de siglos, ha proyectado sin duda el perfil y rostro de nuestra patria en el orden internacional, generando valiosas aportaciones a la humanidad para el goce de otras culturas.

En este sentido cabe destacar que el análisis del patrimonio artístico, histórico y cultural registra cerca de 30 mil sitios arqueológicos, con evidencia de ocupación humana anterior a la conquista, arriba de 100 mil monumentos históricos, museos nacionales, regionales y locales; una vasta red de bibliotecas; obras y creaciones de nuestros artistas, arquitectos, escritores, músicos e intelectuales que ahondan en nuestras raíces, dan sentido a nuestra mexicanidad y marcan derroteros en perspectiva para asegurarnos viabilidad como nación en un mundo altamente globalizado e interdependiente.

La ruta emprendida para la conformación de ese rico acervo, para su exploración, registro, preservación y cuidados ha sido sin embargo tortuosa y no exenta de obstáculos como también lo fue de una parte, la que tuvo que recorrerse para ir acrecentándolo con las expresiones artísticas más modernas y contemporáneas incluso; pero de otra, la que hubo de transitarse para irlo haciendo asequible a un número cada vez mayor de mexicanos, para difundirlo y socializarlo al máximo de manera que pudiésemos sin asombro, entender nuestro presente a la luz de la forma en que se fue forjando nuestra historia en sus diferentes etapas recurriendo justamente a los códices, vestigios arqueológicos, palimpsestos, libros, monumentos históricos y museos que dan testimonio de ese pasado.

Se trata en la mayoría de los casos de bienes públicos, que han sido tutelados por el Estado Mexicano para el goce y disfrute de todos. Así lo concibieron quienes definieron su diseño institucional sobre todo desde las décadas que siguieron a la Revolución, generando instituciones como Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia; instituciones insignes ambas, que se conservan en nuestros días sin haberse desviado de la misión para la que se crearon, a las que habrían de sumarse otras como el Centro para la Cultura y las Artes, con sus diversas escuelas de música, cine, artes plásticas, danza, teatro, pintura; la Cineteca Nacional y Conaculta, esta última con la misión de delinear la política pública, de coordinar al cúmulo de instituciones que conforman al sector, así como de socializar esas expresiones culturales a través del cine, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestros días.

En el balance cultura de nuestro país hay logros, sin embargo es evidente la necesidad de fortalecer la promoción y acrecentarlo permanentemente; primero, como símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional; segundo, como eje articulador del tejido social de nuestros pueblos; y tercero, porque se proyecta como un ente detonador de la actividad económicamente productiva, capaz de generar empleos y derrama de recursos para los mexicanos. Una reflexión adicional la constituye el papel de nuestras playas y riquezas naturales han recibido un fuerte impulso para atraer turismo, situación similar merece nuestro patrimonio histórico y artístico en el que tenemos gran potencial aún insuficientemente explorado. Lo anterior habrá que hacerlo, promoviendo el turismo cultural de formas económicas y ecológicamente sustentables; garantizando el derecho de acceso a la cultura haciendo de la inclusión social el centro de toda política pública; y fortaleciendo las industrias culturales para generar empleos y mayores oportunidades para los mexicanos.

Por lo anterior será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas expresiones.

En este sentido, es importante reconocer que los diputados de la pasada legislatura lograron para el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corre, un incremento en términos reales del seis por ciento en los recursos destinados a la cultura con respecto al año de 2011; se subraya este acuerdo, sobre todo porque se consiguió luego de que en los ejercicios precedentes se habían tenido mermas en la tendencia presupuestal con la que venía operando el sector.

Es por eso que a través de este Punto de Acuerdo apelamos a la responsabilidad y al compromiso de los diputados para que, aseguren un incremento presupuestal para el sector; y si materialmente no resulta posible un incremento presupuestal para las actividades artísticas y culturales en el Presupuesto de Egresos para 2013, se conserve al menos en términos reales, una vez descontado el índice inflacionario, el monto equivalente de recursos que se logró para este 2012.

A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, queremos dejar constancia y solicitar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la necesidad de fortalecer al sector de la cultura y las artes que ha sido puntal en la historia de México y de nuestro acercamiento con otros pueblos en el mundo, y que deberá seguir jugando ese rol en perspectiva para conservar en él, el espacio que hemos logrado.

Hemos de señalar finalmente que, aún logrando para 2013 asegurar el monto presupuestal al equivalente que se consiguió para este año, estaremos muy lejos aún de la recomendación de la UNESCO de que se canalice para el sector cultural al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto. Esta debe ser en todo caso, la meta que hacia delante tenemos que plantearnos, para llegar a ella lo antes posible. Si bien de manera gradual, habrá que hacerlo con gran determinación y con un genuino compromiso, conocimiento y reconocimiento de lo que habrán de seguir significando para nuestro país la ampliación del patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico; la multiculturalidad; los intercambios con el mundo; la facilitación del acceso a la cultura a grupos sociales cada vez más amplios; la promoción de las artes y el apoyo indiscutible a los creadores.

Conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos al pleno de esta alta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asignen para el sector cultural de nuestro país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio de 2012.

Segundo. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que adopte las previsiones necesarias para que se alcancen de forma gradual, mediante asignaciones anuales crecientes, los niveles de recursos recomendados por la UNESCO de un uno por ciento del producto interno bruto para el sector cultural.

México, Distrito Federal, a 16 de octubre de 2012.— Senadores: Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), Javier Lozano Alarcón (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a satisfacer distintas necesidades en la detección y atención del cáncer de mama.

La Presidencia dispuso que los resolutivos primero y tercero de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnaran a la Comisión de Salud y, a la Cámara de Diputados, el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a las Secretarías de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, con el objeto de satisfacer distintas necesidades, en la detección y atención del cáncer de mama.

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Las que suscriben, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, senadoras a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten con el carácter de urgente y obvia resolución a la consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a las Secretarías de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, con el objeto de satisfacer distintas necesidades, en la detección y atención del cáncer de mama; al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial.

En nuestro país existen diversos problemas de salud pública, que han proliferado con motivo de la alimentación y la forma de vida del actual siglo XXI, los compuestos químicos que contienen los alimentos, la obesidad, los artículos de belleza, el sedentarismo, la predisposición genética y el estrés al que las personas hoy se encuentran sometidas con tal de subsistir, son algunos de los factores que en conjunto o de forma individualizada detonan el riesgo de padecer trastornos graves de salud, como lo son las enfermedades crónico degenerativas cardio o encéfalo vasculares, tales como la hipertensión arterial, la angina de pecho, los distintos tipos de diabetes y desde luego el cáncer mamario, mal que desde el año 2006 representa la primer causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país, todos estos son problemas serios de salud pública, cuya atención urgente, es ineludible por parte de todos los niveles de gobierno.

II. En el caso que nos ocupa y en el marco del Día Internacional del la Lucha contra el Cáncer de Mama, vale la pena considerar, que a nivel mundial el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres, después del cáncer de piel representa el 16 por ciento de todos los cánceres femeninos.

548 mil mujeres fallecen cada año por este motivo, lo que significa que cada minuto una mujer en el mundo pierde la vida debido a esta enfermedad.

La tasa es más del doble que el de cáncer colorrectal y el cáncer cervical y cerca de tres veces mayor que la de cáncer de pulmón.

La mortalidad en todo el mundo es de 25 por ciento mayor que el de cáncer de pulmón en las mujeres.

En el mundo cada minuto hay dos mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

III. El cáncer de mama representa en nuestro país la primera causa de muerte en mujeres, por ejemplo durante el año 2010 se registraron 5 mil 62 defunciones, de las cuales el 70 por ciento correspondió a mujeres entre 50 a 69 años de edad, esto según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

IV. Las técnicas de autoexploración para la detección temprana de este terrible mal, son difundidas por diversos medios, sin embargo no es suficiente ese solo examen ya que debe de confirmarse con un diagnostico médico basado en pruebas científicas que permitas indubitablemente arribar a una conclusión cierta de que se padece esta enfermedad.

V. En el país no existe un padrón confiable de equipo médico funcional para la atención y detección de este mal, lo que trae como consecuencia, que se desconozca cuál es la capacidad real para la atención del cáncer de mama en todos los nosocomios del país.

VI. Aunado a lo anterior, tampoco se conoce con certeza cuántos equipos de los existentes son funcionales y cuanto personal médico se encuentra capacitado para operarlos, lo que sin lugar a dudas corresponde a una merma en la atención del cáncer de mama, pues las personas que lo padecen, desgraciadamente tienen que estar buscando que se les atienda en distintos centros médicos con la esperaza de que se les atienda con eficiencia, mientras la enfermedad avanza y en muchos de los casos cuando son atendidas ya es demasiado tarde.

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los senadores presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

Segundo. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud;

Tercero. Que el servicio de atención médica en nuestro país se presta a través de diferentes instituciones públicas, así como por personas físicas o morales de los sectores social y privado que forman parte del Sistema Nacional de Salud, como de los sistemas estatales de salud pública;

Cuarto. Que la actual explosión demográfica nacional de mujeres que alcanzan la edad en la que se manifiesta el riesgo de padecer cáncer de mama (58 años en adelante), implica a la necesidad de tener campañas permanentes de información y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama en todo el país, de modo que se hace necesario contar con material de apoyo para que las instituciones de salud pública distribuyan esta información entre la población.

Quinto. Que se requiere contar con una infraestructura cuatro veces superior para alcanzar la cobertura sugerida por la organización mundial de la salud (más del 70 por ciento) para disminuir la mortalidad por el padecimiento de cáncer de mama, por lo que resulta imprescindible para la atención y detección temprana del cáncer de mama, contar con equipo suficiente y funcional en los distintos nosocomios de atención a la salud pública del país.

Sexto. Que se requiere, contar con datos ciertos sobre el número de equipos funcionales que permitan realmente evaluar la calidad de las mastografías y que asegure una veracidad en las pruebas en las instituciones públicas para la detección del cáncer de mama en toda la nación, ello para encontrarnos en la posibilidad de realizar un cálculo cierto y poder dotar de mayores recursos al sector salud, tanto nacional como estatal, a fin de adquirir más y mejores equipos para atender suficientemente la demanda de pacientes que concurren a realizarse las pruebas pertinentes y así poder salvar su vida.

Séptimo. Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional, tal como en la especie ocurriría, para el caso de que una vez que se cuente con el resultado de la evaluación de los equipos médicos para la detección del cáncer de mama a nivel nacional, con base en los recursos disponibles, se asignen los presupuestos necesarios para: 1) la adquisición de equipo nuevo y de vanguardia, 2) capacitación del personal médico a fin de operar los equipos en comento y 3) ampliar la plantilla laboral de personal médico que pueda atender las solicitudes de diagnóstico en la detección temprana del cáncer de mama.

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resoluciónel presente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas, a fin de que elaboren material gráfico que contenga, la adecuada técnica de autoexploración mamaria, con el objeto de ser distribuida entre la población femenina en todo el país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados , a que asigne una partida presupuestal de treinta millones de pesos a la Secretaría de Salud del gobierno federal independientes de su presupuesto ordinario, a fin de que estos recursos sean destinados para el aumento de la plantilla laboral de personal médico y para la capacitación de los mismos en la utilización y manipulación de los equipos para la detección del cáncer mamario, así como para la implementación de un mecanismo de evaluación y funcionamiento de dichos equipos, tanto en clínicas y hospitales a cargo de la Secretaria de Salud del gobierno federal, como de las que se encuentran administradas por los gobiernos de las entidades federativas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que con el resultado de la evaluación de los equipos para la detección del cáncer de mama, se asignen los recursos necesarios para que tanto la Secretaría de Salud del gobierno federal como las Secretarías de Salud de las entidades federativas, adquieran los equipos nuevos necesarios para satisfacer la demanda requerida.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de octubre de 2012.— Senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, Mónica Tzasna Arriola Gordillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, diputada federal electa en el IV distrito electoral del estado de Baja California.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir su protesta de ley para entrar en funciones a doña María Guadalupe Velázquez Díaz, de Guanajuato; a doña María del Carmen López Segura; a María Fernanda Schroeder; a Lourdes Eulalia Quiñones; a Andrés de la Rosa; a Marcelo Garza; a David Pérez Tejada; a Zuleyma Huidobro; a Loretta Ortiz Ahlf; a María Sanjuana Cerda y por si fuera poco, a su eminencia don Fernando Castro Trenti.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se pide a los diputados ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es también un honor que nos acompañe doña Malú Mícher, en la comisión de cortesía.

Ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Enhorabuena diputada, bienvenida.

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Se han registrado para referirse al tema varias diputadas y tiene el uso de la palabra la primera de ellas, doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza. Tiene usted el uso de la voz.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el cáncer representa un gran sufrimiento para los pacientes y sus seres queridos, una enorme carga para la sociedad, pero sobre todo una reducción en la esperanza de vida de quien lo padece.

Muchos de nosotros en este recinto, o bien hemos luchado contra el cáncer o tenemos amigos, o familiares que luchan cada día contra esta terrible enfermedad.

A pesar de todos nuestros esfuerzos y los avances médicos, el cáncer sigue ocasionando cada año la muerte de millones de personas en el mundo y en miles de ciudadanos de nuestra nación y desafortunadamente, no se detiene.

El cáncer de mama es un desafío clave, esta enfermedad representa el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres; la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 84 millones de personas morirán a causa de esta enfermedad, entre los años de 2005 a 2015.

En México constituye un importante problema para la salud pública, ya que a partir de 2006 el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 30 a 54 años, y se ubica como la primera causa de mortalidad, por tumores malignos, entre las mujeres.

Esta situación encarna un gran desafío para todos los que estamos comprometidos en hacer algo para aliviar el sufrimiento ocasionado por el cáncer de mama: las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales de la salud, los cuidadores, la comunidad científica, los políticos y la industria.

En las últimas dos décadas se han realizado progresos, pero aún hay mucho que hacer; las cifras oficiales indican que el 90.8 de los casos de cáncer de mama han sido diagnosticados en etapa tardía o no clasificables, lo que se relaciona de manera directa con una evolución clínica menos favorable.

Por ello, es primordial que desarrollemos, entre otras cosas, un plan nacional e integral que contribuya a la reducción de la incidencia del cáncer, en el que establezcamos sinergias, que complementemos esfuerzos para lograr dicho plan nacional.

Las asociaciones médicas e institutos de investigación deben ser proveídos de un marco regulatorio que les permita compartir conocimiento y difundir buenas prácticas para prevenir este terrible flagelo, en el que incluyan componentes de una vida saludable y la detección del cáncer, tanto en la asistencia sanitaria, como en la investigación y la información, en el que se considere una adecuada organización de los servicios de salud y exista coordinación ordenada en los diferentes niveles de atención, así como un reforzamiento del diagnóstico temprano, a través de la capacitación de personal de salud de primero y segundo niveles en la organización de servicios especializados, dedicados al diagnóstico oportuno de la enfermedad.

Es necesario que para lograr una reducción importante en las consecuencias de esta fatal enfermedad en México enfoquemos las acciones y los recursos hacia los mecanismos de prevención; de este modo las personas podrán evitar ciertos tipos de cáncer, contar con mayor herramientas para tener opciones más saludables, con respecto a sus vidas.

Esto es exactamente lo que sí podemos hacer aquí en el Congreso, compañeras y compañeros diputados, impulsar que a través de nuestro sistema nacional de salud se informe a los ciudadanos sobre lo que pueden hacer por sí mismos para ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer, pero sobre todo al llevar a cabo un comportamiento y conductas más saludables.

Requerimos con urgencia un programa nacional de detección de cáncer de mama que cumpla con los estándares internacionales; la prevención es importante, la prevención funciona y por esta razón es por la que debemos de invertir más en la promoción de una buena salud, así como comprometer más recursos en el tratamiento de la enfermedad.

Pero la prevención no es el final de la historia, el cáncer afecta a las más saludables también, el cáncer de mama afecta a cientos de mujeres que nunca han fumado ni abusado del alcohol y que no tenían problemas de salud.

Por último, compañeras y compañeros diputados, les reitero que el grupo parlamentario se compromete a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vencer el padecimiento del cáncer de mama e invitamos a todas las fuerzas políticas para que a través de sus organizaciones e instituciones, en los planos nacional, regional y local impulsen esta conciencia sobre la prevención para erradicar este mal, que padecen tantas mujeres en nuestra nación. Muchas gracias; es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. El toque de campana era básicamente para pedirle a la asamblea un poco de atención a tan importante peroración.

Tiene el uso de la palabra doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

¿Está la diputada? Adelante.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y ésta —como otras conmemoraciones— tiene como objetivo principal hacer conciencia entre la población sobre las consecuencias que tiene esta enfermedad, de carácter prevenible, y al mismo tiempo, de convocar a los gobiernos a hacer políticas públicas eficaces para la prevención y atención de la enfermedad en etapas tempranas.

La conmemoración de esta fecha es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con la detección temprana del cáncer de mama; es una oportunidad que permite que el mensaje de salud salga a la calle y llegue al conjunto de la ciudadanía: mujeres, hombres, niños y jóvenes; instituciones, organizaciones y gobierno, pues su prevención y atención es una tarea de todas y todos.

A pesar de los esfuerzos realizados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y su incidencia está aumentando, principalmente en los países en desarrollo, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se identifica que este aumento en la incidencia está relacionado con la falta de información y los impedimentos para acceder a servicios de salud, una situación que en nuestro país sufren las mujeres, pues al no formar parte de la economía formal muchas de ellas carecen de servicios de salud y algunos —como el Seguro Popular— hasta hace poco la incorporaron en su esquema de atención.

En México el cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad en la población femenina en edad reproductiva, por neoplasias malignas mueren al año más de 3 mil 500 mujeres, y mientras en 1990 se presentaban 6 mil nuevos casos, se proyecta que para el 2020 tendrá un incremento cercano a los 16 mil casos nuevos al año.

En razón de ello, es necesario que las políticas públicas y presupuestos dirigidos a prevenir y atender la enfermedad sean considerados de carácter urgente y prioritario e involucrar en la solución a las mujeres, sus familias y la sociedad, en general.

Se debe poner hincapié en las medidas preventivas, pues se tiene que más del 70 por ciento de mujeres diagnosticadas están en una etapa avanzada de la enfermedad, lo que dificulta su tratamiento y posibilidades de sobrevivencia.

Es importante resaltar que uno de los obstáculos principales para la detección oportuna recae en el estigma y cultura machista que enfrenta la población femenina en México, lo que le impide acudir a tiempo a un servicio de salud.

Así pues, las medidas para la prevención y atención del cáncer de mama deben ser vistas desde un enfoque multidisciplinario y no solamente desde el sector salud, pues debe incluir un importante programa educativo y de información científica que erradiquen de nuestra cultura tabúes y estigmas con respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Se requiere de una respuesta articulada que incluya la educación, la creación de conciencia, la participación de especialistas y sociedad civil organizada; políticas públicas coordinadas entre diferentes dependencias, en los diferentes órdenes de gobierno, con la finalidad de garantizar mayor cobertura, acceso y aceptación, tanto del tratamiento como de la detección temprana.

A nombre del Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a esta Cámara de Diputados a que tomemos la responsabilidad que nos corresponde, a fin de garantizar los recursos suficientes que vayan dirigidos a una política prioritaria que prevenga y atienda la salud de las mujeres, en especial de enfermedades como el cáncer de mama, por el riesgo que ésta representa para la vida de miles de mujeres al año en México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. ¿Ya está doña Magdalena del Socorro Núñez Monreal lista? Tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos. La escucharemos con una gran atención.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en el marco del Día Internacional de combate al Cáncer de Mama, desde el Grupo Parlamentario del PT nos pronunciamos, porque en este ejercicio de 2013, el Ejecutivo federal envíe partidas suficientes o etiquetadas para el combate a este mal que agobia a las mexicanas.

Este pasado 19 de octubre en la celebración del Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama en México, como en otras regiones del mundo, el esfuerzo para combatir este terrible mal debe de ser prioridad, pero lo es aún más importante el prevenir la detección oportuna de esta terrible enfermedad.

Es lamentable tener que decir que la esperanza de vida para las mujeres que padecen este tipo de cáncer es de 51 años; es decir, 21 años menos comparados con las mujeres que no lo padecen.

La atención de esta enfermedad debe de estar encaminada a garantizar un mejor nivel de vida para las mujeres; por ello, las acciones de prevención y tratamiento para quienes lo sufren deben reflejarse en mejores técnicas de detección y de investigación para erradicar este mal y para aplicar terapias menos invasivas, entre otras.

Como legisladoras tenemos la obligación de fortalecer los esquemas públicos de salud para mejorar su tratamiento y prevención, pero también en las áreas de educación debemos pugnar por incorporar mecanismos educativos que hagan posible el conocimiento de este mal desde temprana edad.

Compañeras diputadas, es pertinente recordar que cada 30 minutos en alguna región del mundo se da a conocer un caso más de cáncer de mama; pero por si fuera poco, debemos tomar en cuenta que dentro de los principales factores de riesgo de contraer este cáncer se incluyen: una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad o una edad avanzada en el momento del primer parto, o aquellas mujeres que nunca han dado a luz.

Nuestro país no es una excepción, si consideramos que se presentan 27.2 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública; en este sentido, si consideramos que hay 12 millones de personas actualmente o de mujeres adultas mayores, la cantidad de riesgo de contraer esta enfermedad es alta.

Por lo anterior, debemos hacer los máximos esfuerzos para resarcir este mal, garantizar nuestro presupuesto para su lucha y garantizar el ingreso a políticas públicas para todas las mujeres en nuestro país. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada, aparte secretaria.

Tiene el uso de la voz doña Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo tema.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hablar de cáncer es hablar de una lucha constante, una lucha ruda, que no acepta diferencia alguna y que incluye a un amplio grupo de enfermedades, las cuales pueden afectar cualquier parte del organismo mutilando rápidamente las células sanas.

El cáncer se extiende invadiendo partes sanas adyacentes del cuerpo. A este proceso se le conoce como metástasis, siendo ésta la principal causa de muerte por cáncer.

La Organización Mundial de la Salud le adjudica al cáncer la principal causa de muerte a escala mundial; se le atribuyen 7.3 millones de defunciones, mismas que representan aproximadamente un 13 por ciento del total de las ocurridas a nivel global durante el 2011.

Como dato importante debemos notar que más del 70 por ciento de estas defunciones se registraron en países de ingresos bajos y medianos.

La tendencia no nos permite ser complacientes, ya que prevé un aumento constante en el número de defunciones en todo el mundo. Para el 2030 se espera que éstos superen los 13 millones.

Dentro de esta terrible enfermedad, que es el cáncer, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de todo el mundo; su incidencia va en aumento debido a causas difíciles de controlar, como lo son una mayor esperanza de vida y el aumento de la urbanización, entre otros factores.

En nuestro país este tipo de cáncer constituye, desde el 2006, la primera causa de muerte por enfermedad, en la población femenina de 25 años en adelante.

El aumento progresivo de casos en México ha llegado a considerar al cáncer de mama como un importante problema de salud pública, que debe de ser atacado. Durante la última década la tasa de mortalidad por cáncer mamario aumentó casi un 11 por ciento; el incremento real en el número de defunciones fue de 56 por ciento.

Este cáncer es una amenaza devastadora, principalmente para la mujer y sus familias; sin embargo, no debemos olvidar que lo es también para la viabilidad de los sistemas de salud y para la sociedad, en su conjunto. Nadie está exento.

De acuerdo al Inegi y a la Secretaría de Salud, del 2009 al 2011 la mortalidad por cáncer de mama en México se incrementó, al pasar de 11 a 17 decesos respectivamente, por cada 100 mil mujeres. Una de las razones es que el 70 por ciento de los casos de cáncer mamario se detectaron en etapas tardías.

En este mismo sentido, Pablo Kuri, subsecretario de Salud, señaló que se han equipado 572 unidades médicas con mastógrafos, lo que significó 1 millón 300 mil análisis al año. Lamentablemente la cobertura para la detección no fue suficiente, por no contar con personal capacitado para realizar la lectura correcta de estas imágenes.

Pero hay también buenas noticias y la buena noticia es que la mayoría de las muertes por cáncer de mama pueden evitarse; en los Estados Unidos de América la tasa de sobrevivencia a cinco años es del 98 por ciento, cuando la enfermedad es localizada en las etapas tempranas; en nuestro país, un estudio de la Secretaría de Salud reveló que hasta dos terceras partes de las muertes, en mujeres menores a 65 años, se pudieron haber evitado con la detección temprana, así como la aplicación de los tratamientos médicos sugeridos para tales casos.

Por todo lo anterior, nuestra fracción parlamentaria considera necesarias las siguientes acciones; primera, un programa permanente para la detección masiva del cáncer de mama, y segunda, la capacitación de personal especializado para la lectura de las mastografías en unidades médicas.

En el marco mundial del Mes contra el Cáncer de Mama necesitamos crear conciencia en todas las mujeres para la detección temprana de este terrible mal, lo cual —como hemos dicho— se traducirá en una mayor posibilidad de erradicar este padecimiento. Sabemos que contamos con ustedes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Ahora nos disponemos a escuchar nada menos y además con un enorme gusto, a doña Martha Lucía Mícher Camarena. Tiene usted el uso de la voz.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, antes de iniciar mi intervención quiero agradecer a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados por el acto solidario, que a través del diputado González Morfín, del diputado Murillo Karam, de la diputada Aleida Alavez y del diputado Francisco Arroyo Vieyra tuvieron para que, de manera disciplinada y respetuosa, pudiéramos tomar la tribuna para manifestarnos en contra de políticas que no ven a las mujeres y a favor de un presupuesto por la salud y la vida de las mujeres. Muchas gracias, Mesa Directiva.

Por otra parte, quiero decirles que el cáncer —si bien, ya lo han dicho mis compañeras— es la segunda causa de muerte y por procesos tumorales de mujeres mayores de 25 años.

Pero no quiero hablar ya tanto de estadísticas, sino de algo que desconocemos hombres y mujeres y que creo que es importante decírselos porque, a través de la experiencia que tuvimos en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, donde nació este programa de detección oportuna del cáncer, en 2005, que ha sido el programa reconocido incluso por la Secretaría de Salud federal como uno de los más avanzados, e igualmente en Latinoamérica.

El cáncer de mama, así como el agua se mide en litros, el cáncer de mama se mide en BI-RADS (por sus siglas en inglés Breast Imaging Report and Database System), del cero al cinco; si cualquiera de nosotras al hacernos este estudio —que por cierto no es nada agradable— saliera con clasificación de BI-RAD clase 0, significa que es un estudio inconcluso y que hay que complementar los estudios.

Si saliera con BI-RAD I, quiere decir que la paciente está limpia, que no hay ninguna lesión, que está benigna. Lo mismo si sale BI-RAD II, éste es también una fibrosis por ahí, sobre todo para quienes hemos amamantado a hijos y a hijas, y es benigna.

Pero si sale clasificación III, ahí tenemos que ver, que puede ser probablemente benigno y hay que hacerse un estudio semestral. Pero lamentablemente si tiene clasificación IV, tiene una probabilidad de 75 por ciento de cáncer maligno. Y si tiene clasificación V, tendrá un 95 por ciento de clasificación maligna, y eso a nadie nos lo enseñan. Eso nadie lo sabe ni hombres ni mujeres, más que personal médico.

Por eso necesitamos, compañeras y compañeros, que en esta Cámara asignemos mayor presupuesto. El éxito del programa de detección oportuna de cáncer del gobierno de la Ciudad fue un éxito por esto, porque fuimos por las mujeres. Así es que vamos por ellas, a los mercados, a las comunidades, a las tienditas, ahí donde las mujeres están vendiendo unas tortillas en el mercado, hay que ir por ellas para que se hagan su examen.

Si cualquiera de ustedes tiene antecedentes, mujeres, de sus hermanas, de sus madres, que han tenido cáncer de mama, tienen que hacerse los estudios todavía mucho más jóvenes.

La norma oficial quería mandar la obligatoriedad del Estado hasta los 50 años, y logramos mantenerla en los 40 años. Así es que necesitamos comprometernos todas y todos con un presupuesto, ¿para qué? Para prótesis, para brasieres, para estudios complementarios, para el tema del linfedema; las mujeres que se someten a tratamientos se le ponen los brazos muy, muy hinchados y necesitan saber que no deben cargar nada con ése brazo.

Si te quitan el ganglio que se llama, el ganglio.

Ya se me olvidó, el tema de este ganglio, chihuahua, es el tema más importante. Se llama, chirrión, ya no hablo de corridito, pero lo que tengo que decir es el ganglio más importante.

Si te quitan este ganglio lamentablemente tendrás un problema de circulación; por eso necesitamos asignar mucho presupuesto, educar a nuestras niñas, educar a nuestros niños y educar a nuestras mujeres, porque más vale un apachurrón, que estar en el panteón. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Aquí ni el diputado González Morfín ni yo nos acordamos de cómo se llama el ganglio, tampoco. Le ofrecemos ir a estudiarlo.

Doña Flor de María Pedraza Aguilera, del PAN.

Si se acuerda, nos los dice.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera:Compañeras y compañeros diputados, ¿cuántas veces hemos escuchado frases como: la mamografía es impostergable, solo en personas de alto riego; si no hay molestias, no son necesarios los exámenes, o bien, no existe el remedio para el cáncer?

Contrariamente a lo que se cree, la primera forma de enfrentar un cáncer es a través de un diagnóstico temprano; por ello es importante tomar en cuenta que el que no se presenten molestias no significa que se deba prescindir de los exámenes, como la mamografía, que es un examen dirigido a personas sanas y que persigue que lo sigan siendo.

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial el cáncer de mama afecta  a 16 por ciento de la población femenina; de hecho, de acuerdo a su reporte, cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo.

Desde 2006 esta enfermedad representa la primera causa de muerte por tumor maligno en las mujeres mexicanas, así, aproximadamente cada año más de 13 mil de ellas son diagnosticadas con cáncer de mama y un poco más de cinco mil mueren por esta causa.

No obstante, el cáncer de mama no es una enfermedad propia de las mujeres, los hombres también la padecen; en 2009, por ejemplo, 14 de 100 hombres, de entre 60 y 64 años, tenían cáncer de mama.

Es interesante observar, a través de las estadísticas del Ine-gi, que el dato de morbilidad hospitalaria por este padecimiento entre la población masculina menor de 30 años y de 60 años presentan en cada grupo los porcentajes más altos.

Hoy tenemos la oportunidad de insistir a todas y todos, que esta enfermedad, si se detecta a tiempo, es curable. De hecho, se calcula que el cáncer de mama tiene un índice de curación del 97 por ciento, si se detecta en etapas tempranas; el diagnóstico temprano permite una supervivencia de 10 años en el 90 por ciento de los casos, y solo 2 por ciento cuando su diagnóstico se realiza  en fase tardía.

Tristemente —según lo refiere la Secretaría de Salud— el 90 por ciento de los casos en nuestro país se detecta cuando el cáncer de mama ya es muy avanzado; según el Instituto Nacional de Cancerología de México, de las 35 mujeres que son diagnosticadas cada día, 32 ya tienen tumores en estados avanzados, lo que aumenta el riesgo de mortalidad.

Por otra parte, aunque el cáncer de mama en los hombres sea poco común, la falta de promoción y de conciencia de la enfermedad impide que identifiquen que están en riesgo, sobre todo si hay antecedentes en sus familias, lo que dificulta un diagnóstico temprano, razón por la cual generalmente se detecta en estadios avanzados.

El compromiso frente a ello es impostergable; por ello, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es nuestro deber como legisladores impulsar acciones concretas afines a la idea de que la principal estrategia para atender este problema es la prevención a través de la autoexploración mamaria y la mastografía.

Los esfuerzos legislativos y de política pública sin duda deben estar encaminados hacia ello; la sociedad por supuesto debe tener un papel activo e importante. Tomemos conciencia de que el cáncer de mama es un problema prioritario de salud por su magnitud, uno que sin duda debe llamar nuestra atención por su tendencia ascendente y los enormes costos emocionales, sociales y económicos en las familias mexicanas.

Compañeras y compañeros, las mujeres y los hombres de la fracción de Acción Nacional estamos convencidos de que las y los mexicanos debemos asumir el reto de que ni una sola familia más se desintegre a causa del fallecimiento de un miembro de su familia por habérsele detectado tardíamente cáncer de mama; que ni una sola mujer más tenga que pasar por la fase de duelo a causa de la amputación de una parte de su cuerpo.

Debemos lograr que cada mujer y cada hombre de este país, se convenza de que aplicar las medidas preventivas es protegerse; que al cuidar de su salud se procurará seguridad y respeto a sí mismo, a su familia y a su país.

Por ello, las invito y los invito a que conformemos un frente común, para garantizar que toda persona en este país tenga acceso a las acciones preventivas de detección temprana, tratamiento adecuado y rehabilitación del cáncer de mama. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Quiero informar a la asamblea que después de sesudas búsquedas llegamos a la conclusión de que el ganglio se llama Centinela; es el ganglio centinela. Servida, Malú.

Finalmente, tiene el uso de la voz doña Alma Marina Vitela Rodríguez, del PRI, hasta por cinco minutos, para que hable del ganglio centinela.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor diputado presidente. Señoras y señores legisladores, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama; el objetivo, crear conciencia en las mujeres para que se realicen periódica y oportunamente los estudios preventivos correspondientes, ya que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable.

Este día es también un recordatorio para los gobiernos de todas las naciones, para que impulsen políticas y programas públicos eficientes.

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se detecta cáncer de mama en alguna mujer; en México, aproximadamente 13 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y cinco mil mueren cada año por esta causa, siendo la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina de 25 años y más.

En nuestro país, el cáncer de mama constituye un problema de salud pública, que no es menor, por lo que el abordaje institucional que se debe instrumentar debe de ser transversal.

Definir una agenda que abarque estrategias diversas resulta prioritario para combatir efectivamente este mal, que tiene sus raíces más profundas en la parte cultural de la prevención, que permea no solo entre las mujeres, sino también a nivel familiar e institucional.

En suma, es menester establecer políticas y programas públicos de largo alcance, capaces de superar la coyuntura, los cuales logren establecer un círculo virtuoso entre información y atención.

En el Grupo Parlamentario del PRI asumimos el reto que tenemos frente a nosotros; estamos convencidos que el primer objetivo debe de ser que todas las mujeres del país reciban información suficiente y de calidad, que les permita tomar conciencia de la importancia de acudir oportunamente y periódicamente a revisión médica.

En segundo lugar, estamos ciertos de la necesidad de posibilitar el acceso a los servicios médicos en sus tres fases.

En cada rincón del país deben existir programas que faciliten a las mujeres a recibir la atención adecuada, para lo cual se requiere de la participación y coordinación de la federación, los estados, municipios, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil; sellemos hoy el compromiso para que las y los integrantes de esta Cámara representemos con estatura las causas de las mujeres; comprometámonos a realizar las adecuaciones legislativas y presupuestales necesarias, a beneficio de quienes representan a más del 50 por ciento de la población.

El cáncer, compañeras y compañeros legisladores, no solo destruye la salud de las mujeres, destruye a familias completas. Muchas gracias; es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir que se abran el sonido en la curul en que se encuentra el diputado Luis Alberto Villarreal, por favor.

EFRAIN GONZALEZ MORFIN

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Gracias, presidente. El pasado domingo, 21 de octubre de 2012, falleció a los 83 años uno de los ideólogos, humanistas más importantes de la historia contemporánea de México; diputado federal en 1967, candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional en 1970 y presidente nacional del Comité Ejecutivo de Acción Nacional en 1975, don Efraín González Morfín.

Quisiera pedir a la Presidencia un minuto de silencio en su memoria y quisiera terminar citando una frase de nuestro entrañable dirigente, don Efraín González Luna: Antes de la política debe existir lo pro-político; es decir, el conjunto de actividades y de instituciones que no son ni gobierno ni partidos. Desde luego, en lo pro-político sobresale, en primer término, la persona, que no es producto del gobierno.

Descanse en paz, Efraín González Morfín.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La Mesa Directiva hace suya la propuesta del diputado Villarreal e invito a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Descanse en paz, Efraín González Morfín.

ARTICULOS 21, 29, 76, 78, 82, 89, 95, 102, 105, 107, 116 Y 119 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: En el apartado de iniciativas tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Alberto Villarreal García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Alberto Villarreal García:Diputadas y diputados, señoras y señores, en el Partido Acción Nacional tenemos un fuerte compromiso con la cultura de la legalidad, misma que permite que una sociedad se rija bajo leyes e instituciones creadas en forma democrática, que protejan los derechos de todas las personas y que la ley se aplique a todos por igual.

Desde hace décadas, tanto en el terreno académico como en el debate nacional, se discute la necesidad de dotar de autonomía al Ministerio Público bajo el contexto de lograr un Estado democrático de pleno derecho.

El gran jurista mexicano, Luis Cabrera, desde la década de los treinta señaló que uno de los problemas de nuestra Carta Magna es que se otorgue al Ministerio Público un doble papel; primero, por ser representante de la sociedad, y segundo, por ser nombrado y responder jerárquicamente al Poder Ejecutivo.

Cito textual: Es algo que quizá en el futuro se corrija constitucionalmente separando estas funciones, que tienen que ser necesariamente antagónicas. Al pasar de los años se ha hecho evidente la necesidad de consolidar una reforma del Estado mexicano que atienda las exigencias de justicia de la sociedad.

Nuestro proceso penal requiere de las modificaciones necesarias para transitar de un sistema acusatorio que responda a la reforma integral publicada el 18 de junio de 2008, aquélla que amplió los derechos en el proceso penal y dotó de mayores medios al Estado para combatir al crimen organizado.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara propone esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación, cambiando su denominación a Fiscalía General de la República.

Ha sido una máxima del Partido Acción Nacional que la persecución de la justicia no puede estar sujeta a consideraciones de índole político; por ello, el objetivo de esta iniciativa es crear la fiscalía de la federación como un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuesto, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta institución realizará, a través del Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten su responsabilidad, defender los derechos de las víctimas y de los ofendidos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta, expedita y completa.

Con ello lograremos que el Ministerio Público deje de ser un representante del Poder Ejecutivo y se convierta verdaderamente en un representante de la sociedad mexicana, que responda exclusivamente al mandato de la ley. Asimismo se cumplirá con varios de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio, como la igualdad de las partes, el respeto y la vigencia de los derechos humanos.

Para lograr la imparcialidad y la autonomía de la Fiscalía General de la Federación es necesario que el nombramiento sea propuesto por el Poder Ejecutivo, pero que recaiga y sea dispuesto por un poder del Estado plural, como el Senado de la República, a través de la votación de la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes.

La reforma que proponemos en Acción Nacional —parafraseando al doctor Jorge Carpizo— implica que este tema deje de ser tratado como un asunto de reforma de fachada bajo el cual los gobiernos obtienen prestigio, pero no resultados.

En Acción Nacional defendemos que las instituciones no pueden ser utilizadas para fines personales o de grupo, sino que deben atender al bien común de todos los ciudadanos; por ello estimamos que solo con instituciones fuertes y autónomas, ya en la federación o ya en los estados de la República, se abonará a que las decisiones en materia de procuración de justicia y representación social sean independientes de cualquier Poder del Estado.

Termino, presidente.

El Partido Acción Nacional en esta honorable Cámara de Diputados desde el primero de septiembre asumió la función de ser la fuerza modernizadora y transformadora que México necesita. No permitiremos reformas de forma que no atiendan el fondo de los problemas; no permitiremos que nos pidan menos de lo que México y su gente necesitan.

La propuesta que hoy presento a nombre de mi grupo parlamentario ante esta soberanía atiende el fondo de dos de los problemas centrales de nuestro país: el acceso a la justicia y la utilización del sistema de procuración de justicia con fines políticos. México ya cambió y no puede regresar al viejo régimen. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, con el carácter de diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público de la federación, y cambiar su denominación a Fiscalía General de la República, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Panorama general

A lo largo de los años, se ha puesto en evidencia en nuestro país la existencia de un proceso penal cuya práctica se realiza alejada de los principios del sistema acusatorio.

Entre los principales problemas apareció la ausencia del juez durante el proceso, su celebración con base en expedientes escritos, de forma lenta y burocrática y con el desahogo y valoración de pruebas ante el Ministerio Público.

Al promulgarse la Constitución en 1917 se estableció, en materia penal, una doble función del Ministerio Público, es decir, como titular de la acción penal y jefe de la policía judicial, así como la persecución de los delitos.

Sumado a lo anterior, al procurador general de la República se le confiere el carácter de abogado de la nación al fungir como consejero jurídico del gobierno e intervenir en los negocios en que la federación fuera parte.

Con lo anterior queda claro que la institución del Ministerio Público durante el siglo XX y en el actual siglo, ha estado bajo la tutela del Ejecutivo federal.

Circunstancias como la anteriores además de un desarrollo de un sistema de justicia por años cuestionado propició la necesidad de reformar la Constitución Política en ese rubro, por ello, el 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral con la finalidad de instaurar el sistema procesal acusatorio y la ampliación de derechos en el proceso penal, la concesión de mayores medios al Estado para combatir el crimen organizado y diversos aspectos relacionados con el Ministerio Público.

No obstante, considerando que la justicia es un sistema integrado por diferentes componentes que interactúan e influyen entre sí para la consecución de su objetivo, se debe considerar que los jueces, el órgano investigador y acusado, el procesado, las víctimas y otros participantes en el procedimiento penal deben influir unos con otros para lograr el adecuado funcionamiento del sistema de justicia acusatorio.

Así las cosas se debe permitir la adecuada función del Ministerio Público como órgano de persecución de los delitos, por lo cual, una forma de conseguirlo es la creación de la Fiscalía General de la Federación como un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicha figura permitirá que el Ministerio Público deje de ser representante del Poder Ejecutivo y se convertirá en un verdadero representante de la sociedad.

Esta institución que se propone erigir realizará a través del Ministerio Público de la federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita.

Haciendo el señalamiento que la designación del titular de dicho Instituto no recaerá como se viene realizando en el arbitrio del poder ejecutivo, motivo por el cual las actividades de investigación y persecución del delito estarán supeditadas únicamente a la voluntad de su propio titular.

II. Propuesta normativa

La historia del proceso penal mexicano ha sido, en su mayor parte, poco favorable para la protección de los derechos humanos de cada ciudadano.

Durante años, el proceso penal se llevó a cabo, en la práctica, alejado de los principios del sistema acusatorio. Entre los principales problemas apareció la ausencia del Juez durante el proceso, su celebración con base en expedientes escritos, de forma lenta y burocrática y con el desahogo y valoración de pruebas ante el Ministerio Público.

Sumado a lo anterior, el Ministerio Público ha sido una de las instituciones más controvertidas y criticadas por sus deficiencias en la investigación de los delitos y en los juicios en los que participa.

Ante los problemas que presenta el sistema de justicia penal los distintos Poderes de la Unión, han reaccionado mediante una reforma a las disposiciones constitucionales en materia de justicia penal.

Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y tiene la finalidad de instaurar el sistema procesal acusatorio y la ampliación de derechos en el proceso penal, la concesión de mayores medios al Estado para combatir el crimen organizado y diversos aspectos relacionados con el Ministerio Público.

Es de esa manera que el primer párrafo del artículo 20 constitucional señala que el proceso penal será acusatorio y oral, por lo que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. No obstante, hasta la fecha existe una divergente discusión en diversos foros de derecho, sobre los grandes problemas que afronta el Ministerio Público por formar parte del Poder Ejecutivo.

Dicha subordinación implica que las decisiones de los agentes del ministerio público corran el peligro de estar sujetas a las pretensiones del titular del Ejecutivo federal y de ningún otro poder estatal, poniendo en riesgo la eficaz procuración y administración de justicia.

En ese sentido, en la Constitución de 1917 se estableció, en materia penal, una doble función del Ministerio Público Federal. Por un lado, como titular de la acción penal y como jefe de la policía judicial, por el otro la persecución de los delitos del orden federal.

Sumado a lo anterior, se le otorgó al procurador general de la República el cargo de consejero jurídico del gobierno e intervenir en los negocios en que la Federación fuera parte. De esta forma, a través de la historia la procuración de justicia ha estado sometida a una estructura jerárquica que la mantiene subordinada a la voluntad del Ejecutivo Federal.

Lo anterior queda firmemente establecido por la Carta Magna en su artículo 89, fracción, IX, según el cual es facultad del Ejecutivo federal designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República.

Sin lugar a dudas, la reforma constitucional de 2008 que introdujo el nuevo sistema de justicia acusatorio representa un gran avance para la construcción de un sistema de procuración y administración de justicia propia de un régimen democrático y garantista.

No obstante, esa reforma no debe ser vista de forma aislada. La justicia es un sistema integrado por diferentes componentes que interactúan e influyen entre sí. Para que el sistema cumpla con su objetivo es necesario que cada uno de sus elementos dé efectividad para la consecución de ese objetivo.

En ese sentido se debe considerar que los jueces, el órgano investigador y acusado, el procesado, las víctimas y otros participantes en el procedimiento penal deben influir unos con otros para lograr el adecuado funcionamiento del sistema de justicia acusatorio.

Con base en lo anterior, es imperioso proponer una reforma que permita al Ministerio Público cumplir más adecuadamente su función constitucional de órgano de persecución de los delitos.

De esta forma, el objetivo de esta iniciativa es crear a la Fiscalía General de la Federación como un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Por tanto, el Ministerio Público dejará de ser representante del Poder Ejecutivo y se convertirá en un verdadero representante de la sociedad; asimismo, se cumplirá con uno de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio, como lo es la igualdad entre las partes.

Además de la citada reforma constitucional de 2008, existen los siguientes antecedentes legislativos que por su importancia fueron analizados para la presentación de esta iniciativa:

1. Iniciativa de 24 de abril de 2007. El senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales, para otorgar la autonomía al Ministerio Público del fuero federal y del fuero común.

2. Iniciativa de 26 de abril de 2007. Presentada por el senador René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración y administración de justicia.

3. Iniciativa de 4 de octubre de 2007. Presentada por el diputado Andrés Lozano Lozano; en nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRD, con el proyecto de reforma, adición y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Procuración de Justicia.

4. Iniciativa de 14 de febrero 2008. Presentada por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con el proyecto que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Iniciativa de 06 de marzo de 2008. Presentada por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, con el proyecto de reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

6. Iniciativa de 13 de noviembre de 2008. El Senador René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se cambia la denominación y se dota de autonomía al ministerio público.

7. Iniciativa de 10 de junio de 2009. Presentada por la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD, con la propuesta de reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia.

Para Acción Nacional siempre ha sido una prioridad contar con instituciones modernas y que constituyan un verdadero equilibrio del poder. En tal virtud, el 24 de marzo de 2004 fue presentada por el Ejecutivo federal a cargo de Vicente Fox Quezada, la iniciativa por la que se reforma la Constitución a efecto de crear a la Fiscalía General de la Federación como un organismo autónomo.

Por ello, es que ahora se propone crear la Fiscalía General de la Federación como un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá a su cargo la función del Ministerio Público.

Además, tendrá la obligación de, a través del Ministerio Público de la federación, llevar a cabo la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita.

La Fiscalía General de la Federación estará presidida por un fiscal general elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios.

Con lo anterior, se le retira totalmente al presidente de la República cualquier tipo de participación en el nombramiento del fiscal general.

Por tanto, las actividades de investigación y persecución del delito ya no estarán subordinadas a cualquier voluntad distinta de la de su propio titular.

Sumado a lo anterior se propone que el consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, figura que ya existe dentro de la estructura de la Presidencia de la república, esté a cargo del Ejecutivo federal y tendrá las funciones que, para tal efecto, establezca la ley y representará al Ejecutivo en los asuntos en que sea parte.

En la misma consonancia de que la nueva Fiscalía General de la Federación, que sustituye a la Procuraduría General de la República, tenga absoluta y verdadera autonomía respecto del Jefe del Ejecutivo Federal y de cualquier otro poder público, proponemos que las instituciones de procuración de justicia de los estados se transformen en fiscalías generales.

Debiendo advertir que el cambio de nombre no sólo es nominativo, sino que se presupone un cambio estructural de fondo, basado en la autonomía de las nuevas fiscalías y cuya actuación este alejada de cualquier tinte, interés o venganza política.

En Acción Nacional, seguimos creyendo que las instituciones no deben utilizarse para fines personales o de grupo, sino que deben atender al bien común de todas las ciudadanas y ciudadanos, por ello estimamos que sólo con instituciones fuertes y autónomas, ya en la federación o bien en los estados, se abonara a que las decisiones en materia de procuración de justicia y representación social serán imparciales de los poderes clásicos instituidos.

En ese sentido, proponemos adicionar una fracción IX al artículo 116 para enunciar expresamente que los fiscales generales de las entidades federativas deberán ser autónomos e independientes de los Poderes de los estados, debiendo las Constituciones y leyes locales establecer las normas para su designación, organización y su funcionamiento.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con los ciudadanos para que el poder reformador de la Constitución esté dirigido a crear instituciones autónomas y cuyo funcionamiento no se vea mermado por una dependencia o subordinación jerárquica a los propios sujetos que vigila, y máxime cuando se trata de instituciones que están orientadas a la rendición de cuentas sobre las acciones de los gobernantes.

De esta manera, en Acción Nacional estamos dispuestos a garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

Gracias a estas reformas, México tendrá una institución investigadora de delito eficiente, eficaz y confiable, integrada por servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos.

Con la aprobación de esta iniciativa la Fiscalía General de la República estará sólidamente organizada bajo un enfoque autónomo, integral, operativamente ágil; con contundencia legal y cercana a la sociedad, que coadyuve al desarrollo del país y al disfrute de las libertades y derechos en la nación.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único: Se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público de la Federación, y cambiar su denominación a Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

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...

...

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La Fiscalía General de la Federación y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) a e) ...

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, Consejero Jurídico del Gobierno y la Fiscalía General de la Federación con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

...

...

...

...

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. ...

...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Hacer el nombramiento del titular de la fiscalía general de la Federación por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República;

III. a XII. ...

Artículo 78. ...

...

I. a IV. ...

V. Hacer la designación del Fiscal General de la Federación por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República,

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

Artículo 82. ...

I. a V. ...

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la Federación, gobernador de algún estado ni jefe de gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. ...

Artículo 89. ...

I. a VIII. ...

IX. Se deroga.

X. a XX. ...

Artículo 95. ...

I. a V. ...

VI. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la Federación o del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

...

Artículo 102.

A. La ley organizará la Fiscalía General de la Federación que será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá a su cargo la función del Ministerio Público.

Incumbe a la Fiscalía General de a Federación a través del Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

La Fiscalía General de la Federación estará presidida por un fiscal general. Para efectos de su designación se estará a lo siguiente:

Será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El fiscal general de la Federación sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los Fiscales de Circuito serán removidos en los casos y términos que señale la ley correspondiente.

...

El fiscal general de la Federación intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

El fiscal general de la Federación y sus fiscales, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

El consejero Jurídico del Ejecutivo Federal representará al Ejecutivo federal en los litigios de los que sea parte y tendrá las funciones que, para tal efecto, establezca la ley.

B. ...

Artículo 105. ...

I. ...

a) a k) ...

l) El fiscal general de la Federación y el titular de la Procuraduría de Justicia de alguna de las entidades federativas;

m) El titular de fiscal general de la Federación y el Poder Ejecutivo federal;

II. ......

a) a g) ...

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

...

...

Artículo 107. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a c) ...

d) ...

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del fiscal general de la Federación, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. y VII. ...

VIII. ...

a) ...

b) ...

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o fiscal general de la Federación, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

...

IX. a XII. ...

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la Federación, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

...

...

...

XIV. ...

XV. El fiscal general de la Federacióno, en su caso, el agente del Ministerio Público federal que este designe, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público.

XVI. .a XVIII. ...

Artículo 116. ...

...

IX. Los fiscales generales de las entidades federativas deberán ser autónomos e independientes de los poderes de los Estados, las Constituciones y leyes locales establecerán las normas para su designación, organización y su funcionamiento.

Artículo 119. ...

Cada estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Fiscalía General de la Federación.

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo federal en coordinación con la Fiscalía General de la Federación en su respectivo ámbito de competencia, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los tratados internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

Transitorios

Artículo Primero. Para el caso de la Fiscalía General de la Federación, el presente decreto entrará en vigor al año siguiente de que el Congreso de la Unión emita la declaratoria en la que señale expresamente que el procedimiento penal acusatorio ha sido incorporado al marco jurídico aplicable, de conformidad con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de un año a la entrada en vigor del presente decreto deberá expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas correspondientes.

Artículo Tercero. Las entidades federativas deberán adecuar sus ordenamientos legales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo Cuarto. Cualquier denominación que se haga en los tratados internacionales y ordenamientos legales al procurador general de la República, se entenderá hecha al Fiscal General de la Federación, y las referencias a la Procuraduría General de la República se entenderán hechas a la Fiscalía General de la Federación.

Artículo Quinto. Los servidores públicos de las áreas gubernamentales que son objeto de este Decreto, seguirán en funciones hasta que se determine de conformidad con los procedimientos de ingreso de personal, previstos en la ley, si ocupan cargos en los nuevos organismos y dependencias que al efecto determina o son creadas por el presente Decreto.

Artículo Sexto. El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para que le sean asignados o transferidos a la Fiscalía General de la República, los recursos presupuestales que corresponden a la Procuraduría General de la República.

Nota:

1 Carpizo, Jorge, “La reforma del Estado en 2007 y 2008” en Cuestiones Constitucionales,número 19, julio-diciembre 2008, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2008, página 34.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Luis Alberto Villarreal García, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Damián Zepeda Vidales (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Quiero a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de preparatoria, del Colegio Sara María Basave, del estado de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de invitados del DIF del municipio de Tultitlán, estado de México, que están hoy aquí invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Es que no veía en dónde estaba sentada; voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra la diputada Lorenia Valles Sampedro, por favor.

ISMAEL SOLORIO URRUTIA Y MANUELITA SOLIS CONTRERAS

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro(desde la curul): Gracias, presidente. Para proponer un minuto de silencio por los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuelita Solís Contreras, ambos dirigentes del Barzón-Chihuahua y activistas por el retiro de la minera canadiense en Benito Juárez, ocurrido el día de ayer, 22 de octubre, por la mañana, en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, y por supuesto, para exigir justicia, que se vaya al fondo del asunto y se deslinden responsabilidades.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia hace suya la petición de la diputada Lorenia Valles. Ruego a todos los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Descansen en paz.

2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

El diputado Salvador Ortiz García:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, rememorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán significa conmemorar el ejercicio primigenio del Poder Constituyente para la fundación del Estado mexicano; permite reflexionar a profundidad el origen de nuestra nacionalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales; es además el recuento de la acción heroica realizada por don José María Morelos y Pavón, que un 22 de octubre de 1814 hizo posible que en Apatzingán se promulgara la Constitución, que formalmente marca el inicio de la nación soberana y libre que hoy tenemos.

Su origen se localiza en el movimiento insurgente de 1810, en esa necesidad de dar un orden y sentido a la lucha que se desarrollaba para lograr la Independencia de lo que entonces era la Nueva España.

Morelos, que era el caudillo más destacado en la lucha contra los realistas, puso en marcha la idea de formar un Congreso al que asistirían los representantes de las provincias en calidad de diputados y con ello, evitar la desorganización y el aislamiento de los grupos insurgentes.

La población escogida para la instalación del Congreso fue Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero; los trabajos del Congreso iniciaron en septiembre de 1813; el 6 de noviembre se redactó la primera declaración de independencia, del reino de España y en ese mismo mes Morelos se declaró Siervo de la Nación e incitó a los demás insurgentes a lograr el triunfo del Congreso Nacional.

Estos son los antecedentes que establecieron las bases del constitucionalismo mexicano, pues sirvió de ejercicio legislativo para comprender por qué los insurgentes optaron por seguir el sistema representativo, la división de poderes y la soberanía, y de esta manera quedó asentado el deseo de desterrar para siempre el absolutismo y preservar la independencia y la libertad.

Para poder darle el valor legal que se requería, el texto constitucional debía seguir dos pasos fundamentales; el primero, que fuera firmado por los diputados reunidos en la sesión; el segundo, la sanción y aprobación por el supremo gobierno. Por lo que el día 22 de octubre de 1814, se sancionó y aprobó con el nombre oficial de Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana.

La Constitución se dividió en dos partes; en la primera, se establecieron los fundamentos de la soberanía que residía en el pueblo y eran los habitantes los que la sostenían al momento de elegir a sus representantes al Congreso, ya que con ellos, con el apoyo popular, la garantizarían. Además se extendía en la denominación de ciudadano a todos los gobernados; la impartición de justicia se volvió justa, la educación se consideró requisito indispensable para el desarrollo de la nación; se estableció la libertad de imprenta, el derecho de adquirir y disponer de propiedades; se instauró la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La segunda parte se refería a la forma de gobierno; se asentó la división política de las provincias que fueran incluidas para la formación de la nueva nación, se establecieron los mecanismos electorales para elegir a los diputados, se establecieron las funciones y las atribuciones del supremo congreso, que como Poder Legislativo debía promulgar y sancionar las leyes.

Estableció el supremo gobierno los períodos de ejercicio y la alternancia que debían tener sus individuos, los períodos de elección, los cargos, la obligación de publicar las leyes, y la organización del ejército y de los empleados de la administración pública.

La aplicación de la justicia era responsabilidad del supremo tribunal y se basaba en preceptos muy claros; la ley debe de ser igual para todos; solo las leyes pueden determinar los casos en que debe de ser acusado, preso o detenido algún ciudadano; que todo ciudadano se resulte inocente mientras no se declare culpable; ninguno puede ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente; la casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable.

La Constitución de Apatzingán fue el medio legal por el cual los americanos plasmaron sus ideales, sus aspiraciones de carácter social, como era la ciudadanía; reclamaron sus derechos políticos, promovieron la justicia y la igualdad ante la ley y al terminar ya con el sistema de castas y la abolición de la esclavitud determinaron el derecho a poseer una propiedad y además mantenían presente que el ejercicio de la soberanía tenía como base el pueblo.

Declarar el año 2014 como el año del bicentenario del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, no debe quedar en una simple conmemoración, debe acompañarse de un cúmulo de actividades que proporcionen a la sociedad actual su origen.

Desde la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión se debe de impulsar la concreción de mecanismos que permitan a los mexicanos conocer y sentir las motivaciones de nuestros héroes, de nuestros héroes de Independencia y su pensamiento que han servido de base para nuestra actual soberanía nacional.

Con estos antecedentes y consideraciones me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que declara el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Por su atención muchísimas gracias.

«Iniciativa de decreto, para declarar 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Ortiz García, diputado ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que declara al año 2014 como “Año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La conformación de las naciones modernas no se comprende sin fundamentos legales, que den sustento a su existencia ante otras naciones. Los procesos de Independencia del continente americano consideraron la redacción de Constituciones, como fundamento legal, en donde expusieron los principios básicos para declarar su libertad y dejar de ser una colonia de un reino europeo.

Cierto es que la independencia de un pueblo es uno hito importante, con frecuencia el mayor, que puede ocurrir en su historia, marcando así su nacimiento como nación soberana.

Y precisamente hablar de nación que de sí alude a la construcción social dentro de un territorio, ejemplifica la noción de identidad y libre autodeterminación para erigirse como sociedad de acuerdo con sus intereses.

Esta es y no otra, la base para que por primera vez en la historia desde la conquista española, los mexicanos gobernados por españoles rompieran formalmente la sociedad colonial que se dividía en castas, que se regía según el origen, linaje y determinaba su condición social.

Con ello parte el consenso de hombres y mujeres formal y abstractamente iguales como fuente de validez de una sociedad y un gobierno que se instituyen ya no para proteger los privilegios de un individuo, de una familia o de un estamento, sino para la protección y seguridad general de ciudadanas y ciudadanos con condiciones e intereses comunes.

Es así que la independencia se vuelve una piedra angular de los valores de libertad, civismo, identidad nacional, cultura y orgullo de origen; reafirmando de esta manera el término nación soberana.

Con lo valores enaltecidos y la conciencia cargada el movimiento independentista sienta las bases de manera oficial y formal en la primera Constitución escrita en territorio mexicano, conocida como  “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, legitimada por los insurgentes en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, y conocida popularmente como la “Constitución de Apatzingán”.

Es así que el origen de la Constitución de Apatzingán se localiza en el movimiento insurgente de 1810, en esa necesidad de dar un orden y sentido a la lucha que se desarrollaba para lograr la Independencia, de lo que entonces era la Nueva España.

La forma en que se fue gestando la aprobación y promulgación de la constitución de Apatzingán son la base y antecedente del constitucionalismo mexicano, en donde los insurgentes optaron por seguir el sistema representativo, la división de poderes y la soberanía, y de esta manera quedó asentado el deseo de desterrar para siempre el absolutismo, y preservar la independencia y la libertad.

La Constitución de Apatzingán fue el medio legal por el cual los americanos plasmaron sus ideales, sus aspiraciones de carácter social, como era la ciudadanía, reclamaron sus derechos políticos e incluyeron a los sectores de la población menos favorecida, promovieron la justicia y la igualdad ante la ley al terminar con el sistema de Castas y la abolición de la esclavitud, determinaron el derecho a poseer una propiedad y además, mantenían presente que el ejercicio de la soberanía tenía como base el pueblo; éstos eran los elementos que serían la base de sus principios republicanos.

Al señalar y hacer válidas las ventajas de las formas jurídicas, que trataron de construir el principio fundamental de cualquier republicanismo: la igualdad social que era base de la nueva sociedad, que crearía el nuevo Estado mexicano. La representación se viviría como el único medio de la vida política, la cual brindaría las oportunidades necesarias para el desarrollo educativo, moral, social, cultural y económico de una sociedad profundamente desigual.

El texto constitucional de Apatzingán nos permite volver la mirada a los fundadores del republicanismo mexicano, y de cómo enfrentaron las demandas del movimiento independentista y su forma de solucionarlas, en la cual los constituyentes estaban completamente convencidos de la ventaja del sistema representativo.

Por su forma republicana, la Constitución de 1814 influyó en las futuras Constituciones, como la de 1824, que en su federalismo retomó los ideales de republicanismo, representación popular y el sentido de la soberanía, principios que desde entonces fueron incluidos en todos los textos constitucionales. El texto redactado en Apatzingán, fue base de los principios políticos que dieron forma al actual Estado mexicano.

Estableció, por otro lado, que para todo movimiento de independencia o de revolución, se debía acompañar y sustentar, en un sólido proyecto legal que organizara y diera sentido a cualquier lucha, ya que sin ese sustento, cualquier empresa no fructificaría, y sólo se entendería como un alboroto sin sentido, sin proyecto ni mérito.

Rememorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, significa conmemorar el ejercicio primigenio del poder constituyente para la fundación del Estado mexicano.

El bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, permite reflexionar a profundidad el origen de nuestra nacionalidad y los derechos fundamentales reconocidos.

Declarar el año 2014 como Año del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, no debe quedar en una simple conmemoración; debe acompañarse de un cumulo de actividades que proporcionen a la sociedad actual su origen.

Desde la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión se debe impulsar la concreción de mecanismos que permitan a los mexicanos conocer y sentir las motivaciones de nuestros héroes de independencia y su pensamiento que han servido de base para nuestra actual soberanía nacional.

Con estos antecedentes y consideraciones me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que declara a 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”

Único. El honorable Congreso de la Unión declara a 2014 como “Año del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DEL ARTESANO, EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal.

La diputada Eva Diego Cruz:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las artesanías son tan antiguas como la humanidad, es la actividad que se encuentra ligada a nuestra cosmovisión, nuestra cultura e identidad, como pueblos y comunidades.

En la actividad artesanal la producción se caracteriza por el predominio de la mano de obra y la creatividad personal que imprime a cada objeto características culturales, folclóricas o utilitarias determinadas de una región; es decir, las artesanías representan la memoria colectiva que la comunidad transmite de generación en generación, por lo que es indispensable que sean consideradas como patrimonio cultural de México y protegidas, inclusive las realizadas por nuestros paisanos migrantes.

En México el principal motor para el desarrollo de la actividad artesanal es su diversidad cultural y étnica, hecho que ha permitido la producción de todas las ramas de esta actividad en nuestro territorio. No obstante, la situación de los artesanos es una paradoja pues a pesar de la gran riqueza cultural que representan las artesanías para el país, muchos artesanos viven en pobreza extrema, ya que durante décadas las políticas de atención al sector artesanal han correspondido a criterios relacionados con la marginación y la pobreza extrema y no a reconocer la importancia de la actividad artesanal, como tal.

La actividad artesanal debe ser vista como una alternativa capaz de reducir la pobreza y lograr la estabilidad económica en zonas rurales e indígenas del país cuyos índices de desocupación y subempleo son significativos.

Claro ejemplo de que la actividad artesanal es sinónimo de progreso son algunos países industrializados que han otorgado especial importancia a esta actividad, como Italia, en donde el 24 por ciento de las empresas son artesanales. En este país, los empleados del sector artesanal representan el 20 por ciento de los trabajadores del sector privado; se calcula que unos 100 mil son trabajadores artesanales que elaboran productos de alta calidad. Las exportaciones de productos artesanales italianos, sin contar las ventas a los turistas, representan el 17 por ciento del importe total del producto interno bruto.

En México, durante el tercer trimestre del año 2011, más de un millón 800 mil personas mayores de 15 años se emplea-ron en alguna actividad artesanal; sin embargo, de éstos, un millón 290 mil artesanos se vieron en la necesidad de buscar otro empleo para satisfacer sus necesidades.

El objeto de la presente iniciativa —que hoy presento— es el desarrollo, la protección y la promoción de la actividad artesanal, en todas sus modalidades y expresiones, creando conciencia en la población sobre la importancia económica, la importancia social y la importancia cultural, convirtiendo la actividad en motor de desarrollo para las comunidades y fuentes de empleo.

El accionar del sector artesanal, como fuente de desarrollo, permitirá el arraigo en las comunidades, en especial del medio rural, evitando la migración y la desintegración familiar.

Es momento de que el Estado asuma la obligación de promover y facilitar la actividad artesanal a través de los diferentes sectores y niveles de gobierno, estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada y la producción, además de garantizar el acceso a los mercados internos y el acceso a los mercados externos.

El mercado de artesanías está determinado por diferentes factores estructurales; sin embargo, el más importante es el turismo, de ahí la importancia de desarrollar políticas integrales con este sector, como la promoción del turismo a través de las artesanías, adquiriendo vital importancia al reconocer a las artesanías como recurso turístico e incorporarla en las normativas relativas al turismo.

Es la posibilidad de que el turismo ofrezca a los visitantes el patrimonio cultural auténtico emanado de nuestras artesanías.

Actualmente la ausencia de investigaciones y estudios territoriales que caracterizan este tipo de economía y el desconocimiento de las relaciones funcionales que gesta esta actividad, no ha permitido su óptimo desarrollo; es evidente que los estudios nacionales, regionales y locales son indispensables para ofrecer herramientas que permitan la eficiente aplicación de políticas de desarrollo de la actividad e integrar y beneficiar a todos los actores sociales que intervienen en esta cadena productiva.

La ley que presento a esta soberanía y que se denomina la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, busca que se establezcan mecanismos para la protección de la creatividad del artesano a través de las diferentes formas de protección de la propiedad intelectual, siendo de total relevancia frente a la producción de objetos similares realizados por países como China.

Es momento de reconocer, en México, la actividad artesanal, por lo que también propongo a ésta, la más alta tribuna del país, que se instituya el 14 de marzo de cada año, como Día Nacional del Artesano, ya que fue en esa fecha, el 14 de marzo del presente año, cuando artesanos, académicos, organizaciones no gubernamentales y diputados de la LXI Legislatura realizaron la declaración al foro Las Artesanías en México, situación actual y retos, precisamente en esta Cámara.

La presente ley propone la creación de tres órganos importantes para el sector artesanal; primero, los Consejos Estatales de las Artesanías cuyo objeto es asegurar una atención apropiada al desarrollo artesanal, pero principalmente el garantizar la participación de los gremios o asociaciones locales de artesanos en la elaboración de los planes y programas dirigidos al sector; segundo, el Registro Nacional de Artesanos, constituirá un instrumento base para la ejecución de los programas estratégicos dirigidos a la actividad, ya que en él se podrán identificar a las personas físicas y a las personas morales que se dediquen esta actividad, y tercero, la Dirección Nacional de Artesanías, como un ente que dependerá de la Secretaría de Economía, pero que contará con la autonomía necesaria para el desarrollo de sus atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea y por la cual se expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley del Artesano, y el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Eva Diego Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las artesanías son tan antiguas como la humanidad. Es la actividad que se encuentra ligada a nuestra cosmovisión, nuestra cultura e identidad como pueblos y comunidades.

En la actividad artesanal la producción se caracteriza por el predominio de la mano de obra y la creatividad personal, que imprime a cada objeto características culturales, folklóricas o utilitarias determinadas de una región. Es decir, las artesanías representan la memoria colectiva que la comunidad transmite de generación en generación, por lo que es indispensable que sean consideradas como patrimonio cultural de México y protegidas, inclusive las realizadas por nuestros paisanos migrantes.

En México, el principal motor para el desarrollo de la actividad artesanal es su diversidad cultural y étnica, hecho que ha permitido la producción de todas las ramas de esta actividad, en nuestro territorio. No obstante, la situación actual de los artesanos es una paradoja, pues a pesar de la gran riqueza cultural que representan para el país, muchos viven en pobreza extrema.

Durante décadas las políticas de atención al sector artesanal han correspondido a criterios relacionados con la marginación y la pobreza extrema, y no a la importancia de la actividad artesanal como tal. Por el contrario, la actividad artesanal debe ser vista como una alternativa capaz de reducir la pobreza y lograr la estabilidad económica en zonas rurales e indígenas del país, cuyos índices de desocupación y subempleo son significativos.

Claro ejemplo de que la actividad artesanal es sinónimo de progreso, son algunos países industrializados que han otorgado especial importancia a esta actividad, como Italia, en donde el 24 por ciento de las empresas son artesanales. En este país, los empleados del sector artesanal representan el 20 por ciento de los trabajadores del sector privado. Se calcula que son unos 100 mil los trabajadores artesanales que elaboran productos de alta calidad. Las exportaciones de productos artesanales italianos (sin contar las ventas a los turistas) representan el 17 por ciento del importe total del producto interno bruto, PIB.

En México, durante el tercer trimestre de 2011, más de un millón 800 mil personas mayores de 15 años se emplearon en alguna actividad artesanal o relacionada con este rubro. Sin embargo, de éstos, un millón 290 mil 547 artesanos se vieron en la necesidad de buscar otro empleo para satisfacer sus necesidades.

El objeto de la presente iniciativa es el desarrollo, la protección y la promoción de la actividad artesanal en todas sus modalidades y expresiones, creando conciencia en la población sobre su importancia económica, social y cultural. Convirtiendo la actividad en motor de desarrollo para las comunidades y fuentes de empleo.

El accionar el sector artesanal como fuente de desarrollo permitirá el arraigo en las comunidades, en especial del medio rural, evitando las migraciones y la desintegración familiar.

Es momento de que el Estado asuma la obligación de promover y facilitar la actividad artesanal a través de los diversos sectores y niveles de gobierno, estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada y la producción. Además de garantizar el acceso a los mercados internos y externos.

El mercado de artesanías está determinado por diferentes factores estructurales, sin embargo, el más importante es el turismo, ahí la importancia de desarrollar políticas que integrales con este sector, como la promoción del turismo a través de las artesanías. Por lo anterior adquiere vital importancia reconocer a las artesanías como recurso turístico, e incorporarla en las normativas relativas.

Es la posibilidad de que el turismo, ofrezca el patrimonio cultural auténtico derivado de las artesanías, sin alterar su esencia.

Actualmente, la ausencia de investigaciones y estudios territoriales que caractericen este tipo de economía y el desconocimiento de las relaciones funcionales que gesta esta actividad no ha permitido su óptimo desarrollo. Es evidente que los estudios nacionales, regionales y locales son indispensables para ofrecer herramientas que permitan la eficiente aplicación de políticas de desarrollo de la actividad e integrar y beneficiar a todos los actores sociales que intervienen en esta cadena productiva.

La Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, busca que se establezcan procedimientos para la protección de la creatividad del artesano a través de las diferentes formas de protección de la propiedad intelectual. Siendo de total relevancia frente a la producción de objetos similares realizados por países como China.

Es momento de reconocer la actividad artesanal, por lo se propone se instituya el 14 de marzo de cada año, como “Día Nacional del Artesano”, ya que fue en esa fecha, el 14 de marzo del presente año cuando artesanos, académicos, organizaciones no gubernamentales y diputados de la LXI legislatura realizaron la declaración al foro “Las Artesanías en México. Situación Actual y Retos”, precisamente en esta Cámara.

La presente ley propone la creación de tres órganos importantes para el sector:

• Los Consejos Estatales de las Artesanías cuyo objeto es asegurar una atención apropiada al desarrollo artesanal pero principalmente el garantizar la participación de los gremios o asociaciones locales de artesanos en la elaboración de los planes, políticas y programas dirigidos al sector.

• El Registro Nacional de Artesanos, constituirá un instrumento base para la ejecución de los programas estratégicos dirigidos a la actividad ya que en él se podrá identificar a las personas físicas y morales que se dediquen a la actividad.

• La Dirección Nacional de Artesanías, es un ente que dependerá de la Secretaría de Economía, pero que contara con la autonomía necesaria para el desarrollo sus atribuciones.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal

Artículo Único: Se expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal

Título IDisposiciones Generales

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el desarrollo, la protección y la promoción de la actividad artesanal en todas sus modalidades, preservando para ello la tradición artesanal en todas sus expresiones, propias de cada lugar, teniendo en cuenta la calidad, representatividad, tradición, valor cultural y utilidad, creando conciencia en la población sobre su importancia económica, social y cultural.

Artículo 2. Son fines de la presente ley:

I. Reconocer al artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales.

II. Promover el desarrollo del artesano y de las artesanías en sus diversas modalidades.

III. Integrar la actividad artesanal al desarrollo económico del país;

IV. Facilitar el acceso del artesano al financiamiento privado;

V. Mejorar sus condiciones de productividad, competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado;

VI. Fomentar la formación de artesanos, desarrollando sus aptitudes o habilidades;

VII. Recuperar y promover las manifestaciones y valores culturales, históricos y la identidad nacional, con el fin de hacer de la actividad artesanal un sector descentralizado, económicamente viable y generador de empleo sostenible, y

VIII. Proporcionar un marco jurídico que fomente y promueva la actividad artesanal, orientada fundamentalmente a la promoción de los artesanos.

Artículo 3. Corresponde a las Secretarias de Economía, Turismo y Relaciones Exteriores la aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que otras leyes otorguen a otras Autoridades Federales, Estatales o Municipales, en materia de fomento a las artesanías.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Artesano: A la persona cuyas habilidades o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos y teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanías.

Artesanía: La actividad económica y cultural realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, destinada a la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas, donde el factor predominante sea la mano de obra y la creatividad personal, que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, las artesanías se clasifica en:

Tradicionales: Son bienes que tienen uso utilitario, ritual o estético y que representan las costumbres y tradiciones de una región determinada. Constituye la expresión material de la cultura de comunidades o etnias.

Innovadas: Son bienes que tienen funcionalidad generalmente de carácter decorativo o utilitario, influenciados por la tendencia del mercado.

Artículo 6. Las artesanías son patrimonio cultural de México, por lo que se deberá preservar y fomentar tanto las realizadas dentro del territorio nacional como las elaboradas por migrantes.

Capítulo IIDe las entidades involucradas en la actividad artesanal

Artículo 7. El Estado tiene la obligación de promover y facilitar el desarrollo de la actividad artesanal a través de los diversos sectores y niveles de gobierno, estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados interno y externo, la investigación, el rescate y la difusión cultural, así como otros mecanismos que permitan la organización empresarial y asociativa que coadyuven al crecimiento sostenible de la artesanía.

Artículo 8. Las entidades del sector público y privado que tengan vinculación directa o indirecta con la actividad artesanal tienen la obligación de coadyuvar para el cumplimiento de los distintos lineamientos y mecanismos de promoción y desarrollo artesanal, de acuerdo a sus correspondientes ámbitos de competencia nacional, estatal y municipal.

Título IIDe los Consejos Estatales de las Artesanías, el Registro Nacional de Artesanos y la Dirección Nacional de Artesanías

Capítulo IDe los Consejos Estatales de las Artesanías

Artículo 9. Se establecen los Consejos Estatales de las Artesanías con el objeto de asegurar una atención apropiada al desarrollo artesanal y garantizar la participación de los gremios o asociaciones locales de artesanos en la elaboración de los planes, políticas y programas dirigidos al sector.

En cada una de las entidades Federativas y en el Distrito Federal habrá un Consejo Estatal de las Artesanías; pudiendo agruparse éstos, en Consejos Regionales de las Artesanías en aquellos casos en que las condiciones geográficas o el desarrollo del sector así lo ameriten.

La organización y funcionamiento de estos Consejos se establecerá en el Reglamento de esta ley.

Capítulo IIDel Registro Nacional de Artesanos

Artículo 10. Se crea el Registro Nacional de Artesanos, el cual será de la responsabilidad de la Dirección Nacional de Artesanías a la que se refiere el capítulo III del Título II de esta ley.

Artículo 11. En el Registro Nacional de Artesanos se identificará a las personas físicas y morales que se dediquen a la actividad artesanal que cumplan con los requisitos que establezca la Dirección Nacional de Artesanías.

Artículo 12. El Registro Nacional de Artesanos constituye un instrumento base para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, así como para la ejecución de los programas estratégicos dirigidos a la actividad artesanal; en consecuencia su implementación y actualización tienen carácter obligatorio.

Artículo 13. En el Registro Nacional de Artesanos constara:

I. Nombre de la persona física o moral.

II. Dirección y sitio habitual de trabajo del artesano.

III. Naturaleza de su actividad.

IV. Medios que emplea en la realización de su oficio.

V. Afiliación o pertenencia a gremios, grupos o asociaciones de artesanos.

VI. Las demás que determine la Dirección Nacional de Artesanías.

Artículo 14. El Registro Nacional de Artesanos deberá diferenciar entre artesano aprendiz, artesano profesional y maestro, atendiendo a la experiencia, al grado de perfección de producción y a la complejidad de las técnicas empleadas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta ley.

Capítulo IIIDe la Dirección Nacional de Artesanías

Artículo 15. Se crea la Dirección Nacional de Artesanías, organismo adscrito a la Secretaria de Economía.

Artículo 16. La Dirección Nacional de Artesanías poseerá la autonomía necesaria para el ejercicio de sus atribuciones a fin de lograr el fomento y desarrollo de la actividad artesanal tutelada por esta Ley.

Artículo 17. La Dirección Nacional de Artesanías tendrá por objeto ejecutar las políticas del Estado en el sector, tendentes a promover, garantizar y coordinar el desarrollo de las actividades artesanales en el país.

Capítulo IVDe las atribuciones de la Dirección Nacional de Artesanías

Artículo 18. La Dirección nacional de Artesanía para el logro de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar un diagnóstico del estado de desarrollo de la actividad artesanal en las entidades federativas, atendiendo a sus diferentes manifestaciones y a las peculiaridades de cada región. Dicho diagnostico deberá actualizarse mediante evaluaciones anuales.

II. Ejecutar las políticas, planes y programas dirigidos a la protección y fomento del desarrollo artesanal en el país.

III. Promover la creación de escuelas, talleres y la asociación del artesano en gremios regionales y por especialidades.

IV. Organizar a nivel nacional y promover en los niveles regionales y estatales, la organización de ferias y mercados que permitan difundir las creaciones de los artesanos, así como la creación de premios por especialidad, con miras a estimular la producción artesanal y asegurar una apropiada remuneración por la calidad del trabajo creativo.

V. Crear centros de abastecimiento artesanal, con los insumos que requieren los artesanos para el desarrollo de su actividad profesional en su Entidad Federativa, procurando asegurar un precio razonable y estable de tales insumos, mediante la adquisición masiva de los mismos.

VI. Desarrollar planes de comercialización artesanal en los lugares de tránsito turístico, con miras a promover el conocimiento de nuestra producción artesanal, asegurando la adecuada correspondencia entre los precios de venta y el ingreso del artesano.

VII. Promover las indicaciones de origen en toda la producción artesanal nacional, como medio de protección del artesano y de salvaguarda de nuestro patrimonio cultural.

VIII. Promover acuerdos intergubernamentales que faciliten el intercambio de servicios de apoyo a los artesanos, y las exhibiciones internacionales a través de los cuales se proyecte la calidad de nuestra producción artesanal.

Artículo 19. La Dirección Nacional de Artesanías velará por el desarrollo y preservación de las artesanías tradicionales, respetando las diferencias de las etnias.

Artículo 20. La Dirección Nacional de Artesanías buscará asegurar el equilibrio ecológico ante la búsqueda de materias primas de origen vegetal o animal, en especial, en las zonas de reserva definidas por el Ejecutivo federal.

Título IIIDe los Lineamientos, la Promoción y Comercialización y la Actividad Turística

Capítulo ILineamientos estratégicos

Artículo 21. La acción del Estado en materia de promoción de la actividad artesanal se orienta por los siguientes lineamientos estratégicos:

I. Promover el crecimiento, desarrollo integral de la actividad artesanal, así como el reconocimiento del artesano.

II. Impulsar la inversión privada y el acceso al mercado interno y externo de este sector.

III. Promover y preservar los valores culturales, históricos y de identidad nacional.

IV. Fomentar la innovación tecnológica y el uso de normas técnicas para el mejoramiento de la calidad y competitividad de los productos artesanales.

V. Propiciar la articulación, cooperación y asociación de los diferentes agentes que intervienen en el sector artesanal.

VI. Promover la permanente capacitación del artesano, estimulando el desarrollo de sus aptitudes y habilidades para incrementar su potencial creativo, técnico y económico.

VII. Fomentar y difundir en el sector artesanal el uso y aplicación de la regulación relativa a la propiedad intelectual.

VIII. Promover una cultura de conservación y sustentabilidad del medio ambiente en los procesos productivos de la actividad artesanal.

IX. Fomentar la conciencia ciudadana, promoviendo las condiciones adecuadas para el logro del bienestar socioeconómico del sector artesanal.

Capítulo IIDe la promoción y comercialización

Artículo 22. La promoción de la actividad artesanal, prevista en la presente Ley, involucra los procesos culturales, así como todas las fases del proceso económico, es decir, producción, comercialización y distribución.

La política de apoyo no excluye atender emprendimientos individuales, pero privilegia las diversas formas de asociación, constituidas o por constituirse.

Artículo 23. El Estado, a través del órgano competente, deberá complementar programas anuales para la participación en el exterior de los artesanos y de las empresas de artesanos, con la finalidad de fomentar la exportación de sus productos.

Asimismo, deberá desarrollar programas permanentes de capacitación para los artesanos y sus asociaciones, con el fin de adecuar su producción a los estándares de calidad y competitividad que exige el mercado internacional.

Capítulo IIIDe la actividad turística

Artículo 24. El Estado reconoce a la artesanía como un recurso turístico, por lo que en los ámbitos nacional, estatal y municipal incorporan el componente artesanía en la normativa del sector turístico, en los programas, proyectos de desarrollo y de promoción de productos turísticos.

Título IVDe la Investigación, Protección de la Propiedad Intelectual y el Reconocimiento del Artesano

Capítulo IDe la investigación

Artículo 25. La Dirección Nacional de Artesanías, así como los gobiernos estatales y municipales, coordinan con los organismos competentes de investigación, desarrollo tecnológico y competitividad del país la formulación de programas y proyectos específicos destinados a mejorar la competitividad de la producción artesanal.

Artículo 26. Dirección Nacional de Artesanías firmara convenios con instituciones educativas para que asistan en el desarrollo de programas de investigación que propicien la innovación, transferencia, desarrollo, intercambio, difusión y utilización de tecnologías adecuadas, coadyuvando a elevar la competitividad del sector artesanal.

Capítulo IIProtección de la propiedad intelectual de la actividad artesanal

Artículo 27. EI Estado promueve la protección de la creatividad del artesano a través de las diferentes formas de protección de la propiedad intelectual.

Artículo 28. La Dirección Nacional de Artesanías, de acuerdo a lo que establezca el reglamento emitirá una constancia de autoría artesanal como medio probatorio que acredite la autoría, características de originalidad y fecha de creación de una pieza artesanal que reúna las características establecidas por la legislación vigente para ser protegida. Esta facultad podrá ser delegada a los gobiernos locales.

Capítulo IIIDel reconocimiento al artesano

Artículo 29. El Estado, a través de la Dirección Nacional de Artesanías promoverá concursos y certámenes con el objeto de valorar el talento, la competitividad y la creatividad del artesano.

Los concursos de artesanía provenientes de iniciativas privadas podrán contar con el reconocimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, previa calificación.

Artículo 30. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, se institucionalizara el día 14 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Artesano”.

Transitorios

Primero. Se deroga la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Segundo. La presente Ley entrara en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. EI Poder Ejecutivo emitirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los noventa días siguientes a su entrada en vigor.

Cuarta. La Dirección Nacional de Artesanías será instalada en un plazo no mayor a 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Eva Diego Cruz, José Humberto Vega Vázquez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Dígame, diputado.

El diputado José Humberto Vega Vázquez(desde la curul): Señor presidente, si por favor le pregunta a la diputada me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿está usted de acuerdo en que el diputado suscriba su iniciativa? Le ruego que aquí en la Secretaría pueda suscribir la iniciativa, diputado. Gracias.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados entre nuevos competidores, como China, Grecia, Turquía y la Federación Rusa, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultura; por tal motivo, se estima que el impulso a la diversificación de la oferta turística nacional nos colocaría en un escenario favorable.

El patrimonio cultural es un referente para las identidades de nuestros pueblos y es tan diverso como nuestras culturas; en este sentido, se cuenta con la gran oportunidad de posicionarse en el ámbito internacional como una de las potencias del llamado turismo cultural, por lo cual en la presente propuesta se plantea incorporar a la Ley General de Turismo el concepto de turismo cultural, así como conferir al gobierno federal a que en coordinación con las entidades federativas y los municipios impulse su promoción nacional e internacional.

El turismo representa una actividad económica cuyas divisas resultan ser significativas para algunas naciones. Para México es un sector que aporta importantes ingresos, ya que nos hemos logrado colocar en el escenario internacional como una de las principales naciones con flujo turístico por la oferta diversificada que tenemos.

El sector turístico es considerado factor prioritario del desarrollo nacional, ya que si es bien enfocado representa una enorme productividad y generación de empleos y además, en los últimos años, el turismo ha crecido a tasas elevadas, incluso superando a las principales ramas económicas.

El turismo no se distribuye en el espacio de forma homogénea o aleatoria; por el contrario, su localización es de carácter regional y corresponde a factores relacionados con el entorno geográfico, el clima, el patrimonio asociado y la capacidad de acceso e interconexión entre los sitios turísticos de una región determinada.

Particularmente nuestro país se divide en cuatro regiones, en las cuales se agrupa a las entidades federativas con características geográficas, económicas, sociales y turísticas similares, con elementos comunes que permitan realizar análisis puntuales para diseñar políticas para el desarrollo, promoción y comercialización del turismo relacionado con la cultura.

En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración federal actual, el turismo es considerado pieza fundamental para el desarrollo del país. Este documento rector de planeación menciona que el objetivo estratégico a perseguir es, que México continúe siendo líder a nivel mundial en actividad turística, para lo cual el gobierno pretende aumentar en un 35 por ciento el número de visitantes internacionales al año.

En este sentido, es importante destacar que en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 se afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados; por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultura.

En nuestro país, estudios, como el estudio estratégico de viabilidad de turismo cultural en México, demuestran que casi 70 millones de turistas realizan actividades relacionadas con la cultura en México. Así también, los viajes de los turistas motivados especialmente por la cultura suelen ser más largos, que aquellos realizados por los turistas con interés ocasional.

Para llevar a cabo una incursión cultural se necesita una inversión del turista, quien manifiesta mayor interés por el conocer e involucrarse en la vida del lugar visitado, lo cual exige más tiempo que un viaje panorámico. Entre más ajena es la cultura visitada, más curiosidad provoca en los turistas.

Las principales actividades realizadas por este tipo de turistas son las relacionadas con el patrimonio tangible, muy populares entre los turistas motivados especialmente por la cultura, ya que representa el 48 por ciento del total de actividades practicadas por el turismo nacional y el 63 por ciento de los internacionales.

Este panorama potencial de diversificación cultural hace que la perspectiva mundial del turismo sea favorable para México, dadas las características de su patrimonio cultural y natural de infraestructura existente, las vinculaciones comerciales y de inversión con los principales mercados, emisores de turismo, así como la existencia de un mercado turístico doméstico amplio y en expansión.

Conviene recalcar que por su importancia para las economías de las entidades federativas, el turismo recobra mayor importancia como un factor de desarrollo y motor de crecimiento, lo cual nos hace pensar en las actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente y que pueden ser un área de oportunidad, considerando que México es uno de los países con mayor pluralidad y patrimonios culturales, donde encontraremos bienes de diversos órdenes, los cuales ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico.

El patrimonio cultural de nuestro país es un referente nacional y tenemos una enorme diversidad de tradiciones arraigadas, las cuales sirven como importante atractivo para el turismo nacional e internacional.

En las últimas dos décadas se ha diversificado la oferta turística en el ámbito internacional en México; en particular, ha realizado esfuerzos importantes por implementar el turismo cultural.

El Centro de Estudios Superiores en Turismo estima que el gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura, es mayor al relacionado con el turismo convencional.

Cabe señalar que en nuestro país el turismo cultural representa el 5.5 por ciento de los viajeros nacionales y el 3 por ciento de los internacionales, poniendo a la cultura —termino, presidente— en el sexto lugar, en cuanto a la motivación principal para el turismo doméstico, y en el cuarto para el turismo internacional.

Siglos de historia, una vasta producción artística, una gastronomía más que extensa, un patrimonio natural sorprendente nos dan la pauta para la generación de productos de turismo cultural sólido y sustentable.

Por ello, propongo reformar la Ley de Turismo, a fin de promover una oferta diversificada e impulsar el turismo que tenga como objeto el conocimiento de nuestra extensa cultura nacional. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Gabriela Medrano Galindo, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados entre nuevos competidores como China, Grecia, Turquía y la Federación Rusa, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultural. Por tal motivo se estima que el impulso a la diversificación de la oferta turística nacional, nos colocaría en un escenario favorable.

El patrimonio cultural es un referente para las identidades de nuestros pueblos, y es tan diverso como nuestras culturas, en este sentido, se cuenta con la gran oportunidad de posicionarse en el ámbito internacional como una de las potencias del llamado turismo cultural, por lo cual se plantea incorporar a la Ley General de Turismo el concepto de Turismo Cultural, así como conferir al Gobierno Federal a que en coordinación con las entidades federativas y los municipios impulse su promoción nacional e internacional.

Argumentación

El turismo representa una actividad económica cuyas divisas resultan ser significativas para algunas naciones. Para México es un sector que aporta importantes ingresos, ya que nos hemos logrado colocar en el escenario internacional, como una de las principales naciones con flujo turístico por la oferta diversificada que tenemos.

El sector turístico es considerado factor prioritario del desarrollo nacional, ya que si es bien enfocado representa una enorme productividad y generación de empleos. Además, en los últimos años el turismo ha crecido a tasas elevadas, incluso, superando a las principales ramas económicas.

El turismo no se distribuye en el espacio de forma homogénea o aleatoria, por el contrario, su localización es de carácter regional y responde a factores relacionados con el entorno geográfico, el clima, el patrimonio asociado y la capacidad de acceso e interconexión entre los sitios turísticos de una región determinada; particularmente nuestro país se divide en 4 regiones en las cuales se agrupa a las entidades federativas con características geográficas, económicas, sociales y turísticas similares, con elementos comunes que permitan realizar análisis puntuales para diseñar políticas para el desarrollo, promoción y comercialización del turismo relacionado con la cultura.

En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración federal actual, el turismo es considerado pieza fundamental para el desarrollo del país. Este documento rector de planeación menciona que el objetivo estratégico a perseguir es que México continúe siendo líder a nivel mundial en la actividad turística, para lo cual el gobierno pretende aumentar en un 35 por ciento el número de visitantes internacionales al año.

En este sentido, es importante destacar que en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, se afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultural.

En nuestro país, estudios como el Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural en México, demuestran que casi 70 millones de turistas realizan actividades relacionadas con la cultura en México, además el gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura es mayor al promedio nacional, por el aumento de su consumo diario en función de las actividades que realizan alrededor del patrimonio cultural y por su estadía que es mayor a la de otros segmentos.

Así también, los viajes de los turistas motivados especialmente por la cultura, suelen ser más largos que aquellos realizados por los turistas con interés ocasional. Para llevar a cabo una incursión cultural se necesita una inversión personal del turista, quien manifiesta mayor interés por conocer e involucrarse en la vida del lugar visitado, lo cual exige más tiempo que un viaje panorámico, entre más ajena es la cultura visitada, más curiosidad provoca en los turistas. Las principales actividades realizadas por este tipo de turistas son las relacionadas con el patrimonio tangible, muy populares entre los turistas motivados especialmente por la cultura, ya que representan el 48 por ciento del total de actividades practicadas por el turismo nacional y el 63 por ciento de los internacionales.

Este panorama potencial de diversificación cultural, hace que la perspectiva mundial del turismo sea favorable para México, dadas las características de su patrimonio cultural y natural, la infraestructura existente, las vinculaciones comerciales y de inversión con los principales mercados emisores de turismo, así como la existencia de un mercado turístico doméstico amplio y en expansión.

Conviene recalcar que por su importancia para las economías de las entidades federativas, el turismo recobra mayor importancia como un factor de desarrollo y motor de crecimiento, lo cual nos hace pensar en las actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente y que pueden ser un área de oportunidad, considerando que México es uno de los países con mayor pluralidad y patrimonios culturales, donde encontramos bienes de diversos órdenes, los cuales ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico.

El patrimonio cultural de nuestro país es un referente nacional, tenesmo una enorme diversidad y tradiciones arraigadas las cuales sirven como importante atractivo para el turismo nacional e internacional. En las últimas dos décadas se ha diversificado la oferta turística en el ámbito internacional. México, en particular, ha realizado esfuerzos importantes por implementar el turismo cultural.

El Centro de Estudios Superiores en Turismo estima que casi 70 millones de turistas realizan actividades relacionadas con la cultura; el gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura es mayor al relacionado con el turismo convencional. Cae señalar que en nuestro país el turismo cultural representa el 5.5 por ciento de los viajeros nacionales y el tres por ciento de los internacionales, poniendo a la cultura en el sexto lugar en cuanto a la motivación principal para el turismo doméstico y en el cuarto para el turismo internacional.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, el 37 por ciento de los paseantes realizan alguna actividad cultural durante su viaje, resaltando las relacionadas a visitas a los sitios arqueológicos, de ahí que el compendio estadístico del turismo en México, ubica a nuestro país dentro de los primeros lugares en la concentración de turistas extranjeros por motivos culturales.

Compañeras y Compañeros diputados, nuestro país cuenta con la gran oportunidad de posicionarse en el ámbito internacional, como una de las potencias del llamado turismo cultural. Siglos de historia, una vasta producción artística, una gastronomía más que extensa, un patrimonio natural sorprendente, nos dan la pauta para la generación de productos de turismo cultural sólido y sustentable, por ello propongo reformar la Ley General de Turismo a fin de promover una oferta diversificada, e impulsar el turismo que tenga como objeto el conocimiento de nuestra extensa cultura nacional.

Fundamento legal

Por lo expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX al artículo 3 recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta la fracción XXI; y se reforman la denominación del Capítulo III del Título Tercero, y los párrafos primero y segundo del artículo 16, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XVIII. ...

XIX. Turismo Cultural. Es el viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico;

XX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) a c) ...

XX. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población, y

XXI. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la secretaría.

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la secretaría:

I. a XIII. ...

XIV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística;

XV. Impulsar en coordinación con los estados, municipios y el Distrito Federal el turismo cultural a nivel nacional e internacional, y

XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Capítulo IIIDel turismo social y cultural

Artículo 16. La secretaría impulsará y promoverá el turismo social y cultural, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Las dependencias y las entidades de la administración pública federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos locales y municipales, e impulsarán acciones con los sectores social y privado para el fomento del turismo social y cultural.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan, abrogan o dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Turismo, para dictamen.

Le damos la más cordial de las bienvenidas a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Derecho, concretamente, que están aquí invitados por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos a un grupo de síndicos y regidores del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, que están aquí presentes en la sesión, invitados por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría. Bienvenidos todos a la Cámara.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, un país sin derecho a la información será siempre una nación con gobiernos corruptos y opacos.

La iniciativa que hoy presento pretende modificar dos artículos de la Ley Orgánica del Congreso, el artículo 45 y el 97, y es que se trata, a propósito de la instalación de las comisiones —quizá por eso vea semivacía la sala del pleno— estoy planteando la eliminación de una restricción en materia de información, que se solicitan vía la Presidencia de la Cámara o vía la Presidencia de las comisiones.

Con esta modificación se obliga a las autoridades a la entrega oportuna de información útil y veraz, y se establece un antídoto contra los desvíos de poder. De ahí la necesidad de esta iniciativa que hoy les presento.

No desconozco ni estoy alejado de que este ejercicio del derecho a la información y a la transparencia tiene ciertos límites, y los tiene en razón de la preservación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad para salvaguardar los secretos industriales, financieros, científicos o tecnológicos, y así evitar riesgos en el sistema financiero bancario o que no se comprometan derechos o intereses legítimos de terceros, pero también que no se comprometa la seguridad nacional.

Por eso, a pesar de que estoy convencido de que hay necesidad de reservar algunos temas, no se justifica la presencia de esta reserva en estos dos artículos a los que me estoy refiriendo; en estos dos artículos se señala que podrán acceder a la información las comisiones legislativas, siempre y cuando no estén reservados estos datos por las autoridades.

El trato que les dan a los particulares es el mismo que se le otorga a las comisiones cuando se trata de entes cuya naturaleza jurídica es totalmente distinta. Esta restricción no debería existir para las comisiones legislativas que solicitan información a autoridades de la administración pública federal; por eso estoy tratando de plantearle a la asamblea y a las comisiones dictaminadoras su eliminación.

Quiero comentarles, ciudadanos legisladores, diputadas, que este elemental derecho del Poder Legislativo simple y sencillamente constata y confirma que el Poder Legislativo o las asambleas legislativas sirven de contrapeso y sirven de control a los excesos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero también de control y fiscalización, tal y como establece la Constitución; por eso no puede haber restricción para la información solicitada por parte de las comisiones dictaminadoras y de investigación que dispone la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Más aún, estudiando algunos países del mundo en esta materia, acudiendo al derecho comparado, quiero expresarles que en la mayor parte de países del mundo no existe esta restricción, y los comités y comisiones tienen el derecho en todo momento de solicitar la información que requieran a la autoridad, con sanciones incluso de investigación del funcionario que no accede o el funcionario que no responde a la información requerida; Brasil, Chile, países euro-peos pueden disponer de este canal de información, del derecho a la información elemental en todo momento, sin restricciones y sin información reservada.

Por esa razón, siendo el órgano de control el Legislativo, no existe ninguna justificación para que en la ley tenga el mismo tratamiento, como si se tratara de particulares, porque nosotros no ejercemos ninguna función como particulares, sino ejercemos una función como un poder público constituido, que es el Poder Legislativo.

Por esa razón esto abona al derecho a la información y por eso estoy planteando se modifiquen los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudadano presidente, me gustaría pedirle y solicitarle, en forma amable, que pudiera trasladar o plasmar íntegra la iniciativa, que en ella se contienen algunos elementos de derecho comparado en el mundo, para demostrar que lo que estamos solicitando es simplemente modernizar nuestro marco legislativo y mejorar el derecho a la información y a la transparencia. Por la atención de todos, los pocos que están en esta semivacía sala, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los articulos 45 y 97, de la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Manuel Ferrer Muñoz, en apuntes sobre la historia del Congreso en México, menciona que el Poder Legislativo desde sus inicios gozó de más facultades que el Ejecutivo, conforme fueron apareciendo los ordenamientos fundamentales (de los que van de 1824 a 1857), fue conquistando el terreno institucional y el control de un mayor número de facultades.

Durante el Porfiriato, y al término de éste, la figura del Ejecutivo fue ganando terreno a pasos agigantados con respecto al Poder Legislativo. En el proyecto constitucional de don Venustiano Carranza, se puede apreciar la preeminencia que se daba a la figura del Ejecutivo, en detrimento de las facultades del Poder Legislativo.

Esta situación quedó reflejada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que prácticamente durante todo el periodo hegemónico del partido dominante, el poder político se concentró totalmente en la persona del titular del Ejecutivo; los depositarios tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, tan solo eran comparsas del Ejecutivo, en el ejercicio del poder público y en la conducción de la política nacional.

A medida que se han ido depurando los canales políticos en nuestro país, y la pluralidad ha pisado fuerte en los umbrales de una incipiente democracia, el Poder Legislativo ha ido adquiriendo paulatinamente la relevancia que de suyo le pertenecía, como principal depositario de la soberanía y de la representación nacional.

Con lo anterior, se puede apreciar que en el transcurrir de la historia del Congreso nacional, la clase política primeramente se enfrascó en la disputa sobre el peso que tenía el Legislativo y cómo éste debió disponer de la soberanía; posteriormente acaeció la discusión sobre si debía o no ser bicameral el legislativo; finalmente, de cómo se restringió el poder de éste.

En la actualidad, el Poder Legislativo ha recuperado diversas facultades constitucionales, sobre todo, por lo que ve a sus funciones de control, lo que le ha colocado como un verdadero contrapeso del Ejecutivo.

Por otro lado, desde la dimensión normativa e institucional, se han diseñado instrumentos al servicio de los gobernados para acceder a la información pública gubernamental de su interés, a efecto de garantizar el derecho al acceso a la información y a estar informados. Aunque lo anterior, está sujeto a ciertas restricciones señaladas en la normatividad correspondiente.

El principio de publicidad ha acompañado los congresos o parlamentos, desde el momento en que estos han comenzado a ganar terreno con respecto del monarca o del titular del Ejecutivo. Las sesiones y muchas otras actividades de los órganos del Congreso de la Unión son públicas, sin embargo, existen restricciones al principio de publicidad, en atención a la protección de derechos de terceros o a la salvaguarda del orden y el interés nacional.

Ciertamente el camino hacia la consolidación democrática, debe incluir un sistema de rendición de cuentas, a efecto de que la sociedad civil tenga la posibilidad real de fiscalizar los actos de los distintos Poderes públicos, a través del derecho al acceso a la información. Al obligar a las autoridades a la entrega oportuna de información útil y veraz, se establece un antídoto contra los desvíos del poder. De ahí la necesidad de reglamentar el libre acceso a las fuentes de información de los actos del gobierno.

Sin embargo, como en muchos otros casos, el ejercicio del derecho a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, tiene ciertos límites, en razón de la preservación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad; para salvaguardar los secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; evitar poner en riesgo el funcionamiento del sistema financiero o bancario, o para no comprometer los derechos o intereses legítimos de terceros. Así, los distintos Poderes Públicos están facultados para clasificar la información o documentación que manejan, como reservada o confidencial.

La ley correspondiente, establece un plazo de reserva de diez años. También señala que no debe hacerse pública la información relacionada con el proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión, y la relacionada con los datos personales, cuya publicidad pueda ser una invasión a la privacidad. Asimismo, establece que todos los sujetos obligados (dependencias públicas) deben contar con un procedimiento de acceso a la información, y un órgano encargado de revisar la procedencia de las solicitudes.

Este conjunto de información, que deberá estar disponible en la medida de lo posible en Internet, a efecto de asegurar su mayor difusión, permitirá que los ciudadanos puedan evaluar de manera permanente los indicadores más importantes de la gestión pública. Adicionalmente, este supuesto reducirá los costos de operación de la Ley, ya que en lugar de procesar solicitudes individuales, existirá un mecanismo permanente de consulta.

Además, la normatividad aplicable incluye el deber de los sujetos obligados de proporcionar, información con valor agregado, a efecto de facilitar su uso y comprensión y permitir evaluar su calidad, confiabilidad, oportunidad y veracidad. Asimismo, dicha normatividad permite que los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos implementen, mediante reglamentos o acuerdos generales, procedimientos de acceso a la información adecuados a sus propias características.

La información reservada es aquella que no puede publicarse sino después del tiempo asignado para su clasificación, o cuando se hubieran extinguido las causas que originaron la clasificación original. En esta categoría se incluiría la información que pueda comprometer la salud y/o la integridad física de las personas, la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, así como aquella que pueda dañar la estabilidad económica del país. Deben traerse a colación en esta instancia, las disposiciones contenidas en otros ordenamientos, que previenen sobre la existencia de información reservada, como los conocidos secretos: comercial, fiscal o bancario, así como las reservas que se deben guardar durante el desarrollo de otros procedimientos jurídicos o administrativos.

La información confidencial es aquella que los particulares entregan a la autoridad con ese carácter. En este caso, sólo puede hacerse pública mediante consentimiento expreso del particular.

Por otro lado, es necesario reconocer que algunos de los conceptos de reserva pueden prestarse a una interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. Al respecto, es pertinente advertir que, por un lado, no existe ninguna definición universalmente aceptada; lo que hay son criterios generales en el ámbito del derecho internacional y del derecho constitucional, sobre los cuales se lleva a cabo cualquier interpretación, especialmente la que realiza el órgano encargado de aplicar la ley.

La reserva de información que plantea la Ley de la materia no supone un valor absoluto. Por ello, se establece con toda claridad que el periodo de reserva podrá ser hasta de 12 años, y sólo susceptible de ampliarse en casos excepcionales debidamente justificados. Esto quiere decir que los órganos competentes podrán clasificar la información por un periodo razonable para salvaguardar el interés protegido, pero que una vez agotado este periodo de reserva, o bien las causas que le dieron origen, la información será desclasificada y pasará al dominio público. Adicionalmente, la información reservada deberá ser clasificada y custodiada de manera tal que se garantice su conservación y se impida su destrucción.

En otras palabras, la información reservada tiene un estatus especial en un doble sentido. Si bien por un lado se reserva del dominio público por un tiempo determinado, por otro se asegura su conservación bajo un régimen especial. Con ello se garantiza de nuevo el equilibrio entre los intereses legítimos del Estado y el derecho a la información. Aunque con lo anterior, también se busca posibilitar el ejercicio del bien ponderado derecho a la verdad.

Ahora bien, todas estas disposiciones están dirigidas a regular y al mismo tiempo a limitar el derecho al acceso a la información, por lo que ve a los particulares. Así, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un texto normativo que atiende a una primera división: particulares y sujetos obligados (los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal).

Por lo anterior, no puede confundirse la naturaleza jurídica de las solicitudes de información propias de los particulares, las cuales tienen limitantes como se ha explicado en párrafos anteriores, con las solicitudes de documentación o información llevadas a cabo por los órganos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Pues estas últimas atienden a una naturaleza jurídica política diametralmente distinta; en tanto que tales solicitudes se efectúan en ejercicio de una facultad constitucional que forma parte de sus funciones de control. Por lo que los órganos legislativos estarían actuando como representantes del pueblo y de los intereses nacionales, posición que justifica su fuero constitucional.

Tanto el artículo 45 como el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estipulan que los presidentes de las comisiones ordinarias, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, pueden solicitar información a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando éstas, necesiten la información pertinente para desarrollar sus labores. Pero el segundo párrafo, dice que la solicitud de información no procederá cuando la documentación o información tengan carácter de reservada.

Las funciones de control del Poder Legislativo, son trascendentales en un sistema político basado en la división de poderes. Por lo que no se justifica que existan trabas de orden burocrático para poder acceder a la información o documentación pertinente, para realizar su trabajo, si lo que se quiere es transitar a la consolidación democrática.

Los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos constituyen una verdadera cacofonía en este sentido; inexplicablemente restringen a las Comisiones legislativas ordinarias de cada una de las Cámaras, a acceder a documentación e información de las dependencias públicas gubernamentales del Ejecutivo Federal, que solicitan con motivo de sus funciones, cuando tal documentación o información estén catalogadas como reservadas.

Tales restricciones contrarían rotundamente la vía democrática por la que han ido transitando las instituciones gubernamentales. Como se mencionó en la primera parte del presente apartado, el Congreso ha ido recuperando paulatinamente su lugar como el máximo órgano soberano y de representación popular, y el fortalecimiento de las funciones de control ha constituido un factor determinante en este sentido.

Por tal motivo, las restricciones para que diferentes órganos del Congreso puedan acceder a información o documentación de la administración federal, contrarían flagrantemente no solo la tendencia de posicionar al Poder Legislativo como el máximo órgano político y soberano de nuestro país, sino también la capacidad para que éste pueda fungir como la principal herramienta para transparentar y optimizar el ejercicio de la función pública.

En Brasil por ejemplo, el Congreso Nacional está autorizado a pedir cualquier tipo de información –con independencia de que esté clasificada:

Segundo. Las mesas de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal podrán dirigir peticiones escritas de información a los Ministros de Estado, constituyendo delito de responsabilidad, la negativa o su no contestación en el plazo de treinta días, así como la prestación de información falsa.

Es imprescindible que las comisiones tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, puedan tener acceso a información de cualquier tipo para desarrollar su trabajo de manera completa y transparente. De lo contrario, se estarían obstruyendo los trabajos legislativos, incluidos los de evaluación y replanteamiento de las necesidades nacionales. Por otro lado, se estaría alimentando la corrupción, pues los órganos del Congreso, son quizás las instancias más adecuadas para frenar los abusos de poder y los excesos de la administración pública.

El Poder Legislativo chileno, también puede acceder a la información pertinente, según ésta sea requerida:

Las comisiones investigadoras a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.

Debe ponderarse la facultad del Congreso para solicitar la entrega de cualquier tipo de información o documentación, por encima de la protección de derechos difusos. Con esto se podría garantizar la transparencia al interior de las dependencias gubernamentales y un trabajo legislativo más eficiente. Por tanto, resulta necesario eliminar las restricciones legales injustificadas, que relegan al Poder Legislativo a un papel secundario como representante de la voluntad popular.

Sobre cada uno de los legisladores como órganos del Congreso, recae la soberanía del pueblo, de ahí que sean considerados los principales funcionarios que cuentan con el fuero constitucional. En tal virtud, resulta inexplicable que cualquier burócrata de la administración pública federal, pueda negarles el acceso a determinada documentación e información, cuando los legisladores la solicitan en ejercicio de sus funciones fundamentales.

Descripción del proyecto

La iniciativa que nos ocupa, resulta indispensable a efecto de garantizar el pleno respeto y ejercicio de las funciones de control, que ejercen cada una de las Cámaras en que se divide el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, depositario del Poder Legislativo.

Por tal motivo, se plantea reformar los Apartados 2 y 3 de los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la injustificada limitación que se establece a las solicitudes de documentación e información que se dirigen a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, por parte de las Comisiones ordinarias tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, cuando se trate de información o documentación catalogada con el carácter de reservada.

Por otro lado, según se dispone en el párrafo 3 de los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable, y si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, al titular de la dependencia o al Presidente de la República. Sin embargo, siendo la Mesa Directiva el órgano legislativo facultado para representar a la Cámara frente a los otros Poderes, se considera pertinente estipular que sea este órgano el que dirija la queja al titular de la dependencia de que se trate o al presidente de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforman los párrafos 2 y 3 de los artículo 45 y 97, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los párrafos 2 y 3 de los artículos 45 y 97, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados como sigue:

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. Procederá la solicitud de información o documentación, aún cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, a través de la Mesa Directiva, al titular de la dependencia o al Presidente de la República.

Artículo 97.

1. Los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.

2. Procederá la solicitud de información o documentación, aún cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones.

3. EL titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, a través de la Mesa Directiva, al titular de la dependencia o al Presidente de la República.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Legislación vigente

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al C. Presidente de la República.

4. ...

5. ...

Artículo 97.

1.Los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República.

Propuesta de reforma

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. Procederá la solicitud de información o documentación, aún cuando una u otra tengan el carácter de reservadaconforme a las disposiciones aplicables. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, a través de la Mesa Directiva, al titular de la dependencia o al presidente de la República.

Artículo 97.

1. Los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.

2. Procederá la solicitud de información o documentación, aún cuando una u otra tengan el carácter de reservadaconforme a las disposiciones aplicables. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones.

3. EL titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, a través de la Mesa Directiva, al titular de la dependencia o al presidente de la República.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Monreal, y se hará como lo solicita, la iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Telesecundaria 350, Leona Vicario, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 6, 74 Y 79 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, presidente; con la venia de la Cámara. Para seguir en la tesitura de la transparencia —no tengo reloj ahora, pero bueno.

El diputado Manlio Fabio Beltrones, el diputado Alberto Villarreal García, el diputado Ricardo Monreal, el diputado Arturo Escobar, la diputada Lucila Garfias y, por supuesto, mi coordinador, el diputado Alberto Anaya e inclusive la de la voz, la característica que tenemos todos nosotros es que somos diputados plurinominales.

Saco esto a colación, porque la iniciativa que vengo a presentar el día de hoy, es un análisis serio —hoy real— de la figura de representación proporcional y no uno superfluo, como el que se ha presentado anteriormente en esta Cámara.

Para ello, si tienen la generosidad de que me permita yo leer dos iniciativas que se presentaron ya con anterioridad en este pleno; la primera, la de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, del PRI, que pretende cortar 100 diputados plurinominales, y la segunda, del diputado Niño de Rivera, del PAN, que pretende desaparecer la figura de la representación proporcional.

La primera, si me permiten referenciar un poco la exposición de motivos de la diputada Patricia Elena Retamoza, que me parece la más interesante —por no decir graciosa—, hace énfasis y cito a la diputada en su exposición de motivos: a la dificultad para la construcción de mayorías en México, que se deriva de un sistema de representación política que buscando la pluralidad dificulta la gobernabilidad y genera altos costos y desprestigio ante los ciudadanos. Repito: y desprestigio ante los ciudadanos.

El diputado Niño de Rivera es un poco más violento con su coordinador y aparentemente con los coordinadores de casi todas las fracciones parlamentarias, diciendo que es público y notorio el ambiente de desencanto y desconfianza que existe hacia el sistema de partidos y en general, a las instituciones representativas y de gobierno del país y que dicho ambiente debe de ser el principal referente a la acción parlamentaria de esta legislatura, tomando la responsabilidad de modificar aquello que los ciudadanos consideran inaceptable —en este caso, aparentemente, a su coordinador—, inaugurando un nuevo capítulo en la vida pública.

¿Por qué? Porque uno de los principales agravios de la sociedad mexicana son los excesos, el dispendio y el alto costo de las instituciones de nuestra democracia representativa y que México está cansado de la impunidad, no solamente de los delincuentes, sino también de algunas personas de la vida pública que han manchado la dignidad de la investidura representativa de la responsabilidad gubernamental del servicio público.

Aparentemente solamente los diputados de representación popular han manchado a la investidura y entre ellos los diputados que ya mencioné en esta tribuna y que les vuelvo a recordar: Manlio Fabio Beltrones, Luis Alberto Villarreal García, Ricardo Monreal, Arturo Escobar, Lucila Garfias y Alberto Anaya.

Ahora seamos serios en el análisis de la representación proporcional. La teoría política seria dice que la representación proporcional permite que los sistemas no sean cooptados por los poderes fácticos del dinero, del crimen e inclusive de las cúpulas de partidos.

Lipset dice que uno de los requisitos de los requisitos de la democracia, no solamente en este país, sino en el mundo, debe de ser la representación proporcional, y Pippa Norris dice que para el avance de la democracia es necesaria la representatividad, especialmente de las mujeres en las Cámaras, como ésta.

Dado el poco tiempo que tengo para dar término a la lectura de mi iniciativa, me preguntaría, ¿cuál es la verdadera finalidad de la propuesta, no solamente de estos diputados, sino del candidato a presidente, ahora virtual ganador, para acabar con la figura de la representación proporcional? Les diría, un retroceso democrático, pues con este tipo de acciones se busca eliminar la representación de las minorías para regresar al autoritarismo y algunos sueñan al bipartidismo, en este caso el Partido Acción Nacional. Si verdaderamente nos interesa eliminar gastos superfluos e injustificables, debemos hacer un análisis serio, donde fomentemos la aplicación de los principios de austeridad y gasto responsable de los recursos públicos; debemos transparentar los gastos de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, señores diputados.

Así verdaderamente podremos llevar a cabo acciones de fondo; si buscamos la disminución de gasto haremos a esta Cámara más eficiente, con la misma representación que ahora tiene.

No podemos, con un argumento económico dar un argumento político para dar traste a la democracia y a la representatividad de este país.

Simplemente los dejaría con algunos números, para terminar, señor presidente. Esta Cámara de Diputados tiene aproximadamente, según su página de Internet, un presupuesto de 5 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil 534 millones de pesos se van a gasto corriente, no especificando para qué: materiales, suministros, servicios generales, etcétera.

Termino, señor presidente. Los diputados, con nuestras dietas y prerrogativas, representamos 900 millones de este presupuesto —solamente 900 millones— y los gastos generales de las casi seis mil plazas que hay en esta Cámara de Diputados representan 2 mil 832 millones de pesos al año; es decir, esta es una Cámara de Diputados obesa que sirve solamente a los intereses de una mayoría aplastante.

Con esto concluyo, se lo prometo, señor presidente. Entonces, el problema no está en la pluralidad ni en la representación...

El Presidente diputado José González Morfín: Se ha agotado su tiempo, diputada. Le pido que concluya con su intervención.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Voy a terminar, señor presidente. El problema no está en la pluralidad y en la representación de mujeres, jóvenes y etnias, sino en lo obeso y en el gasto oscuro y la falta de transparencia de esta Cámara de Diputados.

Es por eso que esta iniciativa, que pido se incluya completa en el Diario de los Debates, pide la transparencia y la austeridad en el gasto de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, inclusive por los silbidos, señores diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita diputada federal, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 6, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman los artículos 34, 48, 51, 53, 66, 99, 111 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el artículo 61 y se adiciona el artículo 61 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

“El objetivo del gobierno representativo debe ser promover la virtud y la inteligencia del pueblo”

John Stuart Mill

Una de las principales características de los gobiernos priistas y panistas de las últimas décadas ha sido la mentira, en campaña prometen al pueblo de México que trabajarán para su bienestar y después de tomar posesión, dan la puñalada en la espalda. En campaña dicen ser candidatos del empleo y en función promueven reformas para violentar los derechos del pueblo trabajador como la recienta iniciativa preferente en materia laboral enviada por el señor Calderón.

Mientras en los medios dicen trabajar por la seguridad del pueblo mexicano, promueven acciones violentas como la guerra fallida contra el narcotráfico. Dicen ser diferentes, haber cambiado y solo vean las represiones contra los movimientos sociales, hay que voltear a ver la situación actual en Michoacán, donde hoy son masacrados normalistas y docentes por parte de los gobiernos federal y estatal.

Las mentiras son incuantificables y arteras, otra de ellas, tema que nos ocupa en la presente iniciativa, fue la propuesta del hoy presidente electo, el señor Peña, que de manera populista miente al pueblo con el discurso de la disminución de 100 diputaciones plurinominales con la finalidad del ahorro en el presupuesto, buscar una mayor funcionalidad del Congreso y la disminución de gastos injustificables del Poder Legislativo.

Pero, ¿cual es la verdadera finalidad de la propuesta del presidente electo? Es un retroceso democrático, pues con este tipo de acciones se busca eliminar la representación de las minorías, regresar al autoritarismo priista del siglo XX, que no venga este señor a querernos comprar con espejitos.

Si verdaderamente interesa eliminar gastos superfluos, injustificables, debemos hacer un análisis serio, donde fomentemos la aplicación de los principios de austeridad y gasto responsable de los recursos públicos, debemos transparentar los gastos en el poder legislativo, así verdaderamente podremos llevar a cabo acciones de fondo; si buscamos la disminución de gastos, es muy sencillo, debemos transparentar las cuentas públicas y sus erogaciones con acciones como promover que el poder legislativo sea en realidad y no en letra muerta, un sujeto obligado de revisión por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por nuestra parte, el objetivo de esta iniciativa es señalar que no podemos acabar con la pluralidad de la representatividad de los diputados con argumentos económicos, sin antes dar una salida basada en la eficiencia, la transparencia, la eficiencia en el gasto y la austeridad legislativa.

Para que un sistema político funcione, debe ir de la mano de fines, objetivos y principios. En una Democracia Real, el poder se usa para crear gobernantes con mentalidades comprensivas, responsables, racionales y solidarias con los ciudadanos.

Sin embargo compañeros legisladores, ¿cómo podemos cumplir el fin de la política y de la democracia en un país que ha documentado por años un enorme gasto administrativo, que durante décadas ha multiplicado el aparato del poder político y privilegiado su manutención por encima del bienestar social y los derechos legítimamente obtenidos por todos?

No es posible que estemos más prestos a la reducción de la voz legítima del pueblo en esta asamblea, después de años de lucha por el reconocimiento y el respeto a nuestros derechos políticos y que no estemos dispuestos a atacar al problema de fondo.

¿Cuál es este problema?

En primera la enorme carga presupuestal que el aparato administrativo de esta Cámara ejerce, de manera desproporcionada e irracional.

Segundo, la falta de transparencia y fiscalización con las que se manejan ambas Cámaras.

A esta Cámara lo que le hace falta entonces es reconocer y cumplir con los principios de transparencia, austeridad y eficiencia en el gasto, e implica que éste debe ajustarse rigurosamente a la Ley, comprometido con lo sobrio y a lo estrictamente necesario al ejercer el presupuesto.

Como una acción de solidaridad ante el pueblo mexicano y ante las traiciones de los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral, es que proponemos la siguiente reforma, donde se privilegia el principio de austeridad antes que el beneficio personal de muchos servidores públicos que ven en el erario público, su modus vivendi.

El objetivo de esta iniciativa es subrayar que no podemos acabar con la pluralidad y representatividad de los diputados con un argumento económico, sin dar primero una salida basada en la eficiencia y eficacia en el gasto operativo y en la austeridad legislativa.

Se busca con la presente iniciativa, el ahorro de recursos por parte del poder legislativo, con lo cual podremos ahorrar millones de pesos del erario y los podremos invertir en políticas en materia de educación, salud, vivienda, de desarrollo social en su conjunto.

Debemos aplicar la austeridad en el gasto público, eliminar lo superfluo y ostentoso para seguir el camino de la eficiencia y no mirar estas acciones como debilitamiento, si no como una acción de verdadera responsabilidad ética por parte de los administradores de los dineros del pueblo, orientando mayores recursos a los programas enfocados a promover el desarrollo social de los mexicanos.

Por ejemplo, si tomamos en consideración el presupuesto aprobado para 2012, nada más de la Cámara de Diputados, podemos observar que se tiene asignado nada más para gasto corriente, sin tomar en consideración servicios personales (sueldos y dietas de diputados y personal), alrededor de 2 mil 534 millones 607 mil 339.15 pesos.

Estos 2 mil millones se gastan en los siguientes rubros

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y otras provisiones

Comparando estas cifras, si consideramos que cada diputado tiene derecho entre dieta y prerrogativas a 150 mil 15 pesos, con un total de 75 millones 7 mil 500 pesos por mes entre todos los diputados (y esto suponiendo que todos gastan y hacen uso total de las prerrogativas), lo que al año representa 900 millones 90 mil pesos. Sin tomar en cuenta que una parte de estas prerrogativas es las que se destinan a asesores y apoyos directos a la ciudadanía.

Pero no se queda aquí, nada más en esta Cámara existen 5 mil 805 plazas, entre bases y de confianza, mandos medios, superiores y homólogos, así como por honorarios, quienes en total se llevan 2 mil 832 millones 44 mil 691 pesos, casi tres mil millones de pesos, que comparados con los 900 millones que cuestan todos los diputados, no representa ni el 50 por ciento. Entonces díganme, en qué radica el ahorro significativo, si no es en democracia y pluralidad.

Las propuestas que piden eliminar cien, doscientos diputados, lo único que estarían ahorrando a los contribuyentes es a lo máximo 15 o 30 millones, pero se seguirían desperdiciando todavía 4 mil millones de pesos.

Entonces el problema no está en la pluralidad y en la representación de las diversas voces políticas de nuestro país. El problema está en un gasto desproporcionado e irracional, así como en la falta de transparencia. Hasta ahora nadie sabe con claridad cuánto se gana y cómo se gasta el dinero de todos los ciudadanos. Estas cifras que fueron tomadas de la propia página de la Cámara de Diputadas, es incluso omisa en la cantidad de recursos que se asigna a cada grupo parlamentario.

Es por lo expuesto y fundado, que presento a esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 6. ...

I. a VII. ...

Para garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales, el Estado contará con un organismo público autónomo, especializado e imparcial, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión, denominado Instituto de Transparencia y Eficiencia en el Gasto Público Gubernamental, el cual tendrá facultad de ejercer su competencia y sancionar a los sujetos obligados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, respetando en todo momento los principios de transparencia, eficiencia en el gasto y austeridad; una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

...

V. a VIII. ...

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, transparencia, eficiencia en el gasto, austeridad y confiabilidad.

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 34, 48, 51, 53, 66, 99, 111 y 113 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 34.

1. ...

a) a i) ...

En lo referente a los incisos d), e), f) y g), la Junta de Coordinación Política realizará sus funciones bajo la observancia y aplicación de los principios inviolables de transparencia, austeridad, legalidad y eficiencia en el gasto.

Artículo 48.

1. La Secretaría General observa en su actuación las disposiciones de la Constitución, de esta ley y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos, así como el respeto inviolable de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia en el gasto, austeridad y confiabilidad; y constituye el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios de la Cámara de Diputados. La prestación de dichos servicios queda a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.

2. a 4. ...

Artículo 51.

1. y 2. ...

3. Los servicios establecidos en el párrafo primero del presente artículo serán ejercidos conforme a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia en el gasto, austeridad y confiabilidad.

Artículo 53.

1. y 2. ...

3. La Contraloría Interna y sus direcciones, a través de sus titulares llevarán a cabo sus funciones respetando y aplicando en todo momento, los principios inviolables de legalidad, transparencia, eficiencia en el gasto, austeridad y confiabilidad.

Artículo 66.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, austeridad y eficiencia en el gasto, y tendrá las siguientes facultades:

2. ...

3. ...

Artículo 99.

1. ...

2. La comisión deberá observar la aplicación inviolable del principio de austeridad, eficiencia en el gasto y transparencia al momento de cubrir las dietas, sueldos, apoyos y otros gastos de todos los empleados de la cámara incluidos los senadores. Asimismo deberá considerar el principio de eficiencia en el gasto, transparencia y austeridad al momento de asignar el presupuesto asignado al gasto corriente.

3. Durante los recesos del Congreso, los presupuestos serán presentados a la Comisión Permanente para el mismo efecto.

Artículo 111.

1. La Tesorería de la Cámara realizará todas sus tareas bajo los principios inviolables de transparencia, eficiencia en el gasto y austeridad, y tendrá las siguientes atribuciones:

...

2. ...

Artículo 113.

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, para lo cual deberán presentar un informe semestral. En toda acción, buscará sea respetado el principio de transparencia, eficiencia en el gasto y austeridad;

b) a n) ...

2. ...

3. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 61 y se adiciona el artículo 61 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 61. El Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetarán a lo establecido por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley.

...

Artículo 61 Bis. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación deberá hacer pública la siguiente información, de tal forma que facilite su uso y comprensión y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

I. El número de plazas y montos asignados para sueldos y salarios;

II. La cantidad asignadas en dietas, prerrogativas, subvenciones, estímulos o apoyos económicos a los grupos parlamentarios; y

III. Las dietas y prerrogativas a Diputados y Senadores, así como los documentos que den cuenta de cómo ejercieron el presupuesto que se les asigne para pago de asesores y atención ciudadana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se insertará íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Sánchez Romero, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, iniciativa que está suscrita por distintos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Carlos Sánchez Romero:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, pongo a su consideración la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación para garantizar condiciones dignas a los planteles de educación pública, suscrita por la diputada Josefina García Hernández y por su servidor, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Considero que el hecho de que esta LXII Legislatura coincida con el inicio de un período presidencial representa un incentivo para construir acuerdos e impulsar los cambios que México demanda.

En la medida de que seamos capaces de construir una auténtica agenda legislativa estaremos abonando por la gobernabilidad democrática y la estabilidad que México requiere y que espera para crecer y avanzar; es por eso que proponemos esta iniciativa que busca fortalecer y recuperar el rumbo de nuestro sistema educativo dotándolo de equidad, justicia social y operatividad.

La educación es, sin lugar a dudas, el motor fundamental de la transformación que México requiere y un tema que deberemos revisar e impulsar para dotar de mejores oportunidades a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

Esta iniciativa obedece fundamentalmente a fortalecer el sistema educativo nacional, incorporando al municipio con recursos y facultades que le permitan participar de manera proactiva en materia de infraestructura y equipamiento educativo mediante un fondo específico que facilite al nivel de gobierno más cercano a la gente a atender las necesidades y requerimientos más sensibles en esta materia.

Por otro lado, es innegable que existen aún muchos temas que resolver en materia educativa. Actualmente la Ley General de Educación no da atribuciones específicas al gobierno federal ni a los estados y municipios, específicamente en las escuelas rurales e indígenas, para que cuenten con condiciones dignas para el personal docente y los alumnos.

Lo anterior lo sustento en las declaraciones que realizó el pasado 13 de septiembre de 2012, Rosalinda Morales Garza, titular de la Dirección General Indígena de la SEP; señaló que hay 23 mil escuelas indígenas, de las cuales 10 mil son primarias, 10 mil pre-escolares y tres mil pertenecen a educación inicial; 30 por ciento del total de las escuelas presenta alguna carencia. Es decir, cerca de siete mil escuelas atienden a niños indígenas, que carecen de techo, ventanas, puertas, sanitarios, aulas de medios, canchas y hasta de una edificación propia, por lo que muchas de ellas se ubican en lugares prestados, lamentablemente.

Por eso resulta apremiante incorporar a las comunidades y poblaciones indígenas y de mayor marginación a un sistema educativo más justo y equitativo, debido a que un pueblo educado tiene siempre mejores oportunidades de desarrollo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es necesario impulsar esta iniciativa orientada a atenuar y reducir las enormes desigualdades que se presentan en materia educativa en nuestro país, a través de la creación de un fondo específico etiquetado para fortalecer en infraestructura y equipamiento escolar a nuestros municipios, mediante un modelo de federalismo participativo, en donde los tres niveles de gobierno, de manera corresponsable y coordinada, colaboren para fortalecer la educación en México. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de Josefina García Hernández y suscrita por Carlos Sánchez Romero, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Josefina García Hernández y Carlos Sánchez Romero, diputados federales a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, apartado 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El licenciado Enrique Peña Nieto, inscribió ante el IFE su Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, como una obligación que tienen por ley todos los candidatos a la Presidencia de la República.

Como todos sabemos, la mayoría de los ciudadanos decidieron que él fuera nuestro Presidente y ahora a los legisladores federales, desde el ámbito de nuestras competencias, nos corresponde trabajar para que esos compromisos electorales, se conviertan en realidades que beneficien a todas y todos los mexicanos. La educación es un componente determinante en el desarrollo humano; factor de movilidad social y de impulso de las transformaciones sociales. Es la única vía que nos garantiza que podamos avanzar hacia el logro de nuestras aspiraciones y conseguir un desarrollo integral del país. Es indispensable atender de manera efectiva el reclamo de la comunidad nacional por una educación de calidad a la que tengan acceso todos los mexicanos.

Es necesario dar un viraje a la agenda educativa, de una magnitud y dirección que haga factible lograr en los próximos años avances sustantivos en el aprovechamiento escolar, en la universalización de la cobertura, en la mayor eficiencia del sistema y sobre todo en infraestructura adecuada.

En sus compromisos de campaña, el Presidente Electo, Lic. Enrique Peña, acordó definir en coordinación con la política económica y la política social, medidas específicas para resolver las desigualdades que prevalecen en el sistema educativo entre escuelas rurales e indígenas y escuelas urbanas.

Se comprometió también a diseñar programas específicos para fortalecer la cobertura y calidad de la educación indígena y asegurar que cuenten con todos los recursos didácticos y equipo necesario para cumplir con su tarea educativa.

Sin embargo actualmente la Ley General de Educación no da atribuciones específicas al Gobierno Federal, ni a los Estados y Municipios, para que las escuelas cuenten con condiciones dignas para el personal docente y los alumnos, específicamente en las escuelas rurales e indígenas.

Lo anterior, lo sustento en las declaraciones que realizó el pasado 13 de Septiembre de 2012, Rosalinda Morales Garza, titular de la Dirección General Indígena de la SEP, señaló que hay 23 mil escuelas indígenas, de las cuales 10 mil son primarias, 10 mil preescolares y 3 mil pertenecen a educación inicial. Treinta por ciento del total presenta alguna carencia, es decir, cerca de 7 mil escuelas que atienden a niños indígenas carecen de techo, ventanas, puertas, sanitarios, aulas de medios, canchas y hasta de una edificación propia, por lo que muchas se ubican en “lugares prestados”

Hizo énfasis en que se requiere asignar un presupuesto etiquetado para las escuelas de los niños de los pueblos originarios, se necesita que en el proceso de transición, se informe de manera puntual sobre este requerimiento, para que a través de la Secretaría correspondiente, en este caso la SEP se haga la solicitud de recursos específicos para abatir este rezago.

Lamentablemente, la infraestructura escolar en México presenta rezagos y deterioro, sobre todo en las comunidades marginadas, lo cual coloca en desventaja a las y los niños y adolescentes que habitan en éstas.

Por otro lado, considero que necesitamos saber con claridad cuál es la necesidad real de recursos para dotar de la infraestructura necesaria a esas más de 7 mil escuelas indígenas o rurales que no cuentan no con lo más elemental.

El Presidente de la República en su sexto informe de actividades declaró que se había obtenido casi el 100% de cobertura en educación primaria, sin embargo funcionarios de su misma administración declaran públicamente los rezagos que existen. Pero, necesitamos dejar atrás el pasado y voltear a ver al futuro, y así generar alternativas de solución.

Actualmente son pocos los municipios que apoyan presupuestalmente a los Centros Escolares, necesitamos dar mayor participación municipal, se requiere etiquetar recursos específicos desde los Presupuestos de Egresos Estatales, a fin de que los municipios apliquen estas partidas para infraestructura y mobiliario.

Es necesario plasmar en la Ley de forma clara las facultades y obligaciones del Estado en sus tres niveles de gobierno sobre la habilitación de infraestructura en los planteles educativos a nivel preescolar, primaria y secundaria, ya que es evidente la precariedad en la que se encuentran una gran cantidad de escuelas rurales e indígenas principalmente.

Debemos de forma concurrente participar los tres niveles de gobierno en un círculo virtuoso, donde cada parte realice las acciones que le corresponden, en beneficio de la educación con calidad y en condiciones dignas para quienes forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país.

Con esta reforma, facultaremos y obligaremos a los tres niveles de gobierno a que inviertan recursos en infraestructura y mobiliario de los centros de educación básica, para que se encuentren en condiciones dignas, que permitan al personal y a los estudiantes realizar sus actividades en condiciones óptimas y dignas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Educación

Primero. Se reforma la fracción IX y se recorre la subsecuente convirtiéndose en X, del artículo 13 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. ... a VII. ...

IX. Crear fondos financieros específicos, para ser aplicados en infraestructura y equipamiento de los Centros Escolares, dando prioridad a los que se encuentren en zonas de alta y muy alta marginación.

Este fondo podrá ser aplicado en un porcentaje de 70% en infraestructura y el 30% en equipamiento, preferentemente.

X. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Segundo.Se reforma el artículo 14, para adicionar las fracciones XIII, XIV y recorrer la subsecuente, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. ... a XII. ...

XIII. Garantizar en coordinación con las demás autoridades competentes, que la infraestructura de los centros escolares cumplan con los requisitos mínimos de operatividad y se encuentren en condiciones dignas para los alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.

Tercero.Se reforma el artículo 15, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 15.El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a IX del artículo 14.

El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales , mediante partidas presupuestales específicas para este rubro.

El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

Cuarto. Se reforma el artículo 33 para quedar de la siguiente manera.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. ... a XV. ...

XVI. Crearán un programa que procure la construcción y/o habilitación de centros escolares en condiciones dignas para los alumnos, maestros, directivos y empleados escolares, especialmente en las zonas rurales y de educación indígena.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El fondo financiero a que se refiere el artículo segundo del presente decreto, se creará en el ejercicio fiscal del siguiente año de publicado este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Carlos Sánchez Romero, Josefina García Hernández, Frine Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

ARTICULOS 61, 73, 109, 110, 111, 112, 114, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Marcos Aguilar Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que viene también suscrita por diputados integrantes del PAN.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, señor presidente. Se habla en México de muchas reformas estructurales, que —sin duda alguna— son necesarias para transformar a nuestro país; sin embargo, en materia de reformas para enfrentar uno de los problemas más importantes que tenemos, el de la corrupción, poco se ha hecho en México.

Hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha presentado un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución mexicana para enfrentar la problemática que hoy existe en México, particularmente me refiero al antecedente que existe en nuestro país, en el año 1982, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid envió una reforma a la Constitución mexicana, al Congreso de la Unión, para modificar el apartado relativo al sistema de responsabilidades de los servidores públicos, a los artículos 108 al 114 de la Constitución mexicana. Ahí se plasmaron cuatro tipos de responsabilidades: la responsabilidad  penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política.

De igual manera, se propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en esta reforma se estableció la creación de un nuevo órgano de la administración pública centralizada: la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Esta Contraloría fue un organismo que de nacimiento estableció dos atribuciones, que no eran compatibles; la función de auditar y la función de fincar responsabilidades administrativas. Estas dos funciones evitan que se practique con toda claridad la autonomía para dictar fallos y resoluciones, al depender del mismo gobernante.

Este órgano es juez y parte en la práctica de auditorías y en el fincamiento de responsabilidades de servidores públicos, una deficiencia que se ha acarreado a nivel nacional desde su origen.

Hoy, el Partido Acción Nacional tiene claramente identificado lo que tienen todos los mexicanos: el sistema que existe en México en materia de responsabilidades no funciona.

Planteamos una propuesta que va al fondo de esta problemática y que establece, en primer término, la igualdad entre ciudadanos y servidores públicos, independientemente de la responsabilidad que le haya sido asignada a cada uno de ellos; es decir, sea éste un responsable de la administración pública o un representante popular.

Proponemos la eliminación de la figura del fuero constitucional, por ser ésta ya una figura obsoleta en México, por ser una figura que —lamentablemente— con la mala actuación de muchos representantes populares ha sido desviada y ya no cubre con lo que originalmente fue planteado.

En consecuencia, proponemos la eliminación de la declaración de procedencia, que es justamente la autorización que otorga la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, para ejercer la acción penal ante un Ministerio Público.

Proponemos —y éste es un tema de fondo, que naturalmente atenta contra quienes hoy me escuchan— la eliminación de la figura de juicio político, una figura que revela naturalmente que esta institución no ha sido formada o no ha sido creada en su ámbito formal, más que para un aspecto legislativo y no jurisdiccional.

Hoy tenemos claridad que desde 1917 a la fecha, en este país no se ha impuesto ninguna sanción por el concepto de juicio político. Esto no funciona y es una simulación para los mexicanos.

Proponemos, en su lugar, la creación de un Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, que permita conocer de dos responsabilidades: la administrativa y la política. Esto significaría que todos los órganos internos de control de la administración pública federal, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los organismos constitucionales autónomos sean sujetos a este nuevo régimen, bajo el mando del Tribunal Federal de Rendición de Cuentas.

De igual forma, planteamos que este tribunal conozca de las responsabilidades para que se acabe con la simulación y que cuando un representante popular incurra en una responsabilidad sea justamente este nuevo organismo constitucional autónomo, que no dependa de ninguno de los órganos, el que sancione ejemplarmente a los malos servidores públicos de este país.

Este mismo modelo lo planteamos para los 32 estados de la República, con el único objetivo de plantear una propuesta seria, que nos garantice en México una transformación al sistema de responsabilidades, que por muchos años ha sido desatendido. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Villarreal García Luis Alberto, Aguilar Vega Marcos, Alonso Morelli Humberto, Álvarez Tovar Martha Berenice, Anaya Cortes Ricardo, Anaya Llamas José Guillermo, Angulo Parra Carlos Fernando, Aquino Calvo Juan Jesús, Argüelles Loya Consuelo, Azuara Zúñiga Xavier, Borboa Becerra Omar Antonio, Botello Montes José Alfredo, Bueno Torio Juan, Cáceres De La Fuente Juan Francisco, Camarillo Ortega Rubén, Cárdenas Guízar Gabriel De Jesús, Carreño Muro Genaro, Castaños Valenzuela Carlos Humberto, Coronado Quintanilla Alberto, Cortázar Lara Gerardo Maximiliano, Cortes Berumen Isaías, Cruz Mendoza Eufrosina, Chan Lugo Sergio Augusto, Dávila Delgado Mario Alberto, De La Rosa Anaya Andrés, De La Rosa Escalante Arturo, Díaz Trujillo Alberto, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Flores Flores Enrique Alejandro, Fuentes Solís Víctor Oswaldo, Galindo Delgado David Cuauhtémoc, García Gonzalez Carlos Alberto, García Ramírez José Guadalupe, García Rojas Mariana Dunyaska, Gastélum Buenrostro Juan Manuel, Gómez Ramírez Raúl, González Aguilar Lazara Nelly, González Carrillo Adriana, González Manríquez Víctor Rafael, González Morfín José, Gonzalez Serna José Ángel, Gordillo Castillo Néstor Octavio, Heredia Lizárraga Martín Alonso, Jiménez Castillo Blanca, Jiménez Cerrillo Raquel, Jiménez Esquivel María Teresa, Labastida Sotelo Karina, Larrazábal Bretón Fernando Alejandro, Licea González Margarita, López Cisneros José Martin, López Landero Leticia, López López Raudel, López Noriega Alejandra, Lorenzini Rangel Julio César, Lugo Barriga Patricia, Llanas Alba José Alejandro, Micalco Méndez Rafael Alejandro, Mondragón González Ma. Guadalupe, Morgan Navarrete Tania Margarita, Muñoz Márquez Juan Carlos, Neblina Vega Heberto, Niño De Rivera Vela Homero Ricardo, Oliveros Usabiaga José Luis, Orta Coronado Marcelina, Ortiz Mantilla María Isabel, Othón Zayas Máximo, Oviedo Herrera J. Jesús, Pacheco Díaz Germán, Pantoja Hernández Leslie, Paz Alonzo Raúl, Pedraza Aguilera Flor De María, Pelayo Covarrubias Francisco, Peña Avilés Gerardo, Pérez Camarena Carmen Lucía, Prieto Herrera Humberto Armando, Quintana Salinas Esther, Ramírez Diez Gutiérrez María Concepción, Ramírez Romero Luis Miguel, Reina Lizárraga José Enrique, Reza Gallegos Rocío Esmeralda, Ricalde Magaña Alicia Concepción, Rivadeneyra Hernández Alfredo, Rivera Villanueva Erick Marte, Robledo Leal Ernesto Alfonso, Rodríguez Doval Fernando, Rodríguez Vallejo Diego Sinhue, Romero Sevilla Leonor, Rosiñol Abreu Jorge, Sada Pérez Verónica, Saldaña Hernández Margarita, Salinas Garza José Arturo, Salinas Mendiola Glafiro, Sampayo Ortiz Ramón Antonio, Sánchez Ruiz Mario, Serralde Martínez Víctor, Sosa Govea Martha Leticia, Sotomayor Chávez Jorge Francisco, Torres Cofiño Marcelo De Jesús, Trejo Reyes José Isabel, Urciel Castañeda María Celia,, Uribe Padilla Juan Carlos, Valladares Couoh Cinthya Noemí, Vargas Martín Del Campo Elizabeth, Villalobos Seañez Jorge Iván, , Villarreal García Ricardo, Yamamoto Cazares Beatriz Eugenia, Yáñez Robles Elizabeth Oswelia, Zamora García Alfredo, Zavala Peniche María Beatriz y Zepeda Vidales Damián, con el carácter de diputados federales de la LXII Legislatura en el Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Reformas constitucionales propuestas

Primera- Eliminación del fuero legislativo

Actualmente la Constitución Política contempla el fuero de los servidores públicos, sin embargo, la experiencia con la existencia de tal figura no ha sido otra más que generar la impunidad en la comisión de delitos.

Por tanto, resulta de suma importancia eliminarla del marco constitucional para establecer un verdadero plano de igualdad ante la ley entre los ciudadanos y aquellos que ejercen un cargo público, logrando establecer un freno a la impunidad, la corrupción y a la existencia de creación de privilegios indebidos a través de la deformación de las instituciones.

La idea original, al momento de establecer esta figura era una genuina preocupación del constituyente, ya que se trataba de evitar los ataques infundados o venganzas políticas que revestían la forma de una acusación penal, dando como resultado una separación constante de los cargos que afectase la buena marcha de la administración o gobierno.

Sin embargo, actualmente es dable señalar que en la democracia mexicana moderna, los argumentos que crearon el fuero podrían verse superados por la fortaleza y autonomía de las instituciones tanto de procuración de justicia como de impartición de la misma, máxime si tomamos en consideración que dicha institución ha servido como sinónimo de impunidad para fincar responsabilidades a los servidores públicos.

Por lo tanto esta institución debe reformularse con el objeto de que no se constituya en un privilegio indebido para aquellos servidores públicos, cuyo encargo y función merece tal protección y de esta forma dejar de tolerar abusos e impunidad en el ejercicio de los cargos públicos, queremos que el ciudadano se sienta en igualdad con los ciudadanos que ejercen el poder.

Segunda. Eliminación del procedimiento de declaración de procedencia

Se han explicado en párrafos anteriores los motivos por el cual se considera pertinente la eliminación del fuero legislativo, los cuales básicamente consisten en terminar con una figura completamente rebasada para su aplicabilidad.

Hemos asentado también, que el objeto de eliminar esta figura es precisamente el terminar con prácticas perniciosas donde fluye la corrupción y la impunidad y crear un verdadero estado de igualdad entre los ciudadanos

Bajo esta tesitura, al considerar la eliminación del fuero constitucional por ende, deberá eliminarse la figura de la “declaración de procedencia”, esto es, como consecuencia lógica y natural de la supresión anterior.

Lo anterior toda vez que ésta se trata de un procedimiento celebrado ante la Cámara de Diputados para llevar a cabo su desafuero, por lo que al eliminar el fuero legislativo, regular un procedimiento de una figura inexistente es a todas luces inviable.

Reiterando ante todo que la finalidad de la eliminación de estas figuras no es otra más que dejar patente que ningún ciudadano o persona esté por encima de la ley y que haya igualdad de trato en el enjuiciamiento de los delitos que se cometan.

Tercera. Eliminación del juicio político

El desempeñar uno de los más altos cargos públicos, conlleva sin lugar a dudas una gran responsabilidad para con la sociedad, por lo cual, es imprescindible que en su desempeño se apeguen al cumplimiento irrestricto de los principios constitucionales que rigen la función pública, como lo son el de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y que en caso de que  éstos se conduzcan en forma deshonesta, serán merecedores de de la respectiva sanción.

En nuestro marco Constitucional se contempla que se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de  los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

El procedimiento de esta figura deberá ventilarse en las Cámaras del Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados adquiere la calidad de Cámara de acusación ante la Cámara de Senadores, la cual a su vez se constituye como Jurado de sentencia y cuya función principal consiste en aplicar la sanción correspondiente.

Empero, la figura del “juicio político”, ha corrido prácticamente la misma suerte que las figuras del “fuero constitucional” y “la declaración de procedencia”, ya que también ha resultado ser una figura ineficaz, puesto que está lejos de ser una figura imparcial ya que no siempre castigará al culpable, por el contrario ha sido un instrumento de poder.

Como ejemplo de lo anterior cabe señalar que a la fecha no se cuenta con ningún registro que indique la resolución de alguna de las solicitudes de juicio político y mucho menos que esto haya generado la destitución o inhabilitación de servidores públicos.

De lo anterior, es claro, que en consecución de sancionar en forma eficaz a quien realiza acciones en franca violación de las leyes por las cuales debe regir su conducta y sobre todo tratándose de quienes fungen como servidores públicos, resulta necesario eliminar del texto constitucional las disposiciones concernientes al Juicio Político.

Asimismo, en lugar de esta obsoleta e inoperante figura deberá de establecerse un mecanismo mediante el cual los servidores públicos enfrenten en forma real procesos justos que sirvan para ser sancionados en forma eficaz en caso de hallarlos responsables de conductas deshonestas y que ante todo permee la ética en el desempeño de sus funciones.

Cuarta. Creación del Tribunal Federal de Rendición de Cuentas como órgano constitucional autónomo

Los servidores públicos son parte importante dentro de la administración pública que precisamente debe tener como principal beneficiario la vida en sociedad de los mexicanos, por tanto es de vital importancia que los mismos se conduzcan en plena observancia del marco constitucional y legal que los rige.

Lamentablemente en el desempeño de la administración pública fue arraigada una cultura de deshonestidad y corrupción por parte de los servidores públicos en perjuicio de los ciudadanos.

Hemos asentado con antelación la necesidad de hoy día, de contar con servidores públicos profesionales, comprometidos con el desempeño de sus funciones, por lo que para el caso contrario, deberán ser sancionados.

Si bien podemos resaltar el avance que a través de los años se ha alcanzado con el objeto de alcanzar un eficaz funcionamiento de la administración pública como el servicio profesional de carrera, las cartas compromisos, etc., también es cierto que subsisten prácticas corruptas por parte de servidores públicos sin ética.

Parte de ello es contar con un marco legal de responsabilidades para los casos en que los servidores públicos se conduzcan en forma deshonesta y puedan ser sancionados.

Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han venido realizando por sancionar debidamente a los servidores públicos que cometen faltas administrativas, aún continúan presentándose anomalías dentro del proceso sancionador.

Es cierto que se han creado órganos internos de las dependencias con la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, pero recientemente se ha señalado que estos órganos no son los idóneos para imponer sanciones.

Por lo que ante todo ello, sumado a la problemática que significa el hecho de que quien impone las sanciones administrativas es la misma autoridad que detecta tales faltas, se considera necesario que se instauren los mecanismos pertinentes para garantizar que a los servidores públicos que se conduzcan ajenos a los marcos legales, se les enderezará un procedimiento equitativo y en su caso se les sancione conforme a la ley.

Así las cosas, se considera pertinente crear el Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, como un órgano constitucional que cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Tribunal que conocerá de las responsabilidades de tipo resarcitorio, disciplinario, de evolución patrimonial y de responsabilidad política.

Con ello se mejoraría el actual sistema de rendición de cuentas por uno que resulte más eficiente y que a la vez permita a los ciudadanos iniciar los procedimientos en contra de aquellos funcionarios que actúen apartados del margen legal, abonando sin lugar a dudas a la igual entre ciudadanos y gobernantes.

II. Propuesta normativa

1. Eliminación del fuero y eliminación de la declaración de procedencia o desafuero

El objeto de ésta iniciativa de reformas es eliminar del marco constitucional mexicano las siguientes figuras:

a) El fuero de los servidores públicos, y

b) El procedimiento de declaración de procedencia, mejor conocido como desafuero.

Las principales justificaciones para desterrar del texto constitucional tanto el fuero como el procedimiento de desafuero, es en razón de que tal garantía de protección del ejercicio y cumplimiento de los cargos públicos ha generado impunidad en la persecución de los delitos, y más importante resulta que haya un mismo rasero de igualdad ante la ley entre los ciudadanos y aquellos que ejercen un cargo público, es un freno a la impunidad, la corrupción y a la existencia de creación de privilegios indebidos a través de la deformación de las instituciones.

Para efecto de justificar con mayor profusión y puntualidad tanto la eliminación del fuero como la supresión del procedimiento constitucional de declaración de procedencia para retirar el fuero, dividimos la exposición de motivos según se trate de cada figura.

A. Eliminación de la figura del fuero

La existencia de la figura del fuero para ciertos servidores públicos prevista en el artículo 111 constituye una garantía del servicio público, consistente en un impedimento procesal para que el servidor público sea juzgado o procesado durante el ejercicio del cargo público que ocupa, pero de ningún modo puede tener el alcance de liberarlo o eximirlo de las responsabilidades penales en que hubiese incurrido.

La figura del fuero constitucional surge para proteger la estabilidad del servicio público, de proteger la continuidad de las funciones que realiza quien ejerce el cargo, resulta de una ponderación entre el valor de la persecución inmediata de los delitos frente a la regularidad y continuidad de los servicios públicos.

La creación de figuras como el fuero, no significa que haya o se genere impunidad, sino que será necesario un procedimiento previo conocido como declaratoria de procedencia, que determina desde el punto de vista político, si la acusación penal es suficiente y razonable para iniciar un proceso penal que tendrá como consecuencia que el servidor público se separe del cargo, con las consiguientes consecuencias que podrían generar en el servicio público que se presta ante la designación de un nuevo servidor público, la existencia de un proceso de aprendizaje en las funciones del cargo, entre otros.

No debe olvidarse, que el ejercicio de un cargo público es la ejecución de un espacio de poder político, y que por tanto desde el texto constitucional se le limita como clara función de una constitución para controlar el ejercicio del poder, pero también la propia constitución protege a los poderes que se constituyen a fin de que haya regularidad temporal de los mismos, y que les permitan cumplir con las funciones para las que se han elegido o designado.

Por tanto, la teleología de la creación de figuras como el fuero, responde a la satisfacción de un interés público y social, donde la regularidad y permanencia de un órgano de gobierno no se vea afectada por otros actos de poder, generando sólo una lucha constante dejando en segundo plano el desarrollo social y económico, sin embargo en nuestro país, tales fines fueron desdeñados y el fuero se ha utilizado como una institución de impunidad, por lo que ante la falta de congruencia con sus fines se hace necesario eliminarlo.

Sobre lo anterior, interesantes resultan las discusiones del Congreso Constituyente de 1917, precisamente en la sesión del 18 de enero de 1917 donde en relación al fuero, se manifestaba lo siguiente:

“...para poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos políticos, ataques que pudieran perjudicar la buena marcha de la administración, separando constantemente a los jefes, se ha establecido que, para quedar un alto funcionario a disposición del juez común, debe hacerse antes una declaratoria por la Cámara de Diputados”

Nótese que la preocupación del constituyente eran los ataques infundados o venganzas políticas a revestidos de la forma de una acusación penal que podrían estar generando una separación constante de los cargos que afectase la buena marcha de la administración o gobierno.

Sobre el particular, tal preocupación se enmarca en un país con instituciones al servicio de quien las dirige y no un país de instituciones públicas autónomas e imparciales, por tanto, creemos que debemos avanzar de concepción y proceder a eliminar el fuero y confiar más en la función de las instituciones que hemos creado.

Claramente podemos mencionar que actualmente en la democracia mexicana moderna, los argumentos que crearon el fuero podrían verse superados por la fortaleza y autonomía de las instituciones tanto de procuración de justicia como de impartición de la misma, superando las mezquinas rencillas que pudiesen dar lugar a una persecución política haciendo uso de las instituciones y considerando además la existencia de libertades de información y transparencia de los asuntos públicos.

Además, reiteramos que dicha institución ha servido como patente de corso o salvoconducto de impunidad, en franca contradicción a un régimen democrático de responsabilidades de los servidores públicos; y en Acción Nacional queremos asegurarle a la ciudadanía que quien cometa un delito pague y se le finquen responsabilidad, máxime si es servidor público.

En consecuencia es una institución que por consenso político debe reformularse con el objeto de que no se constituya en un privilegio indebido para aquellos servidores públicos, cuyo encargo y función merece tal protección. Debiendo precisar que los cambios no sólo deben contemplar a los legisladores sino a todos los altos servidores públicos que actualmente gozan de tal privilegio.

No es óbice señalar, que el fuero de no procesabilidad fue tergiversando bajo el auspicio de un sistema político totalitario que dispensaba canonjías y privilegios a la clase política predominante de la época, generando excesos al grado de que ciertos servidores públicos cometían delitos a sabiendas de que no serían procesados penalmente, de ahí el reclamo generalizado de la sociedad para revisar la institución e insertarla dentro de un régimen adecuado de rendición de cuentas, que privilegie la transparencia en el ejercicio de la función de gobierno.

Por otra parte, la propuesta de eliminar el fuero es acorde y congruente con las propuestas de Acción Nacional, donde se ha postulado como una constante que no haya trabas para la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, por ello en el pasado hemos propuesto acotar y eliminar el fuero a los servidores públicos, entre las iniciativas que podemos destacar de las últimas dos legislaturas en la Cámara de Diputados (LX y LXI) estarían:

• Con fecha 22 de febrero de 2007, los Diputados Federales Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con fecha 14 de septiembre del año 2008, el Diputado Federal  Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con fecha 6 de octubre de 2009, los Diputados Federales Oscar Martín Arce Paniagua, Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con fecha 29 de abril de 2010, el Diputado Federal José Antonio Arámbula López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con fecha 6 de diciembre de 2011, se recibió en Cámara de Diputados minuta que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo como origen la iniciativa del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez del PAN.

Por tanto, la propuesta de eliminar el fuero o de acotarlo ha sido una bandera que ha enarbolado el Partido Acción Nacional, y que ahora proponemos su eliminación lisa y llana, para mandar un mensaje claro a la sociedad de que no podemos seguir tolerando abusos e impunidad en el ejercicio de los cargos públicos, queremos que el ciudadano se sienta en igualdad con los ciudadanos que ejercen el poder.

En tal tesitura, los representantes populares de Acción Nacional queremos un nuevo marco constitucional de responsabilidades de los servidores públicos, previsto en el Título Cuarto de la Constitución, un sistema normativo visto desde la óptica del ciudadano, que establezca con toda claridad los sujetos, causas, órganos y procedimientos de responsabilidades de quien o quienes desempeñan una función de servicio público.

Esta reformulación de los principios de un nuevo marco de responsabilidades, forzosamente debe contemplar la eliminación del fuero de los servidores públicos, y es una propuesta en la que debemos alcanzar los consensos políticos suficientes para desterrar la idea del fuero del marco constitucional.

Con el ánimo de entender mejor el modelo constitucional vigente de responsabilidades y entender con claridad que estamos modificando al eliminar el fuero, explicamos breve y sucintamente el referido Título Cuarto de la Constitución.

En el artículo 108 constitucional, mismo que da inicio al Título Cuarto mencionado, prevé en su primera parte, la adopción de un concepto genérico de servidor público, a los cuales se les aplicará el esquema de responsabilidades señalado en el mismo, y en los que se incluyen a todas aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los órganos federales, así como en el Distrito Federal.

En el segundo párrafo señala dicho numeral constitucional, que el Presidente de la República únicamente podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común; y en el párrafo siguiente, es decir, el tercero; sujeta al esquema de responsabilidades, a determinados servidores públicos del orden local, como son los Gobernadores de los Estados, los diputados a las legislaturas locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, y en su caso, los miembros de los consejos de las Judicaturas Locales; respecto de éstos, se prevé en el enunciado normativo, que serán responsables por violaciones a la propia Constitución Federal, a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

El cuarto y último párrafo, dispone que las Constituciones de los Estados de la República, precisaran en los mismos términos del primer párrafo de dicho artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen un empleo cargo o comisión en los Estados y Municipios.

Es el artículo 109 de la propia Constitución General, el que prevé en sus cuatro párrafos y tres fracciones, los diversos tipos de responsabilidades a que puede hacerse acreedor una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la función pública, refiriendo que la naturaleza de las responsabilidades enmarcadas por este numeral son la política, la penal y la administrativa.

Por lo que toca al artículo 110 constitucional, tenemos que versa sobre la figura del juicio político, donde la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo  con audiencia del inculpado y la Cámara de Senadores se erigirá como Jurado de sentencia.

En lo que atañe a los artículos 111 y 112 de la Constitución son los que propiamente tratan la materia que es objeto de esta iniciativa, la previsión del fuero y de la declaración de procedencia, que para mejor referencia se transcriben:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (las, sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (y, sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

En lo que corresponde a los artículos 113 y 114 constitucionales, el primero de ellos previene un régimen de responsabilidades administrativas y de responsabilidad patrimonial del Estado, y el segundo reglas específicas sobre la prescripción de las responsabilidades que se tratan en la Constitución.

De lo expuesto, observamos que las responsabilidades de los servidores públicos son de carácter civil, administrativo, penal, política y una responsabilidad objetiva del Estado, y es precisamente en la responsabilidad de orden penal donde la eliminación del fuero cobra especial relevancia, ya que proponemos que no haya obstáculo procesal alguno para enjuiciar penalmente a un alto servidor público.

No está demás, recalcar que el fuero de los servidores públicos se creó para salvaguardar el servicio o la actividad pública que se desempeña, sin que dicha protección constituya una ventaja o beneficio indebido para que un servidor público se sustraiga de la acción de la justicia, tal y como se ha tornado en la realidad, por lo que creamos que en la valoración entre justicia y la regularidad de un servicio público, debe preponderar la justicia.

Para apoyar lo anterior, el Pleno de nuestro máximo tribunal en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/96, bajo el rubro “Controversias constitucionales. Fuero, concepto de”; de acuerdo al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Junio de 1996, se enuncia lo siguiente

El fuero es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos. No es lo que en la teoría del delito se llama excluyente de responsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva llegare a constituirse, sino un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, la circunstancia de que un servidor público esté provisto de inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si la conducta que se le imputa constituye o no algún delito. La inmunidad de que están investidos los servidores públicos aludidos está en relación directa con el ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes, quienes tienen la obligación de respetarla, no a la facultad-deber que tiene la institución del Ministerio Público Federal para investigar hechos probablemente criminosos.

Adviértase, que claramente el interprete judicial refiere con toda claridad que no se trata de un excluyente de responsabilidad sino de un impedimento legal salvable, por lo que éste impedimento procesal para que un servidor público sea juzgado o procesado no es absoluto sino que puede ser retirado como ya se sabe a través de la declaración de procedencia, pero de ninguna manera y por ninguna circunstancia tendrá el alcance de liberarlo o eximirlo de la responsabilidad penal en que hubiese incurrido.

Sin embargo, tal impedimento procesal salvable, se ha convertido en una traba real e insuperable, donde las fuerzas políticas protegen a los propios integrantes de las clases y grupos que las integran.

Aunado al fuero, existe el concepto la inviolabilidad parlamentaria, en términos generales, consiste en el no reproche de los dichos y afirmaciones que haga un parlamentario complementado con la imposibilidad de arresto sin un previo procedimiento, por lo cual debemos dejar claramente dicho que la eliminación del fuero no afectará la libertad de expresión o inviolabilidad de las manifestaciones de un parlamentario, libertad que es fundamental en un parlamento. Al respecto se cita el artículo 61 constitucional:

Artículo 61.Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el fuero, ya que tal prerrogativa se pone en entredicho y podría estimarse que es un resabio histórico que ya se agotó, propio de una época anterior donde el gobernante se colocaba por encima de los ciudadanos.

Por otra parte, y a fin de que haya mayores luces sobre el tema, se cita a continuación a miembros de la academia jurídica que se han pronunciado sobre el tema del fuero de acuerdo a lo siguiente:

El constitucionalista Elisur Arteaga Nava señala al respecto:

“... Como el privilegio acompaña a la función el servidor público gozará de aquél a partir del momento en que legalmente asuma el puesto, cargo o comisión. En todos los casos éste se asume no a partir del nombramiento, sino a partir del momento en que se rinde la protesta prevista en el artículo 128...

 Legalmente mientras no haya protesta no hay función. Asimismo, existen algunos principios que hay que tomar en cuenta para los efectos de determinar cuándo cesa el privilegio. La regla general sigue siendo válida: habrá privilegio si hay función, cuando ésta cesa por haberse vencido el periodo legal, por destitución, renuncia o licencia, no hay privilegio...

Un servidor público destituido, que ha renunciado o pedido licencia, deja de gozar del privilegio desde el momento en que se le notifique legalmente su destitución, ha sido aceptada su renuncia o le ha sido concedida la licencia solicitada...”

Don Felipe Tena Ramírez manifiesta:

“Refirámonos ahora a los efectos que produce en el fuero la licencia otorgada a los altos funcionarios. Preside toda la materia de inmunidades el ya conocido principio de que el fuero se instituye para proteger a la función. Retirado de ésta por virtud de la licencia, el funcionario abandona concomitante y simultáneamente el fuero hasta el momento en que por haber cesado la licencia regresa a la función...”

El reconocido amparista, Ignacio Burgoa Orihuela establece:

“El funcionario investido con fuero de no procesabilidad sólo goza de él cuando desempeña el cargo respectivo y no durante el lapso que dure la licencia que hubiese obtenido para separarse de él temporalmente; y el suplente, que no ejerza las funciones del titular no es sujeto de dicho fuero, sino en la hipótesis contraria.”

Y finalmente, Don Jesús Orozco Henríquez señala:

“Ahora bien, a diferencia de lo sostenido anteriormente por la Suprema Corte de Justicia, el artículo 112 en vigor establece que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando los servidores públicos correspondientes cometan algún delito durante el tiempo que se encuentren separados de su encargo (ya que lo que se protege es la función no al funcionario); pero sí será necesaria en caso de que los mismos vuelvan a ocupar alguno de los puestos protegidos con tal inmunidad...”

Una vez vistas las diferencias y coincidencias sobre la figura que pretendemos eliminar, señalamos que hemos valorado todas y cada una de las consecuencias políticas que implica la supresión, manifestando que debemos evitar excesos y arbitrariedades de ciertos servidores públicos que se han aprovechado de la falta regulación secundaria, así como de la tergiversación de su naturaleza que han generado que el fuero adquiriera una connotación de privilegio personal.

Este tipo de excesos e impunidad han provocado la necesidad de establecer un régimen adecuado de responsabilidades y de rendición de cuentas, que privilegie la igualdad ante la ley, de ahí que se plantee la desaparición de figuras como el llamado fuero y en consecuencia, del procedimiento de desafuero.

La eliminación del fuero que se propone, igualmente responde a una constante evolución histórica de cualquier sociedad, donde la función legislativa debe acatar el sentir y la expresión ciudadana que condena el uso indebido y discrecional de las instituciones, sin lugar a dudas que los ciudadanos desean que haya medidas eficaces  y contundentes para combatir la impunidad de los gobernantes.

Por tanto, la nueva realidad política-social nos lleva a considerar la necesidad de replantear los esquemas de protección constitucional conferidos a determinados cargos públicos, para su adecuado ejercicio. No podemos hablar de cambios institucionales, sin hablar de cambios a nuestro sistema de responsabilidades a fin de propiciar una mayor eficacia en el ámbito de la rendición de cuentas.

Asimismo, debemos manifestar que la propuesta de eliminar o acotar el fuero no resulta extraña en otros regímenes jurídicos, al respecto se citan los siguientes casos de derecho comparado:

Constitución Española

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

En el caso español, se observa que la regla general es que la responsabilidad criminal de los miembros del gobierno siempre será exigible, pero en tratándose de los delitos de traición y contra la seguridad del Estado, se requerirá de un acto del congreso, por tanto la no procesabilidad está dirigida u orientada sólo respecto de ciertos delitos que contienen elementos normativos de interés público, pero no respecto de cualquier delito como rige actualmente en México.

En el caso de Argentina, tenemos lo siguiente:

Constitución Nacional de Argentina

Artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Artículo 69. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Énfasis añadido

Como se aprecia, en Argentina existe la protección al ejercicio de cargos públicos, pero tal régimen excepcional se ve acotado y no se permite la impunidad en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún delito, debiéndose notificar al órgano político, quien en su caso podrá suspender las funciones del servidor público acusado.

Nótese en este caso, que el fuero esta acotado a que el servidor público sea descubierto precisamente en el acto criminal o delictivo, para que pueda ser privado de la libertad y sujeto a proceso, que contrastado con lo que dispone el sistema jurídico mexicano resulta más justo y congruente en ánimo de que cualquier delito sea perseguido y castigado, máxime si se arresta a la persona en el acto ilícito mismo.

En lo tocante al texto constitucional del Perú:

Constitución Política del Perú

Artículo 40. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,  deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

Artículo 41. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o  de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Artículo 93. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

En lo que atañe al régimen jurídico del Perú, se previene un régimen constitucional de responsabilidades de los servidores públicos, donde existe prevención específica sobre el delito de enriquecimiento ilícito, y se duplica el plazo de prescripción en el caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado; igualmente se establece la figura del fuero de no procesabilidad sin previa autorización del Congreso, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, salvo por lo que se refiere a delitos flagrantes.

Asimismo, destaca el establecimiento de un plazo de 24 horas, para que el órgano parlamentario resuelva sobre la procedencia del enjuiacimiento penal del servidor público, lo cual evita que la institución del fuero retarde o retrase la persecución y procesamiento de los servidores públicos, al existir un plazo cierto y pronto para resolver sobre la procesabilidad penal.

Siguiendo con la comparativa, tenemos en Colombia lo siguiente:

Constitución Política de Colombia

Artículo 124º.

La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

Artículo 185º.

Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.

Artículo 186º.

De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

Artículo 174º.

Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

Artículo 175º.

En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:

1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.

2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.

3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.

4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.

Lo que resulta más trascendental en el caso colombiano es lo relativo a que será la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la que en forma única puede ordenar la detención de los servidores públicos y juzgue sobre la responsabilidad penal; dicha regla es digna de análisis, ya que dada la importancia de un proceso penal contra un servidor público cuya función gozaba de fuero, en dicho caso sea la máxima autoridad jurisdiccional del país, la que resuelva sobre el fondo del asunto.

Por lo que atañe al orden jurídico italiano, citamos su texto constitucional en la parte que interesa:

Constitución de la República Italiana

Articulo 68

Los miembros del Parlamento no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Sin autorización de la Cámara a la que pertenezca, ningún miembro del Parlamento podrá ser sometido a registro personal o domiciliario, ni podrá ser detenido o privado de alguna manera de su libertad personal, ni mantenido en prisión salvo en ejecución de una sentencia condenatoria firme o cuando sea sorprendido en flagrante cometiendo un delito para el que estuviese prevista la detención obligatoria.

Se requerirá la misma autorización para someter a los miembros del Parlamento a la interceptación de conversaciones o comunicaciones de cualquier tipo y al secuestro de la correspondencia.

Para Italia destaca el supuesto de que en caso de que exista una sentencia condenatoria firme, es decir, efectivamente se ha acreditado la responsabilidad penal en la comisión de un delito se debe ejecutar la sentencia penal, o bien exista flagrancia.

Del anterior ejercicio de derecho comparado, vemos que la figura del fuero tiene diferencias de grado, sin embargo una constante es ante todo que no sirva como obstáculo para el castigo de los delitos, por lo que este proyecto de reformas para eliminar el fuero sería una idea de avanzada, que como ya dijimos nos permita tener un nuevo marco de responsabilidades de los servidores públicos.

Finalmente por lo que hace a la justificación y exposición de la eliminación del fuero pasamos a explicar en qué consisten las reformas en específico. Sobre el particular, se reforman el segundo párrafo del artículo 61; el primer y segundo párrafo del artículo 108, y los artículos 111 y 112 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el artículo 61 constitucional eliminamos la expresión fuero, a fin de que sea un vocablo que caiga en desuso en el sistema jurídico mexicano, y de esta manera sea un concepto o término que ya no se utilice, y sustituirlo con la expresión protección constitucional del cargo.

En el mismo numeral 61, se acota la inviolabilidad parlamentaria a la libre exposición de ideas de los legisladores y la inviolabilidad del recinto de sesiones.

Para mejor referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En lo que corresponde a las modificaciones propuestas al artículo 108 constitucional, tenemos que en el articulo con el que inicia el Título Cuarto de la Constitución relativo a las responsabilidades de los servidores públicos se define cuales son los tipos de responsabilidades de los servidores públicos, a saber: política, penal, administrativa, responsabilidad objetiva civil y resarcitoria.

Con ello, se pretende definir con toda claridad cuáles serán las consecuencias de un actuar indebido por parte de un servidor público.

En el mismo artículo 108, se propone modificar la responsabilidad penal del Jefe del Ejecutivo Federal, estableciendo que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Para mejor referencia de los cambios planteados al artículo 108, igualmente presentamos un cuadro comparativo:

En lo que atañe a las reformas planteadas al artículo 111 y 112, al desaparecer la figura del fuero de los servidores públicos cambia radicalmente el contenido de tales numerales, ya que se elimina el catalogo de servidores públicos que gozan de fuero e igualmente se suprimen las reglas del procedimiento de declaración de procedencia.

Entre los cambios que destacamos, esta una norma que dispone perseguir los delitos, ya sea que se hayan cometido durante el tiempo de su encargo o con anterioridad al mismo, a fin de que ocupar un cargo público no constituya una ventaja indebida.

Igualmente, y sin soslayar que el fuero pretendía proteger la regularidad de los servicios públicos, se mandata desde el texto constitucional que tanto el Ministerio Público como la autoridad judicial deberán dictar aquellas medidas necesarias y suficientes que eviten entorpecer la regularidad del servicio público, dejando claramente establecido que el dictado de dichas medidas no deberá facilitar o permitir la evasión de la justicia por parte del servidor público.

Asimismo, se manifiesta expresamente que una detención de un servidor público en flagrancia o por caso urgente no se considerará que se afecte el servicio público, por lo que la propuesta privilegia la persecución oportuna de los delitos.

La propuesta de reforma por otro lado enuncia que si un servidor público incumple con las obligaciones de vinculación al procedimiento penal o se evade de la acción de la justicia, perderá de inmediato y en forma definitiva el ejercicio del cargo; tal previsión es con el objeto de que no haya impunidad y de que los servidores públicos enfrenten las consecuencias de los hechos que se le imputan, por lo que si rehúsa a someterse a las instituciones, en automático perderá el cargo y cualquier otro beneficio.

La reforma que se propone establece que la sujeción a proceso tendrá como efecto separar al servidor público de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal, esto es que la etapa de investigación y preinstrucción el servidor podrá estar en libertad y sólo será una resolución de vinculación o sujeción a un proceso penal la que tendrá como consecuencia separar temporalmente al servidor público.

En seguimiento de lo anterior, el proyecto propone que si el proceso penal concluye con una sentencia absolutoria o en el sobreseimiento del proceso, el inculpado podrá reasumir su función siempre que aun esté vigente el periodo del cargo y no exista impedimento legal para ello; esta disposición con el fin de que haya certeza en el ejercicio del cargo, y no considerarlo como parte de un derecho adquirido de aquel que estuvo sujeto a proceso.

De la misma manera en que está previsto en el texto constitucional vigente se replica la disposición de que si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto; ya que se estima que la misma sigue siendo adecuada y oportuna para los fines que se persiguen.

Finalmente en lo que corresponde a la propuesta de nuevo artículo 111 constitucional, y con el objeto de las instituciones de procuración y administración de justicia (procuradores y jueces) no se utilicen indebidamente para la persecución política se añade una regla que previene que la Ley penal sancionará a las autoridades que ejerzan acción penal o tramiten un proceso penal sin pruebas idóneas y suficientes que acrediten la responsabilidad del servidor público de que se trate; tal norma es de suma importancia, ya que al eliminar el fuero debe igualmente proscribirse el uso indiscriminado y temerario de iniciar un procedimiento penal contra un servidor público.

Por lo que atinente al artículo 112 constitucional, que regulaba el procedimiento de desafuero, al eliminarse el fuero en el artículo 111, se suprime por consecuencia lógica el procedimiento de desafuero por lo que el nuevo texto del artículo 112 constitucional se reordenan las previsiones, ya existentes en el texto vigente, relativas a la forma de determinar las sanciones penales, económicas y de reparación del daño.

Igualmente en la propuesta de artículo 112 se reitera el principio ya vigente de que cualquier servidor público puede ser demandado en el ámbito civil, sin que su cargo constituya obstáculo procesal alguno.

En conclusión eliminamos el fuero y el procedimiento de declaración de procedencia de los artículos 111 y 112 constitucionales, y reorganizamos los contenidos ya existentes sobre la responsabilidad penal, haciendo precisiones que eviten que la posibilidad abierta de denunciar y acusar penalmente a los servidores públicos afecte lo menos posible la regularidad de los servicios públicos.

Para mejor referencia de lo anteriormente glosado, se presenta un cuadro comparativo:

Por lo que atañe al régimen transitorio o de aplicación temporal de las normas que se proponen, la vigencia será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se obliga a las Entidades Federativas para que dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del Decreto se eliminen de sus Constituciones Locales y de su legislación correspondiente, la figura del fuero a los servidores públicos así como cualquier otro obstáculo procedimental que exista para investigar y perseguir los delitos que cometan o hayan cometido.

A manera de corolario, los cambios que hoy proponemos al régimen de responsabilidades públicas eliminado el fuero de los servidores públicos, se basan en una ética de la responsabilidad, donde sólo con instituciones fuertes se podrán enfrentar los desafíos del presente y del futuro, donde estamos llamados a preservar el futuro por la acción responsable del presente, parafraseando a Don Carlos Castillo Peraza.

B. Eliminación de la declaración de procedencia o desafuero.

La justificación para eliminar el procedimiento de declaración de procedencia resulta ser la misma que para eliminar el fuero.

Efectivamente, ya que al desaparecer el fuero de no procesabilidad para los servidores públicos previstos en los artículos 111 y 112 de la Constitución deja de tener sentido la existencia de un procedimiento ante la Cámara de Diputados para desaforarlos, en suma es una consecuencia lógica y natural al eliminar el fuero.

Para mayor entendimiento de en qué consiste el procedimiento de declaración de procedencia, tenemos que el Diccionario universal de términos parlamentarios define la declaración de procedencia como:

“I. Término que sustituye el de declaración de desafuero. Procedencia viene del latín proceder, que significa ‘adelantar’, ‘ir adelante’, con el sentido de ‘pasar a otra cosa’ o ‘progresión’, ‘ir por etapas sucesivas de que consta’. En español también se le conoce como antejuicio.

II. El término declaración de procedencia, antes denominado fuero constitucional, es conocido con el mismo sentido de constituir una garantía a favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades, en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces especiales.”1

La anterior definición, se fortalece con los argumentos de la tesis jurisprudencial P./J. 38/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro “Controversias constitucionales. Desafuero, procedimiento de. Sus notas distintivas” cuyo texto es el siguiente:

La declaración de procedencia o de desafuero, como tradicionalmente se le conoce, es diferente al juicio político; constituye un requisito de procedibilidad sin el cual no se puede ejercitar la acción penal correspondiente ante las autoridades judiciales y, por tanto, es un procedimiento autónomo del proceso que no versa sobre la culpabilidad del servidor, es decir, no prejuzga acerca de la acusación. El resultado del primero no trasciende necesariamente al sentido del fallo en el proceso penal. Por eso, la Constitución Federal atingentemente prevé que una resolución adversa de la Cámara de Diputados para suprimir del fuero a determinado servidor público no impide que cuando éste haya concluido el ejercicio de su encargo, el procedimiento inicie o continúe su curso, si no ha prescrito la acción penal.

Lo anterior apunta o delinea, a que la figura del fuero constituye un requisito de procedibilidad sin el cual no se puede ejercitar la acción penal correspondiente ante las autoridades judiciales, es decir se debe valorar y decidir por el órgano político si se instruye proceso en contra de un servidor público cuya función goza de tal beneficio, pero de ningún modo prejuzga sobre la acusación y responsabilidad penal.

De la misma mara, resulta aclarador el contenido de la tesis aislada P. LXVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los efectos y objeto del procedimiento de declaración de procedencia para suprimir el fuero a un servidor público, cuyo rubro y texto se refiere a continuación:

Declaración de procedencia (desafuero). Objeto y efectos de la resolución de la Cámara de Diputados en el procedimiento seguido en contra de los servidores públicos señalados en el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución federal.

El procedimiento de declaración de procedencia (conocido también como “desafuero”), en el caso de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal (“fuero”) que la propia Constitución Federal les atribuye para que, una vez desarrollado y, de ser el caso, queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita el desafuero, más que nada valora si el servidor público debe enfrentar en ese momento el proceso penal o no, pues se trata de una ponderación política a cargo de un órgano político, que aunque es precedida por un antecedente penal, se erige como un acto de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en última instancia, se reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues si se remueve el fuero constitucional, en ese momento el servidor público queda a disposición de las autoridades correspondientes; de lo contrario, al término de su encargo -en tanto que el fuero subsiste solamente durante su desempeño- quedará sujeto a la disposición de las autoridades competentes, pero en todo caso será responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si existe actuación ilícita punible.

Por tanto, se reitera que la existencia del juicio de procedencia o desafuero ha venido a convertirse en un obstáculo de orden político para proceder penalmente contra un mal servidor público, por lo que aspiramos a que no haya trabas o componendas políticas para proteger a la delincuencia que se escuda en el ejercicio de un cargo público.

Es necesario, que ningún ciudadano o persona esté por encima de la ley y que haya igualdad de trato en el enjuiciamiento de los delitos que se cometan, por lo que esta propuesta legislativa se enmarca en una concepción ciudadana de que no debemos seguir tolerando que desde las instituciones se proteja a quienes han faltado a su deber y han agraviado el interés del bien común, por lo cual queremos desterrar del orden constitucional la figura del juicio de procedencia como obstáculo para la justicia.

Finalmente, en Acción Nacional entendemos al poder como servicio a los demás, y no para servirse a sí mismos, por lo que las instituciones que nos hemos dotado no pueden ser usadas para proteger el actuar indebido e ilícito sino para corregir las desviaciones de la conducta humana.

2. Eliminación del juicio político

Las acciones emprendidas en nuestro país durante la última década en materia de buenas prácticas en la administración pública federal, han abarcado tanto la simplificación de trámites, como los esfuerzos por fortalecer la buena conducta de los servidores públicos, de manera que ésta se apegue a los ordenamientos legales que la rigen, y velando por el cumplimiento irrestricto a los principios constitucionales que rigen a la función pública, como lo son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Considerando la responsabilidad que se les confiere a los servidores públicos señalados en la Constitución Política Federal, resulta mayor la exigencia de que éstos cumplan, respeten y hagan respetar dichos principios en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones, sobre todo si consideramos la existencia de ciertos factores que pudieren influir en la voluntad del servidor público para no adecuar su conducta  a dichos preceptos legales.

En general, se considera servidor público a toda persona que desempeña un trabajo en el gobierno, independientemente del nivel en que éste sea ejercido, es decir, local, estatal o nacional.

El maestro Gabino Fraga define al servicio público como una “actividad destinada a satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o cultural, mediante prestaciones concretas individualizadas, sujetas a un régimen jurídico que les imponga adecuación, regulación y uniformidad”.

Sin duda, esta definición nos ayuda a establecer claramente las bases que debe seguir la prestación del servicio público, siendo una de las principales  el tratar de satisfacer las necesidades de la mayor cantidad posible de personas. De ahí que el actuar de las personas encargadas de realizar y aplicar los programas que permitan mejorar las condiciones de vida a la sociedad, siempre deben de realizar sus actividades de manera transparente, donde prevalezca la ética, ya que de no hacerlo, se hará merecedor  a la sanción respectiva.

En el marco del derecho “un individuo es responsable cuando, de acuerdo con el orden jurídico, es susceptible de ser sancionado”.

Y es que si entendemos a la responsabilidad como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, dentro de la Administración Pública Federal, podemos señalar que los servidores públicos pueden hacerse acreedores principalmente a diferentes tipos de responsabilidades, según la conducta de que se trate, tal y como lo han reconocido ya algunos Tribunales.

Para el caso específico de esta iniciativa, vemos que la responsabilidad política es considerada como aquella que adquieren los servidores públicos mencionados en el artículo 110 Constitucional, por la realización de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y es hecha valer a través del procedimiento de Juicio Político señalado en la Constitución Política.

Podemos observar que los antecedentes  del Juicio Político se remontan al año de 1641, cuando en Inglaterra el parlamento sometió a juicio y condenó y ejecutó a Thomas W. Stranfford, el ministro del rey. Este procedimiento, que desde entonces se denominó impeachment, se incorporó a las normas y costumbres constitucionales inglesas y formó parte de la larga lucha por la supremacía política entre el Parlamento y La Corona.

Su plasmación jurídica se dio con la Constitución Norteamericana de 1787. Como ocurrió con las principales instituciones políticas  el origen histórico del juicio político fue inglesa, su lucubración teórica francesa y su aplicación práctica norteamericana.

El impeachment reglado por la Constitución Norteamericana se erigió en modelo de juicio político para los demás países. Fue consagrado en su artículo 2, sección cuarta, que dice que “ el Presidente, el vice Presidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos podrán ser destituidos de sus cargos si se les acusare y hallare culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.

En nuestro país, la protección de dicha garantía tiene sus orígenes en los primeros ordenamientos patrios, que tienen antecedentes coloniales como el Juicio de Residencia; el cual consistía en un enjuiciamiento a que era sometido toda autoridad colonial, desde el virrey hasta los alcaldes ordinarios cuando se retiraban de la vida pública o cambiaban de funciones,  pero es hasta 1982 cuando se instaura el procedimiento para determinar la responsabilidad política.

Siguiendo los anteriores antecedentes, nuestro texto Constitucional establece  que se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de  los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, las cuales consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Además señala claramente que no procederá juicio político por la mera expresión de ideas.

Como se sabe, el juicio político es un procedimiento que se desarrolla por las Cámaras del Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados adquiere la calidad de Cámara de acusación ante la Cámara de Senadores, la cual a su vez se constituye como Jurado de sentencia y cuya función principal consiste en aplicar la sanción correspondiente.

Nuestra Constitución establece que contra las resoluciones y declaraciones de ambas Cámaras no procederá recurso alguno y que sólo durante el desempeño de su encargo y hasta un año después, podrá iniciarse el procedimiento de juicio político contra algún servidor público.

Algunos estudiosos del tema, como Luis Raigosa Sotelo  han señalado que “el juicio político es un mecanismo de control parlamentario, respecto a la parte en que intervienen los órganos parlamentarios en el conocimiento de este proceso”. De igual manera el maestro Manuel González Oropeza, ha señalado que el juicio político es un instrumento de control constitucional diferente  a los de competencia del Poder Judicial, tales como el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la facultad de investigación, y “adquiere su gran dimensión de control constitucional , cuando se refiere a las violaciones a las garantías  individuales, a la división de poderes y a la forma de gobierno, es decir,  cuando cubre las partes dogmática y orgánica de la Constitución”.

Sin embargo, la historia ha demostrado que la existencia de ésta figura jurídica no responde a la exigencia de que los servidores públicos sean sancionados, podría decirse, incluso, que se trata de una figura ineficaz, tal y como lo han señalado algunos  estudiosos de la materia, como Elizur Arteaga al señalar que “El juicio político no es imparcial ni está exento de prejuicios. No busca la verdad; no siempre castigará al culpable y absolverá al inocente. Es ante todo un instrumento de poder; tiende a hacer llevaderas las relaciones de sometimiento y obediencia. Responde a una moral: la del dominio”.

Esta afirmación puede ser justificada además, con los antecedentes legislativos en la Cámara de Diputados, ya que no se ha encontrado registro de que alguna de las solicitudes de juicio político haya sido resuelta y por tanto, se haya aplicado la destitución ó inhabilitación a algún servidor público.

Además, también puede apreciarse que el juicio político es constantemente confundido con el procedimiento de declaración de procedencia. Baste citar por lo menos dos casos: Demanda de juicio político, en contra del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar Kretchmar, presentada por la ciudadana Luisa Bezares Maldonado viuda de Rodríguez el 8 de mayo de 2000, y Demanda de juicio político promovida por el ciudadano Luis de Guerrero-Osio y Rivas para la remoción del fuero constitucional del ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar, Procurador General de la República, el 1 de junio de 1998. En ambos casos, la resolución de la Sección Instructora señaló que no procede la solicitud formulada y que la solicitud debería remitirse a la Procuraduría General de la República a efecto de que realice la indagatoria sobre los hechos que se señalan e inicie la averiguación previa y determine lo conducente.

Acción Nacional se encuentra convencido de que es tiempo de que quien realiza acciones contrarias a la ley y a nuestra norma fundamental, debe recibir la debida sanción, erradicando con ello la impunidad en el servicio público, más aún, cuando quien comete la acción ocupa alguno de los principales cargos públicos en algún orden de gobierno.

Por ello se propone eliminar del texto constitucional las disposiciones relativas al procedimiento de Juicio Político que se realiza ante las Cámaras del Congreso de la Unión a efecto de permitir que los servidores públicos previstos en el artículo 110 constitucional sean debidamente sancionados por un Tribunal  que deje de lado los intereses políticos, cuando por sus acciones incurran en responsabilidad política.

Se trata pues de crear un mecanismo mediante el cual los servidores públicos enfrentarán los procesos de responsabilidad política, ante un Tribunal encargado de realizar la investigación cuando sea presentada una denuncia, y en caso de que los medios de prueba y demás diligencias sean suficientes para determinarla, se imponga efectivamente la sanción correspondiente.

Debemos hacer énfasis en las ventajas que tendrá la eliminación del procedimiento de juicio político ante las Cámaras del Congreso:

• Se reforzará la ética de los servidores públicos en el entendido que, por ser servidores públicos deben de responder por sus actos de manera más responsable y pronta que los ciudadanos.

• Se fortalecerá su buena conducta, de manera que ésta se apegue al cumplimiento irrestricto a los principios constitucionales que rigen a la función pública, como lo son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

• Se les sancionará real y efectivamente, dejando de lado la negociación política para la aplicación de sanciones o para su no aplicación.

• Se clarifica el procedimiento a seguir tratándose de responsabilidad política, por lo cual quedará claramente diferenciada de la administrativa, la penal y la civil, donde para las dos últimas ya existen las instancias correspondientes para hacerlas efectivas.

• Se eliminan los efectos declarativos que tienen actualmente las resoluciones del Congreso de la Unión tratándose de servidores públicos de los Estados, de manera tal que éstos puedan enfrentar los procedimientos ante el Tribunal Federal en un esfuerzo por garantizar igualmente la aplicación de sanciones, si consideramos que la mayoría de los integrantes de los Congresos son del mismo partido que los Gobernadores, lo cual puede provocar que queden en la impunidad las violaciones que pudieren cometer.

Como lo señala el autor Andreas Schedler, para que la rendición de cuenta sea efectiva, nuestro marco jurídico debe ir acompañado de mecanismos de monitoreo para que no pase desapercibido cuando alguien viola una norma, así como contar con mecanismos de sanción para que no quede sin el castigo debido.

El mismo autor señala que ejercicios de rendición de cuentas que nada más exponen una conducta inapropiada, sin imponer los castigos correspondientes, frecuentemente se ven como ejercicios inocuos, sin garra, que se quedan a la mitad. Si camina de la mano con la impunidad, la rendición de cuentas aparece más como un acto de simulación que una restricción real del poder.  En este caso, el procedimiento de juicio político que se desarrolla ante las Cámaras del Congreso de la Unión no es más que una simulación disfrazada de eficacia.

Acción Nacional ha reafirmado su compromiso con la sociedad para eliminar las prácticas corruptas de sus servidores públicos, y para ello, se requiere ir forjando dentro de nuestras instituciones y de sus funcionarios, en especial los de alto cargo, la cultura de la legalidad, de manera tal que éstos asuman a cabalidad su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, ajustando su conducta a la satisfacción del interés público, y para garantizar a la población que los servidores públicos que toman las decisiones fundamentales para el país, buscarán siempre ajustar su conducta para beneficio general.

3.  Creación del Tribunal Federal de Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos como órgano constitucional autónomo

A partir del año 2000, en nuestro país se empezaron a fortalecer las medidas encaminadas al mejoramiento de la Administración Pública, en el ámbito de atención al ciudadano, y por ende, a regular de una manera más eficiente y eficaz la actuación de los servidores públicos, tanto de los encargados de atender directamente las solicitudes de la población, como de aquellos encargados de tomar las decisiones fundamentales por las cuales se guiarán las acciones de todas las dependencias que integran la Administración Pública Federal.

Instrumentos como el Servicio Profesional de Carrera, así como las acciones implementadas por la ahora Secretaría de la Función Pública tendientes a combatir la corrupción de los servidores públicos, mediante estrategias como el usuario simulado, las cartas compromiso al ciudadano, así como la creación de la contraloría social y el monitoreo ciudadano, han ayudado a reducir los niveles de corrupción, así como también se ha agilizado la realización de los trámites que día a día son solicitados por miles de personas.

En este sentido, los servidores públicos son parte importante dentro de nuestro andamiaje institucional, y como sujetos de control administrativo es de vital importancia que estos ajusten sus conductas de acuerdo al marco constitucional y legal que los rige, y que en caso de no hacerlo, reciban la sanción correspondiente atendiendo a la gravedad de dicha falta, más aún, cuando el servidor público ocupa alguno de los altos cargos dentro de los órdenes de gobierno.

La doctrina ha establecido que los actos u omisiones de los servidores públicos que vayan en demérito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones, darán lugar a responsabilidad administrativa, la cual, es independiente respecto de cualquier otro tipo de responsabilidad, lo cual además ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las sanciones administrativas aplicables, de acuerdo a la individualización particular que por ley debe de hacerse, son la suspensión o la destitución del puesto, la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, la amonestación pública o privada de los servidores públicos y sanciones económicas, y deben de ser establecidas por el poder ejecutivo federal o estatal correspondiente, de acuerdo con lo establecido, también, por la SCJN.

Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han venido realizando por sancionar debidamente a los servidores públicos que cometen faltas administrativas, aún continúan presentándose anomalías dentro del proceso sancionador. No obstante que para la aplicación de dichas sanciones se transformaron  ciertos órganos internos de las dependencias, como lo fue el caso de los ahora Órganos Internos de Control, quienes poseen la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores públicos, recientemente ha habido criterios que señalan que estos órganos no son los idóneos para imponer las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Uno  de los acontecimientos legislativos relevantes que dan origen a esta problemática, fue la reforma por la cual se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de instruir tribunales de lo Contencioso Administrativo competentes para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones, y donde dentro de los dictámenes por la que se aprobó dicha reforma, ya se preveía que era necesario evitar que la imposición de sanciones derivadas de responsabilidades administrativas en que incurran servidores públicos sea realizada por la misma autoridad que detectó la presunción de tal responsabilidad, y que en su caso la investigó y presuntivamente determinó, es decir impedir el que tal autoridad se constituya en juez y parte.

Ante esta situación, es necesario establecer mecanismos adecuados que garanticen a los mismos servidores públicos que estos procesos sancionadores estarán apegados en todo momento a las disposiciones jurídicas, así como también dotarlos de las instancias pertinentes para que estos puedan defenderse, tal y como lo señala Carlos María Saenz: “Se hace indispensable que el funcionario público se encuentre protegido contra las arbitrariedades del superior jerárquico, para lo cual deben otorgársele garantías que le permitan la defensa legítima de sus derechos contra las acusaciones formuladas, en un procedimiento disciplinario de jurisdicción administrativa”, mientras que para los ciudadanos se deberá de garantizar que los actos realizados por estos servidores serán debidamente sancionados.

Por todo lo anterior, debemos transitar hacia el rediseño del procedimiento mediante el cual podamos garantizar que cualquier servidor público sin excepción, y sobre todo, aquellos que ocupan los altos cargos como lo son los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, sean sancionados efectivamente en caso de que cometan alguna conducta contraria al servicio público, de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de acuerdo también por lo expuesto por la Red por la Rendición de Cuentas, organización civil que ha resaltado la necesidad y oportunidad de crear una instancia jurisdiccional especializada para desahogar las responsabilidades administrativas.

En esta parte es oportuno señalar un antecedente importante, el problema que existe al momento de regular la facultad del Congreso para instituir tribunales de lo contencioso encargados de aplicar sanciones administrativas.

Y es que decimos que es un problema, porque hay quienes afirman que la reforma al artículo 73 fracción XXIX-H careció de claridad, ya que de la lectura de dicha disposición puede inferirse que ésta atribuye a los ya existentes Tribunales Contencioso Administrativo la facultad de aplicar sanciones administrativas a servidores públicos, lo cual no está acorde con el fin primordial de la iniciativa que puede deducirse de la exposición de motivos del dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, donde se señalaba que “... es conveniente que la instancia que conozca de la aplicación de las sanciones administrativas que determine la ley, lo sea un tribunal de lo contencioso administrativo, con la característica propia de éstos, como lo es la plena autonomía para dictar sus fallos. Sin embargo, toda vez que el ejercicio de la atribución sancionadora le daría, en el ámbito administrativo, la naturaleza de un tribunal de plena jurisdicción, se considera que esta facultad debe ser conferida a una instancia especializada y no a un tribunal ya existente que conoce de otras materias, a efecto de que responda de manera pronta y expedita a la delicada labor de administrar la justicia administrativa, tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional.”

Precisamente, una de las personas que critican esta reforma es la maestra Luz del Carmen Martí Capitanachi, quien señala que: “...es de puntualizarse el hecho de que el texto de la nueva fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, no refleja la voluntad del legislador constitucional, ya que permite, sin violentarlo en su texto expreso, que la nueva facultad de imponer las sanciones se adscriba al actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”

Este es el contexto en el cual se fundamenta la propuesta de creación de un órgano autónomo que se conforme por un cuerpo colegiado con la capacidad de sancionar justamente a quienes en el desempeño de un cargo público se conduzcan con deshonestidad, mismo órgano que deberá estar alejado de cualquier influencia política que le permita libertad en sus determinaciones que sean de naturaleza técnica y no política que permita optimizar los procedimientos de las contralorías y con ello se combata con mayor eficacia la corrupción.

Un propósito de ésta iniciativa es crear e integrar el Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, como un órgano constitucional que cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Tribunal que conocerá de las responsabilidades de tipo resarcitorio, disciplinario, evolución patrimonial y de responsabilidad política.

Esta iniciativa de reformas constitucionales se inserta en una dinámica de control del poder, con la pretensión indubitable de otorgarle autonomía plena a la autoridad que conocerá y resolverá sobre las responsabilidades de los servidores públicos.

La autonomía deriva necesariamente de la inexistencia de una relación jerárquica entre el sujeto que fiscaliza y el que es revisado, ya que si el órgano revisor depende jerárquicamente al ser un inferior jerárquico, o fue nombrado por el ente a revisar, es claro que no habrá autonomía alguna, sino una relación jerárquica de obediencia, haciendo nugatoria cualquier facultad, atribución o poder concedido.

Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia No. 95/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 863 del tomo XXVI de diciembre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se trascribe:

Agencia de Noticias del Estado Mexicano. La objeción a la designación de su director general por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no viola el artículo 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La disposición contenida en el artículo 16 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión “objeten” la designación del Director General de la Agencia que realice el Presidente de la República, no viola el artículo 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, se trata de un organismo descentralizado que, si bien forma parte de la administración pública federal, no se ubica dentro de la administración pública centralizada y, por tanto , no existe entre este organismo y el Titular del Poder Ejecutivo una relación de subordinación jerárquica y, porque la función que tiene encomendada tal organismo se vincula con un derecho constitucionalmente relevante, como es el de acceso a la información contemplado en el artículo 6o. de la Constitución Federal y, por ende, para cumplir con dicha finalidad de tutelar tal derecho fundamental, es razonable la instrumentación de un esquema de neutralización de los actores políticos, a fin de asegurar que la información que se genere sea imparcial. Por consiguiente, la objeción del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente respecto a la designación indicada resulta una vía adecuada para alcanzar la plena autonomía de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, pues existe  participación razonable de ambos poderes y no se produce un desplazamiento o usurpación de las funciones del Ejecutivo, ya que, en principio, la tutela del derecho fundamental de acceso a la información no le corresponde en exclusiva; asimismo, tal mecanismo constituye un contrapeso inter-órganos, por el que pretende evitarse que el nombramiento del servidor público que ocupe ese cargo quede a voluntad absoluta del Presidente de la República, y a posibles censuras en cuanto a la emisión de la información, dado que si en esa designación participan el Presidente de la República y el Senado o la Comisión Permanente, existe un elemento de mayor seguridad para que el referido Director General lleve a cabo su función con plena confianza y libertad, toda vez que, tanto legal como legítimamente, su nombramiento cuenta con el respaldo de dos órganos detentadores de distintos poderes de la Unión, los que, en determinado momento, pueden neutralizarse ante una posible censura o intervención del otro en la actividad de protección de la información que corresponde a la Agencia, redundando ello en beneficio de los principios de libertad de expresión, información y prensa contenidos en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Además, la “objeción” al nombramiento realizado por el Presidente de la República debe entenderse como una facultad sujeta en todo caso a los requisitos que la propia ley establezca para ocupar el cargo en cuestión y debe estar debidamente fundada y motivada.

Énfasis añadido

En el caso que se reseña, se advierte la importancia de la inexistencia de una relación de subordinación jerárquica entre un organismo y el Titular del Poder Ejecutivo con el objeto de que la función que tiene encomendada tal organismo se asegure que haya imparcialidad en la toma de resoluciones y cumplir con el mandato constitucional asignado.

En seguimiento, podemos afirmar que los poderes que derivan de una relación jerárquica no pueden considerarse autónomos, ya que el superior jerárquico tendrá sobre el inferior: la potestad de mando, de vigilancia, disciplina, de dirimir conflictos de competencia, de revisión y por supuesto de remoción, lo que implica que ante una resolución en contra del superior jerárquico, este podrá simplemente removerlo.

Al respecto, Don Ignacio Burgoa Orihuela señalaba

Otro colaborador inmediato del presidente es el funcionario llamado “Procurador General de la República”...su nombramiento y remoción provienen de la voluntad presidencial...

Por lo anterior, no podemos permitir que siga sucediendo que la Procuraduría General de la República, las procuradurías de los Estados o el nuevo Tribunal Federal de Rendición de Cuentas dependen jerárquicamente del Ejecutivo Federal o de los gobernadores de los Estados, según sea el caso, invalidando de facto cualquier actuación que se realice en su perjuicio, de ahí la importancia de dotar de plena autonomía a los órganos constitucionales que hemos referido.

Así mismo, esta propuesta de reforma constitucional es el principio de un paquete de reformas que prevé, la expedición de la respectiva Ley Orgánica del Tribunal Federal de rendición de cuentas, así como las respectivas reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de clarificar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Asimismo, se fortalecerá la función de los órganos internos de control de las dependencias cuya función será eminentemente de control administrativo preventivo, ya que las funciones de imposición de sanciones recaerán en el nuevo Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, con lo que habrá una clara distinción de funciones en la materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Es importante destacar que la Secretaría de la Función Pública no desaparecerá del sistema jurídico, ya que primeramente reconocemos la importancia de que haya un control previo al interior de la administración pública federal, que no esté dirigido propiamente a la imposición de sanciones sino al mejoramiento y evaluación de la función pública, sus procedimientos, su eficacia e impacto como un primer control administrativo, que conoce de primera mano el funcionamiento de las instituciones.

Asimismo, se recalca que la Secretaría de la Función Pública a través de los órganos internos de control tendrá una función preventiva, de anticipación de las posibles irregularidades del servicio público, implementando buenas prácticas, revisando la eficiencia de los procedimientos, detectando fallas y errores que puedan ser oportunamente atendidos.

Por lo anterior, la facultad de sanción a los servidores públicos recaerá en el nuevo Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, quien deberá actuar como juzgador imparcial, autónomo, independiente en los procedimientos de responsabilidades que sean de su conocimiento, constituyendo una garantía jurisdiccional correctiva, y cuyas resoluciones orientaran la función pública para posteriores actuaciones, por lo que indirectamente también tendrá una función preventiva.

El Tribunal estará constituido por una Sala Superior integrada por 5 Magistrados y 32 Salas Estatales, cada una conformada por 3 Magistrados, quienes durarán en su encargo hasta 15 años, mismos que podrán ser destituidos del encargo por causas graves. La Presidencia de la Sala Superior durará tres años sin posibilidad de reelección.

Por lo que hace al proceso de selección de los Magistrados en materia de Responsabilidades Administrativas de la Salas Superior, obedecerá a un procedimiento democrático participativo, que iniciará y culminará en la H. Cámara de Diputados, a través de una convocatoria abierta con requisitos que deberán cumplir los aspirantes como él ser mexicanos por nacimiento, tener un mínimo de 30 años de edad y con título de licenciatura emitido con una antigüedad de diez años o más; acudir los aspirantes que cumplieron en forma y tiempo con todos los requisitos a una entrevista de oposición con representantes de las Comisiones de Justicia, Función Públicas y/o de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, quienes tendrán que emitir un dictamen con el grupo de aspirantes finalistas, que podrán ser más de diez y será la Junta de Coordinación Política, la que decidirá a los 5 candidatos que deberán ser ratificados por una mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados, de lo contrario será bajo el procedimiento de insaculación que se decidirá de entre el grupo propuesto por las Comisiones.

Cabe señalar un antecedente importante sobre el tema en comento, ya que éste es un modelo que ya opera en el Municipio de Querétaro, en donde se permite la autonomía de la autoridad para aplicar las debidas sanciones a quienes tengan un mal comportamiento en el ejercicio de la función, garantizando la autonomía de la función sancionadora a cargo del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas.

De igual manera, y a fin de que haya uniformidad y concordancia en las entidades federativas con el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos que estamos proponiendo, se adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de que en cada entidad federativa exista un equivalente al Tribunal Federal de Rendición de Cuentas que conozca y resuelva sobre las responsabilidades de los servidores públicos locales.

Es de suma importancia, que en nuestro orden jurídico federal y local exista armonía, es por ello que la propuesta de que haya Tribunales en materia de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos locales, pretende o busca que haya una visión de conjunto y sistema que tienda a construir y desarrollar instituciones fuertes y congruentes a una dinámica constitucional que tiene por objeto que los servidores públicos rindan cuentas.

La propuesta de que haya una institución de garantía judicial en cada Estado equivalente al Tribunal Federal de Rendición de Cuentas busca dar legitimidad al nuevo régimen de responsabilidades, y que no se vea como un esfuerzo aislado del ámbito federal, sino como una decisión conjunta de todos los integrantes de la Federación para renovar un sistema de responsabilidades públicas.

De esta manera, Acción Nacional presenta una propuesta para mejorar el sistema de rendición de cuentas de los servidores públicos, pero sobre todo generar un plano de igualdad entre ciudadanos y gobernantes.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto

ÚNICO: Se reforman:el segundo párrafo del artículo 61; la fracción XXIX-H del artículo 73; la fracción I y el cuarto párrafo de la fracción III del artículo 109; el artículo 110; el artículo 111; el artículo 112; el primer párrafo del artículo 114; la fracción V del artículo 116; el primer y segundo párrafo de la Base Quinta del artículo 122; y se adiciona:un apartado B al artículo 108; y una fracción VII al artículo 116; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la protección constitucional del cargo que ejerzan los miembros de la misma en los términos del párrafo anteriory por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-G. ...

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos en materia de lo contencioso-administrativo que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; y tribunales autónomos constitucionales en materia de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, así como para imponer sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos por los actos u omisiones que hace referencia el artículo 109 y que determinen sus leyes, las que establecerán las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;

XXIX-I. y XXIX-Q. ...

XXX. ...

Artículo 108. Las responsabilidades de los servidores públicos a que alude este Título serán política, penal, administrativa, responsabilidad objetiva civil y resarcitoria.

A. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

B. El Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, conocerá de las controversias en materia de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos que hace referencia la fracción XXIX-H del artículo 73. Tendrá plena autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

El tribunal estará constituido por una Sala Superior integrada por cinco Magistrados y treinta y dos Salas Estatales, cada una conformada por tres Magistrados, quienes durarán en su encargo hasta quince años y podrán ser destituidos del encargo por causas graves que la ley señale. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en su caso.

El Magistrado Presidente durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto una sola vez. Los Magistrados serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos.

La ley establecerá las reglas y el procedimiento de elección y remoción de los Magistrados de la Sala Superior que requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, y de los integrantes de las Salas Estatales de las entidades federativas, que se ajustarán a un procedimiento incluyente y transparente, a través de una convocatoria pública.

Los Magistrados no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas. La retribución que perciban será igual a la prevista para los Magistrados adscritos al Poder Judicial de la Federación.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir el Contralor General y el Secretario Ejecutivo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Rendición de Cuentas para su designación. Así como las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos y las relaciones de mando entre éstos. Las relaciones laborales,  se normarán por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 109.El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I.Se impondrán, mediante procedimiento de responsabilidad política, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procederá la responsabilidad política por la mera expresión de ideas.

II. ...

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

......

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Tribunal Federal de Rendición de Cuentasrespecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de responsabilidad política ante el Tribunal Federal de Rendición de Cuentaslos senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán sujetos de responsabilidad política ante el Tribunal Federal de Rendición de Cuentasen los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales .

...

La Ley determinará el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto.

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 111. Se podrá investigar y proceder penalmente contra cualquier servidor público, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 108 de esta Constitución, ya sea que los delitos se hayan cometido durante el tiempo de su encargo o con anterioridad al mismo.

El Ministerio Público y la autoridad judicial deberán dictar las medidas necesarias que eviten entorpecer la regularidad del servicio público sin que ello pueda permitir la evasión de la justicia, salvo que el servidor público sea detenido en flagrancia o por caso urgente.

En el supuesto de que el servidor público incumpla con las obligaciones de vinculación al procedimiento penal o se evada de la acción de la justicia, perderá de inmediato y en forma definitiva el ejercicio del cargo.

La sujeción a proceso tendrá como efecto separar al servidor público de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria o en sobreseimiento el inculpado podrá reasumir su función siempre que aun esté vigente el periodo del cargo y no exista impedimento legal para ello. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En la ley se sancionará a las autoridades penales que ejerzan acción penal o tramiten un proceso penal sin pruebas idóneas y suficientes que acrediten la responsabilidad del servidor público de que se trate.

Artículo 112. Las sanciones penales a los servidores públicos se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Cualquier servidor público podrá ser demandado en el orden civil, sin que su cargo constituya obstáculo procesal alguno.

Artículo 114.El Procedimiento de responsabilidad políticasólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

..

...

Artículo 116.  ..

...

I. a IV. ...

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, en materiade lo Contencioso-Administrativo y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares ; y tribunales autónomos constitucionales en materia de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos locales, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 113 de esta Constitución, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

VI.

VI. y VII.    . . .

VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales en materia de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos locales, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 113 de esta Constitución, estableciendo las normas para su organización y su funcionamiento en concordancia con las reglas que rigen al Tribunal Federal de Rendición de Cuentas.

Artículo 122. ..

..

..

..

..

...

A. ...

B. ...

C.El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera a Cuarta-    ...

Base Quinta. Existirán Tribunales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos en materia de lo Contencioso Administrativo para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal ; y tribunales autónomos constitucionales en materia de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos locales, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 113 de esta Constitución.

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica correspondiente.

D. a H.  ...

Transitorios

Artículo Primero. Para el caso de la eliminación del fuero y eliminación de la declaración de procedencia o desafuero, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se impulsarán las adecuaciones correspondientes en la legislación vigente, con objeto de adecuarla a lo dispuesto por el presente decreto, el cual deroga todas aquellas disposiciones que lo contravengan.

Artículo Tercero. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de un año a la entrada en vigor del presente decreto deberá expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas correspondientes.

Artículo Cuarto. Las entidades federativas deberán adecuar sus ordenamientos legales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo Quinto. Las Entidades Federativas dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto deberán eliminar de sus Constituciones Locales y de su legislación correspondiente, la figura del fuero a los servidores públicos así como cualquier otro obstáculo procedimental que exista para investigar y perseguir los delitos que se cometan o se hayan cometido.

Artículo Sexto. Los servidores públicos de las áreas gubernamentales que son objeto de este Decreto, seguirán en funciones hasta que se determine de conformidad con los procedimientos de ingreso de personal, previstos en la ley, si ocupan cargos en los nuevos organismos y dependencias que al efecto determina o son creadas por el presente Decreto.

Artículo Séptimo. Las solicitudes de Juicio Político que se presenten en tanto se expide la Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 108 Constitucional de la presente propuesta, se substanciarán y resolverán en los términos de la Ley vigente.

Artículo Octavo. La partida presupuestal asignada a la Secretaría de la Función Pública para realizar la labor de sanción será reasignada al Tribunal Federal de Rendición de Cuentas a fin de que cumpla con sus objetivos.

Notas:

1 Andrade Sánchez Eduardo. Artículo 108 Constitucional. En Los Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo XIX. Edit. Porrúa. México 2006. Pág. 763.

2 Fraga Gabino, Derecho Administrativo ,ED. Porrúa, p.15

3 Diccionario Jurídico Mexicano. Responsabilidad. Comentado por Rolando Tamayo y Salmorán. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México 1994.

4 Responsabilidad. Diccionario de la Real Academia Española. Véase en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA= responsabilidad

5 Responsabilidades de servidores públicos. Sus modalidades de acuerdo con el titulo cuarto constitucional. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página 128

6 Véase: https://www.santiagocreel.com.mx/articulo/comision-jurisdiccional

7 www.felipemoreno.com/juicio.html

8 Nuestra Constitución. Historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano. De las responsabilidades de los servidores públicos. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Secretaría de Gobernación.

9 Cortés Campos Josefina, Raigosa Sotelo Luis. “Las facultades de control del Senado de la República”. Editorial Porrúa. México 2003. Págs. 265 y 272.

10 González Oropeza Manuel. “Juicio Político y Declaración de Procedencia”. En Derecho Procesal Constitucional. Bajo la Coordinación de Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Tomo II. Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C. 4ª edición. Editorial Porrúa. México 2003. Págs.  1319 y 1327.

11 http://www.contralinea.com.mx/c10/html/politica/ene03_juicio. html

12 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/57/2000/may/20000531. html#Resol20000531Villar

13 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/57/2000/may/20000522. html#Reso20000522Madrazo

14 Schedler, Andreas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de transparencia. No. 3. IFAI. 4ª ed. México 2007. Pág. 16.

15 Responsabilidad administrativa, es independiente de la penal. Amparo en revisión 1055/61. Carlos Bejarano y García. 5 de octubre de 1961. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

16 P./J.  67/2001. Semanario judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. 189594. Pleno. XIII mayo  2001. Pág. 702. Jurisprudencia

17 Sáenz, Carlos María, La Responsabilidad Administrativa del Funcionario, La Ley, Buenos Aires, 1951

18 http://rendiciondecuentas.org.mx/articulo.php?id=2636&pag=3

19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/cpeum/CPEUM_168_DOF_04dic06.pdf

20 Martí Capitanachi, Carmen. “La responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Reforma constitucional en proceso”. Disponible en http://www.letrasjuridicas.com/14/lmarti14.pdf

21 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Porrúa. México. 1991. Pág. 801.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2012.— Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

VOLUMEN II

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Martí Batres Guadarrama:Muchas gracias, señor presidente. En 1997, en uno de sus mejores momentos, esta Cámara de Diputados creó los fondos sociales del Ramo 33 del Presupuesto federal, como el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, conocidos como los fondos de combate a la pobreza. Incluyó en dichos fondos a las 32 entidades federativas.

Un año después, sin embargo, en 1998, como castigo por el rechazo al Fobaproa —el rescate bancario con recursos públicos—, el DF fue excluido de los fondos sociales.

En el año 2000, en un acuerdo logrado en el marco de la alternancia recién ocurrida se recuperó para el DF el Fondo de Fortalecimiento Municipal; sin embargo, hasta la fecha, el Distrito Federal sigue excluido del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social.

El argumento para mantener dicha exclusión es francamente ridículo a estas alturas; se dice que el DF no es un estado ni tiene municipios y que la Ley de Coordinación Fiscal señala que el fondo es para estados y municipios.

Es el mismo argumento que se esgrimió para excluir al Distrito Federal del Fondo de Fortalecimiento Municipal y del cual, sin embargo, ya forma parte hoy en día, como hemos señalado.

De hecho, el DF ha sido sometido a una ofensiva, a un acoso, a un cerco financiero desde hace 15 años; en 1998 es excluido de los fondos sociales federales; ese mismo año, le es negado el techo de financiamiento; en el año 2004 se intenta una reforma constitucional para quitarle al DF 9 mil millones de pesos; en el año 2005 se niega al Distrito Federal su techo de financiamiento. Más tarde se cambia la fórmula de asignación de las participaciones federales para disminuir los recursos asignados al Distrito Federal.

En este caso, proponemos a través de esta iniciativa que se restituya al Distrito Federal el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, con las mismas reglas de asignación que se utilizan para el resto de las entidades federativas. De tal forma y en ese caso, el DF deberá recibir cerca de mil millones de pesos por dicho fondo para el ejercicio fiscal del 2013.

En los hechos, el DF ha dejado de recibir —en pesos de hoy— más de 10 mil millones de pesos para el combate a la pobreza, para la construcción de infraestructura social en estos años.

Demandamos que cese el cerco financiero a la Ciudad de México; demandamos que se incluya al DF en los fondos sociales federales; demandamos que se fortalezca la lucha que lleva a cabo el gobierno de la ciudad por la equidad, contra la desigualdad y contra la pobreza. El DF —no olvidemos— es también la capital de la República y de todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se adhieren a esta iniciativa los diputados y diputadas José Ángel Ávila Pérez, Manuel Huerta, Alejandro Carbajal, Malú Mícher, Gerardo Villanueva, Guillermo Sánchez, Alfonso Durazo, Socorro Ceseñas y Silvano Blanco. Es cuanto, señor presidente y gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 32 a 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La presente iniciativa busca revertir la injustificada exclusión del Distrito Federal de la distribución de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para generar un trato justo para la Ciudad de México como parte integrante de la Federación, que adicionalmente realiza importantes gastos derivados del costo de la capitalidad, con el fin de que su población pueda recibir también recursos destinados al combate a la pobreza.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

El Distrito Federal posee un régimen de excepción respecto del pacto federal que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el resto de las entidades federativas. Dicho régimen es particularmente lesivo en términos de distribución de recursos fiscales federales.

Particularmente, la Ciudad de México se encuentra excluida del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), incorporado en la Ley de Coordinación Fiscal mediante la reforma al capítulo V, denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997 y en vigor a partir del 1 de enero de 1998.

El FAIS se integra a su vez por el Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo antecedente se encontraba en los recursos del Ramo 26, “Superación de la Pobreza”, destinados a proyectos sociales, generación de empleos e impulso de actividades productivas de las zonas y grupos de mayor pobreza.

Actualmente el FAIS forma parte del Ramo 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, que representa una importante fuente de recursos financieros mediante un esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal regula el destino específico del FAIS:

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural; y

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.

Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo...

El Distrito Federal se encuentra exceptuado de la distribución de este Fondo, es decir, de recursos que, como señala el artículo recién citado, son destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Considerando que fue creado en 1998, por la exclusión del FAIS, el DF ha dejado de percibir cerca de 8 mil millones de pesos, conforme a la distribución asignada en la Ley a las demás entidades federativas.

En esta exclusión de la distribución de recursos federales, se ha dejado de considerar a la población con mayor pobreza que vive en la Ciudad de México, calculada en cerca de 800 mil habitantes, aunque 46.1 por ciento de la población percibe ingresos menores de dos salarios mínimos.

También se ha ignorado el llamado costo de la capitalidad de la entidad, es decir, el gasto que el poder público local eroga con motivo de la residencia de los Poderes de la Unión, dependencias y entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas federales, representaciones extranjeras, así como de los fenómenos derivados de la concentración de actividades políticas, económicas y sociales que en ellas suceden por su carácter de ciudad capital.

Basta mencionar que el DF cuenta con más de 8.2 millones de habitantes. Sin embargo, diariamente circulan más de 12 millones de personas provenientes de los estados circunvecinos, principalmente del estado de México. Los casi cuatro millones de quienes trabajan o pasan por la Ciudad diariamente utilizan los servicios públicos que brinda su administración.

Asimismo, se excluye a la Ciudad de México sin considerar que se trata de la entidad que registra la mayor participación del producto interno bruto, ya que contribuye con aproximadamente el 17.5% del total nacional, y es la entidad en donde se logra la mayor recaudación tributaria federal.

En 1999, la Ciudad de México fue incluida en la distribución de este Fondo, con el argumento de que no se trata de un estado con municipios como indica literalmente el texto del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. No consta en el proceso legislativo ninguna consideración que indique que esa exclusión era la voluntad de los legisladores, y por lo tanto no consta ninguna justificación de la excepción de la capital de la distribución de recursos fiscales provenientes del FAIS.

Por lo tanto, la exclusión ha tenido más bien una motivación política. Una inmoral motivación política. Se origina en un castigo que se ha expresado de diversas formas desde que el DF tiene autonomía propia y la izquierda lo gobierna. Es decir, forma parte del conjunto de facultades disminuidas que el PRI se ha empeñado en mantener, a pesar de la exigencia de los ciudadanos capitalinos de dotarla de condiciones jurídicas similares a las que poseen las demás entidades federativas en cuanto a derechos de sus habitantes y facultades de sus autoridades.

El contenido de la presente iniciativa

Por todo lo expuesto, la presente iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal prevé simplemente incluir textualmente al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, con el fin de que a partir del ejercicio fiscal 2013, reciba los recursos que se distribuyen a todas las entidades por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Se trataría de integrar al DF al FAIS con base en la forma en que actualmente se determina dicho Fondo, con recursos federales por un monto equivalente al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, según la estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto con base en lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio. Del total de la recaudación federal participable, el 0.303 por ciento corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para incluir al Distrito Federal en la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Único. Se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable, el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal y el 2.197 por ciento al Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y al Distrito Federalpor conducto de la federación y a los municipios y demarcaciones territoriales, a través de los estados y del Distrito Federal, respectivamente,de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 33.Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y el Distrito Federal,los municipios y demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales:agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal:obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales,éstos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorialesque les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal y el del Distrito Federalcorrespondiente y el municipio y demarcaciones territorialesde que se trate.

Adicionalmente, los estados y el Distrito Federal,y municipios y demarcaciones territorialespodrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los estados y el Distrito Federal,los municipios y las demarcaciones territorialesdeberán:

I. a III. ...

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. Enel caso de los municipios y de las demarcaciones territorialeslo harán por conducto de los estados y del Distrito Federal respectivamente.

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

Artículo 34.El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los estados y el Distrito Federal, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

I. a IV. ...

V. ...

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de la Entidad federativa,se obtiene la Masa Carencial de la Entidad,determinada por la siguiente fórmula:

...

En donde:

MCEk = Masa Carencial de la Entidad federativak;

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en la entidad federativak; y,

jk = Número total de hogares pobres extremos en la entidad federativa k.

Una vez determinada la Masa I Carencial de la Entidad federativa,se hace una agregación similar de todos los estados y el Distrito Federalpara obtener la Masa Carencial Nacional.

Cada una de las masas carenciales de las entidades federativasse divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada e ntidad federativa,como lo indica la siguiente fórmula:

...

En donde:

PEk = Participación porcentual de la Entidad k;

MCEk = Masa Carencial de la Entidad k; y

MCN = Masa Carencial Nacional.

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada entidad federativade la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación, las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (Pek) que se asignará a cada e ntidad federativa.

Artículo 35.Los estados y el Distrito Federaldistribuirán entre los municipios y las demarcaciones territorialeslos recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales,con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territorialescon mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) Población ocupada del municipio o demarcación territorialque perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del estado o del Distrito Federalen similar condición;

b) Población municipal o demarcación territorialde 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del estado o del Distrito Federalen igual situación;

c) Población municipal o demarcación territorialque habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal o del Distrito Federalsin el mismo tipo de servicio; y

d) Población municipal o demarcación territorialque habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del estado o del Distrito Federalen igual condición.

Con objeto de apoyar a los estados y al Distrito Federalen la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territorialespara cada estado y el Distrito Federal.

Los estados y el Distrito Federal, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorialescorrespondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Los estados y el Distrito Federaldeberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territorialeslos recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados y el Distrito Federal,en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territorialespor parte de los gobiernos estatales y del Distrito Federalpublicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 99 Bis a la Ley Aduanera.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en mi calidad de diputado de esta LXII Legislatura y como parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento ante esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 99 Bis a la Ley Aduanera.

La contaminación atmosférica generada por los autos que son importados representa en nuestro país un enorme riesgo para la salud y daños al medio ambiente.

Estudios de muestreo en la frontera norte del país han evidenciado que casi el 80 por ciento de los vehículos que circulan en los estados fronterizos fueron adquiridos o comprados originalmente en los Estados Unidos de América o Canadá, y años después fueron importados definitivamente a nuestro país.

En virtud de la gran cantidad de autos importados que circulan dentro de nuestro país, y que en su mayoría tienen más de 10 años de antigüedad, planteo adicionar a la Ley Aduanera para que se pida como requisito indispensable la verificación vehicular a quienes pretendan realizar la importación definitiva de autos a nuestro país.

En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, algunos grupos aún ponen en duda la existencia del cambio climático y sus efectos en los sistemas climático y humano; sin embargo, el conocimiento científico ha arrojado evidencia que permite afirmar que este fenómeno es real.

Con la publicación del IV Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se demostró que existe un alto grado de certidumbre sobre la relación directa entre las actividades humanas que se llevaron a cabo a partir del año 1750, y el incremento de la temperatura global. De hecho, en el periodo comprendido entre 1906 y 2005 la temperatura global se incrementó en un 0.74 grados centígrados.

Más aún, de acuerdo con datos de ese grupo intergubernamental, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado constantemente desde la época preindustrial y durante los últimos años, de 1995 al 2005. Ésta se incrementó anualmente en 1.9 partes por millón.

Esta tendencia continúa, prueba de ello es que la concentración atmosférica total de CO2 en 2005 fue de 378 partes por millón, mientras que en julio de 2012 había alcanzado las 394.49 partes por millón.

De continuar así los expertos prevén un aumento de la temperatura mayor a los 2 grados centígrados, además de una serie de cambios en el sistema climático y también a nivel ecosistémico.

Lo anterior pone en severo riesgo el desarrollo de los países y el bienestar de sus poblaciones, al revertir los logros alcanzados en la última década en materia de infraestructura estratégica, servicios básicos urbanos y rurales, inversión agropecuaria y silvícola, protección civil, entre otros.

Entre otros factores, la ubicación geográfica, la desigualdad social, la insuficiencia de infraestructura, de capacidades técnicas y humanas hacen de México un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En un escenario de incremento de la temperatura de 2 grados centígrados, se prevé que nuestro país experimente impactos de índole ambiental, social y económico estrechamente vinculados.

La problemática de las emisiones contaminantes se debe atender íntegramente, mediante mecanismos que permitan su mitigación.

Resulta preocupante que la implementación de tratados, como el de libre comercio, tengan impactos adversos en la dinámica nacional y el medio ambiente; es por ello que planteo ante esta tribuna una regulación específica de carácter ambiental para los vehículos importados definitivamente al país a consecuencia del Tratado de Libre Comercio.

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del primero de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de automóviles usados que sean originarios de Estados Unidos de América o Canadá, cuyo año o modelo sea de más de 10 años anteriores al de la importación.

La apertura definitiva de estos autos a las importaciones trae consigo cambios significativos en la flota vehicular nacional, primordialmente en los estados de la zona norte del país. Esta modificación en la flota hace imperante que nuestro país efectué acciones que permitan un control del flujo de autos, tratando de minimizar los impactos ambientales por las emisiones que provocan y el correspondiente riesgo a la salud que esto conlleva.

Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de enero a agosto de 2012 la importación de autos usados fue de 278 mil unidades, la que equivalió al 44.9 por ciento del total de las ventas de vehículos nuevos, lamentablemente la mayoría de los autos importados nunca o casi nunca han estado sujetos a regulación de emisiones y al ingresar al país el problema de agrava, ya que solo algunas entidades federativas tienen regulada la verificación vehicular, a la cual no en todos los casos están sujetos los autos importados.

Por ello se propone la reforma a la Ley Aduanera, cuerpo normativo donde se encuentra detallado el proceso de importaciones definitivas a territorio nacional, a fin de regular definitivamente el tránsito de estos vehículos en nuestro país para quedar como dice:

Artículo 99 Bis. Las personas físicas que pretendan efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, de conformidad a las disposiciones aplicables en relación al cumplimiento de lo establecido en el Apéndice 300-A-2, párrafo 24 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las demás que de ello deriven, deberán obtener la verificación que acredite que no rebasan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes, misma que tendrá que realizarse de manera periódica cada seis meses.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 99 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Felipe Arturo Camarena García, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley Aduanera, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La contaminación atmosférica generada por los autos que son importados, representa en nuestro país un enorme riesgo para la salud y daños al medio ambiente, estudios de muestreo en la frontera norte del país han evidenciado que casi el 80 por ciento de los vehículos que circulan en los estados fronterizos, fueron adquiridos o comprados originalmente en los Estados Unidos o Canadá, y años después fueron importados definitivamente a nuestro país.

En virtud de la gran cantidad de autos importados que circulan dentro del país, y que en su mayoría tiene más de 10 años de antigüedad, planteo adicionar la Ley Aduanera para que se pida como requisito indispensable la verificación vehicular a quien pretenda realizar la importación definitiva de autos al país.

Argumentación

En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, algunos grupos aún ponen en duda la existencia del cambio climático y sus efectos en los sistemas climático y humano. Sin embargo, el conocimiento científico ha arrojado evidencia robusta que permite afirmar que este fenómeno es real.

Con la publicación del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se demostró que existe un alto grado de certidumbre sobre la relación directa entre las actividades humanas que se llevaron a cabo a partir del año 1750, y el incremento de la temperatura global.

De hecho en el periodo comprendido entre 1906 y 2005, la temperatura global se incrementó en 0.74°C. Más aún, de acuerdo con datos de ese Grupo Intergubernamental, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado constantemente desde la época preindustrial, y durante los últimos años (1995-2005) ésta se incrementó anualmente en 1.9 ppm (partes por millón). Esta tendencia continúa, prueba de ello es que la concentración atmosférica total de CO2 en 2005 fue de 378 ppm, mientras que en julio de 2012 había alcanzado las 394.49 ppm.

De continuar así, los expertos prevén un aumento de la temperatura mayor a los dos grados centígrados, además de una serie de cambios en el sistema climático y también a nivel ecosistémico. Lo anterior pone en severo riesgo el desarrollo de los países y el bienestar de sus poblaciones, al revertir los logros alcanzados en la última década en materia de infraestructura estratégica, servicios básicos urbanos y rurales, inversión agropecuaria y silvícola, protección civil, entre otros.

Entre otros factores, la ubicación geográfica, la desigualdad social, la insuficiencia de infraestructura, de capacidades técnicas y humanas hacen de México un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En un escenario de incremento de la temperatura de 2º C, se prevé que nuestro país experimente impactos de índole ambiental, social y económica estrechamente vinculados.

La problemática de las emisiones contaminantes, se debe atender íntegramente mediante mecanismos que permitan su mitigación; resulta preocupante que la implementación de tratados como el de Libre Comercio, tengan impactos adversos en la dinámica nacional y el medio ambiente, es por ello que planteo ante esta tribuna una regulación específica de carácter ambiental para los vehículos importados definitivamente al país a consecuencia del tratado de libre comercio.

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de automóviles usados, que sean originarios de Estados Unidos de América o Canadá, cuyo año o modelo sea de más de 10 años anteriores al de la importación.

La apertura definitiva de estos autos a las importaciones, trae consigo cambios significativos en la flota vehicular nacional, primordialmente en los estados de la zona norte del país, esta modificación en la flota, hace imperante que nuestro país efectué acciones que permitan un control del flujo de autos, tratando de minimizar los impactos ambientales por las emisiones que provocan y el correspondiente riesgo a la salud que esto conlleva.

Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de enero a agosto de 2012 la importación de autos usados fue de 278 000 unidades, la que equivalió al 44.9% del total de las ventas de vehículos nuevos, lamentablemente la mayoría de los autos importados nunca o casi nunca han estado sujetos a regulación de emisiones y al ingresar al país el problema de agrava ya que solo algunas entidades federativas tiene regulada la verificación vehicular, a la cual no en todos los casos están sujetos los autos importados.

Existen entidades como el Distrito Federal que han establecido regulaciones específicas para estos casos, en particular los autos con placas extranjeras no pueden circular de 5 a 11 de la mañana de lunes a viernes dentro de la ciudad, a menos que cuenten con calcomanía 0 o doble 0, no obstante este grupo de autos deben ser regulados en el resto del país, por ello propongo que dentro del trámite de importación definitiva la autoridad federal lleve a cabo la verificación de gases contaminantes de estos vehículos, en estricto cumplimiento a  la norma oficial que fije los límites máximos permitidos, elaborada por la propia autoridad y posteriormente a su ingreso al país que estos autos de forma periódica y semestral lleven a cabo la verificación respectiva, por ello se propone la reforma  a la Ley Aduanera, cuerpo normativo donde se encuentra detallado el proceso de importaciones definitivas a territorio nacional.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley Aduanera

Artículo Único.Se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 99 Bis. Las personas físicas que pretendan efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados de conformidad a las disposiciones aplicables en relación al cumplimiento de lo establecido en el Apéndice 300-A-2, párrafo 24 del tratado de Libre Comercio de América del Norte y las demás que de ello deriven, deberán obtener la verificación que acredite que no rebasan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes, misma que tendrá que realizarse de manera periódica cada seis meses.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá elaborar la norma técnica ecológica que determine los límites máximos permisibles de contaminantes que deberán cumplir los vehículos que pretendan importarse de forma definitiva dentro del país.

Tercero. Se abrogan y derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 Ver. IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, p.5.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2012.— Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad para el Desarrollo del estado de Puebla, Campus Xicotepec de Juárez, que están aquí invitados por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También le damos la más cordial bienvenida a un grupo de maestros y alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas, del estado de Puebla, que se encuentran aquí invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud.

El diputado Francisco Javier Fernández Clamont:Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi lectura en esta iniciativa de ley quisiera, desde esta máxima tribuna, felicitar a todos los médicos del país —que hoy 23 de octubre es el Día del Médico— de la gran labor que hacen en todo el país. También felicitar a nuestros compañeros, amigos, médicos diputados y colegas, que desde aquí vamos a trabajar por México.

Someto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, en el tenor de incluir la vacuna de varicela en la Cartilla Nacional de Vacunación.

Quiero preguntarles aquí a los compañeros que están presentes, compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿quién no ha tenido alguna vez contacto con la varicela, de manera propia o con sus hijos o con familiares cercanos?

Algunas veces la manifestación más benigna puede ser fiebre, lesiones en la piel, comezón y que se ausente de la escuela o del trabajo. Pero también hay manifestaciones malignas que pueden llevar a complicaciones severas y a la defunción de menores de edad o adultos. El virus de la varicela es un virus herpes, varicela zóster.

En la República mexicana, en el periodo de 1990 a 2007, la varicela se ha presentado de forma cíclica alcanzando sus mayores incidencias en la población de cuatro a seis años de edad.

De acuerdo con un informe —de la semana 38 de 2012— del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, se han registrado en la República mexicana un total de 109 mil 688 casos de varicela. Las entidades que presentan un alto rango son: el estado de México, con 21 mil 919 casos; en Jalisco, con 16 mil 801 casos, y en el Distrito Federal, un total de 16 mil 100 casos.

La varicela es una de las infecciones que ha tenido un comportamiento constante en la población infantil y adolescente. Se observa que por arriba del 90 por ciento ha tenido una curación de manera benigna, pero de acuerdo al registro de la Dirección General de Información de Salud, las defunciones por varicela se presentaron en mayor importancia en la edad de uno a cuatro y de cinco a 14 años, falleciendo por alguna complicación de esta enfermedad.

Quiero decirles que la varicela se presenta con mayor frecuencia en grupos en donde hay grandes concentraciones humanas; se presenta en sujetos sensibles que asisten a guarderías, a escuelas, hospitales.

La infección se adquiere por un contacto directo; el virus penetra a través de las vías respiratorias, el período de incubación puede ser de 14 a 16 días y los límites entre 10 y 23 días. Puede tener complicaciones muy severas en la piel, en el sistema nervioso central, en el oído, en los pulmones.

Afortunadamente hoy se cuenta ya con la vacuna y se administra en el sector privado y gracias a la vacuna es posible proteger a los hijos contra varicela, ya que ofrece un rango de eficacia muy alto, evitando así que se presente durante la infancia y en la edad adulta, época de la vida donde las manifestaciones pueden ser todavía más severas.

La mayoría de las personas que reciben la vacuna contra la varicela no la van a tener, o si se les presenta puede ser de menor intensidad; la vacuna de la varicela es muy efectiva para proteger al niño sano frente a la infección y reducir la gravedad de la enfermedad en caso de contraerla, hasta en un 70 y 90 por ciento.

¿Cuáles son los objetivos en la disminución, en la aplicación de la vacuna de la varicela? Es disminuir las complicaciones de esa enfermedad, disminuir la ausencia escolar y laboral y sobre todo, proteger a los adultos de esa enfermedad.

Por lo tanto, presento esta iniciativa en donde se reforma el artículo 134, en su fracción IV, en donde dice que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán acciones de vigilancia epidemiológica de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

Fracción IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, varicela, poliomielitis, rubéola y parotiditis infecciosa.

El artículo 144: Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, sarampión y varicela, así como otras enfermedades transmisibles que en el futuro estimara la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará a los sectores de la población que deben de ser vacunados y las condiciones en que deberá suministrarse la vacuna, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Someto a la Comisión de Salud, que se turne esta iniciativa, para el beneficio de toda la niñez y los adultos y que se pueda prevenir la enfermedad varicela. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Francisco Javier Fernández Clamont, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II del artículo 71 de la Constitución y I del numeral del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proyecto de decreto por el que se reforman la fracción del IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, al tenor siguiente:

I. Antecedentes

La varicela es una entidad de origen viral caracterizada por fiebre y exantema cutáneo generalizado.

El virus de varicela-zoster produce dos enfermedades: la varicela, resultante de la infección primaria del virus; y el herpes zoster, producido por su reactivación. Es un virus exclusivamente humano, del cual el ser humano es el único reservorio y fuente de infección.

Considerado en el grupo de los herpesvirus, tiene en común con los demás la característica de persistir en el organismo después de la infección primaria, para reactivarse más tarde, cuando por cualquier causa se produce depresión de la inmunidad celular.

En España, desde 1981 la varicela es la enfermedad exantemática más frecuente en el niño, con una tasa de incidencia de 533, 46 casos por 100 mil habitantes. Por lo que en 1985 se convirtió en una enfermedad de notificación obligatoria. Durante 2003, ahí se reportó anualmente un promedio de 250 mil casos de varicela, lo cual corresponde a una tasa de 450 a 650 por cada 100 mil habitantes.

Esta información revela que la tasa de incidencia en aquel país es aparentemente mayor que en México. En comparación con Estados Unidos, entre 2000 y 2005 se presentaron 131 mil 498 casos, mientras que aquí entre 1990 y hasta la semana epidemiológica 51 de 2007 se registraron 2 millones 525 mil 928 de casos notificados, y entre 2000 y 2006 fueron 2 millones 217 mil 114 de casos; es decir, una cantidad mayor que en Estados Unidos según datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Las tasas de incidencia más altas se observaron en 1995, 2000 y 2004, con 341, 377 y 366 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En el periodo de 1990 a 2007, las entidades federativas que presentaron un rango bajo fueron Chiapas, Michoacán, México y Puebla; en el rango medio se ubicaron Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí; en el rango alto sólo presentaron una tendencia entre 2000 y 2006 Coahuila y Baja California, el resto de las entidades federativas no presentó regularidad y; en el rango muy alto se encontraron Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y Nuevo León. Las entidades federativas con mayor reporte de casos notificados en el periodo fueron el Distrito Federal, estado de México y Jalisco.

II. Consideraciones

En la República Mexicana, en el periodo 1990-2007 la varicela se ha presentado de forma cíclica, alcanzando sus mayores incidencias cada 4 a 6 años.

De acuerdo con un informe de la Semana 38 de 2012 del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades se han registrado en la República Mexicana 109 mil 688 casos de varicela. Las entidades que presentan alto rango son el estado de México, con 21 mil 919 casos; y Jalisco, con 16 mil 801, mientras que en el Distrito Federal hubo 16 mil 100.

La varicela es una de las infecciones que ha tenido un comportamiento constante en la población infantil y adolescente, y una de las que ha requerido atención hospitalaria por los usuarios.

Según los motivos de alta, se observa que por arriba de 90 por ciento ha tenido una mejoría o curación.

De acuerdo con el registro en la Dirección General de Salud de Información en Salud de las defunciones por varicela, se estratificó por grupo de edad y se observa que los niños de 1 a 4 y los de 5 a 14 fallecieron en mayor proporción que otros grupos.

La enfermedad es por lo regular benigna, sumamente contagiosa. Después de la remisión se considera que el virus puede permanecer en forma latente y reactivarse en algunos individuos, lo cual ocasiona herpes zoster con afección localizada en los ganglios sensoriales. Todos los seres humanos son sensibles a la infección por el virus varicela zoster, incluyendo el recién nacido, en el que puede presentarse tanto la varice congénita como la neonatal.

La varicela muestra características endémicas en las grandes concentraciones urbanas y se observan brotes epidémicos en sitios donde se encuentra mayor cantidad de sujetos sensibles, como guarderías u hospitales. La infección se adquiere por contacto directo el virus penetra a través de las vías respiratorias. El periodo de incubación es de 14 a 16 días, con límites entre 10 y 23 días.

El periodo de contagiosidad comprende desde uno a dos días antes de la aparición exantema, y dura todo el tiempo que hay vesículas, aproximadamente cinco días después del inicio de las lesiones cutáneas. Afortunadamente, con la vacunación es posible proteger a los hijos contra la varicela, pues ofrece un rango de eficacia muy alto, evitando así que se presente durante la infancia y en la edad adulta, cuando las manifestaciones pueden ser muy graves.

Se recomienda la aplicación de la vacuna en todos los niños y los adolescentes que no hayan padecido la enfermedad y, por tanto, sean sensibles, tomando en cuenta lo siguiente:

1. Las posibles complicaciones de la varicela, como encefalitis, neumonías, otitis, cerebelitis por infecciones de la piel o infecciones del estreptococo del grupo A.

2. Deshidratación a causa de los vómitos o la diarrea.

3. El costo para la familia y la ausencia escolar o laboral.

4. El alto grado de eficacia y seguridad de la vacuna.

La mayoría de las personas que reciben la vacuna contra la varicela no tendrá varicela. En la persona que recibió la vacuna y tiene varicela, por lo general es muy leve. Tendrá menos ampollas, es menos probable que tenga fiebre, y se recuperará más rápido.

La vacuna de la varicela es muy efectiva para proteger al niño sano frente a la infección y reducir la gravedad de la enfermedad en caso de contraerla puede proteger de 70 a 90 por ciento. La inmunidad persiste al menos 10 años después de la vacunación. En niños inmunodeprimidos la protección es inferior pero importante, de 85 por ciento.

Los objetivos de la inmunización en la población general están orientados a tres objetivos fundamentales:

• Disminuir en 78 por ciento la enfermedad.

• Disminuir la mortalidad en leucémicos.

• Proteger a los adultos de 30 años o más.

Se estima que si estos objetivos se logran y se incrementa la cobertura entre la población infantil hasta alcanzar 90 por ciento o más, se reducirá la circulación del virus silvestre, y con ello la probabilidad de que niños no expuestos a la infección natural y no inmunizados entren en la adolescencia y vida adulta sin inmunidad, lo que determinará que la mayor proporción de casos ocurra en estos grupos de edad, con el consecuente aumento del riesgo de complicaciones graves.

En cuanto a eficiencia, los beneficios económicos de la vacunación superan los costes derivados del diagnóstico y tratamiento de los enfermos y de sus complicaciones, así como los derivados del absentismo escolar y laboral que ocasiona la varicela. Es una vacuna segura y bien tolerada.

La edad idónea de aplicación es de entre 1 año y 18 meses. Sin embargo, a los 13 años también se puede aplicar si no hay antecedentes de varicela. Por lo expuesto es importante incorporar a la sección de vacunación de la cartilla nacional de salud niñas y niños de 12 a 18 meses de edad la dosis de la vacuna de varicela. La mejor forma de prevenir la varicela es vacunarse.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reformanla fracción del IV del artículo 134 y el 144 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. a III. ...

IV.Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, varicela,poliomielitis, rubeola y parotiditis infecciosa;

V. al XV. ...

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, sarampión y varicela, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Francisco Javier Fernández Clamont, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.

ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Villarreal García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Ricardo Villarreal García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy comparezco ante ustedes para presentar una iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer procesos de evaluación de control y de confianza a diversos servidores públicos del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales de los estados.

A través de los años el crimen organizado —cimentado durante el viejo régimen— fue evolucionando e incrementando su poder económico y operativo, convirtiéndose en un cáncer que se propaga y contamina todo lo que queda a su alcance. De esta manera, las bandas delictivas fueron penetrando a las distintas instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de impartición de justicia.

Así, el crimen organizado se fue apoderando de nuestras instituciones, poniendo en jaque el debido funcionamiento de las policías, los ministerios públicos y los tribunales de justicia.

Lo anterior derivó en que cada criminal o grupo delincuencial encontraba aliados en todas las instancias del Estado mexicano, en especial en aquéllas que por razón de su competencia tienen mayores atribuciones en la investigación y enjuiciamiento de los delitos. Todo esto generó una situación de violencia insostenible que ha vulnerado la libertad de muchas familias mexicanas en varias regiones del país.

Ante tal situación, el presidente Felipe Calderón, desde el inicio de su administración, decidió emprender una lucha frontal, sin precedentes, contra la delincuencia organizada. Dicha lucha ha tenido grandes avances; desafortunadamente debido a lo corroído de nuestras instituciones los avances no han sido los suficientes.

Fue el mismo presidente Calderón quien —como uno de los mecanismos para lograr limpiar las corporaciones involucradas en la seguridad pública y en la procuración de justicia— promovió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la obligación para que dichas corporaciones, tanto en el ámbito local como en el federal, evalúen a su personal mediante controles de confianza.

En tal virtud, hoy existen mecanismos que permiten realizar evaluaciones permanentes de control y de confianza a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de la procuración de justicia, tanto en los ámbitos federal como estatales y municipales, que incluyen exámenes médicos, toxicológicos, sicológicos, poligráficos y socioeconómicos.

Dichas evaluaciones ya han tenido resultados muy relevantes en el combate al crimen organizado; gracias a ellas se ha iniciado la mayor depuración de las corporaciones policiales y de procuración de justicia en la historia de nuestro país.

Prueba de ello es que en el presente gobierno ha habido un gran número de funcionarios cesados y sujetos a procesos penales. Hemos llegado incluso a procesar penalmente a subprocuradores y delegados federales, por estar coludidos con la delincuencia organizada.

No obstante lo anterior, nos hemos quedado cortos, de poco sirve depurar las corporaciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia si los miembros del Poder Judicial federal y de los tribunales superiores de justicia de los estados no están obligados a llevar a cabo este tipo de medidas.

Esta situación requiere tomar medidas urgentes, toda vez que es evidente que los impartidores de justicia también pueden ser corrompidos por los delincuentes; es imposible pensar que la delincuencia organizada solo ha penetrado el Poder Ejecutivo, cuando las decisiones que se toman en el Poder Judicial son trascendentales para la operación de los grupos delictivos.

Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo decisiones absurdas de miembros del Poder Judicial tienen como consecuencia la liberación de los delincuentes, delincuentes que tantos recursos materiales y humanos le cuestan al Estado mexicano; lo que es peor, delincuentes que una vez liberados vuelven inmediatamente a las actividades ilícitas que desempeñaban.

Un claro ejemplo de lo anterior fueron los lamentables hechos sucedidos en 5 de octubre pasado en Ciudad Acuña, Coahuila, donde un delincuente de nombre Roberto Sifuentes Cadena, alias El Shaggy, quien había sido liberado por el juez séptimo de distrito con cede en Jalisco, apenas un par de meses atrás, asesinó cobardemente a José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de dicho estado y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Es por esas razones que convoco a las diversas fuerzas políticas que integran esta Cámara a aprobar de manera urgente la presente iniciativa, toda vez que la presente debe de formar parte integral de la lucha contra la delincuencia organizada; compañeros, la paz y la seguridad de las familias mexicanas no pueden esperar más.

Compañeros y compañeras legisladores, obliguemos a que los funcionarios públicos de los poderes judiciales estatales y del Poder Judicial federal nos acrediten que no tienen nexos con la delincuencia organizada, tal y como ya lo hicimos con las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia; sigamos esta lucha incansable por recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias, pero hagámoslos seguros de que todos los miembros del Estado mexicano estamos del lado de los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Villarreal García, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incluir procesos de evaluación de control de confianza en los servidores públicos del poder judicial, de acuerdo con lo siguiente:

Exposición de Motivos

El crimen organizado es un fenómeno que se ha reproducido al grado de vulnerar y corromper el aparato institucional del Estado mexicano, logrando con ello debilitar a las instituciones públicas convirtiéndolas en presa fácil de la criminalidad. Lo anterior provoca que las actividades orientadas en contra de los ciudadanos se exacerben con el uso de las instituciones públicas por parte de los criminales para sus propios propósitos.

Para Acción Nacional es de suma importancia que los hombres y mujeres que nos gobiernan estén exentos de vínculos con el crimen organizado, en la actividad política participen los mejores ciudadanos, cuya actuación pública sea intachable y ejemplo para los demás ciudadanos, cuyo patrimonio sea bien habido, y que cuente con el equilibrio de salud física y metal para poder ejercer de mejor manera un cargo público.

Por otra parte, hemos de señalar que desafortunadamente, la debilidad institucional hace creer a los criminales que sus actos pueden quedar sin castigo; asimismo, los ciudadanos asumen que no tienen en la autoridad más cercana a ellos ninguna defensa.

Lo anterior, implica que tanto los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, de la PGR y del Poder Judicial, han sido corrompidos por poder económico de las bandas criminales.

En tal virtud, la impunidad permite que aquellos delitos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado y los del orden común, como el robo, el secuestro, o la extorsión y el homicidio se cometan en forma recurrente.

Ante esta difícil situación, resulta indispensable que las distintas autoridades administrativas y judiciales garanticen que cada uno de sus elementos sean funcionarios confiables para la sociedad mexicana.

En el caso del Ejecutivo federal, se ha fortalecido la depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. De esta forma se ha construido el andamiaje legal e institucional, no solo para detener a los delincuentes, sino para garantizar la justicia y la paz.

La construcción de un México seguro demanda conjuntar esfuerzos para fortalecer la operación del Poder Judicial y que cuente con servidores públicos competentes y responsables, así como confiables y comprometidos con la sociedad mexicana.

En el ámbito del Ejecutivo federal, en el marco de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instruyó la creación de El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, como instancia normativa, reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza

Por su parte, la Procuraduría General de la República ha impulsado la reorganización y el fortalecimiento de la institución con el fin de promover una procuración de justicia eficaz. Por ello, se reformó su Ley Orgánica y reconfiguró a la Policía Federal Ministerial a través de procesos de evaluación, depuración e incentivos al desempeño.

De esta manera, el Ejecutivo federal ha dado pasos firmes en la certificación, pues un número muy importante de los elementos de la SSP y de la PGR han sido evaluados. En el caso de los custodios, se reporta que al 30 de junio de 2012 se evaluaron a 710 custodios con controles de confianza para la permanencia, con lo que se superó en un 5.2 por ciento la meta sexenal de evaluar a 675.

Los esfuerzos del Ejecutivo federal son evidentes; sin embargo, las tareas de seguridad, justicia y lucha contra la impunidad deben ser llevadas a cabo de forma sistémica, es decir, mediante la concatenación de las actividades estatales de legislación, administración y jurisdicción.

Por tanto, en la construcción de la seguridad auténtica requiere que el Poder Judicial también implementen acciones que garanticen que los Magistrados de circuito; Juez de distrito;Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Secretario de Acuerdos de Sala; Subsecretario de Acuerdos de Sala; Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Secretario de Juzgado de Distrito; y los Actuarios del Poder Judicial de la Federación sean sometidos a exámenes de control de confianza.

Lo anterior tendría como consecuencia que el Poder Judicial Federal cuente, con un proceso de control de confianza que contribuya a la profesionalización fortaleciendo los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia de sus servidores públicos.

Se propone que el Poder Judicial Federal, cuente con un riguroso proceso de evaluación, sistemático y periódico, el personal en activo, para contribuir a verificar que actué dentro del marco de la legalidad y la ética. El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:

1. Patrimonial y de entorno social;

2. Médico;

3. Psicométrico y psicológico;

4. Poligráfico; y

5. Toxicológico.

Hoy, es de suma importancia evaluar y certificar a los cuerpos de seguridad del Estado, al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en especial a los miembros de la actividad jurisdiccional en virtud de su trascendente actividad de impartir justicia.

Un reclamo legítimo de la ciudadanía es que los tribunales cuenten con servidores públicos confiables y profesionales. Jamás deben repetirse casos en los que los inocentes se convierten en presuntos culpables, ni los casos en los que los verdaderos delincuentes sean liberados por resoluciones absurdas de los tribunales.

Lo anterior, es de suma importancia para que nuestros cuerpos judiciales no se encuentren infectados por personas cuya lealtad e intereses sea para los grupos criminales.

En Acción Nacional, en todo momento buscaremos garantizar que en nuestro país prive en el servicio público la honradez, profesionalismo y eficiencia.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 116. ...

...

I. y II. ...

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia, incluyendo la aplicación de procesos de control de confianza, de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

...

...

...

...

IV. a VII. ...

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 77; se adicionan: un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsiguientes, un tercer párrafo al artículo 113, los artículos 117 Bis, 117 Ter, 117 Quater, 117 Quinquies, 117 Sextus, 117 Séptimus, 117 Octavus y 117 Nonus, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de administración, carrera judicial, disciplina, control de confianza, creación de nuevos órganos y la de adscripción.

...

...

Artículo 112. ...

...

...

Para acceder a las categorías señaladas en los dos párrafos anteriores, se requerirá aprobar procesos de evaluación de control de confianza.

...

...

Artículo 113. ...

...

Para acceder a las categorías señaladas en los dos párrafos anteriores, se requerirá aprobar procesos de evaluación de control de confianza.

Artículo 117 Bis. Los servidores públicos señalados en el artículo 110 de esta ley, se sujetarán a procesos de evaluación de confianza.

El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:

I. Patrimonial y de entorno social;

II. Médico;

III. Psicométrico y psicológico;

IV. Poligráfico; y

V. Toxicológico.

Artículo 117 Ter. Los procesos de evaluación a que se refiere el artículo anterior tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos y empleados dan debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Artículo 117 Quater. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y el titular de la Visitaduría Judicial podrán requerir que cualquier servidor público de los señalados en el artículo 110 de esta ley, se presente a las evaluaciones de control de confianza cuando lo estimen pertinente, debiendo hacerlo por lo menos cada veinticuatro meses.

Artículo 117 Quinquies. Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado.

Artículo 117 Sextus. Los servidores públicos o empleados serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados.

Artículo 117 Septimus. Se considera información reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados derivados de los procesos de evaluación, salvo que deban ser presentados por su naturaleza al ministerio público o en procedimientos administrativos o judiciales.

Artículo 117 Octavus. Los miembros del Sistema de Carrera Judicial que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza y que aparezcan datos de que se encuentran vinculados con el crimen organizado o tengan un enriquecimiento inexplicable considerable, dejarán de prestar sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 132 de esta ley y se hará la denuncia correspondiente al ministerio público.

Los miembros del Sistema de Carrera Judicial que no aprueben los procesos de evaluación de confianza y que no estén vinculados con delitos del crimen organizado, o que no tengan un enriquecimiento inexplicable considerable, serán sometidos a un proceso de capacitación a efecto de ser reinstalados en sus funciones.

Artículo 117 Nonus. La comisión de control de confianza prevista en el artículo 77 de esta ley que tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza y será quien establezca las sanciones correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o. y 33 de la Ley General de Educación.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Con su venia, diputado presidente. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro diputado presidente de la Comisión de Educación, al diputado Jorge de la Vega, y a todas las compañeras y compañeros que suscriben esta iniciativa; es un tema relevante que seguramente también está en la agenda legislativa de otros grupos parlamentarios; es un tema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el nivel medio superior y fundamentalmente, que tiene que ver con los jóvenes de este país.

Ya la legislatura pasada logró un avance muy importante respecto a que quede consignada la obligatoriedad de este nivel educativo. Ahora nosotros, compañeros y compañeras, tenemos un trabajo muy importante, ¿cómo logramos que esto, que ya quedó en la Constitución, ahora en la Ley General de Educación tenga la consistencia y además tenga las condiciones para llevarse a cabo?

Compañeras y compañeros, esta iniciativa pretende consagrar legalmente un sistema de estímulos económicos para coadyuvar a que todos los jóvenes y demás estudiantes que cursan la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, a nivel nacional, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

Esto permitirá —compañeras y compañeros— entonces coadyuvar al cumplimiento en letra del espíritu de la reforma constitucional, que estableció el carácter obligatorio del bachillerato. De nada servirá que tenga este carácter obligatorio si no generamos condiciones a un grupo de jóvenes que tiene una gran potencialidad, pero que al mismo tiempo tiene una gran vulnerabilidad.

Como ustedes saben, la juventud mexicana abarca en nuestro país a más de 35 millones de jóvenes, es una de las máximas riquezas del país. De acuerdo a datos oficiales, en México hay cerca de cuatro millones de alumnos que cursan este nivel educativo; sin embargo, la deserción es uno de los principales retos que enfrenta este nivel educativo. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, así como la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, la falta de recursos económicos está claro que es uno de los principales factores que inciden en ella.

Adicionalmente, existe un problema de equidad en este nivel, ya que solo el 3.5 por ciento de la población entre 15 y 18 años, con menores ingresos, cursa la educación media superior, mientras que el porcentaje de los que están situados en el nivel más alto es del 100 por ciento.

No cabe duda que uno de los compromisos más sentidos sea el hacer efectivo el derecho a la educación en todos sus grados, pero no solo con más planteles, con más profesores y currículas, se requiere que estos jóvenes tengan oportunidades, pero además evitemos el asunto de la deserción del abandono escolar.

Quiero decirles, compañeras y compañeros, que no partimos de cero, ya hay experiencias en este país; el caso de la Secretaría de Educación Pública, quien ha ejecutado diversos programas bimestrales para que estos jóvenes reciban un monto de 500 pesos, por beneficiario, con el objetivo de atacar dichos índices; sin embargo, la cobertura de dicho programa solo ha alcanzado el 15 por ciento de la matrícula escolar a nivel nacional.

También en la Ciudad de México, en los últimos años, se ha impulsado una de las políticas y programas quizá más exitosos emprendidos para combatir el rezago en la educación media superior, a través del fideicomiso Educación Garantizada y de su programa Prepa Sí.

En este orden de ideas, queremos proponer una adición a la Ley General de Educación para establecer el derecho de todo joven que en el país curse la educación media superior en escuelas públicas a recibir un apoyo económico mensual, a cargo del gobierno federal, mínimamente por el equivalente al 40 por ciento, en promedio son 25 pesos del salario mínimo general vigente.

Esta propuesta —ya se hizo una corrida financiera— implicaría 17 mil 270 millones de pesos del gasto público federal, equivalente a un cuarto del presupuesto total asignado a la función de educación media superior. Esta es la propuesta que de manera muy concreta estamos haciendo, que se reflejaría en los siguientes artículos.

Artículo único. Se propone reformar los artículos 3o. y 4o., y se adicionan tres párrafos a la fracción VIII del artículo 33, todos de la Ley General de Educación, en los siguientes términos.

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deberán cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las siguientes actividades:

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos, preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación —termino, diputado presidente—. Las personas que cursen la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, y siempre que residan en el país, tendrán derecho de recibir, a cargo del Estado, por tres años escolares, un estímulo mensual, equivalente hasta 10 meses anualmente por un monto mínimo equivalente al 40 por ciento del salario mínimo general vigente.

Los estudiantes beneficiados con estos estímulos deberán cumplir en reciprocidad con actividades en bien de la comunidad.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 4o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

Consagrar legalmente un sistema de estímulos económicos para coadyuvar a que todos los jóvenes y demás estudiantes que cursan la educación media superior en instituciones públicas en cualquiera de sus modalidades a nivel nacional, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos, lo que permitirá coadyuvar al cumplimiento en letra y espíritu de la reforma constitucional que estableció el carácter obligatorio del bachillerato.

Argumentos

La juventud mexicana que abarca a más de 36.2 millones de personas, es una de las máximas riquezas del país, de acuerdo a datos oficiales, en México hay cerca de 4 millones de alumnos cursan la educación media superior, sin embargo, la deserción es uno de los principales retos que enfrenta este nivel educativo, en este sentido, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda (2000) así como la Encuesta Nacional de Juventud (2005), la falta de recursos económicos es uno de los principales factores que inciden en ella.

Adicionalmente, existe un problema de equidad en este nivel educativo ya que sólo el 13.5% de la población de entre 15 y 18 años situada en el decil con menores ingresos cursa la Educación Media Superior, mientras que el porcentaje de los que están situados en el decil más alto es del 100%.

No cabe duda, que uno de los compromisos más sentidos, es el hacer efectivo el derecho a la educación en todos sus grados, pero no sólo con más planteles, más profesores y currículas; sino con las medidas necesarias para evitar la deserción de estos jóvenes, muchos por razones económicas. Ya que, según datos del Inegi 33 por ciento de los jóvenes dejan sus estudios por estas razones.

Adicionalmente el Panorama de la Educación 2012 elaborado por la OCDE señala que México ocupa el tercer lugar de jóvenes entre 19 y 25 años que ni estudian ni trabajan.

En los últimos años el Congreso de la Unión ha procurado fortalecer la educación Media Superior, es así como el pasado 13 de octubre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que dieron el carácter de obligatorio a la educación media superior, señalándose acertadamente, que:

“...la inclusión en el nivel constitucional de la obligatoriedad de la educación media superior fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos. La decisión del legislativo, se dijo, permitirá enfrentar el rezago educativo y la deserción de los jóvenes en ese nivel, al tiempo que se asegura que los procesos para impartir educación media superior se realice en condiciones de equidad, pertinencia y calidad.”

No obstante, es fundamental atacar los altos índices de rezago y deserción escolar en este nivel educativo, para dar cumplimiento en letra y espíritu a la reforma constitucional que establece con carácter obligatorio la educación media superior.

En este sentido el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública ha ejecutado Programas de Becas Bimestrales para Nivel Medio Superior por un monto de $500.00 pesos por beneficiario, con el objetivo de atacar dichos índices, sin embargo la cobertura de dicho programa ha alcanzado tan sólo el 15% de la matricula escolar a nivel nacional.

En los últimos años, el gobierno del Distrito Federal ha impulsado una de las políticas y programas quizás más exitosos emprendidos para combatir el rezago en la Educación Media Superior a través del Fideicomiso Educación Garantizada y de su Programa Prepa Sí, que entrega mensualmente estímulos económicos equivalentes a $500, $600 y $700 pesos según la estructura de las calificaciones, de uno a diez meses dependiendo de la fecha de inscripción al Programa, así como egresados de bachillerato que se encuentren cursando por primera vez el primer año del nivel licenciatura en instituciones de educación superior públicas en el Distrito Federal.

El éxito del Programa Prepa Sí, que apoya a por lo menos 230 mil estudiantes del nivel medio superior que cursan sus estudios en escuelas públicas, en todas sus modalidades, y a 10 mil los jóvenes que cursan por primera vez el primer año de nivel licenciatura en instituciones de educación superior públicas, se ve reflejado en la reducción paulatina de la deserción escolar en el Distrito Federal que en el periodo de 2003 a 2009 se reducido de un 20 a sólo un 6% en la totalidad de las escuelas de nivel medio superior en la Ciudad de México. Así también el programa ha incidido en el aumento del promedio de calificaciones de 7.2 a 8.3.

Tomando en consideración lo antes mencionado, se hace indispensable partir de la experiencia adquirida en torno al “Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, Prepa Si”, por lo que hoy proponemos consagrar legalmente y con carácter nacional este Programa, a fin de garantizar la educación para los jóvenes, coadyuvando a la solución del rezago y la deserción por razones económicas, lo que a la vez impulsará una educación de calidad.

Como sabemos, este Programa opera a través de la entrega de tarjetas de plástico, de manera que la o el joven pueda retirar su apoyo económico mensual, vía cajeros bancarios. O para ser más precisos, se deposita este apoyo mediante una tarjeta bancaria en su modalidad de monedero electrónico a través de la institución bancaria, a mes vencido.

El monto del estímulo económico depende del desempeño escolar del estudiante, de acuerdo con la siguiente tabla.

Promedio                                            Monto

                                                         Estímulo

                                                          mensual

6.0 a 7.59                                   500.00 pesos

7.60 a 9.0                                   600.00 pesos

9.01 a 10.0                                 700.00 pesos

Para los alumnos que cursan el primer año de nivel superior, inscritos en el programa Universitarios Prepa Sí, el estímulo se otorga por un tiempo máximo de un año, con duración de 10 meses.

Otro aspecto interesante de este programa, es que los estudiantes beneficiados deben cumplir en reciprocidad con actividades en bien de la comunidad, equivalentes a ocho horas al mes. Por lo que este Programa, también es un camino para la formación del alumno en valores cívicos y humanistas.

Adición a la Ley de Educación

En este orden de ideas, proponemos una adición a la Ley General de Educación, para establecer el derecho de todo joven que en el país curse la educación media superior en escuelas públicas, a recibir un apoyo económico mensual a cargo de gobierno federal, mínimamente por el equivalente a 40 por ciento (25 pesos en números cerrados) del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Apoyo que favorecerá a cerca de 4 millones de estudiantes.

Según datos proporcionados por la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Educación Pública, existen a nivel nacional cerca de 3 millones 500 mil alumnos de bachillerato en escuelas públicas, por lo que la aplicación del programa propuesto podría representar una erogación anual de 17 mil 270 millones 645 mil pesos del gasto público federal, equivalente a un cuarto del presupuesto total asignado a la función de Educación Media Superior del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este apoyo se hace indispensable como medida a nivel nacional, para fomentar la incorporación y combatir la deserción de los alumnos de bachillerato, ante el retraso de más de treinta años en la realización de las inversiones públicas necesarias para este nivel educativo, especialmente a partir de 1993, en que indebidamente se suprimió en el artículo 3o. constitucional el carácter obligatorio del bachillerato. Lo que exige, por llamarles así, acciones afirmativas a favor de los jóvenes de educación media superior.

La propuesta que hoy presentamos se fundamenta también en el artículo 2o., párrafo primero de la Ley General de Educación, que señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Este apoyo, de ninguna manera suprimirá el establecimiento de otras becas, que exijan mayores requisitos, con mayores montos.

Finalmente se propone la reforma de los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación en congruencia con la reforma constitucional que da a la educación media superior el carácter de obligatoria. Para que esto dé base a nuestra propuesta de estímulos a favor de los jóvenes que cursan este nivel educativo.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. y se adicionan tres párrafos a la fracción VIII del artículo 33, de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se propone reformar los artículos 3o. y 4o. y, se adiciona tres párrafos a la fracción VIII del artículo 33 todos de la Ley General de Educación, en los siguientes términos:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior.

Artículo 33.Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.

Las personas que cursen la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, y siempre que residan en el país, tendrán derecho de recibir a cargo del Estado, por tres años escolares, un estímulo mensual, hasta diez meses anualmente por un monto mínimo equivalente al cuarenta por ciento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los estudiantes beneficiados con estos estímulos deberán cumplir en reciprocidad con actividades en bien de la comunidad.

Este apoyo podrá incrementarse en vista de las calificaciones de los estudiantes;

IX a XV. ...

Transitorios

Primero.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y subsecuentes, se destinarán los recursos suficientes para el cumplimiento del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Miguel Alonso Raya, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Roberto López Canales, Fernando Cuéllar Reyes, Trinidad Morales Vargas, Eva Diego Cruz, José Luis Muñoz Soria, José Antonio León Mendívil, Aleida Alavez Ruiz, María de Lourdes Amaya Reyes, Karen Quiroga Anguiano, Carlos Augusto Morales López, Mario Rafael Méndez Martínez, Israel Moreno Rivera, Claudia Elena Águila Torres, Arturo Cruz Ramírez, Julio César Moreno Rivera, Jhonatan Jardines Fraire (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PROTECCION Y APOYO DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura:Con su venia, señor diputado presidente. Esta ley es para todas las mamás jefas de familia, independientemente de su estado civil en el que se encuentren.

En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Inegi, 25 de cada 100 hogares mexicanos tienen como principal sustento a la mujer; es decir, son jefas de familia cerca de siete millones de mujeres mexicanas. De esta población, el 59 por ciento son asalariadas y el 41 por ciento trabajan por su cuenta.

En ese rincón de abandono institucional viven o sobreviven miles de familias, donde las mujeres deben dividirse para ser proveedor y hacer pie de casa para sus hijos; es la madre de familia la que suele hacerse responsable de una doble carga, que es muy difícil de sobrellevar, enfrentan solas las responsabilidades que implican sacar adelante a la familia.

En este bregar por la vida, muchas de ellas sufren con toda crudeza, no solo el hecho de ser marginadas, sino ser discriminadas por su situación socioeconómica y su condición de madres solas.

Ante la falta de ingresos económicos, los menores de edad se ven obligados a abandonar la escuela para ponerse a trabajar en lo que sea. Prueba de ello es que en el país casi cuatro millones de niñas y niños de entre 5 y 15 años de edad están en las calles, expuestos a caer en las drogas o en la delincuencia, tratando de ganar algunas monedas para ayudar al gasto familiar.

Los números no mienten, son fríos, de vez en cuando crueles, pero no se equivocan. Nos permiten anticipar el futuro, porque marcan tendencias sobre una situación en particular.

Tenemos una deuda con todas estas mujeres que contra viento y marea desafían toda clase de obstáculos, luchan por sus hijos con lo que tienen y como pueden, en condiciones verdaderamente paupérrimas.

En este ejercicio legislativo se pretende traer su voz para que su realidad sea: primero, conocida, después comprendida y finalmente, atendida.

Son mujeres que viven al día, la comida de su mesa depende de su trabajo diario; son mujeres que no tienen derecho a enfermarse, mucho menos a morir. Viven en estrés constante; llegan a su casa preocupadas, cansadas, pero orgullosas del deber cumplido; su presencia, su trabajo y sus cuidados, aunque precarios, básicos e insuficientes, son la única esperanza de vida para sus hijos, que no tienen a nadie más, quien vea por ellos.

Tenemos que proponer las instituciones legales y administrativas que —cuando menos— alivien la situación de estas mujeres y sus hijos, que no tienen la fuerza de opinión pública para hacerse escuchar por ellas mismas; una legislación compensatoria; una norma social y humanitaria, que significará aligerarles un poco la carga.

Las madres jefas de familia tienen un 70 por ciento más de riesgo de morir prematuramente, en comparación con las que tienen pareja. Además, son en mayor medida las que tienen un nivel de educación más bajo y están empleadas en trabajos manuales de baja remuneración.

Estas mujeres suman, restan y calculan todo el día la mejor fórmula para cumplir con el papel de madre y de trabajadora. Muchas veces se ven en la necesidad de optar por trabajos con menores ingresos que les permitan asegurar un ingreso mensual estable o que les permita pasar más tiempo con sus hijos.

Son madres mexicanas que merecen ser tomadas en cuenta por la sociedad a la que pertenecen. Ése es un problema social que existe y que no se puede tapar el sol con un dedo. Forman parte de una estadística que nadie quiere ver. Con su abandono, la sociedad estará firmando una sentencia, que condenará a sus hijos a una vida de marginación, enfermedad y violencia.

Estos niños, de madres de jefas de familia, algún día serán el futuro de México; en sus ojos, en su mirada está en parte el porvenir de nuestro país. Dicen que cuesta caro meter dinero público en su apoyo, les aseguro que cuesta más ignorarlos que apoyarlos.

Presento esta iniciativa de Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias a nombre de las mujeres que necesitan apoyo para ellas y sus hijos; que están solas y se sienten solas, que nada les dice tener un gobierno de instituciones y leyes que respetar.

Sabemos que la pobreza supera el recurso, los dineros de los que dispone el Estado son limitados, por lo que estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica y que la ayuda se distribuya hasta que sus hijos alcancen una edad de 18 años.

En nuestro país es muy difícil ser mujer; ser mujer cabeza de familia es doblemente difícil; ser mujer cabeza de familia desempleada es tres veces más difícil, pero ser mujer cabeza de familia desempleada, en medio de una severa crisis económica, es verdaderamente terrible.

Mientras no volteemos la mirada hacia esas mujeres pobres, mientras no sepamos cómo viven y subsisten, las políticas de género quedan simplemente en el discurso.

Ya no se puede ser indiferente, las madres jefas de familia han sido marginadas por la sociedad, no han tenido el respaldo debido conforme a su situación, que es diferente a la de una pareja, y esta ley entra en su auxilio, obliga a que se le proporcionen apoyos para que no tengan tantas dificultades.

Este ordenamiento exigirá de las finanzas públicas un extraordinario esfuerzo de austeridad, a fin de dejar un guardadito para lidiar un poco la carga de las madres jefas de familia a cambio de que ellas se aseguren de llevar a sus hijos e hijas a la escuela y hagan el mayor de sus esfuerzos para que se mantengan como alumnos regulares.

Que quede claro, no son los derechos de los adultos los que se pretenden proteger, sino el de las niñas y los niños que viven en el precario amparo de su madre sola.

En los derechos de esta ley se busca preferentemente que las madres jefas de familia y sus hijos tengan la atención médica y psicológica gratuita, derecho a educación básica, a becas y programas educativos, a los programas de asistencia social, gozar de acceso a oportunidades de trabajo y a programas de capacitación, para que puedan tener un ingreso económico propio.

Propongo crear un Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia como un órgano honorífico cuyo objetivo sea la elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos e hijas.

Las mujeres tienen menores salarios que los hombres, pese a que realizan los mismos trabajos. Según el Inegi, los trabajadores hombres ganan en promedio 2.5 salarios mínimos; en contraste, las trabajadoras mujeres perciben en promedio 1.9 salarios mínimos, lo cual denota que existe la idea de que las mujeres valen menos que los hombres.

Debemos apostarle a la aplicación de programas a favor de las mujeres. He aprendido que la política es servicio, el gobierno se debe ejercer para beneficio de la gente; los invito a que den su apoyo a este proyecto, es un ordenamiento de profundo sentido social y de aplicación práctica en beneficio de las madres jefes de familia, que reclaman de su gobierno la atención que merecen.

Logremos la solidaridad y comprensión para sacar adelante un instrumento que abra la puerta al apoyo económico, educativo y social, a las mujeres que tienen la dicha de ser madres, pero cargan con la pesada losa de la marginación social. Por su atención, muchas gracias.

Ruego, señor diputado presidente, se transcriba íntegramente el contenido de dicha iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rocío Corona Nakamura, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa que crea  la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias, para lo cual expresa la siguiente

Exposición de Motivos

En una democracia representativa como la nuestra se deben escuchar todas las voces de la sociedad, por ello no es infrecuente que en las asambleas de gobierno se hable a favor de los sectores que presionan a favor de sus legítimos intereses, sin embargo, con la misma frecuencia es común que se levante un muro de silencio e indiferencia en torno a las necesidades y legítimos reclamos de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables de nuestra comunidad.

Puede ser una indiferencia que nada tenga que ver con la intención del gobernante, porque en el mayor de los casos la ignorancia de nuestra realidad es una venda que no permite ver las desesperantes condiciones en que viven muchas familias.

La iniciativa denominada Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias que hoy presento va dirigida a las madres solteras, y a las madres que por separación, viudez, divorcio, abandono, o cualquier otro motivo, asumen en soledad las responsabilidades inherentes al sustento de sus hijos y siendo así la única fuente de ingresos de la familia.

Son mujeres que cubren el rol de padre y madre. En ese rincón de abandono institucional viven –o sobreviven– miles de familias, donde las mujeres deben dividirse para ser proveedor y hacer pie de casa para sus hijos.

En estas familias, los hijos e hijas no tienen las ventajas de contar con un padre y madre que vean por el futuro de su progenie. Son familias mono parentales en las que la carga de la manutención de los hijos recae en una jefa o jefe de familia.

Las mujeres se ven solas en el camino, con el rechazo de su pareja y sin recursos para salir adelante, por lo que es necesario que el Estado les brinde una opción para hacer frente a sus dificultades.

Enfrentan solas las responsabilidades que implica sacar adelante a la familia, en este bregar por la vida, muchas de ellas sufren con toda crudeza, no sólo el hecho de ser marginadas, sino el ser discriminadas por su situación socioeconómica y su condición de madres solas.

Cargan una losa muy pesada sobre sus espaldas.

El Estado y la sociedad tienen, sin duda alguna, una deuda con todas estas mujeres que, contra viento y marea, desafían toda clase de obstáculos, luchan por sus hijos con lo que tienen y como pueden.

Es urgente legislar a favor de este grupo de mujeres que junto con sus hijos son sumamente vulnerables.

Aunque por familia monoparental se entiende aquellas en donde solo el padre o madre se hacen cargo de sus hijos, independientemente del estado civil que guarden, en esta acción pondremos atención en una madre jefa de familia de bajos recursos económicos. Aunque también el problema de los padres jefes de familia es grave, es menor al de las mujeres en cuanto que los padres solos, suelen encontrar en sus propias madres o hermanas el apoyo para la atención de sus hijos, lo que no suele suceder con las madres jefas de familia. Es decir, se legisla la hipótesis común confiando en que con ello se atiende a la población objetivo víctima de esta problemática y más numerosa.

Respecto a las familias monoparentales de ingresos medios o altos, éstas encuentran más fácilmente en las instituciones privadas los elementos compensatorios de su situación (guarderías, servidumbre, médicos, nutriólogos, colegios de tiempo completo, etcétera). Luego, es la madre jefa de familia de escasos recursos económicos la que suele hacerse responsable de una doble carga que es muy difícil de sobrellevar.

Ante la falta de ingresos económicos, los menores de edad se ven obligados a abandonar la escuela para ponerse a trabajar en lo que sea. Prueba de ello, es que en el país, casi cuatro millones de niñas y niños de entre cinco y 15 años de edad están en las calles expuestos a caer en las drogas o la delincuencia- tratando de ganar algunas monedas para ayudar al gasto familiar.

En México, de acuerdo con Censo de Población y en la educaciónVivienda del Inegi, 25 de cada 100 hogares mexicanos, tiene como principal sustento a la mujer.

De esta población (según la misma fuente) el 59 por ciento son asalariadas y el 41 por ciento trabajan por su cuenta.

Los números no mienten. Son fríos. De vez en cuando crueles. Pero no se equivocan. Nos permiten anticipar el futuro, porque marcan tendencias sobre una situación en particular.

En este ejercicio legislativo se pretende traer su voz (la de las mujeres Jefas de familia) para que su realidad sea, primero conocida, después comprendida y finalmente atendida.

Son mujeres que viven al día, que no tienen derecho a enfermarse, mucho menos a morir.

Su presencia, su trabajo y sus cuidados, aunque precarios, básicos e insuficientes, son la única esperanza de vida para sus hijos, que no tienen a nadie más que vea por ellos.

Como representante popular, y como mujer mexicana, asumo la responsabilidad de proponer las medidas legales y administrativas que cuando menos alivien la situación de estas mujeres y sus hijos, que no tienen la fuerza de opinión pública u organización para hacerse escuchar por ellas mismas.

Las madres jefas de familia no sólo tienen que enfrentarse a desventajas sociales y económicas, sino que, además, los niveles de estrés que soportan son tan elevados que poseen un riesgo mucho más alto de fallecer prematuramente que aquéllas que también tienen hijos, pero viven en pareja. Esta es la conclusión a la que llegó Gunilla Ringbäck Weitoft, del Centro de Epidemiología, en el National Board of Health and Welfare de Estocolmo (Suecia), y su equipo (también del Departamento de Salud Pública y de Medicina Clínica en la Universidad Umea), publicados en la revista The Lancet. Además, según ese estudio, las madres jefas de familia son, en mayor medida, las que tienen un nivel de educación más bajo y están empleadas en trabajos manuales de baja remuneración. En cuanto al padecimiento de una enfermedad psiquiátrica, el trabajo revela que las mujeres con hijos y solas tienen también más probabilidades de poseer un diagnóstico de enfermedad psíquica que las que viven en compañía. «Para las madres que llevan mucho tiempo solas, la admisión en un hospital puede ser el resultado del estrés que causa su situación», insisten Ringbäck y su equipo.

La jornada de una madre jefa de familia inicia a las seis de la mañana, o antes; sale del trabajo a las cuatro de la tarde, llega a su casa a las seis de la tarde y empieza la segunda jornada: abraza a sus hijos, les ayuda a la tarea, hace el quehacer de la casa, lava ropa, baña a los niños, hace la cena, prende la tele... y se queda dormida. Ese es el día a día de mujeres mexicanas que no encuentran soporte institucional y, con ello, se violan instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.

Es particularmente revelador la omisión del Estado Mexicano en perjuicio de las mujeres Jefas de familia, respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, la cual en su artículo 3, expresamente señala que:

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Luego, es menester que se tomen dichas medidas legislativas para garantizar al sector más vulnerable de las mujeres mexicanas, particularmente, su desarrollo  social, económico y cultural.

Estas mujeres, suman, restan y calculan todo el día la mejor fórmula para cumplir con sus roles de madres y de trabajadoras, en donde a veces se ven en la necesidad de optar por trabajos con menores ingresos, que les permitan asegurar un ingreso mensual estable.

Son madres que merecen ser tomadas en cuenta por la sociedad a la que pertenecen. Es un problema social que existe y no se puede tapar el sol con un dedo.

De seguir el abandono a las familias monoparentales encabezadas por madres jefas de familia pobres, la sociedad estará firmando una sentencia que condenará a sus hijos a una vida de marginación, enfermedad y violencia.

La falta de valores que hoy acusa nuestra sociedad, también es resultado de este fenómeno: a falta de un padre, la ausencia de una madre que sale a trabajar, ha propiciado, precisamente, la ausencia de valores en el hogar... llega tan cansada que quien se los inculca a sus hijos.

Estos niños, que el día de mañana serán el futuro de México.

Cuesta más ignorarlos que apoyarlos. Sabemos que la pobreza supera el recurso.

Los dineros de los que dispone el Estado mexicano son limitados, por lo que estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica, dirigiendo el gasto a las madres jefas de familia que perciban 2.5 salarios mínimos o menos y que la ayuda se distribuya hasta que sus hijos alcancen una edad de 18 años.

Esta ley por sí sola no va a resolver una situación económica que tiene profundas raíces económicas, políticas y sociales. Este ordenamiento solo tiene un sentido remedial y compensatorio, por lo que es muy importante que los problemas de pobreza que afectan a la población sean atendidos a profundidad por el gobierno, la iniciativa privada y demás sectores sociales que no son del todo ajenos a la causa fundamental de la precariedad en que viven tantas familias.

Presento esta iniciativa de Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias, a nombre de las mujeres que necesitan apoyo para ellas y sus hijos.

En nuestro país ser mujer es difícil. Ser mujer cabeza de familia es doblemente difícil. Ser mujer cabeza de familia desempleada es tres veces más difícil; pero ser mujer cabeza de familia desempleada en medio de una severa crisis económica es verdaderamente terrible.

Mientras no vayamos a esas mujeres pobres, cómo viven y lo veamos, las políticas de género quedan en el discurso.

En los derechos de esta ley se busca preferentemente que las madres jefas de familia y sus hijos tengan la atención médica y psicológica gratuita, derecho a educación básica, a becas y programas educativos, a los programas de asistencia social, gozar de acceso a oportunidades de trabajo y a programas de capacitación para que puedan tener un ingreso económico propio.

Proponemos crear un consejo nacional para la protección de las madres jefas de familia como un órgano honorífico y cuyo objetivo sea la elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos e hijas.

Aun persiste la discriminación de las mujeres en el país, y aunque se ha tratado de cambiar algunas de las políticas públicas, todavía falta mucho por hacer.

Las mujeres tienen menores salarios que los hombres, pese a que realizan los mismos trabajos

Debemos apostarle a la aplicación de programas a favor de las mujeres. Si la familia es la célula de la sociedad, las mujeres solas son cimiento y columnas de esas familias en donde los hijos dependen de toda su inteligencia, energía, valores y entusiasmo.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias

Único. Se crea laLey General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias, para quedar de la siguiente manera:

Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1o.La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en la aplicación de políticas públicas para el apoyo y protección a las madres jefas de familia.

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

Artículo 2o.La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y reglamentarias para garantizar el apoyo y protección a las madres jefas de familia y tomarán las medidas presupuestales y administrativas necesarias para ese fin.

Artículo 3o.Las medidas que se deriven de la presente ley serán transitorias y propenderán al desarrollo integral de  las madres jefas de familia y sus hijos.

Artículo 4o.Para efectos de esta ley se entiende por madre jefa de familia la mujer que tenga bajo su responsabilidad la manutención de sus hijos menores de edad, sin el apoyo económico de su cónyuge, concubinario, ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar.

Artículo 5o.Todas las madres jefas de familias tienen derecho a integrarse al sistema económico, de salud, social, laboral, educativo, financiero, recreativo y tecnológico del país.

Artículo 6o.Son principios rectores de la presente ley:

I. La igualdad  de oportunidades para las madres jefas de familias;

II. El bienestar físico y mental de las madres y sus dependientes económicos;

III. La integración de las madres jefas de familia a la vida económica y social, sin discriminación; y

IV. Las políticas públicas permanentes de naturaleza compensatoria para contrarrestar la vulnerabilidad económica y social de las Madres Jefas de Familia.

Capítulo IIDe los Derechos de las Madres Jefas de Familia

Artículo 7o.La federación, estados, el gobierno del Distrito Federal y los municipios, a través de sus dependencias deberán garantizar a las madres jefas de familia acceso a los siguientes servicios:

I. Atención médica y psicológica gratuita, cuando no cuenten con servicios de seguridad social, a cargo de las instituciones públicas de salud.

II. Educación básica de conformidad con los programas que al efecto se establezcan por la autoridad competente;

III. Acceso a becas educativas en las instituciones públicas de educación técnica, media superior y superior;

IV. Acceso a los programas de asistencia social;

V. Trabajo digno en el sector público o privado, de manera preferente en igualdad de circunstancias; a la capacitación para el autoempleo y recibir orientación profesional para conciliar sus actividades laborales con la vida familiar;

VI. Recibir asesoría técnica y financiamiento para la realización de proyectos productivos afines con su condición familiar;

VII. Ser sujetas de incentivos fiscales en términos de la materia;

VIII. El acceso preferencial a los programas de vivienda que desarrollen la Federación, los gobiernos del estado, el Distrito Federal  y municipios;

IX. A que sus hijos menores de edad accedan de manera preferencial a los apoyos y servicios de atención médica y psicológica gratuita; recibir educación básica; servicio de guarderías; y el acceso a becas educativas;

X. A recibir una ayuda económica mensual en los términos de la presente ley; y

XI. A disfrutar plenamente de los derechos consignados en esta ley y en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 8o.Los municipios de conformidad a su capacidad presupuestaria coadyuvarán en el apoyo y protección a las madres jefas de familia, reconociendo su derecho preferencial de acceso a los programas sociales municipales.

Artículo 9o.Son condiciones de vulnerabilidad de las madres jefas de familia, las siguientes:

I. Asumir la responsabilidad de la manutención de sus hijos e hijas, en forma única y total;

II. La minoría de edad de sus dependientes económicos; y

III. Obtener un promedio de ingreso diario de hasta 2.5 veces del salario mínimo general vigente en el área geográfica de aplicación, o cuando no perciban ingresos y acrediten que están buscando trabajo.

Capítulo IIIDel apoyo económico institucional

Artículo 10. Las madres jefas de familia tendrán derecho a recibir una ayuda económica mensual equivalente a 15 días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación.

La federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social suscribirá convenios de coordinación con los estados, municipios y el Distrito Federal para la incorporación de programas de ayuda económica para las madres jefas de familia,  con esquemas financieros y administrativos de participación proporcional o colaboración.

Artículo 11.Las madres jefas de familia deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos para tener derecho a la ayuda económica mensual y a los programas a que se refiere esta ley:

I. Ser mexicana;

II. Acreditar que tienen hijos menores de edad y que dependen económicamente de ella;

III. No tener cónyuge o concubino al momento de solicitar el apoyo económico, ni tenerlo durante el tiempo en que los reciba;

IV. Acreditar que sus hijos menores de edad sean alumnos regulares en un sistema educativo, cuando éstos tengan cinco años en adelante;

V. Que el ingreso que perciba por día no sea mayor a 2.5 salarios mínimos generales diarios vigentes en el área geográfica donde se encuentre domiciliada, como máximo, incluyendo cualquier ingreso familiar por derechos alimentarios o  que no perciba ingresos y acredite que está buscando trabajo; y

VI. Los demás que prevean expresamente las disposiciones reglamentarias.

Artículo 12. Las madres jefas de familia deberán informar mensualmente a la institución que les corresponda, lo siguiente:

I. La aplicación y destino de la ayuda económica mensual;

II. El avance escolar de sus hijos menores de edad como alumnos regulares, cuando así proceda;

III. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 13. El incumplimiento por parte de las madres jefas de familia de los requisitos u obligaciones a que se refiere este capítulo, dará lugar a la negativa o suspensión de la ayuda económica mensual, según sea el caso.

Artículo 14.El derecho a la ayuda económica mensual, a que se refiere esta ley, termina:

I. Cuando los hijos menores de edad de la madre jefa de familia adquieran la mayoría de edad;

II. Por destinar la ayuda económica a fines distintos a proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad;

III. Cuando la madre jefa de familia contraiga matrimonio o se una en concubinato;

IV. Cuando la madre jefa de familia reciba ingresos propios diarios superiores al equivalente a 2.5 salarios mínimos vigentes en el área geográfica de aplicación; y

V. Cuando la madre jefa de familia reciba apoyo económico de otro programa federal, estatal o municipal que rebase el ingreso señalado en la presente ley.

Artículo 15.Para el otorgamiento de la ayuda económica mensual a madres jefas de familia, el Consejo deberá llevar un registro y control de beneficiarias.

El padrón que se levante para los efectos del párrafo anterior, será público y se integrará con expedientes individuales de las beneficiarias. La información personal será reservada en los términos de la ley.

Capítulo IVDe las Acciones Gubernamentales

Artículo 16.A través de los convenios de coordinación que se suscriban en base a la presente ley, se podrán promover e implementar políticas públicas y programas de apoyo, en materia de formación educativa, de capacitación, de asesoría técnica y jurídica, de apoyo y financiamiento de proyectos productivos y de autoempleo, de servicios de salud, guardería y asistencia social y demás acciones en beneficio de las madres jefas de familia y sus hijos menores de edad.

Artículo 17.Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, si es el caso,  brindarán asesoría a las madres jefas de familia, sobre los programas de apoyo a las mismas que implementen en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 18.Las dependencias y entidades públicas que atiendan  la problemática materia de la presente ley, podrán celebrar convenios de concertación con el sector privado, con el propósito de implementar acciones de apoyo a madres jefas de familia, entre las cuales se incluyan descuentos en los productos o servicios que las empresas ofrezcan al público.

Artículo 19.La Secretaría de Desarrollo Social y las instituciones homologas de los estados, del Distrito Federal, y de los municipios serán las encargadas de operar, coordinar y ejecutar los programas de apoyo a favor de las madres jefas de familia.

Artículo 20.Para el acceso a los programas que deriven de la aplicación de la presente ley se deberá llevar a cabo un estudio socioeconómico a las madres jefas de familia para acreditar su situación de vulnerabilidad socioeconómica y valorar su calificación como beneficiarias.

Capítulo VDel Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia

Artículo 21.Se crea el Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia como un órgano público auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Social con funciones técnicas, de gestión y de consulta.

El Consejo será honorífico y su objeto es la elaboración de propuestas, programas políticas públicas y acciones en materia de protección a las madres jefas de familia, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos.

La estructura administrativa necesaria para el funcionamiento del Consejo será financiada conforma a lo establecido en su reglamento.

Artículo 22.El Consejo Nacional estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Un Secretario Técnico, que será el  Titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

III. Los gobernadores de los estados; y

IV. Dos vocales mujeres que serán designadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta de organizaciones ciudadanas cuyas líneas de acción estén relacionado con el tema materia de esta ley.

Todos los miembros del Consejo tendrán derecho a voz y voto.

Los integrantes del Consejo designarán a sus respectivos suplentes, quienes tendrán las mismas facultades del titular en ausencia de éste.

Artículo 23.El Consejo Nacional, a través de la Secretaría Técnica, podrá invitar a las sesiones del mismo, a representantes de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, del Distrito Federal, estatal y federal cuando los asuntos a tratar en las sesiones se relacionen con la materia en su competencia, así como a integrantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres legalmente constituidos, que por sus conocimientos y experiencias contribuyan a la realización del objeto del Consejo Estatal, quienes en todo caso, participarán únicamente con voz.

Artículo 24.El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones:

I. Diseñar políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las madres jefas de familia y proponerlas a las dependencias públicas encargadas de su aprobación y ejecución;

II. Participar en la evaluación de programas para las madres jefas de familia; así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los lineamientos y mecanismos para su ejecución;

III. Proponer alternativas para mejorar los servicios públicos que reciban las madres jefas de familia;

IV. Proponer la creación de fundaciones, asociaciones e instituciones privadas que tengan por objeto la protección y atención de las madres jefas de familia;

V. Recibir y canalizar a las instituciones competentes las quejas y sugerencias sobre la atención que éstas brinden a las madres jefas de familia;

VI. Elaborar, conservar y actualizar la relación de mujeres madres jefas de familia que sean beneficiadas;

VII. Determinar la institución pública que deberá recibir los informes a que se refiere el artículo 12 de esta Ley;

VIII. Proponer los términos de los convenios de coordinación y colaboración que se suscriban al tenor de la presente ley entre la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal;

IX. Promover entre las universidades públicas y privadas la realización de investigaciones sobre las madres jefas de familia y sus hijos menores de edad, sobre la evaluación e impacto de las políticas y acciones que esta ley genere y sobre las causa y posibles soluciones de este fenómeno social;

X. Las demás señaladas en esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 25.Corresponde a la presidencia del Consejo Nacional:

I. Presidir las reuniones del Consejo Nacional;

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones;

IV. Proponer las políticas necesarias para mejorar la operación del Consejo Nacional;

V. Someter a consideración del Consejo Nacional los estudios, propuestas y opiniones que se emitan en el seno del mismo; y

VI. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Artículo 26.Corresponde  al Secretario Técnico del Consejo Nacional:

I. Proponer la orden del día y levantar acta de los acuerdos tomados;

II. Dar seguimientos a los acuerdos;

III. Ejecutar las instrucciones que el propio Consejo le dé;

IV. Conservar, administrar y actualizar el archivo del Consejo;

V. Elaborar y proponer los convenios necesarios para el cumplimiento de los fines de esta ley;

VI. Vigilar el buen funcionamiento del Consejo de conformidad al Reglamento de esta Ley;

VII. Las demás que señale la Ley su Reglamento.

Artículo 27.Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la presente Ley, que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios señalados en esta ley, serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 28.Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente Ley, deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento de los apoyos a las Madres Jefas de Familias, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Ejecutivo federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero.El Consejo Nacional a que se refiere esta ley, se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto.El Reglamento del Consejo deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto.Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados, municipios y Distrito Federal, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma.

Artículo Sexto.En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados y Asamblea de Representantes del Distrito Federal, promoverán las reformas necesarias para la consecución de los fines de la presente ley, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

México, DF, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará, la iniciativa quedará insertada íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Les damos la más cordial bienvenida un grupo de alumnos de la Federación Nacional Estudiantil Revolucionaria Rafael Ramírez, que están aquí presenciando la sesión, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos a la licenciada Martha Silvia Soto Amador, directora general del Instituto Municipal del Deporte y Recreación (Inmudere), de Ensenada, Baja California, que está aquí invitada por los diputados David Pérez Tejada Padilla y Gilberto Antonio Hirata Chico. Bienvenida.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción  Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 108 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Le pido inserte el texto íntegro de la iniciativa al Diario de los Debates.

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Compañeros diputados y diputadas, me presento ante esta alta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones legales para considerar a la figura de signos externos de riqueza, como un elemento que ayudara a combatir el fraude fiscal, pero más el de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

La fracción IV del artículo 31 de nuestra Norma Fundamental, establece como una obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal, del estado o del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Con esta iniciativa podemos reforzar la prevención, vigilancia y sanción de aquellos actos contrarios a la normatividad fiscal que pueda comprobar la comisión de actividades delictivas, revisando el marco legal que rige las infracciones y los delitos fiscales cuando éstos son cometidos por servidores públicos, como consecuencia de actos de corrupción derivados de su función.

La figura de signos externos de riqueza está constituida por todos aquellos bienes muebles o inmuebles que usa y disfruta una persona cuyo valor excede a los ingresos que declara percibir. Derivado de ello, las autoridades fiscales pueden realizar acciones de control que permitan verificar la existencia de ingresos que no hayan sido declarados y en el caso de los servidores públicos, además, bienes que omitan en su declaración patrimonial que obligatoriamente tienen que presentar en la instancia correspondiente de gobierno.

De esta manera, a efecto de contribuir en la vertiente de prevención del fraude fiscal, se propone reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria para establecer la obligación de que ésta elabore y haga público, de manera anual, un programa de mejora continua que establezca metas específicas para recabar información sobre actividades de los contribuyentes, que ponga en relieve ingresos no declarados o signos externos que no corresponden con lo declarado.

En esta iniciativa se propone establecer en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que cuando existan signos externos de riqueza o datos que aporten indicios claros y suficientes que el patrimonio de un servidor público es superior a los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría deberá iniciar investigaciones y auditorias, con el auxilio del citado órgano tributario para verificar la evolución del patrimonio del servidor público, citándolo para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Para tal efecto, la Secretaría podrá realizar investigaciones con el auxilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes muebles o inmuebles del servidor público implicado o de los que disfrute, cuya propiedad sea atribuida a un pariente consanguíneo o testaferro cuya principal fuente de riqueza provenga de actividades relacionadas con el citado servidor público o de recursos que no puede acreditar su origen lícito.

Por último, se pretende reforzar el marco aplicable del fraude fiscal proponiendo en el Código Fiscal de la Federación, como una causal más para que sea grave la defraudación fiscal, el acto de manifestar datos falsos respecto a los ingresos obtenidos cuando esto sea determinado por sus signos externos de riqueza. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 108 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, con carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; y se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La fracción IV del artículo 31 de nuestra norma fundamental establece como una obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

En el ámbito federal, con el transcurso del tiempo, las autoridades fiscales han realizado grandes esfuerzos para generar en los ciudadanos que se ubiquen en los supuestos legales de declarar sus impuestos, una actitud responsable en el cumplimiento de dicha obligación de manera oportuna y voluntaria, y son también los servidores públicos quienes deben poner el ejemplo.

De esta manera, se considera importante que el Sistema de Administración Tributaria, continúe con su labor de generar y reforzar la cultura fiscal a través de acciones educativas y formativas en valores, que se manifiesten en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.

Estamos ciertos que para que el ciudadano pueda cumplir con dicha obligación, y que la misma se vea reflejada en la mejora de los servicios públicos en los que se debe de aplicar dichos recursos en atención al principio de gasto público que rige a la facultad recaudatoria del estado, éstos impuestos deben de atender además a los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad, además de que el contribuyente cuenta con los derechos que a su favor se prevén en el Código Fiscal Federal, así como en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

Sin embargo, desde éste Congreso de la Unión debemos vigilar que los principios que rigen la facultad recaudatoria del Estado sean debidamente aplicados.

Por una parte, podemos lograrlo propiciando que los principios de equidad y proporcionalidad correspondan a la situación particular del ciudadano. Es decir, que los gravámenes que se impongan se fijen de acuerdo a la capacidad económica de la persona de que se trate, y que todos los ciudadanos reciban el mismo trato que quienes se ubican en la misma o similar situación.

Por otra parte, podemos reforzar la prevención, vigilancia y sanción de aquellos actos de los ciudadanos, que sean contrarios a la normativa fiscal y que puedan comprobar la comisión de actividades delictivas, y más aún, de aquellos que cuentan con el carácter de servidores públicos, revisando el marco legal que rige las infracciones y delitos en que puedan incurrir al omitir sus obligaciones fiscales como consecuencia de actos de corrupción derivados de su función.

Es precisamente en este punto en el que se enfoca la presente iniciativa.

Con la finalidad de fortalecer la legislación vigente aplicable a la comprobación e investigación del fraude fiscal, a cargo de las autoridades fiscales mexicanas, se considera que la figura de “signos externos de riqueza” podría coadyuvar significativamente a alcanzar tal propósito, especialmente cuando se trata de servidores públicos, quienes representan el interés público de la Nación y tienen el manejo de los recursos públicos.

La figura de “signos externos de riqueza” consiste en todos aquellos bienes muebles e inmuebles que usa y disfruta una persona, y cuyo valor excede a los ingresos que declara percibir. Derivado de ello, las autoridades fiscales pueden realizar acciones de control que permitan verificar la existencia de ingresos que no hayan sido declarados y en el caso de los servidores públicos, bienes que omita en su declaración patrimonial que obligatoriamente tiene que presentar en la instancia correspondiente de gobierno.

Es decir, la presente propuesta va encaminada a ayudar a que la autoridad fiscal pueda comprobar la existencia de ingresos no declarados, mediante la existencia de signos de riqueza ostentados por un contribuyente y acreditar, además, que la titularidad de bienes de alto valor realmente son propiedad de las personas físicas que los utilizan.

Por ello, a efecto de contribuir en la vertiente de prevención del fraude fiscal, se propone reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para establecer la obligación de que ésta elabore y haga público de manera anual un programa de mejora continua que establezca metas específicas para recabar información sobre actividades de los contribuyentes que ponga de relieve ingresos no declarados o signos externos de riqueza que no se correspondan con lo declarado.

En el caso específico de servidores públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece la obligación de que éstos realicen declaraciones de situación patrimonial y faculta a la Secretaría de la Función Pública a realizar auditorías cuando existan elementos o datos que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, sin embargo, no hace referencia a que éstos ingresos lícitos deben ser declarados, ni tampoco clarifica lo que debe entenderse por elementos o datos suficientes, con lo cual, se desvirtúa la posibilidad de que un servidor público pueda hacer frente a un proceso de fraude fiscal.

Por tanto, consideramos que sería un gran avance el establecer claramente en el texto de la mencionada Ley la figura de signos externos de riqueza para complementar la referencia actual de “datos” de que habla el texto vigente, de manera que sea esta figura uno más de los elementos que servirían de referencia a la Secretaría para realizar una auditoría.

Cabe señalar que éste término no es nuevo, ya que algunos estados como Zacatecas, prevé en su Ley de Responsabilidades Administrativas la realización de auditorías por ostentación de riqueza, cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público.

Artículo 53

Auditorías por Ostentación de Riqueza

1. Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Auditoría Superior o la Contraloría podrán ordenar,  fundando y motivando  su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías.  Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, se tramitarán las solicitudes correspondientes.

2. Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquéllos consten, para que exponga lo que en derecho le convenga.

De igual manera, se pretende reforzar el marco aplicable al fraude fiscal, proponiendo en el Código Fiscal de la Federación, como una causal más para que sea grave la defraudación fiscal, el acto de manifestar datos falsos respecto de los ingresos obtenidos cuando esto sea determinado con signos externos de riqueza.

Estamos seguros que con la utilización de éste tipo de figuras contribuimos enormemente a prevenir, investigar y sancionar el fraude fiscal, además de que también puede ayudar a detectar y sancionar la realización de otras actividades que podrían ser constitutivas de algún delito.

Es por todo lo anterior, que someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; y se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación

Primero. Se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Articulo 41. Cuando existan signos externos de riqueza o datos que aporten indicios claros y suficientes que el patrimonio de un servidor público es superior a los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría, deberá iniciar investigaciones y auditorías con el auxilio del citado órgano tributario para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, citándolo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente.

Para tal efecto, la Secretaría podrá realizar investigaciones con el auxilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes muebles o inmuebles del servidor público implicado o de los que disfrute, cuya propiedad sea atribuida a un pariente consanguíneo o testaferro cuya principal fuente de riqueza provenga de actividades relacionadas con el citado servidor público, y/o de recursos que no pueda acreditar su origen licito.

Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

XII.  La obtención de los siguientes tipos de información:

a) Información sobre actividades empresariales que permita descubrir ingresos ocultos y garantizar un adecuado control sobre las rentas de los sujetos intervinientes en las operaciones económicas.

b) Información sobre actividades de los contribuyentes que ponga de relieve ingresos no declarados o signos externos de riqueza que no se correspondan con lo declarado.

c) Información sobre operaciones financieras para identificar titulares de activos que no declaran los ingresos o no adecuan la renta a las inversiones.

d) Información sobre rentas o patrimonios deslocalizadas en otros países.

...

Tercero. Se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 108...

...

...

...

...

...

...

a) a g)...

h) Manifestar datos falsos respecto a los ingresos obtenidos en el   ejercicio fiscal que corresponda, cuya falsedad se acreditará con los signos externos de riqueza que no correspondan con la declaración de ingresos realizada ante el Servicio de Administración Tributaria.

...

...

...

En el caso del inciso h), la pena impuesta se aumentará al doble tratándose de servidores públicos en funciones y hasta seis años de la separación del cargo.

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día y de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Julio César Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex y a diversas dependencias de la administración pública federal a emprender y a eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Causa pánico ordeña de gas, en Hidalgo; es la nota del periódico Reforma del día de hoy, y es que en recientes años hemos observado un fenómeno que ha ido en aumento y que afecta a todos los mexicanos: derrames y fugas de hidrocarburos que ocurren en instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que causan daños humanos, materiales, económicos, ecológicos.

Estos derrames y fugas son causados principalmente por dos problemas; por un lado, la falta de mantenimiento en la red nacional de ductos, es decir, válvulas, pozos, ductos, oleoductos, poliductos, oleogasoductos de Pemex, y por otro, la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas, que sirven para el robo de hidrocarburos.

De acuerdo al último reporte oficial visible en la página de Pemex, se han identificado y clausurado un total de 824 tomas clandestinas; en el año 2012, Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito, pues al mes de julio se contabilizaron 114 tomas clandestinas en esa entidad. Le siguieron Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León.

En el mismo sitio electrónico se informa que el robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos, y al cierre de junio del 2012 el volumen estimado del combustible sustraído ilícitamente, a través de tomas clandestinas, ascendió a un millón 841 mil 478 barriles, siendo 18 por ciento más que el calculado el año pasado.

Como se aprecia, a pesar del esfuerzo de esta paraestatal y de otras dependencias encargadas de la seguridad, no ha sido suficiente, ya que incluso esta situación —como se aprecia— ha ido en aumento. Lo anterior representa pérdidas económicas millonarias para todos los mexicanos.

Cada vez que roban combustible no solo están cometiendo un delito, también están poniendo en peligro la seguridad nacional al generar un mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex. Ejemplos de esto hay muchos.

Estos acontecimientos generan daños económicos a la paraestatal y a todos los mexicanos al ser Pemex propiedad de los mexicanos; la pérdida de esos hidrocarburos significa pérdida de recursos económicos, al no poder llegar estos combustibles al destino para el cual habitualmente son utilizados.

Cuando existen derrames o fugas, se impacta también negativamente el medio ambiente, deteriorándolo en perjuicio de generaciones presentes y futuras, ya que se pone en riesgo el desarrollo sustentable contemplado por la Organización de las Naciones Unidas en el programa 21 o Agenda 21, que instituye lineamientos para la conducción responsable de las naciones hacia un mejor futuro: calidad de vida y cuidado de los recursos naturales de nuestro planeta; es decir, debemos propiciar la satisfacción de necesidades presentes, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras.

Ahora bien, estos derrames y fugas de hidrocarburos, provocados por tomas clandestinas o por falta de mantenimiento, han ocasionado también pérdidas humanas y daños materiales, lo que es aún más grave.

Ejemplos de derrames que presentan este tipo de daños o pérdidas son: 19 de diciembre de 2010, explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla. Protección Civil Nacional lamentó las pérdidas humanas y materiales que se presentaron en al menos tres kilómetros a la redonda, donde también hubo daños ecológicos. También hubo pérdida económica, ya que Pemex tuvo que cubrir los gastos de limpieza, indemnizaciones correspondientes a los afectados y construcción de viviendas.

Otro ejemplo es el derrame de petróleo ocurrido hace un año en el municipio de Coatzacoalcos, en la zona conocida como El Polvorín, derivada también de otra toma clandestina, donde hubo daños en dos hectáreas, dañando cultivos, árboles, pero además el frente frío, sus vientos y lluvias del frente frío número 23 ocasionaron que el líquido y que el combustible derramado llegara hasta el río Coatzacoalcos, lo que afectó a más de mil pescadores y por supuesto, también, que ocasionó que se dañaran y hubiera pérdidas de especies que están en esa zona.

Veintidós de octubre —el día de ayer—, fuga en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, ocasionada también por otra fuga, otra toma clandestina.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad u objetivo proteger la integridad física de las personas que viven aledaños a la red nacional de ductos para evitar desastres ecológicos, proteger el patrimonio de todos los mexicanos, así como evitar gastos y pérdidas millonarias, haciendo las inversiones necesarias en seguridad y mantenimiento.

En mérito de lo anteriormente expuesto y además por el impacto humano, social, ecológico, material y económico, les solicito, compañeras y compañeros diputados, aprobar esta proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, de la siguiente manera —y con esto concluyo, presidente.

Por tratarse un asunto específico de interés nacional, se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal, que destinen labores de inteligencia, más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de ductos, principalmente en las zonas que se presenta mayoritariamente este ilícito.

Es cuanto, señor presidente. Solicito se plasme íntegro el contenido de este documento en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a diversas dependencias de la administración pública federal a emprender y hacer eficientes las labores preventivas sobre el robo de hidrocarburos, a cargo del diputado Julio César Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Julio César Lorenzini Rangel, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se incorpore al orden del día de la sesión por celebrarse el martes 23 de octubre de 2012 la presente proposición con punto de acuerdo, que someto a su consideración, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los recientes años hemos observado un fenómeno que ha ido en aumento y que afecta a todos los mexicanos: derrames de hidrocarburos que ocurren en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que causan daños humanos, ecológicos, materiales y económicos.

Estos derrames son causados principalmente por dos problemas: por un lado, la falta de mantenimiento en la red nacional de ductos, es decir, en válvulas, pozos, ductos, oleoductos, poliductos, oleogasoductos de Pemex; y por otro, por la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas que sirven para el robo de hidrocarburos.

Debemos reconocer que Pemex ha ejecutado proyectos y acciones en una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito del robo de hidrocarburos. Sin embargo, falta mucho por hacer para tener pleno control en los centros de trabajo y sobre esta red de ductos.

De acuerdo con el último reporte oficial visible en la página de Pemex, “se han identificado y clausurado 824 tomas clandestinas (TC).

En 2012, Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito, pues a julio se localizaron 114 TC en los ductos de Pemex Refinación que cruzan por el estado, las cuales representaron 11 por ciento del total. Le siguieron Sinaloa (90 TC), con 11 por ciento; Tamaulipas (83 TC), con 10 por ciento; y Sonora y Nuevo León, con 62 TC cada una de ellas (7 por ciento, respectivamente)”.

En el mismo sitio electrónico se informa: “El robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos. Al cierre de junio de 2012, el volumen estimado de combustible sustraído ilícitamente a través de tomas clandestinas (TC) ascendió a 1 millón 841 mil 478 barriles, siendo 18 por ciento mayor que el faltante calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1 millón 557 mil 569 barriles”.

Como se aprecia, el esfuerzo que con otras instituciones de seguridad ha realizado Pemex no es suficiente, pues incluso esta situación ha ido en aumento. Lo anterior representa pérdidas económicas millonarias para todos los mexicanos.

Cada vez que roban combustible, no sólo cometen un delito: también ponen en peligro la seguridad nacional, pues se genera mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.

Ejemplos de esto hay muchos:

• Derrame provocado por toma clandestina en el poliducto de 12 pulgadas Minatitlán-México, en el rancho La Jimena.

• Derrame provocado por toma clandestina descontrolada en el oleoducto de 24 pulgadas Poza Rica-Naranjos-Madero, en el rancho Los Quintana.

• Derrame provocado por toma clandestina en el poliducto de 12 pulgadas Chihuahua-Ciudad Juárez, en terreno despoblado.

• Dos derrames provocados por sendas tomas clandestinas instaladas en el poliducto de 12 pulgadas Madero-Cadereyta, en el tramo Zaragoza-Victoria del poblado San Francisco, perteneciente a Llera de Canales, Tamaulipas.

• Derrame provocado por toma clandestina en el poliducto de 10 pulgadas Satélite-Gómez Palacio, en General Cepeda, Coahuila.

• Derrame provocado por toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica.

• Derrame ocasionado por toma clandestina en el poliducto de ocho pulgadas Gómez Palacio-Chihuahua en terreno despoblado en Rosales, Chihuahua.

• Dos derrames ocasionados por tomas clandestinas en Sinaloa: en Paredones, Ahome; y en las inmediaciones del rancho Cacaraguas, en Culiacán.

En todos los casos, los técnicos especializados de la paraestatal suspendieron el bombeo de producto y eliminaron los aditamentos colocados de manera ilícita para realizar posteriormente los trabajos de recuperación del producto y la limpieza del área afectada.

Esos acontecimientos generan daños económicos a la paraestatal y a todos los mexicanos, pues Pemex es propiedad de la nación. La pérdida de los hidrocarburos significa también la de recursos económicos, pues esos combustibles no llegan al consumo para el que son destinados habitualmente.

Los derrames afectan el ambiente, lo deterioran, en perjuicio de generaciones presentes y futuras, pues se pone en riesgo el desarrollo sustentable acorde al diseño de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través de su Programa 21 o Agenda 21, que instituye lineamientos para la conducción responsable de las naciones hacia un mejor futuro, calidad de vida y cuidado de los recursos naturales del planeta. Es decir, debemos propiciar la satisfacción de las necesidades actuales sin poner en riesgo la de los requerimientos futuros.

Ahora bien, los derrames de hidrocarburos provocados por tomas clandestinas o por falta de mantenimiento han ocasionado también daños materiales y pérdidas humanas, lo cual es aún más grave.

Ejemplos de derrames que representan este tipo de daños o pérdidas:

• 19 de diciembre de 2010. Explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla. El Sistema Nacional de Protección Civil lamentó la pérdida de vidas humanas y materiales. Se contabilizaron fuertes daños ecológicos en al menos tres kilómetros a la redonda; ello se reflejó en una pérdida económica millonaria, pues se cubrieron gastos de limpieza e indemnizaciones correspondientes a los afectados y construcción de viviendas.

• Fuga de petróleo crudo en Coatzacoalcos, en la zona El Polvorín, derivada de una toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, donde hubo daños en dos hectáreas de árboles y cultivos. Sin embargo, las lluvias y los fuertes vientos del frente frío número 23 ocasionaron que el hidrocarburo se esparciera y llegara a las aguas del río Coatzacoalcos, donde hay contaminación de especies como pelícanos, gaviotas, garzas, serpientes, tortugas de caja e iguanas.

Pemex no retiró a tiempo el petróleo crudo derramado y al momento en que llegó el frente frío número 23 provocó que éste se extendiera al Golfo de México, llegando a las playas de Allende.

El problema afectó a mil pescadores en dicha zona, pues el crudo se encuentra esparcido, lo que generó un efecto ambiental negativo de grandes proporciones.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo proteger la integridad física de las personas que viven aledañas a la red nacional de ductos de Pemex, evitar desastres ecológicos, proteger el patrimonio de todos los mexicanos, y evitar gastos y pérdidas millonarios haciendo las inversiones necesarias en seguridad y mantenimiento.

Como representante de los intereses del pueblo, es importante que la Cámara de Diputados asuma una postura acerca de lo que sucede y que afecta a la paraestatal y –consecuentemente–a todos los mexicanos, lo que convierte este asunto específico en uno de interés nacional.

Para los efectos de la proposición, se citan los artículos 7 y 31, fracciones IX y XIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que confieren atribuciones directas a la Dirección General de Pemex para llevar a cabo toda acción contra quienes hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, así como para instaurar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por

I. Un consejo de administración; y

II. Un director general, nombrado por el Ejecutivo federal.

En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y el director general buscarán en todo momento la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad ambiental, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas, el ahorro y uso eficiente de la energía, la mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así convenga al país, el impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Artículo 31. En adición a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el director general de Petróleos Mexicanos tendrá las siguientes atribuciones:

...

IX. Ejercer, por sí o por conducto de quien se determine competente, las acciones procedentes en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios;

...

XIII. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

...

Como se observa en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos, la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex se ejerce en coordinación con las dependencias competentes de todos los órdenes de gobierno. De ahí que este exhorto se dirija no sólo a Pemex sino, también, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal para que se haga realidad la coordinación referida, y se coordinen labores de inteligencia con más recursos económicos y humanos para evitar robo, derrames y accidentes de hidrocarburos.

Igualmente, sirven de apoyo a este punto de acuerdo las atribuciones de la Secretaría de Energía en la conducción de la política energética del país, y específicamente por lo que toca a la seguridad en la industria petrolera.

Al respecto se cita la parte que corresponde del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia;

II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, y de minerales radiactivos, así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público;

...

XIX. Regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, así como supervisar su debido cumplimiento;

...

XXII. Ordenar que se realicen visitas de inspección a las instalaciones de los órganos, organismos y empresas del sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

Igualmente, se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal por las atribuciones naturales en materia de seguridad pública y prevención del delito que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que igualmente se coordinen en el combate del robo de hidrocarburos y tomas clandestinas, pues son delitos que afectan la seguridad nacional.

Por tanto, de acuerdo con las disposiciones del marco jurídico precitado, Pemex y diversas dependencias encargadas de brindar seguridad deben coordinar esfuerzos para dar mayor protección al patrimonio nacional, que en el caso específico que nos interesa es la red nacional de ductos de Pemex y de esa manera se disminuyan las pérdidas ocasionadas en diversos rubros por tomas clandestinas y derrames. Asimismo, a Pemex Refinación compete mejorar el mantenimiento de dichas instalaciones.

En mérito de lo expuesto y fundado, por el efecto humano, social, ecológico, material y económico, se solicita aprobar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Por tratarse de un asunto específico de interés nacional, se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal que destinen labores de inteligencia y más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para volver eficientes las labores de prevención del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de ductos, principalmente en las principales zonas donde se presentan este hecho ilícito y el derrame de hidrocarburos.

De igual forma, se exhorta a Pemex Refinación a resguardar y equipar con tecnología las válvulas que aún no se encuentran protegidas, y a realizar labores de mantenimiento en la red nacional de ductos en la forma necesaria y suficiente para garantizar seguridad y prevenir pérdidas humanas y materiales, así como desastres ecológicos.

Cámara de Diputados, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado. Insertamos el documento íntegro en el Diario de los Debates.

Ahora para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del resolutivo del presente punto de acuerdo en el que se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal prevenir el robo de hidrocarburos a través de la red nacional de ductos, para ello se solicita que estas dependencias utilicen de manera eficiente la tecnología para mejorar y emplear la supervisión y vigilancia de las instalaciones.

Consideramos de urgente u obvia resolución este punto, ya que la extracción ilícita de combustibles —según cifras de Pemex— deja pérdidas superiores a los 3 mil 500 millones de dólares anuales a la hacienda pública.

La Secretaría de Seguridad Pública federal señaló, en 2011, que fueron presentadas ante el Ministerio Público federal 268 denuncias relativas al robo de combustible, en tanto Pemex presentó 887 denuncias por tomas clandestinas. Eso nos refleja el grave problema al que nos estamos enfrentando. Consideramos que las autoridades competentes deben de actuar con rapidez y contundencia, usando los medios legales que estén a su alcance.

Desde el 3 de marzo de 2011, la Cámara de Diputados reformó los Códigos Penal Federal, de Procedimiento Penal, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar con hasta 18 años de cárcel por este delito.

Ante esta situación en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que se debe de atender con urgencia y eficacia este problema, planteando por parte de la paraestatal y de las autoridades correspondientes una estrategia de combate y erradicación de este delito.

De igual forma, consideramos que las labores de inteligencia para vigilar y supervisar las redes de ductos nacionales requieren de los recursos presupuestales necesarios para lograr este propósito, por lo que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza pugnará para que en el próximo Presupuesto de Egresos se establezcan los recursos necesarios para apoyar la lucha contra el robo de hidrocarburos en el país.

Compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que es nuestro deber velar por los derechos de los ciudadanos, eso incluye el cuidado de los recursos de una empresa de Estado, como es Pemex. Debemos de exigir al Ejecutivo federal que cumpla con esta obligación y nosotros actuar en el Presupuesto para atender con urgencia este gravísimo problema que tenemos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por tres minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Nuevamente muchas gracias, presidente. Con el permiso de la asamblea. Como todos nosotros sabemos, sin lugar a dudas el robo de combustible de las redes de distribución de Pemex es un grave problema —como ya se ha dicho en esta tribuna—, que afecta no solamente a la empresa, sino a la economía, a la economía de todo el país, pero que además también pone en riesgo la seguridad de los mexicanos que viven alrededor de las redes de distribución de la empresa.

Sin embargo, sería absurdo pensar que las afectaciones a las redes de distribución de Pemex se hacen con cincel y martillo, claramente se hacen éstas con un mínimo de tecnología que les permite romper la tubería, extraer el producto, con lo que se genera una pérdida patrimonial al Estado, como ya lo ha dicho el iniciador.

Esta actividad ilícita, sin embargo, compañeros diputados, ya está tipificada como delito, tanto en el Código Penal Federal como en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sí, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De manera complementaria, la tipificación como delito en el Código correspondiente, está considerada como un delito grave. Es pertinente tomar en cuenta y decir que el día de mañana estas reformas y su entrada en vigor cumplirían un año de haber sido aprobadas.

En consecuencia, resulta conveniente que esta soberanía se plantee, no solamente el análisis sobre la aplicación real de dichas reformas, sino cómo se ha atacado o no, o se ha contribuido con estas reformas a evitar el robo del combustible.

Coincidimos, con el autor de la proposición, que es impostergable la necesidad de que Pemex invierta más en el mantenimiento de la red nacional de ductos; sin embargo, no podemos soslayar que desafortunadamente el régimen fiscal que tiene el organismo descentralizado más importante del país le impide contar con los recursos suficientes para hacerlo.

En el PT coincidimos con la necesidad de que diferentes dependencias se coordinen para la supervisión de redes de distribución de Pemex, pero no solamente eso, es necesario que los técnicos que supervisan la red de distribución y los aparatos que detectan la baja presión del producto, en cuanto a la detección, informen inmediatamente a la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Reiteramos, el Poder Legislativo ya hizo lo propio, estamos esperando a ver qué hace la Procuraduría General de la República, que le corresponde investigar estos delitos y sobre todo, estamos esperando que el organismo haga una reinversión y un énfasis en el mantenimiento de los ductos.

Terminaría diciendo que —por estas consideraciones— el Grupo Parlamentario del PT apoya en los términos la proposición del iniciador, pero que también esperamos que en materia energética vayamos más allá a estar poniendo curitas y vayamos al fondo del asunto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su venia, compañero presidente. En las últimas administraciones el robo de hidrocarburos se ha multiplicado exponencialmente, como resultado creciente de la delincuencia organizada, asociada con la rampante corrupción e impunidad. Es toda una industria delictiva. Del 2008 al 2011, Pemex erogó alrededor de 105 millones de dólares en un sistema de seguridad para vigilar la red nacional de ductos y 244 millones 905 mil pesos en servicios de patrullaje.

Aún así, en 2011 la paraestatal reportó un crecimiento de esta actividad delictiva del 38 por ciento. Estas tendencias se han venido manteniendo año con año. Ha sido de tal magnitud este problema, que desde el Congreso se ha tratado de desactivar, con reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el robo de combustibles, mediante la llamada ordeña de ductos. Lleva implícita no solo la comisión de delitos graves que dañan el patrimonio estatal, sino también un grave riesgo ambiental y la afectación directa a las comunidades circundantes. Ayer ya daban cuenta aquí del caso de Tepeji del Río, en Hidalgo.

En consecuencia, resulta completamente pertinente hacer un llamado a Pemex, al gabinete de seguridad y a la Secretaría de Energía para que se destine mayor atención, recursos y también infraestructura en labores de inteligencia, con tecnología y con recursos humanos para ampliar esta supervisión y así prevenir este robo, que ha ido incrementándose exponencialmente.

Sin embargo, falta también exigir la responsabilidad directa de Pemex en este asunto, pues no debemos olvidar que la paraestatal ha destinado cientos de millones de pesos en esta implementación de sistemas de seguridad y por otro lado, ha echado mano de servicios de empresas trasnacionales de seguridad privada, mediante la utilización de mercenarios. Por esta razón, Pemex no está exento de esta responsabilidad.

Así, debemos frenar la ordeña a Pemex, pero no solo las tomas clandestinas en los ductos sino también la ordeña a esta empresa estratégica, vía la corrupción que lacera, símbolo del despilfarro y el saqueo de la Dirección de Pemex y del sindicato.

Por eso es fundamental la transparencia, por eso es fundamental la democracia sindical, por eso es fundamental fortalecer a Pemex y no privatizarla y esto empieza por asegurar el uso adecuado de toda su infraestructura.

Por todas estas razones, votaremos a favor de este punto planteado como de urgente u obvia resolución. Es cuanto.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino.

Doña Purificación, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, en la curul.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Simplemente mencionar que acabamos de recibir un documento con una invitación, o más bien un emplazamiento a los coordinadores de las bancadas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, por el Movimiento 132, para que expliquen cómo fueron integradas la Comisión de Radio y Televisión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como la de Comunicaciones; y que creo que deberíamos de alguna manera considerarlo, puesto que están citando para mañana miércoles 24 de octubre a las 14:00 horas para que hagan esta explicación al Movimiento 132 y a la ciudadanía.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues ya se enteraron por su voz del contenido de éste tan importante ocurso, y esperaremos su contestación. Tiene el uso de la palabra don Enrique Aubry de Castro Palomino, el atleta de la palabra.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nuestro país es privilegiado por sus recursos petroleros; la explotación de hidrocarburos representa una importante fuente de ingresos, exactamente el 34.9 por ciento.

Según estadísticas del sector energético, al mes de abril de 2012, la producción del petróleo crudo en México promedió dos millones 541 mil barriles diarios, no obstante la red de ductos de Pemex es presa de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, y debemos estar ciertos. Del total, le siguieron Sinaloa, con 90 tomas clandestinas, Tamaulipas con 83, Sonora y Nuevo León con 62.

Tan solo durante el primer semestre del año se identificaron y clausuraron un total de 824 tomas clandestinas; de ese total, 687 tomas se encontraron herméticas, mientras que las 137 restantes se presentaron de manera no hermética.

Compañeros legisladores, como podrán observar el problema no es menor, sin lugar a dudas la venta de hidrocarburos en el mercado ilegal representa una fuente importante de ingresos a los cárteles de droga en México.

Por ello, como grupo parlamentario, nos manifestamos a favor del presente exhorto al gobierno federal, ya que al fortalecer las acciones en contra del robo de hidrocarburos no solo se previene el riesgo, sino afectaciones al ambiente y se está atacando de manera directa el crimen organizado, y evidentemente el flujo de recursos hacia otros grupos delincuenciales.

Los invito, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a trabajar de la mano y en conjunto; en este Congreso hemos aprobado leyes sobre este tema, pero evidentemente no han sido suficientes, hay que entrarle de lleno, hay que investigar quiénes están detrás de todo esto, pésele a quien le pese.

Los invito a no dejar este tema en el olvido, a darle un seguimiento constante para poder caminar sobre los temas de nuestro país. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como ha sido señalado ya en el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero, diputado federal Julio César Lorenzini Rangel, cada día son más frecuentes los siniestros ocurridos en las instalaciones de Pemex, lo cual de ninguna manera es justificable, aun y cuando se trate de una industria de muy alto riesgo.

En efecto, el que una industria sea de alto riesgo no implica que necesariamente deba suceder y habitualmente deban suceder estas tragedias, como las enumeradas ya por diversos compañeros diputados.

En tal sentido, en Pemex —así como en toda la sociedad mexicana— se debe privilegiar la cultura de la prevención y no de la reacción, debido a que es mucho más costoso pagar daños y perjuicios ocasionados por estas tragedias, comparados con los inherentes a la implementación de un riguroso y detallado programa de actividades de inspección y vigilancia de su infraestructura.

Dicho programa de actividades de investigación y de mantenimiento debe de darle importancia a la red de ductos de Pemex, ya que ésta es la parte medular y estratégica del transporte de hidrocarburos en nuestro país, al otorgarle ventajas para reducir los costos de traslado de gasolina, comparados con otros medios.

En el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se establece que la comisión tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos de hidrógeno que se encuentren en mantos, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Por tanto, es obligación de la Secretaría de Energía hacer cumplir esta ley y exigir a Pemex que cumpla con la responsabilidad social, económica y ecológica que tiene.

Por lo ya expuesto, mi fracción parlamentaria votaremos a favor de este punto de acuerdo presentado por el diputado federal Julio César Lorenzini, y también exhortamos a diversas dependencias y entidades involucradas en el presente asunto, relativo para combatir las tomas clandestinas.

Aunado a esto es importante que se aproveche esta oportunidad para exhortar a Pemex para que revise y modifique adecuadamente su programa de mantenimiento preventivo, así como la ejecución del mismo.

En virtud de lo anterior, se solicita que se incluya en este punto de acuerdo un exhorto a Pemex para que revise y modifique adecuadamente su programa de mantenimiento preventivo, así como para la ejecución de un sistema integral de prevención que reduzca el riesgo de estas contingencias. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Verónica Sada Pérez, del Partido Acción Nacional, tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos.

La diputada Verónica Sada Pérez:Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Los incidentes en el sistema de distribución de hidrocarburos de Pemex son un tema de urgente atención y de suma gravedad en este país y deben ser por ello atendidos con urgencia por esta Cámara.

En los últimos días hemos observado que se repiten accidentes graves que afectan de manera directa la vida de los mexicanos; estos accidentes se ven realizados por personas del crimen organizado. Las malas instalaciones en que se encuentran los ductos de Pemex también afectan la situación de esos accidentes.

Acción Nacional reconoce que las autoridades de Petró- leos Mexicanos ha diseñado y ejecutado proyectos y acciones dentro de una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito del robo de hidrocarburos; sin embargo, es necesario desarrollar con mayor intensidad y precisión estrategias de protección civil para tener pleno control en los centros de trabajo y sobre todo, en la red de ductos de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior, se les pide su respaldo al punto de acuerdo recién presentado por el diputado Lorenzini. Los hechos señalados no solo representan un serio quebranto al patrimonio nacional, sino que también ponen en peligro la seguridad de decenas de familias que viven cerca de las instalaciones y de los ductos de Petróleos Mexicanos.

La situación resulta todavía más alarmante si advertimos que solo respecto al robo de combustibles existen tomas clandestinas en el 99 por ciento de la red de ductos de hidrocarburos.

Los derrames, ya sea por tomas clandestinas o por falta de mantenimiento, ocasionan la muerte de los trabajadores, provocando lesiones, pérdida de patrimonio. Esto constituye justamente el dolor humano que debemos de evitar, que no se produciría si se tomaran las acciones preventivas y de vigilancia que ameritan las instalaciones de este tipo.

Como ejemplo de estos desastres y tragedias podemos citar algunos casos recientes: en el 2010, la explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla; el 31 de diciembre de 2011, la fuga de petróleo crudo en la zona conocida como El Polvorín, en Veracruz; el desalojo provocado por la fuga de gas este pasado viernes, 19 de octubre, en Zapotlanejo, Jalisco; finalmente, el incidente del día de ayer lunes, 22 de octubre, en Tepeji del Río, estado de Hidalgo, en donde a causa de una toma clandestina se originó una fuga de gas LP.

Esta es la tercera toma clandestina descubierta en el mismo gasoducto en este mismo mes de octubre, en el mismo lugar, causando pánico en la población.

Como podemos advertir, el problema que estamos abordando es de gran magnitud y tiene graves consecuencias; es un peligro latente y de grandes dimensiones para miles de familias y una pérdida financiera de muchos miles de millones de pesos para el país.

Señoras legisladoras, señores legisladores, les pido aprobar el presente punto de acuerdo, porque es responsabilidad nuestra y del Estado mexicano brindar la seguridad necesaria a la población y cuidar las finanzas públicas de México.

Basta que cientos de familias tengan que sufrir accidentes que ponen en riesgo sus vidas y su patrimonio; basta de accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, motivados por una falta de control de nuestras autoridades. Es momento de que esta Cámara de Diputados demuestre que vela por los intereses de la nación y la seguridad de miles de familias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don José Antonio Rojo García de Alba, hidalguense y diputado federal, tiene usted el uso de la palabra, hasta por tres minutos, que bien alcanzan para decir cosas trascendentes.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba:Con su permiso, diputado presidente. Debo abundar más en la importancia del exhorto que estamos tratando. Traigo a esta tribuna los hechos del día de ayer que causaron horas de angustia, miedo y zozobra en Tepeji del Río y que pudieron ser de magnitudes enormes por su alcance y nivel de explosividad; todo esto por una fuga de gas, lo que originó que parte importante del municipio quedara inmovilizada y otra en gran medida evacuada, incluyendo seis escuelas, con ellas el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tres grandes empresas que se dedican a la rama textil.

Se estima que 40 mil vehículos quedaron varados, pues la súper carretera México-Querétaro quedó —con el incidente— con poca visibilidad por la nube de gas. De ese tamaño fueron las cosas ayer. En el lugar de los hechos se encuentra la pipa que extraía gas, presumiblemente propiedad de una empresa, por lo que la PGR debe investigar a profundidad estos hechos, que se suman a varios ocurridos en el país en meses recientes, y habrá que decir que este producto llega obviamente a la venta al público.

Para un servidor es de la mayor importancia tratar este tema en esta tribuna, ya que ése es el distrito por el que competí y gané. Por él pasan cientos de kilómetros de tuberías de Pemex a la refinería Miguel Hidalgo y pasarán también los que conectarán a la nueva refinería Bicentenario en el mismo distrito; esto en los municipios de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia, estado de Hidalgo.

Es importante destacar que no hay víctimas mortales de los hechos, pues los cuerpos de seguridad, protección civil y Pemex actuaron con agilidad, comandados por el Ejército mexicano.

La red nacional de ductos de Pemex forma parte esencial de la llamada infraestructura crítica nacional y por ello su integridad física y creciente fenómeno de robo y derrame de hidrocarburos son una preocupación constante por parte del Grupo Parlamentario del PRI.

Ciertamente Pemex ha hecho un esfuerzo loable por prevenir la proliferación de estos incidentes criminales, como se documenta en los considerandos de esta proposición; sin embargo, resulta ser a todas luces insuficiente y su acción desconectada de la estrategia de seguridad que encabezan las dependencias federales de seguridad pública.

Por ello nuestro grupo parlamentario se manifiesta plenamente a favor de este punto de acuerdo y de que en una acción extraordinaria y mediata las dependencias federales, enumeradas en la proposición que comentamos, se sumen a un esfuerzo coordinado y urgente para abatir los ilícitos mencionados para que de manera sistemática y perdurable esté garantizada la seguridad industrial, supervisión y vigilancia de la red nacional de ductos de Pemex, así como la integridad del patrimonio nacional. Hasta aquí mi intervención, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Aprobado por mayoría, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día está a cargo de don Silvano Aureoles Conejo, apreciable coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado de Michoacán.

Esta Presidencia está consciente de que es un punto que puede —de alguna u otra manera— concitar algunas pasiones en el debate parlamentario; esta Presidencia será por demás tolerante, respetuosa de las expresiones y espero que en base al artículo 8 del Reglamento tengamos la reciprocidad que todos nos merecemos. Adelante, señor diputado coordinador.

El diputado Silvano Aureoles Conejo:Muchas gracias, presidente. Honorable asamblea. Compañeras, compañeros diputadas, diputados, en lo que va de mes de octubre hemos sido testigos de una serie de acontecimientos en los que se han visto involucrados estudiantes de las escuelas normales rurales del estado de Michoacán, quienes en desacuerdo con la llamada reforma curricular han venido protestando de manera pública, con acciones que sin duda incomodan a algunos sectores de la sociedad.

Sin embargo, en nuestra consideración, la falta de atención a sus inconformidades permitió que dichos desencuentros entraran en fase de conflicto y generaran crisis, y escalara a niveles no deseados; en lugar de una salida construida sobre la base del consenso o del diálogo para el acuerdo con las partes involucradas, las autoridades han señalado la supuesta intransigencia para justificar el uso de la fuerza.

Es demasiado fácil simplificar la raíz del problema a la negativa de los estudiantes a que se incluya en sus programas de estudio el aprendizaje obligatorio del idioma inglés y del uso de las computadoras. Es claro que la diferencia de criterios tiene muchos más que esos antecedentes y se debe a una combinación de factores que van más allá y que sin duda, durante los días transcurridos desde que el asunto llamó la atención a la opinión pública a través de los medios de comunicación, este tema debió haberse tratado de otra manera.

Este problema tiene que ver, compañeras, compañeros, con una tendencia que hemos visto en los años recientes de construir y generar una política pública que va disminuyendo y restando capacidad a estos esquemas de educación que ayudan a jóvenes de diversas regiones marginadas, en nuestro caso, de nuestra entidad, Michoacán, que de otra manera difícilmente podrían tener acceso a la educación y a superarse y a salir de la condición de marginación y pobreza en la que se encuentran.

Por eso, en la implementación de políticas públicas en materia educativa, al uniformar los criterios de programas y acciones de gobierno, sin considerar la pluralidad de las regiones en el país, y en respuesta a la necesidad de satisfacer los requerimientos de modelos construidos frecuentemente desde los centros o del centro del país, y con el único criterio de las burocracias administrativas, que construyen y elaboran este tipo de programas.

No se pueden contravenir los principios básicos de la justicia, al tratar igual a los desiguales, porque en cualquier momento se revientan las cuerdas de las que penden los equilibrios en la sociedad.

Por ello, urge que se abandone esa tentación permanente desde las esferas de poder, de tratar de imponer a otros su visión de la realidad y del mundo, a quienes reclaman, en el uso legítimo de un derecho, la defensa del pensamiento crítico y reflexivo. A quienes se oponen a la mecanización de los sistemas educativos, por supuesto que hay que escucharlos y desde luego que atender sus legítimas demandas.

La irrupción de las fuerzas policiales de los ámbitos estatal y federal la madrugada del lunes 15 de octubre, en las instalaciones de la Escuela Normal de Tiripetío, Michoacán, así como de otras partes del estado, se pudo haber evitado con un esfuerzo mayor, no solo del gobierno del estado, sino también del resto de las instancias involucradas, particularmente del gobierno federal, que como todos sabemos el diseño y la definición de las políticas públicas, en esta materia, es de competencia federal, y sin duda que con esto pudimos haber dado una extraordinaria oportunidad de poner mayor atención y ofrecer una solución a tiempo al problema que hoy nos ocupa.

Por ello demandamos, es urgente que se considere y se incluya ampliar el abanico de soluciones potenciales y ensanchar la vía y el horizonte del diálogo; así, no debemos de optar por el uso de la fuerza, porque la fuerza y el uso de la violencia genera más violencia.

Debo decirles, con todo el convencimiento, que no creo que el uso de la fuerza sea la vía para la solución de los conflictos, porque en todo caso hay un principio que todos conocemos: la violencia genera más violencia, y por eso debemos decir no a la violencia, venga de donde venga y por eso la importancia de que privilegiemos el diálogo, como herramienta principal para la superación de los conflictos.

Nada se gana con culpar a la izquierda o que haya alguna mano atrás meciendo la cuna, porque solamente se queda en el ámbito de repartir culpas; por eso hoy tenemos una realidad con la que no podemos estar de acuerdo.

Así, reitero que es conveniente desechar categóricamente los saldos que hoy tenemos en esta materia; no saludamos, no estamos de acuerdo con que se reprima a los estudiantes con el uso de la fuerza, pero tampoco vamos a aplaudir el hecho de que haya policías, elementos de la policía maltratados y en grave estado de salud.

Por ello, queridas compañeras, compañeros, reitero la necesidad de que juntos podamos construir una salida al conflicto y ésa solamente la vamos a construir por la vía del diálogo y el entendimiento.

En el PRD tenemos claro que la sociedad demanda mejores condiciones de convivencia para el desarrollo; que es inadmisible la comisión de hechos que agravien los bienes jurídicos, materiales y personales, como es inadmisible la violación de los derechos fundamentales de los jóvenes estudiantes, en centros educativos que han significado por muchos años la salvaguarda de formas de pensamiento que se niegan a morir y que comparte un amplio sector de la población, que se han visto por diversas razones marginados del desarrollo.

Queremos dejar claro que tampoco estamos de acuerdo que con estos hechos hayan resultado lesionados elementos de la policía, que se altere el libre tránsito de las personas ni que se hayan dañado vehículos y bienes de propiedad pública, pero también de propiedad privada.

Estamos a favor de que los jóvenes estudiantes de las normales de Michoacán, como en todos los centros educativos del país, puedan cursar sus estudios en condiciones dignas. Que se privilegie la capacidad y su deseo de transformar y de transformarse para bien suyo, para bien de su tierra, para bien de nuestro estado y para bien de nuestro país, pues la inmensa mayoría de ellos no tendrían ninguna otra oportunidad de superarse, por las condiciones difíciles del entorno y las condiciones sociales en las que viven.

Por eso desde la izquierda planteamos que debemos defender con todo a la educación pública, como una herencia de los movimientos sociales y de la Revolución Mexicana. Como representantes populares estamos obligados por ello a facilitar el entendimiento entre las partes.

Así, ciudadanas diputadas, diputados, es que —con este ánimo constructivo y en la necesidad de encontrar la solución más adecuada a este conflicto— proponemos que se apruebe en esta soberanía, en esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo.

Ruego a los compañeros que sean tolerantes, pueden pedir la palabra y expresar lo que deseen con respecto al tema. Le ruego, diputado, su tolerancia y su comprensión.

El punto que estoy proponiendo a consideración del pleno es el siguiente:

Primero. Que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados, para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales de Michoacán, las secretarías de Educación Pública del gobierno federal y del gobierno el estado de Michoacán.

Segundo. El grupo plural de trabajo será formado por ocho miembros, integrado por dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y uno por cada uno del resto de los grupos parlamentarios: uno de Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Nueva Alianza.

Tercero. El Grupo de trabajo deberá emplear el diálogo, la mediación y la conciliación, como los medios esenciales para lograr su encomienda.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Educación Pública del gobierno federal para que dicte las medidas procedentes y con ánimo de concordia, para que se resuelva la problemática que afronta la comunidad de las escuelas normales rurales del estado de Michoacán.

Quinto. El grupo de trabajo deberá contar con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política. Dicho grupo tendrá una vigencia hasta la conclusión de su objetivo y deberá presentar al pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión de su objetivo, un informe en el que especifiquen las actividades desarrolladas y los acuerdos alcanzados.

Muchas gracias por su atención. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de un grupo de trabajo plural de diputados que dé continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la SEP y el gobierno del estado, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Junta de Coordinación Política, constituir un grupo plural de diputadas y diputados, para la continuación y el seguimiento del diálogo y la conciliación entre el gobierno del estado de Michoacán y los estudiantes de las diversas escuelas normales rurales de aquella entidad.

En lo que va del mes de octubre, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos en los que se han visto inmersos estudiantes de las escuelas normales rurales del Estado de Michoacán, quienes en desacuerdo con la llamada reforma curricular han venido protestando de manera pública con acciones que sin lugar a dudas incomodan a algunos sectores de la sociedad.

A nuestra consideración, la falta de atención a sus inconformidades permitió que dichos desacuerdos entraran en fase de conflicto y escalara a niveles no deseados, en lugar de una salida construida sobre la base del consenso o del diálogo para el acuerdo con las partes involucradas.

Es demasiado fácil simplificar la raíz del problema a la negativa de los estudiantes a que se incluya en sus programas de estudio el aprendizaje obligatorio del idioma inglés y el uso de computadoras. Es claro que la diferencia de criterios tiene muchos más que esos antecedentes y se debe a una combinación de factores que van más allá de los días transcurridos a partir de que el asunto llama la atención de la opinión pública en los espacios de noticias.

Este problema tiene que ver con una tendencia que se ha vuelto dominante en la implementación de políticas públicas, al uniformar los criterios de programas y acciones de gobierno, sin considerar la pluralidad de las regiones en el país, en respuesta a la necesidad de satisfacer los requerimientos de modelos construidos en los escritorios de la burocracia del centro.

No se pueden contravenir los principios básicos de la justicia, al tratar igual a, los desiguales, porque en cualquier momento se revienta las cuerdas de las que penden los equilibrios en las sociedades, urge que se abandone esa tentación permanente desde las esferas de poder, de tratar de imponer a los otros su visión del mundo. A quienes reclaman la defensa del pensamiento crítico y reflexivo, a quienes se oponen a la mecanización de los sistemas educativos, por supuesto que hay que escucharlos, desde luego que hay que atenderlos.

La irrupción de las fuerzas policiales federal y estatales, en la Normal de Tiripetío, Michoacán, la madrugada del lunes 15 de octubre, es un hecho que demostró la incapacidad del Gobierno para la solución del conflicto por la vía del diálogo, el uso selectivo del poder deviene en injusticia, cuando se dejan de lado fenómenos delictivos de mucha mayor gravedad, en el afán por demostrar de manera falsa y efímera la preeminencia del estado de derecho.

Es muy peligroso aplaudir los saldos momentáneos por los acontecimientos que ocurren en las normales de Tiripetío, Arteaga y Cherán, estoy seguro que con el uso de la fuerza no estamos en presencia de soluciones de fondo, máxime si en el estado permanecen en ebullición otros conflictos como el de la Nueva Jerusalén, el maltrato a los moradores de las casas de estudiantes de la Universidad Nicolaíta, los problemas de las comunidades indígenas y el terrible lastre de la inseguridad.

Son muy irresponsables quienes se han atrevido a señalar a los partidos de izquierda, como los causantes por estar detrás del conflicto, no se debe ante el pedido de una actuación acorde a la gravedad de los hechos, que el gobierno derive su deber y se escude trasladando a los adversarios políticos su propia responsabilidad.

En el PRD tenemos claro que la sociedad demanda las mejores condiciones de convivencia para el desarrollo, que es inadmisible la comisión de hechos que agravien los bienes jurídicos, materiales y personales , como es inadmisibles la violación de los derechos fundamentales de los jóvenes estudiantes, en centros educativos que han significado por muchos años la salvaguarda de formas de pensamiento que se niegan a morir y que comparten con un amplio sector de la población que se ha visto marginados del desarrollo.

Estamos a favor de que los jóvenes estudiantes de las normales en Michoacán, como en todos los centros educativos del país, puedan cursar sus estudios en condiciones dignas, que se privilegie su capacidad y su deseo de transformar para bien este mundo, ya que la inmensa mayoría de ellos no tendrían ninguna oportunidad de superar las condiciones difíciles del entorno del que provienen, si no fuera por la subsistencia de la escuela pública.

Como representantes populares estamos más que obligados a facilitar el entendimiento de las partes en conflicto. Es por ello que con respeto a la pluralidad presento a esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda crear un grupo de trabajo plural de Diputadas y Diputados, para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán.

Segundo.El grupo plural de trabajo, se formará por 8 ocho miembros integrado por 2 dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 1 uno por cada uno de los diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

Tercero.El grupo de trabajo empleará el diálogo, la mediación y la conciliación como los medios esenciales de su encomienda.

Cuarto.Se exhorta al Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal para que dicte las medidas procedentes y con ánimo de concordia, para que se resuelva la problemática que afronta la comunidad de las escuelas normales rurales del estado de Michoacán.

Quinto.El grupo de trabajo contará con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política. Dicho grupo estará vigente hasta la conclusión de su objeto y deberá presentar al Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de su objeto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, diputado proponente. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don Angelino Caamal, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza expresa su coincidencia con el presente punto de acuerdo y votaremos a favor de la propuesta para crear un grupo de trabajo plural, con la representación de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados, con objeto de coadyuvar en el diálogo y conciliación entre el gobierno de Michoacán y los estudiantes normalistas.

Consideramos que el diálogo directo y franco es la mejor solución cuando se trata de una demanda justa, como es la revisión de la entrada en vigor de una reforma al plan de estudios de las normales.

Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia contra estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades; es decir, contra cualquiera de los involucrados en el sistema educativo. En ninguna circunstancia avalamos la represión.

Asimismo, impulsamos la exigencia del estado de derecho, en todos los ámbitos; expresamos nuestro acuerdo de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para resolver los problemas de las escuelas normales de todo el país y particularmente del estado de Michoacán, en un marco de concordia y con apego estricto al derecho.

Nuestro voto a favor es por establecer el camino del diálogo y los acuerdos, como soluciones de fondo a este conflicto. Porque las acciones y decisiones unilaterales nunca han sido medio para hacer viables las reformas que México necesita.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la reforma que requiere el sistema de escuelas normales tiene que llevarse a cabo con la participación efectiva de todos los actores involucrados; es decir, me refiero a los estudiantes, maestros, autoridades, quienes tienen que aportar algo, seguramente, a través de la reflexión y el debate sobre este tema tan sensible y tan importante para nuestro país.

Las escuelas normales han tenido la misión de formar a los maestros con gran vocación de servicio y amor a nuestro país. Al inicio de este siglo XXI y en la sociedad del conocimiento, que hoy vivimos, exigen un nuevo modelo educativo; por lo que debe reestructurarse y reorientarse, pero hacia un sistema de alta especialización docente.

Las escuelas normales rurales deben rescatar su origen; si bien es necesario incorporar las nuevas tecnologías y una segunda lengua, como el inglés, debe igualmente preservarse las lenguas originales.

Desde esta tribuna, como parte de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, debo dejar en claro que para que las reformas sean efectivas —y en específico de la que estamos tratando— se requiere y es una obligación del Estado, que pueda disponerse de lo necesario en infraestructura, equipamiento, capacitación y otros elementos técnicos, laborales y jurídicos, que permitan mejorar la educación y lograr los niveles de calidad y equidad que México requiere.

Permítame concluir, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, resulta imprescindible respetar el normalismo, como parte del Sistema Educativo Nacional. Lo debemos de rescatar, pero como un sistema de profesión de Estado y que todo intento de reforma —que quede claro, de estas escuelas normales y las que sean necesarias— debe ser necesariamente resultado de acuerdos, de consensos, en el que participen todos los actores involucrados.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo, en los términos presentados por el proponente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Angelino Caamal. Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde esta tribuna rechazamos enérgicamente el maltrato a la violación de los derechos humanos en contra de los estudiantes normalistas y de sus familiares, en conflicto entre el gobierno federal y el movimiento estudiantil en el estado de Michoacán.

Las agresiones cometidas en contra de los estudiantes son una burla por parte del gobierno federal y estatal, al dar la negativa para sentarse a discutir una posible solución.

En esta ocasión quiero hacer pública la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acerca de los graves acontecimientos sucedidos en el estado de Michoacán, con relación al conflicto en las escuelas normales.

El estado de Michoacán vive momentos de incertidumbre e inestabilidad política, todo ello se refleja en la constante inconformidad generada en todo su territorio, en todos los sectores más apremiantes de la población; campesinos, trabajadores y estudiantes exigen su derecho a ser escuchados y no ser reprimidos, pero ahora se suman a los reclamos los padres de familia de los estudiantes y la ciudadanía, en general.

Es necesario pedir la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos para que vigile que no sigan transgrediendo las garantías individuales y la integridad física de cada estudiante y padres de familia. También es imprescindible conformar un grupo de legisladores federales que puedan dar el seguimiento al problema y coadyuvar a la solución de dicho conflicto.

En este sentido, exhortamos a que esta honorable Cámara de Diputados actúe con vocación política, con democracia y se construya, coadyuvando entre partes, para lograr un acuerdo que solucione el conflicto planteado.

Por supuesto que la solución pasa necesariamente por la inmediata libertad de los estudiantes detenidos; la condición de negación radica en los consensos y acuerdos plasmados para dar solución a las demandas de los estudiantes.

Así, los temas que atienden las causas que tienen en una situación de zozobra son los actuales modelos educativos de las normales rurales, que deben ser atendidos de forma inmediata y bajo el diálogo.

Una forma curricular y un modelo educativo, por competencias, son uno de los principales temas de los cuales se muestra la inconformidad de los alumnos; el fortalecimiento al sistema de formación de docentes es un tema en el que sí están de acuerdo y exigen ser escuchados.

Finalmente, queremos decir que las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos en contra de cualquier tipo de represión contra los alumnos normalistas de Michoacán, que pugnamos por el diálogo y la solución del conflicto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Ahora tiene el uso de la palabra y la escucharemos con una enorme atención, doña Luisa María Alcalde Luján —con todo y sus fotos—, hasta por tres minutos.

Nada más le rogaría, con toda atención y gentileza, respeto al Escudo Nacional y de ahí en más tiene usted derecho de mostrarlo.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Pido a los compañeros del Canal del Congreso que puedan ampliar el cuadro para que se puedan ver las imágenes que aquí presentamos.

Como ustedes saben, el pasado 15 de octubre, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ordenó el desalojo de los normalistas rurales de Cherán, Tiripetío y Arteaga, en un acto en el que medió la violencia, represión, detenciones ilegales y autoritarismo.

De las 176 personas detenidas hasta el momento han sido liberadas 127; a otras 41 más se les otorgó libertad bajo caución, después de pagar una fianza de 15 mil pesos; ocho continúan detenidas en el Cereso Francisco J. Mújica.

Quienes participaron en las protestas y en los eventos de represión del 15 de octubre, hoy presentes 10 compañeros de ellos aquí, en la Cámara de Diputados, a quienes no se les permitió el acceso, relatan cómo fueron perseguidos y tratados con brutalidad; fueron maltratados, golpeados y recluidos por varias horas, antes de que se les permitiera entrar en contacto con sus familias.

Aquí presento algunas imágenes y extractos de testimonios recabados ese día. A pesar de sustentar sus actos opresores bajo la premisa de restablecer la paz y la tranquilidad, el gobierno de Fausto Vallejo rechazó la salida del diálogo pacífico y tranquilo, lo cual quedó demostrado cuando su secretario de gobierno, Jesús Reina, interrumpió las negociaciones de manera abrupta el 15 de octubre, amenazando a los normalistas con terminar sus manifestaciones, sin siquiera analizar la posibilidad de encontrar una salida pacífica al conflicto, la cual, por supuesto, debería favorecer a ambas partes.

El conflicto generado en las normales rurales de Michoacán, a partir de la imposición de la reforma curricular, ha escalado a un nivel que solamente el desgobierno y el autoritarismo podrían provocar.

La incapacidad del gobernador para negociar una salida consensuada, o por lo menos discutirla, demuestra el de-sinterés del Ejecutivo por mantener la paz y sobre todo por reconocer el respeto a la diversidad cultural y usos y costumbres que en este país, sobre todo en Michoacán, son tan trascendentes, como parte de la identidad histórica nacional y el sistema de protección de los derechos humanos y no discriminación.

El gobernador Vallejo ha llevado a los manifestantes al borde de la desesperación al no escuchar sus legítimas preocupaciones con respecto a la reforma curricular, calificándolos como delincuentes, criminalizándolos y persiguiéndolos al muy puro estilo de las viejas prácticas autoritarias y represoras del país; en más de una ocasión han sido implementadas en contra de estudiantes y en más de una ocasión también se ha probado, con el tiempo, que fueron un grave error.

La sociedad michoacana, que por supuesto también contempla a la población indígena y rural, demanda una salida pacífica.

El asunto se le está saliendo de las manos al gobernador Vallejo, que ante la crisis ignora las oportunidades de solución ordenada y demuestra su verdadera cara ante quienes disienten, violando además los derechos humanos y las garantías de debido proceso de los hasta hoy detenidos.

Es por todo lo anterior que suscribimos y apoyamos el punto de acuerdo del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Silvano Aureoles, esperando que se agilicen las investigaciones necesarias y se dé por fin solución pacífica al conflicto michoacano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Nada más no se le olviden sus fotos, doña Luisa María; muchas gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra don Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su venia, presidente. Fijaré la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y en primer lugar, es de total respaldo a la actuación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Mi intervención tiene como finalidad hacer un llamado a la prudencia, en donde todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en este Congreso asumamos con responsabilidad el problema acontecido y los posibles cauces en los cuales pudiera derivar el asunto de los normalistas.

En este sentido, conviene delimitar fronteras y asignar responsabilidades; por ello lo digo fuerte y claro: todos aquellos que verdaderamente están involucrados con los problemas del país y de Michoacán lo saben, el inconveniente es por la resaca de 10 años de malos gobiernos en los que se aceptó el chantaje y la manipulación, y eso lo saben bien los compañeros del PRD.

En este contexto, es evidente que los gobiernos responsables deben actuar siempre con miras al cumplimiento de las leyes y a la restauración del orden público, el cual tiene entre sus elementos la educación y por ende, su no interrupción.

Señores, seamos objetivos y críticos, las leyes no se negocian, deben aplicarse y solamente atemperarse en condiciones excepcionales, circunstancias completamente ausentes en este caso.

Al respecto, la pregunta es clara, ¿se debe dejar el orden social al interés de un grupo exclusivo de la sociedad? Si esto es así, lo que se avizora es claro, se crea anarquía, lo cual, como lo demostró la historia, es indeseable.

En este sentido, somos conscientes. Debemos —como ya lo expresamos— trabajar todas las fuerzas políticas de este país para arribar a la mejor de las soluciones, dejando en claro que el conflicto en cuestión no es un problema local, sino un problema de la federación en el territorio de Michoacán.

La educación, si bien es una materia coincidente, también es cierto que sus directrices emergen a través de la Ley General de Educación, la cual es federal. Además, es conveniente hacer memoria y reconocer que todo lo hoy acontecido se gestó a partir de la llamada reforma curricular proveniente de la Secretaría de Educación Pública federal.

Como puede apreciarse, no es sencillo delinear las responsabilidades y lo que a simple vista parece un hecho incontrovertible, a la hora de hacer un análisis profundo se arroja la conclusión de que la responsabilidad es compartida.

No debemos olvidar que la mayoría de los delitos que se han cometido en Michoacán, como la toma de casetas y carreteras, corresponde al fuero federal. Del mismo modo, el problema de fondo con el magisterio demanda la intervención del gobierno federal para la revisión de las escuelas normalistas y los marcos que las rigen.

Recordemos que la intervención de la entidad federativa michoacana jamás mostró un signo de ingobernabilidad y se dio porque existieron daños a terceros. Como todos sabemos, es obligación de cualquier gobierno evitar a toda costa que se lesione a la ciudadanía.

Además, hacemos votos exhortando al secretario de Educación Pública federal, para revisar el tema de las escuelas normales en todo el país, ya que lo importante es darle solución al problema de fondo y no solo hacer labores paliativas.

No hay democracia si no hay respeto a la ley; no hay convivencia política sin apego al estado de derecho.

Coincidimos afortunadamente en mucho con las fracciones que han subido a esta tribuna, pero en lo que no coincidimos es que dicen que hubo falta de atención por parte del gobernador Fausto Vallejo, y está comprobado, con minutas, que siempre hubo la disposición al diálogo, pero que la condición era que soltaran los camiones, porque una cosa es dialogar con estudiantes y otra cosa es dialogar con pseudo-estudiantes.

Por eso estamos a favor de este punto, pero jamás vamos a permitir que se sigan levantando cortinas de humo, porque lo que pretenden las fracciones del PRD es llamar la atención de ese boquete financiero que dejaron en Michoacán. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don José Luis Esquivel Zalpa, del PRD, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el conflicto en torno a los actos de violencia desplegados en contra de normalistas en el estado de Michoacán inició semanas después de que por instrucciones del gobierno federal, el 21 de agosto del año en curso, entrara en vigor la reforma curricular propuesta por las autoridades escolares.

Alumnos de las normales de Michoacán solicitaron al gobierno estatal postergar esta reforma un año para poder preparar las condiciones para captar las nuevas disposiciones, e incluso se pudiera redactar una propuesta regional, toda vez que a juicio de los normalistas —y que coincidimos— la reforma propuesta por las autoridades no toma en cuenta las particularidades de las escuelas de la entidad. Es importante que hagamos conciencia respecto al hecho de que en algunas comunidades rurales del estado no se habla ni siquiera el español; por lo que resulta inviable tener el inglés como segunda lengua, sin antes —como lo han propuesto los normalistas— se incorpore una currícula a la enseñanza de alguna lengua regional, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política.

Ante esta legítima petición y propuesta de los estudiantes, el pasado lunes 15 del presente mes, el gobierno federal y estatal instruyeron a las fuerzas policíacas a su mando, para reprimir y someter a los estudiantes de las escuelas normales rurales indígenas, la tenencia de Tiripetío y los municipios de Arteaga y Cherán, no solo nulificando el diálogo, sino actuando con abuso de autoridad, yendo en contra de lo argumentado por el propio gobernador de Michoacán, cuando literalmente ordenó —cito—: restablecer la paz y la tranquilidad. Termina la cita.

Ante estos hechos, nosotros decimos: no gobernador, la violencia jamás es un antídoto y menos si es para reprimir las manifestaciones derivadas de un conflicto social.

Por esa razón es que nuestro grupo parlamentario exige que se actúe con apego al marco legal, privilegiando en todo momento el diálogo, la concertación y garantizando la libre expresión de las ideas.

Si bien, no en todo lo que han hecho los muchachos normalistas de Michoacán estamos de acuerdo y de ninguna manera respaldamos manifestaciones que perjudiquen a los ciudadanos, afectando bienes de dominio particular y público, tampoco estamos de acuerdo en que se extralimiten las acciones y las actuaciones del aparato gubernamental y federal.

Nosotros somos respetuosos y promotores del orden social y los derechos humanos; nos sumamos al esfuerzo de lograr la paz y la tranquilidad de los michoacanos. Por tanto, en consenso se apoya la creación de un grupo de trabajo plural, como lo han propuesto los diputados Silvano Au- reoles, Verónica García, Roberto López, para restablecer el diálogo con los alumnos de las escuelas normales de Michoacán.

Asimismo se exhorta a las autoridades competentes para que de manera pronta y expedita realicen las diligencias ministeriales procedentes, con la finalidad de acreditar a los responsables de los abusos cometidos y en su caso, sean separados del gobierno estatal los funcionarios que sean requeridos por las autoridades, a fin de facilitar las indagatorias y el fincamiento de las responsabilidades civiles y penales, que a juicio de las mismas correspondan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional.

¿Con qué objeto, diputado? Lo escucho.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Por alusiones, pediría la palabra por alusiones, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que el debate está pactado; luego entonces, no le puedo dar el uso de la voz. Le ruego sea usted tan generoso y tan gentil de leer el 113. Se lo ruego.

Veremos la manera de que nos expresemos todos, pero ahorita permítame que doña Martha Berenice Álvarez Tovar, haga uso de la voz.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, los acontecimientos suscitados durante los últimos días, con motivo de la toma de las instalaciones académicas por parte de normalistas en el estado de Michoacán y las acciones tomadas por el gobierno estatal, son de gran importancia y merecen ser abordadas con cuidado, respeto y objetividad.

Acción Nacional quiere hacer un conjunto de reflexiones importantes, en torno al punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRD.

De inicio, nos parece que hay una inconsistencia jurídica en la presentación del punto de acuerdo, ya que de acuerdo al Reglamento de esta Cámara de Diputados solamente es posible crear un grupo de trabajo plural cuando se especifica la comisión legislativa en la que esta instancia se conformará. Una alternativa que podemos tomar es la referida a crear una comisión especial para el diálogo y la concertación entre los normalistas y el gobierno del estado de Michoacán.

Desde nuestro punto de vista, éste es el camino señalado en el artículo 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con respecto a la propuesta de la creación de un instrumento de intervención de diputadas y diputados de esta Legislatura para contribuir a encontrar una solución por medio del diálogo y la concertación a la situación política que guarda el conflicto con grupos de normalistas, Acción Nacional desea precisar que hemos sostenido durante décadas que el único camino para la construcción de la democracia plena es el diálogo permanente, la tolerancia, la reflexión, el consenso y el acuerdo político.

Las escuelas no son propiedad de ningún grupo en particular y sí son propiedad de las comunidades, de la sociedad, de las familias, que con grandes esfuerzos y sacrificios mantienen a hijos e hijas estudiando, porque quieren un futuro mejor para ellos y para el país.

Desde nuestro punto de vista, los grupos estudiantiles altamente politizados toman el camino de la pelea política y asumen métodos, como la toma de edificios escolares, la apropiación de vehículos oficiales y la protesta pública, que en otras ocasiones les han permitido desembocar en arreglos. Estos métodos y acciones deben ser desterrados de la vida política universitaria y de la vida política nacional.

En este sentido, la creación de una comisión especial en esta Legislatura debe ser el aval del estado de derecho. No podemos permitir la expropiación de las instalaciones académicas, bajo ningún tipo de presión ni podemos avalar la violación de los derechos humanos de la población.

Esta Cámara de Diputados debe de reivindicar el diálogo, el apego a las leyes, la cultura cívica y democrática, la defensa de los derechos humanos.

Desde la perspectiva de Acción Nacional, esta comisión legislativa debe insistir en la importancia de la reforma educativa, en la importancia de desarrollarla para beneficio directo de las comunidades; una reforma educativa diseñada durante años y que contempla el desarrollo académico de los profesores y alumnos, como eje central.

Al exponer nuestro voto a favor de esta comisión especial, también manifestamos nuestro desacuerdo con el punto número dos. Proponemos que esta comisión debe estar compuesta por un número igual de legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos. Muchas gracias, por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Don Eligio Cuitláhuac González Fa-rías, del PRI, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farías:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, la realidad social no puede ser interpretada en términos de buenos y malos, como lastimosamente algunos diputados, que sin conocer Michoacán, han querido explicar lo que pasa en la entidad así: en una autoridad que reprime y un grupo social que de manera justa lucha por sus derechos, así no se puede interpretar la realidad y así difícilmente se puede abonar a la construcción del diálogo y de los acuerdos.

En democracia, el ejercicio de las libertades debe ser pleno y siempre, siempre apegado al marco de la ley, y el límite de nuestras libertades es la libertad y el derecho de otros.

Lo que hizo el gobernador de Vallejo, es restaurar el estado de derecho ante la toma de carreteras, el bloqueo al libre tránsito de los ciudadanos, la toma de las casetas y por supuesto, el incendio que hubo de vehículos públicos y particulares.

Por eso, lamentamos estas expresiones, el Grupo Parlamentario del PRI no las comparte y lo que sí compartimos y celebramos es la convicción expresada aquí por las diversas fuerzas parlamentarias, por los principales actores políticos, para que se privilegie el diálogo, la civilidad, el consenso y la paz en el estado de Michoacán, convicción que compartimos plenamente y que hemos esgrimido en diversos momentos y bajo diferentes circunstancias.

Por ello, nos sumamos al beneplácito de la proposición para que esta Cámara, en el ámbito de su competencia, haga lo conducente por coadyuvar a la construcción del diálogo y los entendimientos necesarios que redunden en el beneficio de los michoacanos.

Es claro que habiéndose manifestado en el nivel local las difíciles contradicciones de la problemática federal, en un contexto de quebranto de las finanzas públicas estatales y de una inseguridad creciente y lacerante, compete a la Secretaría de Educación Pública federal dictar las acciones procedentes, con el ánimo de resolver el problema suscitado en las escuelas normales de la entidad.

Por ello, es válido y pertinente el exhorto a la dependencia federal responsable de dictar e instrumentar la política educativa de la nación, para que en el marco de sus atribuciones y con la coordinación y colaboración de los diferentes poderes y niveles de gobierno se restablezca el orden, cuanto antes, y se otorgue certeza y seguridad a las familias michoacanas.

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la disposición solidaria del gobierno del estado de Michoacán para restablecer el estado de derecho; reconocemos la libertad de expresión de todos los grupos sociales, sobre todo si dicha libertad ha de posibilitar que los asuntos públicos se resuelvan de manera transparente y pacífica.

Hoy esta Cámara, compañeros diputados, está llamada a ser nuevamente un factor clave en la vida institucional de este país; libre de todo cálculo político, compañeros diputados, esta representación nacional está obligada a atender de manera urgente la demanda de los mexicanos para promover la concordia, la paz y la unión.

Por ello, consideramos oportuna la conformación de este grupo legislativo, que abone al diálogo entre los normalistas y el gobierno de la República, observando en todo momento el respeto al pacto federal y a la soberanía del estado de Michoacán. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia ha recibido dos peticiones para hablar, del diputado del PRD, que se dice aludido por su compañero diputado del PRD, y de don Ricardo Monreal Ávila, que desde hace un buen rato me está pidiendo el uso de la voz.

Esta Presidencia, en ánimo de la concordia, otorgará el uso de la voz a don Ricardo Monreal y luego al señor diputado. Inmediatamente después, existan o no alusiones o rectificación de hechos, para que nadie se llame robado, vamos a pedirle a la Secretaría que pregunte si el asunto está suficientemente discutido. Tiene usted el uso de la voz, don Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Presidente, reconozco su actitud en este importante debate, que a veces no llega a ser sino un monólogo. Lo que sucede en Michoacán, ciudadanos legisladores, no debe de subestimarse; lo que sucede en Michoacán es particularmente grave y es delicado, porque todo el país reconocemos a Michoacán como un estado de profundas raíces sociales.

Siempre vimos a Michoacán —y lo hemos visto— como un estado en donde han protagonizado luchas históricas, por eso lo que pasa en Michoacán nos afecta al país, y por eso me alegra que este debate hoy no se rehúya y se dé aquí, en la representación del pueblo de México.

Es una mezcla peligrosa lo que está sucediendo en Michoacán, entre reclamos sociales justos con imposiciones de un proyecto económico y educativo neoliberal, agravado por un problema  de violencia generalizada e incluso presencia profunda e inédita del crimen organizado.

La educación en México, señoras y señores, ha sufrido profundos embates; está perdiéndose la batalla por la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad de la educación; está ocurriendo, en la práctica, un profundo desmantelamiento de la educación pública.

No es casual lo que sucede con las normales de Michoacán, es otro embate de un proyecto educativo privatizador y mercantilista que ha avanzado con la complicidad de los gobiernos y el silencio cobarde de los representantes.

La resistencia que han protagonizado estos jóvenes estudiantes de las tres normales para nosotros es ejemplar y la represión que han sufrido por ningún motivo se justifica.

Estamos pidiendo —y lo hago de manera reflexiva, incluyendo a los compañeros del PRI— que esta comisión —que nosotros estamos de acuerdo en que se constituya— su primer tarea sea la liberalización de los jóvenes. No pueden estar sujetos a proceso penal los jóvenes estudiantes de estas normales, debe liberarse a los jóvenes.

Lo que sucede en Michoacán, ciudadanos legisladores, nos atañe a todos, a los de Michoacán, pero también a los de Zacatecas o a los del estado de México o a los de Durango.

Por eso ahora quiero expresar de manera contundente: estamos de acuerdo con la comisión plural que se propone; es más, ésta debe de integrarse ahora mismo y convocar al principal responsable del desmantelamiento de la educación; el gobierno federal al gobierno estatal y a los jóvenes en una mesa de diálogo, hoy mismo.

No permitamos que siga avanzando la violencia y la actitud de represión.

Ya ven, ¿qué ganan con chiflar? ¿Qué ganan? Ya hubiera terminado. ¿Para qué chiflan? ¿Qué no pueden mantenerse aunque sea unas fracciones de segundo en la tranquilidad y en la paciencia? ¿Cuál es su problema? Chiveros y pandilleros.

Nosotros estamos de acuerdo con esta comisión y queremos que de inmediato se ponga a trabajar. Apoyamos a los jóvenes y nos mostramos solidarios con los jóvenes estudiantes de las normales de Michoacán.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente, le pido la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado. ¿Puede hacerlo desde su curul? Ándele, desde su curul, muchas gracias. Sonido, por favor. Don Roberto.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Paso...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, don Roberto López Suárez.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Muchas gracias, por darme el uso de la palabra, aunque sea acá abajo; por lo menos puedo decir que me dio la palabra.

Es preocupante que los diputados del Verde y del PRI no tomen en cuenta algunas cosas que han pasado en este conflicto; primero, que no es el primer conflicto que se tiene en el estado de Michoacán con este gobernador. Hace unos meses las casas de estudiantes tuvieron un conflicto y qué: se hizo la represión; se han hecho movilizaciones de diferentes organizaciones sociales, ¿y qué pasa? La represión, y hoy se quiere manejar un discurso falso, en el sentido de que los estudiantes están en contra de una reforma que implica que aprendan inglés y computación.

Mi compañero de bancada creo que lo dijo muy claramente, el problema aquí es que no se toma en cuenta las condiciones sociales de los estudiantes y que se utiliza la represión, que bien la diputada hoy nos vino a exponer unas fotografías, que son unas cuantas de las que salieron en los medios de comunicación.

No es que tengan hoy a ocho estudiantes detenidos, tienen a otros 49 que fueron liberados bajo fianza y que están en proceso legal y que además el secretario de Gobierno comenta —de Michoacán— que cuando sea necesario los van a llamar a comparecer para ver si se les fincan otras responsabilidades. Sí hay un problema político y un grave conflicto que no ha sido atendido por parte del gobierno estatal.

Este punto de acuerdo que se presenta hoy tiene como parte fundamental dos cosas; uno, la libertad de ocho presos políticos —hay que decirlo con todas sus palabras, aunque no les guste a algunos— y que se dé una salida al conflicto con el diálogo.

La instalación de la mesa de diálogo, que llamaría en este caso la Cámara de Diputados a través de esta comisión, y tendría la finalidad precisamente de resolver los problemas que dieron origen al conflicto, que es la petición de los estudiantes de que por lo menos se discuta con ellos y se acuerden —no es que estén en contra— los términos de las modificaciones, en este caso de los programas que se quieren implementar en estas normales.

Terminaría diciendo dos cosas, diputadas y diputados; uno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales e incluso Amnistía Internacional han tomado cartas en el asunto.

Esperemos para ver qué dicen, y si hay responsabilidades por parte de funcionarios y elementos policíacos, que se proceda legalmente.

Dos. Que el conflicto va a continuar, en tanto el gobernador esté cerrado a que el diálogo sea el mecanismo para solucionar el conflicto.

Llamo a que efectivamente votemos a favor de este punto de acuerdo y de que seamos sensibles de que hay muchos conflictos en el país que no se solucionan así.

Termino diciéndoles que en el Distrito Federal hay un movimiento estudiantil en la UACM y el gobierno del Distrito Federal está mediando en el conflicto. Aprendan a hacer política, no a utilizar la fuerza contra los estudiantes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ASESINATO DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada Flora Ayala Robles Linares, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se condena el brutal asesinato del joven José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos de América. Tiene usted el uso de la voz, doña Flor.

La diputada Flor Ayala Robles Linares:Muchas gracias, presidente, con su permiso. Como es del conocimiento público, el día 12 de octubre en curso, un agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza disparó desde su lado americano en contra del joven mexicano José Antonio Rodríguez, de 16 años de edad, causándole la muerte inmediata, del lado de la frontera mexicana.

El pretexto para tan desproporcionada y brutal reacción fue porque el muchacho tiraba piedras a los migras desde territorio nacional, en Nogales, Sonora.

En su informe oficial la Patrulla Fronteriza del sector de Tucson, Arizona, dio como justificación que sus agentes actuaron contra presuntos contrabandistas de narcóticos, además que uno de los supuestos sospechosos comenzó a agredir a los agentes con piedras. Esa es la increíble versión de las autoridades del otro lado de la frontera.

Del lado mexicano testigos presenciales de los hechos afirman que el adolescente sí arrojó piedras a los agentes norteamericanos, pero que ninguna estuvo ni siquiera cerca de llegar a lastimarlos.

¿Es equiparable responder con balas a piedras, y más cuando el menor recibió ocho tiros en la espalda de los 14 que desenfundó la Patrulla Fronteriza? Ocho.

¿No son hombres entrenados para actuar bajo control y no excederse en el ejercicio de la fuerza, máxime cuando se trata de un menor? ¿Qué pasa por la cabeza de supuestos agentes de la ley para transgredir de esa manera en contra de los mexicanos?

¿Saben que pienso? Que son unos cobardes, juegan con nuestras vidas y somos su entrenamiento de tiro al banco.

¿Cómo podría el jovencito golpear con las piedras a uno de los agentes de migración, si en ese sector de Nogales la valla fronteriza, además de ser alta está sobre un risco? Muy por el contrario, esa barda —que ellos han puesto— les ofrece protección y ventajas, para eso la pusieron, para impedir el paso ilegal de nuestros connacionales y facilitar la vigilancia; muy en su derecho.

Lo que no es correcto es que ese cerco sea un escudo para disparar contra mexicanos que están en su país y no en suelo estadounidense.

Lo grave y preocupante es que no es la primera vez que ocurren esas agresiones, situaciones semejantes ocurrieron el 9 de julio y el 6 de septiembre de este año; del 2010 a la fecha han muerto 18 mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza.

El caso más conocido —porque existen videos— es el de Guillermo Arévalo Pedraza, que se encontraba en la ribera mexicana del río Bravo, Tamaulipas y dispararon agentes del lado de Estados Unidos de América que iban en una lancha de la Patrulla Fronteriza.

Hay que recordar que en junio del 2010, otro jovencito de 14 años, Sergio Adrián Hernández, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Le dio exactamente en la frente, en medio de sus ojos.

En esa ocasión, la justificación de los agentes fronterizos norteamericanos fue también que repelieron un ataque con piedras.

¿Qué pasaría si un joven americano tirara piedras a nuestro país y un agente federal mexicano lo matara a tiros? ¿Se han puesto a pensar?

Pero además de todo eso, además de tan tiranas acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores actúa pasiva y perniciosamente ante estas situaciones. No conforme con la alta violencia que existe en nuestras fronteras, ahora resulta que nos tenemos que cuidar de las balas en casa y fuera de ella.

Ya no queremos discursos de nuestras autoridades donde hablen de la indignación, de lo que estamos investigando, de vamos a colaborar, queremos que nos defiendan con valentía, con convicción y con un alto sentido de justicia.

No podemos permitir que —por lo recurrente— esas agresiones sean vistas como algo natural, eso es algo inadmisible desde cualquier punto de vista; es por eso que solicito a esta asamblea su voto favorable para la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Primero. Se condena el brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos de América.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que dé seguimiento puntual a las investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y en su caso auxilie por la vía consular a los familiares de la víctima.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice las investigaciones sobre el homicidio de José Antonio Rodríguez y mantenga informada a la ciudadanía del avance y desarrollo.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto que se constituya, en el marco de la implementación de la declaración conjunta México-Estados Unidos de América sobre prevención de la violencia en la región fronteriza, emitida el 15 de diciembre del 2010, una comisión bilateral integrada por representantes, tanto del gobierno mexicano como del estadounidense, para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera de ambos países, y acuerdos que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos, el trato humanitario a migrantes y en mecanismos de colaboración que garanticen a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y a sus familiares el oportuno y eficaz acceso a la justicia.

Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condenan el brutal asesinato del ciudadano José Antonio Rodríguez, y el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera con México, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de octubre un agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza disparó hasta descargar su arma de servicio sobre un joven mexicano, José Antonio Rodríguez, de 16 años de edad, quien murió porque, según testigos, le tiraba con piedras a los ‘migras’ desde territorio nacional en Nogales, Sonora.

Por el lado estadounidense, el área de comunicación de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson (CBP, por sus siglas en ingles) ofreció su versión de los hechos en un boletín de prensa en que señala que: “los agentes de la patrulla fronteriza de Nogales, Arizona, respondieron a los informes de dos presuntos contrabandistas de narcóticos cerca de las calles West International Street y Hereford Drive, aproximadamente a las 23:30 horas de ayer”.

“Los informes preliminares indican que los agentes observaron como los contrabandistas dejaron caer una carga de estupefacientes en el lado estadounidense de la frontera internacional y huir a México. Además que uno de los sospechosos comenzó a agredir a los agentes con rocas”, dice el comunicado.

Según las autoridades norteamericanas, los Agentes de Migración ordenaron al sospechoso que dejara de arrojarles piedras, pero al ser ignorados uno de ellos sacó su arma de servicio y la descargó sobre el supuesto agresor.

Esa es la increíble versión de las autoridades del otro lado de la frontera. Del lado mexicano testigos presenciales de los hechos dan una versión muy distinta, pues afirman que el adolescente sí arrojó piedras a los agentes norteamericanos, pero que ninguna estuvo ni cerca de lastimarlos.

Los medios de información han dado cuenta de testimonios que documentan la artera y desproporcionada reacción de los policías fronterizos, al responder con balas a un niño que les arrojaba piedras que ni por asomo constituían un riesgo para ellos, mucho menos de muerte.

¿Cómo podría el jovencito golpear con las piedras a uno de los agentes de migración si en este sector de Nogales, del lado mexicano, la valla fronteriza, además de ser alta, está sobre un risco? En cambio los guardias fronterizos estadounidenses pueden ver y disparar hacia este lado, con toda la ventaja de visibilidad y protección, valga decir, con total impunidad.

Lo grave y preocupante es que no es la primera vez que ocurren esas agresiones a mexicanos que están en su tierra, a lo largo de nuestra frontera con los Estados Unidos.

La Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE) emitió un comunicado en el que afirma estar trabajando en coordinación con las autoridades del departamento de Justicia de los Estados Unidos para lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos, mientras que el US Customs and Border Protection (CBP), dicen que el caso será investigado por el Buró Federal de Investigaciones o FBI.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó que llevará a cabo las diligencias correspondientes a las autoridades nacionales y exigió una averiguación puntual a los Estados Unidos. La cancillería condenó el ataque y cuestionó el uso de “fuerza letal” de los agentes de la Border Patrol en este tipo situaciones, semejantes a la de julio 9 y septiembre 6 de este año, en las que murieron mexicanos por disparos de agentes fronterizos estadunidenses.

El caso más conocido, porque existe un video que fue muy difundido por los noticiarios nacionales, es el de Guillermo Arévalo Pedraza que se encontraba en la ribera mexicana del río Bravo, en el parque conocido como El Patinadero, festejando el cumpleaños de su hija, y le dispararon agentes del lado de Estados Unidos que iban en una lancha de la Patrulla Fronteriza.

Aún con la evidencia del video, los agentes estadounidenses sostienen que actuaron con violencia porque fueron agredidos. Aún se esperan resultados de esa investigación.

La extrema violencia con que reaccionan los agentes estadounidenses en contra de jovencitos mexicanos no es nueva. En junio de 2010 el adolescente de 14 años, Sergio Adrián Hernández, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso conocido como “El Puente Negro”. Sergio Adrián murió por un disparo en la cabeza, que según el Servicio Forense de Chihuahua, habría sido hecho de cerca; resaltando además el hecho de que el cuerpo del menor se encontró del lado mexicano.

En esa ocasión la justificación de los agentes fronterizos norteamericanos fue también que repelieron un ataque con piedras. También en ese caso intervino la Procuraduría General de la República, pues el crimen se cometió en una zona federal, por ser el límite entre México y Estados Unidos.

No podemos permitir que por lo recurrente de esas agresiones, sean vistas como algo natural. Si protestamos con toda energía por la brutalidad policiaca de que son víctimas nuestros compatriotas en territorio estadounidense, con más razón debemos alzar la voz y exigir justicia, cuando nuestros paisanos son agredidos en nuestro propio territorio por agentes del país vecino. Eso es algo inadmisible desde cualquier punto de vista.

No puede haber pasividad del gobierno federal ante estos casos. No se trata únicamente de declaraciones para salir del paso, sino de que en verdad se actúe con determinación para detener los abusos de la Border Patrol contra nuestros compatriotas, pues ellos parecen tener licencia para matar impunemente a mexicanos en nuestro propio territorio.

Ante el reiterado uso desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades estadounidenses, es obligado que nuestro gobierno haga uso de todos los instrumentos diplomáticos y de justicia a su alcance, para detener esa práctica violenta que atenta contra la seguridad y la vida de ciudadanos mexicanos en el territorio nacional.

Es por eso que solicito a esta asamblea su voto favorable para la siguiente propuesta de punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución:

Punto de acuerdo

Primero.Se condena el brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y los Estados Unidos de América.

Segundo.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto que de seguimiento puntual a las investigaciones sobre el homicidio del joven José Antonio Rodríguez, por parte de las autoridades estadounidenses y en su caso, auxilie por la vía consular a los familiares de la víctima para que emprendan las acciones legales que determinen en búsqueda de justicia y reparación del daño causado por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Tercero.Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice las investigaciones sobre el homicidio de José Antonio Rodríguez y mantenga informada a la ciudadanía sobre los avances y desarrollo del caso.

Cuarto.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto que se constituya, en el marco de la implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza, emitida el 15 de diciembre de 2010, una Comisión Bilateral integrada por representantes tanto del gobierno mexicano como estadounidense para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre ambos países y acuerdos que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos, el trato humanitario a migrantes y en mecanismos de colaboración que garanticen a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y sus familiares el oportuno y eficaz acceso a la justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputadas: Lourdes Quiñones Canales, Flor Ayala Robles Linares (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho, doña Flor. En términos del 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán, por tres minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro compatriota José Antonio Rodríguez, joven de 16 años, a manos de un agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza; el motivo, arrojar piedras a los agentes desde el lado mexicano en Nogales, Sonora. Hechos y circunstancias que han sido narrados, que han sido referenciados por la legisladora proponente del punto de acuerdo, Flor Ayala.

Desde esta máxima tribuna exigimos al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que realice un seguimiento puntual de las investigaciones para que el responsable de este asesinato sea juzgado; exigimos se preste apoyo consular a la familia de la víctima para que se emprendan las acciones legales que otorguen justicia y reparación del daño causado.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la creación de una comisión bilateral, con la capacidad política y diplomática para hacer cumplir el derecho internacional y los acuerdos entre ambos países; comisión que norme criterios básicos para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre ambos países; comisión que elimine cualquier atisbo de violencia por parte de agentes fronterizos; comisión que garantice el trato humanitario a migrantes y que fije de manera clara y contundente los mecanismos mediante los cuales se garantice a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y sus familiares en lo oportuno y el eficaz acceso a la justicia.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no podemos ser omisos, en cuanto a exhortar a la Procuraduría General de la República para que cumpla con su responsabilidad, de manera eficaz y expedita, en las investigaciones sobre este homicidio.

¿Hasta cuándo tendremos que exigir en esta tribuna lo que es una obligación del gobierno mexicano, que es el salvaguardar la integridad de sus conciudadanos en territorio nacional?

¿En qué momento el Ejecutivo federal atenderá con la inmediatez debida todos estos asuntos? ¿Hasta cuándo nuestra frontera norte se seguirá tiñendo de la sangre de nuestros compatriotas, agredidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América?

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza esperamos que este punto de acuerdo exprese un reclamo contundente de justicia y restitución del daño para los deudos de José Antonio Rodríguez, que devengan, que sea un llamado, un alto al clima de violencia que se ha generado en la frontera entre México y Estados Unidos de América.

No podemos permitir que los asesinatos de Guillermo Arévalo Pedraza, Sergio Adame Hernández, José Antonio Rodríguez queden impunes.

Coincidimos con la proponente en su reclamo al responsable del Ejecutivo federal por su pasividad, ya que es el responsable de la política exterior y por ende, de proteger a las y a los mexicanos en su integridad física y en sus derechos humanos.

¿Cuántos mexicanos necesitan morir para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República utilicen todos los medios diplomáticos y jurídicos para que esos crímenes no queden impunes?

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos de acuerdo con este pronunciamiento de urgente u obvia resolución y en consecuencia, votaremos a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT, hasta por tres minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, lamentamos el asesinato de José Antonio Rodríguez, quien murió abatido por elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América, el pasado 12 de octubre; el artero asesinato del joven José Antonio Rodríguez es una muestra más de la discriminación, racismo y xenofobia de las autoridades norteamericanas, en violación no solamente del derecho a la vida de los mexicanos, sino también de sus derechos fundamentales.

Nos sumamos al punto de acuerdo, exhortando, más que exhortando, exigiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie las acciones procedentes a nivel internacional.

Son muchos los casos en que han muerto precisamente mexicanos en manos de la Patrulla Fronteriza de nuestro socio comercial, con quien tenemos celebrado un tratado de libre comercio donde pueden transitar libremente las mercan- cías y se protegen adecuadamente, pero los mexicanos no, no vale la pena proteger su vida.

Deberían de iniciarse acciones de seguimiento de que se dé acceso, se garantice acceso a la justicia a los familiares, a las víctimas de este crimen artero, y en caso de no resultar garantizado este derecho de acceso a la justicia, iniciar juicio ante la Corte Internacional de Justicia, en ejercicio de la acción de protección diplomática, por violación, precisamente de los derechos fundamentales de un nacional mexicano.

También llamamos desde esta tribuna a las organizaciones no gubernamentales y también a las clínicas de derechos humanos, para que presenten una reclamación, una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por precisamente el asesinato de este joven; Sin Fronteras, el Agustín Pro, Amnistía Internacional, ojalá y escuchen este llamado, acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores no se siente obligada a ello.

Por todo lo anterior, nos sumamos, los diputados del PT, a este punto de acuerdo de urgente resolución. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, tiene el uso de la voz.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes tengan todas y todos, compañeros diputados. Una vez más el uso letal de la fuerza cruzó la frontera norte de nuestro país la noche del miércoles 10 de octubre, cuando se pusieron a la par piedras contra balas; el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, residente de Nogales, Sonora, a manos de la Patrulla Fronteriza, es un ejemplo más de la brutal xenofobia en la que viven nuestros connacionales en la frontera con Estados Unidos de América, haciendo de esta situación un problema bilateral, que solo parece agravarse con los años.

Al parecer fue una lluvia de balas las que recibió el joven de tan solo 16 años, que por hacer caso omiso a la orden de no arrojar piedras del otro lado de la frontera, se llevó dos balas en la cabeza y cuatro en el tórax. Debido a la proporción de las balas no está clara la afirmación de que un solo agente abrió fuego contra el menor.

El patrón de abusos por parte de la Patrulla Fronteriza a los derechos humanos se ha ido incrementando año con año; en el 2008, se registraron de manera similar cinco asesinatos; en el 2009, se incrementaron a 12; en 2011, se presentaron 17 y hasta el día de hoy, del presente año, van 15.

La situación de los migrantes se ha vuelto el encabezado recurrente de los medios de comunicación, no solo porque muchos de nuestros compatriotas protagonizan el papel de víctimas con nuestros vecinos del norte, sino también porque somos los villanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos en la frontera sur del territorio nacional.

Los abusos y las violaciones a los derechos a migrantes que transitan por nuestro país han desencadenado situaciones desafortunadas y condiciones precarias para nuestros visitantes temporales.

A lo largo de los mil 149 kilómetros de frontera sur, que compartimos con Guatemala y Belice, se estima que anualmente cruzan 1.9 millones de extranjeros, de los cuales 83 por ciento son entradas legales y el otro 17 por ciento entradas irregulares.

Tenemos presente que el trato que se les da a los migrantes indocumentados está lejano a la dignidad y respeto que nuestra propia ley señala, como si estos fueran seres humanos de segunda clase, donde una falta administrativa puede significar un trato de delincuente.

Un ejemplo de lo anterior sucede en el municipio de Tenosique, Tabasco, que comparte frontera con la República de Guatemala y contabiliza el paso regular del 14 por ciento del total de migrantes en tránsito, donde los campamentos de extranjeros indocumentados son perseguidos por militares y policías, y el uso de la violencia, la extorsión, incluso el secuestro, son los métodos para el desalojo de estos grupos —según reportan organizaciones de defensa de derechos humanos—, desde agosto del año pasado.

Otro ejemplo lamentable es el caso de La Bestia, o como otros lo han bautizado El tren de la muerte, que cruza en su lomo de sur a norte a cientos de migrantes que se arriesgan a ser robados, violados, secuestrados y hasta asesinados, con evidencias claras que muchas acciones de agresión son por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Otra agravante de esta situación es la penetración de la delincuencia organizada, que exige una cuota para poder continuar el trayecto, como una especie de derecho de piso. Estos traficantes condicionan y amenazan a otros migrantes para que secuestren, recluten y transporten, con el fin de ejercer la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas.

Movimiento Ciudadano condena la discriminación, los abusos y las violaciones que se cometen hacia los derechos humanos —termino, señor presidente—, que solo lastiman las relaciones con nuestras naciones vecinas, y nos inclinamos a encontrar soluciones inmediatas para que dentro de nuestras fronteras como fuera, el trato digno y el respeto imperen para todos los individuos por igual, por encima de la xenofobia y las atrocidades que atentan a la vida misma.

Si condenamos la agresión y el asesinato de José Antonio, también debemos de condenar las agresiones en Michoacán. No más violencia estructural. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en el país vecino del norte radicaban, hasta el 2011 —según el censo de Estados Unidos de América—, 31.7 millones de personas de origen mexicano, colocándonos como la población de latinos más grande en Estados Unidos de América, pero lamentablemente también son los más perseguidos y acosados por las autoridades migratorias, solo por su origen nacional.

Las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América siguen haciendo gala de su abuso de poder y cada vez se ensañan más con nuestros compatriotas radicados en aquel país.

Un claro ejemplo de esta terrible violencia es que el caso del pequeño José Antonio Elena Rodríguez, de tan solo 16 años, quien murió de ocho impactos de bala en la espalda, presumiblemente por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América. Situación que nos obliga a exigir un accionar más contundente y decidido por parte del gobierno federal.

José Antonio fue brutalmente baleado por un oficial fronterizo, supuestamente por haber amenazado con piedras a los agentes, como si ello fuera motivo para sentenciar a alguien a muerte, y esto fue lo que hizo de manera fulminante el agente migratorio estadounidense.

Lo anterior evidencia que se trata de la tercer persona que muere en circunstancias similares, desde julio pasado, por disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que en todos estos casos han sostenido que repelieron los ataques con piedras lanzadas por las víctimas.

Les pregunto, ¿pasaría lo mismo si un agente del Grupo Beta o de la Policía Federal Preventiva baleara a un joven adolescente estadounidense por lanzarle piedras?

Nos queda claro que hemos expresado de manera reiterada el uso desproporcional de la fuerza letal de parte de la frontera norteamericana para con nuestros connacionales; es por ello que no solo debemos demandar que se realicen exhaustivas investigaciones, sino también una postura diplomática estricta y exigir que cesen estos tratos abusivos y crueles en contra de nuestros compatriotas mexicanos.

Las violaciones y actitudes xenofóbicas requieren que todos nos unamos, en una sola voz, y reclamemos respeto a los derechos de todos los migrantes y habitantes de la zona fronteriza, otorgándoles un trato digno y seguro.

En razón de lo aquí expresado, nos unimos a la presente propuesta de nuestra amiga y compañera Flor Ayala, en donde se condena el brutal asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, ocurrido en Nogales, Sonora, y rechazamos el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses, exhortando así a las autoridades mexicanas competentes a que emitan una enérgica postura y protesta por estos hechos tan lamentables. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don David. Don Alejandro Carbajal González, del PRD.

El diputado Alejandro Carbajal González:Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática emitirá un voto a favor en estos temas, los cuales no podemos soslayar y dejarlos de lado.

Sin embargo, vamos a acompañar una serie de reflexiones, para estar en sintonía con lo que hoy se está discutiendo en la Cámara de Senadores, en donde se defendió por los grupos mayoritarios un concepto de productividad; voy a preguntarles, compañeras diputadas y compañeros diputados, si estamos siendo productivos, si estamos actuando con contundencia, si estamos siendo eficaces. La productividad implica resultados.

Nos abocamos a hacer un análisis de los connacionales que han sido ejecutados en territorio mexicano, y nos encontramos con connacionales ejecutados en las mismas condiciones y circunstancias desde el 2007, en el cual Francisco Javier Domínguez fue ejecutado a tiros en territorio nacional; José Alejandro Ortiz murió baleado en el 2007 también; Adrian Hernández Güereca, murió a golpes en territorio nacional; José Alfredo Yáñez, murió a tiros en el 2011; Juan Pablo Pérez Santillán también en el 2012, y ahora nos encontramos también con Guillermo Arévalo Pedraza, y el último y más reciente hecho lamentable, de José Antonio Rodríguez, homicidios que no podemos calificar de otra manera: asesinatos.

La pregunta es, compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿estamos siendo productivos, solamente haciendo proposiciones de exhortos a las autoridades, que hoy en día tiene la responsabilidad primordial de salvaguardar la vida de todas las mexicanas y todos los mexicanos? No es de sorprender, si tenemos más de 60 mil muertos a lo largo y ancho del país, que no les importen siete más.

Desde el 2007 debería haber existido un pronunciamiento enérgico por parte del Ejecutivo federal y no lo ha realizado; está más preocupado por cabildear e ir dar cátedra al vecino país del norte —dicho por el mismo—, no vaya a importunar a los estadounidenses y no le den cobijo. Justamente ése es el tema que tenemos que condenar.

De verdad nosotros lo que estamos buscando es que seamos categóricos. Ya no podemos estar actuando de manera unilateral, en el cual solicitemos; no renunciemos a las facultades que nos consagra la Constitución ni mucho menos saludamos la responsabilidad que tenemos; somos un Poder más de la República, estamos actuando hacia el Ejecutivo de manera sumisa, exhortándole a que nos dé un informe. No podemos ni debemos actuar en esa dinámica.

Sé que no es la instancia en la cual solicitaremos —una vez que se instalen las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos— la comparecencia de las funcionarias de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; ambas son funcionarias hasta el último día de noviembre.

No caigamos en ese círculo vicioso en el cual ellos refieren que ya se van y los que lleguen en la próxima administración refieran que van llegando, asumamos nuestra responsabilidad.

Es por ello que les invito, porque estamos de par a par, a que les citemos antes de que se vaya la actual secretaria de Relaciones Exteriores —termino, diputado presidente— y la procuradora general de la República, que nos informe de manera precisa cuáles son los avances, porque desde el 2007 a la fecha estamos nosotros convalidando esos homicidios.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no va a solicitar un minuto de silencio; por el contrario, vamos a solicitar que al unísono demandemos justicia y respeto para nuestros connacionales. Ni una muerte más en nuestra frontera norte. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del PAN, tiene el uso de la voz.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado:Con su permiso, señor presidente. Honorables diputadas y diputados, presento posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con respecto por el que se condena el brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos de América.

Concordamos en que —como lo establece el texto en el décimo tercer párrafo— la extrema violencia con que reaccionan los agentes estadounidenses en contra de jovencitos mexicanos no es nueva; por tal motivo, resulta imperativo que las autoridades competentes, tanto mexicanas como estadounidenses, realicen una investigación oportuna y transparente hasta sus últimas consecuencias.

Como lo estableció nuestro compañero y un servidor, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable, bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país.

Bajo tal entendimiento, nos adherimos a la condena del brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos de América.

Apoyamos que se encuentren contemplados dentro del texto los casos más recientes de muertes de mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, ya que se pone de manifiesto la importancia que cada uno se merece, a efecto de atender de manera puntual y precisa estos acontecimientos.

Concordamos plenamente en que resulta inadmisible la muerte de mexicanos por agentes de la Patrulla Fronteriza y más aún, cuando se trata de muertes en territorio nacional.

Por lo tanto, apoyamos la creación de una comisión bilateral integrada por representantes, tanto del gobierno mexicano como estadounidense, para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre ambos países y acuerdos que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos y en trato humanitario a migrantes y en mecanismos de colaboración que garanticen a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y sus familiares, el oportuno y eficaz acceso a la justicia.

En el decimosexto párrafo, se establece que no puede haber pasividad del gobierno federal ante estos casos.

Cabe recordar que el gobierno federal ha expresado enérgicamente su rechazo a estos cobardes asesinatos. Como prueba de ello basta recordar las declaraciones del pasado 10 de septiembre, por parte del presidente Felipe Calderón, en donde expresó que son varios los mexicanos que han perdido su vida de esta manera, y desde luego que no aceptaremos el uso de armas de poder letal que utilicen en actos preventivos o inhibitorios de las migrantes hacia Estados Unidos de América; que este tipo de consecuencias son inaceptables para México y exigimos castigo a los culpables. Concluyo la sentencia.

Por su parte y como se encuentra establecido en el punto de acuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en donde condenaba este ataque por parte de la Patrulla Fronteriza. Asimismo, la embajada de México en Estados Unidos de América emitió el siguiente comunicado:

El gobierno de México tiene conocimiento de un incidente registrado la madrugada entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. La información preliminar disponible en este momento genera nuevamente serias dudas sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que el gobierno y la sociedad mexicana condenan y deploran enérgicamente.

Cabe mencionar que las autoridades de la Procuraduría General de la Justicia de Sonora afirmaron que se está trabajando en coordinación con las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, en tanto el área de comunicación de la Patrulla Fronteriza del sector de Tucson dice que el caso será investigado por el Buró Federal de Investigaciones, lo que pone de manifiesto que se avanza con determinación para detener los abusos de la Border Patrol contra nuestros compatriotas, tal como lo establece el mismo párrafo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado proponente.

Esta Presidencia saluda con todo afecto a don Pablo Rodríguez Avelar, presidente municipal de Villa Hidalgo; a don Juan Manuel González Jiménez, presidente municipal de Teocaltiche; a José de Jesús Tovar Gómez, de Ojuelos, Jalisco, y a don José Soto González, para que no se haga muchas esperanzas, que es suplente del señor diputado José Noel Pérez. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la voz Fernanda Schroeder, hasta por tres minutos.

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo:Con su permiso, señor presidente. Consideramos que el punto de acuerdo, presentado por nuestra compañera y amiga diputada Flor Ayala, merece la aprobación de esta asamblea, pues el caso que lo motiva tiene especial relevancia, se trata de la muerte de un menor de edad, compatriota nuestro, que fue víctima del uso desmedido de la fuerza y una inexplicable violencia de parte de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense en el estado de Arizona.

No podemos permitir que un hecho como éste pase desa-percibido y apenas propicie una reacción tibia de nuestras autoridades.

Creemos en la buena vecindad y estamos ciertos que la convivencia de nuestros connacionales con los vecinos del norte se ha dado en un marco de respeto y de intercambio muy intenso, no solo en mercancías y de cruces fronterizos, sino en el florecimiento de una cultura común, que no debe desvirtuarse con actos de barbarie, como el que vimos en Nogales.

Como bien lo explicó la diputada Ayala, no es la primera vez que ocurren actos de esta naturaleza de parte de autoridades del país vecino, tenemos que buscar la manera de poner un alto en el uso desmedido de la fuerza y de franca violencia homicida contra nuestros compatriotas.

Ya ha habido protestas, notas diplomáticas, investigaciones, que prometen esclarecer hechos, como el ocurrido el 12 de octubre, contra el joven José Antonio Rodríguez, pero el caso es que esos sucesos lamentables se repiten con una lamentable frecuencia.

Hoy la familia de José Antonio vive un luto, con un sentimiento de impotencia ante la violencia criminal de que fue víctima, por haber lanzado unas piedras contra los agentes norteamericanos. La comunidad de Nogales comparte ese sentimiento y lo más triste es que no se sienten protegidos por la acción decidida de su gobierno.

Por eso consideramos que es hora de que se pongan en práctica los instrumentos de la diplomacia y la cooperación para que en ese marco se busquen soluciones a estos actos de violencia injustificada, proveniente de los agentes de migración de aquel lado de la frontera.

La disposición que existe de parte del gobierno de los Estados Unidos de América para coadyuvar a la lucha contra la violencia y el crimen en la frontera que compartimos, debe incluir también la abolición de la violencia de parte de los agentes en contra de los ciudadanos mexicanos y la reparación del daño causado a víctimas inocentes.

Consideramos que es el camino a seguir de parte de las autoridades mexicanas; por eso proponemos el voto a favor del punto de acuerdo propuesto por nuestra compañera diputada Flor Ayala. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún:En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

En tanto nuestro amigo que va a hablar sobre los médicos piensa su declinación, proceda la Secretaría a dar cuenta con la comunicación que remite la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De Conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito remitir a usted, una fe de erratas del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran 54 comisiones ordinarias de la LXII Legislatura y se ratifica la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 16 de octubre de este año y aprobado en esa fecha por el pleno de la Cámara de Diputados.

La fe de erratas consiste en que en el anexo del registro de la directiva e integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aparece la diputada María del Rosario Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como presidenta, debiendo aparecer la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

1. En el anexo del registro de la directiva e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aparece la diputada María del Rosario Fátima Pariente Gavito López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México como integrante, no debiendo aparecer en esa comisión.

Lo anterior para que, de encontrarlo ajustado a derecho, se sirva ordenar la publicación de estas correcciones.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

*PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que expresamente se pidan para la próxima sesión.

DIA DEL MEDICO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Siempre declinó nuestro amigo médico? Hable usted; luego hablaremos sobre los abogados, sobre los arquitectos y sobre los agrónomos, pero tiene usted el uso de la voz. Tres minutos, con todo rigor.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. El 23 de octubre de 1833 se inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas, uno de los seis colegios de enseñanza superior en los que se dividiría la Dirección de Instrucción Pública, órgano creado por Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México.

Fue en honor de aquel ilustre médico y político mexicano que en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, realizada en Cuernavaca, en 1937, se ratificó que el Día del Médico Mexicano se conmemorara cada 23 de octubre.

Hoy, 179 años después de la inauguración del Establecimiento de Ciencias Médicas, los médicos son un pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestra historia.

Resulta incuestionable que los médicos mexicanos se esfuerzan día tras día por materializar los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y no maleficencia en su práctica profesional.

De acuerdo con el Inegi, existen poco más de 295 mil médicos en el país, el 83 por ciento de los cuales son económicamente activos, el resto no ejerce la profesión. De los médicos no económicamente activos, siete de cada 10 son mujeres.

Es importante resaltar que el 66 por ciento de los médicos que ejercen la profesión en el país tienen grado de licenciatura y el 34 por ciento han cursado especialidad, maestría o doctorado. En cuanto al área de trabajo, el 44.8 por ciento trabajan en servicios de salud privados y el 55.2 por ciento lo hacen en los servicios de salud públicos.

Hoy, el médico mexicano es un profesional altamente calificado, se entrega a una de las labores más nobles a las que puede dedicarse la persona, que son: a restaurar la salud y a salvar sus vidas.

Por ello, los legisladores de Acción Nacional invitamos a los demás integrantes de esta Cámara de Diputados a comprometer nuestra labor legislativa para promover mejores condiciones laborales y profesionales para los médicos.

Es necesario que todos los médicos tengan acceso a cursar una especialidad médica; su profesionalización y la mejora de sus condiciones laborales significa la posibilidad de materializar el derecho a la protección de la salud para todos los mexicanos en el futuro.

Felicidades a los médicos hoy en este día. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 16:09 horas): Está bueno. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 25 de octubre de 2012, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30. Muchas gracias.

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