Presidencia del diputadoJosé González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y los señores diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:07 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 4 de abril de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a dictamen negativo de proposición con punto de acuerdo.

En relación a modificación de turno de iniciativa.

De diputados

Cuatro, en relación a retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 94 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar.

Del Gobierno del Estado de Quintana Roo y del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo

Con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al proyecto “Centro Comercial Dragon Mart Cancún”.

De Petróleos Mexicanos

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las necesidades de la población de la Isla de Cedros, Baja California.

De la Procuraduría Federal del Consumidor

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la carne de pollo y huevos provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Programa de Seguros Catastróficos para el Sector Rural componente de atención a desastres naturales.

Solicitud de licencia

Del diputado Julio César Lorenzini Rangel.

Protesta

De la diputada Mirna Velázquez López.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley de senador

Con proyecto de decreto que Expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por los senadores José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruíz y Benjamín Robles Montoya, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictamen a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 76 y se adiciona el artículo 15 y un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través del Senasica, implemente las acciones de barrido, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica, del estado de Michoacán, a fin de evitar que las enfermedades o plagas causen daños a la ganadería estatal, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, zona norte, para que entregue la información acerca de las mujeres desaparecidas y asesinadas, a la Organización “Nuestras hijas de regreso a casa“ de Cd. Juárez, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que aplique de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del Estado de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Federal y Estatales a establecer de manera corresponsable Centros de Justicia para Mujeres, y para que sean reforzados en aquellas entidades donde ya existen.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la SEP, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF, para que legislen en la materia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad se asegure que se haya observado el debido proceso legal, en particular, el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte en el estado de Texas de los Estados Unidos de América el connacional Édgar Tamayo Arias.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa Tamaulipas.

Iniciativas

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 306 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación, 113 de la Ley General de Salud y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 320, 324 y 334 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 158 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General del Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión de las instituciones públicas y privadas de Asistencia Social en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 84 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 63, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 231 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 155 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega y suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 25 y 149 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR, para que agilicen los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de Septiembre de 2012, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Sedesol, de la SCT, de la Semarnat y de la STPS, ponga en marcha el Programa de Empleo Temporal en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, a fin de mitigar el desempleo de pescadores, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que genere las condiciones que permitan el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la CNDH, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSA, para que evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecer esta enfermedad, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Condusef, para que solicite a la Segob que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sea dado a conocer en tiempos oficiales, así como en el programa de radio “La Hora Nacional”, cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para la operación de salas de juegos y sorteos en sitios considerados como monumentos históricos, artísticos y/o arqueológicos, así como aquellos que se sitúen en las proximidades de centros de educación, públicos o privados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se restituyan los recursos destinados para el programa de repatriación de migrantes, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas hacia los Estados Unidos de América, con sede en Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.  En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles tres de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con diez minutos del miércoles tres de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde su curul realiza comentarios relativos al Orden del Día la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición con punto de acuerdo relativa al rescate de la industria azucarera y cañera del país, turnada el cinco de marzo de dos mil trece. Retírese de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil siete - dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Por la que remite el documento que contiene:

— Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce.

— Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año dos mil catorce: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

— Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit.

— La enumeración de los programas prioritarios y sus montos; para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción primera del artículo cuarenta y dos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y cuarto del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de dos mil trece, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de dos mil doce, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de dos mil trece y la información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de febrero del año en curso. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Educación Pública, con la que informa la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles Medio Superior y Superior, su distribución y metas de mediano y largo plazo. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

e) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión a no aprobar un aumento al Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

f) De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la que remite el Reporte Anual del Cumplimiento de Actividades y Metas Programadas, relativo al año dos mil doce. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

g) De Petróleos Mexicanos, con la que remite el Informe Anual de los Costos y Gastos de Exploración, Desarrollo y Extracción dos mil doce. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

h) Del diputado Joaquín Caballero Rosiñol, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Décimo Primer Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo que conceden licencia y llaman al suplente. Comuníquese.

i) Del Congreso del estado de San Luis Potosí, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos veinticuatro, y ciento veinte de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, a nombre propio y del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, y Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; y Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

A las once horas con cuarenta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuatro diputadas y diputados.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo catorce de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, que reforma el artículo segundo de la Ley General de Bibliotecas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que las ciudadanas Gabriela Eugenia Cortés Talamantes y Patricia Guadalupe Peña Recio, diputadas federales electas en la Tercera Circunscripción Plurinominal, y Décimo Primer Distrito Electoral, respectivamente, del estado de Veracruz, se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlas en el acto de rendir protesta de Ley, mismo que se lleva a cabo y entran en funciones.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos segundo, séptimo, veintitrés, y cincuenta y dos de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Jorge Herrera Delgado. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; y Celia Isabel Gauna Ruíz de León, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos noventa y cinco votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos segundo, séptimo, veintitrés, y cincuenta y dos de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia lamenta el sensible fallecimiento del ciudadano Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, ex dirigente del movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho, y a solicitud del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio en su memoria.

b) De Economía:

• Que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio. Para fijar la postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos votos a favor; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona un párrafo tercero al artículo mil cuatrocientos catorce Bis siete del Código de Comercio. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Juan Carlos Uribe Padilla. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y José Arturo Salinas Garza, del Partido de Acción Nacional. En votación económica se autoriza devolver el dictamen a la Comisión de Economía.

• Que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Guillermo Sánchez Torres. Para fijar la postura de grupo parlamentario interviene el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos dos votos a favor; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En votación económica se autoriza modificar el Orden del Día para desahogar los dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativos a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y posteriormente los relativos a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Mario Miguel Carrillo Hurta, del Partido de la Revolución Democrática; y María Isabel Ortiz Mantilla, del Partido de Acción Nacional.

La Presidencia saluda a nombre de la Cámara de Diputados a la delegación de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, que visita el Recinto en el marco de Foro de Consulta de los Presidentes de Parlamentos G-20.

Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente informa de la visita a la Cámara de Diputados de diversas delegaciones de parlamentarios en el marco de Foro de Consulta de los Presidentes de Parlamentos G-20, y saluda a la representación de la Gran Asamblea Nacional de la República de Turquía, que se encuentra en el Salón de Sesiones.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta y cuatro votos a favor; y catorce abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia invita a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de la ciudadana Cirila Sánchez Mendoza, quien fue diputada federal en la Quincuagésima Cuarta Legislatura.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Alfio Vega de la Peña. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta y seis votos a favor; y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona un artículo diecisiete Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática; y María Concepción Navarrete Vital, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos sesenta y cuatro votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un artículo diecisiete Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma el artículo cuarenta y siete Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El dictamen fue fundamentado en la intervención anterior de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; y

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

J. Pilar Moreno Montoya, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cincuenta y nueve votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y siete Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Para fijar la postura de su grupo parlamentario interviene la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cincuenta y tres votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El dictamen fue fundamentado en la intervención anterior de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; y José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cuarenta y ocho votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Relativo a cambios de integrantes y de Juntas Directivas en Comisiones Ordinarias y en Comisiones Especiales.

• Por el que se crean e integran los Comités de los Centros de Estudios, y el de Información, Gestoría y Quejas de la Sexagésima Segunda Legislatura.

En votación económica se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, relativo a la reubicación de los vendedores ambulantes de la Autopista Cuernavaca-Acapulco. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Rene Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, para que favorezcan la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar mañana jueves cuatro de abril de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

DICTAMEN NEGATIVO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta presidencia comunica que se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, de la

Comisión de Infraestructura

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo en relación a los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, del kilometro 30+000 en las localidades de Calipan y Coxcatlán, estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la la Comisión de Infraestructura, por la que se desecha la proposición con punto de acuerdo en relación a los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, del kilómetro 30+000 al kilómetro 52+300 en las localidades de Calipan y Coxcatlán, estado de Puebla, suscrita por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para estudio, análisis y dicta mi nación, la proposición con punto de acuerdo en relación a los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, del kilómetro 30+000 al kilómetro 52+300 en las localidades de Calipan y Coxcatlán, estado de Puebla, suscrita por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

En términos de lo previsto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXI, y 3, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción VI; 82; 84; 182, numeral 3; 184, numeral 2; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura presenta a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión del día 14 de febrero del 2013, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo en relación a los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán del kilómetro 30+000 al kilómetro 52+300 en las localidades de Calipan y Coxcatlán del estado de Puebla, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Infraestructura para su estudio y dictamen.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó el análisis del contenido de la citada proposición, con el objeto de plantear sus observaciones y comentarios a la misma, integrando el presente dictamen.

II. Contenido de la proposición

La diputada Loretta Ortiz Ahlf refiere en las consideraciones de su proposición que en los años recientes las entidades federativas han buscado fortalecer la política en el rubro de obras de infraestructura en materia carretera, ya sea con recursos propios o con una combinación donde el gobierno federal apoya con una parte de los recursos o incluso se hace cargo del 100% de la obra.

En ese sentido, la Cámara de Diputados se ha convertido en importante instancia para la negociación y gestión de los proyectos carreteros que pretenden llevar a cabo las entidades federativas, y que cada año se recibe un número considerable de propuestas relativas a la reconstrucción, ampliación, modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras con el propósito de que sean apoyadas con recursos del presupuesto de egresos federal.

Sin embargo, subraya, que no todos los proyectos logran incluirse en el presupuesto federal con lo que dificulta, atrasa y, en ocasiones, se posterga de manera indefinida la atención de vialidades de comunidades que carecen de recursos propios suficientes para ejecutar las obras de manera directa. En otros casos, los gobiernos estatales se comprometen a la ejecución de las obras y al final de cuentas no hacen efectivo dicho ofrecimiento.

De manera particular, refiere que la carretera Tehuacán-Teotitlán es un tramo que requiere de reconstrucción y conservación, misma que fue licitada por el gobierno del estado de Puebla, conforme a las bases del concurso SA-OP-LPE-211-040, que dio lugar al fallo del 23 de junio de 2011 para iniciar trabajos el 14 de julio del mismo año; no obstante, comenta que el gobierno del estado notificó que debido a la gran demanda de obras en la entidad y a la falta de recursos por el momento no se tiene contemplada la continuación de la ampliación y modernización de la carretera en cuestión.

Por lo anterior, la diputada Ortiz somete a consideración del pleno exhortar al gobierno del estado de Puebla a llevar a cabo los trabajos de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal para que establezca un convenio del gobierno del estado de Puebla a fin de reasignar recursos para la citada carretera a través de ahorros, economías y subejercicios.

III. Consideraciones de la comisión

Primera. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Loretta Ortiz Ahlf fue distribuida a los integrantes de la comisión para su conocimiento y comentarios a fin de que en el proceso de análisis se pudiera contar con elementos para determinar el sentido del dictamen.

Segunda. Durante el proceso de análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2013, en uso de sus facultades, la Comisión de Infraestructura llevó a cabo una serie de reuniones con funcionarios de gobiernos estatales, presidentes municipales y diputados federales, que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes y propuestas de proyectos de inversión con el objeto de ser incorporados en el dictamen en materia de caminos rurales y carreteras alimentadoras, el cual fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 20 de diciembre del 2012 formando parte del PEF 2013.

Tercera. Conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en el Capítulo III, artículo 57, fracción XXXIII, es facultad del Congreso local del estado examinar, discutir y aprobar su Ley de Egresos correspondientes a proyectos para prestación de servicio y demás proyectos relacionados a obra pública.

Cuarta. De igual forma, el artículo 7 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Puebla (LOPSRMEP), el gasto de obra pública estará sujeto a lo previsto en la Ley de Egresos del estado y en el presupuesto anual de egresos de los municipios, así como en la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en su artículo 13, fracciones II y III, donde se especifica que la planeación y programación de las obras públicas será conforme a los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Urbano, Social y Económico del Estado y de sus Municipios; y de los programas sectoriales, institucionales, regionales, y especiales y también en lo previsto en sus programas anuales.

Por otro lado, cabe señalar que en los artículos 70, 72, fracciones II y III, y 73 de la LOPSRMEP se faculta a las dependencias y entidades dar por terminado de manera anticipada los contratos cuando concurran razones de interés general existiendo causas justificadas que permitan la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos contando siempre con previa opinión de la Contraloría correspondiente, tal como sucedió en el caso que nos ocupa.

Quinta. Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora observa en relación al punto primero de la proposición, que es al gobierno del estado de Puebla a quien compete llevar a cabo las medidas necesarias para la realización de los trabajos de reconstrucción de la carretera en comento.

Sexta. Por otra parte, y en relación al punto segundo de la proposición, es de señalar que en el último párrafo del Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que los subejercicios presupuestarios en que incurran las dependencias de la administración pública federal, así como las entidades paraestatales, deben subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales; en caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportará trimestralmente a la Cámara dichos subejercicios.

Séptima. Asimismo en materia de ahorros y economías presupuestarios, el artículo 21 de la LFPRH establece que en el caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP podrá aplicar normas de disciplina presupuestaria. De manera particular, la fracción III, inciso a), subinciso iv), dispone que los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades, se aplicarán a compensar la disminución que se presente en los ingresos distintos a los que se señalan en la fracción II de este mismo artículo (menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción o a movimientos del tipo de cambio de peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América).

Octava. El decreto del PEF 2013 en sus apartados correspondientes a proyectos de inversión en materia de caminos rurales y carreteras alimentadoras no contempla una partida específica para el tramo Tehuacán-Teotitlán, por lo que la SCT no podría dirigir recursos a este tramo, toda vez que, además, conforme al artículo 15 del decreto del PEF 2013 los recursos producto de subejercicios, deben ser reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en el mismo.

Novena. Por último, esta comisión dictaminadora observa que los subejercicios presupuestarios en que incurran las Dependencias de la Administración Pública Federal sólo pueden reasignarse a programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y en el caso de los ahorros y economías éstos son destinados para compensar la disminución de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Infraestructura someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión determina que debido a que la reconstrucción del tramo carretero fue programada con presupuesto estatal y no federal, el gobierno del estado de Puebla es la autoridad competente para dar seguimiento a este proyecto que corresponde a su jurisdicción, así como para presupuestar los recursos necesarios para su ejecución, conforme a las disposiciones normativas estatales. En consecuencia, se desecha el exhorto al gobierno del estado de Puebla en virtud de que es competencia local la presupuestación de recursos y, de conformidad con la Ley de Egresos de esta entidad sólo podrán llevarse a cabo programas y obras cuando haya suficiencia presupuestaria, premisa que no se actualiza para los trabajos de reconstrucción del tramo carretero Tehuacán-Teotitlán, del kilómetro 30+000 al kilómetro 52+300, en las localidades de Calipan y Coxcatlán.

Segundo. Se desecha el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pueda establecer un convenio con e1 gobierno del estado de Puebla, a fin de que a través de ahorros, economías y subejercicios en el ramo 09 Comunicaciones y Transportes, éstos puedan ser reasignados al proyecto de reconstrucción de la carretera Tehuacán-Teotitlán, en virtud de que dicho proyecto se encuentra fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Tercero. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Pleno de la Comisión de Infraestructura, honorable Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil trece.

La Comisión de Infraestructura, diputados:Alberto Curi Naime (rúbrica), presidente; Nabor Ochoa López (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Carlos Sánchez Romero (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), secretarios, Rafael Acosta Croda, Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Joaquín Caballero Rosiñol (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Enrique Aubry de Castro Palomino, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Antonio García Conejo (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Javier Orihuela García del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 5 de marzo de 2013.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.”

México, DF, a 4 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con las facultades conferidas a la Presidencia de la Mesa Directiva en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle que dicte sus instrucciones para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, a fin de regular la inspección de sanidad en los rastros del país, con fecha de 18 de diciembre de 2012.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.— Diputado Javier López Zavala (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que sea retirada mi Iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, presentada el día 28 de febrero de 2013 y turnada a la Comisión de Justicia.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted sea retirada mi iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada el 7 de marzo de 2013 y turnada a la Comisión del Distrito Federal.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Diputado José Isidro Moreno Árcega (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que sea retirada mi Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 28 de febrero de 2013 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 94 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar (1879-1919), el miércoles 10 de abril, a las 10:00 horas, en la Alameda del Sur, situada en avenida Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, colonia Los Girasoles 2, delegación Coyoacán.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los diputados Jorge Sotomayor Chávez y Hugo Sandoval Martínez.

Continúe la Secretaría.

PROYECTO CENTRO COMERCIAL DRAGON MART, CANCUN

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Poder Legislativo Federal.— Presente.

En respuesta a su atento oficio número D.G.P.L 62-II-8-1156, mediante el cual exhorta entre otras autoridades al gobierno del estado, a efecto de brindar información relacionada con la construcción y operación del proyecto Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas, en términos de acuerdo de fecha 3 de enero de 2013 emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 4, 6, fracciones X y XV, 7, fracciones XI y XXI, del acuerdo por el que se reforma integralmente el acuerdo de creación de la unidad administrativa denominada Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y artículo 9, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y en representación del ciudadano gobernador, titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos ,el ubicado en la calle Hidroeléctrica Malpaso número 436 de la colonia Campestre de esta ciudad, autorizando para tales efectos a los licenciados en derecho José Gaspar Ríos Padilla y/o Freddy Daniel Medina Rodríguez y/o Yonan Amyn Tello Reyna, así como Jorge Luis Lozano Vázquez con el debido respeto comparezco y expongo:

Que vengo por medio del presente escrito a dar cumplimiento al exhorto formulado en cuanto al gobierno del estadose refiere, al respecto me permito manifestarle lo siguiente:

Esta Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en su oportunidad, tuvo a bien requerir mediante oficio al Instituto del Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA)información relacionada con el asunto que nos ocupa, dando respuesta mediante oficio número INIRAQROO/DG/099/2012, a través de su director general, misma que se encuentra en los archivos de esta instancia de gobierno y en el que informa sustancial mente lo siguiente:

Primero. Proyecto denominado “construcción y operación del Centro Comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Al respecto debe decirse, con relación al referido proyecto y por lo que hace a los actos competencia de este instituto en materia de impacto ambiental, que en fecha 31 de julio del 2012, se recepcionó en este órgano desconcentrado la manifestación de impacto ambiental modalidad detallada para el proyecto antes mencionado, que consiste en la construcción y operación de un desarrollo comercial turístico, Integrado por un Centro Comercial, almacenes, viviendas, áreas verdes y jardinadas, áreas de reforestación, áreas de conservación, espejos de agua artificiales que no Implicaran la apertura o alumbramiento del manto freático, equipamiento y servicios, el cual pretende desarrollarse en un predio con una superficie total de 561.37 hectáreas, consistente en un banco de material pétreo abandonado, ubicado en el lote 22-09, supermanzana 50, manzana 01, flexión izquierda del kilometro 333+000 de la carretera federal 307 Chetumal-Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, promovido por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, SA de CV, el cual cuenta con la siguiente descripción:

El proyecto estará integrado por un centro comercial, almacenes, viviendas, áreas verdes, áreas de reforestación, aéreas de conservación, espejos de agua, equipamiento y servicios.  A) Centro Comercial. El centro comercial es el área principal y la que define la esencia del negocio. El resto de la Infraestructura de Instalaciones complementan y dan soporte al centro comercial. Estará Integrado por locales de exhibición: unidades de aproximadamente 25 metros cuadrados, en las que los visitantes podrán conocer y adquirir las mercancías. Se contempla una edificación de 127,000 metros cuadrados a fin de albergar un total de 3,040 locales. Restaurantes Premium: La entrada principal del centro comercial tendrá un segundo nivel, en el cual se ubicaran 2 restaurantes de alta cocina, uno de gastronomía china y otro mexicana. Locales comerciales: Adicional al centro comercial se plantea la edificación de 12 locales comerciales que se colocaran alrededor de espejos de agua artificiales. Locales enfocados a proveer y satisfacer las necesidades de los usuarios del centro comercial, tales como restaurantes de comida rápida, cafetería, tiendas de conveniencia, entre otros. Oficinas y servicios: Aéreas destinadas para los servicios complementarios de los usuarios del Centro Comercial, tales como bancos, oficina de administración, oficinas de prestadores de servicios como agentes aduanales, transportistas, despacho de contadores y abogados, agencias de viajes, entre otros. En la primera etapa se estima un espacio de 2,300 metros cuadrados, siendo que en la etapa posterior llegara hasta 5,600 metros cuadrados. Plaza cultural: Es un área abierta localizada entre la primera y segunda etapa del centro comercial, misma que consiste en una explanada de 160,000 metros cuadrados aproximadamente en donde se llevaran a cabo eventos que permitan conocer las culturas china y mexicana, así como actividades comerciales y de entretenimiento para los visitantes en general. El proyecto contempla la existencia de espejos de agua, mismos que serán artificiales y que no Implicaran la apertura o alumbramiento del manto freático. B) Almacenes. El proyecto prevé que los productos de exhibición cuente con un Inventario suficiente que permita la entrega Inmediata de los productos objeto de venta, por lo que contara con bodegas destinadas para el almacenaje de las mercancías cuyas muestras son exhibidas en el Centro Comercial. Se considera un total de 20 bodegas, con superficie de 5,403.807metros cuadrados cada una. C) Viviendas. Se plantea la construcción de un total de 722 viviendas unifamiliares, las que contaran con cancha de básquetbol. D) Equipamiento. Como parte del equipamiento se considera lo siguiente: Planta de tratamiento de aguas residuales, planta desaladoras y equipo de potabilización de agua, obras que no se omiten señalar fueron condicionadas a autorización de la autoridad federal competente, centro de acoplo de desechos sólidos y servicios. E) Aéreas reforestadas, verdes y jardinadas. Ocuparán una superficie de 61.99 hectáreas. F) Aéreas de conservación. Ocupará una superficie de 357.78 hectáreas. Las diversas estructuras y edificaciones del proyecto abarcarán una superficie total de 141.60 hectáreas que representan el 25.22 por ciento de la superficie total del predio disponible para el proyecto.

Segundo. Que una vez culminado el procedimiento de evaluación respectivo, este instituto mediante el oficio número INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, de fecha 6 de septiembre del año en curso, determinó autorizar de manera condicionada en materia de Impacto ambiental el proyecto de referencia, lo cual se formuló con sustento por lo previsto en el artículo 7, fracción XVI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 5, fracción XVI, y 24, fracciones X y XI, de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, artículo primero y sexto del decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 25 de abril de 2003, artículos 2 y 6, fracción I, del Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo en materia de Impacto Ambiental y artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interior Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 21 de julio de 2005, en virtud de que el proyecto presentado cumplió con los requisitos señalados en la legislación antes mencionada.

Destacándose, que dicha autorización se refiere únicamente a los aspectos ambientales de competencia estatal manifestados en el estudio de impacto ambiental de referencia en términos de la normatividad en la materia. Quedando la empresa promovente sujeta a tramitar y en su caso obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos y similares que le sean requeridos por los demás autoridades federales, estatales o municipales para la realizan integral del proyecto y su operación.

En virtud de lo anterior, se convalida la determinación de autorización realizada por la citada instancia gubernamental, en lo que respecta a aspectos ambientales de competencia estatal, manifestados en el estudio de impacto ambiental ya referido, en términos de la normatividad en la materia.

Sin otro asunto en particular hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chetumal, Quintana Roo, a 20 de marzo de 2013.— Licenciado Raúl Enrique Labastida Mendoza (rúbrica), consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Ayuntamiento Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados.— Presente

En atención a su atento oficio D.G.P.L. 62-II-8-1169 de fecha 7 de marzo de 2013, a través del cual hace del conocimiento del suscrito el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a efecto que sea remitido a ese órgano legislativo la información relativa al proyecto “Construcción y operación del centro comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas”, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que una vez solicitado al particular promovente la autorización para remitir la totalidad del expediente administrativo que, en términos de la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información se clasifica como reservada, y una vez obtenida la mencionada anuencia mediante escrito fechado el 19 de marzo del año en curso, y en la cual solicita al órgano legislativo que usted preside que deberá mantenerse el carácter de reservado de ésta, adjunto al presente la información que a continuación se relaciona.

a) Copia del expediente administrativo formado con motivo de la solicitud de licencia de construcción con sus correspondientes anexos.

b) Copia de la Gaceta Oficial de este municipio que contiene la publicación del acuerdo administrativo a través del cual se constituye un Comité con la finalidad de analizar si la solicitud de licencia de construcción para el proyecto denominado Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas, cumple con los requisitos para extender la licencia de construcción respectiva;

c) Copia de la totalidad de los documentos que integraron los trabajos del comité antes referido, incluida la opinión final alcanzada.

d) Copia del Periódico Oficial de Quintana Roo, en la cual se contiene la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en fecha día 21 de julio de 2005.

En lo que respecta a los aspectos migratorios, y económicos del proyecto denominado “construcción y operación Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas”, este ayuntamiento carece de dicha información toda vez que es competencia federal, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anterior, atentamente solicito por su amable conducto, tenga al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, dando puntual cumplimiento al requerimiento formulado mediante el punto de acuerdo aprobado el jueves 7 de marzo de 2013, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Licenciado Julián Javier Ricalde Magaña (rúbrica), presidente municipal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

ISLA DE CEDROS, BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Petróleos Mexicanos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención de su oficio número DGPL 62-II-8-0342, del 13 de noviembre de 2012, dirigido al entonces director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 13 de noviembre de 2012, el cual se transcribe a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Economía, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos, a garantizar el abasto de combustible necesario para atender las necesidades de transporte de los pobladores de Isla de Cedros, Baja California; asimismo, para que lleven a cabo revisiones periódicas para combatir los abusos cometidos contra los consumidores y se defiendan sus derechos.

...

Al respecto, y para los efectos a que haya lugar, se emite la siguiente respuesta institucional en la parte que corresponde a Petróleos Mexicanos:

La franquicia Pemex cuenta en Isla de Cedros con la estación de servicio E07735, Grupo Integral Cedros, SA de CV, en el kilómetro 1 de la carretera Punta Morro en Isla de Cedros, Ensenada, Baja California. La estación de servicio inició operaciones en agosto de 2004, siendo el abasto por tierra con equipo de terceros y el traslado a la isla en embarcaciones autorizadas de la cooperativa Nacionales de Abulón.

La estación de servicio E07735 provee de gasolina Pemex Magna y combustible Pemex diesel a la población y pescadores de la localidad.

Derivado del elevado costo de transporte de producto a la estación de servicio en 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó un apoyo especia en la tarifa de flete, a fin de apoyar la operación de la estación de servicio, actualmente, a partir del 1 de febrero de 2013, la tarifa de flete aplicable es de 1 mil 258.48 pesos metro cúbico para Pemex Magna y de 1 mil 39.59 pesos por metro cúbico para Pemex diesel.

El consumo de productos durante 2012 fue el siguiente:

Producto                    2012                Promedio mensual

Pemex Magna           619.000 m3                                                51.59 m3

Pemex Diesel             62.000 m3           5.16 m3

Según datos del Inegi, Isla de Cedros cuenta con mil 339 habitantes

02 Baja California

001 Ensenada

0124 Isla de Cedros: 1 339

Las principales actividades económicas son la pesca y la empresa exportadora de sal.

De la información proporcionada consideramos que no hay elementos para que llegue a presentarse un desabasto de producto en Isla de Cedros, en razón de lo siguiente:

• El consumo de la estación de servicio es de forma regular, siendo programados los embarques de acuerdo con sus requerimientos.

• La empresa exportadora de sal es abastecida directamente por distribuidores de combustibles de Pemex Refinación, siendo los principales distribuidores de combustibles Baja Sur y Distribuidora de Combustibles de San Quintín, los cuales suministran un promedio de 6 mil metros cúbicos anuales de combustible Pemex diesel.

En espera de que la presente sirva para los efectos solicitados y sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2013.— Maestra Laura Chong Gutiérrez (rúbrica), asesora del Director Jurídico.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Municipal, para su conocimiento.

VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal del Consumidor..

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido presidente:

Me refiero al oficio número DGPL 62-II-8-1068 de fecha 21 de febrero del presente año, mediante el cual comunica a esta Procuraduría la aprobación del acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que en lo que corresponde a su competencia es el siguiente:

“...

”Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo”.

Al respecto y por su digno conducto, me permito informar a la honorable Cámara de Diputados:

La Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 24, fracción I, faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para “promover y proteger los derechos del consumidor, así como para aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”; asimismo, en la fracción XIII la Procuraduría tiene como atribución “vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor”.

En este sentido, esta Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene a bien informarle que si bien los precios de los productos considerados dentro de la canasta básica, entre ellos la carne de pollo y el huevo se establecen conforme a su oferta y demanda -a excepción del precio del gas licuado de petróleo y la gasolina-, como parte de las atribuciones conferidas a la Profeco, el suscrito al tener conocimiento de la presencia del brote del virus de influenza aviar H7N3 registrado en el estado de Guanajuato, instruyó a todas sus Unidades Administrativas a nivel nacional, el inmediato desarrollo de acciones para vigilar de manera puntual que el comportamiento comercial de los proveedores de carne de pollo y huevo, se ajuste a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de evitar la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como no exhibir de manera visible o no respetar los precios, condicionar o negar la venta de productos básicos en existencia y la manipulación de precios con la finalidad de incrementarlos sin que exista causa justificada, pretendiendo aprovechar el anuncio del fenómeno y el principio de libre oferta y demanda, para afectar la economía de los consumidores.

Para tal efecto, la Profeco ordenó las acciones de su Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos 2013, en cuyo marco se realizan acciones de monitoreo de precios y la verificación focalizada en establecimientos con venta de huevo y carne de pollo al mayoreo, menudeo y detalle, incluidos los mercados públicos, misceláneas, expendios de huevo, centros de abasto y tiendas de autoservicio del país.

Estas acciones también se han replicado a los eslabones primarios de las cadenas de consumo, a quienes se verifica en campo o bien mediante requerimientos de información, a efecto de identificar el comportamiento relacionado con el abasto y suficiencia de producto, así como la posible variación en la estructura de costos. En este sentido, la primera empresa sujeta a requerimiento de información ha sido la empresa denominada Bachoco, misma que está proporcionando información en el sentido de que tanto el abasto como los precios se mantienen estables y sin variaciones derivadas de la contingencia aviar; derivado de lo anterior, se han sostenido reuniones de trabajo con esa empresa en las que nos ha informado que la actividad sustantiva de producción tanto de carne de pollo como de huevo no se concentra en el estado de Guanajuato, estando diversificada en distintos estados del país.

No obstante a lo anterior, la Profeco continuará realizando acciones de verificación y vigilancia con la aplicación de órdenes de verificación mixtas, a partir de las cuales, en un solo acto o visita, se verifica que el comportamiento comercial de los proveedores se ajuste a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en materia metrológica, que los instrumentos de medición tales como las básculas, utilizados en las transacciones comerciales cumplan con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-requisitos técnicos y metrológicos.

Derivado de estas acciones, hasta el momento la Profeco ha realizado a nivel nacional 2,075 acciones para monitorear el comportamiento de precios de la carne de pollo y de huevo, 2,437 verificaciones en establecimientos con venta de carne de pollo y huevo, de las cuales 457 establecimientos han sido apercibidos y emplazados a procedimiento administrativo por violaciones a la ley, tales como:

• No acreditar documentalmente el motivo del incremento de $0.50 centavos y de $1.00 peso en el kilogramo de huevo, y que en algunos casos pasó de $21.90 al 22.90 y de $24.00 a $25.00 pesos, entre el 13 y 20 de febrero. Destacándose que se trata de producto proveniente de los estados de Puebla y Jalisco.

• No exhibir precios de pollo de $30.00 a $34.00 pesos.

• Operar con una báscula con faltantes de hasta 500 gramos.

Como consecuencia de lo anterior, la Profeco ha aplicado sanciones a comercios en todo el país por especular o elevar injustificadamente los precios del huevo y pollo, determinando lo siguiente:

• 286 establecimientos han sido objeto de colocación de sellos de advertencia por persistir en prácticas en perjuicio de los consumidores.

• 80 establecimientos fueron sujetos de suspensión de la comercialización por no acreditar documentalmente el incremento (57 mercados y establecimientos con venta de pollo y huevo, así como 23 tiendas de autoservicio tales como: Bodega Aurrera, Chedraui, Soriana, Superama, Comercial Mexicana y 7 Eleven).

• 7 establecimientos comerciales y bodegas con venta de pollo y huevo han sido Clausurados, mismos que operan en la Central de Abastos de Toluca, en virtud de no exhibir precios o no acreditar los precios de compra en función con los precios de venta al consumidor.

• 2,230 básculas han sido verificadas para asegurar la entrega de kilogramos completos por lo que paga el consumidor, realizando la inmovilización de 72 básculas por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor de hasta 500 gramos.

Es importante mencionar que las acciones de verificación se están desarrollando de forma permanente incluso durante los fines de semana, tanto en la Ciudad de México y área metropolitana como al interior del país, ya sea mediante brigadas enviadas por parte de la Dirección General de Verificación y Vigilancia como por las propias Delegaciones y Subdelegaciones de la Profeco.

Particularmente el sábado 2 y domingo 3 de marzo intensificó la verificación en tiendas de autoservicio y de conveniencia, en las que se verifican el comportamiento comercial en la venta de pollo, huevo e incluso pescados y mariscos con motivo de la temporada de cuaresma, la práctica consistente en la comparación de precios que en su caso realicen los autoservicios, además de aspectos metrológicos relativos al correcto funcionamiento de básculas.

Es importante mencionar que las acciones de verificación en materia de pollo y huevo han sido reforzadas, a través del envió de brigadas a diversos estados del país, tal es el caso de: Baja California, Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y Chihuahua.

Por otra parte la Profeco está reforzando sus acciones de verificación mediante la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, para verificar en mercados públicos, a fin de evitar que se afecten los derechos y economía de los consumidores, visitando hasta el momento:

• 5 mercados públicos de las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, lo que en suma representa.

• 59 establecimientos verificados con venta de huevo y pollo, de los cuales.

• 10 establecimientos fueron motivo de colocación de sellos de advertencia por no exhibir precios y no acreditar documentalmente el precio de compra en función del precio de venta, identificando variaciones a la alza de alrededor de $1.00 peso.

• 14 establecimientos fue impuesta la suspensión de la comercialización de producto.

• 66 básculas fueron verificadas, de las cuales 4 han sido inmovilizadas por registrar faltantes de peso de hasta 300 gramos en la venta de pollo (mercado Morelos).

Asimismo, se han girado oficios de requerimiento de información a empresas productoras y comercializadoras de carne de pollo y huevo que operan en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal.

Cabe hacer énfasis, que como parte de las acciones de verificación y vigilancia de la Profeco, se mantiene el monitoreo permanente de precios, mismo que se difunde a la población consumidora a través de la página web de la Profeco www.profeco.gob.mx. que permite conocer los precios mínimos y máximos de carne de pollo y huevo que se registran en diversos estados del país, para una mejor decisión de compra.

Finalmente, la Profeco intensificará acciones de verificación y vigilancia en los centros de abasto y se ha exhortado públicamente a los proveedores a no incurrir en prácticas que lesionen los derechos y la economía de los consumidores, apercibidos de la imposición de sanciones y castigos ejemplares; al mismo tiempo se ha invitado a los consumidores a denunciar cualquier abuso, captando hasta el momento 130 denuncias originadas en los estado de Guanajuato, Michoacán y el Distrito Federal, por incremento de precios de pollo y huevo, así como por el uso de básculas alteradas, mismas que están siendo atendidas por las delegaciones de la Profeco.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2013.— Doctor Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), procurador Federal del Consumidor.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

PROGRAMA DE SEGUROS CATASTROFICOS PARA EL SECTOR RURAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1285 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 400.- 038 suscrito por el ciudadano Arturo Osornio Sánchez, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la ampliación de los programas de apoyo a la agricultura en el estado de Guanajuato, a fin de que se supere el desastre agrícola, provocado por las heladas registradas en los primeros días de marzo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 1 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En relación a su oficio número SEL/300/225/13, me permito hacer de su conocimiento que la Sagarpa ha recibido solicitudes para la aplicación del Programa denominado Componente de Atención a Desastres Naturales (Cadena), de los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, México y Distrito Federal, quedando pendientes Puebla y Morelos, por heladas registradas en la primera semana de marzo.

En los casos de Querétaro, México, Distrito Federal y Michoacán, las entidades federativas concluyeron con el protocolo correspondiente y por lo tanto ya se emitió la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario; en cuanto a Guanajuato se refiere, es urgente que las autoridades estatales acrediten el total de municipios afectados para incorporarlos en la declaratoria que está pendiente de firmarse y publicarse.

El Cadena apoya a productores de hasta 20 hectáreas de cultivos anuales y hasta 10 hectáreas de frutales; asimismo, apoya a pequeños ganaderos cuando los índices de pastoreo han sido afectados por heladas. Por otra parte, anualmente la Sagarpa pone a disposición la compra de seguros catastróficos con un amplio porcentaje de subsidio; sin embargo, por ser una helada atípica, se aplica el programa de manera directa con 40% a cargo de los gobiernos estatales y 60 por ciento a cargo de la Sagarpa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2013.— Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

Ruego a la Secretaría dar lectura a la solicitud de licencia del diputado Julio César Lorenzini.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Viera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción III, y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme del encargo que actualmente desempeño como diputado federal por el distrito electoral 10 del estado de Puebla en esta LXII Legislatura, a partir del día jueves 4 de abril del año en curso.

En razón de lo anterior, me permito solicitar a usted que se realicen los trámites conducentes derivados del presente para que la diputada suplente de la fórmula electa tome protesta del cargo en comento.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1 de abril de 2013.— Diputado Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Julio César Lorenzini, por favor.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel (desde la curul): Gracias presidente. Compañeras y compañeros diputados, pedirle su apoyo y su respaldo para efecto de que me autoricen otorgarme esta licencia, ya que he recibido la invitación del gobernador Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, para incorporarme como secretario a su gabinete, oportunidad que aprovecharé para seguir sirviendo a quienes me eligieron, además de a Puebla y a los poblanos.

Reconocer al mismo tiempo el apoyo de todos mis compañeros de mi grupo parlamentario, así como de mi coordinador Luis Alberto Villarreal. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Julio César Lorenzini Rangel, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el X distrito electoral del estado de Puebla, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquense.

Sonido en la curul de la diputada Tere Jiménez.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel(desde la curul): Muy buenos días, señor presidente. Quiero reconocer el trabajo del diputado Julio Lorenzini en su área legislativa, en beneficio de los votantes que lo eligieron y también desearle lo mejor y, sobre todo, sé que realizará un excelente trabajo en el estado de Puebla en este nuevo encargo que le confiere el señor gobernador.

Muchísimas felicidades, Julio, aquí en la Cámara de Diputados tus amigos legisladores te respaldamos y te deseamos lo mejor en este nuevo encargo en beneficio del estado de Puebla.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Compañeras y compañeros, se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Mirna Velázquez López, diputada federal electa en el VII distrito electoral del estado de Sinaloa.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a las siguientes diputadas y diputados: Martha Gutiérrez Manrique; Emilse Miranda Munive; Dulce María Muñiz Martínez; Teresa de Jesús Mojica Morga; Gabriela Medrano Galindo y José Angelino Caamal Mena.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadana Mirna Velázquez López, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

La ciudadana Mirna Velázquez López: Sí protesto.

El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Muchas felicidades, diputada. Bienvenida a la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a X. ...

XI. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos; para ello deberá remitir a las instancias anteriores, de manera anual, el diagnóstico a que se refiere la fracción XXIV de este artículo.

XII. a XXV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 2 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE NIVEL TECNICO SUPERIOR Y DE EDUCACION SUPERIOR - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Benjamín Robles Montoya, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior y se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva del honorable Senado de la República del Congreso de la Unión.— Presente.

José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Ángel Benjamín Robles Montoya, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior y se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país de jóvenes. Así lo demuestra el Censo de Población y Vivienda 2012: los mexicanos entre los 12 y los 29 años de edad suman 36.2 millones, lo que representa el 320/0 del total de habitantes. La edad promedio es de 26 años, inferior al promedio mundial de 28, colocándolo en el sitio 106 entre 228 naciones y territorios alrededor del mundo.

Ser un país de jóvenes no significa que seamos un país para los jóvenes. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestro mercado laboral. La población económicamente activa o fuerza laboral se compone de 44.8 millones de habitantes, de los cuales 33% son jóvenes. De estos, el 6.9% no ha tenido éxito en la búsqueda de trabajo, un porcentaje significativamente mayor si lo comparamos con la tasa de desocupación general de 5.4% en 2011.

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. La evidencia en el tiempo y entre países muestra que el desempleo golpea más a los jóvenes debido primordialmente a su nula o escasa experiencia laboral. Los jóvenes enfrentan un círculo vicioso que lacera sus aspiraciones profesionales al no encontrar trabajo por no contar con la experiencia suficiente, y no poder acumular experiencia y capacitación por no hallar trabajo.

Romper con el círculo de desempleo juvenil y experiencia que facilite la contratación no es una tarea fácil, menos en un país como México donde coexisten otras agravantes, como son la desvinculación entre el mercado laboral y la educación superior o técnica por motivo de sus deficiencias, y lo altos costos asociados a la contratación y despido de trabajadores, limitando la creación de puestos laborales.

Para ilustrar el panorama se debe notar que, desde el año 2000, 800 mil mexicanos ingresan en promedio a la fuerza laboral cada año. En cambio, el país sólo ha sido capaz de producir 200 mil empleos formales en promedio anual.

Tres cuartas partes de los nuevos ingresantes al mercado laboral tienen que recurrir a la economía informal e ilegal (migración de por medio, en muchos casos) para el sustento propio y el de sus familias.

Los escenarios de recesión y desaceleración económica a lo largo de Estados Unidos, en la pasada y presente década complican aún más el panorama laboral de los jóvenes mexicanos al impactar directamente nuestra tasa de crecimiento, y por lo tanto, a la generación de empleos. De no realizar las adecuaciones que se necesitan a nivel doméstico, grandes oportunidades desprendidas del trabajo, iniciativa y creatividad de las nuevas generaciones se perderán.

Los riesgos asociados, de no generar oportunidades laborales suficientes para los jóvenes, son por demás conocidos. De ahí su interés de crear políticas públicas encaminadas a mitigar este rezago social.

El Gobierno Mexicano ha demostrado sus esfuerzos para controlar esta problemática, promoviendo políticas de estado para incentivar la creación de empleos de calidad en el ámbito de la formalidad mediante programas como lo fue el Programa de Primer Empleo (PPE), que inició el1 de marzo de 2007, creado con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan incorporando por primera vez al mercado laboral.

A pesar del beneficio, los empleadores no echaron mano de él. Es decir, del presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos y, fue hacia marzo de 2010, donde el programa tenía un saldo disponible superior a los mil millones, por lo que fue cancelado.

Este programa no resultó atractivo para los empleadores, debido principalmente a que el trabajo formal no sólo implica el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones como aguinaldo, bonos, vacaciones, etc., sobre los cuales no se contempla deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los patrones debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Según información del Instituto, más de 40% de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al corriente. De manera que embarcarse en el programa significaba, para muchos empleadores, incurrir en costos significativos.

Más importante aún es que el programa tampoco atendió un valor medular en la toma de decisiones del empleador: la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle y al ambiente de negocios que se respire. El relativo abaratamiento de la mano de obra pretendido por el PPE, al no considerar el beneficio per se de la contratación, se tradujo en un incentivo poco efectivo.

Otro ejemplo de política pública que intenta brindar oportunidades laborales a los jóvenes se concretó recientemente la adición del Capítulo VIII Del Fomento al Primer Empleo (LFPE), reformas vigentes a partir del 2011, estas reformas plantean deducir a las empresas un porcentaje del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) atribuible a trabajadores no registrados previamente en el IMSS.

La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto de trabajo creado, siempre y cuando éste sea mantenido por lo menos año y medio.

Al ser una deducción adicional, el patrón no tendrá que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo es más expedita, ya que simplemente lo necesita reportar en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

Sin embargo, considero que no fue tiempo suficiente para que se diera a conocer los resultados de la implementación de esta política. Por lo que en esta propuesta se retoma el incentivo contemplado en la Ley del Impuesto sobre la Renta y se crea uno en la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única para estimular la contratación de jóvenes estudiantes y/o egresados de nivel técnico superior y de educación superior.

Con el objetivo de impulsar políticas públicas, que permitan la generación de empleos formales de calidad, bien remunerados y que satisfagan los intereses y necesidades de la población trabajadora, por ello considero una prioridad: incentivar el empleo de los jóvenes estudiantes y egresados, quienes gracias a sus esfuerzos han estudiado para obtener el grado de técnico superior o de educación superior, en donde han invertido trabajo y esfuerzo.

Las familias de México, trabajan diariamente para apoyar y motivar a sus hijos, y que los mismos puedan superarse profesionalmente y obtener una mejor calidad de vida. Con esta ley, se busca convertir al joven que se ha esforzado en agente de cambio, quien con el cumplimiento de sus pretensiones y deseos, crecerá satisfactoriamente y por ende, fortalecerá al Estado.

La presente propuesta responde a la intolerable situación actual, en la que se encuentran sufriendo los jóvenes estudiantes y/o egresados en materia de empleo y de oportunidades, para establecer medidas emergentes que atiendan esta crisis para rescatar a los jóvenes mexicanos e incentivarlos a incrementar sus niveles de bienestar.

El monto de la deducción adicional permitida equivale al 80 por ciento del resultado de disminuirle al salario base el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa correspondiente del ISR o el IETU según aplique, y dividirla entre esa misma tasa. Para el caso del ISR dicha deducción no podrá ser mayor a la utilidad fiscal determinada y en el caso del IETU no podrá ser mayor a la diferencia entre el total de los ingresos percibidos y las deducciones que permite dicha ley.

La vigencia de la deducción adicional se realizara de forma permanente siempre y cuando cumpla con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única por cada puesto de nueva creación, mismo que tiene que ser mantenido por un mínimo de 18 meses, con la finalidad de evitar que sea utilizado con fines de elusión fiscal.

La presente Leyes de orden público, y tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en el sector público y privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

Por ello solo serán objeto de la presente Ley, los jóvenes con estudios y/o egresados de nivel de Técnico Superior o de Educación Superior mayores de 18 años y menores de 29 años, que no tengan registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón y que sea su deseo obtener su primer empleo.

Asimismo, se vincula a los jóvenes estudiantes de nivel técnico y de educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio u dependencia del sector público o privado, al derecho de preferencia en relación a un Puesto de Nueva Creación, con el objetivo de que al terminar con sus estudios, puedan ya egresar con su incorporación al mercado laboral.

Se establece coordinación interinstitucional para incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente ley.

Esta propuesta no solo se concentra en la creación de empleos y la colocación de los que se encuentran en busca de uno, para con ello disminuir los índices de desocupación, sino que también será parte de la propuesta incluir en la política de Estado el bienestar de cada individuo y de su familia, a partir de la conclusión de sus estudios, en base al cumplimiento de sus deseos que atiendan al esfuerzo individual y el empleo personalizado.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, así como reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única

Artículo Primero.Se expide la Ley de Fomento del Primer Empleo para los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior, para quedar como sigue:

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo I Del Fomento del Primer Empleo

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en el territorio nacional, y tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes estudiantes y egresados de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en el sector público y privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

Artículo 2. Serán objeto de la presente Ley, los jóvenes con estudios y egresados de nivel de Técnico Superior o de Educación Superior mayores de 18 años y menores de 29 años, que no tengan registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón y que sea su deseo obtener su primer empleo.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán el reglamento y/o normas legales necesarias, para realizar las medidas presupuestables y administrativas correspondientes, para garantizar el cumplimiento de la presente Ley. La interpretación administrativa de esta Ley en el ámbito federal, corresponderá a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 4. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por:

I. Educación Superior.- Es la que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades;

II. Empresa.- Una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Instituto.- Instituto Mexicano del Seguro Social;

IV. Patrón. La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores;

V. Prácticas Profesionales.- Son el conjunto de actividades propias de la formación profesional para la aplicación y la vinculación con el entorno social y productivo;

VI. Puesto de nueva creación.- Todo aquel puesto de nueva creación que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en los términos dispuestos por la misma;

VII. Salario base.- Es el monto de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón y la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador de primer empleo o sus beneficiarios legales;

VIII. Secretaría.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

IX. Servicio Social.- Se refiere al programa de carácter obligatorio administrado por la universidad o institución de nivel Técnico Superior que se esté cursando el grado, para poner en práctica los conocimientos que ha adquirido en su preparación profesional;

X. Servicio.- Servicio Nacional de Empleo, y

XI. Técnico superior.- Es el título obtenido de una capacitación de dos años, después del bachillerato o de sus equivalentes.

Artículo 5. La presente Ley tiene por objeto:

I. Promover la creación de nuevos puestos para los jóvenes con estudios de nivel de Técnico Superior o de Educación Superior;

II. Diseñar políticas para incorporar a los jóvenes con nivel de Técnico Superior o de Educación Superior al ámbito laboral;

III. Fortalecer el vínculo entre universidades, el sector público y privado para permitir la incorporación de los jóvenes con grado de estudio técnico superior o licenciatura puedan acceder al ámbito laboral;

IV. Apoyar en las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de los jóvenes estudiantes y egresados;

V. Orientar a los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior para la búsqueda de un empleo de calidad acorde a sus perfiles, expectativas y entorno, y

VI. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de estudiantes y jóvenes egresados en busca de empleo, así como los destinados para desarrollar competencias, habilidades y certificaciones laborales.

Artículo 6. Las acciones a que se refiere el artículo anterior se ejecutarán de manera coordinada entre las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, universidades o instituciones educativas de educación superior, organizaciones empresariales y de la sociedad civil a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con los servicios locales de empleo.

Capítulo IIDe las Prácticas Profesionales y del Servicio Social

Artículo 7. La Secretaría, expedirá los lineamientos generales para que los jóvenes de nivel Técnico Superior y de Educación Superior puedan acceder a programas de fomento al primer empleo en Jóvenes de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en las empresas o dependencias del sector público y privado.

Artículo 8. Los programas u acciones tendrán como finalidad contribuir a la formación integral de los jóvenes estudiantes y egresados de nivel Técnico Superior y de Educación Superior a través del ejercicio de los conocimientos técnicos en la realidad profesional que proporciona.

De esta manera, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda.

Artículo 9. Los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio u dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación.

Título Segundo De los Incentivos y Beneficios

Capítulo I Del Beneficio al Fomento al Primer Empleo para los Patrones

Artículo 10. Para impulsar el fomento de Puestos de Nueva Creación para los Jóvenes estudiantes y egresados del Nivel de Educación Superior e incentivar los patrones a contratarlos, las autoridades responsables deberán:

I. Apoyar a los patrones que contraten a los jóvenes estudiantes y egresados del nivel Técnico Superior y de Educación Superior a que se refiere el Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II. Estimular y promover la incorporación de los jóvenes estudiantes y/o egresados de nivel Técnico Superior y de Educación Superior a un empleo en el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno; e

III. Impulsar la capacitación de los jóvenes estudiantes y egresados del nivel Técnico Superior y de Educación Superior en el desarrollo de sus habilidades según el perfil del empleo y expectativas.

Artículo 11. Los patrones que contraten a los jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel Técnico Superior y de Educación Superior en los términos de la presente Ley, tendrán acceso a los servicios y beneficios de los trabajadores de un puesto de nueva creación.

Capítulo IIDel Procedimiento para la Aplicación del Apoyo y Requisitos

Artículo 12. Tienen derecho al apoyo y a los beneficios a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, los patrones que cumpliendo con los requisitos previstos, contraten a jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior para ocupar un puesto de nueva creación y que los inscriban ante el Instituto en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

Artículo 13. Las contrataciones deberán tener concordancia entre la profesión o carrera técnica acreditada por los jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior y el puesto de nueva creación, ser de calidad y de acuerdo con los perfiles, expectativas y entorno.

Artículo 14. Para ser elegible para un puesto de nueva creación los jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior, deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de 18 años y menor de 29 años de edad;

II. Ser residente del territorio nacional;

III. Contar con Clave Única de Registro de Población;

IV. Contar con título profesional o certificado que acredite la terminación de sus estudios como Técnico Superior o de Educación Superior, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con fecha de máximo un año previo a la entrada en vigor de la presente Ley.

V. No cuente con registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto, por haber laborado previamente;

VI. No percibir otros ingresos económicos por concepto de subsidio o relación laboral diversa, y

VII. No ser beneficiario de subsidio al desempleo o similar por parte de otra instancia.

Artículo 15. Para la inscripción de las empresas o patrones en el padrón éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. En caso de personas morales:

a) Estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su entidad;

b) Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables;

d) No ser una entidad pública, ni formar parte de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas o municipios;

e) Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine;

f) Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen;

g) Entregar informes, datos y documentación que les sea requerido con relación al puesto de nueva creación o el trabajador de primer empleo colocado;

h) Los demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

II. En el caso de patrones, deberán cumplir con los mismos requisitos exceptuando el contemplado en el inciso a) de la fracción I de este artículo.

Artículo 16. Los interesados en inscribirse en el padrón como empresas o patrones con interés de contratar a jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del plazo que establezca el reglamento o leyes aplicables, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo IIIDe la Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental

Artículo 17. La Secretaría, preverá los medios indispensables para incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente Ley.

Artículo 18. Para impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría deberá:

I. Establecer el registro denominado de los jóvenes egresados con estudios de nivel técnico superior y de educación superior, para conocer la integración de los mismos en la apertura de puestos de nueva creación;

II. Establecer mecanismos e instrumentos de cooperación y vinculación, así como promover la celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno y los órganos autónomos, para diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones de fomento al primer empleo de jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior;

III. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales, mediante los cuales se incentiven el desarrollo integral de políticas públicas en la materia de fomento al primer empleo en jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior, y

IV. Establecer a través del Sistema Nacional de Empleo, el sistema de colocación de los jóvenes estudiantes y egresados, que decidan convertirse en trabajadores de primer empleo siempre buscando la coordinación de las instancias obligadas a participar en los fines de la presente Ley.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 230, 232 y 234 del Capítulo VIII, Del Fomento al Primer Empleo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 230. Los patrones que contraten a jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta.

(... )

(...)

Artículo 232. ...

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes de forma permanente para brindar la oportunidad a los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer empleo.

Artículo 234. Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de la presente Ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior que se conviertan en trabajadores de primer empleo se contraten, con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Crear puestos nuevos y contratar a jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior para ocuparlos.

II. a VI. ( ... )

VII. Cumplir con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 232 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.

VIII. ( ... )

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XI al artículo 5 del Capítulo 11 De las Deducciones de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única, para quedar como sigue: Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a X. ( ... )

XI. La creación o incremento de puestos de nueva creación para jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico y de educación superior, debidamente acreditada de conformidad con lo dispuesto con el Capítulo VIII del Fomento al Primer Empleo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor, el día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de cada año, los recursos necesarios para el fomento al primer empleo de los jóvenes estudiantes y egresados del nivel superior, en cumplimiento de la presente Ley.

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley de Fomento al Primer Empleo de los jóvenes Estudiantes y Egresados de la licenciatura y las normas legales correspondientes, en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota:

1 De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 66 entre 139 países conforme a su grado de competitividad; sin embargo, en términos laborales, se ubica en el 120.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 19 días del mes de marzo de 2013.— Senadores: José María Martínez Martínez (rúbrica), Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Benjamín Robles Montoya.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del 32 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, remitida por el Senado de la República de la LXI Legislatura.

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de septiembre de 2011, el senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

2. El 20 de marzo de 2012, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen de primera lectura, el cual fue aprobado el 22 de marzo de 2012 por 74 votos y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, fracción A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En sesión ordinaria del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, del 27 de marzo de 2012, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Transportes la minuta en comento para estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-6-2462.

4. Con fecha 10 de abril de 2012, la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, emitió el dictamen correspondiente, turnándolo a la Mesa Directiva.

5. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, emitió acuerdo “en el que se turnan a las comisiones correspondientes para su revisión y, en su caso dictaminación, los 79 proyectos de dictamen que el pleno de la LXI Legislatura no llego a resolver”.

6. Con la misma fecha, la Comisión de Transportes, recibió copia del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

7. Con fecha 17 de diciembre de 2012, se solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

8. Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, autoriza prórroga.

9. Durante las dos primeras semanas de enero de 2013, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

10. Durante las dos últimas semanas de enero de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios respectivos.

11. Con fecha 19 de febrero de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente iniciativa.

Análisis de la minuta

Esta comisión dictaminadora considera oportuno señalar que la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, así como la prestación y desarrollo de servicios de transporte aéreo civil, son actividades estratégicas para el desarrollo económico del país, las cuales son otorgadas por el gobierno federal mediante concesiones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, entre ellas, la Ley de Aviación Civil.

El transporte aéreo es esencial para el traslado de pasajeros, para la transportación de mercancías y sobre todo para el fomento de la actividad turística. Por ello, la administración del espacio aéreo mexicano es fundamental para la seguridad nacional y de las aeronaves que surcan en dicho espacio, pues éstas son consideradas como medios de transporte muy seguros y eficientes, que permiten elevar la eficiencia y productividad de los agentes económicos.

Sin embargo, de acuerdo con datos emitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México cuenta con la segunda red más amplia de aeropuertos y aeródromos de América que se halla en buen estado, pero que se encuentra subutilizada.

Por otra parte, el sector aeronáutico impulsa la generación de empleo permanente de alta especialización con una inversión de alta rentabilidad social, pues además de impulsar el desarrollo de la industria con un impacto multiplicador en la economía nacional, genera amplios beneficios en la investigación y desarrollo de tecnología aplicada al diseño y fabricación de aviones, la manufactura, el ensamble, la reparación de componentes y el establecimiento de talleres de servicios para mantenimiento de equipo.

Por ello, la comisión que dictamina considera importante que el sector aeronáutico cuente con políticas de estímulo y fomento, sobre todo en el rubro de aviación comercial, en la industria aeroespacial y en la formación y capacitación de capital humano, así como en la investigación y desarrollo de la materia aeronáutica, para generar un mercado interno más robusto generando mayor accesibilidad para aquellas personas que por cuestiones socio-económicas, se abstienen de utilizar el servicio aéreo comercial, por lo que se estarían generando más oportunidades de desarrollo económico, social, turístico y de negocios.

Ahora bien, por lo que corresponde a la propuesta de incluir en el artículo 10 de la Ley de Aviación Civil la condición para obtener la prórroga correspondiente a la concesión de que se trate, de remitir un informe anual sobre los datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario que permitan conocer la forma en que presta el servicio público de transporte aéreo, la que dictamina considera conveniente que tanto la autoridad, como el público en general que usa el servicio, conozcan la posición operativa de las empresas para tomar decisiones más informadas lo que se reflejará económicamente en un mejor aprovechamiento de los servicios por parte del público y en la formulación oportuna de políticas que permitan mejorar la calidad de los servicios y asegurar la permanencia y eficiencia del sector en su conjunto.

Sin embargo la Comisión de Transportes que suscribe, considera excesivo incluir la posibilidad de que al concesionario se le soliciten en cualquier tiempo, aquellos datos o documentos que requiera la dependencia, pues tales atribuciones suponen facultades discrecionales y que generarían incertidumbre a los operadores de transporte aéreo. En cualquier caso, la secretaría deberá determinar en las reglas de carácter general que expida para la formulación del informe anual que se propone generar, los datos que considere necesarios para el análisis amplio y preciso de la situación de los concesionarios. Por tal motivo, la comisión que dictamina considera conveniente que el texto de la fracción I del artículo 10 de la Ley de Aviación Civil quede de la manera siguiente:

“Artículo 10. ...

I. Hubiere cumplido con las obligaciones señaladas en la concesión que se pretenda prorrogar. Para tales efectos el titular de la concesión deberá de remitir al área respectiva de la secretaría, anualmente, un informe que se refiera a los doce meses anteriores, con datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario que permitan conocer la forma en que se ha prestado y desarrollado el servicio público de transporte aéreo nacional regular en relación con el interés público y del estado.

...

II. a IV. ...

Por lo que respecta a la propuesta que incluye la minuta en relación a los párrafos tercero y cuarto del artículo 12 de la Ley de Aviación Civil, es claro que la colegisladora busca que la participación de la inversión extranjera en el capital de las personas morales mexicanas, se sujete a lo dispuesto por la ley de la materia para evitar prácticas de simulación con respecto a la participación de la inversión extranjera directa en el capital de los concesionarios. Sin embargo, se observa que dicha disposición no está debidamente fundamentada, en razón de que el sentido de la propuesta no corresponde con el objeto de la Ley de Aviación Civil, sino con la Ley de Inversión Extranjera que es el ordenamiento que determina las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país, buscando que ésta contribuya al desarrollo nacional y, en específico, en su artículo 7, donde se menciona el porcentaje de participación de capital extranjero en el transporte aéreo nacional.

Además, se considera que de aprobarse la disposición propuesta por la colegisladora sobre el tema de inversión extranjera, el flujo de capital se vería desfavorecido, en razón de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería recabar de la Dirección General de Inversión Extranjera un dictamen aprobado previamente por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras dependiente de la Secretaría de Economía, en el que se analice y determine la legalidad de la procedencia de las aportaciones de la inversión extranjera de que se trate.

Por un lado, se incrementan los procedimientos burocráticos necesarios para obtener la autorización para incrementar el capital de una sociedad y por el otro, se observa también que la facultad de análisis de la legal procedencia de las aportaciones de capital extranjero, no corresponden con las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para ninguna de las dependencias mencionadas, por lo que la comisión que dictamina considera conveniente eliminar del proyecto de mérito la propuesta relativa al artículo 12 de la Ley de Aviación Civil, al considerar que afectaría el flujo de inversión a un sector dinámico que demanda capital y que el planteamiento no es correcto por no ser materia de la ley de la materia el análisis de la procedencia de los recursos económicos.

En otro orden de ideas, vale la pena considerar que al tratarse de un servicio de interés público, éste debe ser brindado a los usuarios en términos de calidad continuidad y seguridad, siendo este último concepto uno de los más importantes para procurar el aprovechamiento eficiente y la conservación de las vías generales de comunicación.

Sobre la propuesta de la minuta de reformar el artículo 32 de la Ley de Aviación Civil, se observa que la colegisladora plantea incluir como requisito para la obtención del certificado de aeronavegabilidad, además de las pruebas técnicas y requisitos de mantenimiento, el sometimiento también de los controles que establezcan las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones administrativas y circulares que emita la autoridad aeronáutica.

Sobre el particular, la que dictamina considera apropiado que se incluya como un requisito para concesionarios y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sujetarse a los procedimientos técnicos que establezcan las normas oficiales mexicanas, pues tanto autoridad como concesionarios se verán obligados a actualizar sus disposiciones administrativas de manera generalizada buscando la eficiencia y seguridad del sector en conjunto y modernizar los procesos de operación y capacitación en la prestación de los servicios, propiciando la mejora constante en la calidad y eficiencia del sector.

Sin embargo, esta comisión que dictamina considera ambiguo el enunciado que propone acatar circulares y demás disposiciones administrativas emitidas por la autoridad aeronáutica, pues generan un amplio margen de discrecionalidad para la autoridad e introduce un alto grado de incertidumbre para los destinatarios de la norma, por lo que esta dictaminadora considera adecuado eliminar del texto propuesto ese enunciado y establecer que será la secretaría directamente quien emita, en su calidad de regulador del sector, las normas oficiales mexicanas y reglamentos que se proponen. En tal sentido, la redacción del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil que se propone, quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 32. ...

La obtención del certificado de aeronavegabilidad se sujetará a las pruebas, al control técnico y a los requisitos de mantenimiento que establezcan los reglamentos y las normas oficiales emitidas por la secretaría.”

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados correspondiente a la LXII Legislatura, consideran adecuado aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno de esta asamblea, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. Hubiere cumplido con las obligaciones señaladas en la concesión que se pretenda prorrogar. Para tales efectos el titular de la concesión deberá de remitir al área respectiva de la secretaría, anualmente, un informe que se refiera a los doce meses anteriores, con datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario que permitan conocer la forma en que se ha prestado y desarrollado el servicio público de transporte aéreo nacional regular en relación con el interés público y del estado.

II.a IV. ...

  Artículo 32. ...

La obtención del certificado de aeronavegabilidad se sujetará a las pruebas, al control técnico y a los requisitos de mantenimiento que establezcan los reglamentos y las normas oficiales emitidas por la secretaría.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, hasta por cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Nada más rogándole y diciéndole que son tres proyectos de decreto para efectos del tiempo.

Compañeras y compañeros diputados, México como economía emergente ha fincado gran parte de su desarrollo en la capacidad y habilidad de insertarse en el proceso del comercio globalizado.

En décadas posteriores al inicio de la apertura comercial y, en particular, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana ha experimentado una transformación de primer orden.

En este contexto, el transporte, como actividad de servicio vinculada a todas las ramas económicas y como eslabón indispensable de las cadenas de distribución física de personas y productos, juega un papel preponderante en la competitividad de las cadenas productivas del entramado empresarial, principalmente por la creciente vinculación del país con los mercados del exterior.

Particularmente, es oportuno señalar que la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre territorio nacional, así como la prestación y desarrollo de servicios de transporte aéreo civil, son actividades estratégicas para el desarrollo económico del país, las cuales son otorgadas por el gobierno federal mediante concesiones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, entre ellas, la Ley de Aviación Civil.

Precisamente el día de hoy la Comisión de Transportes acude a esta soberanía a someter a su consideración tres proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil, que por referirse a un mismo ordenamiento nos permitimos posicionarlos en un solo acto.

El transporte aéreo es esencial para el traslado de pasajeros, para transportación de mercancías y, sobre todo, para el fomento de la actividad turística. Por ello, la administración del espacio aéreo mexicano es fundamental para la seguridad nacional y de las aeronaves que surcan en dicho espacio. Éstas son consideradas como medios de transportes seguros y eficientes.

Por ello, la Comisión de Transportes considera importante que el sector aeronáutico cuente con políticas de estímulo y fomento, sobre todo en el rubro de aviación comercial, en la industria aeroespacial y, sobre todo, en la capacitación de capital humano, así como en la investigación y desarrollo de la materia aeronáutica, para generar un mercado interno más robusto, con mayor accesibilidad.

Bajo esta premisa, ponemos a su consideración el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil, iniciativa que tuvo su origen en la Cámara de Senadores de la legislatura pasada y fue turnada a ésta en su carácter de minuta.

En lo que se refiere a la modificación a la fracción I del artículo 10, esta comisión dictaminadora consideró conveniente incluir para obtener prorroga de la concesión la obligación de remitir un informe anual sobre los datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos, que permitan conocer la forma en que presta el servicio público de transporte aéreo. Éste será el instrumento fundamental para que la autoridad y el público en general que usa el servicio, conozcan la posición operativa de las empresas para tomar decisiones más informadas, lo que se reflejará económicamente en un mejor aprovechamiento de los servicios por parte del público y en la formulación oportuna de políticas que permitan mejorar la calidad de los servicios y asegurar la permanencia y eficiencia del sector en su conjunto.

Por otro lado, esta comisión consideró pertinente que, por tratarse de un servicio de interés público, éste debe ser brindado a los usuarios en términos de calidad, continuidad y seguridad, siendo este último concepto uno de los más importantes para procurar el aprovechamiento eficiente y la conservación de las vías generales de comunicación.

Sobre el particular, la que dictamina considera apropiado que se incluya —en el segundo párrafo del artículo 32 como requisito para los concesionarios y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes— sujetarse a los procedimientos técnicos que establezcan las normas oficiales mexicanas. Tanto autoridad como concesionarios se verán obligados a actualizar sus disposiciones administrativas de manera generalizada, buscando la eficiencia y seguridad del sector en conjunto y modernizar los procesos de operación y capacitación en la prestación de los servicios, propiciando la mejora constante en la calidad y eficiencia del sector.

Para evitar ser redundante, señor presidente, le solicito que se incorpore íntegramente el texto de esta iniciativa al Diario de los Debates.

Por otro lado, el tema de la protección ambiental reviste una gran importancia en nuestros días, así como la seguridad de la aviación civil, por lo que se considera procedente incluir en la ley que se pretende reformar el rubro de protección en materia ambiental, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las demás secretarías de Estado competentes para que expidan, apliquen medidas y normas de seguridad e higiene, así como de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental.

Ése es el sentido del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 76, y adiciona el 15 y un 76 Bis a la Ley de Aviación Civil, que sometemos también a su consideración.

Por obvio del tiempo, señor presidente, muy respetuosamente le solicito que también incorpore íntegramente al Diario de los Debates.

Finalmente, diputadas y diputados, la Comisión de Transportes consideró necesario atender la queja recurrente de los usuarios del servicio aéreo, en relación con el perjuicio que ocasiona la sobreventa de boletos, preocupación que en diferentes momentos y a través de distintas iniciativas, fue recogido por varias compañeras y compañeros, diputadas y diputados.

En el tercer dictamen que hoy les presentamos, en apego al numeral 2 de nuestro Reglamento, integramos cinco de estas propuestas que exponen la necesidad de mejorar el control de la práctica de sobreventa que ejercen las aerolíneas comerciales, mejorando la protección a los usuarios del transporte aéreo.

Tras analizar las cinco iniciativas materia de este dictamen, la comisión recogió la preocupación que existe frente a la vulnerabilidad de los derechos de los usuarios de la aviación comercial y considera pertinente fortalecer los instrumentos con que cuentan para hacer frente a las malas prácticas comerciales.

La sobreventa de boletos de avión es una práctica recurrente que se realiza en nuestro país bajo el amparo de la tolerancia legal, en virtud de que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil contempla como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación de vuelos por causas imputables a los concesionarios de los servicios aéreos, a elección del pasajero: reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje; ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino. Alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque de otro vuelo; alojamiento en el hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernoctar; y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Transportarle en fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se le denegó el embarque.

La normatividad vigente no ha sido suficiente, por lo que la iniciativa propone que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá cubrir —además de todo lo anterior— una indemnización al pasajero afectado que pasará del 25 por ciento que actualmente está en la ley, al 100 por ciento del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Por las anteriores consideraciones, compañeras y compañeros, solicitamos su voto aprobatorio a los tres proyectos de dictamen que reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil que sometimos a su consideración. Es todo, señor presidente, muchas gracias.

«Posicionamiento de los dictámenes sobre las iniciativas de reforma a la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Marco Antonio Calzada Arroyo.

Con su permiso, señor Presidente; recordándole que son tres proyectos de decreto para efectos del tiempo; compañeras y compañeros diputados:

México como economía emergente, ha fincado gran parte de su desarrollo en la capacidad y habilidad de insertarse al proceso del comercio globalizado. En las décadas posteriores al inicio de la apertura comercial, y en particular a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana ha experimentado una transformación de primer orden. En este contexto, el transporte como actividad de servicio vinculada a todas las ramas económicas y, como eslabón indispensable de las cadenas de distribución física de personas y productos, juega un papel preponderante en la competitividad de las cadenas productivas del entramado empresarial, principalmente por la creciente vinculación del país con los mercados del exterior.

Particularmente, es oportuno señalar que la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, así como la prestación y desarrollo de servicios de transporte aéreo civil, son actividades estratégicas para el desarrollo económico del país, las cuales son otorgadas por el Gobierno Federal mediante concesiones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, entre ellas, la Ley de Aviación Civil.

Precisamente el día de hoy, la Comisión de Transportes acude a esta soberanía, para someter a su consideración, tres proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

Los que por referirse al mismo ordenamiento, nos permitimos posicionarlos en un solo acto.

El transporte aéreo es esencial para el traslado de pasajeros, para la transportación de mercancías y sobre todo para el fomento de la actividad turística. Por ello, la administración del espacio aéreo mexicano es fundamental para la seguridad nacional y de las aeronaves que surcan en dicho espacio, éstas son consideradas como medios de transporte, seguros y eficientes.

Por ello, la Comisión de Transportes considera importante que el sector aeronáutico cuente con políticas de estímulo y fomento, sobre todo en el rubro de la aviación comercial, en la industria aeroespacial y en la formación y capacitación de capital humano, así como en la investigación y desarrollo de la materia aeronáutica, para generar un mercado interno más robusto con mayor accesibilidad.

Bajo esta premisa, ponemos a su consideración el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del 32 de la Ley de Aviación Civil.

Iniciativa que tuvo su origen en la Cámara de Senadores de la legislatura pasada y fue turnada a ésta en su carácter de minuta.

En lo que se refiere a la modificación a la fracción I del artículo 10, esta Comisión Dictaminadora consideró conveniente incluir, para obtener la prórroga de la concesión, la obligación de remitir un informe anual sobre los datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos que permitan conocer la forma en que presta el servicio público de transporte aéreo. Éste será el instrumento fundamental,  para que la autoridad y el público en general que usa el servicio, conozcan la posición operativa de las empresas para tomar decisiones más informadas, lo que se reflejará económicamente en un mejor aprovechamiento de los servicios por parte del público y en la formulación oportuna de políticas que permitan mejorar la calidad de los servicios y asegurar la permanencia y eficiencia del sector en su conjunto.

Por otro lado, esta comisión consideró pertinente que, por tratarse de un servicio de interés público, éste debe ser brindado a los usuarios en términos de calidad, continuidad y seguridad; siendo este último concepto uno de los más importantes para procurar el aprovechamiento eficiente y la conservación de las vías generales de comunicación.

Sobre el particular, la que dictamina considera apropiado que se incluya, en el segundo párrafo del artículo 32 como requisito para los concesionarios y la propia SCT, sujetarse a los procedimientos técnicos que establezcan las normas oficiales mexicanas, tanto autoridad como concesionarios se verán obligados a actualizar sus disposiciones administrativas de manera generalizada, buscando la eficiencia y seguridad del sector en conjunto y modernizar los procesos de operación y capacitación en la prestación de los servicios, propiciando la mejora constante en la calidad y eficiencia del sector.

Para evitar ser redundante señor Presidente, le solicito que se incorpore íntegramente el texto de esta iniciativa al Diario de los Debates.

Por otro lado, el tema de la protección ambiental reviste de una gran importancia en nuestros días, así como la seguridad en la aviación civil, por lo que se considera procedente incluir en la ley que se pretende reformar, el rubro de la protección en materia ambiental, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las demás secretarías de Estado competentes, para expedir, aplicar medidas y normas de seguridad e higiene, así como de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental.

Ese es el sentido del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 76, y adiciona el 15 y un 76 Bis a la Ley de Aviación que sometemos también a su consideración.

Que por obvio de tiempo señor Presidente, muy respetuosamente le solicito también se incorpore íntegramente en el Diario de los Debates.

Finalmente diputadas y diputados, la Comisión de Transportes consideró necesario atender la queja recurrente de los usuarios del servicio aéreo, en relación con el perjuicio que ocasiona la sobreventa de boletos.

Preocupación que en diferentes momentos y a través de distintas iniciativas, fue recogida por varias compañeras y compañeros diputadas y diputados. De ahí que en este tercer dictamen que hoy les presentamos, en apego al numeral 2 de nuestro Reglamento, integramos cinco,  de esas propuestas que exponen la necesidad de mejorar el control de la práctica, de sobreventa que ejercen las aerolíneas comerciales, mejorando la protección a los usuarios del transporte aéreo.

Tras analizar las cinco iniciativas materia de este dictamen, la comisión recogió la preocupación que existe frente a la vulnerabilidad de los derechos de los usuarios de la aviación comercial y considera pertinente, fortalecer los instrumentos con que cuentan para hacer frente a las malas prácticas comerciales.

La sobreventa de boletos de avión, es una práctica recurrente que se realiza en nuestro país, bajo el amparo de la tolerancia legal, en virtud de que actualmente el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil contempla, como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación de vuelos por causas imputables a los concesionarios de los servicios aéreos, a elección del pasajero: reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacía el destino respecto del cual se denegó el embarque.

La normatividad vigente no ha sido suficiente, por lo que la iniciativa propone que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

Cubrir, además de todo lo anterior, una indemnización al pasajero afectado que pasará del 25% que actualmente está en la ley, al 100% del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Por las anteriores consideraciones compañeras y compañeros, solicitamos su voto aprobatorio a los tres proyectos de dictamen que reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil que sometimos a su consideración.

Gracias Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Por supuesto que el documento se insertará íntegro en el Diario de los Debates.

Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, tiene en primer término el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Son bastantes los asuntos pendientes que tienen diversas comisiones de esta honorable Cámara de Diputados; es por ello que quiero expresar mi reconocimiento al trabajo siempre comprometido de la Comisión de Transportes, que hoy somete a la consideración los siguientes dictámenes.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza queremos dejar claro que los temas que se abordan en ellos son diferentes y han requerido una discusión particular; sin embargo, por economía parlamentaria y para evitar que su votación sea pospuesta, vamos a abordarlos en este momento.

El presente es el tema de la transparencia en el servicio público del transporte aéreo nacional. Hasta hoy, la Ley de Aviación Civil no mandata a los concesionarios a que presenten de forma anual un informe que refiera datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos relacionados con el servicio que prestan, lo cual es objetivo de otra de las minutas.

No hay duda que en toda democracia la presencia de mecanismos de transparencia respecto a la acción del gobierno es fundamental y por ello no exime a aquellos particulares que se involucran en las tareas del Estado a través de la concesión de bienes y servicios públicos.

Desde el Legislativo nuestra tarea es garantizar que los concesionarios se suscriban a lineamientos específicos para que presenten y desarrollen servicios de calidad a toda la población, beneficiando no solamente a los ciudadanos, sino al Estado mismo. Por ello votaremos a favor de estos dictámenes que se han presentado previamente.

El siguiente es el que se refiere a la expedición y aplicación de las medidas y normas de seguridad e higiene para la aviación civil y aeroportuaria, los acuerdos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Semarnat y otras dependencias, y la regulación del ruido y las emisiones contaminantes en los servicios del transporte aéreo.

Votaremos a favor de estos dictámenes, porque significa permitir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el que cuente con elementos para que las decisiones de política pública en este rubro tengan una visión integral, consensuada, de mayor alcance y con perspectiva medioambiental.

Significa sancionar a quienes infrinjan las medidas y normas de higiene y protección al ambiente con la revocación de la concesión. Pongamos candados a la corrupción, al abuso y la negligencia y mantengámonos atentos a la conformación de las normas oficiales mexicanas necesarias.

Finalmente está el tema de la sobreventa de boletos aéreos. La legislación vigente señala que la indemnización al pasajero afectado no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje y la propuesta permitirá que ésta sea del 100 por ciento.

En Nueva Alianza consideramos que no basta con poner sanciones, sino que también se requiere que la ley no dé lugar a prácticas que lejos de mejorar el servicio para el consumidor, únicamente lo conviertan en negocios para el prestador del servicio.

Votaremos a favor de estos dictámenes, aunque hay que analizar que no resuelven en su totalidad las demandas que los usuarios han dado a conocer y que no se han atendido necesariamente, pero abonan en el sentido positivo a preservar y cuidar los derechos de los usuarios y consumidores.

Compañeras y compañeros legisladores, éstos como muchos otros asuntos en agenda, requieren de nuestra participación comprometida e informada.

Quiero reiterar en esta tribuna, la más alta de la nación, que en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza siempre encontrarán un aliado cuando se trate de dar respuestas a tiempo, cuando se trate de buscar soluciones a las necesidades y demandas de todas y todos los mexicanos, puesto que es obligación de nuestra labor legislativa.

Trabajemos todos juntos por México. Muchas gracias, diputado presidente y compañeras y compañeros legisladores.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don José Angelino. Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Lorena Méndez Denis:Muy buenos días, presidente de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros diputados. De acuerdo a lo señalado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dominio directo del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fija el derecho internacional le corresponden a la nación. Por tal motivo, la administración del espacio aéreo mexicano resulta fundamental para la seguridad nacional de nuestro país.

Actualmente el transporte aéreo es esencial para el traslado de pasajeros, para la transportación de mercancías y sobre todo para el turismo; sin embargo, la quiebra de las aerolíneas en México ha traído diversas afectaciones en la oferta de vuelos a los diferentes destinos de la República.

Tan solo para el 2010, año en el que fue suspendido el servicio que prestaba Mexicana de Aviación, que repercutió significativamente en la oferta de operaciones hacia el exterior, se abrió la puerta a la generación de monopolios públicos y privados que se forman por la falta de vigilancia y de una regulación adecuada, lo que que ha generado múltiples molestias a los ciudadanos usuarios de las aerolíneas.

Por otro lado, el sector aeronáutico nacional impulsa la generación de empleos permanentes de alta remuneración y con capacitación más especializada, por lo que ofrece un mejor perfil de rentabilidad social que las otras inversiones en infraestructura de transporte.

El sector aeronáutico requiere de políticas de estímulo y fomento, sobre todo en el rubro de la aviación comercial, en la industria aeroespacial y en la formación y capacitación de capital humano, así como en la investigación y desarrollo de la materia aeronáutica.

Actualmente, las políticas aplicadas por el Estado mexicano no han sido las más adecuadas para el desarrollo de este sector. Cada vez son más complicados y engorrosos los trámites y requisitos para los posibles concesionarios, cerrando toda posibilidad a la apertura de la competitividad.

Ahora bien, el dictamen a discusión propone reformar la Ley de Aviación Civil, donde se incluye como condición para obtener la prórroga correspondiente a la concesión la de remitir un informe anual sobre los datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario, que permitan conocer la forma en que presta el servicio público de transporte aéreo.

En este contexto, solo los concesionarios que demuestren cumplir con los requisitos establecidos en la ley podrán continuar prestando el servicio público de transporte aéreo si demuestran cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en las disposiciones reglamentarias.

De esta manera, poner más candados para la obtención de las concesiones no parece ser el camino más viable para eliminar el mal funcionamiento de las empresas que otorga el servicio. A nuestro parecer, la apertura a la competencia en este sector obligaría a los concesionarios a eficientar su funcionamiento, a fin de acortar tiempos y mejorar la calidad de los servicios otorgados.

Por otro lado, se pretende reformar el artículo 32 de la ley en comento, con el fin de incluir como requisito para la obtención del certificado de aeronavegabilidad, además de las pruebas técnicas y de requisitos de mantenimiento, el sometimiento también de los controles que establezcan las normas oficiales mexicanas, y otras disposiciones administrativas y curriculares que emita la autoridad aeronáutica.

Es por eso que consideramos que al sujetarse a los procedimientos técnicos que establezcan las normas oficiales mexicanas se verán obligados a modernizar sus disposiciones, buscando la eficiencia y seguridad del sector.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano se abstiene de votar en el presente dictamen, ya que consideramos que se debe de trabajar en fortalecer y determinar las bases para crear una industria de aviación mexicana de clase mundial que sea factor de desarrollo, a fin de fomentar la sana competencia de la industria y eliminando trámites y candados que obstaculicen la misma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados ni reservas, ábrase el sistema electrónico de votación para votar en lo general y en lo particular en un solo acto. Ábrase, por cinco minutos, de tal suerte de permitir que los compañeros lleguen al salón de sesiones, los que no están.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

De viva voz, la diputada Mirna Velázquez López.

La diputada Mirna Velázquez López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 386 votos en pro, 0 en contra y 17 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10, y el segundo párrafo del artículo 32, de la Ley de Aviación Civil.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 76, y adiciona un artículo 15 y un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 76, y adiciona el 15 y uno 76 Bis a la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracción V; 15, fracción X, y 76, segundo párrafo; y se adiciona un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil, remitida por el Senado de la República de la LXI Legislatura.

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del 19 de enero de 2011, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, y en la misma fecha fue turnada a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 17 de noviembre de 2011, se sometió a consideración del pleno, el dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil, mismo que fue aprobado por 244 votos en pro, 5 votos en contra y 5 abstenciones y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

3. En sesión ordinaria del 22 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la recepción de una minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil (Se reforman los artículos 6, fracción V; 15, fracción X, y 76, segundo párrafo; y se adiciona un artículo 76 Bis), remitida por la colegisladora y en la misma fecha, la turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

4. Las Comisiones Unidas referidas realizaron diversos trabajos con el propósito de revisar el contenido de la minuta que les fue turnada, integrando sus observaciones y comentarios en el dictamen correspondiente.

5. En la sesión ordinaria del pleno del Senado de la República del 25 de abril de 2012 fue aprobado la minuta, y con la misma fecha se devolvió a esta Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

6. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que se devuelve el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 15 y 76 y se adiciona un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.

7. En esa misma fecha la presidencia dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes, para su dictamen”.

8. Con fecha 26 de abril de 21012, el pleno de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, emitió el dictamen correspondiente, turnándolo a la Mesa Directiva.

9. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva, emitió Acuerdo “en el que se turnan a las Comisiones correspondientes para su revisión y, en su caso, dictaminación, los 79 proyectos de dictamen que el pleno de la LXI Legislatura no llego a resolver”.

10. Con la misma fecha, la Comisión de Transportes, recibió copia del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 15 y 76 y se adiciona un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.

11. Con fecha 17 de diciembre de 2012, se solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

12. Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, autoriza prórroga.

13. Durante las dos primeras semanas de enero de 2013, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

14. Durante las dos últimas semanas de enero de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios respectivos.

15. Con fecha 19 de febrero de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente iniciativa.

Análisis de la minuta

Después de analizar el dictamen elaborado por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, esta dictaminadora comparte totalmente los criterios con los que se elaboró, por lo que los transcribe en sus términos.

La Cámara de Senadores emitió dictamen al asunto que nos ocupa modificando tres artículos que contienen disposiciones sustantivas de la Ley de Aviación Civil y que consisten en: reformar la fracción V del artículo 6, la fracción X del artículo 15, y el segundo párrafo del artículo 76, así como se propone adicionar un nuevo artículo 76 Bis a la citada ley, en los términos que ya han sido reproducidos.

El Senado consideró oportuno hacer las siguientes precisiones para robustecer y perfeccionar la minuta de merito, modificaciones que esta comisión estima acertadas y las que se adhiere en sus términos:

1. En relación a la fracción V del artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, dicho precepto se encuentra incluido en el capítulo II denominado “De la Autoridad Aeronáutica” y prevé las atribuciones que en materia de aviación civil y aeroportuaria tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El citado precepto contiene dieciséis fracciones y la sometida a estudio de la colegisladora fue la fracción V, ya que ésta establece actualmente que dicha dependencia de la administración pública federal, tiene la facultad de expedir y aplicar las medidas y normas de seguridad e higiene que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento.

Del estudio y análisis, la colegisladora resolvió modificar el texto a efecto de agregar a dicha fracción el enunciado normativo “en coordinación con las secretarías competentes” y “y en materia ambiental”.

Señala la colegisladora que con dicha inclusión de frases, se estaría generando como atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de aviación civil y aeroportuaria, la de expedir y aplicar, en coordinación con las secretarías competentes, las medidas y normas en materia ambiental.

Lo anterior atendiendo el espíritu original de la propuesta del diputado Juan José Guerra Abud, a efecto de que en nuestro país se impulsen estándares internacionales en materia de mitigación del ruido y emisiones contaminantes de la aviación, haciéndose notar que dichos rubros ya se encuentran regulados en la legislación nacional vigente, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, tal es el caso del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuyo anexo 16, se refiere a la protección al ambiente.

En abundamiento de lo anterior señala la revisora que el artículo 76 de la Ley de Aviación Civil y los artículos 20, 147, 150, 151 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, ya prevén disposiciones que obligan a los concesionarios, permisionarios u operadores de servicios de transporte aéreo a observar las disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente, particularmente, en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes.

No obstante lo anterior, esa instancia colegisladora estimó que el tema de la protección ambiental reviste de una gran importancia en nuestro días, así como la seguridad en la aviación civil, por lo que consideró precedente incluir en la ley que se pretende reformar, el rubro de la protección en materia ambiental que impulsa la minuta, aplicando la coordinación de la secretaría cabeza de sector y las demás secretarías de estado competentes, para expedir y aplicar medidas y normas de seguridad e higiene, así como de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental.

Por lo que resulta atendible la propuesta de modificación al texto de la fracción V del artículo 6 de la Ley de Aviación Civil en los términos que aprobó el Senado.

2. En segundo término, cabe referir que la minuta recibida del Senado proponía reformar la fracción X del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, actualmente dicho precepto contiene las causas por las que se puede revocar una concesión o un permiso, siendo las que se mencionan a continuación:

1. Por no ejercer los derechos conferidos durante un periodo mayor de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento.

2. Por no mantener vigentes los seguros a que se refiere la Ley de Aviación Civil.

3. Por el cambio de nacionalidad del concesionario o permisionario.

4. Por ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenar las concesiones, los permisos, o los derechos en ellos conferidos, a algún gobierno o estado extranjero.

5. Por ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenar las concesiones, los permisos, o los derechos en ellos conferidos a otros particulares, nacionales o extranjeros sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

6. Por aplicar tarifas diferentes a las registradas, o en su caso, aprobadas.

7. Por alterar o falsificar documentos oficiales relacionados con la Ley de Aviación Civil.

8. Por suspender, en forma total, la prestación de los servicios sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.

9. Por prestar servicios distintos a los señalados en la concesión o permiso respectivo.

10. Por infringir las condiciones de seguridad en materia de aeronavegabilidad.

11. Por incumplir con las obligaciones de pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios.

12. Por ejecutar u omitir actos que impidan la prestación de los servicios concesionados o permisionados entre quienes tengan derecho a ello.

13. Y por incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en la Ley de Aviación Civil, en sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.

Como ha quedado establecido, la minuta a estudio propone modificar la redacción de la fracción X del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que el infringir las medidas y normas de seguridad, higiene y protección al ambiente en materia de aeronavegabilidad, sea una de las causas para revocar las concesiones o permisos.

Sobre dicho particular esa Cámara colegisladora consideró que la modificación planteada en los términos que aprobó la Cámara de Diputados integra de manera confusa en un solo dispositivo, los conceptos de protección al ambiente y de aeronavegabilidad. Por ello, la instancia revisora estimó conveniente dejar la fracción X del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil en los términos en que se encuentra redactada actualmente, es decir, sin aplicarle ninguna modificación, ya que consideró que resulta más elocuente, el hecho de que se respete la esencia y los efectos de la disposición contenida en la fracción X que se encuentra en vigencia y que la acción de quebrantar las medidas y normas de higiene y protección al ambiente, sea integrantes de una nueva causa para la revocación de la concesión o del permiso que se pueden contener en una nueva fracción, opinión que esta comisión dictaminadora estima acertada y atendible.

En concordancia con lo anterior esta comisión se pronuncia en el mismo sentido de la colegisladora que propone adicionar al artículo 15 de la Ley de Aviación Civil una nueva fracción XIII, que contenga como otra causa de revocación, el infringir las medidas y normas de higiene y protección al ambiente y que la disposición normativa contenida en la actual fracción XIII, pase a ser la fracción XIV del multicitado artículo, como quedará redactado en el capítulo correspondiente.

3. Esta Comisión de Transportes estima atendible la propuesta de modificación que propone el Senado en la minuta que nos ocupa y que se refiere a incluir en los dos párrafos del artículo 76 de la Ley de Aviación Civil, dos obligaciones que se relacionen con medidas que adopten los concesionarios, permisionarios u operadores de servicios de transporte aéreo, para cumplir con disposiciones para proteger el medio ambiente y para que la secretaría pueda establecer lineamientos que considere necesarios para impulsar mejoras tecnológicas de las aeronaves y sus combustibles.

La obligación adicional insertada en el primer párrafo, se redactaría en términos de que los concesionarios, permisionarios u operadores de servicios de transporte aéreo, tendrán que reportar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el plazo y en la forma que la misma determine, información sobre las medidas operativas, técnicas y económicas que hayan adoptado para cumplir con las disposiciones para proteger al ambiente, mientras que la disposición que se propone incluir en el segundo párrafo del citado artículo, versa sobre que la citada secretaría podrá establecer lineamientos que considere necesarios para impulsar mejoras tecnológicas de las aeronaves y sus combustibles, en consecuencia, el Senado de la República consideró procedente reformar los dos párrafos que integran el artículo 76 de la Ley de Aviación Civil en los términos que propone la minuta, como quedará expuesto en el capítulo correspondiente.

La modificación propuesta por la colegisladora obedece a que la inclusión del párrafo segundo del citado artículo 76 se consideró reiterativa y redundante ya que el término “adecuaciones”, que esta Cámara aprobó resulta general y amplio en su interpretación, lo cual es compartido por esta comisión.

4. En último término, la minuta al Senado, pretendía adicionar un nuevo artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil y que consta de un solo párrafo en el que se prevé que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerá convenios o acuerdos de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para promover la eficiencia en las operaciones e infraestructura aeroportuaria, con el fin de reducir el ruido y las emisiones contaminantes en los servicios de transporte aéreo.

Sobre dicha adición, la colegisladora señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitieron la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT3-2000 y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2001, cuyo objeto es establecer dentro de la república mexicana y su espacio aéreo, los límites máximos permisibles de emisión de ruido generado por las aeronaves de reacción subsónicas, propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como para dar cumplimiento a dichos límites, y dicha norma aplica como obligatoria para todos los concesionarios, permisionarios u operadores aéreos nacionales o extranjeros.

Asimismo la Cámara revisora menciona que el Reglamento de la Ley de Aviación Civil señala en los artículos 126, fracción VI, 131, 147, 148, 149, 150, diversas disposiciones sobre limitaciones de ruido, sobre todo respecto a que todo concesionario, permisionario u operador aéreo debe de cumplir con los límites de ruido que señalen las normas oficiales mexicanas, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las relativas a la homologación de ruido que contemplarán los parámetros y criterios de medición y evaluación, de igual manera sucede con la fecha límite, requisitos y condiciones de cumplimiento.

Por consiguiente, toda vez que la disposición que se pretendía adicionar al Capítulo XIV, denominado “De la Protección al Ambiente” no altera la estructura del citado capítulo, ni se contrapone con ninguna disposición de la Ley de Aviación Civil, ni de su reglamento, la minuta del Senado considera procedente, adicionar un nuevo artículo 76 Bis a la ley en mención en los términos que más adelante se exponen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados correspondiente a la LXII Legislatura, consideran adecuado aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno de esta asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 15 y 76 y se adiciona un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil

Único. Se reforman la fracción V del artículo 6 y el primer y segundo párrafo del artículo 76; y se adicionan una nueva fracción XIII, pasando la actual fracción XIII a ser la fracción XIV del artículo 15 y un artículo 76 Bis, de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a IV. ...

V. Expedir y aplicar , en coordinación con las secretarías competentes, las medidas y normas de seguridad e higiene , de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental, que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento;

VI. a XVI. ...

...

Artículo 15. ...

I. a XI. ...

XII. Ejecutar u omitir actos que impidan la prestación de los servicios concesionados o permisionados entre quienes tengan derecho a ello;

XIII. Infringir las medidas y normas de higiene y de protección al ambiente, y

XIV. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, en sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.

..

..

...

Artículo 76. Las aeronaves que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio nacional, deberán observar las disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente; particularmente, en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes. Asimismo, deberán reportar a la secretaría en el periodo y en la forma en que la misma determine, sobre las medidas operativas, técnicas y económicas que hayan adoptado para cumplir con las disposiciones en materia de protección al ambiente.

La secretaría fijará los plazos para que se realicen adecuaciones en las aeronaves que, para los efectos de este artículo, así lo requieran y, en su caso, establecerá los lineamientos para la sustitución de la flota aérea y para impulsar mejoras tecnológicas de las aeronaves y sus combustibles.

Artículo 76 Bis. La Secretaría establecerá convenios o acuerdos de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para promover la eficiencia en las operaciones e infraestructura aeroportuaria, con el fin de reducir el ruido y las emisiones contaminantes en los servicios de transporte aéreo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contarán con un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las secretarías de estado y demás instituciones facultadas para tal efecto, deberán formular las normas oficiales mexicanas relativas al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de marzo de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Solo tengo registradas a doña María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano, y a don Nabor Ochoa López. Le damos el uso de la voz a la diputada María Fernanda Romero Lozano.

Esta Presidencia saluda con todo afecto a alumnos de la Universidad Anáhuac, de la maestría de dirección de instituciones de salud, invitados por el señor diputado don Francisco Javier Fernández Clamont, del estado de México. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada María Fernanda Romero Lozano:Muchas gracias. Como se indica en el dictamen a discusión, la aviación es una de las actividades económicas más importantes para el mundo, ya que funge como promotor del comercio y el turismo debido a que es una fuente de empleo a nivel mundial.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional considera que el desarrollo de esta actividad proporciona empleo a 32 millones de trabajadores y que su contribución al PIB mundial se encuentra en el 8 por ciento. Sin lugar a dudas, el desarrollo de la actividad de la aviación representa una importante contribución a las economías de los países en vías de desarrollo, tal y como es el caso de México.

Según datos de la Cámara Nacional de Autotransporte, en el simposio Retos y perspectivas de la industria aérea mexicana 2012, durante el periodo que comprende de 2000 a 2012 hubo un incremento del 63 por ciento en el flujo de tráfico de pasajeros, asegurando que hace 12 años se transportaban 21.5 millones de pasajeros y al cierre del año pasado se estimaban 55.5 millones. Con ello se puede decir que la aviación comercial en nuestro país creció por encima del 60 por ciento, algo bueno para la economía nacional, pero no del todo para el medio ambiente, ya que este sector es una fuente importante de contaminación atmosférica y auditiva.

La utilización de estos servicios tiene un precio muy caro para el planeta, para el medio ambiente y para la capa de ozono, afectados gravemente por la contaminación que causan estos aparatos.

Entre los años 1990 y 2004, los gases de efecto invernadero procedentes de los aviones aumentaron en un 87 por ciento y según las previsiones de la Unión Europea, se duplicará con creces en el año 2020. Esta situación nos debería preocupar, si consideramos que los aviones suponen el 3 por ciento de las emisiones de CO2 tan solo en la Unión Europea.

Al parecer este dato no resulta relevante, pero de no tomar las medidas necesarias, dentro de los 50 años próximos podría alcanzar el 15 por ciento del total de las emisiones, un fenómeno a reproducirse sin ningún problema en el resto del mundo, incluido nuestro país.

Cabe resaltar que la iniciativa en comento parte de propuestas sustentables para dicho sector, mediante alternativas de sustitución, como lo es la eficiencia del combustible, renovación de la flota y la utilización de tecnologías, que bien podrían reducir hasta en un 80 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Europa la contaminación acústica en la ciudad es la segunda causa de enfermedad por motivos medioambientales, por detrás de la polución atmosférica, lo que significa que las autoridades, en muchos de los casos, tienen que repensar la ubicación geográfica de los aeropuertos ante la inminente afectación auditiva por la cercanía de éstos con los hogares de las familias que quedan de paso, o en el peor de los casos, a un costado del aeropuerto, generando daños considerables a su salud.

El gobierno federal debe establecer estratégicas económicas encaminadas a fortalecer el sector de la aviación, que les permitan a las empresas poder costear la renovación de la flota de aviones de uso comercial en nuestro país y con ello se puedan sustituir a aquellas que han cumplido con los años de vida útil.

La aprobación de las modificaciones antes mencionadas, no solo traerá consigo beneficios en la calidad de vida de los ciudadanos y del planeta, sino también resultaría benéfico para las aerolíneas, una ventaja ante sus principales competidores comerciales y una aportación al desarrollo de la economía del país.

Por las razones antes mencionadas votaremos a favor del presente dictamen, porque creemos que es importante que se apliquen mecanismos sustentables en el ámbito del transporte aéreo, así como la adopción de medidas internacionales de mitigación de ruido y contaminantes en la aviación. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Don Nabor Ochoa, ¿está? No habiendo más oradores registrados, no habiendo reservas... Ahí viene don Nabor, bueno, pues adelante.

Debo de comentar a la asamblea que el anterior dictamen, proyecto de dictamen aprobado, se devuelve al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Adelante, don Nabor.

El diputado Nabor Ochoa López:Muchas gracias, señor presidente, le agradezco su gentileza. El motivo de venir a posicionar este dictamen es derivado del hecho de fue una iniciativa presentada por el entonces diputado federal y coordinador de la fracción del Partido Verde, Juan José Guerra Abud, entonces coordinador de la fracción parlamentaria del Verde, aquí en la Cámara de Diputados.

Como lo ha dicho la compañera que me antecedió en el uso de la voz, para todos queda muy clara la importancia económica de la aviación, en aspectos de comercio, de turismo, de negocios, de transporte de pasajeros, obviamente. Pero además, también decir su importancia en aspectos de actividades estratégicas y de seguridad nacional.

Hoy estamos analizando y discutiendo un dictamen relacionado con la Ley de Aviación Civil, con los servicios aéreos en un tema poco abordado, que es el tema del medio ambiente, relacionado con los servicios aéreos.

Esta iniciativa de Juan José Guerra enriquecida, analizada por la colegisladora, la Cámara de Senadores, finalmente incluye cuatro aspectos importantes relacionados con el medio ambiente y con la protección al ambiente; el primero de ellos tiene qué ver con que se agrega una nueva facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este rubro.

Si bien es cierto que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la facultad de expedir y aplicar normas y medidas en materia de seguridad e higiene de los servicios aéreos, con este dictamen se contempla la inclusión, además de la seguridad e higiene, la facultad de la SCT para expedir normas, y aplicarlas, relacionadas con el medio ambiente, en el sentido de procurar mitigar los ruidos y también las emisiones contaminantes de las aeronaves.

El espíritu de la iniciativa de Juan José Guerra fue en el sentido de impulsar acciones que permitan estandarizar a nivel internacional aspectos relacionados con la protección al ambiente de los servicios aéreos.

También se agrega una nueva obligación a los permisionarios y concesionarios de la aviación; la obligación de aplicar medidas e informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de medidas que protejan al medio ambiente en estos dos aspectos, que es emisión de ruidos, por un lado, y por el otro, la emisión de sustancias contaminantes.

Una nueva obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes será la de emitir lineamientos para mejoras tecnológicas, en cuestión de las aeronaves y sus combustibles.

Por otro lado, se agrega también una causal de rescisión de los permisos o concesiones, que es el hecho de infringir las medidas y normas en materia de higiene y de medio ambiente, de protección ambiental. Esto obviamente tiene que ver con obligaciones de los concesionarios y de los permisionarios.

Por último, también se establece una nueva obligación para dos secretarías, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y para la Secretaría de Recursos Naturales, por cierto, cuyo titular hoy es Juan José Guerra Abud, promotor de esta iniciativa, la obligación de establecer la coordinación adecuada entre ambas dependencias para llevar a cabo una serie de acciones o medidas que incidan positivamente en este aspecto de la protección del medio ambiente en lo relacionado —como ya lo hemos dicho aquí, y vale la pena destacarlo porque era un tema, insisto, poco abordado, poco tratado en el rubro de la aviación— con la reducción de los ruidos y las emisiones contaminantes.

Finalmente, aprobando el día de hoy este dictamen daremos un paso importante en un aspecto que a todos nos interesa, que a todos nos preocupa, nos ocupa y nos motiva atender, que es la protección a nuestro medio ambiente.

Pero por el otro —también hay que decirlo— la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley de Aviación Civil nos va a permitir empatar, compaginar la legislación internacional con la normatividad jurídica en nuestro país. Por ello es que la fracción del Partido Verde Ecologista de México se suma a este dictamen, esperando el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Nabor. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Diputada Mirna Velázquez López, de viva voz el sentido de su voto, por favor.

La diputada Mirna Velázquez López (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 403 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 76, y se adiciona el artículo 15 y un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil. Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1.En sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2009, la diputada Ana Estela Durán Rico del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-7-179.

3. En sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2011, el diputado Marcos Pérez Esquer del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52  de la Ley de Aviación Civil.

4. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-6-1595.

5. En sesión ordinaria de fecha 6 de octubre de 2011, la diputada Paula Angélica Hernández Olmos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 87 de la Ley de Aviación Civil.

6. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-4-1777.

7. Con fecha 10 de abril de 2012, el pleno de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, aprobó y turnó a la Mesa Directiva el dictamen correspondiente a las tres iniciativas anteriormente enunciadas.

8. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, en cumplimiento del punto primero del acuerdo se devolvió a la Comisión de Transportes copia del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para emitir un nuevo dictamen.

9. En reunión de la Comisión de Transportes, celebrada el 11 de diciembre de 2012, se aprobó el Programa para Desahogar los Asuntos en Cartera.

10. Con fecha 17 de diciembre de 2012, se solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.

11. Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados autorizó prórroga.

12. En sesión celebrada el 3 de enero de 2013 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que adiciona un artículo 18 Bis y reforma los artículos 42 y 52, de la Ley de Aviación Civil.

13. En la misma fecha, la presidencia de la Comisión Permanente acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-3-277.

14. El 20 de febrero de 2013, en la Gaceta Parlamentaria se publicó la prevención emitida por la presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de presentar el dictamen correspondiente a la anterior iniciativa.

15. Con fecha 26 de febrero de 2013, se solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

16. Con fecha 4 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, autorizó prórroga.

17. En sesión celebrada el 16 de enero de 2013 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma los artículos 6o., 52 y 53 de la Ley de Aviación Civil.

18. En la misma fecha, la presidencia de la Comisión Permanente acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-5-412.

19. El 28 de febrero de 2013, en la Gaceta Parlamentaria se publicó la prevención emitida por la presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de presentar el dictamen correspondiente a la anterior iniciativa.

20. Durante las dos primeras semanas de febrero de 2013, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

21. Durante las dos últimas semanas de febrero de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios respectivos.

22. Con fecha 5 de marzo de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Aéreo, las presentes iniciativas para la elaboración del predictamen correspondiente.

Descripción de las iniciativas

1. La iniciativa de la diputada Durán Rico manifiesta que la sobreventa de boletos de avión es una práctica recurrente que se realiza en nuestro país bajo el amparo de la tolerancia legal, en virtud de que actualmente el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil contempla como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación de vuelos por causas imputables a los concesionarios de los servicios aéreos, la elección del pasajero a recibir el reembolso del precio del boleto; recibir transporte sustituto en el primer vuelo disponible, facilitándole, sin costo alguno, el uso de medios de comunicación, alimentación y hospedaje, o bien, transportarle hacia su destino en una fecha posterior que convenga al mismo pasajero.

No obstante, indica la iniciativa, aunque el pasajero cuente con derechos otorgados por la ley, es sabido que el procedimiento para exigir estos derechos es tortuoso y en muchas ocasiones la principal exigencia del usuario es la de recuperar el tiempo perdido, lo cual constituye un daño imposible de reparar, de ahí que se imponga el pago de una indemnización que en muchos casos no deja satisfecho al pasajero.

Por ello, la iniciativa de la diputada Durán Rico plantea incluir en la Ley de Aviación Civil la prohibición de la sobreventa de boletos de avión a pasajeros, salvaguardando los derechos de las personas que se ven afectadas por la cancelación de un vuelo por causas imputables a las aerolíneas, proponiendo modificar el primer párrafo del artículo 52 de dicho ordenamiento, a efecto de acotar el supuesto legal a que las aerolíneas tienen obligación de resarcir los daños originados por la cancelación ajena a la voluntad de los usuarios cuando así lo soliciten. Asimismo, propone incluir la prohibición expresa para la expedición de boletos que impliquen un sobrecupo en la aeronave.

2. Por su parte, el diputado Pérez Esquer indica que es común que, previo a embarcarse, el pasajero se vea expuesto a la denegación de embarque en el vuelo contratado como consecuencia de la sobreventa, que puede motivar el retraso en la salida del vuelo y la cancelación del mismo.

Asimismo, reconoce que la práctica conocida como overbooking, para referirse al exceso de venta de un servicio sobre la capacidad de la empresa, es practicado casi por la totalidad de las compañías aéreas y tiene su origen en las estadísticas de las propias transportistas sobre los pasajeros que realizan su reservación para un vuelo pero no lo utilizan.

En ese sentido, indica el diputado Pérez Esquer, que la adquisición de un boleto de avión no asegura un lugar o plaza en el vuelo, pues lo que da realmente el derecho a un asiento es la tarjeta de embarque, de ahí la necesidad y conveniencia de acudir a los mostradores de facturación con la antelación suficiente fijada normalmente por la compañía.

Agrega que la legislación vigente ofrece al pasajero la posibilidad de resarcir el daño mediante tres posibilidades u opciones:

a) Obtener el reintegro del precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje; y el pago de una indemnización no inferior a 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje;

b) Viajar en transporte sustituto en el primer vuelo disponible y recibir como mínimo y sin cargo alguno, los servicios de comunicación (telefónica o cablegráfica) al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o bien,

c) Viajar en la fecha posterior que a él convenga hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque; y obtener el pago de una indemnización no inferior a 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje;

Con independencia de las posibilidades u opciones que ofrezca la aerolínea a los pasajeros afectados, el diputado Pérez Esquer estima que la práctica del overbooking coloca al usuario en clara situación de indefensión y las indemnizaciones que se les conceden son insuficientes, por lo que propone modificar el numeral 52 de la Ley de Aviación Civil para establecer la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar un porcentaje máximo de lugares que las aerolíneas podrán vender en exceso a la capacidad del vuelo.

Igualmente, plantea establecer la facultad de dicha dependencia para emitir lineamientos que deberán observar los transportistas para la denegación de embarque de pasajeros afectados por la sobreventa, así como para determinar las prioridades en el embarque, privilegiando a las personas con capacidades diferentes, las personas de edad avanzada y los menores, a fin de evitar tratos discriminatorios.

Además, establecer que la compañía aérea estará obligada invariablemente a efectuar el pago automático de una compensación o indemnización al pasajero afectado por la sobreventa en función de la distancia que habría de recorrer el vuelo al que se le denegó el embarque; esto con independencia de que el pasajero afectado tenga expedita la vía para reclamar judicialmente el pago del daño o perjuicio, si considera que éste fue mayor.

3. La iniciativa de la diputada Hernández Olmos indica que las líneas aéreas recurren de manera común y en todos sus vuelos a la sobreventa de boletos para asegurar que los aviones operen con todas las plazas ocupadas, a fin de procurar garantizar la rentabilidad de los vuelos, lo que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor genera más de 2 mil personas afectadas anualmente por la sobreventa de vuelos.

Indica la diputada Hernández Olmos que las aerolíneas cuentan con el respaldo legal que les ofrece el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil para realizar esta práctica, contemplando como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación de vuelos por causas imputables a los concesionarios de los servicios aéreos, la elección del pasajero a que se le reembolse el precio del boleto de avión o de la parte del viaje que haya sido cancelado, que se le proporcione transporte sustituto en el primer vuelo disponible, facilitándose, sin costo alguno, el uso de medios de comunicación, alimentación, hospedaje y transportación aeropuerto hotel, o bien, transporte hacia su destino en una fecha posterior que convenga al mismo pasajero.

Agrega que la sobreventa de boletos resulta incómoda para el usuario, ya que no puede recuperar el tiempo perdido, pese a cualquier indemnización que se pueda otorgar por las molestias y deficiencias en la prestación del servicio.

Por ello, la iniciativa de la diputada Hernández Olmos propone medidas de control que obliguen a las aerolíneas a cumplir de una manera eficaz el contrato realizado por quien contrata sus servicios. Para ello, se plantea reformar las fracciones I, II y III del artículo 52, incluyendo que independientemente del mecanismo resarcitorio por el que opte el pasajero afectado, se pague indistintamente una indemnización que no sería inferior al cien por ciento del costo del pasaje.

Además, adiciona una fracción XIII al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil para establecer una multa a los concesionarios del transporte aéreo por expedir boletos en exceso rebasando la capacidad disponible de la aeronave, cuyo monto estaría entre doscientos y cinco mil salarios mínimos.

4. Por su parte, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales plantea en su iniciativa que, no obstante las diversas reformas a la Ley de Aviación Civil, el transporte aéreo mexicano presenta diversos problemas que afectan a los consumidores de este servicio, entre los que destacan: el alto costo de las tarifas; la discrecionalidad con que se fijan y modifican las tarifas; la violación a los derechos de los usuarios; el desconocimiento por parte de los usuarios de sus derechos y la falta de difusión de los mismos.

Señala que las tarifas aéreas que se cobran en nuestro país están entre las más caras del mundo. Así mismo comenta que, no obstante que el Reglamento de la Ley de Aviación Civil establece cuales son los derechos del usuario al utilizar el servicio de transporte aéreo, éstos no son respetados, por ello, considera conveniente elevarlos a categoría de ley. Por tal motivo, propone el diseño de un tabulador de tarifas aéreas, a fin de permitir que el usuario del servicio conozca los precios y tarifas.

5. Los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, en la iniciativa que presentaron, establecen que la falta de regulación y competencia en el sistema económico mexicano ha ocasionado un deterioro importante en la atención y servicio de los sectores claves como las comunicaciones y las telecomunicaciones en México.

Señalan también que la industria de la aviación civil atraviesa por serias dificultades en la calidad del servicio, que han detonado una serie de inconformidades por parte de la ciudadanía. Además del excesivo costo del mismo, los usuarios mexicanos no cuentan con las herramientas necesarias jurídicas, que les permitan obligar a las compañías a compensar el daño ocasionado por la demora en la salida de la aeronave, generando que esta problemática se repita sin ninguna sanción.

Los usuarios mexicanos de este servicio, se encuentran en desventaja frente a otros de los distintos continentes, con respecto a la protección de los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo.

La sobreventa de boletos aéreos, constituye parte del modelo de negocios de las líneas aéreas que se encuentra regulada y por lo mismo, permitida, dando lugar a retrasos en los vuelos y molestias a los pasajeros afectados.

El establecimiento de una serie de normas mínimas comunes en materia de compensación por denegación de embarque, contribuiría a garantizar que el aumento de la competencia en el transporte aéreo no produzca un deterioro de la calidad de los servicios prestados por los transportistas aéreos, por lo tanto debe obligarse a los transportistas aéreos a compensar y a prestar servicios complementarios a los pasajeros a los que se deniegue el embarque.

La normatividad vigente no ha sido suficiente para eliminar de las aerolíneas este tipo de prácticas que lesionan considerablemente los derechos de los usuarios que hayan adquirido un boleto de viaje, pues en México, la sobreventa de boletos para el transporte aéreo es una política legalmente permitida, en el marco de esa regulación nacional, las aerolíneas establecen dentro de las condiciones de los contratos de adhesión que están obligados a aceptar los pasajeros pues no son materia de negación, la posibilidad de sobreventa que puede impedir a un pasajero con reserva confirmada, la denegación de embarque, con diferentes consecuencias.

La escasa regulación sobre la alteración de horarios de los vuelos por sobreventa de boletos, cancelaciones, retrasos, demoras o reprogramaciones decididas de manera unilateral, siempre en perjuicio de los pasajeros, ha fomentado el abuso por parte de las aerolíneas, lo que nos obliga a buscar mecanismos que permitan compensar la situación de debilidad en la que los pasajeros aéreos suelen ubicarse, como consumidores y usuarios.

Consideraciones de la comisión

Luego de analizar cada una de las iniciativas que se han descrito en el apartado anterior, la Comisión de Transportes que suscribe considera necesario desarrollar el presente dictamen en apego a lo que establece el artículo 81, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, partiendo de la observación de que las cinco propuestas exponen la necesidad de mejorar el control de la práctica de sobreventa que ejercen las aerolíneas comerciales, mejorando la protección a los usuarios del transporte aéreo.

En relación con las iniciativas presentadas por la diputada Ana Estela Durán Rico, el diputado Marcos Pérez Esquer y la diputada Paula Angélica Hernández Olmos; esta dictaminadora comparte totalmente las consideraciones presentadas en el dictamen de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, por lo que a continuación se transcriben en sus términos.

La comisión que dictamina considera importante recordar, en  relación con los argumentos de la iniciativa en el sentido de la sobreventa de boletos de avión como una práctica que tolera el marco jurídico, que anteriormente las aerolíneas efectuaban al pasajero diversos cargos de cancelación por las reservaciones que se realizaban con anticipación a la salida del vuelo correspondiente que podían llegar hasta un 50 por ciento del costo del boleto. Sin embargo, esto provocaba que las líneas aéreas estuvieran imposibilitadas para vender nuevamente los asientos cancelados, generando un alto índice de asientos vacíos en los vuelos, aún en temporadas y rutas de alta densidad, afectando los intereses de otros pasajeros que no habían podido encontrar un asiento.

Para tales efectos, las condiciones de transporte en ese momento exigían al pasajero que reconfirmara su reservación con al menos 24 horas de anticipación, ya que de otra manera, la misma quedaba cancelada.

A finales de los años 80 y principios de la década de los 90, las aerolíneas a nivel mundial decidieron eliminar los cargos de cancelación, por lo que se tuvo la necesidad de crear medidas para sostener las operaciones dentro de parámetros económicamente viables. Una de estas medidas es la venta en exceso de la capacidad de asientos de una aeronave, ante el problema del incremento en el número de pasajeros que no se presentan a abordar su vuelo reservado.

Es necesario destacar que las líneas aéreas no sobrevenden sus vuelos como una rutina dolosa o como un vicio de mala fe contractual en perjuicio de sus clientes. Más bien, esta medida comercial tiene su fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que no se presentan a documentar y abordar su vuelo en la fecha consignada en la reservación. Ello origina una seria afectación, en primer lugar, a la prestación del servicio público de manera eficiente, ya que las reservaciones existentes de pasajeros que no se presentan impiden la venta de boletos a otras personas que sí desean efectuar el vuelo y hacer uso del mismo servicio, además del asiento vacío que esto representa.

En todo caso, la aerolínea al incurrir en dicha eventualidad, debe reintegrar al pasajero el precio íntegro del boleto, además de incurrir en otros gastos destinados a apoyarlo para trasladado a su destino y, adicionalmente, pagar una indemnización de 25 por ciento del precio del boleto, lo cual elimina la posibilidad de lucro por parte de la empresa.

Por otro lado, esta es una práctica comercial generalizada en todos los países del mundo, por lo que en caso de efectuarse en nuestro país alguna limitación al respecto, se generaría un conflicto en la comercialización de la mayoría de las empresas extranjeras que operan en los aeropuertos nacionales, ya que sus legislaciones locales sí lo permitirían.

También es necesario mencionar que el espíritu de la actual Ley de Aviación Civil, lejos de pretender inhibir la sobreventa de boletos, reconoce esta práctica internacional y adopta en el artículo 52 una serie de medidas que debe tomar la aerolínea en caso de que eventualmente no exista la posibilidad de que algún pasajero pueda abordar, proporcionado las opciones que a la letra dispone dicho ordenamiento:

“Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior a veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.”

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil determina que:

“Artículo 38. Todo pasajero de cualquier servicio al público de transporte aéreo tiene los siguientes derechos:

I. A ser transportado en el vuelo consignado en el billete de pasaje, boleto o cupón, conforme a las condiciones de servicio derivadas de la tarifa aplicada;

II. El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un infante menor de dos años a su cuidado sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, por lo que el concesionario o permisionario está obligado a expedir sin costo alguno a favor del infante el boleto y pase de abordar correspondientes;

III. A llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano, siempre que por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

IV. A que le sea expedido un talón de equipaje por cada pieza, maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte. El talón debe contener la información indicada en las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe constar de dos partes, una para el pasajero y otra que se adhiere al equipaje;

V. A transportar como mínimo, sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen.

El exceso de equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave y el concesionario o permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al usuario un pago adicional;

VI. A ser transportado por cuenta del concesionario o permisionario hasta el lugar de destino, por los medios de transporte más rápidos disponibles en el lugar cuando la aeronave, por caso fortuito o fuerza mayor, tenga que aterrizar en un lugar no incluido en el itinerario, sin llegar hasta el lugar de destino. En este caso, el concesionario o permisionario no tiene obligación de hacer el reembolso del precio del boleto; y

VII. En los casos a que se refiere el artículo 52 de la ley, el concesionario o permisionario al momento de la denegación del embarque debe hacer del conocimiento del pasajero por conducto de su personal, así como a través de folletos, las opciones con que cuenta y debe inmediatamente proporcionársele la que haya elegido. Tratándose de la indemnización, el pasajero debe manifestar si se realiza en dinero o en especie.”

Por otro lado, el artículo 92 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya dispone que los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación del dinero pagado cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o no se proporcione por causas imputables al proveedor.

Actualmente, las líneas aéreas cuentan con sistemas electrónicos e informáticos muy avanzados para fijar los parámetros de sobreventa de manera realista, por lo que la presencia de pasajeros en exceso a la capacidad de la aeronave se presenta más por necesidades de cancelación de un vuelo saturado que por sobreventa de boletos, pero en cualquier caso, las líneas aéreas deben hacer frente a su responsabilidad en los términos que marca la ley.

Esta situación está ampliamente legislada en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia por lo que impedir esta práctica representaría una situación nociva para el transporte aéreo y sus usuarios, afectando la eficiencia en la prestación del servicio público, al restarle competitividad frente a los sectores de otros países y al incrementarse consecuentemente los costos de transporte que invariablemente se verían reflejados en los usuarios.

A saber, el 4 de febrero de 1991, el Consejo Europeo impulsó y aprobó el reglamento número 295/1991, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular, en el que se dispuso un régimen de protección básica del pasajero con intención de asegurar a los consumidores una indemnización fija para los supuestos de denegación de embarque, sin necesidad de demostración del daño y con independencia del derecho del pasajero a reclamar una indemnización adicional por los daños sufridos a consecuencia de retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque.

En los años siguientes se constató que el número de pasajeros a los que se denegaba el embarque contra su voluntad así como los afectados por cancelaciones y largos retrasos seguía siendo muy alto, lo que llevó al diseño y aprobación de un nuevo reglamento comunitario que actualizara los criterios establecidos en el anterior y estableciera normas específicas de protección de los pasajeros frente a los supuestos de cancelación, cambio de clase o retraso de sus vuelos, no contempladas hasta entonces.

Así, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento número 261/2004, del 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o retraso de los vuelos, que incluyen el derecho a percibir “indemnizaciones automáticas” en caso de denegación de embarque o cancelación del vuelo, variando la cuantía en función de la distancia a recorrer. Así, la indemnización asciende a 250 euros para viajes de hasta mil 500 kilómetros y a 400 euros para los comprendidos entre mil 500 y 3 mil 500 kilómetros. Para vuelos superiores a 3 mil 500 kilómetros, el importe a pagar por la compañía aérea es de 600 euros.

Además de la indemnización, la compañía aérea debe ofrecer a los pasajeros afectados la posibilidad de elegir entre la devolución del importe de su boleto o un vuelo alternativo para seguir con su viaje.

También el reglamento impone a la compañía aérea distintas obligaciones de atención a los pasajeros afectados por la denegación de embarque, cancelación o retraso considerable del vuelo para el que tienen concertada una reserva, que consisten, por ejemplo, en proporcionarles gratuitamente alimentación, en función del tiempo de espera; alojamiento en un hotel en los casos en que sea necesario pernoctar una o varias noches; transporte del aeropuerto al hotel y viceversa; así como comunicaciones gratuitas.

Cabe precisar que la indemnización prevista en el reglamento comunitario y que se obtiene automáticamente no excluye el resarcimiento del daño moral y el perjuicio económico que esta denegación de embarque le hubiere causado al pasajero, pues dichas indemnizaciones no constituyen límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos, sino indemnizaciones mínimas que no excluyen el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones complementarias en función de los daños y perjuicios que haya sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo.

En Estados Unidos, por su parte, la legislación no es tan específica como en la Unión Europea y la ley solamente prevé una compensación al pasajero afectado cuando se ha sobrevendido un vuelo y por tal motivo se le niega el abordaje, dejando a las aerolíneas en libertad de establecer sus propias políticas para casos como retrasos en los horarios, daños en el equipaje y otras cuestiones que pudieran afectar a los pasajeros.

El Departamento del Transporte de Estados Unidos de América, a través de la División para la Protección de los Consumidores Aéreos, ha emitido una serie de lineamientos y recomendaciones que los pasajeros deberán seguir y en los cuales se hace mención a sus derechos.

De lo anterior se advierte que al igual que ocurre en otros países, en México la sobreventa de boletos para el transporte aéreo es una práctica que busca en todo momento fomentar el desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la competencia efectiva, la permanencia, calidad y eficiencia del servicio.

Conforme a lo manifestado con anterioridad, cuando el pasajero se ve afectado por esta situación, tanto la Ley de Aviación Civil como la Ley Federal de Protección al Consumidor disponen medidas de protección y resarcimiento al usuario ante las afectaciones que se puedan suscitar de una situación como la que se plantea, por lo que esta comisión no considera adecuada la reforma al artículo 52 de la Ley de Aviación Civil presentada por la diputada Durán Rico, en el sentido de prohibir la práctica de la sobreventa, ya que traería consecuencias nocivas para las aerolíneas nacionales reduciendo su eficiencia en comparación con la industria internacional.

En el mismo sentido, la Comisión de Transportes considera que no es de aprobarse la propuesta de la diputada Hernández Olmos por la que se adiciona una fracción XIII al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, ya que establecer una sanción por la expedición de boletos en exceso a la capacidad de la aeronave de que se trate, sería equivalente a prohibir la práctica de la sobreventa, pues las aerolíneas tendrían aversión a ser sancionadas con una pena de hasta cinco mil salarios mínimos por cada ocasión que incurrieran en dicha práctica, medida que resultaría incluso, confiscatoria.

De igual manera, esta comisión dictaminadora considera que no es conveniente la propuesta del diputado Pérez Esquer donde establece facultades específicas para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que la dependencia analice los estudios estadísticos sobre reservas anuladas en años anteriores y las estimaciones del año siguiente, a fin de que determine los porcentajes de sobreventa autorizados para cada mes del año que corresponda.

Lo anterior derivaría en violaciones a la libertad de las empresas de aviación comercial para establecer el esquema comercial que mejores resultados les reporten en un marco de libertad económica, y generaría distorsiones que repercutirían en la atención a los usuarios, pues al determinar la dependencia un límite al porcentaje de sobreventa general, las empresas que sobrevenden en niveles superiores al determinado, tendrían que ajustar sus operaciones al límite que les es permitido, mientras que las empresas que tienen un nivel de sobreventa menor al establecido, tendrían incentivos para llevar sus prácticas de comercialización a elevar el porcentaje de sobreventa, afectando a un mayor número de usuarios.

En ambos casos, la eficiencia de las empresas y los esquemas de comercialización cambiarían en función de las decisiones que adopte la secretaría y no atendiendo a los razonamientos de mercado, lo que necesariamente influirá en las operaciones y costos, transfiriéndose siempre en molestias y costos a los pasajeros.

Por lo que corresponde a los lineamientos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecería para la denegación de embarque de pasajeros y la calificación de prioridad en el embarque, esta comisión que suscribe, observa que el planteamiento del diputado Pérez Esquer no es el adecuado para atender con objetividad las necesidades de transportación de un grupo de usuarios determinado, pues lejos de generar equidad y beneficiar a la generalidad de los pasajeros, propiciaría que la atención a éstos se presente en condiciones ineficientes, por lo que no es de aprobarse la propuesta.

Respecto de la iniciativa propuesta por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, esta comisión dictaminadora se pronuncia en contra, toda vez de que pretende legislar situaciones que ya tienen regulación expresa dentro de la legislación vigente, además de que establece cargas económicas arbitrarias, lo cual podría inhibir el desarrollo de la aviación en México.

Particularmente, resulta innecesaria e improcedente la propuesta de reforma consistente en el establecimiento de un tabulador anual en el que se establezcan las tarifas máximas para los diferentes destinos en las diversas clases y categorías del servicio y que las mismas, no sean modificadas por la temporada o disponibilidad, toda vez que la misma atenta contra lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, al establecer que los concesionarios o permisionarios tienen la libertad de fijar las tarifas, correspondiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su aprobación para su posterior registro y puesta en vigor.

Referente a la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, también esta Comisión de Transportes de la LXII Legislatura no la considera procedente, toda vez que las reformas propuestas, en su mayoría, ya están previstas en la legislación vigente. En lo particular, la referente a la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para emitir normas oficiales mexicanas, en términos del artículo 6o., fracción III, de la Ley de Aviación Civil, la SCT ya cuenta con atribuciones para ello, así como para emitir otras disposiciones administrativas en materia de aviación civil.

Asimismo, no es viable el fijar un número máximo de boletos que las aerolíneas podrán vender en exceso al año, ya que son ellas las que, en su caso, soportarán el impacto económico de operar con un porcentaje de asientos vacíos o bien, el gasto correspondiente a las indemnizaciones previstas en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Sin embargo, tras analizar las iniciativas materia de dictamen, esta comisión recoge la preocupación que existe frente a la vulnerabilidad de los derechos de los usuarios de la aviación comercial y considera pertinente fortalecer los instrumentos con que cuentan para hacer frente a las malas prácticas comerciales, por lo que se estima conveniente incrementar los costos para las empresas por las ineficiencias que afectan a los pasajeros de los servicios de transporte aéreo, con lo que se busca que los concesionarios tengan incentivos para mejorar sus esquemas de comercialización y niveles de operación para prestar un servicio más competitivo y de mejor calidad.

De esta manera, la que dictamina recoge la propuesta de la diputada Hernández Olmos de incrementar el monto que debe pagar la aerolínea al pasajero cuando, por consecuencia de la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario y esto derive en la denegación del embarque, el monto de la indemnización sea de cien por ciento del costo del boleto, en lugar del actual monto de veinticinco por ciento, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

En ese sentido, la redacción del artículo 52 quedaría de la siguiente manera:

“ Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacía el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que será del cien por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.”

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideran adecuado aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno de esta asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52....

I. a III. ...

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que será del cien por cientodel precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de marzo de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, único orador registrado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, estamos abordando hoy, expresando nuestra posición sobre el dictamen que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, que aunque se trata de un solo artículo tiene una relevancia mayor, toda vez que representará una ventaja económica para los usuarios de los servicios de aviación civil en el país.

Si bien pudiera calificarse con cierto elitismo la iniciativa, la respaldamos, toda vez que en el país es cada vez mayor el número de usuarios de estos servicios.

El problema es que en la actualidad la mayoría de las líneas aéreas —prácticamente todas— están autorizadas para practicar la sobreventa de boletos. Por esta vía las compañías tratan de mediante cálculos estadísticos de evitar que los aviones despeguen con asientos vacíos.

El problema es que cuando viene la sobreventa, antes de permitir el embarque se buscan voluntarios que estén dispuestos a abandonar el vuelo mediante una serie de incentivos de diverso tipo, que van desde acceso al salón premier, hospedaje, alimentos y cosas de este tipo.

Sin embargo, hay una legislación más evolucionada, particularmente en Europa y en Estados Unidos de América, desde hace años se han emprendido acciones tendientes a disminuir los abusos en contra de los pasajeros de transporte aéreo e instaurar una serie de derechos específicos para su protección. Eso es precisamente lo que se pretende con la modificación del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Europa, por ejemplo, cuenta con un reglamento en el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Cosa que lamentablemente todavía no sucede en nuestro país y que pretendemos subsanar con esta iniciativa; en México seguimos sin contar con una normatividad que proteja realmente los derechos de los usuarios de las aerolíneas.

El dictamen a discusión propone obligar a los concesionarios o permisionarios a pagar una indemnización al pasajero afectado que no sería inferior al 100 por ciento del precio del billete de la parte no realizada del viaje, por lo que nos parece un avance importante en la materia; sin embargo, debemos señalar que esta disposición no establece todavía cómo ni cuándo será cubierta esa retribución.

La iniciativa que presentó nuestro grupo parlamentario, además de contemplar el reembolso del monto del boleto en un plazo no mayor a siete días, propone una indemnización que oscilaría entre 70 y 300 salarios mínimos, según el número de kilómetros no recorridos; propone además fijar las normas necesarias para definir el número máximo de boletos que las aerolíneas podrán sobrevender en exceso al año; propone también que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo estaría obligado a prestar atención especial a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los menores no acompañados en el vuelo.

Por todas estas razones es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano expresa su posición a favor del presente dictamen, no sin mencionar que seguiremos insistiendo para que estos derechos sigan ampliándose hasta garantizar a los usuarios de las aerolíneas derechos mínimos sobre los abusos cometidos a causa de la sobreventa de boletos de avión y llevarlos hasta los niveles más avanzados, en términos comparativos con otros países del mundo. Gracias a todos o a la mayoría por su desatención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Alfonso Durazo. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación para recibir la voluntad de la asamblea en lo general y en lo particular en un solo acto, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz, diputada.

La diputada Mirna Velázquez López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 403 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil por 403 votos. Pasa al Senado de la República, para los efectos constitucionales.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado Jesús Gerardo Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2010, el diputado Jesús Gerardo Cortés Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPI 61-II-3-689.

3. El 22 de marzo de 2012, la Comisión de Transportes presentó al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria el 11 de abril de 2012 y remitido a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión de fecha 17 de abril de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la minuta correspondiente, turnándola a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

5. Con fecha 24 de abril de 2012, se presentó al pleno de la Cámara de Senadores el dictamen respectivo, aprobándose en votación nominal y remitiéndose a la Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 26 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura dio cuenta a la asamblea sobre la minuta en cuestión, turnándola a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen.

7. Con fecha 26 de abril de 2012, la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, emitió el dictamen correspondiente y lo turnó a la Mesa Directiva.

8. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, en cumplimiento del punto primero del acuerdo se devolvió a la Comisión de Transportes copia del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

9. En reunión de la Comisión de Transportes, celebrada el 11 de diciembre de 2012, se aprobó el programa para desahogar los asuntos en cartera.

10. Con fecha 17 de diciembre de 2012, se solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

11. Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva, autorizó prórroga.

12. Durante las dos primeras semanas de enero de 2013, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

13. Durante las dos últimas semanas de enero de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios respectivos.

14. Con fecha 19 de febrero de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a las Subcomisiones Unidas de Transporte Terrestre de Carga y de Pasaje, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente iniciativa.

Análisis de la minuta

Después de analizar el dictamen elaborado por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, esta dictaminadora comparte totalmente los criterios con los que se elaboró, por lo que los transcribe en sus términos.

La minuta de la Cámara de Senadores considera necesario establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la obligación de todos los propietarios de vehículos automotores de contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños ocasionados a terceros en caso de sufrir un accidente, lo cual es una medida que ya se ha implementado con éxito en otros países y sobre todo, para poder contar con un respaldo jurídico y económico para que, tanto los afectados como las víctimas de los mismos, sean resarcidos.

Para la aplicación de la medida planteada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sería la facultada para establecer las reglas para la operación del seguro y procurará que el mismo sea accesible económicamente y que se encuentre disponible para su contratación.

La contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo y la verificación de su cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la Policía Federal.

En caso de que esa autoridad constate que el vehículo no cuenta con la póliza de seguro a que se refiere la propuesta, la autoridad impondrá la multa correspondiente, misma que sería cancelada si se demuestra la contratación del seguro en un plazo no mayor de 45 días.

Para el correcto cumplimiento de la propuesta plasmada en la minuta, la colegisladora considera adecuado establecer que el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público expidan y modifiquen las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento de la norma, así como para fijar los términos de los contratos de pólizas que garanticen certidumbre en la contratación del seguro, lo cual tendrá que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

La Comisión de Transportes que suscribe estima pertinente establecer que la propuesta incluida en la minuta objeto de estudio tiene su origen en el dictamen emitido por este mismo cuerpo legislativo el pasado 22 de marzo de 2012, como consta en el apartado de Antecedentes de este dictamen.

En dicho documento, la que dictamina consideró adecuado establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la obligatoriedad de la contratación de un seguro que garantice tanto la asistencia médica, como el pago de los daños que se pudieran ocasionar por un accidente vehicular en carreteras federales, lo cual fortalecerá la seguridad en esas vías y acotará los efectos dañinos en la infraestructura carretera, pero sobre todo, dará seguridad a quienes actualmente se encuentran desprotegidos, ya que en la actualidad sólo en 1 de cada 4 casos, el causante del accidente puede cubrir los daños.

El proyecto establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de establecer las reglas para la operación del seguro que se pretende instruir, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que supervisa la operación de los sectores asegurador y afianzador de nuestro país, con objeto de que se determine el monto mínimo de la cobertura de la póliza de seguro, en los mismos términos que establece la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

La responsabilidad de contratar la póliza de seguro quedará a cargo del propietario del vehículo y la verificación de su cumplimiento, sería por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la Policía Federal.

Sin embargo, para evitar prácticas deshonestas por parte de esa corporación, se consideró aclarar en el texto normativo que los conductores sólo podrán ser detenidos a partir de las inspecciones regulares que hoy en día se aplican en las carreteras, o bien cuando se infrinjan disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Sólo así, la Policía Federal podrá solicitar al conductor que acredite que cuenta con la póliza de seguro correspondiente. En caso de verificar que el vehículo no cuenta con la póliza de seguro a que se refiere la propuesta, la autoridad impondría la multa correspondiente, misma que sería cancelada si se demuestra la contratación del seguro en un plazo no mayor de 45 días.

Esta medida generaría importantes beneficios sociales al liberar alrededor de 121 mil millones de pesos anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación que se dedican a cubrir las consecuencias de accidentes viales cuando el causante no cuenta con recursos para hacerlo, situación que se presenta en uno de cada cuatro accidentes, y que a partir de la entrada en vigor de esta medida se podrían canalizar a otros programas prioritarios.

Asimismo, se incentiva entre la población la cultura financiera y de previsión, acercando estos servicios a grupos de la población que por su nivel económico han quedado al margen de los sectores financiero y asegurador, lo que permitirá con el paso del tiempo el desarrollo de un mercado más amplio de productos con costos más accesibles para toda la población, donde una inversión anual menor al monto que representaría la multa aplicable, le brindará protección por responsabilidad civil ante cualquier siniestro.

Ahora bien, la colegisladora consideró adecuado aprobar la propuesta en el mismo sentido, sin embargo, se observa que se modifican las disposiciones transitorias para diferir la entrada en vigor del decreto correspondiente y aclarar las actividades a que estarían obligadas las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas en la aplicación de la ley.

Sobre el particular, la Comisión de Transportes que dictamina estima procedentes las modificaciones a las disposiciones transitorias al considerar que las mismas deben de estar formuladas en términos más claros y sobre un plazo prudente para la entrada en vigor, toda vez que un número muy importante de ciudadanos estarían obligados a contratar el seguro materia de las reformas, por lo que esta dictaminadora coincide en aprobar las disposiciones que plantea la colegisladora.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados correspondiente a la LXII Legislatura, consideran adecuado aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno de esta asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 74 Bis, primer párrafo; y se adiciona al artículo 2o., la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser XVI; se adicionan un artículo 63 Bis y 63 Ter; se adiciona al artículo 74 Bis, una fracción II, pasando la actual fracción II a ser fracción III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a XIII. ...

XIV. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro;

XV. Vehículo: Medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que arrastren; y

XVI. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se definen en el presente artículo.

Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo. La contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, establecerá las reglas para la operación del seguro a que se refiere el primer párrafo, procurando la accesibilidad económica y la disponibilidad para su contratación. Para tal efecto se establecerá un monto mínimo de cobertura de la póliza de seguro.

Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios de vehículos a que contraten el seguro con alguna institución de seguros en específico.

La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes; y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que se refieren en esta ley.

Artículo 63 Ter. Los propietarios de vehículos que cuenten con un seguro del ramo de automóviles con mayores coberturas al seguro a que se refiere el artículo anterior no podrá impedirse su circulación ni se impondrá la multa a que se refiere la fracción II del artículo 74 Bis de esta ley.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. ...

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante el término anterior, le será cancelada la infracción.

III ... .........

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, haya publicado en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas que fijen los términos del contrato de seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas, materia de las presentes reformas.

Segundo. El Ejecutivo federal, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir y adecuar las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento del mismo.

Tercero. El Ejecutivo federal, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir y adecuar las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de marzo de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), secretarios; Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, leonés y guanajuatense, para mayor referencia, y presidente de la Comisión, y castorcito también.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Gracias, presidente, con su permiso; compañeras y compañeros legisladores, definitivamente para la Comisión de Transportes es una alta prioridad generar un marco jurídico adecuado, de tal manera que se garantice la seguridad de todos los usuarios de las carreteras y todos aquellos ciudadanos que en algún momento pisamos una carretera, circulamos por cuestiones de trabajo, de vacaciones, etcétera.

México al día de hoy cuenta con una extensa red de caminos; son más de 364 mil kilómetros de carreteras, pero solo 8 mil 400 kilómetros de ellos son de cuota, por lo tanto, nada más esos cuentan con un seguro de daños a terceros; por el otro lado, nuestro país tiene registrado un parque vehicular de más de 26 millones de vehículos automotores. Por esto mismo algunas carreteras circulan con una alta densidad de vehículos.

Cabe mencionar —y sí quiero hacer la aclaración— que existe una obligatoriedad por parte de la reglamentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya obliga, al día de hoy, a todos los permisionarios de la SCT, llámese transporte público o privado, que tenga una concesión, a tener la obligatoriedad del servicio de seguros, pero son únicamente 450 mil unidades las que tienen esta obligatoriedad de 26 millones.

México presenta un rezago en materia de cultura de seguros. Mientras que en países como Chile se destina el 4.6 por ciento del producto interno bruto, en países como Brasil es alrededor del 3 por ciento; sin embargo, hay países como Gran Bretaña que alcanzan hasta el 15 por ciento del producto interno bruto. En México solo es el 1.8 del producto interno bruto. Esto representa una baja inversión en los seguros, y me refiero a la inversión, porque el tener un seguro no es un gasto, el tener un seguro debe de ser una inversión.

No obstante, el mayor nivel de aseguramiento que se presenta es en el tema vehicular. Solamente 45 de cada 100 unidades cuentan con un seguro, cuando menos contra daños a terceros. Esto significa que hay un número muy alto de vehículos que no tienen esta protección.

Cabe destacar que en América los únicos países que no tienen esta obligatoriedad son Cuba y México. Somos los únicos países en donde no es obligatorio contar con un seguro contra daños a terceros. De ahí la gran trascendencia de esta iniciativa.

Creo que todos los que estamos aquí sentados contamos con un patrimonio. Hoy el vehículo es un patrimonio familiar, es una herramienta de trabajo, y ante la probable imprudencia o el simple accidente de un tercero, se puede dañar mi patrimonio y dejarme en la calle muchas veces. Tenemos que tener esta conciencia de que el seguro debe de ser una obligación para todos.

Quiero reiterar y exhortar de una manera muy importante a los estados: esta legislación no se puede quedar nada más en carreteras federales; sería muy interesante que los estados asumieran esta responsabilidad.

Los partidos políticos, los diputados y muchas personas le tenemos miedo al costo político, pero siempre tiene que haber atrás un mayor valor hacia la ciudadanía.

Quiero exhortar en lo personal y a través mío el sentir de la comisión: queremos que los estados se suban a la propuesta, que sea obligatorio en todos los estados, respetando su soberanía; que en cada estado se legisle el tema para que cuando circule en mi vehículo, sepa que mi patrimonio está asegurado si algún tercero me puede golpear o dañar mi patrimonio.

La propuesta solo aplica en carreteras federales, tendría que aplicar en las carreteras estatales y en los municipios. De esta manera me congratulo nuevamente en decir que la Comisión de Transportes está a favor de esta iniciativa, está a favor porque estamos conscientes de que es una necesidad asegurar el patrimonio de cada uno de los ciudadanos de este país.

No solo está votada por unanimidad, estamos convencidos de que es una necesidad y es por esto que me congratulo nuevamente por la confianza que han depositado 500 diputados en esta comisión para que se apoye en forma positiva una iniciativa que nos va a traer bienestar, seguridad y sobre todo tranquilidad en nuestros bienes patrimoniales. Es cuando, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Ya se comentó aquí que México es de los pocos países en América Latina cuya legislación no contempla la obligación de contar con un seguro que resguarde, no nada más lo que dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que son los bienes patrimoniales, sino sobre todo la asistencia médica, que es lo más importante, la integridad de las personas que transitan por las carreteras del país. Condición que no brinda protección ni a los conductores, ni a los peatones ante un incidente automovilístico.

Nadie puede estar en contra de una reforma de estas características, más bien habría que preguntarse por qué ha pasado tanto tiempo sin que se haya hecho.

Sin embargo, hay que revisar los artículos transitorios que hablan de un plazo de 180 días, hasta que la Comisión de Seguros y Fianzas emitan el dictamen correspondiente y lo publique en el Diario Oficial de la Federación; es decir, todavía falta mucho y quedan otros aspectos que no quedan claros dentro de esta iniciativa, que habría que hacer mención, porque se involucra a la Secretaría de Seguridad Pública como la instancia que va a verificar que los vehículos y los usuarios de los vehículos tengan este seguro de responsabilidad civil.

Tenemos que ser muy puntuales en el seguimiento de que los protocolos de actuación de la Policía Federal sean estrictos para evitar situaciones de abuso o de extorsión. En la ley se dice con mucha claridad —ojalá así ocurriera en la realidad— que la Policía Federal podrá solicitar al conductor que acredite que cuenta con la póliza de seguro correspondiente; en caso de verificar que el vehículo no cuenta con la póliza de seguro a que se refiere la propuesta, la autoridad impondría la multa correspondiente, misma que sería cancelada si se demuestra la contratación del seguro en un plazo no mayor de 45 días.

Nosotros vamos a estar como Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano a favor de esta reforma. Nos parece sumamente necesaria; sin embargo, alertamos en los procedimientos y en los protocolos que deba de llevar a cabo la Policía Federal.

Lo relaciono con un dato que hoy se publica en la prensa nacional. En promedio, cuatro de cada 100 policías tendrán que ser despedidos, esto según la información de la Comisión Nacional de Seguridad.

Entonces, cuidado con poner más elementos a malos policías, y aquí la propia instancia nos están diciendo que no todos los elementos en la Policía Federal están cumpliendo con sus deberes, y no han pasado o no acreditaron las pruebas poligráficas, de toxicología, de entorno patrimonial, los psicológicos y los médicos.

Sí, sí nos preocupa que con la policía que nos ha dejado el sexenio de la guerra absurda contra el narcotráfico, sean los encargados de verificar esta modificación que se hace a tan importante ley.

Por otro lado, y creo que no es algo irrelevante, en el propio dictamen se menciona que se liberará al gobierno federal de gastos por 121 mil millones de pesos anuales. Creo que ese recurso, compañeras y compañeros legisladores, tendrían que entregarse al sistema de seguridad social y al sistema de salud, para no dejar únicamente en las manos de las empresas privadas, y mucho menos de la responsabilidad que puedan tener las aseguradoras, que muchas de ellas ya sabemos cómo actúan, ojalá se determine en esta misma Cámara de Diputados que ese recurso que se libera se pudiera incorporar al Sistema Nacional de Salud Pública. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. No habiendo otra intervención solicitada ni artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

De viva voz la diputada Mirna Velázquez López.

La diputada Mirna Velázquez López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Gracias, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 406 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

ACCIONES DE BARRIDO CONTRA LA TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través del Senasica, implemente las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y Francisco J. Múgica, del estado de Michoacán.

El diputado Salvador Ortiz García:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema y la preocupación que hoy me trae a esta tribuna, la más alta de la nación, es un asunto de salud pública y de afectación a la economía ganadera en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro y Múgica, del estado de Michoacán, por la presencia de la tuberculosis y brucelosis bovina.

La Organización Mundial de la Salud estipuló que el 24 de marzo sería el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, justamente ese día la Secretaría de Salud de Michoacán dio a conocer que detectó más de 158 casos de tuberculosis en humanos, principalmente en la región de tierra caliente y la costa michoacana.

La tuberculosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa caracterizada por la formación de tubérculos que afecta a bovinos y a otros animales domésticos, lo cual puede ser trasmisible a la población por ingerir productos lácteos contaminados y no pasteurizados o por el contacto con animales infectados. Disminuye la producción láctea y de carne, lo que genera grandes pérdidas a los ganaderos y riesgos a los consumidores.

Al no brindarse la atención oportuna, la presencia de la tuberculosis bovina genera pérdidas directas a la producción en el comercio interior y exterior, así como en la salud pública.

En el mes de mayo del 2012, la ganadería de la región de tierra caliente del estado de Michoacán decretó a 2 mil 100 hatos en cuarentena por contraer tuberculosis, y 300 vacas tuvieron que ser sacrificadas.

Las cabezas enfermas de ganado fueron inmovilizadas y quedó prohibido comercializar carne de estos animales, por lo que la alerta roja se encendió entre los ganaderos que se dedican a la producción de los derivados de la leche, por considerarse como un riesgo a la salud pública.

Cabe señalar que las autoridades municipales de los municipios afectados de Apatzingán, Buenavista, Mújica, Parácuaro y Tepalcatepec, en Michoacán, han solicitado de manera institucional que se dé continuidad a la campaña de lucha contra la tuberculosis y brucelosis bovina, y se asignen los recursos necesarios para su ejecución, respondiendo así a la petición de organismos ganaderos y sus asociados, a fin de garantizar la sanidad de los hatos y la salud de la población consumidora de los productos cárnicos, lácteos y sus derivados.

La importancia de dar continuidad a esta campaña es que se lograría atender un total de 201 mil 730 cabezas de ganado bovino, en 6 mil 330 hatos de esta región, tomando en cuenta también la demanda de los productores para elevar a un estatus sanitario acreditable de sus hatos y pasar de la etapa de control a la etapa de la erradicación.

El ampliar la etapa de barrido en la región de la tierra caliente michoacana es de gran importancia para la economía de la salud pública y la generación de empleos para una región eminentemente agrícola y ganadera.

Eventos como éste inciden directamente en los bolsillos de las personas, ya sea por parte de la cadena productiva o por los gastos derivados de la atención médica necesaria por contraer la enfermedad.

Ampliar la campaña permitirá, además, mantener la producción y brindar las condiciones sanitarias para ofertar y mantener la demanda de productos derivados de la actividad ganadera, como carne, leche y queso, productos que cuentan con una gran calidad en la región y que son altamente reconocidos a nivel nacional e internacional.

En mérito de lo anteriormente expuesto, a nombre propio y de mis compañeros diputados, a los que agradezco que hayan suscrito este punto de acuerdo, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, para que implemente a la brevedad las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en la región integrada por los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro y Mújica, del estado de Michoacán, con el objeto de impulsar acciones sanitarias efectivas y evitar que las enfermedades o plagas causen daños a la población y a la ganadería estatal.

Es cuanto, señor presidente. Solicito a esta Presidencia, respetuosamente, se inserte el anexo de las palabras propuestas por su servidor a este respetuoso exhorto en el Diario de los Debates.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar por el Senasica las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F. J. Múgica, Michoacán, para evitar que las enfermedades o plagas dañen la ganadería estatal, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico, se caracteriza por la formación de tubérculos que afecta a bovinos y a otros animales domésticos, también se considera una zoonosis por ser transmisible al hombre, es decir quien la contrae al ingerir productos lácteos contaminados y no pasteurizados o por el contacto con animales infectados. Disminuye la producción láctea y de carne, lo que significa grandes pérdidas a los ganaderos cuando se decomisan canales o partes de los mismos debido a la presencia de lesiones de esta enfermedad.

Se han emprendido acciones para erradicar esta enfermedad, mismas que han sido necesarias para inhibir los riesgos de contraerla, lo que ha permitido mejorar la productividad de los bovinos y así, evitar pérdidas económicas y restricciones a la movilización de animales, tanto nacional como internacionalmente.

En prácticamente 16 años de campaña, se ha avanzado considerablemente en erradicar la prevalencia de tuberculosis bovina. Tal como lo estableció la visión incluida en el Plan Estratégico Campaña Nacional contra Tuberculosis Bovina en México 2008-2012, al menos el 82% del territorio nacional tiene una prevalencia menor de 0.5% de tuberculosis bovina, con el beneficio de mejorar la producción, favorecer la salud pública y continuar las exportaciones de bovinos a los Estados Unidos y a otros países.

De acuerdo a cifras oficiales, en el año 2012 se incluyeron 407, 178 hatos con 18´240,603 cabezas, lo que corresponde al 54.46 % del total de hatos en el país y al 60.78% de la población ganadera nacional; por lo que hay que destacar que el trabajo para combatir la tuberculosis bovina permitió que los ganaderos mexicanos tengan un escenario positivo y las condiciones para comercializar al extranjero sus becerros.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el mes de agosto del año 2012, precisó que se alcanzó el récord histórico de un millón 500 mil 577 cabezas de ganado comercializadas, la exportación de becerros en pie a Estados Unidos lo cual mostró un incrementó del  18.37 por ciento en relación con el ciclo anterior cuando se comercializaron un millón 271 mil 913 reses.

El estatus sanitario de México, ha propiciado la apertura de nuevos mercados para el ganado mexicano de engorda y sacrificio que actualmente se exporta a países como Jordania y Turquía; productores de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, han aprovechado estos mercados, donde han podido vender más de 64 mil cabezas de ganado, y otras 3 mil 829 cabezas enviadas a Jordania, han permitido fortalecer una apertura de mercado.

Sin embargo situaciones como lo acontecido en el estado de Jalisco, donde derivado de que en entidades como Michoacán y Zacatecas no hay homologación de criterios para el movimiento de ganado, tres animales enfermos de procedencia zacatecana exportados por Jalisco, fueron causales para que este estado no pudiera exportar ganado a Estados Unidos. Hechos como éste nos exhorta a continuar trabajando conjuntamente para cumplir cabalmente con las medidas sanitarias necesarias.

Recordemos que al no brindar la atención oportuna, la presencia de la tuberculosis bovina ocasiona serias pérdidas al sector productivo:

Primero. Pérdidas Directas de Producción: Reduciendo eficiencia productiva, disminución de fertilidad así como del peso, reducción de inmunidad y predisposición de la inmunidad.

Segundo. En el Comercio interior y exterior: el diferencial de precios percibido por el productor por la venta de sus productos provenientes de animales enfermos, y las regulaciones sanitarias que influyen en mercados internacionales.

Tercero. En lo concerniente a la salud pública,origina pérdidas productivas por invalidez parcial o total de los trabajadores ligados al sector lácteo y ganadero; y quizás lo más importante y difícil de medir es la repercusión de la enfermedad en los consumidores de productos cárnicos y lácteos.

En el pasado mes de mayo del 2012, la ganadería de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, decretó a 2 mil 100 hatos en cuarentena por contraer tuberculosis y 300 vacas tuvieron que ser sacrificadas; las cabezas enfermas de ganado fueron inmovilizadas y quedó prohibido comercializar carne de estos animales por lo que la alerta roja se encendió entre los ganaderos que se dedican a la producción de los derivados como la leche y el queso por considerarse como un riesgo a la salud pública.

En base a documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria la zona con menor afectación fue Álvaro Obregón con sólo un hato ganadero de 9 cabezas con la sintomatología de tuberculosis bovina, mientras que en el municipio michoacano de Cojumatlán se inmovilizaron cuatro hatos con 234 cabezas de ganado, no obstante, en Buenavista se decretó la cuarentena en mil 627 cabezas de ganado en 30 ranchos, y en Apatzingán 473 cabezas de ganado de 6 ranchos del municipio.

En la medida que se vaya reduciendo el número de cuarentenas, la prevalencia irá bajando, pero en caso de detectar mayor número de hatos enfermos la ganadería en el estado se verá reducida. Es de destacarse que Michoacán tiene 62 mil hatos de ganado bovino con un total de 2 millones de cabezas.

Cabe señalar que se han tomado acciones por las autoridades municipales de Apatzingán, Buenavista, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec del estado de Michoacánm donde se han pronunciaron por un mayor apoyo que dé continuidad a la ejecución de la Campaña de Tuberculosis, respondiendo así a la petición que organismos ganaderos y sus asociados a fin de garantizar la sanidad de los hatos y asegurar la salud de la población consumidora de los productos cárnicos, lácteos y sus derivados.

Conforme a lo proyectado por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Michoacán, AC, la importancia de dar continuidad a esta campaña, se lograría atender un total de 201,730 cabezas de ganado bovino en 6,330 hatos en esta región, tomando en cuenta por adición la demanda de los productores para elevar el estatus sanitario de sus hatos y obtener un estatus sanitario superior acreditable.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que implemente a la brevedad las acciones de barrido, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro  y F.J. Múgica del Estado de Michoacán con el objeto de impulsar medidas efectivas y acciones sanitarias para evitar daños a la ganadería estatal.

Anexos:

Notas:

1 Información obtenida del sitio oficial de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria [En línea]  http://www.senasica.gob.mx/?id=4367. (Consulta: 15/11/2012)

2 Entre  las acciones:  "se aplican estrategias de difusión y promoción de las actividades de la Campaña; capacitación del personal involucrado en estas actividades, diagnóstico de campo (en el 100 % de los hatos*), aplicación de cuarentenas en hatos infectados, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas, inspección en rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, seguimiento epidemiológico, etc.", Para más información consultar el sitio http://www.senasica.gob.mx/?id=4367. [En línea]. (Consulta: 15/11/2012)

3 Barba Vizcaíno, Francisco (2012) “Preocupados en la Zona Norte por la brucelosis y la tuberculosis” [En línea]  Información obtenida de  Barragán Martínez Alfredo,  Tesorero de la Unión Ganadera del Estado de Jalisco el 17 de agosto de 2012. (Consulta: 15/11/2012). Para mayor consulta http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2659875. htm

4 Silva Romero,  Erandy Yovana, “Tuberculosis Bovina y su Impacto en los Animales”, Facultad de Medicina Veterinaria y  Zootecnia. Universidad Michoacana  de San Nicolás de Hidalgo. México. Pp. 16-20.

5 Para más información consultar el sitio. http://www.cefppmich. org.mx/CGI-BIN/index.php. (Consulta: 16/11/2012

6 “Ampliación Territorial de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina en el estado de Michoacán”, Información obtenida de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación delegación de Michoacán. (Consulta: 14/11/2012)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputados: Salvador Ortíz García, Martha Berenice Álvarez Tovar, Ma. del Carmen Martínez Santillán, Alfredo Anaya Gudiño, Rodomiro Estrada Barrera, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Íñiguez, Luis Olvera Correa, Socorro de la Luz Quintana, Salvador Romero Valencia, Blanca Ma.Villaseñor Gudiño, José Luis Esquivel Zalpa (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Por supuesto se inserta el documento íntegro en el Diario de los Debates. Voy a pedir a la Secretaría que, para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que se presenta ante esta soberanía es de la mayor importancia por sus implicaciones en la salud pública, la economía y el comercio, aspectos cruciales que impactan de manera directa el desarrollo regional y nacional de un sector central de la activad primaria, como es la producción de carne bovina, pero sobre todo en las repercusiones negativas para la salud de millones de mexicanos que consumen carne bovina y sus derivados.

En efecto, el consumo de carne de res es un importante componente en la dieta de los mexicanos, y aunque existen sectores de la población que no consumen carne de res por diversas razones, el consumo por habitante se ha incrementado en los últimos años.

Además de ser un alimento básico para la población, la producción de carne es una de las principales actividades primarias del sector agropecuario que ha mantenido un crecimiento positivo, lo que representa ingresos para un sector importante de la población, ya que en 25 estados del país existen productores, industriales y comercializadores que se benefician del mercado de carne bovino. Principalmente es una actividad de desarrollo económico en zonas rurales, donde la ganadería se ha convertido en la principal fuente de empleo y un eslabón de la cadena productiva que impulsa el mercado interno.

En virtud de lo anterior, no podemos ser omisos de la situación que se describe en el punto de acuerdo, en el que se señala la detección de tuberculosis bovina en cabezas de ganado en los estados de Jalisco, Zacatecas, y en algunos municipios de Michoacán.

Nuestra obligación y responsabilidad como representante populares es velar por la salud de los consumidores y por los ganaderos de esos estados, debido a que un brote de esta enfermedad puede producir pérdidas económicas importantes para este sector productivo.

Es prioritario que las autoridades implementen las medidas necesarias para evitar que dicha enfermedad repercuta en la salud de la población. No menos importante es que la Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de manera urgente adopte las medidas necesarias para evitar que se propague la tuberculosis bovina hacia más cabezas de ganado, y establezca medidas para apoyar a los productores que se han visto afectados por la contingencia.

Por lo anterior, nuestro voto será a favor del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, ya que consideramos que es un asunto de atención prioritaria para las autoridades competentes. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Fernando.

Esta Presidencia tiene el honor de informar a esta asamblea que tenemos una visita muy apreciable, la del señor senador don Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado del Reino de España, sea usted bienvenido; la del señor diputado don Jaime Javier Barrero López, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados; la del señor ministro consejero, don Carlos Morales, encargado de negocios de la embajada de España en México; de don Manuel Cavero Gómez, secretario general del Senado español; de la señora Cayetana Hernández de la Riva, directora del Gabinete del Presidente, y de doña María López Moreno de Cala, directora de Relaciones Internacionales.

Muy apreciados parlamentarios, como todos ustedes saben en México hay un enorme sentido de amistad con el pueblo español, los recibimos con gusto y con afecto.

Como ya les dijimos en la ceremonia inaugural del G20, siéntanse ustedes en su casa, que las relaciones en nuestros países, que las relaciones académicas, culturales, comerciales, de turismo, con la madre patria, con los hermanos españoles, sean más pródigos que nunca. Sean ustedes bienvenidos.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la tribuna el diputado José Humberto Vega Vázquez.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, existen evidencias de la presencia de este mal en restos precolombinos, así como en momias egipcias que datan del año 2400 antes de Cristo.

Quizá la primera referencia bibliográfica se puede hallar en referencia y se encuentre en los libros del Antiguo Testamento, que relatan que el mal afectó al pueblo judío durante su estancia en Egipto.

El origen clásico del padecimiento es mediante la transmisión de la bacteria, el bacilo, por la ingesta de leche o producto lácteo que no sea pasteurizado y que penetra la mucosa gastrointestinal.

La Organización Mundial de Salud señala que la tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, causada por un agente infeccioso.

El punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, que hoy presenta un grupo de legisladores, más allá del beneficio que representa atacar, controlar y erradicar, la brucelosis bovina en el país para obtener una mejor producción alimentaria, mayores y mejores exportaciones de ganado, mayor generación de divisas y, en general, eficientar la aportación al producto interno bruto nacional, lo que verdaderamente está en juego, preocupa y es prioridad es la salud de los mexicanos, que significa una de las prioridades del desarrollo humano.

En México, con los antecedentes expuestos, la brucelosis bovina, expresión de la tuberculosis en los hatos ganaderos, ha sido sometida a campañas para erradicar esta enfermedad.

Desde hace 16 años, como bien lo señala el grupo de legisladores iniciantes, el avance logrado representa que al menos el 82 por ciento del territorio nacional tenga una prevalencia menor al 0.2 por ciento de tuberculosis bovina en algunos estados.

En ultimas fechas se han presentado brotes de este mal en municipios de estado de Michoacán que hacen indispensable que la Sagarpa, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, lleve a cabo acciones de un barrido de la zona infectada, poniendo el acento en cuarentenas, eliminación e indemnización de los reactores para impulsar medidas efectivas, al tiempo de aplicar medidas sanitarias para evitar más daños a la ganadería regional y sus consecuencias en la economía y, sobre todo, para proteger la salud de los mexicanos.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del acuerdo de obvia o urgente resolución. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: El posicionamiento de Movimiento Ciudadano es a favor de este punto de acuerdo; sin embargo, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el tema. Lo que estamos escuchando el día de hoy en relación al problema de la tuberculosis bovina es un problema prácticamente de falta de planeación y de organización que venimos arrastrando desde hace muchos años y que no se ha podido atender.

Sí hay el reflejo de un interés por parte de estas secretarías; sin embargo, falta la creación de un plan nacional alimentario y el cual es urgente presentar. Este plan nacional de autosuficiencia alimentaria, que como mínimo deba de tener 20 años de planeación, nos permita prever todo este tipo de enfermedades presentes más las que se están desarrollando ya por las mutaciones de diferentes virus.

Hay que prevenir, hay que desarrollar y hay que buscar la comercialización de nuestros productos agroindustriales.

Desde luego que es un tema de salud muy grave que se está presentando en la zona de Tierra Caliente y sí se le exhorta por parte de Movimiento Ciudadano también a Senasica, para que implemente a la brevedad las acciones de barrido, atención de cuarentena e intensificación de reactores.

Consideramos que en estos temas donde existen variables cruciales para la estabilidad del país como la salud pública, el comercio, la producción y la economía de millones de mexicanos, debemos dejar de resolver los incidentes con miras a corto plazo.

Por eso la importancia de la planeación y la urgencia de que estas secretarías presenten a la brevedad posible un plan nacional alimentario que contenga los temas antes expuestos. Nuestro voto será a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, los productos de la ganadería desempeñan un papel fundamental en nuestra dieta diaria. Además constituyen una de las actividades primarias más importantes en la economía de varias entidades federativas del país.

El impulso a este sector ha permitido que la producción de ganado sea motor de diversas economías de la región norte y centro del país; sin embargo, no solo basta con fortalecer la producción e impulsar la inversión en el sector ganadero, sino que es necesario garantizar la calidad de la carne y cuidar la sanidad del ganado.

La inadecuada regulación y atención a problemas de sanidad del ganado puede derivar en afectaciones a la economía, no solo de los productores de las entidades federativas donde se cría el ganado, sino también a quienes llevan a cabo la exportación a otros estados, y existen claras muestras de ello en el contenido del punto de acuerdo que hoy estamos discutiendo

Preocupa que exista cada día una mayor incidencia de tuberculosis bovina, ya que puede generar consecuencias económicas devastadoras para los productores e incluso para el país.

Ahora bien, debemos estar ciertos de que este problema no solo se refiere a un tema de sanidad animal, sino también de salud pública, ya que como todos sabemos, la tuberculosis bovina puede ser contagiada al ser humano.

De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud, en México el 8 por ciento de la tuberculosis humana es debido a la bacteria desarrollada en bovinos; en este caso las principales poblaciones humanas en riesgo son los trabajadores de los predios en los que se encuentran los animales infectados y de los lugares en los que se refrigera la carne. Por ello resulta de vital importancia que las autoridades y los productores lleven a cabo acciones que permitan la atención y control de la enfermedad.

Me gustaría destacar el esfuerzo del gobierno del estado de Michoacán en la atención de este problema; sin embargo, para lograr una solución inmediata se requiere la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, por lo cual manifiesto mi voto a favor del presente punto de acuerdo y me sumo a la solicitud para que la Sagarpa, por medio de la Senasica, implemente las acciones y medidas sanitarias necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad en más hatos ganaderos del estado, y salvaguardar la economía de los productores y la salud de los consumidores de productos cárnicos y sus derivados.

Pero también pedimos al proponente, al diputado Salvador Ortiz, si este exhorto se pudiera hacer en un contexto nacional para todas las zonas ganaderas del país, porque si nada más se atiende de manera local o regional, después en el intercambio en exportación-importación se pueden volver a contagiar.

Estamos a favor del punto a nombre propio y de toda la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país, en el año 2008, se abrieron totalmente las fronteras comerciales de los alimentos para dar cumplimiento al Capítulo VII agropecuario: Medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Hoy las fuerzas del mercado mundial capitalista imponen las medidas de sanidad y de protección para el consumo de la carne del ganado bovino.

El capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias forma parte de los conocidos obstáculos técnicos al comercio y están encaminadas a proteger la salud de las personas, de los animales, de los vegetales y del medio ambiente.

Los países hacen esfuerzos por erradicar plagas y enfermedades de su territorio; el nuestro hace lo propio, al mismo tiempo que protege sus fronteras por el reingreso y diseminación de las mismas, ya que representan altos riesgos económicos en la producción local.

Por ello cada país debe alcanzar un nivel adecuado de protección, evaluando el riesgo, tomando en cuenta los costos de control de erradicación de la plaga o enfermedad en su territorio y la relación costo-eficiencia de otros posibles métodos para limitar el riesgo.

Los tratados comerciales buscan facilitar transacciones y restricciones, por lo que para entorpecer menos el comercio sería más fácil que todos los países tuvieran similares restricciones.

Estos principios sanitarios y fitosanitarios se han venido cumpliendo en México en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y esto se logró por el Plan de Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina en México en los años 2008-2012.

Como lo señala el punto de acuerdo, al menos el 82 por ciento del territorio nacional tiene una prevalencia menor del 0.5 por ciento de tuberculosis bovina; en este mismo sentido, se señala que las cifras oficiales indican que en el año 2012 se incluyeron 407 mil 178 hatos, con 18 millones 240 mil 603 cabezas, lo que corresponde al 54.46 del total de hatos en el país y al 60.78 por ciento de la población ganadera nacional, por lo que hay que destacar que el trabajo para combatir la tuberculosis bovina permitió que los ganaderos mexicanos tuvieran un escenario positivo y las condiciones para comercializar al extranjero sus becerros.

Las campañas aplicadas por el Senasica han logrado disminuir la prevalencia de la tuberculosis en el ganado bovino, porque la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros, en los últimos dos sexenios ha incrementado significativamente los recursos públicos para hacer eficientes los sistemas sanitarios; en el año 2001 se asignaron 907 millones de pesos, y para el presente año este pleno, esta Cámara, ha aprobado 5 mil 216 millones de pesos.

La tuberculosis afecta, sin duda alguna, al ganado bovino, lo que significa grandes pérdidas para los ganaderos. Pero el riesgo mayor está en la población, que al ingerir alimentos contaminados obviamente pone en riesgo la salud, por ello el objetivo debe ser erradicar totalmente esta enfermedad.

En razón de lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de la Partido de la Revolución Democrática, del cual la de la voz forma parte, está a favor del punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que implementen a la brevedad posible las acciones de barrido, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y Francisco J. Múgica, del estado de Michoacán, y que en el mediano plazo puedan ser consideradas zonas libres de enfermedades y plagas, y con ello evitar que se expandan a otras regiones del país. Es todo, compañeras y compañeros diputados. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos del pueblo de San Martín Tepetlixpan, de Cuautitlán Izcalli, que están aquí invitados por la diputada Paulina Alejandra del Moral.

También a un grupo de ciudadanos del puerto de Progreso, Yucatán, que también nos acompañan, invitados por el diputado Mauricio Sahui Rivero. Bienvenidos todos a esta sesión.

Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, durante los gobiernos panistas la procuración de competitividad del sector agroalimentario constituyó un elemento fundamental para colocar los productos del sector en el mercado y poder competir de manera leal en beneficio de la población, ofertando productos de calidad a través de condiciones, como la sanidad.

Poder ser competitivo ofrece mayores oportunidades para el desarrollo rural, al aumentar las posibilidades de participación en el mercado, tanto nacional como internacional, muestra de ello son las exportaciones agroalimentarias por más de 20 mil millones de dólares en años pasados; ello, gracias a la buena condición sanitaria de inocuidad que nuestro país ha logrado por medio de la ejecución de programas sanitarios y asignaciones presupuestales con este fin.

Como se menciona en el exhorto que estamos discutiendo, la Campaña nacional contra la tuberculosis bovina representa uno de los avances en acciones zoosanitarias de la administración pública pasada, lo cual mediante el financiamiento, actualización de la normativa en la materia, capacitación, comunicación y concertación, investigación científica y tecnológica, vigilancia, organización para fortalecer la estructura y funcionalidad, así como la planeación entre otras tareas, dio como resultado alcanzar en 2012 la fase de erradicación de dicha enfermedad y el reconocimiento internacional para la exportación de ganado bovino, de acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Hacemos especial énfasis en que aun cuando la actividad ganadera se ha visto muy afectada, cuando hay disposición y un trabajo coordinado es posible que se incrementen acciones concretas de alto impacto; en este sentido es donde se debe redoblar el esfuerzo y contar con las herramientas adecuadas para actuar oportunamente en la disminución del riego.

Recordemos que fue en el año de 1992 cuando Estados Unidos de América amenazó con cerrar la frontera a los becerros mexicanos, que eran alrededor de 1.5 millones cada año, que podían significar un mercado anual de 540 millones de dólares. Tras estos eventos y después de 20 años se ha avanzado en esta materia, teniendo en 2012, 83.15 por ciento del territorio nacional con prevalencia de 0.5 por ciento o menor.

Todo esto además ha sido posible gracias a que actualmente contamos con un marco jurídico regulatorio en materia de sanidad agropecuaria, que confiere a Sagarpa la función de fomentar una producción pecuaria que prevenga, controle y erradique las plagas y enfermedades como la tuberculosis bovina, que además es susceptible de trasmisión al ser humano.

En este contexto, los diputados de Acción Nacional destacamos la importancia y estamos a favor de que el Ejecutivo federal, en coordinación con los gobiernos locales, siga instrumentando y ejecutando acciones para lograr mayores niveles de sanidad en el sector agroalimentario, ofreciendo así alimentos de calidad a la población nacional y dando la posibilidad de mantener e incrementar la exportación de ganado bovino hacia otros países, tales como los Estados Unidos de América.

En concordancia con lo anterior, votaremos a favor del presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a fin de promover acciones urgentes contra la tuberculosis bovina, particularmente en los municipios del estado de Michoacán, en beneficio de la ganadería nacional. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la voz el diputado Rodimiro Barrera Estrada.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, aproximadamente el 9 por ciento de la producción nacional de carne en canal de ganado bovino se produce en el estado de Michoacán, lo cual reporta importantes contribuciones económicas para la entidad y para las familias que dependen de este sector, incluso la ganadería bovina ha mantenido el segundo lugar en importancia dentro de la oferta de carne, aportando el 30.3 por ciento que en volumen representa un millón 700 mil toneladas, de la cual Michoacán produce 153 mil toneladas.

De ahí que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este punto de acuerdo, en razón de que resulta pertinente realizar los esfuerzos necesarios para evitar daños a la ganadería michoacana, así como realizar las acciones conducentes para impulsar el desarrollo óptimo de este importante sector de la economía.

Tal y como lo señala la propuesta, no brindar la atención oportuna da como resultado la presencia de la tuberculosis y brucelosis bovina, la cual ocasiona serias afectaciones, entre las que se destacan pérdidas directas de la producción, las cuales reducen la eficiencia productiva, disminuye la fertilidad, el peso, la inmunidad y la predisposición a la misma.

Afectaciones al comercio interior y exterior; es decir, el diferencial de precios percibido por el productor, derivado de la venta de productos provenientes de animales enfermos y las regulaciones sanitarias que influyen en los mercados internacionales.

Problemas en la salud pública, derivadas de la repercusión de la enfermedad en los consumidores de productos cárnicos y lácteos.

Pérdidas en la economía popular, principalmente de la clase ligada al sector lácteo y ganadero; pérdidas de fuentes de empleo, provocadas por la falta de producción ante el cierre de diversos centros de trabajo que se dedican a dicha actividad; pérdida del reconocimiento adquirido durante muchos años de trabajo a nivel internacional por la falta de sanidad e inocuidad en los animales que se crían en el país.

Por estas y por otras series de afectaciones, resulta urgente que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, implemente acciones urgentes de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores, particularmente en los municipios de mayor riesgo, como son Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y Francisco J. Múgica, otorgando así certeza, tanto a los productores como a los consumidores.

Estamos convencidos que para superar el rezago y reducir la brecha de la desigualdad, es menester atender la problemática regional y local, mediante acciones oportunas y decididas que permitan reactivar y estimular la planta productiva nacional.

Hoy resulta fundamental solidarizarnos con la presente proposición, a efecto de garantizar a los ganaderos, a los trabajadores y a los consumidores michoacanos alternativas viables que les permitan elevar sus condiciones de vida y acceder, de manera efectiva, a los beneficios de la competitividad y el desarrollo.

Por lo antes expuesto, nuestro Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional emitirá su voto a favor de que se exhorte a la Sagarpa para que a través de la Senasica se implementen, a la brevedad, las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios del estado de Michoacán ya antes mencionados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

EDGAR TAMAYO ARIAS

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, voy a pedir su comprensión para adelantar un asunto del orden del día, que la verdad es muy sentido para todos los diputados y diputadas de todas las bancadas; está enlistado en la agenda de hoy, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es producto de un punto de acuerdo presentado por nuestro compañero diputado José Francisco Coronato Rodríguez, que tiene que ver con un connacional sentenciado a muerte en el estado de Texas.

Están aquí sus padres y en razón de eso, vamos a adelantar el tratamiento de este dictamen.

Voy a pedir a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen publicado en la Gaceta, al mismo tiempo que agradezco y doy la más cordial bienvenida a esta sesión a los padres de Edgar Tamayo Arias, que hoy aquí nos acompañan, que son don Héctor Tamayo Pedroza y doña Isabel Arias Corona.

Con toda nuestra solidaridad le pediría a la Secretaría dé lectura al resolutivo del exhorto propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar con la mayor brevedad que se observó el debido proceso legal, en particular el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte el connacional Édgar Tamayo Arias en Texas, Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que por todos los medios a su alcance y en colaboración con organismos nacionales e internacionales de protección a migrantes y a los derechos humanos, consiga hacer valer el derecho de debido proceso del nacional mexicano Édgar Tamayo Arias, presentada por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176 fracción 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados

Antecedentes

En sesión del pleno del 7 de marzo de 2013, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez presentó la proposición con punto de acuerdo mencionada. En la misma fecha la Mesa Directiva acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

Contenido

Solicita por una parte que, la Junta de Coordinación Política apruebe la designación de una comitiva de diputados de la Comisión de Derechos Humanos, para que acompañe a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y conjuntamente con el cónsul general de México en Estados Unidos, soliciten al Congreso y al gobernador de Texas la gracia de la clemencia en favor del mexicano Édgar Tamayo Arias, para salvaguardar su derecho a la vida, así como que se incluya el tema de connacionales condenados a muerte en Estados Unidos de América, en la agenda de las reuniones interparlamentarias con nuestros homólogos estadounidenses.

Por otra parte, propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por todos los medios a su alcance y en colaboración con organismos nacionales e internacionales de protección al migrante y a los derechos humanos, consiga hacer valer el derecho de debido proceso del nacional mexicano Édgar Tamayo Arias.

Metodología

Las comisiones realizaron el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

Se destacan en la exposición de motivos, entre otros, los siguientes aspectos:

La pena de muerte es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado y a sangre fría a manos del Estado. Este castigo cruel, inhumano y degradante, que se impone en nombre de la justicia, viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El estado de Texas es el territorio de Estados Unidos de América (en adelante EUA) donde más ejecuciones se llevan a cabo actualmente. Pues, según amnistía internacional, Texas ha ejecutado a más del doble de personas que cualquier otro estado de la Unión Americana, en menos de tres décadas y media. Tan solo el actual gobernador de Texas, Rick Perry, ha aprobado más de 250 ejecuciones.

Esta actitud sobre la pena de muerte hace que el indulto y las recomendaciones de clemencia realizadas por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado sean cada vez menores.

No obstante, que el último párrafo del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, menciona que:

Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En la mayor parte de los países se ha eliminado la pena capital gracias a la progresividad de los derechos humanos, que considera la pena de muerte como una violación a éstos, resultando una contradicción a la naturaleza de la función del Estado.

El connacional Édgar Tamayo Arias, sentenciado en el estado de Texas, EUA a pena de muerte, ha realizado diversas peticiones sin tener mayor éxito.

Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia declaró que los EUA vulnero los derechos del debido proceso del mexicano, específica mente los contemplados en la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, firmado el 24 de abril de 1963, y que en su artículo 36, inciso b) menciona que:

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.

Además, mediante la Opinión Consultiva OC16/99, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos consulares, como el derecho al aviso y a la protección consular, han sido considerados indispensables para el respeto y cumplimiento del derecho al debido proceso, con mayor razón en el caso de extranjeros acusados de la comisión de un delito que puede ser sancionado con la pena capital.

Cabe hacer mención, que en el caso del connacional Édgar Tamayo Arias se han agotado todas las instancias jurisdiccionales internas, con la salvedad del de la clemencia, la cual permitiría, en su caso, salvaguardar su la vida.

Al respecto, la comisión destaca que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que debe observarse la garantía del debido proceso legal en todos los procedimientos y por su parte, el artículo 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Servicio Exterior Mexicano, impartir protección y auxilio judicial a los mexicanos en el extranjero.

En este sentido y toda vez que de acuerdo al proponente, se han agotado las instancias jurisdiccionales internas del sistema judicial de los EUA, resultaría eficaz modificar los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se asegure y garantice que se haya observado el debido proceso legal en el juicio en el que fue sentenciado a muerte el connacional Édgar Tamayo Arias y solicite, por los conductos apropiados, al Congreso y al gobernador del Estado de Texas, la gracia de la clemencia, a efecto de salvaguardar su derecho a la vida. Asimismo, agote las instancias internacionales posibles para la protección de la vida de nuestro connacional.

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las consideraciones precedentes, estiman aprobar la presente proposición con punto de acuerdo con las modificaciones apuntadas, por lo que someten a la consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad se asegure que se haya observado el debido proceso legal, en particular, el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte en el estado de Texas de Estados Unidos de América el connacional Édgar Tamayo Arias y solicite, por los conductos pertinentes y apropiados, al Congreso y al gobernador del estado de Texas, la gracia de la clemencia, a efecto de salvaguardar su derecho a la vida. Asimismo, agote todas las instancias internacionales posibles, para la protección de la vida de nuestro connacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Quiero expresar, a nombre de la Mesa Directiva y de todos mis compañeros diputados y de todas mis compañeras diputadas, aquí presentes, a don Héctor Tamayo y a doña Isabel Arias, que contarán con todo el respaldo de esta soberanía para logar que a su hijo se le dé un proceso justo, que tenga el debido proceso y que se respete en todo momento su vida.

ORGANIZACION NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA, DE CIUDAD JUAREZ

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a continuar con los asuntos en cartera. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, zona norte, para que entregue la información acerca de las mujeres desaparecidas y asesinadas a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde hace dos décadas los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el caso más representativo de los asesinatos de mujeres en México y la comunidad internacional, no solo por el número de asesinadas, sino por la brutalidad y la impunidad de los hechos.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, única en México, es resultado del esfuerzo y de la presión de la sociedad civil para detener las desapariciones y asesinatos de mujeres. Sin embargo, de la consternación que han causado las desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez se detonaron la denuncia y la demanda de justicia de diversas personas, grupos y organizaciones, una de ellas es la de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Dentro de las actividades de esta organización por la defensa de los derechos de las mujeres, el pasado 18 de febrero de 2013 se envió a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, zona norte, un oficio dirigido al maestro José Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito, que solicita la siguiente información:

1. El número de reportes que se recibió durante 2008 al 2012, y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.

2. Cuántas de estas mujeres fueron localizadas.

3. Cuántas aún están desaparecidas.

4. En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba.

5. La cifra de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados.

6. Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares.

7. Cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez.

8. Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos.

9. Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos.

10. Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar.

De igual forma, solicitaron copia de las aplicaciones del mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, que debe involucrar a los medios de comunicación y los familiares para que coadyuven con las autoridades de los tres niveles de gobierno, mecanismo llamado Protocolo Alba.

La información que la organización solicita es un derecho que el Estado debe garantizar y que nuestro papel como legisladoras y como legisladores debemos exigir y proteger.

México ha recibido más de 50 recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de Naciones Unidas, para que el gobierno esclarezca todos los casos y se pueda lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas, la reparación integral de los daños y políticas con perspectiva de género, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres.

La Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dice que los Estados deben alentar la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia, y la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.

Al respecto cabe destacar que ya en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado a conocer la sentencia conocida como Caso González y otras, Campo Algodonero contra México, en la que se condenaba al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad.

De acuerdo con esta sentencia, en especial en lo que refiere a sus resolutivos 20 y 21, el Estado mexicano tenía un año para que, entre otras cosas, creara una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como también una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres con información actualizada y específica de cada uno de los casos; sin embargo, tras dos años de haberse vencido el plazo, aún no se ha obtenido avances.

En la actualidad no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, la información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por Nuestras Hijas de Regreso a Casa no solo es pertinente y justa, sino necesaria para sentar las bases que permita conducirnos hacia una situación diametralmente distinta a la que se vive en Ciudad Juárez.

El Estado no debe olvidar su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas; brindar información oficial es una obligación del Estado mexicano para cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la obligación constitucional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, como he señalado en la reforma constitucional de 2011.

Por lo anteriormente expuesto y apelando a su sensibilidad, no solo como diputados y diputadas, sino como padres, como madres, como hermanas, hermanos, hijas e hijos, les pido que adoptemos el dolor como propio y de esta manera someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a que gire las instrucciones necesarias, a fin de que la Fiscalía General del estado, zona norte, entregue la información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, desde el 2008 a la fecha, que la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa solicitó el pasado 18 de febrero de 2013, mediante oficio dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras, Campo Algodonero contra México, relativos a la creación de una página electrónica con una base de datos digital, que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde 1993.

Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, zona norte, a entregar a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, la información acerca de las desaparecidas y asesinadas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María de Lourdes Amaya Reyes, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, con el trámite de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace dos décadas, los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el caso más  representativo de los asesinatos de mujeres en México y la comunidad internacional, no sólo por el número de asesinadas, sino por la brutalidad y la impunidad de los hechos, como lo señaló el Informe Final de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua de 2006, instancia hoy extinta.

Desde sociedad civil y desde la organización comunitaria y solidaria, se han realizado muchos esfuerzos con el objetivo de reducir y frenar las desapariciones y los homicidios de mujeres; éstos han dado resultados importantes para el avance en la materia como lo es la creación de organismos dedicados al tema como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua –única en México–, y la tipificación del feminicidio en algunos estados del país, resultados de la voluntad política y del trabajo de la sociedad civil.

Más allá de la frialdad de los números, el dolor de las familias que han perdido a sus hijas, madres, esposas, debe volvernos sensibles y corresponsables en la búsqueda de soluciones que den fin a los crímenes y violencia contra las mujeres que, en pleno siglo XXI, siguen subsistiendo en nuestras sociedades, producto de múltiples factores como la exclusión, la pobreza, la falta de educación integral, políticas públicas sin perspectiva de género, impunidad y un deficiente sistema de impartición de justicia, entre algunos otros.

Como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación de brindar apoyo total a las demandas de justicia y de corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que den fin a la violencia de género en contra de las mujeres de cualquier parte del país.

En este sentido de responsabilidad, hemos escuchado las demandas de la organización de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación conformada por familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Sus inicios están registrados a partir de febrero de 2001 con una serie de protestas públicas provocadas por la impotencia y la indignación que se agregan al dolor de perder un ser querido en estas circunstancias, en este caso fue especialmente relevante la desaparición y posterior asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, quien luego de sufrir intensas torturas durante cinco días, fue estrangulada y su cuerpo arrojado a un lote baldío.

En relación con lo anterior, el pasado 18 de febrero del presente año, la organización social, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuyos objetivos son la búsqueda de justicia a través de la denuncia, el apoyo a las familias afectadas y la educación en derechos humanos y derechos de las mujeres—se dirigieron a la Fiscalía General, zona norte, del estado de Chihuahua, a través de un oficio turnado al maestro Jorge Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito, para solicitar información relacionada con el número de mujeres asesinadas y desaparecidas desde el año 2008 a la fecha.

De manera concreta, esta organización solicitó:

1. El número de reportes que se recibió durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.

2. Cuántas de estas mujeres fueron localizadas.

3. Cuántas aún están desaparecidas.

4. En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba.

5. La cifra de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados.

6. Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares.

7. Cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez.

8. Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos.

9. Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos.

10. Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar.

Asimismo, la organización también solicitó copia de las aplicaciones del Protocolo Alba que se hayan llevado a cabo en dicha ciudad. México ha recibido más de cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU, para que el gobierno esclarezca todos los casos, y se pueda lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas, la reparación integral de los daños y políticas con perspectiva de género, así como erradicar la violencia contra las mujeres y la impunidad.

La Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por sus siglas en inglés— dice que los Estados deben alentar “la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los  efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.”

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH– insiste en señalar que “un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres”.

Al respecto, cabe destacar que ya en noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– había dado a conocer la sentencia conocida como: “Caso González y otras (Campo Algodonero) versus México”, en la que se condenaba al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, así como también,  por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

De acuerdo con esta sentencia –en especial en lo que refiere a sus resolutivos 20 y 21– el Estado mexicano tenía un año para entre otras cosas, crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como también una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres, con información actualizada y específica de cada uno de los casos; sin embargo, tras dos años de haberse vencido el plazo aún no se han obtenido avances.

En la actualidad no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. La información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, no sólo es pertinente y justa, sino necesaria para sentar las bases que permitan conducirnos hacia una situación diametralmente distinta a la que se vive en Ciudad Juárez.

El Estado no debe olvidar su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.

La falta de información oficial sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en aquella región del país, no sólo es prueba de la ineficiencia y la indiferencia de nuestras autoridades, sino que la ausencia de datos obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la impunidad, bajo el cobijo de la violencia institucional que, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país, publicada en el año 2007, alude a todos “los actos u omisiones de servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan e impiden el goce de los derechos humanos de las mujeres así  como su pleno acceso a las políticas públicas orientadas a erradicar cualquier tipo de violencia contra ellas”. Además, brindar información oficial es una obligación del Estado mexicano para cumplir con la sentencia dictada por la CIDH y con la obligación constitucional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos como señalado en la reforma constitucional de 2011.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua a que gire las instrucciones necesarias, a fin de que la Fiscalía General del estado, zona norte, entregue la información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 2008 a la fecha, que la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa solicitó, el pasado 18 de febrero del 2013, mediante oficio dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, –Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México– relativos a la creación de una página electrónica con una base de datos digital, que contenga la  información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde el año 1993.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputada María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Compañeras y compañeros diputados, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece dentro de su distribución de competencias, que corresponde a las entidades federativas promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y crear un registro público sistemático de los delitos cometidos contra ellas.

Este registro se integrará a la estadística criminal y de víctimas para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Asimismo la ley mandata la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidios, trata de personas, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

De igual forma, las autoridades de las entidades federativas deberán promover programas de información a la población en la materia.

Estos ordenamientos son claros, por lo que es una obligación de esta fiscalía del estado de Chihuahua facilitar a la organización de la sociedad civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa y a aquellas organizaciones que así soliciten dicha información, principalmente en la corresponsabilidad y atención a ese lamentable flagelo contra las mujeres.

Esta solicitud se incorpora a los compromisos internacionales del Estado mexicano para la reparación del daño de las mujeres y familias que sufren discriminación y violencia de cualquier tipo en la República mexicana y por nuestra parte es necesario promover su observancia.

La organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa se integra por familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y sus objetivos son claros: la búsqueda de justicia a través de la denuncia, el apoyo de las familias afectadas y la educación en derechos humanos de las mujeres.

Resulta importante mencionar que la Fiscalía General del estado de Chihuahua, anuncia claramente en visión: proporcionar a todo ciudadano lo que requiera, de principio a fin y sin excepciones; un servicio público ágil y efectivo, confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías.

En esta congruencia y en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, el Estado mexicano debe cumplir desde cualquier poder de la Unión, ámbitos de competencia y sectores público o privado. No podemos ser omisos desde nuestras diferentes atribuciones y competencias.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza el respeto a los derechos humanos de las mujeres debe trascender de las buenas intenciones y los discursos vacíos, para colocar a la protección de su integridad como la más alta prioridad de la acción gubernamental. Esto será posible solo si se da a conocer de manera pública y transparente la información sobre las víctimas de feminicidios, información que por ley debe de generar y de facilitar.

No podemos permitir bajo ninguna circunstancia la doble victimización de las mujeres; primero, al vulnerar su derecho a la vida ante la incapacidad del Estado de brindar seguridad, y luego, de negar el derecho a la información a sus familias que las están localizando.

En Nueva Alianza nuestro voto es a favor de la urgente u obvia resolución del presente punto de acuerdo; a favor de la vida y la dignidad de todas las mujeres; a favor de la responsabilidad de las autoridades de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que afecta a las mujeres del estado de Chihuahua y en todos los estados de la República. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, es lamentable que en esta ocasión subamos a la tribuna para, diría no exhortar, sino exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009.

A pesar de que está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de acceso a la justicia para todas las personas que viven en territorio nacional y de que México ha celebrado diversos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará; en fin, un sinnúmero de instrumentos internacionales que nos obligan a garantizar el derecho de acceso a la justicia de toda persona, incluyendo, obviamente, el de niñas, niños y mujeres que se encuentran en territorio nacional, a pesar de que hace más de 20 años hay esa exigencia de garantizar el derecho a la vida de todas las mujeres que han muerto y han sido desaparecidas, a la fecha continúa este problema.

Parece que hay oídos sordos, indolencia, no solamente de las autoridades locales, en este caso del estado de Chihuahua, sino también de las federales.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado mexicano y hay un incumplimiento de esta sentencia en distintos rubros a la fecha. Desde el 2009 se dictó la sentencia, en la cual se señala:

Se deberá remover todos los obstáculos de iure, o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean —subrayo— expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos en los presentes casos. Los últimos casos llevan más de cinco años sin resolverse.

La investigación deberá incluir una perspectiva de género, realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan los lineamientos de esta sentencia, proveer regularmente —subrayo— información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, situación ignorada por las autoridades, y en atención a las víctimas de discriminación y violencia en razón del género.

Fracción IV. Los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados —a la fecha estamos esperando— para que la sociedad mexicana conozca los hechos, objeto del presente caso.

Numeral 18: El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y la impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el manual sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas —numeral y punto de la sentencia que a la fecha no se ha cumplido.

Por si ello no fuera poco, en el numeral 21: El Estado deberá contar, dentro de un plazo de un año —que ya transcurrió— con una base de datos que contenga información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, información personal que sea necesaria, principalmente genética, muestras celulares de los familiares y de las personas desaparecidas.

Por último, tercero: información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

Todos estos puntos de la sentencia —y otros también, porque no se encuentra a los responsables— a la fecha, a pesar de que fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta sentencia, se han mostrado, no solamente por parte del gobierno de Chihuahua, sino también el gobierno federal indolentes, insensibles para darle cumplimiento.

Claro, como se trata de mujeres, niñas y niños, a quién le importa. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, que están hoy aquí invitadas por la diputada Lourdes Amaya.

A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Buenas tardes. Les enviamos un cordial saludo y le damos la bienvenida a nuestras paisanas de Ciudad Juárez del Comité de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Bienvenidas sean a este pleno.

Con su venia, diputado presidente. Imaginen ustedes ser asesinada por el simple y sencillo hecho de ser mujer; imaginen ser objeto de un odio tal de una persona tan solo por pertenecer a un sexo diferente. Ahora imaginen la forma como se cometen estos asesinatos.

¿Saben ustedes cómo distinguen los médicos forenses un asesinato de un feminicidio? Lo hacen por los signos de violencia que presentan: violencia extrema, abuso, misoginia que muestra el cuerpo de la víctima.

Imaginen cómo se desarrolla un crimen de esta naturaleza; imaginen las horas de sufrimiento por las que pasa una mujer mientras es secuestrada, violada, golpeada, para finalmente ser asesinada.

Imaginen saber que van a morir; morir, no después de haber vivido una vida plena, después de haber logrado sus sueños, sino joven y resistiendo una pesadilla solo por ser mujer.

Me es difícil imaginar algo peor, algo más trágico, y me es más difícil aún tener que tolerar que nuestro país ocupe los primeros lugares en el mundo en feminicidios. Qué insoportable realidad. Me duele pronunciar estas palabras ahora, y pensar en las miles y miles de mujeres que la han sufrido.

Me duele pensar, además, que no solo hay quien sea capaz de cometer tal atrocidad, sino que pudiendo impedirla no lo hace. Francamente no sé qué es peor, tampoco sé qué será peor, si sufrir esa clase de violencia o ser el esposo, el padre, la madre o el hermano de una mujer asesinada de esta forma.

Diputadas y diputados, nosotros no podemos salir a la calle a hacer justicia por nuestra propia mano. Los mexicanos y las mexicanas de este país hemos decidido dividir las responsabilidades y depositar nuestra confianza en que unos buscarán justicia por todos.

Eso no significa que debemos ignorar el tema, por el contrario, tenemos una obligación tan o más grande de quienes procuran justicia. Debemos proveer de las herramientas jurídicas para que así lo hagan.

El día de hoy sale una nota en El Universal en donde el procurador de la República pretende que desaparezca el Fevimtra, la Fiscalía Especial para Atender la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas.

¿Cómo es posible? De ser así, cuando la violencia contra las mujeres y los asesinatos van en aumento en toda la República, en todo nuestro país.

Tal es el ejemplo, aquí en el Distrito Federal de Darcy Losada, una muchacha, una joven de 20 años, quien fue amenazada vía Facebook por el novio y hace 10 días aproximadamente, la asesinaron; el joven huyó, obviamente no se ha podido dar con el paradero del novio de Darcy Losada. Esto fue aquí en el DF.

No podemos estar señalando y diciendo que las fiscalías desaparecerán, en todo caso debemos de revisar puntual y oportunamente el trabajo que se está desarrollando en cada una de las fiscalías de nuestros estados.

El día de hoy se ha presentado un punto de acuerdo de gran importancia, que refleja lo que la sociedad indignada, pero organizada, hace por buscar justicia. Han solicitado información, tan solo información por parte de la autoridad correspondiente, y considero que es justo que les ayudemos a conseguirla.

Termino, diputado presidente. La parte más fácil que tenemos nosotros es levantar la mano y votar; la parte más difícil ya la cargan los padres, las madres y las familias de estas mujeres y lo cargan ellas mismas, que sin saberlo en su suplicio salvan a otras vidas. Las verdaderas heroínas son ellas, no nosotros.

Nosotros tenemos un compromiso con todos los mexicanos y las mexicanas que han confiado en nosotros y nos han dado su voto, hagamos lo que nos corresponde, que es solo cumplir con nuestra obligación. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene a continuación el uso de la tribuna el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México siempre ha pugnado por la transparencia en los procesos públicos, así lo hemos manifestado desde esta tribuna en distintas ocasiones.

Somos sensibles a la trágica problemática de feminicidios que ha vivido el estado de Chihuahua por más de dos décadas; somos conscientes de la indignación que esto ha provocado en la sociedad chihuahuense, y que es la misma que ha provocado en todo el país e incluso a nivel internacional, por lo que ofrecemos el apoyo que esté a nuestro alcance para evitar que se sigan dando estos crímenes.

Es por ello también que expresamos que estamos conformes con el punto de acuerdo que se propone, consideramos justa y conveniente la petición hecha por la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, para que el maestro Jorge Enrique González Nicolás, en su carácter de fiscal especial para la investigación y persecución de delitos en la entidad federativa en particular, con sede en Juárez, dé respuesta puntual a la solicitud que le hace la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Por lo tocante al segundo petitorio, expresamos que de acuerdo a la gran reforma del año 2011 relativa a los derechos humanos, ahora más que nunca el Estado mexicano está comprometido con la procuración de los derechos humanos y el control de la convencionalidad, por ende el cumplimiento a las resoluciones dictadas por ese organismo internacional también debe ser obligatoria para el Estado mexicano y cumplirlas en tiempo y forma. Es por ello que también expresamos nuestra conformidad.

Sin embargo no podemos dejar de lado que se han hecho esfuerzos importantes en el estado de Chihuahua para recuperar el orden social. Desde la administración del gobernador César Duarte y, en particular, en Ciudad Juárez, el alcalde Héctor Murguía, ha hecho grandes esfuerzos para abatir la violencia y se tiene como resultado, entre otros, que han disminuido los feminicidios en el estado de manera considerable.

No es que por esto nos demos por conformes, el tejido social se está reconstruyendo y poco a poco esperamos que llegue a ese proceso que queremos; sin embargo, tenemos programas que actualmente se están implementando, como es Todos Somos Juárez, que han sido una bocanada de esperanza para los que queremos al estado de Chihuahua.

Se tiene que reconocer también que en Ciudad Juárez la percepción ciudadana ha cambiado, a partir del trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales, municipales y la ciudadanía, recuperando espacios públicos, restableciendo el orden, el estado de derecho, devolviendo a las familias la paz y la tranquilidad arrebatada por las bandas criminales.

Insistimos, es por ello que estamos de acuerdo en que se dé este punto de acuerdo, porque consideramos que todo proceso público debe ser transparente y la información debe estar accesible para toda la ciudadanía. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Es importante que este punto de acuerdo que se presenta sea votado a favor, porque las mujeres que han fallecido con motivo de la violencia feminicida no son solamente una estadística o un número más, para sus padres, familiares y amigos y para nosotras como legisladoras y como legisladores, lo más importante es que accedan a la justicia y la muerte de las víctimas no quede impune. Es lamentable que la mayor parte de los feminicidios quede sin esclarecerse o que se pueda dictar una sentencia que revierta ya esta forma de violencia extrema e inhumana contra las mujeres.

No podemos seguir permitiendo ni es admisible que en un país como el nuestro se sigan permitiendo usos y costumbres que conviertan en cosas a las mujeres y en propiedad de sus victimarios, por ello debemos actuar con mucha firmeza para que no siga ocurriendo en todo el país, y no solamente en un estado.

No podemos seguir estigmatizando una zona o un estado en específico, esto debe ser una política con visión de Estado y nacional, para que verdaderamente logremos la justicia que todas y todos demandamos.

Como presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, estamos impulsando ya una política para que los asesinatos de las mujeres no queden en el olvido, y la impunidad siga siendo parte lastimosa en la vida de las familias de las víctimas.

Como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de brindar apoyo total a las demandas de justicia y de corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que den fin a la violencia de género en contra de las mujeres de cualquier parte del país.

Existen muchos datos, estadísticas y cifras, pero detrás de ello hay mujeres, hijos, esposas, madres, padres, amigos que siguen llorando su muerte, porque ellas eran el pilar del núcleo familiar.

Este exhorto además de ir destinado a la Procuraduría del estado de Chihuahua, es también un exhorto a todas las procuradurías de los estados. Es el momento de convertirlo en un llamado a los tres poderes del estado y a los gobiernos, en su nivel federal, estatal, municipal, para que en conjunto tomemos las medidas necesarias que prevengan los feminicidios y en el corto y mediano plazo debemos revertir la violencia que tanto daño hace a la vida de las familias y las mujeres.

Este llamado lo hacemos a las procuradurías y especialistas para que uniformemos las bases de datos para conocer la realidad feminicida de nuestro país. Por lo que es exigible la siguiente información: el número de reportes que se recibió durante 2008 a la fecha, de mujeres desaparecidas, no solo en Ciudad Juárez sino en todo el país, ¿cuántas de estas mujeres fueron localizadas? ¿Cuántas aun están desaparecidas? ¿En cuántos de estos casos se activó el protocolo de Alba?

Las cifras de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados, ¿cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares? ¿Cuántos cuerpos aun continúan sin ser identificados en el servicio médico forense, no solo de Ciudad Juárez sino de todos los demás estados? ¿Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos? ¿Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos?

Concluyo, señor presidente. Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, ¿cuál es el tiempo que la familia espera para que le sea entregado el cuerpo?

Finalmente, les reitero, debemos todas y todos revertir esta pandemia de violencia extrema a las mujeres. Les hago un llamado a condenarla y a tomar de manera corresponsable entre todas y todos a nivel nacional, Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos:Con su venia, presidente. Como es del conocimiento público, los crímenes y la violencia en contra de niñas y mujeres en Ciudad Juárez ha sido una muestra del deterioro social de aquella ciudad fronteriza.

Desgraciadamente, los feminicidios perpetuados en esta ciudad han sido los casos —como se ha dicho aquí— más representativos de violencia de género en contra de las mujeres en nuestro país, llamando la atención de la comunidad internacional.

El dolor de las familias que han tenido la desgracia de perder a sus madres, hijas, esposas debe volvernos sensibles y corresponsables en la búsqueda de soluciones que pongan fin a esta ola de crímenes y violencia de género, que siguen lastimando tanto a los chihuahuenses como a la nación entera.

Comentarles que la organización, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, como se ha mencionado, ha solicitado información. Solicitaron información relacionada con el número de mujeres asesinadas y desaparecidas desde el año 2008 a la fecha.

Quiero comentarles, incluso, que hay otras organizaciones también, en donde mujeres, donde madres de mujeres desaparecidas transitan por las calles como almas en pena. Así fueron y se trasladaron desde Juárez a Chihuahua, caminando 365 kilómetros, para que en Chihuahua, capital, no fueran atendidas.

La falta de información oficial sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en aquella región del país, no solo es prueba de la ineficiencia e indiferencia de nuestras autoridades frente al dolor de quienes han perdido a una hija, sino que la ausencia de datos obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la impunidad. Es grave la opacidad que se está dando al respecto.

Desde esta alta tribuna le exijo al gobernador Duarte, que se dedique a los temas que le duelen a Chihuahua, que saque las manos del proceso electoral, que pareciera que ése fuera su único objetivo. Se le ha olvidado para qué fue electo.

Hoy Chihuahua pareciera un pueblo de corazón extraviado, con una sociedad replegada que no quiere participar, cuando ha sido uno de los principales bastiones en participación ciudadana, que ha contribuido en grandes batallas para la democracia en este país.

Pues ese desaliento social lo hacen gobiernos autoritarios, que creen que el poder es para poder, y lo demuestran en todo su actuar, cuando la base fundamental del poder es el servicio traducido en bien común y al respeto irrestricto de las libertades de una sociedad para que viva en armonía.

Las madres de Nuestras Hijas de Regreso a Casa piden a gritos ser escuchadas y atendidas, y más vale que así sea.

El Partido Acción Nacional se suma a la propuesta de la diputada Amaya Reyes, con la finalidad de buscar soluciones que permitan terminar con la desgracia que hoy en día acecha en Juárez y en Chihuahua, mi estado natal. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Adriana Fuentes Téllez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de cara a la ciudadanía refrendamos que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, de que los ciudadanos hagan uso irrestricto del derecho a la información que les garantiza la Ley Fundamental, de la cabal cumplimentación del Estado mexicano sobre las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la creación de estadística y bases de datos actualizadas y de que las víctimas de delitos, sus familiares, reciban justicia pronta y expedita.

Sin embargo, hacemos las siguientes precisiones sobre este punto de acuerdo:

1. El resolutivo primero se encuentra sin materia, toda vez que la información solicitada se encuentra a disposición de la peticionaria en la Fiscalía Especializada, de las pocas que existen en el país, la cual lleva el nombre de Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito, en donde en dos ocasiones el 28 de febrero y el 1 de marzo del año en curso, la peticionaria no acudió a las citas agendadas para los efectos que aquí nos ocupan.

2. No encontramos ninguna razón para invadir el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, y mucho menos para violentar el procedimiento y recursos de inconformidad que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad ordena.

3. El paso para dar cumplimiento a los resolutivos 20 y 21, efectivamente se encuentran vencidos desde hace dos años; sin embargo, la responsabilidad de dicha cumplimentación recae sobre el Estado mexicano y no sobre una entidad federativa, es decir, en este caso en particular fue la pasada administración del Poder Ejecutivo federal quien debió haber hecho lo conducente.

A mayor abundamiento, es de señalarse que en la página http/fiscalía.chihuahua.gob.mx está la información pública de cada uno de los casos de mujeres que cuentan con reportes de desaparición desde 1993 hasta la fecha.

Finalmente, es menester señalar que Ciudad Juárez y sus habitantes merecen ser tratados con respeto, mucho han trabajado en Chihuahua los tres poderes del estado y sus municipios en conjunto con la sociedad civil; y prueba de ello son las estadísticas que arrojan un 95 por ciento de efectividad en los casos de mujeres desaparecidas.

Basta señalar, para ilustrar lo anterior, que la totalidad de reportes entre 1 de octubre de 2010 al 21 de enero de 2013 del año en curso, hubo 824 mujeres desaparecidas, de ellas 759 se encontraron con vida, 21 de ellas sin vida y existen solo 44 reportes vigentes sobre los cuales se está trabajando. Reiteramos, que con las víctimas de los delitos no se hace política. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

CUOTAS COMPENSATORIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA, PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, POR PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN LOS SECTORES SIDERURGICO, AGROALIMENTARIO Y PESQUERO

El Presidente diputado José González Morfín: En el siguiente punto del orden del día y el último que abordaremos en esta sesión, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que aplique de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero.

El diputado Adolfo Orive Bellinger:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, este es un punto de acuerdo que presentamos conjuntamente siete presidentes de comisiones de la LXII Legislatura y un coordinador del sector agrario del grupo mayor de esta Legislatura. Están obviamente en este punto de acuerdo representadas tres fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura.

Consiste en lo siguiente. El modelo económico imperante ha provocado efectos nada deseables en la economía nacional; hay un casi nulo crecimiento económico, hay desempleo, hay pobreza, la desigualdad aumenta, hay un escaso valor agregado doméstico en las exportaciones mexicanas y, sin embargo, además de esto, no se ha protegido a la planta productiva existente.

La autoridad federal ha sido omisa en implementar medidas legales que defiendan contra las prácticas desleales de comercio internacional de otros países, como lo muestran los siguientes ejemplos.

La industria siderúrgica. La producción siderúrgica nacional cayó un 2 por ciento en 2012, como consecuencia de las importaciones desleales provenientes de Corea del Sur, de China, de Rusia, mientras que importaciones que crecieron en un 38.1 por ciento, simplemente en un año, de 2011 a 2012. Estados Unidos de América y la Unión Europea sí han tomado medidas antidumping sobre esta materia.

El crecimiento de las importaciones totales de cerdo ha desplazado a la planta productiva nacional, ante la apertura comercial indiscriminada; las importaciones han crecido de 1995 a 2012, un mil 720 por ciento, concentrándose esas importaciones en las piernas y en las espaldillas de cerdo.

Esto ha tenido como consecuencia que las importaciones sustituyan un equivalente de 350 mil vientres, lo que representa el 50 por ciento del hato en producción. Se traduce en la pérdida de 175 mil empleos directos y 875 mil empleos indirectos.

El sector lechero. Con la apertura comercial indiscriminada se ha importado leche y sobre todo fórmulas lácteas que perjudican la salud de los niños. Del año 94 al 2007, se importaron 383 mil 897 toneladas de leche, que fuera de cupo se les condenó a los importadores el pago de 8 mil 650 millones de pesos por concepto de arancel.

En el año 2010, las importaciones de leche en polvo llegaron a 560 mil toneladas; en el 2011, pasó a 618 mil toneladas. Lo anterior ha tenido como consecuencia la quiebra de más de 600 mil unidades de producción de este bien.

El sector pesquero y acuícola se ve impactado igual por importaciones que vienen de Taiwán, Estados Unidos de América, Argentina, China y Costa Rica, estamos hablando fundamentalmente de la importación de tilapia y de la importación de bagre, variedad basa, que ha representado un valor de importación para 2011 superior al 40 por ciento de la producción nacional.

Los productores de manzana también llevan más de 10 años gastando cuantiosos recursos en litigios para denunciar ante las autoridades las prácticas de dumping. En el año 2012 entró al país una cantidad sin precedente de manzana, 12 millones de cajas de 20 kilogramos cada una, provenientes el 96 por ciento de los Estados Unidos de América. Lo que ingresó equivale al 50 por ciento de la producción nacional.

En cuanto a la importación de insumos, el problema —por ejemplo— tiene que ver con la industria de fertilizantes, donde el sulfato de amonio, que es una de las principales materias primas, es importado a precios de dumping, principalmente de los Estados Unidos de América, siendo su precio promedio de 208.3 dólares por tonelada métrica, cuando su precio nacional es de 281 dólares por tonelada métrica.

Con la reducción de aranceles a diversos productos, entre ellos 315 productos relacionados con el campo, de los cuales se encuentran 175 productos pesqueros, 29 productos de aves, 8 productos lácteos, 29 cereales, entre otros, se está yendo en contra de nuestra seguridad alimentaria y por lo tanto, de nuestra seguridad nacional.

Por lo expuesto y fundado, siete presidentes de comisiones de la LXII Legislatura, de tres partidos y un coordinador del sector agrario, sometemos a consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se Exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacionales en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, principalmente. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a aplicar de manera urgente y conforme a la normativa vigente cuotas compensatorias y medidas de salvaguardia, provisionales y definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, diputados Adolfo Orive Bellinger, integrante del Partido del Trabajo y  Presidente de la Comisión de Competitividad; Mario Sánchez Ruiz, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Economía; Víctor Serralde Martínez, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; José Rubén Escajeda Jiménez, coordinador de la diputación federal del sector agrario del Grupo Parlamentario del PRI; José Antonio Rojo García de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Salvador Barajas del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Ganadería; Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Pesca; Kamel Athié Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, con fundamento en los artículos 3o., numeral 1, fracción XIX, 6o., numeral 1, fracción I, 65, numeral 1, fracciones I y II,  y numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea de diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero principalmente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el modelo económico prevaleciente ha puesto el énfasis en la inserción de México en la economía mundial mediante la apertura comercial y financiera, lo que ha llevado, entre otros aspectos, a la firma de 44 tratados de libre comercio. Siendo notable el dinamismo exportador.

Que la economía mexicana adolece, desde hace tiempo, de un magro crecimiento económico. Si bien se ha logrado la estabilidad de las variables macroeconómicas, manteniendo baja la tasa de inflación.

Que el empleo, por su parte, también ha observado tasas muy bajas de crecimiento de sólo el 1.18 por ciento. Esto muestra claramente que el bono demográfico se está desperdiciando.

Que la capacidad productiva instalada se encuentra desperdiciada y por lo tanto está semi obsoleta, principalmente en sectores como la pesca donde más impacta y se nota actualmente en el país.

Que el modelo económico imperante también ha provocado otros efectos nada deseables en la economía nacional, tales como: nulo crecimiento económico, desempleo, pobreza y desigualdad en aumento, escaso valor agregado doméstico en las exportaciones mexicanas (prendas de vestir 36.9 por ciento, automóviles 35.2 por ciento, autopartes 26.7 por ciento, equipo eléctrico 24.7 por ciento, equipo de audio y video 13.5 por ciento, y equipo de cómputo y periférico 9.1 por ciento), alta elasticidad en el ingreso de las importaciones, inversión pública y privada escasa, poco financiamiento al aparato productivo primario y secundario, incremento nulo de la productividad total de los factores, desindustrialización, perdida del nivel y calidad de vida de la población y varios más.

Que aunado a lo anterior, es menester señalar que por lo que hace a ciertos sectores económicos, la autoridad ha sido omisa en implementar medidas legales que los defiendan de prácticas desleales de comercio internacional de otros países, como lo muestran los siguientes ejemplos, que con datos del Inegi, se mencionan:

1. Industria Siderúrgica: la producción siderúrgica nacional cayó un 2 por ciento en 2012, esto como consecuencia de que las importaciones desleales provenientes de Corea del Sur, China, Rusia y otros países crecieron un 38.1  por ciento entre 2011 y 2012. Otras naciones, como Estados Unidos y la Unión Europea, han tomado medidas antidumping sobre esta materia. Es ineludible que la Secretaría de Economía aplique cuotas compensatorias provisionales y definitivas para restablecer las condiciones de competencia leal en este sector.

2. El crecimiento de las importaciones totales de cerdo han desplazado a la planta productiva nacional ante la apertura comercial indiscriminada; la Confederación de Porcicultores Mexicanos afirma, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, que las importaciones han crecido de 1995 al año 2012 un 1,720 por ciento, pasando de 30 a 516 mil toneladas. Concentrándose estas importaciones en las piernas y espaldillas, ya que tan sólo de las primeras han aumentado un 70.8 por ciento en los últimos 5 años. Esto ha tenido como consecuencia que las importaciones sustituyan un equivalente a 350 mil vientres, que representan el 50 por ciento del hato en producción. Lo que se traduce en la pérdida de 175 mil empleos directos y 875 mil indirectos, derivando también que se haya reducido el consumo de toneladas de grano forrajero hasta en 2 millones de toneladas, en términos monetarios esto equivaldría a aproximadamente 1,225 millones de dólares. La importación de carne de cerdo sustituye al 42 por ciento de la producción nacional.

3. Sector lechero: con la apertura comercial indiscriminada se han importado leche y sobre todo de fórmulas lácteas. Al respecto organizaciones lecheras, como el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, AC, con datos del Inegi, SIAP, SE y Sagarpa, señalan que del año 1994 al 2007 se importaron 383 mil 897 toneladas de leche, y que fuera de cupo se les condonó a los importadores el pago de 8 mil 650 millones de pesos por concepto de arancel; en el recuento, se afirman que en el año 2010 las importaciones de leche en polvo llegaron a 560 mil toneladas, en el 2011 pasó a 618 mil toneladas y para el tercer trimestre de 2012 esas 600 mil toneladas ya habían sido rebasadas. Lo anterior ha tenido como consecuencia la quiebra de más de 600 mil unidades de producción.

4. El sector pesquero y acuícola se ve impactado por tres rubros importantes, según datos proporcionados por el sistema producto nacional tilapia las importaciones de dicho producto son de dudosa calidad y a precios inferiores a los nacionales; es de ejemplificar que la importación y control del mercado nacional de tilapia proveniente de Taiwán, Estados Unidos, Argentina, China y Costa Rica condujo a que en el año 2011 se importaran 23 mil 300 toneladas, con un valor superior a los 60 millones de dólares, representando el 89 por ciento del consumo total nacional. Asimismo, el Sistema Nacional Producto Bagre reporta que la importación de bagre variedad basa ha representado un valor de importación para 2011 superior al 40 por ciento de la producción nacional, con un valor de importación de 12 millones de dólares aunado a esto se debe considerar el control de la producción nacional de diferentes especies acuícolas por parte de extranjeros que principalmente se han asentado en la región sureste del país.

5. Los productores de manzana del país llevan más de díez años gastando cuantiosos recursos en litigios para denunciar ante las autoridades las prácticas de dumping. En el año 2012 entró al país una cantidad sin precedentes de manzana, 240 mil toneladas o lo que es lo mismo 12 millones de cajas de 20 kilogramos cada una provenientes el 96 por ciento de Estados Unidos. Lo que ingresó equivale al 50 por ciento de la producción nacional. Al estar libres de aranceles, las importaciones han aumentado año con año y cada vez son de menor calidad. En los últimos 5 años, el aumento ha sido del 49 por ciento. En 2012 aumentó 17 por ciento respecto a 2011. Además de lo anterior, ocurre la clonación de documentos de un mismo permiso, para introducir dos o tres veces la cantidad registrada.

6. La importación de los insumos es un área sumamente sensible que afecta y encarece la producción nacional agropecuaria y forestal, un caso concreto es el de la industria de fertilizantes donde el sulfato de amonio, que es una de sus principales materias primas, es importado a precios dumping, principalmente de los Estados Unidos, siendo su precio promedio de 208.3 dólares por tonelada métrica, cuando su precio nacional es de 281.5 dólares por tonelada métrica.

7. El pasado 23 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifican tarifas y aranceles de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que cerca del 60 por ciento de  productos agropecuarios tuvieron modificación. Lo anterior, va en detrimento de la agroindustria nacional, ya que se reducen los aranceles con la justificación de abastecer el mercado nacional, así como abatir costos y con ello propiciar la competitividad y mejores precios al consumidor final.

Con la reducción de aranceles a diversos productos, entre ellos 315 productos relacionados con el campo, de los cuales se encuentran 175 productos pesqueros, 29 productos de aves, 8 productos lácteos, 29 cereales, entre otros, se está yendo en contra de nuestra Seguridad Alimentaria y, por lo tanto, de nuestra Seguridad Nacional.

Por ello en el estudio de economía global y estrategia titulado El aumento de los precios de los alimentos que viene,se define que México es de los países de América más vulnerables en el tema alimentario. En el Índice de Vulnerabilidad de Alimentos México ocupa el lugar número 31 de 80 países y es uno de los 10 países más expuestos al impacto inflacionario por los alimentos, en donde ocupa el lugar número 8.

Que ante este contexto es de destacar las opiniones de especialistas de la CEPAL, quienes propusieron la necesidad de un cambio estructural de la planta productiva con el objetivo de que la economía mexicana pueda ser competitiva no sólo en los mercados internacionales sino también en los mercados domésticos donde, en la actualidad, está viéndose rebasada por las importaciones, principalmente del este asiático. También plantean impulsar el cambio estructural hacia sectores intensivos en tecnología y conocimiento, articulándolos con sectores con rápido crecimiento de la demanda interna y externa, para garantizar la expansión del empleo, sin perder de vista las restricciones externas de este nuevo modelo de crecimiento; modelo alternativo al predominantemente que no ha generado ni crecimiento económico ni suficiente empleo. Insistiendo en el papel clave que tienen las políticas y la inversión públicas en la promoción del cambio estructural al inducir inversiones privadas complementarias e identificar sectores y actividades de mayor crecimiento en el futuro.

Que la problemática del nulo crecimiento económico y la falta de empleos deben, en consecuencia, tener un papel central en las acciones del nuevo gobierno. El Estado mexicano tiene que recuperar la rectoría del desarrollo nacional conforme a lo mandatado por el artículo 25 constitucional.

Que resulta ineludible que el ejecutivo federal aplique, por conducto de la Secretaría de Economía, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero Esto último en pleno ejercicio de la facultad establecida en el párrafo segundo del artículo 131 constitucional que lo habilita para “aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación... y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos”, así como en los artículos 1, 3, fracción III, 4, fracción II, 5, fracciones II y VII, 28, 45, 49, 57, fracción I, 59, fracción I, 62, 75, 78 y demás aplicables de la Ley de Comercio Exterior.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, principalmente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputados: Adolfo Orive Bellinger, Mario Sánchez Ruiz, Víctor Serralde Martínez, José Rubén Escajeda Jiménez, José Antonio Rojo García de Alba, Salvador Barajas del Toro, Alfonso Inzunza Montoya, Kamel Athié Flores (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la voz, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, los beneficios de la libre competencia se agotan cuando las condiciones vigentes impiden que éstos se distribuyan de manera equilibrada y estas fallas propician el que unos ganen y otros pierdan, particularmente las clases menos favorecidas.

El análisis y los hechos presentados por este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, nos permiten adoptar una visión crítica y objetiva; por ello, al Grupo Parlamentario Nueva Alianza le resulta indispensable pronunciarse por la promoción de un comercio leal y que la regulación que impulsa la Secretaría de Economía sea la adecuada para favorecer las condiciones de competitividad de los productores nacionales, en beneficio del consumidor nacional.

El potencial de crecimiento a tasas superiores al 5 por ciento anual, como en el caso de Chile, o las políticas impulsadas por Brasil para atraer inversión extranjera hasta siete veces más que México, o la posición de Colombia, con 11 lugares por arriba de nuestro país en el clima para hacer negocios, son resultado de la competitividad basada en políticas públicas orientadas al fortalecimiento del mercado interno.

Estos ejemplos nos dan cuenta de que en nuestra nación existe un área de enorme oportunidad. México tiene el reto de reactivar su mercado interno para generar los empleos y condiciones de bienestar que se requieren en esta época en la que la pérdida de dinamismo de la balanza comercial es una constante en mercados, como el norteamericano o el europeo.

Pocos pondrían en duda los beneficios que ha producido la globalización en forma de una mayor prosperidad para centenares de millones de personas y una mayor estabilidad entre los países; sin embargo, no debemos dejar de reconocer que existen retos coyunturales a los que se enfrentan los gobiernos nacionales para administrar la globalización, y entre estos se encuentran las prácticas de comercio desleal, que afectan a escala global. Ésta es una realidad que no debemos ignorar.

Por ello, los miembros de la Organización Mundial del Comercio han conservado su irrenunciable derecho de adoptar medidas de protección para corregir los desequilibrios en la competencia que ocasiona este tipo de prácticas.

Los hechos y datos que arrojan la práctica de este comercio desleal en nuestro país son inobjetables, y por tanto, resulta ineludible que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, aplique cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda en el sector siderúrgico, el agroalimentario y el pesquero.

Continuar ignorando estas prácticas desleales intensificará las justas reclamaciones de los productores nacionales por la desigualdad resultante de la política de apertura económica adoptada por nuestro país, en donde otros países hasta han cerrado sus fronteras a nuestros productos, a fin de proteger a sus productores y a su mercado interno.

Si bien este pronunciamiento tiene el firme propósito de fomentar un comercio justo, leal y de condiciones de competencia adecuada para nuestros productores, no podemos dejar de subrayar el hecho de que estas prácticas también atentan contra la suficiencia alimentaria que está en grave riesgo en nuestro país.

Ser omisos ante estas prácticas seguirá afectando a corto plazo el comercio nacional, pero también son un atentado a las condiciones de sostenibilidad de nuestro país, pues no se satisfacen las necesidades de las generaciones presentes, también compromete la posibilidades de satisfacción de futuros mexicanos.

En este sentido, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, ya que el propósito perseguido no es crear obstáculos adicionales al comercio nacional, sino más bien restablecer con una acción específica condiciones de competencia leal y de competitividad adecuada para los productores nacionales de los sectores siderúrgico, pesquero y agroalimentario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Con la venia de la Presidencia. De acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, se determina como una práctica desleal de comercio internacional a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador.

En el artículo 45 de esta misma ley, se definen como medidas de salvaguarda aquellas que regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de la producción nacional, en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave al determinado sector productivo nacional.

Por otro lado, las cuotas compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, establecidas cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías, en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional.

Dichas cuotas las determina la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Comercio Exterior. Ambos instrumentos fueron creados con la finalidad de compensar al sector productivo nacional de las prácticas desleales, que en muchos de los casos son ocasionadas como resultado de los acuerdos pactados por los gobiernos en nuestro país.

En México es evidente que no se han cumplido las expectativas sobre algunos tratados y éstos —en algunos casos— han tenido un impacto negativo sobre la economía mexicana. No es sostenible seguir permitiendo la entrada de productos del extranjero sin que exista real acceso a productos mexicanos en el exterior; sigue persistiendo la competencia desigual, lo que ocasiona que se sustituyan productos nacionales por foráneos dentro del país, agotando las oportunidades de crecimiento para nuestras empresas.

Es necesario procurar la protección de nuestro sector productivo. De no ser así, seguiremos siendo testigos de la decadencia de sectores alimentarios estratégicos y con ello, menos oportunidades de empleo para nuestros trabajadores.

Con la globalización se busca que las economías nacionales sean más productivas y competitivas, pero se debe de tener claro que es un proceso de fortalecimiento de las interdependencias entre empresas, individuos e instituciones de distintos países. Dentro de este proceso, México será vulnerable mientras no se establezca una lógica de producción sustentada en la elevación permanente de los niveles de productividad y competitividad de la planta industrial del país.

La problemática de desindustrialización del país y la desaceleración económica no es solo por la falta de cultura empresarial, sino que también es resultado de la política económica predominante de apertura generalizada y de bajos aranceles.

Apoyamos el punto de acuerdo presentado por el diputado Adolfo Orive y otros diputados de distintos grupos parlamentarios; es necesario compensar a los productores de los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero para intentar reducir el efecto negativo de las prácticas desleales del comercio internacional.

En el PT tenemos la firme postura de que con políticas enfocadas al sector interno, acompañado de un incremento de las capacidades tecnológicas de los productores, programas amplios de capacitación y un enfoque de industrialización, la economía mexicana crecerá a niveles que generen suficiente renta para distribuirla de manera equitativa y eficiente. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, campus Roma, que están aquí invitados por el diputado Marcelo Torres Cofiño. Bienvenidos a esta sesión.

También saludamos a un grupo de ciudadanos de Martínez de la Torre, Veracruz, que nos visitan hoy, invitados por la diputada Verónica Carreón Cervantes. Bienvenidos también a la sesión.

Tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, a nombre de Movimiento Ciudadano subo a esta tribuna para fijar posicionamiento favorable a este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que aplique cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero.

Aprovecho para reconocer y felicitar al diputado Adolfo Orive, promovente de este punto de acuerdo, y a los diputados que la suscriben.

Qué importante fortalecer a la economía nacional, robusteciendo y cuidando celosamente ramos tan importantes de los que dependen, no solamente los índices macroeconómicos, sino también, y sobre todo, el nivel y la calidad de vida de la población.

La creciente dependencia del exterior en materia siderúrgica, reflejada en las importaciones desleales, como el crecimiento exorbitante también de las importaciones de productos agroalimentarios y pesqueros, deja muy claro que es más que urgente que la Secretaría de Economía tome las medidas que contienen este exhorto con responsabilidad, con firmeza, como lo ameritan los temas de los que dependen la seguridad nacional.

Por eso Movimiento Ciudadano reconoce como noble el propósito de este documento, y por supuesto que votaremos a favor del mismo, pero también este tema nos da motivo, y motivo serio, para que con franqueza nos preguntemos si estamos haciéndole realmente un bien a las familias mexicanas, sosteniendo —diría yo soportando— y defendiendo, en muchos casos, a ultranza un modelo económico que en 20 años desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio ha contribuido en mucho al empobrecimiento y al deterioro del nivel de vida de nuestra nación.

Sabemos todos de la importancia de tomar decisiones valientes para que no solamente México recupere el liderazgo que se merece, sino también para que la población tenga los satisfactores que le den la oportunidad de un mejor nivel de vida.

Es importante que reflexionemos si es suficiente con un exhorto, el cual considero muy importante, y si no tendríamos que ir más allá de ese exhorto y empezar a reflexionar —como lo dije antes— con franqueza sobre una solución más estructural y ésta sin duda alguna tendrá que ver con una revisión 20 años después, en base a los resultados que ha habido del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Norteamérica. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, que nos acompañan hoy aquí invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, hoy en día ningún país puede vivir en autarquía; es decir, ningún país puede vivir en total y absoluta autosuficiencia.

Los tratados de comercio internacionales son necesarios para desarrollar mejores finanzas en las naciones y se traducen en potentes motores que impulsan el comercio exterior generando riqueza.

Sabemos que la aplicación de una política proteccionista no es estrategia benéfica, ya que evitaría la apertura que tanto se buscó en su momento.

A mediados de los años setenta, en nuestro país se eliminó todo tipo de proteccionismo, abriendo nuestro mercado a la competencia internacional. Sin embargo, ciertos sectores resintieron severamente esta apertura, dos de los más importantes fueron el agrícola y el industrial; los productores han visto mermado su crecimiento debido a prácticas desleales por parte de algunos países con los que México ha firmado tratados de libre comercio.

Derivado de esta situación, creemos que debemos ser cuidadosos en la eliminación de aranceles y se deben analizar de manera puntual los sectores estratégicos en la agenda nacional y su posición en nuestra economía para no afectar a los productores nacionales.

No estamos a favor del proteccionismo de antaño, donde no existía la competencia, simplemente consideramos que se deben priorizar ciertos sectores productivos de nuestro país, dando mayores apoyos y oportunidades a los generadores de empleos.

Nuestro capital nacional debe tener un liderazgo sólido y se deben proteger puntos estratégicos para que las inversiones internacionales no sobrepasen la propia. Se debe defender la soberanía alimentaria a favor de los mexicanos.

De acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, específicamente el artículo 28, se considera práctica desleal del comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia que causen daño a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares.

La manera de detener estas prácticas es a través de mecanismos, como las cuotas compensatorias que aquí hace un momento ya se ha explicado por los compañeros que me antecedieron.

Para no prolongarme, únicamente comentar que de acuerdo a datos del Inegi, nuestra balanza comercial de mercancías, en lo que va del año, no le falta mucho para que sea deficitaria, perdiendo el control en el comercio exterior.

Quiero felicitar, desde esta tribuna, al diputado Orive y a los siete diputados presidentes que encabezaron esta propuesta de urgente u obvia resolución, a la cual los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos en apoyo, ya que esto va a ser benéfico para nuestro país y para estos sectores que se han visto afectados.

Es un tema de competitividad, como la comisión que representa el diputado Orive, y es por ello que estamos a favor del beneficio de los productores nacionales, de los consumidores, y con ello aportar a la economía del país en lo general. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Edilberto Algredo Jaramillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Edilberto Algredo Jaramillo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el punto de acuerdo que se somete hoy a consideración de esta soberanía, relativo a exhortar a la Secretaría de Economía a que aplique de manera urgente cuotas compensatorias, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, ha sido promovido por los diputados presidentes de las Comisiones de Competitividad, de Economía, de Desarrollo Rural, de Agricultura y Sistemas de Riego, de Ganadería, de Pesca, y así como la de Agua Potable y Saneamiento.

Dicho apoyo, que no puede ser soslayado, deriva de lo expuesto en las consideraciones. Donde se nos da a conocer de las prácticas desleales comerciales en las que han incurrido distintas naciones para allegar diversos productos a nuestro país, que han afectado la producción nacional en diversos rubros.

También se señalan aspectos que han sido denunciados en innumerables ocasiones, como el que se refiere al estancamiento de la economía nacional, que en los últimos años ha tenido un magro crecimiento del 1.18 anual, generando repercusiones con una baja en la productividad y alarmantes cifras de desempleo, entre otras.

Aunado a ello, el modelo de libre comercio, impulsado para ser aplicado en México desde hace tres decenios aproximadamente, ha afectado el aparato productivo nacional, privilegiando un modelo exportador que ha mostrado sus limitaciones y resulta incapaz de detonar un crecimiento económico.

En este contexto nos enteramos que en lo que respecta a la producción siderúrgica nacional ésta disminuyó en el 2012 en un 2 por ciento, siendo desplazada por importaciones provenientes de Estados Unidos de América, Corea del Sur, Rusia y China, entre otras naciones, hasta elevarse en un 38.1 por ciento en el periodo 2011-2012.

Otro tema que ha sucumbido a las importaciones y al creciente volumen de las mismas es el que corresponde a los alimentos, destacando la compra al exterior de granos básicos, como maíz, frijol y arroz, así como la importación de azúcar, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. No podemos omitir las repercusiones que tienen también la importación de alimentos, tanto en la afectación de las condiciones de vida de los productores rurales, así como los altos precios que pagan los consumidores nacionales por los mismos.

Las importaciones de carne de cerdo, se nos dice, han tenido un incremento de mil 720 por ciento en el periodo comprendido de 1995 al 2012, además de la pérdida de 175 mil empleos directos y 865 mil indirectos.

Por lo que se hace al sector lechero, el panorama es también desolador; se estima que las importaciones de lácteos se han incrementado a partir de 1994, llegando a cientos de miles de toneladas en el 2012, conduciendo a la quiebra de poco más de 600 mil unidades de producción.

Otros sectores y productos que han sido castigados de manera inclemente por las importaciones sin control son especies pesqueras, como la tilapia y bagre.

Los insumos para la producción agrícola por esta invasión están fuera de control, tan solo en lo que respecta a importación de fertilizantes, como el sulfato de amonio, éste se trae del exterior a precios menores que el producido en México.

Resulta sumamente preocupante que la reducción de aranceles genere una mayor importación de los más variados productos, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria, al mismo tiempo que nos hace profundamente vulnerables en la materia.

Por lo anteriormente señalado, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor del punto de acuerdo en comento, pues consideramos que es tiempo de revertir la situación descrita.

Corresponde al Congreso, como órgano de representación popular, adoptar posturas sólidamente respaldadas en la búsqueda de la aplicación a cargo de las autoridades correspondientes, a fin de corregir estrategias que demandan una revisión a fondo, como la apertura comercial —termino, presidente— que solo se han traducido en afectaciones en la actividad económica nacional.

Es tiempo de un viraje en esta estrategia, dando paso a políticas públicas que se orienten a promover el crecimiento económico y la recuperación de la planta productiva nacional; permitir acríticamente la aplicación de un modelo que ha dado muestras de acotamiento y no ha posibilitado el despegue económico requerido sería una gran omisión en el que el Congreso no puede incurrir. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Ángel González Serna:Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, sin duda el presente punto de acuerdo es de gran relevancia para diversos sectores productivos del país y en general, para la economía nacional.

Dicho punto de acuerdo hace un atento exhorto a la Secretaría de Economía, para que ésta aplique de manera urgente, y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisional como definitiva, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, principalmente.

Estas prácticas son a través de dumping, de subvaluación, con grandes subsidios de países y que estos productos llegan a nuestra nación en sentido muy distintos en productividad y en lo cual estamos en competencia no igualitaria.

Al respecto quisiera hacer mención de dos disposiciones constitucionales que dará mayor sentido a la proposición de punto de acuerdo en comento; primero, que nuestra Constitución Política establece en el artículo 25, lo siguiente: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la Constitución.

Queremos comentar que a través de este punto de acuerdo no estamos de ninguna manera queriendo regresar a la sobreprotección de ciertos sectores en la parte económica. Otrora se protegió a muchos sectores a través de estas prácticas. Hoy no se quiere regresar a ese formato.

Estamos en un mercado de libre comercio, estamos en una economía abierta y ahí debemos permanecer. Pero sin lugar a dudas, cuando se trata de estas prácticas desleales, es cuando el Estado debe intervenir.

Por eso el exhorto a la Secretaría de Economía, a sabiendas de que tendrán la sensibilidad de actuar con rapidez para proteger a estos sectores que hoy se necesitan y que son víctimas de prácticas desleales de otros países.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PAN irá a favor de este punto de acuerdo, siempre y cuando en un futuro no se exagere ni se llegue otra vez a los vicios de sobreprotección en otros sectores económicos para favorecer intereses particulares.

Nuestra economía debe seguir siendo abierta; nuestra economía debe seguir siendo competitiva. Pero cuando somos víctimas de estas prácticas, entonces sí, con energía debemos dar la solución a estos sectores productivos que debemos fortalecer en nuestra nación. Vaya nuestro voto a favor, del Grupo Parlamentario del PAN. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del PRI.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Con su permiso, señor presidente. Vengo a nombre de la fracción parlamentaria del PRI a posicionar este tema tan importante y celebro verdaderamente la oportunidad de demostrar que en esta Cámara de Diputados se pueden construir acuerdos.

La presencia, la opinión, la propuesta y el debate que se dio para poder construir este punto de acuerdo que propuso el diputado Adolfo Orive, habla muy bien del interés común que tenemos los diputados por proteger los más genuinos intereses de nuestros productores mexicanos.

Qué importante que las Comisiones —y aquí se han mencionado— de Agricultura, presidida por José Antonio Rojo; la de Ganadería, por Salvador Barajas, o la de Competitividad, presidida por Adolfo Orive —entre otras— podamos haber llegado a este acuerdo.

Es importante este exhorto, que tiene el soporte y la fortaleza de todas estas firmas y estos respaldos para llamar la atención de la Secretaría de Economía.

Es increíble y resulta ilógico, por todos los datos que aquí se han aportado, de cómo se dan las prácticas desleales entre países, es increíble cómo se puedan autorizar cupos de importación. Tenemos que ordenar el tema de los cupos de importación.

La Secretaría de Economía, en coordinación con otras secretarías, como la Sagarpa, tienen que ordenar estos temas que representan para nuestros productores un esquema de urgente solución.

Aquí se han mencionado muchos datos, todos ellos tienen que ver con las desventajas de nuestros productores por el contenido de los tratados de libre comercio que nos dejan verdaderamente en una falta de competitividad.

Por eso valga la oportunidad para que este punto de acuerdo que el PRI votará a favor, pueda tener el respaldo político de la Junta de Coordinación, para que más allá de una rueda de prensa que acabamos de generar hace unos minutos, podamos decirle al gobierno federal de toda la inquietud manifiesta de diputados de diversos estados de nuestro país, de la inquietud manifiesta de los diputados de la Confederación Nacional Campesina para buscar proteger a nuestros productores.

Necesitamos del apoyo político y de toda la fuerza de esta Cámara de Diputados para que en forma urgente, como lo pide el propio punto de acuerdo, se tomen las medidas necesarias y podamos rendirles a nuestros representados las mejores cuentas. La fracción del PRI, por supuesto, votaremos a favor. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Ruego a la Secretaría que dé lectura a una solicitud de licencia del diputado Blas Ramón Rubio Lara.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- LXII Legislatura.- Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, fracción F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted que se someta a consideración de esta soberanía para que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones como diputado federal a la LXII Legislatura, a partir del día de hoy jueves 4 de abril de 2013.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio legislativo de San Lázaro, jueves 4 de abril de 2013.— Diputado Ramón Rubio Lara (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Blas Ramón Rubio Lara, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el IV electoral del estado de Sinaloa, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Voy a pedir ahora a la Secretaría dé lectura a una comunicación del diputado Díaz Palacios, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme del encargo que actualmente desempeño como diputado federal por el distrito electoral 3 con cabecera en Teziutlán, estado de Puebla en esta LXII Legislatura, a partir del día jueves 4 de abril del año en curso.

En razón de lo anterior, me permito solicitar a usted que se realicen los trámites conducentes derivados del presente para que la diputada suplente de la fórmula electa tome protesta del cargo en comento.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2013.— Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo por los que se concede licencia a partir del día de hoy al diputado Díaz Palacios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el III distrito electoral del estado de Puebla, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.

*INICIATIVA Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín: Se levanta la sesión (a las 14:52) y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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